Juez bloquea reforma a la ley minera en México
Junio, 25 de 2023.- Un juez mexicano dictó una sentencia que blinda a la minera Cobre del Mayo de todos los efectos de la reforma a la ley de minería que aprobó en mayo el congreso de ese país. Se abre ahora periodo de incertidumbre que paraliza los cambios que busca implementar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En resumen, la reforma reduce de 50 a 30 años la vigencia de las concesiones, establece la licitación como único método para otorgarlas, obliga a consultas previas con comunidades indígenas a las que se debe “remunerar” con 5% del proyecto, multiplica los delitos, infracciones y obligaciones ambientales, exige obtener concesiones especiales para uso de agua, y otorga trato preferencial a paraestatales como la recién creada Litio para México.
La nueva Ley Minera, que fue aprobada por el Senado en mayo pasado, se diseñó con el propósito de limitar y regular el otorgamiento de concesiones para la explotación de minerales en el país. Además, eliminó la minería como una actividad preferente y estableció la obligación de realizar consultas ante los pueblos y comunidades en las que se deseen desarrollar las actividades mineras.
La reforma a la ley minera mexicana desató una avalancha de acciones legales en contra del Estado. Ni bien promulgada la medida, los medios informaron que se habían presentado por lo menos 53 demandas de amparo para bloquearla.
En el caso de Cobre del Mayo, fue el juez Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis, quien concedió la medida provisional.
"Se concede la suspensión provisional, para el efecto de que no se le aplique ninguna de las disposiciones del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, Ley de Aguas Nacionales, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua", señala el resolutivo.
No es la primera vez que un juez falla en contra del Estado mejicano y a favor de la minera. Hace tres semanas, la empresa canadiense First Majestic Plata obtuvo otra suspensión federal que frena la aplicación de una porción de la modificación impulsada por el gobierno.
En resumen, la reforma reduce de 50 a 30 años la vigencia de las concesiones, establece la licitación como único método para otorgarlas, obliga a consultas previas con comunidades indígenas a las que se debe “remunerar” con 5% del proyecto, multiplica los delitos, infracciones y obligaciones ambientales, exige obtener concesiones especiales para uso de agua, y otorga trato preferencial a paraestatales como la recién creada Litio para México.
La nueva Ley Minera, que fue aprobada por el Senado en mayo pasado, se diseñó con el propósito de limitar y regular el otorgamiento de concesiones para la explotación de minerales en el país. Además, eliminó la minería como una actividad preferente y estableció la obligación de realizar consultas ante los pueblos y comunidades en las que se deseen desarrollar las actividades mineras.
La reforma a la ley minera mexicana desató una avalancha de acciones legales en contra del Estado. Ni bien promulgada la medida, los medios informaron que se habían presentado por lo menos 53 demandas de amparo para bloquearla.
En el caso de Cobre del Mayo, fue el juez Décimo Sexto de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis, quien concedió la medida provisional.
"Se concede la suspensión provisional, para el efecto de que no se le aplique ninguna de las disposiciones del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, Ley de Aguas Nacionales, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua", señala el resolutivo.
No es la primera vez que un juez falla en contra del Estado mejicano y a favor de la minera. Hace tres semanas, la empresa canadiense First Majestic Plata obtuvo otra suspensión federal que frena la aplicación de una porción de la modificación impulsada por el gobierno.
Nombran a nuevo director en el IIGE
Junio 11 de 2023.- La tarde del pasado 8 de junio de 2023 se designó al PhD. Jaime Jarrín Jurado como nuevo Director Ejecutivo del Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE).
Jaime Jarrín cuenta con más de cuarenta años de experiencia en el sector geológico y minero y ya estuvo al frente de la institución cuando era la Dirección Nacional de Geología.
Es PhD. por la AGH Universidad de Ciencia y Tecnología, Cracovia – Polonia, en la especialidad de Geología Económica, con maestría en Ingeniería Geotécnica por la misma universidad. Cuenta con un doctorado en Ingeniería de Proyectos en Medio Ambiente, Calidad, Seguridad y Comunicación por la Universidad Politécnica de Cataluña. Además es Magister en Derecho Internacional por la Universidad Central del Ecuador.
Entre otros cargos, se ha desempeñado como director ejecutivo en la Agencia de Regulación y Control Minero - ARCOM (2011 – 2013); director nacional de Geología en el Ministerio de Energía y Minas (2000 - 2003) y jefe técnico del equipo de negociación de contratos mineros de explotación (2011 – 2013).
En el sector académico, se desempeñó como docente principal de la facultad Ingeniería en Geología, Minas, Petróleo y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador; fue decano de la facultad de Geología de la UCE y docente en la Universidad de Cracovia – Polonia. Fue director fundador de la Facultad de Geología y Minas y catedrático de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica Particular de Loja.
También ha sido asesor de empresas mineras, de varios gobiernos provinciales y municipales y de la Cámara de la Pequeña minería y es autor de varias publicaciones.
Jaime Jarrín cuenta con más de cuarenta años de experiencia en el sector geológico y minero y ya estuvo al frente de la institución cuando era la Dirección Nacional de Geología.
Es PhD. por la AGH Universidad de Ciencia y Tecnología, Cracovia – Polonia, en la especialidad de Geología Económica, con maestría en Ingeniería Geotécnica por la misma universidad. Cuenta con un doctorado en Ingeniería de Proyectos en Medio Ambiente, Calidad, Seguridad y Comunicación por la Universidad Politécnica de Cataluña. Además es Magister en Derecho Internacional por la Universidad Central del Ecuador.
Entre otros cargos, se ha desempeñado como director ejecutivo en la Agencia de Regulación y Control Minero - ARCOM (2011 – 2013); director nacional de Geología en el Ministerio de Energía y Minas (2000 - 2003) y jefe técnico del equipo de negociación de contratos mineros de explotación (2011 – 2013).
En el sector académico, se desempeñó como docente principal de la facultad Ingeniería en Geología, Minas, Petróleo y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador; fue decano de la facultad de Geología de la UCE y docente en la Universidad de Cracovia – Polonia. Fue director fundador de la Facultad de Geología y Minas y catedrático de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica Particular de Loja.
También ha sido asesor de empresas mineras, de varios gobiernos provinciales y municipales y de la Cámara de la Pequeña minería y es autor de varias publicaciones.
Chile y Francia firman dos acuerdos
para impulsar sector minero
Junio 11 de 2023.- Una delegación de científicos y empresarios franceses visitó Chile y firmó dos acuerdos con las autoridades de ese país para el desarrollo de tecnologías que permitan agregar valor a las reservas de litio y promover la explotación sostenible de dicho material.
La comitiva francesa estuvo integrada por representantes de dos empresas dedicadas a la investigación, CEA y BRGM; y por ejecutivos de Eramet, Geolith, Blue Solutions, Stellantis, Nexans y Vridian Lithium.
El primer acuerdo tiene como objetivo desarrollar tecnologías de baterías totalmente sólidas a base de litio metálico. Por Chile, los estudios estarán a cargo de la Comisión Chilena del Cobre y el Consorcio de Universidades del Estado. Por Francia firmaron la empresa Blue Solutions, del grupo Bolloré, que trabajará junto con la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas de Francia (CEA)
El segundo proyecto tiene el propósito de equipar a dos minas chilenas con pilas de combustible de hidrógeno para sustituir a los generadores de diésel tradicionales. Lo realizarán las pymes francesas Micr’eau y H2Sys y la Empresa Nacional de Minería, Enami.
“Estas iniciativas permitirán financiar un estudio de factibilidad de la cadena productiva del litio en Chile, encabezado por Cochilco, e incorporar hidrógeno verde en faenas de pequeña minería de Enami”, explicó sobre los convenios la ministra de Minería de Chile, Marcela Hernando.
El ministro delegado de Comercio Exterior de Francia, Olivier Becht, fue más profundo en sus reflexiones. Sostuvo que su visita no sólo era en busca de oportunidades de negocio para el litio que hagan posible la fabricación de baterías para la transición energética en Europa.
“Quisiéramos hacerlo, primero, en el marco de una prosperidad común en Chile y Francia, agregando innovación basada en la investigación para un desarrollo que permitirá proteger el medioambiente con responsabilidad social en la extracción minera, incluyendo el respeto hacia el humano que caracteriza a Francia, país de los derechos humanos, para garantizar que las personas que participan en esta aventura de la extracción y de la producción sean respetadas. Más aún para que las comunidades locales, como los pueblos autóctonos, sean igualmente respetadas”, afirmó.
La comitiva francesa estuvo integrada por representantes de dos empresas dedicadas a la investigación, CEA y BRGM; y por ejecutivos de Eramet, Geolith, Blue Solutions, Stellantis, Nexans y Vridian Lithium.
El primer acuerdo tiene como objetivo desarrollar tecnologías de baterías totalmente sólidas a base de litio metálico. Por Chile, los estudios estarán a cargo de la Comisión Chilena del Cobre y el Consorcio de Universidades del Estado. Por Francia firmaron la empresa Blue Solutions, del grupo Bolloré, que trabajará junto con la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas de Francia (CEA)
El segundo proyecto tiene el propósito de equipar a dos minas chilenas con pilas de combustible de hidrógeno para sustituir a los generadores de diésel tradicionales. Lo realizarán las pymes francesas Micr’eau y H2Sys y la Empresa Nacional de Minería, Enami.
“Estas iniciativas permitirán financiar un estudio de factibilidad de la cadena productiva del litio en Chile, encabezado por Cochilco, e incorporar hidrógeno verde en faenas de pequeña minería de Enami”, explicó sobre los convenios la ministra de Minería de Chile, Marcela Hernando.
El ministro delegado de Comercio Exterior de Francia, Olivier Becht, fue más profundo en sus reflexiones. Sostuvo que su visita no sólo era en busca de oportunidades de negocio para el litio que hagan posible la fabricación de baterías para la transición energética en Europa.
“Quisiéramos hacerlo, primero, en el marco de una prosperidad común en Chile y Francia, agregando innovación basada en la investigación para un desarrollo que permitirá proteger el medioambiente con responsabilidad social en la extracción minera, incluyendo el respeto hacia el humano que caracteriza a Francia, país de los derechos humanos, para garantizar que las personas que participan en esta aventura de la extracción y de la producción sean respetadas. Más aún para que las comunidades locales, como los pueblos autóctonos, sean igualmente respetadas”, afirmó.
Decreto 754 reglamenta el proceso de consulta ambiental
Junio 4 de 2023.- El presidente Guillermo Lasso expidió el Decreto Ejecutivo 754 que reforma el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente y regula el proceso de consulta ambiental que deben seguir los proyectos mineros y las obras o actividades de alto y mediano impacto del sector estratégico y no estratégico, previo a la obtención de la licencia ambiental.
“Este documento ha sido muy esperado, debido a que ha sido imposible obtener licencias ambientales, principalmente para importantes proyectos que están entrando a la fase de construcción y que han visto detenidas sus inversiones en el país por equivocadas interpretaciones, a mi criterio, de la Corte Constitucional, que han dejado en indefensión a importantes planes de crecimiento del sector, pero sobre todo, al generar incertidumbre en todos los proyectos ambientales que han obtenido licencias ambientales en el pasado”, opinó el dos veces presidente de la Cámara de Minería de Ecuador, Santiago Yépez.
Casi en el mismo sentido reaccionaron Adventus Mining y Salazar Resources, operadores de casi una docena de proyectos mineros, de los cuales el más conocido es Curipamba, que se ubica en la provincia de Bolívar.
“Para el Proyecto El Domo - Curipamba, este Decreto permite pasar al siguiente paso del proceso de licencia ambiental, que sigue a la aprobación técnica del EIAS otorgada por el Gobierno de Ecuador en mayo de 2022”, dijeron.
“La orientación actual del Gobierno de Ecuador es que se espera que el proceso de consulta requiera de cuatro a seis meses para la firma y emisión de la licencia ambiental para la construcción de El Domo. Esto sugiere que, por lo tanto, las actividades de construcción completas podrían comenzar ya en octubre de 2023”, sostienen las empresas.
“A fin de cuentas, tarde pero positivo. Esperemos que el proceso, ya en ejecución, traiga un verdadero diálogo y participación ciudadana, con el único propósito de tener proyectos sólidos en el país, más no sea un nuevo obstáculo que opositores y políticos usen para sus fines particulares”, agrega Yépez.
El decreto señala que en el caso de los proyectos mineros, antes del otorgamiento del registro ambiental se deberá realizar el proceso de consulta ambiental y que la negativa de la comunidad no será vinculante.
Dispone también que si se amplía el área de influencia física determinada en un permiso ambiental se debe realizar la consulta ambiental, que las actualizaciones de los planes de manejo ambiental no requerirán consulta ambiental, sino solamente de la difusión de la información de la actualización como parte del plan de manejo ambiental y que los permisos ambientales ya otorgados no requerirán consulta ambiental.
El decreto señala también, en una disposición transitoria, que todos los proyectos del sector minero que están en la fase de exploración inicial y que en cumplimiento de la sentencia No. 1149-19-JP/21 de la Corte Constitucional del Ecuador, fueron bloqueados en el Sistema Único de Información Ambiental, continuarán con su proceso de regularización ambiental debiendo realizar la consulta ambiental.
Respecto del proceso de consulta, se establece que tendrá dos fases: una informativa y la otra deliberativa. En la primera se pondrá a disposición de la comunidad la información del proyecto, obra o actividad, para que realicen las observaciones correspondientes. En la segunda se consultará a la comunidad si está de acuerdo o no con la expedición del permiso ambiental.
En el caso de que los sujetos consultados no ejerzan su derecho a participar en el proceso de consulta ambiental, o existan medidas de hecho tendientes a obstaculizar su realización, el proceso continuará; sin que esto, constituya causal de suspensión o nulidad, dispone el nuevo reglamento.
Establece que la consulta tomará al menos 100 días hábiles, cuáles son los materiales que se deberá entregar a las poblaciones y diversos mecanismos de consulta, tales
como asambleas, videos informativos, talleres, centros de información, entre otros.
En el caso de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en el área de influencia del proyecto, los mecanismos de consulta que correspondan, deberán realizarse en los idiomas español y ancestrales, y se deberá contar con un traductor.
El Decreto Ejecutivo puede descargarse desde: https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf
“Este documento ha sido muy esperado, debido a que ha sido imposible obtener licencias ambientales, principalmente para importantes proyectos que están entrando a la fase de construcción y que han visto detenidas sus inversiones en el país por equivocadas interpretaciones, a mi criterio, de la Corte Constitucional, que han dejado en indefensión a importantes planes de crecimiento del sector, pero sobre todo, al generar incertidumbre en todos los proyectos ambientales que han obtenido licencias ambientales en el pasado”, opinó el dos veces presidente de la Cámara de Minería de Ecuador, Santiago Yépez.
Casi en el mismo sentido reaccionaron Adventus Mining y Salazar Resources, operadores de casi una docena de proyectos mineros, de los cuales el más conocido es Curipamba, que se ubica en la provincia de Bolívar.
“Para el Proyecto El Domo - Curipamba, este Decreto permite pasar al siguiente paso del proceso de licencia ambiental, que sigue a la aprobación técnica del EIAS otorgada por el Gobierno de Ecuador en mayo de 2022”, dijeron.
“La orientación actual del Gobierno de Ecuador es que se espera que el proceso de consulta requiera de cuatro a seis meses para la firma y emisión de la licencia ambiental para la construcción de El Domo. Esto sugiere que, por lo tanto, las actividades de construcción completas podrían comenzar ya en octubre de 2023”, sostienen las empresas.
“A fin de cuentas, tarde pero positivo. Esperemos que el proceso, ya en ejecución, traiga un verdadero diálogo y participación ciudadana, con el único propósito de tener proyectos sólidos en el país, más no sea un nuevo obstáculo que opositores y políticos usen para sus fines particulares”, agrega Yépez.
El decreto señala que en el caso de los proyectos mineros, antes del otorgamiento del registro ambiental se deberá realizar el proceso de consulta ambiental y que la negativa de la comunidad no será vinculante.
Dispone también que si se amplía el área de influencia física determinada en un permiso ambiental se debe realizar la consulta ambiental, que las actualizaciones de los planes de manejo ambiental no requerirán consulta ambiental, sino solamente de la difusión de la información de la actualización como parte del plan de manejo ambiental y que los permisos ambientales ya otorgados no requerirán consulta ambiental.
El decreto señala también, en una disposición transitoria, que todos los proyectos del sector minero que están en la fase de exploración inicial y que en cumplimiento de la sentencia No. 1149-19-JP/21 de la Corte Constitucional del Ecuador, fueron bloqueados en el Sistema Único de Información Ambiental, continuarán con su proceso de regularización ambiental debiendo realizar la consulta ambiental.
Respecto del proceso de consulta, se establece que tendrá dos fases: una informativa y la otra deliberativa. En la primera se pondrá a disposición de la comunidad la información del proyecto, obra o actividad, para que realicen las observaciones correspondientes. En la segunda se consultará a la comunidad si está de acuerdo o no con la expedición del permiso ambiental.
En el caso de que los sujetos consultados no ejerzan su derecho a participar en el proceso de consulta ambiental, o existan medidas de hecho tendientes a obstaculizar su realización, el proceso continuará; sin que esto, constituya causal de suspensión o nulidad, dispone el nuevo reglamento.
Establece que la consulta tomará al menos 100 días hábiles, cuáles son los materiales que se deberá entregar a las poblaciones y diversos mecanismos de consulta, tales
como asambleas, videos informativos, talleres, centros de información, entre otros.
En el caso de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en el área de influencia del proyecto, los mecanismos de consulta que correspondan, deberán realizarse en los idiomas español y ancestrales, y se deberá contar con un traductor.
El Decreto Ejecutivo puede descargarse desde: https://minka.presidencia.gob.ec/portal/usuarios_externos.jsf
CME nos pide rectificación: Dice
que acepta pero no respalda…
Mayo 23 del 2023.- Dice la Cámara de Minería de Ecuador que no respalda el decreto del presidente Guillermo Lasso en virtud del cual se disuelve la asamblea utilizando el mecanismo de la muerte cruzada sino que lo acepta. Tremenda diferencia. Tremendo galimatías y mucho cinismo en la política, por lo cual reproducimos íntegra la carta de rectificación que nos ha enviado para que cada uno de nuestros lectores juzgue, aquí y ahora, en qué lado está cada personaje.
Quito, 22 de mayo de 2023
Sra. Lic.
María Eugenia Hidalgo
Directora
Vía Minera
Presente.-
Reciba un cordial saludo de la Cámara de Minería del Ecuador. Por medio del presente queremos solicitar de la manera más gentil la rectificación a la siguiente nota publicada por el medio que usted dirige.
Fecha de publicación: 21 de mayo de 2023
Titular: “Cámara de Minería respalda disolución de Asamblea en Ecuador”
Canal de la publicación: Medio Digital - Página Web
Link: https://bit.ly/3BKKosC
El pedido obedece a una imprecisión presentada en la nota señalada pues menciona desde su titular: “Cámara de Minería respalda disolución de Asamblea en Ecuador” y en el primer párrafo dice: “La Cámara de Minería de Ecuador, CME, respaldó el decreto del presidente Guillermo Lasso en virtud del cual se disolvió la Asamblea Nacional y se declaró la muerte cruzada, dando inicio a un proceso que terminará su primera etapa el próximo 20 de agosto cuando los ecuatorianos acudan a las urnas para elegir al nuevo presidente y a los nuevos asambleístas”.
Es necesario señalar que la Cámara de Minería del Ecuador ha mencionado a través de su vocera María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva que: “es un mecanismo constitucional previsto en la Carta Magna del cual el presidente Lasso hizo uso” y en nuestras redes sociales mencionamos que: “Apoyamos el orden democrático y nos unimos a las palabras de Miguel Ángel González del Comité Empresarial Ecuatoriano y que desde el sector empresarial vamos a continuar trabajando por el desarrollo del Ecuador”.
En ningún momento aseguramos que respaldamos la disolución de la Asamblea Nacional.
Incluso en el comunicado publicado por el Comité Empresarial Ecuatoriano -que la CME también suscribe- menciona que tanto el decreto de muerte cruzada como el juicio político son mecanismos constitucionales “que debemos aceptar” y desde el sector empresarial se hace un llamado a todo el sector productivo y fuerzas políticas a respetar el orden democrático, mantener la paz y la estabilidad”.
En tal virtud, solicitamos de manera inmediata se aclare su publicación, amparados en lo establecido en los siguientes artículos:
Constitución de la República del Ecuador: Art 66, numeral 7 “El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario”.
Ley Orgánica de Comunicación:
“Art. 22.- Derecho a recibir información de calidad. - Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada”.
“Art 23.- Derecho a la rectificación. Las personas tienen derecho a que los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, o sobre asuntos a su cargo por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de comunicación legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general. Los medios de comunicación tienen la obligación jurídica de realizar o publicar según el caso, de forma gratuita, con las mismas características, dimensiones, página y sección en medios escritos o en el mismo programa, horario o espacio en medios audiovisuales, para las rectificaciones que haya lugar en el término de 72 horas o en las próximas 3 programaciones, contadas a partir de presentado el reclamo por escrito de la persona afectada”.
Agradecemos la atención brindada a la presente y la debida gestión con el pedio (sic) realizado.
Quito, 22 de mayo de 2023
Sra. Lic.
María Eugenia Hidalgo
Directora
Vía Minera
Presente.-
Reciba un cordial saludo de la Cámara de Minería del Ecuador. Por medio del presente queremos solicitar de la manera más gentil la rectificación a la siguiente nota publicada por el medio que usted dirige.
Fecha de publicación: 21 de mayo de 2023
Titular: “Cámara de Minería respalda disolución de Asamblea en Ecuador”
Canal de la publicación: Medio Digital - Página Web
Link: https://bit.ly/3BKKosC
El pedido obedece a una imprecisión presentada en la nota señalada pues menciona desde su titular: “Cámara de Minería respalda disolución de Asamblea en Ecuador” y en el primer párrafo dice: “La Cámara de Minería de Ecuador, CME, respaldó el decreto del presidente Guillermo Lasso en virtud del cual se disolvió la Asamblea Nacional y se declaró la muerte cruzada, dando inicio a un proceso que terminará su primera etapa el próximo 20 de agosto cuando los ecuatorianos acudan a las urnas para elegir al nuevo presidente y a los nuevos asambleístas”.
Es necesario señalar que la Cámara de Minería del Ecuador ha mencionado a través de su vocera María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva que: “es un mecanismo constitucional previsto en la Carta Magna del cual el presidente Lasso hizo uso” y en nuestras redes sociales mencionamos que: “Apoyamos el orden democrático y nos unimos a las palabras de Miguel Ángel González del Comité Empresarial Ecuatoriano y que desde el sector empresarial vamos a continuar trabajando por el desarrollo del Ecuador”.
En ningún momento aseguramos que respaldamos la disolución de la Asamblea Nacional.
Incluso en el comunicado publicado por el Comité Empresarial Ecuatoriano -que la CME también suscribe- menciona que tanto el decreto de muerte cruzada como el juicio político son mecanismos constitucionales “que debemos aceptar” y desde el sector empresarial se hace un llamado a todo el sector productivo y fuerzas políticas a respetar el orden democrático, mantener la paz y la estabilidad”.
En tal virtud, solicitamos de manera inmediata se aclare su publicación, amparados en lo establecido en los siguientes artículos:
Constitución de la República del Ecuador: Art 66, numeral 7 “El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario”.
Ley Orgánica de Comunicación:
“Art. 22.- Derecho a recibir información de calidad. - Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada”.
“Art 23.- Derecho a la rectificación. Las personas tienen derecho a que los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, o sobre asuntos a su cargo por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de comunicación legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general. Los medios de comunicación tienen la obligación jurídica de realizar o publicar según el caso, de forma gratuita, con las mismas características, dimensiones, página y sección en medios escritos o en el mismo programa, horario o espacio en medios audiovisuales, para las rectificaciones que haya lugar en el término de 72 horas o en las próximas 3 programaciones, contadas a partir de presentado el reclamo por escrito de la persona afectada”.
Agradecemos la atención brindada a la presente y la debida gestión con el pedio (sic) realizado.
Cámara de Minería acepta disolución de Asamblea en Ecuador
Mayo 21 de 2023.- La Cámara de Minería de Ecuador, CME, aceptó decreto del presidente Guillermo Lasso en virtud del cual se disolvió la Asamblea Nacional y se declaró la muerte cruzada, dando inicio a un proceso que terminará su primera etapa el próximo 20 de agosto cuando los ecuatorianos acudan a las urnas para elegir al nuevo presidente y a los nuevos asambleístas.
La CME es parte del Comité Empresarial Ecuatoriano, institución que se pronunció inmediatamente expresando su aceptación de la decisión presidencial.
“El decreto de la muerte cruzada es un mecanismo constitucional que el presidente de la República está facultado a ejercer en cualquier momento conforme el artículo 148 de la Carta Magna”, sostienen los empresarios.
Será la tercera vez, en cuatro años, que los ecuatorianos tendrán que votar para elegir a su presidente y a los asambleístas. Como en esta ocasión las autoridades electas lo serán para terminar el periodo 2021 - 2025, ese año la población volverá a acudir a las urnas.
Se viene la Consulta Popular Quito sin Minería
El Jurado Nacional Electoral tiene además la tarea de organizar dos votaciones directamente vinculadas a la explotación de minería y petróleo en Ecuador.
Una de ellas es la consulta que decida si en las parroquias del Chocó Andino, es decir, en la capital ecuatoriana, se realizan o no actividades mineras. Al respecto, al cierre de esta edición, existe la posibilidad de que el referéndum se realice también el 20 de agosto.
La otra consulta es sobre el destino del crudo que existe en el subsuelo del Yasuní, un parque nacional de la amazonía sur famoso por su riqueza en especies endémicas. Grupos ambientalistas y de organizaciones sociales piden que no se extraigan dichas reservas y es posible que la consulta popular se realice en el mes de julio.
La CME es parte del Comité Empresarial Ecuatoriano, institución que se pronunció inmediatamente expresando su aceptación de la decisión presidencial.
“El decreto de la muerte cruzada es un mecanismo constitucional que el presidente de la República está facultado a ejercer en cualquier momento conforme el artículo 148 de la Carta Magna”, sostienen los empresarios.
Será la tercera vez, en cuatro años, que los ecuatorianos tendrán que votar para elegir a su presidente y a los asambleístas. Como en esta ocasión las autoridades electas lo serán para terminar el periodo 2021 - 2025, ese año la población volverá a acudir a las urnas.
Se viene la Consulta Popular Quito sin Minería
El Jurado Nacional Electoral tiene además la tarea de organizar dos votaciones directamente vinculadas a la explotación de minería y petróleo en Ecuador.
Una de ellas es la consulta que decida si en las parroquias del Chocó Andino, es decir, en la capital ecuatoriana, se realizan o no actividades mineras. Al respecto, al cierre de esta edición, existe la posibilidad de que el referéndum se realice también el 20 de agosto.
La otra consulta es sobre el destino del crudo que existe en el subsuelo del Yasuní, un parque nacional de la amazonía sur famoso por su riqueza en especies endémicas. Grupos ambientalistas y de organizaciones sociales piden que no se extraigan dichas reservas y es posible que la consulta popular se realice en el mes de julio.
Ex ministro Vera detenido mientras
se le investiga por supuesto cohecho
Mayo 21 de 2023.- El pasado lunes 15 de mayo se ejecutó la orden de detención en contra del ex ministro de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer, “para garantizar que comparezca a la audiencia de formulación de cargos”.
Fue detenido en la Fiscalía de La Merced, en Guayaquil. De allí lo trasladaron hasta el Cuartel Modelo para trámites legales y después a Quito, donde se realizó la audiencia de formulación de cargos. En esa diligencia, el juez Luis Rivera le dictó 90 días de prisión preventiva que deberá cumplir en un penal de Guayaquil.
Vera Grunauer fue ministro durante seis meses luego de ejercer como viceministro de Minería por casi tres meses y renunció a fines de octubre del año pasado por la serie de denuncias que se hicieron en su contra. Días antes la fiscalía allanó su despacho, su casa, su departamento y también el domicilio de algunos colaboradores como el asesor Allan V.. Vera renunció diciendo que daba un paso al costado para dedicarse a su defensa.
“Mi sector es el que maneja el 30 % del PIB y yo simplemente he sido una piedra en el zapato para una estructura organizada que está atacando al Gobierno”, dijo en esos días.
Ahora está procesado por presunto cohecho ya que, según las investigaciones, habría colocado a una persona en un cargo público a cambio de US$ 150 000. La Fiscalía asegura que esa acusación se sustenta con 27 evidencias.
Según Fiscalía, se le detiene porque habría recibido dinero a cambio de dar el puesto de Coordinador Zonal de Imbabura a Alfonso Z. “Inicialmente, este dinero habría sido requerido por dos personas identificadas como “asesores externos” del exministro. Posteriormente, habría sido el procesado quien solicitó personalmente la entrega de esa cantidad, en su domicilio, en Guayaquil”, explicó la Fiscalía.
Las investigaciones concluyen en que Adrián Alfonso Z. V. entregó el dinero en efectivo. También en que después se le pidió actuar conforme a determinadas instrucciones en beneficio de intereses particulares y que luego lo designaron como Coordinador Zonal de Azuay, hasta que lo cesaron en el cargo.
La justicia ha dispuesto la retención de cuentas bancarias, pólizas e inversiones del ex ministro, además de prohibirle enajenar bienes en Guayas, Santa Elena y Pichincha por US$ 160 000.
Por su parte, Xavier Vera se declaró inocente del delito de cohecho. Además, aseguró que siempre ha dado la cara a la justicia y que lo seguirá haciendo.
Cambio de director ejecutivo de agencia de control
En la misma semana de la detención del ex ministro se resolvió el cambio del director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Arcernnr, Luis Maingón Velasco, quien fuera nombrado en el período de Vera Grunauer.
Casi a la media noche del viernes, se supo el nombre de la persona que sustituye al ingeniero Maingón, por decisión del Directorio de la entidad que se reunió en ese día presidido por el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite. El organismo designó al coronel en servicio pasivo Luis Patricio Bonilla Romero como nuevo director ejecutivo.
El ministro Santos manifestó a un periodista que la elección del coronel Bonilla se hizo para que en sus funciones haga énfasis en el combate a la minería ilegal. De esta manera se levantó la incógnita surgida cuando se supo que había solicitado a Maingón su renuncia el pasado 3 de mayo.
La hoja de vida del coronel Bonilla en relación a su formación muestra que tiene una maestría en Seguridad y Defensa Hemisférica.
En cuanto a su trayectoria laboral, dice que en los últimos años se desempeñó como gerente de las empresas World Wide Consultan (2020-2021) y de Traffic Analysis and Wireless Control (2014-2018).
Entre otros cargos, en el 2008, fue delegado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para elaborar el plan interinstitucional para el control de la evasión de gas licuado de petróleo (GLP) y combustibles para las fronteras. En el 2006 fue el comandante de la Unidad de Seguridad del Sistema Hidrocarburífero Nacional.
También ha ejercido de asesor, en el Ministerio de Defensa (2005-2006); miembro del Centro de Asesoramiento Político Estratégico de la cartera de Defensa (1999-2000).
Ha sido profesor en diferentes escuelas militares entre 1983 y 2003.
Fue detenido en la Fiscalía de La Merced, en Guayaquil. De allí lo trasladaron hasta el Cuartel Modelo para trámites legales y después a Quito, donde se realizó la audiencia de formulación de cargos. En esa diligencia, el juez Luis Rivera le dictó 90 días de prisión preventiva que deberá cumplir en un penal de Guayaquil.
Vera Grunauer fue ministro durante seis meses luego de ejercer como viceministro de Minería por casi tres meses y renunció a fines de octubre del año pasado por la serie de denuncias que se hicieron en su contra. Días antes la fiscalía allanó su despacho, su casa, su departamento y también el domicilio de algunos colaboradores como el asesor Allan V.. Vera renunció diciendo que daba un paso al costado para dedicarse a su defensa.
“Mi sector es el que maneja el 30 % del PIB y yo simplemente he sido una piedra en el zapato para una estructura organizada que está atacando al Gobierno”, dijo en esos días.
Ahora está procesado por presunto cohecho ya que, según las investigaciones, habría colocado a una persona en un cargo público a cambio de US$ 150 000. La Fiscalía asegura que esa acusación se sustenta con 27 evidencias.
Según Fiscalía, se le detiene porque habría recibido dinero a cambio de dar el puesto de Coordinador Zonal de Imbabura a Alfonso Z. “Inicialmente, este dinero habría sido requerido por dos personas identificadas como “asesores externos” del exministro. Posteriormente, habría sido el procesado quien solicitó personalmente la entrega de esa cantidad, en su domicilio, en Guayaquil”, explicó la Fiscalía.
Las investigaciones concluyen en que Adrián Alfonso Z. V. entregó el dinero en efectivo. También en que después se le pidió actuar conforme a determinadas instrucciones en beneficio de intereses particulares y que luego lo designaron como Coordinador Zonal de Azuay, hasta que lo cesaron en el cargo.
La justicia ha dispuesto la retención de cuentas bancarias, pólizas e inversiones del ex ministro, además de prohibirle enajenar bienes en Guayas, Santa Elena y Pichincha por US$ 160 000.
Por su parte, Xavier Vera se declaró inocente del delito de cohecho. Además, aseguró que siempre ha dado la cara a la justicia y que lo seguirá haciendo.
Cambio de director ejecutivo de agencia de control
En la misma semana de la detención del ex ministro se resolvió el cambio del director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Arcernnr, Luis Maingón Velasco, quien fuera nombrado en el período de Vera Grunauer.
Casi a la media noche del viernes, se supo el nombre de la persona que sustituye al ingeniero Maingón, por decisión del Directorio de la entidad que se reunió en ese día presidido por el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite. El organismo designó al coronel en servicio pasivo Luis Patricio Bonilla Romero como nuevo director ejecutivo.
El ministro Santos manifestó a un periodista que la elección del coronel Bonilla se hizo para que en sus funciones haga énfasis en el combate a la minería ilegal. De esta manera se levantó la incógnita surgida cuando se supo que había solicitado a Maingón su renuncia el pasado 3 de mayo.
La hoja de vida del coronel Bonilla en relación a su formación muestra que tiene una maestría en Seguridad y Defensa Hemisférica.
En cuanto a su trayectoria laboral, dice que en los últimos años se desempeñó como gerente de las empresas World Wide Consultan (2020-2021) y de Traffic Analysis and Wireless Control (2014-2018).
Entre otros cargos, en el 2008, fue delegado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para elaborar el plan interinstitucional para el control de la evasión de gas licuado de petróleo (GLP) y combustibles para las fronteras. En el 2006 fue el comandante de la Unidad de Seguridad del Sistema Hidrocarburífero Nacional.
También ha ejercido de asesor, en el Ministerio de Defensa (2005-2006); miembro del Centro de Asesoramiento Político Estratégico de la cartera de Defensa (1999-2000).
Ha sido profesor en diferentes escuelas militares entre 1983 y 2003.
Desde la alcaldía se impulsará consulta
sobre la minería en Quito
Mayo 14 de 2023.- El recién posesionado alcalde de Quito, Pabel Muñoz, expresó a través de la cuenta Twitter del municipio del distrito metropolitano, su “total compromiso con el Chocó Andino, reserva de la cual el 81,7% se encuentra en Quito, por lo que apoyamos la consulta popular para que no se pueda realizar en él ninguna actividad de minería metálica”.
En su discurso inaugural expresó además que uno de sus objetivos será la construcción de un Quito que garantice justicia social y ambiental, por lo que se realizará la construcción del nuevo Complejo Ambiental.
“Quito es una metrópoli de tres millones de habitantes que enfrenta múltiples problemas de movilidad, seguridad, nuevas vías, entre otros, y las nuevas autoridades están a la altura de los retos de sus mandantes”, afirmó.
Como se recuerda, el movimiento ecologista Quito sin Minería logró reunir más de 200 mil firmas para que los habitantes del distrito metropolitano se pronuncien en una consulta popular si aprueban o no que se desarrolle la actividad minera -en cualquier escala-, en la Mancomunidad del Chocó Andino. Dichas firmas fueron validadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que hasta el momento no define la fecha en que se realizará la consulta.
Es deseable, ha dicho una de sus autoridades, que las consultas sobre la minería en el Chocó Andino y sobre la extracción de petróleo en el Bloque 43, es decir, en el Yasuní, se realicen el mismo día.
En el caso de la minería en el Chocó son cuatro preguntas casi iguales, diferenciándose entre ellas sólo por la mención a la escala en que se realizaría dicha actividad: artesanal, pequeña, media o grande.
La pregunta aprobada por la Corte Constitucional para la consulta es: ¿Está usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica (en sus cuatro escalas) dentro del Área de Importancia Ecológica, cultural y de desarrollo productivo sostenible conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino?
En su discurso inaugural expresó además que uno de sus objetivos será la construcción de un Quito que garantice justicia social y ambiental, por lo que se realizará la construcción del nuevo Complejo Ambiental.
“Quito es una metrópoli de tres millones de habitantes que enfrenta múltiples problemas de movilidad, seguridad, nuevas vías, entre otros, y las nuevas autoridades están a la altura de los retos de sus mandantes”, afirmó.
Como se recuerda, el movimiento ecologista Quito sin Minería logró reunir más de 200 mil firmas para que los habitantes del distrito metropolitano se pronuncien en una consulta popular si aprueban o no que se desarrolle la actividad minera -en cualquier escala-, en la Mancomunidad del Chocó Andino. Dichas firmas fueron validadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que hasta el momento no define la fecha en que se realizará la consulta.
Es deseable, ha dicho una de sus autoridades, que las consultas sobre la minería en el Chocó Andino y sobre la extracción de petróleo en el Bloque 43, es decir, en el Yasuní, se realicen el mismo día.
En el caso de la minería en el Chocó son cuatro preguntas casi iguales, diferenciándose entre ellas sólo por la mención a la escala en que se realizaría dicha actividad: artesanal, pequeña, media o grande.
La pregunta aprobada por la Corte Constitucional para la consulta es: ¿Está usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica (en sus cuatro escalas) dentro del Área de Importancia Ecológica, cultural y de desarrollo productivo sostenible conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino?
Iglesias panameñas rechazan acuerdo con First Quantum
Mayo 14 de 2023.- El capítulo panameño de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana difundió un comunicado sosteniendo que el reciente contrato entre el gobierno y Minera Panamá “no es viable ni sostenible en un país con la riqueza hídrica y de biodiversidad y la vulnerabilidad climática de Panamá”.
Minera Panamá es operada por First Quantum Minerals y extrae más de 350 mil toneladas de cobre al año. Representa el 5% del PBI y tiene un contrato por 20 años que debe ser ratificado por el Ejecutivo, el Contralor, la Asamblea Nacional y en una consulta pública antes de ser promulgado.
Las iglesias se oponen. “Nuestros obispos lo han confirmado: No hay dinero en el mundo que pueda compensar el daño que la extracción minera puede causar a corto, mediano y largo plazo”, afirman las organizaciones.
Suscriben la declaración la Congregación de la Misión (Misioneros vicentinos), los Hijos del Corazón de María (Misioneros claretianos), la Compañía de Jesús (Jesuitas), las Hermanas de Maryknoll, las Hermanas Terciarias Capuchinas y muchas organizaciones católicas.
Señalan que “el contrato contempla amplias facultades a favor de la empresa para adquirir, arrendar o usufructuar tierras del Estado o de propiedad privada sin límite, dentro o fuera de la concesión (…) además sabemos que el área de concesión está en medio del Corredor Biológico Mesoamericano y el Área Protegida de Donoso, lo que contradice nuestro ordenamiento legal”.
Respecto del acuerdo económico, sostienen que “se vende agua (100 millones de m3) a un precio irrisorio y que el Ingreso Mínimo Garantizado de la minera al Estado, por 375 millones de dólares, es muy relativo porque puede disminuir por múltiples razones”.
El comunicado termina señalando que “como ciudadanos de este país y como cristianos que defendemos la vida, no podemos avalar un contrato de este tenor que, además, contiene contradicciones con nuestra legislación ambiental y constitucional”. Hace un llamado a los legisladores para que lo no acepten e insta “a todos los cristianos, a las universidades, organizaciones ambientales y demás, para que propongan un cierre escalonado de la explotación minera, con plazos razonables, en concordancia con los esquemas legales y los convenios internacionales y con la posibilidad de auditoría social para la debida transparencia y cumplimiento.
“Animamos a nuestros hermanos obispos a profundizar en sus palabras y a otras organizaciones y grupos interesados por el futuro de Panamá, a que consideren pronunciarse ante la urgente necesidad de salvar nuestra Casa Común de un desastre ambiental de proporciones catastróficas. No nos acerquemos un segundo más al final del reloj apocalíptico”, remarcan las organizaciones religiosas panameñas.
Minera Panamá es operada por First Quantum Minerals y extrae más de 350 mil toneladas de cobre al año. Representa el 5% del PBI y tiene un contrato por 20 años que debe ser ratificado por el Ejecutivo, el Contralor, la Asamblea Nacional y en una consulta pública antes de ser promulgado.
Las iglesias se oponen. “Nuestros obispos lo han confirmado: No hay dinero en el mundo que pueda compensar el daño que la extracción minera puede causar a corto, mediano y largo plazo”, afirman las organizaciones.
Suscriben la declaración la Congregación de la Misión (Misioneros vicentinos), los Hijos del Corazón de María (Misioneros claretianos), la Compañía de Jesús (Jesuitas), las Hermanas de Maryknoll, las Hermanas Terciarias Capuchinas y muchas organizaciones católicas.
Señalan que “el contrato contempla amplias facultades a favor de la empresa para adquirir, arrendar o usufructuar tierras del Estado o de propiedad privada sin límite, dentro o fuera de la concesión (…) además sabemos que el área de concesión está en medio del Corredor Biológico Mesoamericano y el Área Protegida de Donoso, lo que contradice nuestro ordenamiento legal”.
Respecto del acuerdo económico, sostienen que “se vende agua (100 millones de m3) a un precio irrisorio y que el Ingreso Mínimo Garantizado de la minera al Estado, por 375 millones de dólares, es muy relativo porque puede disminuir por múltiples razones”.
El comunicado termina señalando que “como ciudadanos de este país y como cristianos que defendemos la vida, no podemos avalar un contrato de este tenor que, además, contiene contradicciones con nuestra legislación ambiental y constitucional”. Hace un llamado a los legisladores para que lo no acepten e insta “a todos los cristianos, a las universidades, organizaciones ambientales y demás, para que propongan un cierre escalonado de la explotación minera, con plazos razonables, en concordancia con los esquemas legales y los convenios internacionales y con la posibilidad de auditoría social para la debida transparencia y cumplimiento.
“Animamos a nuestros hermanos obispos a profundizar en sus palabras y a otras organizaciones y grupos interesados por el futuro de Panamá, a que consideren pronunciarse ante la urgente necesidad de salvar nuestra Casa Común de un desastre ambiental de proporciones catastróficas. No nos acerquemos un segundo más al final del reloj apocalíptico”, remarcan las organizaciones religiosas panameñas.
Ministra Hernando: Gobierno
de Chile no interviene en arbitraje
Santiago y Quito, abril 30 de 2023.- La ministra de Minería de Chile, Marcela Hernando, sostuvo que aún cuando a su gobierno no le gusta la idea del arbitraje contra Ecuador planteado por la empresa estatal de su país, Codelco, mantendrá su posición de respetar los acuerdos que tome el directorio de la minera en torno a esta iniciativa que sigue su curso en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Hernando conversó con Vía Minera a la salida del evento de inauguración de la mayor exhibición minera del continente, Expomin 2023, realizada el 24 de abril en la capital Santiago de Chile.
La ministra dijo también que no conocía en detalle el texto de la demanda presentada por Codelco ante dos tribunales arbitrales, el del Ciadi y el de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. Tampoco está al tanto del rechazo a la minería que desde hace décadas expresan las poblaciones del valle de Intag.
Mientras tanto, nuevos episodios se registran en torno a este caso: por un lado, una corte revocó la licencia ambiental y ordenó la suspensión inmediata de la actividad minera y el cumplimiento de la consulta ambiental en el proyecto Llurimagua; por otro lado, en el Ciadi, el juez australiano Zachary Douglas ha aceptado su nombramiento como representante de Ecuador en el tribunal arbitral.
Douglas ha participado en casi medio centenar de arbitrajes en el Ciadi. Tiene experiencia como árbitro tanto de los demandantes como de los demandados.
Su conformidad tuvo lugar después de que los demandantes, la chilena Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y sus filiales, Exploraciones Mineras Andinas S.A. e Inversiones Copperfield SPA, designaran a José A. Martinez de Hoz como miembro del equipo arbitral y después de que ambas partes suspendieran en seis oportunidades el inicio del conflicto legal.
Aquí las palabras de la ministra de Minería de Chile, Marcela Hernando:
Señora ministra, por el proyecto Llurimagua Codelco está demandando al Ecuador ante el Ciadi ¿Sabe usted qué va a pasar con esa con esa demanda, va a seguir adelante?
Ustedes saben que independientemente de que es una empresa estatal, (Codelco) es una empresa que tiene un gobierno corporativo y que es autónoma y que, por lo tanto, es su directorio el que define cuáles son las políticas, no es el Gobierno de Chile directamente.
Dicho eso, entiendo que son temas que se están resolviendo entre la empresa y Codelco y que nosotros, desde fuera, esperamos que ojalá llegaran a un advenimiento. No nos parece bien, no nos gusta que exista esta discrepancia.
¿Sería posible conocer el texto de la demanda?
Yo creo que sería posible conseguirlo en los tribunales ¿no es público?
No es público en Ecuador…
Para serte sincera en este momento yo tampoco la conozco.
Doctora, el proyecto tiene un problema y es que la comunidad no está de acuerdo ¿Usted piensa es correcto hacer un proyecto donde la comunidad no quiere?
Bueno, yo no puedo pronunciarme frente a un proyecto que no conozco… yo le recomendaría que se lo consulte al presidente del directorio de Codelco que esta mañana andaba por aquí.
Sí, muchísimas gracias muy amable.
Hernando conversó con Vía Minera a la salida del evento de inauguración de la mayor exhibición minera del continente, Expomin 2023, realizada el 24 de abril en la capital Santiago de Chile.
La ministra dijo también que no conocía en detalle el texto de la demanda presentada por Codelco ante dos tribunales arbitrales, el del Ciadi y el de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. Tampoco está al tanto del rechazo a la minería que desde hace décadas expresan las poblaciones del valle de Intag.
Mientras tanto, nuevos episodios se registran en torno a este caso: por un lado, una corte revocó la licencia ambiental y ordenó la suspensión inmediata de la actividad minera y el cumplimiento de la consulta ambiental en el proyecto Llurimagua; por otro lado, en el Ciadi, el juez australiano Zachary Douglas ha aceptado su nombramiento como representante de Ecuador en el tribunal arbitral.
Douglas ha participado en casi medio centenar de arbitrajes en el Ciadi. Tiene experiencia como árbitro tanto de los demandantes como de los demandados.
Su conformidad tuvo lugar después de que los demandantes, la chilena Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y sus filiales, Exploraciones Mineras Andinas S.A. e Inversiones Copperfield SPA, designaran a José A. Martinez de Hoz como miembro del equipo arbitral y después de que ambas partes suspendieran en seis oportunidades el inicio del conflicto legal.
Aquí las palabras de la ministra de Minería de Chile, Marcela Hernando:
Señora ministra, por el proyecto Llurimagua Codelco está demandando al Ecuador ante el Ciadi ¿Sabe usted qué va a pasar con esa con esa demanda, va a seguir adelante?
Ustedes saben que independientemente de que es una empresa estatal, (Codelco) es una empresa que tiene un gobierno corporativo y que es autónoma y que, por lo tanto, es su directorio el que define cuáles son las políticas, no es el Gobierno de Chile directamente.
Dicho eso, entiendo que son temas que se están resolviendo entre la empresa y Codelco y que nosotros, desde fuera, esperamos que ojalá llegaran a un advenimiento. No nos parece bien, no nos gusta que exista esta discrepancia.
¿Sería posible conocer el texto de la demanda?
Yo creo que sería posible conseguirlo en los tribunales ¿no es público?
No es público en Ecuador…
Para serte sincera en este momento yo tampoco la conozco.
Doctora, el proyecto tiene un problema y es que la comunidad no está de acuerdo ¿Usted piensa es correcto hacer un proyecto donde la comunidad no quiere?
Bueno, yo no puedo pronunciarme frente a un proyecto que no conozco… yo le recomendaría que se lo consulte al presidente del directorio de Codelco que esta mañana andaba por aquí.
Sí, muchísimas gracias muy amable.
Chile anuncia Estrategia Nacional del Litio
Santiago, abril 23 del 2023. María Eugenia Hidalgo, enviada especial.- El jueves pasado el presidente de Chile, Gabriel Boric presentó la Estrategia Nacional del Litio, un conjunto de propuestas orientadas a asegurar el involucramiento del Estado en todo el ciclo industrial mediante la creación de la Empresa Nacional del Litio y el Comité Corfo de Transformación Productiva en torno al litio, así como la creación de capacidades por medio de un Instituto Tecnológico y de Investigación Público de Litio y Salares y el desarrollo de asociaciones público-privadas para el crecimiento de la industria.
La Estrategia Nacional del Litio se propone lograr sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad política y social a través del involucramiento de territorios y comunidades, garantizando además, una adecuada modernización del marco institucional para la industria, acorde a los desafíos y objetivos país.
“Chile tiene una de las mayores reservas de litio del mundo. Un mineral que al estar en las baterías de almacenamiento de energía, de autos y buses eléctricos resulta clave en la lucha contra la crisis climática y una oportunidad de crecimiento económico que difícilmente se vuelva a repetir en el corto plazo”, dijo Boric.
“Hoy el litio sólo se extrae en el Salar de Atacama y aún así la producción de nuestro país representa más del 30% del mercado global. El potencial que tenemos es enorme. Además del Salar de Atacama, existen más de 60 salares. Esta política por tanto, también será una cruzada para explorarlos, evaluar su potencial extractivo y también delimitar las áreas y lagunas protegidas en donde no se instalarán faenas”, sentenció.
Afirmó también que su estrategia de desarrollo tiene que construirse respondiendo a la crisis climática y por tanto garantizando el menor impacto medioambiental posible en dichos ecosistemas.
“Vamos a promover no sólo la extracción, no sólo la preservación, sino también la generación de productos de litio con valor agregado. Así la innovación científica y tecnológica asociada a esta tarea nos permitirá avanzar hacia un desarrollo que sea duradero”, aseveró.
Tras conocer el anuncio, el presidente encargado de la Sociedad Nacional de Minería, Cristián Argandoña, sostuvo que la exposición de Boric es un anuncio “general y que necesita mayores precisiones”.
“Si bien valoramos que se haya optado por la asociación con privados para explotar nuevos yacimientos para aprovechar las capacidades técnicas en la exploración y explotación del litio, resulta cuestionable que se pretenda revisar la propiedad de las empresas que actualmente operan en el Salar de Atacama”, expresó.
Argandoña lamentó que Boric haya cuestionado implícitamente el papel de las empresas privadas en su relación con las comunidades y el medio ambiente. “Da a entender que los privados no nos preocupamos de estos importantes aspectos. Las mineras han demostrado ser empresas de clase mundial y en la explotación del litio esto no ha sido distinto”, manifestó.
Según el presidente chileno, la iniciativa gubernamental busca el aumento de las riquezas para Chile, el desarrollo de una industria sostenible para el país y el mundo, el desarrollo tecnológico y de encadenamientos productivos, la sostenibilidad social y ambiental, la sostenibilidad fiscal, el aporte a la diversificación productiva y potencial de crecimiento regional y el liderazgo mundial de Chile en la industria del litio.
La Estrategia Nacional del Litio se propone lograr sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad política y social a través del involucramiento de territorios y comunidades, garantizando además, una adecuada modernización del marco institucional para la industria, acorde a los desafíos y objetivos país.
“Chile tiene una de las mayores reservas de litio del mundo. Un mineral que al estar en las baterías de almacenamiento de energía, de autos y buses eléctricos resulta clave en la lucha contra la crisis climática y una oportunidad de crecimiento económico que difícilmente se vuelva a repetir en el corto plazo”, dijo Boric.
“Hoy el litio sólo se extrae en el Salar de Atacama y aún así la producción de nuestro país representa más del 30% del mercado global. El potencial que tenemos es enorme. Además del Salar de Atacama, existen más de 60 salares. Esta política por tanto, también será una cruzada para explorarlos, evaluar su potencial extractivo y también delimitar las áreas y lagunas protegidas en donde no se instalarán faenas”, sentenció.
Afirmó también que su estrategia de desarrollo tiene que construirse respondiendo a la crisis climática y por tanto garantizando el menor impacto medioambiental posible en dichos ecosistemas.
“Vamos a promover no sólo la extracción, no sólo la preservación, sino también la generación de productos de litio con valor agregado. Así la innovación científica y tecnológica asociada a esta tarea nos permitirá avanzar hacia un desarrollo que sea duradero”, aseveró.
Tras conocer el anuncio, el presidente encargado de la Sociedad Nacional de Minería, Cristián Argandoña, sostuvo que la exposición de Boric es un anuncio “general y que necesita mayores precisiones”.
“Si bien valoramos que se haya optado por la asociación con privados para explotar nuevos yacimientos para aprovechar las capacidades técnicas en la exploración y explotación del litio, resulta cuestionable que se pretenda revisar la propiedad de las empresas que actualmente operan en el Salar de Atacama”, expresó.
Argandoña lamentó que Boric haya cuestionado implícitamente el papel de las empresas privadas en su relación con las comunidades y el medio ambiente. “Da a entender que los privados no nos preocupamos de estos importantes aspectos. Las mineras han demostrado ser empresas de clase mundial y en la explotación del litio esto no ha sido distinto”, manifestó.
Según el presidente chileno, la iniciativa gubernamental busca el aumento de las riquezas para Chile, el desarrollo de una industria sostenible para el país y el mundo, el desarrollo tecnológico y de encadenamientos productivos, la sostenibilidad social y ambiental, la sostenibilidad fiscal, el aporte a la diversificación productiva y potencial de crecimiento regional y el liderazgo mundial de Chile en la industria del litio.
México: concesiones mineras
serían hasta por 80 años
Abril 23 del 2023.- La mayoría parlamentaria del partido gobernante en México, Movimiento Regeneración Nacional, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, modificaron la propuesta de reformas a la ley minera del presidente Andrés Manuel López Obrador, ampliando hasta 80 años el tiempo de las concesiones en minería.
La minería es una de las cinco industrias que más aportan al PIB industrial y nacional mexicano, con 8.6% y 2.5%, respectivamente.
El cambio en la propuesta se dio después de un encuentro privado entre algunos dirigentes de Morena y los empresarios de la Cámara Minera. Ahora el proyecto propone que las concesiones tengan una duración de 30 años, con derecho a una prórroga de 25 años y, concluido este plazo, el concesionario podrá participar en la licitación del mismo lote por hasta un nuevo periodo de otros 25 años.
Además, se redujo del 10% al 5% el monto de la contraprestación que se debe entregar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, o cualquier otro habitante de un terreno concesionado, a fin de que ésta “no represente una carga incosteable”.
En materia de aguas, la iniciativa de AMLO sugería que la autoridad del agua debía negar las concesiones de uso minero cuando se determinara que las personas interesadas pretendieran concentrar más del 30% del volumen total de disponibilidad media anual de la cuenca o acuífero de que se trate, una o más permisos y otros títulos para uso y aprovechamiento de agua.
La iniciativa de los diputados elimina esa redacción y solo deja la disposición de que, en caso de solicitudes de concesión para el uso industrial de la minería, no se deben otorgar permisos para la profundización de pozos de extracción.
Desde que se conoció la propuesta de reforma, planteada por el presidente López Obrador, las reacciones del empresariado minero fueron de franco rechazo a la iniciativa presidencial.
Pablo Méndez Alvídrez, presidente del Clúster Minero (Clumín) de Chihuahua, dijo que la reforma no solo perjudica a los trabajadores del sector, sino también a los estudiantes de carreras relacionadas.
(La minería en el estado de Chihuahua genera actualmente más de 132 mil empleos, tanto directos como indirectos. A nivel nacional, este sector emplea a más de 417 mil personas directamente y a más de 2.5 millones indirectamente).
La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) pidió un Parlamento Abierto para analizar y discutir la iniciativa antes de someterla a votación.
La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) sostuvo que la propuesta de reforma tendría efectos negativos. Según el organismo, la iniciativa vulnera el Estado de Derecho, genera incertidumbre jurídica y atenta contra las empresas involucradas en la construcción de obras con el gobierno federal.
La minería es una de las cinco industrias que más aportan al PIB industrial y nacional mexicano, con 8.6% y 2.5%, respectivamente.
El cambio en la propuesta se dio después de un encuentro privado entre algunos dirigentes de Morena y los empresarios de la Cámara Minera. Ahora el proyecto propone que las concesiones tengan una duración de 30 años, con derecho a una prórroga de 25 años y, concluido este plazo, el concesionario podrá participar en la licitación del mismo lote por hasta un nuevo periodo de otros 25 años.
Además, se redujo del 10% al 5% el monto de la contraprestación que se debe entregar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, o cualquier otro habitante de un terreno concesionado, a fin de que ésta “no represente una carga incosteable”.
En materia de aguas, la iniciativa de AMLO sugería que la autoridad del agua debía negar las concesiones de uso minero cuando se determinara que las personas interesadas pretendieran concentrar más del 30% del volumen total de disponibilidad media anual de la cuenca o acuífero de que se trate, una o más permisos y otros títulos para uso y aprovechamiento de agua.
La iniciativa de los diputados elimina esa redacción y solo deja la disposición de que, en caso de solicitudes de concesión para el uso industrial de la minería, no se deben otorgar permisos para la profundización de pozos de extracción.
Desde que se conoció la propuesta de reforma, planteada por el presidente López Obrador, las reacciones del empresariado minero fueron de franco rechazo a la iniciativa presidencial.
Pablo Méndez Alvídrez, presidente del Clúster Minero (Clumín) de Chihuahua, dijo que la reforma no solo perjudica a los trabajadores del sector, sino también a los estudiantes de carreras relacionadas.
(La minería en el estado de Chihuahua genera actualmente más de 132 mil empleos, tanto directos como indirectos. A nivel nacional, este sector emplea a más de 417 mil personas directamente y a más de 2.5 millones indirectamente).
La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) pidió un Parlamento Abierto para analizar y discutir la iniciativa antes de someterla a votación.
La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) sostuvo que la propuesta de reforma tendría efectos negativos. Según el organismo, la iniciativa vulnera el Estado de Derecho, genera incertidumbre jurídica y atenta contra las empresas involucradas en la construcción de obras con el gobierno federal.
´Mesas de diálogo fueron un buen ejemplo que,
con la ayuda de la Iglesia Católica, podríamos aplicar´
Abril 16 de 2023.- Segunda parte de la entrevista que nos concedió el ministro Fernando Santos Alvite, quien después de algunas respuestas nos dejó conversando con el entonces viceministro encargado Juan José Espinoza, recientemente titularizado.
¿Cómo se imagina el pacto social energético? ¿Con quiénes piensan consensuar?
Con las mesas de diálogo con la Conaie y organizaciones asociadas se ha creado un buen precedente, un buen ejemplo que podríamos aplicar, con la ayuda de la Iglesia Católica. Fue un buen ambiente, parece que todavía faltan algunos detalles pero se llegaron a muchos acuerdos y creemos que concentrándonos en la minería, siguiendo este esquema de negociación con los indígenas, con las cámaras de la producción, con la cámara de minería, con la academia, invitaríamos a profesionales de las ramas, podríamos llegar a un consenso por la riqueza mineral del Ecuador, especialmente el cobre, metal que se necesita para la transición energética.
No se puede dejar tanta riqueza bajo tierra. Los seres humanos somos racionales y demostraremos que podemos tener armonía con las comunidades haciendo minería con cuidado estricto del ambiente y controles de la Agencia de regulación y los organismos competentes.
¿Cómo se puede hablar de pacto social y al mismo tiempo de crear áreas de seguridad, que las organizaciones sociales ya han manifestado que contradicen los acuerdos con el gobierno?
Según la Constitución son áreas estratégicas el petróleo, la minería, y los recursos naturales y un área estratégica debe ser protegida contra cualquier amenaza externa e interna... Como los campamentos petroleros desde hace 50 años. Ese mismo concepto se podría aplicar a la minería en caso necesario. No es que se va a crear cuarteles alrededor de cada mina, eso está muy lejos de la realidad.
Significaría defender este patrimonio del país cuando hay una amenaza inminente. No es algo ofensivo sino defensivo, solo en casos necesarios.
¿Y cuántas áreas están previstas?
(En este punto de la entrevista el ministro Santos autorizó al viceministro encargado -en ese momento no se había titularizado-, que continúe con la entrevista.)
Juan José Espinosa: Son 14 pero están en análisis en el Ministerio de Defensa… se trata de una propuesta que ha hecho el ministerio pero tiene que ser ratificada por los organismos competentes.
Son los proyectos de gran minería, dentro de ellos están considerados Mirador, Fruta del Norte y proyectos que vienen como Cascabel, Curimining, Loma Larga, Ruta del Cobre, entre otros.
¿Por qué las minas Mirador y Fruta del Norte, que ya están en producción?
Son claramente zonas estratégicas, pues de estos dos proyectos estamos exportando el 80% de las exportaciones mineras. El día de mañana también podrían ser objeto de incursiones de la minería ilegal.
¿Entonces podemos imaginarnos convoyes de los camiones que trasladan el concentrado de oro o cobre y los lingotes de oro, resguardados por camiones militares desde Zamora Chinchipe hasta Guayaquil y Puerto Bolívar?
Ese no es el sentido de las zonas de seguridad. Son para cuando tengan alguna amenaza en sí y pueda activarse a la fuerza pública para que puedan resguardar los proyectos, pero está lejos de ser unas zonas a militarizarse. La protección a la misma comunidad, cuando haya efectos de vulneración de terceros, porque como hemos visto no necesariamente esa violencia a los proyectos viene de las propias comunidades, sino a veces de terceros…
Hasta aquí la entrevista realizada el 28 de marzo. Posteriormente, el viceministro ya titularizado, dijo a Vía Minera que no puede ampliar la información sobre las áreas de seguridad hasta que no estén confirmadas por la Presidencia y que se está preparando el decreto sobre la base del que ya existe sobre protección de sectores estratégicos, zonas de frontera y otras áreas reservadas.
Vía Minera preguntó además sobre la inversión ejecutada por Codelco. Al respecto, se respondió que debido al arbitraje planteado por la estatal chilena, probablemente se trata de un valor que está en disputa.
El caso es que legalmente las empresas entregan cada año su informe a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, ARC, y esta es la que se encarga de auditarlos.
Por lo tanto, y esto nos confirmó el viceministro, uno puede ser el valor que informó Codelco y otro el que salga como resultado de la auditoría.
De lo que conocemos la Agencia lleva un retraso de tres años en las auditorías y recién está analizando los informes recibidos el año 2019. Hemos solicitado insistentemente una entrevista con el director ejecutivo de la ARC, pero ha sido por gusto...
¿Cómo se imagina el pacto social energético? ¿Con quiénes piensan consensuar?
Con las mesas de diálogo con la Conaie y organizaciones asociadas se ha creado un buen precedente, un buen ejemplo que podríamos aplicar, con la ayuda de la Iglesia Católica. Fue un buen ambiente, parece que todavía faltan algunos detalles pero se llegaron a muchos acuerdos y creemos que concentrándonos en la minería, siguiendo este esquema de negociación con los indígenas, con las cámaras de la producción, con la cámara de minería, con la academia, invitaríamos a profesionales de las ramas, podríamos llegar a un consenso por la riqueza mineral del Ecuador, especialmente el cobre, metal que se necesita para la transición energética.
No se puede dejar tanta riqueza bajo tierra. Los seres humanos somos racionales y demostraremos que podemos tener armonía con las comunidades haciendo minería con cuidado estricto del ambiente y controles de la Agencia de regulación y los organismos competentes.
¿Cómo se puede hablar de pacto social y al mismo tiempo de crear áreas de seguridad, que las organizaciones sociales ya han manifestado que contradicen los acuerdos con el gobierno?
Según la Constitución son áreas estratégicas el petróleo, la minería, y los recursos naturales y un área estratégica debe ser protegida contra cualquier amenaza externa e interna... Como los campamentos petroleros desde hace 50 años. Ese mismo concepto se podría aplicar a la minería en caso necesario. No es que se va a crear cuarteles alrededor de cada mina, eso está muy lejos de la realidad.
Significaría defender este patrimonio del país cuando hay una amenaza inminente. No es algo ofensivo sino defensivo, solo en casos necesarios.
¿Y cuántas áreas están previstas?
(En este punto de la entrevista el ministro Santos autorizó al viceministro encargado -en ese momento no se había titularizado-, que continúe con la entrevista.)
Juan José Espinosa: Son 14 pero están en análisis en el Ministerio de Defensa… se trata de una propuesta que ha hecho el ministerio pero tiene que ser ratificada por los organismos competentes.
Son los proyectos de gran minería, dentro de ellos están considerados Mirador, Fruta del Norte y proyectos que vienen como Cascabel, Curimining, Loma Larga, Ruta del Cobre, entre otros.
¿Por qué las minas Mirador y Fruta del Norte, que ya están en producción?
Son claramente zonas estratégicas, pues de estos dos proyectos estamos exportando el 80% de las exportaciones mineras. El día de mañana también podrían ser objeto de incursiones de la minería ilegal.
¿Entonces podemos imaginarnos convoyes de los camiones que trasladan el concentrado de oro o cobre y los lingotes de oro, resguardados por camiones militares desde Zamora Chinchipe hasta Guayaquil y Puerto Bolívar?
Ese no es el sentido de las zonas de seguridad. Son para cuando tengan alguna amenaza en sí y pueda activarse a la fuerza pública para que puedan resguardar los proyectos, pero está lejos de ser unas zonas a militarizarse. La protección a la misma comunidad, cuando haya efectos de vulneración de terceros, porque como hemos visto no necesariamente esa violencia a los proyectos viene de las propias comunidades, sino a veces de terceros…
Hasta aquí la entrevista realizada el 28 de marzo. Posteriormente, el viceministro ya titularizado, dijo a Vía Minera que no puede ampliar la información sobre las áreas de seguridad hasta que no estén confirmadas por la Presidencia y que se está preparando el decreto sobre la base del que ya existe sobre protección de sectores estratégicos, zonas de frontera y otras áreas reservadas.
Vía Minera preguntó además sobre la inversión ejecutada por Codelco. Al respecto, se respondió que debido al arbitraje planteado por la estatal chilena, probablemente se trata de un valor que está en disputa.
El caso es que legalmente las empresas entregan cada año su informe a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, ARC, y esta es la que se encarga de auditarlos.
Por lo tanto, y esto nos confirmó el viceministro, uno puede ser el valor que informó Codelco y otro el que salga como resultado de la auditoría.
De lo que conocemos la Agencia lleva un retraso de tres años en las auditorías y recién está analizando los informes recibidos el año 2019. Hemos solicitado insistentemente una entrevista con el director ejecutivo de la ARC, pero ha sido por gusto...
Titularizan a viceministro de Minas
Abril 16 de 2023.- El pasado 10 de abril el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, titularizó a Juan José Espinosa en el Viceministerio de Minas, puesto que ejercía como encargado desde el 23 de febrero del presente año.
El viceministro es abogado de los Tribunales de Justicia, por la Universidad San Francisco de Quito.
Se especializó en petróleo, gas y desarrollo administrativo en la Escuela de Negocios – Universidad George Washington (Estados Unidos).
Durante nueve años, se desempeñó como apoderado general, gerente legal y de asuntos corporativos de la empresa estatal hidrocarburífera de Chile, ENAP Sipetrol S.A., una compañía que extrae más de 20 mil barriles diarios en Ecuador pero ni una gota de petróleo en su país.
Además, fue abogado asociado en la firma Bustamante & Bustamante, donde asesoró a empresas relacionadas al sector energético y minero.
Dice la nota de prensa del Ministerio de Energía y Minas que “los ejes de trabajo de la autoridad están enmarcados en el impulso de una minería sostenible y responsable con las comunidades y el medio ambiente, con apego irrestricto a la normativa legal vigente en beneficio del Estado Ecuatoriano”.
El viceministro es abogado de los Tribunales de Justicia, por la Universidad San Francisco de Quito.
Se especializó en petróleo, gas y desarrollo administrativo en la Escuela de Negocios – Universidad George Washington (Estados Unidos).
Durante nueve años, se desempeñó como apoderado general, gerente legal y de asuntos corporativos de la empresa estatal hidrocarburífera de Chile, ENAP Sipetrol S.A., una compañía que extrae más de 20 mil barriles diarios en Ecuador pero ni una gota de petróleo en su país.
Además, fue abogado asociado en la firma Bustamante & Bustamante, donde asesoró a empresas relacionadas al sector energético y minero.
Dice la nota de prensa del Ministerio de Energía y Minas que “los ejes de trabajo de la autoridad están enmarcados en el impulso de una minería sostenible y responsable con las comunidades y el medio ambiente, con apego irrestricto a la normativa legal vigente en beneficio del Estado Ecuatoriano”.
México cambiaría regulación del sector minero
Abril 2 de 2023.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió al Poder Legislativo un proyecto de decreto que reforma la regulación del sector minero y que casi de inmediato, fue criticado por diversas organizaciones gremiales del sector.
En síntesis, el proyecto plantea la eliminación de beneficios y el aumento de las obligaciones para las empresas privadas.
El proyecto propone que las concesiones sólo se entreguen mediante concurso público, bajo condiciones mínimas que aseguren beneficios económicos para el Estado y para la población; y garanticen la realización de acciones para preservar, restaurar y mejorar el ambiente, prevenir y controlar la contaminación del aire, agua, suelo y subsuelo.
Plantea también la reducción de la duración y prórroga de las concesiones mineras, de 50 a 15 años, prorrogable por una sola ocasión.
La iniciativa incluye el establecimiento de la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Adicionalmente, establece la obligación de determinar los impactos sociales de cada concesión minera. Para ello, se prevé la realización de un estudio de impacto social que deben presentar las personas ganadoras de un concurso de licitación para determinar las probables afectaciones que podría tener la actividad minera en la vida cotidiana de las personas y establecer medidas de prevención, mitigación y compensación reales, garantizadas eficazmente por una carta de crédito.
Otro cambio sugerido consiste en la eliminación del carácter preferente de la actividad minera, es decir, propone eliminar el derecho de las personas titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terreno para explotación minera.
Con un mayor alcance en general, el proyecto tiene el objetivo de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de las Leyes Minera; de Aguas Nacionales; del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua.
Como parte de la reforma propuesta por el gobierno federal, se precisan y adicionan como causales de cancelación de las concesiones mineras la falta de informe sobre posibles daños o riesgos al equilibrio ecológico, no contar con permisos, concesiones o autorizaciones de otras autoridades, ni con los programas de cierre o de gestión de residuos.
Asimismo, se incorpora un capítulo de delitos con el objeto de sancionar conductas delictivas en materia de minería. Serán consideradas delitos las conductas consistentes en la extracción ilegal de minerales o sustancias; la enajenación o tráfico de minerales y derivados metalúrgicos no concesionados; el menoscabo de la seguridad física de trabajadores por omisión del cumplimiento de las disposiciones de la Ley Minera y su Reglamento, así como el traslado ilegal fuera del territorio nacional de productos mineros y metalúrgicos.
En síntesis, el proyecto plantea la eliminación de beneficios y el aumento de las obligaciones para las empresas privadas.
El proyecto propone que las concesiones sólo se entreguen mediante concurso público, bajo condiciones mínimas que aseguren beneficios económicos para el Estado y para la población; y garanticen la realización de acciones para preservar, restaurar y mejorar el ambiente, prevenir y controlar la contaminación del aire, agua, suelo y subsuelo.
Plantea también la reducción de la duración y prórroga de las concesiones mineras, de 50 a 15 años, prorrogable por una sola ocasión.
La iniciativa incluye el establecimiento de la consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Adicionalmente, establece la obligación de determinar los impactos sociales de cada concesión minera. Para ello, se prevé la realización de un estudio de impacto social que deben presentar las personas ganadoras de un concurso de licitación para determinar las probables afectaciones que podría tener la actividad minera en la vida cotidiana de las personas y establecer medidas de prevención, mitigación y compensación reales, garantizadas eficazmente por una carta de crédito.
Otro cambio sugerido consiste en la eliminación del carácter preferente de la actividad minera, es decir, propone eliminar el derecho de las personas titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terreno para explotación minera.
Con un mayor alcance en general, el proyecto tiene el objetivo de reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de las Leyes Minera; de Aguas Nacionales; del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua.
Como parte de la reforma propuesta por el gobierno federal, se precisan y adicionan como causales de cancelación de las concesiones mineras la falta de informe sobre posibles daños o riesgos al equilibrio ecológico, no contar con permisos, concesiones o autorizaciones de otras autoridades, ni con los programas de cierre o de gestión de residuos.
Asimismo, se incorpora un capítulo de delitos con el objeto de sancionar conductas delictivas en materia de minería. Serán consideradas delitos las conductas consistentes en la extracción ilegal de minerales o sustancias; la enajenación o tráfico de minerales y derivados metalúrgicos no concesionados; el menoscabo de la seguridad física de trabajadores por omisión del cumplimiento de las disposiciones de la Ley Minera y su Reglamento, así como el traslado ilegal fuera del territorio nacional de productos mineros y metalúrgicos.
En Rendición de Cuentas 2022 sostienen que en siete
proyectos se invertirían USD 11 mil millones
Marzo 26 de 2023.- Si se desarrollaran siete proyectos mineros, sostuvo el viceministro de Minas encargado, Juan José Espinoza, la inversión en ellos sería de aproximadamente 11 mil millones de dólares.
La inversión se haría para que los proyectos Curipamba, Loma Larga, la Plata, Mirador Norte, Ruta del Cobre, Cascabel y Warintza se conviertan en minas.
El viceministro dio esa cifra en el acto de rendición de cuentas 2022, poco antes de que hiciera uso de la palabra el ministro del sector, Fernando Santos Alvite.
Reiteró las cifras que se repiten en los últimos meses: la minería es el cuarto rubro más importante de la economía con USD 2.775,02 millones exportados el año pasado, cifra que es 33% superior a la registrada en el 2021.
La minería tributó, por todos los conceptos gravables, es decir, patentes, regalías e impuestos, entre otros; la cantidad de USD 270 millones.
Las actividades mineras generaron un total de 132.736 entre empleos directos e indirectos.
Y reseñó el contenido del Instructivo para el Otorgamiento, Administración y Extinción de permisos para realizar actividades de minería artesanal y de sustento de minerales metálicos y no metálicos; de la Reforma del Instructivo para las Etapas de Exploración y Explotación de las Concesiones Mineras, negociación y suscripción de los contratos de explotación minera; y del Instructivo que Regula la Suspensión de Plazo de la Concesión por causas de Fuerza mayor o Caso Fortuito.
En el acto de rendición de cuentas se dijo que se ha iniciado la negociación del contrato de explotación minera para el proyecto Cascabel, a cargo de la australiana SolGold y ubicado en la zona norte del país.
Cascabel es un proyecto de oro y cobre para el que se está actualizando el estudio de prefactibilidad que presentó en marzo del año a las autoridades de la bolsa canadiense. Para su ejecución, SolGold ha firmado un compromiso de inversión por USD 430 millones en los próximos 10 años, para una mina que tendrá una vida útil estimada entre 49 y 66 años.
La inversión se haría para que los proyectos Curipamba, Loma Larga, la Plata, Mirador Norte, Ruta del Cobre, Cascabel y Warintza se conviertan en minas.
El viceministro dio esa cifra en el acto de rendición de cuentas 2022, poco antes de que hiciera uso de la palabra el ministro del sector, Fernando Santos Alvite.
Reiteró las cifras que se repiten en los últimos meses: la minería es el cuarto rubro más importante de la economía con USD 2.775,02 millones exportados el año pasado, cifra que es 33% superior a la registrada en el 2021.
La minería tributó, por todos los conceptos gravables, es decir, patentes, regalías e impuestos, entre otros; la cantidad de USD 270 millones.
Las actividades mineras generaron un total de 132.736 entre empleos directos e indirectos.
Y reseñó el contenido del Instructivo para el Otorgamiento, Administración y Extinción de permisos para realizar actividades de minería artesanal y de sustento de minerales metálicos y no metálicos; de la Reforma del Instructivo para las Etapas de Exploración y Explotación de las Concesiones Mineras, negociación y suscripción de los contratos de explotación minera; y del Instructivo que Regula la Suspensión de Plazo de la Concesión por causas de Fuerza mayor o Caso Fortuito.
En el acto de rendición de cuentas se dijo que se ha iniciado la negociación del contrato de explotación minera para el proyecto Cascabel, a cargo de la australiana SolGold y ubicado en la zona norte del país.
Cascabel es un proyecto de oro y cobre para el que se está actualizando el estudio de prefactibilidad que presentó en marzo del año a las autoridades de la bolsa canadiense. Para su ejecución, SolGold ha firmado un compromiso de inversión por USD 430 millones en los próximos 10 años, para una mina que tendrá una vida útil estimada entre 49 y 66 años.
Ecuador y Perú coordinan
acciones contra minería ilegal
Marzo 12 de 2023.- Después de que la policía peruana destruyera maquinaria minera ilegal en la sierra de la parte norte de su país, los ministros de Ambiente de Ecuador, Gustavo Manrique, y de Perú, Albina Ruiz, conversaron y coincidieron en unificar sus actividades para enfrentar a las actividades extractivas que se realizan al margen de la ley en la zona fronteriza.
Manrique indicó el martes pasado que dialogó con su homóloga peruana y que coordinarían trabajos conjuntos para combatir la minería ilegal.
Como es público, hace unos días el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas anotó en un comunicado que "se constató que la destrucción de maquinaria que habría sido utilizada para trabajos de minería ilegal en el sector de Anchalay (Perú) se realizó por parte de las autoridades peruanas competentes en contra de la minería ilegal en su territorio".
Después de la acción que terminó con la voladura de la maquinaria ilegal, el alcalde de Macará, Alfredo Suquilanda, manifestó su preocupación por el hecho que, en su opinión, debió haber sido conversado "para que no haya malentendidos que puedan ocasionar problemas ulteriores que rompan la paz que reina en la frontera".
El operativo había sido llevado a cabo cumpliendo una sentencia de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Perú, con el apoyo de la Policía Nacional, y dejó siete detenidos entre peruanos y ecuatorianos, que fueron sorprendidos en flagrancia mientras realizaban trabajos de minería ilegal en la ribera peruana del río Calvas.
El ministro Manrique comentó que el Consejo de Seguridad del Estado (Cosepe) de Ecuador declaró este año a la minería ilegal como una "amenaza", lo que eleva el nivel de acción, permite incorporar capacidades de manera más rápida para combatirla, destraba presupuestos y facilita políticas públicas.
Manrique indicó el martes pasado que dialogó con su homóloga peruana y que coordinarían trabajos conjuntos para combatir la minería ilegal.
Como es público, hace unos días el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas anotó en un comunicado que "se constató que la destrucción de maquinaria que habría sido utilizada para trabajos de minería ilegal en el sector de Anchalay (Perú) se realizó por parte de las autoridades peruanas competentes en contra de la minería ilegal en su territorio".
Después de la acción que terminó con la voladura de la maquinaria ilegal, el alcalde de Macará, Alfredo Suquilanda, manifestó su preocupación por el hecho que, en su opinión, debió haber sido conversado "para que no haya malentendidos que puedan ocasionar problemas ulteriores que rompan la paz que reina en la frontera".
El operativo había sido llevado a cabo cumpliendo una sentencia de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Perú, con el apoyo de la Policía Nacional, y dejó siete detenidos entre peruanos y ecuatorianos, que fueron sorprendidos en flagrancia mientras realizaban trabajos de minería ilegal en la ribera peruana del río Calvas.
El ministro Manrique comentó que el Consejo de Seguridad del Estado (Cosepe) de Ecuador declaró este año a la minería ilegal como una "amenaza", lo que eleva el nivel de acción, permite incorporar capacidades de manera más rápida para combatirla, destraba presupuestos y facilita políticas públicas.
MAATE llama a consulta prelegislativa
para consulta ambiental
Marzo 12 de 2023.- Con el objetivo de garantizar el derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a ser consultados sobre actos normativos del Ejecutivo que pudieran afectar sus derechos colectivos, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, MAATE convocó a la consulta prelegislativa del proyecto que reforma el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente en lo referente al proceso de participación ciudadana para la Consulta Ambiental.
La consulta prelegislativa se desarrolla en cumplimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador y de conformidad al procedimiento establecido en el Decreto Ejecutivo No. 604 que, dicho sea de paso, ha dado lugar a una demanda de inconstitucionalidad presentado por el equipo jurídico de Conaie y otras organizaciones nativas.
Según el DE 604 el proceso tiene como fases la preparación, convocatoria pública, realización de la consulta y el análisis de resultados y cierre de la consulta. Actualmente, señala el MAATE, “nos encontramos en la fase de convocatoria, a través de la cual se convoca a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a participar del mismo, entregando para el efecto la información necesaria para su análisis y discusión interna”.
La información relacionada con este proceso se encuentra en la página www.ambiente.gob.ec
y permanecerá hasta el 18 de abril de este año, tanto en español como en las 14 lenguas ancestrales.
Todos los aportes y criterios se recibirán en el correo: [email protected]
y en las sedes del ministerio, sus direcciones zonales y oficinas técnicas, desde el 20 de marzo hasta el 18 de abril del 2023.
Los aportes y criterios remitidos deberán estar acompañados de actas, listas o registros de los participantes y otros medios de verificación de las reuniones o asambleas comunitarias realizadas, durante la discusión interna.
Después de esta fase, el MAATE analizará los resultados y preparará el informe final que será remitido a la Presidencia de la República.
La consulta prelegislativa se desarrolla en cumplimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador y de conformidad al procedimiento establecido en el Decreto Ejecutivo No. 604 que, dicho sea de paso, ha dado lugar a una demanda de inconstitucionalidad presentado por el equipo jurídico de Conaie y otras organizaciones nativas.
Según el DE 604 el proceso tiene como fases la preparación, convocatoria pública, realización de la consulta y el análisis de resultados y cierre de la consulta. Actualmente, señala el MAATE, “nos encontramos en la fase de convocatoria, a través de la cual se convoca a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a participar del mismo, entregando para el efecto la información necesaria para su análisis y discusión interna”.
La información relacionada con este proceso se encuentra en la página www.ambiente.gob.ec
y permanecerá hasta el 18 de abril de este año, tanto en español como en las 14 lenguas ancestrales.
Todos los aportes y criterios se recibirán en el correo: [email protected]
y en las sedes del ministerio, sus direcciones zonales y oficinas técnicas, desde el 20 de marzo hasta el 18 de abril del 2023.
Los aportes y criterios remitidos deberán estar acompañados de actas, listas o registros de los participantes y otros medios de verificación de las reuniones o asambleas comunitarias realizadas, durante la discusión interna.
Después de esta fase, el MAATE analizará los resultados y preparará el informe final que será remitido a la Presidencia de la República.
Ministro peruano anuncia inversiones de
US$ 7 mil millones en los próximos dos años
Marzo 12 de 2023.- Según el ministro de Energía y Minas de Perú, Oscar Vera Gargurevich, ese país recibirá en el periodo 2023 y 2024 más de US$ 6,920 millones de inversión en el sector minero.
Vera fue uno de los expositores del Perú Day en el Pdac. Tuvo a su cargo la conferencia «Retos, perspectivas y oportunidades de la minería peruana», y dijo que su país cuenta “con un amplio potencial geológico y es una plaza atractiva para la inversión minera a escala global”.
«Estamos comprometidos en mejorar nuestro posicionamiento a nivel mundial, a través del impulso de nuevos proyectos mineros y la sostenibilidad de las operaciones existentes, promoviendo la inversión moderna, responsable, sostenible en armonía con las comunidades del entorno», afirmó.
No se refirió a los reclamos de las comunidades que viven en los territorios adyacentes a las operaciones del denominado “corredor minero”. Dijo en cambio que para este año está previsto el inicio de la construcción de los proyectos mineros Corani (Puno), Magistral (Áncash), Romina (Lima) y Reposición Antamina (Áncash), que representan una inversión conjunta de US$ 2.947 millones.
Y para el 2024 se contempla la implementación de 2 grandes proyectos: Zafranal (Arequipa) y Yanacocha Sulfuros (Cajamarca), con una inversión de US$ 3,973 millones, lo que proyecta inversiones para el país por US$ 6.920 millones, consolidando el potencial del Perú por su riqueza minera y su capacidad para atraer inversiones.
Sostuvo además que la calificación que otorga Standard and Poor’s ubica a su país como el sexto más atractivo para los inversionistas. Esta situación se refleja en 74 proyectos ubicados en 17 regiones.
Vera fue uno de los expositores del Perú Day en el Pdac. Tuvo a su cargo la conferencia «Retos, perspectivas y oportunidades de la minería peruana», y dijo que su país cuenta “con un amplio potencial geológico y es una plaza atractiva para la inversión minera a escala global”.
«Estamos comprometidos en mejorar nuestro posicionamiento a nivel mundial, a través del impulso de nuevos proyectos mineros y la sostenibilidad de las operaciones existentes, promoviendo la inversión moderna, responsable, sostenible en armonía con las comunidades del entorno», afirmó.
No se refirió a los reclamos de las comunidades que viven en los territorios adyacentes a las operaciones del denominado “corredor minero”. Dijo en cambio que para este año está previsto el inicio de la construcción de los proyectos mineros Corani (Puno), Magistral (Áncash), Romina (Lima) y Reposición Antamina (Áncash), que representan una inversión conjunta de US$ 2.947 millones.
Y para el 2024 se contempla la implementación de 2 grandes proyectos: Zafranal (Arequipa) y Yanacocha Sulfuros (Cajamarca), con una inversión de US$ 3,973 millones, lo que proyecta inversiones para el país por US$ 6.920 millones, consolidando el potencial del Perú por su riqueza minera y su capacidad para atraer inversiones.
Sostuvo además que la calificación que otorga Standard and Poor’s ubica a su país como el sexto más atractivo para los inversionistas. Esta situación se refleja en 74 proyectos ubicados en 17 regiones.
Panamá y First Quantum llegaron a un acuerdo
Marzo 12 de 2023.- El gobierno de Panamá y First Quantum Minerals de Canadá llegaron a un acuerdo en virtud del cual podría terminar el conflicto que los enfrentó durante varios meses.
Ahora la propuesta de acuerdo está sujeta a un proceso de consulta pública que debe durar 30 días y a la aprobación del Gabinete de Panamá, de la Contraloría General de la República y de la Asamblea Nacional.
Por ahora lo que se tiene es que el arreglo se ha hecho en los términos que había planteado el gobierno panameño, es decir, asegurando un ingreso mínimo anual de $375 millones al gobierno.
La propuesta se ha firmado por 20 años y deja abierta la posibilidad de la renovación del contrato por otros 20 años.
“Panamá espera recibir unas diez veces más de lo que estaba recibiendo” dice el comunicado firmado por las dos partes el pasado miércoles.
Mientras duró el conflicto, circuló que First Quantum pagó $61 millones en regalías al gobierno de Panamá en 2021, mientras que la mina Cobre Panamá registró ingresos por ventas de $3,200 millones en el año.
De otro lado, la semana que pasó las autoridades panameñas autorizaron a la subsidiaria local de First Quantum, reanudar las operaciones de carga de concentrado, las mismas que habían estado paralizadas porque se puso en duda que las balanzas estén bien calibradas.
Las operaciones de Cobre Panamá representan alrededor del 3,5% del producto interno bruto del país. El producto de la operación es exportado a China, España y Alemania, principalmente.
Ahora la propuesta de acuerdo está sujeta a un proceso de consulta pública que debe durar 30 días y a la aprobación del Gabinete de Panamá, de la Contraloría General de la República y de la Asamblea Nacional.
Por ahora lo que se tiene es que el arreglo se ha hecho en los términos que había planteado el gobierno panameño, es decir, asegurando un ingreso mínimo anual de $375 millones al gobierno.
La propuesta se ha firmado por 20 años y deja abierta la posibilidad de la renovación del contrato por otros 20 años.
“Panamá espera recibir unas diez veces más de lo que estaba recibiendo” dice el comunicado firmado por las dos partes el pasado miércoles.
Mientras duró el conflicto, circuló que First Quantum pagó $61 millones en regalías al gobierno de Panamá en 2021, mientras que la mina Cobre Panamá registró ingresos por ventas de $3,200 millones en el año.
De otro lado, la semana que pasó las autoridades panameñas autorizaron a la subsidiaria local de First Quantum, reanudar las operaciones de carga de concentrado, las mismas que habían estado paralizadas porque se puso en duda que las balanzas estén bien calibradas.
Las operaciones de Cobre Panamá representan alrededor del 3,5% del producto interno bruto del país. El producto de la operación es exportado a China, España y Alemania, principalmente.
Enfrentamientos por la minería jaquean estabilidad
Febrero 26 de 2023.- La instalación de una mesa técnica y de diálogo permanente convocada por el gobernador de Loja es el saldo aparente de una agitada jornada que se inició la noche del miércoles 22 de febrero cuando trabajadores de la empresa Guayacán Gold, apoyados por efectivos policiales y de las fuerzas armadas, trataron de ingresar a una comunidad que no quiere que se realicen actividades mineras en su territorio.
“… En un intento por retomar las actividades en territorio, el día de ayer jueves 23 de febrero, se contaba con el resguardo de seguridad privada y Policía Nacional para velar por la integridad de las personas y las actividades a desarrollarse, sin embargo, este fue bloqueado nuevamente de forma agresiva”, relató la empresa.
En efecto, sus trabajadores se encontraron con la férrea resistencia de los pobladores de Gualel y de otras comunidades que acudieron al lugar como muestra de la solidaridad que se practica en territorios indígenas.
Llegaron en vehículos que fueron parqueados en el ingreso al pueblito, sin imaginar que mientras ellos apoyaban la manifestación en contra de la empresa minera, otras personas aprovechaban su descuido para acercarse a las camionetas y prender fuego hasta destruir dos de ellas.
No es la primera vez que la minera trata de que sus trabajadores accedan a la concesión denominada Santiago e instalen un campamento. Según información de la empresa, la idea de reiniciar actividades ocurre en el marco de un programa de trabajo en el que se contempla la perforación de tres mil metros para saber si hay o no oro en cantidades comerciales.
Pero los metales preciosos no son algo que le interese a los comuneros. Desde que tomaron conocimiento de que sus tierras estaban en la mira de las empresas mineras, se han organizado para reclamar que se cumpla lo que dispone la ley cuando la extracción de recursos va a ocurrir en territorios poblados por comunidades ancestrales.
Se mueven por todas partes. Hace unos meses la empresa trató de ingresar por el sector conocido como Loma de Oro pero los campesinos bloquearon la vía con troncos y ramas, además de apostarse ellos mismos para impedir el paso de extraños a pie o en vehículos motorizados.
Las mujeres juegan un rol destacadísimo en los dispositivos de vigilancia que arman las comunidades. En muchos casos, son casi ancianas las que están al frente de hombres mucho más jóvenes pero menos sabios que ellas cuando se trata de mantener el control de una zona.
Algo de eso pasó el 23 de febrero, ya que mineros, policías y militares tuvieron que retirarse del lugar al no poder vencer la resistencia de los pueblos de Fierro Urco, Gualel, Saraguro y otros que están convencidos de que si se hace minería en sus territorios, el agua de sus ríos y lagunas será contaminada y no podrán sembrar los alimentos que les dan la vida.
Ciertamente no estuvieron solos porque el viernes 24, casi ni bien se instalaba el consejo ampliado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, Leonidas Iza convocó a una rueda de prensa de emergencia para dar a conocer lo que estaba pasando en Gualel.
Iza reclamó la unidad del pueblo indígena y advirtió al gobierno que serían radicalmente solidarios hasta lograr que las comunidades estén libres de actividades extractivas.
Dijo también que su organización, con el respaldo de los tres brazos que reúnen a los nativos de la Costa, Sierra y selva; así como con el apoyo de la Fenocín y de los indígenas católicos, no participarían más de las mesas de diálogo instaladas después de su última movilización nacional.
Casi al mismo tiempo, el gobernador de Loja, Freddy Bravo, convocó a una reunión para averiguar qué es lo que había pasado y plantear la instalación de una mesa de diálogo permanente.
En la rueda de prensa que hubo a continuación el jefe de la policía aclaró que su función había sido mantener el orden interno mientras los mineros trataban de instalar su campamento y no la de dar seguridad a la empresa.
También se dijo que la Policía Nacional del Ecuador y la Fiscalía iban a investigar quiénes fueron los autores del incendio de las dos camionetas de los comuneros.
Después de la intervención de Iza la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado aseverando que el diálogo con los actores políticos continúa abierto.
Dejó en claro que el gobierno rechaza el pronunciamiento de dirigentes que se retiran de las mesas de seguimiento a los acuerdos.
“El Gobierno del Ecuador es sensible a los intereses de cada uno de ustedes, ecuatorianos. Por ello no rompemos diálogo alguno. Ni con las organizaciones sociales e indígenas del país, ni con sectores productivos, ni con otros actores políticos”, señala el comunicado.
Para el Ejecutivo lo que dice Iza representa sólo a "ciertos dirigentes" que "en lugar de propender a un debate de ideas, como es un diálogo deliberativo, propio de la democracia, han optado por, abruptamente, retirarse de las mesas de diálogo”.
Más allá de esas valoraciones, lo real es que no existe un mecanismo que permita una reunión en la que se intercambien ideas de manera alturada y en busca del consenso que requiere la estabilidad de un país. Una comunidad que no quiere actividades en su cercanía reclama el derecho a ser respetada.
Las opiniones están divididas. Ese día, por ejemplo, la presidenta de la comunidad de Ilincho Ayllullakta, Nayra Chalán, estuvo junto a un buen número de pobladores de Saraguro y declaró su disposición a mantenerse en vigilia para evitar el paso de los mineros.
En los medios también estuvo Johana Mejicano, secretaria del Comité Pro-desarrollo de la parroquia, quien dijo que ellos quieren que la empresa Guayacán Gold regrese a Gualel, pero con total seguridad, por lo que coordinaron la presencia de la Fuerza Pública.
“Sin embargo, un grupo de opositores que se oponen al desarrollo de la parroquia impidieron la subida del personal de la empresa y no conformes agredieron física y verbalmente a ciudadanos, luego de una convocatoria con personas de Saraguro (Tenta)".
Rodrigo Jamil Tene Angamarca, de la parroquia Gualel, en un pronunciamiento de la Conaie que se transmitió en horas de la noche, dijo que en la mañana se dieron enfrentamientos en los cuales la Policía agredió a moradores de la parroquia.
“En horas de la tarde fueron incinerados dos vehículos de nuestros compañeros líderes del vecino cantón de Saraguro”, manifestó, agregando que esto es una muestra de lo que las empresas mineras, con apoyo de la fuerza pública, pueden hacer para llegar hasta los páramos de Fierro Urco. Manifestó que en Gualel continuarán en resistencia.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) responsabilizó al Gobierno “de los actos violentos” ocurridos en Loja.
El Frente Nacional Antiminero reportó que la mañana del viernes 24 de febrero, la presencia de policías y militares se mantiene en la parroquia Gualel.
El colectivo Fierro Urco no se Toca sostiene que la empresa Guayacan Gold no tiene la licencia social para realizar actividades mineras en la concesión Santiago.
“Las mineras deben saber que los territorios indígenas no estamos dispuestos a sostener ni un milímetro más de lo que han venido a agredir. ¿Cómo es posible que el gobierno nacional haya sacado una promocional diciendo que Ecuador es un próximo destino minero, que apenas está explorado el 8%. ¿Esperan vender todo el territorio nacional?”, cuestionó Iza.
“… En un intento por retomar las actividades en territorio, el día de ayer jueves 23 de febrero, se contaba con el resguardo de seguridad privada y Policía Nacional para velar por la integridad de las personas y las actividades a desarrollarse, sin embargo, este fue bloqueado nuevamente de forma agresiva”, relató la empresa.
En efecto, sus trabajadores se encontraron con la férrea resistencia de los pobladores de Gualel y de otras comunidades que acudieron al lugar como muestra de la solidaridad que se practica en territorios indígenas.
Llegaron en vehículos que fueron parqueados en el ingreso al pueblito, sin imaginar que mientras ellos apoyaban la manifestación en contra de la empresa minera, otras personas aprovechaban su descuido para acercarse a las camionetas y prender fuego hasta destruir dos de ellas.
No es la primera vez que la minera trata de que sus trabajadores accedan a la concesión denominada Santiago e instalen un campamento. Según información de la empresa, la idea de reiniciar actividades ocurre en el marco de un programa de trabajo en el que se contempla la perforación de tres mil metros para saber si hay o no oro en cantidades comerciales.
Pero los metales preciosos no son algo que le interese a los comuneros. Desde que tomaron conocimiento de que sus tierras estaban en la mira de las empresas mineras, se han organizado para reclamar que se cumpla lo que dispone la ley cuando la extracción de recursos va a ocurrir en territorios poblados por comunidades ancestrales.
Se mueven por todas partes. Hace unos meses la empresa trató de ingresar por el sector conocido como Loma de Oro pero los campesinos bloquearon la vía con troncos y ramas, además de apostarse ellos mismos para impedir el paso de extraños a pie o en vehículos motorizados.
Las mujeres juegan un rol destacadísimo en los dispositivos de vigilancia que arman las comunidades. En muchos casos, son casi ancianas las que están al frente de hombres mucho más jóvenes pero menos sabios que ellas cuando se trata de mantener el control de una zona.
Algo de eso pasó el 23 de febrero, ya que mineros, policías y militares tuvieron que retirarse del lugar al no poder vencer la resistencia de los pueblos de Fierro Urco, Gualel, Saraguro y otros que están convencidos de que si se hace minería en sus territorios, el agua de sus ríos y lagunas será contaminada y no podrán sembrar los alimentos que les dan la vida.
Ciertamente no estuvieron solos porque el viernes 24, casi ni bien se instalaba el consejo ampliado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, Leonidas Iza convocó a una rueda de prensa de emergencia para dar a conocer lo que estaba pasando en Gualel.
Iza reclamó la unidad del pueblo indígena y advirtió al gobierno que serían radicalmente solidarios hasta lograr que las comunidades estén libres de actividades extractivas.
Dijo también que su organización, con el respaldo de los tres brazos que reúnen a los nativos de la Costa, Sierra y selva; así como con el apoyo de la Fenocín y de los indígenas católicos, no participarían más de las mesas de diálogo instaladas después de su última movilización nacional.
Casi al mismo tiempo, el gobernador de Loja, Freddy Bravo, convocó a una reunión para averiguar qué es lo que había pasado y plantear la instalación de una mesa de diálogo permanente.
En la rueda de prensa que hubo a continuación el jefe de la policía aclaró que su función había sido mantener el orden interno mientras los mineros trataban de instalar su campamento y no la de dar seguridad a la empresa.
También se dijo que la Policía Nacional del Ecuador y la Fiscalía iban a investigar quiénes fueron los autores del incendio de las dos camionetas de los comuneros.
Después de la intervención de Iza la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia emitió un comunicado aseverando que el diálogo con los actores políticos continúa abierto.
Dejó en claro que el gobierno rechaza el pronunciamiento de dirigentes que se retiran de las mesas de seguimiento a los acuerdos.
“El Gobierno del Ecuador es sensible a los intereses de cada uno de ustedes, ecuatorianos. Por ello no rompemos diálogo alguno. Ni con las organizaciones sociales e indígenas del país, ni con sectores productivos, ni con otros actores políticos”, señala el comunicado.
Para el Ejecutivo lo que dice Iza representa sólo a "ciertos dirigentes" que "en lugar de propender a un debate de ideas, como es un diálogo deliberativo, propio de la democracia, han optado por, abruptamente, retirarse de las mesas de diálogo”.
Más allá de esas valoraciones, lo real es que no existe un mecanismo que permita una reunión en la que se intercambien ideas de manera alturada y en busca del consenso que requiere la estabilidad de un país. Una comunidad que no quiere actividades en su cercanía reclama el derecho a ser respetada.
Las opiniones están divididas. Ese día, por ejemplo, la presidenta de la comunidad de Ilincho Ayllullakta, Nayra Chalán, estuvo junto a un buen número de pobladores de Saraguro y declaró su disposición a mantenerse en vigilia para evitar el paso de los mineros.
En los medios también estuvo Johana Mejicano, secretaria del Comité Pro-desarrollo de la parroquia, quien dijo que ellos quieren que la empresa Guayacán Gold regrese a Gualel, pero con total seguridad, por lo que coordinaron la presencia de la Fuerza Pública.
“Sin embargo, un grupo de opositores que se oponen al desarrollo de la parroquia impidieron la subida del personal de la empresa y no conformes agredieron física y verbalmente a ciudadanos, luego de una convocatoria con personas de Saraguro (Tenta)".
Rodrigo Jamil Tene Angamarca, de la parroquia Gualel, en un pronunciamiento de la Conaie que se transmitió en horas de la noche, dijo que en la mañana se dieron enfrentamientos en los cuales la Policía agredió a moradores de la parroquia.
“En horas de la tarde fueron incinerados dos vehículos de nuestros compañeros líderes del vecino cantón de Saraguro”, manifestó, agregando que esto es una muestra de lo que las empresas mineras, con apoyo de la fuerza pública, pueden hacer para llegar hasta los páramos de Fierro Urco. Manifestó que en Gualel continuarán en resistencia.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) responsabilizó al Gobierno “de los actos violentos” ocurridos en Loja.
El Frente Nacional Antiminero reportó que la mañana del viernes 24 de febrero, la presencia de policías y militares se mantiene en la parroquia Gualel.
El colectivo Fierro Urco no se Toca sostiene que la empresa Guayacan Gold no tiene la licencia social para realizar actividades mineras en la concesión Santiago.
“Las mineras deben saber que los territorios indígenas no estamos dispuestos a sostener ni un milímetro más de lo que han venido a agredir. ¿Cómo es posible que el gobierno nacional haya sacado una promocional diciendo que Ecuador es un próximo destino minero, que apenas está explorado el 8%. ¿Esperan vender todo el territorio nacional?”, cuestionó Iza.
México avanza en la nacionalización del litio
Febrero 27 de 2023.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, firmó el decreto que transfiere a la Secretaría de Energía el manejo de las reservas de litio que hay en el país, dando forma a la medida de nacionalización de dichos yacimientos anunciada el mes de abril.
El decreto también ordena a la Secretaría de Energía “realizar las acciones necesarias para llevar a cabo” el proceso de nacionalización.
El dispositivo admite la posibilidad de asociaciones entre empresarios privados y Litio para México, LitioMx, siempre y cuando el gobierno tenga una participación mayoritaria. LitioMx se creó en agosto del año pasado.
“Vamos a hacer que la nación sea la dueña de este mineral estratégico. Lo que estamos haciendo ahora (…) es nacionalizar el litio para que no pueda ser explotado por extranjeros de Rusia, China o Estados Unidos”, dijo López Obrador en un evento realizado en el Estado de Sonora.
El decreto publicado el sábado por la Secretaría de Economía dice que “quedan a salvo los derechos y obligaciones de los titulares de las concesiones mineras vigentes que se encuentren dentro de la zona de reserva minera de litio“.
Hace unos meses, López Obrador anunció la nacionalización del litio y justificó la medida señalando que debe ser el país quien se beneficie de la creciente demanda de este metal por parte de los fabricantes de baterías para vehículos eléctricos.
La medida de nacionalización ha puesto en debate el hecho de si los países pueden extraer de manera eficiente sus recursos minerales sin la experiencia privada.
Hasta la fecha, los yacimientos mexicanos de litio identificados en los primeros trabajos de exploración revelan principalmente depósitos basados en arcilla, que según muchos expertos del sector serán mucho más difíciles y costosos de explotar.
El decreto también ordena a la Secretaría de Energía “realizar las acciones necesarias para llevar a cabo” el proceso de nacionalización.
El dispositivo admite la posibilidad de asociaciones entre empresarios privados y Litio para México, LitioMx, siempre y cuando el gobierno tenga una participación mayoritaria. LitioMx se creó en agosto del año pasado.
“Vamos a hacer que la nación sea la dueña de este mineral estratégico. Lo que estamos haciendo ahora (…) es nacionalizar el litio para que no pueda ser explotado por extranjeros de Rusia, China o Estados Unidos”, dijo López Obrador en un evento realizado en el Estado de Sonora.
El decreto publicado el sábado por la Secretaría de Economía dice que “quedan a salvo los derechos y obligaciones de los titulares de las concesiones mineras vigentes que se encuentren dentro de la zona de reserva minera de litio“.
Hace unos meses, López Obrador anunció la nacionalización del litio y justificó la medida señalando que debe ser el país quien se beneficie de la creciente demanda de este metal por parte de los fabricantes de baterías para vehículos eléctricos.
La medida de nacionalización ha puesto en debate el hecho de si los países pueden extraer de manera eficiente sus recursos minerales sin la experiencia privada.
Hasta la fecha, los yacimientos mexicanos de litio identificados en los primeros trabajos de exploración revelan principalmente depósitos basados en arcilla, que según muchos expertos del sector serán mucho más difíciles y costosos de explotar.
Presidente Lasso se reunió con empresarios mineros en Carondelet
Febrero 12 de 2023.- Los country manager, CEO y gerentes de las empresas asociadas a la Cámara de Minería de Ecuador, así como un representante de EcuaCorriente, operadora de la mina Mirador; se reunieron la tarde del pasado martes siete con el presidente Guillermo Lasso en el Palacio de Carondelet para conversar en torno a una agenda de seis puntos que, en opinión de los asistentes, son los más importantes en la actual coyuntura.
El presidente estuvo acompañado de varios de sus ministros y otros altos funcionarios. Iván Correa, en ese momento secretario de la Administración Pública, Francisco Jiménez, también ex ministro de Gobierno; Diego Ordóñez, secretario de Seguridad y los titulares de Ambiente, Energía y Minas y Producción, Gustavo Manrique, Fernando Santos y Julio José Prado, respectivamente; los dos primeros asistidos por sus viceministros José Antonio Dávalos y Álvaro Ordóñez, escucharon las propuestas de los mineros. En esta ocasión no estuvo el secretario técnico de asociaciones público privadas, Roberto Salas, quien sí había estado presente en una reunión anterior con el Ejecutivo.
Minutos antes, el jefe de Estado reiteró lo que había declarado hace unos días en el Foro de Davos: que su Gobierno impulsará la inversión minera sustentable que trabaje de manera coordinada con las comunidades. Y que lo hará con empresas de prestigio que respeten los derechos laborales.
Quedó en claro también que para estos fines, el interlocutor reconocido es la Cámara de Minería del Ecuador.
Yendo al grano de la reunión, se recordó la decisión de considerar a la minería ilegal como una amenaza para el Estado y se informó que para garantizar la continuidad de las operaciones, se había designado al secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, como punto focal para las coordinaciones.
Los asistentes comentaron algunas acciones que se han estado llevando a cabo en las últimas semanas. El ofrecimiento de dictar un decreto ejecutivo definiendo estrategias contundentes quedó en pie y junto con los asuntos reglamentarios y ambientales será uno de los temas a tratarse en sendas mesas de trabajo que se coordinarán con la Cámara de Minería.
Dado que el siete de febrero aún no se conocían en detalle los resultados del referéndum, lo relacionado con la incorporación de las áreas de protección hídrica al sistema nacional de áreas protegidas quedó en el plano técnico y considerando que se quiere enfocar el asunto con criterios profesionales, se entiende que la Cámara de Minería deberá conformar un equipo que se dedique a estudiar a fondo esta problemática.
Como no podía ser de otro modo, los representantes del sector minero insistieron en la necesidad de tener abierto el catastro minero. Una vez más, las autoridades respondieron que “pronto será reabierto” y, probablemente, por etapas.
El tema de las consultas, es decir, la ambiental, la prelegislativa y la consulta previa, libre e informada, remitió a los asistentes a lo sentenciado por la Corte Constitucional y la necesidad de tomar en cuenta sus recomendaciones. Una de ellas, precisamente, indica que una norma transitoria podría ser una de las salidas hasta que se promulgue la ley orgánica. Otra propuesta del Ejecutivo fue la de tener en los próximos 60 días el proceso prelegislativo que viabilice la consulta ambiental.
Aunque es difícil calificar de acuerdos a las coincidencias manifestadas en la reunión, se quedó en que además de las mesas de trabajo que conformarán la Secretaría de Administración de la Presidencia y la Cámara de Minería de Ecuador, se instalarán mesas en territorio con el fin de acopiar información de lo que sucede en esos lugares.
Reuniones intragubernamentales en las que se unifiquen los criterios de las diversas instancias y niveles de gobierno, tanto a nivel nacional como de las provincias mineras, serán posibles en el futuro después de lo conversado en este encuentro que dejó muy claro el interés del presidente Guillermo Lasso en el desarrollo y avance del sector minero.
El presidente estuvo acompañado de varios de sus ministros y otros altos funcionarios. Iván Correa, en ese momento secretario de la Administración Pública, Francisco Jiménez, también ex ministro de Gobierno; Diego Ordóñez, secretario de Seguridad y los titulares de Ambiente, Energía y Minas y Producción, Gustavo Manrique, Fernando Santos y Julio José Prado, respectivamente; los dos primeros asistidos por sus viceministros José Antonio Dávalos y Álvaro Ordóñez, escucharon las propuestas de los mineros. En esta ocasión no estuvo el secretario técnico de asociaciones público privadas, Roberto Salas, quien sí había estado presente en una reunión anterior con el Ejecutivo.
Minutos antes, el jefe de Estado reiteró lo que había declarado hace unos días en el Foro de Davos: que su Gobierno impulsará la inversión minera sustentable que trabaje de manera coordinada con las comunidades. Y que lo hará con empresas de prestigio que respeten los derechos laborales.
Quedó en claro también que para estos fines, el interlocutor reconocido es la Cámara de Minería del Ecuador.
Yendo al grano de la reunión, se recordó la decisión de considerar a la minería ilegal como una amenaza para el Estado y se informó que para garantizar la continuidad de las operaciones, se había designado al secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, como punto focal para las coordinaciones.
Los asistentes comentaron algunas acciones que se han estado llevando a cabo en las últimas semanas. El ofrecimiento de dictar un decreto ejecutivo definiendo estrategias contundentes quedó en pie y junto con los asuntos reglamentarios y ambientales será uno de los temas a tratarse en sendas mesas de trabajo que se coordinarán con la Cámara de Minería.
Dado que el siete de febrero aún no se conocían en detalle los resultados del referéndum, lo relacionado con la incorporación de las áreas de protección hídrica al sistema nacional de áreas protegidas quedó en el plano técnico y considerando que se quiere enfocar el asunto con criterios profesionales, se entiende que la Cámara de Minería deberá conformar un equipo que se dedique a estudiar a fondo esta problemática.
Como no podía ser de otro modo, los representantes del sector minero insistieron en la necesidad de tener abierto el catastro minero. Una vez más, las autoridades respondieron que “pronto será reabierto” y, probablemente, por etapas.
El tema de las consultas, es decir, la ambiental, la prelegislativa y la consulta previa, libre e informada, remitió a los asistentes a lo sentenciado por la Corte Constitucional y la necesidad de tomar en cuenta sus recomendaciones. Una de ellas, precisamente, indica que una norma transitoria podría ser una de las salidas hasta que se promulgue la ley orgánica. Otra propuesta del Ejecutivo fue la de tener en los próximos 60 días el proceso prelegislativo que viabilice la consulta ambiental.
Aunque es difícil calificar de acuerdos a las coincidencias manifestadas en la reunión, se quedó en que además de las mesas de trabajo que conformarán la Secretaría de Administración de la Presidencia y la Cámara de Minería de Ecuador, se instalarán mesas en territorio con el fin de acopiar información de lo que sucede en esos lugares.
Reuniones intragubernamentales en las que se unifiquen los criterios de las diversas instancias y niveles de gobierno, tanto a nivel nacional como de las provincias mineras, serán posibles en el futuro después de lo conversado en este encuentro que dejó muy claro el interés del presidente Guillermo Lasso en el desarrollo y avance del sector minero.
Colombia no autorizaría minería en páramos
Febrero 5 del 2023.- “No estoy de acuerdo que en el Páramo de Santurbán haya minería a gran escala”, afirmó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una reunión con campesinos de dicha región que es, según los especialistas, una de las zonas más importantes en cuanto a biodiversidad que hay en ese país.
Las declaraciones y propuestas de Petro forman parte de su plan para reformar el Código Minero, un tema que según los gremios empresariales merece ser mejor explicado al país.
Para los voceros del gobierno, las reformas no son un borrón y cuenta nueva sino ajustes que fortalecerán al sector.
“Se han hecho diálogos con todos los sectores mineros, para de esta forma poder construir el código de minas que necesita del país”, expresó hace poco el viceministro de Minas, Giovanni Franco Sepúlveda.
“Esperamos dejar muy explícito que el Estado quiere volver a ser empresario, quiere participar en el negocio minero de una forma adecuada, fomentar la compra de oro por parte del Banco de la República”, dijo en otra oportunidad.
En cuanto a la fecha en la que será presentada la propuesta de reforma, el funcionario dijo que trabajaban para que sea entregada al Senado en mayo de este año.
Para Gustavo Petro, el tema debe arreglarse en función de los intereses de los campesinos.
“Después de escuchar que hay un proceso de desplazamiento, o el riesgo o la amenaza de desplazamiento de los agricultores de la zona, me queda claro que donde se instala la gran minería, la gente termina desplazada”, dijo el presidente.
Las declaraciones y propuestas de Petro forman parte de su plan para reformar el Código Minero, un tema que según los gremios empresariales merece ser mejor explicado al país.
Para los voceros del gobierno, las reformas no son un borrón y cuenta nueva sino ajustes que fortalecerán al sector.
“Se han hecho diálogos con todos los sectores mineros, para de esta forma poder construir el código de minas que necesita del país”, expresó hace poco el viceministro de Minas, Giovanni Franco Sepúlveda.
“Esperamos dejar muy explícito que el Estado quiere volver a ser empresario, quiere participar en el negocio minero de una forma adecuada, fomentar la compra de oro por parte del Banco de la República”, dijo en otra oportunidad.
En cuanto a la fecha en la que será presentada la propuesta de reforma, el funcionario dijo que trabajaban para que sea entregada al Senado en mayo de este año.
Para Gustavo Petro, el tema debe arreglarse en función de los intereses de los campesinos.
“Después de escuchar que hay un proceso de desplazamiento, o el riesgo o la amenaza de desplazamiento de los agricultores de la zona, me queda claro que donde se instala la gran minería, la gente termina desplazada”, dijo el presidente.
Presidente Lasso anuncia creación
de nueva área de protección hídrica
Enero 29 de 2023.- El presidente Guillermo Lasso anunció ayer la creación del área de protección hídrica Aguarico, Chingual y Cofanes, una reserva de 101 000 hectáreas de extensión en el norte de la región amazónica, cerca de la frontera colombiana.
Se trata de “la más grande reserva de agua de Ecuador y todas sus fuentes son desde ahora consideradas de interés público”, afirmó el jefe de Estado.
El mandatario explicó que la reserva nace en los páramos andinos de Carchi que nutren a los ríos Chingual y Cofanes, que forman el Aguarico, afluente del río Napo y por consecuencia del Amazonas.
Dijo además que cuando termine su mandato, el año 2025, habrán “285 000 hectáreas bajo protección hídrica” y aseguró que esa estrategia es una forma de enfrentar a las amenazas de la crisis climática.
La medida tiene relevancia para el sector minero porque se relaciona con la Pregunta 7 de la consulta del próximo 5 de febrero, que planteará a los votantes: ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 7?
Si gana el “sí”, tal como prevé a última encuesta de Cedatos, con un 75,6% de la población a favor, el artículo 405 de la Constitución sería reformulado creando un subsistema que al ser parte del Sistema Nacional de Areas Protegidas prohibiría en los hechos las actividades extractivas.
Dice la Constitución: “Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley”.
El hecho no ha pasado desapercibido por el sector que, desde el denominado “Frente de Defensa de la minería”, ha hecho circular un volante en el que se afirma, entre otras cosas, que “el presidente que tenemos le hizo el juego en estas dos preguntas al ministro Manrique, que es más verde que Acción Ecológica”.
“Manrique no quiere minería (…) Ya tenemos la prelación en temas de agua y con esto cerrada toda posibilidad de desarrollo de la minería (…) es evidente que el presidente escucha a Manrique y no a la autoridad que nos regula a la minería o no le explican las cosas como son”, se afirma en el escrito.
“¡Se busca conflictuar más el desarrollo minero! ¡Una vez reformada la Constitución con estas preguntas, se manipulará aún más la opinión pública en contra del sector minero!”, señala.
Sostiene el Frente de Defensa de la Minería que “en estos últimos tiempos ya se están creando las Áreas de Protección Hídrica por todo el país y no hay ninguna autoridad del MEM o de la Arcernnr que se oponga (…) existirá una proliferación de declaratorias de áreas de protección hídrica (…) será el fin de las expectativas de desarrollo minero (…) es una pena (…) el sueño de los anti mineros será constitucional”, finaliza el comunicado.
Se trata de “la más grande reserva de agua de Ecuador y todas sus fuentes son desde ahora consideradas de interés público”, afirmó el jefe de Estado.
El mandatario explicó que la reserva nace en los páramos andinos de Carchi que nutren a los ríos Chingual y Cofanes, que forman el Aguarico, afluente del río Napo y por consecuencia del Amazonas.
Dijo además que cuando termine su mandato, el año 2025, habrán “285 000 hectáreas bajo protección hídrica” y aseguró que esa estrategia es una forma de enfrentar a las amenazas de la crisis climática.
La medida tiene relevancia para el sector minero porque se relaciona con la Pregunta 7 de la consulta del próximo 5 de febrero, que planteará a los votantes: ¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 7?
Si gana el “sí”, tal como prevé a última encuesta de Cedatos, con un 75,6% de la población a favor, el artículo 405 de la Constitución sería reformulado creando un subsistema que al ser parte del Sistema Nacional de Areas Protegidas prohibiría en los hechos las actividades extractivas.
Dice la Constitución: “Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley”.
El hecho no ha pasado desapercibido por el sector que, desde el denominado “Frente de Defensa de la minería”, ha hecho circular un volante en el que se afirma, entre otras cosas, que “el presidente que tenemos le hizo el juego en estas dos preguntas al ministro Manrique, que es más verde que Acción Ecológica”.
“Manrique no quiere minería (…) Ya tenemos la prelación en temas de agua y con esto cerrada toda posibilidad de desarrollo de la minería (…) es evidente que el presidente escucha a Manrique y no a la autoridad que nos regula a la minería o no le explican las cosas como son”, se afirma en el escrito.
“¡Se busca conflictuar más el desarrollo minero! ¡Una vez reformada la Constitución con estas preguntas, se manipulará aún más la opinión pública en contra del sector minero!”, señala.
Sostiene el Frente de Defensa de la Minería que “en estos últimos tiempos ya se están creando las Áreas de Protección Hídrica por todo el país y no hay ninguna autoridad del MEM o de la Arcernnr que se oponga (…) existirá una proliferación de declaratorias de áreas de protección hídrica (…) será el fin de las expectativas de desarrollo minero (…) es una pena (…) el sueño de los anti mineros será constitucional”, finaliza el comunicado.
Acabó la tregua en arbitraje con Codelco
Enero 29 de 2023.- Hoy debe saberse en qué queda el pedido de arbitraje de Codelco contra Ecuador en el Ciadi, postergado ya cuatro veces con un plazo que venció el sábado 27 de enero.
El arbitraje es porque, según la estatal chilena, Ecuador no ha cumplido con sus obligaciones en el proyecto Llurimagua. Por eso es que a fines del año pasado pidió a la Secretaría General del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) se notifique al país para que nombre sus abogados ante el tribunal arbitral.
Luego vino un periodo marcado por el cambio de gobierno en Chile y la solicitud de Enami EP y de Ecuador para que se suspenda el juicio. El pedido fue aceptado y ambas partes quedaron en buscar un acuerdo.
La primera suspensión fue hasta el 28 de agosto del año pasado. Después volvieron a suspender el juicio hasta el 28 de noviembre, luego hasta el 28 de diciembre y finalmente hasta el 27 de enero.
Para efectos del arbitraje la estatal chilena es asesorada por el estudio Sullivan & Cromwell de New York, Estados Unidos y por el estudio Robalino, de Quito. Por su parte, la defensa ecuatoriana está a cargo de la Procuraduría General del Estado.
La relación de Codelco con su par ecuatoriano, Enami EP, ha sido tensa en los últimos años. Después de la firma de un acuerdo de accionistas hace siete años, las partes acordaron unos términos contractuales que no han sido bien recibidos en el ámbito local.
Los técnicos de Codelco dicen haber terminado una parte del trabajo exploratorio que debería continuar si es que reciben la concesión. Ello no ha ocurrido y si es que ocurre, Codelco y Enami EP deberán entenderse con las comunidades de la zona que en más de una ocasión han manifestado su oposición al desarrollo de actividades mineras en sus territorios.
El arbitraje es porque, según la estatal chilena, Ecuador no ha cumplido con sus obligaciones en el proyecto Llurimagua. Por eso es que a fines del año pasado pidió a la Secretaría General del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) se notifique al país para que nombre sus abogados ante el tribunal arbitral.
Luego vino un periodo marcado por el cambio de gobierno en Chile y la solicitud de Enami EP y de Ecuador para que se suspenda el juicio. El pedido fue aceptado y ambas partes quedaron en buscar un acuerdo.
La primera suspensión fue hasta el 28 de agosto del año pasado. Después volvieron a suspender el juicio hasta el 28 de noviembre, luego hasta el 28 de diciembre y finalmente hasta el 27 de enero.
Para efectos del arbitraje la estatal chilena es asesorada por el estudio Sullivan & Cromwell de New York, Estados Unidos y por el estudio Robalino, de Quito. Por su parte, la defensa ecuatoriana está a cargo de la Procuraduría General del Estado.
La relación de Codelco con su par ecuatoriano, Enami EP, ha sido tensa en los últimos años. Después de la firma de un acuerdo de accionistas hace siete años, las partes acordaron unos términos contractuales que no han sido bien recibidos en el ámbito local.
Los técnicos de Codelco dicen haber terminado una parte del trabajo exploratorio que debería continuar si es que reciben la concesión. Ello no ha ocurrido y si es que ocurre, Codelco y Enami EP deberán entenderse con las comunidades de la zona que en más de una ocasión han manifestado su oposición al desarrollo de actividades mineras en sus territorios.
El alcalde de Ponce Enríquez tiene
deudas por más de 2 millones 400 mil
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Enero 29 de 2023.- Un millón 824 mil dólares adeuda el municipio del cantón minero Camilo Ponce Enríquez al Instituto Ecuatoriano de Seguridad y una asociación de mineros que estuvo representada por el alcalde, Baldor Bermeo, debe US$ 604 mil a la Empresa Nacional Minera EP (Enami), mientras el político postula a la reelección este 5 de febrero, pese a que esas deudas constituyen impedimentos para ser candidato.
Según el certificado de cumplimiento de obligaciones patronales, del 18 de enero de 2023, la abogada Karla Bermúdez Roldán, directora nacional de recaudación y gestión de cartera, Elías Baldor Bermeo Cabrera, como representante legal de la empresa Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Camilo Ponce Enríquez, registra obligaciones patronales por un valor de 1´824 080,33 dólares. Según el certificado CIWEB13566980 del Registro Público de Prohibiciones, Inhabilidades e Impedimentos emitido el 10 el enero de 2023 por la Esp. Mishell Carolina Rodríguez Latorre, directora de Control del Servicio Público, el alcalde de Ponce Enríquez sí presenta impedimento legal para ejercer cargo público por la causal de adeudar a entidades del sector público. Bermeo también dejó una deuda de más de 600 mil dólares a la Asociación De Producción Minera Camilo Ponce Enríquez, Asopromipen, que representaba. De acuerdo al oficio Nro. ENAMI-UFI-2023-0001-OFC del 13 de enero de 2023 se notifica a Bermeo con la gestión persuasiva de cobro dentro de la fase preliminar del procedimiento de ejecución coactiva de la Enami EP. La ingeniera Amanda Cristina Mero Avilés, supervisora financiera de la Enami, manifiesta en dicho oficio, que el valor total vencido con corte al 10 de enero de 2023 es de US$ 604 mil 188 con 34 ctv, los mismos que deberán ser cancelados a Enami EP en el término de 5 días. “Una vez realizada la gestión, se solicita que se informe a la Enami EP, sobre la transacción realizada, para la emisión y entrega del comprobante de ingreso”, señala.
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El Contrato de Operación Minera bajo el Régimen Especial de Pequeña Minería dentro de la concesión minera denominada Muyuyacu código 3622, entre la Enami EP, representada por el gerente general ingeniero Raúl Enrique Brito Morales y el señor Elías Baldor Bermeo Cabrera en calidad de Administrador y representante legal de la Asopromipen, fue inscrito en Registro Minero de la Agencia de Regulación y Control Minero Coordinación Cuenca, el 23 de febrero de 2017.
Los valores detallados de la deuda de la asociación corresponden al pago de auditorías mineras por el valor de US$ 537,56 y por la compensación económica más intereses por US$ 603 mil 650 con 78 ctv con corte al 10 de enero de 2023.
Bermeo es candidato y como tal ha incumplido otros artículos del Código de la Democracia que prohiben obsequiar cualquier cosa como parte de la campaña electoral: él ha obsequiado bolsas de productos, sillas de ruedas y hasta ha entregado viviendas gratuitas a familias vulnerables de “la Ponce” durante la campaña. Así se puede ver en las publicaciones de su cuenta personal en Facebook.
“La Ponce”, como se conoce en la jerga minera al cantón ubicado en la provincia de Azuay limítrofe con la provincia de El Oro, ha sido noticia el año pasado por los cierres viales que protagonizan los pobladores de la ciudad que ha crecido sin planificación urbana alguna hasta quedar en medio de la carretera Panamericana Sur.
Mineros de asociaciones que defienden sus contratos de operación en la concesión Muyuyacu 3622 y pobladores de los barrios que reclaman por la contaminación de los ríos Siete, Guanache y otros, no quieren que ocurra lo mismo con el río Gala.
Sin embargo, la candidatura fue calificada y está en las papeletas de votación, tal como en un sinnúmero de casos a lo largo del país, que se escapan a la capacidad del Consejo Nacional Electoral, mas no a su competencia.
En una acción que tiene el respaldo de la Asociación de Mineros Artesanales 12 de Octubre, el pasado 8 de diciembre el gerente general subrogante de la Enami EP, Reinaldo Reyes, advirtió a las autoridades nacionales sobre contratos ilegales firmados por su antecesor con nuevos operadores para las concesiones del proyecto Muyuyacu 3622.
El antecesor de Reyes, Julián Agurto, tuvo el apoyo presencial de Bermeo en la convocatoria pública para la “socialización” de los nuevos contratos de operación minera que serían firmados en “coadministración” por el nuevo dueño de Muyuyacu, la empresa Oromining, y la Enami EP.
Los valores detallados de la deuda de la asociación corresponden al pago de auditorías mineras por el valor de US$ 537,56 y por la compensación económica más intereses por US$ 603 mil 650 con 78 ctv con corte al 10 de enero de 2023.
Bermeo es candidato y como tal ha incumplido otros artículos del Código de la Democracia que prohiben obsequiar cualquier cosa como parte de la campaña electoral: él ha obsequiado bolsas de productos, sillas de ruedas y hasta ha entregado viviendas gratuitas a familias vulnerables de “la Ponce” durante la campaña. Así se puede ver en las publicaciones de su cuenta personal en Facebook.
“La Ponce”, como se conoce en la jerga minera al cantón ubicado en la provincia de Azuay limítrofe con la provincia de El Oro, ha sido noticia el año pasado por los cierres viales que protagonizan los pobladores de la ciudad que ha crecido sin planificación urbana alguna hasta quedar en medio de la carretera Panamericana Sur.
Mineros de asociaciones que defienden sus contratos de operación en la concesión Muyuyacu 3622 y pobladores de los barrios que reclaman por la contaminación de los ríos Siete, Guanache y otros, no quieren que ocurra lo mismo con el río Gala.
Sin embargo, la candidatura fue calificada y está en las papeletas de votación, tal como en un sinnúmero de casos a lo largo del país, que se escapan a la capacidad del Consejo Nacional Electoral, mas no a su competencia.
En una acción que tiene el respaldo de la Asociación de Mineros Artesanales 12 de Octubre, el pasado 8 de diciembre el gerente general subrogante de la Enami EP, Reinaldo Reyes, advirtió a las autoridades nacionales sobre contratos ilegales firmados por su antecesor con nuevos operadores para las concesiones del proyecto Muyuyacu 3622.
El antecesor de Reyes, Julián Agurto, tuvo el apoyo presencial de Bermeo en la convocatoria pública para la “socialización” de los nuevos contratos de operación minera que serían firmados en “coadministración” por el nuevo dueño de Muyuyacu, la empresa Oromining, y la Enami EP.
Serían ilegales nuevos contratos de operación en Muyuyacu
Diciembre 18 de 2022.- En una acción que tiene el respaldo de la Asociación de Mineros Artesanales 12 de Octubre de Ponce Enríquez, el pasado 8 de diciembre el gerente general subrogante de la Empresa Nacional Minera Enami EP, Reinaldo Reyes, advirtió a las autoridades nacionales sobre contratos ilegales firmados por su antecesor con nuevos operadores para las concesiones del proyecto Muyuyacu 3622.
Alertó también sobre posibles nuevas paralizaciones de vías en la ciudad minera Ponce Enríquez y pidió programar reuniones para encontrar soluciones al inconveniente social.
El oficio ENAMI-ENAMI-2022-0416-OFC, firmado por Reyes, está dirigido al ministro Fernando Santos, al viceministro Álvaro Ordóñez, al presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Púbicas, Hernán Luque, al asesor jurídico de la presidencia, Fabían Pozo, y al director de la Arcernn, Luis Maingon.
Tres días antes del fin de la anterior administración, dice Reyes, fueron entregados contratos sobre los que empresa nacional carecía de toda información, tal como se dio cuenta el 29 de noviembre último en el oficio ENAMI-ENAMI-2022-0407-OFC, señalando que tales convenios no cuentan con informes favorables de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr).
Se avizora, entonces, un nuevo capítulo en el conflicto desatado por la aplicación de una resolución judicial sobre la titularidad de las concesiones Muyuyacu 3622 y otras ubicadas entre las provincias Azuay y El Oro.
Según el escrito ARCERNNR-CZA-2022-1667-OF del 8 de noviembre, con los contratos suscritos y enlistados en ese oficio, “se está dejando sin trabajo a la mayoría de operadores que han venido realizando labores mineras desde hace muchos años atrás”. En dichas actividades se emplean a unos mil trabajadores.
En el afán de inscribir los contratos que son ilegales, los beneficiarios han interpuesto dos medidas cautelares y la segunda les ha sido aceptada por un juez del cantón Huaquillas. Esta acción ha provocado a los pobladores de Ponce Enríquez y los operadores marginados, que en anteriores ocasiones han realizado protestas masivas tanto en “la Ponce” -como llaman los mineros al sector- y en Quito.
El drama comenzó cuando en un acelerado proceso de acción constitucional, la jueza Nancy Parrales, no solo que revirtió las concesiones de Muyuyacu 3622 a cargo de Enami EP a los empresarios colombianos dueños de una empresa minera creada en Panamá, Carlos Huerta y Carlos Florez. Ella también extendió el beneficio de la sentencia a otra empresa que no era parte de la acción, pero sí es de los mismos dueños.
Por su parte, las autoridades se apresuraron a cumplir la orden de la jueza de revertir la concesión y el 25 de enero del 2021, en el viceministerio de Minas a cargo del ingeniero Juan Carlos Ochoa, se resolvió proceder a la restitución del 55% de los derechos mineros de la concesión Muyuyacu en favor de Gaby Panamá Corporation y del 100% de los derechos de las concesiones mineras Guadalupe, Fermín Bajo, Río Villa, Villa Sur, Río Tenguel Este; y, Río Negro a favor de Guadalupe Mining Corporation.
En mayo de este año, el anterior gerente de Enami, Julián Agurto, dio por terminadas las expectativas de renovación de los contratos con los operadores que trabajaron con la Enami EP por unos 15 años, produciendo ingresos que financiaron a la empresa nacional.
Agurto firmó un convenio de administración conjunta con la figura de “cotitulares”, para Enami Ep y Oromining S.A. y convocó a asambleas de interesados, entre ellos el alcalde de Ponce Enríquez, quien gerenció una de las empresas operadoras, para explicar las condiciones que debían cumplir las aspirantes (Vía Minera del 18 de septiembre ).
Reyes sustituyó a Agurto y mantuvo el 8 de octubre una reunión con los representantes de la Asociación 12 de Octubre y la empresa de pequeña minería Minervilla, conglomerados mineros que se han colocado al frente de la lucha por condiciones justas sin la mediación de terceros, en la cual “se avanzó en la consecución de acuerdos”.
Alertó también sobre posibles nuevas paralizaciones de vías en la ciudad minera Ponce Enríquez y pidió programar reuniones para encontrar soluciones al inconveniente social.
El oficio ENAMI-ENAMI-2022-0416-OFC, firmado por Reyes, está dirigido al ministro Fernando Santos, al viceministro Álvaro Ordóñez, al presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Púbicas, Hernán Luque, al asesor jurídico de la presidencia, Fabían Pozo, y al director de la Arcernn, Luis Maingon.
Tres días antes del fin de la anterior administración, dice Reyes, fueron entregados contratos sobre los que empresa nacional carecía de toda información, tal como se dio cuenta el 29 de noviembre último en el oficio ENAMI-ENAMI-2022-0407-OFC, señalando que tales convenios no cuentan con informes favorables de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr).
Se avizora, entonces, un nuevo capítulo en el conflicto desatado por la aplicación de una resolución judicial sobre la titularidad de las concesiones Muyuyacu 3622 y otras ubicadas entre las provincias Azuay y El Oro.
Según el escrito ARCERNNR-CZA-2022-1667-OF del 8 de noviembre, con los contratos suscritos y enlistados en ese oficio, “se está dejando sin trabajo a la mayoría de operadores que han venido realizando labores mineras desde hace muchos años atrás”. En dichas actividades se emplean a unos mil trabajadores.
En el afán de inscribir los contratos que son ilegales, los beneficiarios han interpuesto dos medidas cautelares y la segunda les ha sido aceptada por un juez del cantón Huaquillas. Esta acción ha provocado a los pobladores de Ponce Enríquez y los operadores marginados, que en anteriores ocasiones han realizado protestas masivas tanto en “la Ponce” -como llaman los mineros al sector- y en Quito.
El drama comenzó cuando en un acelerado proceso de acción constitucional, la jueza Nancy Parrales, no solo que revirtió las concesiones de Muyuyacu 3622 a cargo de Enami EP a los empresarios colombianos dueños de una empresa minera creada en Panamá, Carlos Huerta y Carlos Florez. Ella también extendió el beneficio de la sentencia a otra empresa que no era parte de la acción, pero sí es de los mismos dueños.
Por su parte, las autoridades se apresuraron a cumplir la orden de la jueza de revertir la concesión y el 25 de enero del 2021, en el viceministerio de Minas a cargo del ingeniero Juan Carlos Ochoa, se resolvió proceder a la restitución del 55% de los derechos mineros de la concesión Muyuyacu en favor de Gaby Panamá Corporation y del 100% de los derechos de las concesiones mineras Guadalupe, Fermín Bajo, Río Villa, Villa Sur, Río Tenguel Este; y, Río Negro a favor de Guadalupe Mining Corporation.
En mayo de este año, el anterior gerente de Enami, Julián Agurto, dio por terminadas las expectativas de renovación de los contratos con los operadores que trabajaron con la Enami EP por unos 15 años, produciendo ingresos que financiaron a la empresa nacional.
Agurto firmó un convenio de administración conjunta con la figura de “cotitulares”, para Enami Ep y Oromining S.A. y convocó a asambleas de interesados, entre ellos el alcalde de Ponce Enríquez, quien gerenció una de las empresas operadoras, para explicar las condiciones que debían cumplir las aspirantes (Vía Minera del 18 de septiembre ).
Reyes sustituyó a Agurto y mantuvo el 8 de octubre una reunión con los representantes de la Asociación 12 de Octubre y la empresa de pequeña minería Minervilla, conglomerados mineros que se han colocado al frente de la lucha por condiciones justas sin la mediación de terceros, en la cual “se avanzó en la consecución de acuerdos”.
Ministerios coordinan plan de
seguridad para operaciones mineras
Diciembre 18 de 2022.- El anuncio del ministerio del sector dado a conocer dos días después de los hechos ocurridos en la parroquia Las Naves da una idea del camino escogido por el Ejecutivo para gestionar la conflictividad que provoca la actividad minera.
No es un anuncio nuevo, ciertamente. Desde hace por lo menos dos años las autoridades vienen diciendo que coordinan con diferentes ministerios para lograr un acuerdo que les permita militarizar las operaciones, tal como ha sucedido con algunas instalaciones y campos petroleros.
Hace unos días el Gobierno Nacional, a través de un boletín, difundió que trabaja en un plan de seguridad para fortalecer al sector minero.
“Frente a actos de conflictividad que se han visualizado en ciertas áreas del sector minero en Ecuador; en la ciudad de Quito, se desarrolló una reunión estratégica con diferentes actores estatales, en la cual se trató sobre la creación de un plan estratégico para apoyo a las empresas mineras asentadas en el país”, señala el boletín.
Da cuenta de que “el Ministerio de Energía y Minas, a través de su viceministro, Álvaro Ordóñez, la Secretaría de Alianzas Público Privadas, representada por Roberto Salas, y miembros de las Fuerzas Armadas trabajan en conjunto para brindar seguridad y sentido de oportunidad a las inversiones mineras en el país”.
Entre los ejes principales que se trataron se encuentran: ambiente, seguridad y desarrollo social, sobre la base de cooperación con los concesionarios mineros.
“El viceministro, Álvaro Ordóñez, invitó a todo el equipo a trabajar en conjunto, en apoyo al sector minero, área estratégica nacional, dentro del marco legal y jurídico, con sentido de urgencia y priorizando acciones”, añade.
El boletín concluye afirmando que “el Gobierno Nacional, a través de esta Cartera de Estado, seguirá trabajando por brindar seguridad y atraer inversión extranjera en el sector minero, generando empleos y recursos que aporten al desarrollo nacional”.
No es un anuncio nuevo, ciertamente. Desde hace por lo menos dos años las autoridades vienen diciendo que coordinan con diferentes ministerios para lograr un acuerdo que les permita militarizar las operaciones, tal como ha sucedido con algunas instalaciones y campos petroleros.
Hace unos días el Gobierno Nacional, a través de un boletín, difundió que trabaja en un plan de seguridad para fortalecer al sector minero.
“Frente a actos de conflictividad que se han visualizado en ciertas áreas del sector minero en Ecuador; en la ciudad de Quito, se desarrolló una reunión estratégica con diferentes actores estatales, en la cual se trató sobre la creación de un plan estratégico para apoyo a las empresas mineras asentadas en el país”, señala el boletín.
Da cuenta de que “el Ministerio de Energía y Minas, a través de su viceministro, Álvaro Ordóñez, la Secretaría de Alianzas Público Privadas, representada por Roberto Salas, y miembros de las Fuerzas Armadas trabajan en conjunto para brindar seguridad y sentido de oportunidad a las inversiones mineras en el país”.
Entre los ejes principales que se trataron se encuentran: ambiente, seguridad y desarrollo social, sobre la base de cooperación con los concesionarios mineros.
“El viceministro, Álvaro Ordóñez, invitó a todo el equipo a trabajar en conjunto, en apoyo al sector minero, área estratégica nacional, dentro del marco legal y jurídico, con sentido de urgencia y priorizando acciones”, añade.
El boletín concluye afirmando que “el Gobierno Nacional, a través de esta Cartera de Estado, seguirá trabajando por brindar seguridad y atraer inversión extranjera en el sector minero, generando empleos y recursos que aporten al desarrollo nacional”.
Panamá cancela operaciones de Cobre Panamá
Diciembre 18 de 2022.- El gobierno de Panamá ordenó que se suspendan las actividades en la mina Cobre Panamá, operada por First Quantum Minerals (TSX: FM), después de más de un año de negociaciones durante las cuales no pudo llegar a ningún acuerdo sobre los términos económicos de un nuevo contrato.
Al cierre de esta edición, no se sabe qué pasará con la mina. Mientras algunos sectores sugieren la nacionalización de los activos, sectores del Ejecutivo sostienen que será entregada a un nuevo operador, en este caso la Broadway Strategic Minerals Panamá, S.A, institución que ya en 2007 acumulaba demandas de ecologistas y comunidades originarias por daños ambientales.
Se dice además que el actual vicepresidente del país, José Gabriel Carrizo, ha sido representante legal de la minera y ha gestor de la entrega irregular de 25 mil hectáreas de áreas protegidas para las actividades mineras.
La mina Cobre Panamá está a unos 120 km al oeste de Ciudad de Panamá y a 20 km de la costa atlántica. Se estima que puede producir 300 mil toneladas de cobre al año y que tiene 3,100 millones de toneladas en reservas probadas y probables.
Su operador, First Quantum, es uno de los diez mayores mineros de cobre del mundo y el mayor productor canadiense del metal. Extrae más de 800 mil toneladas de cobre al año y tiene a Cobre Panamá como su mina más grande.
Dice haber invertido unos 10,000 millones de dólares en Cobre Panamá y que contemplaba ampliar la capacidad de procesamiento de la mina de 85 millones de toneladas anuales a 100 millones en 2023. Esto le habría permitido aumentar la producción a casi 360,000 toneladas de cobre a finales de este año.
First no pudo llegar a un acuerdo económico. El gobierno panameño había advertido que si no se lograba hasta el miércoles pasado, tomaría “medidas alternativas” para garantizar el funcionamiento de la mina.
El Ministerio de Comercio e Industrias del país dijo el jueves que First Quantum había hecho “demandas irrazonables”, que a menudo alejaban a ambas partes en lugar de acercarlas.
La empresa ha sostenido en los últimos días que logró avanzar en las negociaciones con el Gobierno y estuvo a punto de lograr un acuerdo que aseguraba el futuro a largo plazo de Cobre Panamá.
Dice que su propuesta habría convertido a Cobre Panamá en uno de los mayores pagadores de regalías entre las naciones productoras de cobre en las Américas.
Afirma que en su propuesta se mantenía el pago mínimo de 375 millones de dólares al año en ingresos en concepto de impuestos y regalías.
Afirma también que en enero se alcanzó un acuerdo por el que la empresa se comprometía a aumentar el pago de regalías por la mina de cobre. También aceptó ceder a Panamá entre el 12% y el 16% de sus beneficios brutos, lo que sustituiría al anterior canon de ingresos del 2%.
Aceptó también empezar a pagar el 25% del impuesto de sociedades, del que antes estaba exenta, hasta que recuperara sus inversiones en la mina.
“Cobre Panamá contribuiría con más de 500 millones de dólares al año en ingresos al gobierno, a precios actuales del cobre”, asegura la empresa.
La Cámara Minera de Panamá ha planteado incautar la operación. “Cuando nuestro país necesita atraer capitales del exterior, para dinamizar la economía, generar empleos de calidad y promover el desarrollo humano sostenible, resulta tristemente contradictorio enviar el mensaje a la comunidad internacional de que en Panamá existen inclinaciones hacia la expropiación de la inversión privada”, dijo la cámara en un comunicado del 12 de diciembre.
Al cierre de esta edición, no se sabe qué pasará con la mina. Mientras algunos sectores sugieren la nacionalización de los activos, sectores del Ejecutivo sostienen que será entregada a un nuevo operador, en este caso la Broadway Strategic Minerals Panamá, S.A, institución que ya en 2007 acumulaba demandas de ecologistas y comunidades originarias por daños ambientales.
Se dice además que el actual vicepresidente del país, José Gabriel Carrizo, ha sido representante legal de la minera y ha gestor de la entrega irregular de 25 mil hectáreas de áreas protegidas para las actividades mineras.
La mina Cobre Panamá está a unos 120 km al oeste de Ciudad de Panamá y a 20 km de la costa atlántica. Se estima que puede producir 300 mil toneladas de cobre al año y que tiene 3,100 millones de toneladas en reservas probadas y probables.
Su operador, First Quantum, es uno de los diez mayores mineros de cobre del mundo y el mayor productor canadiense del metal. Extrae más de 800 mil toneladas de cobre al año y tiene a Cobre Panamá como su mina más grande.
Dice haber invertido unos 10,000 millones de dólares en Cobre Panamá y que contemplaba ampliar la capacidad de procesamiento de la mina de 85 millones de toneladas anuales a 100 millones en 2023. Esto le habría permitido aumentar la producción a casi 360,000 toneladas de cobre a finales de este año.
First no pudo llegar a un acuerdo económico. El gobierno panameño había advertido que si no se lograba hasta el miércoles pasado, tomaría “medidas alternativas” para garantizar el funcionamiento de la mina.
El Ministerio de Comercio e Industrias del país dijo el jueves que First Quantum había hecho “demandas irrazonables”, que a menudo alejaban a ambas partes en lugar de acercarlas.
La empresa ha sostenido en los últimos días que logró avanzar en las negociaciones con el Gobierno y estuvo a punto de lograr un acuerdo que aseguraba el futuro a largo plazo de Cobre Panamá.
Dice que su propuesta habría convertido a Cobre Panamá en uno de los mayores pagadores de regalías entre las naciones productoras de cobre en las Américas.
Afirma que en su propuesta se mantenía el pago mínimo de 375 millones de dólares al año en ingresos en concepto de impuestos y regalías.
Afirma también que en enero se alcanzó un acuerdo por el que la empresa se comprometía a aumentar el pago de regalías por la mina de cobre. También aceptó ceder a Panamá entre el 12% y el 16% de sus beneficios brutos, lo que sustituiría al anterior canon de ingresos del 2%.
Aceptó también empezar a pagar el 25% del impuesto de sociedades, del que antes estaba exenta, hasta que recuperara sus inversiones en la mina.
“Cobre Panamá contribuiría con más de 500 millones de dólares al año en ingresos al gobierno, a precios actuales del cobre”, asegura la empresa.
La Cámara Minera de Panamá ha planteado incautar la operación. “Cuando nuestro país necesita atraer capitales del exterior, para dinamizar la economía, generar empleos de calidad y promover el desarrollo humano sostenible, resulta tristemente contradictorio enviar el mensaje a la comunidad internacional de que en Panamá existen inclinaciones hacia la expropiación de la inversión privada”, dijo la cámara en un comunicado del 12 de diciembre.
Designan viceministro de Minas en Ecuador
Diciembre 11 del 2022.- El pasado martes 06 de diciembre de 2022, el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, posesionó a Álvaro Ordóñez como viceministro de Minas de Ecuador.
Ordóñez posee más de 22 años de experiencia en la industria extractiva. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Quito. Tiene una maestría en Derecho y Política de Recursos Naturales y Medio Ambiente, otorgada por la Universidad de Denver – Estados Unidos- con especialización en Derecho Energético, Minero y Desarrollo Sustentable.
Como parte de su trayectoria profesional, Ordóñez formó parte del equipo que negoció el primer contrato de minería a gran escala de Ecuador. Es coautor de la Reforma a la Ley de Minería del Ecuador, que otorga incentivos a la industria minera, así como de estudios sobre la realidad de la minería artesanal y pequeña minería en el país.
Entre el 2016 y el 2018, fue director de la Cámara de Minería del Ecuador. Además, se ha desempeñado como asesor legal y consultor en temas energéticos y mineros de empresas e instituciones.
En un boletín del ministerio se dice que la nueva autoridad “trabajará desde los principios rectores del Gobierno del Encuentro, desde una compresión de la dinámica de la industria y los impactos que esta genera, con una visión de explotación responsable de los recursos y considerando las necesidades de las futuras generaciones”.
Ordóñez posee más de 22 años de experiencia en la industria extractiva. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica de Quito. Tiene una maestría en Derecho y Política de Recursos Naturales y Medio Ambiente, otorgada por la Universidad de Denver – Estados Unidos- con especialización en Derecho Energético, Minero y Desarrollo Sustentable.
Como parte de su trayectoria profesional, Ordóñez formó parte del equipo que negoció el primer contrato de minería a gran escala de Ecuador. Es coautor de la Reforma a la Ley de Minería del Ecuador, que otorga incentivos a la industria minera, así como de estudios sobre la realidad de la minería artesanal y pequeña minería en el país.
Entre el 2016 y el 2018, fue director de la Cámara de Minería del Ecuador. Además, se ha desempeñado como asesor legal y consultor en temas energéticos y mineros de empresas e instituciones.
En un boletín del ministerio se dice que la nueva autoridad “trabajará desde los principios rectores del Gobierno del Encuentro, desde una compresión de la dinámica de la industria y los impactos que esta genera, con una visión de explotación responsable de los recursos y considerando las necesidades de las futuras generaciones”.
Presidente Petro plantea reformar el código minero
Diciembre 11 del 2022.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha planteado la reforma del código minero, promulgado el año 2001, pues permite la exploración minera en zonas que albergan importantes recursos de agua dulce y tierras agrícolas.
“El Estado ya no debe priorizar a las grandes multinacionales mineras. El Estado debe priorizar al pequeño minero tradicional, a la pequeña minería tradicional y, sobre todo, apoyar el esfuerzo minero que sin duda se necesita, porque esta no es una guerra contra la minería sino contra las formas en que actualmente se hace minería en Colombia”, dijo.
El presidente colombiano ha propuesto organizar una gran convención minera nacional en la que los pequeños mineros puedan exponer sus ideas sobre el contenido del código minero actualizado.
Petro también se ha dirigido a los pueblos indígenas convocándolos a participar de una manera activa en la conservación de las fuentes de agua dulce.
Sobre el tema, la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, sostuvo casi al asumir el gobierno que las empresas mineras deberían tramitar licencias ambientales para la exploración, con el fin de proteger el medio ambiente, aumentar el control estatal y evitar conflictos entre las comunidades y las empresas extractivas.
Los cambios en la legislación minera son parte de la reforma tributaria orientada a lograr mayor justicia social, preservar el medioambiente y promover la salud pública.
Se espera que los cambios en el esquema tributario permitan recaudar 20 billones de pesos o 4.000 millones de dólares que podrían servir para acortar la brecha del déficit fiscal de 6 % del PIB y manejar la devaluación de la moneda colombiana.
“El Estado ya no debe priorizar a las grandes multinacionales mineras. El Estado debe priorizar al pequeño minero tradicional, a la pequeña minería tradicional y, sobre todo, apoyar el esfuerzo minero que sin duda se necesita, porque esta no es una guerra contra la minería sino contra las formas en que actualmente se hace minería en Colombia”, dijo.
El presidente colombiano ha propuesto organizar una gran convención minera nacional en la que los pequeños mineros puedan exponer sus ideas sobre el contenido del código minero actualizado.
Petro también se ha dirigido a los pueblos indígenas convocándolos a participar de una manera activa en la conservación de las fuentes de agua dulce.
Sobre el tema, la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, sostuvo casi al asumir el gobierno que las empresas mineras deberían tramitar licencias ambientales para la exploración, con el fin de proteger el medio ambiente, aumentar el control estatal y evitar conflictos entre las comunidades y las empresas extractivas.
Los cambios en la legislación minera son parte de la reforma tributaria orientada a lograr mayor justicia social, preservar el medioambiente y promover la salud pública.
Se espera que los cambios en el esquema tributario permitan recaudar 20 billones de pesos o 4.000 millones de dólares que podrían servir para acortar la brecha del déficit fiscal de 6 % del PIB y manejar la devaluación de la moneda colombiana.
Arbitraje pedido por Codelco
contra Ecuador en su hora cero
Noviembre 27 de 2022.- El día de hoy, 28 de noviembre, ha vencido el plazo acordado entre Codelco y la República de Ecuador para avanzar en negociaciones amistosas que eviten el procedimiento de arbitraje planteado por las empresas chilenas en contra del país.
Formalmente, son la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco; y sus filiales Exploraciones Mineras Andinas S.A. e Inversiones Copperfield SPA las que han sentado a Ecuador en el banquillo de los acusados del Ciadi. El motivo es que aún no se concreta es la alianza que ellos esperan para continuar con la exploración y eventual explotación de los depósitos de Llurimagua.
En mayo de este año, después de que el árbitro argentino José A. Martínez de Hoz aceptara su nombramiento, el procedimiento quedó suspendido hasta el 28 de agosto a pedido de chilenos y ecuatorianos. En vísperas de la fecha, las partes acordaron extender la suspensión mientras llegaban a un acuerdo.
Ahora la fecha se ha vencido y al cierre de esta edición, no se había hecho público si el juicio se reiniciaba o continuaban las conversaciones en busca de un acuerdo amistoso.
Mientras tanto, el gigante chileno ha sufrido una caída del 10% en su producción de cobre, entre enero y septiembre de este año. Ese retroceso no pone en duda su condición de primer productor mundial pero la disminución no deja de ser significativa.
Algunos analistas explican la caída porque la fundición Ventanas está en mantenimiento y Chuquicamata ha ampliado los trabajos de reparación que tenía previstos.
Formalmente, son la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco; y sus filiales Exploraciones Mineras Andinas S.A. e Inversiones Copperfield SPA las que han sentado a Ecuador en el banquillo de los acusados del Ciadi. El motivo es que aún no se concreta es la alianza que ellos esperan para continuar con la exploración y eventual explotación de los depósitos de Llurimagua.
En mayo de este año, después de que el árbitro argentino José A. Martínez de Hoz aceptara su nombramiento, el procedimiento quedó suspendido hasta el 28 de agosto a pedido de chilenos y ecuatorianos. En vísperas de la fecha, las partes acordaron extender la suspensión mientras llegaban a un acuerdo.
Ahora la fecha se ha vencido y al cierre de esta edición, no se había hecho público si el juicio se reiniciaba o continuaban las conversaciones en busca de un acuerdo amistoso.
Mientras tanto, el gigante chileno ha sufrido una caída del 10% en su producción de cobre, entre enero y septiembre de este año. Ese retroceso no pone en duda su condición de primer productor mundial pero la disminución no deja de ser significativa.
Algunos analistas explican la caída porque la fundición Ventanas está en mantenimiento y Chuquicamata ha ampliado los trabajos de reparación que tenía previstos.
Empresarios explicaron al ministro las
dificultades que atraviesa el sector minero
Noviembre 13 de 2022.- Los ejecutivos de casi todas las empresas se reunieron con el nuevo ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, para plantearle directamente los problemas que estarían dificultando el avance de los proyectos mineros en el país.
Ellos fueron convocados por el señor Hassan J. Becdach en el marco de la XXII Oil&Power Expo Conference, un evento que durante tres días reunió a los principales actores de la industria hidrocarburífera local.
Becdach es probablemente el hombre que más ha hecho por el crecimiento del sector mineroenergético en el país. Su capacidad de convocatoria es reconocida por el empresariado y su sentido de la oportunidad lo destaca como uno de los promotores más éxitos en el campo de las industrias extractivas.
El ministro viene del sector petrolero y es su amigo desde hace mucho tiempo. Al verse entre mineros tuvo un par de intervenciones cortas durante las cuales expresó su voluntad de conocer cuáles eran los problemas que estaban atravesando.
Dijo que había visto las cifras de siete proyectos priorizados pero no sabía en qué podía apoyarlos para que se conviertan en minas.
Recordó el tema de la consulta previa, libre e informada y lo que el presidente Guillermo Lasso había opinado sobre el tema, es decir, que debía considerarse que a un hombre de la ciudad no le gustaría ver de la noche a la mañana un gran hueco frente a su casa provocado por una mina.
“Pero el derecho a la consulta no es el derecho al veto”, advirtió el ministro, quien contó que siendo abogado de la American Oil Company, o Amoco simplemente, tomó contacto con la división de Minerales de la petrolera norteamericana, que estuvo explorando en la zona de Junín, sobre lo que hoy se conoce como Llurimagua, y que aún en ese tiempo ya se conocía el fabuloso potencial minero de esa zona.
Fernando Santos dijo coincidir con Alexander von Humboldt en eso de que el Ecuador es un mendigo sentado en una montaña de oro, pero no en la parte que dice que el ecuatoriano es una persona que se alegra con música triste.
Sostuvo que ha visto el enorme esfuerzo que han hecho algunos de sus amigos para hacer minería en esta parte del mundo; y también, la enorme fuerza de voluntad de “los contramineros”.
El ministro contó que ese día estuvo en una reunión del gabinete estratégico sobre inversión extranjera que preside el economista Roberto Salas y que en ella se presentó el catálogo de proyectos mineros, con fechas, montos de inversión, exportaciones y otros datos, pero sin contratiempos ni dificultades.
“Así es que yo me voy a sentar a escuchar cuáles son esos problemas. Especialmente quisiera concentrarme en esas minas, que son cuatro o cinco, para poder explicar en el gabinete qué está pasando y qué se puede hacer. Cuenten conmigo para toda ayuda”, afirmó.
Después de esa invitación los mineros empezaron a dar a conocer sus puntos de vista sobre los temas que, en su criterio, son los que están haciendo del sendero minero una vía imposible de transitar.
Ellos fueron convocados por el señor Hassan J. Becdach en el marco de la XXII Oil&Power Expo Conference, un evento que durante tres días reunió a los principales actores de la industria hidrocarburífera local.
Becdach es probablemente el hombre que más ha hecho por el crecimiento del sector mineroenergético en el país. Su capacidad de convocatoria es reconocida por el empresariado y su sentido de la oportunidad lo destaca como uno de los promotores más éxitos en el campo de las industrias extractivas.
El ministro viene del sector petrolero y es su amigo desde hace mucho tiempo. Al verse entre mineros tuvo un par de intervenciones cortas durante las cuales expresó su voluntad de conocer cuáles eran los problemas que estaban atravesando.
Dijo que había visto las cifras de siete proyectos priorizados pero no sabía en qué podía apoyarlos para que se conviertan en minas.
Recordó el tema de la consulta previa, libre e informada y lo que el presidente Guillermo Lasso había opinado sobre el tema, es decir, que debía considerarse que a un hombre de la ciudad no le gustaría ver de la noche a la mañana un gran hueco frente a su casa provocado por una mina.
“Pero el derecho a la consulta no es el derecho al veto”, advirtió el ministro, quien contó que siendo abogado de la American Oil Company, o Amoco simplemente, tomó contacto con la división de Minerales de la petrolera norteamericana, que estuvo explorando en la zona de Junín, sobre lo que hoy se conoce como Llurimagua, y que aún en ese tiempo ya se conocía el fabuloso potencial minero de esa zona.
Fernando Santos dijo coincidir con Alexander von Humboldt en eso de que el Ecuador es un mendigo sentado en una montaña de oro, pero no en la parte que dice que el ecuatoriano es una persona que se alegra con música triste.
Sostuvo que ha visto el enorme esfuerzo que han hecho algunos de sus amigos para hacer minería en esta parte del mundo; y también, la enorme fuerza de voluntad de “los contramineros”.
El ministro contó que ese día estuvo en una reunión del gabinete estratégico sobre inversión extranjera que preside el economista Roberto Salas y que en ella se presentó el catálogo de proyectos mineros, con fechas, montos de inversión, exportaciones y otros datos, pero sin contratiempos ni dificultades.
“Así es que yo me voy a sentar a escuchar cuáles son esos problemas. Especialmente quisiera concentrarme en esas minas, que son cuatro o cinco, para poder explicar en el gabinete qué está pasando y qué se puede hacer. Cuenten conmigo para toda ayuda”, afirmó.
Después de esa invitación los mineros empezaron a dar a conocer sus puntos de vista sobre los temas que, en su criterio, son los que están haciendo del sendero minero una vía imposible de transitar.
Pregunta 7 de la consulta pasó control de constitucionalidad
Noviembre 13 de 2022.- La Corte Constitucional del Ecuador dictaminó que la consulta sobre la creación de un subsistema de protección hídrica en el Sistema de Areas Protegidas se ajusta al ordenamiento legal vigente y garantiza la libertad de los electores.
Sólo el juez Jhoel Escudero Soliz presentó un voto salvado frente a la pregunta 7 que plantea:
¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Areas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 7?
En buen castellano, si la población vota sí a la pregunta 7, las áreas de protección hídrica pasarían a formar parte de las áreas protegidas y, en consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 407 de la Constitución, en ellas no se podría realizar actividades mineras.
En la jerga de los magistrados de la Corte Constitucional, los considerandos de la pregunta están correctamente formulados, excepto uno que debería volver a redactarse para quedar así: Que, como consecuencia en las áreas protegidas que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas no se puede realizar actividades extractivas de recursos no renovables ni minería metálica.
La Corte Constitucional dice también que la frase introductoria debería formularse de la siguiente manera: Frase introductoria: La Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica.
Y en cuanto a la pregunta 7 la Corte señala que cumple con los parámetros exigidos en el artículo 105 de la LOGJCC, lo cual, a su vez, garantiza la carga de claridad y lealtad exigida por el numeral 3 del artículo 103 de la LOGJCC.
Sólo el juez Jhoel Escudero Soliz presentó un voto salvado frente a la pregunta 7 que plantea:
¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Areas Protegidas, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 7?
En buen castellano, si la población vota sí a la pregunta 7, las áreas de protección hídrica pasarían a formar parte de las áreas protegidas y, en consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 407 de la Constitución, en ellas no se podría realizar actividades mineras.
En la jerga de los magistrados de la Corte Constitucional, los considerandos de la pregunta están correctamente formulados, excepto uno que debería volver a redactarse para quedar así: Que, como consecuencia en las áreas protegidas que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas no se puede realizar actividades extractivas de recursos no renovables ni minería metálica.
La Corte Constitucional dice también que la frase introductoria debería formularse de la siguiente manera: Frase introductoria: La Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica.
Y en cuanto a la pregunta 7 la Corte señala que cumple con los parámetros exigidos en el artículo 105 de la LOGJCC, lo cual, a su vez, garantiza la carga de claridad y lealtad exigida por el numeral 3 del artículo 103 de la LOGJCC.
Trabajadores denuncian a Doe Run Cayman por bloquear
adjudicación de refinería La Oroya y de Mina Cobriza
Noviembre 13 de 2022.- Los trabajadores del complejo metalúrgico y refinería de La Oroya y de la mina Cobriza, activos asentados en la sierra central del Perú, advierten que la empresa Doe Run Cayman, acreedor vinculante de Doe Run Perú, estaría “buscando continuar con su estrategia de bloquear lo avanzado por el liquidador [Consultores A1], convocando a una junta de acreedores” la misma que se realizó el pasado viernes 11 de noviembre.
Como se sabe, el Complejo Metalúrgico La Oroya y la mina Cobriza fueron adjudicados a los acreedores laborales, es decir, los trabajadores, después de un larguísimo juicio que parece no tener fin.
Los acreedores laborales, mediante un comunicado, anunciaron que no permitirán el boicot y que incluso, de ser necesario, defenderían “con sus vidas” lo avanzado con la liquidadora Consultores A1.
“Hemos esperado más de 12 años sumidos en la necesidad de un empleo digno, hemos visto frustrados nuestros objetivos como padres, como hijos y como ciudadanos por la falta de voluntad seria del gobierno central y por las maniobras irresponsables que durante todos estos años impuso Doe Run Cayman en la junta de acreedores para bloquear las diferentes soluciones que se planteaba”, anunció Juan Yupanqui, representante de los acreedores laborales de Doe Run Perú.
Según Yupanqui, los acreedores laborales de Doe Run Perú advirtieron a las autoridades —Ejecutivo, Congreso y Ministerio de Energía y Minas— que los más de 3.500 los acreedores laborales que saldrán a las calles a “defender la adjudicación del Complejo Metalúrgico de la Oroya” y “la venta de la Mina Cobriza”.
Añadió que “será el Gobierno central y el Ministerio de Energía y Minas los responsables de lo que suceda si acceden al chantaje y la intransigencia de Doe Run Cayman”.
A fines de julio de este año, la liquidadora de Doe Run Perú, Consultores A1 S.A.C., traspasó los activos que conforman la Unidad Minera Cobriza a la empresa Operadores Concentrados Peruanos S.A.C (OCP) del Grupo Dyer, y en octubre sellaron el acuerdo con la firma del contrato.
“Somos conscientes de que este momento ha sido esperado por muchos años por las comunidades del distrito de San Pedro de Coris y por los trabajadores, por lo que asumiremos la propiedad de la Unidad Minera Cobriza con mucha responsabilidad y nos reafirmamos en el compromiso de una minería sostenible, acompañada de una gestión social transparente”, indicó OCP a través de un comunicado.
La empresa del Grupo Dyer efectuó el pago de US$22 millones, monto establecido en la oferta que OCP realizó como postor de la subasta que se llevó a cabo el último 26 de julio del 2022.
Con la venta de Cobriza, inició el pago de las deudas corrientes de los acreedores laborales.
“Las transacciones de los activos de la Oroya y Cobriza de Doe Run Perú permitirán, con la reactivación progresiva de las operaciones, la generación de puestos de trabajo y negocios que beneficiarán a los trabajadores, sus familias, sus comunidades aledañas y al país”, manifestó Yupanqui.
Como se sabe, el Complejo Metalúrgico La Oroya y la mina Cobriza fueron adjudicados a los acreedores laborales, es decir, los trabajadores, después de un larguísimo juicio que parece no tener fin.
Los acreedores laborales, mediante un comunicado, anunciaron que no permitirán el boicot y que incluso, de ser necesario, defenderían “con sus vidas” lo avanzado con la liquidadora Consultores A1.
“Hemos esperado más de 12 años sumidos en la necesidad de un empleo digno, hemos visto frustrados nuestros objetivos como padres, como hijos y como ciudadanos por la falta de voluntad seria del gobierno central y por las maniobras irresponsables que durante todos estos años impuso Doe Run Cayman en la junta de acreedores para bloquear las diferentes soluciones que se planteaba”, anunció Juan Yupanqui, representante de los acreedores laborales de Doe Run Perú.
Según Yupanqui, los acreedores laborales de Doe Run Perú advirtieron a las autoridades —Ejecutivo, Congreso y Ministerio de Energía y Minas— que los más de 3.500 los acreedores laborales que saldrán a las calles a “defender la adjudicación del Complejo Metalúrgico de la Oroya” y “la venta de la Mina Cobriza”.
Añadió que “será el Gobierno central y el Ministerio de Energía y Minas los responsables de lo que suceda si acceden al chantaje y la intransigencia de Doe Run Cayman”.
A fines de julio de este año, la liquidadora de Doe Run Perú, Consultores A1 S.A.C., traspasó los activos que conforman la Unidad Minera Cobriza a la empresa Operadores Concentrados Peruanos S.A.C (OCP) del Grupo Dyer, y en octubre sellaron el acuerdo con la firma del contrato.
“Somos conscientes de que este momento ha sido esperado por muchos años por las comunidades del distrito de San Pedro de Coris y por los trabajadores, por lo que asumiremos la propiedad de la Unidad Minera Cobriza con mucha responsabilidad y nos reafirmamos en el compromiso de una minería sostenible, acompañada de una gestión social transparente”, indicó OCP a través de un comunicado.
La empresa del Grupo Dyer efectuó el pago de US$22 millones, monto establecido en la oferta que OCP realizó como postor de la subasta que se llevó a cabo el último 26 de julio del 2022.
Con la venta de Cobriza, inició el pago de las deudas corrientes de los acreedores laborales.
“Las transacciones de los activos de la Oroya y Cobriza de Doe Run Perú permitirán, con la reactivación progresiva de las operaciones, la generación de puestos de trabajo y negocios que beneficiarán a los trabajadores, sus familias, sus comunidades aledañas y al país”, manifestó Yupanqui.
Inició actividades nuevo ministro de Energía y Minas en Ecuador
Noviembre 6 de 2022.- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, posesionó al ingeniero Fernando Santos Alvite como nuevo ministro de Energía y Minas y, en el discurso de orden, planteó su postura frente a uno de los temas que concentran el interés del sector minero local.
“Estoy de acuerdo con la consulta previa. A ningún ecuatoriano le gustaría que en el parque cerca de su casa se encuentre, de la noche a la mañana, con un gran hueco para la explotación minera... Diría “al menos debieron preguntarme si estaba de acuerdo”... si eso nos molesta en la ciudad, debemos comprender a los ecuatorianos que viven en la selva y tienen derecho a decirnos pregúntame y explícame en qué me beneficia, como protegemos mi vida y a la naturaleza”, afirmó el mandatario.
El nuevo ministro tuvo expresiones en el mismo sentido y remarcó en dos ocasiones que sería respetuoso de los compromisos adquiridos con el movimiento indígena, sin que ello suponga el desconocimiento a los derechos adquiridos por los titulares de las concesiones mineras.
Santos Alvite no es un rostro desconocido en la política ecuatoriana pues ocupó el mismo puesto el año 1988, durante el gobierno de León Febres Cordero. Fue también viceministro de Energía entre 1984 y 1987, después de haber sido director de asuntos legales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, entre 1976 y 1984.
Sus primeras decisiones como ministro se conocerán recién en los próximos días pues la semana que pasó terminó prácticamente el día miércoles, sin embargo uno de los ejes de su gestión quedó definido durante su intervención por video conferencia en la sesión dedicada a Ecuador.
“Quiero reiterar que la política pública del gobierno del presidente Lasso está dispuesta para recibir con los brazos abiertos la inversión ", sentenció ante los inversionistas reunidos en el evento minero más grande del otro hemisferio.
“Estoy de acuerdo con la consulta previa. A ningún ecuatoriano le gustaría que en el parque cerca de su casa se encuentre, de la noche a la mañana, con un gran hueco para la explotación minera... Diría “al menos debieron preguntarme si estaba de acuerdo”... si eso nos molesta en la ciudad, debemos comprender a los ecuatorianos que viven en la selva y tienen derecho a decirnos pregúntame y explícame en qué me beneficia, como protegemos mi vida y a la naturaleza”, afirmó el mandatario.
El nuevo ministro tuvo expresiones en el mismo sentido y remarcó en dos ocasiones que sería respetuoso de los compromisos adquiridos con el movimiento indígena, sin que ello suponga el desconocimiento a los derechos adquiridos por los titulares de las concesiones mineras.
Santos Alvite no es un rostro desconocido en la política ecuatoriana pues ocupó el mismo puesto el año 1988, durante el gobierno de León Febres Cordero. Fue también viceministro de Energía entre 1984 y 1987, después de haber sido director de asuntos legales de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, entre 1976 y 1984.
Sus primeras decisiones como ministro se conocerán recién en los próximos días pues la semana que pasó terminó prácticamente el día miércoles, sin embargo uno de los ejes de su gestión quedó definido durante su intervención por video conferencia en la sesión dedicada a Ecuador.
“Quiero reiterar que la política pública del gobierno del presidente Lasso está dispuesta para recibir con los brazos abiertos la inversión ", sentenció ante los inversionistas reunidos en el evento minero más grande del otro hemisferio.
Ley de consulta previa estaría lista en pocas
semanas, dijo ministro en evento mundial
Noviembre 6 de 2022.- El flamante ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, afirmó que el gobierno ha venido negociando con las comunidades indígenas y se ha llegado a un compromiso en virtud del cual se espera que “la ley de consulta” esté lista dentro de “pocas semanas”.
“Su acuerdo consiste en el compromiso del gobierno de emitir una nueva ley de consulta. Nos ha faltado esta ley”, explicó, agregando que espera que en muy pocas semanas esté lista esa ley “ya que las comunidades entenderán la importancia de la industria minera en el Ecuador que traerá empleos traerá la inversión traerá riquezas y con estas riquezas el bienestar de las personas”.
Fue durante su intervención vía Zoom en la Conferencia Internacional de Minería y Recursos, IMARC 2022, evento que reunió a inversionistas, responsables políticos y ejecutivos del sector minero mundial.
La sesión en la que participó el titular del sector fue dirigida el presidente del directorio de la Cámara de Minería del Ecuador, CME, Nathan Monash; y contó con las intervenciones de los representantes de Newcrest Mining, BHP, SolGold, Sunstone Metals, AVL, RDLT logistic y el Mining Leaders Group.
Santos Alvite enfatizó que “la política emitida por el presidente de la República don Guillermo Lasso es que el Ecuador recibe con los brazos abiertos la inversión en la industria minera”.
“Soy un fanático de la industria minera. Considero la segunda profesión más antigua del mundo y el Ecuador ofrece tremendas posibilidades”, manifestó.
Señaló que Perú y Colombia tienen una enorme riqueza y han estado extrayendo y exportando minerales durante muchos años. “Ecuador lamentablemente se ha quedado atrás y nuestra industria no está completamente desarrollada. No obstante en los últimos tres años hemos comenzado a exportar cantidades importantes de minerales”, agregó.
Sostuvo que solo el 10% del territorio ecuatoriano ha sido explotado para minería y que el país posee recursos hídricos, gente y lo más importante, “la voluntad de recibir inversión extranjera, capital extranjero y tecnología extranjera para ayudarnos a desarrollar nuestros minerales”.
“Ecuador comparte los valores con Australia de democracia, libertad. Y déjenme agregar algo. El árbol de eucalipto fue importado a Ecuador desde Australia a fines del siglo XIX.Y es por eso que se difundió especialmente en la sierra de la ciudad de Quito donde vivo. Así que cada mañana que abro la ventana de mi dormitorio huelo el aire de Australia”, dijo el ministro al finalizar su intervención.
“Su acuerdo consiste en el compromiso del gobierno de emitir una nueva ley de consulta. Nos ha faltado esta ley”, explicó, agregando que espera que en muy pocas semanas esté lista esa ley “ya que las comunidades entenderán la importancia de la industria minera en el Ecuador que traerá empleos traerá la inversión traerá riquezas y con estas riquezas el bienestar de las personas”.
Fue durante su intervención vía Zoom en la Conferencia Internacional de Minería y Recursos, IMARC 2022, evento que reunió a inversionistas, responsables políticos y ejecutivos del sector minero mundial.
La sesión en la que participó el titular del sector fue dirigida el presidente del directorio de la Cámara de Minería del Ecuador, CME, Nathan Monash; y contó con las intervenciones de los representantes de Newcrest Mining, BHP, SolGold, Sunstone Metals, AVL, RDLT logistic y el Mining Leaders Group.
Santos Alvite enfatizó que “la política emitida por el presidente de la República don Guillermo Lasso es que el Ecuador recibe con los brazos abiertos la inversión en la industria minera”.
“Soy un fanático de la industria minera. Considero la segunda profesión más antigua del mundo y el Ecuador ofrece tremendas posibilidades”, manifestó.
Señaló que Perú y Colombia tienen una enorme riqueza y han estado extrayendo y exportando minerales durante muchos años. “Ecuador lamentablemente se ha quedado atrás y nuestra industria no está completamente desarrollada. No obstante en los últimos tres años hemos comenzado a exportar cantidades importantes de minerales”, agregó.
Sostuvo que solo el 10% del territorio ecuatoriano ha sido explotado para minería y que el país posee recursos hídricos, gente y lo más importante, “la voluntad de recibir inversión extranjera, capital extranjero y tecnología extranjera para ayudarnos a desarrollar nuestros minerales”.
“Ecuador comparte los valores con Australia de democracia, libertad. Y déjenme agregar algo. El árbol de eucalipto fue importado a Ecuador desde Australia a fines del siglo XIX.Y es por eso que se difundió especialmente en la sierra de la ciudad de Quito donde vivo. Así que cada mañana que abro la ventana de mi dormitorio huelo el aire de Australia”, dijo el ministro al finalizar su intervención.
Nuevo ministro de Energía y Minas en Ecuador
Octubre 31 del 2022.- Hoy lunes 31 de octubre, a las 16H30, en el salón Dorado del Palacio de Carondelet, el presidente Guillermo Lasso tomará el juramento a las nuevas autoridades del sector Energía y Minas, el mismo que aporta el 30 por ciento del PBI según dijera en su carta de renuncia el ex ministro Xavier Vera Grunauer.
Ha trascendido que su reemplazo será el abogado y doctor en jurisprudencia, Fernando Santos Alvite, ex ministro del sector de 1987 a 1988 y viceministro de Energía de 1984 a 1987.
Fue el mismo Santos Alvite quien anunció su designación, pocas horas después de que se conociera la carta de Vera Grunauer, un profesional que deja el cargo después de que la Fiscalía de la Nación allanó su casa en Guayaquil, su departamento en Quito y hasta su despacho en el ministerio, como parte de una investigación por el supuesto delito de cohecho.
“Doy un paso al costado, con el único fin de poder concentrarme enteramente a la defensa a las calumnias vertidas en mi contra en todo este show mediático armado, y evitar el desgaste al Gobierno y al Presidente de la República, que es lo que precisamente buscan estos círculos corruptos”, manifestó Vera.
Él estuvo 10 meses como viceministro de Minas y seis meses como ministro. Su desgracia se inició con la campaña del medio digital La Posta que difundió unos audios según los cuales se ofrece una coima al exgerente de Petroecuador Ítalo Cedeño, a cambio de cargos en la estatal petrolera. Audios que fueron desmentidos por el propio Cedeño.
También se le señala por la venta de cargos públicos e inclusive una persona ha dicho que le entregó US$ 150 000 a cambio de la “coordinación de Imbabura”.
En la Asamblea Nacional, integrantes de varias bancadas están pidiendo un juicio político en su contra. Uno de ellos, Fernando Villavicencio quien, cuando era presidente de la Comisión de Fiscalización del legislativo hace unos meses le exigió que renunciara al puesto por un supuesto “conflicto de intereses” en la fiscalización de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
La Posta dijo también que Vera tenía carnet de discapacidad con el que habría tramitado tarifas reducidas para el pago de algunos servicios básicos.
Para el ahora exministro “todo es un montaje” “orquestado por las mafias” que busca perjudicarlo para afectar su honra y buen nombre.
“No hay un caso concreto, no hay una grabación mía, no hay una foto mía, no hay un audio mío, no hay un video mío”, dijo Vera en diversas ocasiones, pero renunció.
Ha trascendido que su reemplazo será el abogado y doctor en jurisprudencia, Fernando Santos Alvite, ex ministro del sector de 1987 a 1988 y viceministro de Energía de 1984 a 1987.
Fue el mismo Santos Alvite quien anunció su designación, pocas horas después de que se conociera la carta de Vera Grunauer, un profesional que deja el cargo después de que la Fiscalía de la Nación allanó su casa en Guayaquil, su departamento en Quito y hasta su despacho en el ministerio, como parte de una investigación por el supuesto delito de cohecho.
“Doy un paso al costado, con el único fin de poder concentrarme enteramente a la defensa a las calumnias vertidas en mi contra en todo este show mediático armado, y evitar el desgaste al Gobierno y al Presidente de la República, que es lo que precisamente buscan estos círculos corruptos”, manifestó Vera.
Él estuvo 10 meses como viceministro de Minas y seis meses como ministro. Su desgracia se inició con la campaña del medio digital La Posta que difundió unos audios según los cuales se ofrece una coima al exgerente de Petroecuador Ítalo Cedeño, a cambio de cargos en la estatal petrolera. Audios que fueron desmentidos por el propio Cedeño.
También se le señala por la venta de cargos públicos e inclusive una persona ha dicho que le entregó US$ 150 000 a cambio de la “coordinación de Imbabura”.
En la Asamblea Nacional, integrantes de varias bancadas están pidiendo un juicio político en su contra. Uno de ellos, Fernando Villavicencio quien, cuando era presidente de la Comisión de Fiscalización del legislativo hace unos meses le exigió que renunciara al puesto por un supuesto “conflicto de intereses” en la fiscalización de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
La Posta dijo también que Vera tenía carnet de discapacidad con el que habría tramitado tarifas reducidas para el pago de algunos servicios básicos.
Para el ahora exministro “todo es un montaje” “orquestado por las mafias” que busca perjudicarlo para afectar su honra y buen nombre.
“No hay un caso concreto, no hay una grabación mía, no hay una foto mía, no hay un audio mío, no hay un video mío”, dijo Vera en diversas ocasiones, pero renunció.
Proyecto de reforma tributaria genera reacciones adversas en Chile
Octubre 31 del 2022.- La propuesta del gobierno que encabeza Gabriel Boric en Chile para elevar la carga tributaria al sector minero viene siendo rechazada por los gremios de la industria de ese país que advierten una probable reducción de la producción chilena de cobre y de otros metales.
El presidente de la Cámara Minera de Chile, Miguel Zauschkevich Domeyko, tomó como referencia los resultados de un estudio preparado por el Centro de Estudios Públicos según el cual “si se aprueba el proyecto de royalty- todas aquellas empresas con producción de más de 200 mil toneladas de cobre fino al año tendrían una variación de la carga tributaria efectiva entre 47% y 74%, dependiendo del precio del mineral».
«No solo es alarmante, sino que preocupan los resultados que dio a conocer el Centro de Estudios Públicos (CEP), respecto al aumento de la carga tributaria”, afirmó.
La Cámara Minera de Chile comenta que «además, el análisis del CEP simuló con datos reales lo que puede pasar en una compañía que produce menos de 100 mil toneladas de cobre fino al año, cuya carga efectiva actual varía entre 36% y 39%, ante los márgenes menores que puedan obtener dichas empresas.
«Estas cifras son alarmantes, principalmente pensando en la competitividad del sector y claramente por la producción, especialmente de cobre, que necesitará aumentar en las próximas décadas. Frente a la situación económica que se vive en el país y en el mundo, que influye en los costos de producción, las cifras conocidas frenarían el desarrollo de más minería, que es lo que nuestro país necesita», indicó Zauschkevich.
El presidente de la Cámara Minera de Chile, Miguel Zauschkevich Domeyko, tomó como referencia los resultados de un estudio preparado por el Centro de Estudios Públicos según el cual “si se aprueba el proyecto de royalty- todas aquellas empresas con producción de más de 200 mil toneladas de cobre fino al año tendrían una variación de la carga tributaria efectiva entre 47% y 74%, dependiendo del precio del mineral».
«No solo es alarmante, sino que preocupan los resultados que dio a conocer el Centro de Estudios Públicos (CEP), respecto al aumento de la carga tributaria”, afirmó.
La Cámara Minera de Chile comenta que «además, el análisis del CEP simuló con datos reales lo que puede pasar en una compañía que produce menos de 100 mil toneladas de cobre fino al año, cuya carga efectiva actual varía entre 36% y 39%, ante los márgenes menores que puedan obtener dichas empresas.
«Estas cifras son alarmantes, principalmente pensando en la competitividad del sector y claramente por la producción, especialmente de cobre, que necesitará aumentar en las próximas décadas. Frente a la situación económica que se vive en el país y en el mundo, que influye en los costos de producción, las cifras conocidas frenarían el desarrollo de más minería, que es lo que nuestro país necesita», indicó Zauschkevich.
EE. UU. dispone sanciones contra minería nicaragüense
Octubre 31 del 2022.- El presidente estadounidense Joe Biden prohibió a las empresas estadounidenses hacer negocios en la industria del oro de Nicaragua, mientras que el Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso sanciones al jefe de la autoridad minera de Nicaragua.
Las dos sanciones apuntan a la Dirección General de Minas de Nicaragua, una unidad del Ministerio de Energía y Minas nicaragüense que gestiona la mayoría de las operaciones mineras en el país, y a Reinaldo Gregorio Lenin Cerna Juárez, un cercano confidente de Ortega, dijo el Tesoro.
En virtud de la medida, cualquier propiedad que tengan en Estados Unidos será congelada y se prohíbe a cualquier persona estadounidense hacer negocios con ellos.
Ambas medidas forman parte de un conjunto de acciones que buscan aumentar la presión económica sobre el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega.
En síntesis, las medidas bloquean las nuevas inversiones de EE.UU. en otros sectores en Nicaragua, la importación de ciertos productos nicaragüenses o la exportación de ciertos artículos a Nicaragua.
“Los continuos ataques del régimen Ortega-Murillo a los actores democráticos y a los miembros de la sociedad civil, así como la injusta detención de presos políticos, demuestran que el régimen considera que no está sometido al imperio de la ley”, declaró el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.
Dijo que las acciones de EE.UU. tenían como objetivo negarles “los recursos que necesitan para seguir socavando las instituciones democráticas en Nicaragua.”
Las dos sanciones apuntan a la Dirección General de Minas de Nicaragua, una unidad del Ministerio de Energía y Minas nicaragüense que gestiona la mayoría de las operaciones mineras en el país, y a Reinaldo Gregorio Lenin Cerna Juárez, un cercano confidente de Ortega, dijo el Tesoro.
En virtud de la medida, cualquier propiedad que tengan en Estados Unidos será congelada y se prohíbe a cualquier persona estadounidense hacer negocios con ellos.
Ambas medidas forman parte de un conjunto de acciones que buscan aumentar la presión económica sobre el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega.
En síntesis, las medidas bloquean las nuevas inversiones de EE.UU. en otros sectores en Nicaragua, la importación de ciertos productos nicaragüenses o la exportación de ciertos artículos a Nicaragua.
“Los continuos ataques del régimen Ortega-Murillo a los actores democráticos y a los miembros de la sociedad civil, así como la injusta detención de presos políticos, demuestran que el régimen considera que no está sometido al imperio de la ley”, declaró el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.
Dijo que las acciones de EE.UU. tenían como objetivo negarles “los recursos que necesitan para seguir socavando las instituciones democráticas en Nicaragua.”
Ministros acuerdan formar Instituto de Minerales de las Américas
Octubre 23 del 2022.- La XII Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA), acordó la conformación del Instituto de Minerales de las Américas, como entidad llamada a fortalecer el intercambio de conocimientos entre los países miembros de la Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas.
El evento fue inaugurado por el ministro de Energía y Minas de República Dominicana, Antonio Almonte; y reunió a delegaciones de más de 20 países e instituciones multilaterales, pero no de Ecuador.
La Conferencia Anual de Ministerios de Minería de Las Américas trata de abordar en sus sesiones los temas estratégicos para el desarrollo minero regional. Este año tuvo como primera ponencia la presentada por el consultor Armand Peschard-Sverdrup, quien dictó la conferencia: “Minería y gobernanza de los recursos minerales en el desarrollo de Latinoamérica”.
El ex ministro de los sectores estratégicos de Ecuador y actual consultor de CEPAL, Rafael Poveda, fue otro de los conferencistas.
Los ministros y jefes de delegaciones participantes en la XII Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA) emitieron sus conclusiones en la Declaración de Santo Domingo, en la que manifestaron su preocupación por las múltiples crisis que afectan al mundo, y consideraron que la actividad minera cumple un rol fundamental para afrontarlas, “ya que los minerales y metales constituyen recursos esenciales para la calidad de vida, el crecimiento económico y fomentar la equidad”.
Conclusiones principales:
• Reconociendo que las Américas es una de las regiones de mayor importancia para el desarrollo de la explotación minera, enfatizamos la necesidad de profundizar nuestra integración, y crear un ambiente para la industria que fomente la inversión y la confianza, y que sea gobernada por el estado de derecho fundada sobre regulaciones socioambientales sólidas y el empoderamiento de las comunidades.
• Aspiramos a contribuir a mitigar el cambio climático reduciendo las emisiones y aportando los minerales y metales críticos necesarios para cumplir con el Acuerdo de París.
• Deseamos construir relaciones y colaboraciones con la industria y la sociedad civil, para expandir los beneficios y contribuciones socioeconómicas de la minería a las comunidades locales. Agradecemos el apoyo recibido del Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI) para la convocatoria y organización de este evento.
Las conclusiones de los trabajos del Foro de Minería y Desarrollo Sostenible de las Américas 2022 indican que, como fuente confiable de minerales críticos, en América Latina y el Caribe hay que trabajar “más y mejor minería para operar una minería del siglo XXI y que esta contribuya a la prosperidad regional”.
En ese sentido agregan que:
• América Latina y el Caribe enfrentan una oportunidad única y transitoria de sacar ventaja de su rica dotación de recursos minerales.
• Las principales economías mundiales están demandando grandes cantidades de minerales críticos para la transición energética y el desarrollo de tecnologías en áreas estratégicas.
• Los países latinoamericanos y el Caribe deben atraer inversiones de calidad que impulsen el desarrollo de una minería sostenible.
• Una respuesta regional a la demanda de minerales críticos permitiría a los países de América Latina y el Caribe mayor prosperidad, sostenibilidad, transformación productiva y equidad.
El evento fue inaugurado por el ministro de Energía y Minas de República Dominicana, Antonio Almonte; y reunió a delegaciones de más de 20 países e instituciones multilaterales, pero no de Ecuador.
La Conferencia Anual de Ministerios de Minería de Las Américas trata de abordar en sus sesiones los temas estratégicos para el desarrollo minero regional. Este año tuvo como primera ponencia la presentada por el consultor Armand Peschard-Sverdrup, quien dictó la conferencia: “Minería y gobernanza de los recursos minerales en el desarrollo de Latinoamérica”.
El ex ministro de los sectores estratégicos de Ecuador y actual consultor de CEPAL, Rafael Poveda, fue otro de los conferencistas.
Los ministros y jefes de delegaciones participantes en la XII Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA) emitieron sus conclusiones en la Declaración de Santo Domingo, en la que manifestaron su preocupación por las múltiples crisis que afectan al mundo, y consideraron que la actividad minera cumple un rol fundamental para afrontarlas, “ya que los minerales y metales constituyen recursos esenciales para la calidad de vida, el crecimiento económico y fomentar la equidad”.
Conclusiones principales:
• Reconociendo que las Américas es una de las regiones de mayor importancia para el desarrollo de la explotación minera, enfatizamos la necesidad de profundizar nuestra integración, y crear un ambiente para la industria que fomente la inversión y la confianza, y que sea gobernada por el estado de derecho fundada sobre regulaciones socioambientales sólidas y el empoderamiento de las comunidades.
• Aspiramos a contribuir a mitigar el cambio climático reduciendo las emisiones y aportando los minerales y metales críticos necesarios para cumplir con el Acuerdo de París.
• Deseamos construir relaciones y colaboraciones con la industria y la sociedad civil, para expandir los beneficios y contribuciones socioeconómicas de la minería a las comunidades locales. Agradecemos el apoyo recibido del Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI) para la convocatoria y organización de este evento.
Las conclusiones de los trabajos del Foro de Minería y Desarrollo Sostenible de las Américas 2022 indican que, como fuente confiable de minerales críticos, en América Latina y el Caribe hay que trabajar “más y mejor minería para operar una minería del siglo XXI y que esta contribuya a la prosperidad regional”.
En ese sentido agregan que:
• América Latina y el Caribe enfrentan una oportunidad única y transitoria de sacar ventaja de su rica dotación de recursos minerales.
• Las principales economías mundiales están demandando grandes cantidades de minerales críticos para la transición energética y el desarrollo de tecnologías en áreas estratégicas.
• Los países latinoamericanos y el Caribe deben atraer inversiones de calidad que impulsen el desarrollo de una minería sostenible.
• Una respuesta regional a la demanda de minerales críticos permitiría a los países de América Latina y el Caribe mayor prosperidad, sostenibilidad, transformación productiva y equidad.
Perú: proponen medidas para alentar la inversión minera
Octubre 16 de 2022.- El Ministerio de Economía y Finanzas de Perú propuso al Congreso de la República de ese país ampliar por cinco años más, hasta el 31 de diciembre del 2027, la devolución del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal (IPM) a esta actividad.
Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, quien sustentó esta propuesta ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, señaló que esta medida incidirá en el desarrollo del sector minero y de hidrocarburos, además de brindar beneficios futuros al Estado a partir de los aportes que proporcionen las empresas que hallen recursos y pasen al siguiente proceso, que es el inicio la fase de explotación.
Burneo agregó que la inversión minera en exploración es de vital importancia para el desarrollo de la industria minera, la cual tiene efectos positivos en la inversión privada, producción minera, exportaciones y también en los ingresos fiscales, por ello es importante mantener este incentivo para seguir fomentando la inversión en exploración.
“Un elemento fundamental para la continuidad de la actividad minera definitivamente tiene que ver con la exploración, sino difícilmente vamos a pensar en una sostenibilidad de esta actividad en el futuro. Para eso, el país tiene que ser hoy atractivo y promover inversión en la actividad exploratoria, generando mecanismos para esta actividad que es muy riesgosa”, explicó.
Además, refirió que el incremento del plazo de vigencia de 3 años a 5 años se sustenta en que los proyectos de exploración tienen una duración promedio mayor; pero que son necesarias para incrementar los niveles de reservas de minerales que se están agotando.
La minería e hidrocarburos representaron 11.6% del PBI en el 2021 y las inversiones en ambos sectores en conjunto equivalieron al 13% de las inversiones totales ese año. A agosto del 2022 las inversiones mineras suman 3,245 millones de dólares, 7.8% más que en el mismo periodo del año pasado.
Al respecto, el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, quien sustentó esta propuesta ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, señaló que esta medida incidirá en el desarrollo del sector minero y de hidrocarburos, además de brindar beneficios futuros al Estado a partir de los aportes que proporcionen las empresas que hallen recursos y pasen al siguiente proceso, que es el inicio la fase de explotación.
Burneo agregó que la inversión minera en exploración es de vital importancia para el desarrollo de la industria minera, la cual tiene efectos positivos en la inversión privada, producción minera, exportaciones y también en los ingresos fiscales, por ello es importante mantener este incentivo para seguir fomentando la inversión en exploración.
“Un elemento fundamental para la continuidad de la actividad minera definitivamente tiene que ver con la exploración, sino difícilmente vamos a pensar en una sostenibilidad de esta actividad en el futuro. Para eso, el país tiene que ser hoy atractivo y promover inversión en la actividad exploratoria, generando mecanismos para esta actividad que es muy riesgosa”, explicó.
Además, refirió que el incremento del plazo de vigencia de 3 años a 5 años se sustenta en que los proyectos de exploración tienen una duración promedio mayor; pero que son necesarias para incrementar los niveles de reservas de minerales que se están agotando.
La minería e hidrocarburos representaron 11.6% del PBI en el 2021 y las inversiones en ambos sectores en conjunto equivalieron al 13% de las inversiones totales ese año. A agosto del 2022 las inversiones mineras suman 3,245 millones de dólares, 7.8% más que en el mismo periodo del año pasado.
Lista la reforma al reglamento ambiental
Septiembre 18 de 2022.- El próximo 22 de septiembre se cierra el plazo establecido por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica para que las empresas, consultores y todos los que quieran opinar envíen sus comentarios a la “Reforma al Reglamento Ambiental de Actividades Mineras”.
La propuesta del Ejecutivo tiene tres artículos y en lo fundamental, eleva de 30 a 60 el número de plataformas autorizadas para las empresas que deseen perforar durante la etapa de exploración inicial.
Señala que cuando el titular de los derechos mineros desee realizar exploración inicial con sondeos de prueba deberá previamente obtener la autorización administrativa ambiental correspondiente; para lo cual, se evaluarán los impactos ambientales para tomar medidas de prevención y control, utilizarán aditivos biodegradables, se incorporarán medidas para la recirculación del agua, y se establecerá un máximo de 60 plataformas por concesión para el territorio nacional y excepcionalmente un máximo de 20 plataformas para concesiones que intersequen con bosques y vegetación protectores.
La legislación actual considera 30 plataformas por concesión y un máximo de 20 si las concesiones intersectan con bosques y vegetación protectora.
Propone también que el plazo de la autoridad para emitir el pronunciamiento técnico de la Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, de ser el caso, será de veinte días contados desde la fecha de inicio del trámite de regularización, siempre que el proponente haya cumplido todos los requisitos exigidos por la ley y normativa técnica emitida por la Autoridad Ambiental Nacional.
“La Autoridad Ambiental Competente dispondrá de quince días término para la revisión de la Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental y notificación de todas las observaciones al proponente y posteriormente dispondrá de cinco días término para la revisión de la subsanación de las observaciones presentadas por el proponente”, señala la propuesta.
La propuesta dice además que “cuando en la revisión de la Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, la Autoridad Ambiental Competente determine que las observaciones realizadas conlleven modificaciones sustanciales en el alcance y planteamiento inicial del proyecto, ésta dispondrá, mediante informe técnico, el archivo del proceso y ordenará al proponente el inicio de un nuevo proceso de regularización ambiental”.
En el caso de que el proponente desee realizar un mayor número de plataformas de las indicadas, la exploración requerirá de una autorización administrativa ambiental y un estudio de impacto ambiental siguiendo el procedimiento establecido en la normativa ambiental.”
Los que deseen enviar sus aportes deben escribir a: [email protected] y [email protected]
La propuesta del Ejecutivo tiene tres artículos y en lo fundamental, eleva de 30 a 60 el número de plataformas autorizadas para las empresas que deseen perforar durante la etapa de exploración inicial.
Señala que cuando el titular de los derechos mineros desee realizar exploración inicial con sondeos de prueba deberá previamente obtener la autorización administrativa ambiental correspondiente; para lo cual, se evaluarán los impactos ambientales para tomar medidas de prevención y control, utilizarán aditivos biodegradables, se incorporarán medidas para la recirculación del agua, y se establecerá un máximo de 60 plataformas por concesión para el territorio nacional y excepcionalmente un máximo de 20 plataformas para concesiones que intersequen con bosques y vegetación protectores.
La legislación actual considera 30 plataformas por concesión y un máximo de 20 si las concesiones intersectan con bosques y vegetación protectora.
Propone también que el plazo de la autoridad para emitir el pronunciamiento técnico de la Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, de ser el caso, será de veinte días contados desde la fecha de inicio del trámite de regularización, siempre que el proponente haya cumplido todos los requisitos exigidos por la ley y normativa técnica emitida por la Autoridad Ambiental Nacional.
“La Autoridad Ambiental Competente dispondrá de quince días término para la revisión de la Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental y notificación de todas las observaciones al proponente y posteriormente dispondrá de cinco días término para la revisión de la subsanación de las observaciones presentadas por el proponente”, señala la propuesta.
La propuesta dice además que “cuando en la revisión de la Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, la Autoridad Ambiental Competente determine que las observaciones realizadas conlleven modificaciones sustanciales en el alcance y planteamiento inicial del proyecto, ésta dispondrá, mediante informe técnico, el archivo del proceso y ordenará al proponente el inicio de un nuevo proceso de regularización ambiental”.
En el caso de que el proponente desee realizar un mayor número de plataformas de las indicadas, la exploración requerirá de una autorización administrativa ambiental y un estudio de impacto ambiental siguiendo el procedimiento establecido en la normativa ambiental.”
Los que deseen enviar sus aportes deben escribir a: [email protected] y [email protected]
Representantes del gobierno y el movimiento
indígena logran avances en el proceso de diálogo
Septiembre 11 de 2022.- Dos acuerdos que tendrán un impacto significativo en el desarrollo de la actividad minera en los próximos meses fueron suscritos en la Mesa No.5, denominada de Energía y Recursos Naturales: en virtud del primero el gobierno se compromete a no otorgar nuevos títulos a las nuevas peticiones de derechos mineros, hasta contar con la normativa necesaria para la aplicación de la Consulta Previa, Libre e Informada y, en virtud del segundo, a no otorgar licencias ambientales para el inicio de nuevas actividades mineras hasta contar con la normativa en materia de Consulta Ambiental.
Fue lo sustantivo del acto en el que los integrantes de la Mesa No.5 presentaron sus acuerdos y desacuerdos al tiempo que anunciaron la conformación de seis comisiones técnicas que se instalarán en los próximos días con el propósito de seguir debatiendo en torno a los puntos que viene planteando el movimiento indígena.
En un principio, los representantes de Conaie, Fenocín y la Feine, pidieron:
La moratoria de las actividades mineras; la derogatoria del Decreto 151; que se declare la nulidad de las concesiones mineras otorgadas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y sus zonas de amortiguamiento, incluyendo los subsistemas establecidos en la Constitución y Areas de Protección Hídrica, sin perjuicio de su incorporación al SNAP y la nulidad de las concesiones mineras otorgadas en territorios de pueblos y nacionalidades indígenas.
También la nulidad de concesiones mineras en Bosques Protectores del Ecuador, la creación de zonas de exclusión minera; la reparación integral de pasivos ambientales de las actividades mineras metálicas; acciones inmediatas contra minería metálica ilegal y transparencia en el acceso a información.
Como en los hechos atender estas demandas significaba una reforma radical del contenido del Decreto Ejecutivo No. 151, que contiene el Plan de Acción para el sector minero del Ecuador, los delegados se pusieron de acuerdo en torno a seis temas que a la postre irían a destrabar el diálogo.
En efecto, en razón del pedido de las organizaciones sociales, el gobierno nacional se comprometió a presentar una propuesta final sobre la moratoria y auditoría en minería y petróleos, la remediación e indemnización, las reformas a la ley de hidrocarburos y ley de minería, las reformas a la Ley de Circunscripción Territorial Amazónica, la creación de la ley de Petroecuador y la creación de la ley de consulta previa, libre e informada.
En torno a esto último, el gobierno se comprometió a garantizar la consulta previa, libre e informada de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, considerando los estándares dictados por la CIDH y la Corte Constitucional ecuatoriana.
En torno a la moratoria, como ya se dijo, el Gobierno Nacional no otorgará nuevos títulos mineros a las nuevas peticiones de derechos mineros, hasta contar con la normativa necesaria para la aplicación de la Consulta Previa, Libre e Informada ni otorgará licencias ambientales para el inicio de nuevas actividades mineras hasta contar con la normativa en materia de Consulta Ambiental.
Respecto a la Consulta ambiental: Se establece una mesa técnica que revise la propuesta legal a Consulta ambiental, las observaciones se deben hacer hasta el 21 de septiembre de 2022.
En cuanto a la evaluación integral en minería e hidrocarburos, se acordó conformar una mesa técnica de evaluación integral de carácter vinculante para la revisión de los expedientes de procedimientos de licencias ambientales, contratos petroleros y derechos mineros otorgados; los impactos de carácter socio ambiental, legal y operacional; y, a la identificación y acuerdo de los mecanismos efectivos de remediación, reparación integral, garantías de no repetición y/o reversión, la cual se instalará el 17 de octubre del 2022.
La mesa estará conformada por representantes de cada una de las Organizaciones Sociales y organizaciones de pueblos y nacionalidades, de los ministerios de Estado competentes en el área, así como por representantes de la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y las Naciones Unidas o la CIDH.
Debe señalarse que en este punto, los Ministerios de Ambiente y de Energía y Minas se comprometieron a entregar en digital toda la información que la mesa requiera con la debida anticipación y buscar alternativas de financiamiento de ser necesario. Están en la mira dos proyectos de minería industrial a gran escala en curso y 21 procesos de exploración de minería metálica, entre ellos Loma Larga, La Plata y Curipamba.
Otro logro de las organizaciones indígenas fue el compromiso del gobierno para desgraficar las concesiones mineras que intercepten con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y zonas intangibles en las partes que se encuentren superpuestas.
Un punto en el que no hubo acuerdo fue el del catastro. Las organizaciones indígenas solicitaron que no se vuelva a abrir mientras que el gobierno Nacional respondió que era necesario abrirlo. Al final, los delegados del Ejecutivo se comprometieron a no otorgar nuevos títulos de derechos mineros de las nuevas peticiones hasta que exista la ley de consulta previa, libre e informada en territorios de nacionalidades y pueblos indígenas.
Los representantes del gobierno tampoco aceptaron la propuesta de las organizaciones relacionadas con la derogatoria del decreto 151, así como la moratoria y nulidad de las concesiones mineras. Tampoco aceptaron establecer nuevas áreas de exclusión minera, como mecanismo para evitar conflictos socio ambientales futuros.
Otro punto no aceptado por el gobierno fue que la licencia ambiental se someta a consulta previa, libre e informada. Sin embargo, relacionada con el tema de la consulta está la conformación de una mesa técnica – jurídica para construir de manera articulada el proyecto de ley, con las organizaciones sociales y organizaciones de pueblos y nacionalidades, la cual se instalará el 25 de octubre del 2022.
Esta mesa contará con la participación de un asesor de la Relatoría para pueblos indígenas de las Naciones Unidad y/o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
También se conformará una mesa técnica para abordar las reformas a la ley de minería en base a la adenda presentada por la Fenocin. Esta mesa se instalará una vez que termine sus labores la mesa que tiene a su cargo elaborar el proyecto de Ley de la Consulta Previa, Libre e Informada.
Fue lo sustantivo del acto en el que los integrantes de la Mesa No.5 presentaron sus acuerdos y desacuerdos al tiempo que anunciaron la conformación de seis comisiones técnicas que se instalarán en los próximos días con el propósito de seguir debatiendo en torno a los puntos que viene planteando el movimiento indígena.
En un principio, los representantes de Conaie, Fenocín y la Feine, pidieron:
La moratoria de las actividades mineras; la derogatoria del Decreto 151; que se declare la nulidad de las concesiones mineras otorgadas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y sus zonas de amortiguamiento, incluyendo los subsistemas establecidos en la Constitución y Areas de Protección Hídrica, sin perjuicio de su incorporación al SNAP y la nulidad de las concesiones mineras otorgadas en territorios de pueblos y nacionalidades indígenas.
También la nulidad de concesiones mineras en Bosques Protectores del Ecuador, la creación de zonas de exclusión minera; la reparación integral de pasivos ambientales de las actividades mineras metálicas; acciones inmediatas contra minería metálica ilegal y transparencia en el acceso a información.
Como en los hechos atender estas demandas significaba una reforma radical del contenido del Decreto Ejecutivo No. 151, que contiene el Plan de Acción para el sector minero del Ecuador, los delegados se pusieron de acuerdo en torno a seis temas que a la postre irían a destrabar el diálogo.
En efecto, en razón del pedido de las organizaciones sociales, el gobierno nacional se comprometió a presentar una propuesta final sobre la moratoria y auditoría en minería y petróleos, la remediación e indemnización, las reformas a la ley de hidrocarburos y ley de minería, las reformas a la Ley de Circunscripción Territorial Amazónica, la creación de la ley de Petroecuador y la creación de la ley de consulta previa, libre e informada.
En torno a esto último, el gobierno se comprometió a garantizar la consulta previa, libre e informada de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, considerando los estándares dictados por la CIDH y la Corte Constitucional ecuatoriana.
En torno a la moratoria, como ya se dijo, el Gobierno Nacional no otorgará nuevos títulos mineros a las nuevas peticiones de derechos mineros, hasta contar con la normativa necesaria para la aplicación de la Consulta Previa, Libre e Informada ni otorgará licencias ambientales para el inicio de nuevas actividades mineras hasta contar con la normativa en materia de Consulta Ambiental.
Respecto a la Consulta ambiental: Se establece una mesa técnica que revise la propuesta legal a Consulta ambiental, las observaciones se deben hacer hasta el 21 de septiembre de 2022.
En cuanto a la evaluación integral en minería e hidrocarburos, se acordó conformar una mesa técnica de evaluación integral de carácter vinculante para la revisión de los expedientes de procedimientos de licencias ambientales, contratos petroleros y derechos mineros otorgados; los impactos de carácter socio ambiental, legal y operacional; y, a la identificación y acuerdo de los mecanismos efectivos de remediación, reparación integral, garantías de no repetición y/o reversión, la cual se instalará el 17 de octubre del 2022.
La mesa estará conformada por representantes de cada una de las Organizaciones Sociales y organizaciones de pueblos y nacionalidades, de los ministerios de Estado competentes en el área, así como por representantes de la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura y las Naciones Unidas o la CIDH.
Debe señalarse que en este punto, los Ministerios de Ambiente y de Energía y Minas se comprometieron a entregar en digital toda la información que la mesa requiera con la debida anticipación y buscar alternativas de financiamiento de ser necesario. Están en la mira dos proyectos de minería industrial a gran escala en curso y 21 procesos de exploración de minería metálica, entre ellos Loma Larga, La Plata y Curipamba.
Otro logro de las organizaciones indígenas fue el compromiso del gobierno para desgraficar las concesiones mineras que intercepten con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y zonas intangibles en las partes que se encuentren superpuestas.
Un punto en el que no hubo acuerdo fue el del catastro. Las organizaciones indígenas solicitaron que no se vuelva a abrir mientras que el gobierno Nacional respondió que era necesario abrirlo. Al final, los delegados del Ejecutivo se comprometieron a no otorgar nuevos títulos de derechos mineros de las nuevas peticiones hasta que exista la ley de consulta previa, libre e informada en territorios de nacionalidades y pueblos indígenas.
Los representantes del gobierno tampoco aceptaron la propuesta de las organizaciones relacionadas con la derogatoria del decreto 151, así como la moratoria y nulidad de las concesiones mineras. Tampoco aceptaron establecer nuevas áreas de exclusión minera, como mecanismo para evitar conflictos socio ambientales futuros.
Otro punto no aceptado por el gobierno fue que la licencia ambiental se someta a consulta previa, libre e informada. Sin embargo, relacionada con el tema de la consulta está la conformación de una mesa técnica – jurídica para construir de manera articulada el proyecto de ley, con las organizaciones sociales y organizaciones de pueblos y nacionalidades, la cual se instalará el 25 de octubre del 2022.
Esta mesa contará con la participación de un asesor de la Relatoría para pueblos indígenas de las Naciones Unidad y/o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
También se conformará una mesa técnica para abordar las reformas a la ley de minería en base a la adenda presentada por la Fenocin. Esta mesa se instalará una vez que termine sus labores la mesa que tiene a su cargo elaborar el proyecto de Ley de la Consulta Previa, Libre e Informada.
Presidente Petro propone reforma al código minero
Septiembre 4 del 2022.- Al intervenir en el Congreso Nacional de Minería el presidente Gustavo Petro propuso que se reforme el código minero para que se fortalezcan a los trabajadores tradicionales de ese sector.
La actividad fue organizada por la Asociación Colombiana de Minería y contó además con la presencia de la ministra Irene Vélez.
“La actividad minera no debe girar exclusivamente alrededor de la multinacional minera, tenemos que recobrar al minero tradicional de Colombia y fortalecerlo, a la minera tradicional de Colombia, empoderarla, aislarla del contacto en materia de oro con la cocaína, porque esa dinámica, oro y cocaína, ese revoltijo de oro y cocaína, puede matar; puede disparar las tasas de homicidio; puede acabar la economía real de Colombia”, afirmó Petro.
“La minería no puede matar el ser humano, la minería ha hecho vivir al ser humano”, sentenció.
Petro dijo que “aquí tenemos una misión: la producción de fertilizantes en Colombia. Miren cuánto cuesta un bulto de fertilizantes hoy en el país: tres veces más que hace año y medio; quebrada prácticamente la agricultura, a menos que venda a precios altos, y si los alimentos se venden a precios altos ¿qué pasa con la sociedad colombiana? Se llena de hambre, precisó el jefe de Estado.
“Busquemos los minerales para fertilizar las tierras con minerales: el fósforo, los fosfatos, nitrógeno, potasio”.
Petro también habló de la importancia de la transición energética entendida como una de sus políticas principales, para dejar atrás lo que él llama la "economía extractivista".
El presidente se refirió además al cuidado del agua, utilizando para ello una noticia divulgada por Forbes según la cual Colombia sería el tercer país más bello del mundo: "Eso se llama turismo, riquezas que nos pueden hacer prosperar, pero la base de esa belleza es el agua que nos brinda la posibilidad de producir alimentos", manifestó.
De otro lado, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, informó que los 7226 títulos mineros que hoy existen en el país serán revisados.
El proceso permitirá verificar si los tenedores de esos títulos cumplen o no con las licencias mineras y las responsabilidades que esto implica y si cumplen con la licencia ambiental y sus límites.
Igualmente, la ministra Vélez anunció que se adelantará la reforma del Código de Minas, que se hará hasta el 20 de julio de 2023.
La actividad fue organizada por la Asociación Colombiana de Minería y contó además con la presencia de la ministra Irene Vélez.
“La actividad minera no debe girar exclusivamente alrededor de la multinacional minera, tenemos que recobrar al minero tradicional de Colombia y fortalecerlo, a la minera tradicional de Colombia, empoderarla, aislarla del contacto en materia de oro con la cocaína, porque esa dinámica, oro y cocaína, ese revoltijo de oro y cocaína, puede matar; puede disparar las tasas de homicidio; puede acabar la economía real de Colombia”, afirmó Petro.
“La minería no puede matar el ser humano, la minería ha hecho vivir al ser humano”, sentenció.
Petro dijo que “aquí tenemos una misión: la producción de fertilizantes en Colombia. Miren cuánto cuesta un bulto de fertilizantes hoy en el país: tres veces más que hace año y medio; quebrada prácticamente la agricultura, a menos que venda a precios altos, y si los alimentos se venden a precios altos ¿qué pasa con la sociedad colombiana? Se llena de hambre, precisó el jefe de Estado.
“Busquemos los minerales para fertilizar las tierras con minerales: el fósforo, los fosfatos, nitrógeno, potasio”.
Petro también habló de la importancia de la transición energética entendida como una de sus políticas principales, para dejar atrás lo que él llama la "economía extractivista".
El presidente se refirió además al cuidado del agua, utilizando para ello una noticia divulgada por Forbes según la cual Colombia sería el tercer país más bello del mundo: "Eso se llama turismo, riquezas que nos pueden hacer prosperar, pero la base de esa belleza es el agua que nos brinda la posibilidad de producir alimentos", manifestó.
De otro lado, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, informó que los 7226 títulos mineros que hoy existen en el país serán revisados.
El proceso permitirá verificar si los tenedores de esos títulos cumplen o no con las licencias mineras y las responsabilidades que esto implica y si cumplen con la licencia ambiental y sus límites.
Igualmente, la ministra Vélez anunció que se adelantará la reforma del Código de Minas, que se hará hasta el 20 de julio de 2023.
Mineras invertirían US$ 10 000 millones hasta el 2025
Agosto 28 de 2022.- La mejor forma de atraer inversiones es con un gobierno que prioriza la minería en sus proyectos estratégicos, afirmó el secretario técnico de asociaciones público-privadas Roberto Salas, en el marco de la XIV Expo Conference, Expominas 2022.
Salas dijo que las inversiones en el sector minero, hasta el año 2025, llegarían a los US$ 10 000 millones y que dicho objetivo está plenamente identificado con actores que han ratificado su compromiso en reuniones sostenidas al más alto nivel.
801 millones de dólares se invertirían entre lo que va del año y el 2024, afirmó el funcionario, detallando que 408 millones serían en el proyecto Loma Larga, 70 millones en el proyecto La Plata y 323 en el proyecto Curipamba.
Loma Larga se extiende sobre la provincia del Azuay y está a cargo de la empresa Dundee Precious Metals; La Plata es desarrollada por Atico Mining y se ubica en Palo Quemado y Curipamba es del consorcio formado por Adventus y Salazar. Se encuentra en la provincia de Bolívar.
Entre el 2023 y el 2025 las empresas Ecuacorriente y Ruta del cobre invertirían USD 3250 millones. A la ampliación de Mirador se destinarían 750 millones de dólares y en el proyecto Ruta del cobre, que está en los alrededores de Cuenca y es de una filial de Southern Copper Corporation, se invertirían 2500 millones, afirmó Salas.
En Cascabel, según el secretario técnico de asociaciones público-privadas, se invertirán USD 4882 a partir del 2024 y a partir del 2025 se utilizarán USD 2000 millones para convertir el proyecto Warintza en una mina de cobre.
Cascabel está a cargo de SolGold y ha anunciado que a fines de este año tendrá listo su estudio de prefactibilidad, en tanto que Warintza, desarrollado por Solaris Resources, está en la etapa de exploración inicial y aún cuando registra importantes avances en la definición del depósito, continúa perforando y ampliando la zona mineralizada.
Las inversiones en estos siete proyectos generarían 600 mil empleos y dinamizarían toda la economía nacional, de acuerdo a las proyecciones oficiales.
Salas dijo que las inversiones en el sector minero, hasta el año 2025, llegarían a los US$ 10 000 millones y que dicho objetivo está plenamente identificado con actores que han ratificado su compromiso en reuniones sostenidas al más alto nivel.
801 millones de dólares se invertirían entre lo que va del año y el 2024, afirmó el funcionario, detallando que 408 millones serían en el proyecto Loma Larga, 70 millones en el proyecto La Plata y 323 en el proyecto Curipamba.
Loma Larga se extiende sobre la provincia del Azuay y está a cargo de la empresa Dundee Precious Metals; La Plata es desarrollada por Atico Mining y se ubica en Palo Quemado y Curipamba es del consorcio formado por Adventus y Salazar. Se encuentra en la provincia de Bolívar.
Entre el 2023 y el 2025 las empresas Ecuacorriente y Ruta del cobre invertirían USD 3250 millones. A la ampliación de Mirador se destinarían 750 millones de dólares y en el proyecto Ruta del cobre, que está en los alrededores de Cuenca y es de una filial de Southern Copper Corporation, se invertirían 2500 millones, afirmó Salas.
En Cascabel, según el secretario técnico de asociaciones público-privadas, se invertirán USD 4882 a partir del 2024 y a partir del 2025 se utilizarán USD 2000 millones para convertir el proyecto Warintza en una mina de cobre.
Cascabel está a cargo de SolGold y ha anunciado que a fines de este año tendrá listo su estudio de prefactibilidad, en tanto que Warintza, desarrollado por Solaris Resources, está en la etapa de exploración inicial y aún cuando registra importantes avances en la definición del depósito, continúa perforando y ampliando la zona mineralizada.
Las inversiones en estos siete proyectos generarían 600 mil empleos y dinamizarían toda la economía nacional, de acuerdo a las proyecciones oficiales.
Casi listas las medidas para dinamizar inversiones en el sector minero
Agosto 28 de 2022.- Una serie de actividades en varios frentes se vienen realizando para aumentar el volumen de las inversiones en el sector minero, de manera que el país pueda conocer mejor y más pronto su potencial y se agilicen las operaciones que permitan convertir en minas las concesiones y proyectos ya iniciados.
Por lo pronto, se han identificado casi 300 concesiones que se encuentran subutilizadas y/o suspendidas por diversos motivos, en torno a las cuales se viene organizando el apoyo del Estado para el reinicio de actividades exploratorias en esos territorios.
Al mismo tiempo, las autoridades concentran su atención en mecanismos que dinamicen al sector. Uno de ellos es el que está relacionado con la apertura del catastro, prevista para finales de este año, fecha en la que se espera contar con un sistema de gestión minera integral, transparente y eficiente que dé confianza a los inversionistas, a la ciudadanía y al Estado.
De otro lado, los ministerios de Energía y Minas y de Ambiente, Agua y Transición Ecológica están trabajando conjuntamente para elevar a 60 el número de plataformas de perforación permitidas durante la etapa de exploración inicial.
La legislación sobre este proceso, conocido como scout drilling, actualmente señala que son un máximo de 30 plataformas las que se pueden construir por concesión y, excepcionalmente, hasta 20 cuando las concesiones intersecten con bosques o vegetación protectores.
Al respecto, debe indicarse que la reforma ya fue aprobada por los equipos técnicos de ambos ministerios y la versión final está en el segundo de los nombrados.
Con esta medida, las autoridades esperan lograr una mayor inversión en una fase temprana, obtener más conocimiento del potencial minero y generar empleo y dinamizar las economías locales.
Esta decisión va de la mano con una propuesta de gestión social y política en el territorio, la cual se espera que genere un mayor compromiso de las autoridades de los gobiernos locales para abordar los conflictos generados alrededor del desarrollo del sector minero.
Se ha planteado también alcanzar una mayor articulación institucional del Estado para abordar de manera efectiva las demandas sociales en territorio. Ello supone la socialización de la política pública minera con autoridades locales y el fortalecimiento de la participación social de la ciudadanía en las áreas de interés de los proyectos.
Desde el gobierno se propone a los funcionarios reaccionar a tiempo para bloquear las acciones políticas de las personas que se oponen a las actividades mineras con iniciativas legales que buscan paralizar las operaciones por minería metálica en el país.
Para obtener un mayor flujo de inversiones en el sector minero, desde el plano normativo, se está trabajando en el diseño de un instructivo de consulta prelegislativa y reforma al Reglamento del Código del Ambiente para la consulta ambiental, en la promoción de procesos de participación ciudadana que involucren a las comunidades y en la ejecución de regalías en proyectos de desarrollo de las comunidades, de forma que en los territorios quede en evidencia las bondades que pueden estar asociadas a los grandes desembolsos de capital.
Para el gobierno resulta vital que todas esas ideas queden plasmadas en el nuevo instructivo de subasta y remate que debe estar listo para cuando se abra el catastro.
Al respecto, ya se ha terminado el primer borrador de instructivo para el otorgamiento de concesiones para minerales metálicos. En este proyecto se cuenta con el apoyo de la embajada de Estados Unidos de Norteamérica cuyos asesores han colaborado en la revisión de la normativa y completado la presentación de la propuesta final del instructivo para la apertura del proceso de subasta o remate.
En él se establece como nuevo requisito y documento habilitante para la participación en el otorgamiento de concesiones, el compromiso del titular minero a ejecutar planes y programas básicos enfocados en relaciones comunitarias desde el primer año de sus actividades, porque se espera que de esta forma se promueva el desarrollo sustentable de la actividad minera.
En materia de buenas prácticas, se ha trabajado un nuevo método de evaluación técnica y económica que permitirá a los participantes ser valorados de manera equitativa.
Se plantea además el reconocimiento de las buenas prácticas de desarrollo sostenible en la industria minera, la misma que deberá ser acredita por las entidades competentes y, en cuanto a la oferta técnica, se espera contar con personal capacitado y con experiencia en la industria minera para impulsar la minería sustentable y el establecimiento de un cronograma base detallado por parte del ente rector.
Por lo pronto, se han identificado casi 300 concesiones que se encuentran subutilizadas y/o suspendidas por diversos motivos, en torno a las cuales se viene organizando el apoyo del Estado para el reinicio de actividades exploratorias en esos territorios.
Al mismo tiempo, las autoridades concentran su atención en mecanismos que dinamicen al sector. Uno de ellos es el que está relacionado con la apertura del catastro, prevista para finales de este año, fecha en la que se espera contar con un sistema de gestión minera integral, transparente y eficiente que dé confianza a los inversionistas, a la ciudadanía y al Estado.
De otro lado, los ministerios de Energía y Minas y de Ambiente, Agua y Transición Ecológica están trabajando conjuntamente para elevar a 60 el número de plataformas de perforación permitidas durante la etapa de exploración inicial.
La legislación sobre este proceso, conocido como scout drilling, actualmente señala que son un máximo de 30 plataformas las que se pueden construir por concesión y, excepcionalmente, hasta 20 cuando las concesiones intersecten con bosques o vegetación protectores.
Al respecto, debe indicarse que la reforma ya fue aprobada por los equipos técnicos de ambos ministerios y la versión final está en el segundo de los nombrados.
Con esta medida, las autoridades esperan lograr una mayor inversión en una fase temprana, obtener más conocimiento del potencial minero y generar empleo y dinamizar las economías locales.
Esta decisión va de la mano con una propuesta de gestión social y política en el territorio, la cual se espera que genere un mayor compromiso de las autoridades de los gobiernos locales para abordar los conflictos generados alrededor del desarrollo del sector minero.
Se ha planteado también alcanzar una mayor articulación institucional del Estado para abordar de manera efectiva las demandas sociales en territorio. Ello supone la socialización de la política pública minera con autoridades locales y el fortalecimiento de la participación social de la ciudadanía en las áreas de interés de los proyectos.
Desde el gobierno se propone a los funcionarios reaccionar a tiempo para bloquear las acciones políticas de las personas que se oponen a las actividades mineras con iniciativas legales que buscan paralizar las operaciones por minería metálica en el país.
Para obtener un mayor flujo de inversiones en el sector minero, desde el plano normativo, se está trabajando en el diseño de un instructivo de consulta prelegislativa y reforma al Reglamento del Código del Ambiente para la consulta ambiental, en la promoción de procesos de participación ciudadana que involucren a las comunidades y en la ejecución de regalías en proyectos de desarrollo de las comunidades, de forma que en los territorios quede en evidencia las bondades que pueden estar asociadas a los grandes desembolsos de capital.
Para el gobierno resulta vital que todas esas ideas queden plasmadas en el nuevo instructivo de subasta y remate que debe estar listo para cuando se abra el catastro.
Al respecto, ya se ha terminado el primer borrador de instructivo para el otorgamiento de concesiones para minerales metálicos. En este proyecto se cuenta con el apoyo de la embajada de Estados Unidos de Norteamérica cuyos asesores han colaborado en la revisión de la normativa y completado la presentación de la propuesta final del instructivo para la apertura del proceso de subasta o remate.
En él se establece como nuevo requisito y documento habilitante para la participación en el otorgamiento de concesiones, el compromiso del titular minero a ejecutar planes y programas básicos enfocados en relaciones comunitarias desde el primer año de sus actividades, porque se espera que de esta forma se promueva el desarrollo sustentable de la actividad minera.
En materia de buenas prácticas, se ha trabajado un nuevo método de evaluación técnica y económica que permitirá a los participantes ser valorados de manera equitativa.
Se plantea además el reconocimiento de las buenas prácticas de desarrollo sostenible en la industria minera, la misma que deberá ser acredita por las entidades competentes y, en cuanto a la oferta técnica, se espera contar con personal capacitado y con experiencia en la industria minera para impulsar la minería sustentable y el establecimiento de un cronograma base detallado por parte del ente rector.
Colombia: nueva política apoyará a pequeños mineros
Agosto 28 de 2022.- El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la semana que pasó que durante su gobierno se impulsará una política minera diferente a la que existe actualmente y que para ello enviará al congreso un proyecto de ley que modificará sustancialmente el actual Código Minero vigente.
“Esta nueva política minera implica que el pequeño minero tradicional pueda obtener concesiones de largo plazo otorgadas por el Estado, lo que le permitirá desarrollar su actividad de manera sostenible sin afectar el medio ambiente”, dijo el mandatario.
Gustavo Petro enfatizó que el proyecto de ley tendrá un enfoque ambiental y que las comunidades locales deberán estar en el centro de todas las operaciones civiles, militares y policiales pertinentes que se realicen para combatir la minería ilegal.
De otro lado, el presidente colombiano afirmó que las fuerzas armadas dinamitarán todas las dragas que se utilizan en el país para la extracción ilegal de oro.
La propuesta de dinamitar la maquinaria se podría explicar porque según expertos del sector, más del 80 por ciento de las 50 toneladas de oro que exporta Colombia al año provienen de mineros que trabajan fuera de la ley y no tributan nada por ningún concepto, ni a los gobiernos locales ni al gobierno nacional.
Petro hizo estas declaraciones durante una reunión del Consejo de Seguridad de Colombia, que tuvo lugar en el departamento de Bolívar, que es una de las zonas afectadas por las operaciones irregulares de la minería.
“Esta nueva política minera implica que el pequeño minero tradicional pueda obtener concesiones de largo plazo otorgadas por el Estado, lo que le permitirá desarrollar su actividad de manera sostenible sin afectar el medio ambiente”, dijo el mandatario.
Gustavo Petro enfatizó que el proyecto de ley tendrá un enfoque ambiental y que las comunidades locales deberán estar en el centro de todas las operaciones civiles, militares y policiales pertinentes que se realicen para combatir la minería ilegal.
De otro lado, el presidente colombiano afirmó que las fuerzas armadas dinamitarán todas las dragas que se utilizan en el país para la extracción ilegal de oro.
La propuesta de dinamitar la maquinaria se podría explicar porque según expertos del sector, más del 80 por ciento de las 50 toneladas de oro que exporta Colombia al año provienen de mineros que trabajan fuera de la ley y no tributan nada por ningún concepto, ni a los gobiernos locales ni al gobierno nacional.
Petro hizo estas declaraciones durante una reunión del Consejo de Seguridad de Colombia, que tuvo lugar en el departamento de Bolívar, que es una de las zonas afectadas por las operaciones irregulares de la minería.
Nueva propuesta de Reforma de regalías en Chile
Agosto 21 de 2022.- Luego de más de un año desde que se presentó la reforma inicial de la Regalía Minera en la Cámara de Representantes de Chile, en marzo de 2021, una propuesta del Poder Ejecutivo presenta una nueva estructura tributaria para la industria, como parte de la Reforma Tributaria diseñada por la nueva administración.
CRU Consulting estimó la tasa impositiva efectiva promedio para la gran industria minera privada en 59% para el período 2024 – 2040, bajo el esquema propuesto.
Esto representa un aumento significativo de la estructura actual y de la última propuesta, que podría reducir el valor de la industria en un 27%, medido por el valor neto del flujo de caja libre en el período 2024 – 2040, en comparación con el régimen fiscal actual, sostiene la consultora.
Además, la propuesta podría tener un impacto en los portafolios de inversión de las empresas mineras y en nuevos proyectos. De otro lado, el período prolongado de discusión del proceso legislativo de regalías podría agregar incertidumbre al mercado del cobre, que requiere decisiones de inversión en nueva capacidad para cerrar la brecha de 5,1 millones de toneladas de cobre primario que, según estimaciones de CRU, se requieren para 2030.
CRU Consulting estimó la tasa impositiva efectiva promedio para la gran industria minera privada en 59% para el período 2024 – 2040, bajo el esquema propuesto.
Esto representa un aumento significativo de la estructura actual y de la última propuesta, que podría reducir el valor de la industria en un 27%, medido por el valor neto del flujo de caja libre en el período 2024 – 2040, en comparación con el régimen fiscal actual, sostiene la consultora.
Además, la propuesta podría tener un impacto en los portafolios de inversión de las empresas mineras y en nuevos proyectos. De otro lado, el período prolongado de discusión del proceso legislativo de regalías podría agregar incertidumbre al mercado del cobre, que requiere decisiones de inversión en nueva capacidad para cerrar la brecha de 5,1 millones de toneladas de cobre primario que, según estimaciones de CRU, se requieren para 2030.
Activista por la justicia climática es la
ministra de Minas y Energía de Colombia
Agosto 14 de 2022.- El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien se posesionó el 7 de agosto, designó a Irene Vélez Torres como ministra de Minas y Energía, un cargo clave para hacer realidad la protección al medio ambiente, la mitigación del cambio climático y la transición energética anunciadas durante la campaña electoral.
Vélez, quien se venía desempeñando como docente en la Universidad del Valle, es filósofa y ha investigado temas de soberanía alimentaria, el impacto de agroquímicos y la contaminación de mercurio en contextos mineros. Tiene más de medio centenar de publicaciones que pueden ser descargadas, gratuitamente, desde su página http://ireneveleztorres.net/publicaciones
Es también una activista por la justicia climática y el año 2020, su cortometraje "Bajo fuego", recibió el premio como mejor largometraje documental en el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos.
Ha realizado diversas estancias postdoctorales y de investigación en diferentes universidades e instituciones como la Universidad de Coimbra, en Portugal; el Instituto de Estudios Sociales en la Haya, Países Bajos; la Universidad de Clemson, en Estados Unidos, o la Universidad de Loughborough en Gran Bretaña.
Asimismo, ha puesto especial énfasis en el racismo ambiental y la discriminación étnico-racial en las zonas mineras y petroleras.
Su nombramiento fue saludado por la Asociación Colombiana de Minería, que en un comunicado destacó su voluntad de dialogar sobre temas de interés común como los compromisos de la industria para combatir el cambio climático y avanzar de manera decidida en la transición energética, la implementación del estándar de minería sostenible, los mecanismos de participación ciudadana y la estrategia de equidad de género del sector.
“Destacamos el perfil profesional de la Ministra, así como el conocimiento en temas que son prioritarios para la industria y que desde la Asociación junto a las empresas mineras afiliadas se han venido trabajando, como es el caso de las afectaciones que genera para los colombianos el uso del mercurio en la extracción ilícita del oro”, dice el pronunciamiento.
Vélez, quien se venía desempeñando como docente en la Universidad del Valle, es filósofa y ha investigado temas de soberanía alimentaria, el impacto de agroquímicos y la contaminación de mercurio en contextos mineros. Tiene más de medio centenar de publicaciones que pueden ser descargadas, gratuitamente, desde su página http://ireneveleztorres.net/publicaciones
Es también una activista por la justicia climática y el año 2020, su cortometraje "Bajo fuego", recibió el premio como mejor largometraje documental en el Festival Internacional de Cine por los Derechos Humanos.
Ha realizado diversas estancias postdoctorales y de investigación en diferentes universidades e instituciones como la Universidad de Coimbra, en Portugal; el Instituto de Estudios Sociales en la Haya, Países Bajos; la Universidad de Clemson, en Estados Unidos, o la Universidad de Loughborough en Gran Bretaña.
Asimismo, ha puesto especial énfasis en el racismo ambiental y la discriminación étnico-racial en las zonas mineras y petroleras.
Su nombramiento fue saludado por la Asociación Colombiana de Minería, que en un comunicado destacó su voluntad de dialogar sobre temas de interés común como los compromisos de la industria para combatir el cambio climático y avanzar de manera decidida en la transición energética, la implementación del estándar de minería sostenible, los mecanismos de participación ciudadana y la estrategia de equidad de género del sector.
“Destacamos el perfil profesional de la Ministra, así como el conocimiento en temas que son prioritarios para la industria y que desde la Asociación junto a las empresas mineras afiliadas se han venido trabajando, como es el caso de las afectaciones que genera para los colombianos el uso del mercurio en la extracción ilícita del oro”, dice el pronunciamiento.
Acuerdo con Chile que gravitará en el sector
Julio 31 de 2022.- El 27 de julio se realizó el lanzamiento de un convenio de carácter comercial con la república de Chile que podrá tener una influencia relevante para el desarrollo de los negocios en el sector minero.
Se trata del “Acuerdo de Integración Comercial Chile-Ecuador ACE N° 75”, documento que fue lanzado en un evento presencial y con conexión entre Quito y Santiago, el cual contó con un panel técnico y un foro empresarial transmitidos en tiempo real y un networking presencial en cada ciudad.
Desde los respectivos locales de las cámaras de comercio de Santiago y Quito, los embajadores Pablo Arriarán, de Chile en Ecuador y Mirian Esparza, de Ecuador en Chile presentaron sus saludos protocolares e intercambiaron parabienes por el logro que significa para ambas naciones la puesta en práctica de los acuerdos alcanzados para este instrumento de intercambio comercial en la profundización y diversificación de la relación comercial y de las inversiones.
El instrumento fue aprobado en 2020 por los negociadores y entró en vigencia en mayo de 2022 luego de que la Asamblea Nacional de Ecuador y la Cancillería chilena lo ratificaron.
Edwin Vásquez, subsecretario de Negociación Comercial, de Ecuador, y Sebastián Gómez, director general de Asuntos Económicos Bilaterales, de Chile, intervinieron en el panel técnico exponiendo los temas generales y aspectos más novedosos del nuevo Acuerdo y respondiendo a preguntas y respuestas.
Se trata del “Acuerdo de Integración Comercial Chile-Ecuador ACE N° 75”, documento que fue lanzado en un evento presencial y con conexión entre Quito y Santiago, el cual contó con un panel técnico y un foro empresarial transmitidos en tiempo real y un networking presencial en cada ciudad.
Desde los respectivos locales de las cámaras de comercio de Santiago y Quito, los embajadores Pablo Arriarán, de Chile en Ecuador y Mirian Esparza, de Ecuador en Chile presentaron sus saludos protocolares e intercambiaron parabienes por el logro que significa para ambas naciones la puesta en práctica de los acuerdos alcanzados para este instrumento de intercambio comercial en la profundización y diversificación de la relación comercial y de las inversiones.
El instrumento fue aprobado en 2020 por los negociadores y entró en vigencia en mayo de 2022 luego de que la Asamblea Nacional de Ecuador y la Cancillería chilena lo ratificaron.
Edwin Vásquez, subsecretario de Negociación Comercial, de Ecuador, y Sebastián Gómez, director general de Asuntos Económicos Bilaterales, de Chile, intervinieron en el panel técnico exponiendo los temas generales y aspectos más novedosos del nuevo Acuerdo y respondiendo a preguntas y respuestas.
Nuevo viceministro (e) de Minería
Acuerdo comercial Ecuador-Chile entra en vigor
Julio 24 de 2022.- El próximo miércoles 27 de julio se realizará formalmente la ceremonia binacional de entrada en vigor del acuerdo de integración comercial entre Chile y Ecuador, evento en que Quito viene siendo organizado por una serie de instituciones vinculadas a la promoción de las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países.
Para las empresas del sector minero, operadoras y proveedoras, tanto ecuatorianas como chilenas, un documento de esta magnitud debe tener mucha transcendencia. Las dos estatales, Codelco de Chile y Enami EP de Ecuador, hace tiempo que tratan de ponerse de acuerdo en torno a cómo proceder para la explotación del proyecto Llurimagua.
Además del ministerio de la Producción, ProEcuador y ProChile, las cámaras de Comercio Ecuatoriano Chile, la Cámara de Comercio de Quito y la Cámara de Comercio de Santiago, se han hecho cargo de la organización de la actividad.
El acuerdo fue aprobado el pasado 25 de enero por el Senado chileno y estaba previsto que entrará en vigor después de que la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) notifique a las partes haber recibido la última comunicación informando el cumplimiento de los requisitos establecidos en sus legislaciones internas.
El acuerdo comercial acerca cada vez más la adhesión de Ecuador a la Alianza del Pacífico, importante bloque comercial que permitiría, al sector productivo nacional, alcanzar economías de escala y eficiencia productiva para determinados productos, superando la desventaja que conlleva un mercado pequeño como el ecuatoriano.
En 2019, se iniciaron negociaciones comerciales con Chile en el marco de la Ampliación y Profundización del preexistente Acuerdo de Complementación Económica No. 65, instrumento vigente que rige la actual relación comercial.
Hasta la fecha más del 90% del comercio ecuatoriano y chileno ya se encontraba liberalizado.
En el 2020, Chile fue el quinto destino de las exportaciones totales ecuatorianas, siendo los principales productos petróleo, banano, enlatados de pescado, camarón, manufacturas de cuero, plástico y caucho, piña, jugos y conservas de frutas, plátano, elaborados de cacao, flores naturales.
Ecuador, por su parte, es uno de los países destino más importantes de la inversión de las empresas del sector minero chileno. Además de las inversiones realizadas en Ecuador por la más grande cuprífera del mundo, Codelco, que a través de su filial EMSAEC tiene proyectos en todas casi todas las regiones del país, diversas compañías e instituciones gremiales y académicas tienen destacada presencia en la minería ecuatoriana.
Durante el 2019 y 2020, se llevaron a cabo cuatro rondas de negociaciones y dos reuniones para la revisión integral del texto y diálogos bilaterales, logrando con ello culminar las negociaciones y el 13 de agosto de 2020, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador suscribieron el Acuerdo de Integración Comercial Chile – Ecuador.
En mayo de este año, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador indicó a Efe que el acuerdo se suscribió en agosto de 2020 y entraría en vigor.
A fin de lograr este objetivo, en 2019 se iniciaron las negociaciones comerciales con Chile en el marco de la Ampliación y Profundización del preexistente Acuerdo de Complementación Económica No. 65, indicó el Ministerio en un comunicado.
Añadió que a la fecha, más del 90 % del comercio ecuatoriano y chileno se encuentra liberalizado, y puntualizó que Chile ha sido históricamente un destino importante para las exportaciones ecuatorianas.
Entre los principales productos ecuatorianos presentes en ese mercado figuran el petróleo, banano, enlatados de pescado, camarón, manufacturas de cuero, plástico y caucho, piña, jugos y conservas de frutas, plátano, elaborados de cacao y flores naturales.
El acuerdo, negociado y que entró en vigor el lunes, se caracteriza por incluir nuevas "disciplinas consideradas de última generación como facilitación de comercio, aspectos regulatorios, género, micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como medio ambiente y asuntos laborales".
"Este instrumento acerca al país a un socio comercial tradicional y a su vez lo pone un paso más cerca de concretar la adhesión de Ecuador a la Alianza del Pacífico", señaló.
En diciembre pasado, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, afirmó que espera que su país se convierta en miembro pleno de la Alianza del Pacífico este año.
"No puedo dejar de desconocer el liderazgo de Colombia en la Alianza del Pacífico, de la cual esperamos ser Estado parte muy temprano en el 2022", manifestó entonces Lasso en Cartagena de Indias, donde mantuvo un encuentro con su homólogo colombiano, Iván Duque
Para las empresas del sector minero, operadoras y proveedoras, tanto ecuatorianas como chilenas, un documento de esta magnitud debe tener mucha transcendencia. Las dos estatales, Codelco de Chile y Enami EP de Ecuador, hace tiempo que tratan de ponerse de acuerdo en torno a cómo proceder para la explotación del proyecto Llurimagua.
Además del ministerio de la Producción, ProEcuador y ProChile, las cámaras de Comercio Ecuatoriano Chile, la Cámara de Comercio de Quito y la Cámara de Comercio de Santiago, se han hecho cargo de la organización de la actividad.
El acuerdo fue aprobado el pasado 25 de enero por el Senado chileno y estaba previsto que entrará en vigor después de que la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) notifique a las partes haber recibido la última comunicación informando el cumplimiento de los requisitos establecidos en sus legislaciones internas.
El acuerdo comercial acerca cada vez más la adhesión de Ecuador a la Alianza del Pacífico, importante bloque comercial que permitiría, al sector productivo nacional, alcanzar economías de escala y eficiencia productiva para determinados productos, superando la desventaja que conlleva un mercado pequeño como el ecuatoriano.
En 2019, se iniciaron negociaciones comerciales con Chile en el marco de la Ampliación y Profundización del preexistente Acuerdo de Complementación Económica No. 65, instrumento vigente que rige la actual relación comercial.
Hasta la fecha más del 90% del comercio ecuatoriano y chileno ya se encontraba liberalizado.
En el 2020, Chile fue el quinto destino de las exportaciones totales ecuatorianas, siendo los principales productos petróleo, banano, enlatados de pescado, camarón, manufacturas de cuero, plástico y caucho, piña, jugos y conservas de frutas, plátano, elaborados de cacao, flores naturales.
Ecuador, por su parte, es uno de los países destino más importantes de la inversión de las empresas del sector minero chileno. Además de las inversiones realizadas en Ecuador por la más grande cuprífera del mundo, Codelco, que a través de su filial EMSAEC tiene proyectos en todas casi todas las regiones del país, diversas compañías e instituciones gremiales y académicas tienen destacada presencia en la minería ecuatoriana.
Durante el 2019 y 2020, se llevaron a cabo cuatro rondas de negociaciones y dos reuniones para la revisión integral del texto y diálogos bilaterales, logrando con ello culminar las negociaciones y el 13 de agosto de 2020, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador suscribieron el Acuerdo de Integración Comercial Chile – Ecuador.
En mayo de este año, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador indicó a Efe que el acuerdo se suscribió en agosto de 2020 y entraría en vigor.
A fin de lograr este objetivo, en 2019 se iniciaron las negociaciones comerciales con Chile en el marco de la Ampliación y Profundización del preexistente Acuerdo de Complementación Económica No. 65, indicó el Ministerio en un comunicado.
Añadió que a la fecha, más del 90 % del comercio ecuatoriano y chileno se encuentra liberalizado, y puntualizó que Chile ha sido históricamente un destino importante para las exportaciones ecuatorianas.
Entre los principales productos ecuatorianos presentes en ese mercado figuran el petróleo, banano, enlatados de pescado, camarón, manufacturas de cuero, plástico y caucho, piña, jugos y conservas de frutas, plátano, elaborados de cacao y flores naturales.
El acuerdo, negociado y que entró en vigor el lunes, se caracteriza por incluir nuevas "disciplinas consideradas de última generación como facilitación de comercio, aspectos regulatorios, género, micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como medio ambiente y asuntos laborales".
"Este instrumento acerca al país a un socio comercial tradicional y a su vez lo pone un paso más cerca de concretar la adhesión de Ecuador a la Alianza del Pacífico", señaló.
En diciembre pasado, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, afirmó que espera que su país se convierta en miembro pleno de la Alianza del Pacífico este año.
"No puedo dejar de desconocer el liderazgo de Colombia en la Alianza del Pacífico, de la cual esperamos ser Estado parte muy temprano en el 2022", manifestó entonces Lasso en Cartagena de Indias, donde mantuvo un encuentro con su homólogo colombiano, Iván Duque
Autoridades del sector recorren operaciones del sur
Julio 10 del 2022.- El ministro Xavier Vera Grunauer y el viceministro de Minas, Reinaldo Reyes, estuvieron la semana que pasó en diversas operaciones del sur del Ecuador, constatando cómo se viene reactivando la actividad minera después de superada la movilización de 18 días que paralizó el país.
El ministro Vera realizó, primero, un recorrido aéreo sobre el campamento Piunts del proyecto Warintza, a cargo de Solaris Resources; constantando desde el aire cómo quedaron las instalaciones después de una incursión realizada por personas que buscaron destruir las viviendas y los equipos que se utilizan para determinar si existen o no minerales en el subsuelo.
Después descendió a la comunidad de Warints y sostuvo una reunión con los miembros y síndicos de las comunidades que forman la Alianza Estratégica, es decir, la instancia formada por la empresa y la población para monitorear las operaciones. Allí escuchó la voz de los nativos y se enteró de los resultados del trabajo exploratorio.
El viceministro Reyes, por su parte, comprobó el estado de las operaciones en la mina Mirador, a cargo de la empresa EcuaCorriente; se reunió con la comunidad de Tsuntsuim y otras de la parroquia San Carlos de Limón y del cantón San Juan Bosco, en Morona Santiago; todas ellas involucradas con el desarrollo del proyecto Panantza – San Carlos, que lleva adelante ExploCobre; y después estuvo en una asamblea con los pequeños mineros organizados en torno a la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe y la Asonambile, Asociación de Producción Minera Nambija Legendaria.
En Mirador realizó un recorrido para verificar el reinicio de las labores de interior mina y de la planta que se encuentra procesando ahora un promedio de 60.0000 toneladas diarias, equivalente a 2000 toneladas diarias de concentrado.
Conoció también el trabajo de relaciones comunitarias en Panantza San Carlos y conversó con los líderes locales que expresaron su percepción del proyecto y de los acuerdos que van a establecerse antes de que ExploCobre reinicie el trabajo de exploración.
Se reunió además con más de 200 mineros a quienes explicó las acciones a tomar para hacer respetar los derechos mineros dentro de la concesión en el caso Cumbaratza.
En sus encuentros el viceministro de Minas escuchó las preocupaciones e inquietudes de sus interlocutores, interviniendo después para exponer la necesidad de reactivar la producción y retomar el camino del diálogo.
James Salcedo, presidente de la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe; y Milton Gonzales, presidente de la Asociación de Producción Minera Nambija Legendaria, Asonambile; así como otros representantes laborales, respaldaron el trabajo que realizan tanto el ingeniero Vera Grunauer como su viceministro de Minas para desarrollar una minería comprometida con el desarrollo de las comunidades.
El ministro Vera realizó, primero, un recorrido aéreo sobre el campamento Piunts del proyecto Warintza, a cargo de Solaris Resources; constantando desde el aire cómo quedaron las instalaciones después de una incursión realizada por personas que buscaron destruir las viviendas y los equipos que se utilizan para determinar si existen o no minerales en el subsuelo.
Después descendió a la comunidad de Warints y sostuvo una reunión con los miembros y síndicos de las comunidades que forman la Alianza Estratégica, es decir, la instancia formada por la empresa y la población para monitorear las operaciones. Allí escuchó la voz de los nativos y se enteró de los resultados del trabajo exploratorio.
El viceministro Reyes, por su parte, comprobó el estado de las operaciones en la mina Mirador, a cargo de la empresa EcuaCorriente; se reunió con la comunidad de Tsuntsuim y otras de la parroquia San Carlos de Limón y del cantón San Juan Bosco, en Morona Santiago; todas ellas involucradas con el desarrollo del proyecto Panantza – San Carlos, que lleva adelante ExploCobre; y después estuvo en una asamblea con los pequeños mineros organizados en torno a la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe y la Asonambile, Asociación de Producción Minera Nambija Legendaria.
En Mirador realizó un recorrido para verificar el reinicio de las labores de interior mina y de la planta que se encuentra procesando ahora un promedio de 60.0000 toneladas diarias, equivalente a 2000 toneladas diarias de concentrado.
Conoció también el trabajo de relaciones comunitarias en Panantza San Carlos y conversó con los líderes locales que expresaron su percepción del proyecto y de los acuerdos que van a establecerse antes de que ExploCobre reinicie el trabajo de exploración.
Se reunió además con más de 200 mineros a quienes explicó las acciones a tomar para hacer respetar los derechos mineros dentro de la concesión en el caso Cumbaratza.
En sus encuentros el viceministro de Minas escuchó las preocupaciones e inquietudes de sus interlocutores, interviniendo después para exponer la necesidad de reactivar la producción y retomar el camino del diálogo.
James Salcedo, presidente de la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe; y Milton Gonzales, presidente de la Asociación de Producción Minera Nambija Legendaria, Asonambile; así como otros representantes laborales, respaldaron el trabajo que realizan tanto el ingeniero Vera Grunauer como su viceministro de Minas para desarrollar una minería comprometida con el desarrollo de las comunidades.
Empezó concurso para el Consejo Consultivo Minero
Julio 10 del 2022.- A partir de hoy se pueden presentar candidatos para la conformación del Consejo Consultivo Minero, una instancia creada por el Decreto Ejecutivo No. 151 para “promover la participación de la sociedad civil en la construcción organizada de la gobernanza pública minera”.
Las carpetas podrán enviarse hasta las cinco de la tarde del próximo jueves 14 de julio al correo: [email protected]; y para los interesados, los requisitos están en: https://bit.ly/3afH0Ml
De acuerdo a lo dispuesto hasta el momento, el Consejo Consultivo Minero está compuesto por el Directorio Consultivo y el Comité de Asesoramiento y Gestión.
El primero lo conforman el ministro o su delegado, un representante de las embajadas de los países con inversiones mineras en el Ecuador y un representante del Comité de Asesoramiento y Gestión. Cada uno con su suplente.
El Comité de Asesoramiento y Gestión debe tener diez consejeros principales y diez suplentes, seleccionados entre los delegados del ministerio, de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, del Instituto de Investigación Geológico Energético y del de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
También formarán parte de este comité un representante de las cámaras del sector, uno de las empresas de la gran minería, otro de la pequeña y la artesanal, otro de la no metálica y materiales de construcción, otro de la academia en materia geológica minera y uno de las instituciones sin fines de lucro que sean parte del sector minero. Cada uno de ellos deberá tener su propio suplente.
Los postulantes de todas estas instancias serán evaluados por una comisión conformada por el viceministro de Minas o su delegado, el mismo que la presidirá y tendrá voto dirimente; el subsecretario de Minería Industrial, el subsecretario de minería artesanal y pequeña minería y el coordinador jurídico.
Los consejeros principales y suplentes ejercerán sus funciones por el periodo de dos años a partir de su posesión, que se estima ocurra este mes.
Las carpetas podrán enviarse hasta las cinco de la tarde del próximo jueves 14 de julio al correo: [email protected]; y para los interesados, los requisitos están en: https://bit.ly/3afH0Ml
De acuerdo a lo dispuesto hasta el momento, el Consejo Consultivo Minero está compuesto por el Directorio Consultivo y el Comité de Asesoramiento y Gestión.
El primero lo conforman el ministro o su delegado, un representante de las embajadas de los países con inversiones mineras en el Ecuador y un representante del Comité de Asesoramiento y Gestión. Cada uno con su suplente.
El Comité de Asesoramiento y Gestión debe tener diez consejeros principales y diez suplentes, seleccionados entre los delegados del ministerio, de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, del Instituto de Investigación Geológico Energético y del de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
También formarán parte de este comité un representante de las cámaras del sector, uno de las empresas de la gran minería, otro de la pequeña y la artesanal, otro de la no metálica y materiales de construcción, otro de la academia en materia geológica minera y uno de las instituciones sin fines de lucro que sean parte del sector minero. Cada uno de ellos deberá tener su propio suplente.
Los postulantes de todas estas instancias serán evaluados por una comisión conformada por el viceministro de Minas o su delegado, el mismo que la presidirá y tendrá voto dirimente; el subsecretario de Minería Industrial, el subsecretario de minería artesanal y pequeña minería y el coordinador jurídico.
Los consejeros principales y suplentes ejercerán sus funciones por el periodo de dos años a partir de su posesión, que se estima ocurra este mes.
Gobierno de Ecuador se compromete a no permitir
actividades mineras en territorios ancestrales
Julio 4 del 2022.- Después de 18 días de paro nacional indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Ecuador, el gobierno firmó el Decreto 468 que no autoriza la realización de actividades mineras en áreas protegidas, en zonas declaradas como intangibles, en territorios ancestrales y zonas arqueológicas.
El Decreto 468 forma parte de casi una decena de normas que atienden parcialmente las demandas de la movilización social liderada por el pueblo indígena.
Resuelve, en el plano legal, el reclamo más importante de los 18 días de paralización, el mismo que escaló hasta convertirse en el punto medular de la protesta y motivó paralizaciones y bloqueos de carreteras en casi todas las provincias en las que se ejecutan proyectos exploratorios.
La plataforma de lucha de Conaie pedía la anulación del Decreto 151, conocido como el Plan de Acción para el sector minero, y del Decreto 95, llamado el Plan de Acción para el sector hidrocarburos.
El Decreto 95 se anuló. El Decreto 151, formalmente, no ha sido derogado.
El Decreto 468 señala que “el Presidente de la República no ejercerá su facultad excepcional prevista en la Constitución de la República, que permite solicitar la actividad extractiva de los recursos naturales no renovables en áreas protegidas, en zonas declaradas como intangibles, en territorios ancestrales y zonas arqueológicas de conformidad con la ley”.
Dispone que se instruya “al ministerio del ramo no presentar ni aprobar nuevos proyectos de actividad extractiva de recursos naturales no renovables”.
Encarga al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, al Ministerio de Energía y Minas y la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República, la elaboración para consideración del Presidente de la República, del Instructivo para la Consulta Prelegislativa para Actos Normativos de la Función Ejecutiva conforme se establece en las sentencia No. 69-16-IN/21 y 45-15-IN/22 de la Corte Constitucional del Ecuador.
Dispone además la elaboración del proyecto de ley de consulta previa, libre e informada y del proyecto de reforma al Reglamento del Código Orgánico del Ambiente para la aplicación de la Consulta Ambiental.
Finalmente, el Decreto 468 señala que “excepcionalmente, se podrán realizar actividades extractivas, si existiesen acuerdos previos… En tales casos, se respetará la decisión de las comunidades locales”.
Respecto de la ley de consulta previa, libre e informada existe una sentencia de la Corte Constitucional indicando que la norma debe ser aprobada por mayoría calificada de la Asamblea Nacional en el plazo de un año, es decir, debió ser aprobada hace casi dos años.
La sentencia No. 69-16-IN/21 resuelve un caso planteado por Yaku Pérez Guartambel, cuando todavía se llamaba Carlos y era el presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, Ecuarunari.
En su parte sustancial, declara la inconstitucionalidad del Instructivo para la conformación, legalización, y disolución de Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento.
El caso 45-15-IN/22 fue planteado por Jorge Herrera Morocho, presidente de la Conaie, quien pidió se declare la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua y su reglamento. Después de siete años el pleno de la corte le dio la razón.
El Decreto 468 forma parte de casi una decena de normas que atienden parcialmente las demandas de la movilización social liderada por el pueblo indígena.
Resuelve, en el plano legal, el reclamo más importante de los 18 días de paralización, el mismo que escaló hasta convertirse en el punto medular de la protesta y motivó paralizaciones y bloqueos de carreteras en casi todas las provincias en las que se ejecutan proyectos exploratorios.
La plataforma de lucha de Conaie pedía la anulación del Decreto 151, conocido como el Plan de Acción para el sector minero, y del Decreto 95, llamado el Plan de Acción para el sector hidrocarburos.
El Decreto 95 se anuló. El Decreto 151, formalmente, no ha sido derogado.
El Decreto 468 señala que “el Presidente de la República no ejercerá su facultad excepcional prevista en la Constitución de la República, que permite solicitar la actividad extractiva de los recursos naturales no renovables en áreas protegidas, en zonas declaradas como intangibles, en territorios ancestrales y zonas arqueológicas de conformidad con la ley”.
Dispone que se instruya “al ministerio del ramo no presentar ni aprobar nuevos proyectos de actividad extractiva de recursos naturales no renovables”.
Encarga al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, al Ministerio de Energía y Minas y la Secretaría General Jurídica de la Presidencia de la República, la elaboración para consideración del Presidente de la República, del Instructivo para la Consulta Prelegislativa para Actos Normativos de la Función Ejecutiva conforme se establece en las sentencia No. 69-16-IN/21 y 45-15-IN/22 de la Corte Constitucional del Ecuador.
Dispone además la elaboración del proyecto de ley de consulta previa, libre e informada y del proyecto de reforma al Reglamento del Código Orgánico del Ambiente para la aplicación de la Consulta Ambiental.
Finalmente, el Decreto 468 señala que “excepcionalmente, se podrán realizar actividades extractivas, si existiesen acuerdos previos… En tales casos, se respetará la decisión de las comunidades locales”.
Respecto de la ley de consulta previa, libre e informada existe una sentencia de la Corte Constitucional indicando que la norma debe ser aprobada por mayoría calificada de la Asamblea Nacional en el plazo de un año, es decir, debió ser aprobada hace casi dos años.
La sentencia No. 69-16-IN/21 resuelve un caso planteado por Yaku Pérez Guartambel, cuando todavía se llamaba Carlos y era el presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, Ecuarunari.
En su parte sustancial, declara la inconstitucionalidad del Instructivo para la conformación, legalización, y disolución de Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento.
El caso 45-15-IN/22 fue planteado por Jorge Herrera Morocho, presidente de la Conaie, quien pidió se declare la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua y su reglamento. Después de siete años el pleno de la corte le dio la razón.
Gobierno chileno plantea royalty al sector minero
Julio 4 del 2022.- El gobierno chileno presentó el pasado viernes su proyecto de reforma tributaria que, entre otras cosas, contempla cambios como el royalty a la minería, un nuevo impuesto a la riqueza y medidas para enfrentar la elusión, principalmente.
“Esta reforma tributaria no debe ser vista como la reforma tributaria de mi gobierno ni como un enfrentamiento entre clases sociales, entre buenos y malos. Debe verse como un nuevo pacto fiscal, que sea producto de un diálogo social amplio, no dilatorio, y cuyos cambios sean duraderos”, afirmó el presidente de ese país, Gabriel Boric.
“Es el alza tributaria más grande de la historia, busca recaudar US$ 13.000 millones, con una recaudación total de US$ 73.000 millones, inmensa”, comentó el senador presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Antonio Coloma.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, lamentó que el Gobierno insista en aplicar al sector minero un royalty a las ventas en su Reforma Tributaria.
En línea con el proyecto de royalty minero avanzado por la Cámara de Diputados y el Senado en los últimos años, la reforma plantea la creación de un nuevo impuesto —en adición al Impuesto Específico a la Minería—. Este, ad valorem, dependerá principalmente del precio del cobre junto con elementos de rentabilidad operacional de los proyectos mineros.
“El royalty ad-valorem es un impuesto regresivo que afecta más a las mineras pequeñas y a las de costo más alto, disminuyendo la competitividad del sector, lo que es dañino para el país”, sostuvo el directivo.
Hernández agregó que el sector minero siempre ha estado disponible para conversar y aportar en el financiamiento del mayor gasto social que contempla el programa del actual gobierno, “pero creemos que es complicado aplicar una reforma tan ambiciosa en un escenario de alta inflación y señales de recesión económica”.
Según la propuesta, el royalty será de carácter híbrido, que combinará un componente sobre las ventas que oscilará entre tasas efectivas entre 1% y 2% para los productores entre 50.000 y 200.000 toneladas métricas de cobre fino (Tmcf), y entre 1% 4% para aquellos con más de 200.000 Tmcf, y un componente sobre la renta minera, con tasas de entre 2% y 32% sobre la rentabilidad operacional, para precios del cobre entre dos y cinco dólares la libra.
En Chile hay por lo menos 20 mineras que producen más de 200 mil Tmcf al año.
Las tasas serán crecientes a medida que aumenta el precio del cobre, por lo que el impuesto crecerá a medida que aumentan las rentas económicas en el sector
Si la reforma se implementa, los tributos en Chile serán, en promedio, ocho puntos del PBI menos de lo que se paga en los países de la OECD.
La reforma propone aumentar las tasas marginales de las personas que obtienen ingresos mensuales de más de 8 millones de pesos, algo así como 8500 dólares.
Para las ganancias de capital en instrumentos bursátiles (acciones y otros), que por ahora cuentan con una tasa preferente de 10%, se homologa su tratamiento al de los dividendos, quedando sujetos a una tasa de 22% con posibilidad de reliquidar en el impuesto global complementario.
“Esta reforma tributaria no debe ser vista como la reforma tributaria de mi gobierno ni como un enfrentamiento entre clases sociales, entre buenos y malos. Debe verse como un nuevo pacto fiscal, que sea producto de un diálogo social amplio, no dilatorio, y cuyos cambios sean duraderos”, afirmó el presidente de ese país, Gabriel Boric.
“Es el alza tributaria más grande de la historia, busca recaudar US$ 13.000 millones, con una recaudación total de US$ 73.000 millones, inmensa”, comentó el senador presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Antonio Coloma.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, lamentó que el Gobierno insista en aplicar al sector minero un royalty a las ventas en su Reforma Tributaria.
En línea con el proyecto de royalty minero avanzado por la Cámara de Diputados y el Senado en los últimos años, la reforma plantea la creación de un nuevo impuesto —en adición al Impuesto Específico a la Minería—. Este, ad valorem, dependerá principalmente del precio del cobre junto con elementos de rentabilidad operacional de los proyectos mineros.
“El royalty ad-valorem es un impuesto regresivo que afecta más a las mineras pequeñas y a las de costo más alto, disminuyendo la competitividad del sector, lo que es dañino para el país”, sostuvo el directivo.
Hernández agregó que el sector minero siempre ha estado disponible para conversar y aportar en el financiamiento del mayor gasto social que contempla el programa del actual gobierno, “pero creemos que es complicado aplicar una reforma tan ambiciosa en un escenario de alta inflación y señales de recesión económica”.
Según la propuesta, el royalty será de carácter híbrido, que combinará un componente sobre las ventas que oscilará entre tasas efectivas entre 1% y 2% para los productores entre 50.000 y 200.000 toneladas métricas de cobre fino (Tmcf), y entre 1% 4% para aquellos con más de 200.000 Tmcf, y un componente sobre la renta minera, con tasas de entre 2% y 32% sobre la rentabilidad operacional, para precios del cobre entre dos y cinco dólares la libra.
En Chile hay por lo menos 20 mineras que producen más de 200 mil Tmcf al año.
Las tasas serán crecientes a medida que aumenta el precio del cobre, por lo que el impuesto crecerá a medida que aumentan las rentas económicas en el sector
Si la reforma se implementa, los tributos en Chile serán, en promedio, ocho puntos del PBI menos de lo que se paga en los países de la OECD.
La reforma propone aumentar las tasas marginales de las personas que obtienen ingresos mensuales de más de 8 millones de pesos, algo así como 8500 dólares.
Para las ganancias de capital en instrumentos bursátiles (acciones y otros), que por ahora cuentan con una tasa preferente de 10%, se homologa su tratamiento al de los dividendos, quedando sujetos a una tasa de 22% con posibilidad de reliquidar en el impuesto global complementario.
Codelco suspende juicios contra Ecuador
Junio 12 de 2022.- La estatal del cobre chileno, Codelco, suspendió los arbitrajes que había planteado contra la empresa nacional minera de Ecuador, Enami EP; y contra Ecuador, tras acceder a una propuesta que reabre la posibilidad de explotar el depósito de Llurimagua, en el norte del país.
El anuncio lo hizo el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer, en declaraciones a la agencia Bloomberg, en vísperas del inicio de la convención anual del Prospectors & Developers Association of Canada (Pdac).
“Esa suspensión (de los arbitrajes) generó condiciones positivas para las conversaciones”, dijo Vera el domingo en una entrevista desde Toronto, donde encabeza la delegación ecuatoriana al PDAC.
“Hemos abierto una línea de contacto con los más altos ejecutivos de Codelco”, afirmó, según reseña Bloomberg.
Vera dijo además que la minería ecuatoriana vive un “momento muy especial” y que varias empresas están considerando invertir en el país. Mencionó a la Compañía de Minas Buenaventura, de Perú; y a Barrick Gold Corp., una gigante internacional del oro.
Respecto de los juicios, el primero planteado por la estatal chilena fue ante el tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. El segundo fue ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, más conocido como “el Ciadi”.
Hace unas semanas, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró que el impase con Codelco se iba a solucionar utilizando toda la experiencia y la buena voluntad que existe para poner fin a los problemas entre dos países.
Fue con motivo de su visita a Chile, para asistir a la ceremonia de posesión de mando del presidente Gabriel Boric.
Cabe recordar que a fines de noviembre de 2020, Codelco le solicitó a Ecuador, representado por la Procuraduría General del Estado ecuatoriano, promover una solución para que se cumpliera con las obligaciones en relación con las inversiones en Llurimagua.
El plazo para dichas conversaciones amistosas venció a los seis meses tras los cuales los abogados de Codelco iniciaron el primer proceso de arbitraje.
El anuncio lo hizo el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer, en declaraciones a la agencia Bloomberg, en vísperas del inicio de la convención anual del Prospectors & Developers Association of Canada (Pdac).
“Esa suspensión (de los arbitrajes) generó condiciones positivas para las conversaciones”, dijo Vera el domingo en una entrevista desde Toronto, donde encabeza la delegación ecuatoriana al PDAC.
“Hemos abierto una línea de contacto con los más altos ejecutivos de Codelco”, afirmó, según reseña Bloomberg.
Vera dijo además que la minería ecuatoriana vive un “momento muy especial” y que varias empresas están considerando invertir en el país. Mencionó a la Compañía de Minas Buenaventura, de Perú; y a Barrick Gold Corp., una gigante internacional del oro.
Respecto de los juicios, el primero planteado por la estatal chilena fue ante el tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. El segundo fue ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, más conocido como “el Ciadi”.
Hace unas semanas, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró que el impase con Codelco se iba a solucionar utilizando toda la experiencia y la buena voluntad que existe para poner fin a los problemas entre dos países.
Fue con motivo de su visita a Chile, para asistir a la ceremonia de posesión de mando del presidente Gabriel Boric.
Cabe recordar que a fines de noviembre de 2020, Codelco le solicitó a Ecuador, representado por la Procuraduría General del Estado ecuatoriano, promover una solución para que se cumpliera con las obligaciones en relación con las inversiones en Llurimagua.
El plazo para dichas conversaciones amistosas venció a los seis meses tras los cuales los abogados de Codelco iniciaron el primer proceso de arbitraje.
Solaris anuncia la firma de acuerdo de protección
de inversiones con el gobierno ecuatoriano
Junio 12 de 2022.- Solaris Resources Inc. (TSX: SLS; OTCQB: SLSSF), empresa que tiene a su cargo el proyecto Warintza, en el sur de Ecuador, anunció la firma de un Acuerdo de Protección de Inversiones con el gobierno ecuatoriano en virtud del cual tendrá una base de certeza mayor con respecto al marco legal que rige para sus actividades.
El acuerdo estaría listo para ser firmado el próximo mes en una ceremonia que se realizará con la participación de las comunidades Warints y Yawi, en la provincia de Morona Santiago. Ambas comunidades y Solaris llevan adelante una alianza estratégica que precisamente tiene ese nombre y cuya vigencia fue ratificada hace unos meses con la incorporación de una adenda al Acuerdo de Impacto y Beneficios firmado con las poblaciones nativas para el avance responsable del proyecto.
El acuerdo con el gobierno ecuatoriano asegura regulaciones mineras estables, seguridad de título e inversión durante el plazo del acuerdo, así como importantes incentivos fiscales nuevos para acelerar el desarrollo.
La empresa señala en un comunicado que “los incentivos fiscales específicos incluyen una reducción del 5% del impuesto sobre la renta, la fijación de la tasa del impuesto sobre la renta aplicable a la compañía en un 20%, la exención del impuesto a la salida de capitales, así como la exención de todos los derechos de importación para bienes necesarios para nuevas inversiones en el proyecto”.
Las protecciones específicas se relacionan con la prohibición de todas las formas de confiscación, trato no discriminatorio e igualdad de condiciones, seguridad jurídica, estabilidad fiscal y arbitraje internacional si hay disputas en relación con el proyecto.
Al respecto, la viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Lorena Konanz, afirmó: “Desde el primer día, nuestra administración se ha centrado en fomentar el crecimiento económico sostenible y transparente en Ecuador con incentivos para facilitar grandes inversiones en el país. En el sector minero, nuestro objetivo más importante es que el desarrollo sea responsable, respetuoso con el medio ambiente y socialmente comprometido, como en el proyecto Warintza”.
Por su parte, el coordinador de la Alianza Estratégica del Proyecto Warintza, Vicente Tsakimp, expresó: “Estamos emocionados de ser parte del avance exitoso de Warintza y mostrarle a la industria que es posible desarrollar un proyecto minero de manera responsable e incluyente”.
A su vez, el presidente y director ejecutivo de Solaris, Daniel Earle, señaló que “la administración del presidente Guillermo Lasso continúa tomando medidas consecuentes para acelerar el desarrollo del sector minero formal en Ecuador” y que su enfoque positivo de reforma regulatoria y alivio fiscal “reportará grandes dividendos a la gente de Ecuador en las generaciones venideras”.
El acuerdo estaría listo para ser firmado el próximo mes en una ceremonia que se realizará con la participación de las comunidades Warints y Yawi, en la provincia de Morona Santiago. Ambas comunidades y Solaris llevan adelante una alianza estratégica que precisamente tiene ese nombre y cuya vigencia fue ratificada hace unos meses con la incorporación de una adenda al Acuerdo de Impacto y Beneficios firmado con las poblaciones nativas para el avance responsable del proyecto.
El acuerdo con el gobierno ecuatoriano asegura regulaciones mineras estables, seguridad de título e inversión durante el plazo del acuerdo, así como importantes incentivos fiscales nuevos para acelerar el desarrollo.
La empresa señala en un comunicado que “los incentivos fiscales específicos incluyen una reducción del 5% del impuesto sobre la renta, la fijación de la tasa del impuesto sobre la renta aplicable a la compañía en un 20%, la exención del impuesto a la salida de capitales, así como la exención de todos los derechos de importación para bienes necesarios para nuevas inversiones en el proyecto”.
Las protecciones específicas se relacionan con la prohibición de todas las formas de confiscación, trato no discriminatorio e igualdad de condiciones, seguridad jurídica, estabilidad fiscal y arbitraje internacional si hay disputas en relación con el proyecto.
Al respecto, la viceministra de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Lorena Konanz, afirmó: “Desde el primer día, nuestra administración se ha centrado en fomentar el crecimiento económico sostenible y transparente en Ecuador con incentivos para facilitar grandes inversiones en el país. En el sector minero, nuestro objetivo más importante es que el desarrollo sea responsable, respetuoso con el medio ambiente y socialmente comprometido, como en el proyecto Warintza”.
Por su parte, el coordinador de la Alianza Estratégica del Proyecto Warintza, Vicente Tsakimp, expresó: “Estamos emocionados de ser parte del avance exitoso de Warintza y mostrarle a la industria que es posible desarrollar un proyecto minero de manera responsable e incluyente”.
A su vez, el presidente y director ejecutivo de Solaris, Daniel Earle, señaló que “la administración del presidente Guillermo Lasso continúa tomando medidas consecuentes para acelerar el desarrollo del sector minero formal en Ecuador” y que su enfoque positivo de reforma regulatoria y alivio fiscal “reportará grandes dividendos a la gente de Ecuador en las generaciones venideras”.
Ecuador y Australia firman memorando
para incrementar el comercio
Junio 12 de 2022.- Ecuador y Australia firmaron el viernes pasado un Memorando de Entendimiento que prevé el establecimiento de un Consejo de Comercio de Inversiones entre ambos países, informó el ministerio ecuatoriano de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
La suscripción del Memorando se llevó a cabo de forma simultánea en las ciudades de Quito y Canberra y estuvo a cargo del presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción del Ecuador, Pablo Zambrano y del presidente del Consejo de Negocios Australia-América Latina (Alabc, por sus siglas en inglés), Richard Andrews. También estuvieron el presidente del Capítulo Australia de Alabc, Darryl Cuzzubbo, miembro del directorio de ese consejo.
Darryl Cuzzubbo es además CEO y director general de SolGold, una empresa dedicada a la exploración y desarrollo minero con sede en Brisbane, con más de 70 concesiones altamente prospectivas en Ecuador.
Otras empresas australianas ligadas al sector minero que tienen presencia en Ecuador son, además de SolGold, Fortescue Metals Group, BHP, Hanrine Exploration, Challenger Exploration y la líder en contenedores volteables, ISG Pit to Ship.
El CEO de Alabc, Marcelo Salas, explicó a Vía Minera que “Los consejos empresariales bilaterales son instancias únicas de cooperación, coordinación y consulta sectorial cuyo objetivo es incrementar los negocios entre dos países. Están integrados por altos empresarios y ejecutivos de empresas que tienen inversiones significativas o flujos comerciales con los países que actúan como contrapartes”.
“El Alabc es un organismo empresarial australiano que agrupa a más de 150 empresas de casi todas las industrias, algunas de las cuales han realizado inversiones billonarias en la región latinoamericana”, añadió.
Salas señaló además que el Consejo Empresarial Australia-Ecuador será una herramienta eficaz para la diplomacia empresarial y complementará los esfuerzos realizados por la Embajada del Ecuador, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio y Alabc junto con un actor clave de la industria como Coalar, organismo liderado por Alberto Calderón, CEO de Anglo Gold Ashanti, Austrade, Investment NSW, Global Victoria, Trade and Investment Queensland y sus homólogos de la región.
Destacó el crecimiento ascendente que tienen los negocios de América Latina con Australia. Chile, por ejemplo, en 2009 se convirtió en el quinto país del mundo en firmar un acuerdo de libre comercio con Australiay esta base para el intercambio se ha reforzado a través de la adhesión de ambos países al Acuerdo Integral y Progresista para la Trans-Asociación del Pacífico, un acuerdo que también incluye a México y Perú.
Marcelo Salas puntualizó que el memorando de entendimiento facilitará la labor de exportadores e importadores, empresarios, inversionistas y emprendedores de ambos países pues ofrecerá un marco adecuado para la búsqueda de operaciones comunes.
Por su parte, Richard Andrews dijo que “la importancia del memorando firmado representa una oportunidad única para que las empresas australianas accedan a claves actores y tomadores de decisiones en el sector privado ecuatoriano”.
“Nunca ha habido un mejor momento dado el éxito que ha tenido Australia en la gestión de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, la estabilidad económica y los avances médicos que ofrece Australia, para explorar oportunidades aquí”, añadió, al tiempo que agradeció al presidente de la Cámara de Industrias y Producción de Ecuador, Pablo Zambrano; a Daryl Cuzzbo y al CEO de Alabc, Marcelo Salas, por su apoyo en el establecimiento del Consejo Empresarial Australia Ecuador.
La suscripción del Memorando se llevó a cabo de forma simultánea en las ciudades de Quito y Canberra y estuvo a cargo del presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción del Ecuador, Pablo Zambrano y del presidente del Consejo de Negocios Australia-América Latina (Alabc, por sus siglas en inglés), Richard Andrews. También estuvieron el presidente del Capítulo Australia de Alabc, Darryl Cuzzubbo, miembro del directorio de ese consejo.
Darryl Cuzzubbo es además CEO y director general de SolGold, una empresa dedicada a la exploración y desarrollo minero con sede en Brisbane, con más de 70 concesiones altamente prospectivas en Ecuador.
Otras empresas australianas ligadas al sector minero que tienen presencia en Ecuador son, además de SolGold, Fortescue Metals Group, BHP, Hanrine Exploration, Challenger Exploration y la líder en contenedores volteables, ISG Pit to Ship.
El CEO de Alabc, Marcelo Salas, explicó a Vía Minera que “Los consejos empresariales bilaterales son instancias únicas de cooperación, coordinación y consulta sectorial cuyo objetivo es incrementar los negocios entre dos países. Están integrados por altos empresarios y ejecutivos de empresas que tienen inversiones significativas o flujos comerciales con los países que actúan como contrapartes”.
“El Alabc es un organismo empresarial australiano que agrupa a más de 150 empresas de casi todas las industrias, algunas de las cuales han realizado inversiones billonarias en la región latinoamericana”, añadió.
Salas señaló además que el Consejo Empresarial Australia-Ecuador será una herramienta eficaz para la diplomacia empresarial y complementará los esfuerzos realizados por la Embajada del Ecuador, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio y Alabc junto con un actor clave de la industria como Coalar, organismo liderado por Alberto Calderón, CEO de Anglo Gold Ashanti, Austrade, Investment NSW, Global Victoria, Trade and Investment Queensland y sus homólogos de la región.
Destacó el crecimiento ascendente que tienen los negocios de América Latina con Australia. Chile, por ejemplo, en 2009 se convirtió en el quinto país del mundo en firmar un acuerdo de libre comercio con Australiay esta base para el intercambio se ha reforzado a través de la adhesión de ambos países al Acuerdo Integral y Progresista para la Trans-Asociación del Pacífico, un acuerdo que también incluye a México y Perú.
Marcelo Salas puntualizó que el memorando de entendimiento facilitará la labor de exportadores e importadores, empresarios, inversionistas y emprendedores de ambos países pues ofrecerá un marco adecuado para la búsqueda de operaciones comunes.
Por su parte, Richard Andrews dijo que “la importancia del memorando firmado representa una oportunidad única para que las empresas australianas accedan a claves actores y tomadores de decisiones en el sector privado ecuatoriano”.
“Nunca ha habido un mejor momento dado el éxito que ha tenido Australia en la gestión de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, la estabilidad económica y los avances médicos que ofrece Australia, para explorar oportunidades aquí”, añadió, al tiempo que agradeció al presidente de la Cámara de Industrias y Producción de Ecuador, Pablo Zambrano; a Daryl Cuzzbo y al CEO de Alabc, Marcelo Salas, por su apoyo en el establecimiento del Consejo Empresarial Australia Ecuador.
Ministerio de Energía y Minas socializa
actividades mineras en Zamora Chinchipe
Mayo 29 de 2022.- El Ministerio de Energía y Minas (MEM), a través de la Coordinación Zonal Sur y con el apoyo de la gobernación de Zamora Chinchipe y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), impartieron en la ciudad de Zamora el taller sobre competencias de las entidades gubernamentales en el ámbito minero.
Estos talleres son espacios creados para propiciar el diálogo y despejar inquietudes de los líderes locales y de la población en general, respecto de las características de la minería legal y responsable.
A dicho taller asistieron el abogado Absalón Campoverde, gobernador de Zamora Chinchipe, Álvaro Sánchez, coordinador zonal sur del MEM, Christian Merchán Merino, director jurídico del Maate, Frans Herrera Mora, técnico de Recursos Hídricos, autoridades del cantón Yacuambi, autoridades de la parroquia Tutupalí y dirigentes de la comunidad de San Vicente, área de influencia directa del proyecto Fortuna, desarrollado por Lucky Minerals.
La difusión de las competencias de entidades gubernamentales en el ámbito minero, mediante la participación de los equipos técnicos de la Coordinación Zonal Sur del Ministerio de Energía y Minas, la Dirección Zonal del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables; permitieron fortalecer el conocimiento de los pobladores en lo que se refiere a la política del gobierno nacional sobre la propiedad del Estado sobre los recursos naturales, administración de derechos mineros, regulación y control minero, obtención de actos previos y regulación y control ambiental.
Por su parte, los voceros de la empresa Goldmindex S.A., filial de la compañía Lucky Minerals, operadora del proyecto Fortuna, expusieron los detalles del inicio de actividades de exploración inicial e investigación científica en las áreas de concesión, así como la intervención social desarrollada y las políticas de responsabilidad social y ambiental implementadas para la buena gestión de este proyecto.
Estos talleres son espacios creados para propiciar el diálogo y despejar inquietudes de los líderes locales y de la población en general, respecto de las características de la minería legal y responsable.
A dicho taller asistieron el abogado Absalón Campoverde, gobernador de Zamora Chinchipe, Álvaro Sánchez, coordinador zonal sur del MEM, Christian Merchán Merino, director jurídico del Maate, Frans Herrera Mora, técnico de Recursos Hídricos, autoridades del cantón Yacuambi, autoridades de la parroquia Tutupalí y dirigentes de la comunidad de San Vicente, área de influencia directa del proyecto Fortuna, desarrollado por Lucky Minerals.
La difusión de las competencias de entidades gubernamentales en el ámbito minero, mediante la participación de los equipos técnicos de la Coordinación Zonal Sur del Ministerio de Energía y Minas, la Dirección Zonal del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables; permitieron fortalecer el conocimiento de los pobladores en lo que se refiere a la política del gobierno nacional sobre la propiedad del Estado sobre los recursos naturales, administración de derechos mineros, regulación y control minero, obtención de actos previos y regulación y control ambiental.
Por su parte, los voceros de la empresa Goldmindex S.A., filial de la compañía Lucky Minerals, operadora del proyecto Fortuna, expusieron los detalles del inicio de actividades de exploración inicial e investigación científica en las áreas de concesión, así como la intervención social desarrollada y las políticas de responsabilidad social y ambiental implementadas para la buena gestión de este proyecto.
Nuevo Viceministro de Minas en Ecuador
Mayo 8 del 2022.- El pasado viernes 06 de mayo se oficializó la designación del ingeniero Reinaldo Reyes Nole como titular del Viceministerio de Minas, en una ceremonia que estuvo presidida por el flamante ministro de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer.
El ingeniero Reyes es geólogo por la Universidad Central del Ecuador y posee casi 30 años de experiencia en actividades de exploración, evaluación de yacimientos metálicos, perforaciones, geoquímica y mapeo geológico.
Participó en la exploración y evaluación de yacimientos metálicos del sur de Ecuador así como en la supervisión de diversas campañas de perforación y levantamientos de información geológica. Fue también geólogo de campo de Iam Gold Ecuador. Ha hecho trabajo exploratorio en epitermales, ha sido promotor de proyectos mineros para viarias empresas y tiene experiencia en la búsqueda y calificación de proyectos en el centro y sur del Perú.
También hizo trabajos de exploración de aluviales y fue geólogo senior y gerente de exploración en el proyecto Santa Bárbara, en la provincia de Zamora Chinchipe.
Ha realizado procesos de consultoría en programas de manejo ambiental, en estudios geotécnicos para el desarrollo de diversos proyectos en el país. Uno de ellos, la vía Y del Tigre – La Aldea del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y hasta hacerse cargo del viceministerio de Minas, se desempeñó como subsecretario de Minería Industrial.
Su trabajo, igual que el de los otros profesionales que acompañan al ministro Vera Grunauer, estará encaminado a cumplir con las políticas públicas establecidas por el gobierno de Guillermo Lasso para trazar una hoja de ruta estratégica enfocada en fortalecer y desarrollar los recursos eléctricos, hidrocarburíferos y mineros del país en beneficio de los ecuatorianos.
En la ceremonia, el ministro Vera enfatizó sobre la importancia de concretar los objetivos planteados, a través del compromiso y trabajo en equipo.
“Estoy convencido que su comprometida labor se enfocará en consolidar al ministerio como un referente en la aplicación de modelos eficientes que promuevan un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del país. Bajo criterios de seguridad jurídica, calidad, innovación, convergencia de tecnologías, responsabilidad social y ambiental; y, el fortalecimiento de capacidades institucionales, que encaminen al Ecuador a implementar procesos eficientes y transparentes, en cumplimiento de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional”, puntualizó el secretario de Estado.
El ingeniero Reyes es geólogo por la Universidad Central del Ecuador y posee casi 30 años de experiencia en actividades de exploración, evaluación de yacimientos metálicos, perforaciones, geoquímica y mapeo geológico.
Participó en la exploración y evaluación de yacimientos metálicos del sur de Ecuador así como en la supervisión de diversas campañas de perforación y levantamientos de información geológica. Fue también geólogo de campo de Iam Gold Ecuador. Ha hecho trabajo exploratorio en epitermales, ha sido promotor de proyectos mineros para viarias empresas y tiene experiencia en la búsqueda y calificación de proyectos en el centro y sur del Perú.
También hizo trabajos de exploración de aluviales y fue geólogo senior y gerente de exploración en el proyecto Santa Bárbara, en la provincia de Zamora Chinchipe.
Ha realizado procesos de consultoría en programas de manejo ambiental, en estudios geotécnicos para el desarrollo de diversos proyectos en el país. Uno de ellos, la vía Y del Tigre – La Aldea del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y hasta hacerse cargo del viceministerio de Minas, se desempeñó como subsecretario de Minería Industrial.
Su trabajo, igual que el de los otros profesionales que acompañan al ministro Vera Grunauer, estará encaminado a cumplir con las políticas públicas establecidas por el gobierno de Guillermo Lasso para trazar una hoja de ruta estratégica enfocada en fortalecer y desarrollar los recursos eléctricos, hidrocarburíferos y mineros del país en beneficio de los ecuatorianos.
En la ceremonia, el ministro Vera enfatizó sobre la importancia de concretar los objetivos planteados, a través del compromiso y trabajo en equipo.
“Estoy convencido que su comprometida labor se enfocará en consolidar al ministerio como un referente en la aplicación de modelos eficientes que promuevan un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del país. Bajo criterios de seguridad jurídica, calidad, innovación, convergencia de tecnologías, responsabilidad social y ambiental; y, el fortalecimiento de capacidades institucionales, que encaminen al Ecuador a implementar procesos eficientes y transparentes, en cumplimiento de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional”, puntualizó el secretario de Estado.
Beneficiarios finales en controversia
por la demanda de transparencia
La transparencia de los beneficiarios finales se enfrenta a diferentes obstáculos en todo el mundo.
En América Latina y el Caribe (ALC), una de las preocupaciones más citadas es que puede suponer riesgos para la seguridad personal de los beneficiarios finales mismos.
Si le interesa el debate, únase desde: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qP2aGwiQTLySJIouVmdYOw
Ex viceministro Vera es el nuevo ministro
Mayo 1 del 2022.- El pasado 28 de abril el ingeniero Xavier Vera Grunauer dejó el viceministerio de Minas y fue designado ministro de Energía y Minas con el encargo expreso de cumplir una serie de objetivos económicos y políticos difíciles para un gobierno al que le queda muy poco espacio de maniobra.
Los antecedentes de Vera Grunauer son conocidos en el sector. Guayaquileño e ingeniero civil de profesión, ocupaba el cargo de viceministro desde el 17 de julio del 2021.
Desde esa fecha su gestión se caracterizó por un esfuerzo innegable por hacer realidad la política pública para el sector minero. El instrumento político más importante, el Decreto Ejecutivo 151, le daba un plazo que fue demasiado corto para ejecutarse, sin embargo, es evidente que Vera Grunauer hizo bastante bien lo que estaba en sus manos.
De otro lado, el tiempo ha revelado en él una cualidad inusual en los políticos del sector: honestidad para reconocer la existencia de desafíos que vienen desde más allá de lo estrictamente minero así como integridad para encararlos. El tiempo dirá si tuvo o no la capacidad que se requiere para vencer estos retos.
El ingeniero Vera ha conocido desde el territorio una serie de incidentes que reflejan una amplia gama de cuestiones que impactarán en el desarrollo del sector. Las urgencias no están en el plano de los lineamientos sino en la atención concreta de las necesidades de los proyectos en marcha; de los mineros artesanales y de los pequeños mineros; de las comunidades impactadas por operaciones de gran envergadura, de la visión de los pueblos indígenas y el punto de vista que tienen las defensoras y los defensores de los derechos humanos y del territorio ancestral. Todos estos temas tienen conexiones con asuntos más profundos cuyo abordaje debe hacerse de manera responsable.
Con la conducción del hoy ministro se hicieron esfuerzos por alinear a los demás ministerios con los objetivos sectoriales y resolver inquietudes desde el terreno. Hubo actos normativos y generación de estrategias que están en el papel. De otro lado, los involucrados sienten que la supervisión del avance de los proyectos de la minería industrial es algo que no debe interrumpirse. La cuota minera para la reactivación económica del país, apuntando a una industria sostenible y dialogante con las comunidades, es todavía una posibilidad.
Los antecedentes de Vera Grunauer son conocidos en el sector. Guayaquileño e ingeniero civil de profesión, ocupaba el cargo de viceministro desde el 17 de julio del 2021.
Desde esa fecha su gestión se caracterizó por un esfuerzo innegable por hacer realidad la política pública para el sector minero. El instrumento político más importante, el Decreto Ejecutivo 151, le daba un plazo que fue demasiado corto para ejecutarse, sin embargo, es evidente que Vera Grunauer hizo bastante bien lo que estaba en sus manos.
De otro lado, el tiempo ha revelado en él una cualidad inusual en los políticos del sector: honestidad para reconocer la existencia de desafíos que vienen desde más allá de lo estrictamente minero así como integridad para encararlos. El tiempo dirá si tuvo o no la capacidad que se requiere para vencer estos retos.
El ingeniero Vera ha conocido desde el territorio una serie de incidentes que reflejan una amplia gama de cuestiones que impactarán en el desarrollo del sector. Las urgencias no están en el plano de los lineamientos sino en la atención concreta de las necesidades de los proyectos en marcha; de los mineros artesanales y de los pequeños mineros; de las comunidades impactadas por operaciones de gran envergadura, de la visión de los pueblos indígenas y el punto de vista que tienen las defensoras y los defensores de los derechos humanos y del territorio ancestral. Todos estos temas tienen conexiones con asuntos más profundos cuyo abordaje debe hacerse de manera responsable.
Con la conducción del hoy ministro se hicieron esfuerzos por alinear a los demás ministerios con los objetivos sectoriales y resolver inquietudes desde el terreno. Hubo actos normativos y generación de estrategias que están en el papel. De otro lado, los involucrados sienten que la supervisión del avance de los proyectos de la minería industrial es algo que no debe interrumpirse. La cuota minera para la reactivación económica del país, apuntando a una industria sostenible y dialogante con las comunidades, es todavía una posibilidad.
Negociaciones embalsadas estarían concluidas en dos meses
Abril 3 de 2022.- Las 63 solicitudes de concesiones para desarrollar proyectos de la gran minería que permanecen estancadas desde que se cerró el catastro minero, podrían salir de esa situación en los próximos dos meses.
Empresas de talla mundial, como BHP y Newmont, estarían en la lista de quienes han estado los últimos cuatro años sin terminar de negociar sus contratos pues el gobierno de Lenin Moreno ordenó el cierre del catastro.
Son 63 concesiones con potencial minero que suponen varios millones de dólares de inversión para explorar la posibilidad de que los depósitos se transformen en minas.
Finalizar la negociación de contratos de esas 63 solicitudes es uno de los tramos de la primera fase contemplada en el proceso de apertura del catastro minero.
Técnicamente se trata de la sustanciación y otorgamiento de los 506 trámites ingresados previo al cierre del catastro.
La segunda fase supone contar con el software para administrar los derechos mineros sin que tenga lugar el manoseo de la documentación y un geoportal que dé claridad en el otorgamiento de las nuevas concesiones y otros procesos administrativos que se conocen como el Sistema Integral de Gestión Minera.
Empresas de talla mundial, como BHP y Newmont, estarían en la lista de quienes han estado los últimos cuatro años sin terminar de negociar sus contratos pues el gobierno de Lenin Moreno ordenó el cierre del catastro.
Son 63 concesiones con potencial minero que suponen varios millones de dólares de inversión para explorar la posibilidad de que los depósitos se transformen en minas.
Finalizar la negociación de contratos de esas 63 solicitudes es uno de los tramos de la primera fase contemplada en el proceso de apertura del catastro minero.
Técnicamente se trata de la sustanciación y otorgamiento de los 506 trámites ingresados previo al cierre del catastro.
La segunda fase supone contar con el software para administrar los derechos mineros sin que tenga lugar el manoseo de la documentación y un geoportal que dé claridad en el otorgamiento de las nuevas concesiones y otros procesos administrativos que se conocen como el Sistema Integral de Gestión Minera.
Con cooperación alemana se trabaja
nuevo modelo de contrato minero
Abril 3 de 2022.- El gobierno viene trabajando con la cooperación internacional en el diseño de un modelo contractual que sirva para uniformizar las condiciones económicas y técnicas a pactarse con los interesados en adquirir concesiones una vez que se abra el catastro minero.
El apoyo lo está brindando la cooperación alemana y para el gobierno resulta clave la elaboración de un contrato estándar que elimine la discrecionalidad de los funcionarios en el momento de negociar con las empresas interesadas en explotar los minerales del país.
El contrato modelo permitiría a los empresarios saber cuáles son los requisitos planteados por el Estado ecuatoriano de manera uniformizada a todos los inversionistas, tanto para quienes quieren ingresar al sector de la mediana como de la gran minería.
Sabrían de antemano, sin necesidad de negociaciones privadas con los funcionarios del sector, cuáles son las ventajas y las desventajas que ofrece el país a quienes quieren invertir pues el formato estará disponible para todos los involucrados.
Evitaría situaciones que se han presentado en el pasado en las que los inversionistas sentían que les perjudicaba permanecer en determinada categoría y solicitaban su recalificación.
Proponían, por ejemplo, dividir formalmente sus actividades en tres o cuatro operaciones de manera que dejaban de ser considerados un proyecto de mediana minería para ser, ellos mismos, los operadores de tres o cuatro unidades de la pequeña minería.
Esta situación estaría llegando al límite y terminaría cuando concluya el proceso de modernización en el aparato estatal minero, que contaría por fin con modelos de contratos claros y transparentes.
Para el Estado ha sido importante acudir a la cooperación alemana pues los contratos estandarizados son una manera de asegurar la estabilidad jurídica tan necesaria para los negocios internacionales.
El apoyo lo está brindando la cooperación alemana y para el gobierno resulta clave la elaboración de un contrato estándar que elimine la discrecionalidad de los funcionarios en el momento de negociar con las empresas interesadas en explotar los minerales del país.
El contrato modelo permitiría a los empresarios saber cuáles son los requisitos planteados por el Estado ecuatoriano de manera uniformizada a todos los inversionistas, tanto para quienes quieren ingresar al sector de la mediana como de la gran minería.
Sabrían de antemano, sin necesidad de negociaciones privadas con los funcionarios del sector, cuáles son las ventajas y las desventajas que ofrece el país a quienes quieren invertir pues el formato estará disponible para todos los involucrados.
Evitaría situaciones que se han presentado en el pasado en las que los inversionistas sentían que les perjudicaba permanecer en determinada categoría y solicitaban su recalificación.
Proponían, por ejemplo, dividir formalmente sus actividades en tres o cuatro operaciones de manera que dejaban de ser considerados un proyecto de mediana minería para ser, ellos mismos, los operadores de tres o cuatro unidades de la pequeña minería.
Esta situación estaría llegando al límite y terminaría cuando concluya el proceso de modernización en el aparato estatal minero, que contaría por fin con modelos de contratos claros y transparentes.
Para el Estado ha sido importante acudir a la cooperación alemana pues los contratos estandarizados son una manera de asegurar la estabilidad jurídica tan necesaria para los negocios internacionales.
Fondo de US$ 72 millones para la pequeña minería
Abril 3 de 2022.- Después de asignar 400 millones de dólares al Banco Central de Ecuador para la creación de un fondo que le permita comprar el oro a los pequeños productores del metal dorado, se ha creado un fondo de 72 millones en beneficio de la pequeña minería.
El gobierno es consciente del aporte que generan la minería artesanal y la pequeña minería en muchas localidades del país en los cuales se ha convertido en una actividad que dinamiza toda la economía, por lo cual se alistaron medidas orientadas a apoyar a estos productores.
Lo que ocurre en parroquias de definida vocación minera, como la Camilo Ponce Enríquez y Portovelo, en el sur del país, es sólo un ejemplo de lo que puede suceder en otras zonas donde la población se dedica a las actividades extractivas.
Para el gobierno es importante la generación de cluster locales o de carácter regional, que demuestren que la minería puede funcionar como una locomotora que arrastre a otros sectores productivos.
Se estudia también medidas que promuevan el eslabonamiento entre productores locales y nacionales, planteándose ya acciones de capacitación para que los proveedores locales estén en condiciones de colocarse al nivel de los estándares requeridos por las empresas transnacionales.
El fondo de los 72 millones en créditos será para que las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la extracción de oro puedan mejorar sus procesos de recuperación y aprovechamiento de tecnologías que incrementen la producción.
Dedicar fondos que incentiven a los pequeños y medianos mineros es una de las acciones que viene realizando el gobierno para promocionar la industria. También se ha planeado la participación de las autoridades en una serie de eventos, tanto a nivel local como internacional, en los cuales se promocione las oportunidades de inversión en proyectos que requieren de capital para continuar su desarrollo.
El gobierno es consciente del aporte que generan la minería artesanal y la pequeña minería en muchas localidades del país en los cuales se ha convertido en una actividad que dinamiza toda la economía, por lo cual se alistaron medidas orientadas a apoyar a estos productores.
Lo que ocurre en parroquias de definida vocación minera, como la Camilo Ponce Enríquez y Portovelo, en el sur del país, es sólo un ejemplo de lo que puede suceder en otras zonas donde la población se dedica a las actividades extractivas.
Para el gobierno es importante la generación de cluster locales o de carácter regional, que demuestren que la minería puede funcionar como una locomotora que arrastre a otros sectores productivos.
Se estudia también medidas que promuevan el eslabonamiento entre productores locales y nacionales, planteándose ya acciones de capacitación para que los proveedores locales estén en condiciones de colocarse al nivel de los estándares requeridos por las empresas transnacionales.
El fondo de los 72 millones en créditos será para que las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la extracción de oro puedan mejorar sus procesos de recuperación y aprovechamiento de tecnologías que incrementen la producción.
Dedicar fondos que incentiven a los pequeños y medianos mineros es una de las acciones que viene realizando el gobierno para promocionar la industria. También se ha planeado la participación de las autoridades en una serie de eventos, tanto a nivel local como internacional, en los cuales se promocione las oportunidades de inversión en proyectos que requieren de capital para continuar su desarrollo.
Julián Agurto Erique es el nuevo gerente general de Enami EP
Abril 3 de 2022.- El pasado jueves 31 de marzo de 2022 se presentó oficialmente a Julián Alfonso Agurto Erique como nuevo Gerente General de la Empresa Nacional Minera (Enami EP).
Agurto es ingeniero de Minas por la Universidad Central del Ecuador y máster en Sistemas integrados de gestión de la prevención de riesgos laborales, la calidad, el medio ambiente y la responsabilidad social corporativa por la Universidad Internacional de La Rioja.
Tiene experiencia en el sector público y en el privado. Trabajando para el Estado estuvo en la Unidad de Áridos y Pétreos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, fue director regional de Minería de Pichincha y de Chimborazo y coordinador regional de la ex Arcom en Imbabura; en el sector privado fue gerente de Cominanex Cía. Ltda. y representante de North American Refining LLC en Ecuador.
“Mi meta es convertir a la Enami EP, en una entidad rentable, generadora de recursos económicos, competitiva, vanguardista, con altos estándares de calidad, siguiendo los lineamientos de protección y respeto ambiental, y avanzar con buenas prácticas en las relaciones comunitarias, y con seguridad en sus operaciones mineras”, dijo al asumir el cargo en Enami EP.
“Todo cambio genera reacciones, pero la perseverancia, el enfoque más el espíritu de trabajo ingenioso y creativo, conseguirán los frutos esperados”, agregó.
Agurto es ingeniero de Minas por la Universidad Central del Ecuador y máster en Sistemas integrados de gestión de la prevención de riesgos laborales, la calidad, el medio ambiente y la responsabilidad social corporativa por la Universidad Internacional de La Rioja.
Tiene experiencia en el sector público y en el privado. Trabajando para el Estado estuvo en la Unidad de Áridos y Pétreos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, fue director regional de Minería de Pichincha y de Chimborazo y coordinador regional de la ex Arcom en Imbabura; en el sector privado fue gerente de Cominanex Cía. Ltda. y representante de North American Refining LLC en Ecuador.
“Mi meta es convertir a la Enami EP, en una entidad rentable, generadora de recursos económicos, competitiva, vanguardista, con altos estándares de calidad, siguiendo los lineamientos de protección y respeto ambiental, y avanzar con buenas prácticas en las relaciones comunitarias, y con seguridad en sus operaciones mineras”, dijo al asumir el cargo en Enami EP.
“Todo cambio genera reacciones, pero la perseverancia, el enfoque más el espíritu de trabajo ingenioso y creativo, conseguirán los frutos esperados”, agregó.
Ministra chilena dice que su gobierno no nacionalizará la minería
Abril 3 de 2022.- La ministra de Minería de Chile, Marcela Hernando, disipó las dudas que existían entre los representantes de las empresas de su país y afirmó de modo categórico que durante el gobierno del presidente Gabriel Boric no se iban a nacionalizar las empresas mineras.
Ni nacionalizar ni expropiar ni alejar a la inversión privada, afirmó.
Estas afirmaciones las hizo el pasado martes durante la jornada inaugural de la Conferencia Mundial del Cobre, organizada por el CRU en el marco de Cesco Week Santiago 2022.
El temor entre el empresariado surgió después que en la Convención Constituyente se aprobara la nacionalización de las empresas mineras para que las operaciones pasen a manos de la estatal Codelco.
Marcela Hernando expuso las prioridades que el gobierno chileno ha definido en materia sectorial, haciendo hincapié en que “respetamos el proceso de discusión que se está llevando a cabo la Convención Constituyente”, aludiendo a que en dicho espacio se han analizado iniciativas dirigidas a nacionalizar la minería en Chile.
La ministra se refirió en términos positivos al trabajo realizado antes que ella asuma el cargo en lo que se refiere a la elaboración de la Política Nacional Minera 2050, aunque señaló que le “habría gustado que el litio apareciera con mayor presencia”, junto con lo referido a las comunidades y los pueblos originarios.
Entre las líneas de trabajo que serán priorizadas durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, la ministra Hernando señaló las siguientes:
• Optimizar la exploración minera, incluida el desarrollo de la exploración de metales críticos para un desarrollo sustentable y sostenible.
• Promover sistemas de trazabilidad de los minerales en el mercado.
• Promover inversiones en infraestructura compartida para el uso de agua de mar en minería.
• Poner foco en la investigación científica y desarrollo tecnológico que permitan acelerar la transición hacia una minería baja en emisiones.
• Dar mayor valor agregado tanto al cobre como a sus subproductos.
• Fortalecer las capacidades de fundición de cobre.
• Fortalecer a Enami para que lidere un plan de fomento y desarrollo para la mediana minería.
• Aprovechar el momento de alto precio del cobre para que la pequeña y mediana minería aumente su capacidad y desarrollo.
• Minimizar el impacto ambiental de la pequeña minería, implementando sistemas de reciclaje para desechos y maquinaria abandonada
• Regularizar pasivos ambientales mineros (faenas abandonadas) • Promover la inversión en ciencia y tecnología para minimizar el impacto de los relaves mineros.
• Fortalecer la capacidad de laboratorio de tal manera de identificar los contenidos de diferentes minerales y metales y sus leyes en sus concentrados, para cautelar una correcta recaudación de impuestos.
• Implementar una retribución mayor por la explotación de cobre y litio, sin perder competitividad y con el fin de aportar recursos a los programas gubernamentales que buscan la paz social.
Ni nacionalizar ni expropiar ni alejar a la inversión privada, afirmó.
Estas afirmaciones las hizo el pasado martes durante la jornada inaugural de la Conferencia Mundial del Cobre, organizada por el CRU en el marco de Cesco Week Santiago 2022.
El temor entre el empresariado surgió después que en la Convención Constituyente se aprobara la nacionalización de las empresas mineras para que las operaciones pasen a manos de la estatal Codelco.
Marcela Hernando expuso las prioridades que el gobierno chileno ha definido en materia sectorial, haciendo hincapié en que “respetamos el proceso de discusión que se está llevando a cabo la Convención Constituyente”, aludiendo a que en dicho espacio se han analizado iniciativas dirigidas a nacionalizar la minería en Chile.
La ministra se refirió en términos positivos al trabajo realizado antes que ella asuma el cargo en lo que se refiere a la elaboración de la Política Nacional Minera 2050, aunque señaló que le “habría gustado que el litio apareciera con mayor presencia”, junto con lo referido a las comunidades y los pueblos originarios.
Entre las líneas de trabajo que serán priorizadas durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, la ministra Hernando señaló las siguientes:
• Optimizar la exploración minera, incluida el desarrollo de la exploración de metales críticos para un desarrollo sustentable y sostenible.
• Promover sistemas de trazabilidad de los minerales en el mercado.
• Promover inversiones en infraestructura compartida para el uso de agua de mar en minería.
• Poner foco en la investigación científica y desarrollo tecnológico que permitan acelerar la transición hacia una minería baja en emisiones.
• Dar mayor valor agregado tanto al cobre como a sus subproductos.
• Fortalecer las capacidades de fundición de cobre.
• Fortalecer a Enami para que lidere un plan de fomento y desarrollo para la mediana minería.
• Aprovechar el momento de alto precio del cobre para que la pequeña y mediana minería aumente su capacidad y desarrollo.
• Minimizar el impacto ambiental de la pequeña minería, implementando sistemas de reciclaje para desechos y maquinaria abandonada
• Regularizar pasivos ambientales mineros (faenas abandonadas) • Promover la inversión en ciencia y tecnología para minimizar el impacto de los relaves mineros.
• Fortalecer la capacidad de laboratorio de tal manera de identificar los contenidos de diferentes minerales y metales y sus leyes en sus concentrados, para cautelar una correcta recaudación de impuestos.
• Implementar una retribución mayor por la explotación de cobre y litio, sin perder competitividad y con el fin de aportar recursos a los programas gubernamentales que buscan la paz social.
Presidente Lasso: Arbitraje con Codelco
será tratado con “sabiduría y experiencia”
Marzo 13 de 2022.- El presidente Guillermo Lasso le dijo a la prensa chilena que el arbitraje abierto por Codelco contra Ecuador en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, Ciadi, sería tratado con “sabiduría y experiencia”.
Lasso estuvo en la ceremonia de posesión de mando de Gabriel Boric, un político de 36 años recién cumplidos que tiene en sus manos la conducción de Chile. Tuvo una reunión en privado con él, otra con el presidente de Perú, Pedro Castillo; una tercera con el de República Dominicana, Luis Abinader y participó en el encuentro empresarial Ecuador Open for Business.
Al presidente ecuatoriano le preguntaron si creía probable que Ecuador y Codelco podían llegar a un acuerdo antes que empiece el juicio ante el CIADI.
Lasso dijo que no quería adelantar ningún concepto, “pero con ese espíritu de resolución de problemas trataremos el tema y lo haremos con sabiduría y mucha experiencia para lograr los mejores resultados para ambas partes”.
En Codelco han ocurrido cambios al más alto nivel y en los próximos días el gobierno chileno debe nombrar al presidente de la estatal del cobre, pues el anterior renunció cuando todavía le faltaban dos meses para terminar su periodo.
Codelco, la mayor productora mundial de cobre, solicitó el año pasado un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, contra Ecuador y la Empresa Nacional Minera por diferencias sobre el proyecto de cobre Llurimagua.
Después hizo lo mismo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi). En esta instancia ya fue registrada la demanda.
"El requerimiento se realizó luego de más de un año de que la cuprífera chilena pidiera, formalmente, iniciar un proceso de conversaciones amistosas y confidenciales respecto de sus inversiones en el proyecto minero Llurimagua, ubicado a 80 kilómetros de Quito", justificó Codelco en esa ocasión.
La empresa chilena dijo que con la medida busca proteger el proyecto e impulsar el cumplimiento de derechos como los previstos en el Tratado para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que tienen Chile y Ecuador.
"Codelco ha cumplido con todos sus compromisos y ha realizado y continuará realizando relevantes inversiones en beneficio del proyecto y de Ecuador", dicen los chilenos.
En noviembre del 2020, un vocero de Codelco dijo que Enami de Ecuador no había cumplido el acuerdo del 2019 para desarrollar el proyecto, que estaba en etapa de exploración avanzada y, dicho sea de paso, enfrentaba también un movimiento de rechazo de parte de un sector de la población local.
Más allá del tema minero, en Chile el presidente Lasso se reunió con Gabriel Boric para solicitar respaldo en los trámites previos al ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico.
“Valoro mucho la hermandad entre la gente de Ecuador y Chile. Que el vínculo que une a nuestros países siga fortaleciéndose a través de la cooperación y el trabajo conjunto”, dijo el mandatario, quien señaló además que durante la conversación también trató el tema de la unidad de América Latina, más allá de la ideología de los gobernantes.
Finalizado este encuentro, Lasso tuvo una reunión protocolar con el mandatario de Perú, Pedro Castillo para definir el gabinete binacional para el 29 de abril próximo que está previsto desarrollarse en Cuenca, Ecuador; además de las acciones para luchar contra la minería legal y sobre proyectos binacionales en materia de educación.
Posteriormente, el presidente Lasso y su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, fueron testigos de honor de la suscripción del Acuerdo de Servicios Aéreos. Este instrumento permitirá fortalecer al turismo y al comercio de ambas naciones, a través de la política de “Cielos Abiertos”, que impulsa la conexión, competitividad y la llegada de inversiones. Los ciudadanos de ambas naciones se beneficiarán de la ampliación en la oferta de vuelos en número y en destinos; y de una posible disminución en el valor de los pasajes.
Guillermo Lasso participó además en el encuentro empresarial Ecuador Open for Business que organizó la Cámara de Comercio de Santiago.
Lasso estuvo en la ceremonia de posesión de mando de Gabriel Boric, un político de 36 años recién cumplidos que tiene en sus manos la conducción de Chile. Tuvo una reunión en privado con él, otra con el presidente de Perú, Pedro Castillo; una tercera con el de República Dominicana, Luis Abinader y participó en el encuentro empresarial Ecuador Open for Business.
Al presidente ecuatoriano le preguntaron si creía probable que Ecuador y Codelco podían llegar a un acuerdo antes que empiece el juicio ante el CIADI.
Lasso dijo que no quería adelantar ningún concepto, “pero con ese espíritu de resolución de problemas trataremos el tema y lo haremos con sabiduría y mucha experiencia para lograr los mejores resultados para ambas partes”.
En Codelco han ocurrido cambios al más alto nivel y en los próximos días el gobierno chileno debe nombrar al presidente de la estatal del cobre, pues el anterior renunció cuando todavía le faltaban dos meses para terminar su periodo.
Codelco, la mayor productora mundial de cobre, solicitó el año pasado un arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, contra Ecuador y la Empresa Nacional Minera por diferencias sobre el proyecto de cobre Llurimagua.
Después hizo lo mismo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi). En esta instancia ya fue registrada la demanda.
"El requerimiento se realizó luego de más de un año de que la cuprífera chilena pidiera, formalmente, iniciar un proceso de conversaciones amistosas y confidenciales respecto de sus inversiones en el proyecto minero Llurimagua, ubicado a 80 kilómetros de Quito", justificó Codelco en esa ocasión.
La empresa chilena dijo que con la medida busca proteger el proyecto e impulsar el cumplimiento de derechos como los previstos en el Tratado para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones que tienen Chile y Ecuador.
"Codelco ha cumplido con todos sus compromisos y ha realizado y continuará realizando relevantes inversiones en beneficio del proyecto y de Ecuador", dicen los chilenos.
En noviembre del 2020, un vocero de Codelco dijo que Enami de Ecuador no había cumplido el acuerdo del 2019 para desarrollar el proyecto, que estaba en etapa de exploración avanzada y, dicho sea de paso, enfrentaba también un movimiento de rechazo de parte de un sector de la población local.
Más allá del tema minero, en Chile el presidente Lasso se reunió con Gabriel Boric para solicitar respaldo en los trámites previos al ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico.
“Valoro mucho la hermandad entre la gente de Ecuador y Chile. Que el vínculo que une a nuestros países siga fortaleciéndose a través de la cooperación y el trabajo conjunto”, dijo el mandatario, quien señaló además que durante la conversación también trató el tema de la unidad de América Latina, más allá de la ideología de los gobernantes.
Finalizado este encuentro, Lasso tuvo una reunión protocolar con el mandatario de Perú, Pedro Castillo para definir el gabinete binacional para el 29 de abril próximo que está previsto desarrollarse en Cuenca, Ecuador; además de las acciones para luchar contra la minería legal y sobre proyectos binacionales en materia de educación.
Posteriormente, el presidente Lasso y su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, fueron testigos de honor de la suscripción del Acuerdo de Servicios Aéreos. Este instrumento permitirá fortalecer al turismo y al comercio de ambas naciones, a través de la política de “Cielos Abiertos”, que impulsa la conexión, competitividad y la llegada de inversiones. Los ciudadanos de ambas naciones se beneficiarán de la ampliación en la oferta de vuelos en número y en destinos; y de una posible disminución en el valor de los pasajes.
Guillermo Lasso participó además en el encuentro empresarial Ecuador Open for Business que organizó la Cámara de Comercio de Santiago.
Ejecutivos mineros y presidente Lasso
coordinan acciones para impulsar el sector
Marzo 13 de 2022.- El presidente Guillermo Lasso se reunió la mañana del siete de marzo con un grupo de empresarios mineros “para analizar acciones que impulsen y fortalezcan esta actividad productiva”, según informa la oficina de Comunicaciones del primer mandatario.
De acuerdo con el boletín informativo, el jefe de Estado aseguró que “el Gobierno del Encuentro tiene la firme decisión de accionar todo el contingente requerido por el sector para promover una minería sustentable, responsable con el ambiente y económicamente beneficiosa para el país”.
La reunión se realizó en el Palacio de Carondelet y contó con la participación de autoridades del gobierno, de la embajadora de Canadá en Ecuador, Sylvie Bédard, y de ejecutivos de varias de las empresas mineras con operaciones en el país.
El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo, indicó que la cita permitió definir de forma conjunta estrategias que promuevan el desarrollo sostenible de la minería y enfatizo en qué “cuanta más minería legal impulsemos, lograremos desplazar más y más a la minería ilegal”.
Por su parte, el presidente Lasso resaltó que “el Ecuador necesita fundamentalmente los empleos que genera la minería sustentable y los recursos económicos para programas como el emprendido contra la desnutrición crónica infantil o bonos de solidaridad con quienes más lo necesitan”.
El comunicado de la presidencia dice que “el Gobierno Nacional precautela los recursos naturales del país al velar por la ejecución de actividades extractivas responsables en estricto cumplimiento al marco normativo para el beneficio de los ecuatorianos”.
De acuerdo con el boletín informativo, el jefe de Estado aseguró que “el Gobierno del Encuentro tiene la firme decisión de accionar todo el contingente requerido por el sector para promover una minería sustentable, responsable con el ambiente y económicamente beneficiosa para el país”.
La reunión se realizó en el Palacio de Carondelet y contó con la participación de autoridades del gobierno, de la embajadora de Canadá en Ecuador, Sylvie Bédard, y de ejecutivos de varias de las empresas mineras con operaciones en el país.
El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo, indicó que la cita permitió definir de forma conjunta estrategias que promuevan el desarrollo sostenible de la minería y enfatizo en qué “cuanta más minería legal impulsemos, lograremos desplazar más y más a la minería ilegal”.
Por su parte, el presidente Lasso resaltó que “el Ecuador necesita fundamentalmente los empleos que genera la minería sustentable y los recursos económicos para programas como el emprendido contra la desnutrición crónica infantil o bonos de solidaridad con quienes más lo necesitan”.
El comunicado de la presidencia dice que “el Gobierno Nacional precautela los recursos naturales del país al velar por la ejecución de actividades extractivas responsables en estricto cumplimiento al marco normativo para el beneficio de los ecuatorianos”.
Este viernes Chile cambiará de Presidente
Marzo 6 de 2022.- El próximo viernes 11 de marzo a mediodía se realizará la ceremonia de cambio de presidente en Chile. Minutos antes llegará al Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso el actual mandatario, Sebastián Piñera; y después de entregar los símbolos del poder se irá como cualquier ciudadano, dejando en el puesto a Gabriel Boric, un político de 35 años que ha nombrado a una mujer que viene de las ciencias de la salud, la doctora Marcela Ximena Hernando Pérez, para liderar la ejecución de su política en el sector minero.
La doctora Hernando es médico cirujano de la Universidad de Chile y tiene cuatro magísteres de distintos planteles en Gobierno y Políticas Públicas, Administración de Empresas y Gestión Comercial. Creció en una región donde se ubican los mayores yacimientos de cobre y ha sido miembro de la comisión de Minería de la Cámara Baja.
Nacida en Santiago en 1960, inició su carrera como parlamentaria en la Comisión Permanente de Minería y Energía. También ha participado en una serie de comisiones investigadoras relacionadas con la minería.
Asume el mando de un sector con cifras impresionantes para cualquier país. Entre otras, la minería en Chile da empleo a casi 250 mil personas y es uno de los sectores que más rápido se ha recuperado después de la pandemia.
Según datos recientes de la Sociedad Nacional de Minería, del total de trabajadores el 9.8% son mujeres. En el último año, el empleo femenino pasó de los 18.500 puestos de trabajo a más de 23.500.
En asuntos de empleo, mientras a nivel país la recuperación es del 7%, en el sector minero creció al 19%. Y si bien la desocupación en Chile, en los últimos doce meses, cayó desde 10,2% al 7,3%, en las regiones mineras retrocedió desde el 11,3% a 8,5%.
En asuntos de producción de cobre, Chile es el mayor productor mundial del metal, registrando 429.923 toneladas de cobre fino en el mes de enero de este año.
El año pasado su producción propia alcanzó 1.618.266 toneladas métricas finas (tmf) y si se considera su participación en la compañía minera El Abra (49%) y en Anglo American Sur S.A. (20%), la producción total atribuible alcanzó 1.727.862 tmf.
Sus ejecutivos dicen que su costo de producción es de 132,7 centavos de dólar la libra y que Codelco generó excedentes por US 7.394 millones en 2021.
Más allá de las cifras exuberantes, la cartera de Minería tiene varios temas complicados. Muchas voces demandan la nacionalización inmediata tanto del cobre como del litio y en la Convención Constitucional ya se presentó una norma que propone la nacionalización de estos recursos.
Para muchos sectores no hay acto más patriótico que renacionalizar los recursos naturales como el cobre, el litio y otros. Otros sienten resquemor cuando se habla de nacionalización.
Sobre el tema, ella ha dicho que si se aprueba esa norma y se tiene que estatizar alguna empresa, “correspondería pagar en justicia lo que tenga de inversión esa empresa”.
“Falta mucha agua que corra todavía bajo el puente… acá nadie está proponiendo una “revolución”, ha dicho.
La doctora Hernando es médico cirujano de la Universidad de Chile y tiene cuatro magísteres de distintos planteles en Gobierno y Políticas Públicas, Administración de Empresas y Gestión Comercial. Creció en una región donde se ubican los mayores yacimientos de cobre y ha sido miembro de la comisión de Minería de la Cámara Baja.
Nacida en Santiago en 1960, inició su carrera como parlamentaria en la Comisión Permanente de Minería y Energía. También ha participado en una serie de comisiones investigadoras relacionadas con la minería.
Asume el mando de un sector con cifras impresionantes para cualquier país. Entre otras, la minería en Chile da empleo a casi 250 mil personas y es uno de los sectores que más rápido se ha recuperado después de la pandemia.
Según datos recientes de la Sociedad Nacional de Minería, del total de trabajadores el 9.8% son mujeres. En el último año, el empleo femenino pasó de los 18.500 puestos de trabajo a más de 23.500.
En asuntos de empleo, mientras a nivel país la recuperación es del 7%, en el sector minero creció al 19%. Y si bien la desocupación en Chile, en los últimos doce meses, cayó desde 10,2% al 7,3%, en las regiones mineras retrocedió desde el 11,3% a 8,5%.
En asuntos de producción de cobre, Chile es el mayor productor mundial del metal, registrando 429.923 toneladas de cobre fino en el mes de enero de este año.
El año pasado su producción propia alcanzó 1.618.266 toneladas métricas finas (tmf) y si se considera su participación en la compañía minera El Abra (49%) y en Anglo American Sur S.A. (20%), la producción total atribuible alcanzó 1.727.862 tmf.
Sus ejecutivos dicen que su costo de producción es de 132,7 centavos de dólar la libra y que Codelco generó excedentes por US 7.394 millones en 2021.
Más allá de las cifras exuberantes, la cartera de Minería tiene varios temas complicados. Muchas voces demandan la nacionalización inmediata tanto del cobre como del litio y en la Convención Constitucional ya se presentó una norma que propone la nacionalización de estos recursos.
Para muchos sectores no hay acto más patriótico que renacionalizar los recursos naturales como el cobre, el litio y otros. Otros sienten resquemor cuando se habla de nacionalización.
Sobre el tema, ella ha dicho que si se aprueba esa norma y se tiene que estatizar alguna empresa, “correspondería pagar en justicia lo que tenga de inversión esa empresa”.
“Falta mucha agua que corra todavía bajo el puente… acá nadie está proponiendo una “revolución”, ha dicho.
Ministro Bermeo destaca proyectos
energéticos por más de 1800 millones
Febrero 7 de 2022.- El pasado martes se desarrolló en Quito la décimo sexta edición del Encuentro Anual de Energía y Petróleo, Enaep 2022, un foro de reflexión y opinión que se centró en el análisis de la evolución del mercado de petróleo a nivel mundial y las posibilidades reales que tiene el país de elevar su producción de crudo.
En el curso de las exposiciones se abordaron además temas como las nuevas rondas petroleras, el panorama económico; la innovación, la tecnología, la equidad de género, la transición energética y la captación de inversiones, entre otros.
En su intervención, el ministro de Energı́a y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo, informó sobre los principales logros alcanzados por la actual administración en el ámbito energético.
"La meta para incrementar la producción petrolera se mantiene y pese a los eventos adversos en el sector, existen también buenas noticias”, dijo el ministro.
El ingeniero Bermeo destacó el descubrimiento en el Bloque Perico, en Sucumbíos, explicando que se trata de un hallazgo que ocurre después de seis años y que estuvo a cargo del Consorcio Frontera – Geopark.
Se refirió además a los proyectos que existen en su cartera, los cuales podrían concretar inversiones por alrededor de US$ 1.861 millones.
Mencionó al Bloque de Energía Renovable No Convencional (ERNC), que busca generar 500 megavatios de potencia; al Bloque de Ciclo Combinado de Gas Natural, de 400 megavatios; y al Sistema de Transmisión Nororiental, para conectar los campos petroleros de la Amazonía a la red nacional.
“Ecuador ofrece actualmente enormes posibilidades para la captación de capitales de inversión gracias a la estabilidad política, la seguridad jurídica, las facilidades viales, portuarias y aéreas, la ubicación geográfica privilegiada, una moneda fuerte, recursos naturales y una prospección minera muy interesante”, afirmó.
"Con trabajo, eficiencia y compromiso, encaramos el nuevo año y sus retos con más entereza que nunca, pues estamos respaldados por cientos de profesionales y técnicos verdaderamente comprometidos con el sector energético y minero", agregó.
En el Enaep 2022 participaron además el experto Julio Faldin, de Argus Media; Francisco Paris, director para Latinoamérica y El Caribe de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), Francisco Briones, subsecretario del Gabinete de la Presidencia y Silvana Pástor, vicepresidente de Gente Oil.
Michelle Zurita, de Tecpetrol Ecuador; Fernando Emanuele, de Orion Energy; Diego Pérez, de Gran Tierra Energy, junto a los representantes de Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes, ofrecieron interesantes planteamientos sobre la problemática hidrocarburífera.
En otro segmento de la reunión, la viceministra de Hidrocarburos, María Cristina Cadena Albuja; junto a Marı́a Rosa Tapia, de la Organización y Promoción de la Economía Violeta y organizadora del evento y Emily Ulloa, la miembro más joven de la comunidad Girls in Tech Ecuador con 13 años, se refirieron a la importancia de la equidad de género en esta industria.
En el curso de las exposiciones se abordaron además temas como las nuevas rondas petroleras, el panorama económico; la innovación, la tecnología, la equidad de género, la transición energética y la captación de inversiones, entre otros.
En su intervención, el ministro de Energı́a y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo, informó sobre los principales logros alcanzados por la actual administración en el ámbito energético.
"La meta para incrementar la producción petrolera se mantiene y pese a los eventos adversos en el sector, existen también buenas noticias”, dijo el ministro.
El ingeniero Bermeo destacó el descubrimiento en el Bloque Perico, en Sucumbíos, explicando que se trata de un hallazgo que ocurre después de seis años y que estuvo a cargo del Consorcio Frontera – Geopark.
Se refirió además a los proyectos que existen en su cartera, los cuales podrían concretar inversiones por alrededor de US$ 1.861 millones.
Mencionó al Bloque de Energía Renovable No Convencional (ERNC), que busca generar 500 megavatios de potencia; al Bloque de Ciclo Combinado de Gas Natural, de 400 megavatios; y al Sistema de Transmisión Nororiental, para conectar los campos petroleros de la Amazonía a la red nacional.
“Ecuador ofrece actualmente enormes posibilidades para la captación de capitales de inversión gracias a la estabilidad política, la seguridad jurídica, las facilidades viales, portuarias y aéreas, la ubicación geográfica privilegiada, una moneda fuerte, recursos naturales y una prospección minera muy interesante”, afirmó.
"Con trabajo, eficiencia y compromiso, encaramos el nuevo año y sus retos con más entereza que nunca, pues estamos respaldados por cientos de profesionales y técnicos verdaderamente comprometidos con el sector energético y minero", agregó.
En el Enaep 2022 participaron además el experto Julio Faldin, de Argus Media; Francisco Paris, director para Latinoamérica y El Caribe de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), Francisco Briones, subsecretario del Gabinete de la Presidencia y Silvana Pástor, vicepresidente de Gente Oil.
Michelle Zurita, de Tecpetrol Ecuador; Fernando Emanuele, de Orion Energy; Diego Pérez, de Gran Tierra Energy, junto a los representantes de Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes, ofrecieron interesantes planteamientos sobre la problemática hidrocarburífera.
En otro segmento de la reunión, la viceministra de Hidrocarburos, María Cristina Cadena Albuja; junto a Marı́a Rosa Tapia, de la Organización y Promoción de la Economía Violeta y organizadora del evento y Emily Ulloa, la miembro más joven de la comunidad Girls in Tech Ecuador con 13 años, se refirieron a la importancia de la equidad de género en esta industria.
Constituyente en Chile aprueba
nacionalización de las empresas mineras
Febrero 6 de 2022.- Con 11 votos a favor y ocho en contra, la Comisión de Medioambiente de la Convención Constitucional de Chile aprobó la semana pasada un artículo que dispone la nacionalización de las empresas de explotación y exploración de bienes estratégicos “como el cobre, el litio, el oro, la plata, los hidrocarburos líquidos o gaseosos, el uranio, el manganeso, el molibdeno, el cobalto, el boro, las tierras raras y otros minerales“.
“Cuando se trate de nacionalización de actividades o empresas de bienes estratégicos, la nacionalización comprenderá a ellas mismas, a los derechos de los que sea titular y a la totalidad de sus bienes. Las concesiones mineras de exploración y explotación constituidas a favor de estas empresas cesarán de forma inmediata una vez vigente la nacionalización”, dice la propuesta.
Si el artículo pasa a formar parte de la nueva Constitución chilena, el presidente tendrá un plazo máximo de un año para implementarlo sin ningún tipo de indemnización “ya que (los minerales y el petróleo) pertenecen al Estado de Chile”.
Ni bien se hizo público el acuerdo de la convención, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, dio a conocer su preocupación por lo que se viene.
“Es una barbaridad la decisión adoptada, con claros y evidentes errores jurídicos. Se ha aprobado nacionalizar el cobre, pero el cobre es, actualmente, del Estado chileno. Así, esta medida solo significa nacionalizar las empresas, no los recursos naturales, que es lo que se quiere proteger. Con esta medida, se deroga también la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras”, afirmó Hernández.
“Una nacionalización tendría serias consecuencias para nuestra economía en un contexto de globalización”, añadió, tras recordar que Chile ha suscrito innumerables tratados internacionales que no se pueden desconocer.
Por su parte el director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, (Aprimin), Sergio Hernández, dijo que “pensar en una nacionalización en estos tiempos es un suicidio para el desarrollo humano del país, perjudicando la confianza en Chile para atraer inversiones en minería, hidrógeno verde, obras públicas, energías renovables y otros sectores”.
“Chile ha sido exitoso en 30 años de apertura al mundo y la minería ha llevado el liderato de las causas de esta positiva consecuencia. El cobre en Chile es explotado hoy de manera mixta en la propiedad de las compañías mineras, lo que constituye un modelo económico de desarrollo minero virtuoso”.
“En estos tiempos exigen nuevos desafíos, como la producción limpia, el avance hacia una minería verde de responsabilidad principal de los proveedores mineros, mayor cercanía a las comunidades, reciclaje, ahorro de energía y agua, inversiones en extracción y desalación de agua de mar”, expresó.
“Cuando se trate de nacionalización de actividades o empresas de bienes estratégicos, la nacionalización comprenderá a ellas mismas, a los derechos de los que sea titular y a la totalidad de sus bienes. Las concesiones mineras de exploración y explotación constituidas a favor de estas empresas cesarán de forma inmediata una vez vigente la nacionalización”, dice la propuesta.
Si el artículo pasa a formar parte de la nueva Constitución chilena, el presidente tendrá un plazo máximo de un año para implementarlo sin ningún tipo de indemnización “ya que (los minerales y el petróleo) pertenecen al Estado de Chile”.
Ni bien se hizo público el acuerdo de la convención, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, dio a conocer su preocupación por lo que se viene.
“Es una barbaridad la decisión adoptada, con claros y evidentes errores jurídicos. Se ha aprobado nacionalizar el cobre, pero el cobre es, actualmente, del Estado chileno. Así, esta medida solo significa nacionalizar las empresas, no los recursos naturales, que es lo que se quiere proteger. Con esta medida, se deroga también la Ley Orgánica Constitucional de Concesiones Mineras”, afirmó Hernández.
“Una nacionalización tendría serias consecuencias para nuestra economía en un contexto de globalización”, añadió, tras recordar que Chile ha suscrito innumerables tratados internacionales que no se pueden desconocer.
Por su parte el director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, (Aprimin), Sergio Hernández, dijo que “pensar en una nacionalización en estos tiempos es un suicidio para el desarrollo humano del país, perjudicando la confianza en Chile para atraer inversiones en minería, hidrógeno verde, obras públicas, energías renovables y otros sectores”.
“Chile ha sido exitoso en 30 años de apertura al mundo y la minería ha llevado el liderato de las causas de esta positiva consecuencia. El cobre en Chile es explotado hoy de manera mixta en la propiedad de las compañías mineras, lo que constituye un modelo económico de desarrollo minero virtuoso”.
“En estos tiempos exigen nuevos desafíos, como la producción limpia, el avance hacia una minería verde de responsabilidad principal de los proveedores mineros, mayor cercanía a las comunidades, reciclaje, ahorro de energía y agua, inversiones en extracción y desalación de agua de mar”, expresó.
Empezó el arbitraje de Codelco contra Ecuador
Enero 30 de 2022.- El arbitraje solicitado por Codelco y dos de sus filiales en contra del Estado ecuatoriano empezó oficialmente el pasado martes 25 de enero, una vez que la secretaría general del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) registró el pedido de la estatal chilena.
Según Codelco, sus funcionarios llevan más de un año esperando que la Procuraduría General del Estado atienda su pedido de empezar conversaciones amistosas. En el fondo está la aspiración chilena de conformar una sociedad en la que ellos puedan quedarse con la mayor parte de las utilidades que genere el depósito de cobre conocido como Llurimagua.
Procuraduría informó hace un tiempo que estaba recabando información para empezar a conversar con Codelco y sus filiales: Inversiones Copperfield SPA y Exploraciones Mineras Andinas (EMSA), accionistas de la ecuatoriana Emsaec, Exploraciones Mineras Andinas Ecuador.
Emsaec tiene registradas formalmente en Ecuador más de una docena de concesiones en las que busca oro, plata y cobre, principalmente. Sus predios están en Zamora Chinchipe, Loja, Imbabura y otras provincias más. Adicionalmente, tiene en sus manos una resolución según la cual podría obtener casi veinte concesiones más, muchas de las cuales están sobre áreas que ya están siendo exploradas por empresas de otros países.
Ecuador en el banquillo
Según consta en el expediente del Ciadi, la defensa chilena está en manos de dos estudios, uno norteamericano y el otro ecuatoriano.
El primero es Sullivan & Cromwell, un bufete con sede en New York y oficinas en las principales capitales del mundo. Sus abogados atienden a clientes de China, Alemania, Francia, Hong Kong, Australia y de Estados Unidos, naturalmente.
El segundo es el Estudio Robalino, muy conocido en Ecuador. Mañana, por ejemplo, patrocina como firma legal oficial el XVI Encuentro Anual de Energía y Petróleo, Enaep 2022.
El Estudio Robalino está formado por “experimentados protagonistas” que se preparan para el futuro e implementan herramientas y sistemas que les permiten “ser líderes en la prestación de servicios profesionales, con el uso de nuevas tecnologías”, según dice su página web.
El arbitraje contra Ecuador lleva el código ARB/22/3 y como la mayoría de casos, se realizará en la sede del organismo ubicada en el centro de Washington, DC.
“Las oficinas del Ciadi ofrecen un centro de audiencias de servicio completo con tres espaciosas salas de audiencia, sistemas de videoconferencia de última generación, transmisión web (streaming), servicios de interpretación, así como salas auxiliares de descanso y de deliberación”, dicen los dueños de la sede.
La demanda chilena es la segunda presentada por Codelco contra Ecuador. La primera la hizo hace más de un año ante la Cámara de Comercio Internacional por el mismo motivo.
Más antes, a fines del 2020, Codelco advirtió a Ecuador que pediría el arbitraje si Enami EP no cumplía las obligaciones que se derivaban de los acuerdos suscritos por el país respecto del desarrollo del proyecto minero Llurimagua.
En un comunicado publicado el 23 de noviembre de 2020, Codelco sostuvo que Enami EP no cumplía con los acuerdos de “formar la sociedad para el desarrollo del proyecto ni ratificado el pacto de accionistas que se acordó hace un año, obligaciones que se arrastran desde el año 2016″.
La cosa empezó hace más de diez años, cuando Enami EP y Codelco firmaron un convenio para exploración minera en diversas partes del país, entre ellas, una zona muy rica desde el punto de vista biológico conocida como Llurimagua. Esa riqueza es defendida como bandera por organizaciones de pobladores que rechazan las actividades extractivas en sus alrededores.
No se sabe cuánto hay en Llurimagua en materia de riqueza geológica, Codelco mantuvo en bajo perfil su estimado de 2018 de 3,846 millones de toneladas de mineral. Ni se conoce a cuánto realmente asciende la inversión realizada por la subsidiaria en prospección.
Según explicó Codelco en su comunicado, el 2015 “ambas compañías estatales suscribieron los términos del acuerdo de accionistas para Llurimagua. Posteriormente, los presidentes y ministros de Ecuador y Chile han ratificado los convenios referentes al proyecto.”
En 2019 se acordaron los términos definitivos para la asociación y Codelco habría realizado relevantes inversiones en Llurimagua.
Por ellas seguramente no habría podido reclamar si en junio del año pasado Ecuador no firmaba el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Convenio Ciadi), que creó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
Este último fue creado como entidad autónoma y multilateral especializada, que busca brindar un mecanismo para el arreglo de diferencias entre inversionistas extranjeros y Estados.
Pero Ecuador se retiró del acuerdo Ciadi el año 2009. El ex presidente Rafael Correa denunció además todos los tratados bilaterales de inversión. El gobierno de Guillermo Lasso decidió volver como parte de un conjunto de medidas orientadas a dar seguridad jurídica a los inversionistas.
Era lógico. El país vive un proceso doble de llegada de grandes inversiones, por un lado; y de fortalecimiento de movimientos que por diversas razones se oponen a las actividades mineras y petroleras, entre otras.
Por ello es que en sus primeros meses de gestión, Lasso promulgó el Decreto Ejecutivo 122 que disponía el regreso de Ecuador al Convenio. La Corte Constitucional del Ecuador, por su parte, había señalado que tal acción no requería de la aprobación de los legisladores. Tres meses después se promulgó el Decreto Ejecutivo 165 en virtud del cual se aprobaba el Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación.
El arbitraje no es una figura extraña en la industria minera. Lo particular, en este caso, es que no es frecuente que una empresa estatal sea quien lo inicie en contra de otra empresa estatal.
En una región que atrae casi el 30 por ciento del presupuesto global para exploraciones mineras, según los analistas de S&P en su informe del año pasado, resulta hasta natural que las empresas recurran al arbitraje cuando los países deciden aumentar sus impuestos o hacer más estrictas las regulaciones ambientales o las normas que protegen a los pueblos indígenas.
Pero no es una regla. Cuando las autoridades chilenas cancelaron el proyecto aurífero de Pascua Lama a la minera Barrick, sus ejecutivos aceptaron la decisión sin amenazar con arbitrajes y dijeron que esperarían unos años para buscar la forma de lograr la autorización que les permita seguir adelante con la extracción del oro.
No es que no sepan de arbitrajes. En asuntos del sector la Cámara Minera de Chile creó el Centro de Arbitraje y Mediación Minero como respuesta “para generar valor” a la industria minera. No es la única. La Cámara de Comercio de Santiago tiene también su centro de arbitraje y mediación.
Diríase que la minería chilena impulsa arbitrajes. Antofagasta Minerals, que es parte del consorcio Tethyan Copper, demandó a la República de Pakistán por un tema menor.
Ahora le tocó a Enami EP y a Ecuador. Los acusan de no ratificar el pacto de accionistas para el desarrollo de la mina de cobre. Codelco espera que las entidades de Ecuador puedan articular el correspondiente acuerdo, así como “promover una solución” en su favor.
Cuenta con el apoyo de Cámara de Minería del Ecuador, organismo que cuando se conoció la intención de Codelco difundió un comunicado señalando que apoyaba que los acuerdos bilaterales se cumplan como valor básico de la inversión extranjera.
Según Codelco, sus funcionarios llevan más de un año esperando que la Procuraduría General del Estado atienda su pedido de empezar conversaciones amistosas. En el fondo está la aspiración chilena de conformar una sociedad en la que ellos puedan quedarse con la mayor parte de las utilidades que genere el depósito de cobre conocido como Llurimagua.
Procuraduría informó hace un tiempo que estaba recabando información para empezar a conversar con Codelco y sus filiales: Inversiones Copperfield SPA y Exploraciones Mineras Andinas (EMSA), accionistas de la ecuatoriana Emsaec, Exploraciones Mineras Andinas Ecuador.
Emsaec tiene registradas formalmente en Ecuador más de una docena de concesiones en las que busca oro, plata y cobre, principalmente. Sus predios están en Zamora Chinchipe, Loja, Imbabura y otras provincias más. Adicionalmente, tiene en sus manos una resolución según la cual podría obtener casi veinte concesiones más, muchas de las cuales están sobre áreas que ya están siendo exploradas por empresas de otros países.
Ecuador en el banquillo
Según consta en el expediente del Ciadi, la defensa chilena está en manos de dos estudios, uno norteamericano y el otro ecuatoriano.
El primero es Sullivan & Cromwell, un bufete con sede en New York y oficinas en las principales capitales del mundo. Sus abogados atienden a clientes de China, Alemania, Francia, Hong Kong, Australia y de Estados Unidos, naturalmente.
El segundo es el Estudio Robalino, muy conocido en Ecuador. Mañana, por ejemplo, patrocina como firma legal oficial el XVI Encuentro Anual de Energía y Petróleo, Enaep 2022.
El Estudio Robalino está formado por “experimentados protagonistas” que se preparan para el futuro e implementan herramientas y sistemas que les permiten “ser líderes en la prestación de servicios profesionales, con el uso de nuevas tecnologías”, según dice su página web.
El arbitraje contra Ecuador lleva el código ARB/22/3 y como la mayoría de casos, se realizará en la sede del organismo ubicada en el centro de Washington, DC.
“Las oficinas del Ciadi ofrecen un centro de audiencias de servicio completo con tres espaciosas salas de audiencia, sistemas de videoconferencia de última generación, transmisión web (streaming), servicios de interpretación, así como salas auxiliares de descanso y de deliberación”, dicen los dueños de la sede.
La demanda chilena es la segunda presentada por Codelco contra Ecuador. La primera la hizo hace más de un año ante la Cámara de Comercio Internacional por el mismo motivo.
Más antes, a fines del 2020, Codelco advirtió a Ecuador que pediría el arbitraje si Enami EP no cumplía las obligaciones que se derivaban de los acuerdos suscritos por el país respecto del desarrollo del proyecto minero Llurimagua.
En un comunicado publicado el 23 de noviembre de 2020, Codelco sostuvo que Enami EP no cumplía con los acuerdos de “formar la sociedad para el desarrollo del proyecto ni ratificado el pacto de accionistas que se acordó hace un año, obligaciones que se arrastran desde el año 2016″.
La cosa empezó hace más de diez años, cuando Enami EP y Codelco firmaron un convenio para exploración minera en diversas partes del país, entre ellas, una zona muy rica desde el punto de vista biológico conocida como Llurimagua. Esa riqueza es defendida como bandera por organizaciones de pobladores que rechazan las actividades extractivas en sus alrededores.
No se sabe cuánto hay en Llurimagua en materia de riqueza geológica, Codelco mantuvo en bajo perfil su estimado de 2018 de 3,846 millones de toneladas de mineral. Ni se conoce a cuánto realmente asciende la inversión realizada por la subsidiaria en prospección.
Según explicó Codelco en su comunicado, el 2015 “ambas compañías estatales suscribieron los términos del acuerdo de accionistas para Llurimagua. Posteriormente, los presidentes y ministros de Ecuador y Chile han ratificado los convenios referentes al proyecto.”
En 2019 se acordaron los términos definitivos para la asociación y Codelco habría realizado relevantes inversiones en Llurimagua.
Por ellas seguramente no habría podido reclamar si en junio del año pasado Ecuador no firmaba el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Convenio Ciadi), que creó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
Este último fue creado como entidad autónoma y multilateral especializada, que busca brindar un mecanismo para el arreglo de diferencias entre inversionistas extranjeros y Estados.
Pero Ecuador se retiró del acuerdo Ciadi el año 2009. El ex presidente Rafael Correa denunció además todos los tratados bilaterales de inversión. El gobierno de Guillermo Lasso decidió volver como parte de un conjunto de medidas orientadas a dar seguridad jurídica a los inversionistas.
Era lógico. El país vive un proceso doble de llegada de grandes inversiones, por un lado; y de fortalecimiento de movimientos que por diversas razones se oponen a las actividades mineras y petroleras, entre otras.
Por ello es que en sus primeros meses de gestión, Lasso promulgó el Decreto Ejecutivo 122 que disponía el regreso de Ecuador al Convenio. La Corte Constitucional del Ecuador, por su parte, había señalado que tal acción no requería de la aprobación de los legisladores. Tres meses después se promulgó el Decreto Ejecutivo 165 en virtud del cual se aprobaba el Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación.
El arbitraje no es una figura extraña en la industria minera. Lo particular, en este caso, es que no es frecuente que una empresa estatal sea quien lo inicie en contra de otra empresa estatal.
En una región que atrae casi el 30 por ciento del presupuesto global para exploraciones mineras, según los analistas de S&P en su informe del año pasado, resulta hasta natural que las empresas recurran al arbitraje cuando los países deciden aumentar sus impuestos o hacer más estrictas las regulaciones ambientales o las normas que protegen a los pueblos indígenas.
Pero no es una regla. Cuando las autoridades chilenas cancelaron el proyecto aurífero de Pascua Lama a la minera Barrick, sus ejecutivos aceptaron la decisión sin amenazar con arbitrajes y dijeron que esperarían unos años para buscar la forma de lograr la autorización que les permita seguir adelante con la extracción del oro.
No es que no sepan de arbitrajes. En asuntos del sector la Cámara Minera de Chile creó el Centro de Arbitraje y Mediación Minero como respuesta “para generar valor” a la industria minera. No es la única. La Cámara de Comercio de Santiago tiene también su centro de arbitraje y mediación.
Diríase que la minería chilena impulsa arbitrajes. Antofagasta Minerals, que es parte del consorcio Tethyan Copper, demandó a la República de Pakistán por un tema menor.
Ahora le tocó a Enami EP y a Ecuador. Los acusan de no ratificar el pacto de accionistas para el desarrollo de la mina de cobre. Codelco espera que las entidades de Ecuador puedan articular el correspondiente acuerdo, así como “promover una solución” en su favor.
Cuenta con el apoyo de Cámara de Minería del Ecuador, organismo que cuando se conoció la intención de Codelco difundió un comunicado señalando que apoyaba que los acuerdos bilaterales se cumplan como valor básico de la inversión extranjera.
Empieza recolección de firmas para consulta
popular sobre la minería en Quito
Enero 30 de 2022.- Después de que la Corte Constitucional señalara que no existe una disposición que prohíba una consulta popular sobre la minería en la capital, diversas organizaciones ya anunciaron que solicitarán al Consejo Nacional Electoral les entreguen los formularios para recolectar las firmas que necesitan.
Según la ley, para solicitar el plebiscito deben lograr la adhesión de por lo menos el 10 por ciento de los electores inscritos en el padrón, es decir, de aproximadamente 200 mil ciudadanos que voten en el Distrito Metropolitano de Quito.
Los partidarios de la consulta han convocado a una reunión para el día lunes 31 de enero en el frontis del CNE. Saludan la decisión del Pleno de la Corte Constitucional que emitió dictamen favorable para que los electores del Distrito Metropolitano de Quito se pronuncien a favor o en contra de la minería metálica en las parroquias rurales de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto.
Dichas parroquias conforman el Chochó Andino, zona que se encuentra entre los 600 sitios declarados como reservas de biósfera en el mundo. Allí viven 9000 especies de plantas vasculares, 270 especies de mamíferos, 210 de reptiles, 700 de aves, 130 de anfibios.
Los expertos sostienen que muchas de esas especies son únicas y están amenazadas o en peligro de extinción.
Si se realiza la consulta popular, se formularían cuatro preguntas prácticamente iguales. Cambiando la expresión “gran” por “mediana”, “pequeña” y “artesanal”, se preguntaría a la población quiteña: "¿Está Usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica a gran escala dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino?" Sí ( ) o No ( )
La Corte Constitucional precisa que ante un pronunciamiento afirmativo del electorado del Distrito Metropolitano de Quito, el efecto será únicamente hacia el futuro y no podrá exceder el ámbito de competencias constitucionales y legales fijadas para cada nivel de gobierno, lo cual incluye a los gobiernos autónomos descentralizados y el gobierno nacional.
Según la ley, para solicitar el plebiscito deben lograr la adhesión de por lo menos el 10 por ciento de los electores inscritos en el padrón, es decir, de aproximadamente 200 mil ciudadanos que voten en el Distrito Metropolitano de Quito.
Los partidarios de la consulta han convocado a una reunión para el día lunes 31 de enero en el frontis del CNE. Saludan la decisión del Pleno de la Corte Constitucional que emitió dictamen favorable para que los electores del Distrito Metropolitano de Quito se pronuncien a favor o en contra de la minería metálica en las parroquias rurales de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto.
Dichas parroquias conforman el Chochó Andino, zona que se encuentra entre los 600 sitios declarados como reservas de biósfera en el mundo. Allí viven 9000 especies de plantas vasculares, 270 especies de mamíferos, 210 de reptiles, 700 de aves, 130 de anfibios.
Los expertos sostienen que muchas de esas especies son únicas y están amenazadas o en peligro de extinción.
Si se realiza la consulta popular, se formularían cuatro preguntas prácticamente iguales. Cambiando la expresión “gran” por “mediana”, “pequeña” y “artesanal”, se preguntaría a la población quiteña: "¿Está Usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica a gran escala dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino?" Sí ( ) o No ( )
La Corte Constitucional precisa que ante un pronunciamiento afirmativo del electorado del Distrito Metropolitano de Quito, el efecto será únicamente hacia el futuro y no podrá exceder el ámbito de competencias constitucionales y legales fijadas para cada nivel de gobierno, lo cual incluye a los gobiernos autónomos descentralizados y el gobierno nacional.
Lo verde es bueno...
Noviembre 28 de 2021.- La Cumbre del Clima de Glasgow COP26 ha dejado en claro que el gobierno australiano dependerá en gran medida de las empresas privadas y cotizadas que adopten nuevas tecnologías ecológicas para alcanzar el cero neto en 2050.
En ninguna parte esto será más evidente que en el floreciente sector de recursos de Australia, y quizás en ningún otro sector haya tanta inversión al alza. Los líderes de la COP26 señalaron impresionantes cifras de inversión multimillonarias que estarán disponibles en la carrera hacia el cero neto, además de más de un tercio de la inversión institucional mundial que ahora requiere un componente ESG.
Las empresas de mediana y gran capitalización que no están a bordo, o no son transparentes, con la 'ecologización' de sus operaciones a través de la tecnología, no solo dañarán su reputación, sino que se perderán toda una nueva generación de oportunidades de creación de valor.
La tecnología verde viene en todas las formas y tamaños, al igual que los múltiples desafíos que plantea la eliminación gradual de los combustibles fósiles. El avance de Australia a cero neto requerirá una combinación de avances tecnológicos, actualizaciones de infraestructura y una sólida gobernanza.
Para las empresas que participan en la conferencia minera más grande de Australia, la Conferencia Internacional de Minería y Recursos (IMARC) en 2022, la adopción temprana de tecnología verde es esencial para crear valor.
Net Zero: ¿La próxima gran novedad?
Con cerca de 200 países firmando, el consenso del pacto de Glasgow fue claro: hay mucho que ganar para las empresas actuando ahora, y mucho que perder si se quedan en sus manos.
Un 'muro de nuevo dinero del sector privado' estará disponible para aquellas empresas que adopten la tecnología verde y limpien sus operaciones.
Este muro multimillonario de dinero nuevo no incluye el precio vertiginoso de los metales para baterías y la posición de Australia como uno de los mayores beneficiarios de la adopción de la tecnología verde.
Según el Resources and Energy Quarterly de septiembre de 2021, Australia es el mayor exportador mundial de litio, el segundo mayor productor de cobre y produce más de una cuarta parte del níquel del mundo.
El presidente de Minerales y Metales de Minería de Schneider Electric, Rob Moffit, dijo que la generación solar y eólica se estaba adoptando rápidamente, pero la tecnología de almacenamiento de baterías debe mejorar para que la absorción pueda seguir creciendo.
“A medida que genera más energía, necesita encontrar formas mejores y más eficientes de almacenar esa energía. De acuerdo con eso, habrá más inversiones en tecnologías de baterías, particularmente en la composición de las baterías”, dijo Moffit.
“La demanda de inteligencia artificial (IA) también aumentará. A medida que combinamos múltiples fuentes de energía, comienza a convertirse en un sistema complejo que necesita ser gestionado. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático son las mejores tecnologías para hacer esto ".
El vicepresidente senior de Kirkland Lake Gold , John Landmark, se hizo eco de los sentimientos de Moffit e insistió en que una infraestructura verdaderamente renovable y confiable era vital para la transición.
“Las empresas de servicios de energía son el mayor obstáculo para hacer que nuestra industria sea más ecológica. Las empresas de recursos no pueden hacer mucho para reducir su huella, pero la energía limpia y asequible es el mayor obstáculo que se encuentra fuera de las manos de la empresa de recursos que necesita ser más limpia”, dijo Landmark.
"Tener un molino de viento o un panel solar 'simbólico' se ve muy bien en una sesión fotográfica, pero no aborda el funcionamiento y el uso sostenibles de dicha energía renovable".
'Greenwashing': El elefante en la habitación
Quizás no haya mayor amenaza para la buena fe de ASG de una empresa minera y de recursos que el 'lavado verde'.
El lavado verde es la práctica de engañar a los medios de comunicación o al público en general, o de aprovechar la falta de conciencia de lo que constituye una tecnología, un combustible o una práctica legítimamente "verde" o "limpia".
Y está firmemente bajo el escrutinio del público. Más recientemente, el Tribunal Superior de Australia se negó a escuchar la apelación de Volkswagens contra su multa de $ 125 millones por 'Dieselgate', la multa más grande jamás impuesta a una empresa por engañar a los consumidores, por engañar deliberadamente a reguladores y clientes sobre el desempeño ambiental de sus automóviles.
Landmark dijo que el lavado verde era un tema particularmente problemático porque una empresa que daña su propia reputación a menudo lleva a que otras empresas dentro de una industria se empañen con el mismo pincel.
Dijo que también hay una tendencia en la industria a satisfacer la demanda pública y los requisitos de las agencias de ESG, en lugar de centrarse en prácticas sostenibles legítimas, "lo que fomenta un entorno en el que las empresas de recursos sienten que necesitan abordar estas casillas de verificación, lo que deja que las empresas diluyan su sostenibilidad". esfuerzos en temas no materiales o adornarlos”, dijo Landmark.
"Si Kirkland Lake Gold se apega únicamente a los hechos y no profundiza en nuestros logros en materia de sostenibilidad, nuestro objetivo es garantizar que nuestra credibilidad esté vinculada a datos verdaderos".
Moffit enfatizó esta noción y dijo que era vital para las empresas evitar la trampa del lavado verde.
“[Esto] se puede lograr al contar con los procesos correctos en su lugar , específicamente utilizando protocolos con base científica, auditados externamente, transparentes y consistentes”, dijo Moffit.
“Es vital que todos los compromisos estén certificados por la ciencia y deben cubrir todas las categorías de alcance de emisiones, no solo las directamente relacionadas con las operaciones de la empresa”.
¿Electricidad o hidrógeno?
Los vehículos eléctricos y los vehículos propulsados por hidrógeno a menudo se consideran tecnologías en competencia. Sin embargo, las operaciones mineras son bestias complicadas y debido al tamaño, la ubicación y la técnica (a cielo abierto o subterráneo) de la operación, ciertas tecnologías serán más adecuadas que otras.
Landmark dijo que tener muchas opciones viables disponibles era la mejor manera de garantizar una mayor aceptación de las nuevas tecnologías de vehículos y, por lo tanto, una economía más ecológica, pero señaló que es "crucial que tanto los vehículos eléctricos como los de hidrógeno estén propulsados por una red verde", Landmark dijo.
Moffit dijo que el beneficio más significativo de la tecnología del hidrógeno en la industria pesada y el transporte es la densidad energética superior del hidrógeno.
“La electricidad y el hidrógeno son tecnologías de vehículos complementarias. La electrificación se adapta perfectamente a los vehículos de pasajeros, pero actualmente no es la opción ideal para vehículos pesados como camiones de transporte debido a la densidad de energía de una batería, que es solo del 1%”, dijo Moffit.
“Esto significa que para un camión de 40 toneladas, se necesitan poco más de cuatro toneladas de celdas de batería de iones de litio para un alcance de 800 kilómetros. Esto no es viable".
John Landmark y Rob Moffit compartirán más conocimientos sobre tecnología verde en la próxima Conferencia Internacional de Minería y Recursos (IMARC) en Melbourne del 31 de enero al 2 de febrero de 2022.
En ninguna parte esto será más evidente que en el floreciente sector de recursos de Australia, y quizás en ningún otro sector haya tanta inversión al alza. Los líderes de la COP26 señalaron impresionantes cifras de inversión multimillonarias que estarán disponibles en la carrera hacia el cero neto, además de más de un tercio de la inversión institucional mundial que ahora requiere un componente ESG.
Las empresas de mediana y gran capitalización que no están a bordo, o no son transparentes, con la 'ecologización' de sus operaciones a través de la tecnología, no solo dañarán su reputación, sino que se perderán toda una nueva generación de oportunidades de creación de valor.
La tecnología verde viene en todas las formas y tamaños, al igual que los múltiples desafíos que plantea la eliminación gradual de los combustibles fósiles. El avance de Australia a cero neto requerirá una combinación de avances tecnológicos, actualizaciones de infraestructura y una sólida gobernanza.
Para las empresas que participan en la conferencia minera más grande de Australia, la Conferencia Internacional de Minería y Recursos (IMARC) en 2022, la adopción temprana de tecnología verde es esencial para crear valor.
Net Zero: ¿La próxima gran novedad?
Con cerca de 200 países firmando, el consenso del pacto de Glasgow fue claro: hay mucho que ganar para las empresas actuando ahora, y mucho que perder si se quedan en sus manos.
Un 'muro de nuevo dinero del sector privado' estará disponible para aquellas empresas que adopten la tecnología verde y limpien sus operaciones.
Este muro multimillonario de dinero nuevo no incluye el precio vertiginoso de los metales para baterías y la posición de Australia como uno de los mayores beneficiarios de la adopción de la tecnología verde.
Según el Resources and Energy Quarterly de septiembre de 2021, Australia es el mayor exportador mundial de litio, el segundo mayor productor de cobre y produce más de una cuarta parte del níquel del mundo.
El presidente de Minerales y Metales de Minería de Schneider Electric, Rob Moffit, dijo que la generación solar y eólica se estaba adoptando rápidamente, pero la tecnología de almacenamiento de baterías debe mejorar para que la absorción pueda seguir creciendo.
“A medida que genera más energía, necesita encontrar formas mejores y más eficientes de almacenar esa energía. De acuerdo con eso, habrá más inversiones en tecnologías de baterías, particularmente en la composición de las baterías”, dijo Moffit.
“La demanda de inteligencia artificial (IA) también aumentará. A medida que combinamos múltiples fuentes de energía, comienza a convertirse en un sistema complejo que necesita ser gestionado. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático son las mejores tecnologías para hacer esto ".
El vicepresidente senior de Kirkland Lake Gold , John Landmark, se hizo eco de los sentimientos de Moffit e insistió en que una infraestructura verdaderamente renovable y confiable era vital para la transición.
“Las empresas de servicios de energía son el mayor obstáculo para hacer que nuestra industria sea más ecológica. Las empresas de recursos no pueden hacer mucho para reducir su huella, pero la energía limpia y asequible es el mayor obstáculo que se encuentra fuera de las manos de la empresa de recursos que necesita ser más limpia”, dijo Landmark.
"Tener un molino de viento o un panel solar 'simbólico' se ve muy bien en una sesión fotográfica, pero no aborda el funcionamiento y el uso sostenibles de dicha energía renovable".
'Greenwashing': El elefante en la habitación
Quizás no haya mayor amenaza para la buena fe de ASG de una empresa minera y de recursos que el 'lavado verde'.
El lavado verde es la práctica de engañar a los medios de comunicación o al público en general, o de aprovechar la falta de conciencia de lo que constituye una tecnología, un combustible o una práctica legítimamente "verde" o "limpia".
Y está firmemente bajo el escrutinio del público. Más recientemente, el Tribunal Superior de Australia se negó a escuchar la apelación de Volkswagens contra su multa de $ 125 millones por 'Dieselgate', la multa más grande jamás impuesta a una empresa por engañar a los consumidores, por engañar deliberadamente a reguladores y clientes sobre el desempeño ambiental de sus automóviles.
Landmark dijo que el lavado verde era un tema particularmente problemático porque una empresa que daña su propia reputación a menudo lleva a que otras empresas dentro de una industria se empañen con el mismo pincel.
Dijo que también hay una tendencia en la industria a satisfacer la demanda pública y los requisitos de las agencias de ESG, en lugar de centrarse en prácticas sostenibles legítimas, "lo que fomenta un entorno en el que las empresas de recursos sienten que necesitan abordar estas casillas de verificación, lo que deja que las empresas diluyan su sostenibilidad". esfuerzos en temas no materiales o adornarlos”, dijo Landmark.
"Si Kirkland Lake Gold se apega únicamente a los hechos y no profundiza en nuestros logros en materia de sostenibilidad, nuestro objetivo es garantizar que nuestra credibilidad esté vinculada a datos verdaderos".
Moffit enfatizó esta noción y dijo que era vital para las empresas evitar la trampa del lavado verde.
“[Esto] se puede lograr al contar con los procesos correctos en su lugar , específicamente utilizando protocolos con base científica, auditados externamente, transparentes y consistentes”, dijo Moffit.
“Es vital que todos los compromisos estén certificados por la ciencia y deben cubrir todas las categorías de alcance de emisiones, no solo las directamente relacionadas con las operaciones de la empresa”.
¿Electricidad o hidrógeno?
Los vehículos eléctricos y los vehículos propulsados por hidrógeno a menudo se consideran tecnologías en competencia. Sin embargo, las operaciones mineras son bestias complicadas y debido al tamaño, la ubicación y la técnica (a cielo abierto o subterráneo) de la operación, ciertas tecnologías serán más adecuadas que otras.
Landmark dijo que tener muchas opciones viables disponibles era la mejor manera de garantizar una mayor aceptación de las nuevas tecnologías de vehículos y, por lo tanto, una economía más ecológica, pero señaló que es "crucial que tanto los vehículos eléctricos como los de hidrógeno estén propulsados por una red verde", Landmark dijo.
Moffit dijo que el beneficio más significativo de la tecnología del hidrógeno en la industria pesada y el transporte es la densidad energética superior del hidrógeno.
“La electricidad y el hidrógeno son tecnologías de vehículos complementarias. La electrificación se adapta perfectamente a los vehículos de pasajeros, pero actualmente no es la opción ideal para vehículos pesados como camiones de transporte debido a la densidad de energía de una batería, que es solo del 1%”, dijo Moffit.
“Esto significa que para un camión de 40 toneladas, se necesitan poco más de cuatro toneladas de celdas de batería de iones de litio para un alcance de 800 kilómetros. Esto no es viable".
John Landmark y Rob Moffit compartirán más conocimientos sobre tecnología verde en la próxima Conferencia Internacional de Minería y Recursos (IMARC) en Melbourne del 31 de enero al 2 de febrero de 2022.
Comisión de Biodiversidad aprueba reformas a la Ley de Minería
Noviembre 21 del 2021.- Se conoció la semana que pasó el proyecto de reforma a la ley de minería elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, un documento de casi 300 páginas que ha quedado listo para su primer debate en el órgano legislativo.
En lo formal, el proyecto tiene 41 artículos, tres disposiciones generales, cuatro transitorias y una final. Dedica aproximadamente 250 páginas a reseñar y/o sistematizar las observaciones de las 159 personas que fueron invitadas a la comisión y las propuestas de los nueve asambleístas miembros del organismo proponente.
La Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales realizó 17 sesiones en “las provincias con mayor incidencia minera como Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Cotopaxi, Imbabura y Azuay”, dice el informe.
Sostiene que “promueve la transparencia de la información, el manejo adecuado de las regalías producto de la actividad minera, mayor protección de los derechos de la naturaleza, la adecuada aplicación de la consulta pre legislativa y desarrollo normativo de la consulta previa, libre e informada; además de reformas a las atribuciones de la Agencia de Control y Regulación de Energía y Recursos Naturales no Renovables y las competencias del Ministerio Sectorial; la inhabilitación de personas para actividades mineras; actos administrativos previos; sanciones a la actividad minera ilegal; capacitación al personal; trabajo preferente; tratamiento de aguas; cierre de operaciones mineras; caducidad de una concesión minera”, entre otras ideas.
Afirma que su análisis se orienta hacia necesidad de realizar la consulta prelegislativa en los temas de áreas protegidas; concesiones mineras; residuos mineros metalúrgicos, tratamiento de aguas; cierre de operaciones mineras y el derecho a la información, participación y consulta.
Entre otras propuestas que seguramente provocarán debates en la comunidad minera, el proyecto plantea agregar al artículo 45 de la ley de minería, el siguiente inciso:
“La refinación de todo producto mineral, concentrados mineros, materiales pedregosos, etc., resultantes de la extracción minera metálica se refinarán y procesarán obligatoriamente en territorio ecuatoriano, a fin de garantizar los intereses del Estado; para el efecto, el Ministerio Sectorial elaborará las condiciones técnicas, ambientales y de incentivos para la instalación de las plantas refinadoras necesarias”.
En lo formal, el proyecto tiene 41 artículos, tres disposiciones generales, cuatro transitorias y una final. Dedica aproximadamente 250 páginas a reseñar y/o sistematizar las observaciones de las 159 personas que fueron invitadas a la comisión y las propuestas de los nueve asambleístas miembros del organismo proponente.
La Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales realizó 17 sesiones en “las provincias con mayor incidencia minera como Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos, Zamora Chinchipe, Cotopaxi, Imbabura y Azuay”, dice el informe.
Sostiene que “promueve la transparencia de la información, el manejo adecuado de las regalías producto de la actividad minera, mayor protección de los derechos de la naturaleza, la adecuada aplicación de la consulta pre legislativa y desarrollo normativo de la consulta previa, libre e informada; además de reformas a las atribuciones de la Agencia de Control y Regulación de Energía y Recursos Naturales no Renovables y las competencias del Ministerio Sectorial; la inhabilitación de personas para actividades mineras; actos administrativos previos; sanciones a la actividad minera ilegal; capacitación al personal; trabajo preferente; tratamiento de aguas; cierre de operaciones mineras; caducidad de una concesión minera”, entre otras ideas.
Afirma que su análisis se orienta hacia necesidad de realizar la consulta prelegislativa en los temas de áreas protegidas; concesiones mineras; residuos mineros metalúrgicos, tratamiento de aguas; cierre de operaciones mineras y el derecho a la información, participación y consulta.
Entre otras propuestas que seguramente provocarán debates en la comunidad minera, el proyecto plantea agregar al artículo 45 de la ley de minería, el siguiente inciso:
“La refinación de todo producto mineral, concentrados mineros, materiales pedregosos, etc., resultantes de la extracción minera metálica se refinarán y procesarán obligatoriamente en territorio ecuatoriano, a fin de garantizar los intereses del Estado; para el efecto, el Ministerio Sectorial elaborará las condiciones técnicas, ambientales y de incentivos para la instalación de las plantas refinadoras necesarias”.
Catastro minero estaría abierto en enero de 2022
Noviembre 21 del 2021.- Por cuarta vez se anunció la reapertura del catastro minero “con el objetivo de atraer inversiones en el sector minero, de forma segura, confiable y transparente, como lo estipula el Decreto Ejecutivo 151”.
Fue el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo Calderón, quien durante el evento “Ecuador Open for Business” informó que su cartera “ha dado todos los pasos necesarios para reabrir el catastro minero y esperamos hacerlo para enero de 2022. Esta herramienta contará con todas las garantías y seguridades para evitar manipulaciones del sistema”.
Unos días antes, el viceministro de Minas, Xavier Vera, dijo que se estaba trabajando para que la apertura del catastro ocurra en condiciones intachables en lo que respecta a seguridad y que de ninguna manera se pudiera manipular la información registrada.
Según el ministerio del sector, la reapertura del catastro minero se realizará en dos etapas.
En la primera etapa, el Viceministerio de Minas efectuará la revisión de los 506 procesos de otorgamiento de concesiones, cuyas solicitudes ingresaron previo al cierre del catastro, que se realizó el 24 de enero 2018. Dichos otorgamientos iniciarán en enero de 2022.
La segunda etapa, se concretará en el cuarto trimestre, con la implementación del Sistema Integral de Gestión Minera, que contará con un moderno software que incluirá un sistema de seguridad que evitará manipulaciones y alteraciones; además ofrecerá seguridad, trazabilidad y confiabilidad a los futuros usuarios.
El ministro Bermeo también puntualizó en que “el sector minero se consolida como un puntal para la economía ecuatoriana y que será la base de la transición energética”.
Asimismo, mencionó que, en 2025, se proyecta alcanzar, por inversiones mineras, US$ 4.256 millones, en tanto que por exportaciones US$ 4.040 millones.
Fue el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo Calderón, quien durante el evento “Ecuador Open for Business” informó que su cartera “ha dado todos los pasos necesarios para reabrir el catastro minero y esperamos hacerlo para enero de 2022. Esta herramienta contará con todas las garantías y seguridades para evitar manipulaciones del sistema”.
Unos días antes, el viceministro de Minas, Xavier Vera, dijo que se estaba trabajando para que la apertura del catastro ocurra en condiciones intachables en lo que respecta a seguridad y que de ninguna manera se pudiera manipular la información registrada.
Según el ministerio del sector, la reapertura del catastro minero se realizará en dos etapas.
En la primera etapa, el Viceministerio de Minas efectuará la revisión de los 506 procesos de otorgamiento de concesiones, cuyas solicitudes ingresaron previo al cierre del catastro, que se realizó el 24 de enero 2018. Dichos otorgamientos iniciarán en enero de 2022.
La segunda etapa, se concretará en el cuarto trimestre, con la implementación del Sistema Integral de Gestión Minera, que contará con un moderno software que incluirá un sistema de seguridad que evitará manipulaciones y alteraciones; además ofrecerá seguridad, trazabilidad y confiabilidad a los futuros usuarios.
El ministro Bermeo también puntualizó en que “el sector minero se consolida como un puntal para la economía ecuatoriana y que será la base de la transición energética”.
Asimismo, mencionó que, en 2025, se proyecta alcanzar, por inversiones mineras, US$ 4.256 millones, en tanto que por exportaciones US$ 4.040 millones.
Odin Mining y SolGold firmaron convenios de inversión
Noviembre 21 del 2021.- Ejecutivos las mineras Odin Mining y SolGold firmaron con el presidente Guillermo Lasso sendos compromisos de inversión que, sumados, ascienden a US$ 470 millones que serán destinados a sacar adelante los proyectos Cascabel y Cangrejos.
Odin Mining es la filial ecuatoriana de Lumina Gold, empresa que tiene a cargo el desarrollo de Cangrejos, un proyecto ubicado en la parte sur del país con de 571 millones de toneladas de 0,73 g/t de oro equivalente, con 10,4 millones de onzas de oro y 1,4 billones de libras de cobre en la categoría de recursos indicados y 500 millones de toneladas de 0,52 g/t de oro equivalente, con 6,3 M oz Au y 0,8 billones de libras de cobre como recursos inferidos.
SolGold es una empresa australiana con más de 70 proyectos priorizados por cinco empresas escudo en diversas partes del país. Su activo más conocido es Cascabel, proyecto en el que se encuentra el objetivo conocido como Alpala, un depósito que según los entendidos es hasta cuatro veces más grande que Mirador, la primera mina a gran escala que empezó a extraer cobre en Ecuador.
Cascabel, proyecto de oro y cobre, ubicado en la provincia de Imbabura, actualmente se encuentra en evaluación económica del yacimiento, paso previo a la fase de explotación.
Los convenios de inversión fueron firmados, también, por el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo Calderón y por el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado; mientras que, del lado de los inversionistas, participaron Marshall Koval y Diego Benalcázar de Odin Mining y Andrew Taunton por parte de Solgold.
El compromiso de inversión, firmado por la empresa australiana Solgold por US$ 430 millones, para los próximos 10 años, consistirá en la ejecución de actividades de exploración minera dentro del área de la concesión. Se estima una vida útil de mina de entre 49 y 66 años.
De su parte, el proyecto de oro y cobre, Cangrejos, ubicado en la provincia de El Oro, se encuentra en exploración avanzada. El compromiso de inversión asciende a US$ 36 millones para la ejecución de actividades de exploración minera para los próximos 6 años en las 4 concesiones que conforman el proyecto, concesionado a la empresa canadiense Lumina, cuya subsidiaria es Odin Mining del Ecuador S.A. Se estima una vida útil de la mina de 25 años.
Odin Mining es la filial ecuatoriana de Lumina Gold, empresa que tiene a cargo el desarrollo de Cangrejos, un proyecto ubicado en la parte sur del país con de 571 millones de toneladas de 0,73 g/t de oro equivalente, con 10,4 millones de onzas de oro y 1,4 billones de libras de cobre en la categoría de recursos indicados y 500 millones de toneladas de 0,52 g/t de oro equivalente, con 6,3 M oz Au y 0,8 billones de libras de cobre como recursos inferidos.
SolGold es una empresa australiana con más de 70 proyectos priorizados por cinco empresas escudo en diversas partes del país. Su activo más conocido es Cascabel, proyecto en el que se encuentra el objetivo conocido como Alpala, un depósito que según los entendidos es hasta cuatro veces más grande que Mirador, la primera mina a gran escala que empezó a extraer cobre en Ecuador.
Cascabel, proyecto de oro y cobre, ubicado en la provincia de Imbabura, actualmente se encuentra en evaluación económica del yacimiento, paso previo a la fase de explotación.
Los convenios de inversión fueron firmados, también, por el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo Calderón y por el ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado; mientras que, del lado de los inversionistas, participaron Marshall Koval y Diego Benalcázar de Odin Mining y Andrew Taunton por parte de Solgold.
El compromiso de inversión, firmado por la empresa australiana Solgold por US$ 430 millones, para los próximos 10 años, consistirá en la ejecución de actividades de exploración minera dentro del área de la concesión. Se estima una vida útil de mina de entre 49 y 66 años.
De su parte, el proyecto de oro y cobre, Cangrejos, ubicado en la provincia de El Oro, se encuentra en exploración avanzada. El compromiso de inversión asciende a US$ 36 millones para la ejecución de actividades de exploración minera para los próximos 6 años en las 4 concesiones que conforman el proyecto, concesionado a la empresa canadiense Lumina, cuya subsidiaria es Odin Mining del Ecuador S.A. Se estima una vida útil de la mina de 25 años.
Presentan política nacional Minería 2050, en Chile
Octubre 17 de 2021.- El ministro de Minería y Energía de Chile, Juan Carlos Jobet, presentó esta semana el anteproyecto de la Política Nacional Minera “Minería 2050” ante representantes de la industria, las ONG, los gremios, los pueblos originarios y los académicos de la zona que fueron parte de las más de 3500 personas que en los últimos dos años participaron en los talleres y jornadas de trabajo que se realizaron para elaborar dicho documento.
La política nacional minera de Chile tiene cuatro pilares programáticos: social, económico, ambiental e institucional, y según el ministro, plantea una visión de futuro de la industria que se sustente en un nuevo modelo de desarrollo minero para los próximos 30 años.
“Esta es la primera política nacional minera de Chile. Es una visión de largo plazo, al año 2050, que hemos construido colaborativamente con más de 3500 personas en todo Chile, para dibujar juntos esa minería del futuro que queremos: una minería más competitiva, que aporta a la economía, generando empleos y recaudación fiscal. Una minería que aporta a las comunidades locales, que incorpora más mujeres al trabajo minero, que cuida a las comunidades indígenas y que cuida a sus trabajadores. Una minería más sustentable, que aporta los minerales que el mundo va a necesitar para frenar el cambio climático, como el cobre y el litio. Y que además es sustentable ambientalmente en los territorios donde opera, que cuida la biodiversidad, que ocupa menos agua y que avanza hacia la minería circular”, afirmó el secretario de Estado.
Entre las metas más importantes, en asuntos económicos, la política minera de Chile se plantea responder por el 28% de la producción mundial de cobre, correspondiente a nueve millones de toneladas el año 2050.
También duplicar la inversión anual en exploración greenfield con respecto al promedio de los últimos cinco años a 2030, contar con sistemas de trazabilidad y reportabilidad para el 100% de la producción en temas ambientales, sociales y de gobernanza y aumentar en un 20% el aporte al PIB de los bienes y servicios relacionados a la minería a 2050.
Otra meta de la política es aumentar un 50% la productividad a 2050.
En asuntos ambientales, uno de los objetivos es no superar el uso del 10% de agua continental de las aguas totales utilizadas por la industria al 2030 y el 5% al 2050, proteger los glaciares y no tener relaves en situación de abandono ni críticos para la población al 2050.
En materia social, la política minera se propone alcanzar la paridad de género en cargos directivos y un 35% en la industria en general al 2050. También generar valor en los territorios donde está inserta, reduciendo la pobreza multidimensional y aumentando el bienestar social en estos al 2030.
Y en lo institucional, uno de los fines es contar con una política de fomento segmentada y efectiva para la minería artesanal, pequeña y mediana; maximizar el beneficio social mediante una recaudación tributaria justa, competitiva, que contribuya adecuadamente a las comunidades donde está inserta y disminuir a la mitad los tiempos de tramitación de permisos ambientales y sectoriales al 2050.
La política nacional minera de Chile tiene cuatro pilares programáticos: social, económico, ambiental e institucional, y según el ministro, plantea una visión de futuro de la industria que se sustente en un nuevo modelo de desarrollo minero para los próximos 30 años.
“Esta es la primera política nacional minera de Chile. Es una visión de largo plazo, al año 2050, que hemos construido colaborativamente con más de 3500 personas en todo Chile, para dibujar juntos esa minería del futuro que queremos: una minería más competitiva, que aporta a la economía, generando empleos y recaudación fiscal. Una minería que aporta a las comunidades locales, que incorpora más mujeres al trabajo minero, que cuida a las comunidades indígenas y que cuida a sus trabajadores. Una minería más sustentable, que aporta los minerales que el mundo va a necesitar para frenar el cambio climático, como el cobre y el litio. Y que además es sustentable ambientalmente en los territorios donde opera, que cuida la biodiversidad, que ocupa menos agua y que avanza hacia la minería circular”, afirmó el secretario de Estado.
Entre las metas más importantes, en asuntos económicos, la política minera de Chile se plantea responder por el 28% de la producción mundial de cobre, correspondiente a nueve millones de toneladas el año 2050.
También duplicar la inversión anual en exploración greenfield con respecto al promedio de los últimos cinco años a 2030, contar con sistemas de trazabilidad y reportabilidad para el 100% de la producción en temas ambientales, sociales y de gobernanza y aumentar en un 20% el aporte al PIB de los bienes y servicios relacionados a la minería a 2050.
Otra meta de la política es aumentar un 50% la productividad a 2050.
En asuntos ambientales, uno de los objetivos es no superar el uso del 10% de agua continental de las aguas totales utilizadas por la industria al 2030 y el 5% al 2050, proteger los glaciares y no tener relaves en situación de abandono ni críticos para la población al 2050.
En materia social, la política minera se propone alcanzar la paridad de género en cargos directivos y un 35% en la industria en general al 2050. También generar valor en los territorios donde está inserta, reduciendo la pobreza multidimensional y aumentando el bienestar social en estos al 2030.
Y en lo institucional, uno de los fines es contar con una política de fomento segmentada y efectiva para la minería artesanal, pequeña y mediana; maximizar el beneficio social mediante una recaudación tributaria justa, competitiva, que contribuya adecuadamente a las comunidades donde está inserta y disminuir a la mitad los tiempos de tramitación de permisos ambientales y sectoriales al 2050.
Dice el ministro Bermeo:
Loma Larga, La Plata y Curipamba iniciarán producción el 2023
Septiembre 26 de 2021.- El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo Calderón, anunció que dentro de los cuatro años de administración del actual presidente de la República, Guillermo Lasso, se prevé el inicio de la producción de cuatro proyectos mineros en los regímenes de mediana y gran escala.
Los proyectos que empezarían a producir el año 2023 serían el de Loma Larga, el de La Plata y el de Curipamba. Dos años después entraría en producción el actual proyecto de Cascabel.
Loma Larga se extiende sobre la provincia del Azuay y está a cargo de Dundee Precious Metals. Se trata de un depósito de oro, plata y cobre que según estimaciones de su anterior concesionario, INV Metals, podría producir unas 170 mil onzas de oro anuales durante doce años.
El proyecto La Plata se ubica en Cotopaxi y es un depósito sulfuro masivo volcánico (VMS por sus siglas en inglés) polimetálico con recursos estimados, según la norma NI 43-101, en 736 mil onzas de oro equivalente.
Curipamba es un proyecto ubicado cerca de Las Naves, en la provincia de Bolívar, en el centro sur de Ecuador y es administrado por Adventus Mining. Su objetivo más conocido es El Domo.
Según el ministro Bermeo, Cascabel es el cuarto proyecto colocado en el radar gubernamental y entraría en producción el año 2025.
De otro lado, el ministro Bermeo declaró: “Hasta el segundo trimestre de 2021, estos cuatro proyectos han realizado inversiones por US$ 307,42 millones; y han generado 4.680 plazas de empleo directo e indirecto, lo que demuestra la confianza de los inversionistas en el actual Gobierno”.
Los proyectos que empezarían a producir el año 2023 serían el de Loma Larga, el de La Plata y el de Curipamba. Dos años después entraría en producción el actual proyecto de Cascabel.
Loma Larga se extiende sobre la provincia del Azuay y está a cargo de Dundee Precious Metals. Se trata de un depósito de oro, plata y cobre que según estimaciones de su anterior concesionario, INV Metals, podría producir unas 170 mil onzas de oro anuales durante doce años.
El proyecto La Plata se ubica en Cotopaxi y es un depósito sulfuro masivo volcánico (VMS por sus siglas en inglés) polimetálico con recursos estimados, según la norma NI 43-101, en 736 mil onzas de oro equivalente.
Curipamba es un proyecto ubicado cerca de Las Naves, en la provincia de Bolívar, en el centro sur de Ecuador y es administrado por Adventus Mining. Su objetivo más conocido es El Domo.
Según el ministro Bermeo, Cascabel es el cuarto proyecto colocado en el radar gubernamental y entraría en producción el año 2025.
De otro lado, el ministro Bermeo declaró: “Hasta el segundo trimestre de 2021, estos cuatro proyectos han realizado inversiones por US$ 307,42 millones; y han generado 4.680 plazas de empleo directo e indirecto, lo que demuestra la confianza de los inversionistas en el actual Gobierno”.
FMI asesora al gobierno peruano en
reformas tributarias para el sector minero
Septiembre 26 de 2021.- El ministro de Economía de Perú, Pedro Francke, dijo que el Fondo Monetario Internacional asesorará a Perú en una reforma fiscal del sector minero que permita captar más ingresos en tiempos de precios altos de los metales sin afectar la competitividad.
“Se necesitan más recursos fiscales”, dijo el ministro en una de las reuniones previas a la cita conocida como Perumin, el mayor encuentro de la comunidad minera peruana.
“No se trata de cambiar el sistema que tenemos (…) sino de subir las tasas en las franjas (de ingresos) más altas”, agregó Francke. Además del FMI, Francke dijo que el Banco Mundial también se había ofrecido a ayudar con la reforma fiscal.
Al igual que en muchos países, la minería es una fuente clave de ingresos fiscales en Perú y distintos voceros del gobierno que encabeza Pedro Castillo han dicho que los impuestos mineros deben aumentarse para financiar nuevos programas sociales.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Perú tiene uno de los índices más bajos de impuestos en relación con el PIB de América Latina.
El ministro Francke acompañó al presidente Pedro Castillo a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante el viaje, ambos aprovecharon la gira para reunirse con diversos inversores y ejecutivos de empresas mineras.
Entre las reuniones que se hicieron públicas, se mencionó la que sostuvieron con el CEO de la minera de oro Newmont, así como con los ejecutivos de Freeport-McMoRan, Anglo American y Río Tinto.
Uno de ellos, el consejero delegado de Freeport, Richard Adkerson, comentó que había quedado “impresionado” por Castillo tras reunirse con él.
“Se necesitan más recursos fiscales”, dijo el ministro en una de las reuniones previas a la cita conocida como Perumin, el mayor encuentro de la comunidad minera peruana.
“No se trata de cambiar el sistema que tenemos (…) sino de subir las tasas en las franjas (de ingresos) más altas”, agregó Francke. Además del FMI, Francke dijo que el Banco Mundial también se había ofrecido a ayudar con la reforma fiscal.
Al igual que en muchos países, la minería es una fuente clave de ingresos fiscales en Perú y distintos voceros del gobierno que encabeza Pedro Castillo han dicho que los impuestos mineros deben aumentarse para financiar nuevos programas sociales.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Perú tiene uno de los índices más bajos de impuestos en relación con el PIB de América Latina.
El ministro Francke acompañó al presidente Pedro Castillo a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Durante el viaje, ambos aprovecharon la gira para reunirse con diversos inversores y ejecutivos de empresas mineras.
Entre las reuniones que se hicieron públicas, se mencionó la que sostuvieron con el CEO de la minera de oro Newmont, así como con los ejecutivos de Freeport-McMoRan, Anglo American y Río Tinto.
Uno de ellos, el consejero delegado de Freeport, Richard Adkerson, comentó que había quedado “impresionado” por Castillo tras reunirse con él.
Colombia firma primer contrato
estratégico para explotar cobre
Septiembre 19 de 2021.- La Agencia Nacional de Minería de Colombia, ANM, firmó con la empresa Carbomás SAS el contrato para la exploración y explotación del bloque 4, un área con alto potencial de cobre que forma parte de la Ronda Minera lanzada en febrero de este año.
El bloque 4 tiene una extensión de 469 968 Ha y se encuentra ubicado en el municipio de La Jagua del Pilar, en el departamento de La Guajira. El contrato es por 30 años.
Según anunció el presidente de la ANM, Juan Miguel Durán Prieto, el proyecto que se otorga bajo un contrato especial de concesión tendrá una contraprestación adicional a las regalías, de conformidad con lo ofertado que fue un 5%.
El 4 de junio de 2021, la ANM publicó la evaluación de la oferta, la cual cumplió con los requisitos de adjudicación de Contratos Especiales de Exploración y Explotación de Minerales en Áreas de Reserva Estratégica Minera para el mineral de cobres y polimetálicos, y extendió la invitación a participar en la habilitación de contraofertas hasta el día 19 de junio de 2021, siguiendo los tiempos que se plantea en los términos de ley.
Al no recibir contraofertas de los participantes, la autoridad procedió a realizar la evaluación final y la adjudicación del contrato especial.
El Contrato de este proceso de selección proporciona diferentes incentivos para los adjudicatarios. Uno de ellos es la evaluación técnica anticipada, es decir, prevé la posibilidad de incluir una fase previa al inicio de la etapa de exploración que permitirá la prospección y exploración del área en beneficio del adjudicatario.
Otro es el incentivo a la exploración acelerada: El contrato prevé ciertos beneficios para aquel Adjudicatario que logre reducir los tiempos de su etapa de exploración e inicie con las actividades de explotación en un menor tiempo.
También considera la variación de la contraprestación adicional por precios altos y precios bajos: La contraprestación adicional podrá tener un pago mayor o menor dependiendo del rango en que se ubique el precio de mercado.
El bloque 4 tiene una extensión de 469 968 Ha y se encuentra ubicado en el municipio de La Jagua del Pilar, en el departamento de La Guajira. El contrato es por 30 años.
Según anunció el presidente de la ANM, Juan Miguel Durán Prieto, el proyecto que se otorga bajo un contrato especial de concesión tendrá una contraprestación adicional a las regalías, de conformidad con lo ofertado que fue un 5%.
El 4 de junio de 2021, la ANM publicó la evaluación de la oferta, la cual cumplió con los requisitos de adjudicación de Contratos Especiales de Exploración y Explotación de Minerales en Áreas de Reserva Estratégica Minera para el mineral de cobres y polimetálicos, y extendió la invitación a participar en la habilitación de contraofertas hasta el día 19 de junio de 2021, siguiendo los tiempos que se plantea en los términos de ley.
Al no recibir contraofertas de los participantes, la autoridad procedió a realizar la evaluación final y la adjudicación del contrato especial.
El Contrato de este proceso de selección proporciona diferentes incentivos para los adjudicatarios. Uno de ellos es la evaluación técnica anticipada, es decir, prevé la posibilidad de incluir una fase previa al inicio de la etapa de exploración que permitirá la prospección y exploración del área en beneficio del adjudicatario.
Otro es el incentivo a la exploración acelerada: El contrato prevé ciertos beneficios para aquel Adjudicatario que logre reducir los tiempos de su etapa de exploración e inicie con las actividades de explotación en un menor tiempo.
También considera la variación de la contraprestación adicional por precios altos y precios bajos: La contraprestación adicional podrá tener un pago mayor o menor dependiendo del rango en que se ubique el precio de mercado.
Viceministro Vera: Hay que partir
de cero para abrir el catastro
Septiembre 5 de 2021.- El viceministro de Minas, Xavier Vera Grunauer, afirmó que hay que partir de cero para completar la primera de las etapas que se han trazado para hacer realidad la apertura del catastro minero.
“Hay que partir desde cero porque la plataforma está corrupta”, señaló.
La primera etapa consiste en la generación de la base de datos, para lo cual deberán empezar por el escaneado de los documentos. Este trabajo podría estar para el próximo año, explicó Vera Grunauer.
Sostuvo que dicha tarea se viene trabajando de manera coordinada con el personal de la Agencia de Regulación y Control, “pero es el viceministerio quien lidera el tema”.
Manifestó también que el componente técnico relacionado con la apertura del catastro, tan reclamada por el sector, debe ir en paralelo con el proceso de regularización del sistema legal vinculado con la minería.
“Debe ir de la mano con la ley de consulta previa, con la ley minera, con el reglamento de la ley y todos los aspectos regulatorios… sin eso será imposible abrirlo”, remarcó.
Tales afirmaciones las hizo en la entrevista que sostuvo con la consultora Laura Zurita en el marco del lanzamiento de “Minería para todos”, el programa periodístico de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador.
Al ser consultado sobre la apertura del catastro, Vera Grunauer dijo que se trata de “la pregunta del millón”.
“Yo he escuchado preguntar cuándo lo abren, pero sin un marco regulatorio claro y transparente de nada vale abrir el catastro”, sentenció.
Comparó la apertura del catastro, sin esas condiciones, con abrir la Caja de Pandora.
Dijo también que el denominado sistema de gestión minera es obsoleto y caduco.
Que se hizo en el año 2012 utilizando la tecnología de los años noventa del siglo pasado.
“No pienso que lo cerraron por temas políticos sino porque le encontraron vulnerabilidades”, apuntó.
Según el viceministro, “ahora, con tecnología de punta, con el blockchain, tendrá la garantía que sus documentos no serán violados, los títulos y derechos van a estar encriptados en un sistema tecnológico que se usa para los contratos inteligentes o las criptomonedas”.
“Trabajamos con sistemas de punta que ya se usan en los países en desarrollo y Ecuador será el primer país de Sudamérica con un sistema tan robusto y seguro”, aseguró.
“Hay que partir desde cero porque la plataforma está corrupta”, señaló.
La primera etapa consiste en la generación de la base de datos, para lo cual deberán empezar por el escaneado de los documentos. Este trabajo podría estar para el próximo año, explicó Vera Grunauer.
Sostuvo que dicha tarea se viene trabajando de manera coordinada con el personal de la Agencia de Regulación y Control, “pero es el viceministerio quien lidera el tema”.
Manifestó también que el componente técnico relacionado con la apertura del catastro, tan reclamada por el sector, debe ir en paralelo con el proceso de regularización del sistema legal vinculado con la minería.
“Debe ir de la mano con la ley de consulta previa, con la ley minera, con el reglamento de la ley y todos los aspectos regulatorios… sin eso será imposible abrirlo”, remarcó.
Tales afirmaciones las hizo en la entrevista que sostuvo con la consultora Laura Zurita en el marco del lanzamiento de “Minería para todos”, el programa periodístico de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador.
Al ser consultado sobre la apertura del catastro, Vera Grunauer dijo que se trata de “la pregunta del millón”.
“Yo he escuchado preguntar cuándo lo abren, pero sin un marco regulatorio claro y transparente de nada vale abrir el catastro”, sentenció.
Comparó la apertura del catastro, sin esas condiciones, con abrir la Caja de Pandora.
Dijo también que el denominado sistema de gestión minera es obsoleto y caduco.
Que se hizo en el año 2012 utilizando la tecnología de los años noventa del siglo pasado.
“No pienso que lo cerraron por temas políticos sino porque le encontraron vulnerabilidades”, apuntó.
Según el viceministro, “ahora, con tecnología de punta, con el blockchain, tendrá la garantía que sus documentos no serán violados, los títulos y derechos van a estar encriptados en un sistema tecnológico que se usa para los contratos inteligentes o las criptomonedas”.
“Trabajamos con sistemas de punta que ya se usan en los países en desarrollo y Ecuador será el primer país de Sudamérica con un sistema tan robusto y seguro”, aseguró.
Más de 800 millones de dólares comprometidos
para Loma Larga, Cascabel y Cangrejos
Septiembre 5 de 2021.- Las empresas que tienen a su cargo el desarrollo de los proyectos Cascabel y Cangrejos han terminado el proceso para la firma de sendos contratos de inversión por un total de 467 millones de dólares, informó el viceministro de Minas, Xavier Vera Grunauer.
“Y en pocas semanas se firmará por Loma Larga el compromiso de inversión en exploración por 347 millones de dólares”, reveló.
SolGold y Odin Mining, responsables de Cascabel y Cangrejos, respectivamente, se han comprometido a invertir en exploración 430 millones de dólares, la primera; y 37 millones, la segunda.
Son compromisos de inversión por más de 800 dólares que reflejan la confianza que despierta entre los inversionistas la aceleración de los procesos de obtención de licencia y, en general, la acción clara del gobierno, sostuvo el viceministro.
“Son una buena señal y una buena noticia”, expresó.
Respecto de la inversión en Loma Larga, Vera Grunauer dijo que estaría destinada a la exploración y que el proyecto está bien avanzado, tan bien que se espera que a final del 2022 se comience la explotación.
Sostuvo además que hay un trabajo de tipo multisectorial relacionado con la definición de la forma en que se aplicará el resultado de la consulta realizada en Cuenca.
“En estos momentos se está discutiendo en talleres de trabajo, con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, MAATE… yo pienso que ahora estamos en la etapa de trabajo de borrador, no quisiera adelantar temas legales que no son mi campo”, aclaró.
Agregó que desde su despacho se está haciendo todo el esfuerzo para que el documento no tenga aristas flojas y dé seguridades al sector minero y a las comunidades para que sean consultadas libremente.
“La combinación parece complicada pero se va a trabajar bien”, afirmó durante el primer programa de entrevistas de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, AIME.
Al referirse al tema de la consulta previa, libre e informada y los lineamientos al respecto contenidos en el Decreto Ejecutivo No. 151 señaló que “el gobierno apoya totalmente a las comunidades en su derecho a ser consultadas de manera previa y libre”.
Para hacer realidad ese derecho hay un equipo de abogados que está preparando el borrador de la ley de consulta previa. También se está coordinando
con el MAATE, pues la idea es presentar “un producto que sea sólido y no se escape nada”, declaró.
“Confiamos en los buenos oficios de los asambleístas que están a cargo de eso y salga un producto que beneficie a las comunidades y a todos”, manifestó el viceministro.
En otro momento de la entrevista, Vera Grunauer explicó la forma en que su oficina está coordinando con el MAATE para agilizar los permisos requeridos para la realización de determinadas actividades.
En síntesis, afirmó que se apoyarán proyectos de la minería artesanal, pequeña, mediana y a gran escala.
Por ahora, se ha monitoreado las autorizaciones solicitadas por las minas Mirador y Fruta del Norte y por los proyectos Río Blanco, Loma Larga, Cangrejos, La Plata, Curipamba, Ruta del Cobre y Cascabel.
De Río Blanco recordó que es un emprendimiento que tiene problemas judiciales.
“Con Loma Larga estamos bastante avanzados… vamos por buen camino… esperamos que a final del 2022 comience la explotación”, expresó.
Señaló además que Cangrejos es un proyecto que se espera para el 2023; que La Plata está muy cerca a los estudios técnicos para concluir y se espera que el próximo año se termine y a finales del 2023 empiece a producir.
También vienen Curipamba, Ruta del Cobre y Cascabel.
“Minería para todos”
El programa que ha lanzado la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, que preside el ingeniero René Ayala, se transmitirá todos los miércoles a las siete de la noche desde el canal que tiene AIME en Facebook.
Esta semana los entrevistados serán los ingenieros Raúl Brito Morales y David Acosta Zarria.
“Y en pocas semanas se firmará por Loma Larga el compromiso de inversión en exploración por 347 millones de dólares”, reveló.
SolGold y Odin Mining, responsables de Cascabel y Cangrejos, respectivamente, se han comprometido a invertir en exploración 430 millones de dólares, la primera; y 37 millones, la segunda.
Son compromisos de inversión por más de 800 dólares que reflejan la confianza que despierta entre los inversionistas la aceleración de los procesos de obtención de licencia y, en general, la acción clara del gobierno, sostuvo el viceministro.
“Son una buena señal y una buena noticia”, expresó.
Respecto de la inversión en Loma Larga, Vera Grunauer dijo que estaría destinada a la exploración y que el proyecto está bien avanzado, tan bien que se espera que a final del 2022 se comience la explotación.
Sostuvo además que hay un trabajo de tipo multisectorial relacionado con la definición de la forma en que se aplicará el resultado de la consulta realizada en Cuenca.
“En estos momentos se está discutiendo en talleres de trabajo, con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, MAATE… yo pienso que ahora estamos en la etapa de trabajo de borrador, no quisiera adelantar temas legales que no son mi campo”, aclaró.
Agregó que desde su despacho se está haciendo todo el esfuerzo para que el documento no tenga aristas flojas y dé seguridades al sector minero y a las comunidades para que sean consultadas libremente.
“La combinación parece complicada pero se va a trabajar bien”, afirmó durante el primer programa de entrevistas de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, AIME.
Al referirse al tema de la consulta previa, libre e informada y los lineamientos al respecto contenidos en el Decreto Ejecutivo No. 151 señaló que “el gobierno apoya totalmente a las comunidades en su derecho a ser consultadas de manera previa y libre”.
Para hacer realidad ese derecho hay un equipo de abogados que está preparando el borrador de la ley de consulta previa. También se está coordinando
con el MAATE, pues la idea es presentar “un producto que sea sólido y no se escape nada”, declaró.
“Confiamos en los buenos oficios de los asambleístas que están a cargo de eso y salga un producto que beneficie a las comunidades y a todos”, manifestó el viceministro.
En otro momento de la entrevista, Vera Grunauer explicó la forma en que su oficina está coordinando con el MAATE para agilizar los permisos requeridos para la realización de determinadas actividades.
En síntesis, afirmó que se apoyarán proyectos de la minería artesanal, pequeña, mediana y a gran escala.
Por ahora, se ha monitoreado las autorizaciones solicitadas por las minas Mirador y Fruta del Norte y por los proyectos Río Blanco, Loma Larga, Cangrejos, La Plata, Curipamba, Ruta del Cobre y Cascabel.
De Río Blanco recordó que es un emprendimiento que tiene problemas judiciales.
“Con Loma Larga estamos bastante avanzados… vamos por buen camino… esperamos que a final del 2022 comience la explotación”, expresó.
Señaló además que Cangrejos es un proyecto que se espera para el 2023; que La Plata está muy cerca a los estudios técnicos para concluir y se espera que el próximo año se termine y a finales del 2023 empiece a producir.
También vienen Curipamba, Ruta del Cobre y Cascabel.
“Minería para todos”
El programa que ha lanzado la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, que preside el ingeniero René Ayala, se transmitirá todos los miércoles a las siete de la noche desde el canal que tiene AIME en Facebook.
Esta semana los entrevistados serán los ingenieros Raúl Brito Morales y David Acosta Zarria.
Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional
recibe propuestas de reforma a la ley de minería
Septiembre 5 de 2021.- El trabajo que viene realizando la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional en el marco del trabajo para reformar la ley de minería podría ir en una dirección distinta al que se impulsa desde el viceministerio de Minas para completar el marco regulatorio del sector.
El listado de personalidades invitadas a dar su testimonio a esta comisión crece todos los días y se espera la participación de los ministros de Ambiente. Agua y Transición Ecológica y de Energía y Recursos Naturales no Renovables, como entes rectores, para que den sus aportes a las reformas contenidas en el texto unificado.
La comisión está sesionando “en territorio”, como dicen ahora; y en su local de la Asamblea Nacional.
El pasado 4 de septiembre, desde el cantón Yantzaza, ubicado en provincia de Zamora Chinchipe, se le pidió legalizar y proteger a pequeños mineros y mineros artesanales; regular la explotación de materiales áridos y pétreos; actualizar el censo minero y cumplir con la preferencia de mano de obra local conforme determina la Ley Amazónica.
También dotar de mayores recursos a los gobiernos autónomos descentralizados rurales.
Martín Jiménez, alcalde del gobierno autónomo de Yantzaza, señaló que en la Ley de Minería existe un vacío legal respecto de la explotación de materiales áridos y pétreos, por lo que planteó permitir que los municipios puedan regular, autorizar y controlar la extracción de estos materiales.
Absalón Campoverde, gobernador de Zamora Chinchipe, recordó su propuesta para que las empresas mineras concesionadas suscriban contratos de operación entre titulares, concesiones mineras y mineros artesanales.
James Salcedo, presidente de la Cámara de Minería de Zamora, expresó que en la vigente Ley de Minería los grandes, pequeños y medianos mineros son considerados en la misma categoría, por lo que pidió diferenciarlos, tomando en cuenta que cada uno tiene diferente forma de desarrollar la actividad.
Aurelio Pineda, representante de la Asociación Minera Chinapintza, expuso la necesidad de diferenciar la explotación minera entre pequeña y gran escala. Solicitó apoyo a los mineros artesanales y sus familias que viven de esta labor para que mejoren su nivel de vida.
Jorge Carrión, administrador de Lasoproper, señaló la necesidad de regularizar la minería a nivel nacional y aplicar lo que determina la Ley Amazónica, respecto de la contratación preferente de mano de obra local, aplicable también a la actividad minera.
En el marco de estas reuniones, el asambleísta Diego Esparza, representante de la provincia de Zamora Chinchipe, dijo que el Estado no debe perseguir a los mineros pequeños, a quienes más bien se les debe entregar los permisos para que puedan realizar la actividad con seguridad.
Freddy Armijos, del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga), dijo que en las reformas a la Ley de Minería debe primar el ser humano. Solicitó legalizar a los mineros informales y que se respete las competencias de los GAD municipales respecto del uso y control del suelo, ya que se están otorgando concesiones mineras en sectores vulnerables, áreas protegidas y donde se capta el agua.
Días atrás los asambleístas de la Comisión de Biodiversidad estuvieron en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, y escucharon diversas observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Minería.
Los comparecientes destacaron la importancia de realizar modificaciones a este cuerpo legal, a fin de corregir vacíos legales y combatir la minería ilegal, el daño ambiental y prevenir actos de corrupción.
David Fajardo, del cabildo por el Agua de Cuenca, señaló que la minería metálica y sobre todo la de oro genera graves problemas a la biodiversidad y solo beneficia a un grupo de personas, que se dedican a la joyería, por lo que sugirió fortalecer la capacidad de control del Estado y veeduría ciudadana, respecto al sector minero.
Precisó que tanto el registro minero, catastro minero y el Sistema Único de Registro y Catastro Minero deben ser instrumentos de acceso público.
Además, indicó que se debe respetar el artículo 407 de la Constitución, que prohíbe la minería en áreas protegidas. Es necesario la consulta previa, libre e informada a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, subrayó.
De su lado, Carlos Morales, presidente de la Junta Parroquial de Molleturo, expusó los daños sociales y ambientales que la empresa minera ocasiona, por ejemplo, en Río Blanco.
Tras advertir que no se contrata mano de obra local, señaló que se debe respetar la decisión del pueblo ecuatoriano que dijo no a la minería y sí al cuidado de las cuencas hídricas. Así mismo, coincidió en la necesidad de realizar consulta previa y que las mineras cuando concluyan su actividad procedan a la reparación de daños de las zonas afectadas.
Miguel Barrera, presidente del Sistema de Agua de la Parroquia de San Joaquín, dijo que en la parte alta del río Burgay, la minería ha generado impactos ambientales alarmantes. Indico que antes del desarrollo de un proyecto se debe realizar la consulta previa, libre e informada.
Por su lado, Mario Fajardo, presidente de la Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento Regional San Andrés de Checa, felicitó a la Comisión por acudir a territorio para receptar observaciones, mismas que deben ser tomadas en cuenta en el tratamiento de las reformas a la Ley de Minería.
Johana Martínez, asesora técnica de la Asociación de Pequeños Mineros de Ponce Enríquez, defendió la labor emprendida por la pequeña minería que cuenta con autorización. Cree que el Ministerio del Ambiente en lugar de entregar una licencia ambiental (que genera trámites engorrosos) debería otorgar permisos ambientales.
Entre tanto, Holguer Parra, presidente del Colegio de Ingenieros Geólogos de Cuenca, sugirió receptar observaciones de todos los sectores vinculados, para enriquecer el proyecto y llegar a consensos para elaborar una normativa coherente y amigable con el ambiente y la naturaleza.
Por su parte, Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería de Cuenca y vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, coincidió en la necesidad que los ministerios de Ambiente y de Recursos Naturales no Renovables realicen mayores controles a la actividad minera y garanticen la minería formal.
Para los representantes de la Organización para la Defensa y Conservación Ecológica de Intag, DECOIN, Pablo Duque, Carlos Zorrilla, Yulith Tenorio y David Parra, la minería es una industria que origina inmensos impactos ambientales, visuales, humanos y que esta es una de las principales razones por las que provoca resistencia en las comunidades afectadas.
Yulith Tenorio resaltó la importancia de la participación activa de los miembros de las comunidades afectadas por la minería en el proceso de construcción de la nueva ley e instó a los asambleístas a auditar las concesiones mineras a nivel nacional y que se velen los derechos constitucionales de los ciudadanos y no se favorezca a intereses de las grandes transnacionales.
La Comisión de Biodiversidad también ha escuchado a los directivos de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME; del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales, Congope; del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, Comaga; y de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
Karín Jaramillo, asesora Técnica Legislativa y de Gestión Social de AME, dijo que la Ley de Minería debe tener concordancia con lo que establece el artículo 271 de la Constitución, por el cual se establece que los GAD participarán de las asignaciones de manera directa, oportuna y automática.
Por su parte, Pablo Jurado, presidente del Congope, señaló la necesidad de especificar en la normativa la institución que se encargará del manejo y regulación de los materiales pétreos y áridos que permitirán el mantenimiento, planificación y construcción de vías.
Fredy Armijos, presidente de Comaga, recordó que de la Amazonía se extraen varios materiales entre metales y no metales, pero que se sienten defraudados por el abandono gubernamental.
Además, mencionó que no existen datos reales de los beneficiarios de la minería, por lo que sugirió considerar en las reformas a la Ley de Minería la creación de un centro, un laboratorio donde el Estado pueda controlar lo que están haciendo las empresas mineras respecto de la riqueza nacional.
En otro orden, pidió aclarar el procedimiento para la firma de contratos de explotación minera, mismos que deben ser públicos, al tiempo que pidió dar claridad a las competencias exclusivas de los GAD, respecto del uso del suelo, playas de mar, riveras, etc.
A su vez, Fanny Espín, secretaria Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, CTEA, señaló que las regalías deben entregarse directamente a las zonas donde se realiza la explotación minera e incrementarse los porcentajes.
La Comisión de Biodiversidad también ha escuchado a los voceros de la empresa minera Lundin Gold. Uno de ellos, Rodrigo Borja, asesor legal de la empresa minera canadiense, enfatizó que desde inicios de la operación en Ecuador se ha contado con todas las medidas de prevención y mitigación de impacto al medio ambiente.
Además, dijo, en la ciudad de Yantzaza se han generado 950 empleos formales y alrededor de 2.500 a nivel nacional, entre 2017 y 2019.
“Como minera, recomendamos realizar un análisis cuidadoso de la ley y consideramos importante que las compañías mineras monitoreen las actividades mineras ilegales y las denuncien; de igual manera, es necesario realizar un análisis de los desafíos que tienen las agencias de regulación para gestionar las denuncias de minería ilegal para con base en esto realizar propuestas para fortalecerlas”, señaló, Borja al referirse a las sugerencias al proyecto de ley.
El listado de personalidades invitadas a dar su testimonio a esta comisión crece todos los días y se espera la participación de los ministros de Ambiente. Agua y Transición Ecológica y de Energía y Recursos Naturales no Renovables, como entes rectores, para que den sus aportes a las reformas contenidas en el texto unificado.
La comisión está sesionando “en territorio”, como dicen ahora; y en su local de la Asamblea Nacional.
El pasado 4 de septiembre, desde el cantón Yantzaza, ubicado en provincia de Zamora Chinchipe, se le pidió legalizar y proteger a pequeños mineros y mineros artesanales; regular la explotación de materiales áridos y pétreos; actualizar el censo minero y cumplir con la preferencia de mano de obra local conforme determina la Ley Amazónica.
También dotar de mayores recursos a los gobiernos autónomos descentralizados rurales.
Martín Jiménez, alcalde del gobierno autónomo de Yantzaza, señaló que en la Ley de Minería existe un vacío legal respecto de la explotación de materiales áridos y pétreos, por lo que planteó permitir que los municipios puedan regular, autorizar y controlar la extracción de estos materiales.
Absalón Campoverde, gobernador de Zamora Chinchipe, recordó su propuesta para que las empresas mineras concesionadas suscriban contratos de operación entre titulares, concesiones mineras y mineros artesanales.
James Salcedo, presidente de la Cámara de Minería de Zamora, expresó que en la vigente Ley de Minería los grandes, pequeños y medianos mineros son considerados en la misma categoría, por lo que pidió diferenciarlos, tomando en cuenta que cada uno tiene diferente forma de desarrollar la actividad.
Aurelio Pineda, representante de la Asociación Minera Chinapintza, expuso la necesidad de diferenciar la explotación minera entre pequeña y gran escala. Solicitó apoyo a los mineros artesanales y sus familias que viven de esta labor para que mejoren su nivel de vida.
Jorge Carrión, administrador de Lasoproper, señaló la necesidad de regularizar la minería a nivel nacional y aplicar lo que determina la Ley Amazónica, respecto de la contratación preferente de mano de obra local, aplicable también a la actividad minera.
En el marco de estas reuniones, el asambleísta Diego Esparza, representante de la provincia de Zamora Chinchipe, dijo que el Estado no debe perseguir a los mineros pequeños, a quienes más bien se les debe entregar los permisos para que puedan realizar la actividad con seguridad.
Freddy Armijos, del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga), dijo que en las reformas a la Ley de Minería debe primar el ser humano. Solicitó legalizar a los mineros informales y que se respete las competencias de los GAD municipales respecto del uso y control del suelo, ya que se están otorgando concesiones mineras en sectores vulnerables, áreas protegidas y donde se capta el agua.
Días atrás los asambleístas de la Comisión de Biodiversidad estuvieron en la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, y escucharon diversas observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Minería.
Los comparecientes destacaron la importancia de realizar modificaciones a este cuerpo legal, a fin de corregir vacíos legales y combatir la minería ilegal, el daño ambiental y prevenir actos de corrupción.
David Fajardo, del cabildo por el Agua de Cuenca, señaló que la minería metálica y sobre todo la de oro genera graves problemas a la biodiversidad y solo beneficia a un grupo de personas, que se dedican a la joyería, por lo que sugirió fortalecer la capacidad de control del Estado y veeduría ciudadana, respecto al sector minero.
Precisó que tanto el registro minero, catastro minero y el Sistema Único de Registro y Catastro Minero deben ser instrumentos de acceso público.
Además, indicó que se debe respetar el artículo 407 de la Constitución, que prohíbe la minería en áreas protegidas. Es necesario la consulta previa, libre e informada a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, subrayó.
De su lado, Carlos Morales, presidente de la Junta Parroquial de Molleturo, expusó los daños sociales y ambientales que la empresa minera ocasiona, por ejemplo, en Río Blanco.
Tras advertir que no se contrata mano de obra local, señaló que se debe respetar la decisión del pueblo ecuatoriano que dijo no a la minería y sí al cuidado de las cuencas hídricas. Así mismo, coincidió en la necesidad de realizar consulta previa y que las mineras cuando concluyan su actividad procedan a la reparación de daños de las zonas afectadas.
Miguel Barrera, presidente del Sistema de Agua de la Parroquia de San Joaquín, dijo que en la parte alta del río Burgay, la minería ha generado impactos ambientales alarmantes. Indico que antes del desarrollo de un proyecto se debe realizar la consulta previa, libre e informada.
Por su lado, Mario Fajardo, presidente de la Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento Regional San Andrés de Checa, felicitó a la Comisión por acudir a territorio para receptar observaciones, mismas que deben ser tomadas en cuenta en el tratamiento de las reformas a la Ley de Minería.
Johana Martínez, asesora técnica de la Asociación de Pequeños Mineros de Ponce Enríquez, defendió la labor emprendida por la pequeña minería que cuenta con autorización. Cree que el Ministerio del Ambiente en lugar de entregar una licencia ambiental (que genera trámites engorrosos) debería otorgar permisos ambientales.
Entre tanto, Holguer Parra, presidente del Colegio de Ingenieros Geólogos de Cuenca, sugirió receptar observaciones de todos los sectores vinculados, para enriquecer el proyecto y llegar a consensos para elaborar una normativa coherente y amigable con el ambiente y la naturaleza.
Por su parte, Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería de Cuenca y vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, coincidió en la necesidad que los ministerios de Ambiente y de Recursos Naturales no Renovables realicen mayores controles a la actividad minera y garanticen la minería formal.
Para los representantes de la Organización para la Defensa y Conservación Ecológica de Intag, DECOIN, Pablo Duque, Carlos Zorrilla, Yulith Tenorio y David Parra, la minería es una industria que origina inmensos impactos ambientales, visuales, humanos y que esta es una de las principales razones por las que provoca resistencia en las comunidades afectadas.
Yulith Tenorio resaltó la importancia de la participación activa de los miembros de las comunidades afectadas por la minería en el proceso de construcción de la nueva ley e instó a los asambleístas a auditar las concesiones mineras a nivel nacional y que se velen los derechos constitucionales de los ciudadanos y no se favorezca a intereses de las grandes transnacionales.
La Comisión de Biodiversidad también ha escuchado a los directivos de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME; del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales, Congope; del Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos, Comaga; y de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
Karín Jaramillo, asesora Técnica Legislativa y de Gestión Social de AME, dijo que la Ley de Minería debe tener concordancia con lo que establece el artículo 271 de la Constitución, por el cual se establece que los GAD participarán de las asignaciones de manera directa, oportuna y automática.
Por su parte, Pablo Jurado, presidente del Congope, señaló la necesidad de especificar en la normativa la institución que se encargará del manejo y regulación de los materiales pétreos y áridos que permitirán el mantenimiento, planificación y construcción de vías.
Fredy Armijos, presidente de Comaga, recordó que de la Amazonía se extraen varios materiales entre metales y no metales, pero que se sienten defraudados por el abandono gubernamental.
Además, mencionó que no existen datos reales de los beneficiarios de la minería, por lo que sugirió considerar en las reformas a la Ley de Minería la creación de un centro, un laboratorio donde el Estado pueda controlar lo que están haciendo las empresas mineras respecto de la riqueza nacional.
En otro orden, pidió aclarar el procedimiento para la firma de contratos de explotación minera, mismos que deben ser públicos, al tiempo que pidió dar claridad a las competencias exclusivas de los GAD, respecto del uso del suelo, playas de mar, riveras, etc.
A su vez, Fanny Espín, secretaria Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, CTEA, señaló que las regalías deben entregarse directamente a las zonas donde se realiza la explotación minera e incrementarse los porcentajes.
La Comisión de Biodiversidad también ha escuchado a los voceros de la empresa minera Lundin Gold. Uno de ellos, Rodrigo Borja, asesor legal de la empresa minera canadiense, enfatizó que desde inicios de la operación en Ecuador se ha contado con todas las medidas de prevención y mitigación de impacto al medio ambiente.
Además, dijo, en la ciudad de Yantzaza se han generado 950 empleos formales y alrededor de 2.500 a nivel nacional, entre 2017 y 2019.
“Como minera, recomendamos realizar un análisis cuidadoso de la ley y consideramos importante que las compañías mineras monitoreen las actividades mineras ilegales y las denuncien; de igual manera, es necesario realizar un análisis de los desafíos que tienen las agencias de regulación para gestionar las denuncias de minería ilegal para con base en esto realizar propuestas para fortalecerlas”, señaló, Borja al referirse a las sugerencias al proyecto de ley.
Nació el consejo consultivo público privado del sector minero
30 de agosto de 2021.- El pasado jueves 26 de agosto se realizó, de manera virtual, la primera reunión del Consejo Consultivo Minero público-privado, el mismo que tomará decisiones no vinculantes y estará conformado por las personalidades que, desde la perspectiva oficial, son las más representativas del sector.
A la cita fueron convocados el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, René Ayala; la Cámara de Minería del Ecuador; Oscar Emilio Loor Oporto en representación de los pequeños mineros, Vicente Euclides Reyes, María de Lourdes Luque Silva por la organización Corpei y el director ejecutivo de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, AEI, Andrés Zurita.
También se invitó a los rectores de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempértegui; y de la Universidad del Azuay, Francisco Rodrigo Salgado.
El presidente de la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Zambrano, también estuvo entre los que debían asistir a la reunión.
Ellos, así como los funcionarios que participaron, recibieron vía electrónica el documento base que en vísperas de la segunda vuelta electoral preparó la AIME y podría servir de eje en las futuras deliberaciones.
El consejo consultivo recién ha empezado su trabajo y tendrá que elegir a su representante en la próxima reunión. También debe definir su estructura ya que de acuerdo a la propuesta oficial debe estar constituido por cinco consejeros representantes del mismo número de sectores involucrados con la minería, sin embargo, el número podría ser revisado porque desde ya hay quienes se consideran ignorados en la convocatoria viceministerial.
Se entiende que el Consejo Consultivo Minero público-privado será un órgano de consulta que funcionará como asesor del ministerio en la construcción organizada de la gobernanza pública minera.
Se supone que funcionará observando los principios de igualdad, alternabilidad, participación democrática, cooperación, transparencia, eficiencia, eficacia, equidad y muchos otros postulados de uso frecuente en la jerga de los diseñadores de las políticas públicas.
Deberá también promover la participación de la sociedad civil cuya actividad se relacione con el sector minero.
El respaldo legal del Consejo Consultivo Minero público-privado es frondoso. Para empezar, el artículo 80 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social señala que los consejos consultivos son: “Mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones civiles que se constituyen en espacios y organismos de consulta. Las autoridades o las instancias mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su función es meramente consultiva”;
La Ley de Minería, en el literal “j” del sétimo artículo establece como competencia del Ministerio Sectorial: “(…) Crear los Consejos Consultivos que permitan la participación ciudadana para la toma de decisiones en las políticas mineras.
Y el presidente Guillermo Lasso, al promulgar el Decreto Ejecutivo No. 151, dispuso en el artículo 16 “que, dentro del plazo de un mes contado a partir de la expedición del presente decreto, remita a la Presidencia de la República el proyecto de conformación del Consejo Consultivo Minero público-privado, que tendrá el objetivo de promover la participación de la sociedad civil en la construcción organizada de la gobernanza pública minera”.
A la cita fueron convocados el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, René Ayala; la Cámara de Minería del Ecuador; Oscar Emilio Loor Oporto en representación de los pequeños mineros, Vicente Euclides Reyes, María de Lourdes Luque Silva por la organización Corpei y el director ejecutivo de la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, AEI, Andrés Zurita.
También se invitó a los rectores de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempértegui; y de la Universidad del Azuay, Francisco Rodrigo Salgado.
El presidente de la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Zambrano, también estuvo entre los que debían asistir a la reunión.
Ellos, así como los funcionarios que participaron, recibieron vía electrónica el documento base que en vísperas de la segunda vuelta electoral preparó la AIME y podría servir de eje en las futuras deliberaciones.
El consejo consultivo recién ha empezado su trabajo y tendrá que elegir a su representante en la próxima reunión. También debe definir su estructura ya que de acuerdo a la propuesta oficial debe estar constituido por cinco consejeros representantes del mismo número de sectores involucrados con la minería, sin embargo, el número podría ser revisado porque desde ya hay quienes se consideran ignorados en la convocatoria viceministerial.
Se entiende que el Consejo Consultivo Minero público-privado será un órgano de consulta que funcionará como asesor del ministerio en la construcción organizada de la gobernanza pública minera.
Se supone que funcionará observando los principios de igualdad, alternabilidad, participación democrática, cooperación, transparencia, eficiencia, eficacia, equidad y muchos otros postulados de uso frecuente en la jerga de los diseñadores de las políticas públicas.
Deberá también promover la participación de la sociedad civil cuya actividad se relacione con el sector minero.
El respaldo legal del Consejo Consultivo Minero público-privado es frondoso. Para empezar, el artículo 80 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social señala que los consejos consultivos son: “Mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones civiles que se constituyen en espacios y organismos de consulta. Las autoridades o las instancias mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su función es meramente consultiva”;
La Ley de Minería, en el literal “j” del sétimo artículo establece como competencia del Ministerio Sectorial: “(…) Crear los Consejos Consultivos que permitan la participación ciudadana para la toma de decisiones en las políticas mineras.
Y el presidente Guillermo Lasso, al promulgar el Decreto Ejecutivo No. 151, dispuso en el artículo 16 “que, dentro del plazo de un mes contado a partir de la expedición del presente decreto, remita a la Presidencia de la República el proyecto de conformación del Consejo Consultivo Minero público-privado, que tendrá el objetivo de promover la participación de la sociedad civil en la construcción organizada de la gobernanza pública minera”.
Presidente Lasso recibe a ejecutivos del sector minero
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Agosto 22 del 2021.- El presidente de la República, Guillermo Lasso, recibió la semana pasada en su despacho y por separado a un grupo de representantes de empresas mineras chinas, encabezadas por el embajador de ese país en Ecuador, Chen Guoyou; y a los ejecutivos de la empresa Aurania Resources Ltd., Keith Barron y Richard Spencer, director ejecutivo y presidente, respectivamente, de la minera canadiense.
En el primer grupo estuvieron los ejecutivos de Yankuang Donhua, liderados por Zhan Hui, apoderado legal de la empresa. Yankuang tiene a su cargo el desarrollo de los proyectos Telimbela y El Tornado, en la provincia de Bolívar.
Aurania realiza sus actividades en el sur ecuatoriano y tiene como objetivo exploratorio principal el proyecto The Lost Cities – Cutucú, ubicado sobre la Cordillera del Cóndor, en el mismo corredor geológico en que se encuentran las minas Fruta del Norte, operada por Lundin Gold, y Mirador, a cargo de EcuaCorriente S.A., una sociedad de Tongling Nonferrous Metals Group y China Railway Construction Corporation, más conocida como CRCC.
Ambos son conglomerados empresariales con sede en la República Popular China cuyo embajador, Chen Guoyou; destacó la iniciativa del presidente ecuatoriano de promover una reunión con empresarios chinos.
“Esta cita no solo envía una señal positiva de que el nuevo Gobierno ecuatoriano se compromete a profundizar la cooperación económica y comercial con China, sino que también aumentará significativamente la confianza de las empresas chinas para ampliar su inversión y profundizar la cooperación de ganancia compartida en Ecuador”, afirmó el embajador.
“Las empresas chinas se han convertido en actores importantes en las actividades económicas de Ecuador, fuentes importantes de empleos y contribuyentes importantes de su desarrollo social, han hecho aportaciones muy positivas a promover la cooperación económico-comercial bilateral y mejorar el bienestar de los pueblos de ambos países”, añadió.
En el primer grupo estuvieron los ejecutivos de Yankuang Donhua, liderados por Zhan Hui, apoderado legal de la empresa. Yankuang tiene a su cargo el desarrollo de los proyectos Telimbela y El Tornado, en la provincia de Bolívar.
Aurania realiza sus actividades en el sur ecuatoriano y tiene como objetivo exploratorio principal el proyecto The Lost Cities – Cutucú, ubicado sobre la Cordillera del Cóndor, en el mismo corredor geológico en que se encuentran las minas Fruta del Norte, operada por Lundin Gold, y Mirador, a cargo de EcuaCorriente S.A., una sociedad de Tongling Nonferrous Metals Group y China Railway Construction Corporation, más conocida como CRCC.
Ambos son conglomerados empresariales con sede en la República Popular China cuyo embajador, Chen Guoyou; destacó la iniciativa del presidente ecuatoriano de promover una reunión con empresarios chinos.
“Esta cita no solo envía una señal positiva de que el nuevo Gobierno ecuatoriano se compromete a profundizar la cooperación económica y comercial con China, sino que también aumentará significativamente la confianza de las empresas chinas para ampliar su inversión y profundizar la cooperación de ganancia compartida en Ecuador”, afirmó el embajador.
“Las empresas chinas se han convertido en actores importantes en las actividades económicas de Ecuador, fuentes importantes de empleos y contribuyentes importantes de su desarrollo social, han hecho aportaciones muy positivas a promover la cooperación económico-comercial bilateral y mejorar el bienestar de los pueblos de ambos países”, añadió.
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Dijo además que la República Popular China continuará alentando a sus empresas en Ecuador “a asumir seriamente sus responsabilidades sociales, operar con honestidad y en cumplimiento de las leyes, hacer de las mismas compañías respetuosas con el medio ambiente, armoniosas socialmente y promotores de la economía y los empleos, para contribuir con más sabiduría y energía a favor de la cooperación sino-ecuatoriana”.
En la fotografía: embajador Chen Guoyou -a la derecha- y apoderado de Yankuang, Zhan Hui. |
Propuesta de ministro peruano disipa
temor de inversionistas locales
Agosto 22 del 2021.- Las propuestas que viene formulando el gobierno de Pedro Castillo al sector minero alejan el temor de los inversionistas y desmienten las acusaciones que le empezaron a hacer desde meses antes que asumiera la presidencia del Perú.
Los empresarios se van poniendo de acuerdo con el gobierno. Para empezar, uno de los grupos más sólidos del sector, Compañía Minera Buenaventura, canceló el Impuesto a la Renta que debía de los años 2007, 2008, 2009 y 2010.
Ha pagado más de 2.134 millones de soles, unos 500 millones de dólares; y se espera que pronto pague lo que corresponde al periodo 2011 – 2020.
Otra empresa de la gran minería, Cerro Verde, también ha pagado “bajo protesta” su deuda de 245 millones de dólares.
Para el gobierno peruano resulta fundamental que las empresas entiendan que deben involucrarse de manera sincera con el desarrollo de las comunidades que son las propietarias del territorio en los que se encuentra el depósito.
“Todas las empresas están contentas, hasta ahora”, dijo el sábado el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, en una entrevista. “Todos estamos de acuerdo en que todos los proyectos deben tener una nueva cara social, que necesitamos un nuevo pacto”.
El ministro del sector nunca ha usado un tono agresivo al referirse a las empresas mineras sino al contrario, ha demostrado mucha voluntad para ensayar discursos de tipo conciliador con las empresas.
El propio presidente ha dado varias muestras de un gran sentido pragmático para atenuar la imagen estatista que le atribuyeron sus enemigos políticos. Ha instruido a sus operadores políticos para gestionar la solución de diversos conflictos que mantienen paralizados a proyectos de envergadura.
Ha dicho también, con claridad, que los proyectos mineros deben tener rentabilidad social porque de lo contrario, “simplemente no van”.
El ministro, por su parte, ha asegurado que el gobierno garantizará reglas claras y actuará como mediador y facilitador para agilizar “esta maraña burocrática”.
Los empresarios se van poniendo de acuerdo con el gobierno. Para empezar, uno de los grupos más sólidos del sector, Compañía Minera Buenaventura, canceló el Impuesto a la Renta que debía de los años 2007, 2008, 2009 y 2010.
Ha pagado más de 2.134 millones de soles, unos 500 millones de dólares; y se espera que pronto pague lo que corresponde al periodo 2011 – 2020.
Otra empresa de la gran minería, Cerro Verde, también ha pagado “bajo protesta” su deuda de 245 millones de dólares.
Para el gobierno peruano resulta fundamental que las empresas entiendan que deben involucrarse de manera sincera con el desarrollo de las comunidades que son las propietarias del territorio en los que se encuentra el depósito.
“Todas las empresas están contentas, hasta ahora”, dijo el sábado el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, en una entrevista. “Todos estamos de acuerdo en que todos los proyectos deben tener una nueva cara social, que necesitamos un nuevo pacto”.
El ministro del sector nunca ha usado un tono agresivo al referirse a las empresas mineras sino al contrario, ha demostrado mucha voluntad para ensayar discursos de tipo conciliador con las empresas.
El propio presidente ha dado varias muestras de un gran sentido pragmático para atenuar la imagen estatista que le atribuyeron sus enemigos políticos. Ha instruido a sus operadores políticos para gestionar la solución de diversos conflictos que mantienen paralizados a proyectos de envergadura.
Ha dicho también, con claridad, que los proyectos mineros deben tener rentabilidad social porque de lo contrario, “simplemente no van”.
El ministro, por su parte, ha asegurado que el gobierno garantizará reglas claras y actuará como mediador y facilitador para agilizar “esta maraña burocrática”.
Gobierno promulgó el Plan de
Acción para el sector minero
Agosto 8 de 2021.- El pasado 5 de agosto el presidente Guillermo Lasso promulgó el Decreto Ejecutivo No. 151 que dispone el Plan de Acción para el sector minero.
El hecho ocurrió de manera casi simultánea a una reunión en el Palacio de Carondelet, en la que participaron ejecutivos de casi todas las empresas mineras extranjeras operadoras con actividades en el Ecuador.
El gobierno espera que el plan contribuya a desarrollar una minería responsable ambiental y socialmente, a determinar el potencial geológico local, a potenciar la inversión nacional y extranjera y a implementar las mejores prácticas para el aprovechamiento de estos recursos.
De parte de los protagonistas principales de la actividad minera no se han registrado pronunciamientos sobre el contenido del plan. Analistas que en otras ocasiones opinan sobre los hechos relevantes de la coyuntura minera tampoco han hecho comentarios. Sólo unos memes de la Cámara de Minería del Ecuador se han referido en términos positivos al Plan de Acción del gobierno.
Mención aparte merece destacar que los ministerios de Energía y Recursos Naturales y Ambiente, Agua y Transición Energética tienen 30 días para elaborar un Acuerdo Ministerial para el otorgamiento del acto administrativo previo previsto en el artículo 26 de la Ley de Minería referente a la eventual afectación del recurso hídrico y sobre el orden de prelación del acceso al agua.
Además, el plan considera el diseño de una estrategia integral para erradicar la minería ilegal en el país.
Según el boletín de prensa de la Presidencia de la República, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, dentro de los próximos 100 días, deberá difundir de manera transparente las condiciones en que la minería legal y responsable debe desarrollarse en el país e impulsar la generación de normativa sobre los procesos de consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades indígenas para los casos en que las decisiones o autorizaciones gubernamentales puedan influir en sus territorios, conforme a los lineamientos determinados por la Corte Constitucional del Ecuador.
También se implementará un plan de formalización para mineros artesanales, entre otros aspectos relacionados con la industria.
El texto del Decreto Ejecutivo No. 151 puede encontrarse en:
https://bit.ly/37pYiBk
El hecho ocurrió de manera casi simultánea a una reunión en el Palacio de Carondelet, en la que participaron ejecutivos de casi todas las empresas mineras extranjeras operadoras con actividades en el Ecuador.
El gobierno espera que el plan contribuya a desarrollar una minería responsable ambiental y socialmente, a determinar el potencial geológico local, a potenciar la inversión nacional y extranjera y a implementar las mejores prácticas para el aprovechamiento de estos recursos.
De parte de los protagonistas principales de la actividad minera no se han registrado pronunciamientos sobre el contenido del plan. Analistas que en otras ocasiones opinan sobre los hechos relevantes de la coyuntura minera tampoco han hecho comentarios. Sólo unos memes de la Cámara de Minería del Ecuador se han referido en términos positivos al Plan de Acción del gobierno.
Mención aparte merece destacar que los ministerios de Energía y Recursos Naturales y Ambiente, Agua y Transición Energética tienen 30 días para elaborar un Acuerdo Ministerial para el otorgamiento del acto administrativo previo previsto en el artículo 26 de la Ley de Minería referente a la eventual afectación del recurso hídrico y sobre el orden de prelación del acceso al agua.
Además, el plan considera el diseño de una estrategia integral para erradicar la minería ilegal en el país.
Según el boletín de prensa de la Presidencia de la República, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, dentro de los próximos 100 días, deberá difundir de manera transparente las condiciones en que la minería legal y responsable debe desarrollarse en el país e impulsar la generación de normativa sobre los procesos de consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades indígenas para los casos en que las decisiones o autorizaciones gubernamentales puedan influir en sus territorios, conforme a los lineamientos determinados por la Corte Constitucional del Ecuador.
También se implementará un plan de formalización para mineros artesanales, entre otros aspectos relacionados con la industria.
El texto del Decreto Ejecutivo No. 151 puede encontrarse en:
https://bit.ly/37pYiBk
Perú: Ministro de Energía y Minas
adelanta criterios
Agosto 8 de 2021.- El gobierno del presidente Pedro Castillo no cumple todavía dos semanas y se van conociendo sus primeros pasos en relación con el sector minero, permitiendo prever que el ritmo de inversiones y el ingreso de nuevas operaciones no será muy diferente al previsto hace unos meses, cuando todavía no se iniciaba la batalla campal que han orquestado en su contra las élites limeñas.
El Perú no puede cambiar de un año al otro su matriz productiva. El Perú es el segundo productor de cobre y plata a nivel mundial. Es el primer productor de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno en América Latina. Es además el país con mayores reservas de plata en el mundo, el segundo en molibdeno, tercero en cobre y zinc; y sexto en oro.
Ciertamente existe un temor infundado en torno a las medidas de Castillo. Mejor dicho, se basa en la ignorancia de opinólogos que no conocen las limitaciones legales de la función presidencial y, mucho menos, la naturaleza de la fuerza que llevó a Castillo al frente del Ejecutivo.
Para despejar las dudas y los temores, el ministro de Energía y Minas peruano, Iván Merino, ya sostuvo una primera reunión con los representantes de las empresas mineras aglutinadas en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe); el gremio empresarial más fuerte del Perú.
En la reunión participaron además los dirigentes del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, encabezados por Víctor Gobitz. Ellos y los ejecutivos de la Snmpe explicaron la necesidad urgente de retomar la exploración en minería y generar las condiciones para desarrollar la cartera de proyectos, así como la llegada de nuevas inversiones en el sector minero energético y lograr un mayor bienestar en la población.
El ministro Merino también se ha reunido con los representantes de las empresas chinas que operan en Perú, principalmente las del sector que desarrollan varios proyectos emblemáticos en el momento. Líderes de emprendimientos como el de Toromocho, a cargo de Chinalco o Las Bambas, en manos de MMG; así como operaciones muy grandes como las que de Shougang Hierro Perú, que extrae hierro en la localidad de Marcona e hidrocarburíferas a cargo de la estatal CNPC, han conversado también con el ministro Merino.
El titular del sector ha explicado que Perú buscará un nuevo acuerdo y proporcionará incentivos para proyectos que se comprometan con los principios de la “rentabilidad social” defendida por el jefe de Estado.
Las propuestas de Castillo se alinean con los postulados que desde hace años vienen promoviendo diversos centros mundiales de pensamiento estratégico en asuntos mineros. Con otros nombres y en otros idiomas, la idea de rentabilidad social entendida como la generación de beneficios para todos los involucrados pero especialmente para los propietarios del territorio, hace tiempo está presente en los documentos centrales de las organizaciones multilaterales y de las grandes empresas mineras.
El Perú no puede cambiar de un año al otro su matriz productiva. El Perú es el segundo productor de cobre y plata a nivel mundial. Es el primer productor de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno en América Latina. Es además el país con mayores reservas de plata en el mundo, el segundo en molibdeno, tercero en cobre y zinc; y sexto en oro.
Ciertamente existe un temor infundado en torno a las medidas de Castillo. Mejor dicho, se basa en la ignorancia de opinólogos que no conocen las limitaciones legales de la función presidencial y, mucho menos, la naturaleza de la fuerza que llevó a Castillo al frente del Ejecutivo.
Para despejar las dudas y los temores, el ministro de Energía y Minas peruano, Iván Merino, ya sostuvo una primera reunión con los representantes de las empresas mineras aglutinadas en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe); el gremio empresarial más fuerte del Perú.
En la reunión participaron además los dirigentes del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, encabezados por Víctor Gobitz. Ellos y los ejecutivos de la Snmpe explicaron la necesidad urgente de retomar la exploración en minería y generar las condiciones para desarrollar la cartera de proyectos, así como la llegada de nuevas inversiones en el sector minero energético y lograr un mayor bienestar en la población.
El ministro Merino también se ha reunido con los representantes de las empresas chinas que operan en Perú, principalmente las del sector que desarrollan varios proyectos emblemáticos en el momento. Líderes de emprendimientos como el de Toromocho, a cargo de Chinalco o Las Bambas, en manos de MMG; así como operaciones muy grandes como las que de Shougang Hierro Perú, que extrae hierro en la localidad de Marcona e hidrocarburíferas a cargo de la estatal CNPC, han conversado también con el ministro Merino.
El titular del sector ha explicado que Perú buscará un nuevo acuerdo y proporcionará incentivos para proyectos que se comprometan con los principios de la “rentabilidad social” defendida por el jefe de Estado.
Las propuestas de Castillo se alinean con los postulados que desde hace años vienen promoviendo diversos centros mundiales de pensamiento estratégico en asuntos mineros. Con otros nombres y en otros idiomas, la idea de rentabilidad social entendida como la generación de beneficios para todos los involucrados pero especialmente para los propietarios del territorio, hace tiempo está presente en los documentos centrales de las organizaciones multilaterales y de las grandes empresas mineras.
Perú: Nuevo pacto con la minería
promoverá la rentabilidad social
Agosto 1 de 2021.- Unos días antes de que el profesor Pedro Castillo asumiera la presidencia del Perú, la minera Southern Copper Corporation elogió el apoyo de los peruanos a la democracia y reiteró su visión de que Tía María generará oportunidades al país.
Ya juramentado, el primer mandatario designó al pequeño empresario Iván Merino como ministro de Energía y Minas y afirmó que el Perú requiere de un modelo en el que la minería no solo genere ingresos netos a la balanza fiscal, sino también beneficios a la población, que ayude a regenerar y cuidar el medio ambiente y que respete la cultura local donde se desarrolla.
La idea es un nuevo pacto con el sector minero, ha dicho el nuevo ministro, aclarando que desde la perspectiva oficial los sectores minero y petroleros son vitales para el desarrollo nacional, por lo cual se promoverá, incluso con incentivos, proyectos que tengan "rentabilidad social".
Merino tuvo su primera entrevista con la agencia Reuters y en ella dijo que "un nuevo pacto sale de la conversación, con todos los agentes, con las empresas grandes, medianas y las denominadas de pequeña escala".
"Si las empresas cumplen eso, no solo van a desarrollar los proyectos que tienen, sino también nosotros los vamos apoyar, inclusive le vamos a dar incentivos", afirmó el flamante ministro.
Respecto a la posibilidad de elevar impuestos mineros para financiar mayor inversión en salud y educación anunciada por Pedro Castillo durante su campaña electoral, Iván Merino dijo que la política impositiva es nacional y llegar a un nuevo pacto "no solo implica medidas tributarias (...) se verá caso por caso".
"No podemos generalizar, a una empresa que está con costos altos no le vas a decir que en tu segmento que operas te voy aumentar los impuestos", manifestó el ministro.
"Nosotros vamos a incentivar la minería, tanto pública como privada. Digo pública porque la mayoría de las empresas extranjeras que invierten en Perú son empresas públicas", sostuvo.
En la entrevista el Ministro se refirió también a los principales conflictos que tiene su sector. En el caso de Tía María, a cargo de Southern Copper, afirmó que la minera podría desarrollar su proyecto si resuelve el tema social.
Y sobre el conflicto en Las Bambas, operado por la china MMG Ltd., señaló que él será un facilitador del diálogo con las comunidades.
Ya juramentado, el primer mandatario designó al pequeño empresario Iván Merino como ministro de Energía y Minas y afirmó que el Perú requiere de un modelo en el que la minería no solo genere ingresos netos a la balanza fiscal, sino también beneficios a la población, que ayude a regenerar y cuidar el medio ambiente y que respete la cultura local donde se desarrolla.
La idea es un nuevo pacto con el sector minero, ha dicho el nuevo ministro, aclarando que desde la perspectiva oficial los sectores minero y petroleros son vitales para el desarrollo nacional, por lo cual se promoverá, incluso con incentivos, proyectos que tengan "rentabilidad social".
Merino tuvo su primera entrevista con la agencia Reuters y en ella dijo que "un nuevo pacto sale de la conversación, con todos los agentes, con las empresas grandes, medianas y las denominadas de pequeña escala".
"Si las empresas cumplen eso, no solo van a desarrollar los proyectos que tienen, sino también nosotros los vamos apoyar, inclusive le vamos a dar incentivos", afirmó el flamante ministro.
Respecto a la posibilidad de elevar impuestos mineros para financiar mayor inversión en salud y educación anunciada por Pedro Castillo durante su campaña electoral, Iván Merino dijo que la política impositiva es nacional y llegar a un nuevo pacto "no solo implica medidas tributarias (...) se verá caso por caso".
"No podemos generalizar, a una empresa que está con costos altos no le vas a decir que en tu segmento que operas te voy aumentar los impuestos", manifestó el ministro.
"Nosotros vamos a incentivar la minería, tanto pública como privada. Digo pública porque la mayoría de las empresas extranjeras que invierten en Perú son empresas públicas", sostuvo.
En la entrevista el Ministro se refirió también a los principales conflictos que tiene su sector. En el caso de Tía María, a cargo de Southern Copper, afirmó que la minera podría desarrollar su proyecto si resuelve el tema social.
Y sobre el conflicto en Las Bambas, operado por la china MMG Ltd., señaló que él será un facilitador del diálogo con las comunidades.
Presidente Guillermo Lasso recibió a delegación de la CME
Julio 25 de 2021.- Una delegación de la Cámara de Minería del Ecuador, CME, se reunió en el Palacio de Carondelet el pasado 20 de julio con el presidente de la República, Guillermo Lasso.
“Fue una reunión muy positiva, que permitió a la CME exponer lo que la industria minera representa para Ecuador en términos de tributos, empleo, exportaciones y otros indicadores claves para la economía nacional”, expresó la presidenta ejecutiva de la Cámara, María Eulalia Silva.
Según la ejecutiva, en la reunión también se explicó al jefe de Estado cómo es la gestión que realizan las empresas mineras afiliadas a la CME en temas como el ambiental, el del manejo del agua y el de las relaciones comunitarias.
En el encuentro con el presidente los representantes de la Cámara se refirieron sólo a temas macro del quehacer minero, es decir, no fueron presentados temas puntuales como el de la realización de consultas populares sobre la minería.
“Se vieron temas generales como las claves para incentivar la producción”, afirmó Silva.
La delegación de la CME estuvo integrada por María Eulalia Silva, Rodrigo Izurieta, David Larenas, Ron Hochstein y David Salazar, entre otros. El presidente del directorio de la Cámara, Nathan Monash, se unió a la reunión de manera virtual.
Después de la reunión, la CME publicó un comunicado agradeciendo al Primer Mandatario “este positivo encuentro donde se expuso detalladamente la gestión ambiental, el manejo del agua, y el desarrollo comunitario que se promueven en la minería responsable”.
El agradecimiento también lo hacen extensivo al ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Juan Carlos Bermeo y al viceministro de Minería, Xavier Vera Grunauer, “por el apoyo para el desarrollo del país a través de la industria”.
La secretaría de Comunicación del gobierno, a su vez, explicó en otro boletín que “con el propósito de abrir un puente de diálogo con el sector minero del país y de encontrar de manera conjunta una estrategia de trabajo eficaz, sostenible, sustentable y responsable, el presidente de la República,
Guillermo Lasso Mendoza, se reunió este martes 20 de julio con los representantes de la Cámara de Minería del Ecuador. Esta cita se efectuó en el Palacio de Carondelet con la presencia de Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, e Iván Correa, secretario de la Administración Pública”.
“El Mandatario ha expresado en reiteradas ocasiones su voluntad de aprovechar el potencial minero que tiene la nación con responsabilidad y mediante un trabajo mancomunado entre los sectores público y privado. Esta área productiva que generó USD 921 millones en exportaciones en el 2020 siendo una de las industrias que más creció a pesar de la pandemia, y se proyecta que para 2021, que este rubro bordee los USD 1.600 millones. Además, el sector se caracteriza por ser dinamizador de las economías locales por la generación de encadenamientos productivos y empleo”.
Según la secretaría de Comunicación, el vicepresidente de la Cámara de Minería, Rodrigo Izurieta, expresó que la reunión fue positiva, por cuanto el Primer Mandatario “ha entendido claramente el potencial de la industria y se comprometió a fomentar su desarrollo respetando los mandatos ambientales y a las comunidades”. A ello agregó que “internacionalmente mucha gente está dispuesta a invertir en el país y a confiar en su futuro. Creo que podemos unir esas dos cosas en beneficio de todos”.
“Fue una reunión muy positiva, que permitió a la CME exponer lo que la industria minera representa para Ecuador en términos de tributos, empleo, exportaciones y otros indicadores claves para la economía nacional”, expresó la presidenta ejecutiva de la Cámara, María Eulalia Silva.
Según la ejecutiva, en la reunión también se explicó al jefe de Estado cómo es la gestión que realizan las empresas mineras afiliadas a la CME en temas como el ambiental, el del manejo del agua y el de las relaciones comunitarias.
En el encuentro con el presidente los representantes de la Cámara se refirieron sólo a temas macro del quehacer minero, es decir, no fueron presentados temas puntuales como el de la realización de consultas populares sobre la minería.
“Se vieron temas generales como las claves para incentivar la producción”, afirmó Silva.
La delegación de la CME estuvo integrada por María Eulalia Silva, Rodrigo Izurieta, David Larenas, Ron Hochstein y David Salazar, entre otros. El presidente del directorio de la Cámara, Nathan Monash, se unió a la reunión de manera virtual.
Después de la reunión, la CME publicó un comunicado agradeciendo al Primer Mandatario “este positivo encuentro donde se expuso detalladamente la gestión ambiental, el manejo del agua, y el desarrollo comunitario que se promueven en la minería responsable”.
El agradecimiento también lo hacen extensivo al ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Juan Carlos Bermeo y al viceministro de Minería, Xavier Vera Grunauer, “por el apoyo para el desarrollo del país a través de la industria”.
La secretaría de Comunicación del gobierno, a su vez, explicó en otro boletín que “con el propósito de abrir un puente de diálogo con el sector minero del país y de encontrar de manera conjunta una estrategia de trabajo eficaz, sostenible, sustentable y responsable, el presidente de la República,
Guillermo Lasso Mendoza, se reunió este martes 20 de julio con los representantes de la Cámara de Minería del Ecuador. Esta cita se efectuó en el Palacio de Carondelet con la presencia de Juan Carlos Bermeo, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, e Iván Correa, secretario de la Administración Pública”.
“El Mandatario ha expresado en reiteradas ocasiones su voluntad de aprovechar el potencial minero que tiene la nación con responsabilidad y mediante un trabajo mancomunado entre los sectores público y privado. Esta área productiva que generó USD 921 millones en exportaciones en el 2020 siendo una de las industrias que más creció a pesar de la pandemia, y se proyecta que para 2021, que este rubro bordee los USD 1.600 millones. Además, el sector se caracteriza por ser dinamizador de las economías locales por la generación de encadenamientos productivos y empleo”.
Según la secretaría de Comunicación, el vicepresidente de la Cámara de Minería, Rodrigo Izurieta, expresó que la reunión fue positiva, por cuanto el Primer Mandatario “ha entendido claramente el potencial de la industria y se comprometió a fomentar su desarrollo respetando los mandatos ambientales y a las comunidades”. A ello agregó que “internacionalmente mucha gente está dispuesta a invertir en el país y a confiar en su futuro. Creo que podemos unir esas dos cosas en beneficio de todos”.
Nuevo presidente peruano
impulsará desarrollo minero
Julio 25 de 2021.- Pedro Castillo, profesor de 51 años, natural del distrito de Tacabamba en la región Cajamarca, en la frontera norte con Ecuador, será a partir del 28 de julio presidente del Perú por los próximos cinco años.
Castillo ha sido víctima de una campaña que ha tratado de vincularlo ideológicamente con el chavismo, con el marxismo y hasta con el pensamiento senderista. Mucho se ha especulado también sobre su relación con las empresas mineras y las industrias extractivas, en general.
Los hechos están mostrando su verdadero perfil. Ha nombrado como líder del equipo de transferencia para el Ministerio de Energía y Minas a un ejecutivo con más de treinta años de experiencia operativa, de gestión y liderazgo en numerosos puestos dentro de la industria minera.
El ingeniero Oscar Frías, así se llama, es un profesional que ha pasado por la gerencia general de Corporación Mineral San Manuel del Grupo Atacocha, uno de los grupos nacionales con más presencia en territorio. Asesor estratégico para empresas listadas en bolsa en Norteamérica y Canadá para el desarrollo de proyectos de exploración y producción minera en el Perú, también ha sido asesor en comités de promoción de inversión privada a nivel local.
El equipo lo integran otras personas que también saben de minería. José Farfán Estrada, presidente del Instituto de Promoción y Formalización de la Minería a Pequeña Escala, y Miguel Cortavitarte Lahura, abogado, egresado de la Maestría en Ciencia Política de la Pontifica Universidad Católica del Perú.
La situación del sector minero en Perú es muy distinta a la de otros países de la región. Por ello, es preciso entender esto para ubicar las propuestas contenidas en el Plan Bicentenario, documento que el hoy presidente presentó a mediados de mayo después de vencer en la primera vuelta.
En ese documento se señala “Necesitamos aumentar sustancialmente la inversión en educación y salud, para ello debemos nacionalizar nuestras riquezas, es decir, hacer que éstas sirvan a los peruanos, con nuevas reglas de impuestos y regalías que resultan hoy muy necesarios y pertinentes”.
Se destaca que “el caso del cobre, cuyo precio ha alcanzado niveles altísimos nunca antes vistos (US$ 4,70 la libra). Los costos de producción del cobre son de los más bajos del mundo. Las trasnacionales mineras están obteniendo sobreganancias, las que no se relacionan con nuevas inversiones o tecnología; sino solo con los vaivenes del mercado internacional. Anotemos que ya la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado una nueva regalía cuya tasa llega a 75% si supera los US$ 4/lb, como hoy sucede”.
El plan propone un nuevo impuesto a las sobreganancias, producto de un Diálogo Nacional Descentralizado; la eliminación de exoneraciones tributarias que fueron dadas por un periodo de promoción y que ya no son necesarias para las empresas y la eliminación de exoneraciones tributarias a empresas que usen paraísos fiscales para evadir impuestos, desarrollando política activa contra la elusión fiscal y lavado de activos.
También el establecimiento de regalías en función de las ventas y la renegociación de contratos de estabilidad tributaria con las grandes empresas.
Hace unas semanas, el asesor económico del Plan Bicentenario, Pedro Francke, manifestó que no planean “renegociar con una pistola bajo la mesa” y hasta la fecha, no se conoce cuál será el mecanismo que seguirá este diálogo. Sin embargo, voceros del sector empresarial han dicho que están de acuerdo con conversar sobre el tema.
Para otros voceros del gobierno de Castillo, las cosas están claras. El nuevo equipo es consciente de que las empresas mineras “tienen que seguir ganando porque las inversiones privadas funcionan porque tienen rentabilidad”.
Castillo ha sido víctima de una campaña que ha tratado de vincularlo ideológicamente con el chavismo, con el marxismo y hasta con el pensamiento senderista. Mucho se ha especulado también sobre su relación con las empresas mineras y las industrias extractivas, en general.
Los hechos están mostrando su verdadero perfil. Ha nombrado como líder del equipo de transferencia para el Ministerio de Energía y Minas a un ejecutivo con más de treinta años de experiencia operativa, de gestión y liderazgo en numerosos puestos dentro de la industria minera.
El ingeniero Oscar Frías, así se llama, es un profesional que ha pasado por la gerencia general de Corporación Mineral San Manuel del Grupo Atacocha, uno de los grupos nacionales con más presencia en territorio. Asesor estratégico para empresas listadas en bolsa en Norteamérica y Canadá para el desarrollo de proyectos de exploración y producción minera en el Perú, también ha sido asesor en comités de promoción de inversión privada a nivel local.
El equipo lo integran otras personas que también saben de minería. José Farfán Estrada, presidente del Instituto de Promoción y Formalización de la Minería a Pequeña Escala, y Miguel Cortavitarte Lahura, abogado, egresado de la Maestría en Ciencia Política de la Pontifica Universidad Católica del Perú.
La situación del sector minero en Perú es muy distinta a la de otros países de la región. Por ello, es preciso entender esto para ubicar las propuestas contenidas en el Plan Bicentenario, documento que el hoy presidente presentó a mediados de mayo después de vencer en la primera vuelta.
En ese documento se señala “Necesitamos aumentar sustancialmente la inversión en educación y salud, para ello debemos nacionalizar nuestras riquezas, es decir, hacer que éstas sirvan a los peruanos, con nuevas reglas de impuestos y regalías que resultan hoy muy necesarios y pertinentes”.
Se destaca que “el caso del cobre, cuyo precio ha alcanzado niveles altísimos nunca antes vistos (US$ 4,70 la libra). Los costos de producción del cobre son de los más bajos del mundo. Las trasnacionales mineras están obteniendo sobreganancias, las que no se relacionan con nuevas inversiones o tecnología; sino solo con los vaivenes del mercado internacional. Anotemos que ya la Cámara de Diputados de Chile ha aprobado una nueva regalía cuya tasa llega a 75% si supera los US$ 4/lb, como hoy sucede”.
El plan propone un nuevo impuesto a las sobreganancias, producto de un Diálogo Nacional Descentralizado; la eliminación de exoneraciones tributarias que fueron dadas por un periodo de promoción y que ya no son necesarias para las empresas y la eliminación de exoneraciones tributarias a empresas que usen paraísos fiscales para evadir impuestos, desarrollando política activa contra la elusión fiscal y lavado de activos.
También el establecimiento de regalías en función de las ventas y la renegociación de contratos de estabilidad tributaria con las grandes empresas.
Hace unas semanas, el asesor económico del Plan Bicentenario, Pedro Francke, manifestó que no planean “renegociar con una pistola bajo la mesa” y hasta la fecha, no se conoce cuál será el mecanismo que seguirá este diálogo. Sin embargo, voceros del sector empresarial han dicho que están de acuerdo con conversar sobre el tema.
Para otros voceros del gobierno de Castillo, las cosas están claras. El nuevo equipo es consciente de que las empresas mineras “tienen que seguir ganando porque las inversiones privadas funcionan porque tienen rentabilidad”.
Xavier Vera Grunauer es el nuevo viceministro de Minería
Julio 18 de 2021.- Esta semana debe anunciarse de manera oficial el nombramiento del ingeniero Xavier Vera Grunauer como nuevo viceministro de Minería.
El flamante viceministro estudió Ingeniería Civil en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Tiene estudios de maestría, en la especialidad de Geotecnica, en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM; y de doctorado en la Universidad de California, Berkeley, USA con campo mayor Ingeniería Geotécnica y campo menor Sismología, Ingeniería Sismo-resistente y Geofísica.
Ha sido fundador de la compañía Geoestudios, una empresa consultora en las ramas de ingeniería geotécnica, sismología, geología y geofísica.
Se espera que el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo Calderón, posesione oficialmente al ingeniero Xavier Vera Grunauer como nuevo viceministro de Minería en el transcurso de esta semana, tal vez en un acto público que sea transmitido vía telemática, como otras veces.
El flamante viceministro estudió Ingeniería Civil en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Tiene estudios de maestría, en la especialidad de Geotecnica, en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM; y de doctorado en la Universidad de California, Berkeley, USA con campo mayor Ingeniería Geotécnica y campo menor Sismología, Ingeniería Sismo-resistente y Geofísica.
Ha sido fundador de la compañía Geoestudios, una empresa consultora en las ramas de ingeniería geotécnica, sismología, geología y geofísica.
Se espera que el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo Calderón, posesione oficialmente al ingeniero Xavier Vera Grunauer como nuevo viceministro de Minería en el transcurso de esta semana, tal vez en un acto público que sea transmitido vía telemática, como otras veces.
Transparencia Fiscal en América Latina 2021:
Informe de Progreso de la Declaración de Punta del Este
Julio 12 de 2021.- Hoy a partir de las 15:30 pm hora europea y 08:30 am hora ecuatoriana, se hará el lanzamiento del informe sobre transparencia fiscal en Latinoamérica preparado por una serie de instituciones interesadas en tener las cuentas claras en los asuntos tributarios.
El evento incluirá una presentación de las principales conclusiones del informe y un panel de debate con expertos de las organizaciones asociadas, seguido de una sesión de preguntas y respuestas.
Los panelistas incluirán ponentes del Grupo de Acción Financiera para América Latina, el Foro Global, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Red Latinoamericana para la Justicia Económica y Social, la OCDE, la Red de Justicia Fiscal, el Grupo del Banco Mundial, así como representantes de alto nivel de varias administraciones tributarias.
Habrá interpretación simultánea al inglés y el español.
Para registrarse: https://meetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_2SXz_b3-TuO7w_oz1uD80wmeetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_2SXz_b3-TuO7w_oz1uD80w
El evento incluirá una presentación de las principales conclusiones del informe y un panel de debate con expertos de las organizaciones asociadas, seguido de una sesión de preguntas y respuestas.
Los panelistas incluirán ponentes del Grupo de Acción Financiera para América Latina, el Foro Global, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Red Latinoamericana para la Justicia Económica y Social, la OCDE, la Red de Justicia Fiscal, el Grupo del Banco Mundial, así como representantes de alto nivel de varias administraciones tributarias.
Habrá interpretación simultánea al inglés y el español.
Para registrarse: https://meetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_2SXz_b3-TuO7w_oz1uD80wmeetoecd1.zoom.us/webinar/register/WN_2SXz_b3-TuO7w_oz1uD80w
Chile y Perú podrían no aprovechar buenos
precios si continúan tensiones políticas
Julio 12 de 2021.- En momentos en que el escenario global parece favorable para el sector minero debido a que los precios a futuro de metales como el cobre y el oro se están alineando al alza, el rebrote de las aspiraciones de los gobiernos y las comunidades de Chile y Perú están complicando las cosas para muchos de los actores en esta industria.
En Perú, por ejemplo, el valor promedio de las acciones de las empresas mineras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima ha retrocedido en 41,9 por ciento en los últimos tres meses y esta caída viene siendo asociada al temor de los inversionistas frente a las medidas que pueda tomar el ganador de las elecciones, el profesor Pedro Castillo.
En Chile está en discusión en el parlamento un proyecto relacionado con el pago de un royalty de entre el 3% y el 75% por sobre el valor de las ventas de cobre y otros minerales, aplicando una escala de ajustes según el precio del mineral. Se miran también otros mecanismos para gravar las ventas o las rentas mineras y, mientras ello ocurre, se nota un descenso en la producción del metal rojo.
Chile y Perú atienden el 50% de la demanda mundial de cobre y en la actual coyuntura, los dos países tienen un panorama político complicado. Más allá de ello, los analistas coinciden en que Perú tiene potencial geológico que le va a permitir superar a Chile en producción, aún cuando por diversas razones se vienen postergando el arranque de proyectos de mediana envergadura como Tía María, La Granja y Michiquillay.
En Perú los que reflexionan sobre la evolución de los precios de las acciones de las empresas mineras anotaron que éstas tuvieron un rendimiento elevado los primeros meses del año por la subida de los precios de metales, sin embargo, los anuncios hechos durante la campaña electoral por el candidato de Perú Libre han desanimado a los inversionistas.
Una de estas propuestas es la creación de un impuesto específico para el sector extractivo, sustentado en las mayores ganancias que perciben a raíz del precio más elevado de los metales.
Al respecto, uno de los líderes más caracterizados del sector empresarial peruano, Roque Benavides, dijo que “el tema es discutible y depende de las autoridades, no de las empresas mineras. Así que los que trabajamos en el Perú tendremos que respetar las normas que se den”, anotó el ejecutivo.
Para Benavides “el tema tributario es un tema de competitividad” y Australia, Chile o Canadá tienen el mismo nivel de tributación que tiene el Perú”.
El candidato que ganó en segunda vuelta pero aún no ha sido proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones, Pedro Castillo, ha dicho que está abierto al diálogo con los líderes empresariales y que respetará las promesas que había hecho, incluida la protección de la propiedad privada y la inversión privada.
En Chile, el proyecto de royalty ha sido aprobado ya en la Cámara de Diputados y se discute en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta. A ella asistió el director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, Aprimin, Sergio Hernández, y dijo que la suma de los impuestos de primera categoría, el adicional y el actual impuesto específico arroja tasas efectivas entre el 39% y el 46% sobre utilidades mineras, las que son competitivas con otros distritos mineros.
Sin embargo, de acuerdo al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, con los actuales precios, la tasa efectiva del royalty propuesto sería del 24%, pero sobre las ventas.
“Si le sumamos los impuestos a la renta de primera categoría y adicional, más el Impuesto Específico, que no se deroga, la tasa efectiva sería más del 82% sobre las utilidades, en el caso que las haya. Si no las hay, este royalty propuesto acrecentaría en forma importante las pérdidas de la compañía minera”, señaló Hernández.
Mientras tanto el precio del cobre continúa en ascenso. A fines de la semana pasada subió de US$4,20 a US$4,30 la libra y llegó a los US$9.487,5 la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres (LME).
En Perú, por ejemplo, el valor promedio de las acciones de las empresas mineras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima ha retrocedido en 41,9 por ciento en los últimos tres meses y esta caída viene siendo asociada al temor de los inversionistas frente a las medidas que pueda tomar el ganador de las elecciones, el profesor Pedro Castillo.
En Chile está en discusión en el parlamento un proyecto relacionado con el pago de un royalty de entre el 3% y el 75% por sobre el valor de las ventas de cobre y otros minerales, aplicando una escala de ajustes según el precio del mineral. Se miran también otros mecanismos para gravar las ventas o las rentas mineras y, mientras ello ocurre, se nota un descenso en la producción del metal rojo.
Chile y Perú atienden el 50% de la demanda mundial de cobre y en la actual coyuntura, los dos países tienen un panorama político complicado. Más allá de ello, los analistas coinciden en que Perú tiene potencial geológico que le va a permitir superar a Chile en producción, aún cuando por diversas razones se vienen postergando el arranque de proyectos de mediana envergadura como Tía María, La Granja y Michiquillay.
En Perú los que reflexionan sobre la evolución de los precios de las acciones de las empresas mineras anotaron que éstas tuvieron un rendimiento elevado los primeros meses del año por la subida de los precios de metales, sin embargo, los anuncios hechos durante la campaña electoral por el candidato de Perú Libre han desanimado a los inversionistas.
Una de estas propuestas es la creación de un impuesto específico para el sector extractivo, sustentado en las mayores ganancias que perciben a raíz del precio más elevado de los metales.
Al respecto, uno de los líderes más caracterizados del sector empresarial peruano, Roque Benavides, dijo que “el tema es discutible y depende de las autoridades, no de las empresas mineras. Así que los que trabajamos en el Perú tendremos que respetar las normas que se den”, anotó el ejecutivo.
Para Benavides “el tema tributario es un tema de competitividad” y Australia, Chile o Canadá tienen el mismo nivel de tributación que tiene el Perú”.
El candidato que ganó en segunda vuelta pero aún no ha sido proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones, Pedro Castillo, ha dicho que está abierto al diálogo con los líderes empresariales y que respetará las promesas que había hecho, incluida la protección de la propiedad privada y la inversión privada.
En Chile, el proyecto de royalty ha sido aprobado ya en la Cámara de Diputados y se discute en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta. A ella asistió el director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, Aprimin, Sergio Hernández, y dijo que la suma de los impuestos de primera categoría, el adicional y el actual impuesto específico arroja tasas efectivas entre el 39% y el 46% sobre utilidades mineras, las que son competitivas con otros distritos mineros.
Sin embargo, de acuerdo al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, con los actuales precios, la tasa efectiva del royalty propuesto sería del 24%, pero sobre las ventas.
“Si le sumamos los impuestos a la renta de primera categoría y adicional, más el Impuesto Específico, que no se deroga, la tasa efectiva sería más del 82% sobre las utilidades, en el caso que las haya. Si no las hay, este royalty propuesto acrecentaría en forma importante las pérdidas de la compañía minera”, señaló Hernández.
Mientras tanto el precio del cobre continúa en ascenso. A fines de la semana pasada subió de US$4,20 a US$4,30 la libra y llegó a los US$9.487,5 la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres (LME).
Corte Constitucional dijo que consulta
sobre minería en Quito es improcedente
Julio 4 de 2021.- El Pleno de la Corte Constitucional decidió negar la solicitud de dictamen previo de constitucionalidad de la propuesta de consulta popular planteada para prohibir la explotación de minería metálica artesanal en el Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas del Distrito Metropolitano de Quito y en las parroquias que integran la Mancomunidad del Chocó Andino (Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto), por no cumplir con los parámetros previstos en la Constitución.
El dictamen fue aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional con siete votos a favor, de los Jueces Constitucionales Karla Andrade Quevedo (voto concurrente), Carmen Corral Ponce, Agustín Grijalva Jiménez (voto concurrente), Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez, Daniela Salazar Marín y Hernán Salgado Pesantes; y, dos votos salvados de los Jueces Constitucionales Ramiro Avila Santamaría y Enrique Herrería Bonnet; en sesión ordinaria de miércoles 23 de junio de 2021.
En relación con el cumplimiento de los requisitos formales en los considerandos que introducen a las preguntas, la Corte encontró información redundante y falta de referencia a información relevante.
No obstante, dio a los requisitos formales por cumplidos, toda vez que era posible excluirlos de la solicitud, sin alterar el objeto y secuencia lógica de la consulta.
Por otro lado, consideró incumplidos los requisitos formales de las preguntas, pues todas se refieren a la prohibición de actividades mineras en dos ámbitos geográficos:
Finalmente, respecto de la constitucionalidad material de las preguntas, la Corte sostuvo que existe una incongruencia entre el cuerpo electoral al que va dirigida la consulta -habitantes del Distrito Metropolitano de Quito- y el nivel de gobierno de las autoridades obligadas a cumplir con las medidas - el Gobierno Central-; esta incongruencia democrática pudo haber sido superada si los proponentes otorgaban razones suficientes para contar con solo una parte del cuerpo electoral, lo cual no ocurrió en esta propuesta.
Esta Corte aclaró que este dictamen no afecta la posibilidad que tienen los peticionarios de subsanar, en futuras solicitudes, los defectos detectados en esta decisión.
El dictamen fue aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional con siete votos a favor, de los Jueces Constitucionales Karla Andrade Quevedo (voto concurrente), Carmen Corral Ponce, Agustín Grijalva Jiménez (voto concurrente), Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez, Daniela Salazar Marín y Hernán Salgado Pesantes; y, dos votos salvados de los Jueces Constitucionales Ramiro Avila Santamaría y Enrique Herrería Bonnet; en sesión ordinaria de miércoles 23 de junio de 2021.
En relación con el cumplimiento de los requisitos formales en los considerandos que introducen a las preguntas, la Corte encontró información redundante y falta de referencia a información relevante.
No obstante, dio a los requisitos formales por cumplidos, toda vez que era posible excluirlos de la solicitud, sin alterar el objeto y secuencia lógica de la consulta.
Por otro lado, consideró incumplidos los requisitos formales de las preguntas, pues todas se refieren a la prohibición de actividades mineras en dos ámbitos geográficos:
- El mencionado Subsistema Metropolitano y
- ii) La Mancomunidad del Chocó Andino,
Finalmente, respecto de la constitucionalidad material de las preguntas, la Corte sostuvo que existe una incongruencia entre el cuerpo electoral al que va dirigida la consulta -habitantes del Distrito Metropolitano de Quito- y el nivel de gobierno de las autoridades obligadas a cumplir con las medidas - el Gobierno Central-; esta incongruencia democrática pudo haber sido superada si los proponentes otorgaban razones suficientes para contar con solo una parte del cuerpo electoral, lo cual no ocurrió en esta propuesta.
Esta Corte aclaró que este dictamen no afecta la posibilidad que tienen los peticionarios de subsanar, en futuras solicitudes, los defectos detectados en esta decisión.
Ministro Bermeo se reunió con su homólogo colombiano
Julio 4 de 2021.- El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables del Ecuador, Juan Carlos Bermeo se reunió el pasado 30 de junio con su homólogo colombiano, Diego Mesa Puyo, para conversar en torno a “la cooperación bilateral en materia técnica y el intercambio de buenas prácticas para un óptimo desarrollo de los sectores energético y minero”.
“Los secretarios de Estado intercambiaron información sobre la implementación de políticas públicas para la transición energética y el fortalecimiento del sector hidrocarburífero, con criterios de sostenibilidad, eficiencia, competitividad y transparencia”, señala un boletín de prensa del ministerio.
Según la nota, el ministro ecuatoriano destacó la apertura del gobierno colombiano para viabilizar acciones de cooperación conjunta que permitan la transferencia de conocimientos y experiencia, principalmente en el sector petrolero.
“Hemos acordado espacios de intercambio especialmente en temas de buenas prácticas empresariales y buen gobierno corporativo en la cadena de valor de las industrias estratégicas del país, para impulsar ejes de transformación e innovación en estos sectores fundamentales para la reactivación económica del Ecuador”, aseguró.
Durante este diálogo, además, se abordaron las estrategias que implementa cada país en la consolidación de un plan que permita la diversificación de las actividades mineras en todas sus fases.
De acuerdo con el ministerio, el gobierno del presidente Lasso impulsa el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables garantizando la seguridad y soberanía energética, con apertura a la inversión nacional y extranjera bajo criterios técnicos, operativos y legales claros.
También trabaja para el fortalecimiento de las empresas estatales y en el diseño de un modelo de negocio sólido que permita maximizar las ventajas y optimizar recursos.
“Los secretarios de Estado intercambiaron información sobre la implementación de políticas públicas para la transición energética y el fortalecimiento del sector hidrocarburífero, con criterios de sostenibilidad, eficiencia, competitividad y transparencia”, señala un boletín de prensa del ministerio.
Según la nota, el ministro ecuatoriano destacó la apertura del gobierno colombiano para viabilizar acciones de cooperación conjunta que permitan la transferencia de conocimientos y experiencia, principalmente en el sector petrolero.
“Hemos acordado espacios de intercambio especialmente en temas de buenas prácticas empresariales y buen gobierno corporativo en la cadena de valor de las industrias estratégicas del país, para impulsar ejes de transformación e innovación en estos sectores fundamentales para la reactivación económica del Ecuador”, aseguró.
Durante este diálogo, además, se abordaron las estrategias que implementa cada país en la consolidación de un plan que permita la diversificación de las actividades mineras en todas sus fases.
De acuerdo con el ministerio, el gobierno del presidente Lasso impulsa el aprovechamiento de los recursos naturales no renovables garantizando la seguridad y soberanía energética, con apertura a la inversión nacional y extranjera bajo criterios técnicos, operativos y legales claros.
También trabaja para el fortalecimiento de las empresas estatales y en el diseño de un modelo de negocio sólido que permita maximizar las ventajas y optimizar recursos.
Enami EP busca inversionistas para cuatro
proyectos (no incluye Llurimagua)
Julio 4 de 2021.- La Empresa Nacional Minera (Enami EP) informó la semana pasada a las empresas interesadas en el sector minero ecuatoriano que su Portafolio 2021 contempla cuatro proyectos de gran minería, dos en la provincia de Cotopaxi, uno en Zamora Chinchipe y otro en Chimborazo.
El Proyecto Unacota de minería no metálica se encuentra ubicado en la parroquia Zumbahua, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi. Su principal mineral es caliza y actualmente está en fase de exploración inicial.
El Proyecto Sigchos de minería metálica está ubicado en el cantón Sigchos de la provincia de Cotopaxi. Este yacimiento se encuentra en fase de exploración avanzada y contiene minerales como: cobre, oro y plata.
El Proyecto Isimanchi de minería no metálica está ubicado en la parroquia Zumba, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. Su principal mineral es caliza y actualmente está en fase de exploración avanzada.
Proyecto La Tronera de minería (no metálica) está ubicado en la parroquia San Juan, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. Actualmente se encuentra en fase de exploración inicial y su principal mineral es caliza.
El Portafolio de Proyectos de Enami EP para el año 2021 está disponible en el link: https://bit.ly/3fEbsPK
En el Portafolio también se da razón del estado de las concesiones, las modalidades previstas para inversión, su estatus social, así como su potencial, recursos minerales atribuidos y otros detalles.
El Proyecto Unacota de minería no metálica se encuentra ubicado en la parroquia Zumbahua, cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi. Su principal mineral es caliza y actualmente está en fase de exploración inicial.
El Proyecto Sigchos de minería metálica está ubicado en el cantón Sigchos de la provincia de Cotopaxi. Este yacimiento se encuentra en fase de exploración avanzada y contiene minerales como: cobre, oro y plata.
El Proyecto Isimanchi de minería no metálica está ubicado en la parroquia Zumba, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe. Su principal mineral es caliza y actualmente está en fase de exploración avanzada.
Proyecto La Tronera de minería (no metálica) está ubicado en la parroquia San Juan, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. Actualmente se encuentra en fase de exploración inicial y su principal mineral es caliza.
El Portafolio de Proyectos de Enami EP para el año 2021 está disponible en el link: https://bit.ly/3fEbsPK
En el Portafolio también se da razón del estado de las concesiones, las modalidades previstas para inversión, su estatus social, así como su potencial, recursos minerales atribuidos y otros detalles.
Agencia de Regulación y Control ya tiene nuevo director
Julio 4 de 2021.- El directorio de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC) nombró a Jaime Cepeda Campaña como su director ejecutivo.
Cepeda Campaña es ingeniero eléctrico por la Escuela Politécnica Nacional, con los más altos honores: Summa Cum Laude; y, doctor en ingeniería eléctrica por la Universidad Nacional de San Juan, Argentina.
Sus trabajos de investigación han sido galardonados por instituciones académicas como la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en Argentina y por el MIT Technology Review, de Estados Unidos.
Cuenta con amplia experiencia en el ámbito público y privado. Entre 2005 y 2009 trabajó en Schlumberger Surenco y en el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec). Colaboró como investigador en el Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina; y, en el Instituto de Sistemas Eléctricos de Potencia, Universidad Duisburg-Essen, Alemania, entre 2009 y 2013.
Desde el 2013 colaboró en el Operador Nacional de Electricidad Cenace, desempeñándose como Subgerente Nacional de Investigación y Desarrollo y como Gerente Nacional de Desarrollo Técnico.
Actualmente, también se desempeña como docente del Doctorado en Ingeniería Eléctrica y de la Maestría en Electricidad, mención Redes Eléctricas Inteligentes, de la Escuela Politécnica Nacional. Además, ha colaborado como docente; y, director, codirector y jurado de trabajos de titulación de tercer nivel en la Universidad Nacional de San Juan (Argentina), Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE (Ecuador), Universidad de Cuenca (Ecuador) y Universidad de Antioquia (Colombia).
Cepeda Campaña es ingeniero eléctrico por la Escuela Politécnica Nacional, con los más altos honores: Summa Cum Laude; y, doctor en ingeniería eléctrica por la Universidad Nacional de San Juan, Argentina.
Sus trabajos de investigación han sido galardonados por instituciones académicas como la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en Argentina y por el MIT Technology Review, de Estados Unidos.
Cuenta con amplia experiencia en el ámbito público y privado. Entre 2005 y 2009 trabajó en Schlumberger Surenco y en el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec). Colaboró como investigador en el Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina; y, en el Instituto de Sistemas Eléctricos de Potencia, Universidad Duisburg-Essen, Alemania, entre 2009 y 2013.
Desde el 2013 colaboró en el Operador Nacional de Electricidad Cenace, desempeñándose como Subgerente Nacional de Investigación y Desarrollo y como Gerente Nacional de Desarrollo Técnico.
Actualmente, también se desempeña como docente del Doctorado en Ingeniería Eléctrica y de la Maestría en Electricidad, mención Redes Eléctricas Inteligentes, de la Escuela Politécnica Nacional. Además, ha colaborado como docente; y, director, codirector y jurado de trabajos de titulación de tercer nivel en la Universidad Nacional de San Juan (Argentina), Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE (Ecuador), Universidad de Cuenca (Ecuador) y Universidad de Antioquia (Colombia).
Después de caer en todo el mundo, la inversión
extranjera directa se recuperará este año
Junio 27 de 2021.- La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe durante el año 2020, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, (Unctad), fue de 88 000 millones de dólares, es decir, cayó en un 45 por ciento.
Sólo en América del Sur, la IED fue menos de la mitad que en el 2019. Alcanzó a 52 000 millones de dólares, siendo que lo que llegó a Brasil y Perú fue la cifra más baja en los últimos 20 años.
Según la Unctad, al Perú sólo llegaron 1000 millones de dólares. En Chile ese flujo bajó a 8400 millones de dólares (-33 por ciento), en Argentina a 4100 millones (-38 por ciento), y en Colombia a 7700 millones (-46 por ciento).
En Brasil, las entradas cayeron 62 por ciento, a 25 000 millones de dólares, afectadas por la desaparición de las inversiones en extracción de petróleo y gas, suministro de energía y servicios financieros.
La caída de la IED afectó a casi todo el mundo. A nivel mundial, la caída se estima en un 35 por ciento en 2020, a un billón de dólares, desde 1,5 billones (millones de millones) de dólares el año anterior, según el informe divulgado en la sede de la Unctad.
Aunque la inversión extranjera cayó en números totales, una mirada sectorial revela diferencias más consistentes. Así, se tiene que las inversiones en las industrias de hidrocarburos, manufactura y viajes y ocio se contrajeron severamente, pero las dirigidas a las exportaciones de minerales y metales, se mantuvieron más o menos estables.
América Latina y el Caribe sufrió la baja más pronunciada de la IED entre los países en desarrollo.
Se espera que los flujos de inversión hacia y desde la región se mantengan en un nivel bajo en 2021 y lo más probable es que antes de 2023 no recuperen su nivel anterior a la crisis.
El estudio de Unctad considera que la recuperación de las entradas variará según los países y las industrias, y los inversores extranjeros se fijarán en la energía limpia y los minerales críticos para su producción y empleo, animados por un impulso mundial hacia una recuperación sostenible.
Otras industrias que muestran signos de recuperación incluyen la información y las comunicaciones, la electrónica y la fabricación de dispositivos médicos.
De otro lado, se espera que los flujos mundiales de inversión extranjera directa (IED) recuperen algo del terreno perdido con un aumento del 10% al 15% este año.
La recuperación de la IED será desigual. Se espera que las economías desarrolladas impulsen el crecimiento mundial de la IED, tanto por la fuerte actividad de fusiones y adquisiciones transfronterizas como por el apoyo a la inversión pública a gran escala.
Las entradas de IED en Asia seguirán siendo resistentes, ya que la región se ha destacado como un destino atractivo para la inversión internacional durante la pandemia. Es poco probable que se produzca una recuperación sustancial de la IED en África y América Latina y el Caribe a corto plazo.
Sólo en América del Sur, la IED fue menos de la mitad que en el 2019. Alcanzó a 52 000 millones de dólares, siendo que lo que llegó a Brasil y Perú fue la cifra más baja en los últimos 20 años.
Según la Unctad, al Perú sólo llegaron 1000 millones de dólares. En Chile ese flujo bajó a 8400 millones de dólares (-33 por ciento), en Argentina a 4100 millones (-38 por ciento), y en Colombia a 7700 millones (-46 por ciento).
En Brasil, las entradas cayeron 62 por ciento, a 25 000 millones de dólares, afectadas por la desaparición de las inversiones en extracción de petróleo y gas, suministro de energía y servicios financieros.
La caída de la IED afectó a casi todo el mundo. A nivel mundial, la caída se estima en un 35 por ciento en 2020, a un billón de dólares, desde 1,5 billones (millones de millones) de dólares el año anterior, según el informe divulgado en la sede de la Unctad.
Aunque la inversión extranjera cayó en números totales, una mirada sectorial revela diferencias más consistentes. Así, se tiene que las inversiones en las industrias de hidrocarburos, manufactura y viajes y ocio se contrajeron severamente, pero las dirigidas a las exportaciones de minerales y metales, se mantuvieron más o menos estables.
América Latina y el Caribe sufrió la baja más pronunciada de la IED entre los países en desarrollo.
Se espera que los flujos de inversión hacia y desde la región se mantengan en un nivel bajo en 2021 y lo más probable es que antes de 2023 no recuperen su nivel anterior a la crisis.
El estudio de Unctad considera que la recuperación de las entradas variará según los países y las industrias, y los inversores extranjeros se fijarán en la energía limpia y los minerales críticos para su producción y empleo, animados por un impulso mundial hacia una recuperación sostenible.
Otras industrias que muestran signos de recuperación incluyen la información y las comunicaciones, la electrónica y la fabricación de dispositivos médicos.
De otro lado, se espera que los flujos mundiales de inversión extranjera directa (IED) recuperen algo del terreno perdido con un aumento del 10% al 15% este año.
La recuperación de la IED será desigual. Se espera que las economías desarrolladas impulsen el crecimiento mundial de la IED, tanto por la fuerte actividad de fusiones y adquisiciones transfronterizas como por el apoyo a la inversión pública a gran escala.
Las entradas de IED en Asia seguirán siendo resistentes, ya que la región se ha destacado como un destino atractivo para la inversión internacional durante la pandemia. Es poco probable que se produzca una recuperación sustancial de la IED en África y América Latina y el Caribe a corto plazo.
Sectores Hidrocarburos y Electricidad y Energía
ya tienen sus viceministros… Minería no
Junio 20 de 2021.- Después de haberse ilusionado con la creación del ministerio de Minería, ahora los mineros esperan que siquiera se nombre pronto al viceministro o a la viceministra del sector, dado que pasan los días y algunos temas no pueden ser tratados en la instancia que ameritan.
Existe una viceministra subrogante, es cierto; pero es evidente la inestabilidad de su nombramiento.
El ministro Juan Carlos Bermeo viene buscando apoyo para el sector. La semana pasada se reunió con la embajadora de Canadá en Ecuador, Sylvie Bedard; y unos días antes hizo lo mismo con el embajador del Reino Unido, Christopher Campbell.
“Promover nuevas inversiones para los sectores energético y minero será uno de los ejes de trabajo” escribió en su cuenta Twitter después de conversar “sobre la importancia del apoyo privado para viabilizar proyectos en beneficio del país” con la embajadora canadiense.
Y con el representante británico resaltó la importancia de mantener excelentes relaciones bilaterales que impulsen la inversión y cooperación para el fortalecimiento de estos sectores claves para la economía del país.
El embajador Campbell, por su parte, expresó su interés en los proyectos de energía renovable, en continuar con la transición energética en las Islas Galápagos y apoyar a la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), una idea nacida en su país hace un par de décadas.
En las tres semanas al frente del sector, el nuevo ministro ha nombrado a los viceministros de Electricidad y Energía Renovable, cargo que será desempeñado por el ingeniero Gabriel Alberto Argüello Ríos; y al de Hidrocarburos; Carlos Hernán Suárez Luna, graduado en Electrónica y Telecomunicaciones por la Escuela Politécnica Nacional.
También ha recibido el respaldo de connotados líderes del sector minero, como el del vicepresidente de Solaris Resources, Federico Velásquez, quien en su cuenta Twitter expresó “A sus órdenes para promover nuevas inversiones, Sr. Ministro @JuanCar_Bermeo y demostrar que la #MineríaResposable es una realidad. Gracias @Sylvie_Bedard por reafirmar la importancia del apoyo del sector minero al desarrollo del país”.
Existe una viceministra subrogante, es cierto; pero es evidente la inestabilidad de su nombramiento.
El ministro Juan Carlos Bermeo viene buscando apoyo para el sector. La semana pasada se reunió con la embajadora de Canadá en Ecuador, Sylvie Bedard; y unos días antes hizo lo mismo con el embajador del Reino Unido, Christopher Campbell.
“Promover nuevas inversiones para los sectores energético y minero será uno de los ejes de trabajo” escribió en su cuenta Twitter después de conversar “sobre la importancia del apoyo privado para viabilizar proyectos en beneficio del país” con la embajadora canadiense.
Y con el representante británico resaltó la importancia de mantener excelentes relaciones bilaterales que impulsen la inversión y cooperación para el fortalecimiento de estos sectores claves para la economía del país.
El embajador Campbell, por su parte, expresó su interés en los proyectos de energía renovable, en continuar con la transición energética en las Islas Galápagos y apoyar a la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI), una idea nacida en su país hace un par de décadas.
En las tres semanas al frente del sector, el nuevo ministro ha nombrado a los viceministros de Electricidad y Energía Renovable, cargo que será desempeñado por el ingeniero Gabriel Alberto Argüello Ríos; y al de Hidrocarburos; Carlos Hernán Suárez Luna, graduado en Electrónica y Telecomunicaciones por la Escuela Politécnica Nacional.
También ha recibido el respaldo de connotados líderes del sector minero, como el del vicepresidente de Solaris Resources, Federico Velásquez, quien en su cuenta Twitter expresó “A sus órdenes para promover nuevas inversiones, Sr. Ministro @JuanCar_Bermeo y demostrar que la #MineríaResposable es una realidad. Gracias @Sylvie_Bedard por reafirmar la importancia del apoyo del sector minero al desarrollo del país”.
Nueva iniciativa civil busca prohibir
la minería metálica en todo el país
Junio 20 de 2021.- Varias organizaciones sociales y el ex candidato a la presidencia, Yaku Pérez, fueron a la Asamblea Nacional para entregar el proyecto de Ley Orgánica de Prohibición de Minería Metálica en el Ecuador.
El documento fue entregado al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien puntualizó que es importante que el tema de defensa del agua vital y las fuentes hídricas conste en la agenda legislativa que se elabora.
Saquicela remarcó que será fundamental socializar esta iniciativa con diversos sectores para crear una ley que defienda la vida y el agua. “Ese compromiso lo hacemos como asambleístas y como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, esta será una ley de la República en el corto plazo”, afirmó.
En la entrega del proyecto también intervinieron los asambleístas Bruno Segovia y Ángel Maita, quienes coincidieron en que “trabajarán junto con el pueblo para elaborar leyes en beneficio de los ecuatorianos”. Ambos “rechazaron el extractivismo” y pidieron apoyo al proyecto para que Ecuador sea declarado libre de minería metálica.
El proyecto
El proyecto presentado consta de 11 artículos, uno de los cuales precisa que la propuesta de prohibición a la minería metálica incluye las actividades de prospección, exploración, explotación y procesamiento, ya sea a cielo abierto o subterráneo, en todo el país.
Propone que ninguna institución, mediante acto administrativo o resolución podrá autorizar la exploración, explotación, extracción o procesamiento de minerales metálicos en todo el territorio nacional u otorgar licencias, permisos, contratos o concesiones para esos mismos fines.
Plantea además que el Ministerio del Ambiente proceda al “cierre de las minas metálicas” y coordine con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables la remediación ambiental de daños causados por las minas en las regiones afectadas, “para devolver a la población las condiciones de un ambiente sano y el ejercicio pleno del Sumak Kawsay, así como la reparación de los daños causados a las poblaciones afectadas, entre otros aspectos”.
El documento fue entregado al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, quien puntualizó que es importante que el tema de defensa del agua vital y las fuentes hídricas conste en la agenda legislativa que se elabora.
Saquicela remarcó que será fundamental socializar esta iniciativa con diversos sectores para crear una ley que defienda la vida y el agua. “Ese compromiso lo hacemos como asambleístas y como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, esta será una ley de la República en el corto plazo”, afirmó.
En la entrega del proyecto también intervinieron los asambleístas Bruno Segovia y Ángel Maita, quienes coincidieron en que “trabajarán junto con el pueblo para elaborar leyes en beneficio de los ecuatorianos”. Ambos “rechazaron el extractivismo” y pidieron apoyo al proyecto para que Ecuador sea declarado libre de minería metálica.
El proyecto
El proyecto presentado consta de 11 artículos, uno de los cuales precisa que la propuesta de prohibición a la minería metálica incluye las actividades de prospección, exploración, explotación y procesamiento, ya sea a cielo abierto o subterráneo, en todo el país.
Propone que ninguna institución, mediante acto administrativo o resolución podrá autorizar la exploración, explotación, extracción o procesamiento de minerales metálicos en todo el territorio nacional u otorgar licencias, permisos, contratos o concesiones para esos mismos fines.
Plantea además que el Ministerio del Ambiente proceda al “cierre de las minas metálicas” y coordine con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables la remediación ambiental de daños causados por las minas en las regiones afectadas, “para devolver a la población las condiciones de un ambiente sano y el ejercicio pleno del Sumak Kawsay, así como la reparación de los daños causados a las poblaciones afectadas, entre otros aspectos”.
Sector minero energético ya tiene su ministro
Junio 6 de 2021.- El pasado 2 de junio el presidente de la República, Guillermo Lasso, designó a Juan Carlos Bermeo Calderón como Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
Bermeo es ingeniero civil de profesión y cuenta con postgrados en Mediación y Solución de Conflictos Ambientales, Desarrollo Sustentable y Negociación; además de una maestría en Sistemas Integrados de Gestión.
Tiene más de 40 años de experiencia en los ámbitos petrolero e hidráulico y ha desempeñado importantes cargos en los sectores público y privado, entre los cuales están el de director nacional de Hidrocarburos, gerente del Proyecto de Mantenimiento del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP Ecuador), gerente General de Petroamazonas EP y gerente de Hidronormandía S.A.
También ha sido consultor del Banco de Desarrollo del Ecuador y del Banco Mundial, así como viceministro de Hidrocarburos y ministro subrogante del sector.
“Es un enorme reto liderar desde hoy los sectores hidrocarburífero, eléctrico y minero, considerados importantes para el país, los mismos que fortaleceremos manteniendo operaciones eficientes, ambientalmente amigables, seguras y sostenibles, además de buscar nuevas inversiones para su reactivación económica”, dijo en sus primeras declaraciones a la prensa.
“A ello se sumará, como una de las principales premisas de mi gestión, la lucha frontal contra la corrupción, para lograr todos los objetivos antes mencionados”, agregó.
Al cierre de esta edición, no se sabía aún el nombre de los viceministros que lo acompañarán en su gestión.
Bermeo es ingeniero civil de profesión y cuenta con postgrados en Mediación y Solución de Conflictos Ambientales, Desarrollo Sustentable y Negociación; además de una maestría en Sistemas Integrados de Gestión.
Tiene más de 40 años de experiencia en los ámbitos petrolero e hidráulico y ha desempeñado importantes cargos en los sectores público y privado, entre los cuales están el de director nacional de Hidrocarburos, gerente del Proyecto de Mantenimiento del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP Ecuador), gerente General de Petroamazonas EP y gerente de Hidronormandía S.A.
También ha sido consultor del Banco de Desarrollo del Ecuador y del Banco Mundial, así como viceministro de Hidrocarburos y ministro subrogante del sector.
“Es un enorme reto liderar desde hoy los sectores hidrocarburífero, eléctrico y minero, considerados importantes para el país, los mismos que fortaleceremos manteniendo operaciones eficientes, ambientalmente amigables, seguras y sostenibles, además de buscar nuevas inversiones para su reactivación económica”, dijo en sus primeras declaraciones a la prensa.
“A ello se sumará, como una de las principales premisas de mi gestión, la lucha frontal contra la corrupción, para lograr todos los objetivos antes mencionados”, agregó.
Al cierre de esta edición, no se sabía aún el nombre de los viceministros que lo acompañarán en su gestión.
Organizaciones cuencanas envían carta al presidente Lasso
Junio 6 de 2021.- Una serie de organizaciones ambientalistas enviaron una carta al presidente de la República, Guillermo Lasso; y al ministro del Ambiente y Agua, Gustavo Manrique Miranda, expresando su deseo de que dicho portafolio se inhiba de conceder licencias para la actividad minera en las áreas de recarga hídrica de los ríos Yanuncay, Tomebamba, Tarqui, Machángara y Norcay.
“Exigimos se respete la decisión popular y el mandato constitucional, la defensa del agua es un asunto estratégico de primer orden y debe ser una prioridad en sus agendas”, señalan los firmantes de la carta.
“Nos dirigimos a ustedes como autoridades nacionales y locales, para expresar nuestra preocupación sobre la falta de celeridad en el cumplimiento de los resultados de la Consulta Popular del pasado 7 de febrero, en la que Cuenca dijo “sí al agua” de manera contundente”, sostienen.
Señalan además que “es urgente tomar decisiones, más aún cuando los proyectos mineros no tienen intención de retirarse, como es el caso de INV Metals que no sólo irrespeta los resultados de la Consulta, sino anuncia avances en el proyecto Loma Larga con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental en el MAAE a fin de obtener la Licencia para la fase de explotación”.
Los firmantes de la carta sostienen que la Corte Constitucional del Ecuador fue clara al señalar en el 6-20-CP/20 cuáles eran las responsabilidades y acciones requeridas luego de la consulta. Una de ellas es la obligación del gobierno de garantizar que se respete el resultado y otra establecer la delimitación de las zonas de recarga hídrica.
“Éste es un paso importante para la implementación de los resultados de la Consulta y no puede haber dilatorias que la pongan en peligro”, expresan.
Los firmantes piden que “se transparenten los procesos y gestiones en curso, de manera que conozcamos de sus ejecutorias, para que como ciudadanos y ciudadanas estemos informados y podamos ejercer nuestros derechos”.
“Exigimos se respete la decisión popular y el mandato constitucional, la defensa del agua es un asunto estratégico de primer orden y debe ser una prioridad en sus agendas”, señalan los firmantes de la carta.
“Nos dirigimos a ustedes como autoridades nacionales y locales, para expresar nuestra preocupación sobre la falta de celeridad en el cumplimiento de los resultados de la Consulta Popular del pasado 7 de febrero, en la que Cuenca dijo “sí al agua” de manera contundente”, sostienen.
Señalan además que “es urgente tomar decisiones, más aún cuando los proyectos mineros no tienen intención de retirarse, como es el caso de INV Metals que no sólo irrespeta los resultados de la Consulta, sino anuncia avances en el proyecto Loma Larga con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental en el MAAE a fin de obtener la Licencia para la fase de explotación”.
Los firmantes de la carta sostienen que la Corte Constitucional del Ecuador fue clara al señalar en el 6-20-CP/20 cuáles eran las responsabilidades y acciones requeridas luego de la consulta. Una de ellas es la obligación del gobierno de garantizar que se respete el resultado y otra establecer la delimitación de las zonas de recarga hídrica.
“Éste es un paso importante para la implementación de los resultados de la Consulta y no puede haber dilatorias que la pongan en peligro”, expresan.
Los firmantes piden que “se transparenten los procesos y gestiones en curso, de manera que conozcamos de sus ejecutorias, para que como ciudadanos y ciudadanas estemos informados y podamos ejercer nuestros derechos”.
Declinó la cartera el ministro designado
para Energía y Recursos Naturales No Renovables
Mayo 30 de 2021.- El recién designado ministro de Energía y Recursos Naturales, Roberto Salas, declinó el nombramiento y según un alto funcionario del gobierno en el transcurso de esta semana se sabrá el nombre de su reemplazo en el puesto de titular del sector.
Salas había sido directivo de la compañía Adventus Mining Corporation, empresa que tiene a su cargo el desarrollo del proyecto Curipamba y se extiende sobre las provincias de Los Ríos y Bolívar; y renunció a ese cargo tres días antes de que Guillermo Lasso asumiera la presidencia.
Según informó en su cuenta Twitter, Salas inició el proceso para desvincularse de Adventus y así evitar conflictos de intereses al ejercer como ministro, pero motivos familiares lo llevaron a declinar el nombramiento.
Vale señalar que uno de los primeros decretos firmados por el presidente Guillermo Lasso fue el Código de Ética que, en su artículo 10, señala que “las personas designadas para ejercer los cargos… deberán declarar, previo a posesionarse en sus cargos, si se encuentran en una situación en que sus intereses particulares podrían entrar en conflicto con los intereses de las entidades de la función ejecutiva, donde vayan a prestar sus servicios o desempeñar sus cargos”.
Salas había sido directivo de la compañía Adventus Mining Corporation, empresa que tiene a su cargo el desarrollo del proyecto Curipamba y se extiende sobre las provincias de Los Ríos y Bolívar; y renunció a ese cargo tres días antes de que Guillermo Lasso asumiera la presidencia.
Según informó en su cuenta Twitter, Salas inició el proceso para desvincularse de Adventus y así evitar conflictos de intereses al ejercer como ministro, pero motivos familiares lo llevaron a declinar el nombramiento.
Vale señalar que uno de los primeros decretos firmados por el presidente Guillermo Lasso fue el Código de Ética que, en su artículo 10, señala que “las personas designadas para ejercer los cargos… deberán declarar, previo a posesionarse en sus cargos, si se encuentran en una situación en que sus intereses particulares podrían entrar en conflicto con los intereses de las entidades de la función ejecutiva, donde vayan a prestar sus servicios o desempeñar sus cargos”.
Colombia reduce a 90 días periodo para contratación minera
Mayo 30 de 2021.- La Agencia Nacional de Minería de Colombia ha desarrollado el Sistema Integral de Gestión Minera -AnnA Minería-, una herramienta digital que si funciona bien reduce a 90 días los plazos para evaluar las propuestas de contratos de concesión en el sector minero.
Antes, esos trámites demoraban casi un año.
“Con la herramienta virtual se han reducido en un 80% los trámites en las operaciones relacionadas con la definición del área objeto de la solicitud, la implementación de la cuadrícula minera, la estandarización de procedimientos y la eliminación de etapas manuales”, señaló el presidente de la ANM, Juan Miguel Durán Prieto.
“La agencia se ha concentrado en el diseño, desarrollo, verificación y optimización de los datos y procesos que forman parte de su infraestructura tecnológica y de servicio, de manera que cada funcionalidad ofrezca soluciones concretas, efectivas y eficientes tendientes al crecimiento, mejora y legalidad en el sector minero”, aseguró el ejecutivo de la ANM.
En esta transformación corporativa, y en sintonía con las políticas de Datos Abiertos y Gobierno en Línea, la ANM ha dispuesto herramientas de consulta y realización de trámites que operan sobre un esquema 7×24, permitiendo a los titulares hacer seguimiento de sus trámites y dar cumplimiento de sus obligaciones.
La Agencia Nacional de Minería de Colombia piensa que con la nueva aplicación se refuerza su compromiso con la transparencia, la eficiencia y la oportunidad, de cara a los procesos de reactivación económica, inclusión social, protección ambiental y desarrollo sostenible para ese país.
Antes, esos trámites demoraban casi un año.
“Con la herramienta virtual se han reducido en un 80% los trámites en las operaciones relacionadas con la definición del área objeto de la solicitud, la implementación de la cuadrícula minera, la estandarización de procedimientos y la eliminación de etapas manuales”, señaló el presidente de la ANM, Juan Miguel Durán Prieto.
“La agencia se ha concentrado en el diseño, desarrollo, verificación y optimización de los datos y procesos que forman parte de su infraestructura tecnológica y de servicio, de manera que cada funcionalidad ofrezca soluciones concretas, efectivas y eficientes tendientes al crecimiento, mejora y legalidad en el sector minero”, aseguró el ejecutivo de la ANM.
En esta transformación corporativa, y en sintonía con las políticas de Datos Abiertos y Gobierno en Línea, la ANM ha dispuesto herramientas de consulta y realización de trámites que operan sobre un esquema 7×24, permitiendo a los titulares hacer seguimiento de sus trámites y dar cumplimiento de sus obligaciones.
La Agencia Nacional de Minería de Colombia piensa que con la nueva aplicación se refuerza su compromiso con la transparencia, la eficiencia y la oportunidad, de cara a los procesos de reactivación económica, inclusión social, protección ambiental y desarrollo sostenible para ese país.
Roberto Salas es el nuevo ministro del sector
Mayo 23 de 2021.- El presidente electo de la República, Guillermo Lasso, anunció este 20 de mayo que Roberto Salas será ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables.
Según la reseña hecha por la Cámara de Minería de Ecuador, Roberto Salas es economista, MBA de Esade de España y Adolfo Ibáñez de Chile.
Tiene estudios en Gerencia en la Kellogg Business School, de la Northwestern University, y en la Wharton Business School, de la University of Pennsylvania.
En 1989 ingresó a Grupo Nueva, un holding de inversiones especializado en la industria forestal y productos de madera. Ahí inició su carrera. Más tarde, ocupó otros cargos en el país como gerente general de Plastigama y Eternit Ecuatoriana.
En 1999, fue nombrado vicepresidente del Grupo Amanco, al que pertenece la empresa de plásticos Plastigama. Cuatro años después, Salas asumió la presidencia del grupo y decidió trasladar la sede corporativa a Brasil.
Es ex CEO de Masisa (2008 - 2019), expositor y fundador-promotor de Iniciativa de Gestión Sustentable. Actualmente es vicepresidente ejecutivo – CEO del Consorcio Nobis.
Roberto Salas también ha sido miembro del directorio de Adventus Mining, una junior que en nuestro país tiene a su cargo el desarrollo de los proyectos Santiago, Curipamba y El Domo, entre otros.
El día que el presidente electo presentó a sus ministros, hizo también un llamado a luchar contra la corrupción y dijo que no podrán tener parientes en sus carteras de Estado.
Según la reseña hecha por la Cámara de Minería de Ecuador, Roberto Salas es economista, MBA de Esade de España y Adolfo Ibáñez de Chile.
Tiene estudios en Gerencia en la Kellogg Business School, de la Northwestern University, y en la Wharton Business School, de la University of Pennsylvania.
En 1989 ingresó a Grupo Nueva, un holding de inversiones especializado en la industria forestal y productos de madera. Ahí inició su carrera. Más tarde, ocupó otros cargos en el país como gerente general de Plastigama y Eternit Ecuatoriana.
En 1999, fue nombrado vicepresidente del Grupo Amanco, al que pertenece la empresa de plásticos Plastigama. Cuatro años después, Salas asumió la presidencia del grupo y decidió trasladar la sede corporativa a Brasil.
Es ex CEO de Masisa (2008 - 2019), expositor y fundador-promotor de Iniciativa de Gestión Sustentable. Actualmente es vicepresidente ejecutivo – CEO del Consorcio Nobis.
Roberto Salas también ha sido miembro del directorio de Adventus Mining, una junior que en nuestro país tiene a su cargo el desarrollo de los proyectos Santiago, Curipamba y El Domo, entre otros.
El día que el presidente electo presentó a sus ministros, hizo también un llamado a luchar contra la corrupción y dijo que no podrán tener parientes en sus carteras de Estado.
Archivan denuncia contra Gerente de Hanrine
Mayo 23 de 2021.- El gerente general de Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining S.A., Carlos De Miguel III, dio a conocer que un juez ordenó el archivo de la investigación que se abrió en su contra y amenazó con demandar al Estado, pedir una indemnización material y exigir que se restituya su honor y su buena reputación en todos los niveles de la información pública.
En efecto, el pasado siete de mayo, el juez de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Giovanny Fernando Freire Coloma, ordenó el archivo definitivo de la investigación previa abierta en su contra.
La investigación fue iniciada, presuntamente, por una denuncia anónima por tenencia ilegal de armas que terminó en un allanamiento a su domicilio y la detención del domingo 26 de julio a las siete de la mañana.
“De manera casi simultánea, la ex ministra de Gobierno María Paula Romo inició una serie de acciones claramente orientadas en contra del señor De Miguel usando su injerencia sobre diversas instituciones del Estado y autoridades”, sostiene la defensa de De Miguel III.
“Carlos de Miguel III fue víctima de un allanamiento ilegal, una detención arbitraria y un procesamiento injustificado por parte del Estado ecuatoriano. El archivo de esta causa no solamente ratifica su inocencia sino que da paso para el inicio de una demanda contra el Estado ecuatoriano”, afirma el abogado Emiliano Donoso.
A De Miguel III se le denunció por delito de tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas. Hechas todas las investigaciones, se tiene que contaba con los permisos requeridos y no existían elementos objetivos ni subjetivos que ameriten una denuncia, razón por la cual se solicitó el archivo de la causa.
“Ahora, diez meses después, María Paula Romo, el teniente Ricardo Herrera, un ex viceministro de minería y otros servidores públicos, todos ellos interesados en mi detención y desprestigio, merecen el repudio moral por sus ilegales actos,” agrega.
“Tendrán que rendir cuentas frente la justicia ordinaria por su ataque premeditado en mi contra”, dijo en la rueda de prensa que convocó en un hotel quiteño.
Hanrine sigue mirando a Llurimagua
De Miguel III es empresario norteamericano y sostiene que fue víctima de una campaña pública y brutal “porque representa a Hanrine” y porque había hecho público su interés en los yacimientos que en el argot minero se conocen como “Llurimagua”.
Dice que su oferta fue silenciada por los altos poderes políticos que querían cerrar el acuerdo con Codelco, de Chile.
Según el empresario norteamericano, el acuerdo con Codelco fue “uno de los más grandes atracos” contra el Estado ecuatoriano.
Sostiene que fue posible porque la empresa chilena contó con la complicidad de funcionarios que “merecen responder ante la justicia ordinaria,” afirma De Miguel III.
En su reunión con un grupo de periodistas, el gerente general de Hanrine explicó que su empresa está familiarizada con la explotación de depósitos de clase mundial y que ve con interés la posibilidad de convertir en una gran mina de cobre al yacimiento Llurimagua.
Hanrine Exploration and Mining S.A. es una subsidiaria de Hancock Prospecting Pty Ltd., propiedad de Gina Rinehart, una de las principales empresas mineras de Australia.
En efecto, el pasado siete de mayo, el juez de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, Giovanny Fernando Freire Coloma, ordenó el archivo definitivo de la investigación previa abierta en su contra.
La investigación fue iniciada, presuntamente, por una denuncia anónima por tenencia ilegal de armas que terminó en un allanamiento a su domicilio y la detención del domingo 26 de julio a las siete de la mañana.
“De manera casi simultánea, la ex ministra de Gobierno María Paula Romo inició una serie de acciones claramente orientadas en contra del señor De Miguel usando su injerencia sobre diversas instituciones del Estado y autoridades”, sostiene la defensa de De Miguel III.
“Carlos de Miguel III fue víctima de un allanamiento ilegal, una detención arbitraria y un procesamiento injustificado por parte del Estado ecuatoriano. El archivo de esta causa no solamente ratifica su inocencia sino que da paso para el inicio de una demanda contra el Estado ecuatoriano”, afirma el abogado Emiliano Donoso.
A De Miguel III se le denunció por delito de tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas. Hechas todas las investigaciones, se tiene que contaba con los permisos requeridos y no existían elementos objetivos ni subjetivos que ameriten una denuncia, razón por la cual se solicitó el archivo de la causa.
“Ahora, diez meses después, María Paula Romo, el teniente Ricardo Herrera, un ex viceministro de minería y otros servidores públicos, todos ellos interesados en mi detención y desprestigio, merecen el repudio moral por sus ilegales actos,” agrega.
“Tendrán que rendir cuentas frente la justicia ordinaria por su ataque premeditado en mi contra”, dijo en la rueda de prensa que convocó en un hotel quiteño.
Hanrine sigue mirando a Llurimagua
De Miguel III es empresario norteamericano y sostiene que fue víctima de una campaña pública y brutal “porque representa a Hanrine” y porque había hecho público su interés en los yacimientos que en el argot minero se conocen como “Llurimagua”.
Dice que su oferta fue silenciada por los altos poderes políticos que querían cerrar el acuerdo con Codelco, de Chile.
Según el empresario norteamericano, el acuerdo con Codelco fue “uno de los más grandes atracos” contra el Estado ecuatoriano.
Sostiene que fue posible porque la empresa chilena contó con la complicidad de funcionarios que “merecen responder ante la justicia ordinaria,” afirma De Miguel III.
En su reunión con un grupo de periodistas, el gerente general de Hanrine explicó que su empresa está familiarizada con la explotación de depósitos de clase mundial y que ve con interés la posibilidad de convertir en una gran mina de cobre al yacimiento Llurimagua.
Hanrine Exploration and Mining S.A. es una subsidiaria de Hancock Prospecting Pty Ltd., propiedad de Gina Rinehart, una de las principales empresas mineras de Australia.
En marcha la creación de nuevo
impuesto a la minería chilena
Mayo 10 de 2021.- La Cámara de Diputados de Chile aprobó un proyecto de ley que establece una regalía de 3% a las ventas del cobre y ese texto pasa ahora a ser debatido en el Senado de ese país.
Los gremios empresariales del sector minero chileno han expresado su desacuerdo con el proyecto. Las empresas, a título individual, también han hecho lo mismo.
BHP, que opera Escondida, la mayor productora de cobre del mundo, además de las minas Cerro Colorado y Spence; manifestó su preocupación por la discusión del proyecto.
Según dijo Ragnar Udd, presidente de BHP Minerals Americas, las nuevas cargas impositivas serían “perjudiciales” para la industria minera en Chile.
El proyecto plantea gravar no solo la explotación de cobre y litio, sino a toda la industria minera que opera en el país, aplicándose a todas las empresas del sector que tengan ganancias anuales equivalentes a 12 mil toneladas de cobre fino.
Además, la tasa de 3% es el punto de partida del nuevo impuesto que irá creciendo tanto como crezcan los precios de los minerales que, como se sabe, están al alza.
El impuesto, denominado royalty minero, establece una compensación a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre, del litio y de todas las sustancias concesibles, equivalente al 3% del valor ad valorem de los minerales extraídos.
Dichos recursos deberán destinarse en un 25 por ciento a un Fondo de Convergencia Regional, que estará integrado solo por las comunas que pertenezcan a las regiones en que se realice explotación minera de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, que financiará proyectos de desarrollo regional y comunal en la forma que determine el reglamento.
El 75 por ciento restante se utilizaría en financiar iniciativas en las regiones mineras, en materia de reparación, mitigación o compensación de los impactos ambientales provocados por la actividad minera; para desarrollo de infraestructura crítica y digital; o para inversión o investigación en universidades estatales.
La iniciativa tiene una tabla señalando el margen de la compensación que se deberá entregar frente a escenarios donde el precio del cobre exceda los dos dólares por libra y hasta superar los cuatro dólares.
Asimismo, se determina que el monto que exceda del 3% ya mencionado será destinado a financiar una renta básica y universal de emergencia en el contexto del estado de excepción constitucional de catástrofe por Covid-19 y sus sucesivas prórrogas.
Incentivo al valor agregado
El texto considera una rebaja de las tasas marginales en cada tramo de precios de la libra de cobre que están por sobre los dos dólares de acuerdo a los siguientes criterios:
• Un 5% de rebaja a la tasa marginal respectiva, si el explotador minero produce cobre blíster. Se entenderá por este el material metálico que pueda llegar a tener a lo menos un 96% de pureza, una vez fundido el concentrado.
• Un 7% de rebaja a la tasa marginal respectiva, si el explotador minero produce ánodos de cobre (cobre blíster más refinado con pureza del 99,4-99,6%) que permita obtener cátodos de cobre.
• Aquella parte de las ventas de cobre bajo la forma de mineral refinado pagará un menor valor de la compensación equivalente al costo de la refinación. Se entenderá por mineral refinado a los cátodos de al menos 99,99% de pureza.
Reglamento
El proyecto dice también que un 3% de lo recaudado será destinado a contribuir al financiamiento de los proyectos que el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación ejecuta en relación al desarrollo científico de investigación aplicada y capacitación de recurso humano en las regiones donde se explota el mineral.
La iniciativa también establece que la compensación deberá ser pagada anualmente por el explotador minero respectivo, en el caso de las sustancias minerales concesibles, mientras esté vigente la concesión y, en el caso de las no concesibles, desde que se inicie la extracción hasta su completa explotación.
Los gremios empresariales del sector minero chileno han expresado su desacuerdo con el proyecto. Las empresas, a título individual, también han hecho lo mismo.
BHP, que opera Escondida, la mayor productora de cobre del mundo, además de las minas Cerro Colorado y Spence; manifestó su preocupación por la discusión del proyecto.
Según dijo Ragnar Udd, presidente de BHP Minerals Americas, las nuevas cargas impositivas serían “perjudiciales” para la industria minera en Chile.
El proyecto plantea gravar no solo la explotación de cobre y litio, sino a toda la industria minera que opera en el país, aplicándose a todas las empresas del sector que tengan ganancias anuales equivalentes a 12 mil toneladas de cobre fino.
Además, la tasa de 3% es el punto de partida del nuevo impuesto que irá creciendo tanto como crezcan los precios de los minerales que, como se sabe, están al alza.
El impuesto, denominado royalty minero, establece una compensación a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre, del litio y de todas las sustancias concesibles, equivalente al 3% del valor ad valorem de los minerales extraídos.
Dichos recursos deberán destinarse en un 25 por ciento a un Fondo de Convergencia Regional, que estará integrado solo por las comunas que pertenezcan a las regiones en que se realice explotación minera de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, que financiará proyectos de desarrollo regional y comunal en la forma que determine el reglamento.
El 75 por ciento restante se utilizaría en financiar iniciativas en las regiones mineras, en materia de reparación, mitigación o compensación de los impactos ambientales provocados por la actividad minera; para desarrollo de infraestructura crítica y digital; o para inversión o investigación en universidades estatales.
La iniciativa tiene una tabla señalando el margen de la compensación que se deberá entregar frente a escenarios donde el precio del cobre exceda los dos dólares por libra y hasta superar los cuatro dólares.
Asimismo, se determina que el monto que exceda del 3% ya mencionado será destinado a financiar una renta básica y universal de emergencia en el contexto del estado de excepción constitucional de catástrofe por Covid-19 y sus sucesivas prórrogas.
Incentivo al valor agregado
El texto considera una rebaja de las tasas marginales en cada tramo de precios de la libra de cobre que están por sobre los dos dólares de acuerdo a los siguientes criterios:
• Un 5% de rebaja a la tasa marginal respectiva, si el explotador minero produce cobre blíster. Se entenderá por este el material metálico que pueda llegar a tener a lo menos un 96% de pureza, una vez fundido el concentrado.
• Un 7% de rebaja a la tasa marginal respectiva, si el explotador minero produce ánodos de cobre (cobre blíster más refinado con pureza del 99,4-99,6%) que permita obtener cátodos de cobre.
• Aquella parte de las ventas de cobre bajo la forma de mineral refinado pagará un menor valor de la compensación equivalente al costo de la refinación. Se entenderá por mineral refinado a los cátodos de al menos 99,99% de pureza.
Reglamento
El proyecto dice también que un 3% de lo recaudado será destinado a contribuir al financiamiento de los proyectos que el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación ejecuta en relación al desarrollo científico de investigación aplicada y capacitación de recurso humano en las regiones donde se explota el mineral.
La iniciativa también establece que la compensación deberá ser pagada anualmente por el explotador minero respectivo, en el caso de las sustancias minerales concesibles, mientras esté vigente la concesión y, en el caso de las no concesibles, desde que se inicie la extracción hasta su completa explotación.
Ecuador y Enami EP demandados
ante la Corte de Arbitraje Internacional
Abril 11 de 2021.- La estatal Codelco de Chile demandó a Ecuador ante la Cámara de Comercio Internacional y solicitó un arbitraje sobre el proyecto de exploración Llurimagua, promovido conjuntamente con la Empresa Nacional Minera EP pero que desde hace algún tiempo no avanza en la formación de una empresa que se haga cargo de la explotación del depósito.
Llurimagua es un proyecto de cobre, cuyas reservas se calculan en casi mil millones de toneladas. Está a unos 80 km al noreste de Quito, la capital de Ecuador y podría convertirse en la primera mina que el gigante chileno opere en el exterior.
La demanda internacional no sorprendió al sector porque, en realidad, había empezado en noviembre del año pasado cuando Codelco notificó al Ecuador la solicitud de inicio de conversaciones amistosas para exigir el cumplimiento a los acuerdos suscritos con Enami.
Lo que sorprende es la rapidez (y el tono) con que la Cámara de Minería de Ecuador reacciona ante la demanda. Normalmente lenta en relación con los aspectos relevantes para el sector, esta vez no demoró en emitir un pronunciamiento en el que expresa su deseo de que el impasse se solucione respetando la seguridad jurídica y los compromisos adquiridos contenidos en varios convenios internacionales.
Dicho de otra manera, en los términos planteados por Codelco.
La comunicación de la CME dice que la institución permanecerá al margen del impasse pero a renglón seguido, demanda al Estado certeza y seguridad jurídica.
Una larga historia
La relación entre Codelco y la Empresa Nacional Minera de Ecuador (Enami EP) se remonta a 2008, cuando ambas mineras estatales firmaron un acuerdo de cooperación.
Las partes solo comenzaron a hablar de Llurimagua en 2015. Ese año Enami EP y Codelco suscribieron los términos del acuerdo de accionistas para Llurimagua.
En 2016, la estatal chilena notificó a Enami EP el cumplimiento de todos los hitos acordados y, luego de extensas negociaciones, en 2019 ambas empresas acordaron los términos definitivos para la asociación.
Codelco señala que a la fecha, ha cumplido con todas sus obligaciones relativas al proyecto y la protección del mismo, incluidas relevantes inversiones, en beneficio del mismo proyecto y de Ecuador.
Y que sigue esperando que Enami cumpla con su parte de la cooperación, dijo en un comunicado.
“Los acuerdos actuales prevén un arbitraje con sede en París ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) para la resolución de controversias”, sostiene Codelco.
El gigante del cobre señaló que espera que el proceso “permita un acuerdo de beneficio mutuo que conduzca al desarrollo del proyecto Llurimagua”.
La alianza con Codelco tuvo y tiene muchos defensores al interior del gobierno. Un ex viceministro de Minas decía que asociarnos con la compañía de cobre número uno del mundo, abría las puertas para el desarrollo de tecnología, oportunidades de empleo y crecimiento económico.
Ahora tendrá que explicar ante un tribunal arbitral, en París y probablemente por videoconferencia, el por qué del "incumplimiento" para desarrollar Llurimagua.
Las cifras del proyecto no están definidas. En algunas de sus memorias Codelco ha señalado los metros de perforación diamantina que ha realizado, la cantidad de pozos y ha estimado el potencial del depósito. Funcionarios de la estatal ecuatoriana han dicho que no saben cuál ha sido el resultado de la exploración.
En un documento de la estatal chilena se dice que “En exploración extranjera, el proyecto Llurimagua en Ecuador llevó a cabo aproximadamente 23 000 metros de perforación diamantina y completamos la fase de exploración avanzada perforando aproximadamente 99 000 metros en 98 barrenos… la participación de Codelco (49%) bajo el acuerdo Ecuador Enami EP, de los cuales 4,41 millones de toneladas de cobre refinado se incluyeron en el FY2018. Los recursos se informan a una ley de corte de 0,2% CuT”.
La "pendejada"
Según el portal Periodismo de investigación, con ese término denominó el presidente Lenín Moreno al acuerdo que buscaba concretar Codelco para explotar el yacimiento Llurimagua.
Se hablaba de crear Llurimagua Cooper Company Sociedad Anónima, con reservas metálicas sobre los 30 mil millones de dólares.
El jefe de estado se refería a la cláusula que introducía el “Deadlock”, una figura que buscaba la venta forzosa de las acciones de Enami si no contaba con el capital para invertir en la mina.
Según el portal, el presidente Lenín Moreno aseguró no estar de acuerdo con la constitución de la sociedad anónima bajo las normas que pretendían imponer, dijo además contar con un informe desfavorable de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y calificó a ese acuerdo como “pendejada”.
Con la publicación de las expresiones del jefe de Estado, aparentemente las conversaciones se estancaron, pero no fue así. En un contexto de grave crisis económica, al Ecuador no le quedó otro camino que decirle a los chilenos que pasarían a manos privadas el porcentaje de Enami.
Primero harían la empresa en los términos del acuerdo, es decir, con un 51% de las acciones en manos de Enami y el 49% restante en manos de Codelco. Luego se subastarían las acciones de Enami.
Como no se sabía cuál era el 100 por ciento, aumentaron los problemas para la parte ecuatoriana; que hasta donde se sabe desconocía la valoración total del yacimiento.
En el sector se comentó que Llurimagua podía valorizarse en 400 millones de dólares, pero no se sabía de dónde salía esa cifra.
En Enami EP hubo resistencia a un acuerdo en esas condiciones. Uno a uno fueron cambiándose a los funcionarios de más alto cargo hasta encontrar uno que firme la propuesta chilena y hasta el momento, no se ha logrado ese objetivo.
Ecuador es un país que ni siquiera tiene dinero para atender como es debido a su población que enfrenta la pandemia y mucho menos va a poder invertir en una actividad que, pese a los estudios, sigue siendo de alto riesgo.
Aunque quisiera, sencillamente no tendría el efectivo que se requiere para transformar el depósito en una mina. Tampoco tiene el consentimiento de las comunidades de la zona que en más de una oportunidad han dado a conocer su rechazo a la explotación minera.
Entonces está contra la pared. Probablemente no le quede más que allanarse a la demanda de Codelco la misma que, según versiones, ya habría calculado en tres mil millones de dólares la inversión necesaria para desarrollar Llurimagua.
El viejo dicho de que los países no tienen amigos sino intereses, vuelve a confirmarse en los hechos. Colocado contra la pared por la demanda de arbitraje, una vez más podría verse obligado a someterse a presiones controversiales y, ocasionalmente, asumir la pérdida de la demanda y cancelar la reparación que, hasta el momento, no se ha hecho pública.
Llurimagua es un proyecto de cobre, cuyas reservas se calculan en casi mil millones de toneladas. Está a unos 80 km al noreste de Quito, la capital de Ecuador y podría convertirse en la primera mina que el gigante chileno opere en el exterior.
La demanda internacional no sorprendió al sector porque, en realidad, había empezado en noviembre del año pasado cuando Codelco notificó al Ecuador la solicitud de inicio de conversaciones amistosas para exigir el cumplimiento a los acuerdos suscritos con Enami.
Lo que sorprende es la rapidez (y el tono) con que la Cámara de Minería de Ecuador reacciona ante la demanda. Normalmente lenta en relación con los aspectos relevantes para el sector, esta vez no demoró en emitir un pronunciamiento en el que expresa su deseo de que el impasse se solucione respetando la seguridad jurídica y los compromisos adquiridos contenidos en varios convenios internacionales.
Dicho de otra manera, en los términos planteados por Codelco.
La comunicación de la CME dice que la institución permanecerá al margen del impasse pero a renglón seguido, demanda al Estado certeza y seguridad jurídica.
Una larga historia
La relación entre Codelco y la Empresa Nacional Minera de Ecuador (Enami EP) se remonta a 2008, cuando ambas mineras estatales firmaron un acuerdo de cooperación.
Las partes solo comenzaron a hablar de Llurimagua en 2015. Ese año Enami EP y Codelco suscribieron los términos del acuerdo de accionistas para Llurimagua.
En 2016, la estatal chilena notificó a Enami EP el cumplimiento de todos los hitos acordados y, luego de extensas negociaciones, en 2019 ambas empresas acordaron los términos definitivos para la asociación.
Codelco señala que a la fecha, ha cumplido con todas sus obligaciones relativas al proyecto y la protección del mismo, incluidas relevantes inversiones, en beneficio del mismo proyecto y de Ecuador.
Y que sigue esperando que Enami cumpla con su parte de la cooperación, dijo en un comunicado.
“Los acuerdos actuales prevén un arbitraje con sede en París ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) para la resolución de controversias”, sostiene Codelco.
El gigante del cobre señaló que espera que el proceso “permita un acuerdo de beneficio mutuo que conduzca al desarrollo del proyecto Llurimagua”.
La alianza con Codelco tuvo y tiene muchos defensores al interior del gobierno. Un ex viceministro de Minas decía que asociarnos con la compañía de cobre número uno del mundo, abría las puertas para el desarrollo de tecnología, oportunidades de empleo y crecimiento económico.
Ahora tendrá que explicar ante un tribunal arbitral, en París y probablemente por videoconferencia, el por qué del "incumplimiento" para desarrollar Llurimagua.
Las cifras del proyecto no están definidas. En algunas de sus memorias Codelco ha señalado los metros de perforación diamantina que ha realizado, la cantidad de pozos y ha estimado el potencial del depósito. Funcionarios de la estatal ecuatoriana han dicho que no saben cuál ha sido el resultado de la exploración.
En un documento de la estatal chilena se dice que “En exploración extranjera, el proyecto Llurimagua en Ecuador llevó a cabo aproximadamente 23 000 metros de perforación diamantina y completamos la fase de exploración avanzada perforando aproximadamente 99 000 metros en 98 barrenos… la participación de Codelco (49%) bajo el acuerdo Ecuador Enami EP, de los cuales 4,41 millones de toneladas de cobre refinado se incluyeron en el FY2018. Los recursos se informan a una ley de corte de 0,2% CuT”.
La "pendejada"
Según el portal Periodismo de investigación, con ese término denominó el presidente Lenín Moreno al acuerdo que buscaba concretar Codelco para explotar el yacimiento Llurimagua.
Se hablaba de crear Llurimagua Cooper Company Sociedad Anónima, con reservas metálicas sobre los 30 mil millones de dólares.
El jefe de estado se refería a la cláusula que introducía el “Deadlock”, una figura que buscaba la venta forzosa de las acciones de Enami si no contaba con el capital para invertir en la mina.
Según el portal, el presidente Lenín Moreno aseguró no estar de acuerdo con la constitución de la sociedad anónima bajo las normas que pretendían imponer, dijo además contar con un informe desfavorable de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y calificó a ese acuerdo como “pendejada”.
Con la publicación de las expresiones del jefe de Estado, aparentemente las conversaciones se estancaron, pero no fue así. En un contexto de grave crisis económica, al Ecuador no le quedó otro camino que decirle a los chilenos que pasarían a manos privadas el porcentaje de Enami.
Primero harían la empresa en los términos del acuerdo, es decir, con un 51% de las acciones en manos de Enami y el 49% restante en manos de Codelco. Luego se subastarían las acciones de Enami.
Como no se sabía cuál era el 100 por ciento, aumentaron los problemas para la parte ecuatoriana; que hasta donde se sabe desconocía la valoración total del yacimiento.
En el sector se comentó que Llurimagua podía valorizarse en 400 millones de dólares, pero no se sabía de dónde salía esa cifra.
En Enami EP hubo resistencia a un acuerdo en esas condiciones. Uno a uno fueron cambiándose a los funcionarios de más alto cargo hasta encontrar uno que firme la propuesta chilena y hasta el momento, no se ha logrado ese objetivo.
Ecuador es un país que ni siquiera tiene dinero para atender como es debido a su población que enfrenta la pandemia y mucho menos va a poder invertir en una actividad que, pese a los estudios, sigue siendo de alto riesgo.
Aunque quisiera, sencillamente no tendría el efectivo que se requiere para transformar el depósito en una mina. Tampoco tiene el consentimiento de las comunidades de la zona que en más de una oportunidad han dado a conocer su rechazo a la explotación minera.
Entonces está contra la pared. Probablemente no le quede más que allanarse a la demanda de Codelco la misma que, según versiones, ya habría calculado en tres mil millones de dólares la inversión necesaria para desarrollar Llurimagua.
El viejo dicho de que los países no tienen amigos sino intereses, vuelve a confirmarse en los hechos. Colocado contra la pared por la demanda de arbitraje, una vez más podría verse obligado a someterse a presiones controversiales y, ocasionalmente, asumir la pérdida de la demanda y cancelar la reparación que, hasta el momento, no se ha hecho pública.
Ministro Ortiz envía proyecto de ley
de consulta previa a la Asamblea Nacional
Abril, 11 de 2021.- Casi al finalizar la tarde del viernes y a poco de dejar su despacho, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz; envió al presidente de la Asamblea Nacional un Proyecto de ley orgánica de consulta previa, libre e informada para las industrias de recursos naturales no renovables.
El texto del proyecto de ley -para variar- es secreto. Probablemente en algún momento la Asamblea Nacional llegue a ponerlo en su página web, pero esa es una posibilidad incierta dado que dicho organismo también está de salida.
En la carta de presentación, el ministro dice que el proyecto ha sido trabajado en conjunto con la Cámara de Minería de Ecuador y abogados vinculados al sector extractivo. Sin embargo, al cierre de esta edición, no pudimos contactar con ninguna persona caracterizada en la industria que conozca el texto aludido.
El ministro dice que “el beneficio de la participación… permite que los pueblos y nacionalidades indígenas, sean parte fundamental activa de las actividades extractivas de minerales o de los recursos del subsuelo”.
Dice también que “la única categoría normativa a través de la cual se puede regular el ejercicio de los derechos (en este caso el derecho a la consulta previa, libre e informada y el derecho a la consulta prelegislativa y la participación en los beneficios), es una ley orgánica”.
Afirma además que el proyecto recoge estándares internacionales de derechos humanos y también estándares de transparencia enfocados a cumplir la Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractivas (por sus siglas en inglés EITI) y de aplicación de este tipo de procesos.
Pero según el texto enviado a la Asamblea Nacional, el proyecto se ha consultado con las empresas y no con los indígenas ni con sus organizaciones.
La literatura internacional es clara en este tema. El respeto a los indígenas, afrodescendientes y pueblos tradicionales así como a sus derechos colectivos, sus leyes y sus derechos consuetudinarios de tenencia de la tierra, a su identidad, su patrimonio cultural, social y los llamados activos naturales y territorios tradicionales, es con ellos.
La consulta libre, previa e informada está en la esencia del pensamiento contemporáneo y no se puede hacer a espaldas de las estructuras de gobernanza que tienen los pueblos indígenas.
El gobierno y el sector tienen en sus manos unas pocas oportunidades para hacer bien las cosas, es decir, para promover beneficios y oportunidades de desarrollo a las comunidades nativas de manera congruente con su cultura. La ley de consulta libre, previa e informada, es una de ellas.
El texto del proyecto de ley -para variar- es secreto. Probablemente en algún momento la Asamblea Nacional llegue a ponerlo en su página web, pero esa es una posibilidad incierta dado que dicho organismo también está de salida.
En la carta de presentación, el ministro dice que el proyecto ha sido trabajado en conjunto con la Cámara de Minería de Ecuador y abogados vinculados al sector extractivo. Sin embargo, al cierre de esta edición, no pudimos contactar con ninguna persona caracterizada en la industria que conozca el texto aludido.
El ministro dice que “el beneficio de la participación… permite que los pueblos y nacionalidades indígenas, sean parte fundamental activa de las actividades extractivas de minerales o de los recursos del subsuelo”.
Dice también que “la única categoría normativa a través de la cual se puede regular el ejercicio de los derechos (en este caso el derecho a la consulta previa, libre e informada y el derecho a la consulta prelegislativa y la participación en los beneficios), es una ley orgánica”.
Afirma además que el proyecto recoge estándares internacionales de derechos humanos y también estándares de transparencia enfocados a cumplir la Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractivas (por sus siglas en inglés EITI) y de aplicación de este tipo de procesos.
Pero según el texto enviado a la Asamblea Nacional, el proyecto se ha consultado con las empresas y no con los indígenas ni con sus organizaciones.
La literatura internacional es clara en este tema. El respeto a los indígenas, afrodescendientes y pueblos tradicionales así como a sus derechos colectivos, sus leyes y sus derechos consuetudinarios de tenencia de la tierra, a su identidad, su patrimonio cultural, social y los llamados activos naturales y territorios tradicionales, es con ellos.
La consulta libre, previa e informada está en la esencia del pensamiento contemporáneo y no se puede hacer a espaldas de las estructuras de gobernanza que tienen los pueblos indígenas.
El gobierno y el sector tienen en sus manos unas pocas oportunidades para hacer bien las cosas, es decir, para promover beneficios y oportunidades de desarrollo a las comunidades nativas de manera congruente con su cultura. La ley de consulta libre, previa e informada, es una de ellas.
Se viene una reforma global en asuntos tributarios
Abril, 11 de 2021.- Desde el 2018, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) viene trabajando en una iniciativa mundial con el fin de abordar los desafíos fiscales derivados de una economía digitalizada. Sin embargo, las propuestas que se conocen hasta el momento son mucho más amplias y podrían tener impacto en los contratos mineros si los países ricos en recursos naturales deciden velar por sus economías.
Una institución socia de la OECD y conocida en Ecuador es el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF).
Ambas están trabajando en controlar la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) en el sector minero.
Esta alianza ya tiene tres productos conocidos como informes de avance o notas prácticas, disponibles en inglés y francés: Una es “Limitar el impacto de las deducciones de intereses excesivas sobre los ingresos procedentes de la minería”; otra “Incentivos fiscales en la industria minera: Reducir los riesgos asociados a los ingresos” y la otra “Supervisar el valor de las exportaciones de minerales: Opciones estratégicas para los Estados”.
También ha “colgado” en la web la versión beta de un modelo financiero de código abierto para calcular el coste de los incentivos fiscales en el sector minero, incluidos los indicadores conductuales. Los interesados pueden adaptar el modelo, que está en formato Excel, a la realidad local siguiendo las recomendaciones de la “Guía complementaria: Cómo utilizar la modelización financiera para calcular el coste de los incentivos fiscales”.
Los documentos están en las páginas web de la OECD y el IGF.
Una institución socia de la OECD y conocida en Ecuador es el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF).
Ambas están trabajando en controlar la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) en el sector minero.
Esta alianza ya tiene tres productos conocidos como informes de avance o notas prácticas, disponibles en inglés y francés: Una es “Limitar el impacto de las deducciones de intereses excesivas sobre los ingresos procedentes de la minería”; otra “Incentivos fiscales en la industria minera: Reducir los riesgos asociados a los ingresos” y la otra “Supervisar el valor de las exportaciones de minerales: Opciones estratégicas para los Estados”.
También ha “colgado” en la web la versión beta de un modelo financiero de código abierto para calcular el coste de los incentivos fiscales en el sector minero, incluidos los indicadores conductuales. Los interesados pueden adaptar el modelo, que está en formato Excel, a la realidad local siguiendo las recomendaciones de la “Guía complementaria: Cómo utilizar la modelización financiera para calcular el coste de los incentivos fiscales”.
Los documentos están en las páginas web de la OECD y el IGF.
Artículo promocional
Sector minero y academia gestionaron
conversatorio con los candidatos finalistas
Abril, 4 de 2021.- El conversatorio minero con los candidatos finalistas de las elecciones presidenciales propuesto por la Escuela Politécnica del Litoral y la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador era un espacio necesario para reformular la senda de desarrollo del sector hacia días mejores pensando en el bienestar colectivo del país.
La propuesta, sin embargo, no tuvo una fecha determinada en las agendas proselitistas actuales y por lo tanto si bien se suspendió la posibilidad de conocer qué es lo que piensan Andrés Arauz y Guillermo Lasso sobre el futuro del sector y la economía del país, aún se mantiene la expectativa de poder generar un espacio de dialogo con el sector minero en toda su amplitud, luego del 24 de mayo del presente, cuando una de las fórmulas arribe a Carondelet.
La pasividad –revestida de un inminente cálculo electoral- de los candidatos respecto de sus políticas frente al sector es comprometedora cuando era preciso que se perciba -al menos- el rumbo que tomaría la definición de políticas sectoriales en aspectos tan determinantes para cualquier país con respecto al manejo de los recursos naturales y su impacto en la próxima configuración del Presupuesto General del Estado.
En efecto, de acuerdo con el Artículo 408 de la Constitución, el beneficio del Estado en un proyecto minero no será inferior al de la concesionaria que lo opera, convirtiendo a la industria minera en una actividad fundamental para aumentar la tributación en el país.
¿Aprovechará esta oportunidad el nuevo gobierno para impulsar la minería, convertirla en una fuente de trabajo para los profesionales, de investigación para la academia a través de sus estudiantes y docentes, de crecimiento de empresas de servicios e innovación, de desarrollo de las comunidades locales y provinciales con proyectos de infraestructura sistémica, vías, puertos, ferrocarriles, etc.; así como educación y salud?
¿Guillermo Lasso y Andrés Arauz están en condiciones de ofrecer una respuesta a problemas tales como la organización de veedurías ciudadanas con apoyo técnico estatal, académico y de organismos internacionales?
¿Podrán expresar su opinión sobre incentivos al sector privado y el fomento de políticas públicas para el encadenamiento productivo en la provisión de bienes y servicios para la industria minera?
En el campo técnico ambiental hay también interrogantes que deben ser respondidas en el corto y mediano plazo. Por ejemplo, la creación de programas de incentivos a las buenas prácticas técnicas y ambientales para todas las dimensiones de la minería incluyendo los modos de transporte seguros y sostenibles y la implementación de estándares de gestión ambiental que estén alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU 2030.
En materia de asuntos legales e institucionales, los candidatos deberían difundir su opinión respecto de la reforma a la Ley de Minería, la seguridad jurídica y la garantía a las inversiones, la inclusión de los gobiernos autónomos descentralizados en la gestión directa de los recursos financieros provenientes de la industria, su transparencia y gestión programática para la satisfacción de necesidades en cada uno de los territorios.
Como telón de fondo de esta situación tenemos que, según los compromisos adquiridos en el proceso de subasta o remate con la apertura del catastro minero en 2017, las inversiones para exploración minera podrían alcanzarán los US$ 1 300 millones hasta enero de 2022.
Sin embargo, esta inversión no se ha podido cumplir en su totalidad por la demora en algunos casos de más de 4 años en obtener los permisos ambientales y del agua, invasiones de minería ilegal, falta del proceso de consulta previa libre e informada y gobernanza entre los actores sociales.
El catastro minero se encuentra cerrado temporalmente desde el 24 de enero del 2018 hasta la presente para la minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería, lo que no ha permitido obtener nuevas inversiones por concepto de nuevas concesiones mineras para exploración inicial.
Por estas razones y muchísimas otras más es de esperar que los dos candidatos que más votos obtuvieron en la primera vuelta revisen el pedido formulado por las doctoras Cecilia Paredes y Paola Romero, rectora y decana de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la ESPOL, respectivamente; y el ingeniero René Ayala, presidente de AIME; y acepten escuchar las propuestas de las dos instituciones.
La propuesta, sin embargo, no tuvo una fecha determinada en las agendas proselitistas actuales y por lo tanto si bien se suspendió la posibilidad de conocer qué es lo que piensan Andrés Arauz y Guillermo Lasso sobre el futuro del sector y la economía del país, aún se mantiene la expectativa de poder generar un espacio de dialogo con el sector minero en toda su amplitud, luego del 24 de mayo del presente, cuando una de las fórmulas arribe a Carondelet.
La pasividad –revestida de un inminente cálculo electoral- de los candidatos respecto de sus políticas frente al sector es comprometedora cuando era preciso que se perciba -al menos- el rumbo que tomaría la definición de políticas sectoriales en aspectos tan determinantes para cualquier país con respecto al manejo de los recursos naturales y su impacto en la próxima configuración del Presupuesto General del Estado.
En efecto, de acuerdo con el Artículo 408 de la Constitución, el beneficio del Estado en un proyecto minero no será inferior al de la concesionaria que lo opera, convirtiendo a la industria minera en una actividad fundamental para aumentar la tributación en el país.
¿Aprovechará esta oportunidad el nuevo gobierno para impulsar la minería, convertirla en una fuente de trabajo para los profesionales, de investigación para la academia a través de sus estudiantes y docentes, de crecimiento de empresas de servicios e innovación, de desarrollo de las comunidades locales y provinciales con proyectos de infraestructura sistémica, vías, puertos, ferrocarriles, etc.; así como educación y salud?
¿Guillermo Lasso y Andrés Arauz están en condiciones de ofrecer una respuesta a problemas tales como la organización de veedurías ciudadanas con apoyo técnico estatal, académico y de organismos internacionales?
¿Podrán expresar su opinión sobre incentivos al sector privado y el fomento de políticas públicas para el encadenamiento productivo en la provisión de bienes y servicios para la industria minera?
En el campo técnico ambiental hay también interrogantes que deben ser respondidas en el corto y mediano plazo. Por ejemplo, la creación de programas de incentivos a las buenas prácticas técnicas y ambientales para todas las dimensiones de la minería incluyendo los modos de transporte seguros y sostenibles y la implementación de estándares de gestión ambiental que estén alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible ONU 2030.
En materia de asuntos legales e institucionales, los candidatos deberían difundir su opinión respecto de la reforma a la Ley de Minería, la seguridad jurídica y la garantía a las inversiones, la inclusión de los gobiernos autónomos descentralizados en la gestión directa de los recursos financieros provenientes de la industria, su transparencia y gestión programática para la satisfacción de necesidades en cada uno de los territorios.
Como telón de fondo de esta situación tenemos que, según los compromisos adquiridos en el proceso de subasta o remate con la apertura del catastro minero en 2017, las inversiones para exploración minera podrían alcanzarán los US$ 1 300 millones hasta enero de 2022.
Sin embargo, esta inversión no se ha podido cumplir en su totalidad por la demora en algunos casos de más de 4 años en obtener los permisos ambientales y del agua, invasiones de minería ilegal, falta del proceso de consulta previa libre e informada y gobernanza entre los actores sociales.
El catastro minero se encuentra cerrado temporalmente desde el 24 de enero del 2018 hasta la presente para la minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería, lo que no ha permitido obtener nuevas inversiones por concepto de nuevas concesiones mineras para exploración inicial.
Por estas razones y muchísimas otras más es de esperar que los dos candidatos que más votos obtuvieron en la primera vuelta revisen el pedido formulado por las doctoras Cecilia Paredes y Paola Romero, rectora y decana de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la ESPOL, respectivamente; y el ingeniero René Ayala, presidente de AIME; y acepten escuchar las propuestas de las dos instituciones.
X Cumbre Amazónica reclama
por presupuesto para la región
Marzo 21 de 2021.- Los seis prefectos de las provincias amazónicas y decenas de gobernadores, alcaldes, asambleístas en funciones y recién electos, así como cientos de dirigentes de organizaciones sociales participaron en la X Cumbre Amazónica Morona Santiago 2021, tal vez la más importante reunión del año de esa región del país.
En teoría, el objetivo de la X Cumbre era analizar los avances respecto del cumplimiento de la Ley Orgánica de Circunscripción Territorial Especial Amazónica. La revisión del artículo 62 del reglamento de la ley amazónica, exigir el mantenimiento de algunas vías y la construcción de otras, así como la creación de universidades en casi todas las provincias también formaban parte de las inquietudes a tratarse en la reunión.
En los hechos, la cita sirvió para que al margen de sus creencias políticas, las autoridades vayan echando las bases de entendimiento que les permita unidad de acción frente a lo que consideran el olvido ancestral de los gobernantes.
Los asistentes dijeron que la región amazónica representa el 30% del territorio, posee la mayor diversidad ecológica, habitan allí 11 de las 19 nacionalidades del Ecuador y se habla la mayor cantidad de lenguas nativas.
Que desde hace 50 años se extrae el petróleo que ha financiado el desarrollo del país y de otras regiones, pero que no ha reportado mayores beneficios para las comunidades de la región.
Que extrañamente no existen cifras oficiales sobre la producción de crudo y la comercialización de derivados dentro y fuera del país, razón por la cual tampoco hay cómo calcular el monto real que no se ha pagado a la región.
Fueron cinco horas de intervenciones en torno a los problemas que enfrentan los pobladores que viven en la amazonía ecuatoriana, así como de propuestas de solución y reclamo conjunto a las autoridades.
Al final, los acuerdos de la X Cumbre hacen referencia a la reforma de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, Lopictea, para que los proyectos de la región accedan directamente a los recursos que allí se generan.
También al pago, casi inmediato, de la deuda que mantiene el gobierno central a la Amazonía.
Otros acuerdos tienen que ver con la creación de universidades y reclamos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que se intervenga de manera inmediata en la reparación, mantenimiento y construcción de los tramos faltantes de La Troncal Amazónica y las vías alternas que la conectan con la región andina.
El tema de la actividad minera que se realiza en territorio amazónico y los impactos que provoca fue abordado a lo largo de toda la reunión, pero no dio lugar a ninguna resolución específica.
En teoría, el objetivo de la X Cumbre era analizar los avances respecto del cumplimiento de la Ley Orgánica de Circunscripción Territorial Especial Amazónica. La revisión del artículo 62 del reglamento de la ley amazónica, exigir el mantenimiento de algunas vías y la construcción de otras, así como la creación de universidades en casi todas las provincias también formaban parte de las inquietudes a tratarse en la reunión.
En los hechos, la cita sirvió para que al margen de sus creencias políticas, las autoridades vayan echando las bases de entendimiento que les permita unidad de acción frente a lo que consideran el olvido ancestral de los gobernantes.
Los asistentes dijeron que la región amazónica representa el 30% del territorio, posee la mayor diversidad ecológica, habitan allí 11 de las 19 nacionalidades del Ecuador y se habla la mayor cantidad de lenguas nativas.
Que desde hace 50 años se extrae el petróleo que ha financiado el desarrollo del país y de otras regiones, pero que no ha reportado mayores beneficios para las comunidades de la región.
Que extrañamente no existen cifras oficiales sobre la producción de crudo y la comercialización de derivados dentro y fuera del país, razón por la cual tampoco hay cómo calcular el monto real que no se ha pagado a la región.
Fueron cinco horas de intervenciones en torno a los problemas que enfrentan los pobladores que viven en la amazonía ecuatoriana, así como de propuestas de solución y reclamo conjunto a las autoridades.
Al final, los acuerdos de la X Cumbre hacen referencia a la reforma de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, Lopictea, para que los proyectos de la región accedan directamente a los recursos que allí se generan.
También al pago, casi inmediato, de la deuda que mantiene el gobierno central a la Amazonía.
Otros acuerdos tienen que ver con la creación de universidades y reclamos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que se intervenga de manera inmediata en la reparación, mantenimiento y construcción de los tramos faltantes de La Troncal Amazónica y las vías alternas que la conectan con la región andina.
El tema de la actividad minera que se realiza en territorio amazónico y los impactos que provoca fue abordado a lo largo de toda la reunión, pero no dio lugar a ninguna resolución específica.
CME sostuvo encuentro con candidato a vicepresidente Carlos Rabascall
Febrero, 21 de 2021.- La secretaria ejecutiva de la Cámara de Minería de Ecuador, María Eulalia Silva, acompañada de otros líderes del sector, sostuvo una reunión con el candidato a la vicepresidencia por la alianza UNES, Carlos Rabascall, que fue comentada por el político correísta en su cuenta Twitter.
“Compartí un productivo encuentro con representantes de la Cámara de Minería del Ecuador”, escribió después del encuentro el también presentador de televisión Rabascall.
“Este sector, con inversión y control ambiental, puede traer desarrollo con equidad territorial, y ser una importante fuente de empleo y de ingreso de divisas para el país”, añadió refiriéndose al rol de la minería en la economía nacional.
Al cierre de esta edición, el tuit de Rabascall había sido comentado en 35 oportunidades y había logrado 835 “me gusta”.
Rabascall viene manteniendo una serie de reuniones con diversos sectores productivos. El fin de semana estuvo también con pequeños productores y organismos de la economía social y solidaria.
Parte de las inquietudes del candidato a vicepresidente tienen que ver con el marco tributario vigente para los diversos tamaños de empresas, así como los beneficios que han recibido algunos sectores y aquellos que alcanzan las compañías que han suscrito contratos de inversión con el gobierno.
“Compartí un productivo encuentro con representantes de la Cámara de Minería del Ecuador”, escribió después del encuentro el también presentador de televisión Rabascall.
“Este sector, con inversión y control ambiental, puede traer desarrollo con equidad territorial, y ser una importante fuente de empleo y de ingreso de divisas para el país”, añadió refiriéndose al rol de la minería en la economía nacional.
Al cierre de esta edición, el tuit de Rabascall había sido comentado en 35 oportunidades y había logrado 835 “me gusta”.
Rabascall viene manteniendo una serie de reuniones con diversos sectores productivos. El fin de semana estuvo también con pequeños productores y organismos de la economía social y solidaria.
Parte de las inquietudes del candidato a vicepresidente tienen que ver con el marco tributario vigente para los diversos tamaños de empresas, así como los beneficios que han recibido algunos sectores y aquellos que alcanzan las compañías que han suscrito contratos de inversión con el gobierno.
Elecciones 2021: Habrá segunda vuelta
Febrero, 7 de 2021.- Al cierre de esta edición, con el 97,17% de las actas ya contabilizadas, el candidato de la Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, ocupaba el primer lugar de la tabla con el 32,22% por ciento de los votos. En segundo lugar se encontraba Yaku Pérez, del Movimiento Pachakutik; y con menos de una décima de diferencia lo seguía el candidato de la alianza Creo - PSC, Guillermo Lasso.
En síntesis, Araúz es matemático y economista por la Universidad de Michigan. Tiene 36 años y habla cuatro idiomas. Ha sido ministro en el gobierno de Rafael Correa y ha ocupado diversos cargos en la administración pública.
Bolívar
Respecto de los resultados electorales en algunas provincias mineras, en Bolívar se presentaron 13 listas y ganó el candidato del Movimiento Pachakutik, Segundo José Chimbo Chimbo y en segundo lugar quedó el de la alianza SUMA PSC, Jorge Farah Abedrabbo García. En cuanto a presidentes, el candidato más votado al 85,10 % ha sido Yaku Pérez, quien ha obtenido el 49,85% de los votos.
En las elecciones del año 2017, la votación para presidente la ganó Guillermo Lasso, de la alianza Creo SUMA. A nivel de asambleístas, colocaron uno cada uno el Movimiento SUMA, la Alianza por la integración Bolivarense y la alianza entre el correísta PAIS y el Partido Socialista Ecuatoriano.
Loja
Los lojanos han votado para presidente por Yaku Pérez quien, al 74 por ciento de actas escrutadas, tenía el 30 por ciento de la votación, seguido de cerca por Xavier Herbas, con el 28% de los votos.
Loja elige a cuatro asambleístas provinciales. Al respecto, al 43% de actas escrutadas, ganaba la Alianza Minka por la Vida, es decir, la alianza entre Unidad Popular y el Movimiento Pachakutik, con el 18,5% de los votos; seguido por los candidatos del partido Izquierda Democrática.
Hace cuatro años las elecciones para presidente las ganó Guillermo Lasso y los asambleístas fueron dos de la alianza Creo – Suma y dos de la alianza entre el Movimiento PAIS y el Movimiento Regional por la Equidad.
Zamora Chinchipe
En Zamora Chinchipe al 73% de la votación, la lista de la Alianza por la Dignidad de Zamora Chinchipe, liderada por Isabel María Enrríquez Jaya, tenía el 31,1% de los votos, seguido por la Alianza Honestidad con el 15,7 de la votación.
Para presidente, al 80 por ciento, lidera la lista de Yaku Pérez con el 39% de los votos seguido por Xavier Hervas con el 25%. En las elecciones del 2017, Guillermo Lasso ganó en esta provincia.
En síntesis, Araúz es matemático y economista por la Universidad de Michigan. Tiene 36 años y habla cuatro idiomas. Ha sido ministro en el gobierno de Rafael Correa y ha ocupado diversos cargos en la administración pública.
Bolívar
Respecto de los resultados electorales en algunas provincias mineras, en Bolívar se presentaron 13 listas y ganó el candidato del Movimiento Pachakutik, Segundo José Chimbo Chimbo y en segundo lugar quedó el de la alianza SUMA PSC, Jorge Farah Abedrabbo García. En cuanto a presidentes, el candidato más votado al 85,10 % ha sido Yaku Pérez, quien ha obtenido el 49,85% de los votos.
En las elecciones del año 2017, la votación para presidente la ganó Guillermo Lasso, de la alianza Creo SUMA. A nivel de asambleístas, colocaron uno cada uno el Movimiento SUMA, la Alianza por la integración Bolivarense y la alianza entre el correísta PAIS y el Partido Socialista Ecuatoriano.
Loja
Los lojanos han votado para presidente por Yaku Pérez quien, al 74 por ciento de actas escrutadas, tenía el 30 por ciento de la votación, seguido de cerca por Xavier Herbas, con el 28% de los votos.
Loja elige a cuatro asambleístas provinciales. Al respecto, al 43% de actas escrutadas, ganaba la Alianza Minka por la Vida, es decir, la alianza entre Unidad Popular y el Movimiento Pachakutik, con el 18,5% de los votos; seguido por los candidatos del partido Izquierda Democrática.
Hace cuatro años las elecciones para presidente las ganó Guillermo Lasso y los asambleístas fueron dos de la alianza Creo – Suma y dos de la alianza entre el Movimiento PAIS y el Movimiento Regional por la Equidad.
Zamora Chinchipe
En Zamora Chinchipe al 73% de la votación, la lista de la Alianza por la Dignidad de Zamora Chinchipe, liderada por Isabel María Enrríquez Jaya, tenía el 31,1% de los votos, seguido por la Alianza Honestidad con el 15,7 de la votación.
Para presidente, al 80 por ciento, lidera la lista de Yaku Pérez con el 39% de los votos seguido por Xavier Hervas con el 25%. En las elecciones del 2017, Guillermo Lasso ganó en esta provincia.
Cuenca dijo sí en consulta sobre el agua
Febrero, 7 de 2021.- Aún cuando el Consejo Nacional Electoral no ha terminado de procesar las actas de la consulta popular sobre el agua en Cuenca, diversos despachos periodísticos dan cuenta de que el sí fue la respuesta mayoritaria en dicho plebiscito.
En resumen la pregunta era “está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del…” a lo que seguía el nombre de cada uno de los cinco ríos que fueron mencionados en la consulta.
Los grupos que encabezaron la campaña por el sí, entre los que se juntaron el Movimiento Creo con el partido Unidad Popular, celebraron los resultados pero no dieron una cifra exacta sobre el resultado de la votación.
Tampoco hicieron cierres de campaña espectaculares. Por la pandemia o lo que sea, pasaron casi un mes desarrollando estrategias digitales y una que otra acción física para llamar la atención.
Algunos medios dijeron que el sí obtuvo más del 80 por ciento de los votos.
La cifra sería producto del trabajo de cinco organizaciones que estuvieron por el sí. Otras tres apostaron por el no. La Asociación Turística Frances Urco, la Asoprotexvi y el Colegio de Ingenieros Geólogos y Minas del Azuay trataron de demostrar a los cuencanos que no se trata de escoger entre el agua y la minería sino de proteger las fuentes de agua y al mismo tiempo, hacer más minería.
Para los que estuvieron por el sí el trabajo fue, relativamente, más sencillo. Utilizaron como distintivo la silueta de un corazón con la frase Cuenca sí en la parte inferior y un discurso “en defensa del agua” que no requería mayor explicación porque nadie en su sano juicio está “en contra del agua”.
Quienes estuvieron por el no asociaron la consulta popular con una campaña de satanización del sector minero, politizada y promovida por ONG que rechazan las actividades extractivas.
Voceros del Colegio de Ingenieros Geólogos y Minas del Azuay, destacaron que la minera responsable sí es posible. Como logotipo crearon una mano de color blanco que, al tener cinco dedos, hacía referencia a cada una de las preguntas de la consulta.
Sobre el tema, la Cámara de Minería de Ecuador señaló el pasado tres de febrero:
“Ante declaraciones confusas sobre los posibles efectos de los resultados de la consulta popular en Cuenca, la Cámara de Minería del Ecuador recuerda que en el texto de la resolución de la Corte Constitucional del 18 de septiembre de 2020 en la cual se califican las preguntas de dicha consulta, se aclara que:
“Las preguntas sometidas a conocimiento del elector, en caso de obtener un resultado positivo, sólo podrán tener efectos hacia el futuro”. También se dice que esto se da con el fin de respetar el ordenamiento jurídico vigente y la aplicación de los cauces legales correspondientes que no pueden ser inobservados a través de un proceso de democracia directa.
Queda claro que, si el electorado cuencano decide decir “no” a la actividad minera a gran escala, esta decisión será aplicable solamente hacia el futuro.
Recordamos que la minería responsable es una fuente de desarrollo sostenible. Opera estrictamente apegada a la normativa ambiental para controlar y mitigar cualquier impacto, genera empleo seguro, paga impuestos y atrae inversión extranjera.
Sería lamentable que la ciudad de Cuenca -por una decisión en las urnas- se quede excluida de los beneficios de futuras inversiones provenientes del sector minero formal y que esta decisión, además, conlleve la proliferación de actividades ilícitas de extracción de minerales como las ocurridas en la zona de Buenos Aires, en Imbabura, y otros sectores del país”.
En resumen la pregunta era “está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del…” a lo que seguía el nombre de cada uno de los cinco ríos que fueron mencionados en la consulta.
Los grupos que encabezaron la campaña por el sí, entre los que se juntaron el Movimiento Creo con el partido Unidad Popular, celebraron los resultados pero no dieron una cifra exacta sobre el resultado de la votación.
Tampoco hicieron cierres de campaña espectaculares. Por la pandemia o lo que sea, pasaron casi un mes desarrollando estrategias digitales y una que otra acción física para llamar la atención.
Algunos medios dijeron que el sí obtuvo más del 80 por ciento de los votos.
La cifra sería producto del trabajo de cinco organizaciones que estuvieron por el sí. Otras tres apostaron por el no. La Asociación Turística Frances Urco, la Asoprotexvi y el Colegio de Ingenieros Geólogos y Minas del Azuay trataron de demostrar a los cuencanos que no se trata de escoger entre el agua y la minería sino de proteger las fuentes de agua y al mismo tiempo, hacer más minería.
Para los que estuvieron por el sí el trabajo fue, relativamente, más sencillo. Utilizaron como distintivo la silueta de un corazón con la frase Cuenca sí en la parte inferior y un discurso “en defensa del agua” que no requería mayor explicación porque nadie en su sano juicio está “en contra del agua”.
Quienes estuvieron por el no asociaron la consulta popular con una campaña de satanización del sector minero, politizada y promovida por ONG que rechazan las actividades extractivas.
Voceros del Colegio de Ingenieros Geólogos y Minas del Azuay, destacaron que la minera responsable sí es posible. Como logotipo crearon una mano de color blanco que, al tener cinco dedos, hacía referencia a cada una de las preguntas de la consulta.
Sobre el tema, la Cámara de Minería de Ecuador señaló el pasado tres de febrero:
“Ante declaraciones confusas sobre los posibles efectos de los resultados de la consulta popular en Cuenca, la Cámara de Minería del Ecuador recuerda que en el texto de la resolución de la Corte Constitucional del 18 de septiembre de 2020 en la cual se califican las preguntas de dicha consulta, se aclara que:
“Las preguntas sometidas a conocimiento del elector, en caso de obtener un resultado positivo, sólo podrán tener efectos hacia el futuro”. También se dice que esto se da con el fin de respetar el ordenamiento jurídico vigente y la aplicación de los cauces legales correspondientes que no pueden ser inobservados a través de un proceso de democracia directa.
Queda claro que, si el electorado cuencano decide decir “no” a la actividad minera a gran escala, esta decisión será aplicable solamente hacia el futuro.
Recordamos que la minería responsable es una fuente de desarrollo sostenible. Opera estrictamente apegada a la normativa ambiental para controlar y mitigar cualquier impacto, genera empleo seguro, paga impuestos y atrae inversión extranjera.
Sería lamentable que la ciudad de Cuenca -por una decisión en las urnas- se quede excluida de los beneficios de futuras inversiones provenientes del sector minero formal y que esta decisión, además, conlleve la proliferación de actividades ilícitas de extracción de minerales como las ocurridas en la zona de Buenos Aires, en Imbabura, y otros sectores del país”.
Nuevo viceministro en el sector minero
Enero, 17 de 2021.- Poco antes de las fiestas navideñas circuló en el sector el rumor de que el ingeniero César Vásquez ya no estaba al frente de los asuntos administrativos y políticos que están relacionados con la actividad minera.
Dada la calidad de la transparencia que existe en el sector y el conocido misterio con que se guardan tanto los hechos relevantes como los hechos intrascendentes que ocurren en el viceministerio de Minas, llegó la Navidad y pasó el Año Nuevo sin que existiera una versión oficial con la identidad del funcionario que reemplazaba a César Vásquez.
Vásquez fue nombrado viceministro encargado el seis de octubre y con fecha 16 de diciembre el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz Durán, encargó el Viceministerio de Minas a Juan Carlos Ochoa.
Ochoa tiene más de 15 años de experiencia en cargos relacionados con la minería, tanto en el sector público y privado. Posee una Ingeniería en Minas, otorgada por la Universidad Técnica Particular de Loja.
Antes de su nombramiento como viceministro de Minas (e), se desempeñó como coordinador Zonal Sur (que comprende las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe) del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
Ochoa ha ocupado cargos como coordinador nacional del Programa de Regularización de Mineros Artesanales (Ministerio de Recursos Naturales No Renovables), analista técnico minero en la ex Agencia de Regulación y Control Minero, coordinador de la Unidad de Calidad Ambiental de la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente (Zamora Chinchipe), entre otros.
Dada la calidad de la transparencia que existe en el sector y el conocido misterio con que se guardan tanto los hechos relevantes como los hechos intrascendentes que ocurren en el viceministerio de Minas, llegó la Navidad y pasó el Año Nuevo sin que existiera una versión oficial con la identidad del funcionario que reemplazaba a César Vásquez.
Vásquez fue nombrado viceministro encargado el seis de octubre y con fecha 16 de diciembre el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz Durán, encargó el Viceministerio de Minas a Juan Carlos Ochoa.
Ochoa tiene más de 15 años de experiencia en cargos relacionados con la minería, tanto en el sector público y privado. Posee una Ingeniería en Minas, otorgada por la Universidad Técnica Particular de Loja.
Antes de su nombramiento como viceministro de Minas (e), se desempeñó como coordinador Zonal Sur (que comprende las provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe) del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
Ochoa ha ocupado cargos como coordinador nacional del Programa de Regularización de Mineros Artesanales (Ministerio de Recursos Naturales No Renovables), analista técnico minero en la ex Agencia de Regulación y Control Minero, coordinador de la Unidad de Calidad Ambiental de la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente (Zamora Chinchipe), entre otros.
2020: Doce normas se dictaron para el sector minero
Enero, 17 de 2021.- Tres normas relacionadas con a) los parámetros y procedimientos para el cómputo del plazo para el periodo de exploración inicial, b) la suscripción de contratos de operación para realizar actividades de minería artesanal y de sustento dentro de concesiones mineras y c) la regulación del cambio de modalidad para la explotación de materiales áridos y pétreos hacia el régimen de pequeña minería metálica, así como de régimen de pequeña minería no metálica hacia el régimen de pequeña minería metálica, fueron emitidas casi al terminar el año pasado.
Con ello se completó una docena de dispositivos para el sector minero. Ellos fueron:
1. Reforma al Instructivo para las Etapas de Exploración y Explotación de las Concesiones Mineras, Negociación y Suscripción de los Contratos de Explotación Minera, para establecer el procedimiento y requisitos para el paso al periodo de exploración avanzada, evaluación económica del yacimiento y su prorroga (marzo 2020).
2. Reforma al instructivo de auditoría, cálculo de regalías y beneficios de la actividad minera metálica (abril de 2020).
3. Instructivo para la Obtención de Licencias de Comercialización y Exportación de Sustancias Minerales Metálicas y No Metálicas (junio 2020).
4. Instructivo para la modificación del régimen minero (junio 2020).
5. Procedimiento para la rectificación de títulos mineros (junio 2020).
6. Instructivo para la aprobación de proyectos de diseño, construcción, operación y mantenimiento de depósitos de relaves para la mediana y gran minería (julio 2020).
7. Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020-2030 (julio 2020).
8. Instructivo para el otorgamiento, administración y extinción de permisos para realizar actividades de Minería Artesanal y de Sustento de minerales metálicos y no metálicos (agosto 2020).
9. Actualización del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional para el Ámbito Minero (septiembre 2020).
10. Reforma al Instructivo para las Etapas de Exploración y Explotación de las Concesiones Mineras, Negociación y Suscripción de los Contratos de Explotación Minera, para definir parámetros y procedimientos para el cómputo del plazo para el periodo de exploración inicial. (diciembre 2020).
11. Instructivo para la suscripción de contratos de operación para realizar actividades de minería artesanal y de sustento dentro de concesiones mineras (diciembre 2020)
12. Instructivo que regula el cambio de modalidad concesional (diciembre 2020).
Con ello se completó una docena de dispositivos para el sector minero. Ellos fueron:
1. Reforma al Instructivo para las Etapas de Exploración y Explotación de las Concesiones Mineras, Negociación y Suscripción de los Contratos de Explotación Minera, para establecer el procedimiento y requisitos para el paso al periodo de exploración avanzada, evaluación económica del yacimiento y su prorroga (marzo 2020).
2. Reforma al instructivo de auditoría, cálculo de regalías y beneficios de la actividad minera metálica (abril de 2020).
3. Instructivo para la Obtención de Licencias de Comercialización y Exportación de Sustancias Minerales Metálicas y No Metálicas (junio 2020).
4. Instructivo para la modificación del régimen minero (junio 2020).
5. Procedimiento para la rectificación de títulos mineros (junio 2020).
6. Instructivo para la aprobación de proyectos de diseño, construcción, operación y mantenimiento de depósitos de relaves para la mediana y gran minería (julio 2020).
7. Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020-2030 (julio 2020).
8. Instructivo para el otorgamiento, administración y extinción de permisos para realizar actividades de Minería Artesanal y de Sustento de minerales metálicos y no metálicos (agosto 2020).
9. Actualización del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional para el Ámbito Minero (septiembre 2020).
10. Reforma al Instructivo para las Etapas de Exploración y Explotación de las Concesiones Mineras, Negociación y Suscripción de los Contratos de Explotación Minera, para definir parámetros y procedimientos para el cómputo del plazo para el periodo de exploración inicial. (diciembre 2020).
11. Instructivo para la suscripción de contratos de operación para realizar actividades de minería artesanal y de sustento dentro de concesiones mineras (diciembre 2020)
12. Instructivo que regula el cambio de modalidad concesional (diciembre 2020).
Enami EP tiene nuevo gerente general subrogante
Diciembre 14 de 2020.- Este 5 de diciembre de 2020, el directorio de la Empresa Nacional Minera, Enami EP, designó como gerente general subrogante al magíster Rodrigo Aguayo Zambrano.
El directorio de Enami EP lo conforman el presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, Andrés López Jaramillo, el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo Crespo y el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz Durán, quien lo preside.
El magister Aguayo fue parte de la terna propuesta en octubre de este año con el carácter de urgente para elegir al nuevo gerente general, pero la renuncia del asesor minero Santiago Cordovez a ese grupo impidió en ese momento su nombramiento.
Es entonces el indicado para resolver en los términos que le interesan al Ejecutivo los desafíos que se presentan en el sector. Es, además, licenciado en Ciencias Jurídicas y Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiene un Programa de Posgrado en Derecho Empresarial y una Maestría en Derecho, con énfasis en Derecho y Dirección de Empresas, ambos otorgados por la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Adicionalmente cuenta con un Certificado de Programa de Desarrollo Directivo (PDD) emitido por el IDE Business School.
Sucede en el puesto al ingeniero Hernán Guasumba, uno de los pocos ingenieros de Minas que estuvo al frente de la Enami y probablemente el quinto o sexto de los profesionales que al llegar al máximo cargo ejecutivo de la minera estatal ecuatoriana, no estuvieron de acuerdo con aceptar las condiciones en que se negociaba el contrato con Codelco para la explotación de Llurimagua.
Ahora sí se empieza a servir la mesa que amistosamente pide la estatal chilena antes de pasar a la denuncia internacional.
En lo internacional, tres hechos notables para la economía de la minera chilena han ocurrido esta semana. El primero es la noticia de que Santiago tendrá que volver al confinamiento parcial y eso va a retrasar la recuperación de toda la economía.
Chile, como todos los países, enfrenta graves problemas. No sólo es el descontento de sus jóvenes hartos de un sistema que ahoga sus posibilidades y quieren una nueva Constitución. En el plano de la macro economía, la de Chile se contraerá entre 5,75 y 6,25 % este año, un nivel mayor al previsto anteriormente, impactada por la pandemia de coronavirus, reveló el miércoles su Banco Central.
Un segundo hecho es el anuncio hecho por Codelco de una nueva operación de refinanciamiento, aprovechando las favorables condiciones que presenta el mercado de deuda, con el objetivo de lograr mayor holgura financiera para invertir en sus proyectos estructurales.
Como parte del ejercicio de refinanciamiento, efectuó en Nueva York una exitosa colocación de bonos por US$ 500 millones a 31 años plazo, con un rendimiento de 3,173 %. La tasa obtenida representa un diferencial de 148 puntos base sobre el bono del tesoro americano de plazo similar. Esta tasa es la más baja que haya obtenido la Corporación en su historia para una deuda a 30 o más años.
Codelco tiene espaldas para endeudarse pues a su fortaleza natural puede agregar que el mundo minero ve un entorno de precios más favorable en 2021, ya que se espera que casi todos los precios de los minerales y metales (excepto el mineral de hierro) promedien más en 2021 en términos interanuales.
Aunque los precios de los metales experimentaron una recuperación impresionante durante el segundo trimestre del 2020, luego de la caída registrada a principios de año debido al Covid-19, Fitch Solutions pronostica que los precios seguirán promediando la baja interanual en 2020.
En síntesis, Fitch dice que el próximo año los precios serán respaldados por una recuperación económica global más amplia y profunda a medida que las vacunas Covid-19 estén disponibles.
Mientras tanto, Fitch prevé una fuerte recuperación en la demanda mundial de minerales y metales en 2021. El consumo de metales de China seguirá siendo fuerte a medida que los proyectos de infraestructura continúen avanzando, respaldados por la política de estímulo Covid-19.
Esa tendencia se aprecia en las últimas semanas. El precio del cobre sigue imparable. En noviembre subió 14,64 % y fue el mejor desempeño mensual desde noviembre 2016. Ahora en lo que va de diciembre, esa trayectoria no se ha detenido y el lunes pasado cerró en US$ 3,47 la libra en Londres.
Dado este impulso que ha tenido el cobre, los expertos ya comienzan a anticipar nuevos máximos que el metal puede tocar hacia mediano plazo. Esto, porque aseguran que se está produciendo un cambio estructural en la economía y eso favorece al cobre.
“El cobre, considerado un buen indicador de la salud económica, se encamina a una de sus más largas rachas de ganancias mensuales desde los mínimos marcados en marzo”, sostiene Arturo Frei, gerente general de Renta4. De hecho, se ha apreciado 65,8%, “y las señales que sustentan este rally vienen del otro lado del mundo, China”, agrega.
En lo interno hay además una serie de hechos a tomar en cuenta. Está en uno de los primeros lugares el acuerdo de accionistas entre Enami EP y Codelco, del 7 de diciembre del 2015.
Dice en uno de sus puntos que “En caso Enami EP, luego de haber realizado las gestiones necesarias ante instituciones financieras (nacionales, internacionales, multilaterales, públicas o privadas) no obtenga financiamiento para cubrir sus aportes de capital, lo que deberá ser demostrado documentalmente, autorizará a Codelco para que se le otorgue el usufructo de los derechos económicos de Enami EP derivados de su participación accionaria en la sociedad, con el único fin de que sean otorgados como garantía para la obtención del financiamiento correspondiente a la participación de Enami y en su nombre, mediante una Deuda Subordinada de cualquier fuente y por cualquier medio legal de mercado”.
Está también el tema de la imposibilidad de valorizar el activo a negociarse por la falta de informes sobre el resultado de las últimas campañas de exploración que hacen imposible la realización de los estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto.
Esos estudios son básicos para saber qué es lo que se está negociando y no se hacen en menos de dos años.
Finalmente, por ahora, está la decisión de la Procuraduría General del Estado de asegurar el cumplimiento del artículo 408 de la Constitución que bloquea la venta de las acciones de Enami EP en la futura sociedad con Codelco, pues automáticamente estaría perdiendo el 51% que dispone la Carta Magna.
El directorio de Enami EP lo conforman el presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, Andrés López Jaramillo, el ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo Crespo y el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz Durán, quien lo preside.
El magister Aguayo fue parte de la terna propuesta en octubre de este año con el carácter de urgente para elegir al nuevo gerente general, pero la renuncia del asesor minero Santiago Cordovez a ese grupo impidió en ese momento su nombramiento.
Es entonces el indicado para resolver en los términos que le interesan al Ejecutivo los desafíos que se presentan en el sector. Es, además, licenciado en Ciencias Jurídicas y Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiene un Programa de Posgrado en Derecho Empresarial y una Maestría en Derecho, con énfasis en Derecho y Dirección de Empresas, ambos otorgados por la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. Adicionalmente cuenta con un Certificado de Programa de Desarrollo Directivo (PDD) emitido por el IDE Business School.
Sucede en el puesto al ingeniero Hernán Guasumba, uno de los pocos ingenieros de Minas que estuvo al frente de la Enami y probablemente el quinto o sexto de los profesionales que al llegar al máximo cargo ejecutivo de la minera estatal ecuatoriana, no estuvieron de acuerdo con aceptar las condiciones en que se negociaba el contrato con Codelco para la explotación de Llurimagua.
Ahora sí se empieza a servir la mesa que amistosamente pide la estatal chilena antes de pasar a la denuncia internacional.
En lo internacional, tres hechos notables para la economía de la minera chilena han ocurrido esta semana. El primero es la noticia de que Santiago tendrá que volver al confinamiento parcial y eso va a retrasar la recuperación de toda la economía.
Chile, como todos los países, enfrenta graves problemas. No sólo es el descontento de sus jóvenes hartos de un sistema que ahoga sus posibilidades y quieren una nueva Constitución. En el plano de la macro economía, la de Chile se contraerá entre 5,75 y 6,25 % este año, un nivel mayor al previsto anteriormente, impactada por la pandemia de coronavirus, reveló el miércoles su Banco Central.
Un segundo hecho es el anuncio hecho por Codelco de una nueva operación de refinanciamiento, aprovechando las favorables condiciones que presenta el mercado de deuda, con el objetivo de lograr mayor holgura financiera para invertir en sus proyectos estructurales.
Como parte del ejercicio de refinanciamiento, efectuó en Nueva York una exitosa colocación de bonos por US$ 500 millones a 31 años plazo, con un rendimiento de 3,173 %. La tasa obtenida representa un diferencial de 148 puntos base sobre el bono del tesoro americano de plazo similar. Esta tasa es la más baja que haya obtenido la Corporación en su historia para una deuda a 30 o más años.
Codelco tiene espaldas para endeudarse pues a su fortaleza natural puede agregar que el mundo minero ve un entorno de precios más favorable en 2021, ya que se espera que casi todos los precios de los minerales y metales (excepto el mineral de hierro) promedien más en 2021 en términos interanuales.
Aunque los precios de los metales experimentaron una recuperación impresionante durante el segundo trimestre del 2020, luego de la caída registrada a principios de año debido al Covid-19, Fitch Solutions pronostica que los precios seguirán promediando la baja interanual en 2020.
En síntesis, Fitch dice que el próximo año los precios serán respaldados por una recuperación económica global más amplia y profunda a medida que las vacunas Covid-19 estén disponibles.
Mientras tanto, Fitch prevé una fuerte recuperación en la demanda mundial de minerales y metales en 2021. El consumo de metales de China seguirá siendo fuerte a medida que los proyectos de infraestructura continúen avanzando, respaldados por la política de estímulo Covid-19.
Esa tendencia se aprecia en las últimas semanas. El precio del cobre sigue imparable. En noviembre subió 14,64 % y fue el mejor desempeño mensual desde noviembre 2016. Ahora en lo que va de diciembre, esa trayectoria no se ha detenido y el lunes pasado cerró en US$ 3,47 la libra en Londres.
Dado este impulso que ha tenido el cobre, los expertos ya comienzan a anticipar nuevos máximos que el metal puede tocar hacia mediano plazo. Esto, porque aseguran que se está produciendo un cambio estructural en la economía y eso favorece al cobre.
“El cobre, considerado un buen indicador de la salud económica, se encamina a una de sus más largas rachas de ganancias mensuales desde los mínimos marcados en marzo”, sostiene Arturo Frei, gerente general de Renta4. De hecho, se ha apreciado 65,8%, “y las señales que sustentan este rally vienen del otro lado del mundo, China”, agrega.
En lo interno hay además una serie de hechos a tomar en cuenta. Está en uno de los primeros lugares el acuerdo de accionistas entre Enami EP y Codelco, del 7 de diciembre del 2015.
Dice en uno de sus puntos que “En caso Enami EP, luego de haber realizado las gestiones necesarias ante instituciones financieras (nacionales, internacionales, multilaterales, públicas o privadas) no obtenga financiamiento para cubrir sus aportes de capital, lo que deberá ser demostrado documentalmente, autorizará a Codelco para que se le otorgue el usufructo de los derechos económicos de Enami EP derivados de su participación accionaria en la sociedad, con el único fin de que sean otorgados como garantía para la obtención del financiamiento correspondiente a la participación de Enami y en su nombre, mediante una Deuda Subordinada de cualquier fuente y por cualquier medio legal de mercado”.
Está también el tema de la imposibilidad de valorizar el activo a negociarse por la falta de informes sobre el resultado de las últimas campañas de exploración que hacen imposible la realización de los estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto.
Esos estudios son básicos para saber qué es lo que se está negociando y no se hacen en menos de dos años.
Finalmente, por ahora, está la decisión de la Procuraduría General del Estado de asegurar el cumplimiento del artículo 408 de la Constitución que bloquea la venta de las acciones de Enami EP en la futura sociedad con Codelco, pues automáticamente estaría perdiendo el 51% que dispone la Carta Magna.
ECSA se aleja temporalmente de la CME
Diciembre 14 de 2020.- El último día de noviembre la empresa Ecuacorriente, ECSA, operadora de la Mina de cobre Mirador, comunicó a la Cámara de Minería del Ecuador (CME) que dejaba de formar parte del grupo de compañías asociadas al gremio grande del sector minero local.
Semanas atrás se hizo pública la nueva escala de cuotas planteada por la secretaría ejecutiva de la CME, la misma que modificaba de manera sustancial la cantidad del aporte que las mineras y los proveedores abonan mensualmente a dicha institución.
Según la CME, el gremio y la industria minera viven un momento único. Por una parte Ecuador se ha abierto a la minería a gran escala y tiene dos minas operando. Por otro lado, se ciernen varias amenazas: desconocimiento de la población, potente discurso antiminero, campañas electorales y consultas populares.
Y como para contrarrrestarlos se necesita mucha plata, una salida resultó pedirle a los asociados que elevaran sus cuotas por la membresía. “Cambiar la percepción sobre la minería demanda campañas de comunicación sostenidas en el tiempo, lo que requiere una inversión –igualmente- sostenida”, sostienen en la cámara.
No se esperaba el retiro de ECSA, sin embargo, está lejos de la realidad pensar que los operadores de Mirador se retiran mortificados por el alza de las cuotas. Ellos no estarían pensando en que las cotizaciones reflejen la calidad del servicio o en seguir pagando las cuotas de antes pues como principal productora de cobre no tienen problemas de liquidez.
Si se alejan temporalmente es porque esperan volver algún día, es decir, cuando el tiempo solucione las debilidades de la CME.
Semanas atrás se hizo pública la nueva escala de cuotas planteada por la secretaría ejecutiva de la CME, la misma que modificaba de manera sustancial la cantidad del aporte que las mineras y los proveedores abonan mensualmente a dicha institución.
Según la CME, el gremio y la industria minera viven un momento único. Por una parte Ecuador se ha abierto a la minería a gran escala y tiene dos minas operando. Por otro lado, se ciernen varias amenazas: desconocimiento de la población, potente discurso antiminero, campañas electorales y consultas populares.
Y como para contrarrrestarlos se necesita mucha plata, una salida resultó pedirle a los asociados que elevaran sus cuotas por la membresía. “Cambiar la percepción sobre la minería demanda campañas de comunicación sostenidas en el tiempo, lo que requiere una inversión –igualmente- sostenida”, sostienen en la cámara.
No se esperaba el retiro de ECSA, sin embargo, está lejos de la realidad pensar que los operadores de Mirador se retiran mortificados por el alza de las cuotas. Ellos no estarían pensando en que las cotizaciones reflejen la calidad del servicio o en seguir pagando las cuotas de antes pues como principal productora de cobre no tienen problemas de liquidez.
Si se alejan temporalmente es porque esperan volver algún día, es decir, cuando el tiempo solucione las debilidades de la CME.
Nace la Asociación de Pequeños Productores Mineros y
Plantas de Beneficio de Camilo Ponce Enríquez
Diciembre 14 de 2020.- El pasado miércoles 9 de diciembre, en el salón de actos de la Asociación “12 de Octubre” se realizó la primera asamblea general extraordinaria de la Asociación de Pequeños Productores Mineros y Plantas de Beneficio de Camilo Ponce Enríquez, Adermin, gremio que nace para trabajar en beneficio del sector de esa localidad y del país.
Como secretario fue designado Yeico Mero Bastidas, de la compañía Ecuadorminerals; como tesorera, Isabel Rambay Ponce, de la Sociedad Minera Golden Mining; de vicepresidente se eligió a Joffre Chévez Chacón, de Minervilla y como presidente a Tanner Cobos Maldonado, de Comincobos.
“Nuestra propuesta es unir al sector minero, para que los objetivos que nos proponemos lleguen a feliz término. Aprovecho para invitar a las empresas que se acerquen a Adermin. Muy pronto tendremos nuestra oficina en Camilo Ponce Enríquez y podremos generar una serie de eventos de capacitación y asesoría en beneficio de toda la comunidad local”, expresó Joffre Chévez, vicepresidente.
“Vamos a invitar a las autoridades locales y nacionales a dialogar sobre las principales problemáticas. No obstante, haremos cumplir nuestros derechos. Hemos sumado voluntades de gente que hace minería responsable. Estamos seguros que hay muchos mineros que quieren ser parte de la mejora de procesos en sus empresas. Los recibiremos con las puertas abiertas para juntos luchar por el sector”, afirmó, a su vez, Tanner Cobos, presidente.
Es importante informar que Adermin es pionera en el país al ser la primera asociación inscrita en la secretaría de Estado que le corresponde, esto es en el viceministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
Como secretario fue designado Yeico Mero Bastidas, de la compañía Ecuadorminerals; como tesorera, Isabel Rambay Ponce, de la Sociedad Minera Golden Mining; de vicepresidente se eligió a Joffre Chévez Chacón, de Minervilla y como presidente a Tanner Cobos Maldonado, de Comincobos.
“Nuestra propuesta es unir al sector minero, para que los objetivos que nos proponemos lleguen a feliz término. Aprovecho para invitar a las empresas que se acerquen a Adermin. Muy pronto tendremos nuestra oficina en Camilo Ponce Enríquez y podremos generar una serie de eventos de capacitación y asesoría en beneficio de toda la comunidad local”, expresó Joffre Chévez, vicepresidente.
“Vamos a invitar a las autoridades locales y nacionales a dialogar sobre las principales problemáticas. No obstante, haremos cumplir nuestros derechos. Hemos sumado voluntades de gente que hace minería responsable. Estamos seguros que hay muchos mineros que quieren ser parte de la mejora de procesos en sus empresas. Los recibiremos con las puertas abiertas para juntos luchar por el sector”, afirmó, a su vez, Tanner Cobos, presidente.
Es importante informar que Adermin es pionera en el país al ser la primera asociación inscrita en la secretaría de Estado que le corresponde, esto es en el viceministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
Llurimagua Copper: Se acerca la navidad…
Diciembre 6 de 2020.- Al cierre de esta edición, la Procuraduría General del Estado aún no había convocado a las partes involucradas en procurar la solución amistosa que marque el inicio de las conversaciones orientadas a atender el pedido de Codelco a Enami: que se forme la empresa que haga posible la explotación de Llurimagua.
La semana que pasó el precio del cobre llegó a niveles no vistos hace casi una década. Un vicepresidente de una de las mineras más grandes del mundo dijo que se requería incrementar la producción de cobre para atender las necesidades de la industria, no sólo la de fabricación de autos eléctricos sino en general.
En ese contexto estaría iniciándose la negociación planteada por la estatal chilena debido a la parálisis que atacó a la iniciativa estatal ecuatoriana durante nueve meses, durante los cuales estuvo sin mover un dedo para materializar Llurimagua Copper.
Para completar el trabajo hay aún muchos temas pendientes. Uno es el compromiso fijado en el Pacto de Accionistas del año 2015 en virtud del cual Codelco, que tuvo a su cargo los trabajos exploratorios, debe pasar a Enami toda la información geológica obtenida después de perforar 100 mil metros en la concesión.
Al respecto, lo que es público porque Codelco lo incluyó en una de sus memorias, es la existencia estimada de 3,8 mil millones de toneladas de mineral de cobre con una ley de 0,45%.
Falta saber también si las autoridades de Enami aceptarán la valorización que haga la estatal chilena o decidirán hacer lo que hacen las empresas en estos casos: contratar a un tercero independiente para que realice una nueva valorización que tenga en cuenta todos los “aspectos modificantes” del negocio.
Falta además el pronunciamiento del Ministerio del Ambiente para la continuación de los trabajos y, tal vez lo más importante, los acuerdos comerciales que aseguren el cumplimiento del Artículo 408 de la Constitución, una vez que los estudios de pre factibilidad y factibilidad que demuestren la viabilidad de la operación.
La semana que pasó el precio del cobre llegó a niveles no vistos hace casi una década. Un vicepresidente de una de las mineras más grandes del mundo dijo que se requería incrementar la producción de cobre para atender las necesidades de la industria, no sólo la de fabricación de autos eléctricos sino en general.
En ese contexto estaría iniciándose la negociación planteada por la estatal chilena debido a la parálisis que atacó a la iniciativa estatal ecuatoriana durante nueve meses, durante los cuales estuvo sin mover un dedo para materializar Llurimagua Copper.
Para completar el trabajo hay aún muchos temas pendientes. Uno es el compromiso fijado en el Pacto de Accionistas del año 2015 en virtud del cual Codelco, que tuvo a su cargo los trabajos exploratorios, debe pasar a Enami toda la información geológica obtenida después de perforar 100 mil metros en la concesión.
Al respecto, lo que es público porque Codelco lo incluyó en una de sus memorias, es la existencia estimada de 3,8 mil millones de toneladas de mineral de cobre con una ley de 0,45%.
Falta saber también si las autoridades de Enami aceptarán la valorización que haga la estatal chilena o decidirán hacer lo que hacen las empresas en estos casos: contratar a un tercero independiente para que realice una nueva valorización que tenga en cuenta todos los “aspectos modificantes” del negocio.
Falta además el pronunciamiento del Ministerio del Ambiente para la continuación de los trabajos y, tal vez lo más importante, los acuerdos comerciales que aseguren el cumplimiento del Artículo 408 de la Constitución, una vez que los estudios de pre factibilidad y factibilidad que demuestren la viabilidad de la operación.
El miércoles 9 se convocará oficialmente a consulta popular sobre la minería en Cuenca
Diciembre 6 de 2020.- La convocatoria a la consulta popular sobre la actividad minera en la provincia de Cuenca se realizará, oficialmente, el próximo miércoles 9 de diciembre a través de un mensaje en cadena de radio y televisión que, en principio, se hará en Cuenca y después se replicará en los medios impresos de esa ciudad y también en la página web del CNE.
La consulta será en la primera vuelta de las elecciones generales, es decir, el próximo 7 de febrero del 2021, desde las 07:00 hasta las 17:00. La consulta se llevará a cabo en las 37 parroquias que integran el cantón Cuenca.
De acuerdo con cierre del Registro Electoral para los comicios de 2021, aprobado por el Pleno del cuerpo colegiado, el cantón Cuenca de la provincia del Azuay cuenta con 435 963 electores que expresarán su voluntad en las urnas respondiendo Sí o No a cinco preguntas referentes a la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Machángara, Tomebamba, Norcay, según la delimitación técnica realizada por Etapa EP.
Para ello el pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó ya el plan operativo, el calendario electoral y el presupuesto de la consulta, el mismo que asciende a más de 137 mil dólares.
De ese total, se entregarán US$ 13.078,89 a las organizaciones que promuevan el “sí” y otros tantos US$ 13.078,89 a las que promuevan el “no”.
La falta de un pronunciamiento del CNE respecto de la fecha de la consulta ya estaba provocando incomodidad entre los promotores de dicho plebiscito. Recordaban que fue la propia presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien declaró que había plazos constitucionales que debían cumplirse y por ello tendría que realizarse el 13 de este mes.
La inscripción de las organizaciones sociales y políticas que busquen apoyar el Sí o el No iniciará el 11 de diciembre y concluirá el 18 de diciembre del 2020. La campaña electoral arrancará el domingo 10 de enero.
La consulta será en la primera vuelta de las elecciones generales, es decir, el próximo 7 de febrero del 2021, desde las 07:00 hasta las 17:00. La consulta se llevará a cabo en las 37 parroquias que integran el cantón Cuenca.
De acuerdo con cierre del Registro Electoral para los comicios de 2021, aprobado por el Pleno del cuerpo colegiado, el cantón Cuenca de la provincia del Azuay cuenta con 435 963 electores que expresarán su voluntad en las urnas respondiendo Sí o No a cinco preguntas referentes a la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Machángara, Tomebamba, Norcay, según la delimitación técnica realizada por Etapa EP.
Para ello el pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó ya el plan operativo, el calendario electoral y el presupuesto de la consulta, el mismo que asciende a más de 137 mil dólares.
De ese total, se entregarán US$ 13.078,89 a las organizaciones que promuevan el “sí” y otros tantos US$ 13.078,89 a las que promuevan el “no”.
La falta de un pronunciamiento del CNE respecto de la fecha de la consulta ya estaba provocando incomodidad entre los promotores de dicho plebiscito. Recordaban que fue la propia presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien declaró que había plazos constitucionales que debían cumplirse y por ello tendría que realizarse el 13 de este mes.
La inscripción de las organizaciones sociales y políticas que busquen apoyar el Sí o el No iniciará el 11 de diciembre y concluirá el 18 de diciembre del 2020. La campaña electoral arrancará el domingo 10 de enero.
Codelco inicia proceso para que Enami EP cumpla acuerdos respecto a Llurimagua
Noviembre 29 de2020.- El pasado 23 la Corporación Nacional del Cobre (de Chile), más conocida como Codelco, envió una carta a la Procuraduría General del Estado notificando al Estado su pedido para iniciar “conversaciones amistosas” para el cumplimiento a los acuerdos suscritos con Enami EP respecto del proyecto minero Llurimagua.
La cosa está clara. Codelco tiene en sus manos la sartén y al amparo del convenio firmado entre los gobiernos de Chile y Ecuador para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones; principalmente, así como con la ratificación del pacto de accionistas que se acordó hace un año, busca impulsar el cumplimiento de los acuerdos.
Codelco es la principal productora de cobre de mina del mundo, líder en reservas del mineral a nivel planetario. Sabe mucho de este negocio, pero no está en su mejor momento.
En Chile la investigan y la minera lava su imagen en Ecuador. La Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, organismo encargado de fiscalizar a las mineras estatales de ese país, la tiene bajo la lupa por varios contratos firmados bajo sospecha.
Son por lo menos cinco nuevos procesos, donde se sindican decisiones sin sustento, impacto económico y responsabilidades administrativas y del directorio de Codelco.
En este mes que acaba, se hicieron públicas dos auditorías que ya pasaron al Ministerio Público, organismo que está abriendo una nueva línea investigativa por la demanda contra el ex presidente de Codelco, Nelson Pizarro, y donde dos exejecutivos de la minera fueron a declarar en calidad de imputados.
Una de las auditorías tiene que ver con contratos adjudicados a Trepsa Cerro Alto y Vecchiola, en la licitación por movimiento de tierra que, según los investigadores, nació con un error de cálculo en el plan minero respecto del mineral que se debía trasladar.
La otra ha encontrado irregularidades en el contrato San Antonio Baja Escala, irónicamente conocida como SABE, por la forma en que se adjudicó y porque uno de los que firmó era socio del hijo de Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco entre septiembre de 2014 y el mismo mes de 2019.
La información está siendo analizada por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía chilena, donde se lleva un proceso contra Pizarro, luego de una demanda que fue presentada por Codelco en diciembre del año pasado por tráfico de influencias.
Pero no es sólo eso. Hay además un requerimiento por cohecho, por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), presentado en abril de este año.
Es en esas circunstancias en que Codelco presenta su requerimiento para que Enami cumpla con formar una sociedad para la explotación de Llurimagua.
Cierto que, si los términos del contrato son adecuados, el proyecto de cobre Llurimagua traería varios beneficios al país en términos económicos y de desarrollo. Como toda mina, en la etapa de construcción se generarían miles de puestos de trabajo directos; además, se contribuiría con proyectos de infraestructura y salud en las comunidades de la zona de influencia en la provincia de Imbabura.
Asimismo, la puesta en marcha de Llurimagua traería al país una inversión extranjera directa de varios miles de millones de dólares; y una vez esté operando, el Estado ecuatoriano recibiría la mayoría de los beneficios del proyecto en pagos de regalías, tributos e impuestos.
Por ello mismo hay que analizar bien el momento y las condiciones en que la estatal ecuatoriana tendría que sentarse a negociar.
Prescindiendo del momento político prelectoral que vive el país y limitando el análisis a los conocimientos técnicos que se requieren para empezar la negociación de un contrato minero de gran envergadura, no hay cómo empezar a negociar.
Con el nivel de información geológica que tiene Enami, negociar un contrato es como ir a un partido de fútbol con las piernas amarradas.
Cuando Kluane Drilling empezó la perforación a fines del 2015, los medios dijeron que los chilenos empezaban un programa de perforación de cuatro años en los cuales adquirirían información de 64 mil metros del subsuelo ecuatoriano.
En información que fue entregada con gotero a Enami EP se supo de algunos resultados parciales. Oficialmente, la minera estatal ecuatoriana no tiene una sola cifra importante ni siquiera en la categoría de recursos inferidos.
Estaría negociando la venta de algo que no conoce y cualquier minero sabe que para vender una concesión, lo primero que tiene que hacer es valorizarla y eso no ha hecho el Ecuador.
Hay además otras consideraciones. Diversos acuerdos suscritos reconocen a Codelco una participación del 49 por ciento sin que Enami, de manera oficial, haya informado a cuánto es el cien por ciento del activo.
Otro problema es la autorización de la Procuraduría General del Estado (PGE) que dispone la constitución de una sociedad anónima que asegure que el Ecuador mantendrá siempre una participación mayoritaria, es decir, del 51 por ciento en la sociedad.
Si como se dice actualmente, las autoridades están pensando vender la participación del Estado, estarían yéndose en contra de la resolución de la PGE.
Cualquier empresario minero sabe que si tiene que vender una concesión, primero hay que minimizar los riesgos relacionados con la incertidumbre del proyecto.
Hace pocos días la doctora María Rosa Guerra, del estudio Pérez, Bustamante y Ponce, ofreció un curso elemental sobre el modelo minero ecuatoriano. Lo hizo en una conferencia magistral de Expominas Virtual 2020.
Ella es una de las abogadas más experimentadas en temas tributarios y contables, con más de 30 años asesorando a empresas privadas en negociaciones y reconocida como la experta ideal en contabilidad para los procesos de due dilligence.
Ella explicó que mejorar la información del proyecto es fundamental para bajar el riesgo; que para transformar los recursos en reservas se necesita datos y tener certeza sobre el activo que se va a desarrollar.
Remarcó que se requiere un mapa fundamental hecho a partir de la información que dan los pozos y para que el prospecto empiece a delimitarse como un activo minero hay que definir el contorno geológico.
Dijo además que el asunto no se limita a cuestiones mineras, de procesamiento o de naturaleza metalúrgicas, sino que deben tomarse en cuenta una serie de aspectos modificantes como la infraestructura, las condiciones económicas, de mercado, legales, ambientales y sociales.
Fue enfática al decir que se requieren tres estudios: el de evaluación económica preliminar, el de prefactibilidad y el de factibilidad para determinar el nivel de confianza en el conocimiento geológico, así como los costos de capital y otros que se requieren para explotar el depósito.
Nada de eso existe y esos estudios no se realizan de un momento a otro. La ley ecuatoriana concede a las empresas mineras hasta cuatro años para su realización.
A los técnicos de Enami se les puede preguntar por los supuestos básicos para un acuerdo minero y no están en condiciones de responder cuál es la ley de corte que tendría el contrato con Codelco.
Desde hace muchos años que las empresas grandes incluyen en sus negociaciones el llamado Net Smelter Return, NSR, un acuerdo pactado entre ellas que permanece fuera de la mirada del Estado y le otorga a la primera dueña de la concesión, de por vida, una participación en las ganancias que genere la explotación del yacimiento.
Enami requiere del NSR tal como requiere saber, por ejemplo, cuáles serían los costos del tratamiento y refinación de los minerales que esconde Llurimagua. La definición de los costos operativos, de capital, de apreciación y amortización, el costo del cierre y los impuestos aplicables al proyecto no se pueden adivinar y no se hacen en menos de dos años.
Hay también otros aspectos que se derivan del acuerdo de accionistas que Vía Minera los analizará en su próximo número, probablemente el último de este 2020.
La cosa está clara. Codelco tiene en sus manos la sartén y al amparo del convenio firmado entre los gobiernos de Chile y Ecuador para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones; principalmente, así como con la ratificación del pacto de accionistas que se acordó hace un año, busca impulsar el cumplimiento de los acuerdos.
Codelco es la principal productora de cobre de mina del mundo, líder en reservas del mineral a nivel planetario. Sabe mucho de este negocio, pero no está en su mejor momento.
En Chile la investigan y la minera lava su imagen en Ecuador. La Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, organismo encargado de fiscalizar a las mineras estatales de ese país, la tiene bajo la lupa por varios contratos firmados bajo sospecha.
Son por lo menos cinco nuevos procesos, donde se sindican decisiones sin sustento, impacto económico y responsabilidades administrativas y del directorio de Codelco.
En este mes que acaba, se hicieron públicas dos auditorías que ya pasaron al Ministerio Público, organismo que está abriendo una nueva línea investigativa por la demanda contra el ex presidente de Codelco, Nelson Pizarro, y donde dos exejecutivos de la minera fueron a declarar en calidad de imputados.
Una de las auditorías tiene que ver con contratos adjudicados a Trepsa Cerro Alto y Vecchiola, en la licitación por movimiento de tierra que, según los investigadores, nació con un error de cálculo en el plan minero respecto del mineral que se debía trasladar.
La otra ha encontrado irregularidades en el contrato San Antonio Baja Escala, irónicamente conocida como SABE, por la forma en que se adjudicó y porque uno de los que firmó era socio del hijo de Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de Codelco entre septiembre de 2014 y el mismo mes de 2019.
La información está siendo analizada por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía chilena, donde se lleva un proceso contra Pizarro, luego de una demanda que fue presentada por Codelco en diciembre del año pasado por tráfico de influencias.
Pero no es sólo eso. Hay además un requerimiento por cohecho, por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE), presentado en abril de este año.
Es en esas circunstancias en que Codelco presenta su requerimiento para que Enami cumpla con formar una sociedad para la explotación de Llurimagua.
Cierto que, si los términos del contrato son adecuados, el proyecto de cobre Llurimagua traería varios beneficios al país en términos económicos y de desarrollo. Como toda mina, en la etapa de construcción se generarían miles de puestos de trabajo directos; además, se contribuiría con proyectos de infraestructura y salud en las comunidades de la zona de influencia en la provincia de Imbabura.
Asimismo, la puesta en marcha de Llurimagua traería al país una inversión extranjera directa de varios miles de millones de dólares; y una vez esté operando, el Estado ecuatoriano recibiría la mayoría de los beneficios del proyecto en pagos de regalías, tributos e impuestos.
Por ello mismo hay que analizar bien el momento y las condiciones en que la estatal ecuatoriana tendría que sentarse a negociar.
Prescindiendo del momento político prelectoral que vive el país y limitando el análisis a los conocimientos técnicos que se requieren para empezar la negociación de un contrato minero de gran envergadura, no hay cómo empezar a negociar.
Con el nivel de información geológica que tiene Enami, negociar un contrato es como ir a un partido de fútbol con las piernas amarradas.
Cuando Kluane Drilling empezó la perforación a fines del 2015, los medios dijeron que los chilenos empezaban un programa de perforación de cuatro años en los cuales adquirirían información de 64 mil metros del subsuelo ecuatoriano.
En información que fue entregada con gotero a Enami EP se supo de algunos resultados parciales. Oficialmente, la minera estatal ecuatoriana no tiene una sola cifra importante ni siquiera en la categoría de recursos inferidos.
Estaría negociando la venta de algo que no conoce y cualquier minero sabe que para vender una concesión, lo primero que tiene que hacer es valorizarla y eso no ha hecho el Ecuador.
Hay además otras consideraciones. Diversos acuerdos suscritos reconocen a Codelco una participación del 49 por ciento sin que Enami, de manera oficial, haya informado a cuánto es el cien por ciento del activo.
Otro problema es la autorización de la Procuraduría General del Estado (PGE) que dispone la constitución de una sociedad anónima que asegure que el Ecuador mantendrá siempre una participación mayoritaria, es decir, del 51 por ciento en la sociedad.
Si como se dice actualmente, las autoridades están pensando vender la participación del Estado, estarían yéndose en contra de la resolución de la PGE.
Cualquier empresario minero sabe que si tiene que vender una concesión, primero hay que minimizar los riesgos relacionados con la incertidumbre del proyecto.
Hace pocos días la doctora María Rosa Guerra, del estudio Pérez, Bustamante y Ponce, ofreció un curso elemental sobre el modelo minero ecuatoriano. Lo hizo en una conferencia magistral de Expominas Virtual 2020.
Ella es una de las abogadas más experimentadas en temas tributarios y contables, con más de 30 años asesorando a empresas privadas en negociaciones y reconocida como la experta ideal en contabilidad para los procesos de due dilligence.
Ella explicó que mejorar la información del proyecto es fundamental para bajar el riesgo; que para transformar los recursos en reservas se necesita datos y tener certeza sobre el activo que se va a desarrollar.
Remarcó que se requiere un mapa fundamental hecho a partir de la información que dan los pozos y para que el prospecto empiece a delimitarse como un activo minero hay que definir el contorno geológico.
Dijo además que el asunto no se limita a cuestiones mineras, de procesamiento o de naturaleza metalúrgicas, sino que deben tomarse en cuenta una serie de aspectos modificantes como la infraestructura, las condiciones económicas, de mercado, legales, ambientales y sociales.
Fue enfática al decir que se requieren tres estudios: el de evaluación económica preliminar, el de prefactibilidad y el de factibilidad para determinar el nivel de confianza en el conocimiento geológico, así como los costos de capital y otros que se requieren para explotar el depósito.
Nada de eso existe y esos estudios no se realizan de un momento a otro. La ley ecuatoriana concede a las empresas mineras hasta cuatro años para su realización.
A los técnicos de Enami se les puede preguntar por los supuestos básicos para un acuerdo minero y no están en condiciones de responder cuál es la ley de corte que tendría el contrato con Codelco.
Desde hace muchos años que las empresas grandes incluyen en sus negociaciones el llamado Net Smelter Return, NSR, un acuerdo pactado entre ellas que permanece fuera de la mirada del Estado y le otorga a la primera dueña de la concesión, de por vida, una participación en las ganancias que genere la explotación del yacimiento.
Enami requiere del NSR tal como requiere saber, por ejemplo, cuáles serían los costos del tratamiento y refinación de los minerales que esconde Llurimagua. La definición de los costos operativos, de capital, de apreciación y amortización, el costo del cierre y los impuestos aplicables al proyecto no se pueden adivinar y no se hacen en menos de dos años.
Hay también otros aspectos que se derivan del acuerdo de accionistas que Vía Minera los analizará en su próximo número, probablemente el último de este 2020.
Cámara de Industrias de Guayaquil pide se acelere
trámite para construcción de fábrica de explosivos
Noviembre 29 de 2020.- La Cámara de Industrias de Guayaquil, que preside Caterina Costa, envió la semana que pasó una misiva al ministro de Defensa y al secretario de ese portafolio, Oswaldo Jarrín e Iván Moreno, respectivamente, en la que expresa su preocupación por la “aprobación pendiente de la fábrica de explosivos para minería Tecnovoladuras S.A.”
La carta señala que la empresa Tecnovoladuras es una firma afiliada a la Cámara y que la institución comprende que “la instalación de este tipo de fábricas es un procedimiento complejo”.
“Conocemos que la misma se encuentra en trámite por más de dos años y que dicha empresa ha cumplido con los requerimientos legales”, expresa.
La carta de la Cámara agrega que “como es de público conocimiento, el gobierno nacional se encuentra promoviendo acertadamente la minería legal y socialmente responsable para apoyar de manera significativa la reactivación de la economía del Ecuador”.
Sostiene además que “el crecimiento planificado de la actividad minera depende de que la cadena de suministros garantice abastecimiento suficiente y oportuno para evitar el riesgo de una potencial paralización que traería impactos negativos para una economía que pretende recuperarse”.
La carta finaliza señalando que “una nueva industria, como la producción de ese tipo de explosivos, es importante para el país pues genera nuevas inversiones y plazas de trabajo”.
La carta señala que la empresa Tecnovoladuras es una firma afiliada a la Cámara y que la institución comprende que “la instalación de este tipo de fábricas es un procedimiento complejo”.
“Conocemos que la misma se encuentra en trámite por más de dos años y que dicha empresa ha cumplido con los requerimientos legales”, expresa.
La carta de la Cámara agrega que “como es de público conocimiento, el gobierno nacional se encuentra promoviendo acertadamente la minería legal y socialmente responsable para apoyar de manera significativa la reactivación de la economía del Ecuador”.
Sostiene además que “el crecimiento planificado de la actividad minera depende de que la cadena de suministros garantice abastecimiento suficiente y oportuno para evitar el riesgo de una potencial paralización que traería impactos negativos para una economía que pretende recuperarse”.
La carta finaliza señalando que “una nueva industria, como la producción de ese tipo de explosivos, es importante para el país pues genera nuevas inversiones y plazas de trabajo”.
Dos junior lanzan informativos sobre minería ecuatoriana
Noviembre 29 de 2020.- Cornerstone Capital Resources Inc. (TSXV:CGP) (Frankfurt:GWN) (Berlin:GWN) (OTC:CTNXF) y Lumina Gold (TSXV:LUM) han lanzado, por separado, publicaciones en las que informan con regular amplitud sobre el panorama minero ecuatoriano. Ambas empresas señalan que los informativos serán mensuales.
Cornerstone anuncia que lo hace para mantener a sus accionistas y seguidores “actualizados con nuestras actividades corporativas junto con la cobertura mediática de diferentes grupos y analistas”.
También ha rediseñado su página web y está ofreciendo, de una manera más amigable, todos sus boletines de prensa así como sus presentaciones.
“En el futuro, esté atento cada mes a la revisión mensual de Cornerstone mientras buscamos continuar desarrollando nuestra estrategia de comunicación para hacer llegar nuestra historia al público continuamente”, dice esta compañía.
De otro lado, el Boletín del Grupo Lumina lleva como subtítulo “Panorama Minero de Ecuador” y presenta en un estilo de telegrama un resumen de las actividades de Solaris, Lundin Gold, Adventus Mining, SolGold y Cornerstone, además de las que realizan Lumina Gold y Luminex Resources.
El “Panorama” incluye una apreciación sobre el clima sociopolítico del país y las performances que han tenido las acciones de varias empresas con operaciones en Ecuador.
Cornerstone anuncia que lo hace para mantener a sus accionistas y seguidores “actualizados con nuestras actividades corporativas junto con la cobertura mediática de diferentes grupos y analistas”.
También ha rediseñado su página web y está ofreciendo, de una manera más amigable, todos sus boletines de prensa así como sus presentaciones.
“En el futuro, esté atento cada mes a la revisión mensual de Cornerstone mientras buscamos continuar desarrollando nuestra estrategia de comunicación para hacer llegar nuestra historia al público continuamente”, dice esta compañía.
De otro lado, el Boletín del Grupo Lumina lleva como subtítulo “Panorama Minero de Ecuador” y presenta en un estilo de telegrama un resumen de las actividades de Solaris, Lundin Gold, Adventus Mining, SolGold y Cornerstone, además de las que realizan Lumina Gold y Luminex Resources.
El “Panorama” incluye una apreciación sobre el clima sociopolítico del país y las performances que han tenido las acciones de varias empresas con operaciones en Ecuador.
Iglesia solidaria con víctimas de la minería en San Lorenzo
Noviembre 22 de 2020.- El obispo de Esmeraldas, Monseñor Eugenio Arellano, junto a los representantes de Cáritas y de la Red Nacional de Pastoral Ecológica (Renape), emitieron un comunicado público en el que expresan su dolor y solidaridad con las familias que perdieron un familiar o tienen un herido a consecuencia del derrumbe de una mina en dicha región el pasado 18 de noviembre.
«Ante la trágica muerte de cinco personas, entre ellas menores de edad, por el deslizamiento de tierra en uno de los 52 frentes mineros en el cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas, la Renape manifiesta su dolor y solidaridad con las familias afectadas y pide a las autoridades competentes velar por la salud de los heridos y una investigación exhaustiva para determinar la causa de estas lamentables muertes ocasionadas por la irresponsable actividad minería».
En el comunicado, los líderes religiosos explican que «la actividad minera que se desarrolla en la zona norte de Esmeraldas, es completamente ilegal, inclusive de empresas mineras que poseen permisos de operación otorgados y avalados por la Arcom y el Ministerio de Minería”.
Según la Iglesia, existen medidas cautelares vigentes que protegen el derecho al acceso al agua de calidad, el derecho al acceso a la salud, el derecho a vivir en un ambiente sano, y el derecho a la alimentación de 90 comunidades de la zona norte de Esmeraldas, dictadas por el juzgado multicompetente de San Lorenzo en el año 2011 y que fueron ampliadas en el año 2018 y que prohíben la realización de toda actividad minera en la zona norte, hasta que no se remedie y se repare todo el daño ocasionado al ambiente y a los pobladores.
La Red Iglesias y Minería, que forma parte de Renape, se unió al llamado de justicia y de sanción a quienes resulten responsables de tan lamentable tragedia.
Arc desmanteló el campamento
Después de los hechos del 18 de noviembre, técnicos de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC), junto a efectivos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, realizaron una inspección en el área en la cual ocurrió el deslizamiento.
En el sitio, se observó una reciente explotación minera ilícita de tipo aluvial, por lo cual la ARC colocó sellos de prohibición para realizar estas actividades e inhabilitó una retroexcavadora, un motor eléctrico, una clasificadora tipo Z, una bomba de agua, así como una planta generadora de luz, canecas de combustible, mangueras y otros equipos.
El campamento utilizado para estas acciones informarles también fue desmantelado.
«Ante la trágica muerte de cinco personas, entre ellas menores de edad, por el deslizamiento de tierra en uno de los 52 frentes mineros en el cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas, la Renape manifiesta su dolor y solidaridad con las familias afectadas y pide a las autoridades competentes velar por la salud de los heridos y una investigación exhaustiva para determinar la causa de estas lamentables muertes ocasionadas por la irresponsable actividad minería».
En el comunicado, los líderes religiosos explican que «la actividad minera que se desarrolla en la zona norte de Esmeraldas, es completamente ilegal, inclusive de empresas mineras que poseen permisos de operación otorgados y avalados por la Arcom y el Ministerio de Minería”.
Según la Iglesia, existen medidas cautelares vigentes que protegen el derecho al acceso al agua de calidad, el derecho al acceso a la salud, el derecho a vivir en un ambiente sano, y el derecho a la alimentación de 90 comunidades de la zona norte de Esmeraldas, dictadas por el juzgado multicompetente de San Lorenzo en el año 2011 y que fueron ampliadas en el año 2018 y que prohíben la realización de toda actividad minera en la zona norte, hasta que no se remedie y se repare todo el daño ocasionado al ambiente y a los pobladores.
La Red Iglesias y Minería, que forma parte de Renape, se unió al llamado de justicia y de sanción a quienes resulten responsables de tan lamentable tragedia.
Arc desmanteló el campamento
Después de los hechos del 18 de noviembre, técnicos de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC), junto a efectivos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, realizaron una inspección en el área en la cual ocurrió el deslizamiento.
En el sitio, se observó una reciente explotación minera ilícita de tipo aluvial, por lo cual la ARC colocó sellos de prohibición para realizar estas actividades e inhabilitó una retroexcavadora, un motor eléctrico, una clasificadora tipo Z, una bomba de agua, así como una planta generadora de luz, canecas de combustible, mangueras y otros equipos.
El campamento utilizado para estas acciones informarles también fue desmantelado.
Mapa de proyectos metálicos en Ecuador
(Dé click en la imagen)
La información que ofrece el Mapa de Proyectos Metálicos (nombre del proyecto, ubicación, nombre del concesionario, tipo de depósito, los minerales principales, actividades recientes y estado del proyecto, recursos y reservas, así como información socio demográfica, política y económica) es pública y ha sido ordenada por Vía Minera para usted. Contacte con nosotros a los números 0985902070, 0997726892 y 0987064936.
EITI Ecuador busca secretaría técnica
Noviembre 15 de 2020.- El grupo de ONG quiteñas que en nombre de la “sociedad civil” impulsa el cumplimiento de los estándares del EITI en Ecuador realizó el pasado 11 de noviembre un foro para explicar las razones de su existencia y algo de lo que piensa hacer.
En el evento participaron el viceministro de Minas de Ecuador, César Vásquez; el directivo de la ONG peruana DAR, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, César Gamboa; el vicepresidente de Sostenibilidad de la Fundación Lundin, Mark Sitter y la consultora de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF, Valeria Llerena. Ana Patricia Muñoz, del Grupo Faro, fue la moderadora.
Se explicó en la reunión los ejes del plan de trabajo de EITI Ecuador y que el grupo está buscando una persona que se haga cargo de la secretaría técnica. Ese puesto -se informó, se cubrirá el primer septiembre del próximo año. También que para abril del 2022 se presentará el primer informe país y que existe el denominado grupo ampliado de la sociedad civil, en el que pueden participar todos los interesados en que la información que se genera en las industrias extractivas se transparente y utilice en beneficio de la sociedad.
Temas de fondo como el cumplimiento de los estándares internacionales a los que, en teoría, EITI Internacional otorga una prioridad especial, también fueron abordados en la reunión.
En lo relacionado con la publicación de los contratos suscritos entre el Estado y las empresas privadas que extraen el petróleo y los minerales, se dijo que en el plan de trabajo se contempla la elaboración de una hoja de ruta para buscar consensos con todos los actores involucrados, que se debía identificar las restricciones legales existentes y la normatividad que debe ser superada y más frases que, en buen castellano, significan que por ahora no se van a publicar los contratos.
El cumplimiento de otro estándar fundamental, el de hacer pública la identidad de los propietarios de las empresas minero energéticas que operan en el país, tampoco puede ser cumplido por el EITI local, todavía.
En el evento participaron el viceministro de Minas de Ecuador, César Vásquez; el directivo de la ONG peruana DAR, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, César Gamboa; el vicepresidente de Sostenibilidad de la Fundación Lundin, Mark Sitter y la consultora de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF, Valeria Llerena. Ana Patricia Muñoz, del Grupo Faro, fue la moderadora.
Se explicó en la reunión los ejes del plan de trabajo de EITI Ecuador y que el grupo está buscando una persona que se haga cargo de la secretaría técnica. Ese puesto -se informó, se cubrirá el primer septiembre del próximo año. También que para abril del 2022 se presentará el primer informe país y que existe el denominado grupo ampliado de la sociedad civil, en el que pueden participar todos los interesados en que la información que se genera en las industrias extractivas se transparente y utilice en beneficio de la sociedad.
Temas de fondo como el cumplimiento de los estándares internacionales a los que, en teoría, EITI Internacional otorga una prioridad especial, también fueron abordados en la reunión.
En lo relacionado con la publicación de los contratos suscritos entre el Estado y las empresas privadas que extraen el petróleo y los minerales, se dijo que en el plan de trabajo se contempla la elaboración de una hoja de ruta para buscar consensos con todos los actores involucrados, que se debía identificar las restricciones legales existentes y la normatividad que debe ser superada y más frases que, en buen castellano, significan que por ahora no se van a publicar los contratos.
El cumplimiento de otro estándar fundamental, el de hacer pública la identidad de los propietarios de las empresas minero energéticas que operan en el país, tampoco puede ser cumplido por el EITI local, todavía.
Sigue el suspenso por Los Cedros
Noviembre 1 de 2020.- Los derechos de la naturaleza y la posibilidad de realizar actividades mineras en el bosque protector Los Cedros siguen en debate al interior de la Corte Constitucional que aún no ha hecho conocer su sentencia en torno al Caso N. 1149-19-JP.
Ya se han presentado alrededor de medio centenar de amicus curiae, unos a favor y otros en contra de la actividad minera; y los escritos en torno a la riqueza biológica de esta zona siguen ofreciendo fuentes para enriquecer el conocimiento de la ciudadanía en torno a la importancia de conservar el bosque.
Los magistrados de la Corte, por su parte, también requieren más información de los protagonistas de este caso.
La semana que pasó le dieron 72 horas de plazo al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables para que entregue los expedientes íntegros de las concesiones Río Magdalena 1 y Río Magdalena 2.
El ministerio tuvo problemas para cumplir con el plazo. El director de Patrocinio Legal y delegado del ministro le informó del pedido al director jurídico de Minería que, a su vez, lo derivó al subsecretario de Minería Industrial.
Este funcionario no tenía el expediente y transfirió el pedido al coordinador de la Zonal Norte. Mientras tanto, corrían las horas, se vencía el plazo y el delegado del ministerio debió pedir a la Corte Constitucional “una prórroga razonable para la remisión de los documentos”. Vía Minera no sabe en qué terminó tanto papeleo.
Eso no es todo. A la Empresa Nacional Minera EP y al Ministerio del Ambiente y Agua, MAAE, les dieron también 72 horas de plazo para que justifiquen el cumplimiento de la sentencia de acción de protección No. 10332-2018-00640 emitida el 19 de junio de 2019 por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura.
Los abogados de Enami EP no justificaron nada y resolvieron el caso de otro modo. En su opinión la sentencia aludida no dispuso el cumplimiento de ninguna disposición o medida en particular.
Un caso parecido es el pedido de la Corte Constitucional al MAAE solicitándole que presente un informe documentado sobre la planificación y realización de la consulta ambiental, establecida en el artículo 398 de la Constitución, desarrollando como mínimo la forma cómo se desarrolló la consulta ambiental, cuáles fueron las comunidades consultadas, la indicación de las autoridades consultantes, las fechas en las cuales se realizó la consulta y los mecanismos de recepción y sistematización de criterios de las comunidades.
Los abogados del MAAE cortaron por lo sano y después de invocar acuerdos y dispositivos legales concluyeron que las leyes señalan que solo las actividades de mediano y alto impacto deben realizar el proceso social y como las actividades de bajo impacto no requieren de procesos sociales… En consecuencia, dijeron, como no se realizó el proceso de participación social no podían tener los expedientes que les pedían.
Al Ministerio del Trabajo los jueces le han solicitado se les indique el número de personas que trabajan para Comerstone y que laboran en las concesiones mineras ubicadas en Cotacachi.
Perjuicio económico
En el amicus curiae presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas se indica una valoración de lo que significaría no hacer minería en los bosques protectores. Dicen ellos que “se estima una falta de recaudación por conceptos de patentes de conservación, regalías mineras y utilidades mineras de alrededor de USD 183 millones anuales, sin considerar los impuestos establecidos en la normativa tributaria vigente, tales como el pago de IVA, del impuesto a la renta y el ISD.
Por patentes de conservación, USD 7 millones anuales; por concepto de regalías: USD 64 millones anuales y por utilidades Mineras: USD 112 millones anuales.
Ellos recuerdan que la ley dispone que el 60% de las regalías se destinen al financiamiento de proyectos sociales y que el 100% de las utilidades mineras que le corresponden al Estado tienen que destinarse al mismo fin.
Estiman afectaciones a las exportaciones mineras de alrededor USD 1.285 millones anuales, considerando el promedio de exportaciones de Fruta del Norte, Río Blanco, Loma Larga y la pequeña minería y que se eliminarían alrededor de 15 mil empleos adecuados directos e indirectos; “lo que significa un empobrecimiento de la población, menos aportaciones al IESS, menos consumo en negocios locales, menos pagos tributarios”.
Ya se han presentado alrededor de medio centenar de amicus curiae, unos a favor y otros en contra de la actividad minera; y los escritos en torno a la riqueza biológica de esta zona siguen ofreciendo fuentes para enriquecer el conocimiento de la ciudadanía en torno a la importancia de conservar el bosque.
Los magistrados de la Corte, por su parte, también requieren más información de los protagonistas de este caso.
La semana que pasó le dieron 72 horas de plazo al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables para que entregue los expedientes íntegros de las concesiones Río Magdalena 1 y Río Magdalena 2.
El ministerio tuvo problemas para cumplir con el plazo. El director de Patrocinio Legal y delegado del ministro le informó del pedido al director jurídico de Minería que, a su vez, lo derivó al subsecretario de Minería Industrial.
Este funcionario no tenía el expediente y transfirió el pedido al coordinador de la Zonal Norte. Mientras tanto, corrían las horas, se vencía el plazo y el delegado del ministerio debió pedir a la Corte Constitucional “una prórroga razonable para la remisión de los documentos”. Vía Minera no sabe en qué terminó tanto papeleo.
Eso no es todo. A la Empresa Nacional Minera EP y al Ministerio del Ambiente y Agua, MAAE, les dieron también 72 horas de plazo para que justifiquen el cumplimiento de la sentencia de acción de protección No. 10332-2018-00640 emitida el 19 de junio de 2019 por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Imbabura.
Los abogados de Enami EP no justificaron nada y resolvieron el caso de otro modo. En su opinión la sentencia aludida no dispuso el cumplimiento de ninguna disposición o medida en particular.
Un caso parecido es el pedido de la Corte Constitucional al MAAE solicitándole que presente un informe documentado sobre la planificación y realización de la consulta ambiental, establecida en el artículo 398 de la Constitución, desarrollando como mínimo la forma cómo se desarrolló la consulta ambiental, cuáles fueron las comunidades consultadas, la indicación de las autoridades consultantes, las fechas en las cuales se realizó la consulta y los mecanismos de recepción y sistematización de criterios de las comunidades.
Los abogados del MAAE cortaron por lo sano y después de invocar acuerdos y dispositivos legales concluyeron que las leyes señalan que solo las actividades de mediano y alto impacto deben realizar el proceso social y como las actividades de bajo impacto no requieren de procesos sociales… En consecuencia, dijeron, como no se realizó el proceso de participación social no podían tener los expedientes que les pedían.
Al Ministerio del Trabajo los jueces le han solicitado se les indique el número de personas que trabajan para Comerstone y que laboran en las concesiones mineras ubicadas en Cotacachi.
Perjuicio económico
En el amicus curiae presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas se indica una valoración de lo que significaría no hacer minería en los bosques protectores. Dicen ellos que “se estima una falta de recaudación por conceptos de patentes de conservación, regalías mineras y utilidades mineras de alrededor de USD 183 millones anuales, sin considerar los impuestos establecidos en la normativa tributaria vigente, tales como el pago de IVA, del impuesto a la renta y el ISD.
Por patentes de conservación, USD 7 millones anuales; por concepto de regalías: USD 64 millones anuales y por utilidades Mineras: USD 112 millones anuales.
Ellos recuerdan que la ley dispone que el 60% de las regalías se destinen al financiamiento de proyectos sociales y que el 100% de las utilidades mineras que le corresponden al Estado tienen que destinarse al mismo fin.
Estiman afectaciones a las exportaciones mineras de alrededor USD 1.285 millones anuales, considerando el promedio de exportaciones de Fruta del Norte, Río Blanco, Loma Larga y la pequeña minería y que se eliminarían alrededor de 15 mil empleos adecuados directos e indirectos; “lo que significa un empobrecimiento de la población, menos aportaciones al IESS, menos consumo en negocios locales, menos pagos tributarios”.
Nuevo Gerente General en Enami EP
Noviembre 1 de 2020.- El pasado 26 de octubre fue designado el ingeniero Hernán Roberto Guasumba Bautista, como gerente general subrogante de Enami EP, convertido así en el segundo ingeniero de Minas que ocupa ese cargo en la empresa estatal minera.
Guasumba Bautista se graduó en la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de exploración-minería geológica, especialmente en el área de sistemas de información geográfica, estimación de recursos y exploración minera geológica. Ha sido miembro del Instituto de Minería Metalúrgica de Australia desde 2009 y ha sido certificado como "persona competente" (qualified person o "QP", en la jerga minera) para el reporte de informes de exploración en los formatos estandarizados por la industria de ese país "JORC" y por la norma canadiense NI43-101. Lleva diez años trabajando en Enami EP. Ha sido su gerente de Exploración, de Explotación y Desarrollo y de Factibilidad de Proyectos. También ha trabajado en el sector privado.
Si el ingeniero Guasumba dura en su nuevo puesto más de un mes, deberá encarar algunos problemas como la indefinición estatal respecto de los proyectos que hasta ahora han estado a cargo de Enami y la materialización de Llurimagua. Debe además procurar superar las debilidades institucionales que crea la rotación acelerada de profesionales en sus más altos cargos ejecutivos.
En sus diez años de creada, Enami ha tenido 15 gerentes, sin contarlo a él. La mayoría de ellos han sido abogados y han tenido muy pocos meses para hacer realidad algún plan de trabajo.
Aquí la relación de quienes han ocupado el puesto de gerente general en Enami:
José Cisneros, ingeniero de minas, estuvo 1 año y 8 meses; de enero 2010 a agosto 2011.
Fabián Rueda, marino, estuvo 2 años, de agosto 2011 a agosto 2013.
Jorge Velasco, geólogo, cuatro meses, de agosto 2013 a septiembre del mismo año.
Santiago Yépez, abogado, de septiembre 2013 a marzo 2015.
Marcelo Loor, abogado, un año, de marzo 2015 a marzo 2016.
Stevie Gamboa, abogado, seis meses, de marzo a septiembre del 2016.
Diego Cobo, abogado, estuvo de septiembre 2016 a enero 2017.
Angel Chávez, geólogo, estuvo un mes, de enero a febrero del 2017.
Raúl Brito, geólogo, de febrero a diciembre del 2017.
Carlos Alberto Otero, abogado, de diciembre del 2017 a octubre de 2018.
Juan Sebastián Medina, abogado, de octubre 2018 a mayo del 2019.
Giovani Espinoza, abogado, estuvo cinco meses. Mayo a octubre de 2019.
Santiago Rojas, abogado, estuvo tres meses, de octubre 2019 a enero 2020.
Alba Uscocovich, abogada, estuvo un mes, de enero a febrero del 2020.
Danilo Icaza, abogado, estuvo siete meses, de febrero a octubre del 2020.
Guasumba Bautista se graduó en la Universidad Central del Ecuador. Tiene 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de exploración-minería geológica, especialmente en el área de sistemas de información geográfica, estimación de recursos y exploración minera geológica. Ha sido miembro del Instituto de Minería Metalúrgica de Australia desde 2009 y ha sido certificado como "persona competente" (qualified person o "QP", en la jerga minera) para el reporte de informes de exploración en los formatos estandarizados por la industria de ese país "JORC" y por la norma canadiense NI43-101. Lleva diez años trabajando en Enami EP. Ha sido su gerente de Exploración, de Explotación y Desarrollo y de Factibilidad de Proyectos. También ha trabajado en el sector privado.
Si el ingeniero Guasumba dura en su nuevo puesto más de un mes, deberá encarar algunos problemas como la indefinición estatal respecto de los proyectos que hasta ahora han estado a cargo de Enami y la materialización de Llurimagua. Debe además procurar superar las debilidades institucionales que crea la rotación acelerada de profesionales en sus más altos cargos ejecutivos.
En sus diez años de creada, Enami ha tenido 15 gerentes, sin contarlo a él. La mayoría de ellos han sido abogados y han tenido muy pocos meses para hacer realidad algún plan de trabajo.
Aquí la relación de quienes han ocupado el puesto de gerente general en Enami:
José Cisneros, ingeniero de minas, estuvo 1 año y 8 meses; de enero 2010 a agosto 2011.
Fabián Rueda, marino, estuvo 2 años, de agosto 2011 a agosto 2013.
Jorge Velasco, geólogo, cuatro meses, de agosto 2013 a septiembre del mismo año.
Santiago Yépez, abogado, de septiembre 2013 a marzo 2015.
Marcelo Loor, abogado, un año, de marzo 2015 a marzo 2016.
Stevie Gamboa, abogado, seis meses, de marzo a septiembre del 2016.
Diego Cobo, abogado, estuvo de septiembre 2016 a enero 2017.
Angel Chávez, geólogo, estuvo un mes, de enero a febrero del 2017.
Raúl Brito, geólogo, de febrero a diciembre del 2017.
Carlos Alberto Otero, abogado, de diciembre del 2017 a octubre de 2018.
Juan Sebastián Medina, abogado, de octubre 2018 a mayo del 2019.
Giovani Espinoza, abogado, estuvo cinco meses. Mayo a octubre de 2019.
Santiago Rojas, abogado, estuvo tres meses, de octubre 2019 a enero 2020.
Alba Uscocovich, abogada, estuvo un mes, de enero a febrero del 2020.
Danilo Icaza, abogado, estuvo siete meses, de febrero a octubre del 2020.
Molino electoral
Binomio Lasso-Borrero: Maximizar beneficios salvaguardando el bienestar ambiental
Octubre 25 de 2020.- De las 84 páginas que tiene el Plan de Trabajo 2021 -2025 del binomio de CREO, formado por Guillermo Lasso y Alfredo Borrero, unas 30 líneas van dedicadas al sector minero; como parte del punto 2.8 del eje económico.
El eje económico tiene 11 puntos y el acápite 8 tiene como título: “Nuestra riqueza energética”. Allí encontramos las siguientes palabras respecto del sector minero:
La minería, por su parte, aún se encuentra en niveles incipientes. En 2019, con el inicio de la operación de los proyectos mineros Mirador y Fruta del Norte, se inauguró en el país la minería a gran escala. Estos proyectos trajeron fuentes de trabajo directo e indirecto, así como el beneficio de las regalías mineras. Según estimaciones oficiales, los dos proyectos mineros más importantes realizarán inversiones por $3.000 millones y generarán cerca de $11.000 millones en ingresos tributarios.
Además, el 46% de la inversión extranjera directa que ingresó al Ecuador desde el tercer trimestre de 2017 al primer trimestre de 2020 vino a la minería. Estos recursos que ingresan al país se traducen en mayores empleos, desarrollo de comunidades y acceso a nuevas tecnologías.
Entre 2017 y 2019, el Estado ecuatoriano recaudó $11,2 millones por concepto de patentes de conservación, regalías y utilidades provenientes de las actividades mineras en Azuay, principalmente de los cantones Camilo Ponce Enríquez y Cuenca.
Adicionalmente, las concesiones de los proyectos mineros industriales podrían repartir más de $700 millones en utilidades a sus trabajadores. Con la puesta en marcha de los proyectos mineros estratégicos, se proyectan beneficios no sólo para el Estado a través de regalías e impuestos, sino también para el trabajador que, al contar con un empleo formal, gozará de los beneficios establecidos por ley.
No obstante, la minería ilegal continúa siendo la mayor amenaza para el desarrollo sustentable de esta actividad en nuestro país. Lamentablemente, se realiza en lugares remotos y sin ningún tipo de seguridad, provocando incluso casos de esclavitud, extorsión y trata de personas.
El eje económico tiene 11 puntos y el acápite 8 tiene como título: “Nuestra riqueza energética”. Allí encontramos las siguientes palabras respecto del sector minero:
La minería, por su parte, aún se encuentra en niveles incipientes. En 2019, con el inicio de la operación de los proyectos mineros Mirador y Fruta del Norte, se inauguró en el país la minería a gran escala. Estos proyectos trajeron fuentes de trabajo directo e indirecto, así como el beneficio de las regalías mineras. Según estimaciones oficiales, los dos proyectos mineros más importantes realizarán inversiones por $3.000 millones y generarán cerca de $11.000 millones en ingresos tributarios.
Además, el 46% de la inversión extranjera directa que ingresó al Ecuador desde el tercer trimestre de 2017 al primer trimestre de 2020 vino a la minería. Estos recursos que ingresan al país se traducen en mayores empleos, desarrollo de comunidades y acceso a nuevas tecnologías.
Entre 2017 y 2019, el Estado ecuatoriano recaudó $11,2 millones por concepto de patentes de conservación, regalías y utilidades provenientes de las actividades mineras en Azuay, principalmente de los cantones Camilo Ponce Enríquez y Cuenca.
Adicionalmente, las concesiones de los proyectos mineros industriales podrían repartir más de $700 millones en utilidades a sus trabajadores. Con la puesta en marcha de los proyectos mineros estratégicos, se proyectan beneficios no sólo para el Estado a través de regalías e impuestos, sino también para el trabajador que, al contar con un empleo formal, gozará de los beneficios establecidos por ley.
No obstante, la minería ilegal continúa siendo la mayor amenaza para el desarrollo sustentable de esta actividad en nuestro país. Lamentablemente, se realiza en lugares remotos y sin ningún tipo de seguridad, provocando incluso casos de esclavitud, extorsión y trata de personas.
El Ministerio se dispara al pie: revierte concesiones de Enami EP
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Octubre 18 de 2020.- El ministro de Energía y Recursos Naturales, René Ortiz, ha dado curso a la reversión de concesiones que estaban en manos de Enami EP a favor de las empresas Guadalupe Mininig Corporation y Gaby Panama Corporation, según informó el ex viceministro de Minas, Fernando Benalcázar. En esas minas, que según información divulgada por el gobierno anterior pertenecen a los hermanos Isaías, han trabajado por años cientos de mineros en la zona de Ponce Enríquez.
La “Guadalupe”, obtuvo a su favor una acción constitucional de protección y la “Gaby” la “modulación” o extensión de la sentencia. Ambas están domiciliadas en paraísos fiscales y serán las concesionarias del área conocida como Muyuyacu, en la provincia del Azuay que comprende varias concesiones. |
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Los que saben de minería no escatiman palabras para referirse al enorme potencial aurífero de esta zona.
Benalcázar (así no sepa) tampoco se calla. En entrevista al portal prensaminera.org declaró que "el cumplimiento a las sentencias judiciales es obligación de todo funcionario público, siempre y cuando las mismas hayan sido dictadas de forma regular y apegadas a derecho. En esta línea se ejecutó la sentencia en el caso Gaby-Muyuyacu, la cual fue perdida en tribunales por Enami EP y que nos tocó asumir, a pesar de no haber sido parte procesal."
Luego de que lograran la ratificación de la sentencia de la jueza Nelly Parrales, el 2 de julio, ella encargó a la Defensoría del Pueblo la ejecución de la sentencia. Los gerentes de “Gaby” y “Guadalupe”, respectivamente, Carlos Efraín Flores Cárdenas y Carlos Enrique Huerta Araujo, satisfechos y en tono conciliador manifestaron en un programa en el portal “MP Noticias Machala”, el 16 de septiembre, que sus empresas nunca tuvieron vínculos con los Isaías y que si les incluyeron en las listas de bienes incautados fue seguramente para convertirlos en blanco de extorsión por las autoridades de la Ugedep.
Agregaron que las suyas siempre han sido “empresas familiares” que han hecho esfuerzos por sostenerse y crecer, y que tenían intenciones de conservar los acuerdos de producción preexistentes en las áreas.
Sin duda son empresas familiares muy solventes. Vía Minera obtuvo información de que la Guadalupe Mining Corporation fue constituida en Panamá como sociedad anónima hace 26 años con domicilio en la ciudad y provincia de Panamá por el agente Mosack Fonseca, según figuraba hasta el 2 de septiembre de 2019 en el Registro Público de ese país. La Gaby Panama Corporation aparecía también en la misma fuente creada en similares condiciones hace 28 años. Ambas empresas tenían como intermediario en Ecuador al poderoso estudio jurídico Paz & Horowitz, según el portal “Offshore Leaks” del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Benalcázar (así no sepa) tampoco se calla. En entrevista al portal prensaminera.org declaró que "el cumplimiento a las sentencias judiciales es obligación de todo funcionario público, siempre y cuando las mismas hayan sido dictadas de forma regular y apegadas a derecho. En esta línea se ejecutó la sentencia en el caso Gaby-Muyuyacu, la cual fue perdida en tribunales por Enami EP y que nos tocó asumir, a pesar de no haber sido parte procesal."
Luego de que lograran la ratificación de la sentencia de la jueza Nelly Parrales, el 2 de julio, ella encargó a la Defensoría del Pueblo la ejecución de la sentencia. Los gerentes de “Gaby” y “Guadalupe”, respectivamente, Carlos Efraín Flores Cárdenas y Carlos Enrique Huerta Araujo, satisfechos y en tono conciliador manifestaron en un programa en el portal “MP Noticias Machala”, el 16 de septiembre, que sus empresas nunca tuvieron vínculos con los Isaías y que si les incluyeron en las listas de bienes incautados fue seguramente para convertirlos en blanco de extorsión por las autoridades de la Ugedep.
Agregaron que las suyas siempre han sido “empresas familiares” que han hecho esfuerzos por sostenerse y crecer, y que tenían intenciones de conservar los acuerdos de producción preexistentes en las áreas.
Sin duda son empresas familiares muy solventes. Vía Minera obtuvo información de que la Guadalupe Mining Corporation fue constituida en Panamá como sociedad anónima hace 26 años con domicilio en la ciudad y provincia de Panamá por el agente Mosack Fonseca, según figuraba hasta el 2 de septiembre de 2019 en el Registro Público de ese país. La Gaby Panama Corporation aparecía también en la misma fuente creada en similares condiciones hace 28 años. Ambas empresas tenían como intermediario en Ecuador al poderoso estudio jurídico Paz & Horowitz, según el portal “Offshore Leaks” del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
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Sobre las buenas intenciones manifestadas, en cambio, los mineros artesanales regularizados por Enami EP expresan serias dudas. Medio millar de personas realizaron el 17 de septiembre una marcha de reclamo al fallo judicial preocupados porque la devolución de las mineras podría afectar de manera directa e indirecta a unas 5000 personas, cuyos ingresos dependen de estas labores.
Al cierre de esta edición, varias decenas de mineros desafiaban al Covid 19 para trasladarse a Quito y manifestarse en defensa de sus fuentes de trabajo. Las asociaciones de mineros “12 de Octubre” y la “Asopromipem” tienen contratos de operación en las áreas implicadas y la empresa de pequeña escala Minervilla, que según su gerente Joffre Chévez Chacón, ha invertido unos 2 millones de dólares en exploración y otros trabajos, actuaba en el área de la concesión Muyuyacu que fue objeto de la ampliación de la sentencia. |
El vicepresidente de la Cámara Nacional de Minería, Patricio Vargas ha dicho que defenderán hasta las últimas consecuencias sus labores mineras. Señaló que “no es cierto que la malhadada sentencia se encuentre ejecutoriada. Lo que sí es cierto es el muy extraño afán demostrado por el Ministerio de pretender ejecutar a toda costa esta sentencia, cuando conforme está redactada la resolución le correspondería a la Enami EP y a la Arcernnr”.
Agrega que “tanto con el gerente de la Enami EP cuanto con el director ejecutivo de la Arcernnr hemos coincidido en que la sentencia es inejecutable y que debemos exigir el recurso constitucional interpuesto por la Enami EP”. Denuncia que funcionarios del Ministerio han promovido reuniones tratando de lograr que los mineros acepten la “hoja de ruta” impuesta por el abogado de las empresas Ricardo Noboa Bejarano.
“Es inusitado que la misma esté siendo acogida por el Ministerio, realizando acciones que ni la propia jueza Parrales dispone en su fallo y, por el contrario, afirma, era obligación del ex Viceministro conocer y liderar la estrategia jurídica de defensa en este litigio, más aún siendo parte del Directorio de la Enami EP".
Finalmente, Vargas niega que la Gaby o la Guadalupe se hayan puesto en contacto con las asociaciones. “Flores y Huerta conocen cómo y dónde ubicarnos”.
El proceso de Acción de Protección con N° 09286-2019-01409, se encuentra en la Corte Constitucional por un recurso de Acción Extraordinaria de Protección interpuesto por el Banco Central del Ecuador desde el 5 de agosto.
Aunque estos recursos no suspenden los efectos de la sentencia, otro recurso de acción extraordinaria de protección interpuesto por la Enami EP el 7 de octubre de 2019, ante la Corte Constitucional estaría siendo calificado por la sala de admisión, signado con el Nro. 2911-19-EP, siendo la Jueza ponente, la Dra. Teresa Nuques.
Agrega que “tanto con el gerente de la Enami EP cuanto con el director ejecutivo de la Arcernnr hemos coincidido en que la sentencia es inejecutable y que debemos exigir el recurso constitucional interpuesto por la Enami EP”. Denuncia que funcionarios del Ministerio han promovido reuniones tratando de lograr que los mineros acepten la “hoja de ruta” impuesta por el abogado de las empresas Ricardo Noboa Bejarano.
“Es inusitado que la misma esté siendo acogida por el Ministerio, realizando acciones que ni la propia jueza Parrales dispone en su fallo y, por el contrario, afirma, era obligación del ex Viceministro conocer y liderar la estrategia jurídica de defensa en este litigio, más aún siendo parte del Directorio de la Enami EP".
Finalmente, Vargas niega que la Gaby o la Guadalupe se hayan puesto en contacto con las asociaciones. “Flores y Huerta conocen cómo y dónde ubicarnos”.
El proceso de Acción de Protección con N° 09286-2019-01409, se encuentra en la Corte Constitucional por un recurso de Acción Extraordinaria de Protección interpuesto por el Banco Central del Ecuador desde el 5 de agosto.
Aunque estos recursos no suspenden los efectos de la sentencia, otro recurso de acción extraordinaria de protección interpuesto por la Enami EP el 7 de octubre de 2019, ante la Corte Constitucional estaría siendo calificado por la sala de admisión, signado con el Nro. 2911-19-EP, siendo la Jueza ponente, la Dra. Teresa Nuques.
Ecuador ingresó al EITI
Octubre 18 de 2020.- El pasado 15 de octubre, a las cuatro de la madrugada hora europea, el Ecuador fue aceptado como miembro del EITI y la decisión que fue comunicada a la sociedad local a través de una reunión virtual realizada al día siguiente contando con la participación de representantes del gobierno, de empresas mineras y petroleras, algunas ONG quiteñas y el director para Latinoamérica de la Iniciativa, Francisco Paris.
La decisión de incorporar a Ecuador a EITI fue tomada durante la 48 reunión del Consejo Internacional y abre para el país un periodo de esfuerzos para que, a partir de la transparencia en asuntos relacionados con la explotación de los recursos naturales, se generen cambios que permitan su transformación en herramientas que coadyuven a su mejor aprovechamiento en beneficio del país.
Así lo expresó el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz, quien sostuvo que ingresar a EITI era un hito sin precedentes que se había logrado gracias a la participación conjunta de muchas instituciones. “La aprobación es sólo el comienzo de un trabajo que tiene que demostrar la responsabilidad de todos los actores”, remarcó.
Por las empresas intervino el vicepresidente de la Cámara de Minería de Ecuador, David Larenas; quien destacó que muchas compañías que operan en el país ya son parte de la Iniciativa EITI desde hace varios años.
Otro de los oradores fue Daniel Barragán, de la Universidad de los Hemisferios. Sostuvo que el ingreso de Ecuador a EITI fue promovido hace ocho años por varias organizaciones de la sociedad civil y recordó que adherir al EITI forma parte de los compromisos asumidos por el gobierno al comprometerse a implementar el Gobierno Abierto.
En sus propias palabras, señaló que en asuntos de transparencia la “sociedad civil” tenía muchos retos por delante y uno de ellos era dejar de ser un grupo de ONG quiteñas para convertirse en una instancia que incorpore a organizaciones representativas de las provincias productoras, principalmente.
La decisión de incorporar a Ecuador a EITI fue tomada durante la 48 reunión del Consejo Internacional y abre para el país un periodo de esfuerzos para que, a partir de la transparencia en asuntos relacionados con la explotación de los recursos naturales, se generen cambios que permitan su transformación en herramientas que coadyuven a su mejor aprovechamiento en beneficio del país.
Así lo expresó el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz, quien sostuvo que ingresar a EITI era un hito sin precedentes que se había logrado gracias a la participación conjunta de muchas instituciones. “La aprobación es sólo el comienzo de un trabajo que tiene que demostrar la responsabilidad de todos los actores”, remarcó.
Por las empresas intervino el vicepresidente de la Cámara de Minería de Ecuador, David Larenas; quien destacó que muchas compañías que operan en el país ya son parte de la Iniciativa EITI desde hace varios años.
Otro de los oradores fue Daniel Barragán, de la Universidad de los Hemisferios. Sostuvo que el ingreso de Ecuador a EITI fue promovido hace ocho años por varias organizaciones de la sociedad civil y recordó que adherir al EITI forma parte de los compromisos asumidos por el gobierno al comprometerse a implementar el Gobierno Abierto.
En sus propias palabras, señaló que en asuntos de transparencia la “sociedad civil” tenía muchos retos por delante y uno de ellos era dejar de ser un grupo de ONG quiteñas para convertirse en una instancia que incorpore a organizaciones representativas de las provincias productoras, principalmente.
Nuevo instructivo para comercializar minerales
El Ministerio de Energía y Recurso Naturales no Renovables promulgó el pasado seis de octubre el Acuerdo No. MERNNR-MERNNR-2020-0028-AM, “Instructivo para la obtención de licencias de comercialización y exportación de sustancias minerales metálicas y no metálicas”, una norma que aplica a todas las personas que se dediquen a la compra y venta de minerales.
El instructivo señala que quienes requieran obtener la licencia de comercialización, después de llenar sus datos en el Sistema de Gestión Minera, tendrán como máximo 5 días para presentar los documentos en físico que exige la ley. Si el pedido reúne los requisitos, pasa a la Agencia de Regulación y Control Minero (sic). Si no es así, el solicitante tiene diez días de plazo para subsanar sus errores. Si no cumple, se archivará la solicitud.
La licencia de comercialización tendrá una duración de tres años y podrá ser renovada. Será intransferible y tendrá un valor anual que será establecido por la autoridad minera.
El nuevo dispositivo señala algunas obligaciones de los comercializadores y exportadores de sustancias minerales, entre las cuales están las de constituirse en agentes de retención, enviar semestralmente informes semestrales sobre el origen, volumen y valor de sus compras; el destino, volumen y valor de las ventas; retenciones efectuadas, copias de las facturas de compra y venta, y cualquier información que fuere requerida.
También deberán actualizar anualmente el registro, específicamente de la lista de proveedores y cumplimiento de obligaciones.
El nuevo instructivo advierte que si como resultado del incumplimiento de las obligaciones o por actividades no justificadas con las que se ha llegado a establecer que las condiciones mínimas que determinaron la emisión de la licencia de comercialización o de su renovación han variado, se le cancelará la licencia y no podrá obtener otra al menos en un año.
El futuro se decide en Los Cedros
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Octubre 18 de 2020.- En línea con el desarrollo del caso que enfrenta al Municipio de Cotacachi, por un lado; con el Ministerio del Ambiente y las empresas Enami EP y Cornerstone, del otro; por la utilización del bosque protector Los Cedros, el día de hoy lunes 19 de octubre, a partir de las diez de la mañana, se realizará una audiencia pública que puede marcar el destino de gran parte de la minería en el país.
La audiencia pública ha sido convocada por la Corte Constitucional que, adicionalmente, ha pedido a las instituciones académicas nacionales o internacionales que hayan realizado investigación científica sobre el bosque ya mencionado, o ecosistemas similares, le envíen los estudios realizados o la información que consideren relevante zanjar con el tema.
Esos estudios se sumarán a los escritos presentados por los “legitimados activos” y los “legitimados pasivos”, es decir las partes directamente involucradas en el caso; así como a los Amicus curiae que ya han presentado más de dos docenas de personas e instituciones vinculadas con la minería.
El caso que está en la Corte Constitucional, como todas las acciones humanas relevantes, pone a prueba la inteligencia de los actores principales y debe merecer además la atención de todos los ecuatorianos. En la vida no hay espectadores, sencillamente; y nadie puede negar la importancia de combatir la deforestación para enfrentar el cambio climático como tampoco puede negarse la importancia de disponer de minerales para implementar la tecnología y las energías verdes que permitan el cambio de la matriz energética a una menos contaminante.
La Corte ha pedido estudios científicos y no han de faltar. Se ha probado que allí viven más de 100 especies de anfibios, casi 100 especies de mamíferos, más de 300 especies de pájaros, 50 de reptiles, más de 250 variedades de orquídeas y como 200 especies de otras plantas.
Dicen los científicos que muchas de esas especies están en peligro de extinción. El mono araña cabeza de café, el mono capuchino de cabeza blanca, el mono aullador, el oso andino, el león de montaña, son algunos de ellos.
Por allí viven también ranas notables, casi todas en peligro de extinción, de las cuales dos ya son famosas: la rana hocicuda y la nodriza confusa, aparte de las casi 100 familias de ranas de cristal, unas ranitas transparentes del tamaño de una uña que también están por desaparecer del planeta.
De murciélagos no se habla mucho y ahí radica su importancia: faltan ser estudiados sistemáticamente. 600 especies de polillas y varios cientos de microbios asociados a plantas y suelos le dan un nivel de importancia mundial al bosque protector Los Cedros.
La zona es biológicamente tan rica que 1200 científicos firmaron una carta pidiendo su cuidado. Otros 19 mil ciudadanos de varios partes del mundo también están atentos a lo que pasa en esta zona de 5800 hectáreas colindantes con la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas.
Vistas las cosas desde el lado de los ingresos que podría significar la minería para el país, hay también argumentos de peso.
En el plano legal, está pendiente la resolución de una acción extraordinaria de protección en contra de la Sentencia de Apelación, la misma que mediante auto de 7 de febrero, fue admitida a trámite por la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, siendo signada con el Nro. 2346-19-EP. Dicho en castellano, la emisión de una sentencia mientras no se resuelva la acción extraordinaria de protección presentada por la Enami EP, vulneraría los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la seguridad jurídica.
De otro lado, está el artículo 407 de la Constitución que dice “se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal... Se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles”. Como Los Cedros no está en un área protegida, un centro urbano o una zona intangible, el desarrollo de actividades mineras en su interior no está prohibido.
Otro argumento es que el Código Orgánico del Ambiente ya desarrolló el contenido de los artículos 405 y 407 de la Constitución al garantizar la intangibilidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el cual no incluye a los bosques y vegetaciones protectores por cuanto son espacios naturales con otras funciones y un régimen distinto a dicho sistema.
En síntesis, no existe una prohibición constitucional para realizar actividades de minería metálica en un bosque protector, siempre y cuando se cumplan con las normas vigentes en materia ambiental.
Otro conjunto de argumentos está vinculado al impacto que tendría una sentencia de la Corte Constitucional en el erario público dada la superposición que existe entre los derechos mineros adjudicados y los bosques protectores.
En síntesis, del total de 5964 concesiones que se han dado en el Ecuador, 541 se superponen con bosques y vegetación protectores.
Desagregando, el 67,8 % de las hectáreas adjudicadas a proyectos de la gran minería están sobre bosques y vegetación protectores. En lo que respecta a mediana minería, el porcentaje es parecido (79%) y en el caso del régimen general y el de la pequeña minería, se tiene que el 49,1% y el 63,2% de las hectáreas concesionadas están también en esa condición.
Afinando el análisis, se tiene que el 20% de la mina Fruta del Norte, el 84% del proyecto Loma Larga, el 76% de Río Blanco; el 20% de La Plata y el 33% de Ruta de Cobre, están también superpuestos sobre bosques y vegetación protectores.
Prohibir entonces las actividades mineras en esas zonas tendría consecuencias imprevisibles tanto para la economía nacional como para las economías locales.
La audiencia pública ha sido convocada por la Corte Constitucional que, adicionalmente, ha pedido a las instituciones académicas nacionales o internacionales que hayan realizado investigación científica sobre el bosque ya mencionado, o ecosistemas similares, le envíen los estudios realizados o la información que consideren relevante zanjar con el tema.
Esos estudios se sumarán a los escritos presentados por los “legitimados activos” y los “legitimados pasivos”, es decir las partes directamente involucradas en el caso; así como a los Amicus curiae que ya han presentado más de dos docenas de personas e instituciones vinculadas con la minería.
El caso que está en la Corte Constitucional, como todas las acciones humanas relevantes, pone a prueba la inteligencia de los actores principales y debe merecer además la atención de todos los ecuatorianos. En la vida no hay espectadores, sencillamente; y nadie puede negar la importancia de combatir la deforestación para enfrentar el cambio climático como tampoco puede negarse la importancia de disponer de minerales para implementar la tecnología y las energías verdes que permitan el cambio de la matriz energética a una menos contaminante.
La Corte ha pedido estudios científicos y no han de faltar. Se ha probado que allí viven más de 100 especies de anfibios, casi 100 especies de mamíferos, más de 300 especies de pájaros, 50 de reptiles, más de 250 variedades de orquídeas y como 200 especies de otras plantas.
Dicen los científicos que muchas de esas especies están en peligro de extinción. El mono araña cabeza de café, el mono capuchino de cabeza blanca, el mono aullador, el oso andino, el león de montaña, son algunos de ellos.
Por allí viven también ranas notables, casi todas en peligro de extinción, de las cuales dos ya son famosas: la rana hocicuda y la nodriza confusa, aparte de las casi 100 familias de ranas de cristal, unas ranitas transparentes del tamaño de una uña que también están por desaparecer del planeta.
De murciélagos no se habla mucho y ahí radica su importancia: faltan ser estudiados sistemáticamente. 600 especies de polillas y varios cientos de microbios asociados a plantas y suelos le dan un nivel de importancia mundial al bosque protector Los Cedros.
La zona es biológicamente tan rica que 1200 científicos firmaron una carta pidiendo su cuidado. Otros 19 mil ciudadanos de varios partes del mundo también están atentos a lo que pasa en esta zona de 5800 hectáreas colindantes con la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas.
Vistas las cosas desde el lado de los ingresos que podría significar la minería para el país, hay también argumentos de peso.
En el plano legal, está pendiente la resolución de una acción extraordinaria de protección en contra de la Sentencia de Apelación, la misma que mediante auto de 7 de febrero, fue admitida a trámite por la Sala de Admisión de la Corte Constitucional, siendo signada con el Nro. 2346-19-EP. Dicho en castellano, la emisión de una sentencia mientras no se resuelva la acción extraordinaria de protección presentada por la Enami EP, vulneraría los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la seguridad jurídica.
De otro lado, está el artículo 407 de la Constitución que dice “se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal... Se prohíbe todo tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases en áreas protegidas, centros urbanos y zonas intangibles”. Como Los Cedros no está en un área protegida, un centro urbano o una zona intangible, el desarrollo de actividades mineras en su interior no está prohibido.
Otro argumento es que el Código Orgánico del Ambiente ya desarrolló el contenido de los artículos 405 y 407 de la Constitución al garantizar la intangibilidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el cual no incluye a los bosques y vegetaciones protectores por cuanto son espacios naturales con otras funciones y un régimen distinto a dicho sistema.
En síntesis, no existe una prohibición constitucional para realizar actividades de minería metálica en un bosque protector, siempre y cuando se cumplan con las normas vigentes en materia ambiental.
Otro conjunto de argumentos está vinculado al impacto que tendría una sentencia de la Corte Constitucional en el erario público dada la superposición que existe entre los derechos mineros adjudicados y los bosques protectores.
En síntesis, del total de 5964 concesiones que se han dado en el Ecuador, 541 se superponen con bosques y vegetación protectores.
Desagregando, el 67,8 % de las hectáreas adjudicadas a proyectos de la gran minería están sobre bosques y vegetación protectores. En lo que respecta a mediana minería, el porcentaje es parecido (79%) y en el caso del régimen general y el de la pequeña minería, se tiene que el 49,1% y el 63,2% de las hectáreas concesionadas están también en esa condición.
Afinando el análisis, se tiene que el 20% de la mina Fruta del Norte, el 84% del proyecto Loma Larga, el 76% de Río Blanco; el 20% de La Plata y el 33% de Ruta de Cobre, están también superpuestos sobre bosques y vegetación protectores.
Prohibir entonces las actividades mineras en esas zonas tendría consecuencias imprevisibles tanto para la economía nacional como para las economías locales.
Presidenta ejecutiva de la CME:
Nuevas consultas afectarían al sector productivo y a todo el país
Octubre 11 de 2020.- La coyuntura creada por la decisión de la Corte Constitucional de autorizar la consulta popular en Cuenca sumada al anuncio del Consejo Nacional Electoral de que estas se realizarán el próximo 13 de diciembre, es decir, en plena campaña política, abre una serie de interrogantes a los líderes del sector minero.
Están en juego varios temas fundamentales para el desarrollo de la actividad y se requiere sumar inteligencias para que de este momento, crucial para la industria, salga una propuesta que beneficie no sólo a las empresas mineras sino a la colectividad en general. En ese camino, para empezar, Vía Minera conversó brevemente con la presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería de Ecuador, María Eulalia Silva; y he aquí sus respuestas:
¿Qué tan oportuna le merece la fecha señalada por el CNE para realizar la consulta popular en Cuenca?
La Cámara de Minería del Ecuador ha rechazado la realización de la consulta popular en Cuenca. Por una parte, se pone en entredicho lo establecido por la Constitución, cuando encarga al Estado Central la administración de varios recursos, entre ellos, los recursos minerales. Así también se le otorga la administración de los sectores estratégicos. De tal manera que, con esta resolución, se estaría dando la potestad a un gobierno local de decidir sobre los recursos administrados por el Estado Central.
Por otra parte, dar paso a una iniciativa plebiscitaria de este tipo, abre la posibilidad de que proliferen consultas populares locales para impedir el desarrollo de proyectos futuros. Esto no solo afectaría a la minería, sino al sector productivo y al sector económico, en un momento donde se requiere empleo e inversión para la reactivación económica del país.
¿La CME tiene previsto algún acercamiento con el Concejo Cantonal de Cuenca para que en la campaña se incluya no sólo los argumentos en contra la actividad minera sino los beneficios que dicha actividad puede reportar a la comunidad y al país?
Son tiempos electorales y lamentablemente la minería se ha convertido en un escudo de campaña. Es difícil que quienes han encontrado en el sector minero su comodín para ganar votos, escuchen argumentos en favor de la minería responsable.
Como gremio representante del sector minero, tenemos el compromiso de comunicar a la sociedad sobre los beneficios de la minería responsable; una industria que ejerce una operación ambientalmente respetuosa, al tiempo que genera empleo, divisas para el Estado, desarrollo local y encadenamiento productivo.
En ese sentido, tenemos una campaña educomunicacional permanente que muestra la realidad de la minería responsable, que incluye: historia, usos de los minerales y buenos ejemplos locales e internacionales. Actualmente potenciamos esa información a través de canales digitales y también a través de radios locales.
¿Las empresas mineras van a trabajar en un plan de campaña por el “No”?
Nosotros somos una organización sin fines de lucro, nos debemos a nuestros socios. No estamos autorizados para realizar proselitismo. Seguiremos comunicando sobre los beneficios de la minería con responsabilidad sin pisar el campo proselitista, que no nos compete como gremio.
¿Cabe recurrir a alguna instancia internacional para defender los derechos adquiridos por las empresas concesionarias en Cuenca?
Si bien la Corte Constitucional de forma categórica manifiesta que la consulta popular no puede afectar a concesiones mineras ya otorgadas y que los efectos de la consulta popular no son retroactivos, pudiera suceder que el estado de convulsión social sea tal que, las concesiones no puedan ejercer sus legítimos derechos.
En tal virtud, sería lamentable que además de privar al Ecuador de los beneficios de la minería responsable, el país tenga que enfrentar juicios y arbitrajes internacionales que representarían multas de miles de millones de dólares. Esperemos que eso no sea necesario. Los inversionistas han apostado por el Ecuador y su deseo es seguir trabajando e invirtiendo para beneficio de todos.
Están en juego varios temas fundamentales para el desarrollo de la actividad y se requiere sumar inteligencias para que de este momento, crucial para la industria, salga una propuesta que beneficie no sólo a las empresas mineras sino a la colectividad en general. En ese camino, para empezar, Vía Minera conversó brevemente con la presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería de Ecuador, María Eulalia Silva; y he aquí sus respuestas:
¿Qué tan oportuna le merece la fecha señalada por el CNE para realizar la consulta popular en Cuenca?
La Cámara de Minería del Ecuador ha rechazado la realización de la consulta popular en Cuenca. Por una parte, se pone en entredicho lo establecido por la Constitución, cuando encarga al Estado Central la administración de varios recursos, entre ellos, los recursos minerales. Así también se le otorga la administración de los sectores estratégicos. De tal manera que, con esta resolución, se estaría dando la potestad a un gobierno local de decidir sobre los recursos administrados por el Estado Central.
Por otra parte, dar paso a una iniciativa plebiscitaria de este tipo, abre la posibilidad de que proliferen consultas populares locales para impedir el desarrollo de proyectos futuros. Esto no solo afectaría a la minería, sino al sector productivo y al sector económico, en un momento donde se requiere empleo e inversión para la reactivación económica del país.
¿La CME tiene previsto algún acercamiento con el Concejo Cantonal de Cuenca para que en la campaña se incluya no sólo los argumentos en contra la actividad minera sino los beneficios que dicha actividad puede reportar a la comunidad y al país?
Son tiempos electorales y lamentablemente la minería se ha convertido en un escudo de campaña. Es difícil que quienes han encontrado en el sector minero su comodín para ganar votos, escuchen argumentos en favor de la minería responsable.
Como gremio representante del sector minero, tenemos el compromiso de comunicar a la sociedad sobre los beneficios de la minería responsable; una industria que ejerce una operación ambientalmente respetuosa, al tiempo que genera empleo, divisas para el Estado, desarrollo local y encadenamiento productivo.
En ese sentido, tenemos una campaña educomunicacional permanente que muestra la realidad de la minería responsable, que incluye: historia, usos de los minerales y buenos ejemplos locales e internacionales. Actualmente potenciamos esa información a través de canales digitales y también a través de radios locales.
¿Las empresas mineras van a trabajar en un plan de campaña por el “No”?
Nosotros somos una organización sin fines de lucro, nos debemos a nuestros socios. No estamos autorizados para realizar proselitismo. Seguiremos comunicando sobre los beneficios de la minería con responsabilidad sin pisar el campo proselitista, que no nos compete como gremio.
¿Cabe recurrir a alguna instancia internacional para defender los derechos adquiridos por las empresas concesionarias en Cuenca?
Si bien la Corte Constitucional de forma categórica manifiesta que la consulta popular no puede afectar a concesiones mineras ya otorgadas y que los efectos de la consulta popular no son retroactivos, pudiera suceder que el estado de convulsión social sea tal que, las concesiones no puedan ejercer sus legítimos derechos.
En tal virtud, sería lamentable que además de privar al Ecuador de los beneficios de la minería responsable, el país tenga que enfrentar juicios y arbitrajes internacionales que representarían multas de miles de millones de dólares. Esperemos que eso no sea necesario. Los inversionistas han apostado por el Ecuador y su deseo es seguir trabajando e invirtiendo para beneficio de todos.
Patricio Vargas, de la Cámara Minera de Cuenca:
Muchas cosas curiosas en la sentencia de la CC
Octubre 11 de 2020.- El presidente de la Cámara de Minería de Cuenca y vicepresidente de la Cámara Nacional de Minería del Ecuador, Patricio Vargas, comentó que en la sentencia de la Corte Constitucional que autoriza la consulta popular sobre minería hay muchos aspectos “curiosos” que le llaman mucho la atención.
Vargas es también abogado de profesión y por ello puede respaldar, con la ley en la mano, los puntos que para él merecen una explicación más amplia.
Además de la celeridad con que actuó la Corte Constitucional (18 días en total) señala que de los 67 considerandos contenidos en la solicitud del Concejo Cantonal de Cuenca, 10 de ellos son inconstitucionales y que no obstante esa situación, fueron aceptados y al final permitirán la consulta popular.
Sostiene que la sentencia de la Corte, “acentúa la satanización de la actividad minera, pretendiendo desconocer el hecho de que se trata de una actividad lícita, prevista, permitida, legal y regulada con una muy diversa normativa”.
Encuentra también objeto de un análisis mayor el hecho de que en el considerando 22 se hace referencia a las concesiones mineras existentes en la parroquia Chaucha y resulta que no existe pregunta alguna referente a las zonas de recarga hídrica de los ríos allí nombrados. “Esto revela lo direccionado y discriminatorio de la consulta propuesta, que está encaminada exclusivamente en contra de los proyectos estratégicos Loma Larga y Río Blanco”, sostiene.
Y en su opinión “el real interés de los políticos proponentes, no es el cuidar el medio ambiente, ni propender el desarrollo y progreso de pueblos olvidados… lo que les motiva son intereses de orden estrictamente político usando el tema del cuidado del agua como plataforma política para darse a conocer y posicionarse con fines electorales”.
Cree también que los considerandos 3, 11 y 13 no están redactados en lenguaje neutro, contienen notorias cargas valorativas en contra de la minería que no garantizan la libertad del elector, en tanto asocian la respuesta afirmativa a los cuestionarios como lo social y ambientalmente deseable.
A su vez, sostiene que el considerando 30 es inductivo al catalogar a las actividades mineras como “destructivas” y “nocivas”.
En su opinión, “no es posible “prohibir” a una persona ejercer una actividad económica que no se encuentra prohibida por la Constitución y la Ley. De hecho, es un derecho constitucional, contenido en el Art. 66 numeral 29 letra d), el que a nadie se le impida realizar una actividad económica que no está prohibida por el ordenamiento positivo previamente”.
Vargas afirma también que la empresa ETAPA E.P. no tiene dentro de sus atribuciones delimitar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pues esa es una competencia del Estado Central mediante el Ministerio del Ambiente y Agua.
Vargas es también abogado de profesión y por ello puede respaldar, con la ley en la mano, los puntos que para él merecen una explicación más amplia.
Además de la celeridad con que actuó la Corte Constitucional (18 días en total) señala que de los 67 considerandos contenidos en la solicitud del Concejo Cantonal de Cuenca, 10 de ellos son inconstitucionales y que no obstante esa situación, fueron aceptados y al final permitirán la consulta popular.
Sostiene que la sentencia de la Corte, “acentúa la satanización de la actividad minera, pretendiendo desconocer el hecho de que se trata de una actividad lícita, prevista, permitida, legal y regulada con una muy diversa normativa”.
Encuentra también objeto de un análisis mayor el hecho de que en el considerando 22 se hace referencia a las concesiones mineras existentes en la parroquia Chaucha y resulta que no existe pregunta alguna referente a las zonas de recarga hídrica de los ríos allí nombrados. “Esto revela lo direccionado y discriminatorio de la consulta propuesta, que está encaminada exclusivamente en contra de los proyectos estratégicos Loma Larga y Río Blanco”, sostiene.
Y en su opinión “el real interés de los políticos proponentes, no es el cuidar el medio ambiente, ni propender el desarrollo y progreso de pueblos olvidados… lo que les motiva son intereses de orden estrictamente político usando el tema del cuidado del agua como plataforma política para darse a conocer y posicionarse con fines electorales”.
Cree también que los considerandos 3, 11 y 13 no están redactados en lenguaje neutro, contienen notorias cargas valorativas en contra de la minería que no garantizan la libertad del elector, en tanto asocian la respuesta afirmativa a los cuestionarios como lo social y ambientalmente deseable.
A su vez, sostiene que el considerando 30 es inductivo al catalogar a las actividades mineras como “destructivas” y “nocivas”.
En su opinión, “no es posible “prohibir” a una persona ejercer una actividad económica que no se encuentra prohibida por la Constitución y la Ley. De hecho, es un derecho constitucional, contenido en el Art. 66 numeral 29 letra d), el que a nadie se le impida realizar una actividad económica que no está prohibida por el ordenamiento positivo previamente”.
Vargas afirma también que la empresa ETAPA E.P. no tiene dentro de sus atribuciones delimitar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pues esa es una competencia del Estado Central mediante el Ministerio del Ambiente y Agua.
Consejo Internacional de EITI analiza esta semana admisión de Ecuador
Octubre 11 de 2020.- El próximo miércoles 14 se inicia la reunión de dos días que celebrará el Consejo Internacional del EITI que, además de evaluar el rendimiento de los países con respecto a sus normas, analizará la solicitud presentada por el Ecuador para ser admitido en dicha institución.
El Consejo Internacional es el principal órgano de gobierno del EITI. Está formado por 21 miembros que representan a los países implementadores, a los países que respaldan el EITI, a las organizaciones de la sociedad civil, a la industria y a los inversionistas institucionales.
Cada miembro del consejo, con excepción del presidente, tiene un suplente que casi siempre asiste a las reuniones en calidad de observador.
EITI son las siglas en inglés de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, una instancia que promueve mínimos de comportamiento para lograr la gestión abierta y responsable de los recursos petroleros, gasíferos y mineros.
EITI asume que los recursos naturales de un país pertenecen a sus ciudadanos por lo que la extracción de dichos recursos puede contribuir al crecimiento económico y social de dicho país.
En esa línea, EITI trata de que los gobiernos y las empresas mineroenergéticas asuman el compromiso de difundir información sobre sus actividades.
Esto incluye cómo se adjudican los contratos, quiénes son los beneficiarios reales, es decir, los verdaderos propietarios de dichas operaciones, cuáles son las disposiciones legales y fiscales vigentes, cuánto se produce, cuánto transfieren las empresas al gobierno y cómo se distribuyen esos ingresos, entre otras cosas.
El Consejo Internacional es el principal órgano de gobierno del EITI. Está formado por 21 miembros que representan a los países implementadores, a los países que respaldan el EITI, a las organizaciones de la sociedad civil, a la industria y a los inversionistas institucionales.
Cada miembro del consejo, con excepción del presidente, tiene un suplente que casi siempre asiste a las reuniones en calidad de observador.
EITI son las siglas en inglés de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, una instancia que promueve mínimos de comportamiento para lograr la gestión abierta y responsable de los recursos petroleros, gasíferos y mineros.
EITI asume que los recursos naturales de un país pertenecen a sus ciudadanos por lo que la extracción de dichos recursos puede contribuir al crecimiento económico y social de dicho país.
En esa línea, EITI trata de que los gobiernos y las empresas mineroenergéticas asuman el compromiso de difundir información sobre sus actividades.
Esto incluye cómo se adjudican los contratos, quiénes son los beneficiarios reales, es decir, los verdaderos propietarios de dichas operaciones, cuáles son las disposiciones legales y fiscales vigentes, cuánto se produce, cuánto transfieren las empresas al gobierno y cómo se distribuyen esos ingresos, entre otras cosas.
César Vásquez es el nuevo viceministro de Minas
Octubre 11 de 2020.- El pasado 5 de octubre circuló, por enésima vez, el rumor de que el ingeniero Fernando L. Benalcázar salía del viceministerio de Minas. Al final del día se supo que era cierto. Se conoció también la carta en la que el nuevo ex destaca su orgullo por “haber prestado mi contingente para darle consistencia, regulación, coherencia y futuro a la actividad minera luego de varios años de promesas vanas, demagógicas y erráticas".
Unos días antes se había “colgado” en el portal Issuu el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020 – 2030, un documento casi secreto que debió ser dado a conocer hace tres meses y cuya presentación fue varias veces postergada. Nunca es tarde, dice la sabiduría popular, sin embargo, no se podrá decir lo mismo de otras promesas que se hicieron tales como la ventanilla única o la apertura del catastro para el tercer trimestre de este año.
Al día siguiente de la renuncia del Ing. Benalcázar se supo que el Ing. César Vásquez había sido designado como subrogante. Vásquez es ingeniero en Minas por la Universidad Central del Ecuador y cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector minero y eléctrico del país. Ha sido subsecretario de Minería Artesanal y Pequeña Minería, director de Minería Industrial en Etapa de Explotación de la Cartera de Energía y geólogo supervisor de obras en varios proyectos hidroeléctricos desarrollados en el Ecuador.
Unos días antes se había “colgado” en el portal Issuu el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020 – 2030, un documento casi secreto que debió ser dado a conocer hace tres meses y cuya presentación fue varias veces postergada. Nunca es tarde, dice la sabiduría popular, sin embargo, no se podrá decir lo mismo de otras promesas que se hicieron tales como la ventanilla única o la apertura del catastro para el tercer trimestre de este año.
Al día siguiente de la renuncia del Ing. Benalcázar se supo que el Ing. César Vásquez había sido designado como subrogante. Vásquez es ingeniero en Minas por la Universidad Central del Ecuador y cuenta con más de 12 años de experiencia en el sector minero y eléctrico del país. Ha sido subsecretario de Minería Artesanal y Pequeña Minería, director de Minería Industrial en Etapa de Explotación de la Cartera de Energía y geólogo supervisor de obras en varios proyectos hidroeléctricos desarrollados en el Ecuador.
Consulta en Cuenca sería el 13 de diciembre
Octubre 4 de 2020.- Según la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, la convocatoria oficial de la consulta popular en Cuenca respecto “de la actividad minera metálica” se hará el 14 de este mes y se hará efectiva el 13 de diciembre.
Atamaint dijo que los plazos “están en la ley” y que “hubiese sido mejor para el país por el ahorro de recursos, poner la papeleta en la segunda vuelta, en el 2021”.
Respecto del monto que costará la votación, la titular del CNE comentó que se prevé una inversión de al menos un millón de dólares para hacer efectiva la consulta.
“No tenemos otra posibilidad de postergar”, explicó, tras relatar que recibió la notificación de la Corte Constitucional el pasado 29 de septiembre y que en dicha comunicación estaban los plazos para la realización de la consulta.
Como se recuerda, el pasado 8 de septiembre el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, solicitó a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre la posibilidad de consultar a la ciudadanía sobre una eventual prohibición de la actividad de minería metálica en las zonas de recarga hídrica de cinco ríos de la comarca. El dictamen favorable a las cinco preguntas salió el pasado 21 de septiembre.
Atamaint dijo que los plazos “están en la ley” y que “hubiese sido mejor para el país por el ahorro de recursos, poner la papeleta en la segunda vuelta, en el 2021”.
Respecto del monto que costará la votación, la titular del CNE comentó que se prevé una inversión de al menos un millón de dólares para hacer efectiva la consulta.
“No tenemos otra posibilidad de postergar”, explicó, tras relatar que recibió la notificación de la Corte Constitucional el pasado 29 de septiembre y que en dicha comunicación estaban los plazos para la realización de la consulta.
Como se recuerda, el pasado 8 de septiembre el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, solicitó a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre la posibilidad de consultar a la ciudadanía sobre una eventual prohibición de la actividad de minería metálica en las zonas de recarga hídrica de cinco ríos de la comarca. El dictamen favorable a las cinco preguntas salió el pasado 21 de septiembre.
Insumos para la Política Nacional Minera 2050
Octubre 4 de 2020.- Todos los países tienen sus cosas buenas, sus propias experiencias y de ellas se puede aprender siempre algo. En este caso vamos a hablar de los chilenos y su Política Nacional Minera 2050, la misma que se discute desde el año pasado y circula en el documento del mismo nombre, seguido de “Acuerdos y propuestas de las mesas de sostenibilidad económica, social, ambiental y de gobernanza para una minería sostenible”.
“Como parte de nuestro programa de Gobierno, desde agosto de 2019 el Ministerio de Minería comenzó a elaborar la Política Nacional Minera 2050 junto a actores del sector público, privado, sindicatos, academia y sociedad civil, entre otros”, recuerda el documento.
Y explica que para hacer la política, esfuerzo que aún no está terminado, “recogimos valorables iniciativas para que esta actividad cuente con una hoja de ruta que habilite el desarrollo sostenible de esta industria y refuerce su rol en el crecimiento de Chile. Esta tarea la estamos realizando de forma participativa, colaborativa e integral con el fin de destacar la importancia que tiene la minería para el país, los desafíos actuales y el rol que puede jugar en el desarrollo futuro de Chile”.
La Política Nacional Minera 2050 no será hecha detrás de un escritorio. No es un documento secreto y la idea de base es que sus autoridades quieren “que la minería chilena destaque por su sostenibilidad a nivel global. Para ello –sostienen-, debemos proyectar un trabajo colaborativo que nos permita aprovechar todo su potencial como una fuerza que empuja nuevas cadenas productivas e innovación, que genera desarrollo en los territorios, promueve empleos de calidad y un capital humano avanzado”.
El documento del que hablamos está en internet para que todos opinen sobre él, ya que las opiniones de la gente “serán clave para el diseño de esta hoja de ruta de la actividad económica más importante de Chile”.
Quienes quieran saber más pueden ingresar a http://www.politicanacionalminera.cl/
“Como parte de nuestro programa de Gobierno, desde agosto de 2019 el Ministerio de Minería comenzó a elaborar la Política Nacional Minera 2050 junto a actores del sector público, privado, sindicatos, academia y sociedad civil, entre otros”, recuerda el documento.
Y explica que para hacer la política, esfuerzo que aún no está terminado, “recogimos valorables iniciativas para que esta actividad cuente con una hoja de ruta que habilite el desarrollo sostenible de esta industria y refuerce su rol en el crecimiento de Chile. Esta tarea la estamos realizando de forma participativa, colaborativa e integral con el fin de destacar la importancia que tiene la minería para el país, los desafíos actuales y el rol que puede jugar en el desarrollo futuro de Chile”.
La Política Nacional Minera 2050 no será hecha detrás de un escritorio. No es un documento secreto y la idea de base es que sus autoridades quieren “que la minería chilena destaque por su sostenibilidad a nivel global. Para ello –sostienen-, debemos proyectar un trabajo colaborativo que nos permita aprovechar todo su potencial como una fuerza que empuja nuevas cadenas productivas e innovación, que genera desarrollo en los territorios, promueve empleos de calidad y un capital humano avanzado”.
El documento del que hablamos está en internet para que todos opinen sobre él, ya que las opiniones de la gente “serán clave para el diseño de esta hoja de ruta de la actividad económica más importante de Chile”.
Quienes quieran saber más pueden ingresar a http://www.politicanacionalminera.cl/
Golpe bajo al sector minero
Septiembre 27 de 2020.- El 18 de septiembre del 2020 la Corte Constitucional sentenció que las cinco preguntas aprobadas por el Concejo de Cuenca para consultar a la población sobre la realización de actividades mineras en el cantón tenían respaldo constitucional y, en consecuencia, procedía la consulta popular sobre el tema.
El pronunciamiento de la Corte tiene algunas condiciones. Una de ellas es su carácter no retroactivo y, aunque está pendiente la aclaración constitucional, se espera que los efectos de la sentencia serán únicamente a futuro.
Aún así, el impacto no será menor. En Cuenca se ubican dos proyectos relevantes para el sector. Uno de ellos, Loma Larga, es el llamado a ser la próxima gran mina a entrar en operación en Ecuador. El otro, Río Blanco, técnicamente está en la etapa de explotación pero en la vida real, está a punto de transformarse en un caso más en los tribunales internacionales.
La decisión de la Corte ha polarizado las opiniones en el país. En lugar de considerar la sentencia como una oportunidad para la búsqueda de consensos que permitan el diálogo entre quienes piensan de manera diferente y buscar la paz en la sociedad, algunos actores han preferido saltar sobre el tablero.
“Es un anhelo de la gran mayoría de los cuencanos que se nos permita, a través de la consulta popular, determinar el futuro de las fuentes de agua”, dijo a periodistas el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, ni bien se enteró de la noticia.
Como se sabe, la Corte había negado tres pedidos del prefecto del Azuay, Yaku Pérez, que buscaban lo mismo que el pedido del alcalde Palacios, porque encontró errores en la formulación de las preguntas.
Ahora los sectores que se oponen a la minería sienten que tienen un manual en sus manos para promover las consultas populares en sus territorios. Señalan que basta cambiar el nombre de los ríos y listo, la Corte Constitucional no tendría razones para negarles el derecho a la consulta.
El optimismo de estos grupos crece día a día y tienen motivos. El jueves 24 de septiembre la Jueza Constitucional de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Cotacachi, Carmen Inés Jaramillo Cevallos, concedió la Acción de Protección con Medida Cautelar a favor de los derechos de la naturaleza y en contra del proyecto Llurimagua, aunque no lo diga.
La decisión de la jueza ampara la defensa de la existencia de la Rana Arlequín Hocicuda y de la Rana Nodriza Confusa, especies que estarían siendo amenazadas por el proyecto y que, según los ambientalistas, son únicas en el planeta y no viven en ningún otro lugar que no sea el área minera de Llurimagua. Cerca viven otras ranas, tan transparentes que les dicen de cristal, tan pequeñas como una uña pero con más suerte porque concentran la atención de más de un centenar de científicos renombrados de todo el mundo que piden que se detengan las actividades mineras para que no se afecte el hábitat de las ranas.
Casi a la misma hora, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda aprobaba la Ordenanza N° 010-CM-GADCG-2020, la misma que declara al cantón “libre de minería metálica, contaminación ambiental en agua, aire y suelo; y, todo aquello que deteriore, altere o modifique el ecosistema natural”.
En buen castellano, dice no al proyecto Curipamba y a los que están en sus alrededores.
Los no mineros de Loja esperan los minutos que faltan para la sesión del municipio en la que se haga efectiva la ordenanza similar a la ya nombrada que fue aprobada el año pasado a pedido de los comuneros de Fierro Urco.
El Ministerio de Energía no ha realizado comentarios sobre estas resoluciones. Antes que saliera el fallo de la Corte Constitucional, llamó la atención que el ingeniero Fernando L. Benalcázar presentara su amicus curiae en el proceso a título personal y no como autoridad del sector.
La Cámara de Minería del Ecuador, la Cámara de la Producción e Industrias y el Comité Empresarial Ecuatoriano, que respaldaron abiertamente a la Corte Constitucional cuando dijo no a la consulta, se fueron por las ramas de la sentencia y repitieron su argumento favorito: son políticos que no quieren a la minería responsable.
Otros voceros del sector, como el think thank LIDS, dijeron lo mismo y con menos énfasis. Según ellos, se trata de “un precedente limitativo al sector minero en el Ecuador y consecuentemente al ejercicio de los derechos constitucionales como derecho al trabajo, a la empresa, al trato igualitario entre otros, pero que además merman la tan llamada seguridad jurídica ante inversiones importantes que aportan o se proyectaba que aportarían a la economía del país”.
En síntesis, las opiniones se dirigen hacia los extremos y un escenario probable es el diálogo de sordos donde pierdan la inteligencia, la verdad y la lucidez que el momento requiere. Hoy, lunes 28 y a la misma hora: hay dos eventos sobre el tema: Uno organizado por las abogadas reunidas en WIM Ecuador y otro organizado por los ingenieros de Cigmipa. Ambos son vía Zoom a las cinco de la tarde.
El pronunciamiento de la Corte tiene algunas condiciones. Una de ellas es su carácter no retroactivo y, aunque está pendiente la aclaración constitucional, se espera que los efectos de la sentencia serán únicamente a futuro.
Aún así, el impacto no será menor. En Cuenca se ubican dos proyectos relevantes para el sector. Uno de ellos, Loma Larga, es el llamado a ser la próxima gran mina a entrar en operación en Ecuador. El otro, Río Blanco, técnicamente está en la etapa de explotación pero en la vida real, está a punto de transformarse en un caso más en los tribunales internacionales.
La decisión de la Corte ha polarizado las opiniones en el país. En lugar de considerar la sentencia como una oportunidad para la búsqueda de consensos que permitan el diálogo entre quienes piensan de manera diferente y buscar la paz en la sociedad, algunos actores han preferido saltar sobre el tablero.
“Es un anhelo de la gran mayoría de los cuencanos que se nos permita, a través de la consulta popular, determinar el futuro de las fuentes de agua”, dijo a periodistas el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, ni bien se enteró de la noticia.
Como se sabe, la Corte había negado tres pedidos del prefecto del Azuay, Yaku Pérez, que buscaban lo mismo que el pedido del alcalde Palacios, porque encontró errores en la formulación de las preguntas.
Ahora los sectores que se oponen a la minería sienten que tienen un manual en sus manos para promover las consultas populares en sus territorios. Señalan que basta cambiar el nombre de los ríos y listo, la Corte Constitucional no tendría razones para negarles el derecho a la consulta.
El optimismo de estos grupos crece día a día y tienen motivos. El jueves 24 de septiembre la Jueza Constitucional de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Cotacachi, Carmen Inés Jaramillo Cevallos, concedió la Acción de Protección con Medida Cautelar a favor de los derechos de la naturaleza y en contra del proyecto Llurimagua, aunque no lo diga.
La decisión de la jueza ampara la defensa de la existencia de la Rana Arlequín Hocicuda y de la Rana Nodriza Confusa, especies que estarían siendo amenazadas por el proyecto y que, según los ambientalistas, son únicas en el planeta y no viven en ningún otro lugar que no sea el área minera de Llurimagua. Cerca viven otras ranas, tan transparentes que les dicen de cristal, tan pequeñas como una uña pero con más suerte porque concentran la atención de más de un centenar de científicos renombrados de todo el mundo que piden que se detengan las actividades mineras para que no se afecte el hábitat de las ranas.
Casi a la misma hora, el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda aprobaba la Ordenanza N° 010-CM-GADCG-2020, la misma que declara al cantón “libre de minería metálica, contaminación ambiental en agua, aire y suelo; y, todo aquello que deteriore, altere o modifique el ecosistema natural”.
En buen castellano, dice no al proyecto Curipamba y a los que están en sus alrededores.
Los no mineros de Loja esperan los minutos que faltan para la sesión del municipio en la que se haga efectiva la ordenanza similar a la ya nombrada que fue aprobada el año pasado a pedido de los comuneros de Fierro Urco.
El Ministerio de Energía no ha realizado comentarios sobre estas resoluciones. Antes que saliera el fallo de la Corte Constitucional, llamó la atención que el ingeniero Fernando L. Benalcázar presentara su amicus curiae en el proceso a título personal y no como autoridad del sector.
La Cámara de Minería del Ecuador, la Cámara de la Producción e Industrias y el Comité Empresarial Ecuatoriano, que respaldaron abiertamente a la Corte Constitucional cuando dijo no a la consulta, se fueron por las ramas de la sentencia y repitieron su argumento favorito: son políticos que no quieren a la minería responsable.
Otros voceros del sector, como el think thank LIDS, dijeron lo mismo y con menos énfasis. Según ellos, se trata de “un precedente limitativo al sector minero en el Ecuador y consecuentemente al ejercicio de los derechos constitucionales como derecho al trabajo, a la empresa, al trato igualitario entre otros, pero que además merman la tan llamada seguridad jurídica ante inversiones importantes que aportan o se proyectaba que aportarían a la economía del país”.
En síntesis, las opiniones se dirigen hacia los extremos y un escenario probable es el diálogo de sordos donde pierdan la inteligencia, la verdad y la lucidez que el momento requiere. Hoy, lunes 28 y a la misma hora: hay dos eventos sobre el tema: Uno organizado por las abogadas reunidas en WIM Ecuador y otro organizado por los ingenieros de Cigmipa. Ambos son vía Zoom a las cinco de la tarde.
Consulta popular en Cuenca:
¿Cuál es la manera más sostenible de decidir?
Escribe: Luis E. Oré Ibarra (*)
Septiembre 27 de 2020.- Nota de redacción: En Perú existe, lamentablemente, una experiencia muy rica en conflictos violentos que ha permitido el desarrollo de conocimientos para evitarlos. Uno de los que más sabe del tema es Luis Oré, estudioso de la teoría y mediador exitoso a la hora del diálogo, a quien Vía Minera le ha pedido una opinión. Es esta:
Ante iniciativas de proyectos de inversión sobre recursos naturales, las personas y la población necesitan ser escuchadas sobre sus intereses, preocupaciones y aspiraciones, y los gobiernos deben escuchar seriamente a la población para tomar decisiones informadas.
El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, afirma que esta consulta popular es una oportunidad de defender fuentes de agua y zonas de recarga hídrica y el resultado debe considerarse en la elaboración del plan de ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelos.
Existe, entonces, la preocupación de conservar las fuentes de agua ante la posible contaminación por actividades económicas en la zona. Cabe indicar que no se puede decir que los cuencanos no tengan la oportunidad de ser seriamente escuchados ante la posibilidad de proyectos mineros porque en el marco regulatorio ecuatoriano se incluye la participación ciudadana y la consulta previa libre e informada.
La pregunta que debe hacerse es ¿Quién decide y cómo se decide qué hacer respecto de la utilización y aprovechamiento de recursos naturales del país? ¿Quién tiene poder para decidir? ¿Quién tiene el derecho de decidir? ¿Quién tienen la capacidad de construir consensos para decidir? La competencia y el poder de decisión sobre la explotación de recursos naturales la tiene el Estado, pero debe escuchar a la población para decidir cuidando y protegiendo las preocupaciones de la población.
En Ecuador, la situación generada por la decisión del tribunal de abrir camino a la consulta popular hace reflexionar sobre el efecto que tendrá el resultado de la consulta popular y que podría generar nuevas disputas en los tribunales del país, pero más allá de la discusión de la legalidad, frente a situaciones complejas también importa la legitimidad.
Los asuntos complejos no pueden decidirse exclusivamente con el poder o el derecho porque estas decisiones crean ganadores y perdedores y no se logran soluciones sostenibles. Los problemas complejos necesitan soluciones sostenibles, inteligentes, creativas y legitimas que integren múltiples intereses, soluciones con las que ganen todos; y esto solo se logra a través del dialogo para la construcción de consensos con beneficios para todos cuidando el ambiente y contribuyendo al desarrollo sostenible.
En Perú, el tribunal constitucional resolvió declarar inconstitucional la Ordenanza del gobierno regional que había declarado inviable un proyecto minero estableciendo que los gobiernos regionales son competentes para promover y regular actividades en materia de agricultura, minería y medio ambiente, pero debe realizarse de acuerdo al principio de unidad. En tal sentido, la autonomía regional no puede contravenir la normativa del gobierno nacional. Además, indica que, en materia de minería, el ejercicio de las competencias a cargo de los gobiernos regionales debe realizarse conforme a las políticas nacionales elaboradas por el gobierno nacional y de manera compartida.
Cabe indicar que en Perú existen conflictos recurrentes entre los propietarios de derechos sobre el suelo y los titulares de derechos sobre el subsuelo y la manera más eficiente de abordar esta situación es a través del dialogo para construir consensos.
En Colombia, la Corte Constitucional estableció que las consultas populares no pueden frenar la minería y las explotaciones petroleras, porque las decisiones sobre la exploración y explotación de recursos naturales no renovables en el subsuelo deben ser tomadas por las autoridades nacionales, pero en coordinación con las autoridades territoriales. Como en Perú, el dueño del subsuelo es el Estado y no necesariamente de los territorios, por lo que en estos casos lo que debe existir es una coordinación entre los dos entes sin que se imponga una decisión de los unos sobre los otros.
En Ecuador, no se puede afirmar que la población no tiene la oportunidad de ser escuchada ante la intención de realizar proyectos mineros porque existen mecanismos participación ciudadana y la consulta previa libre e informada. Como sabemos la consulta previa no es una elección de por el sí o por el no de una medida del gobierno respecto la autorización de una actividad. La consulta previa es un diálogo cuya finalidad es llegar a acuerdos.
¿Cómo lograr consensos? Para lograr consensos debemos tener un enfoque de beneficios mutuos. Por mi experiencia, estoy convencido que buenos procesos llevan a buenos resultados. Para lograr consensos debemos tener cuatro principios básicos para guiar el dialogo, la interacción y la generación de beneficios mutuos.
Enfocarnos en los intereses de las partes: Debemos reconocer la existencia de intereses económicos, culturales, ambientales, sociales, políticos, emocionales, relacionales, etc. y enfocarnos en ellos. No enfocarnos de manera simplificada en las posiciones (a favor o en contra de algo), ni quedarnos en las demandas o exigencias. Debemos ser capaces de tener conversaciones francas para lograr acuerdos con beneficios para todos. Ayúdame a entender ¿para qué quieres lo que dices que quieres?, ¿qué interés, preocupación, aspiración, necesidad, temor, etc. deseas satisfacer? ¿qué interés te motiva?
Co-construir opciones de beneficio mutuo: “Dos cabezas piensan mejor que una”, pero lado a lado, no frente a frente. Una vez identificados los intereses, la forma de generar valor es satisfaciendo los diversos intereses de las personas a través de intercambios que nos lleven a una óptima asignación de recursos. El concepto de óptimo de Pareto también ayuda a entender el principio de generar opciones de beneficio mutuo, el óptimo de Pareto define toda situación en la que no es posible beneficiar a una persona sin perjudicar a otra. Si queremos lograr una asignación de los recursos más equitativa, pero a la vez eficiente, debemos utilizar el mecanismo de mercado.
Actuar de una manera que genera confianza y fortalece relaciones: La manera más fácil de construir confianza es diciendo la verdad, cumpliendo lo que se promete. Tratar a las personas de igual a igual, sin crear diferencias, por la educación o cultura. Todo ser humano tiene la necesidad de ser apreciado, ser entendido, ser respetado y no ser rechazado. Esto genera las condiciones adecuadas para intercambiar ideas y opciones creativas para satisfacer diversos intereses. El secreto es el respetto, con T de trato y T de transparencia.
Involucrar a todos en la solución – buscar espacios participativos: ¿Con quiénes hay que conversar? ¿A quiénes le pregunto sobre cuáles son sus intereses? El tema es simple, ¿quiénes serían las personas que podrían ser afectadas por la actividad o proyecto propuesto? Para identificar a las personas o grupos con quienes se debe interactuar para conocer sus intereses y pensar juntos en opciones creativas o posibles soluciones. Se puede hacer una simulación del área de impacto y posibles daños.
La decisión de la Corte Constitucional que autoriza la realización de la consulta popular que busca defender fuentes de agua y zonas de recarga hídrica, es una oportunidad para decidir utilizar mejores procesos de involucramiento y participación multiactor -no para decidir por el sí o por el no de una iniciativa o proyecto- sino para facilitar procesos que consideren múltiples intereses con sabiduría y creatividad colectiva para construir consensos que generen legitimidad social en lugar de generar situaciones de riesgo con vencedores y vencidos. La pregunta es ¿Cómo hacemos lo que queremos hacer considerando los intereses, necesidades, preocupaciones y aspiraciones de todos los cuencanos?
(*) Consultor internacional en negociaciones y procesos de consenso. Director de ORASI Consulting Group, Inc.
Septiembre 27 de 2020.- Nota de redacción: En Perú existe, lamentablemente, una experiencia muy rica en conflictos violentos que ha permitido el desarrollo de conocimientos para evitarlos. Uno de los que más sabe del tema es Luis Oré, estudioso de la teoría y mediador exitoso a la hora del diálogo, a quien Vía Minera le ha pedido una opinión. Es esta:
Ante iniciativas de proyectos de inversión sobre recursos naturales, las personas y la población necesitan ser escuchadas sobre sus intereses, preocupaciones y aspiraciones, y los gobiernos deben escuchar seriamente a la población para tomar decisiones informadas.
El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, afirma que esta consulta popular es una oportunidad de defender fuentes de agua y zonas de recarga hídrica y el resultado debe considerarse en la elaboración del plan de ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión de suelos.
Existe, entonces, la preocupación de conservar las fuentes de agua ante la posible contaminación por actividades económicas en la zona. Cabe indicar que no se puede decir que los cuencanos no tengan la oportunidad de ser seriamente escuchados ante la posibilidad de proyectos mineros porque en el marco regulatorio ecuatoriano se incluye la participación ciudadana y la consulta previa libre e informada.
La pregunta que debe hacerse es ¿Quién decide y cómo se decide qué hacer respecto de la utilización y aprovechamiento de recursos naturales del país? ¿Quién tiene poder para decidir? ¿Quién tiene el derecho de decidir? ¿Quién tienen la capacidad de construir consensos para decidir? La competencia y el poder de decisión sobre la explotación de recursos naturales la tiene el Estado, pero debe escuchar a la población para decidir cuidando y protegiendo las preocupaciones de la población.
En Ecuador, la situación generada por la decisión del tribunal de abrir camino a la consulta popular hace reflexionar sobre el efecto que tendrá el resultado de la consulta popular y que podría generar nuevas disputas en los tribunales del país, pero más allá de la discusión de la legalidad, frente a situaciones complejas también importa la legitimidad.
Los asuntos complejos no pueden decidirse exclusivamente con el poder o el derecho porque estas decisiones crean ganadores y perdedores y no se logran soluciones sostenibles. Los problemas complejos necesitan soluciones sostenibles, inteligentes, creativas y legitimas que integren múltiples intereses, soluciones con las que ganen todos; y esto solo se logra a través del dialogo para la construcción de consensos con beneficios para todos cuidando el ambiente y contribuyendo al desarrollo sostenible.
En Perú, el tribunal constitucional resolvió declarar inconstitucional la Ordenanza del gobierno regional que había declarado inviable un proyecto minero estableciendo que los gobiernos regionales son competentes para promover y regular actividades en materia de agricultura, minería y medio ambiente, pero debe realizarse de acuerdo al principio de unidad. En tal sentido, la autonomía regional no puede contravenir la normativa del gobierno nacional. Además, indica que, en materia de minería, el ejercicio de las competencias a cargo de los gobiernos regionales debe realizarse conforme a las políticas nacionales elaboradas por el gobierno nacional y de manera compartida.
Cabe indicar que en Perú existen conflictos recurrentes entre los propietarios de derechos sobre el suelo y los titulares de derechos sobre el subsuelo y la manera más eficiente de abordar esta situación es a través del dialogo para construir consensos.
En Colombia, la Corte Constitucional estableció que las consultas populares no pueden frenar la minería y las explotaciones petroleras, porque las decisiones sobre la exploración y explotación de recursos naturales no renovables en el subsuelo deben ser tomadas por las autoridades nacionales, pero en coordinación con las autoridades territoriales. Como en Perú, el dueño del subsuelo es el Estado y no necesariamente de los territorios, por lo que en estos casos lo que debe existir es una coordinación entre los dos entes sin que se imponga una decisión de los unos sobre los otros.
En Ecuador, no se puede afirmar que la población no tiene la oportunidad de ser escuchada ante la intención de realizar proyectos mineros porque existen mecanismos participación ciudadana y la consulta previa libre e informada. Como sabemos la consulta previa no es una elección de por el sí o por el no de una medida del gobierno respecto la autorización de una actividad. La consulta previa es un diálogo cuya finalidad es llegar a acuerdos.
¿Cómo lograr consensos? Para lograr consensos debemos tener un enfoque de beneficios mutuos. Por mi experiencia, estoy convencido que buenos procesos llevan a buenos resultados. Para lograr consensos debemos tener cuatro principios básicos para guiar el dialogo, la interacción y la generación de beneficios mutuos.
Enfocarnos en los intereses de las partes: Debemos reconocer la existencia de intereses económicos, culturales, ambientales, sociales, políticos, emocionales, relacionales, etc. y enfocarnos en ellos. No enfocarnos de manera simplificada en las posiciones (a favor o en contra de algo), ni quedarnos en las demandas o exigencias. Debemos ser capaces de tener conversaciones francas para lograr acuerdos con beneficios para todos. Ayúdame a entender ¿para qué quieres lo que dices que quieres?, ¿qué interés, preocupación, aspiración, necesidad, temor, etc. deseas satisfacer? ¿qué interés te motiva?
Co-construir opciones de beneficio mutuo: “Dos cabezas piensan mejor que una”, pero lado a lado, no frente a frente. Una vez identificados los intereses, la forma de generar valor es satisfaciendo los diversos intereses de las personas a través de intercambios que nos lleven a una óptima asignación de recursos. El concepto de óptimo de Pareto también ayuda a entender el principio de generar opciones de beneficio mutuo, el óptimo de Pareto define toda situación en la que no es posible beneficiar a una persona sin perjudicar a otra. Si queremos lograr una asignación de los recursos más equitativa, pero a la vez eficiente, debemos utilizar el mecanismo de mercado.
Actuar de una manera que genera confianza y fortalece relaciones: La manera más fácil de construir confianza es diciendo la verdad, cumpliendo lo que se promete. Tratar a las personas de igual a igual, sin crear diferencias, por la educación o cultura. Todo ser humano tiene la necesidad de ser apreciado, ser entendido, ser respetado y no ser rechazado. Esto genera las condiciones adecuadas para intercambiar ideas y opciones creativas para satisfacer diversos intereses. El secreto es el respetto, con T de trato y T de transparencia.
Involucrar a todos en la solución – buscar espacios participativos: ¿Con quiénes hay que conversar? ¿A quiénes le pregunto sobre cuáles son sus intereses? El tema es simple, ¿quiénes serían las personas que podrían ser afectadas por la actividad o proyecto propuesto? Para identificar a las personas o grupos con quienes se debe interactuar para conocer sus intereses y pensar juntos en opciones creativas o posibles soluciones. Se puede hacer una simulación del área de impacto y posibles daños.
La decisión de la Corte Constitucional que autoriza la realización de la consulta popular que busca defender fuentes de agua y zonas de recarga hídrica, es una oportunidad para decidir utilizar mejores procesos de involucramiento y participación multiactor -no para decidir por el sí o por el no de una iniciativa o proyecto- sino para facilitar procesos que consideren múltiples intereses con sabiduría y creatividad colectiva para construir consensos que generen legitimidad social en lugar de generar situaciones de riesgo con vencedores y vencidos. La pregunta es ¿Cómo hacemos lo que queremos hacer considerando los intereses, necesidades, preocupaciones y aspiraciones de todos los cuencanos?
(*) Consultor internacional en negociaciones y procesos de consenso. Director de ORASI Consulting Group, Inc.
Consulta antiminera en Cuenca: Todo podría estar mejor...
Septiembre 21 de 2020.- Al cierre de esta edición nada estaba dicho respecto del pedido de control constitucional para las preguntas que el Concejo Cantonal de Cuenca aprobó el pasado primero de setiembre con la intención de hacer una consulta popular “sobre el agua”.
Lo que sí hay en la Corte Constitucional es una avalancha de amicus curiae contra la consulta que, en realidad, está pensada para impedir que se desarrolle la minería en los alrededores del cantón.
Técnicamente, las preguntas que se presentaron el 8 de setiembre ante la Corte Constitucional, hacen mención a la minería metálica en las zonas de recarga hídrica de cinco ríos: Tomebamba, Yanuncay, Tarqui, Machángara y Norcay. Cuatro de ellos se dirigen al Atlántico y el Norcay parte del Parque Nacional El Cajas y desemboca en el Océano Pacífico.
Desde el punto de vista de los concejales, la convocatoria a consulta popular tiene respaldo en el Artículo 104 de la Constitución. En lo formal, el documento presentado tiene tres partes: Una contiene los antecedentes, otra los considerandos y en la parte final, el texto propone las cinco preguntas.
La primera pregunta habla del río Tarqui y dice: ¿Está Usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tarqui, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ETAPA EP?
Las otras cuatro preguntas son casi iguales y sólo se diferencian porque cambian el nombre del río.
En cambio, los amicus contra la consulta tienen más diversidad. Los hay presentados por empresas operadoras ya conocidas e involucradas con la minería en el cantón Cuenca como INV Metals, la legítima titular de varias concesiones mineras otorgadas por el Estado ecuatoriano en la provincia del Azuay desde hace más de quince 15 años.
Otras que desarrollan sus actividades en diversos lugares del país también han cerrado filas en la cruzada contra la consulta. Ecuador Mining, Vetas Grandes Mining, Compañía Minera Ruta de Cobre, Ecuasolidus, Green Rock, Condor Gold S.A., son algunas.
Los líderes de la Cámara de Minería de Ecuador y sus empresas más representativas, Lucky Minerals entre ellas, así como los trabajadores de la Compañía Toachiec Exploraciones Mineras S.A. y ejecutivas que representan a más una empresa, han entregado ya sus amicus a la Corte Constitucional.
Empresarios de otras industrias que desde hace años son infaltables en esta batalla de argumentos legales, han sumado sus alegatos. Marcelo Rivadeneira, gerente general de Condormining Corporation, demostró ser un adelantado a la época porque logró ingresar su escrito con fecha 11 de agosto, es decir, un mes antes de que se abriera el proceso.
Compañías de servicios como Hubbard Perforaciones o proveedoras como Tecnovoladuras también han reclamado su lugar en esta competencia. El viceministro de Minas, Fernando Luis Benalcazar y el titular del sector, René Ortiz; entre otras personalidades del mundo minero energético local, no podían estar ausentes en la danza de los escritos.
No faltan las recusaciones a los magistrados en esta pelea singular. El 14 de setiembre la Federación Nacional de Cámaras de Industrias recusó al juez Ramiro Avila porque, según ellos, sus declaraciones anteriores comprometen su imparcialidad. Al pedido se sumaron por lo menos tres instituciones.
No pasó ni una semana y Acción Ecológica (AE) y casi una docena de ONG ambientalistas recusaron a la jueza constitucional Carmen Corral porque su cónyuge Juan Carlos Solines Moreno y su cuñado Santiago Solines Moreno, según los de AE, forman parte del equipo jurídico de la firma Solines & Asociados, alineada con el sector minero. Dicen que Santiago Solines es el segundo vicepresidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Canadiense y que la misma jueza Corral consta como socia de la firma.
Así están las cosas para la jueza Karla Andrade, quien desde el 15 de setiembre tiene tras de sí a todas las miradas del sector que esperan una vez más, que los magistrados de la Corte Constitucional actúen en concordancia con lo establecido en las normas legales. El sector entra a una semana clave, después de la cual todo puede ser mejor...
Lo que sí hay en la Corte Constitucional es una avalancha de amicus curiae contra la consulta que, en realidad, está pensada para impedir que se desarrolle la minería en los alrededores del cantón.
Técnicamente, las preguntas que se presentaron el 8 de setiembre ante la Corte Constitucional, hacen mención a la minería metálica en las zonas de recarga hídrica de cinco ríos: Tomebamba, Yanuncay, Tarqui, Machángara y Norcay. Cuatro de ellos se dirigen al Atlántico y el Norcay parte del Parque Nacional El Cajas y desemboca en el Océano Pacífico.
Desde el punto de vista de los concejales, la convocatoria a consulta popular tiene respaldo en el Artículo 104 de la Constitución. En lo formal, el documento presentado tiene tres partes: Una contiene los antecedentes, otra los considerandos y en la parte final, el texto propone las cinco preguntas.
La primera pregunta habla del río Tarqui y dice: ¿Está Usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tarqui, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ETAPA EP?
Las otras cuatro preguntas son casi iguales y sólo se diferencian porque cambian el nombre del río.
En cambio, los amicus contra la consulta tienen más diversidad. Los hay presentados por empresas operadoras ya conocidas e involucradas con la minería en el cantón Cuenca como INV Metals, la legítima titular de varias concesiones mineras otorgadas por el Estado ecuatoriano en la provincia del Azuay desde hace más de quince 15 años.
Otras que desarrollan sus actividades en diversos lugares del país también han cerrado filas en la cruzada contra la consulta. Ecuador Mining, Vetas Grandes Mining, Compañía Minera Ruta de Cobre, Ecuasolidus, Green Rock, Condor Gold S.A., son algunas.
Los líderes de la Cámara de Minería de Ecuador y sus empresas más representativas, Lucky Minerals entre ellas, así como los trabajadores de la Compañía Toachiec Exploraciones Mineras S.A. y ejecutivas que representan a más una empresa, han entregado ya sus amicus a la Corte Constitucional.
Empresarios de otras industrias que desde hace años son infaltables en esta batalla de argumentos legales, han sumado sus alegatos. Marcelo Rivadeneira, gerente general de Condormining Corporation, demostró ser un adelantado a la época porque logró ingresar su escrito con fecha 11 de agosto, es decir, un mes antes de que se abriera el proceso.
Compañías de servicios como Hubbard Perforaciones o proveedoras como Tecnovoladuras también han reclamado su lugar en esta competencia. El viceministro de Minas, Fernando Luis Benalcazar y el titular del sector, René Ortiz; entre otras personalidades del mundo minero energético local, no podían estar ausentes en la danza de los escritos.
No faltan las recusaciones a los magistrados en esta pelea singular. El 14 de setiembre la Federación Nacional de Cámaras de Industrias recusó al juez Ramiro Avila porque, según ellos, sus declaraciones anteriores comprometen su imparcialidad. Al pedido se sumaron por lo menos tres instituciones.
No pasó ni una semana y Acción Ecológica (AE) y casi una docena de ONG ambientalistas recusaron a la jueza constitucional Carmen Corral porque su cónyuge Juan Carlos Solines Moreno y su cuñado Santiago Solines Moreno, según los de AE, forman parte del equipo jurídico de la firma Solines & Asociados, alineada con el sector minero. Dicen que Santiago Solines es el segundo vicepresidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Canadiense y que la misma jueza Corral consta como socia de la firma.
Así están las cosas para la jueza Karla Andrade, quien desde el 15 de setiembre tiene tras de sí a todas las miradas del sector que esperan una vez más, que los magistrados de la Corte Constitucional actúen en concordancia con lo establecido en las normas legales. El sector entra a una semana clave, después de la cual todo puede ser mejor...
Carrera de Minas de la Espol elige presidente del Consejo Consultivo Académico
Septiembre 21 de2020.- La Carrera de Minas de la Facultad de Ingeniería de Ciencias de la Tierra de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (FICT-Espol), que lidera la decana Ph. D Paola Romero, sesionó el pasado 18 de setiembre y eligió al Msc. René Ayala Lomas, actual presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador AIME, como nuevo presidente del Consejo Consultivo Académico, CCA, para el periodo 2020 – 2022.
El CCA es la instancia asesora que trabaja al más alto nivel con el fin de elevar la calidad de la formación que reciben los futuros profesionales de las ciencias de la tierra de la Espol. Su flamante presidente cuenta con maestrías en Gerencia de Empresas con Énfasis en el Sector Energético Minero, Planificación Estratégica Minera y Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales, además de una experiencia profesional de más de 20 años en el sector Energético Minero.
El Consejo Consultivo Académico está conformado por los siguientes miembros: Msc. Rosa Eras Yaguana, de la Subsecretaría Zonal No. 5; Msc. Bolívar Holguín, de Orenas S.A.; Msc. Juan José Herrera, de Lundin Gold, Msc. Angel Cueva, de Ecuacorriente S.A.; Msc. Wilmer Vásquez, de Logimin S.A., Msc. Víctor Haro, de VharoCorp; Msc. Christian Alvear, de Holcim; Msc. Rocío Estupiñán, consultora especializada en el tema minero y la Ph.D Silvia Loaiza, coordinadora de la Carrera de Minas.
La FICT-Espol es uno de los centros de formación académica superior de mayor prestigio en el país. “La Espol” destaca por haber sido una de las primeras instituciones en lograr que sus facultades sean acreditadas por organismos internacionales en excelencia educativa. Uno de ellos, ABET, que es una agencia estadounidense que certifica programas en disciplinas de ciencias naturales y aplicadas, otorgó el reconocimiento este año a las carreras de Geología e Ingeniería de Minas con lo cual suman 13 las facultades que han alcanzado dicha distinción.
El CCA es la instancia asesora que trabaja al más alto nivel con el fin de elevar la calidad de la formación que reciben los futuros profesionales de las ciencias de la tierra de la Espol. Su flamante presidente cuenta con maestrías en Gerencia de Empresas con Énfasis en el Sector Energético Minero, Planificación Estratégica Minera y Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales, además de una experiencia profesional de más de 20 años en el sector Energético Minero.
El Consejo Consultivo Académico está conformado por los siguientes miembros: Msc. Rosa Eras Yaguana, de la Subsecretaría Zonal No. 5; Msc. Bolívar Holguín, de Orenas S.A.; Msc. Juan José Herrera, de Lundin Gold, Msc. Angel Cueva, de Ecuacorriente S.A.; Msc. Wilmer Vásquez, de Logimin S.A., Msc. Víctor Haro, de VharoCorp; Msc. Christian Alvear, de Holcim; Msc. Rocío Estupiñán, consultora especializada en el tema minero y la Ph.D Silvia Loaiza, coordinadora de la Carrera de Minas.
La FICT-Espol es uno de los centros de formación académica superior de mayor prestigio en el país. “La Espol” destaca por haber sido una de las primeras instituciones en lograr que sus facultades sean acreditadas por organismos internacionales en excelencia educativa. Uno de ellos, ABET, que es una agencia estadounidense que certifica programas en disciplinas de ciencias naturales y aplicadas, otorgó el reconocimiento este año a las carreras de Geología e Ingeniería de Minas con lo cual suman 13 las facultades que han alcanzado dicha distinción.
Jueza echa al traste incautación de bienes de hermanos Isaías en juicio minero
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Septiembre 13 de 2020.- Cientos de mineros se movilizarán este jueves para denunciar, ante la población y las autoridades de “la Ponce Enriquez”, el peligro en que quedarían si se confirma que siete concesiones de Enami revierten a manos de sus antiguos dueños, los hermanos Isaías.
Se trata de Guadalupe (código 30.1), Fermín Bajo (código 101405), Río Villa 2 (código 100961), Villa Sur (código 101558), Río Tenguel Este (código 102875) y Río Negro (código 102891), que fueron incautadas en 2013 por la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad (Ugedep), como parte de los bienes de los hermanos William y Roberto Isaías, deudores del Estado en la crisis bancaria de 1998. |
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Posteriormente, las concesiones incautadas pasaron a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) y luego de su liquidación al Banco Central del Ecuador (BCE) y finalmente fueron asignadas a la Enami EP.
Si revierten a los Isaías, serían administradas por empresas panameñas y pondrían en riesgo las fuentes de trabajo que pequeños mineros han mantenido por 15 años con inversión propia, generando empleo y riqueza a la zona minera ubicada al sur del Ecuador.
Los mineros potencialmente afectados han decidido realizar demostraciones el próximo jueves 17 de septiembre desde las 10h00. Harán una rueda de prensa, una marcha hacia Ponce Enríquez y una reunión pública de información a la población.
Ese cantón y zonas aledañas como La Independencia, San Alfonso, Santa Martha y barrio Buenos Aires tienen su economía atada a la cadena de provisión minera. Unos 1000 trabajadores entre socios de las asociaciones, miembros de 44 labores mineras regularizadas y otros grupos que realizan mano de obra están vinculados a las operaciones. Ellos esperan contar con el apoyo de las fuerzas vivas del cantón, los comercios, el transporte, los mercados, bodegas de víveres que proveen a la actividad minera y de la población en general.
Señalan que, por lo pronto, la reversión de las concesiones le ha costado el puesto a Danilo Icaza, gerente general de la Enami EP, a quien se le solicitó que presente su carta de renuncia la semana pasada.
En respuesta a la Asociación 12 de Octubre, en oficio ENAMI-ENAMI-2020-0420-OFC, el doctor Icaza informó que el doctor Ricardo Noboa Bejarano, abogado de Guadalupe Mining, Oromining y Gaby Panamá Corporation, presentó por email del 22 de julio una hoja de ruta y propuesta de ejecución de la sentencia denominada “Propuesta para cumplimiento de la sentencia constitucional sobre Guadalupe Mining Corporation y su modulación a favor de Gaby Panama Corporation”, la misma que fue reenviada por la Dirección Jurídica del MERNNR a la Enami.
Si revierten a los Isaías, serían administradas por empresas panameñas y pondrían en riesgo las fuentes de trabajo que pequeños mineros han mantenido por 15 años con inversión propia, generando empleo y riqueza a la zona minera ubicada al sur del Ecuador.
Los mineros potencialmente afectados han decidido realizar demostraciones el próximo jueves 17 de septiembre desde las 10h00. Harán una rueda de prensa, una marcha hacia Ponce Enríquez y una reunión pública de información a la población.
Ese cantón y zonas aledañas como La Independencia, San Alfonso, Santa Martha y barrio Buenos Aires tienen su economía atada a la cadena de provisión minera. Unos 1000 trabajadores entre socios de las asociaciones, miembros de 44 labores mineras regularizadas y otros grupos que realizan mano de obra están vinculados a las operaciones. Ellos esperan contar con el apoyo de las fuerzas vivas del cantón, los comercios, el transporte, los mercados, bodegas de víveres que proveen a la actividad minera y de la población en general.
Señalan que, por lo pronto, la reversión de las concesiones le ha costado el puesto a Danilo Icaza, gerente general de la Enami EP, a quien se le solicitó que presente su carta de renuncia la semana pasada.
En respuesta a la Asociación 12 de Octubre, en oficio ENAMI-ENAMI-2020-0420-OFC, el doctor Icaza informó que el doctor Ricardo Noboa Bejarano, abogado de Guadalupe Mining, Oromining y Gaby Panamá Corporation, presentó por email del 22 de julio una hoja de ruta y propuesta de ejecución de la sentencia denominada “Propuesta para cumplimiento de la sentencia constitucional sobre Guadalupe Mining Corporation y su modulación a favor de Gaby Panama Corporation”, la misma que fue reenviada por la Dirección Jurídica del MERNNR a la Enami.
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El texto del email dirigido a:
[email protected]; [email protected] y [email protected], en su parte pertinente indica: “Buenas noches: de acuerdo con lo acordado en la reunión mantenida con el señor Ministro, con el asesor doctor Fernando Santos y con los doctores Pedro Fernández y Rodrigo Aguayo, adjunto una propuesta de hoja de ruta preparada por Oromining a fin de dar cumplimiento a la sentencia ejecutoria pronunciada por la jueza constitucional en favor de Guadalupe Mining Corporation y su correspondiente modulación, con el objeto de ser discutida en la reunión de la referencia”. Guadalupe Mining, Oromining y Gaby Panamá Corporation son las empresas a cuyo nombre retornarían las concesiones que tenía Enami y han probado que tienen conexiones al más alto nivel. |
La historia reciente
Fue la jueza Nelly Parrales Córdova, de la Unidad Judicial Penal Norte 2 Guayaquil, quien aplicó un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en un proceso de Acción de Protección contra el Banco Central del Ecuador (BCE), el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (lnmobiliar) y la Empresa Nacional Minera (Enami EP), solicitada por la empresa Guadalupe Mining Corporation y su apoderada la empresa Oromining, con la finalidad de recuperar concesiones que le fueron incautadas.
En la sentencia del 4 de abril del 2019, ratificada por tres conjueces de la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial del Guayas el 28 de junio de 2019, la jueza ordenó la reversión de la incautación de las concesiones mineras Guadalupe (código 30.1), Fermín Bajo (código 101405), Río Villa 2 (código 100961), Villa Sur (código 101558), Río Tenguel Este (código 102875) y Río Negro (código 102891).
El dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aplicado por la jueza se refiere al Mandato 13 de la Asamblea Constituyente publicado en el Registro Oficial N° 378 del 10 de julio de 2008, el cual sirvió como base para las resoluciones de Ugedep. Ese mandato establecía la destitución de cualquier agente legal o juez que admitan a trámite algún reclamo sobre los procesos de incautación de bienes de los Isaías.
Según la Jueza Parrales, “el mandato 13 fue cuestionado y censurado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, el cual emitió el 30 de marzo del año 2016 un dictamen que determinó que el proceso seguido por la AGD en el que determina las obligaciones de los hermanos Isaías, (…) fue violatorio de sus derechos humanos, bajo el artículo 14 del Pacto (de San José, nota de la redacción), a un proceso con las debidas garantías…”.
Sobre el mencionado dictamen de Naciones Unidas, el abogado de Inmobiliar, Ronald Baidal Barzola, manifestó en la audiencia del 4 de abril de 2019, que “está en un proceso de seguimiento, el Estado Ecuatoriano incluso ha pedido recursos sobre este dictamen tales como unas medidas interpretativas y otras similares”.
Resuelta a restituir derechos, mediante resolución del 1 de junio de 2020 la jueza extendió los beneficios de la sentencia a otra empresa también domiciliada en Panamá, la Gaby Panama Corporation, mediante la figura jurídica de “modulación de sentencia”, disponiendo como reparación integral la restitución del 55% de los derechos de propiedad sobre la concesión Muyuyacu (código 3622).
Fue la jueza Nelly Parrales Córdova, de la Unidad Judicial Penal Norte 2 Guayaquil, quien aplicó un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en un proceso de Acción de Protección contra el Banco Central del Ecuador (BCE), el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (lnmobiliar) y la Empresa Nacional Minera (Enami EP), solicitada por la empresa Guadalupe Mining Corporation y su apoderada la empresa Oromining, con la finalidad de recuperar concesiones que le fueron incautadas.
En la sentencia del 4 de abril del 2019, ratificada por tres conjueces de la Sala Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial del Guayas el 28 de junio de 2019, la jueza ordenó la reversión de la incautación de las concesiones mineras Guadalupe (código 30.1), Fermín Bajo (código 101405), Río Villa 2 (código 100961), Villa Sur (código 101558), Río Tenguel Este (código 102875) y Río Negro (código 102891).
El dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aplicado por la jueza se refiere al Mandato 13 de la Asamblea Constituyente publicado en el Registro Oficial N° 378 del 10 de julio de 2008, el cual sirvió como base para las resoluciones de Ugedep. Ese mandato establecía la destitución de cualquier agente legal o juez que admitan a trámite algún reclamo sobre los procesos de incautación de bienes de los Isaías.
Según la Jueza Parrales, “el mandato 13 fue cuestionado y censurado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, el cual emitió el 30 de marzo del año 2016 un dictamen que determinó que el proceso seguido por la AGD en el que determina las obligaciones de los hermanos Isaías, (…) fue violatorio de sus derechos humanos, bajo el artículo 14 del Pacto (de San José, nota de la redacción), a un proceso con las debidas garantías…”.
Sobre el mencionado dictamen de Naciones Unidas, el abogado de Inmobiliar, Ronald Baidal Barzola, manifestó en la audiencia del 4 de abril de 2019, que “está en un proceso de seguimiento, el Estado Ecuatoriano incluso ha pedido recursos sobre este dictamen tales como unas medidas interpretativas y otras similares”.
Resuelta a restituir derechos, mediante resolución del 1 de junio de 2020 la jueza extendió los beneficios de la sentencia a otra empresa también domiciliada en Panamá, la Gaby Panama Corporation, mediante la figura jurídica de “modulación de sentencia”, disponiendo como reparación integral la restitución del 55% de los derechos de propiedad sobre la concesión Muyuyacu (código 3622).
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Los dueños de las empresas Guadalupe, Gaby y Oromining, Carlos Efraín Flores Cárdenas, colombiano, y Carlos Enrique Huerta Araujo, peruano, lograron la sentencia, exhibiendo documentación de la auditora internacional Davidson & Company LLC, de la Bolsa de Valores de Toronto, de los contratos de operación de la Guadalupe Mining Corporation, entre otros.
“…de lo expuesto, esta juzgadora observa que en ninguno de estos esquemas societarios antes mencionados consta el nombre de los hermanos Isaías Dassum”, señala la jueza en la sentencia. En la actualidad, el proceso de Acción de Protección con N° 09286-2019-01409 que consta de 10 cuerpos y 1006 fojas, se encuentra en la Corte Constitucional por un recurso de Acción Extraordinaria de Protección interpuesto por el Banco Central del Ecuador desde el 5 de agosto. El 2 de julio, mediante providencia la jueza determinó que sea la Defensoría del Pueblo la entidad encargada de la ejecución de la sentencia. |
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Enami y los perjudicados
La Enami EP informó al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables (MERNNR) en un informe jurídico mediante memorando N° ENAMI-CJU-2020-0207 del 18 de agosto, que con el cumplimiento de las sentencias perdería la titularidad de las concesiones mineras Río Negro, Río Tenguel Este y parte de la concesión unificada Muyuyacu.
La Enami EP, debidamente autorizada por el Ministerio y con registro en la ex Arcom ahora Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, mantiene tres contratos de operación en las áreas que actualmente componen la concesión Muyuyacu. Los contratos que, entre otras fuentes, le han permitido llegar a un autofinanciamiento del 80%, se mantienen con la Asociación de Mineros Autónomos 12 de Octubre, con la Asociación de Producción Minera Ponce Enríquez, Asopromipen, ambas de la economía popular y solidaria, y también con la empresa de pequeña minería Minervilla.
El desenlace que podría tener este proceso ha causado la preocupación de los miembros de la Asociación 12 de Octubre que escribieron el oficio N° AMA-2020-0341 del 17 de agosto de 2020 al Presidente de la República, con copia al MERNNR, para solicitarle que “se abstenga de dar cumplimiento a lo dispuesto dentro del proceso judicial”.
La suerte, sin embargo, parece echada a favor de los hermanos Isaías.
La Enami EP informó al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables (MERNNR) en un informe jurídico mediante memorando N° ENAMI-CJU-2020-0207 del 18 de agosto, que con el cumplimiento de las sentencias perdería la titularidad de las concesiones mineras Río Negro, Río Tenguel Este y parte de la concesión unificada Muyuyacu.
La Enami EP, debidamente autorizada por el Ministerio y con registro en la ex Arcom ahora Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, mantiene tres contratos de operación en las áreas que actualmente componen la concesión Muyuyacu. Los contratos que, entre otras fuentes, le han permitido llegar a un autofinanciamiento del 80%, se mantienen con la Asociación de Mineros Autónomos 12 de Octubre, con la Asociación de Producción Minera Ponce Enríquez, Asopromipen, ambas de la economía popular y solidaria, y también con la empresa de pequeña minería Minervilla.
El desenlace que podría tener este proceso ha causado la preocupación de los miembros de la Asociación 12 de Octubre que escribieron el oficio N° AMA-2020-0341 del 17 de agosto de 2020 al Presidente de la República, con copia al MERNNR, para solicitarle que “se abstenga de dar cumplimiento a lo dispuesto dentro del proceso judicial”.
La suerte, sin embargo, parece echada a favor de los hermanos Isaías.
Alcalde de Ponce Enríquez casi frustra operativo de ARC
Septiembre 6 de 2020.- Cuatro personas que realizaban actividades mineras no reguladas en el río Guanache, fueron detenidas pero airadamente defendidas por el alcalde del Cantón Camilo Ponce Enríquez, Baldor Bermeo, quien junto con decenas de pobladores impidió que se decomise la maquinaria que iba a ser incautada.
El operativo estuvo a cargo del personal técnico de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales (ARC), los mismos que junto a efectivos de la Unidad de Investigación de Delitos Mineros de la Policía Nacional, llegaron a “la Ponce” y decomisaron dos bultos de material mineralizado.
En el área intervenida encontraron un frente de explotación de oro aluvial en el que había tres excavadoras, una clasificadora tipo Z, una bomba de agua de presión y un generador eléctrico; sin embargo, no pudieron incautar equipos.
“Los técnicos de la ARC y miembros de la Policía Nacional fueron impedidos, en su labor, de decomisar las excavadoras y equipos utilizados en estas actividades ilegales, por cuanto la comunidad, liderada por el alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, no permitió la movilización de las mismas”, dice un boletín de prensa de la ARC.
El alcade Bermeo llegó a la zona donde se realizaba el operativo después de las cinco de la tarde. Antes que él, un grupo de cuatro concejales que acudió al lugar a proteger a los operadores de las excavadoras se trabó en pelea con los uniformados.
Bermeo reclamó por qué se hacían operativos en esa parte del río Guanache y dijo que la maquinaria estaba remediando y rehabilitando el terreno.
Dialogó con los jefes del operativo y logró que a los detenidos se les permita cambiar de ropa, ser alimentados por sus familiares y depositados en lugares especiales donde se encuentren lejos de “los verdaderos delincuentes”.
El alcalde Bermeo estuvo junto al presidente de la Pre Asociación de Barrios, Félix Merchán, y decenas de personas que gritaban que los detenidos eran inocentes.
Merchán censuró el proceder de las autoridades y criticó a los concejales que no reaccionaron a tiempo para detener el operativo de la ARC.
El operativo estuvo a cargo del personal técnico de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales (ARC), los mismos que junto a efectivos de la Unidad de Investigación de Delitos Mineros de la Policía Nacional, llegaron a “la Ponce” y decomisaron dos bultos de material mineralizado.
En el área intervenida encontraron un frente de explotación de oro aluvial en el que había tres excavadoras, una clasificadora tipo Z, una bomba de agua de presión y un generador eléctrico; sin embargo, no pudieron incautar equipos.
“Los técnicos de la ARC y miembros de la Policía Nacional fueron impedidos, en su labor, de decomisar las excavadoras y equipos utilizados en estas actividades ilegales, por cuanto la comunidad, liderada por el alcalde del cantón Camilo Ponce Enríquez, no permitió la movilización de las mismas”, dice un boletín de prensa de la ARC.
El alcade Bermeo llegó a la zona donde se realizaba el operativo después de las cinco de la tarde. Antes que él, un grupo de cuatro concejales que acudió al lugar a proteger a los operadores de las excavadoras se trabó en pelea con los uniformados.
Bermeo reclamó por qué se hacían operativos en esa parte del río Guanache y dijo que la maquinaria estaba remediando y rehabilitando el terreno.
Dialogó con los jefes del operativo y logró que a los detenidos se les permita cambiar de ropa, ser alimentados por sus familiares y depositados en lugares especiales donde se encuentren lejos de “los verdaderos delincuentes”.
El alcalde Bermeo estuvo junto al presidente de la Pre Asociación de Barrios, Félix Merchán, y decenas de personas que gritaban que los detenidos eran inocentes.
Merchán censuró el proceder de las autoridades y criticó a los concejales que no reaccionaron a tiempo para detener el operativo de la ARC.
Cuenca pedirá esta semana consulta popular sobre minería
Septiembre 6 de 2020.- Esta semana debe materializarse el acuerdo que tomó el pasado martes 1 de septiembre el Concejo Cantonal de Cuenca para oficiar a la Corte Constitucional y solicitarle que dé paso a la consulta popular que impediría las actividades mineras en el cantón.
El acuerdo fue tomado por 15 votos a favor y uno en blanco, después de varias reuniones en las que los concejales analizaron a profundidad los detalles del pedido en torno a tres ejes: el de los antecedentes, el de los considerandos y el de las preguntas.
El cuerpo edilicio contó con el apoyo de diversos grupos de la sociedad cuencana, uno de ellos formado por expertos en derecho constitucional que trabajaron el fin de semana en la redacción del texto definitivo que sería entregado a la Corte.
La Corte Constitucional tendrá un plazo de 20 días para dictar una sentencia al respecto.
El acuerdo fue tomado por 15 votos a favor y uno en blanco, después de varias reuniones en las que los concejales analizaron a profundidad los detalles del pedido en torno a tres ejes: el de los antecedentes, el de los considerandos y el de las preguntas.
El cuerpo edilicio contó con el apoyo de diversos grupos de la sociedad cuencana, uno de ellos formado por expertos en derecho constitucional que trabajaron el fin de semana en la redacción del texto definitivo que sería entregado a la Corte.
La Corte Constitucional tendrá un plazo de 20 días para dictar una sentencia al respecto.
Para el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, el acuerdo representa “un paso fundamental en la defensa de las fuentes de agua” y forma parte de una estrategia integral para asegurar el elemento vital para las futuras generaciones.
“Cuenca tiene un plan de protección integral de las fuentes de recarga hídrica que prohíbe una serie de actividades en ellas. La minería no es la única preocupación. Consideramos actividades administrativas, acciones de control en los ecosistemas frágiles y la creación de áreas de conservación. La consulta popular es parte de ese plan”, explicó el alcalde.
Respecto del documento que presentará a la Corte Constitucional, señaló que una comisión de juristas ha estudiado los escritos que en tres oportunidades presentó el prefecto Yaku Pérez.
“Se han analizado los argumentos con los que se le negó el pedido y esperamos que ahora no ocurra lo mismo, para lo cual ha quedado clara la correspondencia entre la exposición de motivos, los considerandos y las preguntas”, afirmó.
Añadió que las preguntas, cinco en total, no serán inductivas y están redactadas de forma que permitan ejercer el derecho de elección a cada uno de los ciudadanos.
Enfatizó que el municipio ha trabajado cuidando los detalles para que “no se pase nada” y expresó que si por alguna razón su pedido era rechazado, esperaba que le que digan “en qué se han equivocado”.
“Son cinco preguntas porque a Yaku Pérez le dijeron que una pregunta no puede ser muy general. Hay cuatro referencias explicitas a los cuatro ríos que bañan la ciudad, que son parte de nuestra identidad”, comentó.
Las preguntas hacen referencia a los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay y se diferencian entre ellas sólo por el nombre del río al que aluden. Su cuerpo general es:
“¿Está Usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río xxx, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ETAPA EP?
Sí ( ) No ( )”
INV Metals espera que la Corte rechace consulta de Cuenca
Ni bien se conoció el acuerdo del Concejo Cantonal de Cuenca se hizo público el pronunciamiento de INV Metals que cuestiona la decisión del municipio.
La directora ejecutiva de INV Metals, Candance McGibbon, manifestó en un comunicado, “Esperamos que esta nueva solicitud también sea rechazada por el Tribunal Constitucional”.
“La compañía continúa opinando que la solicitud, y cualquier otra solicitud potencial de referéndum, tiene motivaciones políticas. El asesor legal nos ha informado que la solicitud es inconstitucional y, al igual que las cuatro solicitudes denegadas anteriormente, no cumple con todos los criterios y estándares para su aprobación por parte de la Corte Constitucional”, señala la publicación.
“Cuenca tiene un plan de protección integral de las fuentes de recarga hídrica que prohíbe una serie de actividades en ellas. La minería no es la única preocupación. Consideramos actividades administrativas, acciones de control en los ecosistemas frágiles y la creación de áreas de conservación. La consulta popular es parte de ese plan”, explicó el alcalde.
Respecto del documento que presentará a la Corte Constitucional, señaló que una comisión de juristas ha estudiado los escritos que en tres oportunidades presentó el prefecto Yaku Pérez.
“Se han analizado los argumentos con los que se le negó el pedido y esperamos que ahora no ocurra lo mismo, para lo cual ha quedado clara la correspondencia entre la exposición de motivos, los considerandos y las preguntas”, afirmó.
Añadió que las preguntas, cinco en total, no serán inductivas y están redactadas de forma que permitan ejercer el derecho de elección a cada uno de los ciudadanos.
Enfatizó que el municipio ha trabajado cuidando los detalles para que “no se pase nada” y expresó que si por alguna razón su pedido era rechazado, esperaba que le que digan “en qué se han equivocado”.
“Son cinco preguntas porque a Yaku Pérez le dijeron que una pregunta no puede ser muy general. Hay cuatro referencias explicitas a los cuatro ríos que bañan la ciudad, que son parte de nuestra identidad”, comentó.
Las preguntas hacen referencia a los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay y se diferencian entre ellas sólo por el nombre del río al que aluden. Su cuerpo general es:
“¿Está Usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río xxx, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, ETAPA EP?
Sí ( ) No ( )”
INV Metals espera que la Corte rechace consulta de Cuenca
Ni bien se conoció el acuerdo del Concejo Cantonal de Cuenca se hizo público el pronunciamiento de INV Metals que cuestiona la decisión del municipio.
La directora ejecutiva de INV Metals, Candance McGibbon, manifestó en un comunicado, “Esperamos que esta nueva solicitud también sea rechazada por el Tribunal Constitucional”.
“La compañía continúa opinando que la solicitud, y cualquier otra solicitud potencial de referéndum, tiene motivaciones políticas. El asesor legal nos ha informado que la solicitud es inconstitucional y, al igual que las cuatro solicitudes denegadas anteriormente, no cumple con todos los criterios y estándares para su aprobación por parte de la Corte Constitucional”, señala la publicación.
Molino electoral:
Cuatro mujeres lideran listas en Imbabura
Septiembre 6 de 2020.- Imbabura es una de las plazas clave para la minería ecuatoriana en el ajedrez electoral puesto que allí, de alguna forma, se va a jugar casi la mitad del futuro del sector.
En efecto, más allá del potencial geológico que tienen las diversas provincias y el clima tributario que existe para todas las empresas, la enorme trascendencia de Imbabura en el mapa electoral visto se deriva del hecho nada despreciable de que dos de los proyectos que más expectativas han generado en la minería local están sobre esta provincia.
Tanto Cascabel como Llurimagua, el primero a cargo de SolGold y el segundo en manos de una sociedad que están por formar las estatales Enami EP de Ecuador y Codelco de Chile, son depósitos de clase mundial que reúnen las más altas posibilidades para convertirse en las próximas minas a inaugurar en el Ecuador. Eso desde el punto de vista geológico o económico.
Desde el plano sociopolítico las posibilidades podrían cambiar el orden de entrada de las próximas minas… De allí que tal vez sea oportuno recordar que en las elecciones de 2017 se presentaron 13 agrupaciones con candidatos propios a nivel provincial. Votaron 302.922 electores y eligieron a cuatro asambleístas. Tres de ellos fueron del acuerdo Movimiento Alianza País – Partido Socialista Ecuatoriano y uno del Movimiento Creo.
Los asambleístas del correísmo alcanzaron 90 mil, 80 mil y 75 mil votos, en números redondos. El del Movimiento Creo llegó a la Asamblea Nacional con aproximadamente 30 mil votos.
Para las elecciones de febrero del próximo año los imbabureños tendrán que escoger entre los candidatos de 18 organizaciones políticas.
De ellas, cuatro han colocado en sus primeros puestos a mujeres que todavía no han definido su posición respecto de la minería en la provincia.
Pamela Aguirre, actual Parlamentaria Andina por la Revolución Ciudadana, participará cobijada por Centro Democrático.
Irene Ureña, es candidata del Partido Sociedad Patriótica.
Raiza Zamora, de 29 años, va por el partido Avanza Imbabura. Fue candidata a Reina de Ibarra en 2011. Actualmente es abogada, fue presentadora de televisión y es animalista.
Rocío Yépez, va por el Partido Socialista y es la más joven de las cuatro postulantes.
En efecto, más allá del potencial geológico que tienen las diversas provincias y el clima tributario que existe para todas las empresas, la enorme trascendencia de Imbabura en el mapa electoral visto se deriva del hecho nada despreciable de que dos de los proyectos que más expectativas han generado en la minería local están sobre esta provincia.
Tanto Cascabel como Llurimagua, el primero a cargo de SolGold y el segundo en manos de una sociedad que están por formar las estatales Enami EP de Ecuador y Codelco de Chile, son depósitos de clase mundial que reúnen las más altas posibilidades para convertirse en las próximas minas a inaugurar en el Ecuador. Eso desde el punto de vista geológico o económico.
Desde el plano sociopolítico las posibilidades podrían cambiar el orden de entrada de las próximas minas… De allí que tal vez sea oportuno recordar que en las elecciones de 2017 se presentaron 13 agrupaciones con candidatos propios a nivel provincial. Votaron 302.922 electores y eligieron a cuatro asambleístas. Tres de ellos fueron del acuerdo Movimiento Alianza País – Partido Socialista Ecuatoriano y uno del Movimiento Creo.
Los asambleístas del correísmo alcanzaron 90 mil, 80 mil y 75 mil votos, en números redondos. El del Movimiento Creo llegó a la Asamblea Nacional con aproximadamente 30 mil votos.
Para las elecciones de febrero del próximo año los imbabureños tendrán que escoger entre los candidatos de 18 organizaciones políticas.
De ellas, cuatro han colocado en sus primeros puestos a mujeres que todavía no han definido su posición respecto de la minería en la provincia.
Pamela Aguirre, actual Parlamentaria Andina por la Revolución Ciudadana, participará cobijada por Centro Democrático.
Irene Ureña, es candidata del Partido Sociedad Patriótica.
Raiza Zamora, de 29 años, va por el partido Avanza Imbabura. Fue candidata a Reina de Ibarra en 2011. Actualmente es abogada, fue presentadora de televisión y es animalista.
Rocío Yépez, va por el Partido Socialista y es la más joven de las cuatro postulantes.
Comisión Ecuatoriana elaborará estándares de recursos y reservas
Agosto 30 de 2020.- Se ha constituido la Comisión Ecuatoriana de Recursos y Reservas Minerales, una instancia llamada a ser la responsable de mantener los estándares para el reporte público de resultados de exploración y estimación de recursos y reservas minerales de acuerdo con el modelo y los estándares de la Crirsco.
Crirsco es una entidad que se formó hace casi 25 años bajo los auspicios del Consejo de Institutos Mineros y Metalúrgicos (CMMI). Reúne a las organizaciones de profesionales que hacen reportes para las bolsas de metales más grandes del mundo. Se estima que, en promedio, en ellas se cotiza más del 80 por ciento del capital que mueve en el mundo de la minería.
Aparte de Canadá y Estados Unidos; Chile, Perú y Colombia tienen también filiales de Crirsco. En Colombia la filial está formada por la Corporación Consejo Profesional de Geología, la Sociedad Colombiana de Geología, la Asociación de Ingenieros de Minas de Colombia, la Asociación de Ingenieros de Minas graduadas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Seccional Sogamoso, la Asociación Colombiana de Minería, la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, la Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia y la Federación Nacional de Productores de Carbón.
En Chile la comisión está formada por el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, el Colegio de Geólogos de Chile A.G., el Colegio de Ingenieros de Chile A.G., el Consejo Minero y la Sociedad Nacional de Minería.
Crirsco ha desarrollado una plantilla para la elaboración de informes que opera como un "código básico” para que los países adopten su propio estándar en función de sus particularidades locales.
En Ecuador la iniciativa ha sido promovida por AIME, liderada por su presidente René Ayala, con el respaldo de tres gremios empresariales y cuatro colegios profesionales de ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiente: del Litoral, del Azuay, de Morona Santiago y el Cigmipa - zona norte-. El ingeniero Guido Acosta fue elegido como director ejecutivo y en su labor estará acompañado por John Bolaños, Juan Crespo, José Barquet y Freddy Macas.
Crirsco es una entidad que se formó hace casi 25 años bajo los auspicios del Consejo de Institutos Mineros y Metalúrgicos (CMMI). Reúne a las organizaciones de profesionales que hacen reportes para las bolsas de metales más grandes del mundo. Se estima que, en promedio, en ellas se cotiza más del 80 por ciento del capital que mueve en el mundo de la minería.
Aparte de Canadá y Estados Unidos; Chile, Perú y Colombia tienen también filiales de Crirsco. En Colombia la filial está formada por la Corporación Consejo Profesional de Geología, la Sociedad Colombiana de Geología, la Asociación de Ingenieros de Minas de Colombia, la Asociación de Ingenieros de Minas graduadas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Seccional Sogamoso, la Asociación Colombiana de Minería, la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos, la Federación Nacional de Esmeraldas de Colombia y la Federación Nacional de Productores de Carbón.
En Chile la comisión está formada por el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, el Colegio de Geólogos de Chile A.G., el Colegio de Ingenieros de Chile A.G., el Consejo Minero y la Sociedad Nacional de Minería.
Crirsco ha desarrollado una plantilla para la elaboración de informes que opera como un "código básico” para que los países adopten su propio estándar en función de sus particularidades locales.
En Ecuador la iniciativa ha sido promovida por AIME, liderada por su presidente René Ayala, con el respaldo de tres gremios empresariales y cuatro colegios profesionales de ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambiente: del Litoral, del Azuay, de Morona Santiago y el Cigmipa - zona norte-. El ingeniero Guido Acosta fue elegido como director ejecutivo y en su labor estará acompañado por John Bolaños, Juan Crespo, José Barquet y Freddy Macas.
La Corte Constitucional niega tres veces pedido de Yaku Pérez
Agosto 30 de 2020.- La Corte Constitucional de Ecuador volvió a rechazar, por tercera vez, el pedido presentado por Yaku Pérez para que se haga una consulta en el Cantón Cuenca preguntando a la población si es que quiere o no minería en su región.
“…esta Corte Constitucional administrando justicia constitucional por autoridad de la Constitución y la Ley resuelve negar y archivar la solicitud de dictamen previo de constitucionalidad de la propuesta a consulta popular presentada por el ciudadano Yaku Pérez Guartambel”, dice la decisión de la corte.
El pasado 3 de agosto, el todavía prefecto había vuelto a insistir ante los jueces para que se consulte a la población sobre la prohibición de explotación de minería en todas sus formas, metálica artesanal, pequeña, mediana o grande en la provincia de Cuenca.
Pérez Guartambel cambió parcialmente sus escritos anteriores. Así, en la parte relativa a “antecedentes” incorporó unas páginas sobre la riqueza hídrica y la diversidad biológica en el área de bosque y vegetación protectora que bordea una parte de la ciudad de los cuatro ríos.
También agregó unos párrafos extraídos de diversos pronunciamientos públicos por el agua y contra la minería metálica que se han dado en la provincia. Copió precedentes judiciales en materia de extracción minera y además parte del texto de la auditoría realizada por la Contraloría General del Estado al Proyecto Loma Larga/Kimsacocha y concluyó en la pregunta:
¿Está usted de acuerdo con la prohibición, sin excepción, de explotación de minería metálica artesanal, pequeña, mediana y a gran escala en el área de bosque y vegetación protectora Yanuncay/Irquis, ubicado en el Cantón Cuenca, Provincia del Azuay? ¿Sí o no?
La Corte Constitucional respondió que no.
Yaku sin amicus
El pedido de consulta popular terminó siendo, en el análisis de los jueces de la Corte Constitucional, el pedido de un plebiscito. En línea con ese análisis, derivaron consecuencias sobre las medidas a tomarse que no fueron previstas en el escrito del demandante.
Los magistrados dan a entender que ellos no sabrían qué hacer en caso la población respondiera afirmativamente a la pregunta de Yaku Pérez.
“En vista de que la solicitud no cumplió con los requisitos formales para su procedencia y que existe indeterminación en sus medidas a adoptar, corresponde negar la consulta popular solicitada”, señalan los jueces.
Con ellos había coincidido la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Por el sector privado se manifestaron la Cámara de Industrias y Producción; la Cámara de Minería de Ecuador, algunas empresas mineras y sus estudios de abogados: Pérez Bustamante & Ponce y Andrade Veloz que presentaron sendos “amicus curiae” en contra del pedido de consulta.
En apoyo de Yaku Pérez, no llegó ningún amicus.
“…esta Corte Constitucional administrando justicia constitucional por autoridad de la Constitución y la Ley resuelve negar y archivar la solicitud de dictamen previo de constitucionalidad de la propuesta a consulta popular presentada por el ciudadano Yaku Pérez Guartambel”, dice la decisión de la corte.
El pasado 3 de agosto, el todavía prefecto había vuelto a insistir ante los jueces para que se consulte a la población sobre la prohibición de explotación de minería en todas sus formas, metálica artesanal, pequeña, mediana o grande en la provincia de Cuenca.
Pérez Guartambel cambió parcialmente sus escritos anteriores. Así, en la parte relativa a “antecedentes” incorporó unas páginas sobre la riqueza hídrica y la diversidad biológica en el área de bosque y vegetación protectora que bordea una parte de la ciudad de los cuatro ríos.
También agregó unos párrafos extraídos de diversos pronunciamientos públicos por el agua y contra la minería metálica que se han dado en la provincia. Copió precedentes judiciales en materia de extracción minera y además parte del texto de la auditoría realizada por la Contraloría General del Estado al Proyecto Loma Larga/Kimsacocha y concluyó en la pregunta:
¿Está usted de acuerdo con la prohibición, sin excepción, de explotación de minería metálica artesanal, pequeña, mediana y a gran escala en el área de bosque y vegetación protectora Yanuncay/Irquis, ubicado en el Cantón Cuenca, Provincia del Azuay? ¿Sí o no?
La Corte Constitucional respondió que no.
Yaku sin amicus
El pedido de consulta popular terminó siendo, en el análisis de los jueces de la Corte Constitucional, el pedido de un plebiscito. En línea con ese análisis, derivaron consecuencias sobre las medidas a tomarse que no fueron previstas en el escrito del demandante.
Los magistrados dan a entender que ellos no sabrían qué hacer en caso la población respondiera afirmativamente a la pregunta de Yaku Pérez.
“En vista de que la solicitud no cumplió con los requisitos formales para su procedencia y que existe indeterminación en sus medidas a adoptar, corresponde negar la consulta popular solicitada”, señalan los jueces.
Con ellos había coincidido la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Por el sector privado se manifestaron la Cámara de Industrias y Producción; la Cámara de Minería de Ecuador, algunas empresas mineras y sus estudios de abogados: Pérez Bustamante & Ponce y Andrade Veloz que presentaron sendos “amicus curiae” en contra del pedido de consulta.
En apoyo de Yaku Pérez, no llegó ningún amicus.
Molino electoral
Loja: 68 candidatos para cuatro asambleístas
Agosto 30 de 2020.- En las elecciones del 2017 votaban 398088 personas en Loja. En esa provincia hay 22 organizaciones políticas inscritas en el Consejo Nacional Electoral. Los lojanos eligen a cuatro asambleístas.
En la elección del 2017 eligieron como asambleístas a dos de Alianza País y a dos de la alianza Creo - Suma.
Para reemplazarlos hay hasta el momento hay 68 precandidatos a la Asamblea Nacional pertenecientes a 17 partidos.
Difícil saber qué piensan todos ellos. Además, seguramente muchos de ellos darán un paso al costado al formarse nuevas alianzas electorales.
Ernesto Gallo, encabeza la lista por el Movimiento Concertación. Su grupo está trabajando una alianza con el Partido Socialista Ecuatoriano y aún cuando no se sabe si será o no candidato, ha adelantado que si llega a ser asambleísta luchará para que las concesiones mineras “se disuelvan y vuelvan al Estado, ya que hacer minería en Loja provocaría un gran impacto en la salud de las personas, debido a que el agua para las poblaciones viene de los cerros”.
Sociedad Patriótica en Loja presenta su lista encabezada por Sandra Jiménez. Ella ha declarado que su movimiento combina juventud y experiencia, además de tener principios, valores y la preparación adecuada para hacer bien las cosas en beneficio del país como hacer leyes que ayuden a controlar la corrupción y el crecimiento económico”.
Por el Movimiento Convocatoria postula Polibio Vélez Cabrera. Tampoco está seguro de si aceptará la candidatura pero desde ya anuncia terminar con lo que más le ha molestado: la falta de atención de las autoridades.
Por el movimiento correísta, cuya posición respecto de la minería es de respaldo al más alto nivel, van como candidatos Johanna Cecibel Ortiz Villavicencio, Juan Andrés Gonzalez Alvear, Rosa Mariana Diaz Yaguana y Arturo José Bravo Jiménez.
En la elección del 2017 eligieron como asambleístas a dos de Alianza País y a dos de la alianza Creo - Suma.
Para reemplazarlos hay hasta el momento hay 68 precandidatos a la Asamblea Nacional pertenecientes a 17 partidos.
Difícil saber qué piensan todos ellos. Además, seguramente muchos de ellos darán un paso al costado al formarse nuevas alianzas electorales.
Ernesto Gallo, encabeza la lista por el Movimiento Concertación. Su grupo está trabajando una alianza con el Partido Socialista Ecuatoriano y aún cuando no se sabe si será o no candidato, ha adelantado que si llega a ser asambleísta luchará para que las concesiones mineras “se disuelvan y vuelvan al Estado, ya que hacer minería en Loja provocaría un gran impacto en la salud de las personas, debido a que el agua para las poblaciones viene de los cerros”.
Sociedad Patriótica en Loja presenta su lista encabezada por Sandra Jiménez. Ella ha declarado que su movimiento combina juventud y experiencia, además de tener principios, valores y la preparación adecuada para hacer bien las cosas en beneficio del país como hacer leyes que ayuden a controlar la corrupción y el crecimiento económico”.
Por el Movimiento Convocatoria postula Polibio Vélez Cabrera. Tampoco está seguro de si aceptará la candidatura pero desde ya anuncia terminar con lo que más le ha molestado: la falta de atención de las autoridades.
Por el movimiento correísta, cuya posición respecto de la minería es de respaldo al más alto nivel, van como candidatos Johanna Cecibel Ortiz Villavicencio, Juan Andrés Gonzalez Alvear, Rosa Mariana Diaz Yaguana y Arturo José Bravo Jiménez.
Molino electoral 0824
Diecisiete binomios presidenciales se inscribieron ante el CNE hasta el cierre de esta edición. Queda por delante un plazo de diez días para que las organizaciones oficialicen sus precandidaturas ante el órgano electoral.
- Los ex presidentes Abdalá Bucaram y Rafael Correa tienen sus postulaciones en veremos. Según la titular del Consejo, Diana Atamaint, el tema de las sentencias ejecutoriadas y la inscripción “personalísima” tiene en jaque a estos precandidatos.
- El empresario Alvaro Noboa, el ex vicepresidente Otto Sonnenholzner y el economista Andres Páez, voceados en algún momento como candidatos a la presidencia, no participarán en esta contienda.
- Creo 21 lanza a Guillermo Lasso y Alfredo Borrero. Este último, al ser consultado sobre su posición frente al pedido de consulta popular en Cuenca, respondió que estaba por la defensa de la minería sustentable, el agua y el Cajas.
- El Movimiento Ecuatoriano Unido presentó su binomio presidencial, el pastor Gerson Almeida y Martha Villafuerte.
- Guillermo Celi y Verónica Sevilla conforman el binomio para participar por la Presidencia de la República auspiciados por el Movimiento SUMA lista 23.
- Democracia Sí lista 20 confirma su binomio para participar por la Presidencia de la República, Gustavo Larrea y Alexandra Peralta.
- Juntos Podemos, la lista 33, presenta a su binomio presidencial, Paúl Carrasco, ex prefecto de Azuay y Frank Vargas Anda, hijo del General. Frank Vargas Pazzos.
- Alianza PAIS lista 35 resolvió postular a la asambleísta Ximena Peña a la Presidencia de la República. Su compañero de fórmula será Patricio Barriga, exsecretario de Comunicación en el gobierno anterior.
- Justicia Social, lista 11 eligió a Fabricio Correa como pre-candidato presidencial a las elecciones 2021, su binomio sería la empresaria quiteña Marcia Yazbek.
- Centro Democrático, que prestó su inscripción para postular a Andres Arauz y Rafael Correa, lanzará al ingeniero Héctor Valladarez, por Zamora Chinchipe. Su alterna es Delia Medina de El Pangui. También va Norma Guayanay de Nangaritza y su alterno Joffre Minga de Palanda.
- Larissa Marangoni, quien iba acompañando a Yaku Pérez en la lista por Pachakutic, desistió por las evidentes diferencias entre ambos.
- El Partido Social Cristiano designa a Cristina Reyes como candidata a la presidencia. En las próximas horas se conocerá quién será su binomio.
- Pachakutik va en alianza con Unidad Popular. Presenta como candidatos para asambleístas a Isabel Enríquez, de Yantzaza y su alterno Miguel Sarango de Paquisha. También a Ángel Valladares de Zamora y como alterna a Katherine Pardo.
- Nilo Córdova, será el precandidato que ocupará el primer casillero de la lista para asambleístas del PSC en Loja.
- Por el Movimiento Justicia Social Lista 11, van el ex gobernador Johnson Burguan, médico imagenólogo, con su alterna Rita Magali Ramón de la parroquia Sabanilla de Zamora. Le acompaña Yomara Mera Vélez, ex reina de Centinela del Cóndor, estudiante de Banca y Finanzas y su alterno Franklin Matute de El Pangui.
- CREO presenta dos candidatos a asambleístas por Zamora Chinchipe: Leticia Jiménez quién fue candidata en el 2013 volverá a intentarlo, su alterno es Ricky Tene de Yantzaza. Van además Javier Bustamante de Chinchipe y su alterna Elizabeth Arias de El Pangui.
Mirador y Fruta del Norte aclaran informe de Contraloría
Agosto 23 de 2020.- Las minas Mirador y Fruta del Norte respondieron, por separado, los cargos que se les hacen en dos exámenes especiales de la Contraloría General de la República según los cuales la falta de control de las autoridades respecto del tratamiento de las fuentes de agua han provocado la contaminación de los ríos Wawayme, Tundayme, Quimi y Machinaza.
De acuerdo con los informes de Contraloría, las faltas ocurrieron antes de que ambas minas entraran en producción. A Mirador se le evaluó por lo ocurrido entre julio de 2013 y septiembre de 2019, en tanto que a la mina Fruta del Norte, entre mayo de 2015 y diciembre de 2018.
El informe DNA6-0020-2020, referido a la mina Mirador, señala que los ríos ya mencionados han sido dañados por una elevada exposición de metales como el aluminio, manganeso, hierro y otros minerales.
Lo que queda en evidencia, señala en su descargo la empresa minera, es que las concentraciones que superan los Límites Máximos Permitidos fueron registradas desde mucho antes que se empezara a realizar actividades de remoción de tierras, en 2015; o actividades de producción minera, cuyo inicio fue en julio del 2019.
Es decir que las alteraciones de los metales asociados a la mineralización del pórfido de cobre, tanto en los drenajes que atraviesan el yacimiento, como en sus alrededores, se presentan de forma natural, en concentraciones mayores.
Los operadores de la mina Mirador sostienen que es importante destacar que sin haber existido actividades minero metalúrgicas durante los años 2004-2018, ya se presentaban altas concentraciones por encima de los Límites Máximos Permitidos, siendo este un indicador de que es un área con presencia de metales explotables.
Las actividades mineras, como son beneficio y explotación, iniciaron en Julio de 2019, por lo que no se puede atribuir a ellas la alteración de concentración de metales.
De otro lado, Contraloría detectó falta de control por parte del Ministerio del Ambiente entre 2016 y 2019, señalando que esa cartera de Estado no exigió al concesionario que haga “las acciones correctivas”, lo que puso en riesgo a las comunidades que usan el agua de los ríos.
También determinó que EcuaCorriente construyó varias infraestructuras para el desvío del río Tundayme, sin contar con la autorización de la extinta Secretaría Nacional del Agua (Senagua).
Al respecto, señala la empresa que las obras auxiliares construidas tales como campamentos, accesos, talleres, cunetas, entre otras, al ser parte de la Relavera Tundayme, no requieren permiso por parte de Senagua.
De otro lado, agrega la minera, hasta el momento no se ha realizado el desvío físico del río Tundayme, que requiere el permiso de Senagua. La empresa inició la construcción de obras hidráulicas para la captación y conducción de aguas para el desvío, en enero de 2020; el permiso de Senagua se obtuvo el 26 de diciembre de 2019, y en la actualidad se construyen las obras de desvío del río.
En su informe, Contraloría determina además que los monitoreos y auditorías ambientales realizadas por EcuaCorriente a las fases de explotación y beneficio del proyecto Mirador, entre 2015 y 2017, ocurrieron sin autorización del Ministerio del Ambiente.
En este punto la Mina señala que dentro del marco legal vigente no se menciona que los monitoreos y auditorias requieran de una autorización por parte de la Autoridad Ambiental, puesto que no es una actividad solicitada por la empresa.
“Sin embargo, la empresa cumple con todas las obligaciones ambientales adquiridas mediante las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y las exigidas por la legislación ambiental vigente, las mismas que nos permite mitigar los impactos y mantener las condiciones naturales de la zona”, sostiene Ecuacorriente S.A.
Por su parte, Lundin Gold también ha dado a conocer su posición sobre el examen realizado por la Contraloría General del Estado; el cual concluyó que los valores de concentración de cobre y de hierro en el río Machinaza excedieron en 230% y 805%, respectivamente, en comparación con los valores determinados en la línea base del estudio ambiental del proyecto.
El informe DNA6-0017-2020 señala que en Fruta del Norte también se detectaron altas concentraciones de cobalto, zinc, aluminio, hierro y cobre.
Voceros de Lundin sostienen que “el informe preliminar, cuyos hallazgos respecto a los valores excedentes de concentración de cobre y de hierro en el río Machinaza se pretenden dar por ciertos, es como se indica, “preliminar”".
Lundin agrega que desconoce la metodología usada por la Contraloría que, supuestamente, determinó porcentajes de excedencias al revisar los resultados reportados a la autoridad y compararlos con la línea base del Estudio de Impacto Ambiental.
“Es importante señalar que, la CGE no es una entidad con competencias en materia ambiental y no tiene facultades para ello, por lo cual esa cuantificación realizada siempre merecerá un análisis contrastado y específico de parte de técnicos especializados”, explica Ron Hochstein, presidente ejecutivo de Lundin Gold.
Por otro lado, de acuerdo con la regulación nacional ambiental, “Línea base: denota el estado de un sistema en un momento en particular, antes de un cambio posterior. Se define como las condiciones en el momento de la investigación dentro de un área que pueda estar influenciada por actividades industriales o humanas”. Es decir, se trata de un valor referencial, de una instantánea, toda vez que está sujeto a condiciones cambiantes, por lo que no puede ser considerado como un límite máximo permisible o un criterio de calidad.
La minera considera importante señalar que Lundin Gold cumple con los criterios de calidad definidos para el uso asignado al río Machinaza, el cual recibe varios efluentes de distintas fuentes y procedencia.
Lundin Gold remarca que la regulación ambiental no hace referencias a incumplimientos por excedencias en las concentraciones con respecto a la línea base. Es decir, la comparación con la línea base no tiene ningún valor legal, pues no es eso lo que establece la norma vigente.
De acuerdo con los informes de Contraloría, las faltas ocurrieron antes de que ambas minas entraran en producción. A Mirador se le evaluó por lo ocurrido entre julio de 2013 y septiembre de 2019, en tanto que a la mina Fruta del Norte, entre mayo de 2015 y diciembre de 2018.
El informe DNA6-0020-2020, referido a la mina Mirador, señala que los ríos ya mencionados han sido dañados por una elevada exposición de metales como el aluminio, manganeso, hierro y otros minerales.
Lo que queda en evidencia, señala en su descargo la empresa minera, es que las concentraciones que superan los Límites Máximos Permitidos fueron registradas desde mucho antes que se empezara a realizar actividades de remoción de tierras, en 2015; o actividades de producción minera, cuyo inicio fue en julio del 2019.
Es decir que las alteraciones de los metales asociados a la mineralización del pórfido de cobre, tanto en los drenajes que atraviesan el yacimiento, como en sus alrededores, se presentan de forma natural, en concentraciones mayores.
Los operadores de la mina Mirador sostienen que es importante destacar que sin haber existido actividades minero metalúrgicas durante los años 2004-2018, ya se presentaban altas concentraciones por encima de los Límites Máximos Permitidos, siendo este un indicador de que es un área con presencia de metales explotables.
Las actividades mineras, como son beneficio y explotación, iniciaron en Julio de 2019, por lo que no se puede atribuir a ellas la alteración de concentración de metales.
De otro lado, Contraloría detectó falta de control por parte del Ministerio del Ambiente entre 2016 y 2019, señalando que esa cartera de Estado no exigió al concesionario que haga “las acciones correctivas”, lo que puso en riesgo a las comunidades que usan el agua de los ríos.
También determinó que EcuaCorriente construyó varias infraestructuras para el desvío del río Tundayme, sin contar con la autorización de la extinta Secretaría Nacional del Agua (Senagua).
Al respecto, señala la empresa que las obras auxiliares construidas tales como campamentos, accesos, talleres, cunetas, entre otras, al ser parte de la Relavera Tundayme, no requieren permiso por parte de Senagua.
De otro lado, agrega la minera, hasta el momento no se ha realizado el desvío físico del río Tundayme, que requiere el permiso de Senagua. La empresa inició la construcción de obras hidráulicas para la captación y conducción de aguas para el desvío, en enero de 2020; el permiso de Senagua se obtuvo el 26 de diciembre de 2019, y en la actualidad se construyen las obras de desvío del río.
En su informe, Contraloría determina además que los monitoreos y auditorías ambientales realizadas por EcuaCorriente a las fases de explotación y beneficio del proyecto Mirador, entre 2015 y 2017, ocurrieron sin autorización del Ministerio del Ambiente.
En este punto la Mina señala que dentro del marco legal vigente no se menciona que los monitoreos y auditorias requieran de una autorización por parte de la Autoridad Ambiental, puesto que no es una actividad solicitada por la empresa.
“Sin embargo, la empresa cumple con todas las obligaciones ambientales adquiridas mediante las licencias ambientales, planes de manejo ambiental y las exigidas por la legislación ambiental vigente, las mismas que nos permite mitigar los impactos y mantener las condiciones naturales de la zona”, sostiene Ecuacorriente S.A.
Por su parte, Lundin Gold también ha dado a conocer su posición sobre el examen realizado por la Contraloría General del Estado; el cual concluyó que los valores de concentración de cobre y de hierro en el río Machinaza excedieron en 230% y 805%, respectivamente, en comparación con los valores determinados en la línea base del estudio ambiental del proyecto.
El informe DNA6-0017-2020 señala que en Fruta del Norte también se detectaron altas concentraciones de cobalto, zinc, aluminio, hierro y cobre.
Voceros de Lundin sostienen que “el informe preliminar, cuyos hallazgos respecto a los valores excedentes de concentración de cobre y de hierro en el río Machinaza se pretenden dar por ciertos, es como se indica, “preliminar”".
Lundin agrega que desconoce la metodología usada por la Contraloría que, supuestamente, determinó porcentajes de excedencias al revisar los resultados reportados a la autoridad y compararlos con la línea base del Estudio de Impacto Ambiental.
“Es importante señalar que, la CGE no es una entidad con competencias en materia ambiental y no tiene facultades para ello, por lo cual esa cuantificación realizada siempre merecerá un análisis contrastado y específico de parte de técnicos especializados”, explica Ron Hochstein, presidente ejecutivo de Lundin Gold.
Por otro lado, de acuerdo con la regulación nacional ambiental, “Línea base: denota el estado de un sistema en un momento en particular, antes de un cambio posterior. Se define como las condiciones en el momento de la investigación dentro de un área que pueda estar influenciada por actividades industriales o humanas”. Es decir, se trata de un valor referencial, de una instantánea, toda vez que está sujeto a condiciones cambiantes, por lo que no puede ser considerado como un límite máximo permisible o un criterio de calidad.
La minera considera importante señalar que Lundin Gold cumple con los criterios de calidad definidos para el uso asignado al río Machinaza, el cual recibe varios efluentes de distintas fuentes y procedencia.
Lundin Gold remarca que la regulación ambiental no hace referencias a incumplimientos por excedencias en las concentraciones con respecto a la línea base. Es decir, la comparación con la línea base no tiene ningún valor legal, pues no es eso lo que establece la norma vigente.
Viceministro de Minas: No hay fondos para terminar el catastro
Agosto 23 de 2020.- El viceministro de Minas, Fernando Benalcazar, sostuvo que la apertura del catastro minero para el cuarto trimestre de este año era un tema que él veía como “muy difícil” y explicó que ello se debía a un “tema de asignación de fondos”.
La apertura del catastro es un como un cuento de nunca acabar. El proyecto del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables “Fortalecimiento de la Gestión del Catastro Minero”, que contaba con el apoyo del Banco Mundial desde mayo de 2019 y cuya primera parte se completó en diciembre de ese año, continúa sin los recursos necesarios para la ejecución de la segunda etapa.
En la primera etapa, a través de fondos no reembolsables proporcionados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Viceministerio de Minas viabilizó la contratación del personal técnico para la implementación de la primera parte del plan de acción de este proyecto consistente en la depuración del catastro.
El 21 de marzo de 2020, el viceministro Benalcázar en respuesta a un cuestionario de VÏa Minera manifestó que “La segunda fase para concluir con la gestión de las situaciones encontradas en la primera fase es nuestra prioridad número uno”.
Al completar la segunda fase se supone que el Ministerio contará con un sistema de gestión minera fortalecido que dispondrá de un nuevo software cargado con una base de datos completamente depurada, soportados en una plataforma digital dedicada expresamente al manejo del catastro y con instructivos para el manejo de acuerdo con estándares definidos por la consultoría previa que evaluó el Sistema de Gestión Minera, del Banco Mundial.
De acuerdo a lo entonces dicho por el Viceministro, la segunda fase estaba siendo considerada para un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que estaría disponible a tiempo para que se pueda prever la apertura del catastro minero para el tercer trimestre de este mismo año 2020, previo a cumplir con todo el plan de trabajo propuesto por la consultoría de Banco Mundial.
Durante la pandemia, consultado sobre la fecha de reapertura del catastro en varias ocasiones, la autoridad manifestó que el proceso ha sufrido retrasos debido a la situación de emergencia sanitaria, y anunció la postergación de la reapertura para el cuarto trimestre. La semana pasada, en cambio, anunció la dificultad de que se cumpla ese plazo.
Esta fue su declaración literal: "...no quiero generar falsas expectativas. En nuestra planificación el catastro minero está previsto para finales de este año. Este momento, a esta hora, les puedo decir que le veo muy difícil que el catastro minero abramos en el último trimestre de este año por un tema de asignación de fondos. Estamos con la fase uno del proyecto reapertura catastro minero terminada, pero la fase dos que es la depuración... la asignación de fondos se ha visto comprometida por la situación fiscal del país y la necesidad de asignar los mismos para el tema del control de la pandemia. El día que yo tenga los fondos asignados necesitamos cuatro meses y medio para poder reabrir el catastro".
Las expresiones del viceministro Benalcázar fueron vertidas el 19 de agosto en el programa del portal Petroenergía que conduce la periodista Susana Naranjo.
La apertura del catastro es un como un cuento de nunca acabar. El proyecto del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables “Fortalecimiento de la Gestión del Catastro Minero”, que contaba con el apoyo del Banco Mundial desde mayo de 2019 y cuya primera parte se completó en diciembre de ese año, continúa sin los recursos necesarios para la ejecución de la segunda etapa.
En la primera etapa, a través de fondos no reembolsables proporcionados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Viceministerio de Minas viabilizó la contratación del personal técnico para la implementación de la primera parte del plan de acción de este proyecto consistente en la depuración del catastro.
El 21 de marzo de 2020, el viceministro Benalcázar en respuesta a un cuestionario de VÏa Minera manifestó que “La segunda fase para concluir con la gestión de las situaciones encontradas en la primera fase es nuestra prioridad número uno”.
Al completar la segunda fase se supone que el Ministerio contará con un sistema de gestión minera fortalecido que dispondrá de un nuevo software cargado con una base de datos completamente depurada, soportados en una plataforma digital dedicada expresamente al manejo del catastro y con instructivos para el manejo de acuerdo con estándares definidos por la consultoría previa que evaluó el Sistema de Gestión Minera, del Banco Mundial.
De acuerdo a lo entonces dicho por el Viceministro, la segunda fase estaba siendo considerada para un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que estaría disponible a tiempo para que se pueda prever la apertura del catastro minero para el tercer trimestre de este mismo año 2020, previo a cumplir con todo el plan de trabajo propuesto por la consultoría de Banco Mundial.
Durante la pandemia, consultado sobre la fecha de reapertura del catastro en varias ocasiones, la autoridad manifestó que el proceso ha sufrido retrasos debido a la situación de emergencia sanitaria, y anunció la postergación de la reapertura para el cuarto trimestre. La semana pasada, en cambio, anunció la dificultad de que se cumpla ese plazo.
Esta fue su declaración literal: "...no quiero generar falsas expectativas. En nuestra planificación el catastro minero está previsto para finales de este año. Este momento, a esta hora, les puedo decir que le veo muy difícil que el catastro minero abramos en el último trimestre de este año por un tema de asignación de fondos. Estamos con la fase uno del proyecto reapertura catastro minero terminada, pero la fase dos que es la depuración... la asignación de fondos se ha visto comprometida por la situación fiscal del país y la necesidad de asignar los mismos para el tema del control de la pandemia. El día que yo tenga los fondos asignados necesitamos cuatro meses y medio para poder reabrir el catastro".
Las expresiones del viceministro Benalcázar fueron vertidas el 19 de agosto en el programa del portal Petroenergía que conduce la periodista Susana Naranjo.
Ecuador avanza a la lniciativa EITI
Agosto 16 de 2020.- Como informamos la semana pasada (Vía Minera No. 56) fue presentada oficialmente, la candidatura de Ecuador a la Iniciativa EITI y según las estimaciones realizadas, se espera que en octubre de este año la junta internacional apruebe la adhesión del país a dicha organización.
El 14 de agosto el viceministro de Minas y Champion de la iniciativa en Ecuador, Fernando Benalcázar, envió una carta a la presidenta internacional de Eiti, Helen Clark, presentándole el Plan de Trabajo y la solicitud para que Ecuador se integre, formalmente como país candidato a la iniciativa por la transparencia en las industrias extractivas. Según el Viceministro el gobierno, la sociedad civil y las empresas extractivas reconocen la necesidad de que el país esté a la altura de los estándares globales en los asuntos de transparencia.
¿Transparencia en la industria?
Vale señalar que Vía Minera entregó hace mes y medio un bloque de 12 preguntas a la entonces flamante presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería de Ecuador, María Eulalia Silva, para que de ese grupo ella elija, según su criterio, las dos o tres preguntas en las que se sienta más cómoda dando su opinión.
Entendíamos que así ella escogería las que sean más fáciles de atender (eso lo hacemos también con las autoridades porque comprendemos su tendencia a esquivar aspectos sensibles de la coyuntura) y todos podríamos conocer a tiempo sus reflexiones. Sin embargo, no ha sido así. Y esa situación, tratándose de la vocera del sector minero, compromete la transparencia de la que tanto se habla.
Hemos tomado en consideración los diversos atenuantes que pudieran existir como justificación al silencio frente a temas sectoriales complejos.
Seguimos sin conocer sus puntos de vista en torno a problemas coyunturales para la industria, pero debe haber cierta correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace en materia de voluntad para cumplir con la Iniciativa EITI.
Suponemos que nunca vamos a recibir su respuesta a nuestras preguntas sobre transparencia y, a estar alturas, tampoco son relevantes. Las transcribimos por dejar en evidencia que en un momento creímos en la capacidad del mencionado personaje para resolver al menos tres de las doce preguntas formuladas.
Como dijimos, algunas estaban vinculadas con la Iniciativa EITI. Ellas eran:
¿Está de acuerdo con el cumplimiento de algunos de los estándares EITI como la transparencia en cuanto a los contratos y la titularidad de los beneficiarios reales de la actividad minera? Si la respuesta es positiva, ¿la CME no podría dar un paso adelante publicando los contratos firmados por sus empresas afiliadas?
¿Estaría de acuerdo con que el Grupo de la Sociedad Civil incluya a representantes de las organizaciones de las provincias productoras?
¿Cree usted que deben participar organizaciones empresariales de los sectores de la pequeña y mediana minería?
El 14 de agosto el viceministro de Minas y Champion de la iniciativa en Ecuador, Fernando Benalcázar, envió una carta a la presidenta internacional de Eiti, Helen Clark, presentándole el Plan de Trabajo y la solicitud para que Ecuador se integre, formalmente como país candidato a la iniciativa por la transparencia en las industrias extractivas. Según el Viceministro el gobierno, la sociedad civil y las empresas extractivas reconocen la necesidad de que el país esté a la altura de los estándares globales en los asuntos de transparencia.
¿Transparencia en la industria?
Vale señalar que Vía Minera entregó hace mes y medio un bloque de 12 preguntas a la entonces flamante presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería de Ecuador, María Eulalia Silva, para que de ese grupo ella elija, según su criterio, las dos o tres preguntas en las que se sienta más cómoda dando su opinión.
Entendíamos que así ella escogería las que sean más fáciles de atender (eso lo hacemos también con las autoridades porque comprendemos su tendencia a esquivar aspectos sensibles de la coyuntura) y todos podríamos conocer a tiempo sus reflexiones. Sin embargo, no ha sido así. Y esa situación, tratándose de la vocera del sector minero, compromete la transparencia de la que tanto se habla.
Hemos tomado en consideración los diversos atenuantes que pudieran existir como justificación al silencio frente a temas sectoriales complejos.
Seguimos sin conocer sus puntos de vista en torno a problemas coyunturales para la industria, pero debe haber cierta correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace en materia de voluntad para cumplir con la Iniciativa EITI.
Suponemos que nunca vamos a recibir su respuesta a nuestras preguntas sobre transparencia y, a estar alturas, tampoco son relevantes. Las transcribimos por dejar en evidencia que en un momento creímos en la capacidad del mencionado personaje para resolver al menos tres de las doce preguntas formuladas.
Como dijimos, algunas estaban vinculadas con la Iniciativa EITI. Ellas eran:
¿Está de acuerdo con el cumplimiento de algunos de los estándares EITI como la transparencia en cuanto a los contratos y la titularidad de los beneficiarios reales de la actividad minera? Si la respuesta es positiva, ¿la CME no podría dar un paso adelante publicando los contratos firmados por sus empresas afiliadas?
¿Estaría de acuerdo con que el Grupo de la Sociedad Civil incluya a representantes de las organizaciones de las provincias productoras?
¿Cree usted que deben participar organizaciones empresariales de los sectores de la pequeña y mediana minería?
Viceministro Benalcázar: Ya está listo el Plan
Agosto 17 de 2020.- El viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, salió hoy lunes 17 al frente de la ola de rumores que ha levantado el sucesivo anuncio, tres veces incumplido, de la presentación oficial del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020 – 2030, PNDSM.
Dijo el Viceministro que el PNDSM está ya listo y será presentado oficialmente en los próximos días. Explicó que está en correspondencia con lo que estipula la Política Nacional Minera anunciada en junio del año pasado y alineada con el Plan Nacional de Desarrollo “Toda una vida”.
Agregó que tiene seis ejes: el económico, el ambiental y social, el de investigación y desarrollo, el de gestión y administración, el de combate a la minería ilegal y el de mantener una normativa que sea atractiva para la inversión.
Más adelante, el ingeniero Benalcázar señaló que el PNDSM es muy importante para que la sociedad en su conjunto, sepa cuáles son los planes que tiene el Estado para la siguiente década en asuntos de la minería.
Al referirse al sustento que tienen los planes en el campo económico, sostuvo que el PNDSM se apoya en la pequeña y mediana minería, en la gran minería y en los proyectos que se transformarán en minas en la próxima década. Sin precisar cuáles serían, dijo que al menos cinco entrarán en producción en los próximos años.
Fue durante la entrevista que sostuvo hoy lunes 17 de agosto con los periodistas Ramiro Díaz y Jorge Iñacato de Radio América.
Dijo el Viceministro que el PNDSM está ya listo y será presentado oficialmente en los próximos días. Explicó que está en correspondencia con lo que estipula la Política Nacional Minera anunciada en junio del año pasado y alineada con el Plan Nacional de Desarrollo “Toda una vida”.
Agregó que tiene seis ejes: el económico, el ambiental y social, el de investigación y desarrollo, el de gestión y administración, el de combate a la minería ilegal y el de mantener una normativa que sea atractiva para la inversión.
Más adelante, el ingeniero Benalcázar señaló que el PNDSM es muy importante para que la sociedad en su conjunto, sepa cuáles son los planes que tiene el Estado para la siguiente década en asuntos de la minería.
Al referirse al sustento que tienen los planes en el campo económico, sostuvo que el PNDSM se apoya en la pequeña y mediana minería, en la gran minería y en los proyectos que se transformarán en minas en la próxima década. Sin precisar cuáles serían, dijo que al menos cinco entrarán en producción en los próximos años.
Fue durante la entrevista que sostuvo hoy lunes 17 de agosto con los periodistas Ramiro Díaz y Jorge Iñacato de Radio América.
Nuevo instructivo sobre permisos en la minería artesanal
Agosto 16 de 2020.- La semana que pasó se publicó el Acuerdo No. MERNNR-MERNNR-2020-0045-AM que aprueba el “Instructivo para el otorgamiento, administración y extinción de permisos para realizar actividades de minería artesanal y de sustento de minerales metálicos y no metálicos”.
El dispositivo alcanza a quienes deseen trabajar en la minería artesanal y de sustento de manera individual, familiar o asociativa, define conceptos técnicos como área de actividades mineras artesanales, beneficio, depósito, minerales metálicos, no metálicos, minería aluvial, a cielo abierto, subterránea, etc.
Señala también cuál es el procedimiento para el otorgamiento de permisos, cuáles son los requisitos para solicitarlos y todo lo relacionado con la administración y renovación de los permisos.
El tema de la extinción de los permisos y los vencimientos de los plazos, así como de la renuncia a ellos es también abordado en los artículos de esta norma, que tiene tres disposiciones generales, cinco transitorias, una disposición que deroga el antiguo “Instructivo para el Otorgamiento de Permisos para realizar Labores de Minería Artesanal y de Sustento” publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 531 de 09 de septiembre de 2011 y sus reformas y dos disposiciones finales, una de las cuales señala que su vigencia es a partir del 11 de agosto del 2020.
El dispositivo alcanza a quienes deseen trabajar en la minería artesanal y de sustento de manera individual, familiar o asociativa, define conceptos técnicos como área de actividades mineras artesanales, beneficio, depósito, minerales metálicos, no metálicos, minería aluvial, a cielo abierto, subterránea, etc.
Señala también cuál es el procedimiento para el otorgamiento de permisos, cuáles son los requisitos para solicitarlos y todo lo relacionado con la administración y renovación de los permisos.
El tema de la extinción de los permisos y los vencimientos de los plazos, así como de la renuncia a ellos es también abordado en los artículos de esta norma, que tiene tres disposiciones generales, cinco transitorias, una disposición que deroga el antiguo “Instructivo para el Otorgamiento de Permisos para realizar Labores de Minería Artesanal y de Sustento” publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 531 de 09 de septiembre de 2011 y sus reformas y dos disposiciones finales, una de las cuales señala que su vigencia es a partir del 11 de agosto del 2020.
Ecuador da un paso más al EITI
Agosto 9 de 2020.- El próximo viernes 14 debe presentarse, oficialmente, la candidatura de Ecuador a la Iniciativa EITI y, según las estimaciones realizadas, se espera que en octubre de este año la junta internacional apruebe la adhesión del país a dicha organización.
En ese camino, la semana pasada se reunió el “Grupo Multipartícipe”, es decir, la instancia formada por representantes del gobierno, de algunas empresas mineras y otras petroleras y algunas ONG quiteñas; para aprobar el Plan de Trabajo agosto 2020 - diciembre 2022; y el Reglamento de Operación del grupo.
Respecto del plan, elaborado con el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés), tiene como objetivos principales lograr la adhesión del Ecuador al Estándar EITI; fortalecer la Iniciativa EITI procurando su sostenibilidad y transparentar la información sobre industrias extractivas.
Fortalecer la divulgación sistemática de la información y vincular transparencia con desarrollo son también otros de los objetivos trazados en el plan.
El documento considera como temas relevantes de su trabajo las acciones para lograr que se conozca quiénes son los beneficiarios reales, es decir, los verdaderos propietarios de las empresas mineras y petroleras que operan en el país. La divulgación de los contratos que dichas empresas han firmado es también una de las tareas centrales que se han planteado.
En cuanto al monto requerido para la ejecución del plan, se ha estimado en US$ 250.000 dólares anuales, de los cuales cien mil son para financiar el funcionamiento de la Secretaria Técnica y entre 30 y 50 mil para el plan de comunicación.
El grupo estima que con el Plan de Trabajo y su Reglamento de Operación ya está completa la documentación que debe sustentar la candidatura de Ecuador al EITI.
En ese camino, la semana pasada se reunió el “Grupo Multipartícipe”, es decir, la instancia formada por representantes del gobierno, de algunas empresas mineras y otras petroleras y algunas ONG quiteñas; para aprobar el Plan de Trabajo agosto 2020 - diciembre 2022; y el Reglamento de Operación del grupo.
Respecto del plan, elaborado con el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés), tiene como objetivos principales lograr la adhesión del Ecuador al Estándar EITI; fortalecer la Iniciativa EITI procurando su sostenibilidad y transparentar la información sobre industrias extractivas.
Fortalecer la divulgación sistemática de la información y vincular transparencia con desarrollo son también otros de los objetivos trazados en el plan.
El documento considera como temas relevantes de su trabajo las acciones para lograr que se conozca quiénes son los beneficiarios reales, es decir, los verdaderos propietarios de las empresas mineras y petroleras que operan en el país. La divulgación de los contratos que dichas empresas han firmado es también una de las tareas centrales que se han planteado.
En cuanto al monto requerido para la ejecución del plan, se ha estimado en US$ 250.000 dólares anuales, de los cuales cien mil son para financiar el funcionamiento de la Secretaria Técnica y entre 30 y 50 mil para el plan de comunicación.
El grupo estima que con el Plan de Trabajo y su Reglamento de Operación ya está completa la documentación que debe sustentar la candidatura de Ecuador al EITI.
Por “inusual persecución” en su contra Hanrine se va a tribunales norteamericanos
Agosto 9 de 2020.- Hanrine Exploration & Mining del Ecuador informó el pasado 7 de agosto que había contratado a Kroll Associates para investigar a “dos altos funcionarios públicos, un estudio jurídico de la ciudad de Quito y un medio de comunicación en esta ciudad, por su indebida y estrecha relación, incluso familiar, entre ellos, en la inusual persecución en contra de Hanrine, sus empleados, contratistas y asesores jurídicos”.
Hablar de Kroll Associates en el mundo de las investigaciones es asunto serio. Con más de 4000 empleados, abundantes ex agentes del FBI, la CIA y de otras agencias de espionaje, en Rusia, el Reino Unido, Mozambique, Japón o la China, sus funcionarios se han especializado en delitos de cuello blanco. Han espiado a ministros del gobierno de Lula da Silva, legisladores y periodistas mexicanos, políticos argentinos, ex mandatarios peruanos, líderes sindicales de diversas tendencias y en fin, a todo lo que le incumbe y a todo lo que no le incumbe a un buen servicio de inteligencia.
En Ecuador investigarán quiénes están detrás de la “campaña orquestada de desinformación y difamación, que pretende continuar en los próximos días, en contra del representante en Ecuador de la empresa Hanrine a nivel personal y corporativo, a quien vulneraron y continúan vulnerando sus derechos fundamentales y garantías constitucionales”.
De la mano de Hanrine, Kroll extiende la suya para hacer uso de una norma que penaliza actos cometidos fuera de Estados Unidos contra personas naturales o jurídicas que posean vínculos directos con este país. Globalizados los mercados, las operaciones mineras y sobre todo, el dólar norteamericano, las leyes nacionales degeneran y dejan a los ciudadanos de otros países sometidos a leyes bajo criterios de la justicia norteamericana.
Hablar de Kroll Associates en el mundo de las investigaciones es asunto serio. Con más de 4000 empleados, abundantes ex agentes del FBI, la CIA y de otras agencias de espionaje, en Rusia, el Reino Unido, Mozambique, Japón o la China, sus funcionarios se han especializado en delitos de cuello blanco. Han espiado a ministros del gobierno de Lula da Silva, legisladores y periodistas mexicanos, políticos argentinos, ex mandatarios peruanos, líderes sindicales de diversas tendencias y en fin, a todo lo que le incumbe y a todo lo que no le incumbe a un buen servicio de inteligencia.
En Ecuador investigarán quiénes están detrás de la “campaña orquestada de desinformación y difamación, que pretende continuar en los próximos días, en contra del representante en Ecuador de la empresa Hanrine a nivel personal y corporativo, a quien vulneraron y continúan vulnerando sus derechos fundamentales y garantías constitucionales”.
De la mano de Hanrine, Kroll extiende la suya para hacer uso de una norma que penaliza actos cometidos fuera de Estados Unidos contra personas naturales o jurídicas que posean vínculos directos con este país. Globalizados los mercados, las operaciones mineras y sobre todo, el dólar norteamericano, las leyes nacionales degeneran y dejan a los ciudadanos de otros países sometidos a leyes bajo criterios de la justicia norteamericana.
En efecto, tal como nos lo recuerda el boletín de Hanrine, “Campañas fraudulentas de desinformación, que pretenden generar una opinión sesgada y falsa sobre una empresa, representada por un ciudadano norteamericano, abusando de las atribuciones de la ley y con la participación de funcionarios públicos que utilizan el poder para estos fines, es un delito en los Estados Unidos de Norteamérica, que se encuentra bajo conocimiento de las autoridades competentes de ese país y que está sancionado, entre otras leyes, por la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA”.
Nos escriben... y contestamos
Ex gerente de ENAMI dice que respondió a Hanrine
Agosto 9 de 2020.- El día lunes 03 de agosto de 2020 circuló por redes sociales, particularmente en Whatsapp y su página web su Boletín No. 55 en donde se puede leer un artículo titulado “Detienen y liberan al gerente de Hanrine”. En este artículo, específicamente en la Pág. 4, párrafos 3 y 4, su medio digital menciona mi nombre como cito a continuación: “(…) CEO de Hancock Prospecting Pty Ltd. HPPL, envió una carta al entonces gerente general de la Enami, Raul Brito, diciéndole que quería comprar la participación de la empresa estatal ecuatoriana en el proyecto LLurimagua (…). No obtuvo respuesta pero tampoco se desanimó (…)”
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Por el nombre y cargo mencionados en su medio, es evidente que su medio se refiere a mi persona. No obstante, debo indicar que respecto a la afirmación que “No obtuvo respuesta”, no es una afirmación veraz ni contrastada, pues sobre el tema que allí se menciona, en el año 2017 donde ejercí la función pública de Gerente General de la ENAMI EP, se respondió oficialmente al comunicado de Hancock Prospecting Pty Ltd. con fecha 27 de noviembre de 2017 y se remitió copias de este documento oficial al señor Presidente de la República, al señor Ministro de Minería y otras altas autoridades, y este documento reposa en los archivos de la empresa ENAMI EP.
Por lo tanto, en ejercicio de mis derechos garantizados en la Constitución de la República, solicito a su medio Vía Minera de la manera más cordial la RECTIFICACIÓN de esta información conforme establece claramente el Artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación vigente, con el fin de no vulnerar mi buen nombre y mi desempeño en un cargo público temporal que ya no ejerzo, pero como todo servidor público, era mi responsabilidad atender las comunicaciones que en el ámbito de mis competencias me realizaba la ciudadanía. Ing. Raúl Brito Morales.
Cumplimos, ingeniero Brito. De paso le decimos que para contar con información veraz y contrastada, como usted señala, esperábamos ver la carta que usted dice que se envió a Hancock. Pero tranquilo, entendemos…
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Por el nombre y cargo mencionados en su medio, es evidente que su medio se refiere a mi persona. No obstante, debo indicar que respecto a la afirmación que “No obtuvo respuesta”, no es una afirmación veraz ni contrastada, pues sobre el tema que allí se menciona, en el año 2017 donde ejercí la función pública de Gerente General de la ENAMI EP, se respondió oficialmente al comunicado de Hancock Prospecting Pty Ltd. con fecha 27 de noviembre de 2017 y se remitió copias de este documento oficial al señor Presidente de la República, al señor Ministro de Minería y otras altas autoridades, y este documento reposa en los archivos de la empresa ENAMI EP.
Por lo tanto, en ejercicio de mis derechos garantizados en la Constitución de la República, solicito a su medio Vía Minera de la manera más cordial la RECTIFICACIÓN de esta información conforme establece claramente el Artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación vigente, con el fin de no vulnerar mi buen nombre y mi desempeño en un cargo público temporal que ya no ejerzo, pero como todo servidor público, era mi responsabilidad atender las comunicaciones que en el ámbito de mis competencias me realizaba la ciudadanía. Ing. Raúl Brito Morales.
Cumplimos, ingeniero Brito. De paso le decimos que para contar con información veraz y contrastada, como usted señala, esperábamos ver la carta que usted dice que se envió a Hancock. Pero tranquilo, entendemos…
Detienen y liberan al gerente de Hanrine
Agosto 2 de 2020.- El allanamiento del domicilio de Carlos Miguel De Miguel, gerente general de la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining S.A., su detención y liberación al día siguiente, así como la demanda que presentó en contra de la ministra del Interior, María Paula Romo y 9 funcionarios más, ocuparon parte de la atención del sector en la semana que pasó.
Hanrine es la filial ecuatoriana de Hancock Prospecting Pty, una de las gigantes mundiales del hierro y es el resultado, según el periodista australiano Michael West, de la unión de las primeras sílabas de Hancock y Rinehart. El nombre de Hanrine se formó entonces como los padres de otras regiones del mundo forman los nombres de sus hijos.
Rinehart es nada menos que Georgina Hope Rinehart, la mujer más rica del mundo según la revista «Business Review Weekly», la misma que en tiempos del ex presidente Rafael Correa adquirió diez concesiones sobre casi 20 mil hectáreas de las provincias de Imbabura, Azuay y Pichincha para explotar el oro, la plata y el cobre que se escondía en el subsuelo de la zona.
Más exactamente, Hanrine se comprometió a invertir más de 200 millones de dólares en cuatro años para extraer el mineral que hay en la zona de Buenos Aires.
Volviendo a Carlos Miguel De Miguel, su domicilio en Tumbaco, al nororiente de Quito, fue allanado la mañana del 26 de julio por efectivos de la Unidad de Delitos con Armas de la Policía Nacional quienes, al revisar la casa, le encontraron tres pistolas, dos fusiles, un rifle de uso especializado, 19 alimentadoras y 9.500 municiones.
Eso era un arsenal para los policías y así lo informaron a la prensa. De inmediato trasladaron a De Miguel a la Unidad de Flagrancia donde lo esperaba, porque estaba de turno, la jueza Geovanna Palacios, la misma que luego de la audiencia lo dejó en libertad y le abrió una investigación por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego.
Para el mayor Patricio Gaibor, jefe de la Unidad de Delitos con Armas (Uiam), De Miguel no justificó el origen del arsenal. Para el abogado del empresario, Marcelo Salvador, todo ese material tenía licencias en trámite y era para uso deportivo y para entrenamiento.
Salvador dijo también que todas las armas no son de fuego, que una es sólo una escopeta de aire y otra es una pistola trazadora de señales de láser.
El hecho es que la liberación de su defendido provocó la reacción de la ministra María Paula Romo y de otros magistrados que inmediatamente abrieron una investigación contra la jueza Palacios. De Miguel, por su parte, no se quedó con las manos quietas y a través de sus abogados denunció penalmente a la ministra, a miembros de la Policía, de la Fiscalía y a un juez de flagrancia, por “fraude procesal”.
Hasta allí habían avanzado las querellas al cierre de esta edición. La ministra Romo aprovechó su paso por una ceremonia para decir que ella se presentará en el proceso, que comparecerá y responderá para que la investigación se dirija en donde tiene que estar, “en los investigados y no en los investigadores”.
Han salido, asimismo, algunas vinculaciones empresariales de De Miguel con el gobierno anterior y el caso de Julian Assange. En las redes sociales voceros de la pequeña minería han aprovechado esta coyuntura para acusarlo a él y a otros ejecutivos de Hanrine de haberlos engañado y de no cumplir con su promesa de darles 300 hectáreas de las 20 mil que tiene en la zona de Buenos Aires.
Como se sabe, Buenos Aires contiene áreas de una rica mineralización. Está a 10 kilómetros del proyecto Cascabel cuyo depósito más conocido, llamado Alpala, contiene vetas de altísima ley. Está también cerca del proyecto Llurimagua, cuyo desarrollo está a cargo de una sociedad entre las estatales Enami de Ecuador, quien tiene el 51 por ciento de las acciones; y Codelco de Chile, quien tiene el 49 por ciento restante.
Llurimaga volvió al centro del interés hace unos días cuando se supo que el Estado ecuatoriano había decidido vender su parte en la sociedad que tendría que formar con Codelco. No se conocían los detalles de la subasta ni el mecanismo que seguiría el Estado para maximizar sus ingresos por la venta de sus acciones, pero Llurimagua estaba otra vez en la mira del sector.
También en la de Hanrine. Hace tres años, Garry Korte, CEO de Hancock Prospecting Pty Ltd., HPPL, envió una carta al entonces gerente general de Enami, Raúl Brito, diciéndole que quería comprar la participación de la empresa estatal ecuatoriana en el proyecto Llurimagua.
No obtuvo respuesta pero tampoco se desanimó. En marzo del año pasado, en plena escasez de efectivo para el gobierno, se dirigió directamente al presidente Lenin Moreno y, simultáneamente, a otras autoridades, casi en el mismo tono, es decir, ofreciendo pagar no sólo lo que ellos consideraban que costaba Llurimagua sino comprar, casi al contado, todas las concesiones que en ese momento tenía la estatal minera ecuatoriana.
Ni antes ni después de su detención De Miguel se ha comunicado con la prensa. Lo único que ha trascendido es que para él la incursión a su casa y detención temporal es un ataque premeditado para bloquear sus actividades como gerente de la empresa a la que representa "por claros y evidentes intereses particulares de la ministra que en su momento tendrá que explicarlos al país".
Hanrine es la filial ecuatoriana de Hancock Prospecting Pty, una de las gigantes mundiales del hierro y es el resultado, según el periodista australiano Michael West, de la unión de las primeras sílabas de Hancock y Rinehart. El nombre de Hanrine se formó entonces como los padres de otras regiones del mundo forman los nombres de sus hijos.
Rinehart es nada menos que Georgina Hope Rinehart, la mujer más rica del mundo según la revista «Business Review Weekly», la misma que en tiempos del ex presidente Rafael Correa adquirió diez concesiones sobre casi 20 mil hectáreas de las provincias de Imbabura, Azuay y Pichincha para explotar el oro, la plata y el cobre que se escondía en el subsuelo de la zona.
Más exactamente, Hanrine se comprometió a invertir más de 200 millones de dólares en cuatro años para extraer el mineral que hay en la zona de Buenos Aires.
Volviendo a Carlos Miguel De Miguel, su domicilio en Tumbaco, al nororiente de Quito, fue allanado la mañana del 26 de julio por efectivos de la Unidad de Delitos con Armas de la Policía Nacional quienes, al revisar la casa, le encontraron tres pistolas, dos fusiles, un rifle de uso especializado, 19 alimentadoras y 9.500 municiones.
Eso era un arsenal para los policías y así lo informaron a la prensa. De inmediato trasladaron a De Miguel a la Unidad de Flagrancia donde lo esperaba, porque estaba de turno, la jueza Geovanna Palacios, la misma que luego de la audiencia lo dejó en libertad y le abrió una investigación por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego.
Para el mayor Patricio Gaibor, jefe de la Unidad de Delitos con Armas (Uiam), De Miguel no justificó el origen del arsenal. Para el abogado del empresario, Marcelo Salvador, todo ese material tenía licencias en trámite y era para uso deportivo y para entrenamiento.
Salvador dijo también que todas las armas no son de fuego, que una es sólo una escopeta de aire y otra es una pistola trazadora de señales de láser.
El hecho es que la liberación de su defendido provocó la reacción de la ministra María Paula Romo y de otros magistrados que inmediatamente abrieron una investigación contra la jueza Palacios. De Miguel, por su parte, no se quedó con las manos quietas y a través de sus abogados denunció penalmente a la ministra, a miembros de la Policía, de la Fiscalía y a un juez de flagrancia, por “fraude procesal”.
Hasta allí habían avanzado las querellas al cierre de esta edición. La ministra Romo aprovechó su paso por una ceremonia para decir que ella se presentará en el proceso, que comparecerá y responderá para que la investigación se dirija en donde tiene que estar, “en los investigados y no en los investigadores”.
Han salido, asimismo, algunas vinculaciones empresariales de De Miguel con el gobierno anterior y el caso de Julian Assange. En las redes sociales voceros de la pequeña minería han aprovechado esta coyuntura para acusarlo a él y a otros ejecutivos de Hanrine de haberlos engañado y de no cumplir con su promesa de darles 300 hectáreas de las 20 mil que tiene en la zona de Buenos Aires.
Como se sabe, Buenos Aires contiene áreas de una rica mineralización. Está a 10 kilómetros del proyecto Cascabel cuyo depósito más conocido, llamado Alpala, contiene vetas de altísima ley. Está también cerca del proyecto Llurimagua, cuyo desarrollo está a cargo de una sociedad entre las estatales Enami de Ecuador, quien tiene el 51 por ciento de las acciones; y Codelco de Chile, quien tiene el 49 por ciento restante.
Llurimaga volvió al centro del interés hace unos días cuando se supo que el Estado ecuatoriano había decidido vender su parte en la sociedad que tendría que formar con Codelco. No se conocían los detalles de la subasta ni el mecanismo que seguiría el Estado para maximizar sus ingresos por la venta de sus acciones, pero Llurimagua estaba otra vez en la mira del sector.
También en la de Hanrine. Hace tres años, Garry Korte, CEO de Hancock Prospecting Pty Ltd., HPPL, envió una carta al entonces gerente general de Enami, Raúl Brito, diciéndole que quería comprar la participación de la empresa estatal ecuatoriana en el proyecto Llurimagua.
No obtuvo respuesta pero tampoco se desanimó. En marzo del año pasado, en plena escasez de efectivo para el gobierno, se dirigió directamente al presidente Lenin Moreno y, simultáneamente, a otras autoridades, casi en el mismo tono, es decir, ofreciendo pagar no sólo lo que ellos consideraban que costaba Llurimagua sino comprar, casi al contado, todas las concesiones que en ese momento tenía la estatal minera ecuatoriana.
Ni antes ni después de su detención De Miguel se ha comunicado con la prensa. Lo único que ha trascendido es que para él la incursión a su casa y detención temporal es un ataque premeditado para bloquear sus actividades como gerente de la empresa a la que representa "por claros y evidentes intereses particulares de la ministra que en su momento tendrá que explicarlos al país".
¡No tenemos el plan...!
Julio 26 de 2020.- ¿Recuerdan lo felices que estuvimos cuando salió el acuerdo ministerial con el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero?
Teníamos sobrados motivos para estarlo. Conocemos del talento indudable que caracteriza a nuestras autoridades y de cómo sus pares de otros países, de Chile, sobre todo, han quedado seducidos por esa inteligencia que se nota en cada webinar… pero así es la vida. No hay plan.
La felicidad de los pobres dura poco y pasan y pasan los días sin que se cumpla el Acuerdo MERNNR- MERNNR-2020-0042-AM que, firmado por el ministro del sector, manda “publicarlo en la web y en los medios de comunicación…” En este tema, el órgano rector del sector ya va por el campeonato de natación en esta pandemia.
El presidente de la AIME, ingeniero René Ayala, cree que en tiempos de transparencia, pandemia y EITI, el plan debe ser público como lo estipula el acuerdo ministerial y que no generen incertidumbres de porqué no se publica; los funcionarios de Comunicación y Secretaría General aludidos en el acuerdo ministerial deberían hacer lo que les toca, haciendo caso al señor ministro.
Por nuestra parte, en el número anterior ofrecimos publicarlo gratis. Ya no lo haremos. Si el mundo va a quedar impresionado por la profundidad del bendito plan pues que pague para leerlo en este informativo.
Teníamos sobrados motivos para estarlo. Conocemos del talento indudable que caracteriza a nuestras autoridades y de cómo sus pares de otros países, de Chile, sobre todo, han quedado seducidos por esa inteligencia que se nota en cada webinar… pero así es la vida. No hay plan.
La felicidad de los pobres dura poco y pasan y pasan los días sin que se cumpla el Acuerdo MERNNR- MERNNR-2020-0042-AM que, firmado por el ministro del sector, manda “publicarlo en la web y en los medios de comunicación…” En este tema, el órgano rector del sector ya va por el campeonato de natación en esta pandemia.
El presidente de la AIME, ingeniero René Ayala, cree que en tiempos de transparencia, pandemia y EITI, el plan debe ser público como lo estipula el acuerdo ministerial y que no generen incertidumbres de porqué no se publica; los funcionarios de Comunicación y Secretaría General aludidos en el acuerdo ministerial deberían hacer lo que les toca, haciendo caso al señor ministro.
Por nuestra parte, en el número anterior ofrecimos publicarlo gratis. Ya no lo haremos. Si el mundo va a quedar impresionado por la profundidad del bendito plan pues que pague para leerlo en este informativo.
Sector minero ya cuenta con Plan de Desarrollo
Julio 19 de 2020.- ¿Ha escuchado hablar del Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero para el periodo del 2020 al 2030? Seguro que sí, pero hasta ahora permanece en secreto no obstante que hace casi diez días el ministro René Ortiz dispuso “a la Dirección de Comunicación Social y Secretaría General, realizar la publicación” del famoso plan.
Por lo pronto se conoce que se trata del Anexo 1 del Acuerdo Nro. MERNNR-MERNNR-2020-0042-AM y sus alcances, articulación, finalidad etc., etc., son de necesario conocimiento público. El acuerdo manda “publicarlo en la web y en los medios de comunicación que estimen convenientes” sin embargo… entendemos.
Si alguien del Ministerio lo comparte con nosotros, lo publicaremos. Completamente gratis.
Por lo pronto se conoce que se trata del Anexo 1 del Acuerdo Nro. MERNNR-MERNNR-2020-0042-AM y sus alcances, articulación, finalidad etc., etc., son de necesario conocimiento público. El acuerdo manda “publicarlo en la web y en los medios de comunicación que estimen convenientes” sin embargo… entendemos.
Si alguien del Ministerio lo comparte con nosotros, lo publicaremos. Completamente gratis.
A propósito de la Consulta previa
Alianza Estratégica de Solaris y pueblos Shuar abre nueva etapa en la Cordillera del Cóndor
Julio 12 de 2020.- La historia clásica y la historia reciente del Ecuador y gran parte del mundo están marcadas por la explotación de los recursos naturales. Ayer el petróleo y hoy la minería catalizan la incursión de ideales políticos y de esperanzas económicas, de las grandes ambiciones transnacionales y de sentimientos patrióticos que reclaman una explotación que sea la herramienta para lograr el bienestar general.
Ahora está de moda hablar de minería y muchos se presentan como expertos. Las empresas operadoras son “las más grandes del mundo” y casi todos los proyectos son “de clase mundial”. Las actividades generan conflictos que trascienden lo local y la política, esa expresión concentrada de la economía, no puede dejar de considerar el impacto que tiene y tendrá la actividad minera.
Pero ocurre que gran parte de los recursos minerales están dentro de territorios indígenas ancestrales. La inteligencia y la sensibilidad de la gente, así como la correlación de fuerzas a escala mundial, hacen más difícil las prácticas de hace 500 años en los que hasta Dios justificaba la invasión de tierras en las que había oro y plata.
Sin embargo, hay experiencias distintas que nos hablan del intento de establecer una relación distinta entre minería y pueblos indígenas. Para empezar, “Ecuador es la última oportunidad en el mundo, que le queda a la minería, para demostrar que puede ser un instrumento de progreso; contribuyendo a la prosperidad de todos, asumiendo su responsabilidad en la protección del medioambiente y velando por el bienestar de las futuras generaciones”, señala Federico G. Velásquez, vicepresidente de Operaciones de Solaris Resources.
Solaris Resources tiene a su cargo el desarrollo del Proyecto Warintza, ubicado sobre la provincia de Morona Santiago en territorios de comunidades Shuar cuya organización principal, el Consejo del Pueblo Shuar Arutam, la PSHA, tiene aprobados documentos fundacionales en los que se dice no a la actividad minera en gran escala y que “sin embargo, contempla la oportunidad de hacer estudios que permitan identificar el potencial minero de la región”, afirma Velásquez.
Solaris y las comunidades shuar Yawi y Warints, a través de un camino de reconciliación (proceso de un año, 2018) que logró ir del conflicto hacia una “Alianza Estratégica”, llevando adelante un proceso que involucra directamente a la población y encontrando en el diálogo de buena fe, la participación y la transparencia, la clave para buscar, juntos, caminos que eviten la violencia en la solución de los conflictos inherentes al choque entre dos civilizaciones: la occidental y la tradicional indígena.
Esa alianza estratégica tiene un directorio que asesora a Solaris en el desarrollo del proyecto y que inclusive, participó en la última convención más grande de la minería de esta parte del mundo, conocida como “el PDAC”, realizado en marzo de este año en Toronto, Canadá. Allí viajaron los representantes de las dos comunidades ya mencionadas.
Lo importante de esta experiencia es que la empresa Solaris entiende que la legitimad de sus actividades se basa en los permisos del Estado pero también en el apoyo de la Asamblea de los centros Shuar Yawi y Warints.
“Las asambleas son el espacio donde se toman las decisiones más importantes y en las que, junto con el directorio de la Alianza Estratégica, se adoptan acuerdos públicos y transparentes que asesoran el desarrollo del proyecto Warintza”, enfatiza Velásquez. Para el ejecutivo esa norma es algo así como el principio que hará posible una minería diferente, que se construye de cara a la gente.
El asunto es más profundo porque pareciera que ha calado hondo en la visión empresarial. Entender y aplicar que sus actividades sean entendidas, analizadas, conversadas y finalmente asesoradas por las comunidades, genera un proceso complejo pero con una fortaleza excepcional. Por eso la viabilidad del proyecto no depende de la fuerza pública. Depende del diálogo, el entendimiento y la transparencia entre la empresa y los centros Shuar.
Warintza
Warintza es uno de los proyectos menos mediáticos de la Cordillera del Cóndor. Fue descubierto por una figura icónica de la geología mundial, desaparecido hace poco y considerado en vida como “el más grande descubridor de proyectos del mundo”.
Se llamó David Lowell y su apellido está en varias empresas que exploran la Cordillera de los Andes en Perú, Chile y Argentina. En los ochenta descubrió Escondida, la mina de cobre más grande del mundo. En Chile descubrió también San Cristóbal y Leonor. En los noventa, descubrió en Perú Los Calatos y años después, Antamina y Toromocho, que ahora son soportes del auge que vive la minería peruana del cobre.
Lowell después se vino a este país y descubrió Mirador, la primera mina a gran escala de Ecuador y en lugar de cobrar en efectivo sus honorarios, pidió que le dejen explorar unos depósitos que había mirado un año antes. Eso es Warintza.
Opina Velásquez que él y sus ejecutivos no creen que estén al frente de una empresa minera. “Somos una compañía que explora. Buscamos el potencial del subsuelo y estudiamos si tiene oportunidades de convertirse en una operación minera. Por ende, nuestra obligación es aún más importante, porque si cometemos errores y no tomamos responsablemente nuestras actividades estamos comprometiendo la posibilidad que tiene nuestro sector de ofrecer una oportunidad de desarrollo del país”, sostiene.
Lowell Mineral, subsidiaria de Solaris en Ecuador, tuvo desde el año 2000 graves problemas en el proyecto Warintza ya que este se encontró en suspensión por fuerza mayor desde el 2006, por solicitud de la empresa, al no poder acceder a la concesión y mucho menos hacer exploraciones. Emociona saber, sin embargo, que en el 2019 Solaris solicitó y logró el levantamiento de dicha suspensión con el apoyo de las comunidades shuar.
En minería, una “fuerza mayor” es un periodo en el que no corre el tiempo del contrato.
“Durante esa década no se pudo entrar a la comunidad porque el relacionamiento no era el adecuado. Sin embargo, la voluntad del Estado en lo que se refiere a la política minera y el apoyo del Gobierno a nuestros esfuerzos de diálogo con las comunidades shuar, nos dio la convicción para apostar por el Ecuador y empujar hacia el acercamiento con las comunidades y con esto, el desarrollo de nuestro modelo”.
“Quisimos entender qué es lo que estaba pasando y qué es lo que había causado que un proyecto de tanto significado esté en fuerza mayor por un período de más de 12 años”, recuerda.
“Para eso, el trabajo no podía hacerse desde otra zona que no fuera en la región del proyecto. Desde marzo del 2018 enfocamos nuestro trabajo en un proceso de aprendizaje mutuo visitando a los centros shuar Yawi y Warints con la autorización de la PSHA y con la creación de una Mesa de Diálogo”.
Dos verdades, dos idiomas, dos mundos...
Velásquez señala que el aprendizaje tomó meses de almuerzos y cenas comunales, reuniones con líderes y familias, conversaciones duras, risas y tristezas. Velásquez nos comenta que llegó un momento donde logró entender que ambas partes - empresa y comunidades - tenían su propia verdad dentro de su propio mundo - estructuras de derecho versus estructuras indígenas – y, por ende, cada una válida al explicar lo sucedido.
“El Génesis teórico del problema que encontramos se originó al implementar un concepto como el de “propiedad privada” al comprar propiedades, donde la noción de “la colectividad” prepondera a la de la individualidad. Entendimos que las propiedades que se compraron tiempo atrás en la zona del proyecto, por más que contaran con la legitimidad del Derecho, carecían de la legitimidad indígena de quienes viven en esos territorios desde tiempos ancestrales. Del mismo modo, los centros shuar entendieron que el proceso que se siguió al comprar esas propiedades, en donde ellos participaron, tenía toda la legalidad que el derecho requiere”.
“Recuerdo muy bien la reunión con los líderes shuar y el momento que me dijeron: mire Federico, lo que usted propone puede llegar a ser una gran oportunidad para nosotros, pero nosotros queremos un relacionamiento genuino y sin condicionamiento. Allí, entendí el idioma colectivo indígena y la oportunidad de crear un nexus de oportunidades entre dos mundos, si una de las partes estaba dispuesta a tener fe”.
Velásquez regresó a Canadá y en un momento de lucidez colectiva, él y su directorio entendieron que no podía haber un condicionamiento entre ambas partes ni “yo te doy si tú me das”. Y fueron ellos los que decidieron dar el paso de confianza.
Comprendieron entonces que para entablar un diálogo sincero tenían que devolver los terrenos comunales sin poner ninguna condición. Asumieron eso y es a partir del momento que comunican su decisión a las autoridades indígenas que se puede hablar de un proceso de reconciliación, donde ambas partes asumieron sus responsabilidades y ofrecieron sus disculpas.
La posición de la empresa fue entendida como un gesto de humildad y de sabiduría que dio pie para un giro en la conducta de los líderes indígenas. Los que nunca tuvieron voz ante la sociedad mayor, los que ni siquiera tenían un nombre y eran simplemente “los indios shuar”, eran por fin escuchados y respetados en sus derechos. Así la relación de ambos pasó del conflicto hacia una alianza estratégica responsable con involucramiento social y con la construcción de consensos.
Como resumió Vicente Tsakimp, líder shuar de la comunidad, “lo que pasó con Lowell fue que quisieron entrar por la ventana y no por la puerta”. Quisieron pero no pudieron. Después de internalizar que los pobladores de la Amazonía no son ni menos ni más que otras personas, los mineros entendieron que el respeto a una cosmovisión distinta no es sino el principio que está en la base de una relación de buena convivencia.
“Los shuar les estamos abriendo la puerta para establecer una buena relación y trabajar juntos”, les dijo Tsakimp.
Testigos de la sabiduría amazónica
Es en este punto donde puede verse la voluntad de aprender aquello que no está en los libros ni en los manuales de relaciones comunitarias. En palabras de Velásquez, “Entendimos visiblemente lo que muchas compañías no quieren reconocer: que existe una autoridad del gobierno central representada por la ley y otra representante de los mundos aborígenes andinos o amazónicos que tenemos que escuchar, obedecer y estar dispuestos a trabajar con ella”.
La reflexión de Federico Velásquez parece tomada de un libro de antropología… él comprende ahora que muchas veces la forma en que el mundo indígena se presenta al exterior, interpretada como agresiva o autoritaria, es algo normal en el mundo de las negociaciones cuando una parte se da cuenta que la otra no valora lo que ésta puede contribuir en ese proceso.
Denostan de los indígenas quienes no han salido de su torre de marfil. “Para mí, el mundo indígena ecuatoriano está pidiendo algo que no es diferente a lo que han pedido las poblaciones africanas, las naciones indígenas canadienses o las comunidades indígenas de diferentes partes del mundo. Lo que piden es ser parte del proceso de tomar decisiones, estar involucrados, quieren entender qué significa este proceso (el minero) y ser finalmente beneficiados. Creo que tú o yo estaríamos pidiendo lo mismo de estar en sus zapatos”, sostiene.
Y agrega: “El problema no son ellos sino nosotros, que no nos hemos dado cuenta ni nos hemos tomado la molestia de escuchar y traducir a nuestro lenguaje lo que nos dicen o están pidiendo. ¿Qué haces cuando no eres escuchado? Alzas la voz”.
No hay necesidad de decir que con esa decisión Solaris ha asumido políticas que no han sucedido antes en Ecuador. Cuando decidieron devolver los terrenos sin condiciones no sabían si iban a tener un proyecto. Todavía no lo saben en realidad, porque para ello tienen que reiniciar la perforación y después de analizar esos resultados, empezar otros estudios para ver la factibilidad del negocio minero.
Es justamente en ese proceso cuando las comunidades shuar se dan cuenta de que por fin están siendo escuchados. Solaris está tratando de demostrar a las comunidades que con ellos la cosa es diferente, pues han encontrado una compañía que puede ser un aliado para poder entender lo que significa la exploración y lo que es un estudio del subsuelo.
La consulta previa, libre e informada: problema y posibilidad
Cuenta Federico Velásquez que cuando la comunidad decide firmar una Carta de Entendimiento, el pasado 23 de enero del 2019, en virtud de la cual se permite el inicio de actividades de exploración en la zona, puso a la empresa frente a una disyuntiva.
“Aquí es donde las comunidades Shuar, PSHA y Solaris proponen al Estado algo nuevamente no antes hecho: el desarrollo de un “proyecto piloto” que permita al Estado poner en prueba y analizar con las comunidades, en este caso Shuar, los mecanismos que el Estado está desarrollando para ser parte de la futura norma de consulta. Aquí ganaban todos, por un lado, el Estado podía practicar los procesos que estaba considerando y corregirlos dependiendo de los resultados del ejercicio; y las comunidades Shuar veían la involucración del Estado en el proceso.
El 10 de abril de 2019, Solaris y el Ministerio de Recursos No Renovables firman un convenio técnico para poner en práctica el proyecto piloto propuesto por PSHA, las comunidades Shuar y Solaris. “Y aquí hay algo importante que mencionar -comenta Velásquez- este proyecto piloto, no disminuye en nada las obligaciones que Solaris tenga a futuro una vez que la norma de consulta sea finalmente regularizada. Es decir, Solaris acatará cualquier proceso que la futura norma disponga”.
El proyecto piloto de “Valoración de Mecanismo de Consulta” se inició en septiembre de 2019, liderado por la Subsecretaría de Territorio y Seguimiento Ambiental, fue una secuencia de actividades entre las comunidades y el Estado únicamente, sin la participación de Solaris que es la entidad privada y por ende su obligación en el proceso fue informar.
El proceso de la valoración de mecanismos de consulta fue interrumpido por las movilizaciones indígenas de octubre del año pasado y a pesar de esa situación, reinició en noviembre. En enero de este año se oficializó con el resultado de un reporte oficial que convalidó el proceso de consulta y los resultados fueron presentados, como una primicia, en el PDAC de este año.
“La oportunidad que el Estado, las comunidades y Solaris han creado con “El Modelo Warintza” va más allá de ser un proyecto de exploración. Creo y espero que sea una oportunidad de integración de dos mundos que a menudo chocan. Ojalá sea la oportunidad para que aprendamos del valor de la colectividad indígena -este puede ser muy útil en el sistema de eficiencias del mundo de los negocios-. Y las comunidades indígenas puedan valorar las oportunidades socio-económicas y sostenibles que el occidente sigue desarrollando y mejorando gracias a nuestra naturaleza humana de perfeccionar todo lo que hacemos,” concluyó Velásquez.
Ahora está de moda hablar de minería y muchos se presentan como expertos. Las empresas operadoras son “las más grandes del mundo” y casi todos los proyectos son “de clase mundial”. Las actividades generan conflictos que trascienden lo local y la política, esa expresión concentrada de la economía, no puede dejar de considerar el impacto que tiene y tendrá la actividad minera.
Pero ocurre que gran parte de los recursos minerales están dentro de territorios indígenas ancestrales. La inteligencia y la sensibilidad de la gente, así como la correlación de fuerzas a escala mundial, hacen más difícil las prácticas de hace 500 años en los que hasta Dios justificaba la invasión de tierras en las que había oro y plata.
Sin embargo, hay experiencias distintas que nos hablan del intento de establecer una relación distinta entre minería y pueblos indígenas. Para empezar, “Ecuador es la última oportunidad en el mundo, que le queda a la minería, para demostrar que puede ser un instrumento de progreso; contribuyendo a la prosperidad de todos, asumiendo su responsabilidad en la protección del medioambiente y velando por el bienestar de las futuras generaciones”, señala Federico G. Velásquez, vicepresidente de Operaciones de Solaris Resources.
Solaris Resources tiene a su cargo el desarrollo del Proyecto Warintza, ubicado sobre la provincia de Morona Santiago en territorios de comunidades Shuar cuya organización principal, el Consejo del Pueblo Shuar Arutam, la PSHA, tiene aprobados documentos fundacionales en los que se dice no a la actividad minera en gran escala y que “sin embargo, contempla la oportunidad de hacer estudios que permitan identificar el potencial minero de la región”, afirma Velásquez.
Solaris y las comunidades shuar Yawi y Warints, a través de un camino de reconciliación (proceso de un año, 2018) que logró ir del conflicto hacia una “Alianza Estratégica”, llevando adelante un proceso que involucra directamente a la población y encontrando en el diálogo de buena fe, la participación y la transparencia, la clave para buscar, juntos, caminos que eviten la violencia en la solución de los conflictos inherentes al choque entre dos civilizaciones: la occidental y la tradicional indígena.
Esa alianza estratégica tiene un directorio que asesora a Solaris en el desarrollo del proyecto y que inclusive, participó en la última convención más grande de la minería de esta parte del mundo, conocida como “el PDAC”, realizado en marzo de este año en Toronto, Canadá. Allí viajaron los representantes de las dos comunidades ya mencionadas.
Lo importante de esta experiencia es que la empresa Solaris entiende que la legitimad de sus actividades se basa en los permisos del Estado pero también en el apoyo de la Asamblea de los centros Shuar Yawi y Warints.
“Las asambleas son el espacio donde se toman las decisiones más importantes y en las que, junto con el directorio de la Alianza Estratégica, se adoptan acuerdos públicos y transparentes que asesoran el desarrollo del proyecto Warintza”, enfatiza Velásquez. Para el ejecutivo esa norma es algo así como el principio que hará posible una minería diferente, que se construye de cara a la gente.
El asunto es más profundo porque pareciera que ha calado hondo en la visión empresarial. Entender y aplicar que sus actividades sean entendidas, analizadas, conversadas y finalmente asesoradas por las comunidades, genera un proceso complejo pero con una fortaleza excepcional. Por eso la viabilidad del proyecto no depende de la fuerza pública. Depende del diálogo, el entendimiento y la transparencia entre la empresa y los centros Shuar.
Warintza
Warintza es uno de los proyectos menos mediáticos de la Cordillera del Cóndor. Fue descubierto por una figura icónica de la geología mundial, desaparecido hace poco y considerado en vida como “el más grande descubridor de proyectos del mundo”.
Se llamó David Lowell y su apellido está en varias empresas que exploran la Cordillera de los Andes en Perú, Chile y Argentina. En los ochenta descubrió Escondida, la mina de cobre más grande del mundo. En Chile descubrió también San Cristóbal y Leonor. En los noventa, descubrió en Perú Los Calatos y años después, Antamina y Toromocho, que ahora son soportes del auge que vive la minería peruana del cobre.
Lowell después se vino a este país y descubrió Mirador, la primera mina a gran escala de Ecuador y en lugar de cobrar en efectivo sus honorarios, pidió que le dejen explorar unos depósitos que había mirado un año antes. Eso es Warintza.
Opina Velásquez que él y sus ejecutivos no creen que estén al frente de una empresa minera. “Somos una compañía que explora. Buscamos el potencial del subsuelo y estudiamos si tiene oportunidades de convertirse en una operación minera. Por ende, nuestra obligación es aún más importante, porque si cometemos errores y no tomamos responsablemente nuestras actividades estamos comprometiendo la posibilidad que tiene nuestro sector de ofrecer una oportunidad de desarrollo del país”, sostiene.
Lowell Mineral, subsidiaria de Solaris en Ecuador, tuvo desde el año 2000 graves problemas en el proyecto Warintza ya que este se encontró en suspensión por fuerza mayor desde el 2006, por solicitud de la empresa, al no poder acceder a la concesión y mucho menos hacer exploraciones. Emociona saber, sin embargo, que en el 2019 Solaris solicitó y logró el levantamiento de dicha suspensión con el apoyo de las comunidades shuar.
En minería, una “fuerza mayor” es un periodo en el que no corre el tiempo del contrato.
“Durante esa década no se pudo entrar a la comunidad porque el relacionamiento no era el adecuado. Sin embargo, la voluntad del Estado en lo que se refiere a la política minera y el apoyo del Gobierno a nuestros esfuerzos de diálogo con las comunidades shuar, nos dio la convicción para apostar por el Ecuador y empujar hacia el acercamiento con las comunidades y con esto, el desarrollo de nuestro modelo”.
“Quisimos entender qué es lo que estaba pasando y qué es lo que había causado que un proyecto de tanto significado esté en fuerza mayor por un período de más de 12 años”, recuerda.
“Para eso, el trabajo no podía hacerse desde otra zona que no fuera en la región del proyecto. Desde marzo del 2018 enfocamos nuestro trabajo en un proceso de aprendizaje mutuo visitando a los centros shuar Yawi y Warints con la autorización de la PSHA y con la creación de una Mesa de Diálogo”.
Dos verdades, dos idiomas, dos mundos...
Velásquez señala que el aprendizaje tomó meses de almuerzos y cenas comunales, reuniones con líderes y familias, conversaciones duras, risas y tristezas. Velásquez nos comenta que llegó un momento donde logró entender que ambas partes - empresa y comunidades - tenían su propia verdad dentro de su propio mundo - estructuras de derecho versus estructuras indígenas – y, por ende, cada una válida al explicar lo sucedido.
“El Génesis teórico del problema que encontramos se originó al implementar un concepto como el de “propiedad privada” al comprar propiedades, donde la noción de “la colectividad” prepondera a la de la individualidad. Entendimos que las propiedades que se compraron tiempo atrás en la zona del proyecto, por más que contaran con la legitimidad del Derecho, carecían de la legitimidad indígena de quienes viven en esos territorios desde tiempos ancestrales. Del mismo modo, los centros shuar entendieron que el proceso que se siguió al comprar esas propiedades, en donde ellos participaron, tenía toda la legalidad que el derecho requiere”.
“Recuerdo muy bien la reunión con los líderes shuar y el momento que me dijeron: mire Federico, lo que usted propone puede llegar a ser una gran oportunidad para nosotros, pero nosotros queremos un relacionamiento genuino y sin condicionamiento. Allí, entendí el idioma colectivo indígena y la oportunidad de crear un nexus de oportunidades entre dos mundos, si una de las partes estaba dispuesta a tener fe”.
Velásquez regresó a Canadá y en un momento de lucidez colectiva, él y su directorio entendieron que no podía haber un condicionamiento entre ambas partes ni “yo te doy si tú me das”. Y fueron ellos los que decidieron dar el paso de confianza.
Comprendieron entonces que para entablar un diálogo sincero tenían que devolver los terrenos comunales sin poner ninguna condición. Asumieron eso y es a partir del momento que comunican su decisión a las autoridades indígenas que se puede hablar de un proceso de reconciliación, donde ambas partes asumieron sus responsabilidades y ofrecieron sus disculpas.
La posición de la empresa fue entendida como un gesto de humildad y de sabiduría que dio pie para un giro en la conducta de los líderes indígenas. Los que nunca tuvieron voz ante la sociedad mayor, los que ni siquiera tenían un nombre y eran simplemente “los indios shuar”, eran por fin escuchados y respetados en sus derechos. Así la relación de ambos pasó del conflicto hacia una alianza estratégica responsable con involucramiento social y con la construcción de consensos.
Como resumió Vicente Tsakimp, líder shuar de la comunidad, “lo que pasó con Lowell fue que quisieron entrar por la ventana y no por la puerta”. Quisieron pero no pudieron. Después de internalizar que los pobladores de la Amazonía no son ni menos ni más que otras personas, los mineros entendieron que el respeto a una cosmovisión distinta no es sino el principio que está en la base de una relación de buena convivencia.
“Los shuar les estamos abriendo la puerta para establecer una buena relación y trabajar juntos”, les dijo Tsakimp.
Testigos de la sabiduría amazónica
Es en este punto donde puede verse la voluntad de aprender aquello que no está en los libros ni en los manuales de relaciones comunitarias. En palabras de Velásquez, “Entendimos visiblemente lo que muchas compañías no quieren reconocer: que existe una autoridad del gobierno central representada por la ley y otra representante de los mundos aborígenes andinos o amazónicos que tenemos que escuchar, obedecer y estar dispuestos a trabajar con ella”.
La reflexión de Federico Velásquez parece tomada de un libro de antropología… él comprende ahora que muchas veces la forma en que el mundo indígena se presenta al exterior, interpretada como agresiva o autoritaria, es algo normal en el mundo de las negociaciones cuando una parte se da cuenta que la otra no valora lo que ésta puede contribuir en ese proceso.
Denostan de los indígenas quienes no han salido de su torre de marfil. “Para mí, el mundo indígena ecuatoriano está pidiendo algo que no es diferente a lo que han pedido las poblaciones africanas, las naciones indígenas canadienses o las comunidades indígenas de diferentes partes del mundo. Lo que piden es ser parte del proceso de tomar decisiones, estar involucrados, quieren entender qué significa este proceso (el minero) y ser finalmente beneficiados. Creo que tú o yo estaríamos pidiendo lo mismo de estar en sus zapatos”, sostiene.
Y agrega: “El problema no son ellos sino nosotros, que no nos hemos dado cuenta ni nos hemos tomado la molestia de escuchar y traducir a nuestro lenguaje lo que nos dicen o están pidiendo. ¿Qué haces cuando no eres escuchado? Alzas la voz”.
No hay necesidad de decir que con esa decisión Solaris ha asumido políticas que no han sucedido antes en Ecuador. Cuando decidieron devolver los terrenos sin condiciones no sabían si iban a tener un proyecto. Todavía no lo saben en realidad, porque para ello tienen que reiniciar la perforación y después de analizar esos resultados, empezar otros estudios para ver la factibilidad del negocio minero.
Es justamente en ese proceso cuando las comunidades shuar se dan cuenta de que por fin están siendo escuchados. Solaris está tratando de demostrar a las comunidades que con ellos la cosa es diferente, pues han encontrado una compañía que puede ser un aliado para poder entender lo que significa la exploración y lo que es un estudio del subsuelo.
La consulta previa, libre e informada: problema y posibilidad
Cuenta Federico Velásquez que cuando la comunidad decide firmar una Carta de Entendimiento, el pasado 23 de enero del 2019, en virtud de la cual se permite el inicio de actividades de exploración en la zona, puso a la empresa frente a una disyuntiva.
“Aquí es donde las comunidades Shuar, PSHA y Solaris proponen al Estado algo nuevamente no antes hecho: el desarrollo de un “proyecto piloto” que permita al Estado poner en prueba y analizar con las comunidades, en este caso Shuar, los mecanismos que el Estado está desarrollando para ser parte de la futura norma de consulta. Aquí ganaban todos, por un lado, el Estado podía practicar los procesos que estaba considerando y corregirlos dependiendo de los resultados del ejercicio; y las comunidades Shuar veían la involucración del Estado en el proceso.
El 10 de abril de 2019, Solaris y el Ministerio de Recursos No Renovables firman un convenio técnico para poner en práctica el proyecto piloto propuesto por PSHA, las comunidades Shuar y Solaris. “Y aquí hay algo importante que mencionar -comenta Velásquez- este proyecto piloto, no disminuye en nada las obligaciones que Solaris tenga a futuro una vez que la norma de consulta sea finalmente regularizada. Es decir, Solaris acatará cualquier proceso que la futura norma disponga”.
El proyecto piloto de “Valoración de Mecanismo de Consulta” se inició en septiembre de 2019, liderado por la Subsecretaría de Territorio y Seguimiento Ambiental, fue una secuencia de actividades entre las comunidades y el Estado únicamente, sin la participación de Solaris que es la entidad privada y por ende su obligación en el proceso fue informar.
El proceso de la valoración de mecanismos de consulta fue interrumpido por las movilizaciones indígenas de octubre del año pasado y a pesar de esa situación, reinició en noviembre. En enero de este año se oficializó con el resultado de un reporte oficial que convalidó el proceso de consulta y los resultados fueron presentados, como una primicia, en el PDAC de este año.
“La oportunidad que el Estado, las comunidades y Solaris han creado con “El Modelo Warintza” va más allá de ser un proyecto de exploración. Creo y espero que sea una oportunidad de integración de dos mundos que a menudo chocan. Ojalá sea la oportunidad para que aprendamos del valor de la colectividad indígena -este puede ser muy útil en el sistema de eficiencias del mundo de los negocios-. Y las comunidades indígenas puedan valorar las oportunidades socio-económicas y sostenibles que el occidente sigue desarrollando y mejorando gracias a nuestra naturaleza humana de perfeccionar todo lo que hacemos,” concluyó Velásquez.
CME ya tiene Presidenta Ejecutiva
Julio 5 de 2020.- La Cámara de Minería del Ecuador creó dentro de su estructura orgánica el cargo de Presidente Ejecutivo y designó para el puesto a la comunicadora María Eulalia Silva Ricaurte, profesional con más de 25 años de experiencia durante los cuales ha liderado la comunicación de diferentes industrias, empresas de servicios y universidades.
“Su último reto fue en la Cancillería ecuatoriana”, dice el boletín de la Cámara.
“Para mí la minería constituye la esperanza de un nuevo Ecuador; así como la herramienta indispensable para el desarrollo tecnológico, que promueve el avance de la ciencia y el cuidado ambiental”, señala la presidenta ejecutiva de la CME.
Desde su perspectiva, el Ecuador vive un momento histórico: por una parte, una profunda crisis económica y por otra, la apertura del país a la minería a gran escala. En ese escenario, propone aunar esfuerzos, que el sector se enfoque en los temas comunes y reivindique el orgullo de pertenecer a una industria que aporta y que no destruye, que contribuye y que opera responsablemente.
La CME es una de las instituciones más caracterizadas de la minería ecuatoriana. Agrupa a 150 empresas del sector, entre mineras, exploradoras, proveedoras y profesionales.
“Su último reto fue en la Cancillería ecuatoriana”, dice el boletín de la Cámara.
“Para mí la minería constituye la esperanza de un nuevo Ecuador; así como la herramienta indispensable para el desarrollo tecnológico, que promueve el avance de la ciencia y el cuidado ambiental”, señala la presidenta ejecutiva de la CME.
Desde su perspectiva, el Ecuador vive un momento histórico: por una parte, una profunda crisis económica y por otra, la apertura del país a la minería a gran escala. En ese escenario, propone aunar esfuerzos, que el sector se enfoque en los temas comunes y reivindique el orgullo de pertenecer a una industria que aporta y que no destruye, que contribuye y que opera responsablemente.
La CME es una de las instituciones más caracterizadas de la minería ecuatoriana. Agrupa a 150 empresas del sector, entre mineras, exploradoras, proveedoras y profesionales.
Reforma a Ley Minera suprime opción preferente de estatales extranjeras
Julio 5 de 2020.- El pasado 30 de junio la Asamblea Nacional aprobó la propuesta de reformas a la Ley de Minería presentada por el legislador Patricio Donoso, en virtud de las cuales se elimina la opción preferente que tenían las empresas estatales extranjeras en materia de adjudicación de áreas y/o contratos para la actividad minera.
La ley reformatoria tiene dos artículos que suprimen igual número de artículos de la actual ley. El primero elimina el segundo inciso del Art. 29 y el segundo el último inciso del Art. 40 de la ley vigente.
El primer texto suprimido decía lo siguiente:
Se exceptúan de los procesos de subasta o de remate público, mencionados en el inciso anterior, el otorgamiento de concesiones mineras, que conforme el artículo 31 de esta Ley, efectúe el Estado por intermedio del Ministerio Sectorial, respecto de áreas de las que dispusiere, mediante delegación a empresas estatales extranjeras o sus subsidiarias, compañías de economía mixta o a consorcios en las que éstas tengan participación mayoritaria, para lo cual el Estado deberá observar el principio de transparencia en la adjudicación, aplicando las normas constitucionales y criterios previamente establecidos en la ley, sus reglamentos y los acuerdos precedentes a su otorgamiento. (Inciso 2 de art. 29.)
Y el texto del último inciso del Art. 40:
La celebración de contratos de prestación de servicios entre el Estado por intermedio del Ministerio Sectorial y empresas estatales extranjeras, o consorcios en las que éstas tengan participación mayoritaria podrá efectuarse en forma directa, sobre la base de los acuerdos previos a los que hubieren llegado las partes.
La ley reformatoria tiene dos artículos que suprimen igual número de artículos de la actual ley. El primero elimina el segundo inciso del Art. 29 y el segundo el último inciso del Art. 40 de la ley vigente.
El primer texto suprimido decía lo siguiente:
Se exceptúan de los procesos de subasta o de remate público, mencionados en el inciso anterior, el otorgamiento de concesiones mineras, que conforme el artículo 31 de esta Ley, efectúe el Estado por intermedio del Ministerio Sectorial, respecto de áreas de las que dispusiere, mediante delegación a empresas estatales extranjeras o sus subsidiarias, compañías de economía mixta o a consorcios en las que éstas tengan participación mayoritaria, para lo cual el Estado deberá observar el principio de transparencia en la adjudicación, aplicando las normas constitucionales y criterios previamente establecidos en la ley, sus reglamentos y los acuerdos precedentes a su otorgamiento. (Inciso 2 de art. 29.)
Y el texto del último inciso del Art. 40:
La celebración de contratos de prestación de servicios entre el Estado por intermedio del Ministerio Sectorial y empresas estatales extranjeras, o consorcios en las que éstas tengan participación mayoritaria podrá efectuarse en forma directa, sobre la base de los acuerdos previos a los que hubieren llegado las partes.
Nueva controladora del sector minero energético inició sus funciones
Julio 5 de 2020.- El 1 de julio de 2020 inició sus labores la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, la misma que en virtud del Decreto Ejecutivo 1036 realizará las funciones de las antiguas agencias de regulación y control hidrocarburífero, minero y de electricidad.
La nueva agencia tiene como directora ejecutiva encargada a la economista Diana Arias Urvina y, según el ministro René Ortiz, “dará prioridad al control de: tarifas eléctricas, nuevo mecanismo de fijación de precios de combustibles, colaboración en el combate a la minería ilegal, así como al control y regulación de las actividades y exportaciones de minerales, hidrocarburos y electricidad.”
Se informó que debido a la emergencia sanitaria, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables mantendrá equipos operativos en todo el territorio nacional, vigilando el cumplimiento de los protocolos establecidos en el sector, en las operaciones hidrocarburíferas, eléctricas y mineras.
La nueva agencia tiene como directora ejecutiva encargada a la economista Diana Arias Urvina y, según el ministro René Ortiz, “dará prioridad al control de: tarifas eléctricas, nuevo mecanismo de fijación de precios de combustibles, colaboración en el combate a la minería ilegal, así como al control y regulación de las actividades y exportaciones de minerales, hidrocarburos y electricidad.”
Se informó que debido a la emergencia sanitaria, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables mantendrá equipos operativos en todo el territorio nacional, vigilando el cumplimiento de los protocolos establecidos en el sector, en las operaciones hidrocarburíferas, eléctricas y mineras.
Aportes al proyecto de seguridad y salud minera
Junio 28 de 2020.- Para una minería responsable el tema de la seguridad y la salud de los trabajadores durante las operaciones mineras es algo prioritario y aun cuando en Ecuador la normatividad y la estadística estén dispersas y en manos de instituciones como el IESS, el Ministerio de Trabajo y el MERNNR, lo real es que las autoridades vienen realizando diversos intentos por avanzar en asegurar operaciones seguras.
Igual que frente a la pandemia del Covid 19, el sector puede mirar hacia otro lado o hacer algo. Hay posiciones indecisas que frente a las presiones motivadas por los tiempos y plazos otorgados para el análisis y la propuesta han preferido callar. En Vía Minera queremos que las cosas se hagan lo mejor posible y creemos que, como dicen los sabios, “zapatero a tus zapatos”.
Por ello, frente al proyecto de Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Ámbito Minero ofrecemos el aporte de técnicos que, por ahora, prefieren el anonimato.
Respecto del artículo 14, relativo a los procedimientos mínimos, se sugiere que el tema de permisos de trabajo de alto riesgo debe figurar como un artículo distinto. Allí debería señalarse que cada organización establecerá estándares, procedimientos y prácticas mínimos para los trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, en altura o los que se realizan en instalaciones eléctricas de alta tensión.
También cuando se trata de excavaciones mayores o iguales a 1,5 metros, cuando se trabaja con explosivos o en la instalación, operación, manejo de equipos y materiales, además de aquellos valorados como de alto riesgo por la evaluación de riesgos.
El proyecto de artículo 38 señala que en los casos en los que no haya normativa local se asuma la internacional. Sería mejor precisarla caso por caso. Así, si se trata de construir mineroductos, tal vez sea prudente usar la norma americana ASME B31.4-2016.
En cuanto a las operaciones mineras subterráneas, se estima que los estándares de las operaciones deben contener más detalle como, por ejemplo, la ingeniería del macizo rocoso, desate y sostenimiento, minería subterránea trackless o sin rieles, lo relacionado con la perforación, voladura, ventilación; referirse además a las excavaciones subterráneas verticales, lo relacionado con el drenaje, los servicios auxiliares subterráneos y también normar lo relacionado con las voladuras eléctricas y las no eléctricas.
El artículo 42 cuando habla de los planos de labores mineras generales y complementarias, debería precisar que deben estar disponibles en físico y en electrónico y deben ser de acceso abierto de manera que permitan la fiscalización del Estado en cualquier momento.
En asuntos de perforación y voladura, abordados en el artículo 89, convendría añadir que se comunique también oportunamente el día y la hora de la voladura a todas personas que están dentro de la unidad minera, utilizando todos los medios posibles.
Lo mismo vale cuando se trata de perforaciones y voladuras a cielo abierto, abordadas en el artículo 91, considerándose además no solo el radio de evacuación de las personas, 500 metros como medida de prevención ante la voladura o detonación, sino también una distancia de 300 metros para los equipos e instalaciones ya que podría haber una roca volante que podría dañar o impactar alguna máquina o equipo de la unidad minera.
Esos son nuestros aportes, por ahora.
Igual que frente a la pandemia del Covid 19, el sector puede mirar hacia otro lado o hacer algo. Hay posiciones indecisas que frente a las presiones motivadas por los tiempos y plazos otorgados para el análisis y la propuesta han preferido callar. En Vía Minera queremos que las cosas se hagan lo mejor posible y creemos que, como dicen los sabios, “zapatero a tus zapatos”.
Por ello, frente al proyecto de Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Ámbito Minero ofrecemos el aporte de técnicos que, por ahora, prefieren el anonimato.
Respecto del artículo 14, relativo a los procedimientos mínimos, se sugiere que el tema de permisos de trabajo de alto riesgo debe figurar como un artículo distinto. Allí debería señalarse que cada organización establecerá estándares, procedimientos y prácticas mínimos para los trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, en altura o los que se realizan en instalaciones eléctricas de alta tensión.
También cuando se trata de excavaciones mayores o iguales a 1,5 metros, cuando se trabaja con explosivos o en la instalación, operación, manejo de equipos y materiales, además de aquellos valorados como de alto riesgo por la evaluación de riesgos.
El proyecto de artículo 38 señala que en los casos en los que no haya normativa local se asuma la internacional. Sería mejor precisarla caso por caso. Así, si se trata de construir mineroductos, tal vez sea prudente usar la norma americana ASME B31.4-2016.
En cuanto a las operaciones mineras subterráneas, se estima que los estándares de las operaciones deben contener más detalle como, por ejemplo, la ingeniería del macizo rocoso, desate y sostenimiento, minería subterránea trackless o sin rieles, lo relacionado con la perforación, voladura, ventilación; referirse además a las excavaciones subterráneas verticales, lo relacionado con el drenaje, los servicios auxiliares subterráneos y también normar lo relacionado con las voladuras eléctricas y las no eléctricas.
El artículo 42 cuando habla de los planos de labores mineras generales y complementarias, debería precisar que deben estar disponibles en físico y en electrónico y deben ser de acceso abierto de manera que permitan la fiscalización del Estado en cualquier momento.
En asuntos de perforación y voladura, abordados en el artículo 89, convendría añadir que se comunique también oportunamente el día y la hora de la voladura a todas personas que están dentro de la unidad minera, utilizando todos los medios posibles.
Lo mismo vale cuando se trata de perforaciones y voladuras a cielo abierto, abordadas en el artículo 91, considerándose además no solo el radio de evacuación de las personas, 500 metros como medida de prevención ante la voladura o detonación, sino también una distancia de 300 metros para los equipos e instalaciones ya que podría haber una roca volante que podría dañar o impactar alguna máquina o equipo de la unidad minera.
Esos son nuestros aportes, por ahora.
Avalancha de proyectos de reformas a la Ley de Minería
Dos minas a gran escala producen desde 2019 en Ecuador: Mirador (izq.) concentrado de cobre y Fruta del Norte concentrado de oro y dorés. En la foto: el primer lingote refinado con el oro proveniente de la cordillera del Cóndor. Imágenes: ECSA e Ian H. Lundin.
Junio 21 de 2020.- La existencia de ocho proyectos de reforma a la Ley de Minería en la Asamblea Legislativa fue puesta de manifiesto la semana pasada por la abogada Elisa Morán, en el marco de un conversatorio virtual organizado por el grupo ConectaLaw.
Según Morán, las propuestas se encuentran distribuidas en tres comisiones aun cuando una de ellas, presentada en enero de este año, todavía no ha sido calificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Así, en la Comisión Especializada Permanente del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, se encuentra el proyecto presentado por el asambleísta Patricio Donoso.
En la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales están los proyectos de Elio Peña, Gabriela Larreátegui y, unificados por el CAL, los que presentaron Absalón Campoverde, Rosa Orellana y Montgomery Sánchez.
La Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, tiene a su cargo el estudio del proyecto presentado por la asambleísta Paola Vintimilla.
Y el proyecto que en enero fue presentado por Juan Cárdenas y Liliana Durán, espera todavía ser calificado por el CAL.
“En mi experiencia de más de 20 años en el sector nunca se ha tenido una cantidad similar de propuestas de reforma”, afirma la doctora Morán.
Sostiene además que en muchos casos existen propuestas de reformas con temas que ya se encuentran regulados en otros cuerpos legales en función de su especialidad. Pone como ejemplos la Ley de Compañías, la Ley de Poder de Mercado, la Ley de Ordenamiento Territorial y el Código de Ambiente.
“Es importante señalar que al pretender regular en la misma Ley de Minería todo tema relacionado transversalmente, por ejemplo, lo societario, lo ambiental o el agua, se corre el riesgo de generar conflicto entre dos normas”, expresa. Concluye que en ese sentido “en vez de ayudar a mejorar la norma con la reforma, el efecto es totalmente contrario”.
La doctora Morán señala que el desarrollo de la minería requiere del diálogo y del trabajo conjunto entre el sector minero público y privado, cuyos especialistas deben apoyar con sus conocimientos a que los legisladores comprendan cómo ocurre el proceso minero para que allí donde consideren que existen problemas “se regulen adecuadamente para garantizar el bienestar y desarrollo deseado para nuestro país”.
Plan de trabajo de EITI estaría listo en agosto
Junio 21 de 2020.- El pasado 16 de junio el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables oficializó la creación del Grupo Multipartícipe conformado por delegados del gobierno, de las empresas y de algunas ONG quiteñas para lograr la inclusión del Ecuador en la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés).
En la reunión participó también como facilitador el experto Santiago Dondo, argentino y ex director para América Latina de EITI, con quien se inició la preparación del Plan de Trabajo con el cual deben completarse los requisitos para iniciar el acercamiento final a la iniciativa.
El líder de este proceso es el viceministro de Minas, Fernando L. Benalcázar, quien destacó que la formalización de este grupo marca un hito en el avance del país hacia la postulación de Ecuador ante EITI.
La autoridad (el “champion” en la terminología que usa el EITI) precisó que “esta Cartera de Estado, junto al Grupo Multipartícipe, trabajará de manera ardua para que, en agosto 2020, Ecuador presente el plan de trabajo a la Secretaría Internacional de EITI y, en un plazo máximo de 60 días, reciba la aceptación oficial desde Noruega, para ser parte del grupo de más de 50 países que oficialmente han adoptado este estándar”.
Se estima que el plan de trabajo estará listo en agosto porque, según afirma, es lo que demora la elaboración de dicho documento. A partir de ese momento el camino puede estar allanado porque los criterios para que un país se convierta en implementador de los estándares EITI se han clarificado.
Adicionalmente, como señalan los propios documentos de la organización, “no se espera que los países demuestren un cumplimiento completo del protocolo para la sociedad civil” y, en consecuencia, las ONG quiteñas podrán continuar interpretando el papel que se han autoasignado.
En cuanto al sector empresarial minero, representado por la Cámara de Minería de Ecuador y Lundin Gold, no incluye a instituciones como la Cámara de la Pequeña Minería del Ecuador, Capemine; la Asociación de Propietarios de Plantas de Beneficio, Fundición y Refinación de Sustancias Minerales, Aproplasmin; y la Cámara Nacional de Minería, entre otras.
Cuando esté listo el plan de trabajo y se haya presentado ante el Consejo EITI, este organismo encargará a uno de sus miembros el acompañamiento a las gestiones que debe realizar el país para que su postulación sea aprobada. Lo que sigue, es decir, la publicación de los informes anuales y el proceso de validación, pondrá a prueba la capacidad nacional de alcanzar la transparencia sistémica en sus cuentas vinculadas a las industrias extractivas.
En la reunión participó también como facilitador el experto Santiago Dondo, argentino y ex director para América Latina de EITI, con quien se inició la preparación del Plan de Trabajo con el cual deben completarse los requisitos para iniciar el acercamiento final a la iniciativa.
El líder de este proceso es el viceministro de Minas, Fernando L. Benalcázar, quien destacó que la formalización de este grupo marca un hito en el avance del país hacia la postulación de Ecuador ante EITI.
La autoridad (el “champion” en la terminología que usa el EITI) precisó que “esta Cartera de Estado, junto al Grupo Multipartícipe, trabajará de manera ardua para que, en agosto 2020, Ecuador presente el plan de trabajo a la Secretaría Internacional de EITI y, en un plazo máximo de 60 días, reciba la aceptación oficial desde Noruega, para ser parte del grupo de más de 50 países que oficialmente han adoptado este estándar”.
Se estima que el plan de trabajo estará listo en agosto porque, según afirma, es lo que demora la elaboración de dicho documento. A partir de ese momento el camino puede estar allanado porque los criterios para que un país se convierta en implementador de los estándares EITI se han clarificado.
Adicionalmente, como señalan los propios documentos de la organización, “no se espera que los países demuestren un cumplimiento completo del protocolo para la sociedad civil” y, en consecuencia, las ONG quiteñas podrán continuar interpretando el papel que se han autoasignado.
En cuanto al sector empresarial minero, representado por la Cámara de Minería de Ecuador y Lundin Gold, no incluye a instituciones como la Cámara de la Pequeña Minería del Ecuador, Capemine; la Asociación de Propietarios de Plantas de Beneficio, Fundición y Refinación de Sustancias Minerales, Aproplasmin; y la Cámara Nacional de Minería, entre otras.
Cuando esté listo el plan de trabajo y se haya presentado ante el Consejo EITI, este organismo encargará a uno de sus miembros el acompañamiento a las gestiones que debe realizar el país para que su postulación sea aprobada. Lo que sigue, es decir, la publicación de los informes anuales y el proceso de validación, pondrá a prueba la capacidad nacional de alcanzar la transparencia sistémica en sus cuentas vinculadas a las industrias extractivas.
Ecuador se acerca más a EITI
Junio 14 de 2020.- La inclusión de Ecuador como país adherente a la iniciativa de transparencia en las industrias extractivas, EITI, por sus siglas en inglés, podría empezar a definirse en la reunión virtual que tendrá el consejo de dicha organización entre los días 15 y 17 del mes en curso.
“La aceptación de Ecuador como miembro de EITI traerá una serie de resultados muy positivos para el país, algunos no medibles, que contribuirán a mejorar la percepción que tienen los inversionistas”, afirmó el abogado Stevie Gamboa Valladares, coordinador del Grupo de la Industria y representante de Hancock Prospecting y su filial ecuatoriana, Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining S.A.
El doctor Gamboa resaltó la seriedad del Estado y el compromiso de su champion, el ingeniero Fernando Benalcázar, para liderar el proceso de candidatura del país con miras a implementar los estándares EITI en Ecuador.
Al respecto, el delegado empresarial señaló que desde el Estado se han avanzado trechos importantes en materia de transparencia. Entre ellos mencionó la declaración de impuestos y la información relacionada a las exportaciones de minerales.
Informó además que se buscará que los representantes de las empresas de la pequeña y mediana minería también estén representados en el Grupo de la Industria del EITI.
Hasta el momento, dicho grupo está integrado por delegados de las mineras All Metals Minería S.A., Anglo American, Curimining S.A., EcuaCorriente S.A., Hancock Prospecting, Lundin Gold y Salazar Resources Ltd.
Están además la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, AIME, la Cámara de Minería del Ecuador, CME, y el capítulo ecuatoriano de la Sociedad de Ingenieros Petroleros, SPE. Por el sector hidrocarburos participan EP Petroecuador, Petroamazonas EP y Repsol Ecuador S.A.
Por la “sociedad civil” está el grupo ampliado de ONG quiteñas constituido por la Corporación Participación Ciudadana, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Grupo FARO, el CIIAT de la Universidad de Los Hemisferios, Cedenma, Fundación Futuro Latinoamericano, Wildlife Conservation Society Ecuador y Conservation International Ecuador.
“La aceptación de Ecuador como miembro de EITI traerá una serie de resultados muy positivos para el país, algunos no medibles, que contribuirán a mejorar la percepción que tienen los inversionistas”, afirmó el abogado Stevie Gamboa Valladares, coordinador del Grupo de la Industria y representante de Hancock Prospecting y su filial ecuatoriana, Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining S.A.
El doctor Gamboa resaltó la seriedad del Estado y el compromiso de su champion, el ingeniero Fernando Benalcázar, para liderar el proceso de candidatura del país con miras a implementar los estándares EITI en Ecuador.
Al respecto, el delegado empresarial señaló que desde el Estado se han avanzado trechos importantes en materia de transparencia. Entre ellos mencionó la declaración de impuestos y la información relacionada a las exportaciones de minerales.
Informó además que se buscará que los representantes de las empresas de la pequeña y mediana minería también estén representados en el Grupo de la Industria del EITI.
Hasta el momento, dicho grupo está integrado por delegados de las mineras All Metals Minería S.A., Anglo American, Curimining S.A., EcuaCorriente S.A., Hancock Prospecting, Lundin Gold y Salazar Resources Ltd.
Están además la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, AIME, la Cámara de Minería del Ecuador, CME, y el capítulo ecuatoriano de la Sociedad de Ingenieros Petroleros, SPE. Por el sector hidrocarburos participan EP Petroecuador, Petroamazonas EP y Repsol Ecuador S.A.
Por la “sociedad civil” está el grupo ampliado de ONG quiteñas constituido por la Corporación Participación Ciudadana, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Grupo FARO, el CIIAT de la Universidad de Los Hemisferios, Cedenma, Fundación Futuro Latinoamericano, Wildlife Conservation Society Ecuador y Conservation International Ecuador.
Nuevo dispositivo regula cambios de régimen
Junio 14 de 2020.- El miércoles pasado el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables promulgó el Acuerdo Nro. MERNNR-MERNNR-2020-0029-AM que parece hecho a la medida de quienes quieran cambiar de régimen o de etapas en las actividades mineras.
Técnicamente, la norma establece procedimientos para la modificación del Régimen Especial de Pequeña Minería a la Etapa de Exploración del Régimen de Mediana Minería y Gran Escala; o a la Etapa de Explotación, ya sea en el Régimen de Mediana Minería o en el Régimen de Gran Escala y también para la modificación de la Etapa de Exploración del Régimen de Mediana Minería y Gran Escala al Régimen Especial de Pequeña Minería.
Respecto del primer tema, se dispone que el minero artesanal que quiera optar por la modificación del Régimen de Minería Artesanal al Régimen Especial de Pequeña Minería, deberá generar una solicitud en el Sistema de Gestión Minera a cargo de la Arcom. Si le aceptan, el plazo de vigencia será el resultado de la diferencia de (25) años menos el tiempo que mantuvo el permiso bajo el Régimen de Minería Artesanal, con la posibilidad de ser ampliado o renovado de conformidad a lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Minería y su Reglamento General de Aplicación.
En cuanto a la acumulación de permisos de minería artesanal y modificación al régimen especial de pequeña minería, quienes quieran optar por la acumulación de sus áreas con fines de modificar sus permisos de Minería Artesanal por la de concesión bajo el Régimen Especial de Pequeña Minería, igualmente deberán presentar su solicitud a Arcom.
En lo que concierne a la modificación del régimen especial de pequeña minería a la etapa de explotación o a la etapa de exploración de los regímenes de mediana minería y minería a gran escala, el texto señala que el titular de una concesión minera bajo el Régimen Especial de Pequeña Minería renuncia a los derechos, obligaciones y responsabilidades que le confiere este régimen para asumir las establecidas en cualquiera de las etapas de la concesión en los regímenes de Mediana Minería y Minería a Gran Escala.
El dispositivo regula también el caso contrario, es decir, la modificación de la etapa de exploración de los regímenes de mediana minería y minería a gran escala, al régimen especial de pequeña minería.
Dispone que en 30 días el Directorio de Arcom emita las guías técnicas que regulen los informes requeridos para los actos administrativos respectivos y que implemente en el Sistema de gestión minera los cambios que viabilicen lo dispuesto. Tendrá que ser la instancia respectiva de la nueva Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables que para ese plazo tendrá que haber asumido las atribuciones de Arcom.
Amplían plazo para el pago de patentes
Dada la circunstancia especial que vive el sector el gobierno promulgó el Acuerdo Nro. MERNNR-MERNNR-2020-0030-AM, en virtud del cual se amplía el plazo que tienen las empresas mineras para cancelar las obligaciones relacionadas con el pago de patentes.
La Ley de Minería, en su artículo 34, disponía que “hasta, única y exclusivamente, el mes de marzo de cada año, los concesionarios mineros pagarán una patente anual de conservación por cada hectárea minera”.
El nuevo dispositivo amplía dicho plazo hasta dos meses después de la culminación del estado de excepción previsto en el Decreto Ejecutivo No. 1017 del 16 de marzo del 2020, el mismo que fue ampliado mediante Decreto Ejecutivo No. 1052 de 15 de mayo de 2020.
En sus considerandos, el acuerdo recuerda que “el Ecuador y el mundo atraviesa por una circunstancia excepcional, siendo deber primordial del Estado ecuatoriano, garantizar el derecho a la seguridad integral y a la salud de sus habitantes adoptando medidas que beneficien a precautelar la vida de los ecuatorianos”.
Junio 14 de 2020.- El miércoles pasado el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables promulgó el Acuerdo Nro. MERNNR-MERNNR-2020-0029-AM que parece hecho a la medida de quienes quieran cambiar de régimen o de etapas en las actividades mineras.
Técnicamente, la norma establece procedimientos para la modificación del Régimen Especial de Pequeña Minería a la Etapa de Exploración del Régimen de Mediana Minería y Gran Escala; o a la Etapa de Explotación, ya sea en el Régimen de Mediana Minería o en el Régimen de Gran Escala y también para la modificación de la Etapa de Exploración del Régimen de Mediana Minería y Gran Escala al Régimen Especial de Pequeña Minería.
Respecto del primer tema, se dispone que el minero artesanal que quiera optar por la modificación del Régimen de Minería Artesanal al Régimen Especial de Pequeña Minería, deberá generar una solicitud en el Sistema de Gestión Minera a cargo de la Arcom. Si le aceptan, el plazo de vigencia será el resultado de la diferencia de (25) años menos el tiempo que mantuvo el permiso bajo el Régimen de Minería Artesanal, con la posibilidad de ser ampliado o renovado de conformidad a lo establecido en el artículo 36 de la Ley de Minería y su Reglamento General de Aplicación.
En cuanto a la acumulación de permisos de minería artesanal y modificación al régimen especial de pequeña minería, quienes quieran optar por la acumulación de sus áreas con fines de modificar sus permisos de Minería Artesanal por la de concesión bajo el Régimen Especial de Pequeña Minería, igualmente deberán presentar su solicitud a Arcom.
En lo que concierne a la modificación del régimen especial de pequeña minería a la etapa de explotación o a la etapa de exploración de los regímenes de mediana minería y minería a gran escala, el texto señala que el titular de una concesión minera bajo el Régimen Especial de Pequeña Minería renuncia a los derechos, obligaciones y responsabilidades que le confiere este régimen para asumir las establecidas en cualquiera de las etapas de la concesión en los regímenes de Mediana Minería y Minería a Gran Escala.
El dispositivo regula también el caso contrario, es decir, la modificación de la etapa de exploración de los regímenes de mediana minería y minería a gran escala, al régimen especial de pequeña minería.
Dispone que en 30 días el Directorio de Arcom emita las guías técnicas que regulen los informes requeridos para los actos administrativos respectivos y que implemente en el Sistema de gestión minera los cambios que viabilicen lo dispuesto. Tendrá que ser la instancia respectiva de la nueva Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables que para ese plazo tendrá que haber asumido las atribuciones de Arcom.
Amplían plazo para el pago de patentes
Dada la circunstancia especial que vive el sector el gobierno promulgó el Acuerdo Nro. MERNNR-MERNNR-2020-0030-AM, en virtud del cual se amplía el plazo que tienen las empresas mineras para cancelar las obligaciones relacionadas con el pago de patentes.
La Ley de Minería, en su artículo 34, disponía que “hasta, única y exclusivamente, el mes de marzo de cada año, los concesionarios mineros pagarán una patente anual de conservación por cada hectárea minera”.
El nuevo dispositivo amplía dicho plazo hasta dos meses después de la culminación del estado de excepción previsto en el Decreto Ejecutivo No. 1017 del 16 de marzo del 2020, el mismo que fue ampliado mediante Decreto Ejecutivo No. 1052 de 15 de mayo de 2020.
En sus considerandos, el acuerdo recuerda que “el Ecuador y el mundo atraviesa por una circunstancia excepcional, siendo deber primordial del Estado ecuatoriano, garantizar el derecho a la seguridad integral y a la salud de sus habitantes adoptando medidas que beneficien a precautelar la vida de los ecuatorianos”.
EITI virtual…
Junio 7 de 2020.- La reunión del principal órgano de gobierno de la iniciativa EITI, el Consejo, que iba a celebrarse en Buenos Aires, Argentina, entre el 15 y el 17 de junio, será ahora un encuentro virtual.
“Tras consultar con el anfitrión del evento, el gobierno de Argentina, se decidió posponer una eventual reunión presencial para la semana del 12 octubre de 2020, dependiendo de cuál sea la situación de la pandemia. En breve se difundirán mayores precisiones acerca de la participación en la primera reunión totalmente virtual del Consejo EITI de junio” señala una nota de la organización.
“Desde su primera reunión celebrada en Nueva York en diciembre de 2006, el Consejo EITI ha reunido a países, empresas y organizaciones de la sociedad civil con un objetivo común: que la transparencia pase a ser una regla general de carácter mundial en el sector extractivo. Desde un primer momento, las reuniones del Consejo EITI constituyeron no solo una estructura para la toma de decisiones dentro de una organización pionera, sino también un foro en el que las partes interesadas pudieran reunirse, generar consenso y estudiar ideas”, continúa la información.
Ecuador ha solicitado formalmente ser parte de esta iniciativa y los distintos estamentos han avanzado, cada uno en lo suyo, bastante como para aspirar a ser tomados en serio. El gobierno ha nombrado ya a sus representantes; las empresas mineras han hecho lo mismo y un grupo de ONG quiteñas ya se autonombró representante de la “sociedad civil”.
A otras instituciones, tanto de profesionales como de la academia y a otras ciertamente representativas de las poblaciones de las provincias mineras del Ecuador, el EITI ya no les interesa.
“Tras consultar con el anfitrión del evento, el gobierno de Argentina, se decidió posponer una eventual reunión presencial para la semana del 12 octubre de 2020, dependiendo de cuál sea la situación de la pandemia. En breve se difundirán mayores precisiones acerca de la participación en la primera reunión totalmente virtual del Consejo EITI de junio” señala una nota de la organización.
“Desde su primera reunión celebrada en Nueva York en diciembre de 2006, el Consejo EITI ha reunido a países, empresas y organizaciones de la sociedad civil con un objetivo común: que la transparencia pase a ser una regla general de carácter mundial en el sector extractivo. Desde un primer momento, las reuniones del Consejo EITI constituyeron no solo una estructura para la toma de decisiones dentro de una organización pionera, sino también un foro en el que las partes interesadas pudieran reunirse, generar consenso y estudiar ideas”, continúa la información.
Ecuador ha solicitado formalmente ser parte de esta iniciativa y los distintos estamentos han avanzado, cada uno en lo suyo, bastante como para aspirar a ser tomados en serio. El gobierno ha nombrado ya a sus representantes; las empresas mineras han hecho lo mismo y un grupo de ONG quiteñas ya se autonombró representante de la “sociedad civil”.
A otras instituciones, tanto de profesionales como de la academia y a otras ciertamente representativas de las poblaciones de las provincias mineras del Ecuador, el EITI ya no les interesa.
Propuestas del Consejo de Minerales de Australia
para acelerar la recuperación económica
Mayo 31 de 2020.- “A medida que amanece la era posterior a Covid, el gobierno tiene una oportunidad única para implementar reformas específicas para que la industria de los minerales pueda desempeñar un papel aún más importante para apuntalar un desarrollo sostenible y una recuperación duradera” señala un documento reciente del Consejo de Minerales de Australia.
“La industria minera reconoce que la pandemia de Covid-19, que ha requerido que las empresas reubicar empleados, minimizar la cantidad de trabajadores en el sitio e instituir ciclos de turnos más largos, ha ejerció presión sobre las relaciones de los trabajadores y la salud mental”, se dice en el documento que puede ser descargado de:
https://minerals.org.au/sites/default/files/200525%20MCA%20immediate%20priorities%20to%20accelerate%20economic%20recovery.pdf
“La industria minera reconoce que la pandemia de Covid-19, que ha requerido que las empresas reubicar empleados, minimizar la cantidad de trabajadores en el sitio e instituir ciclos de turnos más largos, ha ejerció presión sobre las relaciones de los trabajadores y la salud mental”, se dice en el documento que puede ser descargado de:
https://minerals.org.au/sites/default/files/200525%20MCA%20immediate%20priorities%20to%20accelerate%20economic%20recovery.pdf
Colectivos “antimineros”
ofrecieron rueda de prensa
Mayo 31 de 2020.- El colectivo Acción Ecológica realizó la semana pasada una rueda de prensa virtual en la que se presentaron algunas ideas fuerza del autodenominado “espacio de coordinación antiminera”.
"Estamos a tiempo para echar abajo esta ilusión de la megaminería, no va a resolver problemas de empleo porque los va a agravar y, en términos económicos, es una verdadera estafa", dijo Alberto Acosta, exministro de Energía y expresidente de la Asamblea Constituyente.
Acosta criticó la posibilidad que tiene la gran minería de generar 32.000 puestos de trabajo directos, pues esa cifra es apenas el 0,4% de la población económicamente activa del país, cifra ridícula en comparación con Perú y Chile, donde la minería representa el 1,1% y el 1,8% del empleo, respectivamente.
Sostuvo que los ingresos que percibirá el Estado se desvanecen si se toma en cuenta el costo que tendría la remediación ambiental de los suelos afectados.
En la rueda de prensa participó también el periodista Cristina Zurita quien, en resumen, dijo que no era “antiminero”. Zurita criticó la falta de transparencia en el sector.
Por su parte la señora Silvia Quilumbango, del colectivo Caminantes, centró su intervención en mostrar su preocupación por los daños ambientales que podría generar el proyecto minero Llurimagua. Dijo además que sólo 20 de los 160 puestos de trabajo creados durante la exploración fueron ocupados por mujeres.
"Estamos a tiempo para echar abajo esta ilusión de la megaminería, no va a resolver problemas de empleo porque los va a agravar y, en términos económicos, es una verdadera estafa", dijo Alberto Acosta, exministro de Energía y expresidente de la Asamblea Constituyente.
Acosta criticó la posibilidad que tiene la gran minería de generar 32.000 puestos de trabajo directos, pues esa cifra es apenas el 0,4% de la población económicamente activa del país, cifra ridícula en comparación con Perú y Chile, donde la minería representa el 1,1% y el 1,8% del empleo, respectivamente.
Sostuvo que los ingresos que percibirá el Estado se desvanecen si se toma en cuenta el costo que tendría la remediación ambiental de los suelos afectados.
En la rueda de prensa participó también el periodista Cristina Zurita quien, en resumen, dijo que no era “antiminero”. Zurita criticó la falta de transparencia en el sector.
Por su parte la señora Silvia Quilumbango, del colectivo Caminantes, centró su intervención en mostrar su preocupación por los daños ambientales que podría generar el proyecto minero Llurimagua. Dijo además que sólo 20 de los 160 puestos de trabajo creados durante la exploración fueron ocupados por mujeres.
Con oposición de la comunidad de Zamora
Fruta del Norte ya moviliza camiones con concentrado de oro
Foto: Lundin Gold.
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Foto: Periódico El Zamorano.
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Mayo 17 de 2020.- El viernes 15 Lundin Gold anunció que reanudaría el transporte de concentrado de oro que produce en la mina Fruta del Norte pero en la noche de ese día tuvo que vencer la resistencia de los pobladores del cantón Zamora, encabezados por el Alcalde, para mover sus vehículos.
Cerca de dos meses la mina se mantuvo con el personal esencial para las actividades de cuidado y mantenimiento. Ahora están listas para ser movilizadas 1415 toneladas de concentrado, de acuerdo al viceministro de Minas, Fernando Benalcazar.
Dicho cargamento se quedó rezagado durante las restricciones al transporte adoptadas por los gobiernos autónomos descentralizados. Para que los tráilers puedan pasar por Zamora, el Ejército y la Policía Nacional tuvieron que resguardarlos.
La compañía anunció que el transporte de material minero e insumos mantiene estrictos protocolos internacionales de seguridad y salud y que la Compañía ha coordinado cada acción con las autoridades nacionales y provinciales, incluido el Comité Provincial de Operaciones de Emergencia (COE), el gobernador y el prefecto de Zamora Chinchipe.
Pero el alcalde del cantón Zamora, Manuel González, no reconoció dichos acuerdos y señaló que los camiones no permitieron la desinfección en aplicación del protocolo propio del COE cantonal. Zamora es la capital de la provincia de Zamora Chinchipe y está en la actual mejor ruta en dirección a los puertos. Unos 50 habitantes de Zamora hicieron una marcha el domingo 17 para pedir la liberación de tres detenidos en los incidentes de la noche del viernes y pedir la readecuación del hospital, entre otras demandas.
“Cada una de estas actividades se realizan de manera ordenada y organizada precautelando siempre el bienestar de los trabajadores de la Compañía y de los habitantes de Zamora Chinchipe”, dijo la empresa en un comunicado en el que también se describen los principales puntos del protocolo del proceso de transporte a puerto.
La mina impacta los ingresos fiscales locales
Varios datos que reflejan el impacto en la economía local y provincial de la mina Fruta del Norte fueron presentados por Nathan Monash, vicepresidente de sostenibilidad de negocios de Lundin Gold, en un webinar de la organización Seminarium realizado el jueves 14, titulado “Sostenibilidad de la Cadena de Producción en Ecuador”.
En relación al primer trimestre de 2020, recordó que Lundin Gold exportó US$ 114 millones en barras doré y concentrado de oro hasta el 22 de marzo en que suspendió las operaciones por las restricciones impuestas para evitar contagios con Covid-19.
Desde que empezó la producción en noviembre de 2019, ha contribuido con 9,8 millones en regalías e impuestos. De estos, US$ 1,9 millones pagó el 30 de abril por impuestos sobre activos y patente municipal al cantón Yantzaza, de acuerdo a un anuncio de esa fecha.
Hasta 2018 pagó 65 millones por regalías anticipadas entre 2016 y 2018.
Sobre la base de un precio de la onza de oro en $1400, de acuerdo a Monash, se han realizado los cálculos que arrojan como resultado el siguiente impacto de la exportación de la producción en los recursos fiscales locales:
De acuerdo al reporte de resultados del primer trimestre de la compañía, la producción de oro totalizó 51.320 onzas, de las cuales 37.568 se produjeron como concentrado y 13.752 se produjeron en forma de doré. Y se vendieron 59.317 onzas de oro a un precio promedio de US$ 1,564 por onza.
El precio que alcanzará el oro en los próximos años es objeto de expectativa general tal como el panorama económico pospandemia. Pero el jueves 15 de mayo la cotización del oro spot superó los USD 1.745,48 la onza, precio que no alcanzaba desde agosto de 2012.
En el año 2019, segundo de construcción de la mina subterránea, la compañía compró aproximadamente $28 millones en negocios locales y fue un importante empleador habiendo contratado a 1235 personas entre personal directo y contratistas.
"Priorizamos a las comunidades locales en términos de compras, contratación y programas de diversificación económica. Estos serán aspectos clave de la reactivación económica del país", manifestó.
Así mismo, el cálculo arrojó datos sobre el impacto que tendrá la suspensión de las operaciones:
“Sin Fruta del Norte corre riesgo el 40% de las recaudaciones de impuestos de Zamora Chinchipe”, agregó.
Está por verse si el desempeño de los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia Zamora Chinchipe, el cantón Yantzaza y la parroquia Los Encuentros, con el tercer socio, que es el Estado central, logra que los recursos que genere esta mina de oro durante 14 años para el Estado sirvan en el corto plazo, para combatir la pandemia en sus terrenos, y enseguida, para sentar las bases del desarrollo sostenible de la zona.
Sin duda, el fatal 2020 no será el año referencial de la realización económica de Fruta del Norte, que anunció haber alcanzado su producción comercial en febrero. Sin embargo, las cifras son ilustrativas del nuevo nivel de los recursos que tendrán que gestionar las comunidades para lograr el desarrollo de valor y sustentabilidad en la economía del territorio minero.
Así también, del desafío para recuperar del Estado central el 60% de las regalías que están disponibles para los municipios en función de la presentación y aprobación de proyectos de inversión social prioritaria, para servicios básicos, entre otros, y productivos.
Cerca de dos meses la mina se mantuvo con el personal esencial para las actividades de cuidado y mantenimiento. Ahora están listas para ser movilizadas 1415 toneladas de concentrado, de acuerdo al viceministro de Minas, Fernando Benalcazar.
Dicho cargamento se quedó rezagado durante las restricciones al transporte adoptadas por los gobiernos autónomos descentralizados. Para que los tráilers puedan pasar por Zamora, el Ejército y la Policía Nacional tuvieron que resguardarlos.
La compañía anunció que el transporte de material minero e insumos mantiene estrictos protocolos internacionales de seguridad y salud y que la Compañía ha coordinado cada acción con las autoridades nacionales y provinciales, incluido el Comité Provincial de Operaciones de Emergencia (COE), el gobernador y el prefecto de Zamora Chinchipe.
Pero el alcalde del cantón Zamora, Manuel González, no reconoció dichos acuerdos y señaló que los camiones no permitieron la desinfección en aplicación del protocolo propio del COE cantonal. Zamora es la capital de la provincia de Zamora Chinchipe y está en la actual mejor ruta en dirección a los puertos. Unos 50 habitantes de Zamora hicieron una marcha el domingo 17 para pedir la liberación de tres detenidos en los incidentes de la noche del viernes y pedir la readecuación del hospital, entre otras demandas.
“Cada una de estas actividades se realizan de manera ordenada y organizada precautelando siempre el bienestar de los trabajadores de la Compañía y de los habitantes de Zamora Chinchipe”, dijo la empresa en un comunicado en el que también se describen los principales puntos del protocolo del proceso de transporte a puerto.
La mina impacta los ingresos fiscales locales
Varios datos que reflejan el impacto en la economía local y provincial de la mina Fruta del Norte fueron presentados por Nathan Monash, vicepresidente de sostenibilidad de negocios de Lundin Gold, en un webinar de la organización Seminarium realizado el jueves 14, titulado “Sostenibilidad de la Cadena de Producción en Ecuador”.
En relación al primer trimestre de 2020, recordó que Lundin Gold exportó US$ 114 millones en barras doré y concentrado de oro hasta el 22 de marzo en que suspendió las operaciones por las restricciones impuestas para evitar contagios con Covid-19.
Desde que empezó la producción en noviembre de 2019, ha contribuido con 9,8 millones en regalías e impuestos. De estos, US$ 1,9 millones pagó el 30 de abril por impuestos sobre activos y patente municipal al cantón Yantzaza, de acuerdo a un anuncio de esa fecha.
Hasta 2018 pagó 65 millones por regalías anticipadas entre 2016 y 2018.
Sobre la base de un precio de la onza de oro en $1400, de acuerdo a Monash, se han realizado los cálculos que arrojan como resultado el siguiente impacto de la exportación de la producción en los recursos fiscales locales:
- En 2019, la recaudación de impuestos del cantón Yantzaza representó el 44% de la recaudación de toda la provincia.
- Un estimado de incremento del 70% en el presupuesto del municipio de Yantzaza por ingresos adicionales como regalías, impuestos y otros.
De acuerdo al reporte de resultados del primer trimestre de la compañía, la producción de oro totalizó 51.320 onzas, de las cuales 37.568 se produjeron como concentrado y 13.752 se produjeron en forma de doré. Y se vendieron 59.317 onzas de oro a un precio promedio de US$ 1,564 por onza.
El precio que alcanzará el oro en los próximos años es objeto de expectativa general tal como el panorama económico pospandemia. Pero el jueves 15 de mayo la cotización del oro spot superó los USD 1.745,48 la onza, precio que no alcanzaba desde agosto de 2012.
En el año 2019, segundo de construcción de la mina subterránea, la compañía compró aproximadamente $28 millones en negocios locales y fue un importante empleador habiendo contratado a 1235 personas entre personal directo y contratistas.
"Priorizamos a las comunidades locales en términos de compras, contratación y programas de diversificación económica. Estos serán aspectos clave de la reactivación económica del país", manifestó.
Así mismo, el cálculo arrojó datos sobre el impacto que tendrá la suspensión de las operaciones:
- Un mes de cierre de las operaciones de Fruta del Norte representa una caída del 4% del PIB de Zamora Chinchipe.
- Y una caída de un 37% del ingreso mensual de Yantzaza.
“Sin Fruta del Norte corre riesgo el 40% de las recaudaciones de impuestos de Zamora Chinchipe”, agregó.
Está por verse si el desempeño de los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia Zamora Chinchipe, el cantón Yantzaza y la parroquia Los Encuentros, con el tercer socio, que es el Estado central, logra que los recursos que genere esta mina de oro durante 14 años para el Estado sirvan en el corto plazo, para combatir la pandemia en sus terrenos, y enseguida, para sentar las bases del desarrollo sostenible de la zona.
Sin duda, el fatal 2020 no será el año referencial de la realización económica de Fruta del Norte, que anunció haber alcanzado su producción comercial en febrero. Sin embargo, las cifras son ilustrativas del nuevo nivel de los recursos que tendrán que gestionar las comunidades para lograr el desarrollo de valor y sustentabilidad en la economía del territorio minero.
Así también, del desafío para recuperar del Estado central el 60% de las regalías que están disponibles para los municipios en función de la presentación y aprobación de proyectos de inversión social prioritaria, para servicios básicos, entre otros, y productivos.
COE aprobó protocolo para reinicio de actividades mineras
Mayo 17 de 2020.- El pasado 15 de mayo, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional aprobó el Protocolo de Prevención en Bioseguridad para el Sector Minero frente a la Pandemia de Covid-19 que había presentado el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR) la semana anterior.
El protocolo establece disposiciones generales y requisitos mínimos que los titulares mineros, sus contratistas y proveedores deben adoptar para cuidar de la salud de sus trabajadores y la comunidad frente al Covid-19.
Según cifras del Viceministerio de Minas, con el reinicio de actividades en el sector se espera reestablecer alrededor de 33 mil plazas de empleo directo y 100 mil plazas de empleo indirecto, así como retomar de inmediato la exportación de minerales.
En este tema, la autoridad señala que este año se prevé que el valor de las exportaciones pueda estar entre los 642 y 1.109 millones de dólares, y generar beneficios para el Estado entre 496 y 892 millones de dólares.
Respecto del protocolo, las principales disposiciones que se establecen son:
El protocolo, informa en viceministro de Minas, Fernando Benalcazar, fue socializado con 250 autoridades locales y contó con el aporte del Ministerio de Minería de Chile y de profesionales ecuatorianos experimentados en materia de salud y seguridad de la industria minera.
El protocolo establece disposiciones generales y requisitos mínimos que los titulares mineros, sus contratistas y proveedores deben adoptar para cuidar de la salud de sus trabajadores y la comunidad frente al Covid-19.
Según cifras del Viceministerio de Minas, con el reinicio de actividades en el sector se espera reestablecer alrededor de 33 mil plazas de empleo directo y 100 mil plazas de empleo indirecto, así como retomar de inmediato la exportación de minerales.
En este tema, la autoridad señala que este año se prevé que el valor de las exportaciones pueda estar entre los 642 y 1.109 millones de dólares, y generar beneficios para el Estado entre 496 y 892 millones de dólares.
Respecto del protocolo, las principales disposiciones que se establecen son:
- Implementación de un plan de transporte para sus trabajadores, así como para el traslado del mineral y de insumos que abastecen la mina o proyecto minero.
- Requisitos para que los trabajadores puedan ingresar a una jornada de trabajo.
- Estrictos controles de acceso al sitio de operaciones.
- Implementación de un plan que contemple las medidas de desinfección a realizarse en las operaciones mineras.
- Medidas para asegurar el distanciamiento social.
- Control de la temperatura en el personal, chequeos médicos y registro de traslados internos.
- Las personas de grupos vulnerables deberán laborar bajo la modalidad de teletrabajo y priorizar esta modalidad para el personal administrativo o que sus actividades no estén directamente relacionadas con las operaciones mineras.
- Horarios diversos para alimentación, sin exceder la mitad de su capacidad instalada de los comedores.
- Establecimiento de un plan de limpieza, desinfección y almacenamiento de todos los alimentos, insumos y materiales que ingresan a las instalaciones mineras.
- Manejo adecuado de desechos.
- Plan de capacitación para sus trabajadores, personal médico y personal de mantenimiento.
- Implementación de un plan específico para la detección de posibles casos de Covid-19.
El protocolo, informa en viceministro de Minas, Fernando Benalcazar, fue socializado con 250 autoridades locales y contó con el aporte del Ministerio de Minería de Chile y de profesionales ecuatorianos experimentados en materia de salud y seguridad de la industria minera.
Cálculo de regalías mineras tiene nueva fórmula
11 de mayo de 2020.- El pasado siete del mes en curso el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, señaló en el webinar Ecuador Mining Summit “Oportunidades del sector minero en Ecuador”, organizado por RDN Global, que uno de los dispositivos legales aprobados en su segunda gestión ha sido el Acuerdo MERNNR/MERNNR 20-0019-AM, Reforma al instructivo de auditoría, cálculo de regalías y beneficios de la actividad minera metálica.
El viceministro explicó que una de las razones por las que se había tomado dicho acuerdo era la inexistencia de la empresa encargada de dar los datos de los precios. No dijo más. Al cierre de esta edición, el acuerdo tampoco estaba “colgado” en las páginas web del sector.
En febrero de este año Vía Minera inició una investigación sobre el tema y de ese material extraemos este avance que, dado que el instructivo ha sido modificado, sólo servirá como referencia para quienes se interesen en el tema.
De conformidad con el artículo 408 de la Constitución Política del Ecuador, el Estado como propietario de los recursos naturales no renovables tiene derecho a recibir el pago de regalías por parte de los titulares de concesiones mineras y plantas de beneficio. Los derechos mineros son los establecidos en el artículo 17 de la Ley de Minería.
Según los artículos 92 y 93 de la Ley de Minería, las regalías para minerales metálicos se establecen con base en un porcentaje sobre la venta de los minerales principales y secundarios. En síntesis, los concesionarios mineros y las plantas de beneficio deberán pagar una regalía de entre el 3% y 8%.
Para el caso de explotación de minerales no metálicos el porcentaje se calculará con base en los costos de producción.
En función de lo que rige en la Ley de Minería, los principales conceptos para el cálculo y declaración de regalías por la explotación de minerales metálicos y no metálicos, son los siguientes:
El viceministro explicó que una de las razones por las que se había tomado dicho acuerdo era la inexistencia de la empresa encargada de dar los datos de los precios. No dijo más. Al cierre de esta edición, el acuerdo tampoco estaba “colgado” en las páginas web del sector.
En febrero de este año Vía Minera inició una investigación sobre el tema y de ese material extraemos este avance que, dado que el instructivo ha sido modificado, sólo servirá como referencia para quienes se interesen en el tema.
De conformidad con el artículo 408 de la Constitución Política del Ecuador, el Estado como propietario de los recursos naturales no renovables tiene derecho a recibir el pago de regalías por parte de los titulares de concesiones mineras y plantas de beneficio. Los derechos mineros son los establecidos en el artículo 17 de la Ley de Minería.
Según los artículos 92 y 93 de la Ley de Minería, las regalías para minerales metálicos se establecen con base en un porcentaje sobre la venta de los minerales principales y secundarios. En síntesis, los concesionarios mineros y las plantas de beneficio deberán pagar una regalía de entre el 3% y 8%.
Para el caso de explotación de minerales no metálicos el porcentaje se calculará con base en los costos de producción.
En función de lo que rige en la Ley de Minería, los principales conceptos para el cálculo y declaración de regalías por la explotación de minerales metálicos y no metálicos, son los siguientes:
Cálculo de las regalías para metálicos
El instructivo de auditoría “Cálculo de Regalías y Beneficios de la Actividad Minera Metálica de las Regalías” emitido por el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables mediante Acuerdo Ministerial 323 publicado en el Registro Oficial 657 el 9 de marzo de 2012; establece la fórmula para el cálculo de la regalía minera para minerales metálicos, de la siguiente manera:
Regalía = ( (CM x PI) – GTI-CR-GT-IIE) x % Regalía
En donde:
CM es la cantidad de metales pagables contenidos en los productos minerales vendidos. Se obtiene una vez descontadas las mermas y deducciones metalúrgicas establecidas en los respectivos contratos.
PI es el precio internacional de venta de los metales pagables. Este precio será igual al promedio mensual (mes calendario) de precios durante el período de cotización, y corresponden a los publicados en la Asociación del Mercado de Lingotes de Londres.
GTI, que corresponde a los gastos y descuentos de transporte, ya sea terrestre, marítimo o como fuere, manipulación (inspecciones, transbordos, análisis, laboratorio arbitral de contenidos metálicos), y primas de seguros por pérdidas en tránsito de los productos minerales, desde que el producto mineral es embarcado en la nave de exportación hasta el puerto de destino.
CR, son los cargos de los procesos de tratamiento y refinación. Corresponden a los cargos de tratamiento y refinación (TC/RC), y penalidades por impurezas, de acuerdo con los términos y condiciones particulares acordados para cada venta bajo parámetros internacionales.
GT son los gastos de transporte. Incluyen los gastos y descuentos de transporte (terrestre, marítimo, etc.), manipulación (inspecciones, costos portuarios y de embarque, bodegaje, transbordos, análisis y laboratorio, carga y descarga, empaque), primas de seguros por pérdidas en tránsito (incluida la porción no deducible en las coberturas) de los productos minerales, desde el área del contrato hasta que el producto mineral es embarcado en la nave de exportación.
IIE = Impuesto a los Ingresos Extraordinarios, que ha sido derogado mediante Ley de Fomento Productivo publicada en el Suplemento del Registro Oficial 309 del 21 de agosto de 2018.
En conclusión, de acuerdo a la anterior legislación, la multiplicación de la cantidad de metales pagables por el precio internacional menos los gastos de transporte internacional y nacional, y los cargos de los procesos de tratamiento y refinación, daban como resultado el ingreso neto o venta neta sobre la cual se aplicaba el porcentaje de regalía correspondiente en función del título minero y el régimen al que pertenece.
Según el viceministro Benalcázar, la fórmula ha sido cambiada.
El instructivo de auditoría “Cálculo de Regalías y Beneficios de la Actividad Minera Metálica de las Regalías” emitido por el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables mediante Acuerdo Ministerial 323 publicado en el Registro Oficial 657 el 9 de marzo de 2012; establece la fórmula para el cálculo de la regalía minera para minerales metálicos, de la siguiente manera:
Regalía = ( (CM x PI) – GTI-CR-GT-IIE) x % Regalía
En donde:
CM es la cantidad de metales pagables contenidos en los productos minerales vendidos. Se obtiene una vez descontadas las mermas y deducciones metalúrgicas establecidas en los respectivos contratos.
PI es el precio internacional de venta de los metales pagables. Este precio será igual al promedio mensual (mes calendario) de precios durante el período de cotización, y corresponden a los publicados en la Asociación del Mercado de Lingotes de Londres.
GTI, que corresponde a los gastos y descuentos de transporte, ya sea terrestre, marítimo o como fuere, manipulación (inspecciones, transbordos, análisis, laboratorio arbitral de contenidos metálicos), y primas de seguros por pérdidas en tránsito de los productos minerales, desde que el producto mineral es embarcado en la nave de exportación hasta el puerto de destino.
CR, son los cargos de los procesos de tratamiento y refinación. Corresponden a los cargos de tratamiento y refinación (TC/RC), y penalidades por impurezas, de acuerdo con los términos y condiciones particulares acordados para cada venta bajo parámetros internacionales.
GT son los gastos de transporte. Incluyen los gastos y descuentos de transporte (terrestre, marítimo, etc.), manipulación (inspecciones, costos portuarios y de embarque, bodegaje, transbordos, análisis y laboratorio, carga y descarga, empaque), primas de seguros por pérdidas en tránsito (incluida la porción no deducible en las coberturas) de los productos minerales, desde el área del contrato hasta que el producto mineral es embarcado en la nave de exportación.
IIE = Impuesto a los Ingresos Extraordinarios, que ha sido derogado mediante Ley de Fomento Productivo publicada en el Suplemento del Registro Oficial 309 del 21 de agosto de 2018.
En conclusión, de acuerdo a la anterior legislación, la multiplicación de la cantidad de metales pagables por el precio internacional menos los gastos de transporte internacional y nacional, y los cargos de los procesos de tratamiento y refinación, daban como resultado el ingreso neto o venta neta sobre la cual se aplicaba el porcentaje de regalía correspondiente en función del título minero y el régimen al que pertenece.
Según el viceministro Benalcázar, la fórmula ha sido cambiada.
Arcom tendrá que fusionarse en 60 días
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11 de mayo de 2020.- El mismo día que el viceministro Fernando Benalcázar celebraba que Arcom haya pasado a depender de su despacho, el presidente firmó el decreto No. 1036 que la fusionaba con las de Hidrocarburos y Electricidad y creó la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
En su artículo 4, la norma señala que el directorio de la superagencia estará integrado por representantes de los ministerios de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Ambiente y Agua, Defensa Nacional, del Gobierno y de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.
Dispone también que el proceso de fusión debe concluir en los próximos 60 días, contados a partir del seis de mayo.
Al cierre de esta edición, ningún representante del sector había comentado la disposición gubernamental, sin embargo, no es difícil comprender que las expresiones de descoordinación proyectan una mala imagen al exterior. Tampoco es complicado advertir que la absorción de Arcom pueda ser vista como una debilitación de la supervisión estatal frente a las empresas mineras, extranjeras muchas de ellas.
En tiempos de Covid 19 el Estado necesita fortalecer las instituciones de control y asegurar la transparencia, sobre todo en los sectores extractivos. Por ello, en línea con su tradicional proactividad, es previsible que los concesionarios mineros seguirán apostando a que incluso con una instancia reducida y sin especialización, se fortalezca la institucionalidad en temas mineros. Especialmente porque la industria ha crecido y podría crecer más, en su rubro más importante que es la producción metálica a gran escala.
En su artículo 4, la norma señala que el directorio de la superagencia estará integrado por representantes de los ministerios de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Ambiente y Agua, Defensa Nacional, del Gobierno y de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.
Dispone también que el proceso de fusión debe concluir en los próximos 60 días, contados a partir del seis de mayo.
Al cierre de esta edición, ningún representante del sector había comentado la disposición gubernamental, sin embargo, no es difícil comprender que las expresiones de descoordinación proyectan una mala imagen al exterior. Tampoco es complicado advertir que la absorción de Arcom pueda ser vista como una debilitación de la supervisión estatal frente a las empresas mineras, extranjeras muchas de ellas.
En tiempos de Covid 19 el Estado necesita fortalecer las instituciones de control y asegurar la transparencia, sobre todo en los sectores extractivos. Por ello, en línea con su tradicional proactividad, es previsible que los concesionarios mineros seguirán apostando a que incluso con una instancia reducida y sin especialización, se fortalezca la institucionalidad en temas mineros. Especialmente porque la industria ha crecido y podría crecer más, en su rubro más importante que es la producción metálica a gran escala.
Alcalde de Cotacachi solicita información sobre proyecto Llurimagua
3 de mayo de 2020.- El 21 de abril, el alcalde de Cotacachi, Auki Tituaña Males, remitió una carta al presidente de la República solicitándole información sobre los aspectos legales, ambientales, financieros y de todo orden que rodean al proyecto Llurimagua.
“Solicitamos que se sirva entregarnos un Resumen Ejecutivo del gran Proyecto Minero Llurimagua, con la clara explicación de los beneficios económicos para el país y para nuestra población inteña y cotacacheña”, dice la carta en su parte medular.
Después del pedido formal, en dos páginas de consideraciones, Tituaña dice hablar desde la memoria de sus abuelos kichwas y expresa su temor de que la minería no sea un camino a la prosperidad y sí de prácticas reprochables que han hecho parte de la historia del continente.
Invita además al Primer mandatario a “no destruir miles de hectáreas productivas desde donde podemos seguir alimentando al Ecuador (…) a no contaminar millones de litros de agua, que aparte de servirnos para el consumo local, bien podríamos exportar a países que necesitan el líquido vital, con mejores réditos económicos que el mismo petróleo y demás minerales”.
Después de conocida la carta, Tituaña ha sido blanco de una serie de expresiones racistas en las redes sociales en las cuales se ignora su condición de autoridad por elección popular y su ampliamente reconocida trayectoria al frente de un gobierno autónomo de nivel cantonal.
Tituaña es un economista y político. Es la cuarta vez que ocupa la alcaldía de Cotacachi. Antes fue reelecto a este cargo por dos ocasiones (2000 y 2004). Ha recibido los premios “Dubai Award for Democratization” a las mejores prácticas otorgado por la municipalidad de Dubai y ONU Habitat en el año 2000 y el Unesco “Peace City” Award del 2002.
Es considerado uno de los “dirigentes históricos” de la Conaie. Fue coautor del “Proyecto político de la Conaie” (1993) y en representación de CREO, estuvo a un paso de ser el acompañante de Guillermo Lasso en las elecciones del 2009.
En su carta del 21 de abril, señala que la misma “tiene el propósito de transparentar la información y velar por el cumplimiento de preceptos constitucionales”.
“Solicitamos que se sirva entregarnos un Resumen Ejecutivo del gran Proyecto Minero Llurimagua, con la clara explicación de los beneficios económicos para el país y para nuestra población inteña y cotacacheña”, dice la carta en su parte medular.
Después del pedido formal, en dos páginas de consideraciones, Tituaña dice hablar desde la memoria de sus abuelos kichwas y expresa su temor de que la minería no sea un camino a la prosperidad y sí de prácticas reprochables que han hecho parte de la historia del continente.
Invita además al Primer mandatario a “no destruir miles de hectáreas productivas desde donde podemos seguir alimentando al Ecuador (…) a no contaminar millones de litros de agua, que aparte de servirnos para el consumo local, bien podríamos exportar a países que necesitan el líquido vital, con mejores réditos económicos que el mismo petróleo y demás minerales”.
Después de conocida la carta, Tituaña ha sido blanco de una serie de expresiones racistas en las redes sociales en las cuales se ignora su condición de autoridad por elección popular y su ampliamente reconocida trayectoria al frente de un gobierno autónomo de nivel cantonal.
Tituaña es un economista y político. Es la cuarta vez que ocupa la alcaldía de Cotacachi. Antes fue reelecto a este cargo por dos ocasiones (2000 y 2004). Ha recibido los premios “Dubai Award for Democratization” a las mejores prácticas otorgado por la municipalidad de Dubai y ONU Habitat en el año 2000 y el Unesco “Peace City” Award del 2002.
Es considerado uno de los “dirigentes históricos” de la Conaie. Fue coautor del “Proyecto político de la Conaie” (1993) y en representación de CREO, estuvo a un paso de ser el acompañante de Guillermo Lasso en las elecciones del 2009.
En su carta del 21 de abril, señala que la misma “tiene el propósito de transparentar la información y velar por el cumplimiento de preceptos constitucionales”.
Proyecto Llurimagua es analizado por Cigmipa
27 de abril de 2020.- El Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos, Ambiental y Especialidades Afines de la Región Norte, Cigmipa, viene preparando un pronunciamiento en torno al acuerdo firmado entre Enami y Codelco para constituir una sociedad anónima que se haga cargo del proyecto Llurimagua.
La idea del colegiado es contribuir de manera efectiva a tomar la mejor decisión en cuanto al ya citado proyecto y para ello piensan entregar su propuesta al primer mandatario, al ministro del sector y a todas las autoridades involucradas con la gestión de los recursos naturales.
Recuerdan que Llurimagua fue descubierto allá por 1980 por técnicos ecuatorianos pertenecientes a la entonces Dirección General de Geología y Minas (DGGM). No por Codelco.
Para el Colegio de Ingenieros, lo más saludable es que se revise todo el caso y que los técnicos de Codelco tengan la oportunidad de demostrar que han actuado de manera transparente. La sociedad ecuatoriana también debe ejercer su derecho a conocer los resultados de las actividades de exploración e inversión que Codelco ha ejecutado durante los últimos años.
Vía Minera conversó con Daniel Philco, Msc., directivo del Cigmipa, y pudo conocer que la institución sostiene que la actividad técnica y financiera ejecutada por Codelco deberá ser cancelada después de una auditoría y una vez de que toda la información técnica se haya convertido en propiedad del Estado ecuatoriano.
Señalan además estar a la expectativa de los acontecimientos del proyecto Llurimagua y ofrecen su contingente como veedores técnicos calificados en este tema crucial para la economía del país. Al respecto, sostienen que el paso siguiente debe ser convocar a una licitación internacional y que al final de la misma, Enami tenga la oportunidad de asociarse con la empresa ganadora.
La idea del colegiado es contribuir de manera efectiva a tomar la mejor decisión en cuanto al ya citado proyecto y para ello piensan entregar su propuesta al primer mandatario, al ministro del sector y a todas las autoridades involucradas con la gestión de los recursos naturales.
Recuerdan que Llurimagua fue descubierto allá por 1980 por técnicos ecuatorianos pertenecientes a la entonces Dirección General de Geología y Minas (DGGM). No por Codelco.
Para el Colegio de Ingenieros, lo más saludable es que se revise todo el caso y que los técnicos de Codelco tengan la oportunidad de demostrar que han actuado de manera transparente. La sociedad ecuatoriana también debe ejercer su derecho a conocer los resultados de las actividades de exploración e inversión que Codelco ha ejecutado durante los últimos años.
Vía Minera conversó con Daniel Philco, Msc., directivo del Cigmipa, y pudo conocer que la institución sostiene que la actividad técnica y financiera ejecutada por Codelco deberá ser cancelada después de una auditoría y una vez de que toda la información técnica se haya convertido en propiedad del Estado ecuatoriano.
Señalan además estar a la expectativa de los acontecimientos del proyecto Llurimagua y ofrecen su contingente como veedores técnicos calificados en este tema crucial para la economía del país. Al respecto, sostienen que el paso siguiente debe ser convocar a una licitación internacional y que al final de la misma, Enami tenga la oportunidad de asociarse con la empresa ganadora.
Empresas mineras eligen delegados al EITI
27 de abril de 2020.- El pasado 20 del mes en curso se reunieron representantes del sector empresarial minero con el propósito de definir la participación de las compañías en la Iniciativa EITI, dando así un paso adelante en la constitución del grupo que debe respaldar la postulación del Ecuador a dicho organismo internacional.
Las empresas mineras eligieron como sus representantes al delegado de la Cámara de Minería de Ecuador y al de Lundin Gold. Los alternos son los representantes de Curimining y Hancock/Hanrine.
Para tener listo al “grupo de la industria” del EITI, falta ahora que las del sector hidrocarburos designen a sus cuatro representantes.
Según las normas del EITI, a nivel país debe constituirse el grupo multipartícipe como resultado de la interacción de tres actores: el gobierno, las empresas y la sociedad civil.
El grupo de la industria debe “definir los intereses, objetivos y prioridades de la industria en relación al estándar EITI” y está por completar la elección de sus representantes. Al grupo de la sociedad civil lo están tratando de formar una docena de ONG quiteñas y el gobierno ya tiene a su delegado.
Las empresas mineras eligieron como sus representantes al delegado de la Cámara de Minería de Ecuador y al de Lundin Gold. Los alternos son los representantes de Curimining y Hancock/Hanrine.
Para tener listo al “grupo de la industria” del EITI, falta ahora que las del sector hidrocarburos designen a sus cuatro representantes.
Según las normas del EITI, a nivel país debe constituirse el grupo multipartícipe como resultado de la interacción de tres actores: el gobierno, las empresas y la sociedad civil.
El grupo de la industria debe “definir los intereses, objetivos y prioridades de la industria en relación al estándar EITI” y está por completar la elección de sus representantes. Al grupo de la sociedad civil lo están tratando de formar una docena de ONG quiteñas y el gobierno ya tiene a su delegado.
Proyecto Llurimagua: Un matrimonio en la encrucijada
19 de abril de 2020.- Al cierre de esta edición el futuro de la relación Enami - Codelco era una incógnita y en el sector se esperaba que la intervención del presidente Lenin Moreno aclare el panorama.
De eso se trata y Vía Minera, como medio periodístico, no pretende demostrar nada. Solo vamos a mostrar una parte de lo que hemos encontrado tratando de explicar cómo se gestionan nuestros recursos naturales.
Si la realidad podía definirse como caótica por la crisis sanitaria y todas las crisis que se venían, tenemos un asunto más para pensar y es preciso hacerlo bien. Decíamos en el número anterior que del nivel que tenga la reflexión ahora dependerá la calidad de las políticas que se apliquen después.
Pero ocurre que no hay debate. Que los actores principales se esconden y las oficinas de comunicación no comunican. Que las autoridades se vuelven sordas y olvidan eso que llaman transparencia cuando necesitan justificar el crédito de una multilateral.
Callar las ideas no conduce a nada bueno. “Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez” decía una de las heroínas de la lucha por la independencia.
En un contexto así no debe sorprender el resultado de las actividades que pudo realizar Codelco en los últimos años. Al fin y al cabo, las empresas tienen sus propios objetivos y los países no tienen amigos sino intereses. Eso que llaman inteligencia estratégica muestra al Ecuador como una nación que requiere una inyección urgente de capitales y todos se quieren aprovechar de esta necesidad.
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Por la razón o por la fuerza
En la parte central del escudo chileno hay dos animales. Uno típico de la zona que comparten con Argentina y que estaría representando a la razón y uno que consideramos muy nuestro. Es el cóndor que simboliza la fuerza que inspira a esa nación.
Es el sino que acompañó a Codelco desde sus inicios allá por los años sesenta, unos años antes de que asumiera el presidente Salvador Allende. Era una empresa condenada a ser chica porque iba a tener la mitad más uno de las operaciones más chicas de Chile, es decir, de aquellas que no habían sido entregadas a las grandes empresas.
Pero vino Allende y nacionalizó el cobre y le entregó a Codelco la operación de las grandes minas. Codelco como la conocemos hoy nació de una acción de fuerza y conserva ese empuje.
El año 2015, para no remontarnos muy atrás, Codelco y la Empresa Nacional Minera (Enami) del Ecuador firmaron los términos del acuerdo de accionistas para avanzar con el proyecto Llurimagua.
Según el convenio, Enami tendría el 51 % del accionariado y Codelco el 49 %, informó el entonces ministro Javier Córdova.
Con ese convenio la historia se aceleró. Enami sería accionista mayoritario si es que el proyecto continuaba a la fase de exploración avanzada y se decidía la explotación. Mientras tanto Codelco guardaba los secretos de la exploración que ya venía realizando. Han invertido siete millones este año y el próximo año podría ser un poco más, decía al respecto el ministro ecuatoriano.
A la entonces ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, se le escapó que ese 2015 Codelco terminaría 20.000 metros de sondaje.
Sueños de opio
La historia se repite dos veces. Una de ellas es como tragedia y la otra como comedia. Los diarios de esa época conservan las declaraciones del titular del desaparecido ministerio de Sectores Estratégicos afirmando que el país invertiría US$ 2 mil millones en una refinería de cobre que empezaría a funcionar el 2020. México y China financiarían esta obra.
Los funcionarios de Enami también tenían imaginación. Llurimagua sería una empresa modelo, social y ambientalmente responsable, rentable y todo lo demás. Sería eso y mucho más.
Para que todo parezca perfecto se hablaba también de transparencia. “El compromiso del Gobierno Nacional es brindar a la ciudadanía transparencia en su gestión, con el fin de visibilizar el trabajo que se realiza en los diferentes campos para lograr el desarrollo integral del país”, decían los comunicados de Enami de esa fecha.
Pero la mentira tiene piernas cortas. El trabajo de verdad lo estaban haciendo sus socios chilenos y faltando una norma elemental de cortesía como es la de informar cómo están las cosas.
Enami, como empresa estatal ecuatoriana, hizo lo que pudo: obtuvo la “licencia ambiental para la fase de exploración avanzada”, o sea, para la perforación que después hizo la empresa estatal chilena.
La perforación es una etapa clave en la exploración minera. Es la única forma de averiguar qué riquezas esconde el subsuelo y es por ello que todos los gobiernos exigen a las empresas nacionales o extranjeras que perforan en su territorio que les informen cuáles son los resultados de sus pruebas.
La transparencia tiene otras manifestaciones favorables en la región. Brasil somete a discusión pública los borradores de los contratos que se van a firmar con empresas extranjeras y la vecina Colombia transmite en directo las sesiones de sus organismos encargados de negociar convenios, tratados y contratos de explotación.
Aquí no pasa eso. Enami no sabía y probablemente no sabe qué es lo que tiene en Llurimagua. Los chilenos sí.
En 2015 era conocida la estimación de recursos realizada por Ascendant Copper en el año 2004 que reportaba el mejor corte con un tonelaje de 1359,9 millones de toneladas de mineral con un contenido de 0,73% de Cu, 1,6 ppm de plata y 0,03 % de molibdeno, certificado por la compañía Micon International Co. Limited.
La estatal chilena Codelco sabe que existe mucho más y lo dice. El año 2018 informaron que 3846 millones de toneladas de mineral con una ley de 0,44 corresponden al 49% de su participación en Llurimagua.
El año pasado ni este año han dado cifras sobre los recursos existentes en ese proyecto y es fácil comprender por qué.
Se han limitado a decir que el 2019 completaron la actualización del modelo geológico y que la información obtenida indica que Llurimagua tiene potencial para un depósito de cobre y molibdeno de clase mundial, que podría ser explotado mediante técnicas mineras y metalúrgicas tradicionales para menas de sulfuros primarios de cobre.
Codelco tiene el control en sus manos. Tiene la información del subsuelo y sobre el suelo tiene personas muy serviciales que pueden hacer lo que la empresa necesite.
De otro lado, si ellos dicen que han invertido hasta ahora US$ 60 millones en más de 100.000 metros de perforación en Llurimagua y que para invertir este año US$ 131 millones necesitan garantías de que su inversión les traerá dividendos, están en su derecho.
Se estima que esa inversión es parte de la que permitiría obtener la información que se requiere para hacer un estudio de prefactibilidad del depósito. Mientras tanto, el valor de la concesión es un misterio y peor aún, no existen elementos de certeza con los cuales puedan ser establecidos.
Dime con quién andas y te diré…
Codelco, sus representantes y sus admiradores, tienen razones para sentirse desconfiados. Aún cuando un informe de la Procuraduría General del Estado, redactado hace dos semanas, iba a respaldar legalmente sus buenos negocios, en la Contraloría General del Estado y en la Defensoría del Pueblo no piensan lo mismo.
Como si esto fuera poco, para Codelco las complicaciones vienen también de su propio país. De sus propios bolsillos, mejor dicho. Antes de que empezaran los estragos que ha provocado la pandemia su situación ya era complicada. El virus ha sido un buen pretexto para que hace dos semanas anunciaran la suspensión de sus proyectos en la mina Chuquicamata que ahora es subterránea, en las obras de Rajo Inca y Traspaso Andina. Sus voceros han dicho que la suspensión es por 15 días pero así se empieza.
Hace unas semanas, al presentar su Memoria 2019, la minera dio a conocer sus resultados financieros del cuarto trimestre, que la dejaron en una peor posición que el año pasado, pues los excedentes que generaron fueron 17% menores a los del 2018, pasando de US$1.606 millones en 2018 a US$ 1.340 millones en 2019.
Lo anterior se explicó por un menor precio del cobre y una menor producción como consecuencia del evento climático que afectó al Distrito Norte y a la huelga de trabajadores en Chuquicamata. Su producción alcanzó 1588 millones de toneladas, es decir 5,3% menos que el año anterior.
En tierra de los ciegos…
No hay que hacer leña del árbol caído. Hay que leer las noticias internacionales.
Hace menos de un mes diarios chilenos señalaban que “El presidente ejecutivo de la estatal, Octavio Araneda, sinceró el complejo momento que atraviesan por el coronavirus, donde uno de los principales efectos ha sido la brusca caída del cobre, que ayer presentó su nivel más bajo desde 2016”.
El desplome del cobre en los mercados internacionales pone en duda no solo la capacidad de seguir generando recursos para el Estado, sino que también, la viabilidad de los proyectos de desarrollo que lleva adelante. A esto se suma otro elemento, que son los vencimientos que la minera deberá enfrentar, y que alcanzan los US$860 millones.
En medio de este escenario, el presidente ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda, envió una carta a los trabajadores: “Quiero ser franco con ustedes: esta emergencia está afectando drásticamente la actividad empresarial y minera, lo que generará un impacto muy significativo en la economía del país”, les explicó.
Codelco tiene muchos motivos para preocuparse en cómo mejorar su economía y una alternativa es lo que puede conseguir en Ecuador. A partir del 2008, fecha de su primer convenio, ha firmado una serie de documentos que le dan pie para determinar las condiciones más ventajosas para sus intenciones.
Como decíamos, el 2015 firmó los términos de acuerdo de accionistas y el 2019 una adenda a esos términos y al convenio para la exploración minera (2011). En base a ello exige el cumplimiento de lo pactado vía la suscripción de un Pacto de Accionistas, la constitución de la sociedad anónima y lo más importante, la cesión y la transferencia de la concesión Llurimagua a la sociedad anónima.
Y aquí empiezan los problemas porque en el Pacto de Accionistas, por ejemplo, no se explica cómo así es que Enami tendrá el 51 por ciento del paquete accionario. Es sensato preguntarse de dónde sale esa cifra y por qué no es el 60 ó el 80 por ciento si el depósito es del Ecuador. Una justificación técnica es lo mínimo que se exige en este tipo de documentos, pero no la hay.
Tampoco se establece el mecanismo que asegure el cumplimiento del artículo constitucional que dispone una participación mayoritaria para el Estado, según interpretación de los que entienden de leyes. Si ese artículo conviene o no al país en las actuales circunstancias es harina de otro costal, dicen los entendidos, pero lo concreto es que la Constitución vigente manda eso.
El Pacto de Accionistas tampoco justifica, desde una óptica técnica o económica, la conveniencia para el interés nacional de la figura de “sociedad anónima”. La cláusula del “deadlock”, convencional en otras circunstancias, puede ser ahora motivo de discusión, como efectivamente lo ha sido.
Una persona con amplia experiencia en negociaciones internacionales, contratada por el gobierno ecuatoriano para asesorar en este caso, contó a Vía Minera que la práctica del equipo negociador de Codelco podía bien calificarse como de desleal y abuso de la posición dominante que tiene esa empresa en el mercado internacional del cobre.
Varias partes de los documentos suscritos en esas condiciones contienen condiciones imposibles de cumplir. No hay forma, por ejemplo, de mantener el 51% si no se sabe cuál es el 100%, en este caso, cuáles o cuántas son las reservas. Otras consideraciones como la de aceptar el arbitraje internacional ante un tribunal con sede en París son difíciles de aceptar, al menos, por cuestiones de principios.
Hay muchos más aspectos qué ponen en cuestión la firma del Pacto de Accionistas, la constitución de la sociedad anónima y la cesión y transferencia de la concesión minera Llurimagua. Señalarlos tomaría ediciones completas de Vía Minera y seguramente las dedicaremos al tema, próximamente.
En la parte central del escudo chileno hay dos animales. Uno típico de la zona que comparten con Argentina y que estaría representando a la razón y uno que consideramos muy nuestro. Es el cóndor que simboliza la fuerza que inspira a esa nación.
Es el sino que acompañó a Codelco desde sus inicios allá por los años sesenta, unos años antes de que asumiera el presidente Salvador Allende. Era una empresa condenada a ser chica porque iba a tener la mitad más uno de las operaciones más chicas de Chile, es decir, de aquellas que no habían sido entregadas a las grandes empresas.
Pero vino Allende y nacionalizó el cobre y le entregó a Codelco la operación de las grandes minas. Codelco como la conocemos hoy nació de una acción de fuerza y conserva ese empuje.
El año 2015, para no remontarnos muy atrás, Codelco y la Empresa Nacional Minera (Enami) del Ecuador firmaron los términos del acuerdo de accionistas para avanzar con el proyecto Llurimagua.
Según el convenio, Enami tendría el 51 % del accionariado y Codelco el 49 %, informó el entonces ministro Javier Córdova.
Con ese convenio la historia se aceleró. Enami sería accionista mayoritario si es que el proyecto continuaba a la fase de exploración avanzada y se decidía la explotación. Mientras tanto Codelco guardaba los secretos de la exploración que ya venía realizando. Han invertido siete millones este año y el próximo año podría ser un poco más, decía al respecto el ministro ecuatoriano.
A la entonces ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, se le escapó que ese 2015 Codelco terminaría 20.000 metros de sondaje.
Sueños de opio
La historia se repite dos veces. Una de ellas es como tragedia y la otra como comedia. Los diarios de esa época conservan las declaraciones del titular del desaparecido ministerio de Sectores Estratégicos afirmando que el país invertiría US$ 2 mil millones en una refinería de cobre que empezaría a funcionar el 2020. México y China financiarían esta obra.
Los funcionarios de Enami también tenían imaginación. Llurimagua sería una empresa modelo, social y ambientalmente responsable, rentable y todo lo demás. Sería eso y mucho más.
Para que todo parezca perfecto se hablaba también de transparencia. “El compromiso del Gobierno Nacional es brindar a la ciudadanía transparencia en su gestión, con el fin de visibilizar el trabajo que se realiza en los diferentes campos para lograr el desarrollo integral del país”, decían los comunicados de Enami de esa fecha.
Pero la mentira tiene piernas cortas. El trabajo de verdad lo estaban haciendo sus socios chilenos y faltando una norma elemental de cortesía como es la de informar cómo están las cosas.
Enami, como empresa estatal ecuatoriana, hizo lo que pudo: obtuvo la “licencia ambiental para la fase de exploración avanzada”, o sea, para la perforación que después hizo la empresa estatal chilena.
La perforación es una etapa clave en la exploración minera. Es la única forma de averiguar qué riquezas esconde el subsuelo y es por ello que todos los gobiernos exigen a las empresas nacionales o extranjeras que perforan en su territorio que les informen cuáles son los resultados de sus pruebas.
La transparencia tiene otras manifestaciones favorables en la región. Brasil somete a discusión pública los borradores de los contratos que se van a firmar con empresas extranjeras y la vecina Colombia transmite en directo las sesiones de sus organismos encargados de negociar convenios, tratados y contratos de explotación.
Aquí no pasa eso. Enami no sabía y probablemente no sabe qué es lo que tiene en Llurimagua. Los chilenos sí.
En 2015 era conocida la estimación de recursos realizada por Ascendant Copper en el año 2004 que reportaba el mejor corte con un tonelaje de 1359,9 millones de toneladas de mineral con un contenido de 0,73% de Cu, 1,6 ppm de plata y 0,03 % de molibdeno, certificado por la compañía Micon International Co. Limited.
La estatal chilena Codelco sabe que existe mucho más y lo dice. El año 2018 informaron que 3846 millones de toneladas de mineral con una ley de 0,44 corresponden al 49% de su participación en Llurimagua.
El año pasado ni este año han dado cifras sobre los recursos existentes en ese proyecto y es fácil comprender por qué.
Se han limitado a decir que el 2019 completaron la actualización del modelo geológico y que la información obtenida indica que Llurimagua tiene potencial para un depósito de cobre y molibdeno de clase mundial, que podría ser explotado mediante técnicas mineras y metalúrgicas tradicionales para menas de sulfuros primarios de cobre.
Codelco tiene el control en sus manos. Tiene la información del subsuelo y sobre el suelo tiene personas muy serviciales que pueden hacer lo que la empresa necesite.
De otro lado, si ellos dicen que han invertido hasta ahora US$ 60 millones en más de 100.000 metros de perforación en Llurimagua y que para invertir este año US$ 131 millones necesitan garantías de que su inversión les traerá dividendos, están en su derecho.
Se estima que esa inversión es parte de la que permitiría obtener la información que se requiere para hacer un estudio de prefactibilidad del depósito. Mientras tanto, el valor de la concesión es un misterio y peor aún, no existen elementos de certeza con los cuales puedan ser establecidos.
Dime con quién andas y te diré…
Codelco, sus representantes y sus admiradores, tienen razones para sentirse desconfiados. Aún cuando un informe de la Procuraduría General del Estado, redactado hace dos semanas, iba a respaldar legalmente sus buenos negocios, en la Contraloría General del Estado y en la Defensoría del Pueblo no piensan lo mismo.
Como si esto fuera poco, para Codelco las complicaciones vienen también de su propio país. De sus propios bolsillos, mejor dicho. Antes de que empezaran los estragos que ha provocado la pandemia su situación ya era complicada. El virus ha sido un buen pretexto para que hace dos semanas anunciaran la suspensión de sus proyectos en la mina Chuquicamata que ahora es subterránea, en las obras de Rajo Inca y Traspaso Andina. Sus voceros han dicho que la suspensión es por 15 días pero así se empieza.
Hace unas semanas, al presentar su Memoria 2019, la minera dio a conocer sus resultados financieros del cuarto trimestre, que la dejaron en una peor posición que el año pasado, pues los excedentes que generaron fueron 17% menores a los del 2018, pasando de US$1.606 millones en 2018 a US$ 1.340 millones en 2019.
Lo anterior se explicó por un menor precio del cobre y una menor producción como consecuencia del evento climático que afectó al Distrito Norte y a la huelga de trabajadores en Chuquicamata. Su producción alcanzó 1588 millones de toneladas, es decir 5,3% menos que el año anterior.
En tierra de los ciegos…
No hay que hacer leña del árbol caído. Hay que leer las noticias internacionales.
Hace menos de un mes diarios chilenos señalaban que “El presidente ejecutivo de la estatal, Octavio Araneda, sinceró el complejo momento que atraviesan por el coronavirus, donde uno de los principales efectos ha sido la brusca caída del cobre, que ayer presentó su nivel más bajo desde 2016”.
El desplome del cobre en los mercados internacionales pone en duda no solo la capacidad de seguir generando recursos para el Estado, sino que también, la viabilidad de los proyectos de desarrollo que lleva adelante. A esto se suma otro elemento, que son los vencimientos que la minera deberá enfrentar, y que alcanzan los US$860 millones.
En medio de este escenario, el presidente ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda, envió una carta a los trabajadores: “Quiero ser franco con ustedes: esta emergencia está afectando drásticamente la actividad empresarial y minera, lo que generará un impacto muy significativo en la economía del país”, les explicó.
Codelco tiene muchos motivos para preocuparse en cómo mejorar su economía y una alternativa es lo que puede conseguir en Ecuador. A partir del 2008, fecha de su primer convenio, ha firmado una serie de documentos que le dan pie para determinar las condiciones más ventajosas para sus intenciones.
Como decíamos, el 2015 firmó los términos de acuerdo de accionistas y el 2019 una adenda a esos términos y al convenio para la exploración minera (2011). En base a ello exige el cumplimiento de lo pactado vía la suscripción de un Pacto de Accionistas, la constitución de la sociedad anónima y lo más importante, la cesión y la transferencia de la concesión Llurimagua a la sociedad anónima.
Y aquí empiezan los problemas porque en el Pacto de Accionistas, por ejemplo, no se explica cómo así es que Enami tendrá el 51 por ciento del paquete accionario. Es sensato preguntarse de dónde sale esa cifra y por qué no es el 60 ó el 80 por ciento si el depósito es del Ecuador. Una justificación técnica es lo mínimo que se exige en este tipo de documentos, pero no la hay.
Tampoco se establece el mecanismo que asegure el cumplimiento del artículo constitucional que dispone una participación mayoritaria para el Estado, según interpretación de los que entienden de leyes. Si ese artículo conviene o no al país en las actuales circunstancias es harina de otro costal, dicen los entendidos, pero lo concreto es que la Constitución vigente manda eso.
El Pacto de Accionistas tampoco justifica, desde una óptica técnica o económica, la conveniencia para el interés nacional de la figura de “sociedad anónima”. La cláusula del “deadlock”, convencional en otras circunstancias, puede ser ahora motivo de discusión, como efectivamente lo ha sido.
Una persona con amplia experiencia en negociaciones internacionales, contratada por el gobierno ecuatoriano para asesorar en este caso, contó a Vía Minera que la práctica del equipo negociador de Codelco podía bien calificarse como de desleal y abuso de la posición dominante que tiene esa empresa en el mercado internacional del cobre.
Varias partes de los documentos suscritos en esas condiciones contienen condiciones imposibles de cumplir. No hay forma, por ejemplo, de mantener el 51% si no se sabe cuál es el 100%, en este caso, cuáles o cuántas son las reservas. Otras consideraciones como la de aceptar el arbitraje internacional ante un tribunal con sede en París son difíciles de aceptar, al menos, por cuestiones de principios.
Hay muchos más aspectos qué ponen en cuestión la firma del Pacto de Accionistas, la constitución de la sociedad anónima y la cesión y transferencia de la concesión minera Llurimagua. Señalarlos tomaría ediciones completas de Vía Minera y seguramente las dedicaremos al tema, próximamente.
Una propuesta que el Estado no pidió
Garry Korte, CEO de Hancock Prospecting Pty Ltd., HPPL, envió el 16 de octubre del 2017 una carta al entonces gerente general de Enami, Raúl Brito, diciéndole que quería comprar la participación de la empresa estatal ecuatoriana en el proyecto Llurimagua.
HPPL tiene una larga trayectoria en trabajar con gobiernos para establecer y hacer crecer las industrias mineras, en explorar y llevar a cabo proyectos de minería a través del desarrollo y la operación, decía la carta en sus primeras líneas.
En algún momento circuló en la prensa local la versión de que Hancock quería asociarse con Enami para hacer realidad el proyecto Llurimagua pero la verdad es otra. Hancock quería sacar a Enami de Llurimagua, comprarle el 51% que tenía y, en todo caso, lo que quería era aliarse con Codelco.
Tampoco es cierto que estaba dispuesta a pagar US$ 400 millones por la parte que tiene Enami en el proyecto.
Eso está escrito con toda claridad en los documentos. Hancock presumía de mucha capacidad financiera y ofrecía pagar no sólo lo que ellos consideraban que costaba Llurimagua sino comprar, casi al contado, todas las concesiones que en ese momento tenía la estatal minera ecuatoriana
“A pesar de que HPPL aún no tiene los datos de exploración iniciales a partir de los cuales basar con precisión una oferta, HPPL se complace en hacer esta oferta formal para adquirir todos los intereses (de Enami) bajo una estructura de compensación de varios niveles que comienza con una línea de base de US $ 102 millones basados en los resultados de la perforación completada hasta la fecha, más pagos adicionales si se demuestra la existencia de mayores recursos”.
Dicho de otro modo, HPPL lo que ofrecía el año 2017 y sigue ofreciendo, como veremos después, es un primer pago de US$ 102 millones.
Además, en la carta se señala la voluntad de HPPL a destinar US$ 5 millones anuales en cada uno de los seis proyectos de Enami hasta un total de US$ 30 millones; y a pagar una regalía del 2% de la ganancia neta después de impuestos.
Explicó también que la oferta básica por el 51% de Enami, de US $ 102 millones, se ha formulado sobre la base de que Llurimagua contiene 10 millones de toneladas métricas.
Ya en su primera carta al presidente de Enami HPPL señalaba que en caso de acuerdo, la compra la haría su filial ecuatoriana, Hanrine Ecuadorian Exploration Mining.
Hanrine volvió a insistir en la compra en marzo del año pasado. Se dirigió directamente al presidente Lenin Moreno y, simultáneamente, a otras autoridades, casi en el mismo tono, es decir, presumiendo de su fortaleza económica.
Su propuesta, señalan personas experimentadas, en caso sea recibida, pone en riesgo la credibilidad del país como socio de las empresas extranjeras a quienes se atrae asegurándoles estabilidad jurídica.
Y no es sólo cuestión de prestigio pues así generen malestar, lo concreto es que Codelco ha logrado la firma de Enami y podría exigir el cumplimiento de los acuerdos. Aquí o en algún tribunal internacional.
Muchos interesados
Hanrine no es la única empresa que tiene los ojos puestos en Llurimagua. El periodista Franklin Soria, el primero en especializarse en temas de la minería ecuatoriana (ver entrevista) sostiene que el gigante australiano BHP en algún momento ha manifestado que estaría mirando con interés este depósito.
En diciembre de 2017 el empresario Xiaohui Dai Zhou se comunicó con el ministro de Minería, Javier Córdova, actuando como intermediario y representante de la firma Perrier Mining Co., de Beijing, que expresaba formalmente su interés firme y serio de trabajar de manera responsable en la exploración y explotación de Llurimagua.
Solaris Resources, operadora del proyecto Warintza, está también en la lista de quienes anhelarían postular para Llurimagua.
No es para menos porque de acuerdo a estimaciones realizadas por técnicos chilenos, se especula que Llurimagua podría tener una producción anual de 210 mil toneladas de cobre fino.
Hay que hablar de lo social
Llurimagua no es sólo un depósito gigantesco ni una geología atractiva para los inversionistas mineros. Es un territorio poblado por gente trabajadora del campo que ha tenido un comportamiento que condujo al conflicto en lo social y desde el punto de vista ambiental, ha presentado desafíos que han provocado tremendos dolores de cabeza a los ejecutivos encargados de las operaciones.
Después de una reacción violenta de quienes se oponen a la minería en zonas cercanas a sus localidades, Ascendant Copper denunció al Estado ecuatoriano y ganó una demanda millonaria que se ha tenido que pagar.
Han pasado los años y la ex ministra Rebeca Illescas afirma que la concesión fue revertida al Estado y asignada a la Enami para que se haga cargo de los problemas sociales que tuvieron dos empresas anteriores. Se trata de una zona muy conflictiva en la que siempre ha habido oposición a la minería por actores puntuales, afirma.La empresa estatal ha buscado acuerdos con las juntas parroquiales y presidentes comunitarios y de las tenencias políticas, con quienes ha realizado eventos deportivos, mingas de adecuación de vías, reforestación de espacios comunitarios y talleres informativos.
Existen acuerdos que se mantienen con los centros de Salud de García Moreno y Peñaherrera para fomentar el desarrollo de brigadas médicas alrededor de todas las comunidades de influencia directa e indirecta del Proyecto Llurimagua donde Enami EP a través de sus técnicos sociales en territorio ayudan en la parte logística y facilita a los funcionarios médicos a realizar estas labores.
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Las reflexiones de un periodista
Franklin Soria, primer periodista especializado en la minería ecuatoriana, director del portal Prensa Minera y documentalista de talento, conversó con Vía Minera respecto de la coyuntura creada por la difusión extraoficial de detalles de las negociaciones entre Enami y Codelco. Para él, la coyuntura puede definirse como un momento difícil para la minería. Desde esa perspectiva, encuentra un escenario en el cual se ha posicionado el discurso falaz e incoherente de los antimineros que ha terminado creando un clima que en el que no se comprende los beneficios que genera la minería responsable en términos de empleo, generación de divisas y mantenimiento de la dolarización. |
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Un segundo elemento a considerar es la trágica situación creada por la pandemia y en ella, hay que considerar que aún cuando la minería ha restringido parcialmente sus actividades, ha podido sobreponerse a las dificultades y pese a las restricciones ha logrado realizar la exportación de 36 mil toneladas de concentrado de cobre, lo cual significa divisas para el país y recupera la actividad de Puerto Bolívar.
Un tercer aspecto tiene que ver con la denuncia que hace el periodista Fernando Villavicencio respecto de las actividades de un estudio jurídico vinculado a una empresa minera que ha determinado una llamada del Presidente anunciando que ha decidido dejar en suspenso el proceso de firma del pacto entre las empresas Codelco y Enami.
“Esta es la parte final de una historia que comenzó hace mucho con la intervención de dos ex presidentes, Correa y Bachelet, cuando todavía el proyecto se llamaba Junín y estaba concesionado a una empresa canadiense, cuyo campamento fue violentado y dio lugar a un juicio que lo perdió el Estado y tuvo que pagar US$ 25 millones. Vino con el expresidente Correa que tenía un discurso favorable a la integración latinoamericana… así pasaron una serie de hechos hasta el de la propuesta de crear una sociedad mixta que tuvo observaciones de la Contraloría y mereció un análisis de la Procuraduría que ha dado su visto bueno para la conformación de una sociedad anónima”, explica Soria.
Desde su punto de vista, sostiene que “en este caso debería conocerse más de todo el proceso de exploración, alguien debería explicar cómo se hizo la valorización, cuál fue el método que se utilizó, cómo se ha relacionado la empresa con la comunidad, cuánto empleo se generó y si hubo o no socialización del proyecto”.
“El asunto es que no conocemos a plenitud las labores que ha hecho Codelco y como ecuatorianos, es decir, como dueños del territorio y de la riqueza que está en el subsuelo, como propietarios del 51% del accionariado, debemos tener esa información y la que pueda estar generándose en torno al 49% que tiene Codelco y que podría estar interesando a otras empresas internacionales”, finaliza Franklin Soria.
Opiniones de un minero
Edgar Salazar es un antiguo minero productor y exportador de oro. Es una persona muy respetada por su experiencia en temas que conciernen a la totalidad del sector.
“Si me permiten, debo aclarar la situación de Llurimagua para que no existan más confusiones”, empieza.
En primer lugar, la Enami es la concesionaria de las áreas donde está ubicado el proyecto. No existe por el momento un socio legal u otro dueño. Parece que ha cumplido con los requisitos para mantener esas concesiones en “good stand” ante la Arcom, hasta aquí.
Enami posee un acuerdo con Codelco, el mismo establece condiciones para que este último pase a ser socio minoritario (49%) del proyecto, a través de la formación de una compañía de economía mixta. Que el acuerdo firmado por la Enami fue o no fue justo para el Ecuador, ese es otro tema que no entra en esta discusión. La Contraloría y otros órganos de control deberán determinarlo.
Tercero: Las diferencias entre la Enami y Codelco, surgen precisamente de ese acuerdo firmado entre las partes, con el aval de los gobiernos respectivos:
a.- Una compañía de economía mixta (CEM) implica que la Enami será siempre el socio mayoritario, de acuerdo a la ley ecuatoriana. Por lo tanto, Codelco pidió que en lugar de una CEM, se forme una S.A., pues quiere ser mayoritario en algún momento.
b.- Puesto que terminó la fase I del convenio, Codelco siguió perforando sin que oficialmente se ingrese en la fase II. Esto tiene una consecuencia: Enami debe cubrir lo correspondiente a su participación accionaria de ese gasto, cosa que no es viable pues todavía no existe la CEM que establece el convenio.
c.- En el convenio no se especifica en forma clara el manejo de la información ni cómo debe reportarse. Se menciona en forma definitiva que el operador del proyecto es Codelco.
Por lo tanto, lejos de ser un problema nacional, desde mi punto de vista es un problema entre dos compañías estatales que deberían solucionar sus entuertos entre ellos, sin la participación de los Estados correspondientes.
Las concesiones mineras, insisto, son de Enami y si el Estado ecuatoriano quisiera hacer uso de ellas, esa sería una auto-confiscación o algo parecido. Si eso ocurre, el Estado podría hacer lo mismo con los proyectos que tiene Enami con Cornerstone o incluso con otras concesiones de privados.
Un tercer aspecto tiene que ver con la denuncia que hace el periodista Fernando Villavicencio respecto de las actividades de un estudio jurídico vinculado a una empresa minera que ha determinado una llamada del Presidente anunciando que ha decidido dejar en suspenso el proceso de firma del pacto entre las empresas Codelco y Enami.
“Esta es la parte final de una historia que comenzó hace mucho con la intervención de dos ex presidentes, Correa y Bachelet, cuando todavía el proyecto se llamaba Junín y estaba concesionado a una empresa canadiense, cuyo campamento fue violentado y dio lugar a un juicio que lo perdió el Estado y tuvo que pagar US$ 25 millones. Vino con el expresidente Correa que tenía un discurso favorable a la integración latinoamericana… así pasaron una serie de hechos hasta el de la propuesta de crear una sociedad mixta que tuvo observaciones de la Contraloría y mereció un análisis de la Procuraduría que ha dado su visto bueno para la conformación de una sociedad anónima”, explica Soria.
Desde su punto de vista, sostiene que “en este caso debería conocerse más de todo el proceso de exploración, alguien debería explicar cómo se hizo la valorización, cuál fue el método que se utilizó, cómo se ha relacionado la empresa con la comunidad, cuánto empleo se generó y si hubo o no socialización del proyecto”.
“El asunto es que no conocemos a plenitud las labores que ha hecho Codelco y como ecuatorianos, es decir, como dueños del territorio y de la riqueza que está en el subsuelo, como propietarios del 51% del accionariado, debemos tener esa información y la que pueda estar generándose en torno al 49% que tiene Codelco y que podría estar interesando a otras empresas internacionales”, finaliza Franklin Soria.
Opiniones de un minero
Edgar Salazar es un antiguo minero productor y exportador de oro. Es una persona muy respetada por su experiencia en temas que conciernen a la totalidad del sector.
“Si me permiten, debo aclarar la situación de Llurimagua para que no existan más confusiones”, empieza.
En primer lugar, la Enami es la concesionaria de las áreas donde está ubicado el proyecto. No existe por el momento un socio legal u otro dueño. Parece que ha cumplido con los requisitos para mantener esas concesiones en “good stand” ante la Arcom, hasta aquí.
Enami posee un acuerdo con Codelco, el mismo establece condiciones para que este último pase a ser socio minoritario (49%) del proyecto, a través de la formación de una compañía de economía mixta. Que el acuerdo firmado por la Enami fue o no fue justo para el Ecuador, ese es otro tema que no entra en esta discusión. La Contraloría y otros órganos de control deberán determinarlo.
Tercero: Las diferencias entre la Enami y Codelco, surgen precisamente de ese acuerdo firmado entre las partes, con el aval de los gobiernos respectivos:
a.- Una compañía de economía mixta (CEM) implica que la Enami será siempre el socio mayoritario, de acuerdo a la ley ecuatoriana. Por lo tanto, Codelco pidió que en lugar de una CEM, se forme una S.A., pues quiere ser mayoritario en algún momento.
b.- Puesto que terminó la fase I del convenio, Codelco siguió perforando sin que oficialmente se ingrese en la fase II. Esto tiene una consecuencia: Enami debe cubrir lo correspondiente a su participación accionaria de ese gasto, cosa que no es viable pues todavía no existe la CEM que establece el convenio.
c.- En el convenio no se especifica en forma clara el manejo de la información ni cómo debe reportarse. Se menciona en forma definitiva que el operador del proyecto es Codelco.
Por lo tanto, lejos de ser un problema nacional, desde mi punto de vista es un problema entre dos compañías estatales que deberían solucionar sus entuertos entre ellos, sin la participación de los Estados correspondientes.
Las concesiones mineras, insisto, son de Enami y si el Estado ecuatoriano quisiera hacer uso de ellas, esa sería una auto-confiscación o algo parecido. Si eso ocurre, el Estado podría hacer lo mismo con los proyectos que tiene Enami con Cornerstone o incluso con otras concesiones de privados.
Contraloría presenta nuevas
observaciones al Ministerio y Enami EP
19 de abril de 2020.- En días recientes la Contraloría General del Estado formuló una serie de observaciones al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables por su gestión en seis concesiones mineras demarcadas sobre la provincia de Imbabura.
Se trata del informe DNA6-0009-2020 que señala, entre otras cosas, que Enami EP renunció sin justificativos a la solicitud de concesión de áreas que presentaban interés geológico; que se realizaron procesos de concesión de áreas mineras iniciados y ejecutados sin el pronunciamiento de Enami EP y sin contar con información geodésica, geológica y técnica.
Contraloría además observa al ministerio que hubo áreas mineras que permanecieron reservadas por un tiempo mayor al establecido en la normativa así como demora en la publicación de Términos de Referencia Técnicos, cargos a los que se agrega establecer dichos términos de referencia sin observar la normativa vigente y la inscripción de títulos en el Registro Minero fuera del plazo establecido en la normativa.
En el caso del área minera denominada IMBA 02, la Contraloría señala que el amparo administrativo para el otorgamiento de la concesión se hizo basado en un informe técnico que no corresponde.
Estas observaciones aparecen como resultado del Examen Especial al proceso de otorgamiento y la ejecución de las actividades mineras de las áreas mineras IMBA 01, IMBA 02, IMBA 03, IMBA 05, IMBA 06 y Amadores, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de marzo del año pasado.
La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental y, de conformidad con las normas vigentes, sus recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio.
Respecto de la primera observación, el informe de Contraloría reseña que las patentes de conservación de las áreas que hoy se conocen como Imba 01, 02 y 03, fueron pagadas por Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining durante los años 2017, 2018 y 2019. Añade que los gerentes de Enami EP solicitaron en al ex ministerio de Minería la concesión de dichas áreas para después desistir de ellas, no obstante el interés geológico que presentaban.
Sin embargo, Enami EP tenía ya firmado un acuerdo con Cornerstone Ecuador S.A., CESA, y en virtud de una de las cláusulas, debía solicitar el otorgamiento de la o las concesiones mineras identificadas por CESA como áreas de interés específico, pero tampoco lo hizo.
Contraloría narra una serie de hechos posteriores y concluye que la actitud de Enami EP impidió que el Estado ecuatoriano cuente con los resultados y evaluación económica de un potencial proyecto conformado por áreas con interés geológico del cual pudo haber sido parte en la etapa de explotación.
Para leer el informe completo cliquee aquí
Se trata del informe DNA6-0009-2020 que señala, entre otras cosas, que Enami EP renunció sin justificativos a la solicitud de concesión de áreas que presentaban interés geológico; que se realizaron procesos de concesión de áreas mineras iniciados y ejecutados sin el pronunciamiento de Enami EP y sin contar con información geodésica, geológica y técnica.
Contraloría además observa al ministerio que hubo áreas mineras que permanecieron reservadas por un tiempo mayor al establecido en la normativa así como demora en la publicación de Términos de Referencia Técnicos, cargos a los que se agrega establecer dichos términos de referencia sin observar la normativa vigente y la inscripción de títulos en el Registro Minero fuera del plazo establecido en la normativa.
En el caso del área minera denominada IMBA 02, la Contraloría señala que el amparo administrativo para el otorgamiento de la concesión se hizo basado en un informe técnico que no corresponde.
Estas observaciones aparecen como resultado del Examen Especial al proceso de otorgamiento y la ejecución de las actividades mineras de las áreas mineras IMBA 01, IMBA 02, IMBA 03, IMBA 05, IMBA 06 y Amadores, por el período comprendido entre el 01 de enero de 2016 y el 31 de marzo del año pasado.
La acción de control se efectuó de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría Gubernamental y, de conformidad con las normas vigentes, sus recomendaciones deben ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio.
Respecto de la primera observación, el informe de Contraloría reseña que las patentes de conservación de las áreas que hoy se conocen como Imba 01, 02 y 03, fueron pagadas por Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining durante los años 2017, 2018 y 2019. Añade que los gerentes de Enami EP solicitaron en al ex ministerio de Minería la concesión de dichas áreas para después desistir de ellas, no obstante el interés geológico que presentaban.
Sin embargo, Enami EP tenía ya firmado un acuerdo con Cornerstone Ecuador S.A., CESA, y en virtud de una de las cláusulas, debía solicitar el otorgamiento de la o las concesiones mineras identificadas por CESA como áreas de interés específico, pero tampoco lo hizo.
Contraloría narra una serie de hechos posteriores y concluye que la actitud de Enami EP impidió que el Estado ecuatoriano cuente con los resultados y evaluación económica de un potencial proyecto conformado por áreas con interés geológico del cual pudo haber sido parte en la etapa de explotación.
Para leer el informe completo cliquee aquí
EITI publica informe sobre ingresos de los ciudadanos por la industria extractiva
19 de abril de 2020.- ¿Cuántos ingresos generan las industrias extractivas por ciudadano? Para responder a esa pregunta, en los países donde se ha implementado la iniciativa EITI, se acaba de publicar un blog en el cual se puede encontrar abundante información.
Este análisis revela grandes diferencias entre los países implementadores del EITI. Los ingresos del gobierno per cápita oscilan entre más de USD 3 000 en Noruega, a alrededor de un dólar en Afganistán, Etiopía y Malawi. Encontramos resultados similares para las exportaciones y para los datos relacionados con el valor agregado bruto del sector (su participación en el PIB).
Las cifras para Noruega, dotada de recursos, son quizás menos sorprendentes. El país encabeza las listas gracias a su importante producción de petróleo y su población relativamente pequeña. Esto significa que cada año, el gobierno noruego recibe más de USD 3 000 en su presupuesto para invertir, ahorrar o gastar en cada uno de sus ciudadanos, lo que refleja una alta capacidad del gobierno para proporcionar servicios, aún más en términos per cápita.
Sin embargo, Nigeria, un país con una gran dependencia de los ingresos del sector extractivo (91%), solo ocupa el octavo lugar en términos per cápita, quedando a la zaga de los países que el público no suele asociar con grandes sectores de recursos naturales.
Esta medida per cápita muestra que el sector extractivo puede ser más importante para un individuo en estados como Trinidad y Tobago que en el gigante petrolero africano. Del mismo modo, la República Democrática del Congo recibió solo USD 13 per cápita de los sectores extractivos, sustancialmente menos que Trinidad y Tobago.
Los interesados en saber más de las cifras pueden consultar los cuadros en: https://eiti.org/blog/quantifying-resource-dependency #transparency
Allí no están todavía los resultados de Ecuador porque el país todavía no ha sido aceptado en la Iniciativa EITI. Hay un grupo de ONG quiteñas que están tratando de asumir la representación de la sociedad civil, por el lado del gobierno se busca recuperar el tiempo perdido y de parte de las empresas no se sabe nada.
Al día con los requisitos
De acuerdo a los estándares recogidos en el Informe 2019, los países que adhieren a EITI deben, en materia de contratos, tener en cuenta lo siguiente:
2.2 Otorgamiento de contratos y licencias
a) Los países implementadores tienen la obligación de declarar la siguiente información sobre todo otorgamiento y transferencia de contratos y licencias que tenga lugar durante el período de contabilidad comprendido en las divulgaciones más recientes, incluidas las correspondientes a empresas cuyos pagos sean inferiores al umbral convenido de importancia relativa:
i. Una descripción del proceso de transferencia o adjudicación de la licencia;
ii. Los criterios técnicos y financieros utilizados;
iii. Información sobre el o los receptores de la licencia transferida o adjudicada, incluidos, dado el caso, los miembros del consorcio; y
iv. Cualquier desviación significativa del marco legal y reglamentaria que rija la transferencia y adjudicación de licencias.
En los casos en que los gobiernos tienen la posibilidad de elegir diferentes métodos de adjudicación de contratos o licencias (p. ej. licitación o negociaciones directas), la descripción del proceso para la adjudicación o transferencia de una licencia podría incluir una explicación de las normas que determinan qué procedimiento debería utilizarse y por qué se optó por un procedimiento en particular.
En caso de haber lagunas en la información disponible al público, éstas deberán estar claramente identificadas. Cualquier obstáculo legal o práctico de importancia que impida una declaración exhaustiva de la información señalada precedentemente se deberá documentar y explicar, junto con un relato de los planes del gobierno para superar esos obstáculos y los tiempos previstos para lograrlo.
b) En los casos en que las empresas dispongan de licencias que se hayan asignado antes del período comprendido en la implementación del EITI, se alienta a los países implementadores a declarar la información mencionada en el apartado2.2(a).
c) En los casos en que las licencias se adjudiquen mediante un proceso de licitación, el gobierno deberá divulgar la lista de postulantes y los criterios de licitación.
d) El grupo multipartícipe podría añadir información adicional sobre la asignación de licencias como parte de las divulgaciones de información EITI. Esto podría incluir un comentario sobre la eficacia y eficiencia de los procedimientos de concesión de licencias, así como una descripción de los procedimientos, las prácticas efectivamente observadas, y los motivos de renovación, suspensión o revocación del contrato o licencia.
2.4 Contratos
a) Se requiere que los países implementadores declaren todo contrato o licencia otorgado, suscripto o modificado del 1 de enero de 2021 en adelante. Se estimula a los países implementadores a que hagan públicos todos los contratos y licencias que establezcan las condiciones para la explotación de petróleo, gas y minerales.
b) Se espera que el grupo multipartícipe convenga y publique un plan para revelar los contratos con un plazo claro para la implementación y abordando toda barrera que pudiera obstaculizar una divulgación exhaustiva. Este plan se integrará a los planes de trabajo que abarquen el 2020 en adelante.
El documento es más extenso y puede ser consultado directamente de: https://eiti.org/files/documents/eiti_standard_2019_es_a4_web.pdf
Este análisis revela grandes diferencias entre los países implementadores del EITI. Los ingresos del gobierno per cápita oscilan entre más de USD 3 000 en Noruega, a alrededor de un dólar en Afganistán, Etiopía y Malawi. Encontramos resultados similares para las exportaciones y para los datos relacionados con el valor agregado bruto del sector (su participación en el PIB).
Las cifras para Noruega, dotada de recursos, son quizás menos sorprendentes. El país encabeza las listas gracias a su importante producción de petróleo y su población relativamente pequeña. Esto significa que cada año, el gobierno noruego recibe más de USD 3 000 en su presupuesto para invertir, ahorrar o gastar en cada uno de sus ciudadanos, lo que refleja una alta capacidad del gobierno para proporcionar servicios, aún más en términos per cápita.
Sin embargo, Nigeria, un país con una gran dependencia de los ingresos del sector extractivo (91%), solo ocupa el octavo lugar en términos per cápita, quedando a la zaga de los países que el público no suele asociar con grandes sectores de recursos naturales.
Esta medida per cápita muestra que el sector extractivo puede ser más importante para un individuo en estados como Trinidad y Tobago que en el gigante petrolero africano. Del mismo modo, la República Democrática del Congo recibió solo USD 13 per cápita de los sectores extractivos, sustancialmente menos que Trinidad y Tobago.
Los interesados en saber más de las cifras pueden consultar los cuadros en: https://eiti.org/blog/quantifying-resource-dependency #transparency
Allí no están todavía los resultados de Ecuador porque el país todavía no ha sido aceptado en la Iniciativa EITI. Hay un grupo de ONG quiteñas que están tratando de asumir la representación de la sociedad civil, por el lado del gobierno se busca recuperar el tiempo perdido y de parte de las empresas no se sabe nada.
Al día con los requisitos
De acuerdo a los estándares recogidos en el Informe 2019, los países que adhieren a EITI deben, en materia de contratos, tener en cuenta lo siguiente:
2.2 Otorgamiento de contratos y licencias
a) Los países implementadores tienen la obligación de declarar la siguiente información sobre todo otorgamiento y transferencia de contratos y licencias que tenga lugar durante el período de contabilidad comprendido en las divulgaciones más recientes, incluidas las correspondientes a empresas cuyos pagos sean inferiores al umbral convenido de importancia relativa:
i. Una descripción del proceso de transferencia o adjudicación de la licencia;
ii. Los criterios técnicos y financieros utilizados;
iii. Información sobre el o los receptores de la licencia transferida o adjudicada, incluidos, dado el caso, los miembros del consorcio; y
iv. Cualquier desviación significativa del marco legal y reglamentaria que rija la transferencia y adjudicación de licencias.
En los casos en que los gobiernos tienen la posibilidad de elegir diferentes métodos de adjudicación de contratos o licencias (p. ej. licitación o negociaciones directas), la descripción del proceso para la adjudicación o transferencia de una licencia podría incluir una explicación de las normas que determinan qué procedimiento debería utilizarse y por qué se optó por un procedimiento en particular.
En caso de haber lagunas en la información disponible al público, éstas deberán estar claramente identificadas. Cualquier obstáculo legal o práctico de importancia que impida una declaración exhaustiva de la información señalada precedentemente se deberá documentar y explicar, junto con un relato de los planes del gobierno para superar esos obstáculos y los tiempos previstos para lograrlo.
b) En los casos en que las empresas dispongan de licencias que se hayan asignado antes del período comprendido en la implementación del EITI, se alienta a los países implementadores a declarar la información mencionada en el apartado2.2(a).
c) En los casos en que las licencias se adjudiquen mediante un proceso de licitación, el gobierno deberá divulgar la lista de postulantes y los criterios de licitación.
d) El grupo multipartícipe podría añadir información adicional sobre la asignación de licencias como parte de las divulgaciones de información EITI. Esto podría incluir un comentario sobre la eficacia y eficiencia de los procedimientos de concesión de licencias, así como una descripción de los procedimientos, las prácticas efectivamente observadas, y los motivos de renovación, suspensión o revocación del contrato o licencia.
2.4 Contratos
a) Se requiere que los países implementadores declaren todo contrato o licencia otorgado, suscripto o modificado del 1 de enero de 2021 en adelante. Se estimula a los países implementadores a que hagan públicos todos los contratos y licencias que establezcan las condiciones para la explotación de petróleo, gas y minerales.
b) Se espera que el grupo multipartícipe convenga y publique un plan para revelar los contratos con un plazo claro para la implementación y abordando toda barrera que pudiera obstaculizar una divulgación exhaustiva. Este plan se integrará a los planes de trabajo que abarquen el 2020 en adelante.
El documento es más extenso y puede ser consultado directamente de: https://eiti.org/files/documents/eiti_standard_2019_es_a4_web.pdf
Aumenta interés por el proyecto Llurimagua
12 de abril de 2020.- El proyecto Llurimagua, posiblemente el pórfido de cobre-molibdeno más rico del país y uno de los depósitos por explorar más atractivos del mundo, de tiempo en tiempo vuelve a ser noticia y esta vez, en medio de la pandemia y las tremendas dificultades económicas.
Ubicado sobre las parroquias García Moreno y Peñaherrera del cantón Cotacachi en la provincia de Imbabura, su historia reciente puede resumirse en casi treinta años de avatares en los que se cruzan los aspectos geológicos, socioeconómicos y políticos.
Su futuro entonces, depende de cómo se encaren hoy las reflexiones sobre cada uno de esos aspectos y el nivel de las decisiones que se adopten. La minería conoce de muchos casos en los que una solución apresurada es la peor de las recetas.
Enorme potencial…
Llurimagua tiene un potencial gigante que se desconoce públicamente. Los geólogos y mineros más reconocidos no tienen los números pero dicen que sus reservas son mucho mayores que las de Mirador o San Carlos Panantza. Que inclusive Cascabel y su depósito estrella, Alpala, no tienen tanto del mineral rojo como Llurimagua.
La estatal chilena Codelco, por su parte, publicó en su memoria correspondiente al 2018 que 3846 millones de toneladas de mineral con una ley de 0,44 corresponden al 49% de su participación en el convenio que tiene con la Empresa Minera del Ecuador, Enami. Señalan también como ley de corte 0,2 CuT.
Según información del 2017 de la propia Enami, existen 318 millones de toneladas de recursos inferidos con una ley promedio de 0,71% de cobre y 0,026% de molibdeno. Enami remitiéndose a los estudios realizados por la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa, JICA, por sus siglas en inglés, fija la ley de corte en 0,4%.
Volviendo a las estimaciones realizadas por técnicos chilenos, se especula que Llurimagua podría tener una producción anual de 210 mil toneladas de cobre fino. Para tener una idea de lo que eso significa, vale recordar que Cerro Verde, la mina de cobre más grande de Perú, produce 120 mil toneladas al año.
Sin embargo, hablar de recursos, reservas o producción, es como dar palos de ciego porque en el medio no hay cifras confiables. Hace dos años Codelco dijo que toda la información sería integrada en una actualización del modelo geológico del depósito y si eso ha sido cierto, sólo ellos lo saben.
Más allá de la problemática social que durante casi 30 años ha puesto en jaque al proyecto, hay una dimensión legal que en algún momento podría enturbiar la claridad que se requiere para sacar adelante operaciones de gran magnitud.
Un poco de historia
La concesión del proyecto Llurimagua la tiene Enami que, durante los últimos años, ha realizado de manera conjunta con Codelco algunas actividades correspondientes a la etapa de exploración avanzada. El convenio para ello fue suscrito el 28 de noviembre de 2011.
Enami tiene la posibilidad de hacer realidad la mina si es que puede invertir cientos de millones de dólares en lo que falta de exploración, en la evaluación económica y la construcción de facilidades para la explotación del yacimiento. Si va en la modalidad de sociedad anónima con Codelco, parece difícil que pueda mantener el 51% de su participación en las utilidades si es que no aporta el mismo porcentaje en el financiamiento.
En el plano económico, no estrictamente minero pero importante dado que la actual coyuntura latinoamericana pasó de “deslucido” a “calamitoso”, en términos del Banco Mundial, se tiene la Carta de Compromiso suscrita por el Estado ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional que establece como una de las obligaciones, “Monetizar activos que permanecerán bajo propiedad pública pero cuyos derechos de concesión serán otorgados a socios privados".
Una propuesta en el aire
Es en ese contexto en que el doctor Stevie Gamboa, director de la Unidad de Recursos Naturales en GSG Abogados, ha hecho declaraciones afirmando que hay una empresa transnacional que ha comunicado oficialmente a Enami primero y al Presidente, después, su interés en asumir el desarrollo del proyecto minero Llurimagua.
La propuesta consideraría un valor directo de US$ 102 millones, un valor adicional de unos US$ 100 millones después de la verificación del mineral en reservas probadas y, en caso de transferencia del 100% del proyecto, los valores se incrementarían proporcionalmente, esto es, hasta la suma de aproximadamente US$ 400 millones.
Cabe destacar que, según el abogado, dicho valor no corresponde a compromisos de inversión sino al pago efectivo por traspaso de los derechos mineros, a los que en el futuro deberán añadirse los ingresos que el Ecuador percibiría por concepto de regalías y demás pagos de impuestos que exige la ley como carga fiscal minera.
La transnacional habría expresado, además, su no oposición a la continuidad de Codelco como socio y operador del proyecto.
Una propuesta indecente
Vía Minera trató de entrevistar a profesionales del sector minero para saber su posición respecto del monto que ofrecen por Llurimagua.
Fracasamos. Personas muy serias consideraron indecente opinar sobre una propuesta no solicitada que además tiene implícita una valorización cuyos supuestos metodológicos son desconocidos.
Como era de prever, se calificó la supuesta intención de compra como un chisme en el sector. En primer lugar porque no hay quien asuma la responsabilidad de decir, con nombre y apellido, cuál es la empresa que quiere comprar los derechos del proyecto.
En segundo lugar, porque no se conocen los elementos que se han tomado en cuenta para valorizar la riqueza que esconde el subsuelo de Llurimagua.
En tercer lugar, podría agregarse, que no es lo mismo vender un proyecto en la categoría de recursos inferidos que hacer la misma venta conociendo las reservas probadas. La utilidad que se obtiene al vender una mina en producción es tremendamente superior a la que se tendría si se vende el mineral en roca.
Y, como se explica al principio, no se conoce las cifras finales que están en juego en el proyecto Llurimagua.
Una reflexión decente
El economista Bernardo Brito, jefe de Operaciones de Geostrats y consultor especializado en evaluación económica de proyectos mineros, sostiene que la situación de crisis mundial provocada por la pandemia es la menos indicada para vender un activo del Estado.
“No es el momento apropiado para pensar en el inicio de negociaciones porque los precios de los metales están en un momento de depresión y se van a recuperar cuando el mundo supere las dificultades que está creando el Covid 19”, explica Brito.
Después de considerar el tema legal, recomienda que si llega el momento en que el Estado decida buscar un socio para llevar adelante el proyecto Llurimagua, debe procurar que todas las acciones estén rodeadas de un halo de transparencia y claridad que aleje las suspicacias que no faltan en estos procesos.
“Será muy importante que se cuente con los servicios de un asesor independiente de prestigio reconocido y experiencia en este tipo de negociaciones”, enfatiza.
Finalmente aconseja considerar desde el inicio la posibilidad de que la participación del 51% en el proyecto se vea reducida si es que Enami no está en condiciones de cumplir con su parte en las cuantiosas inversiones que se requerirán hasta poner en producción la mina.
Ubicado sobre las parroquias García Moreno y Peñaherrera del cantón Cotacachi en la provincia de Imbabura, su historia reciente puede resumirse en casi treinta años de avatares en los que se cruzan los aspectos geológicos, socioeconómicos y políticos.
Su futuro entonces, depende de cómo se encaren hoy las reflexiones sobre cada uno de esos aspectos y el nivel de las decisiones que se adopten. La minería conoce de muchos casos en los que una solución apresurada es la peor de las recetas.
Enorme potencial…
Llurimagua tiene un potencial gigante que se desconoce públicamente. Los geólogos y mineros más reconocidos no tienen los números pero dicen que sus reservas son mucho mayores que las de Mirador o San Carlos Panantza. Que inclusive Cascabel y su depósito estrella, Alpala, no tienen tanto del mineral rojo como Llurimagua.
La estatal chilena Codelco, por su parte, publicó en su memoria correspondiente al 2018 que 3846 millones de toneladas de mineral con una ley de 0,44 corresponden al 49% de su participación en el convenio que tiene con la Empresa Minera del Ecuador, Enami. Señalan también como ley de corte 0,2 CuT.
Según información del 2017 de la propia Enami, existen 318 millones de toneladas de recursos inferidos con una ley promedio de 0,71% de cobre y 0,026% de molibdeno. Enami remitiéndose a los estudios realizados por la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa, JICA, por sus siglas en inglés, fija la ley de corte en 0,4%.
Volviendo a las estimaciones realizadas por técnicos chilenos, se especula que Llurimagua podría tener una producción anual de 210 mil toneladas de cobre fino. Para tener una idea de lo que eso significa, vale recordar que Cerro Verde, la mina de cobre más grande de Perú, produce 120 mil toneladas al año.
Sin embargo, hablar de recursos, reservas o producción, es como dar palos de ciego porque en el medio no hay cifras confiables. Hace dos años Codelco dijo que toda la información sería integrada en una actualización del modelo geológico del depósito y si eso ha sido cierto, sólo ellos lo saben.
Más allá de la problemática social que durante casi 30 años ha puesto en jaque al proyecto, hay una dimensión legal que en algún momento podría enturbiar la claridad que se requiere para sacar adelante operaciones de gran magnitud.
Un poco de historia
La concesión del proyecto Llurimagua la tiene Enami que, durante los últimos años, ha realizado de manera conjunta con Codelco algunas actividades correspondientes a la etapa de exploración avanzada. El convenio para ello fue suscrito el 28 de noviembre de 2011.
Enami tiene la posibilidad de hacer realidad la mina si es que puede invertir cientos de millones de dólares en lo que falta de exploración, en la evaluación económica y la construcción de facilidades para la explotación del yacimiento. Si va en la modalidad de sociedad anónima con Codelco, parece difícil que pueda mantener el 51% de su participación en las utilidades si es que no aporta el mismo porcentaje en el financiamiento.
En el plano económico, no estrictamente minero pero importante dado que la actual coyuntura latinoamericana pasó de “deslucido” a “calamitoso”, en términos del Banco Mundial, se tiene la Carta de Compromiso suscrita por el Estado ecuatoriano con el Fondo Monetario Internacional que establece como una de las obligaciones, “Monetizar activos que permanecerán bajo propiedad pública pero cuyos derechos de concesión serán otorgados a socios privados".
Una propuesta en el aire
Es en ese contexto en que el doctor Stevie Gamboa, director de la Unidad de Recursos Naturales en GSG Abogados, ha hecho declaraciones afirmando que hay una empresa transnacional que ha comunicado oficialmente a Enami primero y al Presidente, después, su interés en asumir el desarrollo del proyecto minero Llurimagua.
La propuesta consideraría un valor directo de US$ 102 millones, un valor adicional de unos US$ 100 millones después de la verificación del mineral en reservas probadas y, en caso de transferencia del 100% del proyecto, los valores se incrementarían proporcionalmente, esto es, hasta la suma de aproximadamente US$ 400 millones.
Cabe destacar que, según el abogado, dicho valor no corresponde a compromisos de inversión sino al pago efectivo por traspaso de los derechos mineros, a los que en el futuro deberán añadirse los ingresos que el Ecuador percibiría por concepto de regalías y demás pagos de impuestos que exige la ley como carga fiscal minera.
La transnacional habría expresado, además, su no oposición a la continuidad de Codelco como socio y operador del proyecto.
Una propuesta indecente
Vía Minera trató de entrevistar a profesionales del sector minero para saber su posición respecto del monto que ofrecen por Llurimagua.
Fracasamos. Personas muy serias consideraron indecente opinar sobre una propuesta no solicitada que además tiene implícita una valorización cuyos supuestos metodológicos son desconocidos.
Como era de prever, se calificó la supuesta intención de compra como un chisme en el sector. En primer lugar porque no hay quien asuma la responsabilidad de decir, con nombre y apellido, cuál es la empresa que quiere comprar los derechos del proyecto.
En segundo lugar, porque no se conocen los elementos que se han tomado en cuenta para valorizar la riqueza que esconde el subsuelo de Llurimagua.
En tercer lugar, podría agregarse, que no es lo mismo vender un proyecto en la categoría de recursos inferidos que hacer la misma venta conociendo las reservas probadas. La utilidad que se obtiene al vender una mina en producción es tremendamente superior a la que se tendría si se vende el mineral en roca.
Y, como se explica al principio, no se conoce las cifras finales que están en juego en el proyecto Llurimagua.
Una reflexión decente
El economista Bernardo Brito, jefe de Operaciones de Geostrats y consultor especializado en evaluación económica de proyectos mineros, sostiene que la situación de crisis mundial provocada por la pandemia es la menos indicada para vender un activo del Estado.
“No es el momento apropiado para pensar en el inicio de negociaciones porque los precios de los metales están en un momento de depresión y se van a recuperar cuando el mundo supere las dificultades que está creando el Covid 19”, explica Brito.
Después de considerar el tema legal, recomienda que si llega el momento en que el Estado decida buscar un socio para llevar adelante el proyecto Llurimagua, debe procurar que todas las acciones estén rodeadas de un halo de transparencia y claridad que aleje las suspicacias que no faltan en estos procesos.
“Será muy importante que se cuente con los servicios de un asesor independiente de prestigio reconocido y experiencia en este tipo de negociaciones”, enfatiza.
Finalmente aconseja considerar desde el inicio la posibilidad de que la participación del 51% en el proyecto se vea reducida si es que Enami no está en condiciones de cumplir con su parte en las cuantiosas inversiones que se requerirán hasta poner en producción la mina.
En proceso la norma para la consulta previa en el sector minero
6 de abril de 2020.- El tema de la consulta a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, al pueblo afroecuatoriano, al pueblo montubio y a las comunas antes de que en su territorio se inicien las actividades extractivas es un asunto que se viene arrastrando desde hace años en el sector minero. No hay un motivo claro que explique esta situación y en estos casos no son buenas las suposiciones. “Es una lástima que haya tomado tanto tiempo para que se concrete esta entrevista, temas complejos y sensibles como éste, se deben comunicar y no evadir una entrevista que podría poner en perspectiva como está el proceso y el porqué ha tomado tanto tiempo llegar a su estado actual al ser tan complejo y exigente”, señala el viceministro de Minas, ingeniero Fernando L. Benalcázar, antes de comenzar su diálogo con Vía Minera. Aquí sus respuestas:
¿En qué momento o momentos se pedirá a las comunidades su opinión sobre la realización de actividades mineras en sus territorios?
Se hará como lo determina la Constitución de la República del Ecuador, en el inciso 7 del Artículo 57, que dice “Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente.
Por lo tanto, el proceso de Consulta Previa Libre e informada será realizado cuando el Estado defina planes y programas nuevos de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente.
¿Cuáles son los territorios o comunidades que podrán ejercer el derecho a la consulta libre, previa e informada?
El Artículo 56 de la Constitución de la República del Ecuador, describe que: Las comunidades, pueblos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible. Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos, la Consulta Previa, Libre e Informada.
¿Quién determinará la calidad de “territorio indígena” o comunidad indígena o ancestral?
La Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales tiene como objeto “normar el uso y acceso a la propiedad de la tierra rural, el derecho a la propiedad de la misma que deberá cumplir la función social y la función ambiental. Regula la posesión, la propiedad, la administración y redistribución de la tierra rural como factor de producción para garantizar la soberanía alimentaria, mejorar la productividad, propiciar un ambiente sustentable y equilibrado; y otorgar seguridad jurídica a los titulares de derechos”.
En su primer artículo, la ley también define su ámbito de aplicación, señalando que “es de orden público y de jurisdicción nacional. Las disposiciones de esta regulan las relaciones del Estado con las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, en materia de tierras rurales; y de comunas y comunidades, pueblos y nacionalidades en cuanto al reconocimiento y adjudicación a título gratuito de territorios que se encuentran en posesión ancestral; y a la protección y seguridad jurídica de tierras y territorios de su propiedad”.
Además, esta ley garantiza la propiedad de las tierras comunitarias, el reconocimiento, adjudicación y titulación de tierras y territorios de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblo montubio, de conformidad con la Constitución, convenios y demás instrumentos internacionales de derechos colectivos.
Adicionalmente, en su Artículo 48, al legislar sobre planificación participativa, establece que “la Autoridad Agraria Nacional, considerando la aptitud y usos sustentables prioritarios de la tierra rural, formulará el Plan de Manejo Participativo, Conservación y Recuperación de Suelos que contribuirá a la sostenibilidad de la fertilidad de la tierra rural y aumento a su productividad; y a la prevención y reducción de la contaminación en todas sus formas… El plan contará con la participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y, ahora, el Ministerio del Ambiente y Agua de conformidad con la Ley, así como también de las organizaciones sociales, campesinas y las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios que habitan en el territorio… Para la calificación de la calidad de comunidad indígena o ancestral se considerarán los principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, así como los convenios y tratados internacionales en cuanto tenga que ver con Derechos Humanos”.
¿Qué entidad establecerá cuáles son las comunidades y quiénes en concreto serán sujetos o no de consulta?
El Reglamento del Proceso de Consulta Previa Libre e informada prevé la realización de diagnósticos socio ambientales en las tierras donde se considere la implementación de planes o proyectos, diagnóstico que definirá la existencia o no de sujetos de consulta, basados en los criterios reconocidos en la normativa nacional, así como en tratados internacionales de los cuales Ecuador es firmante.
¿Cuáles son las condiciones que deben reunir una comunidad o un territorio para ser considerado indígena o ancestral?
Se debe tomar en cuenta las definiciones establecidas, en primer lugar, por la Constitución de la República del Ecuador en su capítulo cuarto sobre los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, concretamente los Artículos 56, 57 en su numeral 7; 58, 59 y 60; el Convenio 169 de la OIT, en su artículo Nº.1, la Ley de Participación Ciudadana y Control Social sobre la consulta previa, artículo 81, así como la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales y la Normativa vigente en el momento de realizar el Diagnóstico Socio-ambiental.
Lo expuesto corresponde a normativa nacional e internacional y, en este contexto, es importante indicar los parámetros que considera el Convenio 169 de la OIT:
Primero, continuidad histórica, el cual plasma que los pueblos y nacionalidades indígenas, no obstante su colonización y sus secuelas estructurales, están presentes con sus identidades diferenciadas del resto de las sociedades nacionales, haciendo uso de sus costumbres, culturas, normas, instituciones jurídico-política-religiosas, nociones filosóficas e idiomas; asentados en territorios indígenas en los cuales ejercen el autogobierno comunitario.
El documento de la Corte Constitucional del ECL\DOH / Sentencia 004-14-SCN-CC 2014, 2014, en su página 19, da cuenta de la existencia de sociedades desde tiempos anteriores a la época de la conquista, colonización o las actuales fronteras estatales. No se aplican a quienes se autodefinen como tales sin contar con etnicidad.
Segundo, conexión territorial, el mismo que da cuenta de sociedades cuyos ancestros habitaban el país o región, en específico en los territorios en los que se realicen actividades mineras, que se encuentren reconocidos por las entidades correspondientes como territorio ancestral, no por autodeterminación reciente.
Un tercer parámetro es el de las instituciones distintivas, que dan cuenta de sociedades que retienen o conservan algunas o todas sus instituciones propias. Esto está en el documento de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica: una guía sobre el convenio núm. 169 de la OIT. Ginebra, 2009. Estas instituciones deberán estar en el tiempo y espacio dentro del área de realización de actividades mineras. Debe aclararse que estos requisitos no son excluyentes, el uno del otro.
En el caso del criterio subjetivo, se refiere a la autoidentificación, concepto que hace referencia a la conciencia del grupo colectivo de poseer una identidad propia.
Es decir, independientemente de la utilización del término pueblo o nacionalidad, lo relevante es la conciencia del grupo de poseer una identidad colectiva, respaldada además por una historia que da cuenta de su carácter originario. En este sentido, es el reconocimiento del propio pueblo como parte de un grupo social y culturalmente diferenciado. Este elemento es considerado un criterio fundamental en la identificación de las Comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pero siempre y cuando reúnan las tres anteriores con sus aclaraciones.
Para el Ecuador la Etnia se refiere a los valores y prácticas culturales que distinguen a los grupos humanos. Los miembros de un grupo étnico se ven a sí mismos como diferentes a otros grupos. El concepto alude, en general, a dos dimensiones: un conjunto compartido de características culturales y sociales como la lengua, la fe y la residencia, entre otros; y un sentido compartido de identidad o tradición.
Para determinar si una población pertenece a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, deberá presentar características que den cuenta de la existencia de los criterios expuestos. Asimismo, se debe tener en cuenta que estos criterios son concurrentes en su totalidad, de conformidad con lo antes señalado.
Además, se debe considerar que la Constitución establece que el derecho a la Consulta Previa es un derecho de orden Colectivo.
¿Qué institución llevará el registro de las comunidades consideradas ancestrales o indígenas?
El Codenpe, la institución del Estado que era llamada a realizar el registro de comunidades indígenas pasó a ser la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, pero la misma por ahora no tiene como función específica el reconocimiento de la juridicidad de una comuna o pueblo en específico.
Para el caso de la identificación de sujetos de consulta se deberá utilizar todas las herramientas de normativa nacional e internacional que se encuentren vigentes para el reconocimiento de las comunidades consideradas sujetos de consulta de acuerdo el Artículo 57.7 de la Constitución de la República del Ecuador.
Tratándose de un proyecto minero ubicado sobre el territorio de una comunidad indígena, ¿qué instancia tendrá a su cargo la realización de la consulta?
El artículo 57.7 de nuestra Carta Magna define como una obligación del Estado llevar a cabo el proceso de consulta previa. El sujeto consultante será el Estado.
¿Quién tendrá a su cargo la supervisión de la consulta?
El Ministerio sectorial.
¿En qué punto está y qué plazo para entrar en vigencia tiene la norma que regirá el proceso de consulta previa, libre e informada?
El Reglamento se encuentra terminado en un primer borrador y será socializado conforme lo determinan las regulaciones estatales, además se realizó un ejercicio para levantar la metodología del Diagnóstico Socio Ambiental, mismo que deberá decantar en un instrumento para el levantamiento de la información social y ambiental de las comunidades asentadas en las zonas a ser evaluadas a fin de determinar la existencia o no de “Sujetos de Consulta”.
¿Cuál será la figura legal que regulará el proceso de consulta: acuerdo ministerial, ley, reglamento, etc.?
Aún se está analizando la figura legal para la regularización de este Reglamento.
¿Cuáles son las características más importantes del proceso de consulta? Alcances, requisitos, plazos… el formato, por ejemplo, será por voto secreto, huella digital, a mano alzada, con cédula y papeleta de votación... ¿quién realizará el escrutinio?
El Estado a través de este proceso garantiza el cumplimiento del derecho que tienen los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios a estar informados sobre los proyectos que puedan ingerir en sus dinámicas cotidianas, esto asegura la participación de los sujetos de consulta en un proceso de diálogo libre, equilibrado y no condicionado para que sus criterios puedan ser considerados en el desarrollo de los proyectos.
Su alcance está definido en la 57.7 de la Constitución de la República del Ecuador, la Consulta Previa Libre e Informada es un derecho colectivo para pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, y el mismo será implementado de acuerdo con la normativa vigente y a los tratados internacionales que refieran a los procesos de consulta previa libre e informada.
¿Qué papel jugarán las empresas operadoras, ya sea que estén en la etapa de exploración o producción, de proyectos en la consulta previa?
Las empresas que se encuentren en las diferentes etapas deberán proporcionar toda la información técnica sobre las actividades del proyecto, sus impactos, medidas de mitigación, planes de relacionamiento comunitario, etc.
En caso de que cambie el titular del proyecto ¿se requerirá un nuevo proceso de consulta?
La consulta previa está definida para informar sobre las actividades de minería que tendrán lugar en territorio de los “sujetos de consulta”. Los cambios de titular del proyecto no implican el cambio de dichas actividades, por lo que dicho cambio no requeriría un nuevo proceso de consulta.
¿Qué hay de los formatos para entregar la información sobre las actividades mineras a las poblaciones, para que la población la puedan comprender y, en especial, los involucrados con menor grado de escolaridad?
El Estado considera en este proceso todo lo establecido en jurisprudencia internacional, dentro de lo cual se menciona:
Artículo 2 del Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.
2. Esta acción deberá incluir medidas: a) que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población;
b) que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones;
c) que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida.
¿Qué iniciativas, prioridades o énfasis en el trabajo han generado las recomendaciones del Banco Mundial respecto de la mejora de la participación ciudadana en las actividades mineras?
Las recomendaciones generadas por entes internacionales han sido tomadas en cuenta para la elaboración tanto del Reglamento como de la metodología para el Diagnóstico Socio Ambiental.
¿Qué instituciones internacionales han participado en la elaboración del proyecto de consulta previa?
El Reglamento, así como las diferentes herramientas para su implementación fueron trabajadas con personal del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
Se contó con asesoramiento por parte del Foro Intergubernamental de Minas, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF-Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development), organización con la cual trabajamos en la iniciativa y concluyó con un webinar en el último trimestre del 2019 con la participación de expertos internacionales quienes hicieron observaciones a la normativa y emitieron sugerencias para una mejor comprensión del mismo.
¿Cuáles han sido los aportes de la cooperación internacional que pueden tomarse en cuenta dada las características de la realidad ecuatoriana?
Para la construcción de la normativa y sus herramientas de implementación, como el diagnóstico socio ambiental, se ha considerado tanto la normativa local, partiendo de la Constitución y demás normas del ordenamiento jurídico nacional, contempladas en los artículos 424 y 425 de la Constitución, así como los instrumentos legales suscritos y ratificados por la República del Ecuador.
En esta línea, hemos trabajado con las demás instituciones del estado, manteniendo la cooperación descrita en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, así como se ha tenido la cooperación de organismos internacionales como el IGF.
En cuanto a la normativa local y ratificada, hemos estudiado al detalle el Convenio OIT 169 y su Guía de Aplicación, lo que quiere esta Administración es mantener el diálogo y la participación, de conformidad con la apertura a estos espacios dispuesta por el señor Presidente de la República.
¿Con qué representantes de la sociedad civil se ha elaborado y validado la norma sobre consulta?
El proyecto ha sido trabajado considerando el involucramiento de grupos relacionados con el sector minero, se han ejecutado espacios de socialización con la Cámara Americana Ecuatoriana (AMCHAM), Cámara de Minería del Ecuador. Adicionalmente, se han realizado, en distintas zonas de interés de las Áreas de Influencia Directa de algunos proyectos, con la autorización y participación de las “comunidades de base”, ejercicios de levantamiento de información socio-ambiental de cara a futuros procesos de Consulta.
¿Ve viable la recomendación del Banco Mundial de encargar a una entidad independiente su ejecución?
Esta es una obligación del Estado, por lo que debe ser llevada cabo por el Estado. Por la magnitud de las actividades que se deberán ejecutar durante el proceso de Consulta Previa, se prevé la contratación de entidades independientes que apoyen en la realización de los procesos de consulta previa en algunas de sus etapas, siempre con la supervisión y bajo la responsabilidad del Estado.
Si queremos mejorar, el trabajo empieza hoy
Marzo 22 de 2020.- Es el año 2045. Se han alcanzado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se ha erradicado la pobreza; la energía renovable alimenta al mundo; se consiguió la igualdad de género y los ecosistemas terrestres y acuáticos mundiales están prosperando.
¿Cómo sucedió esto? ¿Qué acciones se tomaron para hacer posible una era de paz, prosperidad y progreso?
La respuesta la buscaron más de 150 líderes de la minería mundial el pasado 29 en el marco del Foro Anual de Sostenibilidad que organizaron conjuntamente el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, IGF por sus siglas en inglés, la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá, PDAC y el Foro Económico Mundial o Foro de Davos, como se le conoce en todo el mundo.
La reunión fue facilitada por Watershed Partners, una ONG que cree que es posible la colaboración a nivel planetario y que no es demasiado tarde para solucionar problemas como la crisis climática, la inestabilidad económica, los intereses en competencia y otros más.
En la cita, realizada un día antes de que empiece el PDAC 2020, se pidió a los participantes que reflexionaran sobre los cambios específicos que deben ocurrir en la industria minera para que sea sostenible.
Las conclusiones, plasmadas en un plan de acción que determina lo que realmente se necesita para llevarnos a este escenario ideal en el año 2045, pueden leerse en:
https://www.igfmining.org/sustainable-by-2045-three-ways-the-mining-industry-can-make-it-happen/
¿Cómo sucedió esto? ¿Qué acciones se tomaron para hacer posible una era de paz, prosperidad y progreso?
La respuesta la buscaron más de 150 líderes de la minería mundial el pasado 29 en el marco del Foro Anual de Sostenibilidad que organizaron conjuntamente el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, IGF por sus siglas en inglés, la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá, PDAC y el Foro Económico Mundial o Foro de Davos, como se le conoce en todo el mundo.
La reunión fue facilitada por Watershed Partners, una ONG que cree que es posible la colaboración a nivel planetario y que no es demasiado tarde para solucionar problemas como la crisis climática, la inestabilidad económica, los intereses en competencia y otros más.
En la cita, realizada un día antes de que empiece el PDAC 2020, se pidió a los participantes que reflexionaran sobre los cambios específicos que deben ocurrir en la industria minera para que sea sostenible.
Las conclusiones, plasmadas en un plan de acción que determina lo que realmente se necesita para llevarnos a este escenario ideal en el año 2045, pueden leerse en:
https://www.igfmining.org/sustainable-by-2045-three-ways-the-mining-industry-can-make-it-happen/
Catastro Minero podría estar listo en el tercer trimestre 2020
23 de marzo de 2020.- El viceministerio de Minas, Fernando L. Benalcázar, señaló que su despacho prevé la apertura del Catastro Minero para el tercer trimestre del 2020, previo a cumplir con todo el plan de trabajo propuesto por la consultoría que a mediados del año pasado inició el Banco Mundial.
Benalcázar sabe de lo que habla. Desde su gestión anterior procuró terminar con este tema que se viene arrastrando desde hace más de una década.
“La dinámica existente en las organizaciones y sobre todo en el sector minero; el constante cambio de la tecnología; los nuevos esquemas de interoperabilidad de las plataformas tecnológicas, así como su interacción con los usuarios internos y ciudadanía en general a través de una diversidad de canales de comunicación, obligan a las organizaciones a evaluar periódicamente sus recursos tecnológicos y determinar la necesidad de implementar mejoras o soluciones que se ajusten a los requerimientos de su entorno”, sostiene el viceministro.
Agrega que una de las herramientas que hará posible parte de esas mejoras es el catastro minero, el mismo que sigue en el centro de la preocupación de la actual administración.
Intentando un resumen de la historia reciente de este asunto, recuerda que como expresión de ese interés se logró en mayo del año pasado que el Banco Mundial lleve a cabo la Consultoría de “Evaluación y Diagnóstico el Sistema de Otorgamiento de Títulos Mineros” al final de la cual se propuso un plan de trabajo que buscaba que el Ecuador cuente con un Catastro Minero de clase internacional.
El principio del final
Como resultado de esta consultoría -continúa-, técnicos del Banco Mundial hicieron un acompañamiento al proyecto que venía llevando a cabo el Viceministerio de Minas, para el levantamiento de la información directamente de los expedientes de derechos mineros a fin de contrastarlos con la base existente en el Sistema de Gestión Minera (SGM).
En agosto el Banco Interamericano de Desarrollo puso a disposición del Gobierno del Ecuador un fondo no reembolsable que permitió la contratación de un equipo técnico multidisciplinario para dedicarse exclusivamente al levantamiento de información directamente de los expedientes que se encontraban en las Coordinaciones Zonales, para luego contrastarla con la información existente.
¿Qué situaciones se encontraron al final de dicha consultoría?
La base de datos que nos entregaron en diciembre del año pasado permitió al Estado conocer la situación del SGM respecto de los expedientes existentes en las Coordinaciones Zonales y en la Agencia de Regulación y Control Minero, encontrándose que existen concesiones registradas en el SGM con estado no acorde al reflejado en los expedientes.
Otras concesiones registradas como “en trámite” tenían una antigüedad mayor a los parámetros permitidos por la normativa.
Existían también concesiones registradas “en trámite” sin código catastral, concesiones registradas en el SGM que no cuentan con expedientes, concesiones cuyas áreas difieren de las áreas constantes en los títulos emitidos y concesiones pendientes de caducar.
Adicionalmente, la consultoría del Banco Mundial apoyó en la realización de una auditoría de la plataforma digital del SGM, encontrando que la misma carece de funcionalidades importantes para el manejo transparente del Catastro Minero, además de tener serios problemas de vulnerabilidad del sistema.
Al respecto, el plan de trabajo planteado por el BM propone una segunda fase que consiste en el diseño e implementación de una nueva plataforma digital para el manejo exclusivo de la información del Catastro Minero del Ecuador.
¿Qué dice la experiencia internacional en cuanto a la confección del catastro?
La experiencia internacional indica que la gestión catastral debe estar restringida al otorgamiento, mantenimiento y extinción de los títulos mineros, entendiendo por títulos mineros aquellos que están vinculados a una porción delimitada de terreno, es decir, concesiones y permisos.
De acuerdo con la mejor experiencia internacional, se sugiere que el nuevo Sistema de Gestión Minera debería integrar dos módulos diferenciados, compatibles e interrelacionados, gestionados, mantenidos y actualizados por equipos diferentes, de acuerdo con la siguientes bases operativas y funcionales:
Uno es el módulo catastral para la gestión del otorgamiento, mantenimiento y extinción de los títulos para minería a escalas grande, mediana y pequeña, y permisos para la minería artesanal, la de libre aprovechamiento y la de materiales pétreos.
El otro es el módulo de control y supervisión, focalizado sobre los contratos, es decir, los que se firman al final de la exploración, cuando se va a iniciar una explotación a mediana o gran escala, las licencias de comercialización y las autorizaciones para plantas de beneficio, de fundición y de refinación.
El final del principio
La segunda fase para concluir con la gestión de las situaciones encontradas en la primera fase es la prioridad número uno de la administración actual, a fin de contar con una base de datos completamente depurada, la misma que luego será ingresada en un nuevo software o plataforma digital que será trabajada expresamente para el manejo del “catastro minero” y que deberá cumplir con los estándares definidos en la Consultoría del Banco Mundial.
Esta fase incluye también la implementación de instructivos pertinentes para el manejo del nuevo catastro, la misma que está siendo considerada para apoyo mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, concluye en esta parte el viceministro de Minas.
Benalcázar sabe de lo que habla. Desde su gestión anterior procuró terminar con este tema que se viene arrastrando desde hace más de una década.
“La dinámica existente en las organizaciones y sobre todo en el sector minero; el constante cambio de la tecnología; los nuevos esquemas de interoperabilidad de las plataformas tecnológicas, así como su interacción con los usuarios internos y ciudadanía en general a través de una diversidad de canales de comunicación, obligan a las organizaciones a evaluar periódicamente sus recursos tecnológicos y determinar la necesidad de implementar mejoras o soluciones que se ajusten a los requerimientos de su entorno”, sostiene el viceministro.
Agrega que una de las herramientas que hará posible parte de esas mejoras es el catastro minero, el mismo que sigue en el centro de la preocupación de la actual administración.
Intentando un resumen de la historia reciente de este asunto, recuerda que como expresión de ese interés se logró en mayo del año pasado que el Banco Mundial lleve a cabo la Consultoría de “Evaluación y Diagnóstico el Sistema de Otorgamiento de Títulos Mineros” al final de la cual se propuso un plan de trabajo que buscaba que el Ecuador cuente con un Catastro Minero de clase internacional.
El principio del final
Como resultado de esta consultoría -continúa-, técnicos del Banco Mundial hicieron un acompañamiento al proyecto que venía llevando a cabo el Viceministerio de Minas, para el levantamiento de la información directamente de los expedientes de derechos mineros a fin de contrastarlos con la base existente en el Sistema de Gestión Minera (SGM).
En agosto el Banco Interamericano de Desarrollo puso a disposición del Gobierno del Ecuador un fondo no reembolsable que permitió la contratación de un equipo técnico multidisciplinario para dedicarse exclusivamente al levantamiento de información directamente de los expedientes que se encontraban en las Coordinaciones Zonales, para luego contrastarla con la información existente.
¿Qué situaciones se encontraron al final de dicha consultoría?
La base de datos que nos entregaron en diciembre del año pasado permitió al Estado conocer la situación del SGM respecto de los expedientes existentes en las Coordinaciones Zonales y en la Agencia de Regulación y Control Minero, encontrándose que existen concesiones registradas en el SGM con estado no acorde al reflejado en los expedientes.
Otras concesiones registradas como “en trámite” tenían una antigüedad mayor a los parámetros permitidos por la normativa.
Existían también concesiones registradas “en trámite” sin código catastral, concesiones registradas en el SGM que no cuentan con expedientes, concesiones cuyas áreas difieren de las áreas constantes en los títulos emitidos y concesiones pendientes de caducar.
Adicionalmente, la consultoría del Banco Mundial apoyó en la realización de una auditoría de la plataforma digital del SGM, encontrando que la misma carece de funcionalidades importantes para el manejo transparente del Catastro Minero, además de tener serios problemas de vulnerabilidad del sistema.
Al respecto, el plan de trabajo planteado por el BM propone una segunda fase que consiste en el diseño e implementación de una nueva plataforma digital para el manejo exclusivo de la información del Catastro Minero del Ecuador.
¿Qué dice la experiencia internacional en cuanto a la confección del catastro?
La experiencia internacional indica que la gestión catastral debe estar restringida al otorgamiento, mantenimiento y extinción de los títulos mineros, entendiendo por títulos mineros aquellos que están vinculados a una porción delimitada de terreno, es decir, concesiones y permisos.
De acuerdo con la mejor experiencia internacional, se sugiere que el nuevo Sistema de Gestión Minera debería integrar dos módulos diferenciados, compatibles e interrelacionados, gestionados, mantenidos y actualizados por equipos diferentes, de acuerdo con la siguientes bases operativas y funcionales:
Uno es el módulo catastral para la gestión del otorgamiento, mantenimiento y extinción de los títulos para minería a escalas grande, mediana y pequeña, y permisos para la minería artesanal, la de libre aprovechamiento y la de materiales pétreos.
El otro es el módulo de control y supervisión, focalizado sobre los contratos, es decir, los que se firman al final de la exploración, cuando se va a iniciar una explotación a mediana o gran escala, las licencias de comercialización y las autorizaciones para plantas de beneficio, de fundición y de refinación.
El final del principio
La segunda fase para concluir con la gestión de las situaciones encontradas en la primera fase es la prioridad número uno de la administración actual, a fin de contar con una base de datos completamente depurada, la misma que luego será ingresada en un nuevo software o plataforma digital que será trabajada expresamente para el manejo del “catastro minero” y que deberá cumplir con los estándares definidos en la Consultoría del Banco Mundial.
Esta fase incluye también la implementación de instructivos pertinentes para el manejo del nuevo catastro, la misma que está siendo considerada para apoyo mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, concluye en esta parte el viceministro de Minas.
Viceministro Benalcázar sobre Río Blanco:
Trabajaremos para evitar el arbitraje internacional
¿Cuál es la importancia económica de Río Blanco?
Rio Blanco es uno de los proyectos estratégicos de mediana minería con una producción de oro y plata prevista de 11 años, por ende, es clave económicamente para el país, ya que podría entregar anualmente más de US$ 35 millones de dólares como beneficios netos para el Estado.
Ahora que volvió al puesto, ¿Cómo encontró el caso?
Es preocupante ver que dos meses y medio después de haber recibido la notificación, este viceministerio no se ha reunido con la PGE para proveer todo el apoyo requerido desde lo técnico y administrativo que contribuya al conocimiento de la situación real del proyecto y las vicisitudes que ha enfrentado desde mayo 2018 y le ha llevado a estar parado sin actividad alguna desde esa fecha.
A más de esta potencial exposición internacional existe la local a través de la presencia de minería ilegal que ya está presente en el sector, aunque de manera incipiente y que ha generado un conflicto social adicional.
¿Sabía usted del conflicto potencial?
Sí, en efecto, a comienzos de enero 2020, cuando aún era viceministro, la Procuraduría General del Estado (PGE) recibió una carta amigable copiada al Ministro de Energía y RNNR y al Viceministro de Minas, en la cual la empresa Junefield proponía amigablemente una compensación de US$480 millones de dólares por no haber podido operar su mina regularmente y por la falta de seguridad en su área concesionada.
¿Qué hará ahora?
Trabajaremos con la PGE para que en el plazo de 6 meses que el tratado de inversión existente entre Ecuador y China permite a partir de la presentación de ésta, logremos evitar un arbitraje internacional y encontrar una solución con las otras instancias del Estado correspondientes. La minería en Ecuador no debería, no podría, enfrentar un arbitraje porque todo lo logrado hasta la fecha se vería seriamente comprometido en temas de seguridad jurídica y crearía un precedente terrible ante los inversionistas ya presentes en Ecuador y para aquéllos interesados en arribar en un futuro próximo.
Rio Blanco es uno de los proyectos estratégicos de mediana minería con una producción de oro y plata prevista de 11 años, por ende, es clave económicamente para el país, ya que podría entregar anualmente más de US$ 35 millones de dólares como beneficios netos para el Estado.
Ahora que volvió al puesto, ¿Cómo encontró el caso?
Es preocupante ver que dos meses y medio después de haber recibido la notificación, este viceministerio no se ha reunido con la PGE para proveer todo el apoyo requerido desde lo técnico y administrativo que contribuya al conocimiento de la situación real del proyecto y las vicisitudes que ha enfrentado desde mayo 2018 y le ha llevado a estar parado sin actividad alguna desde esa fecha.
A más de esta potencial exposición internacional existe la local a través de la presencia de minería ilegal que ya está presente en el sector, aunque de manera incipiente y que ha generado un conflicto social adicional.
¿Sabía usted del conflicto potencial?
Sí, en efecto, a comienzos de enero 2020, cuando aún era viceministro, la Procuraduría General del Estado (PGE) recibió una carta amigable copiada al Ministro de Energía y RNNR y al Viceministro de Minas, en la cual la empresa Junefield proponía amigablemente una compensación de US$480 millones de dólares por no haber podido operar su mina regularmente y por la falta de seguridad en su área concesionada.
¿Qué hará ahora?
Trabajaremos con la PGE para que en el plazo de 6 meses que el tratado de inversión existente entre Ecuador y China permite a partir de la presentación de ésta, logremos evitar un arbitraje internacional y encontrar una solución con las otras instancias del Estado correspondientes. La minería en Ecuador no debería, no podría, enfrentar un arbitraje porque todo lo logrado hasta la fecha se vería seriamente comprometido en temas de seguridad jurídica y crearía un precedente terrible ante los inversionistas ya presentes en Ecuador y para aquéllos interesados en arribar en un futuro próximo.
¿Por qué volvió el Ing. Fernando L. Benalcázar?
23 de marzo de 2020.- “Contar con el ingeniero Benalcázar, un profesional íntegro y dedicado al sector minero, cuya labor arrojó resultados excepcionales como haber empujado para que los dos proyectos mineros a gran escala, Fruta del Norte y Mirador, entren en producción en el 2019, era muy importante para mí como ministro y para la consolidación de la minería en el país”, explicó el flamante ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz en un breve diálogo con Vía Minera.
Y agregó: “Toda mi confianza en su experiencia y dedicación como profesional al que conozco y valoro desde hace 20 años, con el que hemos compartido experiencias locales e internacionales, que han trascendido en la industria extractiva a todo nivel, me da la seguridad que la minería no puede estar en mejores manos".
El ministro René Ortiz ha señalado que la minería será su prioridad, “junto con una estricta y rigurosa sujeción a la seguridad jurídica que Ecuador debe garantizar a los inversionistas”.
Y agregó: “Toda mi confianza en su experiencia y dedicación como profesional al que conozco y valoro desde hace 20 años, con el que hemos compartido experiencias locales e internacionales, que han trascendido en la industria extractiva a todo nivel, me da la seguridad que la minería no puede estar en mejores manos".
El ministro René Ortiz ha señalado que la minería será su prioridad, “junto con una estricta y rigurosa sujeción a la seguridad jurídica que Ecuador debe garantizar a los inversionistas”.
Fernando L. Benalcázar vuelve al viceministerio de Minas
16 de marzo de 2020.- En una semana que se recordará por la expansión mundial del corona virus y el inicio de una guerra por los precios del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, la misma que provocó en un día la caída del 25% en la cotización internacional del crudo, el gobierno del presidente Lenin Moreno aceptó el pasado lunes la renuncia del ministro de Energía y Recursos Naturales, José Agusto, provocada por razones de salud según él; y nombró ese mismo día a su reemplazante, el ingeniero René Ortiz.
El nuevo titular tiene experiencia en el cargo y en otros puestos de renombre internacional. Ha sido secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y en los últimos años se desempeñó como consultor energético. Posesionado ya en el ministerio, una de las primeras medidas que tomó fue reinstalar en su despacho a quien hace siete semanas ocupó el viceministerio de Minas, el ingeniero Fernando L. Benalcázar.
Benalcázar asumirá oficialmente sus funciones el próximo martes 17. Será un acto simbólico porque su liderazgo en el sector minero dentro del equipo ministerial ha sido evidente desde el día en que se hizo público el nombramiento de René Ortiz.
En sus primeras declaraciones a la prensa, el ministro Ortiz ha señalado como una de sus prioridades en el campo minero, la de “destrabar lo que está detenido”. Evidentemente se ha referido a los proyectos Loma Larga y Río Blanco.
El nuevo titular tiene experiencia en el cargo y en otros puestos de renombre internacional. Ha sido secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y en los últimos años se desempeñó como consultor energético. Posesionado ya en el ministerio, una de las primeras medidas que tomó fue reinstalar en su despacho a quien hace siete semanas ocupó el viceministerio de Minas, el ingeniero Fernando L. Benalcázar.
Benalcázar asumirá oficialmente sus funciones el próximo martes 17. Será un acto simbólico porque su liderazgo en el sector minero dentro del equipo ministerial ha sido evidente desde el día en que se hizo público el nombramiento de René Ortiz.
En sus primeras declaraciones a la prensa, el ministro Ortiz ha señalado como una de sus prioridades en el campo minero, la de “destrabar lo que está detenido”. Evidentemente se ha referido a los proyectos Loma Larga y Río Blanco.
BID otorga préstamo de USD 78,4 millones
16 de marzo de 2020.- Con el fin de mejorar la estabilidad macroeconómica, incrementar la productividad y la generación de empleo en el sector minero energético, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo USD 78,4 millones para aumentar de forma sostenible y responsable las inversiones en ambos sectores.
También se desarrollarán instrumentos de planificación minera y energética y herramientas de política que aumenten la eficacia del marco regulatorio y generen un ambiente de negocios propicio a la inversión responsable, sostuvo la entidad internacional.
Además, estos recursos permitirán desarrollar estudios de preinversión de una planta de regasificación de gas natural y facilidades de generación, considerando alternativas que generen menos emisiones de gases de efecto invernadero y estudios de superficie para el desarrollo del potencial geotérmico.
Este préstamo tiene un plazo de amortización de 25 años con un período de gracias de seis años y una tasa de interés basada en libor.
Esta operación será ejecutada por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y el Instituto de Investigación Geológico y Energético.
También se desarrollarán instrumentos de planificación minera y energética y herramientas de política que aumenten la eficacia del marco regulatorio y generen un ambiente de negocios propicio a la inversión responsable, sostuvo la entidad internacional.
Además, estos recursos permitirán desarrollar estudios de preinversión de una planta de regasificación de gas natural y facilidades de generación, considerando alternativas que generen menos emisiones de gases de efecto invernadero y estudios de superficie para el desarrollo del potencial geotérmico.
Este préstamo tiene un plazo de amortización de 25 años con un período de gracias de seis años y una tasa de interés basada en libor.
Esta operación será ejecutada por el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y el Instituto de Investigación Geológico y Energético.
Perú es demandado otra vez ante el CIADI
3 de marzo del 2020.- La controversia entre la empresa Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV) y la Sunat toma una nueva escala, dado que se dicho proceso se ha llevado a un proceso de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en virtud del Acuerdo de Promoción Comercial Estados Unidos-Perú.
SMCV indicó que su matriz estadounidense Freeport-McMoRan Inc. llevará adelante este proceso contra el Estado peruano.
“Este procedimiento de arbitraje no afectará nuestras operaciones actuales. Los montos discutidos vienen siendo pagados, bajo protesto, y están relacionados puntualmente a actividades del pasado. Actualmente, operamos bajo un nuevo Contrato de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión”, detalla la SMCV.
Por su parte, la Sunat informó de las pretensiones de este proceso el pasado 16 de diciembre, designando a Edmóstines Montoya Jara como su representante ante la comisión especial que representará al Estado peruano en la controversia internacional.
Este proceso surge por el pago de las regalías mineras por el mineral procesado por la concentradora de la empresa, la misma que inició operaciones a fines del año 2006.
Ante ello, se hizo las consultas a SMCV que detalló que vía este mecanismo se busca “resolver la disputa sobre la imposición de regalías y penalidades e intereses altos que no eran aplicables bajo el contrato de estabilidad que Cerro Verde suscribió con el Gobierno en 1998”.
De la misma forma, detalla que, en múltiples ocasiones, SMCV ha buscado una solución por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas.
“La compañía no ha tenido un debido proceso con relación a la disputa sobre la violación de los compromisos contractuales asumidos hace más de 20 años para inducir a Freeport-McMoRan y SMCV”, mencionan, tras esperar que sea el espacio del Ciadi para la solución de las diferencias.
Las regalías de Cerro Verde
Según lo reportado por la Sociedad Minera Cerro Verde, en su memoria 2019, las resoluciones de Sunat que corresponden a los períodos comprendidos entre octubre de 2006 a diciembre de 2007 y los años 2008, 2009, 2010, 2011 fueron apeladas ante el Tribunal Fiscal.
Adicionalmente, las decisiones emitidas por el Tribunal Fiscal sobre los periodos 2006 al 2008, han sido cuestionados judicialmente en Procesos Contenciosos Administrativos.
Años 2006-2007 y 2008:
En julio de 2013, el Tribunal Fiscal emitió dos resoluciones confirmando las Resoluciones de Determinación de la Sunat, por los períodos de octubre de 2006 a diciembre de 2007, y 2008; las mismas que pusieron fin a la etapa administrativa.
En setiembre de 2013, Cerro Verde impugnó las resoluciones administrativas, en la vía judicial, mediante acciones contencioso-administrativas, ya que de acuerdo a Ley General de Minería; el Contrato de Estabilidad suscrito en el año 1998, estabiliza la legislación vigente al 06 de mayo de 1996, fecha en la que las regalías mineras no eran exigibles.
“Esta carga administrativa no puede aplicarse a nuestra concesión minera, independientemente del método utilizado para el procesamiento del mineral que se extraiga de ella”, sostiene la empresa.
El 1 de octubre de 2013, la Sunat requirió a Cerro Verde el pago de un total de S/ 492 millones (US$ 148.2 millones, incluyendo intereses y multas por un total de US$ 87.3 millones) sobre la base de las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal en julio de 2013, pronunciándose sobre las regalías del período comprendido entre diciembre de 2006 a diciembre de 2008.
Al amparo de la ley, y bajo protesto, la minera Cerro Verde solicitó y obtuvo un aplazamiento y fraccionamiento de deuda. Como resultado, el pago fue diferido por seis meses hasta el 30 de abril de 2014 y fraccionado en 66 cuotas mensuales iguales que culminaron el 29 de octubre de 2019.
Al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad ha efectuado, bajo protesto, pagos por un total de S/ 711.1 millones de soles (equivalentes a US$ 214.4 millones) por el fraccionamiento de las regalías, correspondientes a estos periodos.
Años 2006-2007:
Con fecha 14 de abril de 2016, el Vigésimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo en Materia Tributaria, expidió sentencia declarando infundada la demanda interpuesta por la minera Cerro Verde, concluyendo que la estabilidad no alcanzaba a la Planta de Flotación de la Sociedady ésta es responsable del pago de regalías por todo el mineral procesado en la mencionada Planta.
En mayo de 2016, la Cerro Verde interpuso recurso de apelación. El expediente se remitió a la Séptima Sala Contencioso Administrativa del Poder Judicial, y en agosto de 2016, se solicitó opinión no vinculante al Ministerio Público. La vista de la causa de llevó a cabo el 6 de febrero de 2017, tras lo cual, en julio del mismo año, la Séptima Sala Contencioso Administrativa confirmó la Sentencia que declaró infundada la demanda. Ante lo cual, la Sociedad interpuso recurso de casación en agosto de 2017, el cual fue admitido el 12 de setiembre.
Con fecha 21 de diciembre de 2017 el recurso fue remitido a la Fiscalía Suprema y con fecha 20 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la vista de la causa ante la Corte Suprema, estando pendiente la emisión de la resolución correspondiente.
Año 2008:
Con fecha 23 de diciembre de 2014, el Décimo Octavo Juzgado Especializado en lo Tributario y Aduanero de Lima, notificó a la minera Cerro Verde la sentencia de primera instancia que declaró fundada en parte la demanda interpuesta por la subsidiaria de Freeport-McMoRan; y, por consiguiente, declaró la nulidad de las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal y Sunat en las que se ordenó el pago de regalías por el año 2008.
El 31 de diciembre de 2014, el Tribunal Fiscal y la Sunat, interpusieron recurso de apelación en contra de la resolución emitida por el Décimo Octavo Juzgado Especializado en lo Tributario y Aduanero de Lima. El expediente se remitió a la Sexta Sala Contencioso Administrativa de Lima.
El 13 de enero de 2016 se llevó a cabo la Vista de la Causa; y el 09 de febrero del mismo año, la Sexta Sala Contencioso Administrativa, revocó la Sentencia de primera instancia, señalando básicamente que los “contratos de estabilidad están sujetos al derecho común, que las partes pueden negociarlos libremente y determinar el alcance de los mismos; y que, dado que Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. y El Estado habían decidido limitar el alcance del Acuerdo al “Proyecto de Lixiviación” -porque ese es el nombre usado en el Convenio para referirse al proyecto-, los beneficios garantizados en el Convenio de Estabilidad de 1998 no se extendían al llamado “Proyecto de Sulfuros Primarios”.
El 23 de febrero de 2016, la Sociedad Minera Cerro Verde interpuso recurso de casación, solicitando la nulidad de la sentencia de vista, o alternativamente, que se revoque la misma.
El 3 de octubre de 2016 la Corte Suprema de Justicia del Perú revisó los requisitos legales de procedencia, y admitió la casación. La vista de la causa se llevó a cabo el 19 de julio y mediante Sentencia de Casación No. 5212- 2016 de fecha 18 de agosto de 2017, notificada el 10 de octubre de 2017, se declaró infundado el recurso de casación presentado por la minera.
Cerro Verde considera que la Sentencia de la Corte Suprema es equivocada por cuanto la norma es sumamente clara, en tanto el “beneficio contractual” (garantía de estabilidad) recae exclusivamente en las “Actividades” de la empresa minera; la cual no indica que el beneficio recae en (i) las “Inversiones” de la empresa minera, sin restringir el alcance a las inversiones vinculadas exclusivamente a las actividades previstas en el estudio de factibilidad, como concluyó la sala.
La Corte Suprema no emitió pronunciamiento con relación al pedido de Cerro Verde respecto a la exención de intereses y sanciones por la existencia de duda razonable, limitándose a confirmar lo señalado anteriormente que dicha solicitud habría sido extemporánea.
Ante la omisión en pronunciarse sobre la procedencia de la exención de intereses y sanciones en la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, la Sociedad cuestionó dicha omisión a través de un recurso de Amparo, el cual fue declarado improcedente mediante resolución de fecha 4 de enero de 2018.
Dicha resolución fue apelada ante la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, la cual confirmó la improcedencia de la demanda de amparo a través de la resolución N° 5 notificada el 14 de noviembre de 2018.
Con fecha 28 de noviembre la minera Cerro Verde presentó un recurso de agravio constitucional contra la resolución N° 5, solicitando que el expediente sea remitido al Tribunal Constitucional. Estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional emita su decisión.
Año 2009:
El 19 de julio de 2013, se llevó a cabo el informe oral ante la Sala 2 del Tribunal Fiscal en relación a las acotaciones por regalías del año 2009. El 9 de agosto de 2018 se realizó un nuevo informe oral ante la misma sala, la cual con fecha 28 de setiembre de 2018, notificó la Resolución que confirma la resolución emitida previamente por Sunat, que ordena el pago de regalías.
Al 31 de diciembre de 2019 el monto de las acotaciones por parte de SUNAT incluyendo intereses y penalidades por el año 2009 es de S/ 239.8 millones (aproximadamente US$ 72.3 millones).
Años 2010 y 2011 (Enero-Septiembre):
El 13 de abril de 2016, SUNAT notificó a la minera Cerro Verde con reparos adicionales y multas por regalías correspondientes a los años 2010 y parte del 2011.
Cerro Verde presentó recurso de reclamación contra estos reparos el 11 de mayo de 2016. La SUNAT declaró infundada nuestra reclamación y presentamos un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal el 22 de marzo de 2017.
El Tribunal Fiscal resolvió confirmar la Resolución apelada. La deuda por regalías correspondientes al 2010 es de S/ 253.1 millones (US$ 76.3 millones); asimismo, la deuda por regalías correspondientes al periodo de enero a setiembre de 2011 es de S/ 233.8 millones (US$ 70.5 millones).
Año 2009, 2010 y 2011 (Enero-Septiembre):
En septiembre de 2018, el Tribunal Fiscal peruano rechazó la solicitud de exención de las multas e intereses por el periodo enero 2009 hasta setiembre 2011.
En diciembre de 2018, Cerro Verde decidió no apelar la decisión del Tribunal Fiscal ante el Poder Judicial y está evaluando mecanismos alternativos para defender sus derechos.
En octubre de 2018, Sunat atendió a Cerro Verde con demandas de pagos por S/ 928,9 millones (aproximadamente US$ 280,1 millones, incluyendo intereses y penalidades por US$ 168.8 millones) basados en la decisión del Tribunal Fiscal por el periodo enero 2009 hasta setiembre 2011.
La Sociedad solicitó un aplazamiento (diferimiento de 6 meses) y fraccionamiento (el cual fue concedido en dos cronogramas equivalentes a 66 cuotas mensuales cada uno).
La deuda total al 31 de diciembre de 2019 es por S/ 1041,8 millones (aproximadamente US$ 314,1 millones, incluyendo intereses, intereses de aplazamiento y penalidades por US$ 202,8 millones). Los pagos de estos fraccionamientos empezaron en el segundo trimestre de 2019.
Cuarto trimestre 2011
El 18 de enero de 2018, Sunat notificó las resoluciones de determinación por regalías del cuarto trimestre del año 2011, ante lo cual, Cerro Verde presentó recurso de reclamación, el cual fue denegado. Consecuentemente, la minera apeló dicha resolución ante el Tribunal Fiscal , y éste la declaró infundada.
El 18 de diciembre de 2019, Sunat notificó a Cerro Verde la resolución de cobranza y el 26 de diciembre Cerro Verde canceló la deuda, realizando el pago de S/ 57,6 millones (aproximadamente US$ 17.4 millones, incluyendo intereses y penalidades por US$ 10 millones).
De otro lado, el 18 de enero de 2018, Sunat notificó las resoluciones de determinación por impuesto especial a la minería del cuarto trimestre del año 2011 al cuarto trimestre del año 2012.
La Sociedad Minera Cerro Verde presentó recurso de reclamación ante la Sunat contra dichas resoluciones, las cuales fueron declaradas infundadas por Sunat, consecuentemente la minera apeló la resolución ante el Tribunal Fiscal la cual también fue denegada en julio de 2019.
La subsidiria de Freeport McMoran solicitó un aplazamiento (diferimiento de 6 meses) y fraccionamiento (el cual fue concedido en un cronograma equivalente a 66 cuotas mensuales).
La deuda total al 31 de diciembre de 2019 es por S/ 255,8 millones (aproximadamente US$77,1 millones, incluyendo intereses, intereses de aplazamiento y penalidades por US$40,5 millones). Los pagos de este fraccionamiento comenzarán en el primer trimestre de 2020.
Año 2012:
El 18 de abril de 2018, Sunat notificó las resoluciones de determinación por regalías del año 2012. El 17 de mayo de 2018, Cerro Verde presentó recurso de reclamación ante la Sunat contra dichas resoluciones.
El 23 de enero de 2019 la minera recibió la resolución emitida por Sunat declarando infundada la reclamación por el año 2012. La minera decidió no apelar dicha resolución ante el Tribunal Fiscal. La Sociedad solicitó un aplazamiento (diferimiento de 6 meses) y fraccionamiento (el cual fue concedido en un cronograma equivalente a 66 cuotas mensuales).
La deuda al 31 de diciembre de 2019 asciende a S/ 266,1 millones (aproximadamente US$ 80,2 millones, incluyendo intereses, intereses de aplazamiento y penalidades por US$45,7 millones).
Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad ha efectuado pagos por el fraccionamiento por un total de S/ 65,7 millones (equivalentes a US$19,8 millones basados).
Año 2013:
El 10 de octubre de 2018, Sunat notificó las resoluciones de determinación por regalías e impuesto especial a la minería del año 2013, y el 7 de noviembre de 2018, la Sociedad Minera Cerro Verde presentó recurso de reclamación contra dichas resoluciones.
El 28 de mayo de 2019 Cerro Verde recibió resoluciones emitidas por Sunat declarando infundados los recursos de reclamación por el año 2013. La minera decidió no apelar dichas resoluciones.
La minera solicitó dos aplazamientos (diferimiento de 6 meses) y dos fraccionamientos (los cuales fueron concedidos en dos cronogramas equivalentes a 66 cuotas mensuales por cada uno).
Al 31 de diciembre de 2019, el monto de dichas acotaciones incluyendo intereses y penalidades por regalías del año 2013 es de S/ 183,9 millones (aproximadamente US$ 55,4 millones, incluyendo intereses y penalidades por US$ 29,5 millones) y por impuesto especial a la minería del año 2013 es de S/ 151 millones (aproximadamente US$ 45.5 millones, incluyendo intereses y penalidades por US$ 22,1 millones).
Los pagos de estos fraccionamientos comenzarán en el primer trimestre de 2020. En diciembre de 2017, como resultado de la decisión desfavorable de la Corte Suprema sobre el caso de las regalías mineras del año 2008, la Sociedad solicitó la devolución de los montos que habría pagado en exceso por el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) (diciembre 2012 a diciembre 2013), el GEM (cuarto trimestre 2011 hasta el cuarto trimestre 2012) y derechos arancelarios (año 2013). (Publicado en Gestión, de Lima)
SMCV indicó que su matriz estadounidense Freeport-McMoRan Inc. llevará adelante este proceso contra el Estado peruano.
“Este procedimiento de arbitraje no afectará nuestras operaciones actuales. Los montos discutidos vienen siendo pagados, bajo protesto, y están relacionados puntualmente a actividades del pasado. Actualmente, operamos bajo un nuevo Contrato de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión”, detalla la SMCV.
Por su parte, la Sunat informó de las pretensiones de este proceso el pasado 16 de diciembre, designando a Edmóstines Montoya Jara como su representante ante la comisión especial que representará al Estado peruano en la controversia internacional.
Este proceso surge por el pago de las regalías mineras por el mineral procesado por la concentradora de la empresa, la misma que inició operaciones a fines del año 2006.
Ante ello, se hizo las consultas a SMCV que detalló que vía este mecanismo se busca “resolver la disputa sobre la imposición de regalías y penalidades e intereses altos que no eran aplicables bajo el contrato de estabilidad que Cerro Verde suscribió con el Gobierno en 1998”.
De la misma forma, detalla que, en múltiples ocasiones, SMCV ha buscado una solución por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas.
“La compañía no ha tenido un debido proceso con relación a la disputa sobre la violación de los compromisos contractuales asumidos hace más de 20 años para inducir a Freeport-McMoRan y SMCV”, mencionan, tras esperar que sea el espacio del Ciadi para la solución de las diferencias.
Las regalías de Cerro Verde
Según lo reportado por la Sociedad Minera Cerro Verde, en su memoria 2019, las resoluciones de Sunat que corresponden a los períodos comprendidos entre octubre de 2006 a diciembre de 2007 y los años 2008, 2009, 2010, 2011 fueron apeladas ante el Tribunal Fiscal.
Adicionalmente, las decisiones emitidas por el Tribunal Fiscal sobre los periodos 2006 al 2008, han sido cuestionados judicialmente en Procesos Contenciosos Administrativos.
Años 2006-2007 y 2008:
En julio de 2013, el Tribunal Fiscal emitió dos resoluciones confirmando las Resoluciones de Determinación de la Sunat, por los períodos de octubre de 2006 a diciembre de 2007, y 2008; las mismas que pusieron fin a la etapa administrativa.
En setiembre de 2013, Cerro Verde impugnó las resoluciones administrativas, en la vía judicial, mediante acciones contencioso-administrativas, ya que de acuerdo a Ley General de Minería; el Contrato de Estabilidad suscrito en el año 1998, estabiliza la legislación vigente al 06 de mayo de 1996, fecha en la que las regalías mineras no eran exigibles.
“Esta carga administrativa no puede aplicarse a nuestra concesión minera, independientemente del método utilizado para el procesamiento del mineral que se extraiga de ella”, sostiene la empresa.
El 1 de octubre de 2013, la Sunat requirió a Cerro Verde el pago de un total de S/ 492 millones (US$ 148.2 millones, incluyendo intereses y multas por un total de US$ 87.3 millones) sobre la base de las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal en julio de 2013, pronunciándose sobre las regalías del período comprendido entre diciembre de 2006 a diciembre de 2008.
Al amparo de la ley, y bajo protesto, la minera Cerro Verde solicitó y obtuvo un aplazamiento y fraccionamiento de deuda. Como resultado, el pago fue diferido por seis meses hasta el 30 de abril de 2014 y fraccionado en 66 cuotas mensuales iguales que culminaron el 29 de octubre de 2019.
Al 31 de diciembre de 2019 la Sociedad ha efectuado, bajo protesto, pagos por un total de S/ 711.1 millones de soles (equivalentes a US$ 214.4 millones) por el fraccionamiento de las regalías, correspondientes a estos periodos.
Años 2006-2007:
Con fecha 14 de abril de 2016, el Vigésimo Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo en Materia Tributaria, expidió sentencia declarando infundada la demanda interpuesta por la minera Cerro Verde, concluyendo que la estabilidad no alcanzaba a la Planta de Flotación de la Sociedady ésta es responsable del pago de regalías por todo el mineral procesado en la mencionada Planta.
En mayo de 2016, la Cerro Verde interpuso recurso de apelación. El expediente se remitió a la Séptima Sala Contencioso Administrativa del Poder Judicial, y en agosto de 2016, se solicitó opinión no vinculante al Ministerio Público. La vista de la causa de llevó a cabo el 6 de febrero de 2017, tras lo cual, en julio del mismo año, la Séptima Sala Contencioso Administrativa confirmó la Sentencia que declaró infundada la demanda. Ante lo cual, la Sociedad interpuso recurso de casación en agosto de 2017, el cual fue admitido el 12 de setiembre.
Con fecha 21 de diciembre de 2017 el recurso fue remitido a la Fiscalía Suprema y con fecha 20 de noviembre de 2018 se llevó a cabo la vista de la causa ante la Corte Suprema, estando pendiente la emisión de la resolución correspondiente.
Año 2008:
Con fecha 23 de diciembre de 2014, el Décimo Octavo Juzgado Especializado en lo Tributario y Aduanero de Lima, notificó a la minera Cerro Verde la sentencia de primera instancia que declaró fundada en parte la demanda interpuesta por la subsidiaria de Freeport-McMoRan; y, por consiguiente, declaró la nulidad de las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal y Sunat en las que se ordenó el pago de regalías por el año 2008.
El 31 de diciembre de 2014, el Tribunal Fiscal y la Sunat, interpusieron recurso de apelación en contra de la resolución emitida por el Décimo Octavo Juzgado Especializado en lo Tributario y Aduanero de Lima. El expediente se remitió a la Sexta Sala Contencioso Administrativa de Lima.
El 13 de enero de 2016 se llevó a cabo la Vista de la Causa; y el 09 de febrero del mismo año, la Sexta Sala Contencioso Administrativa, revocó la Sentencia de primera instancia, señalando básicamente que los “contratos de estabilidad están sujetos al derecho común, que las partes pueden negociarlos libremente y determinar el alcance de los mismos; y que, dado que Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. y El Estado habían decidido limitar el alcance del Acuerdo al “Proyecto de Lixiviación” -porque ese es el nombre usado en el Convenio para referirse al proyecto-, los beneficios garantizados en el Convenio de Estabilidad de 1998 no se extendían al llamado “Proyecto de Sulfuros Primarios”.
El 23 de febrero de 2016, la Sociedad Minera Cerro Verde interpuso recurso de casación, solicitando la nulidad de la sentencia de vista, o alternativamente, que se revoque la misma.
El 3 de octubre de 2016 la Corte Suprema de Justicia del Perú revisó los requisitos legales de procedencia, y admitió la casación. La vista de la causa se llevó a cabo el 19 de julio y mediante Sentencia de Casación No. 5212- 2016 de fecha 18 de agosto de 2017, notificada el 10 de octubre de 2017, se declaró infundado el recurso de casación presentado por la minera.
Cerro Verde considera que la Sentencia de la Corte Suprema es equivocada por cuanto la norma es sumamente clara, en tanto el “beneficio contractual” (garantía de estabilidad) recae exclusivamente en las “Actividades” de la empresa minera; la cual no indica que el beneficio recae en (i) las “Inversiones” de la empresa minera, sin restringir el alcance a las inversiones vinculadas exclusivamente a las actividades previstas en el estudio de factibilidad, como concluyó la sala.
La Corte Suprema no emitió pronunciamiento con relación al pedido de Cerro Verde respecto a la exención de intereses y sanciones por la existencia de duda razonable, limitándose a confirmar lo señalado anteriormente que dicha solicitud habría sido extemporánea.
Ante la omisión en pronunciarse sobre la procedencia de la exención de intereses y sanciones en la sentencia de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, la Sociedad cuestionó dicha omisión a través de un recurso de Amparo, el cual fue declarado improcedente mediante resolución de fecha 4 de enero de 2018.
Dicha resolución fue apelada ante la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima, la cual confirmó la improcedencia de la demanda de amparo a través de la resolución N° 5 notificada el 14 de noviembre de 2018.
Con fecha 28 de noviembre la minera Cerro Verde presentó un recurso de agravio constitucional contra la resolución N° 5, solicitando que el expediente sea remitido al Tribunal Constitucional. Estamos a la espera de que el Tribunal Constitucional emita su decisión.
Año 2009:
El 19 de julio de 2013, se llevó a cabo el informe oral ante la Sala 2 del Tribunal Fiscal en relación a las acotaciones por regalías del año 2009. El 9 de agosto de 2018 se realizó un nuevo informe oral ante la misma sala, la cual con fecha 28 de setiembre de 2018, notificó la Resolución que confirma la resolución emitida previamente por Sunat, que ordena el pago de regalías.
Al 31 de diciembre de 2019 el monto de las acotaciones por parte de SUNAT incluyendo intereses y penalidades por el año 2009 es de S/ 239.8 millones (aproximadamente US$ 72.3 millones).
Años 2010 y 2011 (Enero-Septiembre):
El 13 de abril de 2016, SUNAT notificó a la minera Cerro Verde con reparos adicionales y multas por regalías correspondientes a los años 2010 y parte del 2011.
Cerro Verde presentó recurso de reclamación contra estos reparos el 11 de mayo de 2016. La SUNAT declaró infundada nuestra reclamación y presentamos un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal el 22 de marzo de 2017.
El Tribunal Fiscal resolvió confirmar la Resolución apelada. La deuda por regalías correspondientes al 2010 es de S/ 253.1 millones (US$ 76.3 millones); asimismo, la deuda por regalías correspondientes al periodo de enero a setiembre de 2011 es de S/ 233.8 millones (US$ 70.5 millones).
Año 2009, 2010 y 2011 (Enero-Septiembre):
En septiembre de 2018, el Tribunal Fiscal peruano rechazó la solicitud de exención de las multas e intereses por el periodo enero 2009 hasta setiembre 2011.
En diciembre de 2018, Cerro Verde decidió no apelar la decisión del Tribunal Fiscal ante el Poder Judicial y está evaluando mecanismos alternativos para defender sus derechos.
En octubre de 2018, Sunat atendió a Cerro Verde con demandas de pagos por S/ 928,9 millones (aproximadamente US$ 280,1 millones, incluyendo intereses y penalidades por US$ 168.8 millones) basados en la decisión del Tribunal Fiscal por el periodo enero 2009 hasta setiembre 2011.
La Sociedad solicitó un aplazamiento (diferimiento de 6 meses) y fraccionamiento (el cual fue concedido en dos cronogramas equivalentes a 66 cuotas mensuales cada uno).
La deuda total al 31 de diciembre de 2019 es por S/ 1041,8 millones (aproximadamente US$ 314,1 millones, incluyendo intereses, intereses de aplazamiento y penalidades por US$ 202,8 millones). Los pagos de estos fraccionamientos empezaron en el segundo trimestre de 2019.
Cuarto trimestre 2011
El 18 de enero de 2018, Sunat notificó las resoluciones de determinación por regalías del cuarto trimestre del año 2011, ante lo cual, Cerro Verde presentó recurso de reclamación, el cual fue denegado. Consecuentemente, la minera apeló dicha resolución ante el Tribunal Fiscal , y éste la declaró infundada.
El 18 de diciembre de 2019, Sunat notificó a Cerro Verde la resolución de cobranza y el 26 de diciembre Cerro Verde canceló la deuda, realizando el pago de S/ 57,6 millones (aproximadamente US$ 17.4 millones, incluyendo intereses y penalidades por US$ 10 millones).
De otro lado, el 18 de enero de 2018, Sunat notificó las resoluciones de determinación por impuesto especial a la minería del cuarto trimestre del año 2011 al cuarto trimestre del año 2012.
La Sociedad Minera Cerro Verde presentó recurso de reclamación ante la Sunat contra dichas resoluciones, las cuales fueron declaradas infundadas por Sunat, consecuentemente la minera apeló la resolución ante el Tribunal Fiscal la cual también fue denegada en julio de 2019.
La subsidiria de Freeport McMoran solicitó un aplazamiento (diferimiento de 6 meses) y fraccionamiento (el cual fue concedido en un cronograma equivalente a 66 cuotas mensuales).
La deuda total al 31 de diciembre de 2019 es por S/ 255,8 millones (aproximadamente US$77,1 millones, incluyendo intereses, intereses de aplazamiento y penalidades por US$40,5 millones). Los pagos de este fraccionamiento comenzarán en el primer trimestre de 2020.
Año 2012:
El 18 de abril de 2018, Sunat notificó las resoluciones de determinación por regalías del año 2012. El 17 de mayo de 2018, Cerro Verde presentó recurso de reclamación ante la Sunat contra dichas resoluciones.
El 23 de enero de 2019 la minera recibió la resolución emitida por Sunat declarando infundada la reclamación por el año 2012. La minera decidió no apelar dicha resolución ante el Tribunal Fiscal. La Sociedad solicitó un aplazamiento (diferimiento de 6 meses) y fraccionamiento (el cual fue concedido en un cronograma equivalente a 66 cuotas mensuales).
La deuda al 31 de diciembre de 2019 asciende a S/ 266,1 millones (aproximadamente US$ 80,2 millones, incluyendo intereses, intereses de aplazamiento y penalidades por US$45,7 millones).
Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad ha efectuado pagos por el fraccionamiento por un total de S/ 65,7 millones (equivalentes a US$19,8 millones basados).
Año 2013:
El 10 de octubre de 2018, Sunat notificó las resoluciones de determinación por regalías e impuesto especial a la minería del año 2013, y el 7 de noviembre de 2018, la Sociedad Minera Cerro Verde presentó recurso de reclamación contra dichas resoluciones.
El 28 de mayo de 2019 Cerro Verde recibió resoluciones emitidas por Sunat declarando infundados los recursos de reclamación por el año 2013. La minera decidió no apelar dichas resoluciones.
La minera solicitó dos aplazamientos (diferimiento de 6 meses) y dos fraccionamientos (los cuales fueron concedidos en dos cronogramas equivalentes a 66 cuotas mensuales por cada uno).
Al 31 de diciembre de 2019, el monto de dichas acotaciones incluyendo intereses y penalidades por regalías del año 2013 es de S/ 183,9 millones (aproximadamente US$ 55,4 millones, incluyendo intereses y penalidades por US$ 29,5 millones) y por impuesto especial a la minería del año 2013 es de S/ 151 millones (aproximadamente US$ 45.5 millones, incluyendo intereses y penalidades por US$ 22,1 millones).
Los pagos de estos fraccionamientos comenzarán en el primer trimestre de 2020. En diciembre de 2017, como resultado de la decisión desfavorable de la Corte Suprema sobre el caso de las regalías mineras del año 2008, la Sociedad solicitó la devolución de los montos que habría pagado en exceso por el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) (diciembre 2012 a diciembre 2013), el GEM (cuarto trimestre 2011 hasta el cuarto trimestre 2012) y derechos arancelarios (año 2013). (Publicado en Gestión, de Lima)
Ecuador y Perú aprueban plan para enfrentar la minería ilegal
Marzo 1 de 2020.- Ecuador y Perú aprueban plan para enfrentar la minería ilegal En la Cancillería ecuatoriana se realizó el pasado 20 de febrero la primera reunión de la Comisión Mixta de Lucha contra la Minería Ilegal, la misma que aprobó un plan de trabajo en virtud del cual las autoridades de Perú y Ecuador visitarán la Cordillera del Cóndor y firmarán un protocolo bilateral para ejecutar operativos en la zona de frontera, entre otras acciones.
La cooperación entre Ecuador y Perú está dirigida a prevenir, controlar y judicializar las actividades de minería ilegal; así como también los delitos conexos: lavado de dinero, trata de personas, tráfico de armas, trabajo esclavo, entre otros. La Comisión Mixta de Lucha contra la Minería Ilegal fue creada en agosto de 2019 y reemplazó al Grupo Ad Hoc de Lucha contra la Minería Ilegal. Tiene el propósito de fortalecer la coordinación y cooperación bilateral para combatir este delito en la zona de frontera ecuatoriano - peruana.
La cooperación entre Ecuador y Perú está dirigida a prevenir, controlar y judicializar las actividades de minería ilegal; así como también los delitos conexos: lavado de dinero, trata de personas, tráfico de armas, trabajo esclavo, entre otros. La Comisión Mixta de Lucha contra la Minería Ilegal fue creada en agosto de 2019 y reemplazó al Grupo Ad Hoc de Lucha contra la Minería Ilegal. Tiene el propósito de fortalecer la coordinación y cooperación bilateral para combatir este delito en la zona de frontera ecuatoriano - peruana.
Baja atractivo de Ecuador para la inversión minera, según informe Fraser 2019
1 de marzo de 2020.- La imagen del Ecuador para los inversionistas mineros internacionales está en este año en el puesto 57 de 76 países analizados por la Encuesta Anual de Compañías Mineras edición 2019, del canadiense instituto Fraser.
En 2018, Ecuador estuvo en el puesto 56 de 83 países incluidos; en 2017 en el puesto 70 de 91 países; en 2016, en el 76 de 104 países; y en el 2015 en el 92 de 109 países.
La encuesta compara el atractivo para invertir en minería en los países donde esta actividad se desarrolla y es en realidad un sondeo respondido, en el año pasado, por 263 encuestados de 76 jurisdicciones del globo.
El índice se construye analizando el atractivo geológico y los efectos de las políticas gubernamentales sobre las actitudes hacia la inversión en exploración. Se incluye factores como regulaciones onerosas, niveles impositivos y la calidad de la infraestructura. Muchos encuestados indican que aproximadamente el 40 por ciento de su decisión de inversión está determinada por factores de política.
Pobladores toman partido frente a actividades mineras en Palo Quemado
2 de marzo de 2020.- Miembros del Comité Pro Desarrollo de la parroquia Palo Quemado del cantón Sigchos, denunciaron a las autoridades de la Junta Parroquial por no socializar la propuesta de resolución prefectural que declara a la provincia “libre de minería metálica”.
La denuncia fue presentada ante el Gobernador de Cotopaxi por el Comité de las comunidades de la zona de influencia del proyecto La Plata tales como Palo Quemado, Las Minas, Santa Rosa y Praderas; y asociaciones locales como Orcoprosan, que defienden la oportunidad de desarrollo que representa la minería.
En la carta, además, denuncian que la actitud de la Presidenta de la Junta Parroquial, Rosa Masapanta, ha originado el apoyo del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi al “comité cantonal de lucha contra la minería” para crear comités en cada parroquia y declarar prioritaria la defensa del agua de los páramos, la naturaleza, cuencas hídricas, bosques y humedales.
De acuerdo al texto de la carta, ese comité cantonal ha prohibido la venta de terrenos y el ingreso a las empresas mineras en los predios del cantón Sigchos; y ha advertido con aplicar la justicia indígena a quien incumpla estas prohibiciones. Los miembros del Comité Pro Desarrollo, dicen que en Palo Quemado son cien por ciento mestizos.
Otras recomendaciones del “comité cantonal” que la carta menciona son: presentar acciones de protección en contra de las concesiones mineras por la vulneración de derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades indígenas y más normativas vigentes; y no aceptar de ninguna manera cualquier forma de socialización por parte de las empresas mineras.
En la carta también hacen referencia a una investigación judicial existente por el atentado en contra del ex teniente político de la vecina comunidad Las Pampas, Erik Arias; y se declaran víctimas de amenazas hechas por personas inescrupulosas con la complicidad de Masapanta.
Casi simultáneamente, el proyecto recibió la visita del Viceministerio de Minería y de representantes de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), del Ministerio del Ambiente, de la Prefectura de Cotopaxi y de la Defensoría del Pueblo.
Actualmente, en el proyecto La Plata, operado por Atico y Toachi Mining, se está realizando una campaña de perforación, dentro de su etapa de exploración avanzada, generando empleo a más de 200 personas de la zona de influencia.
La denuncia fue presentada ante el Gobernador de Cotopaxi por el Comité de las comunidades de la zona de influencia del proyecto La Plata tales como Palo Quemado, Las Minas, Santa Rosa y Praderas; y asociaciones locales como Orcoprosan, que defienden la oportunidad de desarrollo que representa la minería.
En la carta, además, denuncian que la actitud de la Presidenta de la Junta Parroquial, Rosa Masapanta, ha originado el apoyo del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi al “comité cantonal de lucha contra la minería” para crear comités en cada parroquia y declarar prioritaria la defensa del agua de los páramos, la naturaleza, cuencas hídricas, bosques y humedales.
De acuerdo al texto de la carta, ese comité cantonal ha prohibido la venta de terrenos y el ingreso a las empresas mineras en los predios del cantón Sigchos; y ha advertido con aplicar la justicia indígena a quien incumpla estas prohibiciones. Los miembros del Comité Pro Desarrollo, dicen que en Palo Quemado son cien por ciento mestizos.
Otras recomendaciones del “comité cantonal” que la carta menciona son: presentar acciones de protección en contra de las concesiones mineras por la vulneración de derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades indígenas y más normativas vigentes; y no aceptar de ninguna manera cualquier forma de socialización por parte de las empresas mineras.
En la carta también hacen referencia a una investigación judicial existente por el atentado en contra del ex teniente político de la vecina comunidad Las Pampas, Erik Arias; y se declaran víctimas de amenazas hechas por personas inescrupulosas con la complicidad de Masapanta.
Casi simultáneamente, el proyecto recibió la visita del Viceministerio de Minería y de representantes de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), del Ministerio del Ambiente, de la Prefectura de Cotopaxi y de la Defensoría del Pueblo.
Actualmente, en el proyecto La Plata, operado por Atico y Toachi Mining, se está realizando una campaña de perforación, dentro de su etapa de exploración avanzada, generando empleo a más de 200 personas de la zona de influencia.
Autoridades y mineros acuerdan trabajar
en norma que transparente las exportaciones
Diciembre 1 de 2019.- Representantes de la Cámara Nacional de Minería y de cámaras mineras cantonales se reunieron esta semana con el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar; la directora ejecutiva de Arcom, Andrea Cárdenas, su equipo técnico, y delegados de la vicepresidencia de la República para encontrar consensos en el diseño de una nueva normativa a la exportación minera.
De acuerdo al abogado y minero Patricio Vargas, presidente de la Cámara Cantonal del Azuay, en la reunión se quedó en constituir mesas de trabajo para analizar en detalle los diversos aspectos relacionados con el control de las exportaciones.
Uno de los aspectos a considerarse son características propias de cada uno de los segmentos del sector como las diferencias radicales que hay entre la exportación de barras doré y la de concentrados de oro o la exportación de metales preciosos y la de metales básicos.
El objetivo de las mesas de trabajo será lograr una normativa duradera, consensuada y que garantice los intereses del sector, que la Arcom mantenga la vigilancia sobre la comercialización y que el Estado cobre los tributos completos que le corresponden.
Se convino en que participen en las mesas de trabajo delegados de todos los sectores, es decir, las grandes empresas, representadas por la Cámara de Minería del Ecuador, y las de la pequeña minería, representadas por la Cámara Nacional, las cantonales, y los pequeños mineros reunidos en la Capemine.
Hubo consenso en que los laboratorios sean parte de las mesas de trabajo, ello con la finalidad de hacer estándares de muestreo homogéneos pero diferenciados por sectores. Se propuso además integrar criterios del SRI, el Servicio Nacional de Aduanas y del Ministerio de Comercio Exterior.
Parte importante de estas reflexiones fue el espíritu que debe orientar la labor fiscalizadora, respecto de la cual se dijo que debe tener un espíritu educativo y proactivo con el sector en lugar de poner el énfasis en la labor disciplinaria o sancionadora.
Otra de las ideas aceptadas fue el criterio de que las operaciones comerciales no terminan en nuestras fronteras, con los análisis de laboratorio de empresas certificadas, sino que continúan cuando se ha llegado al puerto de destino y 4 | 12 después en las plantas de refinación de concentrados donde, finalmente, a través de laboratorios certificados, se sabe el verdadero contenido del material exportado.
Surgió de allí el consenso de que se transparente todo el proceso de comercialización a través del informe de la reliquidación que se haga una vez que se ha verificado lo que se ha refinado en el país de destino, tal y como se establece en los contratos de compra venta de los productos minerales.
Esta labor no es sencilla pues supone una factura provisional y una definitiva que debe tener en cuenta la complejidad de la determinación de contenidos para las penalizaciones de ley.
De acuerdo al abogado y minero Patricio Vargas, presidente de la Cámara Cantonal del Azuay, en la reunión se quedó en constituir mesas de trabajo para analizar en detalle los diversos aspectos relacionados con el control de las exportaciones.
Uno de los aspectos a considerarse son características propias de cada uno de los segmentos del sector como las diferencias radicales que hay entre la exportación de barras doré y la de concentrados de oro o la exportación de metales preciosos y la de metales básicos.
El objetivo de las mesas de trabajo será lograr una normativa duradera, consensuada y que garantice los intereses del sector, que la Arcom mantenga la vigilancia sobre la comercialización y que el Estado cobre los tributos completos que le corresponden.
Se convino en que participen en las mesas de trabajo delegados de todos los sectores, es decir, las grandes empresas, representadas por la Cámara de Minería del Ecuador, y las de la pequeña minería, representadas por la Cámara Nacional, las cantonales, y los pequeños mineros reunidos en la Capemine.
Hubo consenso en que los laboratorios sean parte de las mesas de trabajo, ello con la finalidad de hacer estándares de muestreo homogéneos pero diferenciados por sectores. Se propuso además integrar criterios del SRI, el Servicio Nacional de Aduanas y del Ministerio de Comercio Exterior.
Parte importante de estas reflexiones fue el espíritu que debe orientar la labor fiscalizadora, respecto de la cual se dijo que debe tener un espíritu educativo y proactivo con el sector en lugar de poner el énfasis en la labor disciplinaria o sancionadora.
Otra de las ideas aceptadas fue el criterio de que las operaciones comerciales no terminan en nuestras fronteras, con los análisis de laboratorio de empresas certificadas, sino que continúan cuando se ha llegado al puerto de destino y 4 | 12 después en las plantas de refinación de concentrados donde, finalmente, a través de laboratorios certificados, se sabe el verdadero contenido del material exportado.
Surgió de allí el consenso de que se transparente todo el proceso de comercialización a través del informe de la reliquidación que se haga una vez que se ha verificado lo que se ha refinado en el país de destino, tal y como se establece en los contratos de compra venta de los productos minerales.
Esta labor no es sencilla pues supone una factura provisional y una definitiva que debe tener en cuenta la complejidad de la determinación de contenidos para las penalizaciones de ley.
Ecuador asimila experiencia internacional
para la optimización del catastro minero
Diciembre 1 de 2019.- En el marco de la X Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA), el Banco Mundial en coordinación con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables del Ecuador efectuaron el “Seminario de Buenas Prácticas en el Otorgamiento y Gestión de Títulos Mineros”, que tuvo como invitados a funcionarios públicos, representantes de las empresas mineras, gremios de profesionales, academia y delegados de organismos internacionales, que trabajan diversas temáticas relacionadas con recursos naturales.
En el seminario participaron como ponentes Henry Luna, presidente ejecutivo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico de Perú (Ingemmet); Terho Liikamaa, jefe de la Unidad y Autoridad Minera, TUKES, de Finlandia; y Mark Messmer, jefe comisionado de oro y director ejecutivo de la Subdivisión de Títulos Mineros del Ministerio de Energía, Minas y Recursos Petroleros de Columbia Británica, provincia occidental de Canadá.
Ellos presentaron las experiencias de sus países o circunscripciones en la construcción y actualización de sus sistemas de manejo de los derechos mineros que, desde hace al menos una década se gestionan en plataformas en línea. Al igual que en Ecuador, cualquier persona puede acceder a la información básica sobre los contratos o concesiones de los titulares de derechos con el respectivo organismo competente.
En el caso de Canadá, a través del siguiente vínculo https://www.mtonline.gov.bc.ca/mtov/home.do,
en el caso de Perú: https://www.ingemmet.gob.pe/funciones_catastro,
y en el caso de Finlandia: http://gtkdata.gtk.fi/mdae/index.html
Participó como invitado el equipo técnico que trabaja en el proyecto “Fortalecimiento de la Gestión del Catastro Minero” del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, con el apoyo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que tiene como meta entregar, para finales de este año, la primera fase correspondiente al “Proyecto de Depuración del Catastro Minero” cuyo cumplimiento alcanzó en septiembre el 75% de avance.
Como complemento práctico del seminario, Henry Luna y María Angélica Remuzgo, directora de Concesiones Mineras del Ingemmet, trabajaron un día posterior con el equipo ecuatoriano en la aplicación a casos concretos hallados en el catastro ecuatoriano, de las lecciones aprendidas revisados en el evento, especialmente relacionadas con los sistemas de coordenadas.
Vicente Gabaldón, presidente de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos, resaltó la transparencia en la gestión de los recursos minerales de cada país y la buena gobernanza, que vienen de la mano del manejo del catastro minero. En este espacio se discutió y se intercambió experiencias en el ámbito internacional enfocadas al desarrollo sostenible del sector minero que garantizan el beneficio al país y la implementación de buenas prácticas sociales y ambientales, consideradas reglas claras y apropiadas para atraer la inversión, establecer normas, procesos regulatorios en las instituciones públicas y conocimiento detallado de los recursos minerales.
En el seminario participaron como ponentes Henry Luna, presidente ejecutivo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico de Perú (Ingemmet); Terho Liikamaa, jefe de la Unidad y Autoridad Minera, TUKES, de Finlandia; y Mark Messmer, jefe comisionado de oro y director ejecutivo de la Subdivisión de Títulos Mineros del Ministerio de Energía, Minas y Recursos Petroleros de Columbia Británica, provincia occidental de Canadá.
Ellos presentaron las experiencias de sus países o circunscripciones en la construcción y actualización de sus sistemas de manejo de los derechos mineros que, desde hace al menos una década se gestionan en plataformas en línea. Al igual que en Ecuador, cualquier persona puede acceder a la información básica sobre los contratos o concesiones de los titulares de derechos con el respectivo organismo competente.
En el caso de Canadá, a través del siguiente vínculo https://www.mtonline.gov.bc.ca/mtov/home.do,
en el caso de Perú: https://www.ingemmet.gob.pe/funciones_catastro,
y en el caso de Finlandia: http://gtkdata.gtk.fi/mdae/index.html
Participó como invitado el equipo técnico que trabaja en el proyecto “Fortalecimiento de la Gestión del Catastro Minero” del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, con el apoyo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que tiene como meta entregar, para finales de este año, la primera fase correspondiente al “Proyecto de Depuración del Catastro Minero” cuyo cumplimiento alcanzó en septiembre el 75% de avance.
Como complemento práctico del seminario, Henry Luna y María Angélica Remuzgo, directora de Concesiones Mineras del Ingemmet, trabajaron un día posterior con el equipo ecuatoriano en la aplicación a casos concretos hallados en el catastro ecuatoriano, de las lecciones aprendidas revisados en el evento, especialmente relacionadas con los sistemas de coordenadas.
Vicente Gabaldón, presidente de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos, resaltó la transparencia en la gestión de los recursos minerales de cada país y la buena gobernanza, que vienen de la mano del manejo del catastro minero. En este espacio se discutió y se intercambió experiencias en el ámbito internacional enfocadas al desarrollo sostenible del sector minero que garantizan el beneficio al país y la implementación de buenas prácticas sociales y ambientales, consideradas reglas claras y apropiadas para atraer la inversión, establecer normas, procesos regulatorios en las instituciones públicas y conocimiento detallado de los recursos minerales.
X CAMMA: Diez acuerdos para impulsar la minería responsable
24 de noviembre de 2019.- Con la participación de representantes de casi 20 países se realizó en Quito la X Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas, CAMMA, la misma que concluyó con la suscripción de diez acuerdos para promover una explotación responsable de los recursos mineros en esta parte del mundo.
En la cita participaron también delegados de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina, Cepal; el Consejo Internacional de Minería y Metales, ICMM por sus siglas en inglés, el Forum Intergubernamental en Minería, Minerales y Metales, IGF por sus siglas en inglés y la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos, ASGMI. La reunión acordó realizar la XI CAMMA el 2020 en Brasil.
La realización de la X CAMMA en la capital ecuatoriana es el resultado más reciente de la diplomacia minera llevada adelante por el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar. En ese contexto, enfatizó que gracias al inicio de producción de las minas Fruta del Norte y Mirador, ubicadas en Zamora Chinchipe, junto a la producción de la pequeña minería, Ecuador prevé generar entre 2019 y 2021, exportaciones cercanas a los USD 3.200 millones.
Acuerdos principales
os asistentes a la X CAMMA acordaron, entre otros puntos, compartir las experiencias de buenas prácticas en el relacionamiento comunitario, procurar la integración regional de las cadenas de valor de la minería, definir lineamientos comunes para la actividad minera en zonas de frontera así como proponer estrategias comunes frente a la explotación de recursos en lechos marinos.
Además atendieron una exposición del representante de Wildlife Conservation Society, Sebastián Valdivieso, sobre la necesidad de desarrollar la minería conjuntamente con la implementación de estrategias para conservar el patrimonio natural.
Una de las partes sustanciales de la reunión estuvo a cargo de la directora de Recursos Naturales de la Cepal, Jeannette Sánchez. Ella destacó que la región ocupa los primeros puestos en reservas y producción de los minerales que constituyen los insumos esenciales para un futuro bajo en carbono y para la transición energética.
La economista Sánchez ofreció ideas para reflexiones de fondo si se analizan bien las cosas: utilizando datos y proyecciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la propia Cepal, mostró cómo es que persiste la desaceleración generalizada en América Latina y el Caribe y se espera un bajo crecimiento para 2020, excepto para los países caribeños.
Dijo que se esperan caídas más generalizadas en los precios de las materias primas, especialmente de los productos minerales y el petróleo. Señaló que el actual estilo de desarrollo es insostenible, pues está asociado a una tasa declinante de crecimiento de la producción y del comercio global y regional y al desacople y fragilidad del sistema financiero.
Explicó además que está vinculado a una elevada desigualdad e inequidad intra e inter generacional con predominancia de las élites y está basado en una de las mayores injusticias intergeneracionales de la humanidad: el cambio climático.
En la cita participaron también delegados de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina, Cepal; el Consejo Internacional de Minería y Metales, ICMM por sus siglas en inglés, el Forum Intergubernamental en Minería, Minerales y Metales, IGF por sus siglas en inglés y la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos, ASGMI. La reunión acordó realizar la XI CAMMA el 2020 en Brasil.
La realización de la X CAMMA en la capital ecuatoriana es el resultado más reciente de la diplomacia minera llevada adelante por el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar. En ese contexto, enfatizó que gracias al inicio de producción de las minas Fruta del Norte y Mirador, ubicadas en Zamora Chinchipe, junto a la producción de la pequeña minería, Ecuador prevé generar entre 2019 y 2021, exportaciones cercanas a los USD 3.200 millones.
Acuerdos principales
os asistentes a la X CAMMA acordaron, entre otros puntos, compartir las experiencias de buenas prácticas en el relacionamiento comunitario, procurar la integración regional de las cadenas de valor de la minería, definir lineamientos comunes para la actividad minera en zonas de frontera así como proponer estrategias comunes frente a la explotación de recursos en lechos marinos.
Además atendieron una exposición del representante de Wildlife Conservation Society, Sebastián Valdivieso, sobre la necesidad de desarrollar la minería conjuntamente con la implementación de estrategias para conservar el patrimonio natural.
Una de las partes sustanciales de la reunión estuvo a cargo de la directora de Recursos Naturales de la Cepal, Jeannette Sánchez. Ella destacó que la región ocupa los primeros puestos en reservas y producción de los minerales que constituyen los insumos esenciales para un futuro bajo en carbono y para la transición energética.
La economista Sánchez ofreció ideas para reflexiones de fondo si se analizan bien las cosas: utilizando datos y proyecciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la propia Cepal, mostró cómo es que persiste la desaceleración generalizada en América Latina y el Caribe y se espera un bajo crecimiento para 2020, excepto para los países caribeños.
Dijo que se esperan caídas más generalizadas en los precios de las materias primas, especialmente de los productos minerales y el petróleo. Señaló que el actual estilo de desarrollo es insostenible, pues está asociado a una tasa declinante de crecimiento de la producción y del comercio global y regional y al desacople y fragilidad del sistema financiero.
Explicó además que está vinculado a una elevada desigualdad e inequidad intra e inter generacional con predominancia de las élites y está basado en una de las mayores injusticias intergeneracionales de la humanidad: el cambio climático.
Prefectura de Zamora Chinchipe supervisa traslado de concentrados
Noviembre 24 de 2019.- El viceministro de Minas, Fernando Benalcázar y el prefecto de la provincia Zamora Chinchipe, Cléver Jiménez, firmaron el pasado 13 de noviembre un acuerdo en virtud del cual la ciudadanía participará junto a los funcionarios de Arcom y el Ministerio en la recolección de muestras en la mina Mirador, operada por Ecuacorriente.
El acuerdo tiene una importancia fundamental porque logra incorporar al control de las exportaciones a un sector de la población que había mantenido una actitud de rechazo a las actividades mineras. La mina Mirador está en Tundayme, en el cantón El Pangui; y desde hace una semana allí se ha empezado a sacar concentrado de cobre hacia la Costa en lo que constituye la primera operación de exportación a gran escala que se realiza en Ecuador.
Se trata de la primera vez y para darle al proceso un clima de transparencia que aleje todo tipo de sospechas, el prefecto Jiménez ha facilitado la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la recolección de las muestras y la comprobación de que todas las actividades se realicen de manera transparente y legal.
“Aquello es irreversible, la minería no puede dar marcha atrás, lo que nos corresponde como autoridades es exigir, gestionar y hacer lo necesario para que la provincia tenga lo que por ley le corresponde”, sostuvo el Prefecto, según la nota de prensa, en tanto que el Viceministro habría felicitado dicha iniciativa.
El acuerdo tiene una importancia fundamental porque logra incorporar al control de las exportaciones a un sector de la población que había mantenido una actitud de rechazo a las actividades mineras. La mina Mirador está en Tundayme, en el cantón El Pangui; y desde hace una semana allí se ha empezado a sacar concentrado de cobre hacia la Costa en lo que constituye la primera operación de exportación a gran escala que se realiza en Ecuador.
Se trata de la primera vez y para darle al proceso un clima de transparencia que aleje todo tipo de sospechas, el prefecto Jiménez ha facilitado la participación de la ciudadanía en la vigilancia de la recolección de las muestras y la comprobación de que todas las actividades se realicen de manera transparente y legal.
“Aquello es irreversible, la minería no puede dar marcha atrás, lo que nos corresponde como autoridades es exigir, gestionar y hacer lo necesario para que la provincia tenga lo que por ley le corresponde”, sostuvo el Prefecto, según la nota de prensa, en tanto que el Viceministro habría felicitado dicha iniciativa.
La verdad sobre Río Blanco
Diciembre 8 de 2019.- La posición del Ejecutivo en torno a los asuntos mineros la expresan los voceros del Ministerio de Energía y Recursos No Renovables y, en el caso del proyecto Río Blanco, lo concreto es que está en proceso la acción extraordinaria de protección presentada ante la Corte Constitucional solicitando las revocatorias de las resoluciones que ordenaron la suspensión del proyecto.
Es el Ministerio quien tiene la responsabilidad del cumplimiento de lo que establece la política pública minera y en esa línea, consistente con la seguridad jurídica, está a la espera de que se fije la fecha para la audiencia en que se vea, en tercera y última instancia, un caso que debe resolverse en función a lo que ordena la Constitución y la ley. “El proyecto Río Blanco cuenta con el certificado de no afectación otorgado por la Senagua, con las licencias ambientales y los estudios técnicos que demuestran que no afectaría a las fuentes hídricas, es decir, ha cumplido con toda la normativa legal vigente”, sostuvo el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, en entrevista con Vía Minera.
“El desarrollo de Río Blanco generará ingresos que se reflejarán en la generación de empleo, en nuevas empresas como resultado del encadenamiento productivo y en obras que promoverán el desarrollo socioeconómico de la zona y el país. Adicionalmente, se han estimado ingresos por más de 320 millones de dólares por el pago del impuesto a la renta, las utilidades y las regalías, entre otros conceptos”, agrega.
Por el contrario, su suspensión traerá impactos negativos para el país en el plano internacional, puesto que generaría incertidumbre entre los potenciales inversionistas y también entre quienes ya están llevando a cabo otros proyectos mineros. En lo interno, paralizar definitivamente Río Blanco provocará el crecimiento de la minería ilegal, de las invasiones a la concesión y el aumento de la conflictividad social, situación que ya ha generado cuantiosos daños y puesto el caso en la agenda de la Comisión Especial de Control de la Minería Ilegal.
Es el Ministerio quien tiene la responsabilidad del cumplimiento de lo que establece la política pública minera y en esa línea, consistente con la seguridad jurídica, está a la espera de que se fije la fecha para la audiencia en que se vea, en tercera y última instancia, un caso que debe resolverse en función a lo que ordena la Constitución y la ley. “El proyecto Río Blanco cuenta con el certificado de no afectación otorgado por la Senagua, con las licencias ambientales y los estudios técnicos que demuestran que no afectaría a las fuentes hídricas, es decir, ha cumplido con toda la normativa legal vigente”, sostuvo el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, en entrevista con Vía Minera.
“El desarrollo de Río Blanco generará ingresos que se reflejarán en la generación de empleo, en nuevas empresas como resultado del encadenamiento productivo y en obras que promoverán el desarrollo socioeconómico de la zona y el país. Adicionalmente, se han estimado ingresos por más de 320 millones de dólares por el pago del impuesto a la renta, las utilidades y las regalías, entre otros conceptos”, agrega.
Por el contrario, su suspensión traerá impactos negativos para el país en el plano internacional, puesto que generaría incertidumbre entre los potenciales inversionistas y también entre quienes ya están llevando a cabo otros proyectos mineros. En lo interno, paralizar definitivamente Río Blanco provocará el crecimiento de la minería ilegal, de las invasiones a la concesión y el aumento de la conflictividad social, situación que ya ha generado cuantiosos daños y puesto el caso en la agenda de la Comisión Especial de Control de la Minería Ilegal.
Hacia EITI: abiertas las inscripciones
Noviembre 24 de 2019.- El pasado martes 19 se reunieron más de una docena de instituciones interesadas en apoyar el proceso de adhesión del Ecuador a la iniciativa EITI y decidieron dejar abierto el libro de inscripciones para que se incorporen todos los interesados en una minería transparente y permeable a las inquietudes de información sobre el manejo de los recursos.
La reunión fue convocada por el “grupo ad hoc” que debe dar paso al “grupo mayoritario” de la sociedad civil, una instancia que posteriormente deberá elegir sus delegados al grupo de actores multipartícipes o GMP, como acostumbran a decir los familiarizados con estos procesos. El GMP será un espacio tripartitito integrado también por representantes del sector empresarial y del gobierno.
Tendrá a su cargo las gestiones de apoyo a la candidatura presentada por el país en septiembre de este año para ser admitido en la Iniciativa EITI. Hasta el momento, son 52 los países que han adherido a EITI.
Entre las naciones sudamericanas están Perú y Colombia y ser parte de este grupo mejora la imagen de quienes están interesados en atraer a los inversionistas extranjeros. Para la comunidad, la adhesión a EITI crea además un espacio mayor para el acceso a la información relativa a las actividades minero energéticas.
La reunión fue convocada por el “grupo ad hoc” que debe dar paso al “grupo mayoritario” de la sociedad civil, una instancia que posteriormente deberá elegir sus delegados al grupo de actores multipartícipes o GMP, como acostumbran a decir los familiarizados con estos procesos. El GMP será un espacio tripartitito integrado también por representantes del sector empresarial y del gobierno.
Tendrá a su cargo las gestiones de apoyo a la candidatura presentada por el país en septiembre de este año para ser admitido en la Iniciativa EITI. Hasta el momento, son 52 los países que han adherido a EITI.
Entre las naciones sudamericanas están Perú y Colombia y ser parte de este grupo mejora la imagen de quienes están interesados en atraer a los inversionistas extranjeros. Para la comunidad, la adhesión a EITI crea además un espacio mayor para el acceso a la información relativa a las actividades minero energéticas.
Agosto 25 de 2019.- El gobierno tiene el propósito de fiscalizar, bolsa por bolsa, el contenido del concentrado que se exporte desde la mina Mirador, operada por Ecuacorriente S.A. (ECSA), y para ello viene coordinando una serie de acciones que aseguren el conocimiento exacto de los minerales que salgan del país.
Las primeras toneladas de material mineralizado deben ser exportadas la primera semana de septiembre, según informó el vicepresidente de ECSA, Mauricio Núñez. Sin embargo, persisten incertidumbres sobre manera exacta en que se analizará el contenido y la calidad de la exportación.
Hasta el jueves de la semana pasada, el personal de la empresa minera tenía preparado un plan de transporte a puerto de los concentrados que, a juicio de las autoridades, no resistía las preguntas mínimas que se deben hacer en torno al número de unidades empleadas, el peso de la carga o la frecuencia del paso de cada uno de los vehículos. Mientras el estudio de impacto del tráfico no esté concluido, no será posible el primer embarque.
De otro lado, personal de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), se encuentra destacado en las operaciones de la mina desde un mes antes de que se produjera el arranque oficial de las actividades en Mirador. Su función es verificar las condiciones en que se realiza el empaque de los concentrados y la forma en que se está preparando la exportación.
Se sabe que, por ahora, los concentrados serán trasladados de la mina al puerto de Guayaquil y de allí a las refinerías de destino en bolsas reforzadas de nylon y kevlar, una fibra superfuerte que se utiliza en la confección de chalecos antibalas, paracaídas y otros accesorios de alta resistencia.
Cada bolsa está diseñada para soportar hasta cinco toneladas de peso pero en los primeros embarques sólo contendrá dos toneladas de concentrado. Es probable que dentro de unos meses el material sea transportado en contenedores hasta llegar a Puerto Bolívar y que allí cargadores automáticos, conocidos como shiploader, efectúen el embarque del material a granel.
Tecnologías más modernas, que procuran la limpieza en las operaciones y el cuidado del medio ambiente, han ingresado al mercado de transporte de concentrados en los últimos años, pero ECSA no las ha considerado en sus primeras actividades.
Muestreo bolsa por bolsa
“Se tomarán muestras de todas y cada una de las bolsas. Eso se hace porque el contenido de ellas puede ser variable. Una puede tener un contenido excepcional de oro y otra un contenido excepcional de cobre… por eso se tomarán muestras de cada bolsa”, señala el viceministro de Minería, Fernando Benalcázar.
Explica el Viceministro que para que ocurra el primer embarque tienen que darse una serie de pasos y uno de los más importantes es que la empresa y el Estado sepan exactamente cuáles son los materiales que se están exportando. “No sólo cuál es el mineral principal ni cuáles son los minerales secundarios sino todo lo que se están exportando”, ha asegurado.
La autoridad afirma que las prácticas del pasado no se van a permitir y para eso el país cuenta con una legislación moderna y competitiva en materia de exportación de concentrados.
Al cierre de esta edición no se sabía si ECSA había contratado ya a la empresa que se encargará de analizar sus exportaciones ni si Arcom había registrado ya a algún laboratorio. El Reglamento para la calificación y registro de organismos de inspección y/o laboratorios de ensayo para el sector minero fue aprobado el pasado seis de agosto.
Según ha manifestado el viceministro Benalcázar, se tomarán dos muestras de cada bolsa de concentrado y los resultados del análisis se confrontarán con los que se obtengan en el lugar de destino. Realizados los ajustes de humedad o peso, entre otros, se verificará la concordancia y si hay discrepancias importantes, se realizará una reliquidación.
“Como país tenemos mucho interés en saber exactamente cuánto costó el material que se está exportando, no sólo el precio del mineral principal sino de todos los elementos exportados porque ellos tienen relación con la regalía, la misma que se calcula en función del precio final en que se vendió todo el mineral”, sostiene.
Se ha dicho también que Arcom no tendrá agentes en los puertos de destino sino que la compañía minera tiene la obligación de contratar empresas independientes para que hagan la verificación del peso y contenido del material exportado.
Las primeras toneladas de material mineralizado deben ser exportadas la primera semana de septiembre, según informó el vicepresidente de ECSA, Mauricio Núñez. Sin embargo, persisten incertidumbres sobre manera exacta en que se analizará el contenido y la calidad de la exportación.
Hasta el jueves de la semana pasada, el personal de la empresa minera tenía preparado un plan de transporte a puerto de los concentrados que, a juicio de las autoridades, no resistía las preguntas mínimas que se deben hacer en torno al número de unidades empleadas, el peso de la carga o la frecuencia del paso de cada uno de los vehículos. Mientras el estudio de impacto del tráfico no esté concluido, no será posible el primer embarque.
De otro lado, personal de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), se encuentra destacado en las operaciones de la mina desde un mes antes de que se produjera el arranque oficial de las actividades en Mirador. Su función es verificar las condiciones en que se realiza el empaque de los concentrados y la forma en que se está preparando la exportación.
Se sabe que, por ahora, los concentrados serán trasladados de la mina al puerto de Guayaquil y de allí a las refinerías de destino en bolsas reforzadas de nylon y kevlar, una fibra superfuerte que se utiliza en la confección de chalecos antibalas, paracaídas y otros accesorios de alta resistencia.
Cada bolsa está diseñada para soportar hasta cinco toneladas de peso pero en los primeros embarques sólo contendrá dos toneladas de concentrado. Es probable que dentro de unos meses el material sea transportado en contenedores hasta llegar a Puerto Bolívar y que allí cargadores automáticos, conocidos como shiploader, efectúen el embarque del material a granel.
Tecnologías más modernas, que procuran la limpieza en las operaciones y el cuidado del medio ambiente, han ingresado al mercado de transporte de concentrados en los últimos años, pero ECSA no las ha considerado en sus primeras actividades.
Muestreo bolsa por bolsa
“Se tomarán muestras de todas y cada una de las bolsas. Eso se hace porque el contenido de ellas puede ser variable. Una puede tener un contenido excepcional de oro y otra un contenido excepcional de cobre… por eso se tomarán muestras de cada bolsa”, señala el viceministro de Minería, Fernando Benalcázar.
Explica el Viceministro que para que ocurra el primer embarque tienen que darse una serie de pasos y uno de los más importantes es que la empresa y el Estado sepan exactamente cuáles son los materiales que se están exportando. “No sólo cuál es el mineral principal ni cuáles son los minerales secundarios sino todo lo que se están exportando”, ha asegurado.
La autoridad afirma que las prácticas del pasado no se van a permitir y para eso el país cuenta con una legislación moderna y competitiva en materia de exportación de concentrados.
Al cierre de esta edición no se sabía si ECSA había contratado ya a la empresa que se encargará de analizar sus exportaciones ni si Arcom había registrado ya a algún laboratorio. El Reglamento para la calificación y registro de organismos de inspección y/o laboratorios de ensayo para el sector minero fue aprobado el pasado seis de agosto.
Según ha manifestado el viceministro Benalcázar, se tomarán dos muestras de cada bolsa de concentrado y los resultados del análisis se confrontarán con los que se obtengan en el lugar de destino. Realizados los ajustes de humedad o peso, entre otros, se verificará la concordancia y si hay discrepancias importantes, se realizará una reliquidación.
“Como país tenemos mucho interés en saber exactamente cuánto costó el material que se está exportando, no sólo el precio del mineral principal sino de todos los elementos exportados porque ellos tienen relación con la regalía, la misma que se calcula en función del precio final en que se vendió todo el mineral”, sostiene.
Se ha dicho también que Arcom no tendrá agentes en los puertos de destino sino que la compañía minera tiene la obligación de contratar empresas independientes para que hagan la verificación del peso y contenido del material exportado.
Ministerio socializa proyecto que regulará depósitos de relaves
9 días después del colapso de
la represa en Brumadinho, en el estado
brasileño de Minas Gerais. Foto:
Douglas Magno/AFP - Getty Images.
Tomada de The New York Times.
Julio 15 del 2019.- En el marco de la definición de la nueva política minera, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables viene socializando el proyecto de “Instructivo para la aprobación de proyectos de diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de los depósitos de relaves para la mediana y gran minería”.
El documento señala en sus considerandos iniciales que los “depósitos de relaves mineros generan importantes volúmenes de residuos mineros metalúrgicos, requiriendo presas de gran magnitud, haciendo que estas estructuras mineras se consideren sensibles y requieran de gran atención por parte de los entes de control del Estado, así como del concesionario minero”.
Reconoce también “que, es oportuno, pertinente y necesario emitir una nueva normativa que permita al Estado participar como ente de control en los diseños, construcción, operación, mantenimiento y cierre de los depósitos de relaves en la mediana y gran minería, y de aquellos que por su relevancia también requieren de esta vigilancia”.
Para el proceso de elaboración de esta normativa, según fuentes no oficiales, los técnicos aprovecharon la experiencia de la normativa chilena, analizaron insumos de la bibliografía internacional actual y adaptaron las mejores prácticas a la realidad nacional.
El tema de los depósitos para relaves es central en los países mineros. En Chile, donde un 86% de los 742 relaves existentes están inactivos o abandonados, se implementa una nueva política basada en tres pilares: seguridad para las comunidades cercanas a los depósitos, resguardo del medio ambiente y transición a una economía más circular a través de la innovación.
En el Perú existe una frondosa legislación que hace referencia a los relaves. Dos instituciones, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería; y la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental, tienen que ver con su control y el tema de relaves está tanto en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), como en los Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del sector minero.
La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) será la entidad encargada de hace cumplir las pautas establecidas en la normativa para el caso de Ecuador.
Diseños sujetos a aprobación previa a la construcción
Los aspectos sujetos a la regulación se ordenan en siete títulos, cada uno de los cuales trata los siguientes temas: los procedimientos para la aprobación de proyectos de diseño; construcción, operación y mantenimiento; emergencias; cierre temporal y definitivo; criterios de control; sanciones y multas.
Los depósitos de relaves, cualquiera sea su tipo, ritmo de crecimiento, dimensión y ubicación, requieren la aprobación de los diseños por parte de la Arcom, en forma previa a su construcción. Los proyectos que se encuentran en construcción, tendrán un período de adaptación a la normativa.
En el título II se establecen los requisitos técnicos de presentación de los diseños sujetos a aprobación. Entre estos se incluye los estudios realizados de geología, geotecnia, hidrología, hidrogeología, riesgo sísmico, meteorología, mineralogía, geoquímica y topografía, el diseño de ingeniería de detalle, los análisis de estabilidad física y química, análisis de riesgo y control, y monitoreo geográfico y geotécnico.
Como parte del diseño a nivel de ingeniería de detalle el usuario deberá presentar las especificaciones técnicas en relación con todas las actividades, que incluye, planos de diseño, cronograma de actividades, entre otras.
Además, el proyecto de instructivo establece un plazo para que la Arcom cumpla con la revisión, aprobación o emisión de observaciones del diseño presentado por el proponente.
No más relaveras aguas arriba
Vía Minera consultó al presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, René Ayala, si era oportuno el fortalecimiento de las relaveras que se van a construir para los proyectos industriales que avanzan en el país, como lección aprendida tras el evento de enero de este año en la mina de hierro de Brumaldinho, en Brasil.
Como se sabe, luego de la rotura de la represa Córrego do Feijão, propiedad de la compañía minera Vale, se desencadenó un alud de aguas residuales que arrastró todo a su paso dejando la zona como un lodazal y ocasionado al menos 53 muertos y 300 desaparecidos.
El experto afirmó que en el caso mencionado, pese a que estaba involucrada una compañía de clase mundial, se trató de una relavera del tipo aguas arriba, una estructura que ya no se emplea en el mundo, que está prohibida en todos los países. Y remarcó que “a pesar de que se contaba con toda la ingeniería no se realizaron las correcciones detectadas por la autoridad y tampoco hubo seguimiento de las observaciones”.
En concreto, explicó que se pasó por alto el hecho de que la zona se encontraba en la época de lluvias, las mismas que empezaron en diciembre y el 25 de enero provocaron la tragedia.
Desde su punto de vista, contar con una normativa de este tipo tanto para la autoridad como para las empresas es sumamente importante por el seguimiento y control para que no haya casos de desbordamientos o roturas de la presas.
El documento señala en sus considerandos iniciales que los “depósitos de relaves mineros generan importantes volúmenes de residuos mineros metalúrgicos, requiriendo presas de gran magnitud, haciendo que estas estructuras mineras se consideren sensibles y requieran de gran atención por parte de los entes de control del Estado, así como del concesionario minero”.
Reconoce también “que, es oportuno, pertinente y necesario emitir una nueva normativa que permita al Estado participar como ente de control en los diseños, construcción, operación, mantenimiento y cierre de los depósitos de relaves en la mediana y gran minería, y de aquellos que por su relevancia también requieren de esta vigilancia”.
Para el proceso de elaboración de esta normativa, según fuentes no oficiales, los técnicos aprovecharon la experiencia de la normativa chilena, analizaron insumos de la bibliografía internacional actual y adaptaron las mejores prácticas a la realidad nacional.
El tema de los depósitos para relaves es central en los países mineros. En Chile, donde un 86% de los 742 relaves existentes están inactivos o abandonados, se implementa una nueva política basada en tres pilares: seguridad para las comunidades cercanas a los depósitos, resguardo del medio ambiente y transición a una economía más circular a través de la innovación.
En el Perú existe una frondosa legislación que hace referencia a los relaves. Dos instituciones, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería; y la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental, tienen que ver con su control y el tema de relaves está tanto en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), como en los Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del sector minero.
La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) será la entidad encargada de hace cumplir las pautas establecidas en la normativa para el caso de Ecuador.
Diseños sujetos a aprobación previa a la construcción
Los aspectos sujetos a la regulación se ordenan en siete títulos, cada uno de los cuales trata los siguientes temas: los procedimientos para la aprobación de proyectos de diseño; construcción, operación y mantenimiento; emergencias; cierre temporal y definitivo; criterios de control; sanciones y multas.
Los depósitos de relaves, cualquiera sea su tipo, ritmo de crecimiento, dimensión y ubicación, requieren la aprobación de los diseños por parte de la Arcom, en forma previa a su construcción. Los proyectos que se encuentran en construcción, tendrán un período de adaptación a la normativa.
En el título II se establecen los requisitos técnicos de presentación de los diseños sujetos a aprobación. Entre estos se incluye los estudios realizados de geología, geotecnia, hidrología, hidrogeología, riesgo sísmico, meteorología, mineralogía, geoquímica y topografía, el diseño de ingeniería de detalle, los análisis de estabilidad física y química, análisis de riesgo y control, y monitoreo geográfico y geotécnico.
Como parte del diseño a nivel de ingeniería de detalle el usuario deberá presentar las especificaciones técnicas en relación con todas las actividades, que incluye, planos de diseño, cronograma de actividades, entre otras.
Además, el proyecto de instructivo establece un plazo para que la Arcom cumpla con la revisión, aprobación o emisión de observaciones del diseño presentado por el proponente.
No más relaveras aguas arriba
Vía Minera consultó al presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, René Ayala, si era oportuno el fortalecimiento de las relaveras que se van a construir para los proyectos industriales que avanzan en el país, como lección aprendida tras el evento de enero de este año en la mina de hierro de Brumaldinho, en Brasil.
Como se sabe, luego de la rotura de la represa Córrego do Feijão, propiedad de la compañía minera Vale, se desencadenó un alud de aguas residuales que arrastró todo a su paso dejando la zona como un lodazal y ocasionado al menos 53 muertos y 300 desaparecidos.
El experto afirmó que en el caso mencionado, pese a que estaba involucrada una compañía de clase mundial, se trató de una relavera del tipo aguas arriba, una estructura que ya no se emplea en el mundo, que está prohibida en todos los países. Y remarcó que “a pesar de que se contaba con toda la ingeniería no se realizaron las correcciones detectadas por la autoridad y tampoco hubo seguimiento de las observaciones”.
En concreto, explicó que se pasó por alto el hecho de que la zona se encontraba en la época de lluvias, las mismas que empezaron en diciembre y el 25 de enero provocaron la tragedia.
Desde su punto de vista, contar con una normativa de este tipo tanto para la autoridad como para las empresas es sumamente importante por el seguimiento y control para que no haya casos de desbordamientos o roturas de la presas.
X CAMMA: ministerios de minería de las
américas se reunirán en Ecuador
Julio 15 de 2019.- Del 18 al 20 de noviembre de este año se reunirán en Ecuador las autoridades más importantes del sector minero del continente para analizar diversos temas relacionados con la implementación de la agenda Minería Responsable 2030, principalmente.
La importancia de la minería para el desarrollo local, la relación entre las actividades mineras y la sostenibilidad ambiental y social, así como el uso de nuevas tecnologías para optimización del uso de agua, serán otros de los temas que ministros, viceministros y representantes de alto nivel de los países de la región abordarán durante su reunión en Ecuador.
Se trata de una edición más de la Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA), una serie de reuniones en la que se abordan las oportunidades y desafíos que enfrenta la minería en la perspectiva del desarrollo sostenible.
a reunión de Ecuador es la X CAMMA. La novena edición de la CAMMA se realizó el año pasado en Lima y contó con la asistencia de representantes de doce países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Entre otros puntos interesantes, la cita permite una visión realista de la importancia que tienen nuestros países en el panorama minero mundial.
El peso en las reservas mundiales de los principales minerales metálicos, especialmente de oro, plomo, níquel, plata y zinc; así como las implicancias de nuestro rol como países exportadores de materias primas y el impacto de los precios en nuestras economías, son asuntos que no se pierden de vista en estas reuniones.
Los desafíos ambientales de la minería en la región, como la contaminación, uso del agua y destrucción de hábitats, entre otros, a lo que se suma el hecho de que América Latina y el Caribe es la región con más conflictos socioambientales de explotación minera, motivan la participación de las autoridades en esta serie de eventos.
La importancia de la minería para el desarrollo local, la relación entre las actividades mineras y la sostenibilidad ambiental y social, así como el uso de nuevas tecnologías para optimización del uso de agua, serán otros de los temas que ministros, viceministros y representantes de alto nivel de los países de la región abordarán durante su reunión en Ecuador.
Se trata de una edición más de la Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA), una serie de reuniones en la que se abordan las oportunidades y desafíos que enfrenta la minería en la perspectiva del desarrollo sostenible.
a reunión de Ecuador es la X CAMMA. La novena edición de la CAMMA se realizó el año pasado en Lima y contó con la asistencia de representantes de doce países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Entre otros puntos interesantes, la cita permite una visión realista de la importancia que tienen nuestros países en el panorama minero mundial.
El peso en las reservas mundiales de los principales minerales metálicos, especialmente de oro, plomo, níquel, plata y zinc; así como las implicancias de nuestro rol como países exportadores de materias primas y el impacto de los precios en nuestras economías, son asuntos que no se pierden de vista en estas reuniones.
Los desafíos ambientales de la minería en la región, como la contaminación, uso del agua y destrucción de hábitats, entre otros, a lo que se suma el hecho de que América Latina y el Caribe es la región con más conflictos socioambientales de explotación minera, motivan la participación de las autoridades en esta serie de eventos.
El marco legal para la primera exportación
de concentrados de cobre está en proceso
El Puerto de Guayaquil desde donde saldrá el primer embarque de concentrado de cobre con dirección a refinerías chinas.
Agosto 18 de 2019.- Casi está listo el esquema legal para la exportación del primer lote de concentrados provenientes de la mina Mirador, operada por Ecuacorriente S.A.; inicialmente pensada para el mes de agosto y según los últimos anuncios oficiales, prevista para la segunda semana de septiembre.
Esta semana la Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, “colgó” en su página web dos dispositivos aprobados el pasado 6 de agosto que directamente están relacionados con la exportación. Se trata de la Resolución 002-005-2019-DIR- ARCOM, Reglamento para la exportación de minerales y de la Resolución 003-005-2019-DIRARCOM, Reglamento para la calificación y Registro de Organismos de Inspección y/o Laboratorios de Ensayo para el Sector Minero.
Está también en preparación un texto legal en torno a la nueva fórmula para la determinación de las regalías a pagar por los productos mineros, pero tratándose del contrato con Ecuacorriente, esta disposición no es necesaria porque las regalías ya fueron pactadas en el contrato. Al respecto, de acuerdo al documento firmado por el ex ministro Wilson Pástor en marzo del 2012, si la libra de cobre grado A se cotiza a menos de cuatro dólares en la Bolsa de Metales de Londres, el porcentaje a pagar por regalía es el seis por ciento del ingreso neto aplicable sobre el mineral principal y los secundarios; oro y plata en este caso.
Resolución 002-005-2019-DIR- ARCOM, Reglamento para la exportación de minerales
Señala en su parte sustantiva que para que pueda salir una nave transportando concentrados desde un puerto ecuatoriano debe contar con el certificado de exportación, el mismo que será expedido después de la presentación de varios documentos.
Figuran entre ellos la factura electrónica de la venta de los minerales a exportar; el certificado de producción de los minerales en el cual deberá constar el contenido de los minerales principales y secundarios a exportar; el comprobante electrónico de pago de la retención en la fuente de impuesto a la renta y su nota de depósito, en los casos que correspondan; el Documento Aduanero de Exportación (DAE); y el denominado Packing List.
Este documento comprende información sobre el lote o lotes del mineral a exportarse con su identificación secuencial; el número de contenedores, big bag, barras u otros dentro de cada lote de exportación; los pesos parciales y totales del mineral a exportarse; el contenido de los minerales principales y secundarios; para el caso de concentrados, se especificará su contenido por cada lote y el detalle de la pureza de los minerales por cada lote.
Con estos documentos en la mano, los representantes de Arcom deben encargar a un laboratorio la toma de muestras y el análisis que de fe de la correspondencia entre lo declarado y lo realmente existente en el cargamento a exportarse. Sobre el tema, los nombres de SGS y Bureau Veritas fueron mencionados como alternativas mientras el Servicio Ecuatoriano de Acreditación (SEA) certificará a los laboratorios que cumplan los requisitos.
Para el caso se debe tomar en cuenta lo estipulado en la Resolución 003-005-2019- DIR-ARCOM, Reglamento para la calificación y Registro de Organismos de Inspección y/o Laboratorios de Ensayo para el Sector Minero. Señala el reglamento en su Artículo 13, que los organismos de inspección y/o laboratorios de ensayos, calificados y registrados en la Arcom están obligados, entre otras cosas, a aplicar los métodos y procedimientos de análisis y normativa contemplados en el alcance de la acreditación emitida por el SEA.
En los asuntos relativos a la exportación de concentrados, hay normas INEN relativas al muestreo general. “Se tomarán muestras de todas las bolsas grandes de exportación, en cumplimiento a lo que dice la norma INEN de Ecuador, donde se establece que no se debe hacer muestreo aleatorio, sino integral. Verificaremos exactamente el contenido y sobre eso se pagarán las regalías”, declaró hace unos días el viceministro de Minería, Fernando Benalcázar, al diario Expreso.
Esta semana la Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, “colgó” en su página web dos dispositivos aprobados el pasado 6 de agosto que directamente están relacionados con la exportación. Se trata de la Resolución 002-005-2019-DIR- ARCOM, Reglamento para la exportación de minerales y de la Resolución 003-005-2019-DIRARCOM, Reglamento para la calificación y Registro de Organismos de Inspección y/o Laboratorios de Ensayo para el Sector Minero.
Está también en preparación un texto legal en torno a la nueva fórmula para la determinación de las regalías a pagar por los productos mineros, pero tratándose del contrato con Ecuacorriente, esta disposición no es necesaria porque las regalías ya fueron pactadas en el contrato. Al respecto, de acuerdo al documento firmado por el ex ministro Wilson Pástor en marzo del 2012, si la libra de cobre grado A se cotiza a menos de cuatro dólares en la Bolsa de Metales de Londres, el porcentaje a pagar por regalía es el seis por ciento del ingreso neto aplicable sobre el mineral principal y los secundarios; oro y plata en este caso.
Resolución 002-005-2019-DIR- ARCOM, Reglamento para la exportación de minerales
Señala en su parte sustantiva que para que pueda salir una nave transportando concentrados desde un puerto ecuatoriano debe contar con el certificado de exportación, el mismo que será expedido después de la presentación de varios documentos.
Figuran entre ellos la factura electrónica de la venta de los minerales a exportar; el certificado de producción de los minerales en el cual deberá constar el contenido de los minerales principales y secundarios a exportar; el comprobante electrónico de pago de la retención en la fuente de impuesto a la renta y su nota de depósito, en los casos que correspondan; el Documento Aduanero de Exportación (DAE); y el denominado Packing List.
Este documento comprende información sobre el lote o lotes del mineral a exportarse con su identificación secuencial; el número de contenedores, big bag, barras u otros dentro de cada lote de exportación; los pesos parciales y totales del mineral a exportarse; el contenido de los minerales principales y secundarios; para el caso de concentrados, se especificará su contenido por cada lote y el detalle de la pureza de los minerales por cada lote.
Con estos documentos en la mano, los representantes de Arcom deben encargar a un laboratorio la toma de muestras y el análisis que de fe de la correspondencia entre lo declarado y lo realmente existente en el cargamento a exportarse. Sobre el tema, los nombres de SGS y Bureau Veritas fueron mencionados como alternativas mientras el Servicio Ecuatoriano de Acreditación (SEA) certificará a los laboratorios que cumplan los requisitos.
Para el caso se debe tomar en cuenta lo estipulado en la Resolución 003-005-2019- DIR-ARCOM, Reglamento para la calificación y Registro de Organismos de Inspección y/o Laboratorios de Ensayo para el Sector Minero. Señala el reglamento en su Artículo 13, que los organismos de inspección y/o laboratorios de ensayos, calificados y registrados en la Arcom están obligados, entre otras cosas, a aplicar los métodos y procedimientos de análisis y normativa contemplados en el alcance de la acreditación emitida por el SEA.
En los asuntos relativos a la exportación de concentrados, hay normas INEN relativas al muestreo general. “Se tomarán muestras de todas las bolsas grandes de exportación, en cumplimiento a lo que dice la norma INEN de Ecuador, donde se establece que no se debe hacer muestreo aleatorio, sino integral. Verificaremos exactamente el contenido y sobre eso se pagarán las regalías”, declaró hace unos días el viceministro de Minería, Fernando Benalcázar, al diario Expreso.
EITI: Viceministro Benalcázar ratifica
que gobierno adherirá a iniciativa
Agosto 11 de 2019.- El viceministro de Minería, Fernando Benalcázar, ratificó que durante este gobierno y muy posiblemente antes de que termine este año, el Ecuador será un país que adherirá a los estándares de la iniciativa EITI, una propuesta de transparencia y acceso a la información en las industrias extractivas que nació en el Reino Unido hace casi dos décadas.
Explicó Benalcázar que el financiamiento para la implementación de la iniciativa podría venir del Banco Mundial (BM), en cuyo caso los recursos podrían asegurar el funcionamiento de dicha instancia por unos cuatro o cinco años.
Dijo que existían muchas posibilidades de que el BM se comprometa en este esfuerzo del gobierno ecuatoriano y que la decisión final podría ser conocida en los próximos días.
Aclaró que el obstáculo principal para la implementación de los estándares EITI no proviene de la actual ausencia de recursos sino de la ausencia de un acuerdo entre todos los actores que participan en las industrias extractivas.
“El diálogo es el único camino que tenemos”, sentenció, añadiendo que cuando demostremos las ventajas de la explotación de los recursos naturales y no cometamos errores, podremos vencer las resistencias que por ahora tratan de detener el avance de las operaciones minero energéticas.
Remarcó que para el gobierno la transparencia no es un factor estrictamente económico sino que trasciende los factores contables e involucra el compromiso de toda la sociedad para actuar de manera coherente con el desarrollo del país.
En esa perspectiva, hizo un llamado a los empresarios y a la sociedad civil a que se organicen y se autoconvoquen con la intención de allanar el camino a la EITI.
Señaló que equipos del gobierno y técnicos de la cooperación internacional habían avanzado en un diagnóstico del estado de la situación con miras a la implementación de los estándares de transparencia y acceso a la información; y que habían formulado una serie de recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta.
En el sector minero, por ejemplo, se requiere cerrar las brechas de información en muchos aspectos sustanciales de la operación de las empresas privadas.
En el ámbito de las empresas públicas, acotó, Enami y PetroEcuador tienen mucho qué hacer en materia de transparencia.
Los gobiernos autónomos descentralizados también deberán aportar lo suyo y divulgar, entre otras cosas, el destino de las rentas que perciben del sector minero energético.
En líneas generales, el viceministro sostuvo que todos los ministerios involucrados con la extracción de minerales, petróleo y gas deben procurar la adhesión a los principios EITI y que instancias como el SRI, la Superintendencia de Aduanas, las empresas estatales y los GAD también deben prepararse para esta cruzada por la transparencia.
Explicó Benalcázar que el financiamiento para la implementación de la iniciativa podría venir del Banco Mundial (BM), en cuyo caso los recursos podrían asegurar el funcionamiento de dicha instancia por unos cuatro o cinco años.
Dijo que existían muchas posibilidades de que el BM se comprometa en este esfuerzo del gobierno ecuatoriano y que la decisión final podría ser conocida en los próximos días.
Aclaró que el obstáculo principal para la implementación de los estándares EITI no proviene de la actual ausencia de recursos sino de la ausencia de un acuerdo entre todos los actores que participan en las industrias extractivas.
“El diálogo es el único camino que tenemos”, sentenció, añadiendo que cuando demostremos las ventajas de la explotación de los recursos naturales y no cometamos errores, podremos vencer las resistencias que por ahora tratan de detener el avance de las operaciones minero energéticas.
Remarcó que para el gobierno la transparencia no es un factor estrictamente económico sino que trasciende los factores contables e involucra el compromiso de toda la sociedad para actuar de manera coherente con el desarrollo del país.
En esa perspectiva, hizo un llamado a los empresarios y a la sociedad civil a que se organicen y se autoconvoquen con la intención de allanar el camino a la EITI.
Señaló que equipos del gobierno y técnicos de la cooperación internacional habían avanzado en un diagnóstico del estado de la situación con miras a la implementación de los estándares de transparencia y acceso a la información; y que habían formulado una serie de recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta.
En el sector minero, por ejemplo, se requiere cerrar las brechas de información en muchos aspectos sustanciales de la operación de las empresas privadas.
En el ámbito de las empresas públicas, acotó, Enami y PetroEcuador tienen mucho qué hacer en materia de transparencia.
Los gobiernos autónomos descentralizados también deberán aportar lo suyo y divulgar, entre otras cosas, el destino de las rentas que perciben del sector minero energético.
En líneas generales, el viceministro sostuvo que todos los ministerios involucrados con la extracción de minerales, petróleo y gas deben procurar la adhesión a los principios EITI y que instancias como el SRI, la Superintendencia de Aduanas, las empresas estatales y los GAD también deben prepararse para esta cruzada por la transparencia.
Propuesta de reglamento para el control
de las exportaciones en etapa de socialización
Agosto 4 de 2019.- En la página web de la Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, se encuentra el documento denominado “Reglamento para el control de las exportaciones de minerales”, el mismo que contiene importantes precisiones acerca de la forma en que el Estado ecuatoriano espera supervisar esta actividad.
El texto lleva como sello de agua la palabra “proyecto” y más allá de esa circunstancia, adquiere actualidad dado que en los próximos días deben producirse las primeras exportaciones a gran escala de la minería ecuatoriana. En lo sustancial, el documento señala que una vez que la empresa exportadora solicite el certificado de exportación, Arcom designará al laboratorio que deberá tomar dos muestras de los minerales a exportarse.
Analizadas las muestras, los resultados de laboratorio no pueden diferir en más del 3 por ciento de lo declarado por el exportador (quien pagará el análisis). Si hay una diferencia mayor, se procederá a un recálculo de las regalías o retenciones sin perjuicio de una sanción equivalente a 20 remuneraciones básicas unificadas. Si no hay diferencias, se autoriza la exportación.
El documento da un plazo de 18 meses a las entidades que a la fecha vienen trabajando como laboratorios para que obtengan su reconocimiento por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Puede ser visto en este link. O puede ser descargado aquí.
El texto lleva como sello de agua la palabra “proyecto” y más allá de esa circunstancia, adquiere actualidad dado que en los próximos días deben producirse las primeras exportaciones a gran escala de la minería ecuatoriana. En lo sustancial, el documento señala que una vez que la empresa exportadora solicite el certificado de exportación, Arcom designará al laboratorio que deberá tomar dos muestras de los minerales a exportarse.
Analizadas las muestras, los resultados de laboratorio no pueden diferir en más del 3 por ciento de lo declarado por el exportador (quien pagará el análisis). Si hay una diferencia mayor, se procederá a un recálculo de las regalías o retenciones sin perjuicio de una sanción equivalente a 20 remuneraciones básicas unificadas. Si no hay diferencias, se autoriza la exportación.
El documento da un plazo de 18 meses a las entidades que a la fecha vienen trabajando como laboratorios para que obtengan su reconocimiento por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Puede ser visto en este link. O puede ser descargado aquí.
Gobierno ecuatoriano decide dejar instaurada Iniciativa EITI
Agosto 4 de 2019.- El gobierno ha decidido adherir la información minero energética a las normas de la iniciativa EITI (Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas, por sus siglas en inglés), afirmó el viceministro de Minería, Fernando Benalcázar, en una de sus intervenciones en la mesa redonda que organizó el Instituto de las Américas en Quito, el pasado 25 de julio.
Al respecto informó que la actual administración está buscando que el financiamiento para el ingreso a EITI sea de un fondo no reembolsable y que este proceso no es sencillo. Recordó que en Colombia, por ejemplo, el gobierno contó con el apoyo del BID y que adherir a EITI demandó dos años de trabajo conjunto.
La Iniciativa EITI busca que los países aseguren estándares de transparencia en la información relacionada con las industrias minero energéticas. Se trata de una herramienta que aporta información y facilita la gobernanza en los recursos naturales, señaló Joaquín Vallejo, gerente de Programas de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, una ONG que promueve la iniciativa a nivel global.
Adherir al EITI requiere del compromiso del gobierno, en primer lugar; pero también de las compañías que estén dispuestas a establecer niveles de transparencia y acceso a la información de mediana intensidad; así como de la participación de organizaciones de la sociedad civil.
Como se sabe, el tema de la transparencia y el acceso a la información viene ocupando un lugar destacado en las agendas de los gobiernos, interesados en que los recursos naturales sean gestionados con estándares de integridad y eficiencia que hagan más difícil los casos de corrupción asociados al sector extractivo.
Al respecto informó que la actual administración está buscando que el financiamiento para el ingreso a EITI sea de un fondo no reembolsable y que este proceso no es sencillo. Recordó que en Colombia, por ejemplo, el gobierno contó con el apoyo del BID y que adherir a EITI demandó dos años de trabajo conjunto.
La Iniciativa EITI busca que los países aseguren estándares de transparencia en la información relacionada con las industrias minero energéticas. Se trata de una herramienta que aporta información y facilita la gobernanza en los recursos naturales, señaló Joaquín Vallejo, gerente de Programas de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, una ONG que promueve la iniciativa a nivel global.
Adherir al EITI requiere del compromiso del gobierno, en primer lugar; pero también de las compañías que estén dispuestas a establecer niveles de transparencia y acceso a la información de mediana intensidad; así como de la participación de organizaciones de la sociedad civil.
Como se sabe, el tema de la transparencia y el acceso a la información viene ocupando un lugar destacado en las agendas de los gobiernos, interesados en que los recursos naturales sean gestionados con estándares de integridad y eficiencia que hagan más difícil los casos de corrupción asociados al sector extractivo.
Nuevos contratos tendrán nueva fórmula para regalías
Julio 28 de 2019.- Una nueva fórmula para el cálculo de las regalías alineada con la política de promoción de las inversiones en este sector estratégico viene siendo elaborada por las autoridades y debe estar lista en las próximas semanas.
Su redacción se da en el marco de la nueva política minera y busca atraer a los inversionistas. Como se sabe, la Ley de Fomento Productivo y Atracción de Inversiones modificó la Ley de Minería dejando el rango de las regalías para la mediana y gran minería, entre el 3 y el 8 por ciento de la venta del mineral principal y los minerales secundarios de una operación.
Las regalías son valores que el Estado tiene a derecho a recibir y se aplica solo a los contratos de explotación. Según la abogada y académica Carmen Simone, doctrinariamente se discute si tiene una naturaleza tributaria o no; y es la contraprestación que paga el concesionario por el uso o extracción de los recursos naturales.
La nueva fórmula de cálculo se incluirá en el reglamento general de la Ley y existe un borrador listo en el Viceministerio de Minería. Para su elaboración se ha revisado información y estudiado respecto de cómo se calcula la regalía a nivel regional, en países como Colombia, Perú, Chile, Brasil, México, Bolivia. Se cuenta con asesoría del Ministerio de Minas peruano.
Perú y Chile han ido ajustando su normativa en décadas y en ese aspecto es ventajoso para Ecuador que recién empieza su marcha en la minería de gran escala, piensan las autoridades. “Con esa experiencia y conocimiento podemos beneficiarnos para contar ya con una normativa muchísimo más afinada a las demandas que necesita el sector minero”, según una fuente de alto nivel.
Ni el cambio de rango en el porcentaje de regalías ni la fórmula de cálculo deberían afectar a los contratos vigentes con ECSA (proyecto Mirador) y Lundin Gold (Fruta del Norte) porque esta modificación no es uno de los temas específicos por los cuales existe la obligación de una renegociación de contratos. En los contratos de Mirador y Fruta del Norte firmados en 2012 y 2016, respectivamente, la regalía no bajaría del 5%.
Su redacción se da en el marco de la nueva política minera y busca atraer a los inversionistas. Como se sabe, la Ley de Fomento Productivo y Atracción de Inversiones modificó la Ley de Minería dejando el rango de las regalías para la mediana y gran minería, entre el 3 y el 8 por ciento de la venta del mineral principal y los minerales secundarios de una operación.
Las regalías son valores que el Estado tiene a derecho a recibir y se aplica solo a los contratos de explotación. Según la abogada y académica Carmen Simone, doctrinariamente se discute si tiene una naturaleza tributaria o no; y es la contraprestación que paga el concesionario por el uso o extracción de los recursos naturales.
La nueva fórmula de cálculo se incluirá en el reglamento general de la Ley y existe un borrador listo en el Viceministerio de Minería. Para su elaboración se ha revisado información y estudiado respecto de cómo se calcula la regalía a nivel regional, en países como Colombia, Perú, Chile, Brasil, México, Bolivia. Se cuenta con asesoría del Ministerio de Minas peruano.
Perú y Chile han ido ajustando su normativa en décadas y en ese aspecto es ventajoso para Ecuador que recién empieza su marcha en la minería de gran escala, piensan las autoridades. “Con esa experiencia y conocimiento podemos beneficiarnos para contar ya con una normativa muchísimo más afinada a las demandas que necesita el sector minero”, según una fuente de alto nivel.
Ni el cambio de rango en el porcentaje de regalías ni la fórmula de cálculo deberían afectar a los contratos vigentes con ECSA (proyecto Mirador) y Lundin Gold (Fruta del Norte) porque esta modificación no es uno de los temas específicos por los cuales existe la obligación de una renegociación de contratos. En los contratos de Mirador y Fruta del Norte firmados en 2012 y 2016, respectivamente, la regalía no bajaría del 5%.
La minería regularizada produce US$ 500 mil en regalías
Mina en la parroquia Camilo Ponce Enríquez en 2014. Foto: Enami EP.
Julio 28 de 2019.- El proyecto minero Muyuyacu de la Empresa Nacional Minera EP, ubicado en la parroquia Camilo Ponce Enríquez, provincia de Azuay, en cuyo subsuelo operan tres empresas de pequeña minería, ha producido US$ 500 mil en regalías al Estado en el año 2018 por su producción de oro.
Muyuyacu es el producto de la unificación de las concesiones Muyuyacu, Río Negro y Río Tenguel Este realizada en 2017. Comprende en la actualidad una zona de labores mineras con 42 frentes de explotación que involucran el trabajo de entre 600 y 800 personas.
En el primer año de operación, las pequeñas empresas mineras, que para el efecto han conseguido completar un proceso de regularización, han invertido un aproximado de US$ 1 millón. Según el gerente de Enami EP, Giovanni Espinosa, se están reajustando las cuentas hasta agosto para establecer la compensación a la que tiene derecho la empresa pública como titular de la concesión.
Las empresas operadoras son Minervilla Cia. Ltda., Asociación de Mineros Autónomos 12 de Octubre y Asociación de Productores Mineros Ponce Enríquez (Asoprominen) y se hallan completando la regularización ambiental. Sus integrantes, grupos de mineros informales que se organizaron para afrontar una parte de la problemática socioambiental que se extendió por varios años en el distrito minero.
Muyuyacu es el producto de la unificación de las concesiones Muyuyacu, Río Negro y Río Tenguel Este realizada en 2017. Comprende en la actualidad una zona de labores mineras con 42 frentes de explotación que involucran el trabajo de entre 600 y 800 personas.
En el primer año de operación, las pequeñas empresas mineras, que para el efecto han conseguido completar un proceso de regularización, han invertido un aproximado de US$ 1 millón. Según el gerente de Enami EP, Giovanni Espinosa, se están reajustando las cuentas hasta agosto para establecer la compensación a la que tiene derecho la empresa pública como titular de la concesión.
Las empresas operadoras son Minervilla Cia. Ltda., Asociación de Mineros Autónomos 12 de Octubre y Asociación de Productores Mineros Ponce Enríquez (Asoprominen) y se hallan completando la regularización ambiental. Sus integrantes, grupos de mineros informales que se organizaron para afrontar una parte de la problemática socioambiental que se extendió por varios años en el distrito minero.
Casi listo nuevo instructivo para manejo de relaveras
Julio 28 de 2019.- El próximo 2 de agosto podría estar terminado el primer “Instructivo para la aprobación de proyectos de diseño, construcción, operación, mantenimiento y cierre de los depósitos de relaves para la mediana y gran minería”, informó el viceministro de Minería, Fernando Benalcázar. El documento recoge los aportes realizados por empresas operadoras, expertos en el tema de relaves, integrantes de los centros de educación superior con facultades vinculadas a las ciencias de la tierra y otros especialistas.
Tal como se decía en sus considerandos iniciales, se parte de que los “depósitos de relaves mineros generan importantes volúmenes de residuos mineros metalúrgicos, requiriendo presas de gran magnitud, haciendo que estas estructuras mineras se consideren sensibles y requieran de gran atención por parte de los entes de control del Estado, así como del concesionario minero”.
El tema de los relaves provoca el interés en todos los países de la región. Hace unas semanas, en Chile se presentó la actualización de la Política Nacional de Depósitos de Relaves y se puso a disposición de los interesados un portal web que enriquece los conocimientos de quienes quieran saber algo más sobre el asunto. El portal es www.politicaderelaves.cl
Tal como se decía en sus considerandos iniciales, se parte de que los “depósitos de relaves mineros generan importantes volúmenes de residuos mineros metalúrgicos, requiriendo presas de gran magnitud, haciendo que estas estructuras mineras se consideren sensibles y requieran de gran atención por parte de los entes de control del Estado, así como del concesionario minero”.
El tema de los relaves provoca el interés en todos los países de la región. Hace unas semanas, en Chile se presentó la actualización de la Política Nacional de Depósitos de Relaves y se puso a disposición de los interesados un portal web que enriquece los conocimientos de quienes quieran saber algo más sobre el asunto. El portal es www.politicaderelaves.cl
Material mineralizado decomisado en minería ilegal a plantas de beneficio
Julio 21 de 2019.- La Empresa Nacional Minera, Enami EP, se encarga de un proceso de licitación a plantas de beneficio para el procesamiento de material mineralizado decomisado a la minería ilegal en los operativos realizados por la Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, en la zona de Buenos Aires y previamente.
El 16 de los corrientes Enami EP invitó a un conjunto de 52 plantas de beneficios a presentar propuestas técnico-económicas referentes al procesamiento de material mineralizado incautado. Complementariamente al procesamiento los participantes deberán incluir transporte, custodia, sistemas de vigilancia por cámaras en sus cálculos de oferta. Además se gestionará probablemente una póliza de seguro del oro involucrado.
La lista de convocados fue proporcionada por la Arcom y por el Ministerio del Ambiente, entes que estuvieron a cargo de preseleccionar las plantas que cumplen con todos los requisitos de funcionamiento y permisos.
El volumen estimado de material es 5000 toneladas y el monto de la licitación puede ascender a unos US$ 2 millones. En los primeros 12 días de intervención en la parroquia La Merced de Buenos Aires, del cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura -después del Decreto de Estado de Excepción firmado por el presidente de la República, Lenin Moreno, el 1 de julio pasado- los técnicos de la Arcom decomisaron 2.800 bultos de rocas mineralizadas y 327 equipos utilizados en el procesamiento del mineral como: generadores, taladros, soldadoras y motores eléctricos, bombas de agua, poleas metálicas, crisoles, tanques de oxígeno, entre otros.
Andrea Cárdenas Valencia, directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control Minero, indicó que la institución cumple un trabajo coordinado con Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Ambiente, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Secretaría Nacional del Agua.
Además, dio a conocer detalles del operativo. “Durante la intervención también se encontró material mineralizado triturado y recién fundido, piscinas con desechos químicos y residuos mineros (relaves) utilizados para la obtención de barras de oro. Además se evidenció indicios de trabajo con cianuro, soda cáustica, ácido nítrico y mercurio, químicos altamente contaminantes”.
El 16 de los corrientes Enami EP invitó a un conjunto de 52 plantas de beneficios a presentar propuestas técnico-económicas referentes al procesamiento de material mineralizado incautado. Complementariamente al procesamiento los participantes deberán incluir transporte, custodia, sistemas de vigilancia por cámaras en sus cálculos de oferta. Además se gestionará probablemente una póliza de seguro del oro involucrado.
La lista de convocados fue proporcionada por la Arcom y por el Ministerio del Ambiente, entes que estuvieron a cargo de preseleccionar las plantas que cumplen con todos los requisitos de funcionamiento y permisos.
El volumen estimado de material es 5000 toneladas y el monto de la licitación puede ascender a unos US$ 2 millones. En los primeros 12 días de intervención en la parroquia La Merced de Buenos Aires, del cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura -después del Decreto de Estado de Excepción firmado por el presidente de la República, Lenin Moreno, el 1 de julio pasado- los técnicos de la Arcom decomisaron 2.800 bultos de rocas mineralizadas y 327 equipos utilizados en el procesamiento del mineral como: generadores, taladros, soldadoras y motores eléctricos, bombas de agua, poleas metálicas, crisoles, tanques de oxígeno, entre otros.
Andrea Cárdenas Valencia, directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control Minero, indicó que la institución cumple un trabajo coordinado con Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Ambiente, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, Secretaría Nacional del Agua.
Además, dio a conocer detalles del operativo. “Durante la intervención también se encontró material mineralizado triturado y recién fundido, piscinas con desechos químicos y residuos mineros (relaves) utilizados para la obtención de barras de oro. Además se evidenció indicios de trabajo con cianuro, soda cáustica, ácido nítrico y mercurio, químicos altamente contaminantes”.
Vía Minera
Dirección: Gil Ramírez Dávalos E 3 – 50 y 9 de Octubre, Tercer piso.
Teléfonos: 593 997726892 / 593 0 985902070
Quito, Ecuador
[email protected]
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