Reflexionan los voceros del sector minero
Diciembre 17 de 2023.- En los últimos días dos de los centros de pensamiento estratégico más potentes del sector se
han referido a problemas estructurales en términos que reproducimos, tal cuales, por la importancia de que sean tomados en cuenta como las palabras que cierran un año difícil y señalan la ruta para los actores locales de industria minera.
Dicen los voceros del EITI: “Este año ha representado un hito para el EITI. Nuestro vigésimo
aniversario sirvió de oportunidad para reflexionar sobre el camino recorrido, celebrar los
avances logrados y analizar lo que vendrá en el futuro. El nuevo Estándar EITI 2023,
presentado en Dakar en junio, es una prueba de cuán lejos hemos llegado. El EITI, que
comenzó hace dos décadas con el compromiso de apenas un puñado de países de cotejar los
pagos del sector extractivo, se ha transformado en un estándar global “de peso”, que es
implementado por casi 60 países y que cuenta con el apoyo de más de 60 compañías.
“Tras la reciente COP28, tengo claro que debemos seguir evolucionando para ayudar a los
países a gestionar los desafíos más acuciantes de la gobernanza de los recursos naturales. En
un contexto en el que casi 120 gobiernos se han comprometido a triplicar su capacidad de
desarrollo de energías renovables para el 2030, resulta indispensable que los gobiernos y las
empresas administren de forma responsable sus minerales para la transición, prestando
mucha atención a las prioridades de la ciudadanía y la comunidad. Nuestro llamado a la acción
para el sector de las energías renovables también abreva en las experiencias de la
implementación del EITI, instando a implementar una mayor transparencia y rendición de
cuentas en el sector con el fin de limitar los riesgos de corrupción.
“La misión del EITI es inviable sin la dedicación y el compromiso de sus países
implementadores y la comunidad multipartícipe. En este nuevo año que se avecina,
seguiremos trabajando estrechamente con el nuevo Consejo EITI y los grupos representados
con miras a hacer realidad nuestra misión colectiva y actualizar nuestras prioridades
estratégicas. En este camino de progreso y colaboración, agradezco de corazón a todas las
personas que hacen que el EITI sea posible y les deseo que pasen las fiestas en armonía”, dice
Mark Robinson, una de las figuras principales de la Iniciativa por la Transparencia en las
Industrias Extractivas.
Y enumera los diez hechos que su institución destaca como los principales del año.
1. 20 años: En junio, el EITI celebró su vigésimo aniversario en la novena Conferencia Global
EITI que tuvo como anfitrión al Gobierno de Senegal. Este evento fue la primera vez que la
conferencia trienal del EITI tuvo lugar en África, continente que alberga la mitad de los países
implementadores del EITI.
2. El EITI presentó el Estándar EITI 2023, que cuenta con disposiciones nuevas y mejoradas
para abordar los desafíos contemporáneos de la gobernanza de los recursos naturales, como la
lucha contra la corrupción, la transición energética (ES) y la igualdad de género.
3. Se evaluó a más de 60 empresas de minería, petróleo y gas y comerciantes de materias
primas que apoyan al EITI para determinar si cumplen con las Expectativas sobre las empresas
que apoyan al EITI.
4. Voces de las comunidades: Valiéndose de las experiencias de Colombia, Ghana e Indonesia,
el informe global del EITI sobre el proyecto “Involucrar a las comunidades en una transición
justa” destacó las necesidades de información y las prioridades de las comunidades afectadas
por las operaciones energéticas y extractivas, así como modos de hacerlas partícipes en las
decisiones que repercuten en ellas.
5. El EITI evaluó a 11 países respecto de su progreso en el cumplimiento del Estándar EITI:
Burkina Faso, Colombia, Costa de Marfil, República Dominicana, Mozambique, Nigeria,
Noruega, República del Congo, Tanzania, Timor Oriental y Trinidad y Tobago. Hasta la fecha,
este año se han publicado más de 20 Informes EITI.
6. En la COP28, el EITI y un grupo de socios presentaron un llamado a la acción para fortalecer
la transparencia y la rendición de cuentas en el sector de las energías renovables. Esta
iniciativa estuvo respaldada por una investigación sobre los riesgos de corrupción que
obstaculizan el compromiso global de triplicar la capacidad de desarrollo de energías
renovables para el 2030.
7. El EITI prolongó sus alianzas con la Unión Europea y USAID para promover la lucha contra la
corrupción y fortalecer la gobernanza de los recursos naturales. Por otro lado, las y los líderes
de los países implementadores, los países que apoyan al EITI y organizaciones aliadas
reafirmaron su compromiso con la misión del EITI.
8. Argentina, Mauritania y Ucrania fueron galardonados con los Premios de la Presidencia EITI,
que reconocen a los países que han demostrado un nivel excepcional de liderazgo y
compromiso con el EITI.
9. El programa Opening Extractives, que se encuentra a la mitad de su plan de cinco años,
siguió elevando el nivel de la transparencia sobre los beneficiarios reales en las agendas
nacionales y apoyando la creación de registros públicos, por ejemplo, en Liberia.
10. Chile, el principal productor mundial de cobre y el segundo mayor productor de litio,
manifestó su voluntad de unirse al EITI. Por otra parte, SQM, un importante productor de litio
con sede en Chile, también se sumó a la lista de empresas que apoyan al EITI.
El tiempo dirá la industria minera mundial tiene figuras o figurines.
Por su parte, Rohitesh Dhawan, del ICMM, cuenta al terminar su participación en la COP que la
reunión marcó un cambio significativo, con la minería y los minerales críticos ocupando un
lugar mucho más alto en la agenda. Esto es muy alentador porque sugiere una voluntad de
pensar en el problema de la reducción de emisiones hasta los detalles prácticos de lo que se
necesitará para que las cosas sucedan, y no quedarse estancados en el nivel de metas y
ambiciones elevadas.
Cada sector debe comprender su papel único en el sistema de descarbonización más amplio.
Nuestros miembros asumen plenamente esta responsabilidad, ampliando su enfoque más allá
de los límites inmediatos de las operaciones para descubrir soluciones a algunas de las fuentes
de emisiones más persistentes en una gran cantidad de cadenas de valor.
“La semana pasada, también publicamos el Informe de contribución fiscal de los miembros del
ICMM. que demostró que nuestros miembros pagaron $54 mil millones en impuestos sobre la
renta corporativa y regalías, gastaron $166 mil millones en proveedores y pagaron $37 mil
millones en salarios a empleados directos en 2022.
La minería tiene un inmenso potencial para contribuir a la sociedad al convertir el capital
natural en capital social y económico. Detrás de estas grandes cifras hay historias de vidas
transformadas y familias que cambiaron para siempre.
El Grupo de Trabajo para la Divulgación Financiera Relacionada con la Naturaleza (TNFD) ha
publicado un borrador de orientación sectorial para ocho sectores prioritarios, incluidos la
minería y los metales, para ayudar a identificar y evaluar sus problemas relacionados con la
naturaleza.
Ro dice también que la semana pasada el ICMM publicó un informe que describe la
contribución social y económica de sus miembros a los países anfitriones. Esto incluye la
divulgación de la contribución fiscal de los miembros en 2022 y nuevos datos sobre el número
de empleados directos, salarios y pagos relacionados, pagos a proveedores e inversión
comunitaria y social.
“Liberar la riqueza de nuestros recursos naturales para el bien común depende de considerar
el desarrollo mineral como una inversión y una asociación a largo plazo entre la industria, el
gobierno y sus comunidades anfitrionas, donde los beneficios se comparten durante todo el
ciclo de vida de la mina, extendiéndose mucho después de que la mina haya cerrado”, dijo
Rohitesh Dhawan .
Y añadió: “Está claro que para satisfacer la demanda de minerales y metales críticos
necesitaremos rápidamente nuevas minas, pero deben desarrollarse de acuerdo con este
principio. La colaboración a largo plazo entre la industria, los gobiernos y la sociedad civil es
esencial para fomentar un clima de inversión atractivo y al mismo tiempo priorizar el bienestar
social y económico de las comunidades anfitrionas".
Un desafío importante en este viaje es el uso de grandes camiones de acarreo para minería a
cielo abierto. Con aproximadamente 28.000 de estos camiones en funcionamiento, y se espera
que su número aumente debido a la necesidad de una minería más profunda, sus emisiones de
CO2 podrían equivaler a más de 15 millones de automóviles de pasajeros.
La descarbonización de estos camiones de acarreo, que transportan grandes cantidades de
roca estéril, mineral y otros materiales a través de los sitios mineros, presenta una tarea única
y compleja que difiere de la descarbonización de los vehículos de pasajeros normales.
han referido a problemas estructurales en términos que reproducimos, tal cuales, por la importancia de que sean tomados en cuenta como las palabras que cierran un año difícil y señalan la ruta para los actores locales de industria minera.
Dicen los voceros del EITI: “Este año ha representado un hito para el EITI. Nuestro vigésimo
aniversario sirvió de oportunidad para reflexionar sobre el camino recorrido, celebrar los
avances logrados y analizar lo que vendrá en el futuro. El nuevo Estándar EITI 2023,
presentado en Dakar en junio, es una prueba de cuán lejos hemos llegado. El EITI, que
comenzó hace dos décadas con el compromiso de apenas un puñado de países de cotejar los
pagos del sector extractivo, se ha transformado en un estándar global “de peso”, que es
implementado por casi 60 países y que cuenta con el apoyo de más de 60 compañías.
“Tras la reciente COP28, tengo claro que debemos seguir evolucionando para ayudar a los
países a gestionar los desafíos más acuciantes de la gobernanza de los recursos naturales. En
un contexto en el que casi 120 gobiernos se han comprometido a triplicar su capacidad de
desarrollo de energías renovables para el 2030, resulta indispensable que los gobiernos y las
empresas administren de forma responsable sus minerales para la transición, prestando
mucha atención a las prioridades de la ciudadanía y la comunidad. Nuestro llamado a la acción
para el sector de las energías renovables también abreva en las experiencias de la
implementación del EITI, instando a implementar una mayor transparencia y rendición de
cuentas en el sector con el fin de limitar los riesgos de corrupción.
“La misión del EITI es inviable sin la dedicación y el compromiso de sus países
implementadores y la comunidad multipartícipe. En este nuevo año que se avecina,
seguiremos trabajando estrechamente con el nuevo Consejo EITI y los grupos representados
con miras a hacer realidad nuestra misión colectiva y actualizar nuestras prioridades
estratégicas. En este camino de progreso y colaboración, agradezco de corazón a todas las
personas que hacen que el EITI sea posible y les deseo que pasen las fiestas en armonía”, dice
Mark Robinson, una de las figuras principales de la Iniciativa por la Transparencia en las
Industrias Extractivas.
Y enumera los diez hechos que su institución destaca como los principales del año.
1. 20 años: En junio, el EITI celebró su vigésimo aniversario en la novena Conferencia Global
EITI que tuvo como anfitrión al Gobierno de Senegal. Este evento fue la primera vez que la
conferencia trienal del EITI tuvo lugar en África, continente que alberga la mitad de los países
implementadores del EITI.
2. El EITI presentó el Estándar EITI 2023, que cuenta con disposiciones nuevas y mejoradas
para abordar los desafíos contemporáneos de la gobernanza de los recursos naturales, como la
lucha contra la corrupción, la transición energética (ES) y la igualdad de género.
3. Se evaluó a más de 60 empresas de minería, petróleo y gas y comerciantes de materias
primas que apoyan al EITI para determinar si cumplen con las Expectativas sobre las empresas
que apoyan al EITI.
4. Voces de las comunidades: Valiéndose de las experiencias de Colombia, Ghana e Indonesia,
el informe global del EITI sobre el proyecto “Involucrar a las comunidades en una transición
justa” destacó las necesidades de información y las prioridades de las comunidades afectadas
por las operaciones energéticas y extractivas, así como modos de hacerlas partícipes en las
decisiones que repercuten en ellas.
5. El EITI evaluó a 11 países respecto de su progreso en el cumplimiento del Estándar EITI:
Burkina Faso, Colombia, Costa de Marfil, República Dominicana, Mozambique, Nigeria,
Noruega, República del Congo, Tanzania, Timor Oriental y Trinidad y Tobago. Hasta la fecha,
este año se han publicado más de 20 Informes EITI.
6. En la COP28, el EITI y un grupo de socios presentaron un llamado a la acción para fortalecer
la transparencia y la rendición de cuentas en el sector de las energías renovables. Esta
iniciativa estuvo respaldada por una investigación sobre los riesgos de corrupción que
obstaculizan el compromiso global de triplicar la capacidad de desarrollo de energías
renovables para el 2030.
7. El EITI prolongó sus alianzas con la Unión Europea y USAID para promover la lucha contra la
corrupción y fortalecer la gobernanza de los recursos naturales. Por otro lado, las y los líderes
de los países implementadores, los países que apoyan al EITI y organizaciones aliadas
reafirmaron su compromiso con la misión del EITI.
8. Argentina, Mauritania y Ucrania fueron galardonados con los Premios de la Presidencia EITI,
que reconocen a los países que han demostrado un nivel excepcional de liderazgo y
compromiso con el EITI.
9. El programa Opening Extractives, que se encuentra a la mitad de su plan de cinco años,
siguió elevando el nivel de la transparencia sobre los beneficiarios reales en las agendas
nacionales y apoyando la creación de registros públicos, por ejemplo, en Liberia.
10. Chile, el principal productor mundial de cobre y el segundo mayor productor de litio,
manifestó su voluntad de unirse al EITI. Por otra parte, SQM, un importante productor de litio
con sede en Chile, también se sumó a la lista de empresas que apoyan al EITI.
El tiempo dirá la industria minera mundial tiene figuras o figurines.
Por su parte, Rohitesh Dhawan, del ICMM, cuenta al terminar su participación en la COP que la
reunión marcó un cambio significativo, con la minería y los minerales críticos ocupando un
lugar mucho más alto en la agenda. Esto es muy alentador porque sugiere una voluntad de
pensar en el problema de la reducción de emisiones hasta los detalles prácticos de lo que se
necesitará para que las cosas sucedan, y no quedarse estancados en el nivel de metas y
ambiciones elevadas.
Cada sector debe comprender su papel único en el sistema de descarbonización más amplio.
Nuestros miembros asumen plenamente esta responsabilidad, ampliando su enfoque más allá
de los límites inmediatos de las operaciones para descubrir soluciones a algunas de las fuentes
de emisiones más persistentes en una gran cantidad de cadenas de valor.
“La semana pasada, también publicamos el Informe de contribución fiscal de los miembros del
ICMM. que demostró que nuestros miembros pagaron $54 mil millones en impuestos sobre la
renta corporativa y regalías, gastaron $166 mil millones en proveedores y pagaron $37 mil
millones en salarios a empleados directos en 2022.
La minería tiene un inmenso potencial para contribuir a la sociedad al convertir el capital
natural en capital social y económico. Detrás de estas grandes cifras hay historias de vidas
transformadas y familias que cambiaron para siempre.
El Grupo de Trabajo para la Divulgación Financiera Relacionada con la Naturaleza (TNFD) ha
publicado un borrador de orientación sectorial para ocho sectores prioritarios, incluidos la
minería y los metales, para ayudar a identificar y evaluar sus problemas relacionados con la
naturaleza.
Ro dice también que la semana pasada el ICMM publicó un informe que describe la
contribución social y económica de sus miembros a los países anfitriones. Esto incluye la
divulgación de la contribución fiscal de los miembros en 2022 y nuevos datos sobre el número
de empleados directos, salarios y pagos relacionados, pagos a proveedores e inversión
comunitaria y social.
“Liberar la riqueza de nuestros recursos naturales para el bien común depende de considerar
el desarrollo mineral como una inversión y una asociación a largo plazo entre la industria, el
gobierno y sus comunidades anfitrionas, donde los beneficios se comparten durante todo el
ciclo de vida de la mina, extendiéndose mucho después de que la mina haya cerrado”, dijo
Rohitesh Dhawan .
Y añadió: “Está claro que para satisfacer la demanda de minerales y metales críticos
necesitaremos rápidamente nuevas minas, pero deben desarrollarse de acuerdo con este
principio. La colaboración a largo plazo entre la industria, los gobiernos y la sociedad civil es
esencial para fomentar un clima de inversión atractivo y al mismo tiempo priorizar el bienestar
social y económico de las comunidades anfitrionas".
Un desafío importante en este viaje es el uso de grandes camiones de acarreo para minería a
cielo abierto. Con aproximadamente 28.000 de estos camiones en funcionamiento, y se espera
que su número aumente debido a la necesidad de una minería más profunda, sus emisiones de
CO2 podrían equivaler a más de 15 millones de automóviles de pasajeros.
La descarbonización de estos camiones de acarreo, que transportan grandes cantidades de
roca estéril, mineral y otros materiales a través de los sitios mineros, presenta una tarea única
y compleja que difiere de la descarbonización de los vehículos de pasajeros normales.
COP28: ¿Transición Justa?
Por Enrique Sánchez, colaborador de Vía Minera
Diciembre 3 de 2023.- Desde el 30 de noviembre hasta el 12 de diciembre los delegados de más de 200 países, líderes empresariales y financieros y representantes de la sociedad civil se reúnen en Dubai para la conferencia climática COP28 cuyo objetivo será acelerar la transición hacia un futuro con energía limpia.
En este importante evento mundial consideramos que iría a destacar: (i) la importancia vital de la acción colectiva para mitigar el cambio climático, resaltando el papel fundamental de las finanzas en la transición hacia una economía baja en carbono, y (ii) la necesidad de lograr una transición justa que puede lograrse con un importante impulso de la adaptación al cambio climático.
Como puede verse, la lucha contra el cambio climático exige una transición hacia una economía más sostenible, pero surge un dilema ético: ¿Cómo garantizar que esta transición no cause estragos en las comunidades dependientes de industrias intensivas en carbono? En este contexto, la noción de una “Transición Justa” se erige como un principio fundamental, priorizando la equidad y la inclusión.
La definición de una transición justa es el punto de partida, explorando cómo podemos lograr un cambio hacia una economía baja en carbono sin dejar a nadie atrás. Por ejemplo, en la región del Ruhr en Alemania, que históricamente dependía de la minería del carbón, la rápida transición hacia fuentes de energía más limpias dejó a muchas comunidades enfrentando desafíos económicos y sociales. La reorientación de habilidades y la creación de oportunidades de empleo se convirtieron en aspectos críticos para mitigar los impactos adversos.
Gracias al esfuerzo de los países por lograr una transición justa más inclusiva y equitativa, hoy los principios para una transición justa ya se reflejan en el alrededor del 40 % de las NDC (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, por sus siglas en inglés) y el 60% de las estrategias a largo plazo de los países, así como en un número creciente de iniciativas mundiales trascendentales.
Sin embargo, el debate por una cada vez mayor transición justa continúa porque si las finanzas climáticas no canalizan importantes recursos para adaptación climática, que permitan apoyar a las comunidades afectadas, no se logrará reducir los impactos adversos que generan las acciones para combatir el cambio climático. En México, el proyecto Eólica del Sur muestra cómo las inversiones pueden beneficiar tanto al medio ambiente como a las comunidades locales.
Al explorar esos casos, en los que se experimentó transformaciones económicas impulsadas por la transición climática, nos quedan valiosas lecciones. Identificamos no solo los éxitos, sino también los desafíos superados y las estrategias que han demostrado ser efectivas. Este conocimiento se convierte en una guía para otros casos similares y una prueba que la transición justa es posible.
La transición justa también demanda una reflexión sobre el papel de la educación y la capacitación. Preparar a las comunidades para empleos sostenibles es esencial, y programas educativos exitosos se erigen como modelos a seguir. El caso de Dinamarca, que implementó programas de formación para trabajadores afectados por el declive de la industria petrolera, muestra cómo la inversión en la formación de trabajadores es una inversión en el futuro, asegurando que la transición hacia una economía baja en carbono sea una oportunidad para el crecimiento inclusivo.
En la encrucijada del cambio climático y las finanzas climáticas, la transición justa se presenta como una necesidad ineludible. Resulta crucial abordar los desafíos económicos y sociales que trae consigo esta encrucijada para mostrar el camino que debe seguirse para construir un futuro sostenible que respete la equidad y la participación comunitaria. Por ello, la transición justa representa un compromiso ético con un mañana donde el balance entre sostenibilidad y equidad debe mantenerse en perfecto equilibrio.
Esperamos que los delegados de nuestros países en la COOP28 prioricen la búsqueda de soluciones concretas para una transición justa, lo que demandará (i) la inclusión activa de comunidades afectadas en la toma de decisiones, (ii) la creación de fondos específicos para mitigar impactos económicos y sociales, y (iii) la implementación de mecanismos de monitoreo constante.
La transparencia y la rendición de cuentas, la colaboración entre sectores público y privado, la adaptación a contextos locales y el compromiso internacional permanente, será crucial para garantizar que la transición justa no solo sea un objetivo declarado en esta COOP28, sino que los acuerdos que se logren para ese propósito la conviertan en una realidad equitativa y sostenible.
Diciembre 3 de 2023.- Desde el 30 de noviembre hasta el 12 de diciembre los delegados de más de 200 países, líderes empresariales y financieros y representantes de la sociedad civil se reúnen en Dubai para la conferencia climática COP28 cuyo objetivo será acelerar la transición hacia un futuro con energía limpia.
En este importante evento mundial consideramos que iría a destacar: (i) la importancia vital de la acción colectiva para mitigar el cambio climático, resaltando el papel fundamental de las finanzas en la transición hacia una economía baja en carbono, y (ii) la necesidad de lograr una transición justa que puede lograrse con un importante impulso de la adaptación al cambio climático.
Como puede verse, la lucha contra el cambio climático exige una transición hacia una economía más sostenible, pero surge un dilema ético: ¿Cómo garantizar que esta transición no cause estragos en las comunidades dependientes de industrias intensivas en carbono? En este contexto, la noción de una “Transición Justa” se erige como un principio fundamental, priorizando la equidad y la inclusión.
La definición de una transición justa es el punto de partida, explorando cómo podemos lograr un cambio hacia una economía baja en carbono sin dejar a nadie atrás. Por ejemplo, en la región del Ruhr en Alemania, que históricamente dependía de la minería del carbón, la rápida transición hacia fuentes de energía más limpias dejó a muchas comunidades enfrentando desafíos económicos y sociales. La reorientación de habilidades y la creación de oportunidades de empleo se convirtieron en aspectos críticos para mitigar los impactos adversos.
Gracias al esfuerzo de los países por lograr una transición justa más inclusiva y equitativa, hoy los principios para una transición justa ya se reflejan en el alrededor del 40 % de las NDC (Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, por sus siglas en inglés) y el 60% de las estrategias a largo plazo de los países, así como en un número creciente de iniciativas mundiales trascendentales.
Sin embargo, el debate por una cada vez mayor transición justa continúa porque si las finanzas climáticas no canalizan importantes recursos para adaptación climática, que permitan apoyar a las comunidades afectadas, no se logrará reducir los impactos adversos que generan las acciones para combatir el cambio climático. En México, el proyecto Eólica del Sur muestra cómo las inversiones pueden beneficiar tanto al medio ambiente como a las comunidades locales.
Al explorar esos casos, en los que se experimentó transformaciones económicas impulsadas por la transición climática, nos quedan valiosas lecciones. Identificamos no solo los éxitos, sino también los desafíos superados y las estrategias que han demostrado ser efectivas. Este conocimiento se convierte en una guía para otros casos similares y una prueba que la transición justa es posible.
La transición justa también demanda una reflexión sobre el papel de la educación y la capacitación. Preparar a las comunidades para empleos sostenibles es esencial, y programas educativos exitosos se erigen como modelos a seguir. El caso de Dinamarca, que implementó programas de formación para trabajadores afectados por el declive de la industria petrolera, muestra cómo la inversión en la formación de trabajadores es una inversión en el futuro, asegurando que la transición hacia una economía baja en carbono sea una oportunidad para el crecimiento inclusivo.
En la encrucijada del cambio climático y las finanzas climáticas, la transición justa se presenta como una necesidad ineludible. Resulta crucial abordar los desafíos económicos y sociales que trae consigo esta encrucijada para mostrar el camino que debe seguirse para construir un futuro sostenible que respete la equidad y la participación comunitaria. Por ello, la transición justa representa un compromiso ético con un mañana donde el balance entre sostenibilidad y equidad debe mantenerse en perfecto equilibrio.
Esperamos que los delegados de nuestros países en la COOP28 prioricen la búsqueda de soluciones concretas para una transición justa, lo que demandará (i) la inclusión activa de comunidades afectadas en la toma de decisiones, (ii) la creación de fondos específicos para mitigar impactos económicos y sociales, y (iii) la implementación de mecanismos de monitoreo constante.
La transparencia y la rendición de cuentas, la colaboración entre sectores público y privado, la adaptación a contextos locales y el compromiso internacional permanente, será crucial para garantizar que la transición justa no solo sea un objetivo declarado en esta COOP28, sino que los acuerdos que se logren para ese propósito la conviertan en una realidad equitativa y sostenible.
Mina Cobre Panamá
Crónica de un Cierre Anunciado
Por: Rómulo Mucho*.
Diciembre 3 de 2023.- Tras 5 días de deliberaciones, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, ha determinado que el Contrato-Ley 406 entre el Estado panameño y la canadiense First Quantum Minerals para operar la mina Cobre Panamá por 20 años, prorrogable para otros 20 años más, es inconstitucional. Esto es un fallo histórico que marca un hecho sin precedentes sobre el que sin duda habrá repercusiones legales y políticas, destacando la compleja relación entre las corporaciones internacionales con la soberanía nacional. Además, con este fallo, se cierra todas las puertas a la minería metálica en momentos que el mundo necesitará más metales para hacer frente al cambio climático.
Intentaremos hacer un análisis desapasionado y objetivo. En este marco, no se puede separar la decisión de la Corte Suprema de Panamá del elevado nivel de protestas por varias semanas en contra de la operación minera. Negar que la presión ciudadana ha influenciado sobre la decisión de la Corte Suprema, sería faltar a la verdad. Esto no quita la posibilidad de alguna irregularidad que se pudiese haber presentado en el manejo de los aspectos contractuales cuando era proyecto minero. La Corte identificó que la mencionada ley violaba 25 artículos de la Constitución de la República de Panamá. Con un adecuado nivel de diálogo entre las partes y comunicación asertiva con la población la situación se hubiese podido resolver dentro de lo estipulado por la ley.
El problema radica en la falta de comunicación o una mala comunicación desde el Estado y desde la empresa hacia la población. Sin una buena comunicación entre las partes la protesta se incrementa como cuando se va formando una bola de nieve. El conflicto social es parte de la naturaleza humana. Un conflicto en sí mismo no es malo, lo malo es no saber gestionar y resolver el conflicto. En América Latina, muchos sectores aun no conciben a la minería como la respuesta a una necesidad global de brindar mejores condiciones de vida a la población mundial. Por poner sólo algunos ejemplos, la rapidez de comunicación inalámbrica, las bondades de los modernos equipos médicos, el transporte marítimo, terrestre y aéreo, etc. no serían posibles sin la minería.
El cobre está siendo considerado como uno de los metales críticos en el proceso de descarbonización de la industria y en general, de la economía global. Panamá tiene cobre, pero la falta de una comunicación objetiva hacia la población, ha generado una protesta masiva sin precedentes por varias semanas, sustentada en la justa preocupación por el cuidado del ambiente con énfasis en el recurso hídrico. Se está llegando a una situación a la que nunca se debió llegar. Nadie niega que se ha optado por una salida basada en la jurisprudencia panameña y a la que se llegó porque no se atendió oportunamente las inquietudes de la población.
Es importante tener en cuenta que no se trata de un proyecto minero, se trata ya de una operación minera. La mina empezó a operar en 2019 y su construcción inicial se estimó en US$ 6300 millones, la empresa informa que ha invertido US$ 10 000 millones. La lección que va dejando el caso de Cobre Panamá es bastante clara: por más beneficioso y necesario que sea el desarrollo de una actividad minera para un país, si no se muestran las ventajas de manera objetiva a la población, jamás se tendrá la total seguridad de su continuidad. La minería moderna -como la que informa viene desarrollando Cobre Panamá- está obligada a cumplir elevados estándares de cuidado ambiental. Existen normas propuestas por el propio sector empresarial minero global como es el caso del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM por sus siglas en inglés), la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), la iniciativa de reporte global (GRI) y recientemente enfoque orientado al cuidado del ambiente, al desempeño social y al buen gobierno corporativo de las empresas mineras (ESG), entre otros esfuerzos por desarrollar una minería que forme parte de todo un proceso de desarrollo sostenible. La minería es quizá la actividad industrial más regulada y supervisada en el mundo.
La mina Cobre Panamá es la única operación de gran minería en toda Centroamérica, representa aproximadamente el 1.5% de la producción mundial de cobre y contribuye con un 4.8% del PBI de Panamá, genera empleo directo para 7300 personas e indirecto para unas 40 000 personas y constituye el 75% de las exportaciones de bienes de Panamá. Aportaba US$ 375 millones anuales como impuesto al fisco. La suspensión de esta operación minera tendrá un impacto negativo considerable tanto en la economía local como en el bienestar de los trabajadores y las comunidades.
Ante la orden de cierre de la mina tras el fallo de inconstitucionalidad, la minera canadiense ha estado buscando una solución en el ámbito internacional. Pero al no encontrar respuesta, al parecer ha iniciado el proceso de arbitraje internacional para buscar soluciones ante tribunales internacionales ya que se encuentra en medio de un tratado de libre comercio y protección de inversiones. Este caso podría sentar un precedente importante en el ámbito de las disputas entre corporaciones multinacionales y estados soberanos.
Esperemos la gestión de este conflicto lleve al pueblo panameño a buen puerto. Cada vez cobra mayor vigencia el pensamiento del profesor de la universidad de Harvard, Michael Porter, cuando nos dice: “Empresas y sociedad deben unir sus esfuerzos para obtener un beneficio común”. Humildemente considero que es ese beneficio común, el que no se ha sabido comunicar adecuadamente.
* Ingeniero, ex Congresista de la República y Ex Viceministro de Minas de Perú.
Diciembre 3 de 2023.- Tras 5 días de deliberaciones, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, ha determinado que el Contrato-Ley 406 entre el Estado panameño y la canadiense First Quantum Minerals para operar la mina Cobre Panamá por 20 años, prorrogable para otros 20 años más, es inconstitucional. Esto es un fallo histórico que marca un hecho sin precedentes sobre el que sin duda habrá repercusiones legales y políticas, destacando la compleja relación entre las corporaciones internacionales con la soberanía nacional. Además, con este fallo, se cierra todas las puertas a la minería metálica en momentos que el mundo necesitará más metales para hacer frente al cambio climático.
Intentaremos hacer un análisis desapasionado y objetivo. En este marco, no se puede separar la decisión de la Corte Suprema de Panamá del elevado nivel de protestas por varias semanas en contra de la operación minera. Negar que la presión ciudadana ha influenciado sobre la decisión de la Corte Suprema, sería faltar a la verdad. Esto no quita la posibilidad de alguna irregularidad que se pudiese haber presentado en el manejo de los aspectos contractuales cuando era proyecto minero. La Corte identificó que la mencionada ley violaba 25 artículos de la Constitución de la República de Panamá. Con un adecuado nivel de diálogo entre las partes y comunicación asertiva con la población la situación se hubiese podido resolver dentro de lo estipulado por la ley.
El problema radica en la falta de comunicación o una mala comunicación desde el Estado y desde la empresa hacia la población. Sin una buena comunicación entre las partes la protesta se incrementa como cuando se va formando una bola de nieve. El conflicto social es parte de la naturaleza humana. Un conflicto en sí mismo no es malo, lo malo es no saber gestionar y resolver el conflicto. En América Latina, muchos sectores aun no conciben a la minería como la respuesta a una necesidad global de brindar mejores condiciones de vida a la población mundial. Por poner sólo algunos ejemplos, la rapidez de comunicación inalámbrica, las bondades de los modernos equipos médicos, el transporte marítimo, terrestre y aéreo, etc. no serían posibles sin la minería.
El cobre está siendo considerado como uno de los metales críticos en el proceso de descarbonización de la industria y en general, de la economía global. Panamá tiene cobre, pero la falta de una comunicación objetiva hacia la población, ha generado una protesta masiva sin precedentes por varias semanas, sustentada en la justa preocupación por el cuidado del ambiente con énfasis en el recurso hídrico. Se está llegando a una situación a la que nunca se debió llegar. Nadie niega que se ha optado por una salida basada en la jurisprudencia panameña y a la que se llegó porque no se atendió oportunamente las inquietudes de la población.
Es importante tener en cuenta que no se trata de un proyecto minero, se trata ya de una operación minera. La mina empezó a operar en 2019 y su construcción inicial se estimó en US$ 6300 millones, la empresa informa que ha invertido US$ 10 000 millones. La lección que va dejando el caso de Cobre Panamá es bastante clara: por más beneficioso y necesario que sea el desarrollo de una actividad minera para un país, si no se muestran las ventajas de manera objetiva a la población, jamás se tendrá la total seguridad de su continuidad. La minería moderna -como la que informa viene desarrollando Cobre Panamá- está obligada a cumplir elevados estándares de cuidado ambiental. Existen normas propuestas por el propio sector empresarial minero global como es el caso del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM por sus siglas en inglés), la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), la iniciativa de reporte global (GRI) y recientemente enfoque orientado al cuidado del ambiente, al desempeño social y al buen gobierno corporativo de las empresas mineras (ESG), entre otros esfuerzos por desarrollar una minería que forme parte de todo un proceso de desarrollo sostenible. La minería es quizá la actividad industrial más regulada y supervisada en el mundo.
La mina Cobre Panamá es la única operación de gran minería en toda Centroamérica, representa aproximadamente el 1.5% de la producción mundial de cobre y contribuye con un 4.8% del PBI de Panamá, genera empleo directo para 7300 personas e indirecto para unas 40 000 personas y constituye el 75% de las exportaciones de bienes de Panamá. Aportaba US$ 375 millones anuales como impuesto al fisco. La suspensión de esta operación minera tendrá un impacto negativo considerable tanto en la economía local como en el bienestar de los trabajadores y las comunidades.
Ante la orden de cierre de la mina tras el fallo de inconstitucionalidad, la minera canadiense ha estado buscando una solución en el ámbito internacional. Pero al no encontrar respuesta, al parecer ha iniciado el proceso de arbitraje internacional para buscar soluciones ante tribunales internacionales ya que se encuentra en medio de un tratado de libre comercio y protección de inversiones. Este caso podría sentar un precedente importante en el ámbito de las disputas entre corporaciones multinacionales y estados soberanos.
Esperemos la gestión de este conflicto lleve al pueblo panameño a buen puerto. Cada vez cobra mayor vigencia el pensamiento del profesor de la universidad de Harvard, Michael Porter, cuando nos dice: “Empresas y sociedad deben unir sus esfuerzos para obtener un beneficio común”. Humildemente considero que es ese beneficio común, el que no se ha sabido comunicar adecuadamente.
* Ingeniero, ex Congresista de la República y Ex Viceministro de Minas de Perú.
Diciembre 2023: Una nueva oportunidad
para el sector minero ecuatoriano
Noviembre 26 de 2023.- Cuando parecía que el sector minero caía arrastrado por la crisis que genera la inseguridad y la falta de un proyecto político que nos permita avanzar hacia una sociedad democrática y socialmente más justa, las estrellas se alinean y ofrecen una nueva oportunidad -tal vez la última-, de hacer de la minería una herramienta para el bienestar nacional.
Imposible de aspirar a tener certezas en esta época de grandes incertidumbres. Los obstáculos tienen una dinámica que complica la batalla por ganar la mente y el corazón de los ecuatorianos que buscan un sistema mejor que dé oportunidades a las futuras generaciones, pero no cabe duda que una vez que se supere lo peor de la problemática nacional y mundial, incluídos El Niño, las nuevas elecciones, el poder del narcotráfico y la recesión mundial, vendrá una demanda inmensa de metales que debe ser entendida como una nueva oportunidad.
Es una oportunidad también para las mujeres. En un sector donde hasta ahora las diferencias se han solucionado a través de vías tradicionalmente masculinas, la grandeza emocional y superioridad intelectual tienen por delante una encrucijada en la que el fracaso no es una opción.
Dicho de otro modo, la minería puede ser el motor de la economía pero está en el centro de toda la discusión política.
Desde el sector estatal, no se han generado mensajes claros y desde el sector empresarial, hay inexperiencia, nerviosismo y falta de seriedad para evitar que los conflictos sociales paralicen al sector. Faltan también recursos para poner en valor el potencial geológico y he ahí una nueva oportunidad para encontrar los mecanismos que permitan transformar los casi cien proyectos mineros en operaciones que multipliquen su valor en la economía y la sociedad ecuatoriana.
Hay también confianza en la gestión que pueda hacer la señora Andrea Arrobo. Sin eludir los problemas, los líderes del sector nos dan sus opiniones sobre lo que se espera de ella y su equipo.
Imposible de aspirar a tener certezas en esta época de grandes incertidumbres. Los obstáculos tienen una dinámica que complica la batalla por ganar la mente y el corazón de los ecuatorianos que buscan un sistema mejor que dé oportunidades a las futuras generaciones, pero no cabe duda que una vez que se supere lo peor de la problemática nacional y mundial, incluídos El Niño, las nuevas elecciones, el poder del narcotráfico y la recesión mundial, vendrá una demanda inmensa de metales que debe ser entendida como una nueva oportunidad.
Es una oportunidad también para las mujeres. En un sector donde hasta ahora las diferencias se han solucionado a través de vías tradicionalmente masculinas, la grandeza emocional y superioridad intelectual tienen por delante una encrucijada en la que el fracaso no es una opción.
Dicho de otro modo, la minería puede ser el motor de la economía pero está en el centro de toda la discusión política.
Desde el sector estatal, no se han generado mensajes claros y desde el sector empresarial, hay inexperiencia, nerviosismo y falta de seriedad para evitar que los conflictos sociales paralicen al sector. Faltan también recursos para poner en valor el potencial geológico y he ahí una nueva oportunidad para encontrar los mecanismos que permitan transformar los casi cien proyectos mineros en operaciones que multipliquen su valor en la economía y la sociedad ecuatoriana.
Hay también confianza en la gestión que pueda hacer la señora Andrea Arrobo. Sin eludir los problemas, los líderes del sector nos dan sus opiniones sobre lo que se espera de ella y su equipo.
“Confiamos plenamente en que la gestión del presidente Daniel Noboa y su equipo estará guiada por el compromiso con el bienestar de nuestra nación y de cada ecuatoriano”, dice de entrada la presidenta de la Cámara de Minería de Ecuador, Carolina Orozco.
“Como parte de la industria minera, queremos reafirmar nuestro compromiso con el país y ofrecer nuestra colaboración. Reconocemos que la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible del entorno y las comunidades son objetivos compartidos, y estamos dispuestos a trabajar conjuntamente para avanzar en esta dirección”, agrega.
Desde su visión, son cinco los ejes prioritarios que demandan atención inmediata. En primer lugar, afirma, abogamos por una política minera integral que permee en todo el territorio ecuatoriano y a todo nivel de gobierno, que considere no solo los aspectos económicos sino también los ambientales y sociales, asegurando un desarrollo equilibrado. El diálogo abierto con todos los actores involucrados del Ejecutivo es crucial para alcanzar consensos y garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo, así como la lucha conjunta contra la extracción ilegal de minerales.
"La necesidad inmediata de una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada es un vacío que urge abordar. Necesitamos un marco legal que garantice la participación consciente de las comunidades en decisiones que puedan afectar su entorno. La seguridad física en los territorios mineros es un tema primordial que exige medidas para salvaguardar la integridad de todos", indica.
"La implementación de la consulta ambiental es otra urgencia inmediata. Es imperativo que tras el último fallo de la CC a este respecto, que retome la entrega de Licencias y Registros ambientales hasta que la Asamblea expida la Ley Orgánica, resolver estos impasses significa reactivar la economía y generar empleo digno. La agilización de los procesos de consulta es esencial para desbloquear proyectos que benefician a la sociedad. El Ministerio del Ambiente debe disponer el reinicio inmediato de procesos suspendidos y colaborar con la Asamblea Nacional para la aprobación de la Ley Orgánica de esta materia.
La seguridad jurídica es un pilar esencial para atraer inversiones y fomentar el crecimiento económico. Solicitamos al Gobierno un marco legal claro y propicio para nuestras actividades. La certeza legal no solo beneficia a la industria, sino al progreso del país", remarca.
La presidenta de la CME confía en que el Ministerio de Energía y Minas así como el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica trabajarán para lograr un equilibrio entre desarrollo económico y preservación ambiental, promoviendo las actividades legales como parte de la lucha contra la minería ilegal, regularizando los proyectos para que puedan generar empleo e inversión al país, generando políticas que coloquen al Ecuador nuevamente como primera opción de los principales inversionistas internacionales y de empresas mineras con los mejores estándares.
“Estamos dispuestos a contribuir activamente a este esfuerzo conjunto por un Ecuador más próspero y sostenible. Además, subrayamos la importancia de considerar la apertura del catastro minero como eje fundamental en esta labor. Depositamos nuestra confianza en que el presidente Noboa y su equipo impulsarán mensajes positivos sobre el avance de la industria minera responsable, como lo han venido haciendo, propiciando el desarrollo de esta industria”, afirma Carolina Orozco.
Y concluye destacando que "Ecuador alberga el potencial de posicionarse como el próximo destino minero a nivel mundial, y es esencial trabajar de manera colaborativa para alcanzar un equilibrio armonioso entre el progreso económico, la conservación del medio ambiente y el desarrollo de nuestras comunidades.”
“Como parte de la industria minera, queremos reafirmar nuestro compromiso con el país y ofrecer nuestra colaboración. Reconocemos que la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible del entorno y las comunidades son objetivos compartidos, y estamos dispuestos a trabajar conjuntamente para avanzar en esta dirección”, agrega.
Desde su visión, son cinco los ejes prioritarios que demandan atención inmediata. En primer lugar, afirma, abogamos por una política minera integral que permee en todo el territorio ecuatoriano y a todo nivel de gobierno, que considere no solo los aspectos económicos sino también los ambientales y sociales, asegurando un desarrollo equilibrado. El diálogo abierto con todos los actores involucrados del Ejecutivo es crucial para alcanzar consensos y garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo, así como la lucha conjunta contra la extracción ilegal de minerales.
"La necesidad inmediata de una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada es un vacío que urge abordar. Necesitamos un marco legal que garantice la participación consciente de las comunidades en decisiones que puedan afectar su entorno. La seguridad física en los territorios mineros es un tema primordial que exige medidas para salvaguardar la integridad de todos", indica.
"La implementación de la consulta ambiental es otra urgencia inmediata. Es imperativo que tras el último fallo de la CC a este respecto, que retome la entrega de Licencias y Registros ambientales hasta que la Asamblea expida la Ley Orgánica, resolver estos impasses significa reactivar la economía y generar empleo digno. La agilización de los procesos de consulta es esencial para desbloquear proyectos que benefician a la sociedad. El Ministerio del Ambiente debe disponer el reinicio inmediato de procesos suspendidos y colaborar con la Asamblea Nacional para la aprobación de la Ley Orgánica de esta materia.
La seguridad jurídica es un pilar esencial para atraer inversiones y fomentar el crecimiento económico. Solicitamos al Gobierno un marco legal claro y propicio para nuestras actividades. La certeza legal no solo beneficia a la industria, sino al progreso del país", remarca.
La presidenta de la CME confía en que el Ministerio de Energía y Minas así como el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica trabajarán para lograr un equilibrio entre desarrollo económico y preservación ambiental, promoviendo las actividades legales como parte de la lucha contra la minería ilegal, regularizando los proyectos para que puedan generar empleo e inversión al país, generando políticas que coloquen al Ecuador nuevamente como primera opción de los principales inversionistas internacionales y de empresas mineras con los mejores estándares.
“Estamos dispuestos a contribuir activamente a este esfuerzo conjunto por un Ecuador más próspero y sostenible. Además, subrayamos la importancia de considerar la apertura del catastro minero como eje fundamental en esta labor. Depositamos nuestra confianza en que el presidente Noboa y su equipo impulsarán mensajes positivos sobre el avance de la industria minera responsable, como lo han venido haciendo, propiciando el desarrollo de esta industria”, afirma Carolina Orozco.
Y concluye destacando que "Ecuador alberga el potencial de posicionarse como el próximo destino minero a nivel mundial, y es esencial trabajar de manera colaborativa para alcanzar un equilibrio armonioso entre el progreso económico, la conservación del medio ambiente y el desarrollo de nuestras comunidades.”
Mauricio Núñez, vicepresidente de Ecuacorriente, operadora de la mina Mirador, la primera operación de cobre a gran escala del país, sugiere lo siguiente: “Primero: Control permanente y efectivo en contra de la minería ilegal, que son quienes en realidad provocan serios daños al medio ambiente, a la naturaleza y a las comunidades.
Segundo: Fortalecer en número y capacidades al personal del Ministerio de Energía y Minas, pues la carga de trabajo y su complejidad sobrepasa al personal actual, no es suficiente.
Tercero: Agilitar todos los trámites y procedimientos pendientes, hay trámites represados desde hace un año.
Cuarto: Poner especial atención a los proyectos de primera y segunda generación, pues mientras más pronto entren en funcionamiento más pronto generarán beneficios para el Estado.
Quinto: Gestionar una reforma legal para la eliminación del informe de sostenibilidad fiscal que debe emitir el Ministerio de Finanzas que para los proyectos se demora mínimo ocho meses y retrasan la firma de contratos con el Estado.
Y sexto: Gestionar la Ley de Consulta Previa y de Consulta Ambiental.
En modo más reflexivo por los años que lleva caminando por todos los depósitos mineros del país, el ex viceministro de Minas, Reinaldo Reyes, considera que la industria minera atraviesa por una crisis de inversión y de seguridad a nivel de Latinoamérica, pues países muy atractivos para la inversión como Panamá, Argentina, Perú y Chile son ejemplos de la complejidad de los nuevos problemas que debe encarar el sector.
“Es aquí que el nuevo Gobierno de Daniel Noboa debe cambiar la perspectiva de Ecuador. A nivel local, la falta de institucionalidad y liderazgo de los administradores de la política minera, han llevado al país a caer en una grave crisis de resentimiento social por desinformación, falta de seguridad física en donde la minería ilegal se ha convertido en un gran negocio para grupos irregulares, la falta de insumos y el contrabando de explosivos está matando a la pequeña minería y frenando a la gran minería, entre otros factores”, enfatiza.
“La falta de la Ley de Consulta Ambiental y Consulta Previa Libre e Informada tienen amordazada a la industria y a los nuevos proyectos listos para producir”, continúa.
Reyes cree que es tiempo de rescatar proyectos listos para minar como Llurimagua, Río Blanco y San Carlos Panantza para incrementar las reservas mineras a exportar.
“El sector minero espera del gobierno por lo menos, que aceleren los permisos dentro de los ministerios implicados, a través de declarar a los proyectos mineros de Interés Público, como lo está haciendo Europa, para lograrlo hay que reinstalar las mesas de trabajo con vigilancia del Ejecutivo para evitar desvíos ideológicos y ambientalistas que entorpecen la toma de decisiones en los funcionarios de gobierno”, opina.
Y recomienda que contar con un ministerio de Minas, que pueda supervisar la Agencia de Regulación y Control para que realice una efectivo control de la fuga de exportaciones mineras a todo nivel, es una de las estrategias para incrementar las exportaciones, mejorar los sistemas de transporte de mineral con sistemas modernos y de embarque en buques al granel en los puertos. Es urgente, opina, construir la infraestructura vial y de puertos que se requieran vía concesión e incentivar la seguridad energética a través de la autogeneración eléctrica.
Segundo: Fortalecer en número y capacidades al personal del Ministerio de Energía y Minas, pues la carga de trabajo y su complejidad sobrepasa al personal actual, no es suficiente.
Tercero: Agilitar todos los trámites y procedimientos pendientes, hay trámites represados desde hace un año.
Cuarto: Poner especial atención a los proyectos de primera y segunda generación, pues mientras más pronto entren en funcionamiento más pronto generarán beneficios para el Estado.
Quinto: Gestionar una reforma legal para la eliminación del informe de sostenibilidad fiscal que debe emitir el Ministerio de Finanzas que para los proyectos se demora mínimo ocho meses y retrasan la firma de contratos con el Estado.
Y sexto: Gestionar la Ley de Consulta Previa y de Consulta Ambiental.
En modo más reflexivo por los años que lleva caminando por todos los depósitos mineros del país, el ex viceministro de Minas, Reinaldo Reyes, considera que la industria minera atraviesa por una crisis de inversión y de seguridad a nivel de Latinoamérica, pues países muy atractivos para la inversión como Panamá, Argentina, Perú y Chile son ejemplos de la complejidad de los nuevos problemas que debe encarar el sector.
“Es aquí que el nuevo Gobierno de Daniel Noboa debe cambiar la perspectiva de Ecuador. A nivel local, la falta de institucionalidad y liderazgo de los administradores de la política minera, han llevado al país a caer en una grave crisis de resentimiento social por desinformación, falta de seguridad física en donde la minería ilegal se ha convertido en un gran negocio para grupos irregulares, la falta de insumos y el contrabando de explosivos está matando a la pequeña minería y frenando a la gran minería, entre otros factores”, enfatiza.
“La falta de la Ley de Consulta Ambiental y Consulta Previa Libre e Informada tienen amordazada a la industria y a los nuevos proyectos listos para producir”, continúa.
Reyes cree que es tiempo de rescatar proyectos listos para minar como Llurimagua, Río Blanco y San Carlos Panantza para incrementar las reservas mineras a exportar.
“El sector minero espera del gobierno por lo menos, que aceleren los permisos dentro de los ministerios implicados, a través de declarar a los proyectos mineros de Interés Público, como lo está haciendo Europa, para lograrlo hay que reinstalar las mesas de trabajo con vigilancia del Ejecutivo para evitar desvíos ideológicos y ambientalistas que entorpecen la toma de decisiones en los funcionarios de gobierno”, opina.
Y recomienda que contar con un ministerio de Minas, que pueda supervisar la Agencia de Regulación y Control para que realice una efectivo control de la fuga de exportaciones mineras a todo nivel, es una de las estrategias para incrementar las exportaciones, mejorar los sistemas de transporte de mineral con sistemas modernos y de embarque en buques al granel en los puertos. Es urgente, opina, construir la infraestructura vial y de puertos que se requieran vía concesión e incentivar la seguridad energética a través de la autogeneración eléctrica.
Casi en el mismo sentido, el ingeniero Santiago Yépez, reconocido consultor minero, detalla tres acciones que considera de vital importancia para el resurgimiento de la actividad minera industrial en el país:
En primer lugar, hay que gestionar el reinicio y conclusión de los procesos de obtención de las licencias ambientales de los proyectos próximos a construcción, lo cual dará certeza al inversionista minero de que es posible desarrollar proyectos de largo plazo en el Ecuador. Esto también viabilizará una importante inversión extranjera que se ha estancado por la falta de seguridad jurídica y falta de certeza dentro del proceso de consulta ambiental y posterior obtención de las licencias correspondientes.
Hay que gestionar la elaboración y aprobación pronta de un correcto proyecto de ley de consulta ambiental, que se encuentre acorde a los requerimientos de la industria y que al mismo tiempo cumpla con lo solicitado por la Corte Constitucional en su mandato respecto a la inconstitucionalidad del decreto 754. Este proyecto de ley deberá ser aprobado en el corto plazo, y así poder otorgar certeza a varias industrias, no solamente a la minera, que requieren avanzar con sus procesos de licenciamiento ambiental.
Y en tercer lugar, afirma Yépez, hay que presentar a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica de consulta previa, el cual debe encontrarse acorde a la normativa internacional y el convenio 169 de la OIT, lo cual permitirá dar claridad tanto a las empresas del sector minero, como a las autoridades de la función judicial y constitucional, con lo cual se eliminará la discrecionalidad y posterior detenimiento de proyectos fundamentado en la falta de cumplimiento de esta obligación que le corresponde al Estado.
“Estas tres actividades esenciales deberán contar con el apoyo y gestión de las máximas autoridades, a fin de que su cumplimiento resulte óptimo y oportuno. El permanente control a la actividad minera ilegal, es sin duda de trascendental importancia dentro de las actividades del Ministerio del ramo,” remarca.
En primer lugar, hay que gestionar el reinicio y conclusión de los procesos de obtención de las licencias ambientales de los proyectos próximos a construcción, lo cual dará certeza al inversionista minero de que es posible desarrollar proyectos de largo plazo en el Ecuador. Esto también viabilizará una importante inversión extranjera que se ha estancado por la falta de seguridad jurídica y falta de certeza dentro del proceso de consulta ambiental y posterior obtención de las licencias correspondientes.
Hay que gestionar la elaboración y aprobación pronta de un correcto proyecto de ley de consulta ambiental, que se encuentre acorde a los requerimientos de la industria y que al mismo tiempo cumpla con lo solicitado por la Corte Constitucional en su mandato respecto a la inconstitucionalidad del decreto 754. Este proyecto de ley deberá ser aprobado en el corto plazo, y así poder otorgar certeza a varias industrias, no solamente a la minera, que requieren avanzar con sus procesos de licenciamiento ambiental.
Y en tercer lugar, afirma Yépez, hay que presentar a la Asamblea Nacional el proyecto de ley orgánica de consulta previa, el cual debe encontrarse acorde a la normativa internacional y el convenio 169 de la OIT, lo cual permitirá dar claridad tanto a las empresas del sector minero, como a las autoridades de la función judicial y constitucional, con lo cual se eliminará la discrecionalidad y posterior detenimiento de proyectos fundamentado en la falta de cumplimiento de esta obligación que le corresponde al Estado.
“Estas tres actividades esenciales deberán contar con el apoyo y gestión de las máximas autoridades, a fin de que su cumplimiento resulte óptimo y oportuno. El permanente control a la actividad minera ilegal, es sin duda de trascendental importancia dentro de las actividades del Ministerio del ramo,” remarca.
Dos profesionales de la geología, tienen su propio listado de prioridades. El geólogo Edgar Salazar puntualiza como urgente la solución del conflicto Enami-Codelco, sobre el proyecto “Llurimagua; el desbloqueo del procedimiento para las Consultas Ambientales en la Corte Constitucional, la Asamblea Nacional y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y la apertura del Catastro Minero.
“Sin esbozar por ahora un criterio más explícito y detallado, si el señor presidente Noboa logra una solución a estos tres puntos, será suficiente logro para la industria minera formal, legal,” expresa.
Por su parte el geólogo y MBA Carlos Moncayo, como parte integrante del gremio de profesionales dedicados a la exploración geológica y explotación minera, esboza de manera general sus recomendaciones de lo que se debería tomar en cuenta por la nueva autoridad.
“El tiempo de acción de este gobierno y autoridades del ramo es en verdad efímero pero lo importante es empezar, dar el primer paso, trazar la ruta y delinear el largo tramo y tiempo que significará alcanzar este objetivo que en pocas palabras se traduce como el logro de una minería responsable, circular, transparente generadora de riqueza y trabajo y responsable con el medio ambiente”, sostiene, antes de enumerar sus recomendaciones:
Para empezar, debe lograrse que las instituciones que tienen que ver con la generación, control, desarrollo, promoción y ejecución de programas y planes de desarrollo y actividad geológico minera en el Ecuador estén dirigidas por profesionales del ramo de la geología/minería que tengan la experiencia requerida en la empresa privada en los temas de diseño, planificación, supervisión, desarrollo e inversión de proyectos mineros. Y que, además, se tome en consideración el pensamiento y experiencia de entes vinculados a la actividad como lo son la cámara de minería, colegios de ingenieros, y empresa privada -que actualmente genera réditos al estado ecuatoriano- en cuanto a la creación leyes, reglamentos, normativas, procedimientos, acuerdos, modelos económicos de participación minera estado - empresa privada, estrategias de desarrollo minero, etc.
Es preciso que se transparente el proceso de reapertura del catastro minero para que se despierte y retorne la confianza e interés de la inversión privada externa y una vez saneado este tema se pueda dinamizar la inversión y desarrollo de la actividad de exploración / explotación geológico minera en el Ecuador.
También que el gobierno garantice, avale, proteja los derechos adquiridos como titulares mineros y exija también el cumplimiento de las obligaciones de los mismos.
Es necesario que el estado ecuatoriano y su andamiaje legal administrativo actúe de manera radical y ejemplarizadora contra la minería ilegal sea esta tanto al interior de concesiones mineras legalmente entregadas, así como en zonas protegidas o en áreas de sensibilidad ambiental definidas / reconocidas.
Finalmente, considera el ingeniero Moncayo, es bueno que aquellos proyectos mineros que se consideren como estratégicos para el desarrollo de la economía nacional que actualmente se encuentren en fases de exploración avanzada, estudios de pre y factibilidad económica reciban del estado ecuatoriano la atención, protección y motivación necesaria para su desarrollo y que se precautele al máximo los intereses del estado en cuanto a temas de participación económica, tributación, cuidado y protección ambiental.”
Respecto a los requerimientos del sector al nuevo gobierno, el ingeniero Paul Briones, de HP Drillingservices, una de las empresas que más metros ha perforado en busca de las riquezas que esconde el subsuelo ecuatoriano, resalta que es necesario, en primer lugar, seguridad para poder trasladarnos y trabajar con tranquilidad tanto en los viajes como en las zonas mismas de los proyectos, donde por varias ocasiones hemos sido presa de activistas antimineros y sufrido ataques sin que exista ninguna acción en defensa por parte del estado para quienes hacemos minería responsable y generamos trabajo.
Un segundo tema a abordarse por las autoridades es el de la agilidad y celeridad en los trámites y emisiones de licencias/permisos y concesiones “ya que por la tardanza de estas hemos visto marcharse del país a importantes empresas internacionales que cumplen con los más altos estándares de seguridad y cuidado del ambiente, además de ser generadoras de desarrollo, lo cual ha afectado a la economía de muchos hogares y a dado espacio para que los grupos en contra de la minería legal y con otros interese ocultos se fortalezcan”, precisa.
“Para un avance en el Ecuador de una Minería responsable en términos del cuidado con el medio ambiente, la seguridad para sus trabajadores y el desarrollo de las operaciones mineras, deben determinarse políticas públicas modernas con estándares internacionales y buenas prácticas industriales, que permitan a las empresas mineras de pequeña y mediana escala, subir en su tecnificación acorde a métodos actuales del cuidado al ambiente, Sistemas de explotación y Sistemas de Fortificación minera, que les permita una mayor seguridad y productividad en las operaciones mineras”, nos confía un ejecutivo de Ideal Alambrec, una de las firmas proveedoras más importantes del sector.
“Sin esbozar por ahora un criterio más explícito y detallado, si el señor presidente Noboa logra una solución a estos tres puntos, será suficiente logro para la industria minera formal, legal,” expresa.
Por su parte el geólogo y MBA Carlos Moncayo, como parte integrante del gremio de profesionales dedicados a la exploración geológica y explotación minera, esboza de manera general sus recomendaciones de lo que se debería tomar en cuenta por la nueva autoridad.
“El tiempo de acción de este gobierno y autoridades del ramo es en verdad efímero pero lo importante es empezar, dar el primer paso, trazar la ruta y delinear el largo tramo y tiempo que significará alcanzar este objetivo que en pocas palabras se traduce como el logro de una minería responsable, circular, transparente generadora de riqueza y trabajo y responsable con el medio ambiente”, sostiene, antes de enumerar sus recomendaciones:
Para empezar, debe lograrse que las instituciones que tienen que ver con la generación, control, desarrollo, promoción y ejecución de programas y planes de desarrollo y actividad geológico minera en el Ecuador estén dirigidas por profesionales del ramo de la geología/minería que tengan la experiencia requerida en la empresa privada en los temas de diseño, planificación, supervisión, desarrollo e inversión de proyectos mineros. Y que, además, se tome en consideración el pensamiento y experiencia de entes vinculados a la actividad como lo son la cámara de minería, colegios de ingenieros, y empresa privada -que actualmente genera réditos al estado ecuatoriano- en cuanto a la creación leyes, reglamentos, normativas, procedimientos, acuerdos, modelos económicos de participación minera estado - empresa privada, estrategias de desarrollo minero, etc.
Es preciso que se transparente el proceso de reapertura del catastro minero para que se despierte y retorne la confianza e interés de la inversión privada externa y una vez saneado este tema se pueda dinamizar la inversión y desarrollo de la actividad de exploración / explotación geológico minera en el Ecuador.
También que el gobierno garantice, avale, proteja los derechos adquiridos como titulares mineros y exija también el cumplimiento de las obligaciones de los mismos.
Es necesario que el estado ecuatoriano y su andamiaje legal administrativo actúe de manera radical y ejemplarizadora contra la minería ilegal sea esta tanto al interior de concesiones mineras legalmente entregadas, así como en zonas protegidas o en áreas de sensibilidad ambiental definidas / reconocidas.
Finalmente, considera el ingeniero Moncayo, es bueno que aquellos proyectos mineros que se consideren como estratégicos para el desarrollo de la economía nacional que actualmente se encuentren en fases de exploración avanzada, estudios de pre y factibilidad económica reciban del estado ecuatoriano la atención, protección y motivación necesaria para su desarrollo y que se precautele al máximo los intereses del estado en cuanto a temas de participación económica, tributación, cuidado y protección ambiental.”
Respecto a los requerimientos del sector al nuevo gobierno, el ingeniero Paul Briones, de HP Drillingservices, una de las empresas que más metros ha perforado en busca de las riquezas que esconde el subsuelo ecuatoriano, resalta que es necesario, en primer lugar, seguridad para poder trasladarnos y trabajar con tranquilidad tanto en los viajes como en las zonas mismas de los proyectos, donde por varias ocasiones hemos sido presa de activistas antimineros y sufrido ataques sin que exista ninguna acción en defensa por parte del estado para quienes hacemos minería responsable y generamos trabajo.
Un segundo tema a abordarse por las autoridades es el de la agilidad y celeridad en los trámites y emisiones de licencias/permisos y concesiones “ya que por la tardanza de estas hemos visto marcharse del país a importantes empresas internacionales que cumplen con los más altos estándares de seguridad y cuidado del ambiente, además de ser generadoras de desarrollo, lo cual ha afectado a la economía de muchos hogares y a dado espacio para que los grupos en contra de la minería legal y con otros interese ocultos se fortalezcan”, precisa.
“Para un avance en el Ecuador de una Minería responsable en términos del cuidado con el medio ambiente, la seguridad para sus trabajadores y el desarrollo de las operaciones mineras, deben determinarse políticas públicas modernas con estándares internacionales y buenas prácticas industriales, que permitan a las empresas mineras de pequeña y mediana escala, subir en su tecnificación acorde a métodos actuales del cuidado al ambiente, Sistemas de explotación y Sistemas de Fortificación minera, que les permita una mayor seguridad y productividad en las operaciones mineras”, nos confía un ejecutivo de Ideal Alambrec, una de las firmas proveedoras más importantes del sector.
El doctor Stevie Gamboa Valladares, abogado de recursos naturales y parte del elenco estable de comentaristas en casi todos los eventos mineros, enarbola la esperanza como principio de conducta.
“Un nuevo Gobierno representa una nueva oportunidad para fortalecer al sector minero. La gestión saliente no logró plasmar sus iniciativas en el territorio por varias razones, probablemente la falta de institucionalidad por no contar con un ministerio propio y la falta de especialidad en la Agencia de Control, fueron parte de los motivos. Pero también existieron factores externos a la gestión del Ministerio de Energía y Minas, tales como la actividad prejuiciosa de la Corte Constitucional con múltiples sentencias contradictorias, así como la agenda propia del Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica, que en varias ocasiones utilizó la creación de áreas de protección hídricas -entre otras- para restringir las zonas que pudieran ser susceptibles al otorgamiento de concesiones para actividades exploratorias”, afirma.
Considera que la ministra Arrobo, se enfrentará en el sector minero a tres desafíos principales durante su administración: Uno, combatir la minería ilegal mediante una estrategia integral, eso debe incluir la activación permanente de la Cecmi para contar con inteligencia militar y policial, que permita defender los frentes de pequeña minería que se encuentran permanentemente invadidos en diferentes distritos mineros. Así como implementar herramientas tecnológicas para impedir la exportación de oro mediante certificados de origen emitidos por la Agencia de Control mediante funcionarios vinculados a la corrupción.
Dos: Implementar una defensa eficiente en todos los procesos legales ante las instancias judiciales y ante la Corte Constitucional, para lo que se deberá fortalecer al área legal del Ministerio con suficientes recursos humanos, económicos y administrativos, para impedir la proliferación de sentencias irregulares -de esas creativas acciones de protección- que se logran por activistas políticos en diferentes territorios como parte de su agenda anti-desarrollo.
Y tres: Promover un control técnico ágil y permanente, a través de una Agencia competente y moderna. No es posible que la revisión de los informes de exploración, inversión y/o producción se continúe realizando con años de retraso por insuficiencia de funcionarios. Así como tampoco es aceptable que los registros de derechos mineros, informes para contratos de operación y demás gestiones se demoren varios meses -incluso años- para unos usuarios y apenas unos pocos días para otros “afortunados”.
“He dejado por fuera la reactivación del catastro minero, pues aquello requiere de una agenda independiente que permita contar con procesos transparentes, a través de mecanismos soportados en el uso de tecnología que permita contar con una catastro seguro, accesible, actualizado y que cumpla con proporcionar toda la información que le exige la Ley de Minería. Algo que bajo la sombra de ciertos exfuncionarios nefastos no será posible lograr.
Si bien es cierto que estas soluciones requieren de la asignación de recursos económicos, algo que nos han indicado no hay disponible, es imperativo recordar que el sector minero aporta cientos de millones de dólares en pagos de tributos, atrae miles de millones en inversión extrajera y aporta exportaciones que superan casi a todos los exportables del Ecuador,” expresa.
“Un nuevo Gobierno representa una nueva oportunidad para fortalecer al sector minero. La gestión saliente no logró plasmar sus iniciativas en el territorio por varias razones, probablemente la falta de institucionalidad por no contar con un ministerio propio y la falta de especialidad en la Agencia de Control, fueron parte de los motivos. Pero también existieron factores externos a la gestión del Ministerio de Energía y Minas, tales como la actividad prejuiciosa de la Corte Constitucional con múltiples sentencias contradictorias, así como la agenda propia del Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica, que en varias ocasiones utilizó la creación de áreas de protección hídricas -entre otras- para restringir las zonas que pudieran ser susceptibles al otorgamiento de concesiones para actividades exploratorias”, afirma.
Considera que la ministra Arrobo, se enfrentará en el sector minero a tres desafíos principales durante su administración: Uno, combatir la minería ilegal mediante una estrategia integral, eso debe incluir la activación permanente de la Cecmi para contar con inteligencia militar y policial, que permita defender los frentes de pequeña minería que se encuentran permanentemente invadidos en diferentes distritos mineros. Así como implementar herramientas tecnológicas para impedir la exportación de oro mediante certificados de origen emitidos por la Agencia de Control mediante funcionarios vinculados a la corrupción.
Dos: Implementar una defensa eficiente en todos los procesos legales ante las instancias judiciales y ante la Corte Constitucional, para lo que se deberá fortalecer al área legal del Ministerio con suficientes recursos humanos, económicos y administrativos, para impedir la proliferación de sentencias irregulares -de esas creativas acciones de protección- que se logran por activistas políticos en diferentes territorios como parte de su agenda anti-desarrollo.
Y tres: Promover un control técnico ágil y permanente, a través de una Agencia competente y moderna. No es posible que la revisión de los informes de exploración, inversión y/o producción se continúe realizando con años de retraso por insuficiencia de funcionarios. Así como tampoco es aceptable que los registros de derechos mineros, informes para contratos de operación y demás gestiones se demoren varios meses -incluso años- para unos usuarios y apenas unos pocos días para otros “afortunados”.
“He dejado por fuera la reactivación del catastro minero, pues aquello requiere de una agenda independiente que permita contar con procesos transparentes, a través de mecanismos soportados en el uso de tecnología que permita contar con una catastro seguro, accesible, actualizado y que cumpla con proporcionar toda la información que le exige la Ley de Minería. Algo que bajo la sombra de ciertos exfuncionarios nefastos no será posible lograr.
Si bien es cierto que estas soluciones requieren de la asignación de recursos económicos, algo que nos han indicado no hay disponible, es imperativo recordar que el sector minero aporta cientos de millones de dólares en pagos de tributos, atrae miles de millones en inversión extrajera y aporta exportaciones que superan casi a todos los exportables del Ecuador,” expresa.
LEONARDO BENAVIDES, director de CIMA, UPTL.
El directivo de la entidad de capacitación esboza sus propuestas en tres niveles.
“Intervenciones de carácter prioritario:
1.Fortalecer la capacidad institucional: Mejorar la capacidad de las instituciones encargadas de regular y supervisar el sector minero, asegurando que cuenten con los recursos y la experiencia necesarios para desempeñar su labor de manera efectiva.
En este punto, destaco, volver a crear el ministerio de minas y su agencia de control y regulación exclusiva para minería, con los fondos, capacidades, recursos, tecnología y personal que permitan implementar las políticas públicas mineras y realizar un control y regulación efectivos del sector.
2.Aperturar el catastro minero para promover la exploración minera en el país, y con ello la inversión nacional y extranjera, con transparencia, insumos tecnológicos, y seguridad técnico jurídica.
Intervenciones de carácter urgente:
1.Los proyectos mineros y la actividad o industria minera, requieren de una resolución favorable de la Corte Constitucional para continuar con otorgamiento de licencias ambientales; grandes cantidades en inversión nacional y extranjera y miles de nuevos empleos dependen de esto. La demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 754, contiene o retrasa la emisión de licencias ambientales y, con ello, más de 176 proyectos de distintos sectores.
2.El control de la minería ilegal en diversos sectores del país.
3.Apertura del catastro minero.
Intervenciones de fondo:
1.La poca, nula o inexistente distribución de los beneficios de la minería en los territorios, genera un prejuicio hacia la actividad. Se debe gestionar otro modelo de distribución de los recursos para que las regalías mineras se inviertan efectivamente de acuerdo a la ley en un 60% en las comunidades de la zona de influencia, tal vez un modelo parecido al peruano, donde los gobiernos locales son los que reciben directamente los beneficios sea la respuesta y solución.
2.Solucionar la falta de respuesta del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica ante cientos de estudios ambientales, auditorías, informes vinculantes, informes administrativos, etc., en definitiva, no existe capacidad ni especialidad en ese ente para enfrentar, revisar y responder a la actividad minera en todas sus fases y regímenes.
3.Es necesario impulsar procesos de fortalecimiento y ordenamiento de la pequeña y mediana minería, brindando apoyo técnico, capacitación y acceso a financiamiento. Esto contribuirá a mejorar las condiciones laborales, desarrollo económico local, encadenamiento productivo, empleo y evitar la minería ilegal.
4.Inclusión de la minería como parte del contenido de las materias en las escuelas o principalmente en los colegios, es importante crear una conciencia minera junto con una conciencia ambiental y social. La actividad minera debe verse como cualquier otra actividad generadora de empleo, oportunidades y desarrollo.
5.Implementar como en otros países un fondo de apoyo al desarrollo minero mediante la capacitación, entrenamiento y asistencia técnica especializada.
El directivo de la entidad de capacitación esboza sus propuestas en tres niveles.
“Intervenciones de carácter prioritario:
1.Fortalecer la capacidad institucional: Mejorar la capacidad de las instituciones encargadas de regular y supervisar el sector minero, asegurando que cuenten con los recursos y la experiencia necesarios para desempeñar su labor de manera efectiva.
En este punto, destaco, volver a crear el ministerio de minas y su agencia de control y regulación exclusiva para minería, con los fondos, capacidades, recursos, tecnología y personal que permitan implementar las políticas públicas mineras y realizar un control y regulación efectivos del sector.
2.Aperturar el catastro minero para promover la exploración minera en el país, y con ello la inversión nacional y extranjera, con transparencia, insumos tecnológicos, y seguridad técnico jurídica.
Intervenciones de carácter urgente:
1.Los proyectos mineros y la actividad o industria minera, requieren de una resolución favorable de la Corte Constitucional para continuar con otorgamiento de licencias ambientales; grandes cantidades en inversión nacional y extranjera y miles de nuevos empleos dependen de esto. La demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 754, contiene o retrasa la emisión de licencias ambientales y, con ello, más de 176 proyectos de distintos sectores.
2.El control de la minería ilegal en diversos sectores del país.
3.Apertura del catastro minero.
Intervenciones de fondo:
1.La poca, nula o inexistente distribución de los beneficios de la minería en los territorios, genera un prejuicio hacia la actividad. Se debe gestionar otro modelo de distribución de los recursos para que las regalías mineras se inviertan efectivamente de acuerdo a la ley en un 60% en las comunidades de la zona de influencia, tal vez un modelo parecido al peruano, donde los gobiernos locales son los que reciben directamente los beneficios sea la respuesta y solución.
2.Solucionar la falta de respuesta del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica ante cientos de estudios ambientales, auditorías, informes vinculantes, informes administrativos, etc., en definitiva, no existe capacidad ni especialidad en ese ente para enfrentar, revisar y responder a la actividad minera en todas sus fases y regímenes.
3.Es necesario impulsar procesos de fortalecimiento y ordenamiento de la pequeña y mediana minería, brindando apoyo técnico, capacitación y acceso a financiamiento. Esto contribuirá a mejorar las condiciones laborales, desarrollo económico local, encadenamiento productivo, empleo y evitar la minería ilegal.
4.Inclusión de la minería como parte del contenido de las materias en las escuelas o principalmente en los colegios, es importante crear una conciencia minera junto con una conciencia ambiental y social. La actividad minera debe verse como cualquier otra actividad generadora de empleo, oportunidades y desarrollo.
5.Implementar como en otros países un fondo de apoyo al desarrollo minero mediante la capacitación, entrenamiento y asistencia técnica especializada.
Actualizan un ranking de las 10 principales productoras de oro
Noviembre 26 de 2023.- El portal Investing News ha actualizado su ranking sobre los países más importantes en la producción de oro, el mismo que reproducimos para conocimiento de nuestros lectores.
El precio del oro ha aumentado en los últimos años, lo que ha despertado el interés de los mayores productores.
Las ganancias del metal precioso han aumentado en los últimos años en un contexto de agitación geopolítica tras la pandemia de Covid-19, la invasión rusa de Ucrania y el aumento de las tasas de interés mientras las naciones intentan luchar contra las crecientes tasas de inflación.
Como son activos de refugio, los metales preciosos como el oro tienen una mayor demanda entre los inversores que desean agregar seguridad a sus carteras durante estos tiempos económicos difíciles. Sin embargo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, la producción mundial de 2022 estuvo a la par de la de 2021.
Entonces, ¿cuál es el estado actual de la producción y qué países producen más oro? Aquí, Investing News Network describe qué países extraen la mayor cantidad de metal amarillo utilizando las últimas cifras de producción del Servicio Geológico de Estados Unidos.
1.China. Producción minera: 330 toneladas métricas (TM)
Además de sus operaciones mineras, China alberga importantes operaciones de fundición de oro. La Iniciativa de la Franja y la Ruta del país ha dado como resultado que las empresas chinas exploren y desarrollen sitios en otras partes de Asia y África, enviando posteriormente recursos en bruto a China para su refinamiento.
2.Australia. Producción minera: 320 TM
La producción de oro en Australia tuvo otro año de alto rendimiento, alcanzando 320 TM, un ligero aumento de 5 TM respecto al año anterior. El oro se extrae en importantes operaciones en todo el país, y las cinco principales minas productoras de oro están ubicadas en diferentes estados. La mina de mayor producción es la mina Cadia de Newcrest Mining en Nueva Gales del Sur.
3. Rusia. Producción minera: 320 TM
El Servicio Geológico de Estados Unidos afirma que las reservas de oro rusas ascienden a 6.800 TM, lo que lo convierte en el segundo país con mayores reservas después de Australia.
A pesar de la elevada producción y reservas, el oro ruso sigue teniendo problemas para llegar a los mercados mundiales tras su invasión de Ucrania en febrero de 2022. Los principales productores fueron suspendidos de negociar en la London Bullion Market Association.
4. Canadá. Producción minera: 220 TM
Para 2022, la producción de oro en Canadá disminuyó marginalmente 3 TM con respecto a 2021, pero el país aún logró aumentar su estatus, subiendo desde su lugar anterior como el quinto mayor productor de metal amarillo. Ontario y Quebec son las provincias productoras de oro más grandes del país; juntos, representan más del 70 por ciento de la producción.
5. Estados Unidos. Producción minera: 170 TM
En 2022, Estados Unidos produjo 170 TM de oro, 17 TM menos que el año anterior. La producción del país ha ido cayendo en los últimos cinco años y ha caído desde el total de 237 TM de 2017. El año pasado, la mayor parte de la producción de oro de Estados Unidos provino de más de 40 minas de veta, varias grandes minas de placer en Alaska y varias minas de placer más pequeñas en el oeste de Estados Unidos. en 3000 TM.
6. México. Producción minera: 120 TM
El oro y la plata se combinan para representar el 50 por ciento de la producción total de metales del país. Si bien gran parte de la producción minera de oro está controlada por entidades extranjeras, una de las operaciones más grandes, la mina Herradura, propiedad de Fresnillo, con sede en la Ciudad de México, produjo 350 000 onzas en 2022.
7. Kazajstán. Producción minera: 120 TM
En agosto de 2023, la empresa anglo-rusa Polymetal, uno de los mayores productores de Kazajstán, se retiró de la Bolsa de Valores de Londres cuando la empresa tomó medidas para cortar el vínculo entre sus filiales kazajas y rusas en respuesta a las tensiones resultantes de la crisis rusa, la invasión de Ucrania. Polymetal notó un aumento del 3 por ciento año tras año en la producción a 764 000 onzas en su informe del primer semestre de 2023.
8. Sudáfrica. Producción minera: 110 TM
Entre 1980 y 2018 la producción de oro del país cayó un 85 por ciento. En los últimos años, Sudáfrica ha sido escenario de conflictos entre la Asociación de Mineros y Sindicato de la Construcción y los productores de oro de la zona. La AMCU ha realizado muchas protestas y huelgas en varias minas de oro y platino en los últimos años por mejores salarios y detener cualquier fusión que pudiera causar pérdidas de empleos.
9. Perú. Producción minera: 100 TM
Perú experimentó un ligero repunte en la producción de oro con respecto al año pasado, con una producción que aumentó 3 TM con respecto al año anterior para alcanzar 100 TM en 2022. La mina Yanacocha, ubicada a 800 kilómetros al noroeste de Lima, es la cuarta mina de oro más grande del mundo. En 2022, Yanacocha produjo 244 000 onzas de oro para su propietario Newmont.
9. Uzbekistán. Producción minera: 100 TM
En 2019, el gobierno del país anunció una renovada inversión en desarrollo y exploración, con el objetivo de más que duplicar su producción de oro para 2022 y aumentar significativamente sus reservas. Sin embargo, Uzbekistán ha mantenido una producción de 100 TM en los últimos años.
El precio del oro ha aumentado en los últimos años, lo que ha despertado el interés de los mayores productores.
Las ganancias del metal precioso han aumentado en los últimos años en un contexto de agitación geopolítica tras la pandemia de Covid-19, la invasión rusa de Ucrania y el aumento de las tasas de interés mientras las naciones intentan luchar contra las crecientes tasas de inflación.
Como son activos de refugio, los metales preciosos como el oro tienen una mayor demanda entre los inversores que desean agregar seguridad a sus carteras durante estos tiempos económicos difíciles. Sin embargo, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, la producción mundial de 2022 estuvo a la par de la de 2021.
Entonces, ¿cuál es el estado actual de la producción y qué países producen más oro? Aquí, Investing News Network describe qué países extraen la mayor cantidad de metal amarillo utilizando las últimas cifras de producción del Servicio Geológico de Estados Unidos.
1.China. Producción minera: 330 toneladas métricas (TM)
Además de sus operaciones mineras, China alberga importantes operaciones de fundición de oro. La Iniciativa de la Franja y la Ruta del país ha dado como resultado que las empresas chinas exploren y desarrollen sitios en otras partes de Asia y África, enviando posteriormente recursos en bruto a China para su refinamiento.
2.Australia. Producción minera: 320 TM
La producción de oro en Australia tuvo otro año de alto rendimiento, alcanzando 320 TM, un ligero aumento de 5 TM respecto al año anterior. El oro se extrae en importantes operaciones en todo el país, y las cinco principales minas productoras de oro están ubicadas en diferentes estados. La mina de mayor producción es la mina Cadia de Newcrest Mining en Nueva Gales del Sur.
3. Rusia. Producción minera: 320 TM
El Servicio Geológico de Estados Unidos afirma que las reservas de oro rusas ascienden a 6.800 TM, lo que lo convierte en el segundo país con mayores reservas después de Australia.
A pesar de la elevada producción y reservas, el oro ruso sigue teniendo problemas para llegar a los mercados mundiales tras su invasión de Ucrania en febrero de 2022. Los principales productores fueron suspendidos de negociar en la London Bullion Market Association.
4. Canadá. Producción minera: 220 TM
Para 2022, la producción de oro en Canadá disminuyó marginalmente 3 TM con respecto a 2021, pero el país aún logró aumentar su estatus, subiendo desde su lugar anterior como el quinto mayor productor de metal amarillo. Ontario y Quebec son las provincias productoras de oro más grandes del país; juntos, representan más del 70 por ciento de la producción.
5. Estados Unidos. Producción minera: 170 TM
En 2022, Estados Unidos produjo 170 TM de oro, 17 TM menos que el año anterior. La producción del país ha ido cayendo en los últimos cinco años y ha caído desde el total de 237 TM de 2017. El año pasado, la mayor parte de la producción de oro de Estados Unidos provino de más de 40 minas de veta, varias grandes minas de placer en Alaska y varias minas de placer más pequeñas en el oeste de Estados Unidos. en 3000 TM.
6. México. Producción minera: 120 TM
El oro y la plata se combinan para representar el 50 por ciento de la producción total de metales del país. Si bien gran parte de la producción minera de oro está controlada por entidades extranjeras, una de las operaciones más grandes, la mina Herradura, propiedad de Fresnillo, con sede en la Ciudad de México, produjo 350 000 onzas en 2022.
7. Kazajstán. Producción minera: 120 TM
En agosto de 2023, la empresa anglo-rusa Polymetal, uno de los mayores productores de Kazajstán, se retiró de la Bolsa de Valores de Londres cuando la empresa tomó medidas para cortar el vínculo entre sus filiales kazajas y rusas en respuesta a las tensiones resultantes de la crisis rusa, la invasión de Ucrania. Polymetal notó un aumento del 3 por ciento año tras año en la producción a 764 000 onzas en su informe del primer semestre de 2023.
8. Sudáfrica. Producción minera: 110 TM
Entre 1980 y 2018 la producción de oro del país cayó un 85 por ciento. En los últimos años, Sudáfrica ha sido escenario de conflictos entre la Asociación de Mineros y Sindicato de la Construcción y los productores de oro de la zona. La AMCU ha realizado muchas protestas y huelgas en varias minas de oro y platino en los últimos años por mejores salarios y detener cualquier fusión que pudiera causar pérdidas de empleos.
9. Perú. Producción minera: 100 TM
Perú experimentó un ligero repunte en la producción de oro con respecto al año pasado, con una producción que aumentó 3 TM con respecto al año anterior para alcanzar 100 TM en 2022. La mina Yanacocha, ubicada a 800 kilómetros al noroeste de Lima, es la cuarta mina de oro más grande del mundo. En 2022, Yanacocha produjo 244 000 onzas de oro para su propietario Newmont.
9. Uzbekistán. Producción minera: 100 TM
En 2019, el gobierno del país anunció una renovada inversión en desarrollo y exploración, con el objetivo de más que duplicar su producción de oro para 2022 y aumentar significativamente sus reservas. Sin embargo, Uzbekistán ha mantenido una producción de 100 TM en los últimos años.
Tres tendencias globales que dan
forma a la industria minera (*)
Octubre 29 de 2023.- Amigos, tal vez sepan que el lema del Financial Times desde 2007 ha sido "Vivimos en el Financial Times", que realmente me gusta y fue muy profético dada la crisis financiera global un año después.
Permítanme ser descarado y sugerir a nuestros amigos del Financial Times que si quieren seguir apareciendo a la vanguardia, ahora podría ser el momento de considerar cambiarlo por "Vivimos en tiempos de minería", porque esa bien puede ser la definición característica de nuestra economía global en los años venideros. Supongo que el Financial Times no se convertirá en el MT en el corto plazo, pero ya me entienden.
Hay tres razones por las que el Mining Times está a la vuelta de la esquina, y éstas se entienden mejor como tres simples preguntas que el mundo se hace.
Primero, ¿cuánto? Se trata esencialmente de una cuestión de demanda. A estas alturas todos hemos escuchado mil maneras diferentes de describir la creciente demanda de minerales proveniente de la transición energética, que se suma a la demanda base de una población en crecimiento, así que solo me gustaría recordarnos la lógica simple y básica:
Para cumplir los objetivos del Acuerdo Climático de París, necesitamos reemplazar la energía que obtenemos de las moléculas de combustibles fósiles con electrones generados a partir de fuentes renovables como la solar y la eólica. Y como un coche eléctrico puede tener su propio depósito de combustible pero no su propia turbina eólica, esos electrones necesitan ser transportados y almacenados, lo que significa muchas baterías y nuevas líneas de transmisión. Y los mejores materiales para generar, almacenar y transportar electricidad suelen ser los metales y minerales. Por tanto, la descarbonización requiere más electrones renovables que, a su vez, necesitan metales para producirlos, almacenarlos y distribuirlos.
Esto está demasiado simplificado, lo sé, pero la razón para reducirlo a su esencia central es que nos ayuda a centrarnos en una realidad sencilla pero incómoda: habrá mucha demanda persiguiendo una oferta limitada. Lo que me lleva a la segunda pregunta que todos tenemos en mente.
La segunda pregunta es: ¿cómo se producirán estos metales y minerales? Se trata esencialmente de una cuestión de suministro y del impacto de ese suministro en las personas y el planeta. Mire, no podemos tener una conversación adulta sobre esto ni generar confianza en la sociedad hasta que reconozcamos honesta y sinceramente una simple realidad; La minería ha causado daño a las personas en el planeta en el pasado, en muchos casos está causando daño hoy y, si no hacemos nada para lograr cambios a escala, causará daño en el futuro.
Por supuesto, esto no significa que toda la minería sea dañina, ni mucho menos. Tenemos muchísimos ejemplos, incluidos muchos de las 25 empresas que son miembros del ICMM y que hoy se encuentran en esta sala, de minería en armonía con las personas y la naturaleza que muestran lo que es posible cuando Minamos con Principios. Sin embargo, con unas 25.000 empresas mineras en todo el mundo operando unos 30.000 sitios mineros, todavía estamos lejos de hacer de la minería responsable la norma.
Todos tenemos un papel que desempeñar en esto, pero si puedo mencionar un ingrediente clave que necesitamos desesperadamente, es este; un número menor de estándares de minería responsable que estén diseñados para tener un impacto a escala. La clave aquí es la escala: tener un puñado de minas que adopten un estándar teóricamente alto no marcará la diferencia que necesitamos. Ya se están produciendo importantes avances a este respecto y espero poder compartir más con ustedes pronto.
Entonces, la tercera pregunta que tenemos o deberíamos tener en mente es: ¿de dónde? Se trata esencialmente de una cuestión de geopolítica. La visión medio vacía de esto es que asegurar el suministro de minerales críticos exacerbará las tensiones geopolíticas existentes y creará otras nuevas. La versión del vaso medio lleno es que los minerales críticos son sólo un paso adelante en la cooperación sobre el cambio climático, que ha demostrado ser notablemente resiliente e inmune a tensiones geopolíticas más amplias.
Independientemente de lo que crea que es más probable, creo que haríamos bien en aprender las lecciones de la geopolítica del 5G y los semiconductores para lo que podemos esperar.
La agenda de los próximos dos días consistirá en responder las tres preguntas de cuánto, cómo y de dónde. Así que déjame darte mi respuesta rápida a cada uno:
En cuanto a cuánto, la respuesta debería ser: tanto como necesitemos; nada más y nada menos. No más, porque eso significará que hemos subutilizado el potencial de la economía circular, y no menos porque eso podría significar que la escasez de minerales podría frenar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Cuando se trata de cómo, la respuesta debe ser: responsablemente o nada. Cuando se trata de minerales críticos, el fin no justifica automáticamente todos los medios, por lo que es esencial establecer un estándar mínimo aplicado a nivel mundial para las prácticas mineras responsables.
Y en cuanto a de dónde, la respuesta debería ser: de aquí, de allá pero no de todas partes. On-shoring, near-shoring, amigo-shoring y "no-me-gustas-pero-todavía-necesitaré-trabajar-contigo-shoring" deben ser parte del suministro mezcla para cualquier país – tal será la necesidad de asegurar el suministro. También será necesario que haya áreas prohibidas, como sitios del Patrimonio Mundial y otras áreas de extraordinaria importancia natural o cultural.
El Financial Times de los últimos 15 años fue apasionante, pero no encaminó al mundo por un camino sostenible. El Mining Times podría solucionar este problema si respondemos correctamente a las tres preguntas.
(*) Discurso preparado por Rohitesh Dhawan, presidente y director ejecutivo, ICMM.
Permítanme ser descarado y sugerir a nuestros amigos del Financial Times que si quieren seguir apareciendo a la vanguardia, ahora podría ser el momento de considerar cambiarlo por "Vivimos en tiempos de minería", porque esa bien puede ser la definición característica de nuestra economía global en los años venideros. Supongo que el Financial Times no se convertirá en el MT en el corto plazo, pero ya me entienden.
Hay tres razones por las que el Mining Times está a la vuelta de la esquina, y éstas se entienden mejor como tres simples preguntas que el mundo se hace.
Primero, ¿cuánto? Se trata esencialmente de una cuestión de demanda. A estas alturas todos hemos escuchado mil maneras diferentes de describir la creciente demanda de minerales proveniente de la transición energética, que se suma a la demanda base de una población en crecimiento, así que solo me gustaría recordarnos la lógica simple y básica:
Para cumplir los objetivos del Acuerdo Climático de París, necesitamos reemplazar la energía que obtenemos de las moléculas de combustibles fósiles con electrones generados a partir de fuentes renovables como la solar y la eólica. Y como un coche eléctrico puede tener su propio depósito de combustible pero no su propia turbina eólica, esos electrones necesitan ser transportados y almacenados, lo que significa muchas baterías y nuevas líneas de transmisión. Y los mejores materiales para generar, almacenar y transportar electricidad suelen ser los metales y minerales. Por tanto, la descarbonización requiere más electrones renovables que, a su vez, necesitan metales para producirlos, almacenarlos y distribuirlos.
Esto está demasiado simplificado, lo sé, pero la razón para reducirlo a su esencia central es que nos ayuda a centrarnos en una realidad sencilla pero incómoda: habrá mucha demanda persiguiendo una oferta limitada. Lo que me lleva a la segunda pregunta que todos tenemos en mente.
La segunda pregunta es: ¿cómo se producirán estos metales y minerales? Se trata esencialmente de una cuestión de suministro y del impacto de ese suministro en las personas y el planeta. Mire, no podemos tener una conversación adulta sobre esto ni generar confianza en la sociedad hasta que reconozcamos honesta y sinceramente una simple realidad; La minería ha causado daño a las personas en el planeta en el pasado, en muchos casos está causando daño hoy y, si no hacemos nada para lograr cambios a escala, causará daño en el futuro.
Por supuesto, esto no significa que toda la minería sea dañina, ni mucho menos. Tenemos muchísimos ejemplos, incluidos muchos de las 25 empresas que son miembros del ICMM y que hoy se encuentran en esta sala, de minería en armonía con las personas y la naturaleza que muestran lo que es posible cuando Minamos con Principios. Sin embargo, con unas 25.000 empresas mineras en todo el mundo operando unos 30.000 sitios mineros, todavía estamos lejos de hacer de la minería responsable la norma.
Todos tenemos un papel que desempeñar en esto, pero si puedo mencionar un ingrediente clave que necesitamos desesperadamente, es este; un número menor de estándares de minería responsable que estén diseñados para tener un impacto a escala. La clave aquí es la escala: tener un puñado de minas que adopten un estándar teóricamente alto no marcará la diferencia que necesitamos. Ya se están produciendo importantes avances a este respecto y espero poder compartir más con ustedes pronto.
Entonces, la tercera pregunta que tenemos o deberíamos tener en mente es: ¿de dónde? Se trata esencialmente de una cuestión de geopolítica. La visión medio vacía de esto es que asegurar el suministro de minerales críticos exacerbará las tensiones geopolíticas existentes y creará otras nuevas. La versión del vaso medio lleno es que los minerales críticos son sólo un paso adelante en la cooperación sobre el cambio climático, que ha demostrado ser notablemente resiliente e inmune a tensiones geopolíticas más amplias.
Independientemente de lo que crea que es más probable, creo que haríamos bien en aprender las lecciones de la geopolítica del 5G y los semiconductores para lo que podemos esperar.
La agenda de los próximos dos días consistirá en responder las tres preguntas de cuánto, cómo y de dónde. Así que déjame darte mi respuesta rápida a cada uno:
En cuanto a cuánto, la respuesta debería ser: tanto como necesitemos; nada más y nada menos. No más, porque eso significará que hemos subutilizado el potencial de la economía circular, y no menos porque eso podría significar que la escasez de minerales podría frenar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Cuando se trata de cómo, la respuesta debe ser: responsablemente o nada. Cuando se trata de minerales críticos, el fin no justifica automáticamente todos los medios, por lo que es esencial establecer un estándar mínimo aplicado a nivel mundial para las prácticas mineras responsables.
Y en cuanto a de dónde, la respuesta debería ser: de aquí, de allá pero no de todas partes. On-shoring, near-shoring, amigo-shoring y "no-me-gustas-pero-todavía-necesitaré-trabajar-contigo-shoring" deben ser parte del suministro mezcla para cualquier país – tal será la necesidad de asegurar el suministro. También será necesario que haya áreas prohibidas, como sitios del Patrimonio Mundial y otras áreas de extraordinaria importancia natural o cultural.
El Financial Times de los últimos 15 años fue apasionante, pero no encaminó al mundo por un camino sostenible. El Mining Times podría solucionar este problema si respondemos correctamente a las tres preguntas.
(*) Discurso preparado por Rohitesh Dhawan, presidente y director ejecutivo, ICMM.
Transformando el planeamiento de cierre de mina
Octubre 1 2023.- Un reporte reciente del Mining Journal reseña la esencia de la definición de cierre de minas del Consejo Internacional de Minería y Metales, ICMM: “un proceso dinámico e iterativo que considera asuntos medioambientales, sociales y económicos en una etapa temprana del desarrollo de la mina y se consolida a lo largo de la vida de la mina”.
La publicación recuerda que las disposiciones locales e internacionales representan el mínimo a cumplir, necesitándose un equipo de saberes interdisciplinario que defina al cierre desde el planeamiento de la mina y lo articule al resto de etapas con miras a las oportunidades de desarrollo socioeconómicas, ecológico-industriales, con miras al legado en las localidades afectadas.
Responsabilidad medioambiental, estrategias de rehabilitación para el reciclaje de tierras, la administración del agua y restauración de biodiversidad, el bienestar de las comunidades locales, la mitigación de los efectos económicos por los trabajos perdidos en el cierre y el aseguramiento financiero de los fondos para responder ante cualquier eventualidad –de cara a oscilaciones climáticas cada vez más pronunciadas por los efectos del cambio climático, que intercalan profundas sequías con lluvias extremas o incendios forestales– son claves para todo cierre de mina.
Esto demanda definir de entrada qué se busca lograr con el cierre, la cercanía de la compañía en velar por el éxito de los esfuerzos de rehabilitación y de desarrollo comunitario, un monitoreo a largo plazo y una administración adaptativa para cualquier imprevisto posterior al cierre al que se deba responder; así como el alineamiento de las visiones de cierre que tienen los accionistas, los titulares de derechos indígenas y los cuerpos regulatorios. Por ello se requiere un pensamiento divergente, ambicioso, interdisciplinario.
El reporte sostiene que las provisiones financieras estándar han resultado ineficaces para lidiar con cierres de mina a largo plazo, se necesitan aproximaciones basadas en el riesgo y específicas al sitio, basadas en torno a la escala de las operaciones, la sensibilidad medioambiental y los requerimientos regulatorios que permitan una confección precisa que reduzca tanto riesgos de sobre como sub-provisionamiento.
Destaca además que hay varios instrumentos financieros novedosos como los bonos de garantía, productos de seguros y fondos de confianza han ganado tracción y brindan alternativas a los depósitos en efectivo tradicionales, ofreciendo flexibilidad y liquidez.
En este aspecto, el análisis de datos geológicos, hidrológicos, geoquímicos y medioambientales recolectados a lo largo del ciclo de vida de la mina permiten proyectar diferentes escenarios de cierre y potenciales resultados para un mejor asesoramiento del riesgo antes de cualquier cambio físico.
La tecnología de realidad aumentada contribuye en esto y los avances geoespaciales permiten estudiar con precisión de detalle las características de un sitio para identificar áreas ecológicas sensibles y minimizar efectos medioambientales.
Bajo la premisa de “si no puede medirse, no puede administrarse”, los asesoramientos de riesgo cuantitativos, aplicándose correctamente priorizando mitigaciones y decisiones que tengan el mayor impacto en el riesgo, pueden empoderar a los tomadores de decisiones informándolos para el éxito en un cierre de mina a largo plazo en medio de la incertidumbre.
Recuerda que con la finalidad de entender las diversas dinámicas asociadas al cierre de minas, en julio del 2023, la revista Mining Magazine encuestó a 50 personalidades de los niveles administrativos de organizaciones mineras de diversos tamaños, el 94% de ellos estuvo de acuerdo en que está aumentando la satisfacción por los resultados de los cierres de mina entre las partes involucradas, lo cierto es que hay un desacuerdo en cuanto a la eficacia de los esfuerzos de las compañías a la fecha, y para el principal especialista en cierre de minas de Murcox Post Mining Services, Darren Murphy, esto sugiere que la sala corporativa o está fuera de contacto con lo que ocurre en el terreno o que están siendo malinformados por la administración intermedia.
Murphy piensa que hay un largo tramo por recorrer hasta que las comunidades anfitrión y otras partes involucradas perciban que las compañías actúan considerando sus mejores intereses al planear el cierre de la mina.
Además, el estudio señaló que solo el 43% de los encuestados ven la evidencia del cambio climático afectando el cierre de la mina y que todos estuvieron de acuerdo en que debería ser un requerimiento legal para las compañías el tener un plan de cierre de mina comprensivo, externamente aprobado y completamente financiado en la etapa de exploración.
Sin embargo, la mayoría de los encuestados en EE. UU., Australia y Europa creen que las actuales regulaciones prevalecientes en cierre de minas satisfacen su propósito, lo que sugiere que lo que es entendido como “comprensivo”, “totalmente financiado” y “externamente aprobado”, tiene significados distintos dependiendo de con quién se habla.
El Consejero técnico principal de Okane consultants, Mike O’Kane, insiste en un abordaje interdisciplinario de intensa comunicación interna y externa, donde los insumos de diferentes equipos, siendo ninguno más importante que el otro, trabajen desde el inicio juntos. Esto permitiría definir y comunicar mejor los objetivos del cierre, su planeamiento y cuáles son los resultados asequibles.
En el aprendizaje conjunto entre lenguajes especializados, permitiría una estabilidad geotécnica y geoquímica a largo plazo, y sería la llave para migrar de bellas palabras acerca de "consulta, involucramiento y colaboración, hacia verdadero co-desarrollo y sociedad con las partes interesadas y los propietarios de derechos".
Por ejemplo, La experiencia con la Nación Ktunaxa dilucidó a Okane cómo resultaba irrespetuoso llamar “roca de desperdicio” a las montañas siendo minadas por la conexión que estas guardaban con la historia de origen de la comunidad, por lo que era mejor llamarla “roca de mina”.
Esta mirada transdisciplinaria, además, incentiva el pensamiento emprendedor y puede revelar oportunidades de desarrollo socioeconómico, como por ejemplo, el mantener infraestructura como líneas de transmisión y transformadores que sean útiles para el uso de la tierra retornada.
El Consultor Corporativo de cierres de mina de SRK Consulting Jeff Parshley señala que el considerar cómo el cierre afecta tanto al riesgo como al costo de un proyecto, a lo largo de compañías, operaciones y jurisdicciones "ha llevado a cambios significativos en varias instalaciones y posicionamientos".
Considera que aún hay trabajo por hacer para entender el verdadero costo del post-cierre de los sitios mineros, el cual tiende a ser analizado desde una perspectiva de valor presente neto (NPV), lo que minimiza el real impacto financiero a largo plazo. Añade que la relación paternalista entre las comunidades y las compañías no pueden sostenerse indefinidamente, por lo que es apropiado definir dónde termina la responsabilidad de una y empieza la de la otra parte, esto provocaría una cultura de autonomía y una inversión más enérgica en los accionistas quienes trabajan en conjunto con las minas.
Por su parte, el jefe global de planeamiento de cierre de mina y economía circular de ArcelorMittal Mining, Malcom Shang, considera que parte de la respuesta para la transición socioeconómica yace en explorar, durante el periodo operacional y/o el post-cierre de la mina, la valorización holística de todas las potenciales materias prima del recurso mineral, no solo la de particular interés.
Afirma que no se explora completamente el valor comercial y societal latente en la porción de "desperdicio" del recurso mineral durante la fase de planeamiento de la mina; que una mayor atención en diversificar la economía durante la operación de la mina, en colaboración con accionistas, comunidades locales, planeadores regionales y otras industrias, puede revelar potenciales sinergias de ecología industrial que puedan existir.
La publicación recuerda que las disposiciones locales e internacionales representan el mínimo a cumplir, necesitándose un equipo de saberes interdisciplinario que defina al cierre desde el planeamiento de la mina y lo articule al resto de etapas con miras a las oportunidades de desarrollo socioeconómicas, ecológico-industriales, con miras al legado en las localidades afectadas.
Responsabilidad medioambiental, estrategias de rehabilitación para el reciclaje de tierras, la administración del agua y restauración de biodiversidad, el bienestar de las comunidades locales, la mitigación de los efectos económicos por los trabajos perdidos en el cierre y el aseguramiento financiero de los fondos para responder ante cualquier eventualidad –de cara a oscilaciones climáticas cada vez más pronunciadas por los efectos del cambio climático, que intercalan profundas sequías con lluvias extremas o incendios forestales– son claves para todo cierre de mina.
Esto demanda definir de entrada qué se busca lograr con el cierre, la cercanía de la compañía en velar por el éxito de los esfuerzos de rehabilitación y de desarrollo comunitario, un monitoreo a largo plazo y una administración adaptativa para cualquier imprevisto posterior al cierre al que se deba responder; así como el alineamiento de las visiones de cierre que tienen los accionistas, los titulares de derechos indígenas y los cuerpos regulatorios. Por ello se requiere un pensamiento divergente, ambicioso, interdisciplinario.
El reporte sostiene que las provisiones financieras estándar han resultado ineficaces para lidiar con cierres de mina a largo plazo, se necesitan aproximaciones basadas en el riesgo y específicas al sitio, basadas en torno a la escala de las operaciones, la sensibilidad medioambiental y los requerimientos regulatorios que permitan una confección precisa que reduzca tanto riesgos de sobre como sub-provisionamiento.
Destaca además que hay varios instrumentos financieros novedosos como los bonos de garantía, productos de seguros y fondos de confianza han ganado tracción y brindan alternativas a los depósitos en efectivo tradicionales, ofreciendo flexibilidad y liquidez.
En este aspecto, el análisis de datos geológicos, hidrológicos, geoquímicos y medioambientales recolectados a lo largo del ciclo de vida de la mina permiten proyectar diferentes escenarios de cierre y potenciales resultados para un mejor asesoramiento del riesgo antes de cualquier cambio físico.
La tecnología de realidad aumentada contribuye en esto y los avances geoespaciales permiten estudiar con precisión de detalle las características de un sitio para identificar áreas ecológicas sensibles y minimizar efectos medioambientales.
Bajo la premisa de “si no puede medirse, no puede administrarse”, los asesoramientos de riesgo cuantitativos, aplicándose correctamente priorizando mitigaciones y decisiones que tengan el mayor impacto en el riesgo, pueden empoderar a los tomadores de decisiones informándolos para el éxito en un cierre de mina a largo plazo en medio de la incertidumbre.
Recuerda que con la finalidad de entender las diversas dinámicas asociadas al cierre de minas, en julio del 2023, la revista Mining Magazine encuestó a 50 personalidades de los niveles administrativos de organizaciones mineras de diversos tamaños, el 94% de ellos estuvo de acuerdo en que está aumentando la satisfacción por los resultados de los cierres de mina entre las partes involucradas, lo cierto es que hay un desacuerdo en cuanto a la eficacia de los esfuerzos de las compañías a la fecha, y para el principal especialista en cierre de minas de Murcox Post Mining Services, Darren Murphy, esto sugiere que la sala corporativa o está fuera de contacto con lo que ocurre en el terreno o que están siendo malinformados por la administración intermedia.
Murphy piensa que hay un largo tramo por recorrer hasta que las comunidades anfitrión y otras partes involucradas perciban que las compañías actúan considerando sus mejores intereses al planear el cierre de la mina.
Además, el estudio señaló que solo el 43% de los encuestados ven la evidencia del cambio climático afectando el cierre de la mina y que todos estuvieron de acuerdo en que debería ser un requerimiento legal para las compañías el tener un plan de cierre de mina comprensivo, externamente aprobado y completamente financiado en la etapa de exploración.
Sin embargo, la mayoría de los encuestados en EE. UU., Australia y Europa creen que las actuales regulaciones prevalecientes en cierre de minas satisfacen su propósito, lo que sugiere que lo que es entendido como “comprensivo”, “totalmente financiado” y “externamente aprobado”, tiene significados distintos dependiendo de con quién se habla.
El Consejero técnico principal de Okane consultants, Mike O’Kane, insiste en un abordaje interdisciplinario de intensa comunicación interna y externa, donde los insumos de diferentes equipos, siendo ninguno más importante que el otro, trabajen desde el inicio juntos. Esto permitiría definir y comunicar mejor los objetivos del cierre, su planeamiento y cuáles son los resultados asequibles.
En el aprendizaje conjunto entre lenguajes especializados, permitiría una estabilidad geotécnica y geoquímica a largo plazo, y sería la llave para migrar de bellas palabras acerca de "consulta, involucramiento y colaboración, hacia verdadero co-desarrollo y sociedad con las partes interesadas y los propietarios de derechos".
Por ejemplo, La experiencia con la Nación Ktunaxa dilucidó a Okane cómo resultaba irrespetuoso llamar “roca de desperdicio” a las montañas siendo minadas por la conexión que estas guardaban con la historia de origen de la comunidad, por lo que era mejor llamarla “roca de mina”.
Esta mirada transdisciplinaria, además, incentiva el pensamiento emprendedor y puede revelar oportunidades de desarrollo socioeconómico, como por ejemplo, el mantener infraestructura como líneas de transmisión y transformadores que sean útiles para el uso de la tierra retornada.
El Consultor Corporativo de cierres de mina de SRK Consulting Jeff Parshley señala que el considerar cómo el cierre afecta tanto al riesgo como al costo de un proyecto, a lo largo de compañías, operaciones y jurisdicciones "ha llevado a cambios significativos en varias instalaciones y posicionamientos".
Considera que aún hay trabajo por hacer para entender el verdadero costo del post-cierre de los sitios mineros, el cual tiende a ser analizado desde una perspectiva de valor presente neto (NPV), lo que minimiza el real impacto financiero a largo plazo. Añade que la relación paternalista entre las comunidades y las compañías no pueden sostenerse indefinidamente, por lo que es apropiado definir dónde termina la responsabilidad de una y empieza la de la otra parte, esto provocaría una cultura de autonomía y una inversión más enérgica en los accionistas quienes trabajan en conjunto con las minas.
Por su parte, el jefe global de planeamiento de cierre de mina y economía circular de ArcelorMittal Mining, Malcom Shang, considera que parte de la respuesta para la transición socioeconómica yace en explorar, durante el periodo operacional y/o el post-cierre de la mina, la valorización holística de todas las potenciales materias prima del recurso mineral, no solo la de particular interés.
Afirma que no se explora completamente el valor comercial y societal latente en la porción de "desperdicio" del recurso mineral durante la fase de planeamiento de la mina; que una mayor atención en diversificar la economía durante la operación de la mina, en colaboración con accionistas, comunidades locales, planeadores regionales y otras industrias, puede revelar potenciales sinergias de ecología industrial que puedan existir.
Estado actual de la minería en el Perú
Escribe: Ing. Rómulo Mucho
Septiembre 24 de 2023.- La minería peruana es clave para la economía nacional porque representa un 14% del PBI, incluyendo los proveedores, 60% de las exportaciones totales, el cobre con un 32% es el primer producto de exportación y guía la trayectoria de los ingresos fiscales y de las exportaciones, aparte el cobre será mucho más importante en la transición energética hacia las energías limpias en el futuro. Genera 234 000 empleos directos y cerca de un millón los indirectos. En el primer semestre del año, la minería sacó la cara por la economía, creciendo un 10% de su PBI, mientras otras actividades económicas decrecieron, esto hizo que el decrecimiento de nuestra economía no sea tan traumático, que llegó a -0.5% del PBI, siendo el más bajo después casi dos décadas.
La minería -como toda actividad humana- se encuentran en constante cambio. Entre los hechos que caracterizan a esta dinámica industria podemos señalar los siguientes: (1) los yacimientos cada vez se encuentran a mayor profundidad, las leyes de mineral declinan, es decir se tiene que mover más roca para obtener una tonelada de metal. Esta mayor profundización hace que las rocas y los minerales que se extraen presenten mayor dureza, por lo que se requiere mayor energía para su procesamiento, especialmente en la molienda. Por otro lado, se genera mayor recorrido del material a procesar por lo tanto, los costos de producción por tonelada se van incrementando paulatinamente(2) Hoy se cuenta con tecnología 4.0 el uso de la digitalización, automatización, inteligencia artificial, ciencia de datos, internet de las cosas, se vuelven imprescindibles para mejorar la productividad y disminuir los costos sin perder calidad en los procesos, no hay otro camino para hacer rentable una operación minera y (3) hoy las comunidades cercanas a las operaciones mineras tienen demasiadas sobre expectativas y aspiran a tener una mayor participación en el negocio minero, si no se atiende a tiempo, se originan los conflictos sociales (bloqueos y violencia) en contra de los proyectos y minas en operación. El Estado, el sector empresarial minero y la sociedad tienen que trabajar coordinadamente para disminuir el elevado grado de conflictividad social que viene caracterizando al sector.
La pandemia del Covid-19 aceleró la incorporación de las tecnologías 4.0 para proteger la salud de las personas, así como para abordar los desafíos operativos y ambientales en la producción y procesamiento de minerales. La mina Quellaveco, por ejemplo, prácticamente es una Smart Mining. Nació como una mina íntegramente digital con su Centro Integrado de Operaciones (CIO) que constituye el cerebro de sus procesos. Otras operaciones mineras también se han embarcado en el propósito de adaptar tecnologías disruptivas para asegurar la productividad y sostenibilidad de sus operaciones, asegurando así el suministro de metales en el futuro. Empresas como; Antamina, Buenaventura, Antapaccay, Southern, Nexa, Minsur, Gold Fields, Hudbay, Marcobre, Poderosa, entre otras, han venido haciendo importantes inversiones para expandir sus operaciones y adaptarse al uso de herramientas tecnológicas de última generación con la finalidad de lograr procesos productivos y administrativos eficientes. Saben bien que es la única manera de lograr una deseada productividad, competitividad y rentabilidad, reduciendo al mismo tiempo su huella de carbono y su huella hídrica.
Para atraer inversiones mineras tenemos que recuperar la institucionalidad y el clima de confianza país, las inversiones van a países donde existe estabilidad política, estabilidad jurídica y predictibilidad tributaria. No obstante que se viene promocionando bastante nuestros proyectos mineros a nivel internacional, en los últimos años se ha estancado la llegada de inversiones al sector. Ante esta difícil situación propongo dos acciones que inmediatamente debe realizar el Estado.
La primera es desarrollar un agresivo plan de promoción interno de la minería. Todo peruano sin excepción debe conocer la enorme importancia de la minería para nuestro crecimiento económico. Todo peruano debe saber que, además, la minería genera múltiples oportunidades y apalanca diversas actividades económicas y laborales. Esto pondría en valor a la minería ante la población y ayudar a disminuir la conflictividad social.
La segunda acción es agilizar la tramitología y permisología del sector reduciendo plazos para dar viabilidad a los proyectos. Tenemos 47 proyectos mineros con US$ 54 000 millones en inversiones y constituyen un importante activo para nuestra economía y la generación de millones de empleos nuevos, sus ingresos fiscales nos permitirán “hacer caja” para atender y cerrar las brechas sociales que todavía adolece nuestro país.
Septiembre 24 de 2023.- La minería peruana es clave para la economía nacional porque representa un 14% del PBI, incluyendo los proveedores, 60% de las exportaciones totales, el cobre con un 32% es el primer producto de exportación y guía la trayectoria de los ingresos fiscales y de las exportaciones, aparte el cobre será mucho más importante en la transición energética hacia las energías limpias en el futuro. Genera 234 000 empleos directos y cerca de un millón los indirectos. En el primer semestre del año, la minería sacó la cara por la economía, creciendo un 10% de su PBI, mientras otras actividades económicas decrecieron, esto hizo que el decrecimiento de nuestra economía no sea tan traumático, que llegó a -0.5% del PBI, siendo el más bajo después casi dos décadas.
La minería -como toda actividad humana- se encuentran en constante cambio. Entre los hechos que caracterizan a esta dinámica industria podemos señalar los siguientes: (1) los yacimientos cada vez se encuentran a mayor profundidad, las leyes de mineral declinan, es decir se tiene que mover más roca para obtener una tonelada de metal. Esta mayor profundización hace que las rocas y los minerales que se extraen presenten mayor dureza, por lo que se requiere mayor energía para su procesamiento, especialmente en la molienda. Por otro lado, se genera mayor recorrido del material a procesar por lo tanto, los costos de producción por tonelada se van incrementando paulatinamente(2) Hoy se cuenta con tecnología 4.0 el uso de la digitalización, automatización, inteligencia artificial, ciencia de datos, internet de las cosas, se vuelven imprescindibles para mejorar la productividad y disminuir los costos sin perder calidad en los procesos, no hay otro camino para hacer rentable una operación minera y (3) hoy las comunidades cercanas a las operaciones mineras tienen demasiadas sobre expectativas y aspiran a tener una mayor participación en el negocio minero, si no se atiende a tiempo, se originan los conflictos sociales (bloqueos y violencia) en contra de los proyectos y minas en operación. El Estado, el sector empresarial minero y la sociedad tienen que trabajar coordinadamente para disminuir el elevado grado de conflictividad social que viene caracterizando al sector.
La pandemia del Covid-19 aceleró la incorporación de las tecnologías 4.0 para proteger la salud de las personas, así como para abordar los desafíos operativos y ambientales en la producción y procesamiento de minerales. La mina Quellaveco, por ejemplo, prácticamente es una Smart Mining. Nació como una mina íntegramente digital con su Centro Integrado de Operaciones (CIO) que constituye el cerebro de sus procesos. Otras operaciones mineras también se han embarcado en el propósito de adaptar tecnologías disruptivas para asegurar la productividad y sostenibilidad de sus operaciones, asegurando así el suministro de metales en el futuro. Empresas como; Antamina, Buenaventura, Antapaccay, Southern, Nexa, Minsur, Gold Fields, Hudbay, Marcobre, Poderosa, entre otras, han venido haciendo importantes inversiones para expandir sus operaciones y adaptarse al uso de herramientas tecnológicas de última generación con la finalidad de lograr procesos productivos y administrativos eficientes. Saben bien que es la única manera de lograr una deseada productividad, competitividad y rentabilidad, reduciendo al mismo tiempo su huella de carbono y su huella hídrica.
Para atraer inversiones mineras tenemos que recuperar la institucionalidad y el clima de confianza país, las inversiones van a países donde existe estabilidad política, estabilidad jurídica y predictibilidad tributaria. No obstante que se viene promocionando bastante nuestros proyectos mineros a nivel internacional, en los últimos años se ha estancado la llegada de inversiones al sector. Ante esta difícil situación propongo dos acciones que inmediatamente debe realizar el Estado.
La primera es desarrollar un agresivo plan de promoción interno de la minería. Todo peruano sin excepción debe conocer la enorme importancia de la minería para nuestro crecimiento económico. Todo peruano debe saber que, además, la minería genera múltiples oportunidades y apalanca diversas actividades económicas y laborales. Esto pondría en valor a la minería ante la población y ayudar a disminuir la conflictividad social.
La segunda acción es agilizar la tramitología y permisología del sector reduciendo plazos para dar viabilidad a los proyectos. Tenemos 47 proyectos mineros con US$ 54 000 millones en inversiones y constituyen un importante activo para nuestra economía y la generación de millones de empleos nuevos, sus ingresos fiscales nos permitirán “hacer caja” para atender y cerrar las brechas sociales que todavía adolece nuestro país.
NADA QUE CELEBRAR
Comunicado de Patricio Vargas C. , presidente de la Cámara de Minería de Cuenca.
Septiembre 1 de 2023.- Este próximo día jueves 7 de septiembre, se conmemora el 2do. aniversario del establecimiento del Día del Trabajador Minero Ecuatoriano, lamentablemente han sido dos años más de retrocesos y duros reveses para la actividad productiva minera formal, haciendo que esta sea cada día más difícil de desarrollar; por tanto, no hay nada que celebrar y peor aún en Azuay y en el Distrito Minero de Camilo Ponce Enríquez; o es que acaso no dimensionamos lo que implica:
*Los reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional y de jueces locales que han dado paso a írritas Consultas Populares como la del Chocó Andino; la suspensión del Reglamento de la Consulta Previa; la suspensión de actividades del Proyecto Estratégico Loma Larga; la pérdida del Proyecto Río Blanco, ahora en manos de la minería ilegal y con una millonaria demanda internacional de por medio; la devolución de las concesiones mineras incautadas a los Isaías; la incierta situación del Proyecto Ruta del Cobre; solo por mencionar unos pocos casos, todo lo cual confirma la gran INSEGURIDAD JURÍDICA en la cual nos desenvolvemos.
*No podemos celebrar el no contar con una Ley de Consulta Previa; el cierre por más de cinco años del catastro minero; la tramitología y el centralismo -caldo de cultivo de la corrupción- en los procesos administrativos mineros; la serie de denuncias de manejos incorrectos en la ENAMI EP; la desbordada e incontrolada actividad minera ilegal; la grave problemática, potencial estallido social ante la pretensión de arrebatar múltiples trabajos mineros de más de quince años existentes dentro de la concesión MUYUYACU o lo insoluble del caso Cumbaratza.
*Por si no se han enterado el cantón Camilo Ponce Enríquez, es el cantón más peligroso de la provincia del Azuay, con uno de los índices más altos de muertes violentas por habitantes de todo el país, donde empresas de seguridad privada y personas no identificadas controlan vías públicas; acaso podemos celebrar los recientes asesinatos de compañeros como Julio Ruilova y Ángel Gaona.
*Es hora de dejar los cocteles mineros donde las condecoraciones van y vienen, se vuelve urgente la conformación de un gran frente de defensa de la actividad minera -o como quiera llamársele- que aglutine a todos los actores del sector minero, para abordar con frontalidad la grave problemática que atraviesa el sector minero y el planteamiento soluciones reales. Finalmente, y como diría el embajador de EEUU no está prohibido visitar Camilo Ponce Enríquez, lo único que se les pide es piénsenlo bien antes de ir.
Septiembre 1 de 2023.- Este próximo día jueves 7 de septiembre, se conmemora el 2do. aniversario del establecimiento del Día del Trabajador Minero Ecuatoriano, lamentablemente han sido dos años más de retrocesos y duros reveses para la actividad productiva minera formal, haciendo que esta sea cada día más difícil de desarrollar; por tanto, no hay nada que celebrar y peor aún en Azuay y en el Distrito Minero de Camilo Ponce Enríquez; o es que acaso no dimensionamos lo que implica:
*Los reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional y de jueces locales que han dado paso a írritas Consultas Populares como la del Chocó Andino; la suspensión del Reglamento de la Consulta Previa; la suspensión de actividades del Proyecto Estratégico Loma Larga; la pérdida del Proyecto Río Blanco, ahora en manos de la minería ilegal y con una millonaria demanda internacional de por medio; la devolución de las concesiones mineras incautadas a los Isaías; la incierta situación del Proyecto Ruta del Cobre; solo por mencionar unos pocos casos, todo lo cual confirma la gran INSEGURIDAD JURÍDICA en la cual nos desenvolvemos.
*No podemos celebrar el no contar con una Ley de Consulta Previa; el cierre por más de cinco años del catastro minero; la tramitología y el centralismo -caldo de cultivo de la corrupción- en los procesos administrativos mineros; la serie de denuncias de manejos incorrectos en la ENAMI EP; la desbordada e incontrolada actividad minera ilegal; la grave problemática, potencial estallido social ante la pretensión de arrebatar múltiples trabajos mineros de más de quince años existentes dentro de la concesión MUYUYACU o lo insoluble del caso Cumbaratza.
*Por si no se han enterado el cantón Camilo Ponce Enríquez, es el cantón más peligroso de la provincia del Azuay, con uno de los índices más altos de muertes violentas por habitantes de todo el país, donde empresas de seguridad privada y personas no identificadas controlan vías públicas; acaso podemos celebrar los recientes asesinatos de compañeros como Julio Ruilova y Ángel Gaona.
*Es hora de dejar los cocteles mineros donde las condecoraciones van y vienen, se vuelve urgente la conformación de un gran frente de defensa de la actividad minera -o como quiera llamársele- que aglutine a todos los actores del sector minero, para abordar con frontalidad la grave problemática que atraviesa el sector minero y el planteamiento soluciones reales. Finalmente, y como diría el embajador de EEUU no está prohibido visitar Camilo Ponce Enríquez, lo único que se les pide es piénsenlo bien antes de ir.
Sin consulta ambiental se incrementa
el riesgo de perder la inversión
Escribe Luis Ore, consultor.
Decreto Ejecutivo No. 754. Sin Consulta Ambiental se Incrementa el Riesgo de NO Implementar Proyectos de Inversión, PERO la Consulta no es una votación por un sí o por un no, la consulta ES un proceso de diálogo: ¿Batallas legales vs. Diálogo genuino?
Agosto 6 de 2023.- Algunos afirman que, si se implementa la consulta ambiental en proyectos mineros u otros proyectos de inversión estos se detendrán, estancarán y no contribuirán al crecimiento ni al desarrollo del país. Incluso algunos políticos y candidatos en la contienda electoral la cuestionan. Lo cierto es que el temor que genera la toma de decisión de no implementar un proceso de consulta ambiental cuando se debería, puede generar el efecto más temido, una suerte de profecía de auto cumplimiento inversa. Algún funcionario o servidor público electo o designado puede pensar “no debemos implementar la consulta ambiental porque esto va a causar que se paralicen lo proyectos de inversión”, sin embargo este funcionario no se da cuenta que al no realizar la consulta ambiental, las poblaciones que se consideran afectadas pueblos indígenas o no pueden iniciar acciones de fuerza como paros (y ya sabemos cómo terminan estos, con perdedores en todas partes) o pueden iniciar acciones legales de inconstitucionalidad, amparo o nulidad - fundamentados en los derechos recogidos la constitución y otros instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú o el convenio OIT 169 - que pueden suspender o detener los mismos proyectos de inversión que se desean ejecutar para el crecimiento y desarrollo del país.
Algunos temen que la implementación o realización de procesos de consulta ambiental vayan a detener la ejecución de proyectos afirmando que las poblaciones pueden decirles no a los proyectos. Esta presunción tiene dos problemas, el primero es un tema de concepto y entendimiento, el proceso de consulta ambiental no es para que una población diga “si” o “no” a un proyecto - no es para decir si está de acuerdo o en desacuerdo con un proyecto - sino es un proceso para involucrar a las poblaciones que se puedan considerar afectadas en un proceso de diálogo colaborativo, inclusivo y constructivo para entender las preocupaciones, temores o aspiraciones que estas poblaciones puedan tener respecto a la ejecución de un proyecto. El segundo problema es un tema de gerenciamiento, gestión o facilitación del proceso mismo de consulta ambiental con el propósito de buscar entendimiento y construir consensos.
En Ecuador, algunos representantes de organizaciones sociales e indígenas han interpuesto una acción publica de inconstitucionalidad, por la forma y el fondo, en contra del Decreto Ejecutivo 754 emitido por la presidencia de la república publicada el 02 de junio de 2023. El Decreto Ejecutivo 754 hace reformas referentes a la consulta ambiental en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente.
El Decreto Ejecutivo 754 define que la Participación ciudadana para la consulta ambiental en el proceso de regularización ambiental constituye un proceso que garantiza el diálogo y debate público, libre e informado entre el Estado a través de la Autoridad Ambiental competente (sujeto consultante) y la comunidad (sujeto consultado), con la finalidad de implementar la consulta ambiental en la regularización ambiental, de proyectos, obras o actividades de alto y mediano impacto ambiental del sector estratégico y no estratégico: y, de bajo impacto ambiental del sector hidrocarhurifero y minero, a través del cual, el sujeto consultante informará amplia y oportunamente sobre el contenido de los instrumentos técnicos ambientales, los posibles impactos y riesgos ambientales que pudieran derivarse de la ejecución de los proyectos, obras o actividades, así como la pertinencia de las acciones a tomar. Asimismo indica que este proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental en la regularización ambiental, tiene entre sus fines principales “generar espacios de diálogo entre la comunidad y la Autoridad Ambiental competente, donde se presenten sus distintos puntos de vista, con una participación activa de deliberación y debate sobre el contenido de los instrumentos técnicos ambientales, así como aquella información y documentación que servirá de base para el otorgamiento del permiso ambiental, (… ) y, consultar a la comunidad o comunidades posiblemente afectadas, respecto del otorgamiento del permiso ambiental”.
Además, para el proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental, se define que la CONSULTA AMBIENTAL “consiste en un diálogo de ida y vuelta con deliberación democrática, que busca garantizar a la comunidad o comunidades que ambientalmente pudieran ser afectadas por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad, su derecho a la participación en los procesos de toma de decisiones ambientales, a través del acceso y entrega de los contenidos de los instrumentos técnicos ambientales y demás información ambiental, de forma amplia y oportuna y de la consulta sobre el otorgamiento de los permisos ambientales”.
Mas allá de ir a una discusión posicional, de legalidad o no, o sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 754, cabe resaltar que si bien el Decreto Ejecutivo 754 hace mención a la palabra diálogo en el articulado de la norma incluyendo expresiones como:
La “Participación ciudadana para la consulta ambiental en el proceso de regularización ambiental.- Constituye un proceso que garantiza el diálogo y debate público, libre e informado entre el Estado a través de la Autoridad Ambiental competente (sujeto consultante) y la comunidad (sujeto consultado)”.
“En la asamblea informativa, luego de la presentación del contenido de los instrumentos técnicos ambientales e información correspondiente al proceso de regularización ambiental y participación ciudadana para la consulta ambiental, se generará un espacio de diálogo social, donde la comunidad podrá exponer sus opiniones, observaciones y puntos de vista, así como también se responderán las inquietudes y observaciones sobre el proyecto, obra o actividad” o
La “Fase consultiva de la participación ciudadana para la consulta ambiental. - Es un diálogo de ida y vuelta entre el sujeto consultante y el sujeto consultado previo al otorgamiento del permiso ambiental, a fin de presentar los instrumentos técnicos ambientales que contienen las opiniones y observaciones realizadas durante la fase informativa, así como consultar respecto de la emisión del permiso ambiental”.
También es cierto que la descripción o detalle de los pasos o mecanismos de aplicación de la participación ciudadana no constituyen un verdadero proceso de dialogo. Exponer puntos de vista, opiniones y observaciones, y dar respuesta a inquietudes y observaciones, y hacer anotaciones textuales de estas para luego trasladarlas a través de la autoridad ambiental competente al operador en un informe de sistematización de la fase informativa para que el operador las evalúe si son técnica y económicamente viables, y que luego la autoridad ambiental competente emita un pronunciamiento para luego iniciar la fase consultiva en la que se indica a la comunidad si las opiniones y observaciones realizadas en la fase informativa fueron incluidas en los instrumentos ambientales y seguidamente consultar si la comunidad esta de acuerdo o en desacuerdo con el permiso ambiental, no es un proceso de diálogo. ¿Cómo es un proceso de dialogo?
Un proceso de dialogo, es el ejercicio de colaboración o trabajo conjunto en el que las partes participantes primero deben generar un clima adecuado para la interacción con reglas de convivencia claras y acordadas (no impuestas). Las partes se deben escuchar para entenderse mutuamente (no se deben escuchar para refutar o simplemente contradecir), las partes deben tener claridad sobre sus perspectivas e intereses mas allá de posiciones simplistas a favor o en contra de un proyecto o actividad, las partes deben entender y tener un entendimiento compartido sobre sus preocupaciones, temores, necesidades, deseos y aspiraciones sobre el tema (proyecto o actividad objeto del diálogo), las partes deben generar juntos información creíble y confiable para todos para luego tomar decisiones informadas (una posibilidad es utilizar un proceso de búsqueda conjunta de información, enfoque utilizado en el proyecto Warintza). Luego las partes deben pensar juntos en diversas ideas (hacer ejercicio de lluvia de ideas, sin comprometerse en este momento aún) para generar opciones creativas que puedan satisfacer los múltiples y diversos intereses – preocupaciones, necesidades y aspiraciones - de las partes – luego las partes pueden definir juntas criterios objetivos de legitimidad o justicia que los ayuden a tomar decisiones sobre cual de todas las opciones generadas satisfacen mejor los intereses de cada una de las partes evitando así una contienda de voluntades. Y antes de tomar decisiones finales sobre posibles acuerdos las partes deben pensar juntas en las dificultades más probables que podrían enfrentar y como las abordaran si llegasen a ocurrir para asegurarse del cumplimiento y seguimiento de los acuerdos o propuestas de solución.
¿Es realmente importante el diálogo para proyectos de inversión? Si no hay diálogo, y si los ciudadanos, comunidades locales, y organizaciones no pueden participar de manera efectiva para ser y sentirse escuchados, compartir sus preocupaciones, necesidades y aspiraciones, y participar en un proceso de involucramiento reciproco en el que puedan abordarse estas preocupaciones de manera conjunta, muy probablemente se incrementará el riesgo de que importantes proyectos de inversión sean retrasados o bloqueados. Todos tenemos la necesidad de ser entendidos, apreciados y respetados, y necesitamos tener sentido cierto de pertenencia, afiliación, o conexión con el otro, no sentirse excluido.
También tenemos el interés emocional del sentido de autonomía, es decir el sentido de libertad de que no se nos impongan decisiones. Si las partes o la población no se siente incluida ni escuchada, muy probablemente la población alzará su voz de protesta y se opondrá a la decisión cuestionada a través de cuestionamientos políticos o legales. En estas circunstancias, las decisiones controvertidas puedan salirse de control a menos que se utilicen procesos que satisfagan el sentido de justicia de los actores interesados, la población. Un proceso de diálogo e involucramiento reciproco con un enfoque de beneficios mutuos puede generar las condiciones y el espacio necesario para integrar múltiples intereses y tomar decisiones informadas en las que todos se sientan escuchados y satisfechos con el proceso mismo.
Estas líneas pretenden contribuir y ayudar a reflexionar a las autoridades, funcionarios y servidores públicos en el sentido de que la implementación y aplicación de la consulta ambiental como proceso colaborativo, inclusivo y constructivo puede ayudar - con procesos y metodologías claras para construir consensos - a lograr alcanzar resultados inteligentes, creativos y sostenibles con la ejecución de proyectos de inversión con miras al crecimiento y desarrollo del país, mientras que la no realización de los procesos de consulta ambiental requeridos por temor a que proyectos de inversión sean rechazados por la población genera un mayor riesgo de suspensión o bloqueo a la implementación de proyectos por acciones de fuerza o acciones legales fundamentadas en los mismos derechos de la constitución e instrumentos internacionales. Quizás se deba considerar la utilización de facilitadores neutrales e independientes o mediadores profesionales para que faciliten los procesos de consulta que ayuden a construir consensos, reenmarcar conversaciones difíciles y conducir a lograr resultados inteligentes, creativos y sostenibles con beneficios para todos. Quizás se deba considerar fortalecer las capacidades de mediación y facilitación de procesos de diálogo colaborativo multiactor para que los propios funcionarios puedan conducir exitosamente procesos de consulta y contribuir al crecimiento y desarrollo del país.
Un Proceso de consulta efectivo podría tener una estructura o flujo como sigue a continuación, pero el diseño mismo del proceso de consulta debería ser resultado de un dialogo inclusivo y colaborativo, quizás esta sea una oportunidad para empezar a pensar y trabajar para generar las condiciones adecuadas para sostener verdaderos espacios de dialogo en el que todas las voces sean escuchadas y consideradas seriamente con aprecio, inclusión y respeto.
Aquí una posibilidad de estructura o flujo de actos en un proceso de consulta ambiental efectivo:
• Identificación de la medida a consultar (aprobación de instrumento ambiental)
• Identificación de población a ser consultada y organizaciones representativas
• Revisión de información de gabinete y coordinaciones iniciales con las organizaciones de población a ser consultada
• Preparación del trabajo de campo
• Preparación de reunión preparatoria
• Reunión preparatoria para elaborar el plan de consulta.
• Socialización (publicidad) de medida, entrega de información inicial y plan de consulta
• Preparación de talleres informativos
• Realización de talleres
• Evaluación interna por los consultados de la información presentada
• Preparación para el dialogo
• Reuniones de dialogo facilitado por tercero neutral
• Decisión final del gobierno
Decreto Ejecutivo No. 754. Sin Consulta Ambiental se Incrementa el Riesgo de NO Implementar Proyectos de Inversión, PERO la Consulta no es una votación por un sí o por un no, la consulta ES un proceso de diálogo: ¿Batallas legales vs. Diálogo genuino?
Agosto 6 de 2023.- Algunos afirman que, si se implementa la consulta ambiental en proyectos mineros u otros proyectos de inversión estos se detendrán, estancarán y no contribuirán al crecimiento ni al desarrollo del país. Incluso algunos políticos y candidatos en la contienda electoral la cuestionan. Lo cierto es que el temor que genera la toma de decisión de no implementar un proceso de consulta ambiental cuando se debería, puede generar el efecto más temido, una suerte de profecía de auto cumplimiento inversa. Algún funcionario o servidor público electo o designado puede pensar “no debemos implementar la consulta ambiental porque esto va a causar que se paralicen lo proyectos de inversión”, sin embargo este funcionario no se da cuenta que al no realizar la consulta ambiental, las poblaciones que se consideran afectadas pueblos indígenas o no pueden iniciar acciones de fuerza como paros (y ya sabemos cómo terminan estos, con perdedores en todas partes) o pueden iniciar acciones legales de inconstitucionalidad, amparo o nulidad - fundamentados en los derechos recogidos la constitución y otros instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú o el convenio OIT 169 - que pueden suspender o detener los mismos proyectos de inversión que se desean ejecutar para el crecimiento y desarrollo del país.
Algunos temen que la implementación o realización de procesos de consulta ambiental vayan a detener la ejecución de proyectos afirmando que las poblaciones pueden decirles no a los proyectos. Esta presunción tiene dos problemas, el primero es un tema de concepto y entendimiento, el proceso de consulta ambiental no es para que una población diga “si” o “no” a un proyecto - no es para decir si está de acuerdo o en desacuerdo con un proyecto - sino es un proceso para involucrar a las poblaciones que se puedan considerar afectadas en un proceso de diálogo colaborativo, inclusivo y constructivo para entender las preocupaciones, temores o aspiraciones que estas poblaciones puedan tener respecto a la ejecución de un proyecto. El segundo problema es un tema de gerenciamiento, gestión o facilitación del proceso mismo de consulta ambiental con el propósito de buscar entendimiento y construir consensos.
En Ecuador, algunos representantes de organizaciones sociales e indígenas han interpuesto una acción publica de inconstitucionalidad, por la forma y el fondo, en contra del Decreto Ejecutivo 754 emitido por la presidencia de la república publicada el 02 de junio de 2023. El Decreto Ejecutivo 754 hace reformas referentes a la consulta ambiental en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente.
El Decreto Ejecutivo 754 define que la Participación ciudadana para la consulta ambiental en el proceso de regularización ambiental constituye un proceso que garantiza el diálogo y debate público, libre e informado entre el Estado a través de la Autoridad Ambiental competente (sujeto consultante) y la comunidad (sujeto consultado), con la finalidad de implementar la consulta ambiental en la regularización ambiental, de proyectos, obras o actividades de alto y mediano impacto ambiental del sector estratégico y no estratégico: y, de bajo impacto ambiental del sector hidrocarhurifero y minero, a través del cual, el sujeto consultante informará amplia y oportunamente sobre el contenido de los instrumentos técnicos ambientales, los posibles impactos y riesgos ambientales que pudieran derivarse de la ejecución de los proyectos, obras o actividades, así como la pertinencia de las acciones a tomar. Asimismo indica que este proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental en la regularización ambiental, tiene entre sus fines principales “generar espacios de diálogo entre la comunidad y la Autoridad Ambiental competente, donde se presenten sus distintos puntos de vista, con una participación activa de deliberación y debate sobre el contenido de los instrumentos técnicos ambientales, así como aquella información y documentación que servirá de base para el otorgamiento del permiso ambiental, (… ) y, consultar a la comunidad o comunidades posiblemente afectadas, respecto del otorgamiento del permiso ambiental”.
Además, para el proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental, se define que la CONSULTA AMBIENTAL “consiste en un diálogo de ida y vuelta con deliberación democrática, que busca garantizar a la comunidad o comunidades que ambientalmente pudieran ser afectadas por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad, su derecho a la participación en los procesos de toma de decisiones ambientales, a través del acceso y entrega de los contenidos de los instrumentos técnicos ambientales y demás información ambiental, de forma amplia y oportuna y de la consulta sobre el otorgamiento de los permisos ambientales”.
Mas allá de ir a una discusión posicional, de legalidad o no, o sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 754, cabe resaltar que si bien el Decreto Ejecutivo 754 hace mención a la palabra diálogo en el articulado de la norma incluyendo expresiones como:
La “Participación ciudadana para la consulta ambiental en el proceso de regularización ambiental.- Constituye un proceso que garantiza el diálogo y debate público, libre e informado entre el Estado a través de la Autoridad Ambiental competente (sujeto consultante) y la comunidad (sujeto consultado)”.
“En la asamblea informativa, luego de la presentación del contenido de los instrumentos técnicos ambientales e información correspondiente al proceso de regularización ambiental y participación ciudadana para la consulta ambiental, se generará un espacio de diálogo social, donde la comunidad podrá exponer sus opiniones, observaciones y puntos de vista, así como también se responderán las inquietudes y observaciones sobre el proyecto, obra o actividad” o
La “Fase consultiva de la participación ciudadana para la consulta ambiental. - Es un diálogo de ida y vuelta entre el sujeto consultante y el sujeto consultado previo al otorgamiento del permiso ambiental, a fin de presentar los instrumentos técnicos ambientales que contienen las opiniones y observaciones realizadas durante la fase informativa, así como consultar respecto de la emisión del permiso ambiental”.
También es cierto que la descripción o detalle de los pasos o mecanismos de aplicación de la participación ciudadana no constituyen un verdadero proceso de dialogo. Exponer puntos de vista, opiniones y observaciones, y dar respuesta a inquietudes y observaciones, y hacer anotaciones textuales de estas para luego trasladarlas a través de la autoridad ambiental competente al operador en un informe de sistematización de la fase informativa para que el operador las evalúe si son técnica y económicamente viables, y que luego la autoridad ambiental competente emita un pronunciamiento para luego iniciar la fase consultiva en la que se indica a la comunidad si las opiniones y observaciones realizadas en la fase informativa fueron incluidas en los instrumentos ambientales y seguidamente consultar si la comunidad esta de acuerdo o en desacuerdo con el permiso ambiental, no es un proceso de diálogo. ¿Cómo es un proceso de dialogo?
Un proceso de dialogo, es el ejercicio de colaboración o trabajo conjunto en el que las partes participantes primero deben generar un clima adecuado para la interacción con reglas de convivencia claras y acordadas (no impuestas). Las partes se deben escuchar para entenderse mutuamente (no se deben escuchar para refutar o simplemente contradecir), las partes deben tener claridad sobre sus perspectivas e intereses mas allá de posiciones simplistas a favor o en contra de un proyecto o actividad, las partes deben entender y tener un entendimiento compartido sobre sus preocupaciones, temores, necesidades, deseos y aspiraciones sobre el tema (proyecto o actividad objeto del diálogo), las partes deben generar juntos información creíble y confiable para todos para luego tomar decisiones informadas (una posibilidad es utilizar un proceso de búsqueda conjunta de información, enfoque utilizado en el proyecto Warintza). Luego las partes deben pensar juntos en diversas ideas (hacer ejercicio de lluvia de ideas, sin comprometerse en este momento aún) para generar opciones creativas que puedan satisfacer los múltiples y diversos intereses – preocupaciones, necesidades y aspiraciones - de las partes – luego las partes pueden definir juntas criterios objetivos de legitimidad o justicia que los ayuden a tomar decisiones sobre cual de todas las opciones generadas satisfacen mejor los intereses de cada una de las partes evitando así una contienda de voluntades. Y antes de tomar decisiones finales sobre posibles acuerdos las partes deben pensar juntas en las dificultades más probables que podrían enfrentar y como las abordaran si llegasen a ocurrir para asegurarse del cumplimiento y seguimiento de los acuerdos o propuestas de solución.
¿Es realmente importante el diálogo para proyectos de inversión? Si no hay diálogo, y si los ciudadanos, comunidades locales, y organizaciones no pueden participar de manera efectiva para ser y sentirse escuchados, compartir sus preocupaciones, necesidades y aspiraciones, y participar en un proceso de involucramiento reciproco en el que puedan abordarse estas preocupaciones de manera conjunta, muy probablemente se incrementará el riesgo de que importantes proyectos de inversión sean retrasados o bloqueados. Todos tenemos la necesidad de ser entendidos, apreciados y respetados, y necesitamos tener sentido cierto de pertenencia, afiliación, o conexión con el otro, no sentirse excluido.
También tenemos el interés emocional del sentido de autonomía, es decir el sentido de libertad de que no se nos impongan decisiones. Si las partes o la población no se siente incluida ni escuchada, muy probablemente la población alzará su voz de protesta y se opondrá a la decisión cuestionada a través de cuestionamientos políticos o legales. En estas circunstancias, las decisiones controvertidas puedan salirse de control a menos que se utilicen procesos que satisfagan el sentido de justicia de los actores interesados, la población. Un proceso de diálogo e involucramiento reciproco con un enfoque de beneficios mutuos puede generar las condiciones y el espacio necesario para integrar múltiples intereses y tomar decisiones informadas en las que todos se sientan escuchados y satisfechos con el proceso mismo.
Estas líneas pretenden contribuir y ayudar a reflexionar a las autoridades, funcionarios y servidores públicos en el sentido de que la implementación y aplicación de la consulta ambiental como proceso colaborativo, inclusivo y constructivo puede ayudar - con procesos y metodologías claras para construir consensos - a lograr alcanzar resultados inteligentes, creativos y sostenibles con la ejecución de proyectos de inversión con miras al crecimiento y desarrollo del país, mientras que la no realización de los procesos de consulta ambiental requeridos por temor a que proyectos de inversión sean rechazados por la población genera un mayor riesgo de suspensión o bloqueo a la implementación de proyectos por acciones de fuerza o acciones legales fundamentadas en los mismos derechos de la constitución e instrumentos internacionales. Quizás se deba considerar la utilización de facilitadores neutrales e independientes o mediadores profesionales para que faciliten los procesos de consulta que ayuden a construir consensos, reenmarcar conversaciones difíciles y conducir a lograr resultados inteligentes, creativos y sostenibles con beneficios para todos. Quizás se deba considerar fortalecer las capacidades de mediación y facilitación de procesos de diálogo colaborativo multiactor para que los propios funcionarios puedan conducir exitosamente procesos de consulta y contribuir al crecimiento y desarrollo del país.
Un Proceso de consulta efectivo podría tener una estructura o flujo como sigue a continuación, pero el diseño mismo del proceso de consulta debería ser resultado de un dialogo inclusivo y colaborativo, quizás esta sea una oportunidad para empezar a pensar y trabajar para generar las condiciones adecuadas para sostener verdaderos espacios de dialogo en el que todas las voces sean escuchadas y consideradas seriamente con aprecio, inclusión y respeto.
Aquí una posibilidad de estructura o flujo de actos en un proceso de consulta ambiental efectivo:
• Identificación de la medida a consultar (aprobación de instrumento ambiental)
• Identificación de población a ser consultada y organizaciones representativas
• Revisión de información de gabinete y coordinaciones iniciales con las organizaciones de población a ser consultada
• Preparación del trabajo de campo
• Preparación de reunión preparatoria
• Reunión preparatoria para elaborar el plan de consulta.
• Socialización (publicidad) de medida, entrega de información inicial y plan de consulta
• Preparación de talleres informativos
• Realización de talleres
• Evaluación interna por los consultados de la información presentada
• Preparación para el dialogo
• Reuniones de dialogo facilitado por tercero neutral
• Decisión final del gobierno
El impacto del riesgo de la naturaleza en evaluaciones crediticias
es una llamada de atención para los inversores
Julio 30 de 2023.- Un reciente análisis conducido por Planet Tracker y la London School of Economics, el cual continúa un anterior análisis publicado el año pasado, ha arrojado luz en cuanto a cómo la dependencia de los países en las exportaciones de recursos naturales tiene un impacto en sus evaluaciones crediticias estatales y su resiliencia a disrupciones económicas globales, según informe de John Willis, periodista de Reuters.
El autor afirma que los hallazgos tienen implicaciones de gran alcance para los mercados de bonos y demandan la urgente atención de inversores a integrar el riesgo de la naturaleza en sus procesos de toma de decisiones.
Ellos revelan una tendencia desconcertante: países fuertemente dependientes en exportaciones de recursos naturales, particularmente recursos no-renovables como el petróleo y los minerales, han experimentado una declinación significativa en sus evaluaciones crediticias en promedio desde la crisis financiera del 2008. Países como Nigeria (minerales, combustibles incluyendo el petróleo) y Zimbabwe (gemas y metales preciosos) han sido testigos de una declinación de una letra completa de puntaje crediticio cada 4.2 años, haciéndolos más vulnerables a riesgos financieros y menos resilientes a shocks económicos comparados con países con menos dependencia en la naturaleza para las exportaciones como Francia y Singapur.
Por otro lado, exportadores de recursos naturales renovables, incluyendo productos agrícolas, han mantenido evaluaciones crediticias relativamente estables durante el mismo periodo como Paraguay (productos de soya) y Kenya (té y flores).
Nueva Zelanda e Islandia resaltan como ejemplos de naciones altamente dependientes en exportaciones de recursos renovables que han mantenido evaluaciones crediticias estables. El éxito de estos países puede ser atribuido a un acercamiento proactivo a la administración sostenible de sus recursos naturales. Por ejemplo, Nueva Zelanda ha implementado políticas que enfatizan la conservación, agricultura sostenible y desarrollo de energía renovable.
Mientras tanto, se ha afirmado por largo tiempo que países fuertemente dependientes en recursos no-renovables experimentan una mayor volatilidad económica, lo cual afecta negativamente su calificación crediticia y estabilidad fiscal. Esto refuerza más la noción de que economías no-renovables, dependientes de la naturaleza, encaran obstáculos significativos al obtener financiamiento relacionado al clima y administrar shocks futuros.
El reconocimiento del rol crítico que la biodiversidad y los recursos naturales juegan en la economía ha crecido significativamente entre inversores y formuladores de políticas. Estimaciones incluso indican que la pérdida de naturaleza pone unos abrumadores US$ 58 trillones en riesgo (https://www.pwc.com/gx/en/strategy-and-business/content/sbpwc-2023-04-19-Managing-nature-risks-v2.pdf). Mientras las instituciones globales toman medidas para proteger la naturaleza, se vuelve imperativo para las instituciones financieras el comprender el enlace vital entre recursos naturales dentro en la economía y el desempeño de bonos a largo plazo.
Este reporte sirve como una llamada de trompeta para los inversores a que reasesoren sus estrategias de inversión e integren el riesgo de la naturaleza en sus procesos de toma de decisiones. Sin un entendimiento cabal de este factor crítico, los financistas arriesgan el operar a oscuras en un mundo crecientemente dependiente del capital natural.
Entender la materialidad financiera de esta dependencia a la naturaleza habilita a los inversores a mitigar sus riesgos, mientras que asegura la estabilidad a largo plazo de aquellas economías dependientes a los recursos naturales. Inversores en el mercado de ingreso fijo no serían sabios de ignorar las implicaciones de la dependencia a la naturaleza en las evaluaciones crediticias, sea intencionalmente o no, y potencialmente dejarían sus portafolios expuestos.
Por otro lado, entender el riesgo asociado con economías dependientes a la naturaleza permite a los inversores identificar sectores e industrias que estén activamente trabajando hacia prácticas sostenibles y diversificar sus portafolios correspondientemente. Les permite apoyar compañías y proyectos que sean resilientes a desafíos medioambientales y contribuir a un futuro más sostenible. Al ignorar estos datos, los inversores puede que dejen pasar oportunidades de inversión emergentes y retrasen el avance de finanzas sostenibles.
Más ampliamente, los formuladores de políticas y las agencias de evaluaciones crediticias deberían también prestar atención a las advertencias brindadas por estos estudios. Al considerar el riesgo en la naturaleza y alinear estrategias financieras con prácticas sostenibles, podemos navegar las complejidades de un mundo dependiente a la naturaleza en nuestros intentos de asegurar un futuro próspero y resiliente.
Nota publicada originalmente en https://www.reuters.com/sustainability/land-use-biodiversity/comment-impact-nature-risk-credit-ratings-is-wake-up-call-investors-2023-07-19/?utm_campaign=ETH%2028JUL23%20Newsletter%20Database&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
El autor afirma que los hallazgos tienen implicaciones de gran alcance para los mercados de bonos y demandan la urgente atención de inversores a integrar el riesgo de la naturaleza en sus procesos de toma de decisiones.
Ellos revelan una tendencia desconcertante: países fuertemente dependientes en exportaciones de recursos naturales, particularmente recursos no-renovables como el petróleo y los minerales, han experimentado una declinación significativa en sus evaluaciones crediticias en promedio desde la crisis financiera del 2008. Países como Nigeria (minerales, combustibles incluyendo el petróleo) y Zimbabwe (gemas y metales preciosos) han sido testigos de una declinación de una letra completa de puntaje crediticio cada 4.2 años, haciéndolos más vulnerables a riesgos financieros y menos resilientes a shocks económicos comparados con países con menos dependencia en la naturaleza para las exportaciones como Francia y Singapur.
Por otro lado, exportadores de recursos naturales renovables, incluyendo productos agrícolas, han mantenido evaluaciones crediticias relativamente estables durante el mismo periodo como Paraguay (productos de soya) y Kenya (té y flores).
Nueva Zelanda e Islandia resaltan como ejemplos de naciones altamente dependientes en exportaciones de recursos renovables que han mantenido evaluaciones crediticias estables. El éxito de estos países puede ser atribuido a un acercamiento proactivo a la administración sostenible de sus recursos naturales. Por ejemplo, Nueva Zelanda ha implementado políticas que enfatizan la conservación, agricultura sostenible y desarrollo de energía renovable.
Mientras tanto, se ha afirmado por largo tiempo que países fuertemente dependientes en recursos no-renovables experimentan una mayor volatilidad económica, lo cual afecta negativamente su calificación crediticia y estabilidad fiscal. Esto refuerza más la noción de que economías no-renovables, dependientes de la naturaleza, encaran obstáculos significativos al obtener financiamiento relacionado al clima y administrar shocks futuros.
El reconocimiento del rol crítico que la biodiversidad y los recursos naturales juegan en la economía ha crecido significativamente entre inversores y formuladores de políticas. Estimaciones incluso indican que la pérdida de naturaleza pone unos abrumadores US$ 58 trillones en riesgo (https://www.pwc.com/gx/en/strategy-and-business/content/sbpwc-2023-04-19-Managing-nature-risks-v2.pdf). Mientras las instituciones globales toman medidas para proteger la naturaleza, se vuelve imperativo para las instituciones financieras el comprender el enlace vital entre recursos naturales dentro en la economía y el desempeño de bonos a largo plazo.
Este reporte sirve como una llamada de trompeta para los inversores a que reasesoren sus estrategias de inversión e integren el riesgo de la naturaleza en sus procesos de toma de decisiones. Sin un entendimiento cabal de este factor crítico, los financistas arriesgan el operar a oscuras en un mundo crecientemente dependiente del capital natural.
Entender la materialidad financiera de esta dependencia a la naturaleza habilita a los inversores a mitigar sus riesgos, mientras que asegura la estabilidad a largo plazo de aquellas economías dependientes a los recursos naturales. Inversores en el mercado de ingreso fijo no serían sabios de ignorar las implicaciones de la dependencia a la naturaleza en las evaluaciones crediticias, sea intencionalmente o no, y potencialmente dejarían sus portafolios expuestos.
Por otro lado, entender el riesgo asociado con economías dependientes a la naturaleza permite a los inversores identificar sectores e industrias que estén activamente trabajando hacia prácticas sostenibles y diversificar sus portafolios correspondientemente. Les permite apoyar compañías y proyectos que sean resilientes a desafíos medioambientales y contribuir a un futuro más sostenible. Al ignorar estos datos, los inversores puede que dejen pasar oportunidades de inversión emergentes y retrasen el avance de finanzas sostenibles.
Más ampliamente, los formuladores de políticas y las agencias de evaluaciones crediticias deberían también prestar atención a las advertencias brindadas por estos estudios. Al considerar el riesgo en la naturaleza y alinear estrategias financieras con prácticas sostenibles, podemos navegar las complejidades de un mundo dependiente a la naturaleza en nuestros intentos de asegurar un futuro próspero y resiliente.
Nota publicada originalmente en https://www.reuters.com/sustainability/land-use-biodiversity/comment-impact-nature-risk-credit-ratings-is-wake-up-call-investors-2023-07-19/?utm_campaign=ETH%2028JUL23%20Newsletter%20Database&utm_medium=email&utm_source=Eloqua
Derrame de petróleo en kilómetros de playa turística en Ecuador: ¿Como abordar la situación del derrame de petróleo? ¿cómo abordar de manera efectiva esta crisis ante diversas preocupaciones y aspiraciones de múltiples actores?
-Versión completa-
Escribe Luis Ore, consultor interdisciplinario. http://oreluis.wix.com/orasi . Email [email protected]
Julio 23 de 2023.- Algunos están tratando de averiguar las posibles responsabilidades asociadas con varias empresas o instituciones vinculadas al derrame de petróleo de PETROECAUDOR en la provincia de ESMERALDAS. Casi siempre hay preocupaciones sobre responsabilidades, las empresas en todo el mundo se enfrentan a una situación potencial y desafiante, como el derrame de petróleo en Esmeraldas o casos pasados como el derrame de REPSOL en Ventanilla en las costas de Lima (Perú) en enero del 2022 o en el Golfo de México con el derrame de petróleo de compañía British Petroleum (BP) en las costas de EE.UU. en el 2010 o el derrame de petróleo de Exxon-Valdez de 1989 en Prince William Sound de Alaska en marzo de 1989.
Cuando incidentes, accidentes o desastres ecológicos que involucran a operaciones de empresas extractivas, como las petroleras, ocurren, como es el caso de un derrame de petróleo o incluso un derrame de concentrado de minerales, los ejecutivos de las empresas se enfrentan a las personas afectadas, poblaciones enfurecidas, medios de comunicación y periodistas cuestionando, grupos de interés y frentes de defensa de grupos y organizaciones. Ocurrido un derrame de petróleo o de concentrado de minerales, algunos actúan con un enfoque tradicional de relaciones públicas y otros utilizan un enfoque legalista puro, sin embargo, hay otras maneras de hacer frente a estos desafíos, un enfoque con una gestión de riesgo y una mentalidad para la prevención de conflictos puede ser útil. Muchos quieren saber qué pasó, por qué ocurrió y quién es el culpable. Lo más probable es que las empresas verán su reputación cuestionada y su credibilidad reducida.
Las empresas tendrán que decidir cómo gestionar la información, puede responder con planteamientos distintos sobre la base de lo tradicional y convencional. Un enfoque "legal tradicional" recomendaría la protección de la información para proteger a la compañía de cualquier exposición de responsabilidad; pueden decir que no admiten la responsabilidad de las cosas y expresan que probablemente la empresa no lo ha hecho, asumiendo culpa simplemente aumentar la exposición y responsabilidad. Un enfoque "técnico" recomendaría controlar la información, se podría decir que dar información al público con limitaciones técnicas lo confundirá. Quienes apoyan este enfoque no admitirán que existe un problema hasta que esté bien definido y una solución es encontrada, porque decir que hay un problema sin tener una solución lista sugiere incompetencia. Por último, un enfoque tradicional de “relaciones públicas” recomendaría la creación de información, y pueden decir que cualquier información compartida será utilizada en contra de la empresa, estos sugieren revelar la información en pequeñas dosis para mantener y crear una imagen positiva de la empresa. Podría ser beneficioso tener en cuenta una perspectiva adicional mientras los comunicadores y abogados corporativos ofrecen asesoramiento a clientes potenciales. Este puede ser un tema importante a tratar y dialogar dentro de la comunidad legal y ejecutiva, tanto en el sector minero energético como en el gobierno, encargados de retos y desafíos asociados a los derrames de petróleo.
El miércoles 19 de julio del 2023, la empresa estatal Petroecuador indicó que a las 4:30 a.m. (hora local) se produjo un fallo en el sistema de alivio durante el proceso de reversión de crudo liviano y empaquetamiento de línea en su terminal marítima de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, ubicada en el noroeste del país. El (petróleo) material derramado llegó a una pequeña laguna en la playa Las Palmas, dijo a medios locales Alex Benalcázar, director de Ambiente de la Alcaldía de Esmeraldas.
Petroecuador afirmó que activó sus equipos de contingencia para mitigar y controlar los efectos del derrame de petróleo en la zona. Entre esas acciones, movilizó maquinaria pesada y camiones de vacío para succionar el producto. Petroecuador enfatizó que las actividades de exportación y abastecimiento de combustibles no fueron afectadas por este incidente.
El gerente general de Petroecuador, Ramón Correa Vivanco, dijo en conferencia de prensa que mientras se realizan las investigaciones no descartan ninguna hipótesis sobre las causas del derrame: daño mecánico, negligencia o sabotaje. Agregó que hasta el momento la playa Las Palmas está remediada al 90% y que “los turistas comenzaron a llegar”.
El gerente de Transporte de Petroecuador, Rafael Armendáriz, estimó que se derramaron 1.200 barriles, pero no todos estos fueron a parar a la playa ya que una parte se quedó en las piscinas de contención. Agregó que la afectación es de unos 4 kilómetros desde la terminal marítima de Esmeraldas hasta la playa Las Palmas.
El ministro de Ambiente de Ecuador, José Antonio Dávalos, informó que se derramaron 1.200 barriles de crudo en 4 km lineales desde el punto que se encuentra la terminal. El funcionario agregó que ahora se estudia la cantidad de material que se internó en el mar.
El Ministerio del Ambiente informó que está en la zona realizando control y seguimiento para “precautelar el bienestar de la población y mitigar el impacto ambiental”. La cartera se comprometió a asegurarse de que la operadora ejecute las actividades de contingencia, limpieza y recuperación de crudo en el área afectada.
El alcance e impacto de desastres ambientales genera que la gente este cada vez más enojada. Cuando incidentes como el descrito ocurren, hay público enojado en la costa preocupado por los efectos del derrame de petróleo, comunidades en línea y grupos de defensa consideran realizar campañas a través de Internet y hay amenazas de demandas judiciales de ciudadanos preocupados, y como sucedió en los EE.UU. con el derrame de BP en el Golfo de México - cuando la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que eliminaba los límites en los daños financieros que se pueden otorgar por accidentes frente a la costa de EE.UU. y un proyecto de ley se presentó en el Senado de EE.UU. que proponía sanciones por derrames de petróleo para obligar a las empresas a renunciar a sus ganancias de un año – el congreso Ecuatoriano también podría legislar sobre la materia especifica. En EE.UU., el presidente Obama requirió un informe de una nueva comisión presidencial encargada de investigar la manera cómo prevenir futuros derrames de petróleo, en el Ecuador la presidencia de la república del Ecuador también podría encargar una comisión especial con un propósito similar.
Un enfoque diferente: procesos de involucramiento inclusivo con un enfoque de beneficios mutuos para la gestión de crisis y resolución de incidentes
Un enfoque diferente podría lograr una mejor gestión de riesgos y producir mejores resultados. Después de que un incidente ocurre mientras la empresa está perdiendo confianza y credibilidad, sus directivos debería hacer frente a esa difícil situación con un enfoque más estratégico, un enfoque que sea más eficaz que los enfoques tradicionales y convencionales. Los directivos deberían utilizar mejores procesos para reconstruir la confianza, la credibilidad y la gestión de la posible exposición de responsabilidad mientras se abordan las preocupaciones de los múltiples actores y partes interesadas.
Un enfoque de beneficios mutuos recomienda la divulgación de información. En el mundo de hoy, en donde Internet y las redes sociales son tan penetrantes, ocultar información no solo es extremadamente difícil, sino también contraproducente. En el caso del derrame de PETROECUADOR en Esmeraldas, las declaraciones de testigos podrían contradecir la información difundida por PETROECUADOR. La honestidad es la mejor política, porque el intercambio de información incrementa la credibilidad y contribuye a la reconstrucción de la confianza, y ayuda a proteger al público de un daño mayor y a las empresas vinculadas a accidentes las protege de responsabilidad posterior. Si las personas tienen información disponible estará en una mejor posición para protegerse de un daño mayor. El intercambio de información contribuye a abrir canales de comunicación, permite el flujo de información, y allana el camino hacia la recuperación de la confianza y la credibilidad, mientras que ocultar información y admitir acciones sólo después de que han sido descubiertas, socava la credibilidad. Si las organizaciones quieren ganarse la confianza del público, deben confiar en este. Las empresas tienen que ser conscientes y estratégicas sobre el momento en que estas comparten información, ya que un exceso de esta información o comunicada pobremente puede ser contraproducente, y también puede ser contraproducente el momento en el que la información es compartida o difundida.
Un enfoque de beneficios mutuos no solo recomienda la divulgación de información, pero recomienda actuar de un modo digno de confianza, los ejecutivos de empresas deben expresar sus intenciones y ser consistente con sus expresiones.
Otro principio clave para reconstruir la confianza y la credibilidad es reconocer las preocupaciones de los demás. Es un hecho que minimizando y restando importancia a los temores del público enfadado y sus preocupaciones, así como a comunidades afectadas y las personas posiblemente afectadas por un accidente, despertará emociones y agravará la situación. Es importante destacar que otra recomendación clave para las empresas desde la perspectiva del enfoque de beneficios mutuos, es que las empresas tienen que elegir a un portavoz que sea creíble, que sea informado, con experiencia, que hable claramente y no condescendientemente con el público. Un buen portavoz es creíble y habla con facilidad, seguro, suave y con calma, mientras que también transmite honestidad y transparencia.
¿Qué pasa con los esfuerzos de limpieza del derrame de petróleo y los reclamos por concepto de indemnización o compensaciones?
Recordemos el derrame de petróleo de Exxon-Valdez de 1989 con 10 millones de galones de petróleo crudo en Prince William Sound de Alaska en el que después de 2 meses del incidente Exxon-Valdez, Exxon gastó US$115 millones de dólares en la limpieza. Mientras que, en el caso del derrame de BP en el Golfo de México, después de 2 meses del incidente, BP afirmaba que había gastado US$2 mil millones de dólares en limpiar el derrame de petróleo. En el caso del derrame de petróleo de Exxon-Valdez, Exxon aceptó la responsabilidad en un inicio, pero luego comenzó a señalar con el dedo y culpar a otros. De manera similar, durante la primera semana del derrame de petróleo de BP en el Golfo de Mexico, el jefe del grupo BP dijo durante una entrevista de CNN que el accidente podría haberse evitado y culpó al propietario de la plataforma, Transocean Ltd. atribuyendo el incidente a un mal funcionamiento antes de la explosión, describiendo la válvula “preventor de reventones” como "una parte integral de la plataforma de perforación", que era operada por Transocean. "La responsabilidad de la seguridad en la plataforma de perforación es de Transocean", afirmaba Hyward, el jefe del Grupo BP, mientras que el vicepresidente de Transocean, Adrian Rose, había dicho que su plataforma petrolera no tenía indicios de problemas antes de la explosión. En el caso del derrame de PETROECUADOR, el gerente general de Petroecuador dijo en conferencia de prensa que mientras se realizan las investigaciones no descartan ninguna hipótesis sobre las causas del derrame: daño mecánico, negligencia o sabotaje. Es usual y recurrente que el enfoque de abordaje de este tipo de situaciones de derrame se trate con un marco de juego de culpas, pero lamentablemente este no busca soluciones, sino por el contrario, busca no asumir responsabilidades.
En cuanto a la limpieza del derrame del petróleo de PETROECUADOR, la empresa ha señalado que hasta el momento la playa Las Palmas está remediada al 90% y que “los turistas comenzaron a llegar”. Sin embargo, alguien podría decir que la limpieza del derrame del petróleo o las acciones de remediación no significa necesariamente que la empresa se compromete a la restauración de la zona afectada a su estado natural anterior al incidente. Una vez que ha ocurrido un incidente o accidente, ninguna empresa puede retroceder el tiempo, las empresas solo pueden afectar o impactar el futuro. Estas, sin duda alguna, puede participar en esfuerzos para evitar que esto vuelva a suceder, pero el juego de culpas, el juego de señalar con el dedo a otro y negar la responsabilidad empeorará las cosas y será una pérdida de tiempo, energía y recursos. Mirando hacia atrás y tratando de asignar culpas a otros causará que las empresas pierdan más reputación, credibilidad y confianza en los ojos de la población. Un mejor enfoque para resolver este tipo de situaciones difíciles es mirar hacia delante, involucrar a otros y decidir conjuntamente sobre la manera cómo enfrentar mejor el desafío que nos ocupa. La participación de una amplia base de actores es lo que un enfoque de beneficios mutuos recomienda a través del reparto de poder. Se trata de compartir el poder en la toma de decisiones. Al compartir poder las compañías ganan poder y recuperar su confianza y credibilidad.
PETROECUADOR, podría haber convocado un foro público con estrategias de creación de consenso para involucrar a diversas partes interesadas para aprovechar la inteligencia colectiva de la comunidad y obtener las mejores ideas posibles. Al menos, algunas iniciativas independientes están buscando las mejores ideas que la industria, las universidades, los investigadores, los científicos y el público tienen para ofrecer para abordar la posible crisis generada por el derrame de petróleo de PETROECUADOR. Incluso si PETROECUADOR afirmara que será responsable del esfuerzo de limpieza y sin costo alguno para los contribuyentes, alguien puede decir que cuando PETROECUADOR dice que pagará todos los costos de limpieza del derrame de petróleo, eso no significa necesariamente que se comprometa a restaurar la costa de Esmeraldas y demás zonas posiblemente impactadas del litoral a su estado anterior. También hay preocupaciones acerca de cómo se está llevando a cabo la limpieza, algunos podrían cuestionar si PETROECUADOR está utilizando la mejor tecnología disponible y las mejores prácticas para los esfuerzos de limpieza necesaria.
Cuando un accidente de esta naturaleza ocurre es fundamental establecer líneas claras de comunicación. Una buena comunicación no es sólo compartir información, es más como una comunicación de doble vía, comunicación en dos sentidos, un proceso de ida y vuelta, un proceso de reunir y difundir información para escuchar comentarios y responder. El establecimiento de este tipo de líneas claras de medios de comunicación significa entablar un proceso de diálogo directo, cara a cara, un dialogo abierto y sincero entre las empresas y el público.
El tema de indemnizaciones y compensaciones, algunas empresas establecen oficinas de reclamación para la gestión de las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios, como lo hizo BP en el derrame del Golfo de México. ¿Qué está haciendo PETROECUADOR al respecto? Sin embargo, siempre habrá desconfianza sobre lo que una empresa puede declarar, las denuncias aumentan y los afectados quiere presentar demandas judiciales. Un mejor enfoque para la gestión de riesgos podría aplicarse sobre la base de un enfoque de beneficios mutuos. Este enfoque recomienda que las empresas acepten responsabilidad, admitan errores, y compartan poder. Los accidentes siempre van a ocurrir, pero negar la responsabilidad sólo exacerbará los ánimos de las personas y la ira de la población.
En términos generales, una vez que ocurre un accidente, en materia de indemnización por daños y perjuicios las empresas tienen tres alternativas: 1) Las empresas pueden hacer lo que es requerido por la ley y esperar hasta que los tribunales decidan sobre la indemnización correspondiente, o 2) las empresas pueden optar por ofrecer dinero para compensar a las personas afectadas y usar otras formas de asistencia para mitigar los efectos de los accidentes que han causado, antes de iniciar litigios, o 3) las empresas pueden ofrecer a los interesados ponerlos en una condición mejor de la que estaban antes del incidente, para ello, las compañías pueden tomar medidas de inmediato para prevenir la ocurrencia de mayores daños y perjuicios y espera hasta que las partes interesadas y las empresas tengan oportunidad de reunirse para ver si es posible y cual sería una forma justa, equitativa y objetiva para ofrecer cualquier indemnización y compensación que se haya acordado.
Sobre las consecuencias del incidente e indemnización por daños y perjuicios, cuando una empresa que ha causado daños trata de decidir por sí misma cuál es la respuesta adecuada y cuál es la compensación que se debería otorgar, muy probablemente una comunidad preocupada se resistirá. Cuando la compensación es considerada adecuada y justa por una comunidad preocupada, es probable que exista un acuerdo duradero. De acuerdo con un enfoque de beneficios mutuos, una manera probada y eficaz para compartir el poder de decisión puede lograr resultados más eficientes y rentables. Las personas son más propensas a aceptar las decisiones e incluso resultados adversos, si tienen la sensación de que el proceso para la toma de decisiones fue justo y les dio la oportunidad de que sus preocupaciones sean escuchadas y sean consideradas seriamente. Por lo tanto, PETROECUADOR podría optar por la tercera alternativa viable y convocar a un proceso de involucramiento inclusivo con la comunidad afectada por el derrame del concentrado de cobre.
Un proceso de involucramiento participativo con los actores interesados en un foro público puede ayudar a mitigar el derrame del concentrado de cobre y compensar a la comunidad afectada. El proceso de involucramiento participativo de actores interesados puede solicitar asesoramiento sobre la forma de calcular una compensación justa, y puede ser utilizado para la solución conjunta de problemas en una serie de cuestiones. Las empresas pueden tratar de derivar normas acordadas en la comunidad para guiar el pago de una indemnización. El secreto para tener un proceso de involucramiento participativo con actores interesados exitoso es el uso de un mediador imparcial de resolución de conflictos con experiencia necesaria para la gestión de procesos y construcción de consenso. Un facilitador neutral podría ayudar a identificar a los interesados, explorar intereses y preocupaciones, definir los representantes a seleccionar, y las normas de interacción y comportamiento para gobernar la interacción civilizada durante las reuniones de grupo. Los interesados deben ponerse de acuerdo sobre cómo se tomarán las decisiones - por consenso con poder de veto para la empresa o el poder de solo asesoramiento - el grupo tendrá que ponerse de acuerdo sobre el diseño y operación del proceso - foro público.
Cuando los funcionarios, inversionistas, asesores legales, consejeros estratégicos y la comunidad jurídica estén pensando en cómo hacer frente a situaciones difíciles, tales como el derrame de petróleo de PETROECUADOR en las playas de la provincia de Esmeraldas y posibles actores de poblaciones locales afectadas, pueden mostrarse vacilantes para decidir si poner en práctica un proceso de involucramiento participativo e inclusivo con múltiples actores con un enfoque de beneficios mutuos para gestionar crisis y situaciones de riesgos, pero de hecho, una y otra vez, experiencias nos demuestran que este método produce buenos resultados y relaciones fortalecidas dentro y con la comunidad. En suma, reduce el riesgo de exposición y responsabilidad, y mejora la imagen y la reputación de las empresas al tiempo que contribuye a reconstruir su confianza y credibilidad. La pregunta que queda es, ¿Por qué no utilizar procesos de involucramiento inclusivo con un enfoque de beneficios mutuos para la gestión de crisis y para abordar proactivamente las preocupaciones y aspiraciones de múltiples actores y prevenir conflictos sociales?
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* Luis E. Oré Ibarra es Ex Subsecretario de Gestión del Diálogo de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM- Presidencia del Consejo de Ministros de Perú - durante el gobierno de transición y emergencia de la administración del presidente Francisco Sagasti. Mediador profesional y consultor en negociaciones y procesos de consenso, coach en gestión de negociaciones complejas y resolución de conflictos, y facilitador de procesos de dialogo. Abogado. Master en Comunicación Organizacional e Intercultural y Master en Gestión de Conflictos por el Institute for Conflict Management de Lipscomb University, y entrenado en Negotiation Pedagogy por Harvard University. Director Ejecutivo de ORASI Consulting Group (EEUU), Senior Partner del Consensus Building Institute (EEUU), Gerente Socio de Estrateus Consultores (Perú), y Director América Latina del Workplace Fairness Institute (Canada). Facilitador para el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID, Mediador para Compliance Advisor Ombudsman (CAO) el mecanismo independiente para proyectos del IFC/MIGA (organismos del Banco Mundial), Peace Builder con Mediators Beyond Borders International, Senior partner del Consensus Building Institute (EEUU), director para América Latina con Workplace Fairness Institute (Canada), y director de ORASI Consulting Group (Perú). Chair 2010-2011 de la Sección Internacional de la Association for Conflict Resolution (EEUU) y vicepresidente 2011-2012 del Comité de Inversiones y Desarrollo Internacional de la American Bar Association (EEUU). 20+ años de experiencia profesional aplicada al abordaje de conflictos sociales en el Perú y el mundo. 10+ años de experiencia docente y de investigación en temas de institucionalidad para la gestión, negociación, análisis, y transformación de conflictos en diversos centros académicos del Perú y extranjeros. Luis trabaja con individuos, grupos, comunidades, organizaciones, empresas y gobiernos para promover negociaciones efectivas, crear consensos, colaborar y resolver conflictos de manera que desarrollen soluciones sostenibles y relaciones fortalecidas. Autor del libro “Consensus Building: Proceso de Construcción de Consenso” y diversas publicaciones especializadas en el campo de la negociación, prevención y transformación de conflictos. Luis puede ser contactado vía correo electrónico [email protected]
Referencias
Consensus Building Institute (2010). CBI Involucramiento Corporativo de Actores Interesados: Soluciones sostenibles para empresas y Comunidades.
Hoben, M. & Plumb, D. (2012). Rethinking Corporate Stakeholder Engagement. A Practical Framework in an Evolving Global Context. CBI Reports Vol. XV, Issue 1, Spring 2012. 1-2 pp.
Ore, L. (2009). Estrategias de Negociación para la Prevención de Conflictos: Respeto, Dialogo y
Confianza Pilares para lograr Consenso. Horizonte Minero: Revista Internacional de Minería y Energía. Edición 63, 146-150 pp.
Ore, L. (2009). Cross Cultural Negotiation & Consensus Building Strategies for Foreign Investment Projects: Beyond Legal Systems. State Bar of Texas ADR Section’s Alternatives Resolutions Newsletter Vol.18, No.2, 27-34 pp.
Ore, L. (2015). Consensus building: Proceso de construcción de consenso. Lima: Editorial SUMMA. Version Kindle en Amazon.com
Susskind, L. , & Field, P. (1996). Dealing with an angry public: Mutual gains approach to resolving disputes. NY: Free Press.
Información periodística, declaraciones y medios de comunicación
https://cnnespanol.cnn.com/2023/07/20/petroecuador-falla-terminal-derrame-crudo-noroeste-ecuador-orix/
Un derrame de petróleo afecta a varios kilómetros de una playa turística de Ecuadorhttps://www.youtube.com/watch?v=2mVLj-3zT9c
Julio 23 de 2023.- Algunos están tratando de averiguar las posibles responsabilidades asociadas con varias empresas o instituciones vinculadas al derrame de petróleo de PETROECAUDOR en la provincia de ESMERALDAS. Casi siempre hay preocupaciones sobre responsabilidades, las empresas en todo el mundo se enfrentan a una situación potencial y desafiante, como el derrame de petróleo en Esmeraldas o casos pasados como el derrame de REPSOL en Ventanilla en las costas de Lima (Perú) en enero del 2022 o en el Golfo de México con el derrame de petróleo de compañía British Petroleum (BP) en las costas de EE.UU. en el 2010 o el derrame de petróleo de Exxon-Valdez de 1989 en Prince William Sound de Alaska en marzo de 1989.
Cuando incidentes, accidentes o desastres ecológicos que involucran a operaciones de empresas extractivas, como las petroleras, ocurren, como es el caso de un derrame de petróleo o incluso un derrame de concentrado de minerales, los ejecutivos de las empresas se enfrentan a las personas afectadas, poblaciones enfurecidas, medios de comunicación y periodistas cuestionando, grupos de interés y frentes de defensa de grupos y organizaciones. Ocurrido un derrame de petróleo o de concentrado de minerales, algunos actúan con un enfoque tradicional de relaciones públicas y otros utilizan un enfoque legalista puro, sin embargo, hay otras maneras de hacer frente a estos desafíos, un enfoque con una gestión de riesgo y una mentalidad para la prevención de conflictos puede ser útil. Muchos quieren saber qué pasó, por qué ocurrió y quién es el culpable. Lo más probable es que las empresas verán su reputación cuestionada y su credibilidad reducida.
Las empresas tendrán que decidir cómo gestionar la información, puede responder con planteamientos distintos sobre la base de lo tradicional y convencional. Un enfoque "legal tradicional" recomendaría la protección de la información para proteger a la compañía de cualquier exposición de responsabilidad; pueden decir que no admiten la responsabilidad de las cosas y expresan que probablemente la empresa no lo ha hecho, asumiendo culpa simplemente aumentar la exposición y responsabilidad. Un enfoque "técnico" recomendaría controlar la información, se podría decir que dar información al público con limitaciones técnicas lo confundirá. Quienes apoyan este enfoque no admitirán que existe un problema hasta que esté bien definido y una solución es encontrada, porque decir que hay un problema sin tener una solución lista sugiere incompetencia. Por último, un enfoque tradicional de “relaciones públicas” recomendaría la creación de información, y pueden decir que cualquier información compartida será utilizada en contra de la empresa, estos sugieren revelar la información en pequeñas dosis para mantener y crear una imagen positiva de la empresa. Podría ser beneficioso tener en cuenta una perspectiva adicional mientras los comunicadores y abogados corporativos ofrecen asesoramiento a clientes potenciales. Este puede ser un tema importante a tratar y dialogar dentro de la comunidad legal y ejecutiva, tanto en el sector minero energético como en el gobierno, encargados de retos y desafíos asociados a los derrames de petróleo.
El miércoles 19 de julio del 2023, la empresa estatal Petroecuador indicó que a las 4:30 a.m. (hora local) se produjo un fallo en el sistema de alivio durante el proceso de reversión de crudo liviano y empaquetamiento de línea en su terminal marítima de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, ubicada en el noroeste del país. El (petróleo) material derramado llegó a una pequeña laguna en la playa Las Palmas, dijo a medios locales Alex Benalcázar, director de Ambiente de la Alcaldía de Esmeraldas.
Petroecuador afirmó que activó sus equipos de contingencia para mitigar y controlar los efectos del derrame de petróleo en la zona. Entre esas acciones, movilizó maquinaria pesada y camiones de vacío para succionar el producto. Petroecuador enfatizó que las actividades de exportación y abastecimiento de combustibles no fueron afectadas por este incidente.
El gerente general de Petroecuador, Ramón Correa Vivanco, dijo en conferencia de prensa que mientras se realizan las investigaciones no descartan ninguna hipótesis sobre las causas del derrame: daño mecánico, negligencia o sabotaje. Agregó que hasta el momento la playa Las Palmas está remediada al 90% y que “los turistas comenzaron a llegar”.
El gerente de Transporte de Petroecuador, Rafael Armendáriz, estimó que se derramaron 1.200 barriles, pero no todos estos fueron a parar a la playa ya que una parte se quedó en las piscinas de contención. Agregó que la afectación es de unos 4 kilómetros desde la terminal marítima de Esmeraldas hasta la playa Las Palmas.
El ministro de Ambiente de Ecuador, José Antonio Dávalos, informó que se derramaron 1.200 barriles de crudo en 4 km lineales desde el punto que se encuentra la terminal. El funcionario agregó que ahora se estudia la cantidad de material que se internó en el mar.
El Ministerio del Ambiente informó que está en la zona realizando control y seguimiento para “precautelar el bienestar de la población y mitigar el impacto ambiental”. La cartera se comprometió a asegurarse de que la operadora ejecute las actividades de contingencia, limpieza y recuperación de crudo en el área afectada.
El alcance e impacto de desastres ambientales genera que la gente este cada vez más enojada. Cuando incidentes como el descrito ocurren, hay público enojado en la costa preocupado por los efectos del derrame de petróleo, comunidades en línea y grupos de defensa consideran realizar campañas a través de Internet y hay amenazas de demandas judiciales de ciudadanos preocupados, y como sucedió en los EE.UU. con el derrame de BP en el Golfo de México - cuando la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que eliminaba los límites en los daños financieros que se pueden otorgar por accidentes frente a la costa de EE.UU. y un proyecto de ley se presentó en el Senado de EE.UU. que proponía sanciones por derrames de petróleo para obligar a las empresas a renunciar a sus ganancias de un año – el congreso Ecuatoriano también podría legislar sobre la materia especifica. En EE.UU., el presidente Obama requirió un informe de una nueva comisión presidencial encargada de investigar la manera cómo prevenir futuros derrames de petróleo, en el Ecuador la presidencia de la república del Ecuador también podría encargar una comisión especial con un propósito similar.
Un enfoque diferente: procesos de involucramiento inclusivo con un enfoque de beneficios mutuos para la gestión de crisis y resolución de incidentes
Un enfoque diferente podría lograr una mejor gestión de riesgos y producir mejores resultados. Después de que un incidente ocurre mientras la empresa está perdiendo confianza y credibilidad, sus directivos debería hacer frente a esa difícil situación con un enfoque más estratégico, un enfoque que sea más eficaz que los enfoques tradicionales y convencionales. Los directivos deberían utilizar mejores procesos para reconstruir la confianza, la credibilidad y la gestión de la posible exposición de responsabilidad mientras se abordan las preocupaciones de los múltiples actores y partes interesadas.
Un enfoque de beneficios mutuos recomienda la divulgación de información. En el mundo de hoy, en donde Internet y las redes sociales son tan penetrantes, ocultar información no solo es extremadamente difícil, sino también contraproducente. En el caso del derrame de PETROECUADOR en Esmeraldas, las declaraciones de testigos podrían contradecir la información difundida por PETROECUADOR. La honestidad es la mejor política, porque el intercambio de información incrementa la credibilidad y contribuye a la reconstrucción de la confianza, y ayuda a proteger al público de un daño mayor y a las empresas vinculadas a accidentes las protege de responsabilidad posterior. Si las personas tienen información disponible estará en una mejor posición para protegerse de un daño mayor. El intercambio de información contribuye a abrir canales de comunicación, permite el flujo de información, y allana el camino hacia la recuperación de la confianza y la credibilidad, mientras que ocultar información y admitir acciones sólo después de que han sido descubiertas, socava la credibilidad. Si las organizaciones quieren ganarse la confianza del público, deben confiar en este. Las empresas tienen que ser conscientes y estratégicas sobre el momento en que estas comparten información, ya que un exceso de esta información o comunicada pobremente puede ser contraproducente, y también puede ser contraproducente el momento en el que la información es compartida o difundida.
Un enfoque de beneficios mutuos no solo recomienda la divulgación de información, pero recomienda actuar de un modo digno de confianza, los ejecutivos de empresas deben expresar sus intenciones y ser consistente con sus expresiones.
Otro principio clave para reconstruir la confianza y la credibilidad es reconocer las preocupaciones de los demás. Es un hecho que minimizando y restando importancia a los temores del público enfadado y sus preocupaciones, así como a comunidades afectadas y las personas posiblemente afectadas por un accidente, despertará emociones y agravará la situación. Es importante destacar que otra recomendación clave para las empresas desde la perspectiva del enfoque de beneficios mutuos, es que las empresas tienen que elegir a un portavoz que sea creíble, que sea informado, con experiencia, que hable claramente y no condescendientemente con el público. Un buen portavoz es creíble y habla con facilidad, seguro, suave y con calma, mientras que también transmite honestidad y transparencia.
¿Qué pasa con los esfuerzos de limpieza del derrame de petróleo y los reclamos por concepto de indemnización o compensaciones?
Recordemos el derrame de petróleo de Exxon-Valdez de 1989 con 10 millones de galones de petróleo crudo en Prince William Sound de Alaska en el que después de 2 meses del incidente Exxon-Valdez, Exxon gastó US$115 millones de dólares en la limpieza. Mientras que, en el caso del derrame de BP en el Golfo de México, después de 2 meses del incidente, BP afirmaba que había gastado US$2 mil millones de dólares en limpiar el derrame de petróleo. En el caso del derrame de petróleo de Exxon-Valdez, Exxon aceptó la responsabilidad en un inicio, pero luego comenzó a señalar con el dedo y culpar a otros. De manera similar, durante la primera semana del derrame de petróleo de BP en el Golfo de Mexico, el jefe del grupo BP dijo durante una entrevista de CNN que el accidente podría haberse evitado y culpó al propietario de la plataforma, Transocean Ltd. atribuyendo el incidente a un mal funcionamiento antes de la explosión, describiendo la válvula “preventor de reventones” como "una parte integral de la plataforma de perforación", que era operada por Transocean. "La responsabilidad de la seguridad en la plataforma de perforación es de Transocean", afirmaba Hyward, el jefe del Grupo BP, mientras que el vicepresidente de Transocean, Adrian Rose, había dicho que su plataforma petrolera no tenía indicios de problemas antes de la explosión. En el caso del derrame de PETROECUADOR, el gerente general de Petroecuador dijo en conferencia de prensa que mientras se realizan las investigaciones no descartan ninguna hipótesis sobre las causas del derrame: daño mecánico, negligencia o sabotaje. Es usual y recurrente que el enfoque de abordaje de este tipo de situaciones de derrame se trate con un marco de juego de culpas, pero lamentablemente este no busca soluciones, sino por el contrario, busca no asumir responsabilidades.
En cuanto a la limpieza del derrame del petróleo de PETROECUADOR, la empresa ha señalado que hasta el momento la playa Las Palmas está remediada al 90% y que “los turistas comenzaron a llegar”. Sin embargo, alguien podría decir que la limpieza del derrame del petróleo o las acciones de remediación no significa necesariamente que la empresa se compromete a la restauración de la zona afectada a su estado natural anterior al incidente. Una vez que ha ocurrido un incidente o accidente, ninguna empresa puede retroceder el tiempo, las empresas solo pueden afectar o impactar el futuro. Estas, sin duda alguna, puede participar en esfuerzos para evitar que esto vuelva a suceder, pero el juego de culpas, el juego de señalar con el dedo a otro y negar la responsabilidad empeorará las cosas y será una pérdida de tiempo, energía y recursos. Mirando hacia atrás y tratando de asignar culpas a otros causará que las empresas pierdan más reputación, credibilidad y confianza en los ojos de la población. Un mejor enfoque para resolver este tipo de situaciones difíciles es mirar hacia delante, involucrar a otros y decidir conjuntamente sobre la manera cómo enfrentar mejor el desafío que nos ocupa. La participación de una amplia base de actores es lo que un enfoque de beneficios mutuos recomienda a través del reparto de poder. Se trata de compartir el poder en la toma de decisiones. Al compartir poder las compañías ganan poder y recuperar su confianza y credibilidad.
PETROECUADOR, podría haber convocado un foro público con estrategias de creación de consenso para involucrar a diversas partes interesadas para aprovechar la inteligencia colectiva de la comunidad y obtener las mejores ideas posibles. Al menos, algunas iniciativas independientes están buscando las mejores ideas que la industria, las universidades, los investigadores, los científicos y el público tienen para ofrecer para abordar la posible crisis generada por el derrame de petróleo de PETROECUADOR. Incluso si PETROECUADOR afirmara que será responsable del esfuerzo de limpieza y sin costo alguno para los contribuyentes, alguien puede decir que cuando PETROECUADOR dice que pagará todos los costos de limpieza del derrame de petróleo, eso no significa necesariamente que se comprometa a restaurar la costa de Esmeraldas y demás zonas posiblemente impactadas del litoral a su estado anterior. También hay preocupaciones acerca de cómo se está llevando a cabo la limpieza, algunos podrían cuestionar si PETROECUADOR está utilizando la mejor tecnología disponible y las mejores prácticas para los esfuerzos de limpieza necesaria.
Cuando un accidente de esta naturaleza ocurre es fundamental establecer líneas claras de comunicación. Una buena comunicación no es sólo compartir información, es más como una comunicación de doble vía, comunicación en dos sentidos, un proceso de ida y vuelta, un proceso de reunir y difundir información para escuchar comentarios y responder. El establecimiento de este tipo de líneas claras de medios de comunicación significa entablar un proceso de diálogo directo, cara a cara, un dialogo abierto y sincero entre las empresas y el público.
El tema de indemnizaciones y compensaciones, algunas empresas establecen oficinas de reclamación para la gestión de las reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios, como lo hizo BP en el derrame del Golfo de México. ¿Qué está haciendo PETROECUADOR al respecto? Sin embargo, siempre habrá desconfianza sobre lo que una empresa puede declarar, las denuncias aumentan y los afectados quiere presentar demandas judiciales. Un mejor enfoque para la gestión de riesgos podría aplicarse sobre la base de un enfoque de beneficios mutuos. Este enfoque recomienda que las empresas acepten responsabilidad, admitan errores, y compartan poder. Los accidentes siempre van a ocurrir, pero negar la responsabilidad sólo exacerbará los ánimos de las personas y la ira de la población.
En términos generales, una vez que ocurre un accidente, en materia de indemnización por daños y perjuicios las empresas tienen tres alternativas: 1) Las empresas pueden hacer lo que es requerido por la ley y esperar hasta que los tribunales decidan sobre la indemnización correspondiente, o 2) las empresas pueden optar por ofrecer dinero para compensar a las personas afectadas y usar otras formas de asistencia para mitigar los efectos de los accidentes que han causado, antes de iniciar litigios, o 3) las empresas pueden ofrecer a los interesados ponerlos en una condición mejor de la que estaban antes del incidente, para ello, las compañías pueden tomar medidas de inmediato para prevenir la ocurrencia de mayores daños y perjuicios y espera hasta que las partes interesadas y las empresas tengan oportunidad de reunirse para ver si es posible y cual sería una forma justa, equitativa y objetiva para ofrecer cualquier indemnización y compensación que se haya acordado.
Sobre las consecuencias del incidente e indemnización por daños y perjuicios, cuando una empresa que ha causado daños trata de decidir por sí misma cuál es la respuesta adecuada y cuál es la compensación que se debería otorgar, muy probablemente una comunidad preocupada se resistirá. Cuando la compensación es considerada adecuada y justa por una comunidad preocupada, es probable que exista un acuerdo duradero. De acuerdo con un enfoque de beneficios mutuos, una manera probada y eficaz para compartir el poder de decisión puede lograr resultados más eficientes y rentables. Las personas son más propensas a aceptar las decisiones e incluso resultados adversos, si tienen la sensación de que el proceso para la toma de decisiones fue justo y les dio la oportunidad de que sus preocupaciones sean escuchadas y sean consideradas seriamente. Por lo tanto, PETROECUADOR podría optar por la tercera alternativa viable y convocar a un proceso de involucramiento inclusivo con la comunidad afectada por el derrame del concentrado de cobre.
Un proceso de involucramiento participativo con los actores interesados en un foro público puede ayudar a mitigar el derrame del concentrado de cobre y compensar a la comunidad afectada. El proceso de involucramiento participativo de actores interesados puede solicitar asesoramiento sobre la forma de calcular una compensación justa, y puede ser utilizado para la solución conjunta de problemas en una serie de cuestiones. Las empresas pueden tratar de derivar normas acordadas en la comunidad para guiar el pago de una indemnización. El secreto para tener un proceso de involucramiento participativo con actores interesados exitoso es el uso de un mediador imparcial de resolución de conflictos con experiencia necesaria para la gestión de procesos y construcción de consenso. Un facilitador neutral podría ayudar a identificar a los interesados, explorar intereses y preocupaciones, definir los representantes a seleccionar, y las normas de interacción y comportamiento para gobernar la interacción civilizada durante las reuniones de grupo. Los interesados deben ponerse de acuerdo sobre cómo se tomarán las decisiones - por consenso con poder de veto para la empresa o el poder de solo asesoramiento - el grupo tendrá que ponerse de acuerdo sobre el diseño y operación del proceso - foro público.
Cuando los funcionarios, inversionistas, asesores legales, consejeros estratégicos y la comunidad jurídica estén pensando en cómo hacer frente a situaciones difíciles, tales como el derrame de petróleo de PETROECUADOR en las playas de la provincia de Esmeraldas y posibles actores de poblaciones locales afectadas, pueden mostrarse vacilantes para decidir si poner en práctica un proceso de involucramiento participativo e inclusivo con múltiples actores con un enfoque de beneficios mutuos para gestionar crisis y situaciones de riesgos, pero de hecho, una y otra vez, experiencias nos demuestran que este método produce buenos resultados y relaciones fortalecidas dentro y con la comunidad. En suma, reduce el riesgo de exposición y responsabilidad, y mejora la imagen y la reputación de las empresas al tiempo que contribuye a reconstruir su confianza y credibilidad. La pregunta que queda es, ¿Por qué no utilizar procesos de involucramiento inclusivo con un enfoque de beneficios mutuos para la gestión de crisis y para abordar proactivamente las preocupaciones y aspiraciones de múltiples actores y prevenir conflictos sociales?
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* Luis E. Oré Ibarra es Ex Subsecretario de Gestión del Diálogo de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM- Presidencia del Consejo de Ministros de Perú - durante el gobierno de transición y emergencia de la administración del presidente Francisco Sagasti. Mediador profesional y consultor en negociaciones y procesos de consenso, coach en gestión de negociaciones complejas y resolución de conflictos, y facilitador de procesos de dialogo. Abogado. Master en Comunicación Organizacional e Intercultural y Master en Gestión de Conflictos por el Institute for Conflict Management de Lipscomb University, y entrenado en Negotiation Pedagogy por Harvard University. Director Ejecutivo de ORASI Consulting Group (EEUU), Senior Partner del Consensus Building Institute (EEUU), Gerente Socio de Estrateus Consultores (Perú), y Director América Latina del Workplace Fairness Institute (Canada). Facilitador para el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID, Mediador para Compliance Advisor Ombudsman (CAO) el mecanismo independiente para proyectos del IFC/MIGA (organismos del Banco Mundial), Peace Builder con Mediators Beyond Borders International, Senior partner del Consensus Building Institute (EEUU), director para América Latina con Workplace Fairness Institute (Canada), y director de ORASI Consulting Group (Perú). Chair 2010-2011 de la Sección Internacional de la Association for Conflict Resolution (EEUU) y vicepresidente 2011-2012 del Comité de Inversiones y Desarrollo Internacional de la American Bar Association (EEUU). 20+ años de experiencia profesional aplicada al abordaje de conflictos sociales en el Perú y el mundo. 10+ años de experiencia docente y de investigación en temas de institucionalidad para la gestión, negociación, análisis, y transformación de conflictos en diversos centros académicos del Perú y extranjeros. Luis trabaja con individuos, grupos, comunidades, organizaciones, empresas y gobiernos para promover negociaciones efectivas, crear consensos, colaborar y resolver conflictos de manera que desarrollen soluciones sostenibles y relaciones fortalecidas. Autor del libro “Consensus Building: Proceso de Construcción de Consenso” y diversas publicaciones especializadas en el campo de la negociación, prevención y transformación de conflictos. Luis puede ser contactado vía correo electrónico [email protected]
Referencias
Consensus Building Institute (2010). CBI Involucramiento Corporativo de Actores Interesados: Soluciones sostenibles para empresas y Comunidades.
Hoben, M. & Plumb, D. (2012). Rethinking Corporate Stakeholder Engagement. A Practical Framework in an Evolving Global Context. CBI Reports Vol. XV, Issue 1, Spring 2012. 1-2 pp.
Ore, L. (2009). Estrategias de Negociación para la Prevención de Conflictos: Respeto, Dialogo y
Confianza Pilares para lograr Consenso. Horizonte Minero: Revista Internacional de Minería y Energía. Edición 63, 146-150 pp.
Ore, L. (2009). Cross Cultural Negotiation & Consensus Building Strategies for Foreign Investment Projects: Beyond Legal Systems. State Bar of Texas ADR Section’s Alternatives Resolutions Newsletter Vol.18, No.2, 27-34 pp.
Ore, L. (2015). Consensus building: Proceso de construcción de consenso. Lima: Editorial SUMMA. Version Kindle en Amazon.com
Susskind, L. , & Field, P. (1996). Dealing with an angry public: Mutual gains approach to resolving disputes. NY: Free Press.
Información periodística, declaraciones y medios de comunicación
https://cnnespanol.cnn.com/2023/07/20/petroecuador-falla-terminal-derrame-crudo-noroeste-ecuador-orix/
Un derrame de petróleo afecta a varios kilómetros de una playa turística de Ecuadorhttps://www.youtube.com/watch?v=2mVLj-3zT9c
Mujeres y la Minería del Futuro: una mirada desde la región andina
Por Cristina Muñoz, asesora técnica del programa MinSus, de la GIZ.
Julio 16 de 2023.- Pese a los avances, el mundo no está encaminado a lograr la igualdad de género en 2030. Existe un claro estancamiento en el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de la Agenda que impulsa las Naciones Unidas. Esto se debe, en parte, a los impactos diferenciados del cambio climático y otros fenómenos ambientales, a las secuelas económicas y sociales de la pandemia, y al retroceso de los derechos sexuales y reproductivos alcanzados por las mujeres. Ellas siguen asumiendo de forma desproporcionada las tareas de los cuidados no remunerados (con un 18,8% de su tiempo frente al 7% de media que asumen los hombres, según la Cepal), mientras la violencia de género y los feminicidios siguen al alza.
La industria minera en tanto atraviesa una transformación impulsada por la transición energética y el derivado aumento de la demanda de minerales críticos y estratégicos, acelerando procesos como la digitalización y/o automatización, y a su vez generando nuevas perspectivas en el empleo con relevantes impactos de género. El sector minero sigue siendo altísimamente masculino. Pese a que la participación laboral femenina se ha incrementado lenta pero sostenidamente en los últimos 8 años, ningún país de la región supera el 20% de participación laboral femenina en la minería a gran escala (la mayoría se mueve entre el 9% y el 11%), aunque esta participación es mayor en algunos subsectores, como en el caso del litio en Argentina (24,7%).
En Brasil, desde 2009 a 2019, el número de mujeres aumentó en un 127% en comparación con los hombres. Estos cambios, que implican que el empleo minero se aleja cada vez más de las minas y con ello, para algunas profesiones, permite la conciliación y la prevención de violencias, podrían representar una oportunidad para las mujeres. Sin embargo, igualmente estos cambios pueden volver a posicionarlas en desventaja ya que dependen de nuevas habilidades vinculadas a las carreras STEM (de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas) en donde estamos infrarrepresentadas y será aún más difícil para las mujeres en las comunidades aprovechar las nuevas oportunidades laborales de esta minería 4.0.
¿Por qué no avanzamos más rápido?
Las condiciones de trabajo en el sector minero no favorecen el empleo femenino. Las condiciones de nómina pueden suponer un reto para las mujeres, en particular atendiendo a la división sexual del trabajo, y la asociada sobrecarga de cuidados. Aunque los permisos parentales en las empresas mineras suelen superar los requisitos mínimos, los retos específicos del sector impiden su plena aplicación. En Perú, la Ley nº 30367, protege a la madre trabajadora contra el despido arbitrario y amplía su periodo de descanso. Algunas empresas mineras complementan la baja por maternidad (normalmente de 3 meses) con un periodo de permiso retribuido de hasta un máximo de 6 meses. Aun así, para aumentar la participación de las mujeres, las empresas deben tener planes claros para las mujeres antes, durante y después del embarazo, incluyendo compromisos con alternativas adecuadas de trabajo ligero y guarderías para facilitar su reincorporación.
Las mujeres están infrarrepresentadas en determinadas ocupaciones mineras y sobrerrepresentadas en otras y tienden a concentrarse en los servicios administrativos, de oficina y de apoyo. En Perú, su infrarrepresentación se da tanto en las ocupaciones operativas y técnicas, como en funciones históricamente dominadas por ellas. En las ocupaciones de apoyo administrativo, las mujeres representan sólo el 1% del total de empleos mineros, frente al 5% de los hombres. En el caso de los operadores de plantas y máquinas y de los montadores, las mujeres están totalmente ausentes. Esta baja proporción de mujeres en ocupaciones operativas y técnicas se vincula a sus niveles de cualificación y, en particular, al hecho de que sólo un tercio de todas las graduadas en educación terciaria tienen cualificaciones STEM.
Las mujeres están subrepresentadas en las carreras y programas STEM
En el caso chileno, en 2020, prácticamente todos los campos de las carreras de ingeniería en la universidad registraron menos de la mitad de participación femenina, según un informe del IGF de 2022. Por ejemplo, las mujeres representaban menos del 10% de los graduados en los campos de ingeniería civil electrónica, ingeniería mecánica e ingeniería eléctrica. A su vez, el informe revela que las mujeres con formación en las carreras STEM prefieren otras industrias a la minera. Por otro lado, las mujeres están infrarrepresentadas en los puestos profesionales, directivos y de liderazgo. En el caso argentino, el rango de participación en puestos directivos para el sector es del 15%.
De media las mujeres que trabajan en la minería tienen un mayor nivel educativo en comparación con los hombres. En Brasil, en promedio, entre 2009-2019, la proporción de mujeres empleadas con niveles educativos altos era el triple que la de los hombres. Sin embargo, ellas tienen menos cualificaciones técnicas y profesionales. En Chile, las ocupaciones que registraron las tasas más bajas de participación femenina fueron aquellas que requieren formación técnica, como mecánica (2%); mantenimiento eléctrico (4%), supervisión de mantenimiento (4%), supervisión de extracción (6%), operación de equipos fijos (6%), mantenimiento profesional (7%) y operación de equipos móviles (8%). No obstante, entre 2012 y 2019 se han producido avances en la participación de las mujeres en estas ocupaciones. Las proyecciones en Chile para 2028 prevén que la mayor demanda de mano de obra se producirá en ocupaciones como el mantenimiento mecánico, el funcionamiento de equipos móviles y fijos, de acuerdo al mencionado informe de IGF.
Se registra que las mujeres tienden a abandonar la minería en una fase más temprana de sus carreras que los hombres. Así, la mano de obra minera la componen predominantemente los hombres de mediana edad (30-50 años). En Perú, el 58% de las empleadas tiene entre 15 y 34 años, en comparación con el 41% de los hombres. McKinsey (2021) reveló dos factores principales sobre esto: el trabajo deja de ser interesante para las mujeres y la falta de promoción. Las limitadas oportunidades de crecimiento, la brecha salarial y una cultura discriminatoria y machista de la industria son razones que pueden explicar la fuga de personal. Por ejemplo, atendiendo a los datos revelados por la auditoría externa a Rio Tinto, en donde el acoso sexual era mucho más alto hacia las mujeres (un 27%) que a los hombres (un 5%) en sus operaciones canadienses, y la mayoría de los casos no se denunciaban (78%).
Poner a disposición pública datos desagregados por género y sexo como los del informe global Mujeres y la Mina del Futuro es imprescindible para comprender las barreras estructurales que impiden la igualdad de género en el sector minero y para la elaboración de políticas que permitan desarrollar acciones para acelerar el acceso, la participación, el desarrollo, y la permanencia de mujeres en la industria. Las empresas mineras tienen un rol protagónico en el desarrollo de herramientas y prácticas para la tarea. Debido a la modalidad de roster de la industria deben focalizarse en la salud integral, física y emocional e higiene, y seguridad de las personas en los campamentos, incorporar la perspectiva de género en el diseño de las instalaciones e infraestructura, e, implementar iniciativas tendientes a la corresponsabilidad y coparentalidad.
Desde el sector público, se deben impulsar políticas con enfoque de género y diversidad, abordando y fortaleciendo acciones que promuevan espacios laborales libres de acoso y todo tipo de violencias por género; diseñando de forma conjunta una estrategia y un Plan Estratégico de Acción en Equidad e Igualdad; generando procesos de sensibilización, capacitaciones y talleres; y apostando por generar información desagregada por sexo constante y de calidad. En conjunto con el sector público y privado, las organizaciones de mujeres, como Women in Mining, son indispensables para apoyar, educar y conectar a las mujeres mineras y sus aliadas.
A pesar de que la minería supone una pequeña proporción del empleo nacional, la minería a gran escala es a menudo el mayor, si no el único, empleador formal para las comunidades locales que viven en torno a estas actividades. El empleo de las mujeres en el sector minero es crucial para el empoderamiento económico de las mujeres de las comunidades locales. Por ello, es clave incrementar la participación de las mujeres en las cadenas de suministro mineras mediante el trabajo con las Pymes a cargo y con alta participación de mujeres, el desarrollo de mercados y capacitaciones y trabajo con las mujeres en las comunidades.
Julio 16 de 2023.- Pese a los avances, el mundo no está encaminado a lograr la igualdad de género en 2030. Existe un claro estancamiento en el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 de la Agenda que impulsa las Naciones Unidas. Esto se debe, en parte, a los impactos diferenciados del cambio climático y otros fenómenos ambientales, a las secuelas económicas y sociales de la pandemia, y al retroceso de los derechos sexuales y reproductivos alcanzados por las mujeres. Ellas siguen asumiendo de forma desproporcionada las tareas de los cuidados no remunerados (con un 18,8% de su tiempo frente al 7% de media que asumen los hombres, según la Cepal), mientras la violencia de género y los feminicidios siguen al alza.
La industria minera en tanto atraviesa una transformación impulsada por la transición energética y el derivado aumento de la demanda de minerales críticos y estratégicos, acelerando procesos como la digitalización y/o automatización, y a su vez generando nuevas perspectivas en el empleo con relevantes impactos de género. El sector minero sigue siendo altísimamente masculino. Pese a que la participación laboral femenina se ha incrementado lenta pero sostenidamente en los últimos 8 años, ningún país de la región supera el 20% de participación laboral femenina en la minería a gran escala (la mayoría se mueve entre el 9% y el 11%), aunque esta participación es mayor en algunos subsectores, como en el caso del litio en Argentina (24,7%).
En Brasil, desde 2009 a 2019, el número de mujeres aumentó en un 127% en comparación con los hombres. Estos cambios, que implican que el empleo minero se aleja cada vez más de las minas y con ello, para algunas profesiones, permite la conciliación y la prevención de violencias, podrían representar una oportunidad para las mujeres. Sin embargo, igualmente estos cambios pueden volver a posicionarlas en desventaja ya que dependen de nuevas habilidades vinculadas a las carreras STEM (de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas) en donde estamos infrarrepresentadas y será aún más difícil para las mujeres en las comunidades aprovechar las nuevas oportunidades laborales de esta minería 4.0.
¿Por qué no avanzamos más rápido?
Las condiciones de trabajo en el sector minero no favorecen el empleo femenino. Las condiciones de nómina pueden suponer un reto para las mujeres, en particular atendiendo a la división sexual del trabajo, y la asociada sobrecarga de cuidados. Aunque los permisos parentales en las empresas mineras suelen superar los requisitos mínimos, los retos específicos del sector impiden su plena aplicación. En Perú, la Ley nº 30367, protege a la madre trabajadora contra el despido arbitrario y amplía su periodo de descanso. Algunas empresas mineras complementan la baja por maternidad (normalmente de 3 meses) con un periodo de permiso retribuido de hasta un máximo de 6 meses. Aun así, para aumentar la participación de las mujeres, las empresas deben tener planes claros para las mujeres antes, durante y después del embarazo, incluyendo compromisos con alternativas adecuadas de trabajo ligero y guarderías para facilitar su reincorporación.
Las mujeres están infrarrepresentadas en determinadas ocupaciones mineras y sobrerrepresentadas en otras y tienden a concentrarse en los servicios administrativos, de oficina y de apoyo. En Perú, su infrarrepresentación se da tanto en las ocupaciones operativas y técnicas, como en funciones históricamente dominadas por ellas. En las ocupaciones de apoyo administrativo, las mujeres representan sólo el 1% del total de empleos mineros, frente al 5% de los hombres. En el caso de los operadores de plantas y máquinas y de los montadores, las mujeres están totalmente ausentes. Esta baja proporción de mujeres en ocupaciones operativas y técnicas se vincula a sus niveles de cualificación y, en particular, al hecho de que sólo un tercio de todas las graduadas en educación terciaria tienen cualificaciones STEM.
Las mujeres están subrepresentadas en las carreras y programas STEM
En el caso chileno, en 2020, prácticamente todos los campos de las carreras de ingeniería en la universidad registraron menos de la mitad de participación femenina, según un informe del IGF de 2022. Por ejemplo, las mujeres representaban menos del 10% de los graduados en los campos de ingeniería civil electrónica, ingeniería mecánica e ingeniería eléctrica. A su vez, el informe revela que las mujeres con formación en las carreras STEM prefieren otras industrias a la minera. Por otro lado, las mujeres están infrarrepresentadas en los puestos profesionales, directivos y de liderazgo. En el caso argentino, el rango de participación en puestos directivos para el sector es del 15%.
De media las mujeres que trabajan en la minería tienen un mayor nivel educativo en comparación con los hombres. En Brasil, en promedio, entre 2009-2019, la proporción de mujeres empleadas con niveles educativos altos era el triple que la de los hombres. Sin embargo, ellas tienen menos cualificaciones técnicas y profesionales. En Chile, las ocupaciones que registraron las tasas más bajas de participación femenina fueron aquellas que requieren formación técnica, como mecánica (2%); mantenimiento eléctrico (4%), supervisión de mantenimiento (4%), supervisión de extracción (6%), operación de equipos fijos (6%), mantenimiento profesional (7%) y operación de equipos móviles (8%). No obstante, entre 2012 y 2019 se han producido avances en la participación de las mujeres en estas ocupaciones. Las proyecciones en Chile para 2028 prevén que la mayor demanda de mano de obra se producirá en ocupaciones como el mantenimiento mecánico, el funcionamiento de equipos móviles y fijos, de acuerdo al mencionado informe de IGF.
Se registra que las mujeres tienden a abandonar la minería en una fase más temprana de sus carreras que los hombres. Así, la mano de obra minera la componen predominantemente los hombres de mediana edad (30-50 años). En Perú, el 58% de las empleadas tiene entre 15 y 34 años, en comparación con el 41% de los hombres. McKinsey (2021) reveló dos factores principales sobre esto: el trabajo deja de ser interesante para las mujeres y la falta de promoción. Las limitadas oportunidades de crecimiento, la brecha salarial y una cultura discriminatoria y machista de la industria son razones que pueden explicar la fuga de personal. Por ejemplo, atendiendo a los datos revelados por la auditoría externa a Rio Tinto, en donde el acoso sexual era mucho más alto hacia las mujeres (un 27%) que a los hombres (un 5%) en sus operaciones canadienses, y la mayoría de los casos no se denunciaban (78%).
Poner a disposición pública datos desagregados por género y sexo como los del informe global Mujeres y la Mina del Futuro es imprescindible para comprender las barreras estructurales que impiden la igualdad de género en el sector minero y para la elaboración de políticas que permitan desarrollar acciones para acelerar el acceso, la participación, el desarrollo, y la permanencia de mujeres en la industria. Las empresas mineras tienen un rol protagónico en el desarrollo de herramientas y prácticas para la tarea. Debido a la modalidad de roster de la industria deben focalizarse en la salud integral, física y emocional e higiene, y seguridad de las personas en los campamentos, incorporar la perspectiva de género en el diseño de las instalaciones e infraestructura, e, implementar iniciativas tendientes a la corresponsabilidad y coparentalidad.
Desde el sector público, se deben impulsar políticas con enfoque de género y diversidad, abordando y fortaleciendo acciones que promuevan espacios laborales libres de acoso y todo tipo de violencias por género; diseñando de forma conjunta una estrategia y un Plan Estratégico de Acción en Equidad e Igualdad; generando procesos de sensibilización, capacitaciones y talleres; y apostando por generar información desagregada por sexo constante y de calidad. En conjunto con el sector público y privado, las organizaciones de mujeres, como Women in Mining, son indispensables para apoyar, educar y conectar a las mujeres mineras y sus aliadas.
A pesar de que la minería supone una pequeña proporción del empleo nacional, la minería a gran escala es a menudo el mayor, si no el único, empleador formal para las comunidades locales que viven en torno a estas actividades. El empleo de las mujeres en el sector minero es crucial para el empoderamiento económico de las mujeres de las comunidades locales. Por ello, es clave incrementar la participación de las mujeres en las cadenas de suministro mineras mediante el trabajo con las Pymes a cargo y con alta participación de mujeres, el desarrollo de mercados y capacitaciones y trabajo con las mujeres en las comunidades.
“Debemos estar dispuestos a adoptar las nuevas tecnologías”
Junio 25 de 2023.- Conversación con el presidente del Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores – proEXPLO, Sebastián Benavides, respecto de sus impresiones sobre dicho evento realizado en Lima, Perú; los días 8, 9 y 10 de mayo.
¿Cuál es su diagnóstico sobre el negocio de la exploración minera en Perú?
La inversión en exploración minera en Perú viene creciendo desde la pandemia a un buen ritmo. De hecho, el año pasado la inversión aumentó más que el promedio global, sin embargo, esto hay que analizarlo en el contexto del retroceso que tuvimos en 2020 a causa de la pandemia de COVID 19, del cual aún no llegamos a recuperarnos.
En 2017 éramos los primeros de la Región, hoy somos terceros, detrás de Chile y México. Si bien hemos crecido y hemos mejorado a partir del 2020, esto ha sucedido en medio de un mundo donde la inversión en exploraciones ha crecido notoriamente a nivel global, y en el cual, lamentablemente, hemos perdido competitividad. Esto último por dos motivos: las demoras para obtener permisos ambientales en proyectos tempranos, los cuales puede tardar hasta un año y medio, y la percepción negativa de la minería en ciertos sectores de la población en el país. Estamos trabajando para conectar más con la sociedad y hacer más evidente el aporte que brindamos al Perú y al mundo. Ganar más confianza es uno de los grandes desafíos.
¿Cuáles serían sus conclusiones más relevantes de esta edición de proEXPLO y que las compañías mineras deberían tomar en cuenta?
Primero, que hay mucha energía y confianza aún hacia la exploración minera en Perú. Existe una fuerza grande de proyectos avanzando e importante inversión en exploración. Se han presentado buenos avances de distintos proyectos y planes importantes a futuro.
En segundo lugar, que los principales proyectos nuevos en desarrollo vienen de otros países y lamentablemente hemos visto pocos proyectos nuevos siendo presentados en el Perú. Claramente los permisos ambientales para los proyectos tempranos están frenando los avances en este frente.
Por último, el tema de elementos críticos. Tuvimos un par de charlas magistrales sobre esto. El cobre sigue siendo uno de estos elementos por su importante rol en la transición de energías renovables. En Perú tenemos una muy buena cartera de proyectos en cobre, pero todavía hay mucho por hacer para entender el potencial del país en otros elementos críticos que se han explorado menos, como el Litio o Tierras Raras.
¿Qué tecnologías se están implementando con fuerza en el mundo de la exploración minera y seguirán siendo tendencia los próximos años?
Por un lado, se está desarrollando fuertemente el avance de distintas tecnologías especializadas en geoquímica, geofísica, geología espectral, etc. Varios de estos casos fueron presentados en charlas de proEXPLO y además muchas tecnologías se presentaron en la feria comercial. Por otro lado, se están desarrollando avances importantes en campos de manejo de data, inteligencia artificial y machine learning para poder conectar todos estos distintos campos y poder analizar más datos, con más dimensiones de una manera más asequible para el ser humano.
El rol del geólogo va a ir cambiando a raíz de esto, porque cada vez contará con más herramientas y será más eficiente a la hora de administrar sus datos. Será más eficiente a la hora de recolectar la data y tendrá más tiempo para interpretarla. La Inteligencia Artificial (IA) ayuda a los geólogos a tomar decisiones más informadas, pero no hace el trabajo por ellos. Los geocientíficos trabajamos en un mundo con mucha incertidumbre y poca información, por lo tanto, herramientas como éstas son muy valiosas para nosotros.
¿Y cómo percibe la adopción de este tipo de nuevas tecnologías por parte compañías mineras de Perú y Latam?
Como en todas las industrias, existen empresas que están en una etapa donde adoptan estas tecnologías más temprano que otras. La industria minera, en general, puede que vaya más lento que otras industrias en ciertos aspectos, pero cuando se observan resultados positivos, todas las empresas mineras rápidamente se suman al cambio. Los equipos de exploraciones deben estar más dispuestos a adoptar estas tecnologías y aplicarlas, pues podrían terminar en ayudarnos en nuestra búsqueda por un descubrimiento. Si bien con la IA todavía hay un cierto recelo o falta de entendimiento, poco a poco se ve una mayor confianza y expectativas en su contribución. Claramente la IA ha venido a cambiar paradigmas de lo que se puede lograr y estamos recién rasguñando la superficie.
¿Qué piensa de las nuevas generaciones de geólogos que están entrando al mercado laboral y cómo cree que van a impactar la forma de trabajar actual?
Me da mucho gusto ver que las nuevas generaciones son mucho más diversas e inclusivas, lo que va a incidir positivamente en la manera que exploramos y traerá mayor diversidad de pensamiento. Esto fue evidente en la cantidad de participación femenina entre los participantes jóvenes de proEXPLO. El geólogo que ahora se incorpore a la industria va a tener que navegar en un momento relativamente confuso, donde deberá balancear el importante trabajo de campo y ganar experiencia en las rocas con el constante avance en softwares, tecnologías y bases de datos. Ambos son cruciales para su desarrollo a futuro.
Los nuevos geocientíficos deben entender, al menos a un nivel base, las distintas geociencias para comprender cómo todas están interconectadas y poder hacer buenas interpretaciones. Pero, hay cosas básicas que aún no han cambiado como la pasión por este trabajo, la curiosidad constante y el trabajo en equipo. Sin eso, la geología pierde toda su magia.
Para terminar, ¿cuáles cree que son los principales dolores que ponen en riesgo el éxito en exploración minera en Perú y Latam?
Los permisos ambientales y la burocracia, porque las ganas de invertir y el potencial geológico están. El 80% de los proyectos de exploración no están avanzando por esta razón. La principal barrera es ésta y el desafío es poder unirnos como industria, sociedad y Estado para avanzar de manera mucho más expedita.
¿Cuál es su diagnóstico sobre el negocio de la exploración minera en Perú?
La inversión en exploración minera en Perú viene creciendo desde la pandemia a un buen ritmo. De hecho, el año pasado la inversión aumentó más que el promedio global, sin embargo, esto hay que analizarlo en el contexto del retroceso que tuvimos en 2020 a causa de la pandemia de COVID 19, del cual aún no llegamos a recuperarnos.
En 2017 éramos los primeros de la Región, hoy somos terceros, detrás de Chile y México. Si bien hemos crecido y hemos mejorado a partir del 2020, esto ha sucedido en medio de un mundo donde la inversión en exploraciones ha crecido notoriamente a nivel global, y en el cual, lamentablemente, hemos perdido competitividad. Esto último por dos motivos: las demoras para obtener permisos ambientales en proyectos tempranos, los cuales puede tardar hasta un año y medio, y la percepción negativa de la minería en ciertos sectores de la población en el país. Estamos trabajando para conectar más con la sociedad y hacer más evidente el aporte que brindamos al Perú y al mundo. Ganar más confianza es uno de los grandes desafíos.
¿Cuáles serían sus conclusiones más relevantes de esta edición de proEXPLO y que las compañías mineras deberían tomar en cuenta?
Primero, que hay mucha energía y confianza aún hacia la exploración minera en Perú. Existe una fuerza grande de proyectos avanzando e importante inversión en exploración. Se han presentado buenos avances de distintos proyectos y planes importantes a futuro.
En segundo lugar, que los principales proyectos nuevos en desarrollo vienen de otros países y lamentablemente hemos visto pocos proyectos nuevos siendo presentados en el Perú. Claramente los permisos ambientales para los proyectos tempranos están frenando los avances en este frente.
Por último, el tema de elementos críticos. Tuvimos un par de charlas magistrales sobre esto. El cobre sigue siendo uno de estos elementos por su importante rol en la transición de energías renovables. En Perú tenemos una muy buena cartera de proyectos en cobre, pero todavía hay mucho por hacer para entender el potencial del país en otros elementos críticos que se han explorado menos, como el Litio o Tierras Raras.
¿Qué tecnologías se están implementando con fuerza en el mundo de la exploración minera y seguirán siendo tendencia los próximos años?
Por un lado, se está desarrollando fuertemente el avance de distintas tecnologías especializadas en geoquímica, geofísica, geología espectral, etc. Varios de estos casos fueron presentados en charlas de proEXPLO y además muchas tecnologías se presentaron en la feria comercial. Por otro lado, se están desarrollando avances importantes en campos de manejo de data, inteligencia artificial y machine learning para poder conectar todos estos distintos campos y poder analizar más datos, con más dimensiones de una manera más asequible para el ser humano.
El rol del geólogo va a ir cambiando a raíz de esto, porque cada vez contará con más herramientas y será más eficiente a la hora de administrar sus datos. Será más eficiente a la hora de recolectar la data y tendrá más tiempo para interpretarla. La Inteligencia Artificial (IA) ayuda a los geólogos a tomar decisiones más informadas, pero no hace el trabajo por ellos. Los geocientíficos trabajamos en un mundo con mucha incertidumbre y poca información, por lo tanto, herramientas como éstas son muy valiosas para nosotros.
¿Y cómo percibe la adopción de este tipo de nuevas tecnologías por parte compañías mineras de Perú y Latam?
Como en todas las industrias, existen empresas que están en una etapa donde adoptan estas tecnologías más temprano que otras. La industria minera, en general, puede que vaya más lento que otras industrias en ciertos aspectos, pero cuando se observan resultados positivos, todas las empresas mineras rápidamente se suman al cambio. Los equipos de exploraciones deben estar más dispuestos a adoptar estas tecnologías y aplicarlas, pues podrían terminar en ayudarnos en nuestra búsqueda por un descubrimiento. Si bien con la IA todavía hay un cierto recelo o falta de entendimiento, poco a poco se ve una mayor confianza y expectativas en su contribución. Claramente la IA ha venido a cambiar paradigmas de lo que se puede lograr y estamos recién rasguñando la superficie.
¿Qué piensa de las nuevas generaciones de geólogos que están entrando al mercado laboral y cómo cree que van a impactar la forma de trabajar actual?
Me da mucho gusto ver que las nuevas generaciones son mucho más diversas e inclusivas, lo que va a incidir positivamente en la manera que exploramos y traerá mayor diversidad de pensamiento. Esto fue evidente en la cantidad de participación femenina entre los participantes jóvenes de proEXPLO. El geólogo que ahora se incorpore a la industria va a tener que navegar en un momento relativamente confuso, donde deberá balancear el importante trabajo de campo y ganar experiencia en las rocas con el constante avance en softwares, tecnologías y bases de datos. Ambos son cruciales para su desarrollo a futuro.
Los nuevos geocientíficos deben entender, al menos a un nivel base, las distintas geociencias para comprender cómo todas están interconectadas y poder hacer buenas interpretaciones. Pero, hay cosas básicas que aún no han cambiado como la pasión por este trabajo, la curiosidad constante y el trabajo en equipo. Sin eso, la geología pierde toda su magia.
Para terminar, ¿cuáles cree que son los principales dolores que ponen en riesgo el éxito en exploración minera en Perú y Latam?
Los permisos ambientales y la burocracia, porque las ganas de invertir y el potencial geológico están. El 80% de los proyectos de exploración no están avanzando por esta razón. La principal barrera es ésta y el desafío es poder unirnos como industria, sociedad y Estado para avanzar de manera mucho más expedita.
Más allá del narcotráfico está la minería ilegal:
El caso de La Merced de Buenos Aires
Escribe: Carlos Cabrera.
Analista político, politólogo e internacionalista
Junio 11 de 2023.- En medio de la crisis provocada por la caída de los precios de la cocaína en Colombia, particularmente en la conflictiva región de Nariño, donde al menos 2 carteles mexicanos, el Frente 30, el Frente Oliver Sinisterra y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), compiten por el control de diferentes economías ilícitas, se ha observado un preocupante cambio en las cadenas de valor de estas actividades delictivas: están migrando del narcotráfico hacia la minería ilegal.
En los últimos años, se ha evidenciado una transformación en las estrategias de los grupos criminales, quienes buscan nuevas oportunidades económicas para mantener sus operaciones y asegurar su rentabilidad. La minería ilegal ha surgido como una alternativa atractiva, ya que ofrece mayores beneficios en términos de ganancias y poco riesgo debido a la incapacidad estatal para entender las lógicas de estos mercados ilegales.
Esta tendencia de migración de economías delictivas, se ha expandido a la zona de frontera norte del Ecuador. Según un informe de 2022 de la Organización de Estados Americanos, las regiones a lo largo de la frontera norte con Colombia y en sus cercanías, como Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Napo y Sucumbíos, son focos de minería ilegal en Ecuador. La intensificación de la minería ilegal se da sobre todo en Buenos Aires, específicamente en el cantón San Miguel de Urcuquí, en la provincia de Imbabura. A partir de 2017, se descubrieron grandes yacimientos de oro en la zona, lo que atrajo a más de 10.000 mineros ilegales, muchos de ellos provenientes de otras partes de Ecuador, Brasil, Perú y Colombia. Esta migración de mineros ilegales coincidió con la llegada de bandas criminales de Colombia y otros lugares, que buscaban aprovechar el oro descubierto.
En medio de la pandemia, la presencia de estas bandas criminales se expandió y provocó un aumento de la violencia, los homicidios y otras actividades delictivas como la trata de personas, las extorsiones y el contrabando transfronterizo de gasolina y explosivos. Según informes de seguridad de Fuerzas Armadas solo en 2022, se extrajeron ilegalmente más de 11 mil sacos de material aurífero de las de la parroquia La Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. Adicionalmente, desde septiembre de 2022 la banda de ‘Los Lobos' tomó el control de la zona cobrando un impuesto del 10% de todos los minerales extraídos. Según el centro de pensamiento ‘InSight Crime’, ‘Los Lobos’ también han establecido el control de gran parte del sector de la minería ilegal en Ecuador, convirtiéndolo en un firme pilar de sus ingresos criminales y especializándose en este crimen, tras la crisis de la coca en Colombia.
Como podemos ver, lo que estamos encontrando es un establecimiento de redes estructuradas con la capacidad de gobernanza criminal en la zona de Buenos Aires, configuradas dada la alta rentabilidad que genera la minería ilegal. Cuando la institucionalidad estatal es débil, no solo entendida como la capacidad de ejercer la ley, sino también como la capacidad de generar mediante políticas públicas, salud, educación, empleo; son las organizaciones criminales las que van a comenzar a generar un orden social paralelo. Entonces el crimen organizado transnacional está empezando a generar servicios conexos, o sea cadenas de valor que dan como resultado rentabilidad social. Esto con el costo final de extorsiones, violencias varias, prostitución, muerte y pasivos ambientales que nadie remediará.
Los noticieros todos los días nos inundan de noticias sobre narcotráfico e incautación de drogas. Los políticos hablan de narco y de como ‘enfrentarlo’. Ni los medios, ni los políticos se han puesto a pensar sobre cómo funciona el crimen organizado transnacional. No hablan de enclaves productivos, cadenas de valor, mercados ilegales emergentes, ni gobernanzas criminales. Juegan a la retórica, sin saber de qué están hablando.
Analista político, politólogo e internacionalista
Junio 11 de 2023.- En medio de la crisis provocada por la caída de los precios de la cocaína en Colombia, particularmente en la conflictiva región de Nariño, donde al menos 2 carteles mexicanos, el Frente 30, el Frente Oliver Sinisterra y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), compiten por el control de diferentes economías ilícitas, se ha observado un preocupante cambio en las cadenas de valor de estas actividades delictivas: están migrando del narcotráfico hacia la minería ilegal.
En los últimos años, se ha evidenciado una transformación en las estrategias de los grupos criminales, quienes buscan nuevas oportunidades económicas para mantener sus operaciones y asegurar su rentabilidad. La minería ilegal ha surgido como una alternativa atractiva, ya que ofrece mayores beneficios en términos de ganancias y poco riesgo debido a la incapacidad estatal para entender las lógicas de estos mercados ilegales.
Esta tendencia de migración de economías delictivas, se ha expandido a la zona de frontera norte del Ecuador. Según un informe de 2022 de la Organización de Estados Americanos, las regiones a lo largo de la frontera norte con Colombia y en sus cercanías, como Carchi, Esmeraldas, Imbabura, Napo y Sucumbíos, son focos de minería ilegal en Ecuador. La intensificación de la minería ilegal se da sobre todo en Buenos Aires, específicamente en el cantón San Miguel de Urcuquí, en la provincia de Imbabura. A partir de 2017, se descubrieron grandes yacimientos de oro en la zona, lo que atrajo a más de 10.000 mineros ilegales, muchos de ellos provenientes de otras partes de Ecuador, Brasil, Perú y Colombia. Esta migración de mineros ilegales coincidió con la llegada de bandas criminales de Colombia y otros lugares, que buscaban aprovechar el oro descubierto.
En medio de la pandemia, la presencia de estas bandas criminales se expandió y provocó un aumento de la violencia, los homicidios y otras actividades delictivas como la trata de personas, las extorsiones y el contrabando transfronterizo de gasolina y explosivos. Según informes de seguridad de Fuerzas Armadas solo en 2022, se extrajeron ilegalmente más de 11 mil sacos de material aurífero de las de la parroquia La Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí, provincia de Imbabura. Adicionalmente, desde septiembre de 2022 la banda de ‘Los Lobos' tomó el control de la zona cobrando un impuesto del 10% de todos los minerales extraídos. Según el centro de pensamiento ‘InSight Crime’, ‘Los Lobos’ también han establecido el control de gran parte del sector de la minería ilegal en Ecuador, convirtiéndolo en un firme pilar de sus ingresos criminales y especializándose en este crimen, tras la crisis de la coca en Colombia.
Como podemos ver, lo que estamos encontrando es un establecimiento de redes estructuradas con la capacidad de gobernanza criminal en la zona de Buenos Aires, configuradas dada la alta rentabilidad que genera la minería ilegal. Cuando la institucionalidad estatal es débil, no solo entendida como la capacidad de ejercer la ley, sino también como la capacidad de generar mediante políticas públicas, salud, educación, empleo; son las organizaciones criminales las que van a comenzar a generar un orden social paralelo. Entonces el crimen organizado transnacional está empezando a generar servicios conexos, o sea cadenas de valor que dan como resultado rentabilidad social. Esto con el costo final de extorsiones, violencias varias, prostitución, muerte y pasivos ambientales que nadie remediará.
Los noticieros todos los días nos inundan de noticias sobre narcotráfico e incautación de drogas. Los políticos hablan de narco y de como ‘enfrentarlo’. Ni los medios, ni los políticos se han puesto a pensar sobre cómo funciona el crimen organizado transnacional. No hablan de enclaves productivos, cadenas de valor, mercados ilegales emergentes, ni gobernanzas criminales. Juegan a la retórica, sin saber de qué están hablando.
Es hora de hablar del elefante en la sala, la minería ilegal. Es necesario plantear entonces, una discusión seria sobre la seguridad del país, más allá del cliché del narco y sobre todo la seguridad de provincias como Imbabura, donde la tasa de pobreza es de 29,4%. Es prioridad buscar estrategias que permitan desmantelar la gobernanza criminal dentro de la provincia que se halla articulada a la extracción ilegal de oro, como un enclave productivo. Sino la capacidad del crimen organizado seguirá creciendo y la amenaza será cada vez más difícil de contrarrestar.
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La electricidad y las energías renovables se analizarán en Quito
Junio 4 de 2023.- “Electricidad y Energías Renovables - Transición Energética”, es el tema que se abordará en el próximo encuentro de Seminarium, que se desarrollará el jueves 15 de junio de 2023, en el Swissôtel - Quito, con la participación de autoridades del sector y conferencistas nacionales e internacionales, expertos en el uso de energías
renovables y transición energética.
El destino futuro es la electrificación masiva del mundo, por ello, Seminarium desarrolla este foro que apunta al análisis en profundidad de la evolución del mercado de energías renovables y no renovables permitiendo proyecciones, inversiones futuras y negocios sustentables para los sectores productivos en Ecuador.
Está dirigido a ministros de estado, sectores empresariales, representantes técnicos de carteras estatales relacionadas con el sector de electricidad, bancos de renombre local e internacional, representantes y tomadores de decisiones, inversionistas internacionales y medios de comunicación.
Durante la jornada se abordarán los siguientes temas:
• Descarbonización
• Crisis y Transición Energética: Desafíos y Oportunidades para Ecuador
• Hidrógeno verde
• Marco regulatorio
• El cobre en la transición energética
• La academia en investigación de energías renovables
• Electromovilidad
• Uruguay ejemplo de transición energética para LATAM
• Paneles de sectores productivos y su iniciativa en la aplicación de energías renovables: Agroindustria, Hidrocarburos, entre otros
Está confirmada la participación de los siguientes panelistas: Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE); José Dávalos, ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Ecuador); Fernando Santos Alvite, ministro de Energía y Minas (Ecuador); Gonzalo Uquillas Vallejo, gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP); Ignacio Horvath, gerente de Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Pórtland (ANCAP) de Uruguay; Jacqueline Echevarría, editora sobre temas de transición energética en América Latina de la agencia Argus Media; Nelson Muñoz, consultor y académico, experto en gas electricidad y energías renovables comentarista invitado en CNN (Chile); Juan Carlos de La Hoz, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Ecuador (Colombia); Ricardo Obando, gerente en Ecuador de Lowell Mineral
Exploration; Andrés Donoso, socio del Estudio Jurídico Robalino (Ecuador); y María Gracia Acosta, periodista y consultora en comunicación política (Ecuador).
María Rosa Tapia, presidente de Seminarium, comentó que el cambio climático es una realidad, cuyos efectos deben ser mitigados con urgencia: “La evidencia y el consenso científico dejan pocas dudas de que el cambio climático es una realidad y que sus impactos ya son evidentes y que deben mitigarse urgentemente”.
Según datos de la Asociación de Empresas de Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe (ARPEL), el mundo funciona con una matriz de energía que depende en un 82% de los combustibles fósiles, los que generan el 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La transición a un mundo con menores emisiones de dióxido de carbono y otros GEIs, es necesaria, por medio de una transformación masiva y radical sobre cómo se genera, suministra y utiliza la energía. El 8% de la población mundial se encuentra en América Latina y apenas el 7%de las emisiones de carbono provienen de esta región del planeta.
Para más información, por favor visite www.seminariumec.com
Contacto de prensa: 0998378012/ 0998225188. Email: [email protected]
renovables y transición energética.
El destino futuro es la electrificación masiva del mundo, por ello, Seminarium desarrolla este foro que apunta al análisis en profundidad de la evolución del mercado de energías renovables y no renovables permitiendo proyecciones, inversiones futuras y negocios sustentables para los sectores productivos en Ecuador.
Está dirigido a ministros de estado, sectores empresariales, representantes técnicos de carteras estatales relacionadas con el sector de electricidad, bancos de renombre local e internacional, representantes y tomadores de decisiones, inversionistas internacionales y medios de comunicación.
Durante la jornada se abordarán los siguientes temas:
• Descarbonización
• Crisis y Transición Energética: Desafíos y Oportunidades para Ecuador
• Hidrógeno verde
• Marco regulatorio
• El cobre en la transición energética
• La academia en investigación de energías renovables
• Electromovilidad
• Uruguay ejemplo de transición energética para LATAM
• Paneles de sectores productivos y su iniciativa en la aplicación de energías renovables: Agroindustria, Hidrocarburos, entre otros
Está confirmada la participación de los siguientes panelistas: Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE); José Dávalos, ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Ecuador); Fernando Santos Alvite, ministro de Energía y Minas (Ecuador); Gonzalo Uquillas Vallejo, gerente general de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP); Ignacio Horvath, gerente de Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Pórtland (ANCAP) de Uruguay; Jacqueline Echevarría, editora sobre temas de transición energética en América Latina de la agencia Argus Media; Nelson Muñoz, consultor y académico, experto en gas electricidad y energías renovables comentarista invitado en CNN (Chile); Juan Carlos de La Hoz, representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Ecuador (Colombia); Ricardo Obando, gerente en Ecuador de Lowell Mineral
Exploration; Andrés Donoso, socio del Estudio Jurídico Robalino (Ecuador); y María Gracia Acosta, periodista y consultora en comunicación política (Ecuador).
María Rosa Tapia, presidente de Seminarium, comentó que el cambio climático es una realidad, cuyos efectos deben ser mitigados con urgencia: “La evidencia y el consenso científico dejan pocas dudas de que el cambio climático es una realidad y que sus impactos ya son evidentes y que deben mitigarse urgentemente”.
Según datos de la Asociación de Empresas de Petróleo, Gas y Energía Renovable de América Latina y el Caribe (ARPEL), el mundo funciona con una matriz de energía que depende en un 82% de los combustibles fósiles, los que generan el 73% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La transición a un mundo con menores emisiones de dióxido de carbono y otros GEIs, es necesaria, por medio de una transformación masiva y radical sobre cómo se genera, suministra y utiliza la energía. El 8% de la población mundial se encuentra en América Latina y apenas el 7%de las emisiones de carbono provienen de esta región del planeta.
Para más información, por favor visite www.seminariumec.com
Contacto de prensa: 0998378012/ 0998225188. Email: [email protected]
Caída de precios de los metales
podría anunciar nueva recesión
Mayo 23 del 2023.- El precio del cobre llegó la semana que pasó a su nivel más bajo en los últimos seis meses y la caída disparó las opiniones sobre una nueva desaceleración del ritmo de la economía mundial.
No sólo cayó el precio del cobre, sino también los de otros metales básicos como el aluminio, el níquel, el zinc, el plomo y el estaño. En la Bolsa de Metales de Londres, el aluminio bajó un 0,7% a 2,211 dólares la tonelada, y el níquel perdió un 0,5%, a 20,950 dólares.
Por otro lado, el zinc disminuyó un 2,3%, a 2,318,50 dólares, el plomo cedió un 0,8% a 2,055,5 dólares y el estaño retrocedió un 1,6% a 23,940 dólares.
Algunos economistas atribuyen el descenso de los precios a la disminución de la demanda por parte de China. Otros creen que hay razones más estructurales que no dependen de factores coyunturales ni de pronósticos de algún país.
La evolución del ratio Gundlach, que monitorea la relación entre los precios del cobre y el oro, se encuentra en los niveles más bajos desde inicios de 2021 y ello podría indicar que una recesión está en camino.
El ratio Gundlach, llamado así por Jeffrey Gundlach, un conocido gestor de fondos, funciona desde su aparición como un barómetro esencial del sentimiento de los inversores. Los gestores de activos institucionales también emplean la relación cobre-oro como uno de los indicadores anticipados del rendimiento del Tesoro a 10 años.
“Las perspectivas a corto plazo se han deteriorado con los riesgos de recesión en Europa y EE.UU., y una recuperación china que no ha sido intensiva en materias primas”, declaró Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank, Copenhague.
En marzo, Gundlach advirtió que podría haber una recesión en los próximos cuatro meses, citando las recientes quiebras bancarias en EE.UU. que han agravado el endurecimiento de las condiciones financieras debido al aumento de los tipos de interés.
“Obviamente hay fragilidad financiera en Europa y Estados Unidos también está intentando provocar una recesión”, afirmó Gundlach a la CNBC en una entrevista reciente.
Su opinión es que la inversión está disminuyendo porque muchos piensan que la recesión ya empezó.
No sólo cayó el precio del cobre, sino también los de otros metales básicos como el aluminio, el níquel, el zinc, el plomo y el estaño. En la Bolsa de Metales de Londres, el aluminio bajó un 0,7% a 2,211 dólares la tonelada, y el níquel perdió un 0,5%, a 20,950 dólares.
Por otro lado, el zinc disminuyó un 2,3%, a 2,318,50 dólares, el plomo cedió un 0,8% a 2,055,5 dólares y el estaño retrocedió un 1,6% a 23,940 dólares.
Algunos economistas atribuyen el descenso de los precios a la disminución de la demanda por parte de China. Otros creen que hay razones más estructurales que no dependen de factores coyunturales ni de pronósticos de algún país.
La evolución del ratio Gundlach, que monitorea la relación entre los precios del cobre y el oro, se encuentra en los niveles más bajos desde inicios de 2021 y ello podría indicar que una recesión está en camino.
El ratio Gundlach, llamado así por Jeffrey Gundlach, un conocido gestor de fondos, funciona desde su aparición como un barómetro esencial del sentimiento de los inversores. Los gestores de activos institucionales también emplean la relación cobre-oro como uno de los indicadores anticipados del rendimiento del Tesoro a 10 años.
“Las perspectivas a corto plazo se han deteriorado con los riesgos de recesión en Europa y EE.UU., y una recuperación china que no ha sido intensiva en materias primas”, declaró Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo Bank, Copenhague.
En marzo, Gundlach advirtió que podría haber una recesión en los próximos cuatro meses, citando las recientes quiebras bancarias en EE.UU. que han agravado el endurecimiento de las condiciones financieras debido al aumento de los tipos de interés.
“Obviamente hay fragilidad financiera en Europa y Estados Unidos también está intentando provocar una recesión”, afirmó Gundlach a la CNBC en una entrevista reciente.
Su opinión es que la inversión está disminuyendo porque muchos piensan que la recesión ya empezó.
Tres refinerías se necesitan en Perú
Mayo 23 del 2023.- El director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, profesional y empresario, Rómulo Mucho, señaló que en su país se necesitan “tres grandes instalaciones de fundición y refinería de productos minerales en el norte, centro y sur del país”, como respuesta a la necesidad de brindar mayor valor agregado a las materias primas extraídas de los yacimientos.
En declaraciones a Telesur, el ingeniero Mucho recordó que el más grande establecimiento de fundición y refinado de minerales en el Perú es el de Southern Copper en la provincia de Ilo, región Moquegua, el cual le permite producir cátodos de cobre de alta pureza; mientras que otras dos plantas de menor tamaño les pertenecen a las empresas Nexa y Minsur y se encuentran en Cajamarquilla (Lima) y Pisco (Ica).
“Gracias a una completa cadena de valor, el cobre peruano es extraído, procesado y transformado en algunos casos para su posterior utilización en la fabricación de vehículos, aparatos electrónicos y líneas de transmisión eléctrica; lo mismo sucede con los concentrados de zinc y estaños que se funden y refinan para su uso en las distintas industrias”, afirmó.
Rómulo Mucho, que ha sido exviceministro de Minas y es un expositor conocido en el Ecuador, sostiene que su país debe ofrecer incentivos a los principales fabricantes para que construyan grandes talleres y cierren las brechas en investigación científica y desarrollo tecnológico.
Explica que eso sucedió en México, donde empresas de Estados Unidos y Japón se posicionaron y lograron que el 80% de la producción nacional sea manufacturada.
En ese sentido, Rómulo Mucho se mostró a favor de la creación de una ley de promoción de la inversión industrial para que empresas extranjeras se instalen en el Puerto de Ilo y masifiquen el valor agregado de los metales previamente fundidos y refinados, e incluso recordó que existe una ley que exhorta a las empresas privadas a invertir en investigación y desarrollo tecnológico.
“Nos encontramos en el camino de adaptar y mejorar lo que hacen otros países mineros, como es el caso de Australia, donde se observa un progreso sobresaliente en el sector de compañías proveedoras, las cuales están creando bienes y servicios novedosos y de mayor valor añadido para atender los requerimientos de la minería y otros sectores productivos”, afirmó.
Mucho ha señalado además que “del portafolio de proyectos mineros avanzados, 37 proyectos con una inversión conjunta de 44 mil 709 millones de dólares aún no tienen cronograma de construcción”.
Fue durante su exposición en el III Congreso Nacional KORIMIN, organizado por la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Altiplano.
De acuerdo con Rómulo Mucho, quien será expositor en el próximo CGS Quito 2023, que se realizará los días 12 y 13 en la capital ecuatoriana, la evolución de la balanza comercial de Perú en los últimos tres años completos se encuentra en caída, como consecuencia del estancamiento de las exportaciones y el aumento de las importaciones, lo cual se acentuó desde el segundo trimestre del 2022, a pesar de una mejor cotización del cobre, que es el mineral de mayor comercialización de ese país.
En declaraciones a Telesur, el ingeniero Mucho recordó que el más grande establecimiento de fundición y refinado de minerales en el Perú es el de Southern Copper en la provincia de Ilo, región Moquegua, el cual le permite producir cátodos de cobre de alta pureza; mientras que otras dos plantas de menor tamaño les pertenecen a las empresas Nexa y Minsur y se encuentran en Cajamarquilla (Lima) y Pisco (Ica).
“Gracias a una completa cadena de valor, el cobre peruano es extraído, procesado y transformado en algunos casos para su posterior utilización en la fabricación de vehículos, aparatos electrónicos y líneas de transmisión eléctrica; lo mismo sucede con los concentrados de zinc y estaños que se funden y refinan para su uso en las distintas industrias”, afirmó.
Rómulo Mucho, que ha sido exviceministro de Minas y es un expositor conocido en el Ecuador, sostiene que su país debe ofrecer incentivos a los principales fabricantes para que construyan grandes talleres y cierren las brechas en investigación científica y desarrollo tecnológico.
Explica que eso sucedió en México, donde empresas de Estados Unidos y Japón se posicionaron y lograron que el 80% de la producción nacional sea manufacturada.
En ese sentido, Rómulo Mucho se mostró a favor de la creación de una ley de promoción de la inversión industrial para que empresas extranjeras se instalen en el Puerto de Ilo y masifiquen el valor agregado de los metales previamente fundidos y refinados, e incluso recordó que existe una ley que exhorta a las empresas privadas a invertir en investigación y desarrollo tecnológico.
“Nos encontramos en el camino de adaptar y mejorar lo que hacen otros países mineros, como es el caso de Australia, donde se observa un progreso sobresaliente en el sector de compañías proveedoras, las cuales están creando bienes y servicios novedosos y de mayor valor añadido para atender los requerimientos de la minería y otros sectores productivos”, afirmó.
Mucho ha señalado además que “del portafolio de proyectos mineros avanzados, 37 proyectos con una inversión conjunta de 44 mil 709 millones de dólares aún no tienen cronograma de construcción”.
Fue durante su exposición en el III Congreso Nacional KORIMIN, organizado por la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional del Altiplano.
De acuerdo con Rómulo Mucho, quien será expositor en el próximo CGS Quito 2023, que se realizará los días 12 y 13 en la capital ecuatoriana, la evolución de la balanza comercial de Perú en los últimos tres años completos se encuentra en caída, como consecuencia del estancamiento de las exportaciones y el aumento de las importaciones, lo cual se acentuó desde el segundo trimestre del 2022, a pesar de una mejor cotización del cobre, que es el mineral de mayor comercialización de ese país.
La Negociación Integrativa
Transformadora Intercultural (NITI)
Escribe: César Daniel Reyna Ugarriza
Abril 23 del 2023.- César Reyna es un joven profesional que viene destacando en la minería peruana por sus enfoques innovadores respecto del contenido que deben tener las relaciones que se establecen con las comunidades locales. La profundidad de sus conceptos ha sido premiada en eventos de la talla de Perumin y Conamin y su experiencia puede ser conocida, de primera mano, por quienes le escriban a los correos: [email protected] y [email protected]
A continuación, publicamos uno de sus últimos trabajos.
I. RESUMEN. –
La noción básica de negociación empleada en este trabajo fue desarrollada por Howard Raiffa (1982), quien define la negociación como un proceso comunicativo dirigido a producir un acuerdo entre dos o más partes que tienen algunos intereses comunes y también algunos contradictorios, cuyo objetivo es celebrar un acuerdo1. De ahí que su objetivo principal sea el entendimiento mutuo de los interlocutores, quienes deben producir un acuerdo satisfactorio a sus intereses. Esta definición pone de manifiesto que las partes son responsables de generar acuerdos satisfactorios para ambas, lo que las conduciría a colaborar entre sí, aunque no siempre es así. Esto implica a su vez implica cierto grado de conocimiento mutuo, especialmente sobre los intereses, necesidades, aspiraciones y preocupaciones en juego.
En ese sentido, el modelo de negociación propuesto se caracteriza por poseer componentes integrativos similares a la definición precedente, pero incorpora además elementos transformadores e interculturales. Estos elementos teóricos se complementan para conformar un tipo de negociación que deriva del modelo de la negociación integrativa, también denominada negociación principista o modelo de Harvard. El ámbito de aplicación de la propuesta de modelo no solo serían las situaciones conflictivas propiamente dichas, sino aquellos procesos de negociación en los que todavía no aparecen los elementos constitutivos del conflicto social en el ámbito minero-comunitario o sector extractivo.
En otras palabras, la Negociación Integrativa Transformadora Intercultural (NITI) pretende ser útil en procesos de diálogo y negociación en los que no se manifiesta el conflicto social entre las partes, es decir, cuando sus diferencias todavía no versan o tratan sobre elementos sustantivos de la relación, sino sobre aspectos regulares de una negociación ordinaria como, por ejemplo, el monto que la empresa deberá pagar a las comunidades locales por la utilización de sus tierras, la contratación de mano de obra calificada y no calificada, la adquisición de bienes y servicios locales por parte de la empresa, entre otros que son propios de la discusión de una agenda común.
En ese orden de ideas, si se aplicaran correctamente los presupuestos del modelo NITI, este se convertiría en un mecanismo eficaz para prevenir conflictos sociales y generar acuerdos integrales en el sector minero. En esencia, si se conduce bien la negociación -que en el caso de la NITI implica crear, mantener y mejorar las relaciones entre empresas y comunidades-no solo se evitarían los indeseados efectos del conflicto social, sino que se alcanzarían acuerdos efectivos que satisfagan intereses y necesidades, atiendan preocupaciones, aterricen expectativas, concreten aspiraciones, respeten valores culturales, garanticen derechos fundamentales y, sobre todo, generen valor para las partes.
El método de investigación se sustenta en la revisión de los elementos teóricos del arte o técnica de la negociación y la propia experiencia negociadora en la elaboración y discusión de convenios marco con grupos multiactor, acuerdos sobre uso de terreno superficial para labores de exploración con comunidades y familias rurales, ampliaciones y/o renegociaciones de convenios, etcétera.
II. INTRODUCCIÓN. –
El país, como es de conocimiento general, depende en gran medida de los ingresos que genera la minería, actividad que no puede prosperar sin el consentimiento de las comunidades en los territorios donde pretende operar. Por ello, pretendemos difundir un modelo de negociación partiendo de la perspectiva de la negociación integrativa o basada en principios, a la que incorporamos elementos fundamentales de la transformación de conflictos y el enfoque intercultural -debido a la injerencia de la cultura de las partes en la negociación- para aplicarlo en el ámbito de la relación con comunidades locales en el sector extractivo, particularmente el minero, a fin de propiciar relaciones estables, acuerdos sostenibles y proyectos de inversión viables desde el punto de vista social, cultural, económico y ambiental.
Dada la alta conflictividad socioambiental existente en varias partes del territorio nacional, específicamente en aquellas vinculadas al desarrollo de actividades mineras, resulta indispensable que el Estado y las empresas cuenten con herramientas adecuadas para negociar y encontrar soluciones idóneas a aquellos problemas derivados de la exploración, explotación, uso y aprovechamiento de recursos naturales en áreas sensibles como las pertenecientes a comunidades campesinas.
En ese sentido, el problema que encontramos radica especialmente en la prevención y gestión de conflictos sociales, en particular el conflicto social relacionado con la minería. De modo que el tratamiento que reciben de parte del gobierno, por carecer de una metodología apropiada y credibilidad entre las comunidades, no solo han generado enormes pérdidas económicas para el país, sino también la afectación de derechos en diversas localidades. Este déficit se debe exclusivamente a la falta de procedimientos adecuados, así como a la falta de instituciones competentes y un marco normativo idóneo para emprender negociaciones –siempre bajo un marco intercultural- con comunidades que a veces manifiestan su descontento ante la posible afectación de sus derechos. La inexistencia de dichos procedimientos, mecanismos y protocolos no permite que el gobierno pueda atender las demandas sociales con eficacia, lo que impide dar una solución satisfactoria a los conflictos.
Estas deficiencias no solo prolongan e intensifican los conflictos existentes, sino que promueven el surgimiento de nuevos conflictos que elevan el índice de conflictividad social, es decir, incrementan el desconcierto y la incertidumbre que reducen a su vez el atractivo del país tanto para inversionistas nacionales como extranjeros, y ponen en entredicho el Estado de Derecho y la gobernabilidad en el país.
Por otro lado, cabe mencionar que todo conflicto social debe ser entendido como un proceso complejo y dinámico. Complejo en el sentido de que procede del tejido social, y por lo tanto presenta muchas aristas que dificultan su abordaje, tanto en los planos económicos, culturales, ideológicos, ambientales, etc. Por ello debe ser analizado pormenorizadamente antes de aplicar métodos para su tratamiento. La complejidad del mismo está básicamente determinada por el número de actores que intervienen, así como por la diversidad cultural, económica, social y política de los asuntos tratados. Esto explica las dificultades en su comprensión por parte de los mismos actores y otras partes intervinientes. Dado que las relaciones humanas son por sí mismas complejas, es natural que el conflicto social lo sea, pues se origina en esta dimensión o nivel.
La aparición de la violencia en el curso del conflicto social, por su parte, no solo incrementa su complejidad, sino su gestión y eventual solución. La falta de herramientas idóneas para su estudio, prevención, monitoreo, administración, resolución y transformación incide en su dificultad. Lo propio hace la debilidad institucional de los actores encargados de su canalización o procesamiento.
Los conflictos entre Estado, empresa y sociedad, o más precisamente, entre organizaciones públicas, económicas y de la sociedad civil, no permite -en muchos casos- su procesamiento por medio del derecho, toda vez que da la razón a una de las partes o propicia la indefinición o ambigüedad, prolongando, e incluso acrecentando, la persistencia del conflicto. La justicia ordinaria no está diseñada para tratar conflictos sociales, porque solo da la razón una de las partes, mientras la otra pierde. Tampoco se trata de aplicar soluciones salomónicas, sino justas, pero sobre todo creativas, adaptadas a la complejidad que caracteriza a los conflictos.
La Negociación Integrativa Transformadora Intercultural (NITI)2, en ese sentido, se encuentra dirigida a un determinado tipo de actores o partes negociadoras. No se trata, por tanto, de un modelo estándar o general, pese a que toma varios elementos de los enfoques de negociación clásicos, sino uno específico o focalizado exclusivamente en el tratamiento de los copiosos problemas que presenta la relación entre empresas extractivas, comunidades y el Estado, los principales actores que participan en la compleja dinámica que tiene lugar en el sector minero. El modelo en cuestión solo es aplicable a las interacciones entre los citados actores y las partes secundarias y terciarias que suelen acompañarlos. La negociación propuesta pretende forjar relaciones sólidas y duraderas (de largo plazo) en primer lugar, de ahí que su objetivo primordial sea la creación o fortalecimiento de relaciones interculturales, lo que supone una notoria diferencia con la negociación estándar, pues esta última se concentra básicamente en la formalización de acuerdos entre las partes.
En ese orden de ideas, el acuerdo sería producto o resultado de relaciones estables y saludables entre las partes. Así, el acuerdo mediante el cual una comunidad determinada resuelve, entre otras cosas, consentir la ejecución de un proyecto extractivo, no es más que consecuencia del establecimiento de una buena relación. Entonces, de la calidad o estado de la relación depende en gran medida el surgimiento del acuerdo, y por supuesto, su sostenibilidad o vigencia en el tiempo.
El hecho de que la relación sea más importante que perseguir el acuerdo se debe a que las comunidades andinas -y también muchas de las que se encuentran en países emergentes o vías de desarrollo- únicamente se muestran receptivas a la inversión privada -en actividades de exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios- cuando media un vínculo real, esto es, cuando existe suficiente comunicación, conocimiento previo y confianza entre las partes, además del tratamiento integral sus preocupaciones sobre posibles impactos del proyecto de naturaleza ambiental, social, cultural, legal y económica, y la generación de oportunidades y beneficios.
La negociación con pueblos indígenas o comunidades supone lidiar con lo inesperado si es que no nos encontramos debidamente preparados. El problema se acentúa cuando funcionarios públicos o de empresas no se encuentran en capacidad de manejar adecuadamente el elemento cultural en la negociación, el cual siempre la envuelve. En muchos casos, ciertos enfoques de negociación resultan más perjudiciales que asertivos cuando se trata con grupos culturales diferentes a los que se pertenece. La cultura es un elemento relevante a considerar, por lo que debemos adaptar los modelos conceptuales existentes antes de establecer las bases iniciales del diálogo.
El principal aporte de este estudio no solo reside en el tratamiento del tema, sino en la comprensión de los enfoques integrativo, transformativo e intercultural que se le ha dado al mismo para desarrollar un modelo de negociación capaz de tratar con actores tan disímiles. Se busca que los actores, en especial las comunidades locales, puedan ser competentes en el manejo de las herramientas que brinda la negociación planteada para que puedan incorporarla en el tratamiento de sus problemas, conflictos y diferencias con los actores políticos (Estado) y económicos (empresa minera) en su actividad futura.
Finalmente, el objetivo de la investigación consiste en presentar un modelo de negociación que aborde de manera eficaz los conflictos relacionados con el sector minero, es decir, diseñar un mecanismo que procese, canalice y reduzca los conflictos vinculados con dicha actividad, es decir, que los prevenga, gestione, resuelva y transforme, recurriendo para ello al enfoque intercultural, pues es el único que permite el entendimiento entre interlocutores que poseen diferentes concepciones del mundo (cosmovisiones), valores, creencias, intereses, identidades, costumbres, idiomas, posiciones, percepciones, entre otros aspectos.
III. MARCO TEÓRICO. –
El marco teórico del modelo NITI se sustenta en la negociación integrativa, desarrollada por autores como Roger Fisher y William Ury, dentro de la que se encuentra insertado el estudio sobre la cultura de las partes en la negociación de Jeanne M. Brett; la teoría de la transformación del conflicto de Paul Lederach; el modelo de la mediación transformativa postulada por R. Bush y J.P. Folger; el enfoque intercultural y la Teoría del Relacionamiento Intercultural (TRI) desarrollada esta última por el autor de la presente investigación a partir de la revisión de dicho enfoque, además del propio conocimiento adquirido durante el análisis de conflictos sociales producidos en el país3.
3.1. Negociación Integrativa o Modelo de Harvard. –
El también denominado “modelo de Harvard” nace como respuesta a la necesidad de encontrar un método que facilitara las negociaciones en el mundo empresarial, diplomático y político, por lo que se desarrolló como proyecto en la Escuela de Negocios de la referida universidad a principios de los años ochenta por investigadores como Fisher, Ury, Patton, Stone, entre otros.
El modelo integrativo aporta principios y estrategias esenciales en las distintas etapas del proceso de negociación: prenegociación, negociación, adopción de acuerdos, post negociación (seguimiento y cumplimiento de acuerdos) y, eventualmente, renegociación, para mejorar la calidad del proceso y los acuerdos.
Por otra parte, pone el énfasis en el trabajo colaborativo de las partes para crear valor, así como el uso de criterios objetivos para aclarar determinadas situaciones en las que se requieren precedentes, informes u opiniones técnicas relevantes. Sin embargo, el modelo integrativo carece del enfoque y orientación necesarios para abordar la conflictividad social en el sector minero y, sobre todo, las grandes diferencias culturales entre las partes porque no fue diseñado para dicho fin. Por tal motivo, hemos incorporado elementos de la teoría de la transformación del conflicto y del enfoque de interculturalidad para complementarla y ajustarla a las exigencias del caso.
3.2. La Transformación del Conflicto4. –
En lo que concierne a la transformación de los conflictos, se trata de “un proceso de cambio constructivo de las relaciones entre los miembros de una sociedad y las estructuras subyacentes, especialmente de la relación Estado – ciudadano. Es un mecanismo de adaptación de las necesidades de individuos y grupos en las instituciones políticas, sociales y económicas como requisito para el desarrollo sostenible”5.
Este enfoque incide en el tratamiento de las necesidades humanas básicas (Burton) y en la generación de procesos orientados al cambio social (Lederach). Supone una nueva forma de comprender el conflicto, de la que carecen los enfoques de gestión y resolución del conflicto, y por supuesto, la propia negociación integrativa. Su objetivo fundamental es comprender las raíces profundas del conflicto de tal manera que se produzcan cambios positivos y sostenibles en el largo plazo en la sociedad.
Se toma de la teoría de la transformación del conflicto el análisis científico que hace del conflicto, con especial hincapié en considerar las necesidades humanas básicas insatisfechas como causas subyacentes o estructurales del conflicto. Además, destaca el énfasis en la construcción y mejoramiento de relaciones interorganizacionales. Y es justamente en la dimensión relacional que se debe comprender y estudiar la situación insatisfactoria para reducir la conflictividad y generar relaciones interculturales saludables.
El hecho de que la relación sea más importante que perseguir el acuerdo se debe, en principio, a que los actores con los que tratan las empresas extractivas (comunidades campesinas) únicamente se muestran receptivos a la inversión privada en actividades de exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios cuando media un vínculo real. Es decir, cuando existe suficiente conocimiento previo e intercambio significativo a partir del cual se han abordado las preocupaciones de la comunidad sobre posibles impactos de naturaleza ambiental, social, económica y cultural que conlleva el desarrollo del proyecto, pero también los beneficios que trae consigo la ejecución de la iniciativa de inversión planteada.
3.3. La Mediación Transformativa. –
El enfoque transformador de la mediación no pretende resolver el problema inmediato, sino más bien, busca el empoderamiento y el reconocimiento mutuo de las partes involucradas. El empoderamiento, según Bush y Folger, significa permitir a las partes definir sus propios problemas y buscar soluciones por su cuenta, es decir, que cuenten con la libertad y seguridad necesarias para emitir sus juicios de opinión y presentar alternativas.
El reconocimiento significa que las partes puedan escuchar y comprender cabalmente el punto de vista de la otra persona -para entender la forma en que definen el problema y por qué buscan la solución de lo que pretenden. Escuchar y entender, debemos recalcarlo, no quiere decir hay que estar de acuerdo con las opiniones de la otra parte, esto de ninguna manera significa estar a favor de sus puntos de vista. A menudo, el empoderamiento y el reconocimiento de la contraparte allana el camino para una solución de beneficio mutuo, pero eso es solo un efecto secundario.
El objetivo central de la mediación transformativa es fomentar el empoderamiento y el reconocimiento de las partes, lo que les permitirá acercarse al problema actual, así como los problemas posteriores, con capacidades más fuertes y ser aún más flexibles. En el caso del modelo planteado en la investigación supone que las asimetrías puedan reducirse de modo que las comunidades locales adquieran mayores capacidades y poder durante la negociación.
3.4. El enfoque de Interculturalidad. –
Sobre este enfoque en particular, la definición de la antropóloga Fabiola Yeckting nos parece completa y acertada. Esta investigadora define la interculturalidad como un “proceso complejo que implica ejercicio de ciudadanía, que a su vez implica derechos y deberes para interactuar a pesar de las diferencias culturales en un clima de respeto y tolerancia”. Del Arco (1998), por su parte, sostiene que el término “interculturalidad”, implica una comunicación comprensiva entre las distintas culturas que conviven en un mismo espacio, siendo a través de estas donde se produce el enriquecimiento mutuo y, por consiguiente, el reconocimiento y la valoración (tanto intrínseca como extrínseca) de cada una de las culturas en un marco de igualdad7.
En cuanto a la incorporación del componente intercultural como fundamento teórico del modelo NITI, este resulta indispensable para entender y transformar relaciones entre grupos culturalmente diferentes. La interculturalidad se presenta como una meta deseada porque coloca a los actores en un plano de igualdad en el diálogo a pesar de sus diferencias culturales, que a su vez determinan y retroalimentan sus percepciones, emociones, expectativas, aspiraciones, valores y cosmovisiones.
La comunicación entre individuos o grupos que poseen distintos códigos culturales no podría darse ni sería efectiva si no se dialogara interculturalmente. Pero antes de ello las partes deben desarrollar competencias interculturales, es decir, realizar una preparación especializada para ponerse en los “zapatos” del “otro”, a fin de conocer cómo es ese “otro” en realidad y no cómo lo imaginamos o concebimos a priori. Para tal efecto debemos despojarnos de estereotipos y prejuicios arraigados sobre diversas culturas y sociedades.
3.5. La Teoría del Relacionamiento Intercultural (TRI)8. –
Esta teoría parte de la comunicación, el diálogo y la negociación intercultural para plantear o establecer una relación horizontal -o lo menos asimétrica posible- entre actores culturalmente diferentes por medio del desarrollo de competencias interculturales, el empoderamiento (de las partes potenciadas hacia las más vulnerables), la renuncia a utilizar el poder de las primeras (para que no sea su principal método de relacionamiento), el establecimiento de la interdependencia entre personas, grupos culturales u organizaciones, entre otras medidas que se puedan adoptar. Esto implica una nueva aproximación por parte de individuos, grupos, organizaciones e instituciones públicas o privadas que suelen relacionarse regularmente -y por diversos motivos- para arribar a acuerdos o consensos sostenibles y eficaces que garanticen el respeto de las diferencias culturales (de los valores, por ejemplo), derechos fundamentales, intereses colectivos o individuales, etc.
Las premisas o pilares sobre los que se asienta son los siguientes9:
i) La relación se crea o construye, esto es, no nace de la nada ni surge espontáneamente, por lo que toda relación humana es fruto del intercambio presumiblemente libre y voluntario entre dos o más personas, grupos, organizaciones, instituciones, etc.
ii) La relación se transforma, cambia, es decir, no permanece inmutable puesto que es esencialmente dinámica, y como tal recibe influencias internas o externas, tanto positivas como negativas que alteran su naturaleza o estado. Las influencias internas se refieren a hechos propios de las partes o actores de la relación; en cambio las externas vienen de la injerencia de terceras partes a través de mensajes, acciones, etc.
iii) La relación no solo debe mantenerse como está, sino que debe mejorar y perfeccionarse con el paso del tiempo. Esto significa que la relación debe encontrarse en mejores condiciones de manera progresiva. Las relaciones que se estancan o no muestran mejorías apreciables suelen descomponerse debido a la falta de perspectivas de futuro. En otras palabras, si los individuos que conforman la relación no perciben que está fomente expectativas de mejoramiento individual y/o colectivo, el interés en conservarla o mantenerla decaerá progresivamente.
iv) Las relaciones entre una determinada empresa y una comunidad específica no son idénticas a las que pueda mantener la misma empresa con otra comunidad, aunque esta última pertenezca a la misma área de influencia social. Esto quiere decir que la empresa minera tendrá relaciones diferentes -o con ciertos matices- con cada uno de los grupos que integran el entorno social.
v) La relación es la base del acuerdo. Esta premisa es la más relevante porque condensa o resume la importancia de la relación. En ese sentido, el nacimiento del acuerdo se subordina al surgimiento y buen estado de la relación, especialmente a este último. De modo que se puede afirmar que la situación de la relación y del acuerdo es una de causa-efecto. Cabe recordar también que ningún acuerdo es sostenible en el tiempo sin el sustento de una buena relación.
vi) El conflicto social es una manifestación del estado de la relación. El conflicto puede surgir por diversas causas o motivos, pero siempre se presenta en el ámbito de la relación. De modo que mantener una relación sana en el sector extractivo es la mejor manera de prevenir conflictos sociales. Si el estado de la relación es bueno las posibilidades de resolver el conflicto son mayores, se trate o solucione en menor tiempo y probablemente se eviten los efectos más indeseados del conflicto.
vii) La relación intercultural se encuentra constituida o formada por cinco elementos, a saber10:
a) Comunicación: La comunicación representa el primer desafío a tratar o resolver para actores que pertenecen a culturas diferentes, pues requiere el conocimiento y comprensión de otros idiomas o dialectos, así como de los valores esenciales de las culturas que participan en el diálogo, el manejo del lenguaje no verbal, la identificación de temas sensibles y complejos que serán materia de discusión, etc. La comunicación se produce efectivamente cuando las partes comparten y manejan los códigos lingüísticos apropiados, por lo que los actores deberán desarrollar competencias comunicativas interculturales para entenderse cabalmente.
b) Confianza: Toda relación humana interpersonal e interorganizacional se funda en un cierto grado de confianza, esto es, un mínimo que la posibilita. Pero en el caso de la relación intercultural esta debe ser apreciable para que pueda alcanzar variados objetivos. La confianza es el presupuesto conceptual para el trabajo colaborativo que pretende el enfoque de la interculturalidad, y lo es también para la comunicación y el diálogo intercultural.
c) Valores e intereses comunes: Los valores comunes son de orden eminentemente cultural, por lo que deben ser ubicados o hallados en las respectivas culturas de los distintos actores. Su plena identificación ayuda vincular a diferentes grupos culturales. Es decir, una vez encontrados se crea una suerte de terreno común o fértil sobre la cual puede prosperar la relación intercultural. En la medida que los actores compartan más valores culturales su vinculación será más fuerte y estrecha. Su descubrimiento solo es posible mediante el diálogo, el libre intercambio y el acercamiento constante.
Los intereses comunes son aquellos elementos que permiten trabajar en asuntos que atañen o conciernen por igual a los actores. Su importancia radica en que luego de ser identificados y definidos forman parte de la agenda del proceso de diálogo o negociación que inicien las partes (grupos culturales). Los intereses comunes, en ese sentido, cumplen una finalidad similar a la de los valores comunes al acercar a los actores. El hecho de compartir intereses posibilita el diálogo ya que establecen la motivación o convencimiento suficiente de la necesidad de dialogar, toda vez que, sin su realización, los intereses no podrían abordarse ni mucho menos satisfacerse.
d) Interdependencia: Esta representa la condición necesaria para que los actores puedan percibirse -frente al otro- como indispensables para perseguir o alcanzar determinados objetivos. En otras palabras, la interdependencia implica reconocer la esencialidad del otro para satisfacer ciertos intereses y necesidades. Así, mediante su concurso, cada parte podría alcanzar metas esenciales que de manera individual o aislada no podría lograr. La interdependencia se basa fundamentalmente en los intereses comunes que los actores previamente han identificado y desean satisfacer desde el principio. Pero no solo en ellos radica la cooperación, sino también en aquellos intereses propios o no compartidos con el otro. De modo que la interdependencia posibilita la atención y satisfacción de intereses tanto comunes como particulares.
e) Historial: Se refiere a hitos o hechos de relevancia acontecidos en el devenir de la relación. El historial revela patrones de relacionamiento, es decir, conductas o actitudes -reiteradas o no- que pueden beneficiar o perjudicar la relación. Todo análisis de la relación intercultural debe partir forzosamente de sus antecedentes para poder identificar las pautas o patrones de relacionamiento, los cuales ayudarán a entender las causas de muchos de los problemas que presenta una determinada relación. En otras palabras, en el desenvolvimiento previo, pasado o anterior de la relación hallaremos una serie de pistas o indicios clave sobre la funcionalidad o disfuncionalidad de la relación bajo evaluación.
IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO. –
El trabajo parte de la revisión de la literatura publicada a la fecha sobre la materia y el estudio de algunos casos, en particular sobre el tratamiento de conflictos sociales, gestión de riesgos sociales, negociación intercultural, teoría de la comunicación, etc.
V. FINALIDADES U OBJETIVOS DEL MODELO. –
i) La primera finalidad es lograr el entendimiento o comprensión de los complejos procesos políticos, económicos, sociales y culturales que caracterizan el entorno en el cual se insertan las empresas mineras para desarrollar su actividad y contribuir al establecimiento de relaciones sostenibles y fructíferas con sus grupos de interés externo (stakeholders), esencialmente a través del diálogo y la negociación intercultural.
ii) El segundo objetivo es generar relaciones permanentes y estables entre actores culturalmente distintos que poseen tanto intereses comunes como divergentes; los cuales pueden llegar a ser convergentes si emplearan otro tipo de enfoque de relacionamiento. Esto se pretende lograr a través de un profundo análisis del contexto en el que se desenvuelven las partes y mediante una correcta evaluación de los riesgos que cada uno asume al ingresar en un proceso de negociación. Bajo el nuevo enfoque se sostiene que, si se lograra establecer relaciones positivas y equilibradas entre empresas mineras y comunidades locales, sin duda se sentarían las bases para el desarrollo sostenible, la viabilidad social de los proyectos y la gobernabilidad en diversas partes del territorio.
iii) En tercer lugar, intentamos reducir el grado de ocurrencia, intensidad y consecuencias nocivas que generan los conflictos en el sector extractivo. Esto será posible gracias a la implementación de un mecanismo de negociación basado en el respeto de los derechos humanos y procesos fundados en el diálogo que sean participativos, efectivos y eficaces. Todo ello depende en gran medida de contar con un buen balance entre los impactos potenciales de la actividad -con transparencia permanente, reducción y mitigación de riesgos- y una justa distribución de los beneficios, tanto materiales como inmateriales.
VI. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL MODELO NITI. –
Los elementos que conforman el modelo NITI son los siguientes:
6.1. Énfasis en la relación. – Se refiere esencialmente a la construcción, conservación y perfeccionamiento de la relación intercultural para generar acuerdos y obtener y mantener la licencia social del proyecto. Esto se realiza desde el principio, con la intención y voluntad de las partes de la relación. Ello supone reconocer desde el primer momento la necesidad de crear una relación de largo plazo con una parte culturalmente diferente. Solo así se podrá asegurar la formación de acuerdos sostenibles y la consideración del otro como socio del desarrollo.
6.2. Trabajo colaborativo para la celebración de acuerdos y la resolución de controversias. – Se trata de la generación de opciones para obtener valor de manera conjunta. Solo es posible mediante el desarrollo de confianza y capacidades (empoderamiento de la contraparte por obra de la parte más empoderada). Se puede crear valor luego de la generación de condiciones apropiadas (confianza, conocimiento mutuo, etc.) y una debida preparación (adquisición de competencias interculturales). Dadas las grandes asimetrías, si no se reducen será imposible lograr acuerdos equilibrados de beneficio mutuo entre las partes.
6.3. Atención de intereses, pero también de necesidades básicas, cosmovisión, preocupaciones, valores culturales, etc. – La transformación de las relaciones no debe esperar a que aparezca un conflicto para realizar cambios significativos. Lo que se apunta con este elemento es a considerar una amplia gama de aspectos que van más allá de las posiciones, intereses y necesidades que comúnmente se encuentran presentes en una negociación. Siendo la negociación con comunidades rurales más compleja y de otro tipo, lo que se plantea es que la negociación principias o integrativa no toma en cuenta las necesidades humanas básicas y los valores, los cuales no son negociables a diferencia de algunos intereses y derechos disponibles de las partes en los que se funda la identidad y cultura de las comunidades.
6.4. Conocimiento, revalorización y empoderamiento de la contraparte. – Se refiere a generar confianza y capital humano con la contraparte comunitaria en la zona de operaciones. Por ello, se deben desarrollar de competencias interculturales para mejorar la comunicación. También se requiere el aprendizaje de mecanismos de diálogo y negociación preferentemente interculturales. Se incorpora el reconocimiento y empoderamiento de la mediación transformativa de Bush y Folger como pilares para generar confianza, entendimiento y reducir las asimetrías que se presentan inicialmente entre las partes a lo largo de la negociación y la propia relación. Mediante la aplicación de la NITI se busca crear capital humano desde el principio, así como generar conocimiento mutuo. El fortalecimiento de la parte más vulnerable es una finalidad esencial.
6.5. Institucionalismo: se busca el acuerdo o convenio marco, pero también la creación de instituciones que lo hagan posible. – Las instituciones hacen funcionar el acuerdo y a su vez materializan legalmente la relación. Se precisan de mecanismos multiactor para darle seguimiento a los acuerdos y solución a las controversias derivadas de estos. Este enfoque permite que la relación puede hacerse realidad gracias a instituciones creadas para atender cada ámbito de la misma.
La conformación de instituciones obedece a la necesidad de hacer viable la relación por medio de una serie de entidades capaces de gestionar diversos asuntos derivados del acuerdo o convenio marco entre empresa y sus distintos grupos de interés externo. La relación requiere instancias especializadas para monitorear impactos, supervisar la asignación de recursos y abordar distintos problemas que pueden surgir tras la celebración del acuerdo, además de fiscalizar el desempeño de los organismos creados (rendición de cuentas), entre otros.
Estas entidades poseen determinadas funciones (diseño de proyectos, ejecución obras o prestación de servicios). Adicionalmente deben administrar eficaz y transparentemente los aportes que genera la empresa. También brindan asistencia técnica o especializada, colaborando con el buen funcionamiento de la relación.
Las instituciones son de composición mixta, es decir, conformadas por representantes de cada una de las partes principales. Estos son elegidos por los actores de la relación. Los representantes asumen funciones ejecutivas, fiscalizadores, etc., lo que implica que se encargan de la gestión de las instituciones y recursos por un período determinado. Para facilitar y mejorar su labor, las partes son libres de elegir al equipo de gerencial, funcionarios y asesores, así como a la junta de supervisión.
VII. FUNCIONES DEL MODELO NITI. –
Las funciones del modelo NITI son las de prevenir, gestionar y transformar conflictos, facilitar acuerdos y generar relaciones sostenibles. A continuación, se explican cada una de las funciones de este modelo:
7.1. En esencia es un mecanismo preventivo de conflictos, especialmente aquellos en los que se afectan derechos fundamentales, paralizan proyectos y se erosiona la gobernabilidad a través de la creación de relaciones estables y armoniosas entre los actores que participan en el desarrollo de los proyectos mineros. Cuanto más sólida sea la relación, la ocurrencia del conflicto será menor y será mucho más factible tratar las diferencias dialogando La prevención implica también contar con herramientas que nos permitan detectar a tiempo problemas que puedan llegar a desencadenar nuevos episodios de conflicto. No basta pues con mantener una buena relación con la contraparte, sino que también hay que estar alertas ante el surgimiento de cualquier incidente. Esto implica monitorear continuamente los riesgos sociales y ambientales que genera la industria minera.
7.2. Busca ser un mecanismo de gestión de conflictos, toda vez que posee los elementos necesarios para evitar que el conflicto ingrese a la etapa de crisis, en la que resulta mucho más difícil suavizar las posiciones y conciliar los intereses e inclusive dialogar. Un factor relevante para la gestión del conflicto es la existencia previa de canales o vías institucionalizas, es decir, entidades aceptadas y reconocidas por las partes para tratar sus respectivas diferencias.
7.3. Es un mecanismo transformativo de conflictos dado que ataca la raíz del conflicto para evitar o reducir la posibilidad de su resurgimiento. En lugar de centrarnos en los problemas superficiales de la relación, nos abocamos a descubrir las verdaderas causas que generaron el conflicto. En particular ponemos énfasis en atender las necesidades humanas básicas, cuya falta de satisfacción hace imposible una vida humana sin daños graves, padecimientos u opresiones. Se parte del reconocimiento inicial de los grupos menos favorecidos para lograr una solución duradera. Este enfoque difiere radicalmente del centrado en la resolución del conflicto porque se centra en eliminar las manifestaciones violentas del conflicto (sus efectos más indeseados).
7.4. Opera como un mecanismo facilitador de acuerdos ya que propicia las condiciones ideales y apropiadas para alcanzar acuerdos generales por la vía del consenso, que no implica necesariamente obtener mayoría absoluta, sino una mayoría significativa o lo suficientemente fuerte y representativa para obligar a las partes en conflicto. El acuerdo es producto o subproducto del establecimiento de relaciones estables y duraderas entre la empresa minera y las comunidades locales. En el caso del conflicto en el sector extractivo (minero), no podemos arribar a acuerdos si no hemos construido relaciones interculturales sostenibles (premisa comprobada en casos estudiados).
7.5. Es un mecanismo fomentador y generador de relaciones porque brinda las pautas y pasos esenciales para configurar una relación con la contraparte local que exigen de preparación y cambios en la manera en la que algunas empresas han venido vinculándose con las comunidades locales. Los resultados o frutos de dicha aproximación suelen ser positivos y alentadores para garantizar la seguridad y retorno de las inversiones en el tiempo. El establecimiento de relaciones duraderas de corte intercultural reduce el riesgo real para las compañías mineras.
VIII. FASES DEL MODELO DE NEGOCIACIÓN. –
En lo que concierne a las fases o etapa del modelo NITI, este presenta las siguientes:
8.1. Prenegociación. – Se trata de la fase de preparación que comprende el desarrollo de habilidades, competencias y capacidades interculturales, autoconocimiento, conocimiento y reconocimiento del otro, interacción inicial, etc. Corresponde a esta etapa realizar investigación sobre la cultura, historia, comunicación y problemas principales sobre la contraparte. Es clave para poder ingresar a las etapas posteriores.
8.2. Diálogo. – En esta parte los actores se abocan a diseñar el proceso de negociación con sus respectivas reglas, etapas, elección de facilitadores o mediadores (negociación asistida), lugar de la negociación, periodo, mecanismos de solución de controversias, entre otros aspectos. Se empieza a construir el primer elemento de la relación intercultural: la confianza, base fundamental para el desarrollo exitoso del trabajo colaborativo.
8.3. Negociación. – Aquí se emplea realmente todo lo aprendido en las etapas anteriores para desarrollar e implementar estrategias de negociación realmente integrativas e interculturales. Para llegar a esta fase la comunicación debe ser lo suficientemente fluida y se debe desarrollar en un clima de confianza. Las partes son conscientes de la importancia del proceso en sí, que implica, además de lograr un acuerdo, fortalecer la relación en el camino, de modo que interesan los gestos, actitudes, emociones, comportamientos y otros elementos a los que generalmente no se suele prestar la debida atención.
8.4. Consultas. – Es el periodo en el que los funcionarios y representantes de la empresa y comunidad comunican a instancias superiores como la gerencia o directorio o asamblea comunal el acuerdo alcanzado para ser revisado, ratificado o modificado parcialmente, en caso contrario puede ser descartado. Este parte suele durar menos que las otras si se ha obtenido un consenso importante. La ratificación sellará inmediatamente el acuerdo.
8.5. Decisión. – Es el resultado final del proceso en el que se logran acuerdos sustanciales que atienden cabal o integralmente las posiciones e intereses de las partes negociadoras sin afectar o lesionar sus derechos. Este atiende las necesidades humanas insatisfechas de la población y toma en consideración o condensa las percepciones, emociones, aspiraciones, preocupaciones y cosmovisiones de todos los involucrados.
8.6. Implementación. – Es la puesta en marcha o ejecución del acuerdo, el cual debe recibir seguimiento, monitoreo o supervisión por parte de instancias pertinentes previamente definidas en el acuerdo (un comité multiactor, por ejemplo). La implementación como tal revela el grado de voluntad y compromiso de los actores con respecto a las obligaciones y deberes surgidos del acuerdo. De manera que su predisposición, respuesta y atención serán cruciales para definir el curso o desenvolvimiento de la relación.
IX. BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO. –
Con respecto a los beneficios se pueden apreciar los siguientes:
i) Prevenir, reducir o eliminar conflictos sociales en el ámbito de la zona de influencia directa e indirecta de empresas mineras. Dado que la construcción y mejoramiento de relaciones interculturales es el mejor mecanismo preventivo de conflictos, negociar de manera intercultural ofrece la oportunidad de perfeccionar aún más el grado o nivel de la relación por a través de la calidad de los acuerdos alcanzados. La mejora del acuerdo siempre conlleva a una mejora de la relación. Y una mejor relación conduce a que se celebren mejores acuerdos.
ii) Mejorar el relacionamiento con comunidades, lo que a la larga ayuda a construir capital social, esto es, activos intangibles para la empresa en tanto construya y mejore las relaciones interculturales que mantiene con distintos actores sociales (grupos de interés externo).
iii) Generar acuerdos integrales y de calidad que beneficien a todas las partes involucradas que no solo ayuden a reducir el riesgo social de los proyectos mineros (menor incidencia de conflictos), sino que contribuyan efectivamente a canalizar beneficios a grupos poblacionales vulnerables por la ausencia del Estado y la deficiente atención de sus necesidades. La empresa minera se convierte así en agente del cambio social en la localidad al impulsar un verdadero desarrollo territorial.
iv) Empoderar o fortalecer capacidades de la contraparte rural para que puedan alcanzar el desarrollo sostenible más allá de la vida de las operaciones mineras. De lo que se trata es que no solo adquieran competencias para la comunicación, diálogo y negociación intercultural, sino capacidades productivas que permitan emprender negocios o actividades económicas de mayor valor agregado.
X. CONCLUSIONES. –
Entre las principales conclusiones sobre la elaboración y aplicación del modelo NITI tenemos las siguientes:
i) El modelo de negociación planteado se caracteriza por poseer componentes integrativos, transformadores e interculturales. Los tres elementos se suman y complementan para conformar un tipo de negociación que deriva de la negociación integrativa, también denominada negociación principista.
ii) El ámbito de aplicación de este modelo no solo se daría en situaciones conflictivas, sino también en aquellos procesos de negociación en los que no todavía aparecen los elementos constitutivos del conflicto social en el sector minero-comunitario (sector extractivo). En otras palabras, también se utilizaría en situaciones en las que se rechaza la ejecución de proyectos extractivos o se cuestiona seriamente la forma en la que estos planean ejecutarse.
iii) La implementación del modelo presenta algunas limitaciones dado que requiere tiempo, esfuerzo y compromiso de las partes, además de un cambio a nivel organizacional en cuanto a políticas y prácticas en el campo de la gestión social de las empresas, y de las orientaciones y actitudes en las comunidades locales no familiarizadas con otros mecanismos de solución de diferencias.
iv) No resulta aplicable en aquellas situaciones en las que aparece el conflicto inducido, que es aquel que, como su propio nombre lo indica, es provocado u originado para cumplir básicamente una finalidad: la de doblegar la voluntad de un tercero para que acceda a sus pretensiones y satisfaga sus demandas, sean estas legítimas o no. En esta clase de conflictos es imposible de aplicar debido a que el propio conflicto se instrumentaliza y convierte en un medio buscado deliberadamente para alcanzar ciertas metas como: a) lograr la atención del Estado; b) obtener algunos beneficios económicos obligando a las empresas mediante paralizaciones violentas o bloqueos de vías; y c), imponer condiciones e intimidar a cualquier otro grupo o actor para afirmar o reafirmar autoridad sobre parte del territorio que controla al margen de la ley.
v) Se dificulta bastante cuando no se ha construido ni se tiene encaminada una buena relación con las contrapartes con las cuales se negocia. Dicho de otro modo, el presupuesto necesario para llevar adelante una negociación de este tipo es la construcción previa de una buena relación, una al menos que permita negociar asuntos de fondo de modo participativo, abierto, confiable, transparente y tolerante. Ello no quiere decir que se tenga que crear una relación intercultural al principio, pero sí que se busque establecerla como objetivo central a mediano plazo.
vi) Esta clase de negociación es recomendable para empresas que cuentan con proyectos en etapa de exploración puesto que recién han iniciado actividades en la zona de intervención social. Por ello, a la par que intentan alcanzar acuerdos sustantivos con las comunidades locales, pueden ir construyendo una relación de tipo intercultural con estas que sirva de soporte a los acuerdos finalmente alcanzados.
vii) El modelo busca ser útil en procesos en los que aún no se manifiesta el conflicto social entre las partes, es decir, cuando sus diferencias todavía no versan sobre elementos sustantivos de la relación, sino sobre aspectos regulares de una negociación ordinaria. Un ejemplo de ello sería el monto que la empresa debería pagar a las comunidades locales por la utilización o compra de sus tierras, la contratación de mano de obra calificada y no calificada en la zona del proyecto, la adquisición de bienes y servicios locales por parte de la empresa, entre otros aspectos que son propios en la discusión de una agenda en común.
viii) Si se aplicaran correctamente los presupuestos de la NITI, se convertiría en un instrumento eficaz para prevenir conflictos sociales en el sector minero. En esencia, si se conduce bien la negociación, no solo se evitarían los indeseados efectos del conflicto social, sino que se alcanzarían acuerdos efectivos que satisfagan intereses y necesidades (atiendan preocupaciones, aterricen expectativas, concreten aspiraciones, respeten valores culturales, garanticen derechos fundamentales y generen valor para las partes).
XI. REFERENCIAS Y FUENTES CONSULTADAS. –
1. H. Raiffa. The art and science of negotiation. Cambridge, Mass.: Harvard University Press (1982).
2. Fisher, Roger; Ury, William y Patton, Bruce. Sí… ¡de acuerdo! Cómo negociar sin ceder. Editorial Norma. Quinta Edición. Bogotá. 1991. p. 12.
3. C. Reyna Ugarriza. La Negociación Integrativa Transformadora Intercultural (NITI). Medium (2019). Disponible en: https://cesarreyna78.medium.com/la-negociaci%C3%B3n-integrativa-transformadora-intercultural-niti-5646193d58dd
4. Idem.
5. J. P. Lederach, "The Little Book of Conflict Transformation”, publicado por Good Books, 2003).
6. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Experiencia de diálogo, transformación de conflictos y construcción de consensos. Sistematización de la Mesa de Diálogo de Moquegua. Publicado con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá (MRECD), en el marco del proyecto: “Alianzas para el Diálogo: Prevención de conflictos sociales en el uso de recursos naturales”. Lima, julio, (2014). P. 7.
7. Bush, R.A.B. y J.P. Folger, La promesa de la mediación. Cómo afrontar el conflicto a través del fortalecimiento y el reconocimiento de los otros. Granica. (Primera edición en inglés: 1994).
8. Del Arco-Bravo, I. Hacia una escuela intercultural. El profesorado: formación y expectativas. Lérida: Edicions Universitat de Lleida (1998).
9. C. Reyna Ugarriza. Teoría del Relacionamiento Intercultural y su aplicación en el procedimiento de Consulta Previa. Medium, Lima (2020). Disponible en: https://cesarreyna78.medium.com/teor%C3%ADa-del-relacionamiento-intercultural-y-su-aplicaci%C3%B3n-en-el-procedimiento-de-consulta-previa-aff153aefa4d
10. Ídem.
11. Ídem.
Abril 23 del 2023.- César Reyna es un joven profesional que viene destacando en la minería peruana por sus enfoques innovadores respecto del contenido que deben tener las relaciones que se establecen con las comunidades locales. La profundidad de sus conceptos ha sido premiada en eventos de la talla de Perumin y Conamin y su experiencia puede ser conocida, de primera mano, por quienes le escriban a los correos: [email protected] y [email protected]
A continuación, publicamos uno de sus últimos trabajos.
I. RESUMEN. –
La noción básica de negociación empleada en este trabajo fue desarrollada por Howard Raiffa (1982), quien define la negociación como un proceso comunicativo dirigido a producir un acuerdo entre dos o más partes que tienen algunos intereses comunes y también algunos contradictorios, cuyo objetivo es celebrar un acuerdo1. De ahí que su objetivo principal sea el entendimiento mutuo de los interlocutores, quienes deben producir un acuerdo satisfactorio a sus intereses. Esta definición pone de manifiesto que las partes son responsables de generar acuerdos satisfactorios para ambas, lo que las conduciría a colaborar entre sí, aunque no siempre es así. Esto implica a su vez implica cierto grado de conocimiento mutuo, especialmente sobre los intereses, necesidades, aspiraciones y preocupaciones en juego.
En ese sentido, el modelo de negociación propuesto se caracteriza por poseer componentes integrativos similares a la definición precedente, pero incorpora además elementos transformadores e interculturales. Estos elementos teóricos se complementan para conformar un tipo de negociación que deriva del modelo de la negociación integrativa, también denominada negociación principista o modelo de Harvard. El ámbito de aplicación de la propuesta de modelo no solo serían las situaciones conflictivas propiamente dichas, sino aquellos procesos de negociación en los que todavía no aparecen los elementos constitutivos del conflicto social en el ámbito minero-comunitario o sector extractivo.
En otras palabras, la Negociación Integrativa Transformadora Intercultural (NITI) pretende ser útil en procesos de diálogo y negociación en los que no se manifiesta el conflicto social entre las partes, es decir, cuando sus diferencias todavía no versan o tratan sobre elementos sustantivos de la relación, sino sobre aspectos regulares de una negociación ordinaria como, por ejemplo, el monto que la empresa deberá pagar a las comunidades locales por la utilización de sus tierras, la contratación de mano de obra calificada y no calificada, la adquisición de bienes y servicios locales por parte de la empresa, entre otros que son propios de la discusión de una agenda común.
En ese orden de ideas, si se aplicaran correctamente los presupuestos del modelo NITI, este se convertiría en un mecanismo eficaz para prevenir conflictos sociales y generar acuerdos integrales en el sector minero. En esencia, si se conduce bien la negociación -que en el caso de la NITI implica crear, mantener y mejorar las relaciones entre empresas y comunidades-no solo se evitarían los indeseados efectos del conflicto social, sino que se alcanzarían acuerdos efectivos que satisfagan intereses y necesidades, atiendan preocupaciones, aterricen expectativas, concreten aspiraciones, respeten valores culturales, garanticen derechos fundamentales y, sobre todo, generen valor para las partes.
El método de investigación se sustenta en la revisión de los elementos teóricos del arte o técnica de la negociación y la propia experiencia negociadora en la elaboración y discusión de convenios marco con grupos multiactor, acuerdos sobre uso de terreno superficial para labores de exploración con comunidades y familias rurales, ampliaciones y/o renegociaciones de convenios, etcétera.
II. INTRODUCCIÓN. –
El país, como es de conocimiento general, depende en gran medida de los ingresos que genera la minería, actividad que no puede prosperar sin el consentimiento de las comunidades en los territorios donde pretende operar. Por ello, pretendemos difundir un modelo de negociación partiendo de la perspectiva de la negociación integrativa o basada en principios, a la que incorporamos elementos fundamentales de la transformación de conflictos y el enfoque intercultural -debido a la injerencia de la cultura de las partes en la negociación- para aplicarlo en el ámbito de la relación con comunidades locales en el sector extractivo, particularmente el minero, a fin de propiciar relaciones estables, acuerdos sostenibles y proyectos de inversión viables desde el punto de vista social, cultural, económico y ambiental.
Dada la alta conflictividad socioambiental existente en varias partes del territorio nacional, específicamente en aquellas vinculadas al desarrollo de actividades mineras, resulta indispensable que el Estado y las empresas cuenten con herramientas adecuadas para negociar y encontrar soluciones idóneas a aquellos problemas derivados de la exploración, explotación, uso y aprovechamiento de recursos naturales en áreas sensibles como las pertenecientes a comunidades campesinas.
En ese sentido, el problema que encontramos radica especialmente en la prevención y gestión de conflictos sociales, en particular el conflicto social relacionado con la minería. De modo que el tratamiento que reciben de parte del gobierno, por carecer de una metodología apropiada y credibilidad entre las comunidades, no solo han generado enormes pérdidas económicas para el país, sino también la afectación de derechos en diversas localidades. Este déficit se debe exclusivamente a la falta de procedimientos adecuados, así como a la falta de instituciones competentes y un marco normativo idóneo para emprender negociaciones –siempre bajo un marco intercultural- con comunidades que a veces manifiestan su descontento ante la posible afectación de sus derechos. La inexistencia de dichos procedimientos, mecanismos y protocolos no permite que el gobierno pueda atender las demandas sociales con eficacia, lo que impide dar una solución satisfactoria a los conflictos.
Estas deficiencias no solo prolongan e intensifican los conflictos existentes, sino que promueven el surgimiento de nuevos conflictos que elevan el índice de conflictividad social, es decir, incrementan el desconcierto y la incertidumbre que reducen a su vez el atractivo del país tanto para inversionistas nacionales como extranjeros, y ponen en entredicho el Estado de Derecho y la gobernabilidad en el país.
Por otro lado, cabe mencionar que todo conflicto social debe ser entendido como un proceso complejo y dinámico. Complejo en el sentido de que procede del tejido social, y por lo tanto presenta muchas aristas que dificultan su abordaje, tanto en los planos económicos, culturales, ideológicos, ambientales, etc. Por ello debe ser analizado pormenorizadamente antes de aplicar métodos para su tratamiento. La complejidad del mismo está básicamente determinada por el número de actores que intervienen, así como por la diversidad cultural, económica, social y política de los asuntos tratados. Esto explica las dificultades en su comprensión por parte de los mismos actores y otras partes intervinientes. Dado que las relaciones humanas son por sí mismas complejas, es natural que el conflicto social lo sea, pues se origina en esta dimensión o nivel.
La aparición de la violencia en el curso del conflicto social, por su parte, no solo incrementa su complejidad, sino su gestión y eventual solución. La falta de herramientas idóneas para su estudio, prevención, monitoreo, administración, resolución y transformación incide en su dificultad. Lo propio hace la debilidad institucional de los actores encargados de su canalización o procesamiento.
Los conflictos entre Estado, empresa y sociedad, o más precisamente, entre organizaciones públicas, económicas y de la sociedad civil, no permite -en muchos casos- su procesamiento por medio del derecho, toda vez que da la razón a una de las partes o propicia la indefinición o ambigüedad, prolongando, e incluso acrecentando, la persistencia del conflicto. La justicia ordinaria no está diseñada para tratar conflictos sociales, porque solo da la razón una de las partes, mientras la otra pierde. Tampoco se trata de aplicar soluciones salomónicas, sino justas, pero sobre todo creativas, adaptadas a la complejidad que caracteriza a los conflictos.
La Negociación Integrativa Transformadora Intercultural (NITI)2, en ese sentido, se encuentra dirigida a un determinado tipo de actores o partes negociadoras. No se trata, por tanto, de un modelo estándar o general, pese a que toma varios elementos de los enfoques de negociación clásicos, sino uno específico o focalizado exclusivamente en el tratamiento de los copiosos problemas que presenta la relación entre empresas extractivas, comunidades y el Estado, los principales actores que participan en la compleja dinámica que tiene lugar en el sector minero. El modelo en cuestión solo es aplicable a las interacciones entre los citados actores y las partes secundarias y terciarias que suelen acompañarlos. La negociación propuesta pretende forjar relaciones sólidas y duraderas (de largo plazo) en primer lugar, de ahí que su objetivo primordial sea la creación o fortalecimiento de relaciones interculturales, lo que supone una notoria diferencia con la negociación estándar, pues esta última se concentra básicamente en la formalización de acuerdos entre las partes.
En ese orden de ideas, el acuerdo sería producto o resultado de relaciones estables y saludables entre las partes. Así, el acuerdo mediante el cual una comunidad determinada resuelve, entre otras cosas, consentir la ejecución de un proyecto extractivo, no es más que consecuencia del establecimiento de una buena relación. Entonces, de la calidad o estado de la relación depende en gran medida el surgimiento del acuerdo, y por supuesto, su sostenibilidad o vigencia en el tiempo.
El hecho de que la relación sea más importante que perseguir el acuerdo se debe a que las comunidades andinas -y también muchas de las que se encuentran en países emergentes o vías de desarrollo- únicamente se muestran receptivas a la inversión privada -en actividades de exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios- cuando media un vínculo real, esto es, cuando existe suficiente comunicación, conocimiento previo y confianza entre las partes, además del tratamiento integral sus preocupaciones sobre posibles impactos del proyecto de naturaleza ambiental, social, cultural, legal y económica, y la generación de oportunidades y beneficios.
La negociación con pueblos indígenas o comunidades supone lidiar con lo inesperado si es que no nos encontramos debidamente preparados. El problema se acentúa cuando funcionarios públicos o de empresas no se encuentran en capacidad de manejar adecuadamente el elemento cultural en la negociación, el cual siempre la envuelve. En muchos casos, ciertos enfoques de negociación resultan más perjudiciales que asertivos cuando se trata con grupos culturales diferentes a los que se pertenece. La cultura es un elemento relevante a considerar, por lo que debemos adaptar los modelos conceptuales existentes antes de establecer las bases iniciales del diálogo.
El principal aporte de este estudio no solo reside en el tratamiento del tema, sino en la comprensión de los enfoques integrativo, transformativo e intercultural que se le ha dado al mismo para desarrollar un modelo de negociación capaz de tratar con actores tan disímiles. Se busca que los actores, en especial las comunidades locales, puedan ser competentes en el manejo de las herramientas que brinda la negociación planteada para que puedan incorporarla en el tratamiento de sus problemas, conflictos y diferencias con los actores políticos (Estado) y económicos (empresa minera) en su actividad futura.
Finalmente, el objetivo de la investigación consiste en presentar un modelo de negociación que aborde de manera eficaz los conflictos relacionados con el sector minero, es decir, diseñar un mecanismo que procese, canalice y reduzca los conflictos vinculados con dicha actividad, es decir, que los prevenga, gestione, resuelva y transforme, recurriendo para ello al enfoque intercultural, pues es el único que permite el entendimiento entre interlocutores que poseen diferentes concepciones del mundo (cosmovisiones), valores, creencias, intereses, identidades, costumbres, idiomas, posiciones, percepciones, entre otros aspectos.
III. MARCO TEÓRICO. –
El marco teórico del modelo NITI se sustenta en la negociación integrativa, desarrollada por autores como Roger Fisher y William Ury, dentro de la que se encuentra insertado el estudio sobre la cultura de las partes en la negociación de Jeanne M. Brett; la teoría de la transformación del conflicto de Paul Lederach; el modelo de la mediación transformativa postulada por R. Bush y J.P. Folger; el enfoque intercultural y la Teoría del Relacionamiento Intercultural (TRI) desarrollada esta última por el autor de la presente investigación a partir de la revisión de dicho enfoque, además del propio conocimiento adquirido durante el análisis de conflictos sociales producidos en el país3.
3.1. Negociación Integrativa o Modelo de Harvard. –
El también denominado “modelo de Harvard” nace como respuesta a la necesidad de encontrar un método que facilitara las negociaciones en el mundo empresarial, diplomático y político, por lo que se desarrolló como proyecto en la Escuela de Negocios de la referida universidad a principios de los años ochenta por investigadores como Fisher, Ury, Patton, Stone, entre otros.
El modelo integrativo aporta principios y estrategias esenciales en las distintas etapas del proceso de negociación: prenegociación, negociación, adopción de acuerdos, post negociación (seguimiento y cumplimiento de acuerdos) y, eventualmente, renegociación, para mejorar la calidad del proceso y los acuerdos.
Por otra parte, pone el énfasis en el trabajo colaborativo de las partes para crear valor, así como el uso de criterios objetivos para aclarar determinadas situaciones en las que se requieren precedentes, informes u opiniones técnicas relevantes. Sin embargo, el modelo integrativo carece del enfoque y orientación necesarios para abordar la conflictividad social en el sector minero y, sobre todo, las grandes diferencias culturales entre las partes porque no fue diseñado para dicho fin. Por tal motivo, hemos incorporado elementos de la teoría de la transformación del conflicto y del enfoque de interculturalidad para complementarla y ajustarla a las exigencias del caso.
3.2. La Transformación del Conflicto4. –
En lo que concierne a la transformación de los conflictos, se trata de “un proceso de cambio constructivo de las relaciones entre los miembros de una sociedad y las estructuras subyacentes, especialmente de la relación Estado – ciudadano. Es un mecanismo de adaptación de las necesidades de individuos y grupos en las instituciones políticas, sociales y económicas como requisito para el desarrollo sostenible”5.
Este enfoque incide en el tratamiento de las necesidades humanas básicas (Burton) y en la generación de procesos orientados al cambio social (Lederach). Supone una nueva forma de comprender el conflicto, de la que carecen los enfoques de gestión y resolución del conflicto, y por supuesto, la propia negociación integrativa. Su objetivo fundamental es comprender las raíces profundas del conflicto de tal manera que se produzcan cambios positivos y sostenibles en el largo plazo en la sociedad.
Se toma de la teoría de la transformación del conflicto el análisis científico que hace del conflicto, con especial hincapié en considerar las necesidades humanas básicas insatisfechas como causas subyacentes o estructurales del conflicto. Además, destaca el énfasis en la construcción y mejoramiento de relaciones interorganizacionales. Y es justamente en la dimensión relacional que se debe comprender y estudiar la situación insatisfactoria para reducir la conflictividad y generar relaciones interculturales saludables.
El hecho de que la relación sea más importante que perseguir el acuerdo se debe, en principio, a que los actores con los que tratan las empresas extractivas (comunidades campesinas) únicamente se muestran receptivos a la inversión privada en actividades de exploración o explotación de recursos naturales en sus territorios cuando media un vínculo real. Es decir, cuando existe suficiente conocimiento previo e intercambio significativo a partir del cual se han abordado las preocupaciones de la comunidad sobre posibles impactos de naturaleza ambiental, social, económica y cultural que conlleva el desarrollo del proyecto, pero también los beneficios que trae consigo la ejecución de la iniciativa de inversión planteada.
3.3. La Mediación Transformativa. –
El enfoque transformador de la mediación no pretende resolver el problema inmediato, sino más bien, busca el empoderamiento y el reconocimiento mutuo de las partes involucradas. El empoderamiento, según Bush y Folger, significa permitir a las partes definir sus propios problemas y buscar soluciones por su cuenta, es decir, que cuenten con la libertad y seguridad necesarias para emitir sus juicios de opinión y presentar alternativas.
El reconocimiento significa que las partes puedan escuchar y comprender cabalmente el punto de vista de la otra persona -para entender la forma en que definen el problema y por qué buscan la solución de lo que pretenden. Escuchar y entender, debemos recalcarlo, no quiere decir hay que estar de acuerdo con las opiniones de la otra parte, esto de ninguna manera significa estar a favor de sus puntos de vista. A menudo, el empoderamiento y el reconocimiento de la contraparte allana el camino para una solución de beneficio mutuo, pero eso es solo un efecto secundario.
El objetivo central de la mediación transformativa es fomentar el empoderamiento y el reconocimiento de las partes, lo que les permitirá acercarse al problema actual, así como los problemas posteriores, con capacidades más fuertes y ser aún más flexibles. En el caso del modelo planteado en la investigación supone que las asimetrías puedan reducirse de modo que las comunidades locales adquieran mayores capacidades y poder durante la negociación.
3.4. El enfoque de Interculturalidad. –
Sobre este enfoque en particular, la definición de la antropóloga Fabiola Yeckting nos parece completa y acertada. Esta investigadora define la interculturalidad como un “proceso complejo que implica ejercicio de ciudadanía, que a su vez implica derechos y deberes para interactuar a pesar de las diferencias culturales en un clima de respeto y tolerancia”. Del Arco (1998), por su parte, sostiene que el término “interculturalidad”, implica una comunicación comprensiva entre las distintas culturas que conviven en un mismo espacio, siendo a través de estas donde se produce el enriquecimiento mutuo y, por consiguiente, el reconocimiento y la valoración (tanto intrínseca como extrínseca) de cada una de las culturas en un marco de igualdad7.
En cuanto a la incorporación del componente intercultural como fundamento teórico del modelo NITI, este resulta indispensable para entender y transformar relaciones entre grupos culturalmente diferentes. La interculturalidad se presenta como una meta deseada porque coloca a los actores en un plano de igualdad en el diálogo a pesar de sus diferencias culturales, que a su vez determinan y retroalimentan sus percepciones, emociones, expectativas, aspiraciones, valores y cosmovisiones.
La comunicación entre individuos o grupos que poseen distintos códigos culturales no podría darse ni sería efectiva si no se dialogara interculturalmente. Pero antes de ello las partes deben desarrollar competencias interculturales, es decir, realizar una preparación especializada para ponerse en los “zapatos” del “otro”, a fin de conocer cómo es ese “otro” en realidad y no cómo lo imaginamos o concebimos a priori. Para tal efecto debemos despojarnos de estereotipos y prejuicios arraigados sobre diversas culturas y sociedades.
3.5. La Teoría del Relacionamiento Intercultural (TRI)8. –
Esta teoría parte de la comunicación, el diálogo y la negociación intercultural para plantear o establecer una relación horizontal -o lo menos asimétrica posible- entre actores culturalmente diferentes por medio del desarrollo de competencias interculturales, el empoderamiento (de las partes potenciadas hacia las más vulnerables), la renuncia a utilizar el poder de las primeras (para que no sea su principal método de relacionamiento), el establecimiento de la interdependencia entre personas, grupos culturales u organizaciones, entre otras medidas que se puedan adoptar. Esto implica una nueva aproximación por parte de individuos, grupos, organizaciones e instituciones públicas o privadas que suelen relacionarse regularmente -y por diversos motivos- para arribar a acuerdos o consensos sostenibles y eficaces que garanticen el respeto de las diferencias culturales (de los valores, por ejemplo), derechos fundamentales, intereses colectivos o individuales, etc.
Las premisas o pilares sobre los que se asienta son los siguientes9:
i) La relación se crea o construye, esto es, no nace de la nada ni surge espontáneamente, por lo que toda relación humana es fruto del intercambio presumiblemente libre y voluntario entre dos o más personas, grupos, organizaciones, instituciones, etc.
ii) La relación se transforma, cambia, es decir, no permanece inmutable puesto que es esencialmente dinámica, y como tal recibe influencias internas o externas, tanto positivas como negativas que alteran su naturaleza o estado. Las influencias internas se refieren a hechos propios de las partes o actores de la relación; en cambio las externas vienen de la injerencia de terceras partes a través de mensajes, acciones, etc.
iii) La relación no solo debe mantenerse como está, sino que debe mejorar y perfeccionarse con el paso del tiempo. Esto significa que la relación debe encontrarse en mejores condiciones de manera progresiva. Las relaciones que se estancan o no muestran mejorías apreciables suelen descomponerse debido a la falta de perspectivas de futuro. En otras palabras, si los individuos que conforman la relación no perciben que está fomente expectativas de mejoramiento individual y/o colectivo, el interés en conservarla o mantenerla decaerá progresivamente.
iv) Las relaciones entre una determinada empresa y una comunidad específica no son idénticas a las que pueda mantener la misma empresa con otra comunidad, aunque esta última pertenezca a la misma área de influencia social. Esto quiere decir que la empresa minera tendrá relaciones diferentes -o con ciertos matices- con cada uno de los grupos que integran el entorno social.
v) La relación es la base del acuerdo. Esta premisa es la más relevante porque condensa o resume la importancia de la relación. En ese sentido, el nacimiento del acuerdo se subordina al surgimiento y buen estado de la relación, especialmente a este último. De modo que se puede afirmar que la situación de la relación y del acuerdo es una de causa-efecto. Cabe recordar también que ningún acuerdo es sostenible en el tiempo sin el sustento de una buena relación.
vi) El conflicto social es una manifestación del estado de la relación. El conflicto puede surgir por diversas causas o motivos, pero siempre se presenta en el ámbito de la relación. De modo que mantener una relación sana en el sector extractivo es la mejor manera de prevenir conflictos sociales. Si el estado de la relación es bueno las posibilidades de resolver el conflicto son mayores, se trate o solucione en menor tiempo y probablemente se eviten los efectos más indeseados del conflicto.
vii) La relación intercultural se encuentra constituida o formada por cinco elementos, a saber10:
a) Comunicación: La comunicación representa el primer desafío a tratar o resolver para actores que pertenecen a culturas diferentes, pues requiere el conocimiento y comprensión de otros idiomas o dialectos, así como de los valores esenciales de las culturas que participan en el diálogo, el manejo del lenguaje no verbal, la identificación de temas sensibles y complejos que serán materia de discusión, etc. La comunicación se produce efectivamente cuando las partes comparten y manejan los códigos lingüísticos apropiados, por lo que los actores deberán desarrollar competencias comunicativas interculturales para entenderse cabalmente.
b) Confianza: Toda relación humana interpersonal e interorganizacional se funda en un cierto grado de confianza, esto es, un mínimo que la posibilita. Pero en el caso de la relación intercultural esta debe ser apreciable para que pueda alcanzar variados objetivos. La confianza es el presupuesto conceptual para el trabajo colaborativo que pretende el enfoque de la interculturalidad, y lo es también para la comunicación y el diálogo intercultural.
c) Valores e intereses comunes: Los valores comunes son de orden eminentemente cultural, por lo que deben ser ubicados o hallados en las respectivas culturas de los distintos actores. Su plena identificación ayuda vincular a diferentes grupos culturales. Es decir, una vez encontrados se crea una suerte de terreno común o fértil sobre la cual puede prosperar la relación intercultural. En la medida que los actores compartan más valores culturales su vinculación será más fuerte y estrecha. Su descubrimiento solo es posible mediante el diálogo, el libre intercambio y el acercamiento constante.
Los intereses comunes son aquellos elementos que permiten trabajar en asuntos que atañen o conciernen por igual a los actores. Su importancia radica en que luego de ser identificados y definidos forman parte de la agenda del proceso de diálogo o negociación que inicien las partes (grupos culturales). Los intereses comunes, en ese sentido, cumplen una finalidad similar a la de los valores comunes al acercar a los actores. El hecho de compartir intereses posibilita el diálogo ya que establecen la motivación o convencimiento suficiente de la necesidad de dialogar, toda vez que, sin su realización, los intereses no podrían abordarse ni mucho menos satisfacerse.
d) Interdependencia: Esta representa la condición necesaria para que los actores puedan percibirse -frente al otro- como indispensables para perseguir o alcanzar determinados objetivos. En otras palabras, la interdependencia implica reconocer la esencialidad del otro para satisfacer ciertos intereses y necesidades. Así, mediante su concurso, cada parte podría alcanzar metas esenciales que de manera individual o aislada no podría lograr. La interdependencia se basa fundamentalmente en los intereses comunes que los actores previamente han identificado y desean satisfacer desde el principio. Pero no solo en ellos radica la cooperación, sino también en aquellos intereses propios o no compartidos con el otro. De modo que la interdependencia posibilita la atención y satisfacción de intereses tanto comunes como particulares.
e) Historial: Se refiere a hitos o hechos de relevancia acontecidos en el devenir de la relación. El historial revela patrones de relacionamiento, es decir, conductas o actitudes -reiteradas o no- que pueden beneficiar o perjudicar la relación. Todo análisis de la relación intercultural debe partir forzosamente de sus antecedentes para poder identificar las pautas o patrones de relacionamiento, los cuales ayudarán a entender las causas de muchos de los problemas que presenta una determinada relación. En otras palabras, en el desenvolvimiento previo, pasado o anterior de la relación hallaremos una serie de pistas o indicios clave sobre la funcionalidad o disfuncionalidad de la relación bajo evaluación.
IV. METODOLOGÍA DE TRABAJO. –
El trabajo parte de la revisión de la literatura publicada a la fecha sobre la materia y el estudio de algunos casos, en particular sobre el tratamiento de conflictos sociales, gestión de riesgos sociales, negociación intercultural, teoría de la comunicación, etc.
V. FINALIDADES U OBJETIVOS DEL MODELO. –
i) La primera finalidad es lograr el entendimiento o comprensión de los complejos procesos políticos, económicos, sociales y culturales que caracterizan el entorno en el cual se insertan las empresas mineras para desarrollar su actividad y contribuir al establecimiento de relaciones sostenibles y fructíferas con sus grupos de interés externo (stakeholders), esencialmente a través del diálogo y la negociación intercultural.
ii) El segundo objetivo es generar relaciones permanentes y estables entre actores culturalmente distintos que poseen tanto intereses comunes como divergentes; los cuales pueden llegar a ser convergentes si emplearan otro tipo de enfoque de relacionamiento. Esto se pretende lograr a través de un profundo análisis del contexto en el que se desenvuelven las partes y mediante una correcta evaluación de los riesgos que cada uno asume al ingresar en un proceso de negociación. Bajo el nuevo enfoque se sostiene que, si se lograra establecer relaciones positivas y equilibradas entre empresas mineras y comunidades locales, sin duda se sentarían las bases para el desarrollo sostenible, la viabilidad social de los proyectos y la gobernabilidad en diversas partes del territorio.
iii) En tercer lugar, intentamos reducir el grado de ocurrencia, intensidad y consecuencias nocivas que generan los conflictos en el sector extractivo. Esto será posible gracias a la implementación de un mecanismo de negociación basado en el respeto de los derechos humanos y procesos fundados en el diálogo que sean participativos, efectivos y eficaces. Todo ello depende en gran medida de contar con un buen balance entre los impactos potenciales de la actividad -con transparencia permanente, reducción y mitigación de riesgos- y una justa distribución de los beneficios, tanto materiales como inmateriales.
VI. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL MODELO NITI. –
Los elementos que conforman el modelo NITI son los siguientes:
6.1. Énfasis en la relación. – Se refiere esencialmente a la construcción, conservación y perfeccionamiento de la relación intercultural para generar acuerdos y obtener y mantener la licencia social del proyecto. Esto se realiza desde el principio, con la intención y voluntad de las partes de la relación. Ello supone reconocer desde el primer momento la necesidad de crear una relación de largo plazo con una parte culturalmente diferente. Solo así se podrá asegurar la formación de acuerdos sostenibles y la consideración del otro como socio del desarrollo.
6.2. Trabajo colaborativo para la celebración de acuerdos y la resolución de controversias. – Se trata de la generación de opciones para obtener valor de manera conjunta. Solo es posible mediante el desarrollo de confianza y capacidades (empoderamiento de la contraparte por obra de la parte más empoderada). Se puede crear valor luego de la generación de condiciones apropiadas (confianza, conocimiento mutuo, etc.) y una debida preparación (adquisición de competencias interculturales). Dadas las grandes asimetrías, si no se reducen será imposible lograr acuerdos equilibrados de beneficio mutuo entre las partes.
6.3. Atención de intereses, pero también de necesidades básicas, cosmovisión, preocupaciones, valores culturales, etc. – La transformación de las relaciones no debe esperar a que aparezca un conflicto para realizar cambios significativos. Lo que se apunta con este elemento es a considerar una amplia gama de aspectos que van más allá de las posiciones, intereses y necesidades que comúnmente se encuentran presentes en una negociación. Siendo la negociación con comunidades rurales más compleja y de otro tipo, lo que se plantea es que la negociación principias o integrativa no toma en cuenta las necesidades humanas básicas y los valores, los cuales no son negociables a diferencia de algunos intereses y derechos disponibles de las partes en los que se funda la identidad y cultura de las comunidades.
6.4. Conocimiento, revalorización y empoderamiento de la contraparte. – Se refiere a generar confianza y capital humano con la contraparte comunitaria en la zona de operaciones. Por ello, se deben desarrollar de competencias interculturales para mejorar la comunicación. También se requiere el aprendizaje de mecanismos de diálogo y negociación preferentemente interculturales. Se incorpora el reconocimiento y empoderamiento de la mediación transformativa de Bush y Folger como pilares para generar confianza, entendimiento y reducir las asimetrías que se presentan inicialmente entre las partes a lo largo de la negociación y la propia relación. Mediante la aplicación de la NITI se busca crear capital humano desde el principio, así como generar conocimiento mutuo. El fortalecimiento de la parte más vulnerable es una finalidad esencial.
6.5. Institucionalismo: se busca el acuerdo o convenio marco, pero también la creación de instituciones que lo hagan posible. – Las instituciones hacen funcionar el acuerdo y a su vez materializan legalmente la relación. Se precisan de mecanismos multiactor para darle seguimiento a los acuerdos y solución a las controversias derivadas de estos. Este enfoque permite que la relación puede hacerse realidad gracias a instituciones creadas para atender cada ámbito de la misma.
La conformación de instituciones obedece a la necesidad de hacer viable la relación por medio de una serie de entidades capaces de gestionar diversos asuntos derivados del acuerdo o convenio marco entre empresa y sus distintos grupos de interés externo. La relación requiere instancias especializadas para monitorear impactos, supervisar la asignación de recursos y abordar distintos problemas que pueden surgir tras la celebración del acuerdo, además de fiscalizar el desempeño de los organismos creados (rendición de cuentas), entre otros.
Estas entidades poseen determinadas funciones (diseño de proyectos, ejecución obras o prestación de servicios). Adicionalmente deben administrar eficaz y transparentemente los aportes que genera la empresa. También brindan asistencia técnica o especializada, colaborando con el buen funcionamiento de la relación.
Las instituciones son de composición mixta, es decir, conformadas por representantes de cada una de las partes principales. Estos son elegidos por los actores de la relación. Los representantes asumen funciones ejecutivas, fiscalizadores, etc., lo que implica que se encargan de la gestión de las instituciones y recursos por un período determinado. Para facilitar y mejorar su labor, las partes son libres de elegir al equipo de gerencial, funcionarios y asesores, así como a la junta de supervisión.
VII. FUNCIONES DEL MODELO NITI. –
Las funciones del modelo NITI son las de prevenir, gestionar y transformar conflictos, facilitar acuerdos y generar relaciones sostenibles. A continuación, se explican cada una de las funciones de este modelo:
7.1. En esencia es un mecanismo preventivo de conflictos, especialmente aquellos en los que se afectan derechos fundamentales, paralizan proyectos y se erosiona la gobernabilidad a través de la creación de relaciones estables y armoniosas entre los actores que participan en el desarrollo de los proyectos mineros. Cuanto más sólida sea la relación, la ocurrencia del conflicto será menor y será mucho más factible tratar las diferencias dialogando La prevención implica también contar con herramientas que nos permitan detectar a tiempo problemas que puedan llegar a desencadenar nuevos episodios de conflicto. No basta pues con mantener una buena relación con la contraparte, sino que también hay que estar alertas ante el surgimiento de cualquier incidente. Esto implica monitorear continuamente los riesgos sociales y ambientales que genera la industria minera.
7.2. Busca ser un mecanismo de gestión de conflictos, toda vez que posee los elementos necesarios para evitar que el conflicto ingrese a la etapa de crisis, en la que resulta mucho más difícil suavizar las posiciones y conciliar los intereses e inclusive dialogar. Un factor relevante para la gestión del conflicto es la existencia previa de canales o vías institucionalizas, es decir, entidades aceptadas y reconocidas por las partes para tratar sus respectivas diferencias.
7.3. Es un mecanismo transformativo de conflictos dado que ataca la raíz del conflicto para evitar o reducir la posibilidad de su resurgimiento. En lugar de centrarnos en los problemas superficiales de la relación, nos abocamos a descubrir las verdaderas causas que generaron el conflicto. En particular ponemos énfasis en atender las necesidades humanas básicas, cuya falta de satisfacción hace imposible una vida humana sin daños graves, padecimientos u opresiones. Se parte del reconocimiento inicial de los grupos menos favorecidos para lograr una solución duradera. Este enfoque difiere radicalmente del centrado en la resolución del conflicto porque se centra en eliminar las manifestaciones violentas del conflicto (sus efectos más indeseados).
7.4. Opera como un mecanismo facilitador de acuerdos ya que propicia las condiciones ideales y apropiadas para alcanzar acuerdos generales por la vía del consenso, que no implica necesariamente obtener mayoría absoluta, sino una mayoría significativa o lo suficientemente fuerte y representativa para obligar a las partes en conflicto. El acuerdo es producto o subproducto del establecimiento de relaciones estables y duraderas entre la empresa minera y las comunidades locales. En el caso del conflicto en el sector extractivo (minero), no podemos arribar a acuerdos si no hemos construido relaciones interculturales sostenibles (premisa comprobada en casos estudiados).
7.5. Es un mecanismo fomentador y generador de relaciones porque brinda las pautas y pasos esenciales para configurar una relación con la contraparte local que exigen de preparación y cambios en la manera en la que algunas empresas han venido vinculándose con las comunidades locales. Los resultados o frutos de dicha aproximación suelen ser positivos y alentadores para garantizar la seguridad y retorno de las inversiones en el tiempo. El establecimiento de relaciones duraderas de corte intercultural reduce el riesgo real para las compañías mineras.
VIII. FASES DEL MODELO DE NEGOCIACIÓN. –
En lo que concierne a las fases o etapa del modelo NITI, este presenta las siguientes:
8.1. Prenegociación. – Se trata de la fase de preparación que comprende el desarrollo de habilidades, competencias y capacidades interculturales, autoconocimiento, conocimiento y reconocimiento del otro, interacción inicial, etc. Corresponde a esta etapa realizar investigación sobre la cultura, historia, comunicación y problemas principales sobre la contraparte. Es clave para poder ingresar a las etapas posteriores.
8.2. Diálogo. – En esta parte los actores se abocan a diseñar el proceso de negociación con sus respectivas reglas, etapas, elección de facilitadores o mediadores (negociación asistida), lugar de la negociación, periodo, mecanismos de solución de controversias, entre otros aspectos. Se empieza a construir el primer elemento de la relación intercultural: la confianza, base fundamental para el desarrollo exitoso del trabajo colaborativo.
8.3. Negociación. – Aquí se emplea realmente todo lo aprendido en las etapas anteriores para desarrollar e implementar estrategias de negociación realmente integrativas e interculturales. Para llegar a esta fase la comunicación debe ser lo suficientemente fluida y se debe desarrollar en un clima de confianza. Las partes son conscientes de la importancia del proceso en sí, que implica, además de lograr un acuerdo, fortalecer la relación en el camino, de modo que interesan los gestos, actitudes, emociones, comportamientos y otros elementos a los que generalmente no se suele prestar la debida atención.
8.4. Consultas. – Es el periodo en el que los funcionarios y representantes de la empresa y comunidad comunican a instancias superiores como la gerencia o directorio o asamblea comunal el acuerdo alcanzado para ser revisado, ratificado o modificado parcialmente, en caso contrario puede ser descartado. Este parte suele durar menos que las otras si se ha obtenido un consenso importante. La ratificación sellará inmediatamente el acuerdo.
8.5. Decisión. – Es el resultado final del proceso en el que se logran acuerdos sustanciales que atienden cabal o integralmente las posiciones e intereses de las partes negociadoras sin afectar o lesionar sus derechos. Este atiende las necesidades humanas insatisfechas de la población y toma en consideración o condensa las percepciones, emociones, aspiraciones, preocupaciones y cosmovisiones de todos los involucrados.
8.6. Implementación. – Es la puesta en marcha o ejecución del acuerdo, el cual debe recibir seguimiento, monitoreo o supervisión por parte de instancias pertinentes previamente definidas en el acuerdo (un comité multiactor, por ejemplo). La implementación como tal revela el grado de voluntad y compromiso de los actores con respecto a las obligaciones y deberes surgidos del acuerdo. De manera que su predisposición, respuesta y atención serán cruciales para definir el curso o desenvolvimiento de la relación.
IX. BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO. –
Con respecto a los beneficios se pueden apreciar los siguientes:
i) Prevenir, reducir o eliminar conflictos sociales en el ámbito de la zona de influencia directa e indirecta de empresas mineras. Dado que la construcción y mejoramiento de relaciones interculturales es el mejor mecanismo preventivo de conflictos, negociar de manera intercultural ofrece la oportunidad de perfeccionar aún más el grado o nivel de la relación por a través de la calidad de los acuerdos alcanzados. La mejora del acuerdo siempre conlleva a una mejora de la relación. Y una mejor relación conduce a que se celebren mejores acuerdos.
ii) Mejorar el relacionamiento con comunidades, lo que a la larga ayuda a construir capital social, esto es, activos intangibles para la empresa en tanto construya y mejore las relaciones interculturales que mantiene con distintos actores sociales (grupos de interés externo).
iii) Generar acuerdos integrales y de calidad que beneficien a todas las partes involucradas que no solo ayuden a reducir el riesgo social de los proyectos mineros (menor incidencia de conflictos), sino que contribuyan efectivamente a canalizar beneficios a grupos poblacionales vulnerables por la ausencia del Estado y la deficiente atención de sus necesidades. La empresa minera se convierte así en agente del cambio social en la localidad al impulsar un verdadero desarrollo territorial.
iv) Empoderar o fortalecer capacidades de la contraparte rural para que puedan alcanzar el desarrollo sostenible más allá de la vida de las operaciones mineras. De lo que se trata es que no solo adquieran competencias para la comunicación, diálogo y negociación intercultural, sino capacidades productivas que permitan emprender negocios o actividades económicas de mayor valor agregado.
X. CONCLUSIONES. –
Entre las principales conclusiones sobre la elaboración y aplicación del modelo NITI tenemos las siguientes:
i) El modelo de negociación planteado se caracteriza por poseer componentes integrativos, transformadores e interculturales. Los tres elementos se suman y complementan para conformar un tipo de negociación que deriva de la negociación integrativa, también denominada negociación principista.
ii) El ámbito de aplicación de este modelo no solo se daría en situaciones conflictivas, sino también en aquellos procesos de negociación en los que no todavía aparecen los elementos constitutivos del conflicto social en el sector minero-comunitario (sector extractivo). En otras palabras, también se utilizaría en situaciones en las que se rechaza la ejecución de proyectos extractivos o se cuestiona seriamente la forma en la que estos planean ejecutarse.
iii) La implementación del modelo presenta algunas limitaciones dado que requiere tiempo, esfuerzo y compromiso de las partes, además de un cambio a nivel organizacional en cuanto a políticas y prácticas en el campo de la gestión social de las empresas, y de las orientaciones y actitudes en las comunidades locales no familiarizadas con otros mecanismos de solución de diferencias.
iv) No resulta aplicable en aquellas situaciones en las que aparece el conflicto inducido, que es aquel que, como su propio nombre lo indica, es provocado u originado para cumplir básicamente una finalidad: la de doblegar la voluntad de un tercero para que acceda a sus pretensiones y satisfaga sus demandas, sean estas legítimas o no. En esta clase de conflictos es imposible de aplicar debido a que el propio conflicto se instrumentaliza y convierte en un medio buscado deliberadamente para alcanzar ciertas metas como: a) lograr la atención del Estado; b) obtener algunos beneficios económicos obligando a las empresas mediante paralizaciones violentas o bloqueos de vías; y c), imponer condiciones e intimidar a cualquier otro grupo o actor para afirmar o reafirmar autoridad sobre parte del territorio que controla al margen de la ley.
v) Se dificulta bastante cuando no se ha construido ni se tiene encaminada una buena relación con las contrapartes con las cuales se negocia. Dicho de otro modo, el presupuesto necesario para llevar adelante una negociación de este tipo es la construcción previa de una buena relación, una al menos que permita negociar asuntos de fondo de modo participativo, abierto, confiable, transparente y tolerante. Ello no quiere decir que se tenga que crear una relación intercultural al principio, pero sí que se busque establecerla como objetivo central a mediano plazo.
vi) Esta clase de negociación es recomendable para empresas que cuentan con proyectos en etapa de exploración puesto que recién han iniciado actividades en la zona de intervención social. Por ello, a la par que intentan alcanzar acuerdos sustantivos con las comunidades locales, pueden ir construyendo una relación de tipo intercultural con estas que sirva de soporte a los acuerdos finalmente alcanzados.
vii) El modelo busca ser útil en procesos en los que aún no se manifiesta el conflicto social entre las partes, es decir, cuando sus diferencias todavía no versan sobre elementos sustantivos de la relación, sino sobre aspectos regulares de una negociación ordinaria. Un ejemplo de ello sería el monto que la empresa debería pagar a las comunidades locales por la utilización o compra de sus tierras, la contratación de mano de obra calificada y no calificada en la zona del proyecto, la adquisición de bienes y servicios locales por parte de la empresa, entre otros aspectos que son propios en la discusión de una agenda en común.
viii) Si se aplicaran correctamente los presupuestos de la NITI, se convertiría en un instrumento eficaz para prevenir conflictos sociales en el sector minero. En esencia, si se conduce bien la negociación, no solo se evitarían los indeseados efectos del conflicto social, sino que se alcanzarían acuerdos efectivos que satisfagan intereses y necesidades (atiendan preocupaciones, aterricen expectativas, concreten aspiraciones, respeten valores culturales, garanticen derechos fundamentales y generen valor para las partes).
XI. REFERENCIAS Y FUENTES CONSULTADAS. –
1. H. Raiffa. The art and science of negotiation. Cambridge, Mass.: Harvard University Press (1982).
2. Fisher, Roger; Ury, William y Patton, Bruce. Sí… ¡de acuerdo! Cómo negociar sin ceder. Editorial Norma. Quinta Edición. Bogotá. 1991. p. 12.
3. C. Reyna Ugarriza. La Negociación Integrativa Transformadora Intercultural (NITI). Medium (2019). Disponible en: https://cesarreyna78.medium.com/la-negociaci%C3%B3n-integrativa-transformadora-intercultural-niti-5646193d58dd
4. Idem.
5. J. P. Lederach, "The Little Book of Conflict Transformation”, publicado por Good Books, 2003).
6. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Experiencia de diálogo, transformación de conflictos y construcción de consensos. Sistematización de la Mesa de Diálogo de Moquegua. Publicado con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá (MRECD), en el marco del proyecto: “Alianzas para el Diálogo: Prevención de conflictos sociales en el uso de recursos naturales”. Lima, julio, (2014). P. 7.
7. Bush, R.A.B. y J.P. Folger, La promesa de la mediación. Cómo afrontar el conflicto a través del fortalecimiento y el reconocimiento de los otros. Granica. (Primera edición en inglés: 1994).
8. Del Arco-Bravo, I. Hacia una escuela intercultural. El profesorado: formación y expectativas. Lérida: Edicions Universitat de Lleida (1998).
9. C. Reyna Ugarriza. Teoría del Relacionamiento Intercultural y su aplicación en el procedimiento de Consulta Previa. Medium, Lima (2020). Disponible en: https://cesarreyna78.medium.com/teor%C3%ADa-del-relacionamiento-intercultural-y-su-aplicaci%C3%B3n-en-el-procedimiento-de-consulta-previa-aff153aefa4d
10. Ídem.
11. Ídem.
¿Busca materiales críticos?
Abril 23 del 2023.- Para facilitar la exploración y las inversiones en busca de materiales críticos para la transición energética, las sinergias y las asociaciones entre la investigación pública y empresas mineras, incluso a nivel regional, deben ser promovidas y desarrolladas plantea una nueva publicación del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF).
El libro puede descargarse de: https://www.iisd.org/system/files/2023-04/searching-critical-minerals-how-metals-are-produced-together.pdf
Desde la exploración hasta la minería, el procesamiento y el reprocesamiento de relaves, la comprensión del papel del compañerismo es clave para identificar formas innovadoras de abordar la brecha de suministro que se avecina en minerales necesarios para la transición energética, se dice en el documento.
Propone que la conclusión principal de la noción de compañerismo es que la extracción de metales y la viabilidad del suministro no puede considerarse aisladamente.
Además, la producción de un gran número de metales está interconectada y, por lo tanto, requiere una comprensión integral de cómo funciona la dinámica del mercado de estos metales (individual y colectivamente) y cómo podrían afectar la capacidad de la industria minera para suministrar metales que tienen una gran demanda pero no necesariamente en alta oferta.
“Al incentivar a las empresas mineras a invertir en metales menores que se consideren de menor interés (y por lo tanto tratados como subproductos) pero por lo demás críticos para una amplia gama de aplicaciones industriales, los gobiernos podrían considerar proporcionar esquemas de incentivos específicos para apoyar la inversión en la recuperación de metales complementarios junto con los metales anfitriones”, sostienen los autores.
En cambio, agregan, los gobiernos podrían exigir a las empresas de exploración que realicen y divulguen análisis de muestras de suelo para garantizar que se consideren todos los elementos o minerales asociados.
Se extrae una cantidad significativa de metales, pero no todos se procesan. Esto significa que los vertederos de relaves y desechos, por ejemplo, están llenos de elementos que en un momento dado podrían no haber sido considerados importantes pero puede volverse extraíble teniendo en cuenta las limitaciones de suministro actuales.
Desde una perspectiva política, existen importantes riesgos económicos y ambientales que deben abordarse para que el reprocesamiento de relaves sea ambientalmente seguro. Sin embargo, y lo que es más importante, esto también ofrece grandes oportunidades, ya que el desarrollo tecnológico y los planes para moverse hacia un futuro más verde traen un mayor enfoque en metales menores de importancia significativa para necesidades industriales.
También es una oportunidad para que las empresas mineras aumenten el valor de sus operaciones y optimizar el suministro de minerales críticos.
El libro puede descargarse de: https://www.iisd.org/system/files/2023-04/searching-critical-minerals-how-metals-are-produced-together.pdf
Desde la exploración hasta la minería, el procesamiento y el reprocesamiento de relaves, la comprensión del papel del compañerismo es clave para identificar formas innovadoras de abordar la brecha de suministro que se avecina en minerales necesarios para la transición energética, se dice en el documento.
Propone que la conclusión principal de la noción de compañerismo es que la extracción de metales y la viabilidad del suministro no puede considerarse aisladamente.
Además, la producción de un gran número de metales está interconectada y, por lo tanto, requiere una comprensión integral de cómo funciona la dinámica del mercado de estos metales (individual y colectivamente) y cómo podrían afectar la capacidad de la industria minera para suministrar metales que tienen una gran demanda pero no necesariamente en alta oferta.
“Al incentivar a las empresas mineras a invertir en metales menores que se consideren de menor interés (y por lo tanto tratados como subproductos) pero por lo demás críticos para una amplia gama de aplicaciones industriales, los gobiernos podrían considerar proporcionar esquemas de incentivos específicos para apoyar la inversión en la recuperación de metales complementarios junto con los metales anfitriones”, sostienen los autores.
En cambio, agregan, los gobiernos podrían exigir a las empresas de exploración que realicen y divulguen análisis de muestras de suelo para garantizar que se consideren todos los elementos o minerales asociados.
Se extrae una cantidad significativa de metales, pero no todos se procesan. Esto significa que los vertederos de relaves y desechos, por ejemplo, están llenos de elementos que en un momento dado podrían no haber sido considerados importantes pero puede volverse extraíble teniendo en cuenta las limitaciones de suministro actuales.
Desde una perspectiva política, existen importantes riesgos económicos y ambientales que deben abordarse para que el reprocesamiento de relaves sea ambientalmente seguro. Sin embargo, y lo que es más importante, esto también ofrece grandes oportunidades, ya que el desarrollo tecnológico y los planes para moverse hacia un futuro más verde traen un mayor enfoque en metales menores de importancia significativa para necesidades industriales.
También es una oportunidad para que las empresas mineras aumenten el valor de sus operaciones y optimizar el suministro de minerales críticos.
Respuestas (y consejos) de un robot
Abril 9 de 2023.- Ahora que la inteligencia artificial está de moda y dado que en la entrevista que nos concedió el ministro Fernando Santos nos dijo que, por ejemplo, no sabía en qué corte se había planteado el arbitraje de Junefield contra Ecuador, decidimos hacerle esa pregunta y otras más a un robot de esos que ahora andan por todas partes. Sus respuestas son sorprendentes y las transcribimos sin editar.
¿Qué sabes del arbitraje planteado por Junefield contra Ecuador?
La empresa china Junefield presentó un arbitraje contra Ecuador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en octubre de 2020. El arbitraje se relaciona con el proyecto minero Río Blanco, que se encuentra en la provincia de Azuay en el sur de Ecuador.
Junefield alega que Ecuador violó el tratado de inversión entre China y Ecuador al suspender el proyecto Río Blanco en 2018. Según informes, la empresa busca una compensación de más de mil millones de dólares.
El gobierno de Ecuador ha declarado que tomará medidas legales para defender los intereses del país. El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, ha manifestado que su administración apoyará la inversión extranjera, pero siempre y cuando se lleve a cabo de manera responsable y sostenible.
El caso sigue en curso y es difícil predecir el resultado del arbitraje. Sin embargo, es importante que cualquier solución respete los derechos y preocupaciones de las comunidades locales, y que se promueva un desarrollo sostenible y equitativo en la región.
¿Por qué ese pedido de arbitraje no figura en la página del CIADI?
Es posible que el pedido de arbitraje de Junefield contra Ecuador aún no figure en el sitio web del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) debido al tiempo que puede tardar en actualizar la información sobre nuevos casos.
Además, es posible que el caso aún no haya avanzado lo suficiente como para que se publique información detallada sobre él en el sitio web del CIADI. Los procedimientos de arbitraje suelen ser confidenciales hasta cierto punto, por lo que puede haber un retraso en la publicación de información sobre el caso.
Sin embargo, es importante destacar que el hecho de que el caso no aparezca en el sitio web del CIADI no significa necesariamente que no exista o que no esté en curso. La presentación de un caso ante el CIADI no siempre se anuncia públicamente de inmediato y puede llevar algún tiempo antes de que se publique información detallada sobre el caso en el sitio web del CIADI.
¿Cuándo se abrirá el catastro minero en Ecuador?
Actualmente, no tengo información actualizada sobre una posible fecha para la apertura del catastro minero en Ecuador. Sin embargo, puedo decirte que la apertura del catastro minero en Ecuador ha sido un tema de interés y debate en el país en los últimos años.
El catastro minero es un registro público que contiene información sobre las concesiones mineras, incluyendo la ubicación, el tamaño y los titulares de los derechos mineros. La apertura del catastro minero en Ecuador podría proporcionar transparencia y claridad sobre las concesiones mineras existentes en el país y ayudar a prevenir la superposición de concesiones.
En 2019, el gobierno ecuatoriano anunció que estaba trabajando en un proyecto de ley para abrir el catastro minero en el país. Sin embargo, desde entonces, no ha habido actualizaciones sobre cuándo podría ocurrir la apertura del catastro minero.
Es importante destacar que la apertura del catastro minero es un proceso complejo que puede llevar tiempo y requerir una inversión significativa en tecnología y personal para recopilar y mantener la información en una base de datos confiable y actualizada.
¿Sabes cuándo nombran al viceministro de Minas?
Actualmente, no tengo información actualizada sobre cuándo se nombrará al viceministro de Minas en Ecuador. El nombramiento del viceministro de Minas es una responsabilidad del gobierno ecuatoriano y puede depender de una variedad de factores, como el proceso de selección, la aprobación del nombramiento por parte de las autoridades pertinentes y otros procesos administrativos.
Es importante destacar que la posición de viceministro de Minas es importante en el contexto de la industria minera en Ecuador, ya que el funcionario encargado de esta posición tiene la responsabilidad de liderar la formulación y ejecución de políticas relacionadas con el sector minero del país.
Dicho esto, es posible que el nombramiento del viceministro de Minas sea una prioridad para el gobierno ecuatoriano y que se haga lo antes posible. Sin embargo, debido a las complejidades y variables involucradas en los procesos gubernamentales, es difícil predecir cuándo exactamente se hará el nombramiento.
¿A cuántos proyectos se oponen las comunidades shuar?
No tengo una cifra exacta del número de proyectos a los que las comunidades shuar en Ecuador se oponen actualmente, pero es cierto que ha habido varios conflictos entre estas comunidades y empresas mineras y petroleras en los últimos años.
Las comunidades shuar son una población indígena que habita en las regiones orientales de Ecuador y Perú. Estas comunidades han sido históricamente marginadas y enfrentan desafíos significativos en la protección de sus derechos y sus tierras.
Las comunidades shuar han expresado su oposición a varios proyectos mineros y petroleros en sus territorios, citando preocupaciones sobre los impactos ambientales, la salud pública y los derechos humanos. Por ejemplo, en 2019, la comunidad shuar de Nankints en Ecuador bloqueó el acceso a un proyecto minero en su territorio, alegando que la empresa minera no había consultado adecuadamente a la comunidad sobre el proyecto.
Es importante destacar que el derecho a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado es reconocido por la legislación internacional y nacional, y es un derecho fundamental para las comunidades indígenas. Cualquier proyecto que tenga el potencial de afectar los derechos de estas comunidades debe ser consultado y obtenido el consentimiento previo de ellas, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.
¿Cuánto oro está produciendo la mina Fruta del Norte?
Fruta del Norte es una mina de oro ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe en Ecuador, que comenzó a producir oro en noviembre de 2019. La mina es operada por Lundin Gold, una compañía minera canadiense, y se espera que tenga una vida útil de alrededor de 15 años.
Aunque no tengo información actualizada sobre la producción actual de oro en la mina Fruta del Norte, la compañía Lundin Gold había proyectado una producción de entre 300,000 y 350,000 onzas de oro por año durante los primeros diez años de operación de la mina.
Es importante tener en cuenta que la producción de oro en cualquier mina puede variar en función de varios factores, como los precios del oro, la calidad de los depósitos de mineral, la eficiencia de la operación minera y otros factores técnicos y económicos.
Estás mal... produce más de 400 mil onzas de oro al año...
Lamento si mi información previa estaba desactualizada o inexacta. Gracias por corregirme. Es cierto que la mina Fruta del Norte, operada por Lundin Gold en Ecuador, ha estado produciendo más de 400,000 onzas de oro al año desde que comenzó su producción en noviembre de 2019. Lundin Gold anunció recientemente que la producción de la mina para el año fiscal 2022 se espera que alcance entre 450,000 y 500,000 onzas de oro.
Es importante destacar que la producción de cualquier mina puede variar en función de varios factores, como la calidad y cantidad de los depósitos de mineral, la eficiencia de la operación minera, los precios del oro y otros factores económicos y técnicos.
¿Crees que la mina Fruta del Norte cambie de dueño?
Como modelo de lenguaje, no puedo predecir el futuro o el cambio de propiedad de la mina Fruta del Norte. Sin embargo, puedo decir que el cambio de propiedad de una mina es una posibilidad en cualquier momento, ya sea por motivos económicos, financieros, estratégicos o políticos.
Es importante destacar que la propiedad de una mina no solo involucra a la compañía operadora, sino también a los titulares de los derechos mineros y otros accionistas e inversores. Cualquier cambio en la propiedad de la mina Fruta del Norte tendría que ser acordado por todas las partes involucradas y estar sujeto a las leyes y regulaciones mineras de Ecuador y otros países relevantes.
En última instancia, cualquier cambio en la propiedad de una mina puede tener implicaciones significativas para la operación de la mina, los empleados, las comunidades locales y el medio ambiente. Por lo tanto, es importante que cualquier cambio de propiedad sea considerado cuidadosamente y se lleve a cabo de manera transparente y responsable.
¿Crees que el proyecto Cascabel inicie su producción el año 2029?
Es difícil predecir con precisión cuándo podría comenzar la producción en el proyecto Cascabel. Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de exploración y evaluación de recursos, y aún quedan varios pasos importantes antes de que pueda llegar a la producción.
Una vez que se complete la fase de exploración y se determinen las reservas de minerales, se necesitará una inversión significativa para desarrollar la infraestructura necesaria para la minería, lo que incluye la construcción de carreteras, instalaciones de energía y agua, y la construcción de una planta de procesamiento.
Además, es importante tener en cuenta que los proyectos mineros a menudo enfrentan desafíos y retrasos, como problemas de financiamiento, cuestiones de permisos y problemas sociales y ambientales.
Por lo tanto, aunque es posible que el proyecto Cascabel comience la producción en 2029, esto dependerá de varios factores, como la finalización exitosa de la exploración, la disponibilidad de financiamiento y la superación de cualquier desafío técnico, social o ambiental que pueda surgir en el camino.
¿La minera SolGold garantiza la ejecución del proyecto?
SolGold es la empresa que actualmente controla y opera el proyecto Cascabel en Ecuador. Como tal, se espera que SolGold asuma la responsabilidad de garantizar la ejecución del proyecto.
SolGold ha hecho esfuerzos para asegurar la financiación necesaria para avanzar en el proyecto Cascabel. La empresa ha recaudado fondos a través de varias fuentes, incluyendo la venta de acciones, acuerdos de financiamiento con inversores y la emisión de bonos.
Además, SolGold ha establecido alianzas estratégicas con otras empresas mineras para ayudar a financiar y desarrollar el proyecto. En 2020, la empresa llegó a un acuerdo con la empresa minera canadiense Cornerstone Capital Resources para consolidar su participación en Cascabel, lo que permitió a SolGold aumentar su participación en el proyecto.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que cualquier proyecto minero puede enfrentar desafíos y riesgos, incluyendo problemas de financiación, cuestiones ambientales y sociales y problemas técnicos. Por lo tanto, aunque SolGold ha hecho esfuerzos para garantizar la ejecución del proyecto Cascabel, siempre existe la posibilidad de que puedan surgir obstáculos en el camino.
¿Y cómo va el juicio por el proyecto Loma Larga?
El proyecto minero Loma Larga, operado por la compañía australiana INV Metals en Ecuador, ha sido objeto de un largo proceso legal y de oposición por parte de comunidades locales y organizaciones ambientales.
En 2018, el Ministerio del Ambiente de Ecuador otorgó a INV Metals los permisos necesarios para la construcción y operación del proyecto. Sin embargo, varias organizaciones ambientales y comunidades locales presentaron recursos de protección y otras acciones legales en contra de la decisión del Ministerio, argumentando que el proyecto podría tener impactos ambientales y sociales negativos.
En marzo de 2021, la Corte Constitucional de Ecuador emitió una decisión histórica en la que dictaminó que el proceso de consulta previa con las comunidades locales por parte de INV Metals y el gobierno de Ecuador fue inadecuado y violó los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. La Corte ordenó que se realice un nuevo proceso de consulta previa antes de que se tomen decisiones finales sobre el proyecto.
Desde entonces, se ha estado trabajando en un nuevo proceso de consulta previa con las comunidades locales y otros actores interesados. INV Metals ha manifestado su disposición a trabajar con las comunidades y cumplir con las regulaciones y normas ambientales y sociales aplicables.
En conclusión, el proceso legal y de consulta previa en torno al proyecto Loma Larga todavía está en curso y se espera que involucre la participación de varias partes interesadas, incluyendo a la compañía minera, las comunidades locales, el gobierno de Ecuador y organizaciones ambientales y sociales.
Otra vez te equivocaste... el proyecto lo tiene Dundee…
Tienes razón, me disculpo por la confusión. El proyecto Loma Larga es operado por la compañía minera canadiense Dundee Precious Metals, y no por la australiana INV Metals como mencioné anteriormente.
En cuanto al estado del juicio, la información disponible es limitada. Según un artículo de prensa publicado en febrero de 2022, Dundee Precious Metals estaba en proceso de revisar el fallo de la Corte Constitucional de Ecuador y planificaba su siguiente paso. Sin embargo, no se han reportado actualizaciones públicas adicionales sobre el juicio o el proceso de consulta previa desde entonces.
Es importante destacar que el proceso de consulta previa y el juicio en torno a Loma Larga son casos importantes en Ecuador que han generado atención y debate en torno a los derechos de las comunidades locales y los impactos ambientales de la minería. Se espera que cualquier decisión sobre el proyecto tenga en cuenta los intereses y preocupaciones de todas las partes involucradas, incluyendo a las comunidades locales, las organizaciones ambientales y las empresas mineras.
Allí se consultó a la población y la respuesta mayoritaria fue no a la minería... ¿crees que el gobierno y la empresa deberían insistir en construir la mina?
El derecho a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales es un principio fundamental en el derecho internacional y en muchos países, incluyendo Ecuador. En el caso de Loma Larga, la Corte Constitucional de Ecuador ordenó una consulta previa en 2019, y según informes, la mayoría de la población consultada se opuso al proyecto minero.
Es importante que cualquier decisión sobre la construcción de la mina Loma Larga o cualquier proyecto minero en Ecuador tenga en cuenta los resultados de la consulta previa y el consentimiento de las comunidades locales.
Las empresas mineras tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y ambientales, y trabajar en estrecha colaboración con las comunidades locales para garantizar que cualquier proyecto tenga beneficios tangibles y sostenibles para las personas y el medio ambiente.
En última instancia, la decisión de si se debe o no construir la mina Loma Larga depende de muchos factores, incluyendo los resultados de la consulta previa, los intereses de las comunidades locales y las obligaciones del gobierno en relación con la protección de los derechos humanos y ambientales.
¿Hay un conflicto con las comunidades del proyecto Llurimagua?
Sí, existe un conflicto entre las comunidades y el proyecto minero Llurimagua en la provincia de Imbabura en Ecuador. La compañía minera australiana SolGold, que tiene la concesión del proyecto, ha estado explorando la zona en busca de depósitos de cobre y oro desde 2012.
Las comunidades locales han expresado su oposición al proyecto, argumentando que podría afectar negativamente su medio ambiente y sus medios de vida, así como la calidad de vida de las comunidades. También se ha informado de conflictos entre la empresa minera y las comunidades locales sobre el uso de la tierra y la distribución de beneficios.
En 2019, las comunidades locales presentaron una demanda legal contra la empresa minera y el gobierno ecuatoriano, alegando que el proyecto minero viola sus derechos constitucionales y que se había llevado a cabo sin la debida consulta y consentimiento de las comunidades locales.
El conflicto entre las comunidades y la compañía minera sigue en curso, y ha habido manifestaciones y protestas por parte de las comunidades locales en contra del proyecto. El gobierno ecuatoriano ha declarado que está trabajando para resolver el conflicto, pero hasta el momento no se ha llegado a una solución definitiva.
Pero no es la australiana SolGold sino la chilena Codelco…
Tienes razón, ¡disculpa por mi error anterior! El proyecto minero Llurimagua en Ecuador es propiedad de la empresa chilena Codelco y la compañía minera estatal ecuatoriana Enami EP, quienes tienen una participación del 51% y 49%, respectivamente.
El conflicto con las comunidades locales sigue en curso, y se han reportado enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las comunidades en la zona del proyecto minero. Las comunidades locales han expresado su preocupación por el impacto ambiental del proyecto y han pedido una consulta popular para decidir sobre la continuidad del mismo.
El gobierno ecuatoriano ha declarado su compromiso de resolver el conflicto, y ha propuesto una mesa de diálogo entre las partes involucradas para buscar una solución. Hasta el momento, no se ha llegado a un acuerdo definitivo, y el proyecto minero Llurimagua sigue siendo objeto de controversia y debate en Ecuador.
¿Crees que hay solución al conflicto?
Es difícil decir si habrá una solución definitiva al conflicto del proyecto minero Llurimagua en Ecuador. La situación es compleja y está relacionada con temas sensibles como la protección ambiental, los derechos de las comunidades y el desarrollo económico del país.
Sin embargo, creo que es importante que todas las partes involucradas en el conflicto se sienten a dialogar y trabajen juntas para encontrar una solución que sea justa y equitativa para todas las partes. Esto podría incluir un mayor diálogo y consulta con las comunidades locales para abordar sus preocupaciones, y la implementación de medidas para minimizar el impacto ambiental del proyecto.
También es importante que se respeten los derechos de las comunidades locales y se garantice su participación en la toma de decisiones sobre el futuro del proyecto. En última instancia, se necesitará un enfoque colaborativo y comprometido por parte de todas las partes involucradas para encontrar una solución sostenible y justa para este conflicto.
En concreto, ¿qué debería hacer el gobierno?
El gobierno de Ecuador tiene un papel crucial que desempeñar en la resolución del conflicto del proyecto minero Llurimagua. Aquí hay algunas cosas específicas que el gobierno podría hacer para ayudar a resolver el conflicto:
- Promover un diálogo constructivo entre las partes involucradas: El gobierno podría facilitar un diálogo entre las comunidades locales, la empresa minera y otras partes interesadas para abordar las preocupaciones y encontrar soluciones justas y equitativas para todos.
- Proporcionar información clara y transparente: El gobierno podría proporcionar información clara y transparente sobre el proyecto minero y su impacto ambiental y social para que las comunidades locales puedan tomar decisiones informadas.
- Garantizar la participación significativa de las comunidades locales: El gobierno podría asegurarse de que las comunidades locales tengan una participación significativa en la toma de decisiones sobre el proyecto minero, incluyendo la realización de consultas y la implementación de medidas para minimizar el impacto ambiental.
- Establecer medidas de protección ambiental: El gobierno podría establecer medidas de protección ambiental efectivas para garantizar que el proyecto minero no cause un daño irreparable al medio ambiente y la biodiversidad en la zona.
- Cumplir con las leyes y normas internacionales: El gobierno debería garantizar que se cumplan todas las leyes y normas internacionales en relación con los derechos humanos y el medio ambiente, y asegurarse de que el proyecto minero se lleve a cabo de manera responsable y sostenible.
En última instancia, es importante que el gobierno tome medidas efectivas y comprometidas para resolver el conflicto del proyecto minero Llurimagua y garantizar que se tomen en cuenta los intereses de todas las partes involucradas.
¿Y qué piensas del arbitraje de Codelco contra Ecuador?
El arbitraje que ha iniciado Codelco contra Ecuador es una medida legal que ha tomado la empresa para defender sus intereses en el marco del conflicto en torno al proyecto minero Llurimagua. Sin embargo, es importante recordar que el arbitraje es un proceso complejo que puede prolongar la solución del conflicto y aumentar la tensión entre las partes involucradas.
En general, el arbitraje no es la mejor manera de resolver un conflicto, ya que puede ser costoso, prolongado y a menudo no tiene en cuenta las preocupaciones de las comunidades locales y los grupos de la sociedad civil. En lugar de eso, el diálogo y la negociación directa entre las partes son una mejor opción para llegar a una solución justa y equitativa.
Por lo tanto, creo que el gobierno de Ecuador y Codelco deberían trabajar juntos para encontrar una solución amistosa al conflicto sin recurrir al arbitraje. Un enfoque más colaborativo y comprometido podría ayudar a asegurar que se tomen en cuenta las preocupaciones de todas las partes involucradas y se llegue a una solución justa y sostenible.
¿Es sensato pedirle a Codelco que desista del arbitraje en el CIADI?
Pedir a Codelco que desista del arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) puede ser una opción a considerar, aunque depende en gran medida de la situación específica y de las condiciones del proceso de arbitraje en curso.
Sin embargo, como mencioné anteriormente, creo que es importante que todas las partes involucradas trabajen juntas para encontrar una solución justa y equitativa al conflicto del proyecto minero Llurimagua. Esto podría implicar una mayor participación de las comunidades locales, la implementación de medidas para minimizar el impacto ambiental y el diálogo directo y constructivo entre Codelco, el gobierno de Ecuador y otros interesados.
Si bien el arbitraje es una herramienta legal válida para proteger los intereses de las empresas, a menudo no es la mejor manera de resolver un conflicto complejo que involucra intereses y preocupaciones diferentes. En última instancia, creo que el objetivo debe ser encontrar una solución que proteja los derechos de todas las partes involucradas y promueva el desarrollo sostenible y equitativo de la región.
Las comunidades han dicho "no a la minería"…
Si las comunidades locales han expresado su oposición a la minería en la zona, es importante que se escuchen sus preocupaciones y se respeten sus derechos. La minería puede tener un impacto significativo en el medio ambiente y en las comunidades locales, y es esencial que se tomen medidas para garantizar que cualquier proyecto minero se lleve a cabo de manera responsable y sostenible.
Si bien la minería puede ofrecer beneficios económicos a las comunidades locales, es importante que estos beneficios no se logren a expensas del medio ambiente o los derechos de las personas. Es crucial que se lleven a cabo consultas significativas y se involucre a las comunidades locales en la toma de decisiones sobre cualquier proyecto minero que pueda afectarlos.
En última instancia, es importante encontrar un equilibrio entre la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales, y la promoción del desarrollo económico sostenible. Si las comunidades locales han expresado su oposición a la minería en la zona, es fundamental que se les escuche y se tomen en cuenta sus preocupaciones en cualquier decisión relacionada con un proyecto minero.
¿Puedes hablarnos algo más de la minería en Ecuador
¡Por supuesto! La minería en Ecuador es una actividad importante para la economía del país. Ecuador cuenta con una gran variedad de recursos minerales, incluyendo oro, plata, cobre, zinc, hierro y petróleo.
En los últimos años, el gobierno ecuatoriano ha promovido la inversión extranjera en la minería, mediante la adopción de políticas y leyes que facilitan la exploración y explotación de recursos minerales. Sin embargo, la minería en Ecuador es un tema polémico, ya que hay preocupaciones sobre su impacto ambiental y social.
En 2018, el gobierno ecuatoriano implementó una moratoria a la minería a gran escala en áreas protegidas, pero permitió la minería en áreas no protegidas. Actualmente, existen varias compañías mineras operando en Ecuador, incluyendo a Lundin Gold, que tiene una mina de oro en la provincia de Zamora Chinchipe, y a SolGold, que está explorando un gran yacimiento de cobre y oro en la provincia de Imbabura.
Espero que esta información te haya sido útil. Si tienes alguna otra pregunta, por favor no dudes en hacerla.
¿Qué sabes del arbitraje planteado por Junefield contra Ecuador?
La empresa china Junefield presentó un arbitraje contra Ecuador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en octubre de 2020. El arbitraje se relaciona con el proyecto minero Río Blanco, que se encuentra en la provincia de Azuay en el sur de Ecuador.
Junefield alega que Ecuador violó el tratado de inversión entre China y Ecuador al suspender el proyecto Río Blanco en 2018. Según informes, la empresa busca una compensación de más de mil millones de dólares.
El gobierno de Ecuador ha declarado que tomará medidas legales para defender los intereses del país. El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, ha manifestado que su administración apoyará la inversión extranjera, pero siempre y cuando se lleve a cabo de manera responsable y sostenible.
El caso sigue en curso y es difícil predecir el resultado del arbitraje. Sin embargo, es importante que cualquier solución respete los derechos y preocupaciones de las comunidades locales, y que se promueva un desarrollo sostenible y equitativo en la región.
¿Por qué ese pedido de arbitraje no figura en la página del CIADI?
Es posible que el pedido de arbitraje de Junefield contra Ecuador aún no figure en el sitio web del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) debido al tiempo que puede tardar en actualizar la información sobre nuevos casos.
Además, es posible que el caso aún no haya avanzado lo suficiente como para que se publique información detallada sobre él en el sitio web del CIADI. Los procedimientos de arbitraje suelen ser confidenciales hasta cierto punto, por lo que puede haber un retraso en la publicación de información sobre el caso.
Sin embargo, es importante destacar que el hecho de que el caso no aparezca en el sitio web del CIADI no significa necesariamente que no exista o que no esté en curso. La presentación de un caso ante el CIADI no siempre se anuncia públicamente de inmediato y puede llevar algún tiempo antes de que se publique información detallada sobre el caso en el sitio web del CIADI.
¿Cuándo se abrirá el catastro minero en Ecuador?
Actualmente, no tengo información actualizada sobre una posible fecha para la apertura del catastro minero en Ecuador. Sin embargo, puedo decirte que la apertura del catastro minero en Ecuador ha sido un tema de interés y debate en el país en los últimos años.
El catastro minero es un registro público que contiene información sobre las concesiones mineras, incluyendo la ubicación, el tamaño y los titulares de los derechos mineros. La apertura del catastro minero en Ecuador podría proporcionar transparencia y claridad sobre las concesiones mineras existentes en el país y ayudar a prevenir la superposición de concesiones.
En 2019, el gobierno ecuatoriano anunció que estaba trabajando en un proyecto de ley para abrir el catastro minero en el país. Sin embargo, desde entonces, no ha habido actualizaciones sobre cuándo podría ocurrir la apertura del catastro minero.
Es importante destacar que la apertura del catastro minero es un proceso complejo que puede llevar tiempo y requerir una inversión significativa en tecnología y personal para recopilar y mantener la información en una base de datos confiable y actualizada.
¿Sabes cuándo nombran al viceministro de Minas?
Actualmente, no tengo información actualizada sobre cuándo se nombrará al viceministro de Minas en Ecuador. El nombramiento del viceministro de Minas es una responsabilidad del gobierno ecuatoriano y puede depender de una variedad de factores, como el proceso de selección, la aprobación del nombramiento por parte de las autoridades pertinentes y otros procesos administrativos.
Es importante destacar que la posición de viceministro de Minas es importante en el contexto de la industria minera en Ecuador, ya que el funcionario encargado de esta posición tiene la responsabilidad de liderar la formulación y ejecución de políticas relacionadas con el sector minero del país.
Dicho esto, es posible que el nombramiento del viceministro de Minas sea una prioridad para el gobierno ecuatoriano y que se haga lo antes posible. Sin embargo, debido a las complejidades y variables involucradas en los procesos gubernamentales, es difícil predecir cuándo exactamente se hará el nombramiento.
¿A cuántos proyectos se oponen las comunidades shuar?
No tengo una cifra exacta del número de proyectos a los que las comunidades shuar en Ecuador se oponen actualmente, pero es cierto que ha habido varios conflictos entre estas comunidades y empresas mineras y petroleras en los últimos años.
Las comunidades shuar son una población indígena que habita en las regiones orientales de Ecuador y Perú. Estas comunidades han sido históricamente marginadas y enfrentan desafíos significativos en la protección de sus derechos y sus tierras.
Las comunidades shuar han expresado su oposición a varios proyectos mineros y petroleros en sus territorios, citando preocupaciones sobre los impactos ambientales, la salud pública y los derechos humanos. Por ejemplo, en 2019, la comunidad shuar de Nankints en Ecuador bloqueó el acceso a un proyecto minero en su territorio, alegando que la empresa minera no había consultado adecuadamente a la comunidad sobre el proyecto.
Es importante destacar que el derecho a la consulta previa y al consentimiento libre, previo e informado es reconocido por la legislación internacional y nacional, y es un derecho fundamental para las comunidades indígenas. Cualquier proyecto que tenga el potencial de afectar los derechos de estas comunidades debe ser consultado y obtenido el consentimiento previo de ellas, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos.
¿Cuánto oro está produciendo la mina Fruta del Norte?
Fruta del Norte es una mina de oro ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe en Ecuador, que comenzó a producir oro en noviembre de 2019. La mina es operada por Lundin Gold, una compañía minera canadiense, y se espera que tenga una vida útil de alrededor de 15 años.
Aunque no tengo información actualizada sobre la producción actual de oro en la mina Fruta del Norte, la compañía Lundin Gold había proyectado una producción de entre 300,000 y 350,000 onzas de oro por año durante los primeros diez años de operación de la mina.
Es importante tener en cuenta que la producción de oro en cualquier mina puede variar en función de varios factores, como los precios del oro, la calidad de los depósitos de mineral, la eficiencia de la operación minera y otros factores técnicos y económicos.
Estás mal... produce más de 400 mil onzas de oro al año...
Lamento si mi información previa estaba desactualizada o inexacta. Gracias por corregirme. Es cierto que la mina Fruta del Norte, operada por Lundin Gold en Ecuador, ha estado produciendo más de 400,000 onzas de oro al año desde que comenzó su producción en noviembre de 2019. Lundin Gold anunció recientemente que la producción de la mina para el año fiscal 2022 se espera que alcance entre 450,000 y 500,000 onzas de oro.
Es importante destacar que la producción de cualquier mina puede variar en función de varios factores, como la calidad y cantidad de los depósitos de mineral, la eficiencia de la operación minera, los precios del oro y otros factores económicos y técnicos.
¿Crees que la mina Fruta del Norte cambie de dueño?
Como modelo de lenguaje, no puedo predecir el futuro o el cambio de propiedad de la mina Fruta del Norte. Sin embargo, puedo decir que el cambio de propiedad de una mina es una posibilidad en cualquier momento, ya sea por motivos económicos, financieros, estratégicos o políticos.
Es importante destacar que la propiedad de una mina no solo involucra a la compañía operadora, sino también a los titulares de los derechos mineros y otros accionistas e inversores. Cualquier cambio en la propiedad de la mina Fruta del Norte tendría que ser acordado por todas las partes involucradas y estar sujeto a las leyes y regulaciones mineras de Ecuador y otros países relevantes.
En última instancia, cualquier cambio en la propiedad de una mina puede tener implicaciones significativas para la operación de la mina, los empleados, las comunidades locales y el medio ambiente. Por lo tanto, es importante que cualquier cambio de propiedad sea considerado cuidadosamente y se lleve a cabo de manera transparente y responsable.
¿Crees que el proyecto Cascabel inicie su producción el año 2029?
Es difícil predecir con precisión cuándo podría comenzar la producción en el proyecto Cascabel. Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de exploración y evaluación de recursos, y aún quedan varios pasos importantes antes de que pueda llegar a la producción.
Una vez que se complete la fase de exploración y se determinen las reservas de minerales, se necesitará una inversión significativa para desarrollar la infraestructura necesaria para la minería, lo que incluye la construcción de carreteras, instalaciones de energía y agua, y la construcción de una planta de procesamiento.
Además, es importante tener en cuenta que los proyectos mineros a menudo enfrentan desafíos y retrasos, como problemas de financiamiento, cuestiones de permisos y problemas sociales y ambientales.
Por lo tanto, aunque es posible que el proyecto Cascabel comience la producción en 2029, esto dependerá de varios factores, como la finalización exitosa de la exploración, la disponibilidad de financiamiento y la superación de cualquier desafío técnico, social o ambiental que pueda surgir en el camino.
¿La minera SolGold garantiza la ejecución del proyecto?
SolGold es la empresa que actualmente controla y opera el proyecto Cascabel en Ecuador. Como tal, se espera que SolGold asuma la responsabilidad de garantizar la ejecución del proyecto.
SolGold ha hecho esfuerzos para asegurar la financiación necesaria para avanzar en el proyecto Cascabel. La empresa ha recaudado fondos a través de varias fuentes, incluyendo la venta de acciones, acuerdos de financiamiento con inversores y la emisión de bonos.
Además, SolGold ha establecido alianzas estratégicas con otras empresas mineras para ayudar a financiar y desarrollar el proyecto. En 2020, la empresa llegó a un acuerdo con la empresa minera canadiense Cornerstone Capital Resources para consolidar su participación en Cascabel, lo que permitió a SolGold aumentar su participación en el proyecto.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que cualquier proyecto minero puede enfrentar desafíos y riesgos, incluyendo problemas de financiación, cuestiones ambientales y sociales y problemas técnicos. Por lo tanto, aunque SolGold ha hecho esfuerzos para garantizar la ejecución del proyecto Cascabel, siempre existe la posibilidad de que puedan surgir obstáculos en el camino.
¿Y cómo va el juicio por el proyecto Loma Larga?
El proyecto minero Loma Larga, operado por la compañía australiana INV Metals en Ecuador, ha sido objeto de un largo proceso legal y de oposición por parte de comunidades locales y organizaciones ambientales.
En 2018, el Ministerio del Ambiente de Ecuador otorgó a INV Metals los permisos necesarios para la construcción y operación del proyecto. Sin embargo, varias organizaciones ambientales y comunidades locales presentaron recursos de protección y otras acciones legales en contra de la decisión del Ministerio, argumentando que el proyecto podría tener impactos ambientales y sociales negativos.
En marzo de 2021, la Corte Constitucional de Ecuador emitió una decisión histórica en la que dictaminó que el proceso de consulta previa con las comunidades locales por parte de INV Metals y el gobierno de Ecuador fue inadecuado y violó los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales. La Corte ordenó que se realice un nuevo proceso de consulta previa antes de que se tomen decisiones finales sobre el proyecto.
Desde entonces, se ha estado trabajando en un nuevo proceso de consulta previa con las comunidades locales y otros actores interesados. INV Metals ha manifestado su disposición a trabajar con las comunidades y cumplir con las regulaciones y normas ambientales y sociales aplicables.
En conclusión, el proceso legal y de consulta previa en torno al proyecto Loma Larga todavía está en curso y se espera que involucre la participación de varias partes interesadas, incluyendo a la compañía minera, las comunidades locales, el gobierno de Ecuador y organizaciones ambientales y sociales.
Otra vez te equivocaste... el proyecto lo tiene Dundee…
Tienes razón, me disculpo por la confusión. El proyecto Loma Larga es operado por la compañía minera canadiense Dundee Precious Metals, y no por la australiana INV Metals como mencioné anteriormente.
En cuanto al estado del juicio, la información disponible es limitada. Según un artículo de prensa publicado en febrero de 2022, Dundee Precious Metals estaba en proceso de revisar el fallo de la Corte Constitucional de Ecuador y planificaba su siguiente paso. Sin embargo, no se han reportado actualizaciones públicas adicionales sobre el juicio o el proceso de consulta previa desde entonces.
Es importante destacar que el proceso de consulta previa y el juicio en torno a Loma Larga son casos importantes en Ecuador que han generado atención y debate en torno a los derechos de las comunidades locales y los impactos ambientales de la minería. Se espera que cualquier decisión sobre el proyecto tenga en cuenta los intereses y preocupaciones de todas las partes involucradas, incluyendo a las comunidades locales, las organizaciones ambientales y las empresas mineras.
Allí se consultó a la población y la respuesta mayoritaria fue no a la minería... ¿crees que el gobierno y la empresa deberían insistir en construir la mina?
El derecho a la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades locales es un principio fundamental en el derecho internacional y en muchos países, incluyendo Ecuador. En el caso de Loma Larga, la Corte Constitucional de Ecuador ordenó una consulta previa en 2019, y según informes, la mayoría de la población consultada se opuso al proyecto minero.
Es importante que cualquier decisión sobre la construcción de la mina Loma Larga o cualquier proyecto minero en Ecuador tenga en cuenta los resultados de la consulta previa y el consentimiento de las comunidades locales.
Las empresas mineras tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y ambientales, y trabajar en estrecha colaboración con las comunidades locales para garantizar que cualquier proyecto tenga beneficios tangibles y sostenibles para las personas y el medio ambiente.
En última instancia, la decisión de si se debe o no construir la mina Loma Larga depende de muchos factores, incluyendo los resultados de la consulta previa, los intereses de las comunidades locales y las obligaciones del gobierno en relación con la protección de los derechos humanos y ambientales.
¿Hay un conflicto con las comunidades del proyecto Llurimagua?
Sí, existe un conflicto entre las comunidades y el proyecto minero Llurimagua en la provincia de Imbabura en Ecuador. La compañía minera australiana SolGold, que tiene la concesión del proyecto, ha estado explorando la zona en busca de depósitos de cobre y oro desde 2012.
Las comunidades locales han expresado su oposición al proyecto, argumentando que podría afectar negativamente su medio ambiente y sus medios de vida, así como la calidad de vida de las comunidades. También se ha informado de conflictos entre la empresa minera y las comunidades locales sobre el uso de la tierra y la distribución de beneficios.
En 2019, las comunidades locales presentaron una demanda legal contra la empresa minera y el gobierno ecuatoriano, alegando que el proyecto minero viola sus derechos constitucionales y que se había llevado a cabo sin la debida consulta y consentimiento de las comunidades locales.
El conflicto entre las comunidades y la compañía minera sigue en curso, y ha habido manifestaciones y protestas por parte de las comunidades locales en contra del proyecto. El gobierno ecuatoriano ha declarado que está trabajando para resolver el conflicto, pero hasta el momento no se ha llegado a una solución definitiva.
Pero no es la australiana SolGold sino la chilena Codelco…
Tienes razón, ¡disculpa por mi error anterior! El proyecto minero Llurimagua en Ecuador es propiedad de la empresa chilena Codelco y la compañía minera estatal ecuatoriana Enami EP, quienes tienen una participación del 51% y 49%, respectivamente.
El conflicto con las comunidades locales sigue en curso, y se han reportado enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las comunidades en la zona del proyecto minero. Las comunidades locales han expresado su preocupación por el impacto ambiental del proyecto y han pedido una consulta popular para decidir sobre la continuidad del mismo.
El gobierno ecuatoriano ha declarado su compromiso de resolver el conflicto, y ha propuesto una mesa de diálogo entre las partes involucradas para buscar una solución. Hasta el momento, no se ha llegado a un acuerdo definitivo, y el proyecto minero Llurimagua sigue siendo objeto de controversia y debate en Ecuador.
¿Crees que hay solución al conflicto?
Es difícil decir si habrá una solución definitiva al conflicto del proyecto minero Llurimagua en Ecuador. La situación es compleja y está relacionada con temas sensibles como la protección ambiental, los derechos de las comunidades y el desarrollo económico del país.
Sin embargo, creo que es importante que todas las partes involucradas en el conflicto se sienten a dialogar y trabajen juntas para encontrar una solución que sea justa y equitativa para todas las partes. Esto podría incluir un mayor diálogo y consulta con las comunidades locales para abordar sus preocupaciones, y la implementación de medidas para minimizar el impacto ambiental del proyecto.
También es importante que se respeten los derechos de las comunidades locales y se garantice su participación en la toma de decisiones sobre el futuro del proyecto. En última instancia, se necesitará un enfoque colaborativo y comprometido por parte de todas las partes involucradas para encontrar una solución sostenible y justa para este conflicto.
En concreto, ¿qué debería hacer el gobierno?
El gobierno de Ecuador tiene un papel crucial que desempeñar en la resolución del conflicto del proyecto minero Llurimagua. Aquí hay algunas cosas específicas que el gobierno podría hacer para ayudar a resolver el conflicto:
- Promover un diálogo constructivo entre las partes involucradas: El gobierno podría facilitar un diálogo entre las comunidades locales, la empresa minera y otras partes interesadas para abordar las preocupaciones y encontrar soluciones justas y equitativas para todos.
- Proporcionar información clara y transparente: El gobierno podría proporcionar información clara y transparente sobre el proyecto minero y su impacto ambiental y social para que las comunidades locales puedan tomar decisiones informadas.
- Garantizar la participación significativa de las comunidades locales: El gobierno podría asegurarse de que las comunidades locales tengan una participación significativa en la toma de decisiones sobre el proyecto minero, incluyendo la realización de consultas y la implementación de medidas para minimizar el impacto ambiental.
- Establecer medidas de protección ambiental: El gobierno podría establecer medidas de protección ambiental efectivas para garantizar que el proyecto minero no cause un daño irreparable al medio ambiente y la biodiversidad en la zona.
- Cumplir con las leyes y normas internacionales: El gobierno debería garantizar que se cumplan todas las leyes y normas internacionales en relación con los derechos humanos y el medio ambiente, y asegurarse de que el proyecto minero se lleve a cabo de manera responsable y sostenible.
En última instancia, es importante que el gobierno tome medidas efectivas y comprometidas para resolver el conflicto del proyecto minero Llurimagua y garantizar que se tomen en cuenta los intereses de todas las partes involucradas.
¿Y qué piensas del arbitraje de Codelco contra Ecuador?
El arbitraje que ha iniciado Codelco contra Ecuador es una medida legal que ha tomado la empresa para defender sus intereses en el marco del conflicto en torno al proyecto minero Llurimagua. Sin embargo, es importante recordar que el arbitraje es un proceso complejo que puede prolongar la solución del conflicto y aumentar la tensión entre las partes involucradas.
En general, el arbitraje no es la mejor manera de resolver un conflicto, ya que puede ser costoso, prolongado y a menudo no tiene en cuenta las preocupaciones de las comunidades locales y los grupos de la sociedad civil. En lugar de eso, el diálogo y la negociación directa entre las partes son una mejor opción para llegar a una solución justa y equitativa.
Por lo tanto, creo que el gobierno de Ecuador y Codelco deberían trabajar juntos para encontrar una solución amistosa al conflicto sin recurrir al arbitraje. Un enfoque más colaborativo y comprometido podría ayudar a asegurar que se tomen en cuenta las preocupaciones de todas las partes involucradas y se llegue a una solución justa y sostenible.
¿Es sensato pedirle a Codelco que desista del arbitraje en el CIADI?
Pedir a Codelco que desista del arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) puede ser una opción a considerar, aunque depende en gran medida de la situación específica y de las condiciones del proceso de arbitraje en curso.
Sin embargo, como mencioné anteriormente, creo que es importante que todas las partes involucradas trabajen juntas para encontrar una solución justa y equitativa al conflicto del proyecto minero Llurimagua. Esto podría implicar una mayor participación de las comunidades locales, la implementación de medidas para minimizar el impacto ambiental y el diálogo directo y constructivo entre Codelco, el gobierno de Ecuador y otros interesados.
Si bien el arbitraje es una herramienta legal válida para proteger los intereses de las empresas, a menudo no es la mejor manera de resolver un conflicto complejo que involucra intereses y preocupaciones diferentes. En última instancia, creo que el objetivo debe ser encontrar una solución que proteja los derechos de todas las partes involucradas y promueva el desarrollo sostenible y equitativo de la región.
Las comunidades han dicho "no a la minería"…
Si las comunidades locales han expresado su oposición a la minería en la zona, es importante que se escuchen sus preocupaciones y se respeten sus derechos. La minería puede tener un impacto significativo en el medio ambiente y en las comunidades locales, y es esencial que se tomen medidas para garantizar que cualquier proyecto minero se lleve a cabo de manera responsable y sostenible.
Si bien la minería puede ofrecer beneficios económicos a las comunidades locales, es importante que estos beneficios no se logren a expensas del medio ambiente o los derechos de las personas. Es crucial que se lleven a cabo consultas significativas y se involucre a las comunidades locales en la toma de decisiones sobre cualquier proyecto minero que pueda afectarlos.
En última instancia, es importante encontrar un equilibrio entre la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales, y la promoción del desarrollo económico sostenible. Si las comunidades locales han expresado su oposición a la minería en la zona, es fundamental que se les escuche y se tomen en cuenta sus preocupaciones en cualquier decisión relacionada con un proyecto minero.
¿Puedes hablarnos algo más de la minería en Ecuador
¡Por supuesto! La minería en Ecuador es una actividad importante para la economía del país. Ecuador cuenta con una gran variedad de recursos minerales, incluyendo oro, plata, cobre, zinc, hierro y petróleo.
En los últimos años, el gobierno ecuatoriano ha promovido la inversión extranjera en la minería, mediante la adopción de políticas y leyes que facilitan la exploración y explotación de recursos minerales. Sin embargo, la minería en Ecuador es un tema polémico, ya que hay preocupaciones sobre su impacto ambiental y social.
En 2018, el gobierno ecuatoriano implementó una moratoria a la minería a gran escala en áreas protegidas, pero permitió la minería en áreas no protegidas. Actualmente, existen varias compañías mineras operando en Ecuador, incluyendo a Lundin Gold, que tiene una mina de oro en la provincia de Zamora Chinchipe, y a SolGold, que está explorando un gran yacimiento de cobre y oro en la provincia de Imbabura.
Espero que esta información te haya sido útil. Si tienes alguna otra pregunta, por favor no dudes en hacerla.
Vía Minera presenta Semáforo de la conflictividad
Marzo 26 de 2023.- Vía Minera viene desarrollando un trabajo que intenta entender cómo se aplican en Ecuador los lineamientos propuestos por los centros mundiales del pensamiento estratégico del sector minero respecto de las relaciones que deben establecer las empresas con las comunidades que habitan los territorios en que se desarrollan sus proyectos.
Del contenido que adquieran esas relaciones depende la viabilidad de las operaciones. Los líderes empresariales no ocultan que están convencidos de que sirve muy poco el respaldo político que reciben de los gobiernos si es que las comunidades en las que operan no los apoyan.
Convertida en variable la calidad de la relación empresa-comunidad, entonces, resulta determinante para comprender la viabilidad real de los proyectos que, por poner un ejercicio, viene priorizando la actual administración.
Eso lo saben muy bien los ejecutivos más influyentes de las empresas. Pueden tener la concesión y todos los permisos legales; dentro de esa concesión puede estar el depósito mineral más formidable y “de clase mundial” que tengan en su cartera; puede existir la tecnología para explotar el mineral y los números que resultan del estudio de factibilidad pueden arrojar las cifras más atractivas del negocio; pero si las comunidades se oponen a la explotación no podrán extraer ni un gramo de mineral.
Para ayudar a la toma de decisiones, el equipo de Vía Minera está definiendo una metodología que intenta clasificar la calidad de las relaciones entre las empresas que llevan adelante el desarrollo de proyectos mineros y las comunidades que habitan los territorios en que se realizan tales actividades.
La metodología empleada para la clasificación viene siendo desarrollada en alianza con académicos y consultores, nacionales y extranjeros, y será presentada públicamente con la solicitud de aportes para que otros especialistas formulen sus comentarios.
En síntesis, el color rojo define una relación considerada como mala y con pocas posibilidades de mejorar en el transcurso de este año. El color naranja se atribuye a las relaciones consideradas como inamistosas que podrían o no escalar en sus niveles de hostilidad a lo largo de este año.
Las personas interesadas en conocer más de este nuevo producto de Vía Minera, pueden escribir a [email protected]
Del contenido que adquieran esas relaciones depende la viabilidad de las operaciones. Los líderes empresariales no ocultan que están convencidos de que sirve muy poco el respaldo político que reciben de los gobiernos si es que las comunidades en las que operan no los apoyan.
Convertida en variable la calidad de la relación empresa-comunidad, entonces, resulta determinante para comprender la viabilidad real de los proyectos que, por poner un ejercicio, viene priorizando la actual administración.
Eso lo saben muy bien los ejecutivos más influyentes de las empresas. Pueden tener la concesión y todos los permisos legales; dentro de esa concesión puede estar el depósito mineral más formidable y “de clase mundial” que tengan en su cartera; puede existir la tecnología para explotar el mineral y los números que resultan del estudio de factibilidad pueden arrojar las cifras más atractivas del negocio; pero si las comunidades se oponen a la explotación no podrán extraer ni un gramo de mineral.
Para ayudar a la toma de decisiones, el equipo de Vía Minera está definiendo una metodología que intenta clasificar la calidad de las relaciones entre las empresas que llevan adelante el desarrollo de proyectos mineros y las comunidades que habitan los territorios en que se realizan tales actividades.
La metodología empleada para la clasificación viene siendo desarrollada en alianza con académicos y consultores, nacionales y extranjeros, y será presentada públicamente con la solicitud de aportes para que otros especialistas formulen sus comentarios.
En síntesis, el color rojo define una relación considerada como mala y con pocas posibilidades de mejorar en el transcurso de este año. El color naranja se atribuye a las relaciones consideradas como inamistosas que podrían o no escalar en sus niveles de hostilidad a lo largo de este año.
Las personas interesadas en conocer más de este nuevo producto de Vía Minera, pueden escribir a [email protected]
Leyes de debida diligencia en Derechos Humanos:
De la voluntariedad a la obligatoriedad
Escribe: Cristina Muñoz, asesora técnica proyecto MinSus
Diciembre 18 de 2022.- Desde 2011 los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU) de las Naciones Unidas establecen obligaciones y responsabilidades para que los gobiernos y las empresas prevengan, mitiguen y reparen los potenciales impactos sobre los derechos humanos (DDHH) de las actividades empresariales. Para garantizar esto, las empresas deben ejercer la debida diligencia. Estos Principios, sin embargo, no son vinculantes.
El proceso de debida diligencia en derechos humanos a través del cual las empresas gestionan proactivamente los riesgos reales y potenciales sobre los DDHH, ha sido impulsado por diversas herramientas como la Guía de la OCDE para una conducta empresarial responsable y los Planes Nacionales de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA), encargados de operacionalizar los PRNU en cada país. En la región andina, Chile, Colombia y Perú cuentan con un PNA; y Argentina y Ecuador se encuentran desarrollando el suyo. Ambas herramientas son esfuerzos positivos, pero no reemplazan el deber del Estado de regular la debida diligencia.
Pese a que cada vez un mayor número de empresas en el sector minero tienen en marcha mecanismos de debida diligencia, según el Responsible Mining Index 2022, solo un 28% de las analizadas cuentan con un mecanismo de este tipo, y casi la mitad (46,2%) de las empresas más grandes del mundo, evaluadas por el Índice Corporativo en Derechos Humanos en 2020, no muestra ninguna evidencia a la hora de identificar o mitigar problemas de derechos humanos en sus cadenas de suministro.
Asimismo, el Grupo de Trabajo de las NNUU sobre empresas y derechos humanos detectó problemas en las empresas vinculados a la divulgación de estos procesos, la adopción de medidas y el seguimiento a las respuestas. Tampoco se establecen vinculaciones en la práctica entre la debida diligencia en DDHH y la reparación de los efectos reales. En general, se desconoce cómo plasmar las políticas empresariales en los contextos locales. Por parte de los gobiernos, se detectó que estos no cumplen con su obligación de proteger los DDHH a través de causas que van desde aprobar leyes incompatibles hasta falta de coherencia de las políticas en las prácticas gubernamentales.
Es en este panorama que se hace evidente el consenso sobre la necesidad de que los Estados adopten normas de obligatoriedad a las empresas en debida diligencia y la extraterritorialidad de las obligaciones de las empresas en derechos humanos es una tendencia regulatoria ineludible. En Naciones Unidas, se está discutiendo un tratado vinculante en la materia, el cual cubrirá todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos y las actividades empresariales transnacionales, lo que constituye un replanteamiento del esquema tradicional exigiendo a las compañías nuevas capacidades e innovadores instrumentos legales que, además de contener riesgos, los prevengan.
El proceso de debida diligencia en derechos humanos a través del cual las empresas gestionan proactivamente los riesgos reales y potenciales sobre los DDHH, ha sido impulsado por diversas herramientas como la Guía de la OCDE para una conducta empresarial responsable y los Planes Nacionales de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA), encargados de operacionalizar los PRNU en cada país. En la región andina, Chile, Colombia y Perú cuentan con un PNA; y Argentina y Ecuador se encuentran desarrollando el suyo. Ambas herramientas son esfuerzos positivos, pero no reemplazan el deber del Estado de regular la debida diligencia.
Pese a que cada vez un mayor número de empresas en el sector minero tienen en marcha mecanismos de debida diligencia, según el Responsible Mining Index 2022, solo un 28% de las analizadas cuentan con un mecanismo de este tipo, y casi la mitad (46,2%) de las empresas más grandes del mundo, evaluadas por el Índice Corporativo en Derechos Humanos en 2020, no muestra ninguna evidencia a la hora de identificar o mitigar problemas de derechos humanos en sus cadenas de suministro.
Asimismo, el Grupo de Trabajo de las NNUU sobre empresas y derechos humanos detectó problemas en las empresas vinculados a la divulgación de estos procesos, la adopción de medidas y el seguimiento a las respuestas. Tampoco se establecen vinculaciones en la práctica entre la debida diligencia en DDHH y la reparación de los efectos reales. En general, se desconoce cómo plasmar las políticas empresariales en los contextos locales. Por parte de los gobiernos, se detectó que estos no cumplen con su obligación de proteger los DDHH a través de causas que van desde aprobar leyes incompatibles hasta falta de coherencia de las políticas en las prácticas gubernamentales.
Es en este panorama que se hace evidente el consenso sobre la necesidad de que los Estados adopten normas de obligatoriedad a las empresas en debida diligencia y la extraterritorialidad de las obligaciones de las empresas en derechos humanos es una tendencia regulatoria ineludible. En Naciones Unidas, se está discutiendo un tratado vinculante en la materia, el cual cubrirá todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos y las actividades empresariales transnacionales, lo que constituye un replanteamiento del esquema tradicional exigiendo a las compañías nuevas capacidades e innovadores instrumentos legales que, además de contener riesgos, los prevengan.
Cambio Climático, Sectores y Finanzas Verdes
Escribe Juan Sánchez Sánchez (*)
Diciembre 18 de 2022.- Si en este momento usted se detuviera unos minutos a pensar sobre el cambio climático y sus efectos sobre la vida y los recursos del planeta, es probable que lo primero que se le venga a la mente sería que, el cambio climático lo generan países con economías de modelos de producción altamente emisores de CO2. La pregunta que saltaría a la vista es ¿Qué sectores son esos que ocasionan tanto daño al planeta?
Según la Climate Watch y el World Resources Institute, en el 2018 los sectores que más contribuyen al volumen total de emisiones generadoras del cambio climático fueron energía (73%), industria (24%), energía destinada a iluminar o calentar edificios (17%) y el transporte en general (16%).
Asimismo, según una investigación del Environmental Research Letters el 2019 sólo el 5% de las plantas de energía producía el 73% de las emisiones que registra este sector, donde las principales características de dichas plantas es que funcionaban con carbón, estaban localizadas usualmente en el norte del planeta (Europa, India y Asia oriental) y operaban de manera ineficiente por la cantidad de energía que generaban.
Como puede verse, ninguno de los mayores emisores del mundo se encuentra en Latinoamérica, África o el Pacífico, que son las regiones que están soportando las mayores consecuencias del cambio climático no obstante no contribuir a ello.
Ahora, si nos preguntásemos ¿qué sectores suelen ser los más afectados por el cambio climático y cuál es el impacto en ellos? Los sectores afectados y los impactos son los siguientes:
Como puede verse, los países emisores de CO2 generadores del cambio climático y los países que son impactados por dichas emisiones adoptan estrategias frente al cambio climático con énfasis en acciones diferenciadas de mitigación y adaptación.
Es decir, mientras los países emisores se centran en acciones de mitigación para (i) descarbonizar sus sectores emisores, y/o (ii) buscar reducir sus impactos incorporando acciones que permitan captura de CO2, ya sea por proyectos o por soluciones de la naturaleza; en contraste, los países impactados por el cambio climático se centran más en acciones de adaptación que buscan acciones para enfrentar los nuevos desafíos del clima.
Las acciones de mitigación buscan pasar de un mundo impulsado con combustibles fósiles a usar energía limpia y renovable, así como acabar con la deforestación y restaurar los hábitats naturales para alcanzar emisiones de carbono netas nulas, lo que implica que la emisión de GEI se equilibre con la captura y el almacenamiento de GEI en bosques o plantaciones forestales.
En cambio, las acciones de adaptación varían de un lugar a otro, son difíciles de predecir e implican muchas compensaciones. Conociendo los riesgos se elaboran planes para enfrentarlos e implementar sistema de respuesta al cambio climático, como por ejemplo diversificación de cultivos que permitan condiciones más cálidas y secas o más húmedas; asegurar que la infraestructura pueda soportar climas más extremos; ayudar a las comunidades a reducir el riesgo del aumento del nivel del mar y el aumento de las inundaciones y asegurar el manejo adecuado de alimentos, agua y otros recursos naturales.
Que un país sea impactado en gran magnitud por el cambio climático no significa que no pueda tener al mismo tiempo una actividad productiva emisora de CO2 peor que representa una proporción muy pequeña del GEI que daña la atmosfera del planeta; por tanto, en estos casos también se verá obligado a desarrollar acciones para descarbonizar su economía, sin embargo, casi siempre las acciones de adaptación serán de altísimo interés frente a las acciones de mitigación.
La COP27 realizada recientemente en Egipto llamó la atención de gobernantes y altos funcionarios de gobierno de todos los países signatarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC ) que entre las acciones más importantes y fundamentales que se deben impulsar para lograr los objetivos de reducir y/o mantener la temperatura del planeta por debajo de 1,5 grados centígrados se cuentan a (i) Aumentar y flexibilizar el financiamiento climático, y (ii) Crear un fondo especial para cubrir las pérdidas que ya ha generado el cambio climático en los países en desarrollo impactados.
Tanto los Estados como las empresas pueden acceder a los recursos financieros que en el marco de la CMNUCC. El financiamiento para las empresas puede darse a través de los diferentes productos financieros que han desarrollado mas de 200 fuentes de financiamiento que forma parte de la arquitectura financiera internacional creada a partir del Acuerdo de París (2015). Asimismo, las empresas pueden emitir bonos verdes para captar dicho financiamiento y aquel otro de fondos de inversión privado de los denominados de tesis verde.
El sector transporte es particular porque es una gran fuente de emisiones de GEI ya sea en los países de elevados niveles de emisiones de CO2 como en los países impactados por dicha emisión. Una emisión de bonos verdes puede generar menos vehículos en las carreteras, lo que puede reducir las emisiones de CO2, disminuir la congestión del tráfico y mejorar la calidad del aire.
Desde 2017 se ha iniciado a nivel mundial una marcada tendencia hacia la reducción del impacto ambiental que genera el transporte. Los operadores ferroviarios han expresado fuertes intenciones de descarbonizar a través de electricidad; las aerolíneas se comprometen cada vez más a la neutralidad de carbono participando en el Programa de Compensación y Reducción de Carbono de la IATA; y los operadores marítimos han incrementado sus esfuerzos para reducir las emisiones asociadas con el transporte marítimo.
Los bonos verdes del sector transporte generalmente tienen plazos de vencimiento más largos que otros tipos de bonos verdes, sus activos y tamaño tienden a ser grandes y, a menudo, tienen calificaciones de grado de inversión. También existe un mercado naciente de finanzas vinculadas a la sostenibilidad en el que los reembolsos se basan en el impacto logrado por la inversión. Un ejemplo de este tipo de instrumento es un bono de impacto ambiental (EIB). En un EIB, un emisor acuerda ciertos objetivos con los inversionistas (incluyendo tasa de interés, marco de tiempo, y métricas de resultados) y desarrolla el proyecto.
Después de una cantidad de tiempo acordada, un tercero evalúa la efectividad de la iniciativa de acuerdo con las métricas designadas al comienzo del proyecto. Si el proyecto superó las métricas, el emisor de los bonos otorga un pago por resultados (financiado por los ahorros generados por el proyecto) a los inversionistas. Si el proyecto no funciona bien, los inversionistas entregan a dicho emisor un pago de riesgo compartido.
Debido a que las industrias marrones (minería e industrias pesadas) tienen un impacto ambiental negativo inherente, los bonos de transición son un instrumento para ofrecer a las empresas de esas industrias un incentivo para cambiar sus operaciones hacia prácticas más sostenibles desde el punto de vista ambiental, siempre que sea posible. Dichos bonos son una clase de activo nueva, y no está destinada a iniciativas inherentemente sostenibles desde el punto de vista ambiental, pero merece ser monitoreada por su potencial para financiar iniciativas que pueden impulsar reducciones netas de emisiones de GEI.
Como usted habrá podido apreciar hasta aquí, las finanzas verdes son una excelente oportunidad tanto para el sector Gobierno como para el sector empresarial. Para aprovechar dichas oportunidades se necesitan dos aspectos clave: (i) tener un proyecto que persiga una efectiva reducción de su huella de carbono, y (ii) aplicar para el financiamiento a través de un producto financiero emitido por alguna de las más de 200 fuentes conformantes de la arquitectura financiera internacional.
Según la Climate Watch y el World Resources Institute, en el 2018 los sectores que más contribuyen al volumen total de emisiones generadoras del cambio climático fueron energía (73%), industria (24%), energía destinada a iluminar o calentar edificios (17%) y el transporte en general (16%).
Asimismo, según una investigación del Environmental Research Letters el 2019 sólo el 5% de las plantas de energía producía el 73% de las emisiones que registra este sector, donde las principales características de dichas plantas es que funcionaban con carbón, estaban localizadas usualmente en el norte del planeta (Europa, India y Asia oriental) y operaban de manera ineficiente por la cantidad de energía que generaban.
Como puede verse, ninguno de los mayores emisores del mundo se encuentra en Latinoamérica, África o el Pacífico, que son las regiones que están soportando las mayores consecuencias del cambio climático no obstante no contribuir a ello.
Ahora, si nos preguntásemos ¿qué sectores suelen ser los más afectados por el cambio climático y cuál es el impacto en ellos? Los sectores afectados y los impactos son los siguientes:
- Recursos Hídricos: Disminuye la disponibilidad de recurso hídrico debido a la disminución de la precipitación y al aumento de la temperatura.
- Agricultura: Cosechas agrícolas pobres y disminución de alimentos, debido a (i) la salinización de los suelos debido al ascenso del nivel del mar y (ii) los suelos se vuelven áridos a causa de altas temperaturas, que genera proliferación de plagas y enfermedades.
- Energía: La escasez de agua genera reducción de la generación de energía.
- Areas Costeras: Se perderán la presencia de arrecifes de coral y habrá una disminución de recursos pesqueros debido a las altas temperaturas.
- Salud Humana: Descenso de la pluviosidad afectará la disponibilidad de agua potable, debido a que aumentan las enfermedades transmitidas por vectores debido a las altas temperaturas, a su vez por el ascenso del mar, aumentará la transmisión de enfermedades transmitidas por el agua.
- Comunidades costeras: Por el aumento en la frecuencia e intensidad de las marejadas ciclónicas, habrá más inundaciones que afectarán los asentamientos.
Como puede verse, los países emisores de CO2 generadores del cambio climático y los países que son impactados por dichas emisiones adoptan estrategias frente al cambio climático con énfasis en acciones diferenciadas de mitigación y adaptación.
Es decir, mientras los países emisores se centran en acciones de mitigación para (i) descarbonizar sus sectores emisores, y/o (ii) buscar reducir sus impactos incorporando acciones que permitan captura de CO2, ya sea por proyectos o por soluciones de la naturaleza; en contraste, los países impactados por el cambio climático se centran más en acciones de adaptación que buscan acciones para enfrentar los nuevos desafíos del clima.
Las acciones de mitigación buscan pasar de un mundo impulsado con combustibles fósiles a usar energía limpia y renovable, así como acabar con la deforestación y restaurar los hábitats naturales para alcanzar emisiones de carbono netas nulas, lo que implica que la emisión de GEI se equilibre con la captura y el almacenamiento de GEI en bosques o plantaciones forestales.
En cambio, las acciones de adaptación varían de un lugar a otro, son difíciles de predecir e implican muchas compensaciones. Conociendo los riesgos se elaboran planes para enfrentarlos e implementar sistema de respuesta al cambio climático, como por ejemplo diversificación de cultivos que permitan condiciones más cálidas y secas o más húmedas; asegurar que la infraestructura pueda soportar climas más extremos; ayudar a las comunidades a reducir el riesgo del aumento del nivel del mar y el aumento de las inundaciones y asegurar el manejo adecuado de alimentos, agua y otros recursos naturales.
Que un país sea impactado en gran magnitud por el cambio climático no significa que no pueda tener al mismo tiempo una actividad productiva emisora de CO2 peor que representa una proporción muy pequeña del GEI que daña la atmosfera del planeta; por tanto, en estos casos también se verá obligado a desarrollar acciones para descarbonizar su economía, sin embargo, casi siempre las acciones de adaptación serán de altísimo interés frente a las acciones de mitigación.
La COP27 realizada recientemente en Egipto llamó la atención de gobernantes y altos funcionarios de gobierno de todos los países signatarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC ) que entre las acciones más importantes y fundamentales que se deben impulsar para lograr los objetivos de reducir y/o mantener la temperatura del planeta por debajo de 1,5 grados centígrados se cuentan a (i) Aumentar y flexibilizar el financiamiento climático, y (ii) Crear un fondo especial para cubrir las pérdidas que ya ha generado el cambio climático en los países en desarrollo impactados.
Tanto los Estados como las empresas pueden acceder a los recursos financieros que en el marco de la CMNUCC. El financiamiento para las empresas puede darse a través de los diferentes productos financieros que han desarrollado mas de 200 fuentes de financiamiento que forma parte de la arquitectura financiera internacional creada a partir del Acuerdo de París (2015). Asimismo, las empresas pueden emitir bonos verdes para captar dicho financiamiento y aquel otro de fondos de inversión privado de los denominados de tesis verde.
El sector transporte es particular porque es una gran fuente de emisiones de GEI ya sea en los países de elevados niveles de emisiones de CO2 como en los países impactados por dicha emisión. Una emisión de bonos verdes puede generar menos vehículos en las carreteras, lo que puede reducir las emisiones de CO2, disminuir la congestión del tráfico y mejorar la calidad del aire.
Desde 2017 se ha iniciado a nivel mundial una marcada tendencia hacia la reducción del impacto ambiental que genera el transporte. Los operadores ferroviarios han expresado fuertes intenciones de descarbonizar a través de electricidad; las aerolíneas se comprometen cada vez más a la neutralidad de carbono participando en el Programa de Compensación y Reducción de Carbono de la IATA; y los operadores marítimos han incrementado sus esfuerzos para reducir las emisiones asociadas con el transporte marítimo.
Los bonos verdes del sector transporte generalmente tienen plazos de vencimiento más largos que otros tipos de bonos verdes, sus activos y tamaño tienden a ser grandes y, a menudo, tienen calificaciones de grado de inversión. También existe un mercado naciente de finanzas vinculadas a la sostenibilidad en el que los reembolsos se basan en el impacto logrado por la inversión. Un ejemplo de este tipo de instrumento es un bono de impacto ambiental (EIB). En un EIB, un emisor acuerda ciertos objetivos con los inversionistas (incluyendo tasa de interés, marco de tiempo, y métricas de resultados) y desarrolla el proyecto.
Después de una cantidad de tiempo acordada, un tercero evalúa la efectividad de la iniciativa de acuerdo con las métricas designadas al comienzo del proyecto. Si el proyecto superó las métricas, el emisor de los bonos otorga un pago por resultados (financiado por los ahorros generados por el proyecto) a los inversionistas. Si el proyecto no funciona bien, los inversionistas entregan a dicho emisor un pago de riesgo compartido.
Debido a que las industrias marrones (minería e industrias pesadas) tienen un impacto ambiental negativo inherente, los bonos de transición son un instrumento para ofrecer a las empresas de esas industrias un incentivo para cambiar sus operaciones hacia prácticas más sostenibles desde el punto de vista ambiental, siempre que sea posible. Dichos bonos son una clase de activo nueva, y no está destinada a iniciativas inherentemente sostenibles desde el punto de vista ambiental, pero merece ser monitoreada por su potencial para financiar iniciativas que pueden impulsar reducciones netas de emisiones de GEI.
Como usted habrá podido apreciar hasta aquí, las finanzas verdes son una excelente oportunidad tanto para el sector Gobierno como para el sector empresarial. Para aprovechar dichas oportunidades se necesitan dos aspectos clave: (i) tener un proyecto que persiga una efectiva reducción de su huella de carbono, y (ii) aplicar para el financiamiento a través de un producto financiero emitido por alguna de las más de 200 fuentes conformantes de la arquitectura financiera internacional.
… Antes de que sea tarde
Diciembre 18 de 2022.- En Vía Minera sabemos que todas las teorías son bonitas mientras están en los libros y, sin embargo, mantenemos la esperanza de que el conocimiento alcanzado por algunos profesionales que apostaron por el diálogo puede servirnos para detener el ascenso de la escalada sangrienta activada por quienes creen tener la verdad.
Por eso presentamos el primer capítulo de Consensus Building, de Luis Oré, uno de los autores que valdría la pena escuchar ahora y antes de que sea muy tarde para evitar la batalla campal que nos traerá la desgracia. Puede descargarlo desde el siguiente vínculo:
Por eso presentamos el primer capítulo de Consensus Building, de Luis Oré, uno de los autores que valdría la pena escuchar ahora y antes de que sea muy tarde para evitar la batalla campal que nos traerá la desgracia. Puede descargarlo desde el siguiente vínculo:
libro-luis-ore_vreviewed_libro_proceso_consenso_cfcarat_intro_ts.pdf | |
File Size: | 460 kb |
File Type: |
El libro íntegro “Consensus building: Proceso de Construcción de Consenso”, de Luis Oré Ibarra, edición en español, puede ser adquirido en:
https://www.amazon.com/Consensus-building-Proceso-construcci%C3%B3n-consenso-ebook/dp/B07RKY24NV
Y los más preocupados en la búsqueda de consensos pueden intentar aprender a su propio ritmo visitando https://lnkd.in/efA232EF
https://www.amazon.com/Consensus-building-Proceso-construcci%C3%B3n-consenso-ebook/dp/B07RKY24NV
Y los más preocupados en la búsqueda de consensos pueden intentar aprender a su propio ritmo visitando https://lnkd.in/efA232EF
*Curso de Negociación: Secretos de Negociación*
Curso online sobre negociación y gestión de conflictos con Luis Oré.
El primer partido de fútbol en Hispanoamérica
Escribe: Santiago Rojas Pi de la Serra
Abogado especializado en Australia en temas mineros.
Cel.: 0987198970
Diciembre, 5 del 2022.- El fútbol es uno de los deportes más populares en el mundo, ya sea que se practique de forma profesional o como aficionado. De hecho, podría ser el deporte más popular de todos. Se practica en canchas de tierra, en barrios marginales, en medio de la selva y en elaborados eventos dentro de majestuosos y repletos estadios. Parecería que no tiene fronteras geográficas y se ha esparcido a todos los rincones del globo, como lo demuestra la celebración del primer mundial en un país musulmán. Según estimaciones de la FIFA, entidad que agrupa a más miembros que la propia Organización de Naciones Unidas, cerca de mil millones de personas sintonizarán la transmisión del partido final de la Copa del Mundo de Catar 2022.
Como sabemos, también en América Latina el fútbol goza de mucha popularidad y según algunos historiadores, una parte importante de sus raíces en nuestros países se pueden rastrear a la pequeña y pintoresca localidad minera de Real del Monte, estado de Hidalgo, centro de México. Dicho pueblo se encuentra en la zona minera de Pachuca. De sus minas, conocidas desde tiempos precolombinos, se ha producido alrededor del 6% de la plata excavada en todo el globo desde fines de la edad media. Además, de allí se han extraído importantes cantidades de oro y otros recursos.
Relata la historia que hacia mediados de la década de 1880 el gobierno mexicano redobló sus esfuerzos para otorgar concesiones mineras a empresas de capital extranjero con el objetivo de mejorar las condiciones de operación y de producción de las faenas mediante la incorporación de conocimientos y tecnología de vanguardia. Después de todo, la extracción de minerales de la corteza terrestre siempre ha sido una actividad que se presta a la innovación y avance de la técnica. La minería ha abanderado importantes desarrollos en el campo de la ingeniería, la geología, la metalurgia e incluso el derecho. Ha sido fundamental en el desarrollo de explosivos, que se emplearon por primera vez en 1627 en minas húngaras. Gracias a la minería contamos con mejores taladros, elevadores hidráulicos, excavadoras, camiones, grúas, molinos y tantos otros ingenios humanos que sería imposible su enumeración. La minería tiene una importancia tal para el desarrollo y el progreso de la humanidad que no es coincidencia que las épocas históricas se asocien con los minerales o sus derivados, desde la edad de bronce, pasando por la era del hierro, hasta la era nuclear.
En este relato el impacto de la minería es igualmente importante pero mucho menos conocido. El caso es que, debido a esa iniciativa del gobierno de México, en la zona de Real del Monte, establecieron operaciones empresas mineras de Inglaterra. Al llegar, trajeron maquinaria, equipo y conocimientos que debido a su impacto en la producción convirtieron a la zona en una de las más prósperas de todo Hidalgo. Desembarcaron también, obreros y expertos del sur de Gran Bretaña, concretamente de Cornwall, una localidad con rica tradición minera que data de, al menos, el inicio de la edad del bronce, es decir, hace 4.000 años.
Estos obreros, sus jefes y sus familias trajeron también sus tradiciones, su gastronomía y sus pasatiempos. En concreto, importaron un relativamente nuevo entretenimiento al que los comentaristas de la época se referían literalmente como Foot Ball. Dichos mineros migrantes, en el poco tiempo que tenían para su esparcimiento jugaron en tierras mexicanas los primeros partidos del deporte que se convertiría en el mayor pasatiempo del continente. El primer juego de fútbol registrado por la historia en México y, por lo tanto, quizás en América Latina, se jugó en Pachuca en el año 1900, hecho que se conmemora anualmente. El primer club de fútbol del país fue el Pachuca, fundado ese mismo año, que además es el primer campeón de ese país.
En este acontecimiento, insignificante en su tiempo, se puede apreciar un impacto transformacional de la minería que nada tiene que ver con su importancia económica o científica, pero que, sin duda, es de colosal envergadura en la vida humana. Los mineros migrantes de esta historia con su llegada propiciaron un intercambio cultural y social en el campo del entretenimiento y el deporte que ha enriquecido profundamente a las generaciones actuales, no solo con el fútbol sino con otras aficiones como el tenis, el rugby, incluso el polo.
Como la historia se repite, los mineros siguen al día de hoy practicando su deporte. Sin ir lejos, En Ecuador el Mineros Sporting Club es un equipo profesional que juega en la segunda categoría del campeonato con sede en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar. Con sus escuelas formativas y el auspicio de una reconocida empresa minera, el Club Mineros fomenta la práctica y los valores del deporte en el país.
Fuentes:
Peter Grego; Cornwall’s Strangest Tales Extraordinary but True Stories, 2013
Alma Parra Campos; Local Moments in Mining History. 2020
Abogado especializado en Australia en temas mineros.
Cel.: 0987198970
Diciembre, 5 del 2022.- El fútbol es uno de los deportes más populares en el mundo, ya sea que se practique de forma profesional o como aficionado. De hecho, podría ser el deporte más popular de todos. Se practica en canchas de tierra, en barrios marginales, en medio de la selva y en elaborados eventos dentro de majestuosos y repletos estadios. Parecería que no tiene fronteras geográficas y se ha esparcido a todos los rincones del globo, como lo demuestra la celebración del primer mundial en un país musulmán. Según estimaciones de la FIFA, entidad que agrupa a más miembros que la propia Organización de Naciones Unidas, cerca de mil millones de personas sintonizarán la transmisión del partido final de la Copa del Mundo de Catar 2022.
Como sabemos, también en América Latina el fútbol goza de mucha popularidad y según algunos historiadores, una parte importante de sus raíces en nuestros países se pueden rastrear a la pequeña y pintoresca localidad minera de Real del Monte, estado de Hidalgo, centro de México. Dicho pueblo se encuentra en la zona minera de Pachuca. De sus minas, conocidas desde tiempos precolombinos, se ha producido alrededor del 6% de la plata excavada en todo el globo desde fines de la edad media. Además, de allí se han extraído importantes cantidades de oro y otros recursos.
Relata la historia que hacia mediados de la década de 1880 el gobierno mexicano redobló sus esfuerzos para otorgar concesiones mineras a empresas de capital extranjero con el objetivo de mejorar las condiciones de operación y de producción de las faenas mediante la incorporación de conocimientos y tecnología de vanguardia. Después de todo, la extracción de minerales de la corteza terrestre siempre ha sido una actividad que se presta a la innovación y avance de la técnica. La minería ha abanderado importantes desarrollos en el campo de la ingeniería, la geología, la metalurgia e incluso el derecho. Ha sido fundamental en el desarrollo de explosivos, que se emplearon por primera vez en 1627 en minas húngaras. Gracias a la minería contamos con mejores taladros, elevadores hidráulicos, excavadoras, camiones, grúas, molinos y tantos otros ingenios humanos que sería imposible su enumeración. La minería tiene una importancia tal para el desarrollo y el progreso de la humanidad que no es coincidencia que las épocas históricas se asocien con los minerales o sus derivados, desde la edad de bronce, pasando por la era del hierro, hasta la era nuclear.
En este relato el impacto de la minería es igualmente importante pero mucho menos conocido. El caso es que, debido a esa iniciativa del gobierno de México, en la zona de Real del Monte, establecieron operaciones empresas mineras de Inglaterra. Al llegar, trajeron maquinaria, equipo y conocimientos que debido a su impacto en la producción convirtieron a la zona en una de las más prósperas de todo Hidalgo. Desembarcaron también, obreros y expertos del sur de Gran Bretaña, concretamente de Cornwall, una localidad con rica tradición minera que data de, al menos, el inicio de la edad del bronce, es decir, hace 4.000 años.
Estos obreros, sus jefes y sus familias trajeron también sus tradiciones, su gastronomía y sus pasatiempos. En concreto, importaron un relativamente nuevo entretenimiento al que los comentaristas de la época se referían literalmente como Foot Ball. Dichos mineros migrantes, en el poco tiempo que tenían para su esparcimiento jugaron en tierras mexicanas los primeros partidos del deporte que se convertiría en el mayor pasatiempo del continente. El primer juego de fútbol registrado por la historia en México y, por lo tanto, quizás en América Latina, se jugó en Pachuca en el año 1900, hecho que se conmemora anualmente. El primer club de fútbol del país fue el Pachuca, fundado ese mismo año, que además es el primer campeón de ese país.
En este acontecimiento, insignificante en su tiempo, se puede apreciar un impacto transformacional de la minería que nada tiene que ver con su importancia económica o científica, pero que, sin duda, es de colosal envergadura en la vida humana. Los mineros migrantes de esta historia con su llegada propiciaron un intercambio cultural y social en el campo del entretenimiento y el deporte que ha enriquecido profundamente a las generaciones actuales, no solo con el fútbol sino con otras aficiones como el tenis, el rugby, incluso el polo.
Como la historia se repite, los mineros siguen al día de hoy practicando su deporte. Sin ir lejos, En Ecuador el Mineros Sporting Club es un equipo profesional que juega en la segunda categoría del campeonato con sede en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar. Con sus escuelas formativas y el auspicio de una reconocida empresa minera, el Club Mineros fomenta la práctica y los valores del deporte en el país.
Fuentes:
Peter Grego; Cornwall’s Strangest Tales Extraordinary but True Stories, 2013
Alma Parra Campos; Local Moments in Mining History. 2020
Mientras el Estado lucha contra el narcotráfico,
la minería ilegal gana terreno en el Ecuador
Artículo promocionado
Noviembre 6 de 2022.- En la definición de las nuevas amenazas a la Seguridad Nacional del Ecuador y América Latina figuran, entre otras el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, el deterioro al medioambiente (minería ilegal); pero estos flagelos no están separados, no son excluyentes, están íntimamente relacionados.
El Ecuador hoy por hoy sufre los efectos de todas estas amenazas juntas; pero las autoridades no las están combatiendo de manera integral sino focalizada, aunque las autoridades saben que están relacionadas; el director del CIES, Fausto Cobo por ejemplo, en declaraciones a la prensa en febrero de este señaló que están relacionados los operativos contra minería ilegal con la inseguridad; hay una relación de esta problemática con la criminalidad y la inseguridad en Ecuador dijo Cobo y afirmó que el narcotráfico ha financiado campañas políticas.
“Hay que decirle al país que esta amenaza que es por diferentes vectores en líneas convergentes contra la república,“ dijo Fausto Cobo.
Sin embargo, la lucha contra el narcotráfico copa, en este momento, todos los esfuerzos de la fuerza pública (Policía Nacional y FF.AA) que se manifiestan con amotinamientos y matanzas entre internos en las cárceles del país; y en los últimos días con atentados explosivos dirigidos contra la policía y la sociedad civil; solo entre el martes 1 y el jueves 3 de noviembre se registraron más de una docena de atentados con explosivos en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Mientras tanto, hay evidencias detectadas por los propios miembros de fuerzas armadas y policía nacional, que custodian el sector de Buenos Aires en la provincia de Imbabura, de que la actividad minera ilegal ha vuelto al sector.
El pasado 28 de agosto de este año, un nuevo hallazgo de material minero fue identificado en un sector de Buenos Aires. Un posible campamento ilegal con insumos y materiales para la extracción de minerales con 64 sacos de material aurífero y 50 sacos más de material aurífero triturado. Incluso, se halló una piscina de sedimentación y fueron confiscadas palas, picos, barras y combos. Cuatro taladros y dos motores de generación eléctrica también fueron decomisados, reseña diario El Comercio el 28 de agosto (Redes de minería ilegal continúan operando en Buenos Aires de Imbabura - El Comercio.)
Los ataques con explosivos de mafias narco delictivas cada vez aumentan en el país. Según las estadísticas oficiales, en el Ecuador durante 2022, se han reportado ya más de 200 atentados con artefactos explosivos, cuya gran mayoría proviene de la actividad minera ilegal, que requiere de explosivos.
Es por ello que Luis Córdova-Alarcón, Coordinador del programa de Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, sostiene en un artículo publicado a mediados de septiembre de este año, en el portal electrónico Plan V, que “Mientras la narrativa de la narcoviolencia coloniza la opinión pública, la gobernanza criminal se consolida alrededor de la minería. Las autoridades no parecen alarmadas por este fenómeno, pues muy poco se ha hecho al respecto. Por el contrario, han optado por una simplificación banal: «la minería ilegal está relacionada con el narcotráfico».
La gobernanza criminal en la minería es un punto ciego para el Gobierno. Ni siquiera se la menciona en los discursos públicos de los principales voceros del sector seguridad, peor aún en los documentos oficiales, sostiene en su artículo y explica que “La gobernanza criminal es un fenómeno sociopolítico que guarda una relación simbiótica con la gobernanza estatal. Ocurre cuando los grupos criminales controlan gobiernos locales, poblaciones y territorios, pero sin sustituir al aparato estatal; más bien aprovechándose de sus recursos, de sus funcionarios e instituciones para imponer sus propias reglas”.
De allí que mientras el Estado lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal gana terreno en el Ecuador, con la complicidad y participación directa de autoridades locales en las zonas donde se evidenciado este fenómeno.
El Ecuador hoy por hoy sufre los efectos de todas estas amenazas juntas; pero las autoridades no las están combatiendo de manera integral sino focalizada, aunque las autoridades saben que están relacionadas; el director del CIES, Fausto Cobo por ejemplo, en declaraciones a la prensa en febrero de este señaló que están relacionados los operativos contra minería ilegal con la inseguridad; hay una relación de esta problemática con la criminalidad y la inseguridad en Ecuador dijo Cobo y afirmó que el narcotráfico ha financiado campañas políticas.
“Hay que decirle al país que esta amenaza que es por diferentes vectores en líneas convergentes contra la república,“ dijo Fausto Cobo.
Sin embargo, la lucha contra el narcotráfico copa, en este momento, todos los esfuerzos de la fuerza pública (Policía Nacional y FF.AA) que se manifiestan con amotinamientos y matanzas entre internos en las cárceles del país; y en los últimos días con atentados explosivos dirigidos contra la policía y la sociedad civil; solo entre el martes 1 y el jueves 3 de noviembre se registraron más de una docena de atentados con explosivos en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Mientras tanto, hay evidencias detectadas por los propios miembros de fuerzas armadas y policía nacional, que custodian el sector de Buenos Aires en la provincia de Imbabura, de que la actividad minera ilegal ha vuelto al sector.
El pasado 28 de agosto de este año, un nuevo hallazgo de material minero fue identificado en un sector de Buenos Aires. Un posible campamento ilegal con insumos y materiales para la extracción de minerales con 64 sacos de material aurífero y 50 sacos más de material aurífero triturado. Incluso, se halló una piscina de sedimentación y fueron confiscadas palas, picos, barras y combos. Cuatro taladros y dos motores de generación eléctrica también fueron decomisados, reseña diario El Comercio el 28 de agosto (Redes de minería ilegal continúan operando en Buenos Aires de Imbabura - El Comercio.)
Los ataques con explosivos de mafias narco delictivas cada vez aumentan en el país. Según las estadísticas oficiales, en el Ecuador durante 2022, se han reportado ya más de 200 atentados con artefactos explosivos, cuya gran mayoría proviene de la actividad minera ilegal, que requiere de explosivos.
Es por ello que Luis Córdova-Alarcón, Coordinador del programa de Investigación, Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, sostiene en un artículo publicado a mediados de septiembre de este año, en el portal electrónico Plan V, que “Mientras la narrativa de la narcoviolencia coloniza la opinión pública, la gobernanza criminal se consolida alrededor de la minería. Las autoridades no parecen alarmadas por este fenómeno, pues muy poco se ha hecho al respecto. Por el contrario, han optado por una simplificación banal: «la minería ilegal está relacionada con el narcotráfico».
La gobernanza criminal en la minería es un punto ciego para el Gobierno. Ni siquiera se la menciona en los discursos públicos de los principales voceros del sector seguridad, peor aún en los documentos oficiales, sostiene en su artículo y explica que “La gobernanza criminal es un fenómeno sociopolítico que guarda una relación simbiótica con la gobernanza estatal. Ocurre cuando los grupos criminales controlan gobiernos locales, poblaciones y territorios, pero sin sustituir al aparato estatal; más bien aprovechándose de sus recursos, de sus funcionarios e instituciones para imponer sus propias reglas”.
De allí que mientras el Estado lucha contra el narcotráfico, la minería ilegal gana terreno en el Ecuador, con la complicidad y participación directa de autoridades locales en las zonas donde se evidenciado este fenómeno.
Desarrollo humano, productivo y mitigación
del cambio climático en la minería peruana
Escribe: César Reyna Ugarriza, jefe de relaciones comunitarias, Macusani Yellowcake
Noviembre 6 de 2022.- Nota de redacción: Para Vía Minera es motivo de orgullo reproducir el Trabajo ganador en el área Legal y Tributario en el Foro TIS, PERUMIN 35, presentado por nuestro colaborador César Reyna y publicado originalmente en la revista Minería, órgano del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Lo hacemos por tratarse de una experiencia peruana que muy bien puede ser replicada en cualquier país minero y porque la sección de recomendaciones atañe casi exclusivamente a la realidad peruana, omitimos la parte final de la propuesta.
Resumen
A través de la implementación del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), introducido en el ordenamiento legal en 2008, se permite que cualquier empresa privada, de manera individual o en consorcio, pueda financiar, implementar y brindar mantenimiento a proyectos de inversión pública –que ayuden a reducir a la brecha en infraestructura– con cargo hasta el 50% del pago de su Impuesto a la Renta de Tercera Categoría por año.
Si bien por medio del mecanismo se ha podido cubrir una fracción de las demandas de la población en materia de infraestructura, cuyo déficit sigue siendo bastante alto(1), es necesario considerar una mejor asignación de los recursos del canon minero generado por las empresas del sector hacia importantes objetivos actuales, tales como la generación de desarrollo humano, el aumento de la productividad y la mitigación del cambio climático.
Se cree que las empresas mineras podrían contribuir mucho o enormemente para afrontar tres de los grandes desafíos que presenta la humanidad.
Este cambio de orientación, requiere indudablemente, de una modificación normativa que no implicaría suprimir el mecanismo de OxI, sino por el contrario, complementarlo, sobre todo viendo los resultados obtenidos a lo largo de su aplicación, esto con la única finalidad de impulsar acciones concretas para cerrar brechas sociales de manera efectiva, generar mayor prosperidad en el país y mitigar o controlar los indeseados efectos del cambio climático.
La modificación propuesta es viable, según los argumentos y resultados obtenidos, y supone introducir algunos cambios que deben ser debidamente evaluados de manera intersectorial –por los diferentes ministerios– y en los distintos niveles de gobierno, tanto central, regional como distrital. Esto podría generar importantes incentivos económicos para actuar de manera más efectiva, rápida y concertada entre sector público y privado en áreas clave para alcanzar el bienestar colectivo y la conserva ción del ambiente, máxime si se sabe que estos factores se encuentran íntimamente relacionados.
Introducción
En la actualidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas exigen que los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil asuman un conjunto de metas globales concretas destinadas erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para las generaciones presentes y futuras. Esta ambiciosa agenda se sintetiza en los ODS, y prácticamente todos guardan estrecha relación con la propuesta de reforma del mecanismo de OxI. De ahí la necesidad de considerarla y discutirla ampliamente en los espacios de deliberación pertinentes para determinar su viabilidad legal y mejor forma de aplicación.
Con respecto al cambio climático, el International Council on Mining & Metals (ICMM), advirtió que: “El cambio climático es una de las amenazas más serias a las que se enfrentan las sociedades, las economías y el medio ambiente en todo el planeta. Un clima cambiante genera asimismo desafíos significativos para la industria minera y metalúrgica. Estos riesgos incluyen los daños que pueden sufrir las infraestructuras como consecuencia de las inundaciones y tempestades, la interrupción del transporte, que afecta a la fiabilidad de la cadena de suministro, y una competencia creciente por recursos sensibles al clima, como el agua y la energía. Desde un punto de vista más general, los efectos del cambio climático están afectando a la salud humana, el rendimiento de los cultivos, la disponibilidad de agua y los asentamientos humanos” (ICMM, 2022).
Ahora bien, la sostenibilidad del sector minero a nivel mundial depende en gran medida de lograr la competitividad de sus proyectos en el mercado y la sociedad con bajas emisiones de carbono, pero esta reducción no debería centrarse exclusivamente en las emisiones de gases de efecto invernadero directamente ligadas a las producidas por sus operaciones, sino también a otros factores o elementos que contribuyen a deteriorar las condiciones ambientales.
De lo anterior, se busca tratar aquellas alteraciones que no se encuentran relacionadas o ligadas con el desarrollo de las actividades extractivas. Ello conlleva a realizar estudios científicos multidisciplinarios y realmente participativos –que logren involucrar a todas las partes interesadas– sobre las distintas causas y efectos del cambio climático, en particular sobre la región andina, donde por ejemplo, se ubican importantes glaciares y nevados, y donde también muchas empresas multinacionales desarrollan actividades.
En la actualidad varias compañías han concentrado sus acciones en asegurar la disponibilidad del recurso hídrico (agua dulce) para ayudar a las comunidades vulnerables a adaptarse a las consecuencias del cambio climático (son los casos de compañías como Buenaventura, Cerro Verde, Barrick, entre otras). Pero esta responsabilidad, asumida particularmente en el ámbito de su área de influencia, podría potenciarse aún más si las empresas contaran con los incentivos adecuados para incidir de manera más directa y efectiva sobre el desarrollo socioeconómico sostenible de las comunidades de su entorno y, a la vez, puedan contribuir más eficazmente en la tarea de controlar los efectos del cambio climático.
Dado que varias empresas han optado por recircular el agua y desalinizar la de mar que utilizan en sus procesos, es probable que no sufran significativamente una menor disponibilidad del recurso hídrico que proviene de las cuencas altoandinas. Si bien no se descarta un impacto económico del cambio climático sobre el sector, su acceso a diversas tecnologías y la implementación de procesos más eficientes limitaría su impacto sobre la industria.
Por ello, es de esperar que el sector minero se encuentre mejor posicionado o en ventaja con respecto a otros actores como las comunidades que se encuentran en las áreas de influencia de sus proyectos.
En el caso peruano, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha promovido entre sus agre miados el uso eficiente del agua y la protección de la biodiversidad. Asimismo, ha incentivado prácticas como la forestación, reforestación y el uso de matrices energéticas limpias y sostenibles.
Adicionalmente, a nivel gubernamental, el Ministerio del Ambiente peruano, a través del Decreto Supremo Nº 011–2015 — MINAM, aprobó en 2015 la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático. Esta norma dispuso una serie de medidas destinadas a reducir las emisiones de efecto invernadero por parte de las empresas privadas del sector minero.
En esa línea, la regulación nacional obliga a considerar la variable del cambio climático en los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) a través de la normativa minera. Ello ha generado la inclusión de lineamientos sobre la adaptación al cambio climático dentro de dicho instrumento de gestión ambiental. Por ello, las empresas mineras deben considerar en sus EIA el impacto de sus operaciones en la generación de gases de efecto invernadero y establecer mecanismos adecuados para reducirlos.
Asimismo, las compañías deben precisar su huella de carbono y huella hídrica. Los referidos lineamientos también señalan que debe determinarse el impacto que tendrá el cambio climático en las actividades mineras. Las empresas, por tanto, deben establecer cómo afectará a sus operaciones y cómo planean afrontar dicho escenario.
Empero, estas exigencias u obligaciones legales, e incluso algunas acciones voluntarias y responsables de las compañías, no parecen ser suficientes para reducir los efectos que el cambio climático presenta en lo inmediato y a futuro.
Por tanto, hay mucho trabajo por hacer por parte del Estado, las empresas privadas y la sociedad civil en general. Ello no impide que las compañías mineras sigan realizando esfuerzos y mejoras continuas en la reducción de sus emisiones, o implementando programas innovadores que sigan contribuyendo a la revegetación y reforestación.
Por otro lado, un desafío adicional consiste ampliar los objetivos del mecanismo de OxI para que pueda contribuir eficazmente al desarrollo a nivel local. Esto no ha sido realmente posible debido a que se ha concentrado en la ejecución de obras de infraestructura pública (construcción de sedes de colegios, hospitales, carreteras, puentes, represas, etc.), pero no en la generación de desarrollo humano integral ni en el aumento sostenido de la productividad.
Es por ello que se plantea en esta investigación cómo o de qué manera las empresas podrían realizar acciones más significativas y, además, qué tipo de incentivos o marcos regulatorios necesitan para alentar sus esfuerzos de cara a la generación de desarrollo humano, productivo, y cómo podrían aportar más eficazmente en la mitigación de los impactos del cambio climático.
Objetivos
Entre los objetivos de la investigación tenemos los siguientes:
a) Justificar los cambios que se requiere a nivel normativo para ampliar los alcances del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) para que pueda convertirse en un instrumento capaz de impulsar el desarrollo humano, productivo y contribuya a mitigar los efectos del cambio climático.
b) Elaborar la redacción alternativa de las secciones y artículos pertinentes de la Ley Nº 29230, Ley que Impulsa la Inversión Regional y Local con Participación del Sector Privado, para que los cambios normativos planteados puedan implementarse.
c) Precisar la relación de beneficios que obtendría el Estado, la empresa privada y la sociedad de producirse las modificaciones propuestas en la investigación.
Metodología de trabajo
El presente trabajo parte de la revisión del marco jurídico vigente en materia de Obras por Impuestos (OxI), el análisis de la aplicación del mecanismo en la práctica, y la evaluación de los ajustes legales y técnicos que se requieren para abordar las necesidades del presente y del futuro, en aras de optimizar la ejecución de los recursos públicos.
Base legal
A continuación, se presenta el marco legal vigente sobre el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI):
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión regional y local con participación del sector privado. Decreto Supremo Nº 294-2018-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29230, publicado el 16.12.2018.
Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley Nº 29230, Decreto Supremo Nº 295-2018-EF aprueba TUO del Reglamento de la Ley Nº 29230, publicado el 16.12.2018.
Decreto Legislativo 1534, que modifica la Ley Nº29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, y Dispone Medidas para Promover la Inversión Bajo el Mecanismo de Obras por Impuestos, publicado el 19 de marzo de 2022.
Decreto Legislativo 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Decreto Supremo 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
Resolución Directoral 001-2018-EF/68.02, que aprueba los Documentos estandarizados establecidos en la primera disposición complementaria final del Texto Único Ordenado (TUO) del Reglamento de la Ley 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, aprobado por el Decreto Supremo 295-2018-EF.
Directiva 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Decreto Supremo 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 1252.
Resolución de la Contraloría 148-2016-CG, que aprueba la Directiva 012-2016-CG/GPROD, para la emisión de informe previo establecido por el literal l del artículo 22 de la Ley 27785.
¿Cómo funciona el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI)?
El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) fue establecido en Perú en 2008 mediante la Ley N° 29230, pero su implementación no fue hasta un año después, es decir, en 2009.
Según ProInversión, este innovador mecanismo agiliza la inversión pública en infraestructura, en la cual el sector público trabaja en cooperación con el sector privado pues, este último invierte (a costo financiero cero para el Estado) en la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP) a través de la suscripción de convenios entre entidades privadas con el gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas.
Una vez concluida la ejecución de la obra, la recuperación del monto invertido por la empresa privada se da mediante los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) o Certificados de Inversión Pública del Gobierno Nacional (CIPGN) provenientes del canon y sobrecanon, regalías, con cargo futuro al Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, y con un tope máximo de 50% de dicho tributo correspondiente al ejercicio anterior.
Si bien el Estado deja de percibir monetariamente una de sus fuentes de ingreso, como es el Impuesto a la Renta de las empresas, esta sinergia le permite liberar recursos que pueden ser usados para ejecutar diversos proyectos, en particular para acelerar la construcción de carreteras, caminos vecinales, hospitales, centros educativos, pistas, veredas, obras de saneamiento, albergues y puentes que aportan al crecimiento y desarrollo de distintas localidades.
Importancia del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI)
A la fecha, el sector minero-energético ha comprometido montos superiores los S/. 3 mil millones en OxI, según Darío Zegarra, presidente de la Alianza de Obras por Impuestos (Aloxi), una asociación civil sin fines de lucro conformada por diversas empresas que emplean este mecanismo para reducir la gran brecha de infraestructura en el país (Proactivo, 2022).
Agregó que existen 463 proyectos adjudicados y 21 millones de beneficiados a nivel nacional, gracias a este instrumento de carácter altamente descentralizador.
“Actualmente somos 129 empresas privadas que hemos colaborado con este importante mecanismo”, remarcó el titular de Aloxi (Proactivo, 2022).
Zegarra destacó “que las empresas del sector minero energético son las principales contribuyentes de este mecanismo en los distintos territorios. De los 6,200 millones, el 51% (3,191 millones) pertenecen al sector minero energético. El 90% de los proyectos de OxI son descentralizados” (Proactivo, 2022).
Zegarra refirió “que existe una oportunidad para extender la utilización del mecanismo de Obras por Impuestos en la ejecución de inversiones de optimización, ampliación, rehabilitación y reposición de infraestructura (IOARR). Una alternativa interesante” (Proactivo, 2022).
“Las IOARR son un mecanismo que nos permite hablar no solo de infraestructura nueva, sino de infraestructura existente que puede ser mejorada. Y además vemos una gran oportunidad porque son inversiones de bajar complejidad”, apuntó (Proactivo, 2022).
Finalmente, el presidente de Aloxi, remarcó que actualmente hay más de 14 mil 800 millones disponibles para trabajar en Obras por Impuestos. “Solo considerando el 50% del impuesto a la renta de las principales empresas que pagan este impuesto, tenemos más de 6,700 millones de soles disponibles” (Proactivo, 2022).
Ahora bien, “desde su creación en 2009 hasta abril de este año, las inversiones por Obras por Impuestos vienen acumulando montos por 11,927 millones de soles que corresponde a una cartera de 963 proyectos, que incluye obras concluidas, en ejecución, adjudicadas y en promoción” (Meneses, 2022).
“Este último (rubro) es el que tiene proyectos con más presencia en esta cartera (52%) con 502 proyectos valorizados en 5,675 millones de soles” (Meneses, 2022).
“Entre 2009 al 2022, Cusco lidera el mayor número de Obras por Impuestos con 213 proyectos valorizados en 2,279 millones de soles, le siguen Arequipa con 102 (1,522 millones de soles), Cajamarca 93 (586 millones de soles) y Áncash 84 (1,457 millones de soles)” (Meneses, 2022).
“En tanto, solo para el 2022 la cartera de proyectos de Obras por Impuestos asciende a 180 millones de soles con un total de 19; no obstante, el IEDEP estima que al finalizar en el año 64 obras valorizadas en 800 millones de soles que podrían recibir la buena pro bajo este mecanismo, convirtiéndose en el tercer monto más alto desde la existencia de esta modalidad en 2009” (Meneses, 2022).
“Los sectores de mayor importancia son Educación (18), Orden Público (11) y Transporte (10)” (Meneses, 2022).
Por su parte, “las universidades públicas cuentan con un potencial de 725 millones de soles para ejecutar proyectos de inversión mediante la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), según el tope de emisión de los certificados de inversión pública regional y local (CIPRL), establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión)” (El Peruano, 2022).
En lo que respecta al canon minero y regalías, “los gobiernos regionales y locales recibieron 40,000 millones de soles por concepto de canon y regalías entre los años 2011 y 2020 como producto de las actividades productivas del sector minero en el país” (Andina, 2021), esto según la SNMPE. “Del monto total, 30,371 millones de soles correspondieron a canon minero y 9,619 millones de soles a regalías mineras” (Andina, 2021).
En ese orden de ideas, “entre los años 2011-2020, en promedio, el 22% de los presupuestos de los gobiernos subnacionales (regionales y locales) fue financiado con los recursos provenientes de dichas transferencias” (Andina, 2021).
“La SNMPE, indicó que -en los últimos 10 años- los gobiernos regionales y municipales que reciben canon y regalías mineras, han ejecutado en promedio el 61% de los recursos presupuestados con estos fondos” (Andina, 2021).
Dada la difícil coyuntura económica por la que atraviesa el país, el mecanismo OxI representa uno de los pocos factores que pueden impulsar y dinamizar el crecimiento, además de la inversión en minería, por lo que se debe asegurar la ejecución y mantenimiento de los proyectos de inversión pública en infraestructura para promover el empleo en el sector de servicios y construcción, así como generar nuevos ingresos, con el fin de dotar a distintas jurisdicciones de mejores condiciones de vida a través de la ejecución de Obras por Impuestos.
La deficiente ejecución presupuestal de los gobiernos subnacionales como oportunidad para redirigir recursos hacia otras metas como el desarrollo humano, aumentar la productividad y combatir los efectos del cambio climático
De acuerdo con Darío Zegarra, presidente de Aloxi, “en los últimos 5 años se ha dejado de gastar más de S/142,900 millones” (Proactivo, 2022). Es decir, se dejan de ejecutar recursos por el orden del 40% del presupuesto anual de las regiones en promedio. De ahí que parte de esos recursos podrían ser asignados a objetivos o metas tan o más importantes como los planteados en el título de esta sección y no solo a la reducción de la brecha en infraestructura pública.
En torno “al uso de estos recursos por parte de los gobiernos subnacionales, - la SNMPE sostuvo- que, en el promedio general, aproximadamente el 50% de lo ejecutado corresponde a proyectos de transporte, planeamiento y educación; y que, en algunas regiones, esta priorización de gasto no tiene un correlato con las brechas sociales y de infraestructura” (Andina, 2021).
En ese sentido, resulta relevante focalizar la inversión y mejorar la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos (del canon y regalías). Existe, evidente mente, una muy baja efectividad y eficiencia en la gestión presupuestal de los recursos que provienen del desarrollo de las actividades mineras.
Por ello, se plantea la modificación de la Ley Nº 29230, en la que incluso se podría establecer la habilitación de un fideicomiso para administrar mejor los fondos con énfasis en el desarrollo territorial, lo que implica, necesariamen te, el desarrollo de competencias, habilidades, destrezas y capacidades a nivel local. Esto se realizaría mediante la capacitación a docentes, tanto de educación escolar como técnica y universitaria, y a través de la contratación de personal sanitario y administrativo calificado en zonas donde se precisan mayores inversiones sociales por el déficit de atención.
Un enfoque de desarrollo integral debe estar orientado a potenciar el recurso humano al igual que la promoción de actividades productivas y las potencialidades que puede ofrecer un determinado territorio en materia agropecuaria, acuícola, forestal, turística, etc. El centro de todo avance o progreso social radica esencialmente en el incremento de capacidades intelectuales y productivas de los individuos que habitan un territorio, por ende, corresponde invertir en el mejoramiento de los servicios de salud, educación, agua potable y riego con fondos priorizados del canon y regalías con mayor celeridad y efectividad.
No se puede esperar una mejor administración y distribución del canon y las regalías mineras si el personal administrativo (funcionarios y servidores públicos) de los gobiernos subnacionales no se encuentran debidamente preparados para asumir diversas funciones y gestionar mayores recursos. Por ende, esto solo puede lograrse mediante la inversión en el fortalecimiento institucional, que pasa necesariamente por la forma ción y capacitación del personal de los gobiernos regionales y locales. Por ese motivo deben reorientarse los recursos del canon y las regalías para generar y mejorar las capacidades de quienes atienden directa o indirectamente las demandas y necesidades de la población.
¿Por qué debe ser modificado el mecanismo de Obras por Impuestos?
La Guía Metodológica del Mecanismo de Obras por Impuestos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2020) señala que “existe suficiente evidencia acerca del impacto positivo del desarrollo de infraestructura y servicios públicos sobre el crecimiento económico (medido con el aumento en la productividad, conectividad a nivel local con los mercados externos y creación de empleo) y el desempeño social (medido con indicadores de reducción de pobreza y una distribución equitativa del ingreso)”.
Lo que se ha avanzado en el país gracias al mecanismo de OxI ha permitido la implementación de interesantes proyectos en transporte, electrificación rural, telecomunicaciones, agricultura y riego, además de infraestructura en agua y saneamiento (represas, acueductos, canales de irrigación, etc.(. La cartera de proyectos abarca también la construcción de infraestructura en salud y educación.
Sin embargo, la provisión de infraestructura básica no es totalmente determinante para la prestación de servicios de calidad en los lugares donde se ha ejecutado debido a que se requiere algo más que locales y equipos para que funcione realmente un hospital, posta médica o colegio, por citar algunos ejemplos, toda vez que son sistemas de gestión, organizaciones o instituciones las que ponen en funcionamiento efectivamente los servicios de salud y educación.
Dicho de otro modo, la infraestructura por si sola no basta para atender necesidades sanitarias si los centros de salud no cuentan con médicos, enfermeras, técnicos, personal de apoyo logístico, chóferes de ambulancia, etc., así como contar con el presupuesto operativo correspondiente y tener procedimientos administrativos claros y efectivos.
Lo mismo ocurre con los centros educativos, pues las sedes donde se imparten clases a los estudiantes -que son las que se construyen gracias al mecanismo de OxI-, no son suficientes para brindar lecciones y aprendizajes de calidad, ya que se requiere, principalmente, de profesores calificados, directores, psicólogos, etc. Esto es, el componente profesional y técnico humano que permite la prestación efectiva del servicio.
Esto implica que, aun cuando es importante contar con una infraestructura moderna, completa y segura, tanto o mucho más importante es contar con la dotación de personal adecuado y los recursos o fondos necesarios para solventar la provisión de servicios de calidad.
Cerrar brechas en infraestructura está muy bien, pero falta lo más relevante: el factor o componente humano (capital humano) que es capaz de utilizar la infraestructura y equipamiento en beneficio de grandes sectores de la sociedad, especialmente los más vulnerables.
De modo que, para aprovechar eficazmente los recursos provenientes del canon minero, cuyo monto se incrementa cada vez que suben los precios de diversos metales, debe pensarse en otros mecanismos que permitan la participación del sector privado en el desarrollo de competencias humanas y capacidades productivas, toda vez que son las únicas que aseguran el mejoramiento de la calidad de vida y el crecimiento sostenido de la economía, siempre que sea responsable.
En ese sentido, se debe pasar de un modelo de inversión/gasto orientado hacia la construcción y mantenimiento de grandes infraestructuras públicas, hacia uno dirigido a la prestación efectiva de servicios públicos por medio de la promoción del desarrollo humano y productivo, y esto se logra, esencialmente, con la contratación de personal calificado, tanto médicos como docentes de primer nivel para atender las necesidades sanitarias y educativas, para así poder cerrar brechas de manera efectiva y ofrecer las mismas oportunidades para todos.
Reducir brechas socioeconómicas consiste básicamente en diseñar e implementar programas que generen igualdad en las condiciones iniciales –o de partida– para todos. Esto es, que cada persona, sin importar su condición social y/o ubicación geográfica, pueda acceder a servicios básicos de calidad, fundamentalmente en lo concerniente a la salud y educación, con el fin de que pueda desarrollar su potencial humano en base a su pro pio esfuerzo y dedicación.
Pero para que ello suceda, el cambio que se requiere demanda algunos ajustes o reformas en los mecanismos existentes que permiten la atención de necesidades sociales –como la de infraestructura– mediante la ejecución de recursos públicos.
En ese orden de ideas, lo que se plantea es que el Estado no coloque todos los huevos en una sola canasta –en lo que al destino de los recursos públicos del canon minero se refiere–, sino que diversifique la asignación de recursos entre fines posiblemente superiores o complementarios como la inversión en la generación de capital humano y la mitigación del cambio climático.
Ello no implica descuidar la inversión en infraestructura, habida cuenta del gran déficit que presenta el país en dicho rubro, sino en destinar parte de los recursos públicos (Impuesto a la Renta de Tercera Categoría), en este caso los ejecutados por el sector privado, a objetivos centrales como el desarrollo humano y la necesidad de hacer frente a las consecuencias de la elevación de la temperatura en el planeta.
¿Qué se entiende por desarrollo humano?
El desarrollo humano es un proceso por el que las sociedades experimentan mejoras sustantivas en las condiciones de vida de sus ciudadanos por medio del aumento de los bienes y servicios con los que se suele atender sus necesidades básicas y complementarias, y de la existencia de un ambiente en el que se respeten y protejan los derechos humanos.
Al respecto, “El PNUD (1990) define el desarrollo humano como un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de las personas; estas oportunidades son diversas y pueden cambiar en el tiempo, pero las más esenciales para cualquier nivel de desarrollo son: una vida prolongada y saludable, el acceso a la educación y disponer de los recursos para disfrutar de un nivel de vida de cente; otras oportunidades que valoran los individuos son las libertades políticas, económicas y sociales, el respeto de los derechos humanos, la posibilidad de ser creativo y productivo, el respeto a sí mismo, entre otras” (Rosales, 2017).
Desarrollo Humano por Impuestos
Se parte de la premisa de que no basta ejecutar obras de infraestructura para cerrar, eliminar o reducir brechas sociales (socioeconómicas) si se olvida o descuida el desarrollo de capacidades entre la población vulnerable para generar capital humano. El Banco Mundial (BM), define que “el capital humano comprende los conocimientos, las habilidades y la salud que las personas acumulan a lo largo de su vida y que les permiten desarrollar su potencial como miembros productivos de la sociedad” (Banco Mundial, 2018).
Lo que se plantea en términos sencillos es que parte de los impuestos que pagan las empresas generadoras de renta de tercera categoría se destine al diseño, financiamiento e implementación de proyectos, planes y y/o programas orientados a desarrollar habilidades productivas, aumentar competencias educativas y mejorar la empleabilidad de las personas, en particular aquellas ubicadas en zonas donde se encuentran los proyectos extractivos.
A través de este mecanismo se busca formar o fortalecer competencias educativas entre estudiantes de primaria y secundaria, competencias académicas para universitarios e inscritos en carreras técnicas, capacidades laborales para trabajadores calificados o no calificados, y, finalmente, competencias en materia de gestión empresarial para aquellos que incursionen o deseen hacerlo en emprendimientos productivos. Esto debido a que la única manera de aprovechar realmente los recursos que genera la actividad privada, en especial la minería, es mediante la formación y generación de capital humano.
Entonces, si se incrementan los conocimientos y destrezas de la población, se podrá gestionar mejor el presupuesto público que administran gobiernos distritales, provinciales y regionales, así como el canon minero y regalías, ya que estas instituciones contarán con personal debidamente calificado.
Nótese que el déficit que caracteriza a estas entidades es principalmente en materia de gestión pública, lo que imposibilita el desarrollo y más bien estimula o fomenta la corrupción. Se considera que de ese modo se generarán nuevos liderazgos locales que permitan la atención de las grandes necesidades de la población.
Este mecanismo podría aplicarse para promover, por ejemplo, oportunidades de negocio y distintas actividades empresariales de manera que los emprendedores locales, una vez capacitados gracias a programas financiados por el nuevo mecanismo de Desarrollo Humano y Productivo por Impuestos (DHPxI), se conviertan en proveedores calificados de municipios y compañías con la finalidad de obtener contratos como los de construcción de obras de infraestructura pública y privada. De esa forma, no solo crecería el empleo a nivel local, sino que los recursos generados se redistribuirían en la propia localidad.
Entre los beneficios potenciales de su implementación se presentan los siguientes:
a) La disminución progresiva de brechas sociales en materia de capacidades humanas entre zonas rurales y urbanas (ciudades modernas) en educación, productividad, empleabilidad, salud, etc.
b) La reducción de la corrupción en la gestión pública debido a la existencia de ciudadanos comprometidos realmente empoderados y capaces de administrar y supervisar mejor la asignación de recursos públicos.
c) La generación de liderazgos locales y un cuerpo de burócratas competentes que mejoren el desempeño o performance de las entidades públicas.
d) La dinamización de la economía local al fomentar la generación de empresas competitivas gerenciadas o dirigidas por emprendedores locales capacitados por medio de este mecanismo.
e) La elevación o aumento del índice de desarrollo humano (IDH), así como del nivel de satisfacción de la población con respecto a su futuro.
f) Incrementar la competitividad del país al generar más y mejor capital humano en distintas localidades, lo que originaría un crecimiento económico sostenido (esta herramienta promovería la disminución de la pobreza y el acceso a mejores oportunidades).
g) Complementaría al mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), las Asociaciones Público Privadas (APP) y la obra pública realizada por el Estado, ya que el limitado avance en el cierre de brechas de infraestructura se fundamenta en la falta de capacidad de gestión de los gobiernos locales, provinciales y regionales.
El desarrollo que se intenta proveer por medio del mecanismo de Desarrollo Humano y Productivo por Impuestos (DHPxI) debe ser medible o cuantificable a través de indicadores estandarizados sobre el impacto real de los programas educativos en la población escolar, la efectividad de los cursos de capacitación orientados a mejorar la empleabilidad de los trabajadores, la idoneidad de los cursos que aumenten las competencias entre los estudiantes universitarios y de institutos técnicos, etc. (esto sería realmente factible ya que solo es cuestión de adaptar algunos indicadores existentes en dichos ámbitos).
Naturalmente este cambio representa un gran desafío para la fiscalización gubernamental que debe velar por la correcta utilización de recursos del fisco por parte de actores privados. Sin embargo, es posible introducir instrumentos similares a los que se emplean en el mecanismo Obras por Impuestos con las particularidades y salvedades del caso.
A manera de ejemplo se puede reportar como inversión en capacidades educativas, productivas y/o laborales los montos destinados al financiamiento de cursos, talleres, seminarios, programas, etc., así como los recursos empleados en el seguimiento y medición del impacto efectivo de los mismos. La supervisión en este último caso estaría en manos del Estado para asegurar la adecuada asignación de los recursos y el logro de los objetivos inicialmente trazados en el proyecto.
Es pertinente que, al tratarse del desarrollo de capacidades humanas, el mecanismo sea lo suficientemente flexible toda vez que su mejora constante precisa de la retroalimentación necesaria que brinda la ejecución del propio instrumento. Es decir, seguramente se requerirá de algunos ajustes en el camino hasta que el programa sea total o realmente eficaz. Por ello, es recomendable empezar con algunos programas piloto para verificar o validar su eficacia sobre el terreno, esto con el fin de que se tenga suficiente información (data) para diseñar o rediseñar los programas que posteriormente se habiliten.
Desde luego no se trata de una tarea sencilla, ya que demandará tiempo y esfuerzo poder concebir un mecanismo semejante; pero puede ser una buena iniciativa para avanzar más allá de la obra pública ejecutada por agentes privados.
¿Qué es el cambio climático?
Según Naciones Unidas, “el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar.
Pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principal mente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas.
La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del sol y elevando las temperaturas.
Algunos ejemplos de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Estos proceden del uso de la gasolina para conducir un coche o del carbón para calentar un edificio, por ejemplo. El desmonte de tierras y bosques también puede liberar dióxido de carbono. Los vertederos de basura son una fuente importante de emisiones de metano. La energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y el uso del suelo se encuentran entre los principales emisores” Naciones Unidas (2020).
Cambio Climático por Impuestos
El calentamiento global, entre otros muchos efectos que produce, acrecienta los fenómenos climáticos extremos –inundaciones y sequías, olas de calor y de frío–, empeora los procesos de desertificación y erosión, e implica una pérdida pronunciada de biodiversidad. La mayoría de la comunidad científica y las principales organizaciones internacionales atribuyen la tendencia al calentamiento global –observada desde mediados del siglo XX– a las actividades humanas, especialmente las productivas, que producen el denominado “efecto invernadero”.
Esto significa que el calentamiento global se produce cuando la atmósfera terrestre captura el calor que se irradia desde el planeta hacia el espacio.
En el caso del mecanismo de Cambio Climático por Impuestos (CCxI), su diseño se justifica debido a que –a través de este– se estimularían mejores respuestas o acciones por parte del sector privado, en particular de empresas extractivas. De modo que si se autorizara la disposición de parte de los impuestos que actualmente pagan para combatir los efectos del cambio climático, surgirían nuevas y mejores iniciativas orientadas hacia dicho fin.
De lo que se trata en el fondo es permitir que las empresas puedan usar su experiencia, tecnología y capacidad organizativa y planificadora para abordar un problema de alcance mundial.
La creación de esta modalidad no implica aumentar el margen actual del que disponen las compañías para cumplir con sus obligaciones tributarias, que es del orden del 50% del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio anterior.
Por medio del mecanismo, cabe reiterar, se le permite a un grupo de contribuyentes adelantar el pago correspondiente “al Impuesto a la Renta para financiar y ejecutar directamente, de forma rápida y eficiente, proyectos de inversión pública que los gobiernos subnacionales y las entidades del gobierno nacional priorizan”, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
A través de este instrumento no se busca que las empresas controlen o mitiguen los impactos de los que son causantes o responsables, sino que diseñen y ejecuten acciones concretas destinadas a eliminar y/o reducir los efectos del cambio climático que no guardan relación con sus operaciones o actividades. En otras palabras, concretar una acción público-privada que busca un objetivo muy concreto: adoptar medidas –con recursos a cuenta del Impuesto a la Renta–, con el fin de generar sinergias que potencien el combate y reducción de los gases de efecto invernadero, entre otras medidas destacables.
Esto se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sobre todo el 17, ya que establece la formación de acuerdos para lograr, precisamente, los objetivos trazados por Naciones Unidas y la comunidad internacional.
Entre los programas que podrían financiarse con este mecanismo se contemplan los siguientes:
a) Estudios científicos: que precisen gobiernos locales, provinciales y regionales para actuar y tomar decisiones sobre esta problemática.
b) Agua: se refiere al diseño y ejecución de obras que aseguren la disponibilidad del recurso hídrico.
c) Calidad del suelo: se trata de medidas pensadas para evitar la erosión del suelo y la presencia de sequías (también comprende estudios y medidas sobre el subsuelo).
d) Energía: se busca utilización de sistemas o fuentes alternativas y renovables en zonas rurales, ciudades e instituciones públicas.
e) Campañas de sensibilización: se emplean para difundir conocimientos, información y mejores prácticas sobre las acciones que las personas y diversos colectivos pueden adoptar para combatir los efectos del cambio climático.
f) Deshielo: se refiere a estudios y acciones dirigidas a controlar la desglaciación en nevados altoandinos.
g) Biodiversidad: se trata de la elaboración de un inventario de especies afectadas o potencialmente afectadas, y adoptar medidas que conserven los ecosistemas de los que dependen.
Conclusiones
A continuación, se presentan las conclusiones del trabajo de investigación:
1.Para lograr una mayor exigencia y asimilación de prácticas que reduzcan efectivamente el efecto del calentamiento global se considera necesario pensar en la habilitación de incentivos económicos que vayan más allá del compromiso inicial que realizan las empresas, sobre todo aquellas que transparentan su desempeño económico, social y ambiental a través de mecanismos como el Global Reporting Initiative (GRI), por el que implementan acciones que buscan amortiguar su impacto ambiental y generar una buena reputación en sus actividades.
2.Si bien varias empresas se orientan decididamente a mitigar los gases de efecto invernadero —mediante el uso de energías alternativas y renovables o el financiamiento de investigaciones científicas— estas iniciativas aún resultan insuficientes. Esto es, pese a que representar buenas señales de que el sector empresarial, especialmente el minero, ha tomado plena conciencia de su papel como un actor importante del cambio social que se necesita, las empresas saben que la lucha contra el cambio climático demanda o requiere de muchas más acciones concretas.
3.En tal sentido, más allá de incorporar dicha acción en su enfoque de responsabilidad y sostenibilidad corporativa, y de realizar esfuerzos para cuidar el planeta, una tarea de semejante complejidad, naturaleza y envergadura obliga a que, para contar con una mejor participación del sector privado, el Estado debe demostrar mayor iniciativa y capacidad en reconocer que se requiere el concurso de las compañías. Y ello sería posible por medio de la creación de mecanismos como el de Desarrollo Humano y Productivo por Impuestos (DHPxI) y el Cambio Climático por Impuestos (CCxI).
4.Existen un buen número de beneficios tanto para el Estado, la empresa privada y la sociedad civil entre los que se pueden destacar los siguientes:
4.1 Combatir más eficazmente la incidencia o los efectos nocivos del cambio climático.
4.2 Facilitar el uso de recursos públicos a objetivos centrales que han venido siendo descuidados como la generación de capital humano y la prestación de mejores servicios públicos.
4.3 Mejorar la calidad de vida y/o competitividad de las poblaciones ubicadas principalmente en zonas de producción minera en armonía con las políticas y planes de desarrollo estatal.
4.4 Posicionar la imagen del sector privado como social y ambientalmente responsable al poder invertir en proyectos, planes y programas de alto impacto social y ambiental.
4.5 Generar sinergias entre el sector público y privado, de cuya cooperación e integración depende en gran medida alcanzar el ansiado desarrollo y mitigar los impactos negativos del cambio climático.
4.6 Reducir brechas de manera efectiva mediante la generación o potenciación del capital humano a nivel local, en zonas muy vulnerables donde actualmente operan las empresas del sector extractivo.
Recomendaciones
A continuación, se presentan las siguientes recomendaciones:
1.La implementación de la propuesta requiere, entre otras condiciones, de un marco normativo y regulatorio (reglamentario) claro, además de cierta flexibilidad en su aplicación, adecuados mecanismos de supervisión o seguimiento, y la consideración de aspectos ambientales y sociales, toda vez que se precisa la participación activa de la sociedad dentro del ciclo de aprobación de las iniciativas orientadas a ambas finalidades.
2.Esto último supone que deben aplicarse correctamente los procesos de consulta previa y participación ciudadana que correspondan, por ello deben tener un especial énfasis en su formulación inicial para que tengan suficiente legitimación social y sean realmente efectivos.
3.Es importante reconocer el costo de oportunidad en el que incursiona la empresa, pues debe diseñar, organizar y ejecutar el mecanismo en lugar de desarrollar las tareas o actividades que le son propias. Sin embargo, su eficacia organizativa le permite actuar de manera rápida y oportuna sobre un problema que merece inmediata atención mundial.
4.La supervisión de estos mecanismos debe involucrar a actores de la cooperación técnica internacional, entidades multilaterales, universidades, colegios profesionales, partidos políticos, organizaciones indígenas y otros actores de la sociedad civil como ONG, quienes contribuirían en su diseño, idoneidad, seguimiento y posterior perfeccionamiento.
5.Deben establecerse indicadores o parámetros adecuados que posibiliten la medición pertinente de los avances, así como el logro de los objetivos propuestos o planteados en materia de la evaluación de aprendizajes, desarrollo de competencias, habilidades, etc. Es tos pueden construirse sobre la base de los existentes, vale decir, aquellos que versan –actualmente– sobre las variables de cambio climático y desarrollo humano y productivo.
(1)
Según el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad del 2019, el Perú tiene una brecha de S/ 363 mil millones en comparación con países desarrollados.
A través de la implementación del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), introducido en el ordenamiento legal en 2008, se permite que cualquier empresa privada, de manera individual o en consorcio, pueda financiar, implementar y brindar mantenimiento a proyectos de inversión pública –que ayuden a reducir a la brecha en infraestructura– con cargo hasta el 50% del pago de su Impuesto a la Renta de Tercera Categoría por año.
Si bien por medio del mecanismo se ha podido cubrir una fracción de las demandas de la población en materia de infraestructura, cuyo déficit sigue siendo bastante alto(1), es necesario considerar una mejor asignación de los recursos del canon minero generado por las empresas del sector hacia importantes objetivos actuales, tales como la generación de desarrollo humano, el aumento de la productividad y la mitigación del cambio climático.
Se cree que las empresas mineras podrían contribuir mucho o enormemente para afrontar tres de los grandes desafíos que presenta la humanidad.
Este cambio de orientación, requiere indudablemente, de una modificación normativa que no implicaría suprimir el mecanismo de OxI, sino por el contrario, complementarlo, sobre todo viendo los resultados obtenidos a lo largo de su aplicación, esto con la única finalidad de impulsar acciones concretas para cerrar brechas sociales de manera efectiva, generar mayor prosperidad en el país y mitigar o controlar los indeseados efectos del cambio climático.
La modificación propuesta es viable, según los argumentos y resultados obtenidos, y supone introducir algunos cambios que deben ser debidamente evaluados de manera intersectorial –por los diferentes ministerios– y en los distintos niveles de gobierno, tanto central, regional como distrital. Esto podría generar importantes incentivos económicos para actuar de manera más efectiva, rápida y concertada entre sector público y privado en áreas clave para alcanzar el bienestar colectivo y la conserva ción del ambiente, máxime si se sabe que estos factores se encuentran íntimamente relacionados.
Introducción
En la actualidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas exigen que los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil asuman un conjunto de metas globales concretas destinadas erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para las generaciones presentes y futuras. Esta ambiciosa agenda se sintetiza en los ODS, y prácticamente todos guardan estrecha relación con la propuesta de reforma del mecanismo de OxI. De ahí la necesidad de considerarla y discutirla ampliamente en los espacios de deliberación pertinentes para determinar su viabilidad legal y mejor forma de aplicación.
Con respecto al cambio climático, el International Council on Mining & Metals (ICMM), advirtió que: “El cambio climático es una de las amenazas más serias a las que se enfrentan las sociedades, las economías y el medio ambiente en todo el planeta. Un clima cambiante genera asimismo desafíos significativos para la industria minera y metalúrgica. Estos riesgos incluyen los daños que pueden sufrir las infraestructuras como consecuencia de las inundaciones y tempestades, la interrupción del transporte, que afecta a la fiabilidad de la cadena de suministro, y una competencia creciente por recursos sensibles al clima, como el agua y la energía. Desde un punto de vista más general, los efectos del cambio climático están afectando a la salud humana, el rendimiento de los cultivos, la disponibilidad de agua y los asentamientos humanos” (ICMM, 2022).
Ahora bien, la sostenibilidad del sector minero a nivel mundial depende en gran medida de lograr la competitividad de sus proyectos en el mercado y la sociedad con bajas emisiones de carbono, pero esta reducción no debería centrarse exclusivamente en las emisiones de gases de efecto invernadero directamente ligadas a las producidas por sus operaciones, sino también a otros factores o elementos que contribuyen a deteriorar las condiciones ambientales.
De lo anterior, se busca tratar aquellas alteraciones que no se encuentran relacionadas o ligadas con el desarrollo de las actividades extractivas. Ello conlleva a realizar estudios científicos multidisciplinarios y realmente participativos –que logren involucrar a todas las partes interesadas– sobre las distintas causas y efectos del cambio climático, en particular sobre la región andina, donde por ejemplo, se ubican importantes glaciares y nevados, y donde también muchas empresas multinacionales desarrollan actividades.
En la actualidad varias compañías han concentrado sus acciones en asegurar la disponibilidad del recurso hídrico (agua dulce) para ayudar a las comunidades vulnerables a adaptarse a las consecuencias del cambio climático (son los casos de compañías como Buenaventura, Cerro Verde, Barrick, entre otras). Pero esta responsabilidad, asumida particularmente en el ámbito de su área de influencia, podría potenciarse aún más si las empresas contaran con los incentivos adecuados para incidir de manera más directa y efectiva sobre el desarrollo socioeconómico sostenible de las comunidades de su entorno y, a la vez, puedan contribuir más eficazmente en la tarea de controlar los efectos del cambio climático.
Dado que varias empresas han optado por recircular el agua y desalinizar la de mar que utilizan en sus procesos, es probable que no sufran significativamente una menor disponibilidad del recurso hídrico que proviene de las cuencas altoandinas. Si bien no se descarta un impacto económico del cambio climático sobre el sector, su acceso a diversas tecnologías y la implementación de procesos más eficientes limitaría su impacto sobre la industria.
Por ello, es de esperar que el sector minero se encuentre mejor posicionado o en ventaja con respecto a otros actores como las comunidades que se encuentran en las áreas de influencia de sus proyectos.
En el caso peruano, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha promovido entre sus agre miados el uso eficiente del agua y la protección de la biodiversidad. Asimismo, ha incentivado prácticas como la forestación, reforestación y el uso de matrices energéticas limpias y sostenibles.
Adicionalmente, a nivel gubernamental, el Ministerio del Ambiente peruano, a través del Decreto Supremo Nº 011–2015 — MINAM, aprobó en 2015 la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático. Esta norma dispuso una serie de medidas destinadas a reducir las emisiones de efecto invernadero por parte de las empresas privadas del sector minero.
En esa línea, la regulación nacional obliga a considerar la variable del cambio climático en los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) a través de la normativa minera. Ello ha generado la inclusión de lineamientos sobre la adaptación al cambio climático dentro de dicho instrumento de gestión ambiental. Por ello, las empresas mineras deben considerar en sus EIA el impacto de sus operaciones en la generación de gases de efecto invernadero y establecer mecanismos adecuados para reducirlos.
Asimismo, las compañías deben precisar su huella de carbono y huella hídrica. Los referidos lineamientos también señalan que debe determinarse el impacto que tendrá el cambio climático en las actividades mineras. Las empresas, por tanto, deben establecer cómo afectará a sus operaciones y cómo planean afrontar dicho escenario.
Empero, estas exigencias u obligaciones legales, e incluso algunas acciones voluntarias y responsables de las compañías, no parecen ser suficientes para reducir los efectos que el cambio climático presenta en lo inmediato y a futuro.
Por tanto, hay mucho trabajo por hacer por parte del Estado, las empresas privadas y la sociedad civil en general. Ello no impide que las compañías mineras sigan realizando esfuerzos y mejoras continuas en la reducción de sus emisiones, o implementando programas innovadores que sigan contribuyendo a la revegetación y reforestación.
Por otro lado, un desafío adicional consiste ampliar los objetivos del mecanismo de OxI para que pueda contribuir eficazmente al desarrollo a nivel local. Esto no ha sido realmente posible debido a que se ha concentrado en la ejecución de obras de infraestructura pública (construcción de sedes de colegios, hospitales, carreteras, puentes, represas, etc.), pero no en la generación de desarrollo humano integral ni en el aumento sostenido de la productividad.
Es por ello que se plantea en esta investigación cómo o de qué manera las empresas podrían realizar acciones más significativas y, además, qué tipo de incentivos o marcos regulatorios necesitan para alentar sus esfuerzos de cara a la generación de desarrollo humano, productivo, y cómo podrían aportar más eficazmente en la mitigación de los impactos del cambio climático.
Objetivos
Entre los objetivos de la investigación tenemos los siguientes:
a) Justificar los cambios que se requiere a nivel normativo para ampliar los alcances del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) para que pueda convertirse en un instrumento capaz de impulsar el desarrollo humano, productivo y contribuya a mitigar los efectos del cambio climático.
b) Elaborar la redacción alternativa de las secciones y artículos pertinentes de la Ley Nº 29230, Ley que Impulsa la Inversión Regional y Local con Participación del Sector Privado, para que los cambios normativos planteados puedan implementarse.
c) Precisar la relación de beneficios que obtendría el Estado, la empresa privada y la sociedad de producirse las modificaciones propuestas en la investigación.
Metodología de trabajo
El presente trabajo parte de la revisión del marco jurídico vigente en materia de Obras por Impuestos (OxI), el análisis de la aplicación del mecanismo en la práctica, y la evaluación de los ajustes legales y técnicos que se requieren para abordar las necesidades del presente y del futuro, en aras de optimizar la ejecución de los recursos públicos.
Base legal
A continuación, se presenta el marco legal vigente sobre el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI):
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29230, Ley que impulsa la inversión regional y local con participación del sector privado. Decreto Supremo Nº 294-2018-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29230, publicado el 16.12.2018.
Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley Nº 29230, Decreto Supremo Nº 295-2018-EF aprueba TUO del Reglamento de la Ley Nº 29230, publicado el 16.12.2018.
Decreto Legislativo 1534, que modifica la Ley Nº29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, y Dispone Medidas para Promover la Inversión Bajo el Mecanismo de Obras por Impuestos, publicado el 19 de marzo de 2022.
Decreto Legislativo 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Decreto Supremo 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
Resolución Directoral 001-2018-EF/68.02, que aprueba los Documentos estandarizados establecidos en la primera disposición complementaria final del Texto Único Ordenado (TUO) del Reglamento de la Ley 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado, aprobado por el Decreto Supremo 295-2018-EF.
Directiva 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Decreto Supremo 027-2017-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo 1252.
Resolución de la Contraloría 148-2016-CG, que aprueba la Directiva 012-2016-CG/GPROD, para la emisión de informe previo establecido por el literal l del artículo 22 de la Ley 27785.
¿Cómo funciona el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI)?
El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) fue establecido en Perú en 2008 mediante la Ley N° 29230, pero su implementación no fue hasta un año después, es decir, en 2009.
Según ProInversión, este innovador mecanismo agiliza la inversión pública en infraestructura, en la cual el sector público trabaja en cooperación con el sector privado pues, este último invierte (a costo financiero cero para el Estado) en la ejecución de Proyectos de Inversión Pública (PIP) a través de la suscripción de convenios entre entidades privadas con el gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas.
Una vez concluida la ejecución de la obra, la recuperación del monto invertido por la empresa privada se da mediante los Certificados de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) o Certificados de Inversión Pública del Gobierno Nacional (CIPGN) provenientes del canon y sobrecanon, regalías, con cargo futuro al Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, y con un tope máximo de 50% de dicho tributo correspondiente al ejercicio anterior.
Si bien el Estado deja de percibir monetariamente una de sus fuentes de ingreso, como es el Impuesto a la Renta de las empresas, esta sinergia le permite liberar recursos que pueden ser usados para ejecutar diversos proyectos, en particular para acelerar la construcción de carreteras, caminos vecinales, hospitales, centros educativos, pistas, veredas, obras de saneamiento, albergues y puentes que aportan al crecimiento y desarrollo de distintas localidades.
Importancia del mecanismo de Obras por Impuestos (OxI)
A la fecha, el sector minero-energético ha comprometido montos superiores los S/. 3 mil millones en OxI, según Darío Zegarra, presidente de la Alianza de Obras por Impuestos (Aloxi), una asociación civil sin fines de lucro conformada por diversas empresas que emplean este mecanismo para reducir la gran brecha de infraestructura en el país (Proactivo, 2022).
Agregó que existen 463 proyectos adjudicados y 21 millones de beneficiados a nivel nacional, gracias a este instrumento de carácter altamente descentralizador.
“Actualmente somos 129 empresas privadas que hemos colaborado con este importante mecanismo”, remarcó el titular de Aloxi (Proactivo, 2022).
Zegarra destacó “que las empresas del sector minero energético son las principales contribuyentes de este mecanismo en los distintos territorios. De los 6,200 millones, el 51% (3,191 millones) pertenecen al sector minero energético. El 90% de los proyectos de OxI son descentralizados” (Proactivo, 2022).
Zegarra refirió “que existe una oportunidad para extender la utilización del mecanismo de Obras por Impuestos en la ejecución de inversiones de optimización, ampliación, rehabilitación y reposición de infraestructura (IOARR). Una alternativa interesante” (Proactivo, 2022).
“Las IOARR son un mecanismo que nos permite hablar no solo de infraestructura nueva, sino de infraestructura existente que puede ser mejorada. Y además vemos una gran oportunidad porque son inversiones de bajar complejidad”, apuntó (Proactivo, 2022).
Finalmente, el presidente de Aloxi, remarcó que actualmente hay más de 14 mil 800 millones disponibles para trabajar en Obras por Impuestos. “Solo considerando el 50% del impuesto a la renta de las principales empresas que pagan este impuesto, tenemos más de 6,700 millones de soles disponibles” (Proactivo, 2022).
Ahora bien, “desde su creación en 2009 hasta abril de este año, las inversiones por Obras por Impuestos vienen acumulando montos por 11,927 millones de soles que corresponde a una cartera de 963 proyectos, que incluye obras concluidas, en ejecución, adjudicadas y en promoción” (Meneses, 2022).
“Este último (rubro) es el que tiene proyectos con más presencia en esta cartera (52%) con 502 proyectos valorizados en 5,675 millones de soles” (Meneses, 2022).
“Entre 2009 al 2022, Cusco lidera el mayor número de Obras por Impuestos con 213 proyectos valorizados en 2,279 millones de soles, le siguen Arequipa con 102 (1,522 millones de soles), Cajamarca 93 (586 millones de soles) y Áncash 84 (1,457 millones de soles)” (Meneses, 2022).
“En tanto, solo para el 2022 la cartera de proyectos de Obras por Impuestos asciende a 180 millones de soles con un total de 19; no obstante, el IEDEP estima que al finalizar en el año 64 obras valorizadas en 800 millones de soles que podrían recibir la buena pro bajo este mecanismo, convirtiéndose en el tercer monto más alto desde la existencia de esta modalidad en 2009” (Meneses, 2022).
“Los sectores de mayor importancia son Educación (18), Orden Público (11) y Transporte (10)” (Meneses, 2022).
Por su parte, “las universidades públicas cuentan con un potencial de 725 millones de soles para ejecutar proyectos de inversión mediante la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), según el tope de emisión de los certificados de inversión pública regional y local (CIPRL), establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión)” (El Peruano, 2022).
En lo que respecta al canon minero y regalías, “los gobiernos regionales y locales recibieron 40,000 millones de soles por concepto de canon y regalías entre los años 2011 y 2020 como producto de las actividades productivas del sector minero en el país” (Andina, 2021), esto según la SNMPE. “Del monto total, 30,371 millones de soles correspondieron a canon minero y 9,619 millones de soles a regalías mineras” (Andina, 2021).
En ese orden de ideas, “entre los años 2011-2020, en promedio, el 22% de los presupuestos de los gobiernos subnacionales (regionales y locales) fue financiado con los recursos provenientes de dichas transferencias” (Andina, 2021).
“La SNMPE, indicó que -en los últimos 10 años- los gobiernos regionales y municipales que reciben canon y regalías mineras, han ejecutado en promedio el 61% de los recursos presupuestados con estos fondos” (Andina, 2021).
Dada la difícil coyuntura económica por la que atraviesa el país, el mecanismo OxI representa uno de los pocos factores que pueden impulsar y dinamizar el crecimiento, además de la inversión en minería, por lo que se debe asegurar la ejecución y mantenimiento de los proyectos de inversión pública en infraestructura para promover el empleo en el sector de servicios y construcción, así como generar nuevos ingresos, con el fin de dotar a distintas jurisdicciones de mejores condiciones de vida a través de la ejecución de Obras por Impuestos.
La deficiente ejecución presupuestal de los gobiernos subnacionales como oportunidad para redirigir recursos hacia otras metas como el desarrollo humano, aumentar la productividad y combatir los efectos del cambio climático
De acuerdo con Darío Zegarra, presidente de Aloxi, “en los últimos 5 años se ha dejado de gastar más de S/142,900 millones” (Proactivo, 2022). Es decir, se dejan de ejecutar recursos por el orden del 40% del presupuesto anual de las regiones en promedio. De ahí que parte de esos recursos podrían ser asignados a objetivos o metas tan o más importantes como los planteados en el título de esta sección y no solo a la reducción de la brecha en infraestructura pública.
En torno “al uso de estos recursos por parte de los gobiernos subnacionales, - la SNMPE sostuvo- que, en el promedio general, aproximadamente el 50% de lo ejecutado corresponde a proyectos de transporte, planeamiento y educación; y que, en algunas regiones, esta priorización de gasto no tiene un correlato con las brechas sociales y de infraestructura” (Andina, 2021).
En ese sentido, resulta relevante focalizar la inversión y mejorar la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos (del canon y regalías). Existe, evidente mente, una muy baja efectividad y eficiencia en la gestión presupuestal de los recursos que provienen del desarrollo de las actividades mineras.
Por ello, se plantea la modificación de la Ley Nº 29230, en la que incluso se podría establecer la habilitación de un fideicomiso para administrar mejor los fondos con énfasis en el desarrollo territorial, lo que implica, necesariamen te, el desarrollo de competencias, habilidades, destrezas y capacidades a nivel local. Esto se realizaría mediante la capacitación a docentes, tanto de educación escolar como técnica y universitaria, y a través de la contratación de personal sanitario y administrativo calificado en zonas donde se precisan mayores inversiones sociales por el déficit de atención.
Un enfoque de desarrollo integral debe estar orientado a potenciar el recurso humano al igual que la promoción de actividades productivas y las potencialidades que puede ofrecer un determinado territorio en materia agropecuaria, acuícola, forestal, turística, etc. El centro de todo avance o progreso social radica esencialmente en el incremento de capacidades intelectuales y productivas de los individuos que habitan un territorio, por ende, corresponde invertir en el mejoramiento de los servicios de salud, educación, agua potable y riego con fondos priorizados del canon y regalías con mayor celeridad y efectividad.
No se puede esperar una mejor administración y distribución del canon y las regalías mineras si el personal administrativo (funcionarios y servidores públicos) de los gobiernos subnacionales no se encuentran debidamente preparados para asumir diversas funciones y gestionar mayores recursos. Por ende, esto solo puede lograrse mediante la inversión en el fortalecimiento institucional, que pasa necesariamente por la forma ción y capacitación del personal de los gobiernos regionales y locales. Por ese motivo deben reorientarse los recursos del canon y las regalías para generar y mejorar las capacidades de quienes atienden directa o indirectamente las demandas y necesidades de la población.
¿Por qué debe ser modificado el mecanismo de Obras por Impuestos?
La Guía Metodológica del Mecanismo de Obras por Impuestos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2020) señala que “existe suficiente evidencia acerca del impacto positivo del desarrollo de infraestructura y servicios públicos sobre el crecimiento económico (medido con el aumento en la productividad, conectividad a nivel local con los mercados externos y creación de empleo) y el desempeño social (medido con indicadores de reducción de pobreza y una distribución equitativa del ingreso)”.
Lo que se ha avanzado en el país gracias al mecanismo de OxI ha permitido la implementación de interesantes proyectos en transporte, electrificación rural, telecomunicaciones, agricultura y riego, además de infraestructura en agua y saneamiento (represas, acueductos, canales de irrigación, etc.(. La cartera de proyectos abarca también la construcción de infraestructura en salud y educación.
Sin embargo, la provisión de infraestructura básica no es totalmente determinante para la prestación de servicios de calidad en los lugares donde se ha ejecutado debido a que se requiere algo más que locales y equipos para que funcione realmente un hospital, posta médica o colegio, por citar algunos ejemplos, toda vez que son sistemas de gestión, organizaciones o instituciones las que ponen en funcionamiento efectivamente los servicios de salud y educación.
Dicho de otro modo, la infraestructura por si sola no basta para atender necesidades sanitarias si los centros de salud no cuentan con médicos, enfermeras, técnicos, personal de apoyo logístico, chóferes de ambulancia, etc., así como contar con el presupuesto operativo correspondiente y tener procedimientos administrativos claros y efectivos.
Lo mismo ocurre con los centros educativos, pues las sedes donde se imparten clases a los estudiantes -que son las que se construyen gracias al mecanismo de OxI-, no son suficientes para brindar lecciones y aprendizajes de calidad, ya que se requiere, principalmente, de profesores calificados, directores, psicólogos, etc. Esto es, el componente profesional y técnico humano que permite la prestación efectiva del servicio.
Esto implica que, aun cuando es importante contar con una infraestructura moderna, completa y segura, tanto o mucho más importante es contar con la dotación de personal adecuado y los recursos o fondos necesarios para solventar la provisión de servicios de calidad.
Cerrar brechas en infraestructura está muy bien, pero falta lo más relevante: el factor o componente humano (capital humano) que es capaz de utilizar la infraestructura y equipamiento en beneficio de grandes sectores de la sociedad, especialmente los más vulnerables.
De modo que, para aprovechar eficazmente los recursos provenientes del canon minero, cuyo monto se incrementa cada vez que suben los precios de diversos metales, debe pensarse en otros mecanismos que permitan la participación del sector privado en el desarrollo de competencias humanas y capacidades productivas, toda vez que son las únicas que aseguran el mejoramiento de la calidad de vida y el crecimiento sostenido de la economía, siempre que sea responsable.
En ese sentido, se debe pasar de un modelo de inversión/gasto orientado hacia la construcción y mantenimiento de grandes infraestructuras públicas, hacia uno dirigido a la prestación efectiva de servicios públicos por medio de la promoción del desarrollo humano y productivo, y esto se logra, esencialmente, con la contratación de personal calificado, tanto médicos como docentes de primer nivel para atender las necesidades sanitarias y educativas, para así poder cerrar brechas de manera efectiva y ofrecer las mismas oportunidades para todos.
Reducir brechas socioeconómicas consiste básicamente en diseñar e implementar programas que generen igualdad en las condiciones iniciales –o de partida– para todos. Esto es, que cada persona, sin importar su condición social y/o ubicación geográfica, pueda acceder a servicios básicos de calidad, fundamentalmente en lo concerniente a la salud y educación, con el fin de que pueda desarrollar su potencial humano en base a su pro pio esfuerzo y dedicación.
Pero para que ello suceda, el cambio que se requiere demanda algunos ajustes o reformas en los mecanismos existentes que permiten la atención de necesidades sociales –como la de infraestructura– mediante la ejecución de recursos públicos.
En ese orden de ideas, lo que se plantea es que el Estado no coloque todos los huevos en una sola canasta –en lo que al destino de los recursos públicos del canon minero se refiere–, sino que diversifique la asignación de recursos entre fines posiblemente superiores o complementarios como la inversión en la generación de capital humano y la mitigación del cambio climático.
Ello no implica descuidar la inversión en infraestructura, habida cuenta del gran déficit que presenta el país en dicho rubro, sino en destinar parte de los recursos públicos (Impuesto a la Renta de Tercera Categoría), en este caso los ejecutados por el sector privado, a objetivos centrales como el desarrollo humano y la necesidad de hacer frente a las consecuencias de la elevación de la temperatura en el planeta.
¿Qué se entiende por desarrollo humano?
El desarrollo humano es un proceso por el que las sociedades experimentan mejoras sustantivas en las condiciones de vida de sus ciudadanos por medio del aumento de los bienes y servicios con los que se suele atender sus necesidades básicas y complementarias, y de la existencia de un ambiente en el que se respeten y protejan los derechos humanos.
Al respecto, “El PNUD (1990) define el desarrollo humano como un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de las personas; estas oportunidades son diversas y pueden cambiar en el tiempo, pero las más esenciales para cualquier nivel de desarrollo son: una vida prolongada y saludable, el acceso a la educación y disponer de los recursos para disfrutar de un nivel de vida de cente; otras oportunidades que valoran los individuos son las libertades políticas, económicas y sociales, el respeto de los derechos humanos, la posibilidad de ser creativo y productivo, el respeto a sí mismo, entre otras” (Rosales, 2017).
Desarrollo Humano por Impuestos
Se parte de la premisa de que no basta ejecutar obras de infraestructura para cerrar, eliminar o reducir brechas sociales (socioeconómicas) si se olvida o descuida el desarrollo de capacidades entre la población vulnerable para generar capital humano. El Banco Mundial (BM), define que “el capital humano comprende los conocimientos, las habilidades y la salud que las personas acumulan a lo largo de su vida y que les permiten desarrollar su potencial como miembros productivos de la sociedad” (Banco Mundial, 2018).
Lo que se plantea en términos sencillos es que parte de los impuestos que pagan las empresas generadoras de renta de tercera categoría se destine al diseño, financiamiento e implementación de proyectos, planes y y/o programas orientados a desarrollar habilidades productivas, aumentar competencias educativas y mejorar la empleabilidad de las personas, en particular aquellas ubicadas en zonas donde se encuentran los proyectos extractivos.
A través de este mecanismo se busca formar o fortalecer competencias educativas entre estudiantes de primaria y secundaria, competencias académicas para universitarios e inscritos en carreras técnicas, capacidades laborales para trabajadores calificados o no calificados, y, finalmente, competencias en materia de gestión empresarial para aquellos que incursionen o deseen hacerlo en emprendimientos productivos. Esto debido a que la única manera de aprovechar realmente los recursos que genera la actividad privada, en especial la minería, es mediante la formación y generación de capital humano.
Entonces, si se incrementan los conocimientos y destrezas de la población, se podrá gestionar mejor el presupuesto público que administran gobiernos distritales, provinciales y regionales, así como el canon minero y regalías, ya que estas instituciones contarán con personal debidamente calificado.
Nótese que el déficit que caracteriza a estas entidades es principalmente en materia de gestión pública, lo que imposibilita el desarrollo y más bien estimula o fomenta la corrupción. Se considera que de ese modo se generarán nuevos liderazgos locales que permitan la atención de las grandes necesidades de la población.
Este mecanismo podría aplicarse para promover, por ejemplo, oportunidades de negocio y distintas actividades empresariales de manera que los emprendedores locales, una vez capacitados gracias a programas financiados por el nuevo mecanismo de Desarrollo Humano y Productivo por Impuestos (DHPxI), se conviertan en proveedores calificados de municipios y compañías con la finalidad de obtener contratos como los de construcción de obras de infraestructura pública y privada. De esa forma, no solo crecería el empleo a nivel local, sino que los recursos generados se redistribuirían en la propia localidad.
Entre los beneficios potenciales de su implementación se presentan los siguientes:
a) La disminución progresiva de brechas sociales en materia de capacidades humanas entre zonas rurales y urbanas (ciudades modernas) en educación, productividad, empleabilidad, salud, etc.
b) La reducción de la corrupción en la gestión pública debido a la existencia de ciudadanos comprometidos realmente empoderados y capaces de administrar y supervisar mejor la asignación de recursos públicos.
c) La generación de liderazgos locales y un cuerpo de burócratas competentes que mejoren el desempeño o performance de las entidades públicas.
d) La dinamización de la economía local al fomentar la generación de empresas competitivas gerenciadas o dirigidas por emprendedores locales capacitados por medio de este mecanismo.
e) La elevación o aumento del índice de desarrollo humano (IDH), así como del nivel de satisfacción de la población con respecto a su futuro.
f) Incrementar la competitividad del país al generar más y mejor capital humano en distintas localidades, lo que originaría un crecimiento económico sostenido (esta herramienta promovería la disminución de la pobreza y el acceso a mejores oportunidades).
g) Complementaría al mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), las Asociaciones Público Privadas (APP) y la obra pública realizada por el Estado, ya que el limitado avance en el cierre de brechas de infraestructura se fundamenta en la falta de capacidad de gestión de los gobiernos locales, provinciales y regionales.
El desarrollo que se intenta proveer por medio del mecanismo de Desarrollo Humano y Productivo por Impuestos (DHPxI) debe ser medible o cuantificable a través de indicadores estandarizados sobre el impacto real de los programas educativos en la población escolar, la efectividad de los cursos de capacitación orientados a mejorar la empleabilidad de los trabajadores, la idoneidad de los cursos que aumenten las competencias entre los estudiantes universitarios y de institutos técnicos, etc. (esto sería realmente factible ya que solo es cuestión de adaptar algunos indicadores existentes en dichos ámbitos).
Naturalmente este cambio representa un gran desafío para la fiscalización gubernamental que debe velar por la correcta utilización de recursos del fisco por parte de actores privados. Sin embargo, es posible introducir instrumentos similares a los que se emplean en el mecanismo Obras por Impuestos con las particularidades y salvedades del caso.
A manera de ejemplo se puede reportar como inversión en capacidades educativas, productivas y/o laborales los montos destinados al financiamiento de cursos, talleres, seminarios, programas, etc., así como los recursos empleados en el seguimiento y medición del impacto efectivo de los mismos. La supervisión en este último caso estaría en manos del Estado para asegurar la adecuada asignación de los recursos y el logro de los objetivos inicialmente trazados en el proyecto.
Es pertinente que, al tratarse del desarrollo de capacidades humanas, el mecanismo sea lo suficientemente flexible toda vez que su mejora constante precisa de la retroalimentación necesaria que brinda la ejecución del propio instrumento. Es decir, seguramente se requerirá de algunos ajustes en el camino hasta que el programa sea total o realmente eficaz. Por ello, es recomendable empezar con algunos programas piloto para verificar o validar su eficacia sobre el terreno, esto con el fin de que se tenga suficiente información (data) para diseñar o rediseñar los programas que posteriormente se habiliten.
Desde luego no se trata de una tarea sencilla, ya que demandará tiempo y esfuerzo poder concebir un mecanismo semejante; pero puede ser una buena iniciativa para avanzar más allá de la obra pública ejecutada por agentes privados.
¿Qué es el cambio climático?
Según Naciones Unidas, “el cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar.
Pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principal mente a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas.
La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la Tierra, atrapando el calor del sol y elevando las temperaturas.
Algunos ejemplos de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Estos proceden del uso de la gasolina para conducir un coche o del carbón para calentar un edificio, por ejemplo. El desmonte de tierras y bosques también puede liberar dióxido de carbono. Los vertederos de basura son una fuente importante de emisiones de metano. La energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y el uso del suelo se encuentran entre los principales emisores” Naciones Unidas (2020).
Cambio Climático por Impuestos
El calentamiento global, entre otros muchos efectos que produce, acrecienta los fenómenos climáticos extremos –inundaciones y sequías, olas de calor y de frío–, empeora los procesos de desertificación y erosión, e implica una pérdida pronunciada de biodiversidad. La mayoría de la comunidad científica y las principales organizaciones internacionales atribuyen la tendencia al calentamiento global –observada desde mediados del siglo XX– a las actividades humanas, especialmente las productivas, que producen el denominado “efecto invernadero”.
Esto significa que el calentamiento global se produce cuando la atmósfera terrestre captura el calor que se irradia desde el planeta hacia el espacio.
En el caso del mecanismo de Cambio Climático por Impuestos (CCxI), su diseño se justifica debido a que –a través de este– se estimularían mejores respuestas o acciones por parte del sector privado, en particular de empresas extractivas. De modo que si se autorizara la disposición de parte de los impuestos que actualmente pagan para combatir los efectos del cambio climático, surgirían nuevas y mejores iniciativas orientadas hacia dicho fin.
De lo que se trata en el fondo es permitir que las empresas puedan usar su experiencia, tecnología y capacidad organizativa y planificadora para abordar un problema de alcance mundial.
La creación de esta modalidad no implica aumentar el margen actual del que disponen las compañías para cumplir con sus obligaciones tributarias, que es del orden del 50% del Impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio anterior.
Por medio del mecanismo, cabe reiterar, se le permite a un grupo de contribuyentes adelantar el pago correspondiente “al Impuesto a la Renta para financiar y ejecutar directamente, de forma rápida y eficiente, proyectos de inversión pública que los gobiernos subnacionales y las entidades del gobierno nacional priorizan”, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
A través de este instrumento no se busca que las empresas controlen o mitiguen los impactos de los que son causantes o responsables, sino que diseñen y ejecuten acciones concretas destinadas a eliminar y/o reducir los efectos del cambio climático que no guardan relación con sus operaciones o actividades. En otras palabras, concretar una acción público-privada que busca un objetivo muy concreto: adoptar medidas –con recursos a cuenta del Impuesto a la Renta–, con el fin de generar sinergias que potencien el combate y reducción de los gases de efecto invernadero, entre otras medidas destacables.
Esto se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sobre todo el 17, ya que establece la formación de acuerdos para lograr, precisamente, los objetivos trazados por Naciones Unidas y la comunidad internacional.
Entre los programas que podrían financiarse con este mecanismo se contemplan los siguientes:
a) Estudios científicos: que precisen gobiernos locales, provinciales y regionales para actuar y tomar decisiones sobre esta problemática.
b) Agua: se refiere al diseño y ejecución de obras que aseguren la disponibilidad del recurso hídrico.
c) Calidad del suelo: se trata de medidas pensadas para evitar la erosión del suelo y la presencia de sequías (también comprende estudios y medidas sobre el subsuelo).
d) Energía: se busca utilización de sistemas o fuentes alternativas y renovables en zonas rurales, ciudades e instituciones públicas.
e) Campañas de sensibilización: se emplean para difundir conocimientos, información y mejores prácticas sobre las acciones que las personas y diversos colectivos pueden adoptar para combatir los efectos del cambio climático.
f) Deshielo: se refiere a estudios y acciones dirigidas a controlar la desglaciación en nevados altoandinos.
g) Biodiversidad: se trata de la elaboración de un inventario de especies afectadas o potencialmente afectadas, y adoptar medidas que conserven los ecosistemas de los que dependen.
Conclusiones
A continuación, se presentan las conclusiones del trabajo de investigación:
1.Para lograr una mayor exigencia y asimilación de prácticas que reduzcan efectivamente el efecto del calentamiento global se considera necesario pensar en la habilitación de incentivos económicos que vayan más allá del compromiso inicial que realizan las empresas, sobre todo aquellas que transparentan su desempeño económico, social y ambiental a través de mecanismos como el Global Reporting Initiative (GRI), por el que implementan acciones que buscan amortiguar su impacto ambiental y generar una buena reputación en sus actividades.
2.Si bien varias empresas se orientan decididamente a mitigar los gases de efecto invernadero —mediante el uso de energías alternativas y renovables o el financiamiento de investigaciones científicas— estas iniciativas aún resultan insuficientes. Esto es, pese a que representar buenas señales de que el sector empresarial, especialmente el minero, ha tomado plena conciencia de su papel como un actor importante del cambio social que se necesita, las empresas saben que la lucha contra el cambio climático demanda o requiere de muchas más acciones concretas.
3.En tal sentido, más allá de incorporar dicha acción en su enfoque de responsabilidad y sostenibilidad corporativa, y de realizar esfuerzos para cuidar el planeta, una tarea de semejante complejidad, naturaleza y envergadura obliga a que, para contar con una mejor participación del sector privado, el Estado debe demostrar mayor iniciativa y capacidad en reconocer que se requiere el concurso de las compañías. Y ello sería posible por medio de la creación de mecanismos como el de Desarrollo Humano y Productivo por Impuestos (DHPxI) y el Cambio Climático por Impuestos (CCxI).
4.Existen un buen número de beneficios tanto para el Estado, la empresa privada y la sociedad civil entre los que se pueden destacar los siguientes:
4.1 Combatir más eficazmente la incidencia o los efectos nocivos del cambio climático.
4.2 Facilitar el uso de recursos públicos a objetivos centrales que han venido siendo descuidados como la generación de capital humano y la prestación de mejores servicios públicos.
4.3 Mejorar la calidad de vida y/o competitividad de las poblaciones ubicadas principalmente en zonas de producción minera en armonía con las políticas y planes de desarrollo estatal.
4.4 Posicionar la imagen del sector privado como social y ambientalmente responsable al poder invertir en proyectos, planes y programas de alto impacto social y ambiental.
4.5 Generar sinergias entre el sector público y privado, de cuya cooperación e integración depende en gran medida alcanzar el ansiado desarrollo y mitigar los impactos negativos del cambio climático.
4.6 Reducir brechas de manera efectiva mediante la generación o potenciación del capital humano a nivel local, en zonas muy vulnerables donde actualmente operan las empresas del sector extractivo.
Recomendaciones
A continuación, se presentan las siguientes recomendaciones:
1.La implementación de la propuesta requiere, entre otras condiciones, de un marco normativo y regulatorio (reglamentario) claro, además de cierta flexibilidad en su aplicación, adecuados mecanismos de supervisión o seguimiento, y la consideración de aspectos ambientales y sociales, toda vez que se precisa la participación activa de la sociedad dentro del ciclo de aprobación de las iniciativas orientadas a ambas finalidades.
2.Esto último supone que deben aplicarse correctamente los procesos de consulta previa y participación ciudadana que correspondan, por ello deben tener un especial énfasis en su formulación inicial para que tengan suficiente legitimación social y sean realmente efectivos.
3.Es importante reconocer el costo de oportunidad en el que incursiona la empresa, pues debe diseñar, organizar y ejecutar el mecanismo en lugar de desarrollar las tareas o actividades que le son propias. Sin embargo, su eficacia organizativa le permite actuar de manera rápida y oportuna sobre un problema que merece inmediata atención mundial.
4.La supervisión de estos mecanismos debe involucrar a actores de la cooperación técnica internacional, entidades multilaterales, universidades, colegios profesionales, partidos políticos, organizaciones indígenas y otros actores de la sociedad civil como ONG, quienes contribuirían en su diseño, idoneidad, seguimiento y posterior perfeccionamiento.
5.Deben establecerse indicadores o parámetros adecuados que posibiliten la medición pertinente de los avances, así como el logro de los objetivos propuestos o planteados en materia de la evaluación de aprendizajes, desarrollo de competencias, habilidades, etc. Es tos pueden construirse sobre la base de los existentes, vale decir, aquellos que versan –actualmente– sobre las variables de cambio climático y desarrollo humano y productivo.
(1)
Según el Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad del 2019, el Perú tiene una brecha de S/ 363 mil millones en comparación con países desarrollados.
Australia necesita más inversión, no impuestos
Octubre 10 de 2022.- El retorno a la comunidad de la industria minera de Australia ha vuelto a alcanzar niveles récord con un pago combinado de $43 200 millones en impuestos de sociedades y regalías en el año fiscal 2020-21, un aumento del 16 % con respecto a los $37 300 millones aportados en el período anterior.
Los impuestos de las empresas pagados alcanzaron un nuevo récord de $26 500 millones y las regalías también alcanzaron un máximo de $16 700 millones en 2020-21, lo que contribuyó significativamente a los gobiernos federal, estatal y territorial en el momento en que más lo necesitaban durante la pandemia de Covid-19.
Por ello, el llamado a impuestos adicionales sobre las ganancias mineras, propuesto por el economista y ex funcionario público Rod Sims, ignora el hecho de que la inversión minera es altamente incierta y está sujeta a períodos de ingresos altos y bajos durante la vida de una mina, sostiene Tania Constable, directora ejecutiva del Consejo de Minerales de Australia, MCA, por sus siglas en ingles.
“Australia necesita atraer más inversiones en exploración, minería, procesamiento de minerales y fabricación relacionada con la minería si la economía se va a beneficiar de la creciente demanda mundial de minerales y metales. Existe una fuerte competencia por esta inversión de otros países mineros”, agregó.
La tasa impositiva efectiva sobre la inversión minera australiana ya es alta en relación con muchas jurisdicciones mineras en otros países. En lugar de proponer cambios parciales a los impuestos basados en condiciones a corto plazo que conducirán a resultados perversos, Australia necesita una reforma integral del sistema de impuestos y transferencias para permitir que la economía genere el crecimiento, los ingresos y los empleos que sustentan la prosperidad de la nación.
La industria minera brinda beneficios a todos los australianos a través de los ingresos por impuestos y regalías que paga a los gobiernos cada año. Ha estado pagando impuestos constantemente durante años y montos récord durante la última década.
Los pagos de regalías y demás tributos se destacan en un informe de Ernst & Young encargado por la MCA que también muestra que en la última década (entre 2011-12 y 2020-21), la industria minera aportó $254 mil millones en impuestos y regalías de las empresas ($142 mil millones y $112 mil millones respectivamente).
Se espera que los pagos de impuestos y regalías continúen aumentando en 2021-22 en línea con los aumentos en los ingresos por exportaciones. Esto se debe a una perspectiva positiva en el precio y la cantidad producida de carbón metalúrgico y térmico, junto con un año sólido para el mineral de hierro, el oro y los metales básicos.
La industria en Australia continúa pagando los salarios promedio más altos, la mayoría de los impuestos a las empresas, genera la mayor cantidad de ingresos por exportaciones y es fundamental para apoyar a las regiones y comunidades, ya que respalda 1,1 millones de puestos de trabajo en la industria minera y sus cadenas de suministro.
Las empresas mineras también apoyan a miles de empresas regionales en Australia y a sus trabajadores, quienes brindan servicios esenciales que mantienen la industria en funcionamiento. Además de nuevos puestos de trabajo en todo el país y de pagar su parte justa de impuestos y regalías, la industria minera ha estado apoyando a las comunidades locales durante la pandemia de Covid-19, brindando importantes donaciones a hospitales, organizaciones benéficas y guarderías, sostiene la ejecutiva de la MCA.
Los impuestos de las empresas pagados alcanzaron un nuevo récord de $26 500 millones y las regalías también alcanzaron un máximo de $16 700 millones en 2020-21, lo que contribuyó significativamente a los gobiernos federal, estatal y territorial en el momento en que más lo necesitaban durante la pandemia de Covid-19.
Por ello, el llamado a impuestos adicionales sobre las ganancias mineras, propuesto por el economista y ex funcionario público Rod Sims, ignora el hecho de que la inversión minera es altamente incierta y está sujeta a períodos de ingresos altos y bajos durante la vida de una mina, sostiene Tania Constable, directora ejecutiva del Consejo de Minerales de Australia, MCA, por sus siglas en ingles.
“Australia necesita atraer más inversiones en exploración, minería, procesamiento de minerales y fabricación relacionada con la minería si la economía se va a beneficiar de la creciente demanda mundial de minerales y metales. Existe una fuerte competencia por esta inversión de otros países mineros”, agregó.
La tasa impositiva efectiva sobre la inversión minera australiana ya es alta en relación con muchas jurisdicciones mineras en otros países. En lugar de proponer cambios parciales a los impuestos basados en condiciones a corto plazo que conducirán a resultados perversos, Australia necesita una reforma integral del sistema de impuestos y transferencias para permitir que la economía genere el crecimiento, los ingresos y los empleos que sustentan la prosperidad de la nación.
La industria minera brinda beneficios a todos los australianos a través de los ingresos por impuestos y regalías que paga a los gobiernos cada año. Ha estado pagando impuestos constantemente durante años y montos récord durante la última década.
Los pagos de regalías y demás tributos se destacan en un informe de Ernst & Young encargado por la MCA que también muestra que en la última década (entre 2011-12 y 2020-21), la industria minera aportó $254 mil millones en impuestos y regalías de las empresas ($142 mil millones y $112 mil millones respectivamente).
Se espera que los pagos de impuestos y regalías continúen aumentando en 2021-22 en línea con los aumentos en los ingresos por exportaciones. Esto se debe a una perspectiva positiva en el precio y la cantidad producida de carbón metalúrgico y térmico, junto con un año sólido para el mineral de hierro, el oro y los metales básicos.
La industria en Australia continúa pagando los salarios promedio más altos, la mayoría de los impuestos a las empresas, genera la mayor cantidad de ingresos por exportaciones y es fundamental para apoyar a las regiones y comunidades, ya que respalda 1,1 millones de puestos de trabajo en la industria minera y sus cadenas de suministro.
Las empresas mineras también apoyan a miles de empresas regionales en Australia y a sus trabajadores, quienes brindan servicios esenciales que mantienen la industria en funcionamiento. Además de nuevos puestos de trabajo en todo el país y de pagar su parte justa de impuestos y regalías, la industria minera ha estado apoyando a las comunidades locales durante la pandemia de Covid-19, brindando importantes donaciones a hospitales, organizaciones benéficas y guarderías, sostiene la ejecutiva de la MCA.
Lo firmado (en la Mesa 5) es un riesgo
para el sector minero: Stevie Gamboa
Septiembre 18 de 2022.- “Lo que está en esa acta nace de una pequeña mesa conformada por representantes del gobierno nacional y de las comunidades indígenas -que fueron quienes protagonizaron el último paro que tuvimos en Quito y a nivel nacional- y ese primer acto ya tiene un impacto negativo porque nos dice que para resolver sobre el futuro del sector se excluye a la sociedad civil y ese primer mensaje ya es negativo, sin prejuicio de lo que se haya firmado”, expresó el doctor Stevie Gamboa Valladares, uno de los profesionales más experimentados del sector minero, en una entrevista que ofreció a Radio Municipal el pasado 12 de setiembre.
“Si bien es cierto que lo firmado no es todo lo que había pedido el sector indígena, no es menos cierto que lo que se ha puesto por escrito representa un riesgo para el futuro del sector minero: Tenemos apenas dos minas en producción y algunos proyectos que se denominan de segunda generación; entonces la clave es saber si existen o no recursos pero si no podemos explorar nos estamos atando las manos”, señaló.
Dijo que la consulta previa es una expresión cuyo nombre completo es consulta previa, libre e informada y no vinculante y que esta última expresión nos remite a la capacidad que tiene el Estado para desarrollar nuevos proyectos mineros.
El tema de la consulta, explicó Gamboa, no nace en la Constitución del Ecuador sino en el Convenio 169 de la OIT y en su opinión no tenemos una ley orgánica de consulta previa -orgánica porque así lo ha dispuesto la Corte Constitucional-, sin embargo, la Ley Orgánica de Minería le da derecho al Estado a disponer y administrar el recurso que está en el subsuelo.
“Yo entendería que el resultado de la mesa -y he tenido la oportunidad de consultarlo con el ministerio-, (aplica) solamente en aquellos lugares donde se haya identificado la necesidad de contar con una consulta previa informada y no vinculante”, precisó.
Respecto del impacto que puede tener el acuerdo para no otorgar licencias ambientales hasta no tener aprobado el nuevo reglamento, Gamboa señala que el Ministerio del Ambiente ha tenido una agenda en contra del sector minero y coloca una cereza al pastel “cuando ahora decide incumplir lo que la ley le demanda”.
“El (ministerio) no puede ni suspender ni paralizar ni archivar licencias ambientales ni negar licencias a nuevos proyectos. No dar licencia ambiental es negarse a controlar, es afectar el derecho al trabajo, a la empresa, al ambiente sano…”, remarca.
Hace hincapié en la necesidad de transferir oportunamente a los gobiernos locales las regalías que pagan las empresas mineras. “Este gobierno, el anterior y el anterior han fallado en cumplir lo que la ley manda desde el 2009, que es la distribución del 60 por ciento de esas regalías en atender las necesidades básicas de las zonas y de comunidades donde se desarrollan los proyectos mineros”, enfatiza.
Desde su punto de vista, este es un tema importante porque hay que legitimar al sector minero en el territorio y para ello hay que distribuir las regalías entre las comunidades. “Si no lo hacemos difícilmente vamos a lograr la necesaria licencia social, porque las comunidades no perciben beneficios y los distritos mineros tienen derecho a recibir esas regalías”, sostiene.
En relación a la reapertura del catastro minero, el experto afirma que “ahí tenemos un problema importante pues (el catastro) se ha vuelto un símbolo de la resistencia al sector minero”.
“Y el catastro minero es un registro público, es una herramienta de planificación que sirve para saber quién está y dónde está y qué actividad está autorizado hacer… cerrarlo es como cerrar el Registro de la Propiedad”, aclara.
En síntesis, sostiene el doctor Gamboa, “hay que entender que esta famosa acta firmada no es nada más que una declaración, es un compromiso adquirido entre dos actores, el sector gubernamental y el sector indígena, que no modifica el marco normativo que regula la actividad minera ni modifica ninguno de los derechos mineros o licencias y permisos ambientales que existen al momento. Es decir, la actividad minera continúa exactamente igual como estaba el día viernes 9 de setiembre”, finalizó.
“Si bien es cierto que lo firmado no es todo lo que había pedido el sector indígena, no es menos cierto que lo que se ha puesto por escrito representa un riesgo para el futuro del sector minero: Tenemos apenas dos minas en producción y algunos proyectos que se denominan de segunda generación; entonces la clave es saber si existen o no recursos pero si no podemos explorar nos estamos atando las manos”, señaló.
Dijo que la consulta previa es una expresión cuyo nombre completo es consulta previa, libre e informada y no vinculante y que esta última expresión nos remite a la capacidad que tiene el Estado para desarrollar nuevos proyectos mineros.
El tema de la consulta, explicó Gamboa, no nace en la Constitución del Ecuador sino en el Convenio 169 de la OIT y en su opinión no tenemos una ley orgánica de consulta previa -orgánica porque así lo ha dispuesto la Corte Constitucional-, sin embargo, la Ley Orgánica de Minería le da derecho al Estado a disponer y administrar el recurso que está en el subsuelo.
“Yo entendería que el resultado de la mesa -y he tenido la oportunidad de consultarlo con el ministerio-, (aplica) solamente en aquellos lugares donde se haya identificado la necesidad de contar con una consulta previa informada y no vinculante”, precisó.
Respecto del impacto que puede tener el acuerdo para no otorgar licencias ambientales hasta no tener aprobado el nuevo reglamento, Gamboa señala que el Ministerio del Ambiente ha tenido una agenda en contra del sector minero y coloca una cereza al pastel “cuando ahora decide incumplir lo que la ley le demanda”.
“El (ministerio) no puede ni suspender ni paralizar ni archivar licencias ambientales ni negar licencias a nuevos proyectos. No dar licencia ambiental es negarse a controlar, es afectar el derecho al trabajo, a la empresa, al ambiente sano…”, remarca.
Hace hincapié en la necesidad de transferir oportunamente a los gobiernos locales las regalías que pagan las empresas mineras. “Este gobierno, el anterior y el anterior han fallado en cumplir lo que la ley manda desde el 2009, que es la distribución del 60 por ciento de esas regalías en atender las necesidades básicas de las zonas y de comunidades donde se desarrollan los proyectos mineros”, enfatiza.
Desde su punto de vista, este es un tema importante porque hay que legitimar al sector minero en el territorio y para ello hay que distribuir las regalías entre las comunidades. “Si no lo hacemos difícilmente vamos a lograr la necesaria licencia social, porque las comunidades no perciben beneficios y los distritos mineros tienen derecho a recibir esas regalías”, sostiene.
En relación a la reapertura del catastro minero, el experto afirma que “ahí tenemos un problema importante pues (el catastro) se ha vuelto un símbolo de la resistencia al sector minero”.
“Y el catastro minero es un registro público, es una herramienta de planificación que sirve para saber quién está y dónde está y qué actividad está autorizado hacer… cerrarlo es como cerrar el Registro de la Propiedad”, aclara.
En síntesis, sostiene el doctor Gamboa, “hay que entender que esta famosa acta firmada no es nada más que una declaración, es un compromiso adquirido entre dos actores, el sector gubernamental y el sector indígena, que no modifica el marco normativo que regula la actividad minera ni modifica ninguno de los derechos mineros o licencias y permisos ambientales que existen al momento. Es decir, la actividad minera continúa exactamente igual como estaba el día viernes 9 de setiembre”, finalizó.
¿Qué hacer para aumentar la inversión en el sector?
Septiembre 9 del 2022.- Ecuador está poco explorado en comparación con los países vecinos de América del Sur y tiene una importante riqueza mineral sin explotar, fue una de las frases que dejó el presidente de SolGold Ecuador, Steven Douglas Botts, al intervenir en el panel “Mecanismos de inversión minera” en la reciente XIV Expo Conference, Expominas.
El ejecutivo dijo que este país es muy prospectivo; y esto ha generado un gran interés por parte de compañías mineras, inversionistas e incluso de otros países.
“Los descubrimientos minerales de las últimas décadas y el reciente desarrollo de dos grandes operaciones mineras han generado aún más interés dentro de la comunidad minera internacional, como lo demuestra la presencia de grandes mineros y el aumento de la inversión en exploración”, sentenció.
También se refirió al contexto en el que se desarrolla la actividad minera en el país.
Al respecto, sostuvo que el gobierno actual viene promoviendo la minería responsable y ha sido explícito con respecto al deseo de hacer de Ecuador un país que explote sus recursos y que pueda apoyar la transición energética global de manera que el mundo deje de usar combustibles fósiles.
Expresó que esos factores combinados han atraído y seguirán atrayendo inversiones mineras siempre que las condiciones para la inversión continúen mejorando.
Y planteó una serie de acciones que podrían considerarse como oportunidades para hacer mayor la promoción de la inversión en el sector.
La primera es abrir el catastro y permitir la exploración y desarrollo de nuevas concesiones mineras.
Flexibilizar o eliminar los plazos obligatorios para la exploración y el desarrollo de proyectos mineros, fue otra de sus propuestas.
Señaló que con el apoyo de otros países mineros, es posible actualizar y aclarar las regulaciones mineras en línea con las mejores prácticas internacionales.
Adoptar e implementar estándares internacionales como los definidos por la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas y el Consejo Internacional de la Minería y los Metales, ICMM, es otra de las acciones que están en la agenda.
Ya para terminar expresó que agilizar el proceso de permisos y mejorar la capacidad regulatoria para revisar y emitir la aprobación y los permisos requeridos dentro de plazos predecibles; apoyar el desarrollo de la infraestructura crítica necesaria para apoyar el desarrollo económico y social a través de asociaciones público-privadas y crear las condiciones para el éxito en las áreas de influencia donde se están desarrollando los proyectos mineros, son medidas que alentarían las inversiones mineras.
Al cerrar sus reflexiones sobre los mecanismos para atraer capitales, se refirió a lo útil que sería aumentar el nivel de diálogo con los “stakeholders” de la minería; así como transmitir las nociones que guían a la minería responsable hacia la comunidad en general.
El ejecutivo dijo que este país es muy prospectivo; y esto ha generado un gran interés por parte de compañías mineras, inversionistas e incluso de otros países.
“Los descubrimientos minerales de las últimas décadas y el reciente desarrollo de dos grandes operaciones mineras han generado aún más interés dentro de la comunidad minera internacional, como lo demuestra la presencia de grandes mineros y el aumento de la inversión en exploración”, sentenció.
También se refirió al contexto en el que se desarrolla la actividad minera en el país.
Al respecto, sostuvo que el gobierno actual viene promoviendo la minería responsable y ha sido explícito con respecto al deseo de hacer de Ecuador un país que explote sus recursos y que pueda apoyar la transición energética global de manera que el mundo deje de usar combustibles fósiles.
Expresó que esos factores combinados han atraído y seguirán atrayendo inversiones mineras siempre que las condiciones para la inversión continúen mejorando.
Y planteó una serie de acciones que podrían considerarse como oportunidades para hacer mayor la promoción de la inversión en el sector.
La primera es abrir el catastro y permitir la exploración y desarrollo de nuevas concesiones mineras.
Flexibilizar o eliminar los plazos obligatorios para la exploración y el desarrollo de proyectos mineros, fue otra de sus propuestas.
Señaló que con el apoyo de otros países mineros, es posible actualizar y aclarar las regulaciones mineras en línea con las mejores prácticas internacionales.
Adoptar e implementar estándares internacionales como los definidos por la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas y el Consejo Internacional de la Minería y los Metales, ICMM, es otra de las acciones que están en la agenda.
Ya para terminar expresó que agilizar el proceso de permisos y mejorar la capacidad regulatoria para revisar y emitir la aprobación y los permisos requeridos dentro de plazos predecibles; apoyar el desarrollo de la infraestructura crítica necesaria para apoyar el desarrollo económico y social a través de asociaciones público-privadas y crear las condiciones para el éxito en las áreas de influencia donde se están desarrollando los proyectos mineros, son medidas que alentarían las inversiones mineras.
Al cerrar sus reflexiones sobre los mecanismos para atraer capitales, se refirió a lo útil que sería aumentar el nivel de diálogo con los “stakeholders” de la minería; así como transmitir las nociones que guían a la minería responsable hacia la comunidad en general.
Minería industrial y ¿reprimarización económica?
Septiembre 9 del 2022.- Escribe: Dushan Navarro S.
Sociólogo y consultor social minero
[email protected]
Sociólogo y consultor social minero
[email protected]
Nota de la redacción.- Este artículo fue retirado el 8 de junio de 2023 por pedido del autor con este texto:
“Señores Vía Minera, muy respetuosamente les solicito den de baja los 2 artículos que yo, D. Navarro, gratuitamente consigné a su medio, pensando que estaban alineados con el trabajo de esta industria".
Navarro pidió que retiremos su texto porque no le gustó que reenviáramos (al chat “Ecuador Mining News”) un artículo del colectivo Quito sin minería.
Ahora apoya a quienes piden que se nos expulse del chat...
“Señores Vía Minera, muy respetuosamente les solicito den de baja los 2 artículos que yo, D. Navarro, gratuitamente consigné a su medio, pensando que estaban alineados con el trabajo de esta industria".
Navarro pidió que retiremos su texto porque no le gustó que reenviáramos (al chat “Ecuador Mining News”) un artículo del colectivo Quito sin minería.
Ahora apoya a quienes piden que se nos expulse del chat...
¿Cómo entrar al sistema de comercio de emisiones de CO2?
Septiembre 9 del 2022.- Como usted sabe el Acuerdo de París comprometió a los países signatarios a descarbonizar sus economías y a mantener el aumento en la temperatura global muy por debajo de 2°C, e idealmente debajo de 1.5°C., para lo cual cada uno de esos países presentó Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) para reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero (GEI).
Para promover la reducción de emisiones al menor costo posible, de forma medible, reportable y verificable, sin vulnerar la competitividad de los sectores productivos frente a los mercados internacionales, los países han creado instrumentos de mercado, tales como los sistemas de comercio de emisiones.
Dichos sistemas se basan en el principio CAP and TRADE por el cual se fija un máximo de derechos de emisión permitidos por instalación o por planta (CAP) y se establecen mecanismos para que se vendan los derechos que sobren a alguna instalación o se compren derechos de emisión necesarios para justificar las emisiones realizadas (TRADE).
La justificación de los países de contar con su sistema de comercio de emisiones es que (i) la mitigación de emisiones puede realizarse al menor costo posible y de manera más económica para las empresas, (ii) ayuda a las empresas a evitar se reduzca su competitividad, y (iii) ayuda a los países a cumplir con sus metas de reducción de GEI.
Las instalaciones o plantas (empresas) de un país que superan un determinado umbral de emisiones se consideran participantes del sistema de comercio emisiones de dicho país. Por ejemplo, en México los participantes del sistema de emisiones son las que superen las 100 mil toneladas de CO2 anuales para un año base determinado. Sólo se consideran emisiones directas de CO2 provenientes de combustión de fuentes fijas, de procesos industriales o actividades comerciales. La entidad gubernamental ambiental de cada país puede variar el umbral y el año base.
Los sistemas de comercio de emisiones existentes usualmente se enfocan en los sectores energía (explotación, producción, transporte y distribución de hidrocarburos), e industria (industria automotriz, cementeras y caleras, química, alientos y bebidas, vidrio, siderúrgica, metalúrgica, minería, petroquímica, celulosa y papel, entre otros subsectores).
Las empresas participantes de dichos sistemas tienen un determinado número de derechos de emisión hasta un límite. Un derecho equivale una tonelada de dióxido de carbono al año. Dichos derechos pueden obtenerse por (i) asignación de parte de la autoridad gubernamental ambiental de su país y (ii) por la comercialización de derechos de emisión. Es decir, por la compraventa de derechos de emisión entre los participantes el sistema. Dichos derechos se pueden reemplazar por créditos de compensación (reducciones de emisiones en proyectos no comprendidos en el sistema de comercio de emisiones) siempre que se respete dicho límite.
Los países que han implementado sus sistemas de comercio de emisiones empezando con una etapa transitoria denominada fase de reporte, en la cual las instalaciones o plantas empiezan a verificar y reportar sus emisiones de CO2 sólo de fuentes fijas y procesos industriales o actividades comerciales que superen el umbral de emisión establecido por la autoridad gubernamental ambiental bajo un plan de monitoreo.
Luego de la fase de reporte, sigue la fase de registro en la que las instalaciones o plantas deben registrar sus emisiones verificadas y reportadas en la fase anterior. Seguidamente se da la fase de asignación, en la cual la autoridad gubernamental ambiental deposita a cada participante sus derechos de emisión según el nivel de emisión máxima anual autorizada para cada instalación o planta. Una vez implementado el sistema de comercio, para cada ciclo anual los participantes pueden comercializar entre ellos sus derechos de emisión y los derechos de compensación que se generen fuera de dicho sistema.
En algunos países las instalaciones o plantas que emiten dióxido de carbono en niveles inferiores para calificar como participantes del sistema de comercio de emisiones están afectos al pago de un impuesto al carbono que se aplica escalonadamente según el nivel de emisión.
También se puede compensar emisiones utilizando los Certificados de Energía Limpia (CELs) que equivalen a la generación de un megawatts de energía limpia de cualquier fuente, pero que sin embargo no pueden contabilizarse como compensación externa si la instalación o planta ya es participante en el sistema de comercio de emisiones.
Las empresas con actividades en Ecuador pueden adelantarse al sistema de comercio de emisiones diseñando una estrategia para afrontar las exigencias que ello implica en cuanto a la identificación y obtención de fuentes sostenibles de reducción de emisiones para evitar que dicho sistema afecte su competitividad.
Para promover la reducción de emisiones al menor costo posible, de forma medible, reportable y verificable, sin vulnerar la competitividad de los sectores productivos frente a los mercados internacionales, los países han creado instrumentos de mercado, tales como los sistemas de comercio de emisiones.
Dichos sistemas se basan en el principio CAP and TRADE por el cual se fija un máximo de derechos de emisión permitidos por instalación o por planta (CAP) y se establecen mecanismos para que se vendan los derechos que sobren a alguna instalación o se compren derechos de emisión necesarios para justificar las emisiones realizadas (TRADE).
La justificación de los países de contar con su sistema de comercio de emisiones es que (i) la mitigación de emisiones puede realizarse al menor costo posible y de manera más económica para las empresas, (ii) ayuda a las empresas a evitar se reduzca su competitividad, y (iii) ayuda a los países a cumplir con sus metas de reducción de GEI.
Las instalaciones o plantas (empresas) de un país que superan un determinado umbral de emisiones se consideran participantes del sistema de comercio emisiones de dicho país. Por ejemplo, en México los participantes del sistema de emisiones son las que superen las 100 mil toneladas de CO2 anuales para un año base determinado. Sólo se consideran emisiones directas de CO2 provenientes de combustión de fuentes fijas, de procesos industriales o actividades comerciales. La entidad gubernamental ambiental de cada país puede variar el umbral y el año base.
Los sistemas de comercio de emisiones existentes usualmente se enfocan en los sectores energía (explotación, producción, transporte y distribución de hidrocarburos), e industria (industria automotriz, cementeras y caleras, química, alientos y bebidas, vidrio, siderúrgica, metalúrgica, minería, petroquímica, celulosa y papel, entre otros subsectores).
Las empresas participantes de dichos sistemas tienen un determinado número de derechos de emisión hasta un límite. Un derecho equivale una tonelada de dióxido de carbono al año. Dichos derechos pueden obtenerse por (i) asignación de parte de la autoridad gubernamental ambiental de su país y (ii) por la comercialización de derechos de emisión. Es decir, por la compraventa de derechos de emisión entre los participantes el sistema. Dichos derechos se pueden reemplazar por créditos de compensación (reducciones de emisiones en proyectos no comprendidos en el sistema de comercio de emisiones) siempre que se respete dicho límite.
Los países que han implementado sus sistemas de comercio de emisiones empezando con una etapa transitoria denominada fase de reporte, en la cual las instalaciones o plantas empiezan a verificar y reportar sus emisiones de CO2 sólo de fuentes fijas y procesos industriales o actividades comerciales que superen el umbral de emisión establecido por la autoridad gubernamental ambiental bajo un plan de monitoreo.
Luego de la fase de reporte, sigue la fase de registro en la que las instalaciones o plantas deben registrar sus emisiones verificadas y reportadas en la fase anterior. Seguidamente se da la fase de asignación, en la cual la autoridad gubernamental ambiental deposita a cada participante sus derechos de emisión según el nivel de emisión máxima anual autorizada para cada instalación o planta. Una vez implementado el sistema de comercio, para cada ciclo anual los participantes pueden comercializar entre ellos sus derechos de emisión y los derechos de compensación que se generen fuera de dicho sistema.
En algunos países las instalaciones o plantas que emiten dióxido de carbono en niveles inferiores para calificar como participantes del sistema de comercio de emisiones están afectos al pago de un impuesto al carbono que se aplica escalonadamente según el nivel de emisión.
También se puede compensar emisiones utilizando los Certificados de Energía Limpia (CELs) que equivalen a la generación de un megawatts de energía limpia de cualquier fuente, pero que sin embargo no pueden contabilizarse como compensación externa si la instalación o planta ya es participante en el sistema de comercio de emisiones.
Las empresas con actividades en Ecuador pueden adelantarse al sistema de comercio de emisiones diseñando una estrategia para afrontar las exigencias que ello implica en cuanto a la identificación y obtención de fuentes sostenibles de reducción de emisiones para evitar que dicho sistema afecte su competitividad.
BloombergNEF: Cobre podría escasear el 2040
Agosto 21 de 2022.- Un informe de BloombergNEF titulado ‘Global Copper Outlook 2022-2040′ (Perspectiva mundial del cobre 2022-2040) revela que, en su mejor escenario de producción, donde las minas pueden entregar los proyectos anunciados a tiempo, aún podría haber una escasez de cobre de hasta 6 millones de toneladas.
BloombergNEF, uno de los servicios estrella de la agencia, espera que la demanda anual de cobre refinado crezca un 53% desde el 2022 al 2040, a 39 millones de toneladas métricas. Este crecimiento será impulsado principalmente por la electrificación del transporte y el sector de infraestructura.
Señala que si bien China consumió el 53% del cobre refinado en el 2021, se prevé que su participación en la demanda mundial de cobre disminuya al 44% para el 2040.
Esto refleja una mayor demanda de Estados Unidos y Europa, economías que históricamente han registrado un bajo crecimiento.
De otro lado, el informe señala que la ley promedio del mineral en las minas de cobre ha disminuido, lo que ha llevado a un aumento en el costo operativo.
Según el escenario de caso base de BNEF, se estima que el suministro global de cobre refinado aumentará un 16% entre el 2022 y 2040, alcanzando los 25 millones de toneladas. Esto está por debajo de la demanda prevista.
Dado que se espera que la oferta minera se estanque ya que no habrá nuevos descubrimientos operativos en los próximos tres años, se proyecta que la producción secundaria de cobre a partir del reciclaje aumente sustancialmente para llenar el vacío.
BloombergNEF pronostica que habrá una escasez significativa de producción primaria de cobre para el 2040 si no se ponen en marcha nuevos descubrimientos. Una crisis de suministro prolongada podría elevar los precios durante un período prolongado, lo que provocaría una desaceleración en el despliegue y la adopción de tecnologías limpias debido a los mayores costos de infraestructura y la escasez de materias primas.
Dice también que algunos países productores están experimentando presiones sociales y políticas para frenar o nacionalizar sus recursos.
Con la demanda a punto de crecer, es importante que las mineras inviertan en la oferta y trabajen para resolver estos desafíos, señala el reporte.
En los últimos veinte días el precio del metal aumentó 9,2%, equivalente a 30 centavos de dólar por libra, reflejo de la caída en el valor internacional del dólar. Sin embargo, los riesgos de corto plazo para la demanda mundial de cobre continúan latentes, lo que se refleja en que la cotización no ha vuelto a superar los cUS$ 370 la libra.
Las cifras económicas de julio publicadas la presente semana, sugieren que la desaceleración económica de China es más profunda que lo anticipado, y que luego de superados los rebrotes del Covid que implicaron el cierre parcial o total de centros urbanos durante abril y mayo, la economía no ha logrado la velocidad de recuperación previa a la crisis pandémica.
BloombergNEF, uno de los servicios estrella de la agencia, espera que la demanda anual de cobre refinado crezca un 53% desde el 2022 al 2040, a 39 millones de toneladas métricas. Este crecimiento será impulsado principalmente por la electrificación del transporte y el sector de infraestructura.
Señala que si bien China consumió el 53% del cobre refinado en el 2021, se prevé que su participación en la demanda mundial de cobre disminuya al 44% para el 2040.
Esto refleja una mayor demanda de Estados Unidos y Europa, economías que históricamente han registrado un bajo crecimiento.
De otro lado, el informe señala que la ley promedio del mineral en las minas de cobre ha disminuido, lo que ha llevado a un aumento en el costo operativo.
Según el escenario de caso base de BNEF, se estima que el suministro global de cobre refinado aumentará un 16% entre el 2022 y 2040, alcanzando los 25 millones de toneladas. Esto está por debajo de la demanda prevista.
Dado que se espera que la oferta minera se estanque ya que no habrá nuevos descubrimientos operativos en los próximos tres años, se proyecta que la producción secundaria de cobre a partir del reciclaje aumente sustancialmente para llenar el vacío.
BloombergNEF pronostica que habrá una escasez significativa de producción primaria de cobre para el 2040 si no se ponen en marcha nuevos descubrimientos. Una crisis de suministro prolongada podría elevar los precios durante un período prolongado, lo que provocaría una desaceleración en el despliegue y la adopción de tecnologías limpias debido a los mayores costos de infraestructura y la escasez de materias primas.
Dice también que algunos países productores están experimentando presiones sociales y políticas para frenar o nacionalizar sus recursos.
Con la demanda a punto de crecer, es importante que las mineras inviertan en la oferta y trabajen para resolver estos desafíos, señala el reporte.
En los últimos veinte días el precio del metal aumentó 9,2%, equivalente a 30 centavos de dólar por libra, reflejo de la caída en el valor internacional del dólar. Sin embargo, los riesgos de corto plazo para la demanda mundial de cobre continúan latentes, lo que se refleja en que la cotización no ha vuelto a superar los cUS$ 370 la libra.
Las cifras económicas de julio publicadas la presente semana, sugieren que la desaceleración económica de China es más profunda que lo anticipado, y que luego de superados los rebrotes del Covid que implicaron el cierre parcial o total de centros urbanos durante abril y mayo, la economía no ha logrado la velocidad de recuperación previa a la crisis pandémica.
Editorial
Estamos a tiempo…
Junio 26 de 2022.- Hoy es el Día 14 del paro nacional indefinido convocado inicialmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, al cual se han ido sumando una serie de organizaciones de diversos sectores de la sociedad que rechazan la política del gobierno y le exigen un cambio radical en sus orientaciones.
El presidente Guillermo Lasso y otros voceros del gobierno sostienen que el paro tiene motivaciones políticas, que es promovido por el narcotráfico y que, en resumen, es para destituirlo.
Conaie y sus dirigentes han señalado que simplemente reclaman diez cosas:
• La reducción de los precios del combustible
• Una moratoria financiera y rebaja de intereses bancarios
• Garantías de precios justos para los productos agrícolas
• Trabajo
• Que no se realice minería en territorios indígenas
• Que se respeten los derechos colectivos
• La no privatización de servicios esenciales
• Políticas para controlar la especulación de precios
• Mayor presupuesto del sector público para salud y educación
• Políticas efectivas contra la violencia, el sicariato, la delincuencia, el narcotráfico, secuestros y el crimen organizado que tiene en zozobra al país.
La noche del domingo 26 de junio el presidente afirmó que no insistirá en el diálogo con quienes no quieren dialogar y que el gobierno asumía el compromiso de resolver todos los puntos de la agenda con resultados reales para que el movimiento indígena “nunca más sea engañado por seudo dirigentes”.
Ese tono del discurso podría ser el que no está dando resultados y en definitiva, el principal responsable del incremento del respaldo al paro nacional. Y más allá de las cuestiones de fondo, es decir, dejando de lado que es la política económica la que explica la brutal caída de la popularidad del gobierno (de 75 por ciento de respaldo a un 80 por ciento de desaprobación) son las limitaciones en el manejo de la coyuntura política las que están haciendo más profundo el vacío en que está cayendo el gobierno.
Desde el sector es poco lo que se ayuda. El ministro Xavier Vera Grunauer dijo la semana pasada que las movilizaciones sociales han provocado el cierre de vías y el desabastecimiento de insumos para el proceso de producción minera.
Sin mencionar nombres señaló que dos proyectos mineros han sido atacados e incendiados. Se refirió también a que las exportaciones tendrían retrasos porque las carreteras que unen las minas Mirador y Fruta del Norte con los puertos de Bolívar y Guayaquil están siendo bloqueadas. Y a que la pequeña minería ha perdido diariamente la exportación de 1,4 millones de dólares.
En realidad, las vías de acceso a prácticamente todos los proyectos mineros también han sido escenario de enfrentamientos entre la población y la policía o las fuerzas armadas.
Los habitantes indígenas de las provincias donde están casi todos los depósitos mineros más importantes están poniendo de manifiesto algo claro: que el estado de sus relaciones con las empresas no son resultado de prácticas responsables de diálogo y respeto hacia ellos.
Sus protestas nos indican que son todo lo contrario, es decir, de la implementación de políticas y de las prácticas que tradicionalmente se imponían antes de que surgieran conceptos como los de derechos colectivos, derechos de la naturaleza o desarrollo sustentable.
Frente a esta situación es necesario intentar una mirada realista si es que se quiere recuperar un poco la débil gobernabilidad perdida y evitar que lo vivido en la última quincena sea el principio de una convulsión de mayores proporciones.
Tratar de parecerse -siquiera- a la noción de “gobierno del encuentro” supone dejar de ver como enemigos a quienes tienen una posición independiente o se niegan a repetir como loros el discurso triunfalista de quienes no ven más allá de sus narices.
Para el sector minero, creemos, el primer paso sería alinear sus acciones a lo que desde hace años vienen proponiendo las instancias internacionales de pensamiento estratégico del propio sector minero: respetar al dueño de casa y comprometerse de forma creíble para la población con el desarrollo de las localidades donde se encuentran los recursos.
Reconocer la distancia entre lo que se hace y lo que se dice es el primer paso. Difícil, seguramente, pero no hay otra opción porque sin ese cambio no encontrarán una copa sana con la cual celebrar.
El presidente Guillermo Lasso y otros voceros del gobierno sostienen que el paro tiene motivaciones políticas, que es promovido por el narcotráfico y que, en resumen, es para destituirlo.
Conaie y sus dirigentes han señalado que simplemente reclaman diez cosas:
• La reducción de los precios del combustible
• Una moratoria financiera y rebaja de intereses bancarios
• Garantías de precios justos para los productos agrícolas
• Trabajo
• Que no se realice minería en territorios indígenas
• Que se respeten los derechos colectivos
• La no privatización de servicios esenciales
• Políticas para controlar la especulación de precios
• Mayor presupuesto del sector público para salud y educación
• Políticas efectivas contra la violencia, el sicariato, la delincuencia, el narcotráfico, secuestros y el crimen organizado que tiene en zozobra al país.
La noche del domingo 26 de junio el presidente afirmó que no insistirá en el diálogo con quienes no quieren dialogar y que el gobierno asumía el compromiso de resolver todos los puntos de la agenda con resultados reales para que el movimiento indígena “nunca más sea engañado por seudo dirigentes”.
Ese tono del discurso podría ser el que no está dando resultados y en definitiva, el principal responsable del incremento del respaldo al paro nacional. Y más allá de las cuestiones de fondo, es decir, dejando de lado que es la política económica la que explica la brutal caída de la popularidad del gobierno (de 75 por ciento de respaldo a un 80 por ciento de desaprobación) son las limitaciones en el manejo de la coyuntura política las que están haciendo más profundo el vacío en que está cayendo el gobierno.
Desde el sector es poco lo que se ayuda. El ministro Xavier Vera Grunauer dijo la semana pasada que las movilizaciones sociales han provocado el cierre de vías y el desabastecimiento de insumos para el proceso de producción minera.
Sin mencionar nombres señaló que dos proyectos mineros han sido atacados e incendiados. Se refirió también a que las exportaciones tendrían retrasos porque las carreteras que unen las minas Mirador y Fruta del Norte con los puertos de Bolívar y Guayaquil están siendo bloqueadas. Y a que la pequeña minería ha perdido diariamente la exportación de 1,4 millones de dólares.
En realidad, las vías de acceso a prácticamente todos los proyectos mineros también han sido escenario de enfrentamientos entre la población y la policía o las fuerzas armadas.
Los habitantes indígenas de las provincias donde están casi todos los depósitos mineros más importantes están poniendo de manifiesto algo claro: que el estado de sus relaciones con las empresas no son resultado de prácticas responsables de diálogo y respeto hacia ellos.
Sus protestas nos indican que son todo lo contrario, es decir, de la implementación de políticas y de las prácticas que tradicionalmente se imponían antes de que surgieran conceptos como los de derechos colectivos, derechos de la naturaleza o desarrollo sustentable.
Frente a esta situación es necesario intentar una mirada realista si es que se quiere recuperar un poco la débil gobernabilidad perdida y evitar que lo vivido en la última quincena sea el principio de una convulsión de mayores proporciones.
Tratar de parecerse -siquiera- a la noción de “gobierno del encuentro” supone dejar de ver como enemigos a quienes tienen una posición independiente o se niegan a repetir como loros el discurso triunfalista de quienes no ven más allá de sus narices.
Para el sector minero, creemos, el primer paso sería alinear sus acciones a lo que desde hace años vienen proponiendo las instancias internacionales de pensamiento estratégico del propio sector minero: respetar al dueño de casa y comprometerse de forma creíble para la población con el desarrollo de las localidades donde se encuentran los recursos.
Reconocer la distancia entre lo que se hace y lo que se dice es el primer paso. Difícil, seguramente, pero no hay otra opción porque sin ese cambio no encontrarán una copa sana con la cual celebrar.
Entrevista a Patrick Williamson
No hay recetas para cuidar el agua subterránea...
Junio 26 de 2022.- Williamson es jefe de hidro geoquímica de una empresa de geociencia y soluciones de ingeniería. Es geólogo y ha sido consultor en hidrogeología y geoquímica ambiental por 35 años trabajando en proyectos por medio mundo, 17 de estos exclusivamente en minería.
Es ciudadano de los Estados Unidos, pero ha vivido en Holanda, Bélgica, México y gran parte de su niñez fue en Colombia y Venezuela. Estuvo seis y medio años en México como el gerente de consultoras como Integrated Water Services de Schlumberger. En un español casi perfecto dice “mi trabajo diario es casi exclusivamente en Latinoamérica”. Vía Minera, en el marco del primer Simposio Internacional de Cobre y Oro Quito 2022, le hizo la siguiente entrevista:
¿El uso de agua en la minería es intensivo?
Durante la exploración hay una demanda muy pequeña. Durante la construcción se requiere agua, pero solo para el campamento o para los obreros. El agua principalmente se usa para el proceso de beneficio del mineral durante la operación de la mina. Se “pierde” agua a los relaves, porque nunca se puede generar relaves 100% secos, y en las piletas.
¿Siempre se ha hecho esto?
En los últimos 10 años el enfoque del agua como un recurso compartido y de nosotros como custodios en vez de dueños, es la nueva filosofía con el agua.
La atención a la importancia cultural y social de agua ha surgido mucho y las mineras están prestando más y más atención y dinero a este concepto o mejorando su balance hídrico. No simplemente por razones de operación sino por razones de licencia social.
¿Cuánto cuesta el agua?
Eso es difícil. En un desierto donde estás tratando de procesar u operar una mina el valor de agua es muy alto porque es un recurso. En áreas donde hay mucha lluvia hay bastante agua, entonces el valor por sí de esa agua es diferente.
He visto estimaciones de que el costo de los estudios, manejo del agua y de los pozos para esos estudios es un 10 al 15 por ciento del costo total de la construcción de una mina. Sobre el costo del agua en la producción no puedo hablar, no conozco.
En Colombia antes de aprobar la construcción de una mina se solicita un estudio de agua subterráneas muy detallado. ¿Le parece correcto?
Además del plan de trabajo de obras con la Agencia Nacional de Minería hay el estudio de impacto ambiental (EIA) ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y los términos de referencia son excelentes y tienen como 150 páginas. Detallan todo lo que uno tiene que hacer para caracterizar a nivel de cuenca.
Entre otros temas incluye: pruebas o caracterización de las diferentes unidades hidro estratigráficas que componen el acuífero; cuál va a ser el impacto, quiénes son los otros usuarios, cuál es el flujo mínimo que se tiene que mantener en cuencas para otros usuarios incluyendo sistemas ecológicos; cuál es la demanda de la mina a comparación de la disponibilidad de agua; cuáles van a ser los vertimientos; la calidad de agua que se va a verter.
Con respecto a capacitación ¿por qué es importante que el Estado aumente su capacidad técnica en asuntos de la relación de agua y minería?
Es absolutamente importante contar con reguladores capacitados que entiendan todos los detalles técnicos de la minería.
Por ejemplo: las normas para calidad de agua son aplicables a los ecosistemas y agua potable, pero en la minería, debido a que los yacimientos tienen concentraciones naturales de elementos metálicos, esos pueden causar una anomalía local y en tales casos los reguladores tienen que tener un conocimiento para que los límites de las normas sean flexibles.
¿Esta necesidad de estudios hidrogeológicos es igual para operaciones a cielo abierto que para minas subterráneas?
Absolutamente. Hay los mismos retos. Casi todos los tajos están debajo del nivel freático de agua y cuando se para el bombeo de desagüe que se hace alrededor se van a ir llenando.
Entonces, para esa situación se tiene que hacer una evaluación de cuánto tiempo se va a tomar para llenar debido al ingreso de agua subterránea y lluvia y cuál va a ser la calidad de esa agua cuando se llena.
.
En la mina Mirador deberíamos esperar un tajo profundo, actualmente está sobre la montaña.
En una montaña puede ser que el tajo no se llenéde agua, pero siempre hay agua de precipitación… una de las cosas que me encanta de la minería es que cada mina es una situación única con muchos factores que uno tiene que estudiar y caracterizar, pero no hay recetas.
He escuchado que una preocupación de las comunidades es si los túneles destruirán sus acuíferos subterráneos”.
La preocupación de las personas que no conocen hidrogeología es válida, pero la minera debe haber hecho ya estudios muy detallados evaluando de dónde viene esa agua, cuánto tendrán que quitar, cómo lo van a manejar, cómo van a minimizar el impacto a los otros usuarios. Y ese es el propósito de los estudios de prefactibilidad y factibilidad que los accionistas en los Estados Unidos, Australia y Canadá requieren.
Existe la tendencia a prohibir la minería en glaciares, ¿está de acuerdo?
Creo que hay una mina en Kazajstán que está al pie de un glaciar. Nunca vamos a hacer minería en glaciares, pero en zonas glaciares hay dos tipos de retos. El manejo del agua subterránea desde el punto de vista técnico es difícil, pero no es imposible.
Desde el punto de vista de fuentes de agua ahí sí tendría posiblemente unos retos porque si estamos hablando de una mina que está en el páramo o arriba de una fuente de agua muy importante para una ciudad, los requerimientos técnicos para minimizar el impacto serían aún más exigentes...
En Colombia se prohibió el páramo, no sólo para la minería, sino para toda actividad humana.
Yo fui a Cajas, afuera de Cuenca, y quedé super impresionado con el páramo, es increíble. Yo creo que cada país debe tomar su propia decisión acerca de cómo proteger el páramo y especialmente esas partes del páramo que son fuentes importantes para agua potable.
El páramo es un ecosistema delicado y muy importante, entonces, supone una decisión que no es solamente técnica y lo dejo a criterio de los ciudadanos de esos países tomar la decisión.
En el proyecto Loma Larga, ubicado al lado del Cajas, siempre han dicho que su operación está por debajo de la zona de recarga hídrica.
Eso es posible porque el agua subterránea sigue topografía, pero si estás en una montaña de roca ígnea puede ser que no hay flujo o hay muy poco. Por eso ponemos residuos nucleares de alto nivel en estos tipos de formaciones.
Entonces, si dicen que su formación está al lado de una montaña arriba del nivel freático es posible que así sea. Hay otros retos, ¿dónde vas a guardar los relaves? Como dije, no hay una receta...
Sobre las metodologías científicas para mapear el agua subterránea, ¿qué nos puede decir?
Hay un vídeo que empieza hablando de que en los años 20 hubo un litigio en Texas diciendo que el agua subterránea nunca se puede conocer, que es un misterio.
Pero en los últimos 100 años la ciencia de hidrogeología ha evolucionado mucho. Es casi imposible caracterizar aguas subterráneas sin hacer perforaciones, pero las mineras ya están haciendo todo eso.
Es ciudadano de los Estados Unidos, pero ha vivido en Holanda, Bélgica, México y gran parte de su niñez fue en Colombia y Venezuela. Estuvo seis y medio años en México como el gerente de consultoras como Integrated Water Services de Schlumberger. En un español casi perfecto dice “mi trabajo diario es casi exclusivamente en Latinoamérica”. Vía Minera, en el marco del primer Simposio Internacional de Cobre y Oro Quito 2022, le hizo la siguiente entrevista:
¿El uso de agua en la minería es intensivo?
Durante la exploración hay una demanda muy pequeña. Durante la construcción se requiere agua, pero solo para el campamento o para los obreros. El agua principalmente se usa para el proceso de beneficio del mineral durante la operación de la mina. Se “pierde” agua a los relaves, porque nunca se puede generar relaves 100% secos, y en las piletas.
¿Siempre se ha hecho esto?
En los últimos 10 años el enfoque del agua como un recurso compartido y de nosotros como custodios en vez de dueños, es la nueva filosofía con el agua.
La atención a la importancia cultural y social de agua ha surgido mucho y las mineras están prestando más y más atención y dinero a este concepto o mejorando su balance hídrico. No simplemente por razones de operación sino por razones de licencia social.
¿Cuánto cuesta el agua?
Eso es difícil. En un desierto donde estás tratando de procesar u operar una mina el valor de agua es muy alto porque es un recurso. En áreas donde hay mucha lluvia hay bastante agua, entonces el valor por sí de esa agua es diferente.
He visto estimaciones de que el costo de los estudios, manejo del agua y de los pozos para esos estudios es un 10 al 15 por ciento del costo total de la construcción de una mina. Sobre el costo del agua en la producción no puedo hablar, no conozco.
En Colombia antes de aprobar la construcción de una mina se solicita un estudio de agua subterráneas muy detallado. ¿Le parece correcto?
Además del plan de trabajo de obras con la Agencia Nacional de Minería hay el estudio de impacto ambiental (EIA) ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y los términos de referencia son excelentes y tienen como 150 páginas. Detallan todo lo que uno tiene que hacer para caracterizar a nivel de cuenca.
Entre otros temas incluye: pruebas o caracterización de las diferentes unidades hidro estratigráficas que componen el acuífero; cuál va a ser el impacto, quiénes son los otros usuarios, cuál es el flujo mínimo que se tiene que mantener en cuencas para otros usuarios incluyendo sistemas ecológicos; cuál es la demanda de la mina a comparación de la disponibilidad de agua; cuáles van a ser los vertimientos; la calidad de agua que se va a verter.
Con respecto a capacitación ¿por qué es importante que el Estado aumente su capacidad técnica en asuntos de la relación de agua y minería?
Es absolutamente importante contar con reguladores capacitados que entiendan todos los detalles técnicos de la minería.
Por ejemplo: las normas para calidad de agua son aplicables a los ecosistemas y agua potable, pero en la minería, debido a que los yacimientos tienen concentraciones naturales de elementos metálicos, esos pueden causar una anomalía local y en tales casos los reguladores tienen que tener un conocimiento para que los límites de las normas sean flexibles.
¿Esta necesidad de estudios hidrogeológicos es igual para operaciones a cielo abierto que para minas subterráneas?
Absolutamente. Hay los mismos retos. Casi todos los tajos están debajo del nivel freático de agua y cuando se para el bombeo de desagüe que se hace alrededor se van a ir llenando.
Entonces, para esa situación se tiene que hacer una evaluación de cuánto tiempo se va a tomar para llenar debido al ingreso de agua subterránea y lluvia y cuál va a ser la calidad de esa agua cuando se llena.
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En la mina Mirador deberíamos esperar un tajo profundo, actualmente está sobre la montaña.
En una montaña puede ser que el tajo no se llenéde agua, pero siempre hay agua de precipitación… una de las cosas que me encanta de la minería es que cada mina es una situación única con muchos factores que uno tiene que estudiar y caracterizar, pero no hay recetas.
He escuchado que una preocupación de las comunidades es si los túneles destruirán sus acuíferos subterráneos”.
La preocupación de las personas que no conocen hidrogeología es válida, pero la minera debe haber hecho ya estudios muy detallados evaluando de dónde viene esa agua, cuánto tendrán que quitar, cómo lo van a manejar, cómo van a minimizar el impacto a los otros usuarios. Y ese es el propósito de los estudios de prefactibilidad y factibilidad que los accionistas en los Estados Unidos, Australia y Canadá requieren.
Existe la tendencia a prohibir la minería en glaciares, ¿está de acuerdo?
Creo que hay una mina en Kazajstán que está al pie de un glaciar. Nunca vamos a hacer minería en glaciares, pero en zonas glaciares hay dos tipos de retos. El manejo del agua subterránea desde el punto de vista técnico es difícil, pero no es imposible.
Desde el punto de vista de fuentes de agua ahí sí tendría posiblemente unos retos porque si estamos hablando de una mina que está en el páramo o arriba de una fuente de agua muy importante para una ciudad, los requerimientos técnicos para minimizar el impacto serían aún más exigentes...
En Colombia se prohibió el páramo, no sólo para la minería, sino para toda actividad humana.
Yo fui a Cajas, afuera de Cuenca, y quedé super impresionado con el páramo, es increíble. Yo creo que cada país debe tomar su propia decisión acerca de cómo proteger el páramo y especialmente esas partes del páramo que son fuentes importantes para agua potable.
El páramo es un ecosistema delicado y muy importante, entonces, supone una decisión que no es solamente técnica y lo dejo a criterio de los ciudadanos de esos países tomar la decisión.
En el proyecto Loma Larga, ubicado al lado del Cajas, siempre han dicho que su operación está por debajo de la zona de recarga hídrica.
Eso es posible porque el agua subterránea sigue topografía, pero si estás en una montaña de roca ígnea puede ser que no hay flujo o hay muy poco. Por eso ponemos residuos nucleares de alto nivel en estos tipos de formaciones.
Entonces, si dicen que su formación está al lado de una montaña arriba del nivel freático es posible que así sea. Hay otros retos, ¿dónde vas a guardar los relaves? Como dije, no hay una receta...
Sobre las metodologías científicas para mapear el agua subterránea, ¿qué nos puede decir?
Hay un vídeo que empieza hablando de que en los años 20 hubo un litigio en Texas diciendo que el agua subterránea nunca se puede conocer, que es un misterio.
Pero en los últimos 100 años la ciencia de hidrogeología ha evolucionado mucho. Es casi imposible caracterizar aguas subterráneas sin hacer perforaciones, pero las mineras ya están haciendo todo eso.
EITI: A la altura de las circunstancias
El fortalecimiento de la gobernanza de los materiales críticos
Mayo 29 del 2022.- Una edición del Informe sobre Políticas de EITI Internacional tiene el título que hemos copiado y parte de que la expectativa de un aumento en la demanda de minerales críticos podría incentivar las inversiones en el sector de la minería en áreas ambiental y socialmente más delicadas.
Pone como ejemplo el hecho de que “casi dos tercios de los recursos de litio están situados en áreas que se encuentran bajo presión en cuanto a la disponibilidad de agua dulce. Una proporción similar de depósitos de cobre se encuentra dentro o cerca de áreas vitales para la conservación de la biodiversidad, y casi la mitad de ellos están situados en tierras de pueblos indígenas o cerca de ellas”.
EITI afirma que en los casos de minerales de gran trascendencia, como el cobre, incluso un pequeño aumento relativo de la demanda global podría provocar grandes disturbios en las tierras.
En lo que respecta a minerales como el cobalto, en donde la producción generada por la minería artesanal y pequeña (MAPE) representa una porción significativa del total producido, el crecimiento de la demanda podría estimular los efectos asociados a la minería informal. Por otra parte, acota, “las inquietudes en torno al suministro están impulsando debates sobre prácticas mineras no convencionales y potencialmente controvertidas. Se prevé que la minería desarrollada en los fondos marinos para extraer cobre, manganeso, cobalto y zinc aumentará en el futuro, especialmente en los pequeños Estados insulares, y conlleva un conjunto singular de desafíos ambientales”.
El informe sostiene que en muchos países hay una necesidad apremiante de conocer mejor la capacidad potencial del sector de los minerales y de prepararse para un posible aumento del interés de los inversionistas. “El Estándar EITI exige que los países divulguen datos sobre las actividades de exploración, así como los volúmenes y el valor de la producción y las exportaciones”, enfatiza.
Explica además que “esta información puede servir para que los países comprendan el potencial de exploración y producción del sector y la contribución que podría hacer a su economía. Las divulgaciones pueden influir en el diálogo y la toma de decisiones en torno al valor del sector para la economía, el modo de abordar los obstáculos que afectan el crecimiento del sector y la forma de utilizar los ingresos mineros para promover objetivos de desarrollo sostenible, incluida la realización de gastos en la transición energética nacional y medidas para responder al cambio climático”.
Respecto de la publicación de los contratos, EITI manifiesta que “es un medio importante para hacer frente a la corrupción”.
“Desde enero de 2021 en adelante, los países del EITI están sujetos a divulgar los contratos firmados entre los gobiernos y las empresas. Esto puede exponer a los contratos que se desvían de las normas de la industria, que favorecen indebidamente a empresas específicas o que carecen de mecanismos de prevención adecuados en materia ambiental, social y de gobernanza”.
Publicar información sobre los procesos de otorgamiento de licencias y sus resultados puede ser útiles para detectar situaciones en las que quienes ostentan poder de decisión se han desviado de las normas o en las que se han hecho adjudicaciones a empresas que tienen conflictos de intereses o que son conocidas por incurrir en malas prácticas.
Existen herramientas desarrolladas por organizaciones asociadas que pueden ayudar a identificar los riesgos de corrupción en esta área. Entre ellas se encuentran una herramienta de diagnóstico de la corrupción creada por el NRGI y la herramienta de Evaluación de riesgos de corrupción en los otorgamientos del sector minero elaborada por el programa de Minería Responsable de Transparencia Internacional.
El informe está en la página del EITI. Un documento de síntesis que se puede descargar desde: https://acortar.link/d3kbXy
Pone como ejemplo el hecho de que “casi dos tercios de los recursos de litio están situados en áreas que se encuentran bajo presión en cuanto a la disponibilidad de agua dulce. Una proporción similar de depósitos de cobre se encuentra dentro o cerca de áreas vitales para la conservación de la biodiversidad, y casi la mitad de ellos están situados en tierras de pueblos indígenas o cerca de ellas”.
EITI afirma que en los casos de minerales de gran trascendencia, como el cobre, incluso un pequeño aumento relativo de la demanda global podría provocar grandes disturbios en las tierras.
En lo que respecta a minerales como el cobalto, en donde la producción generada por la minería artesanal y pequeña (MAPE) representa una porción significativa del total producido, el crecimiento de la demanda podría estimular los efectos asociados a la minería informal. Por otra parte, acota, “las inquietudes en torno al suministro están impulsando debates sobre prácticas mineras no convencionales y potencialmente controvertidas. Se prevé que la minería desarrollada en los fondos marinos para extraer cobre, manganeso, cobalto y zinc aumentará en el futuro, especialmente en los pequeños Estados insulares, y conlleva un conjunto singular de desafíos ambientales”.
El informe sostiene que en muchos países hay una necesidad apremiante de conocer mejor la capacidad potencial del sector de los minerales y de prepararse para un posible aumento del interés de los inversionistas. “El Estándar EITI exige que los países divulguen datos sobre las actividades de exploración, así como los volúmenes y el valor de la producción y las exportaciones”, enfatiza.
Explica además que “esta información puede servir para que los países comprendan el potencial de exploración y producción del sector y la contribución que podría hacer a su economía. Las divulgaciones pueden influir en el diálogo y la toma de decisiones en torno al valor del sector para la economía, el modo de abordar los obstáculos que afectan el crecimiento del sector y la forma de utilizar los ingresos mineros para promover objetivos de desarrollo sostenible, incluida la realización de gastos en la transición energética nacional y medidas para responder al cambio climático”.
Respecto de la publicación de los contratos, EITI manifiesta que “es un medio importante para hacer frente a la corrupción”.
“Desde enero de 2021 en adelante, los países del EITI están sujetos a divulgar los contratos firmados entre los gobiernos y las empresas. Esto puede exponer a los contratos que se desvían de las normas de la industria, que favorecen indebidamente a empresas específicas o que carecen de mecanismos de prevención adecuados en materia ambiental, social y de gobernanza”.
Publicar información sobre los procesos de otorgamiento de licencias y sus resultados puede ser útiles para detectar situaciones en las que quienes ostentan poder de decisión se han desviado de las normas o en las que se han hecho adjudicaciones a empresas que tienen conflictos de intereses o que son conocidas por incurrir en malas prácticas.
Existen herramientas desarrolladas por organizaciones asociadas que pueden ayudar a identificar los riesgos de corrupción en esta área. Entre ellas se encuentran una herramienta de diagnóstico de la corrupción creada por el NRGI y la herramienta de Evaluación de riesgos de corrupción en los otorgamientos del sector minero elaborada por el programa de Minería Responsable de Transparencia Internacional.
El informe está en la página del EITI. Un documento de síntesis que se puede descargar desde: https://acortar.link/d3kbXy
NITI: Una propuesta a tomar en
cuenta en las buenas y en las malas
Mayo 8 del 2022.- Tres elementos teóricos se suman y complementan para conformar el subtipo de negociación propuesto por el economista y asesor en temas sociales, César Reyna Ugarriza, quien ofrece un modelo aplicable no solo en caso de situaciones conflictivas, sino también en aquellos procesos de negociación en los que todavía no aparecen los elementos constitutivos del conflicto social en el ámbito minero-comunitario.
Dicho de otro modo, la Negociación Integrativa Transformadora Intercultural (NITI) también se utilizaría en situaciones en las que se rechaza la ejecución de proyectos extractivos, o se cuestiona seriamente la forma en la que estos planean ejecutarse.
El modelo busca ser útil en procesos en los que no se manifiesta el conflicto social entre las partes, es decir, cuando sus diferencias todavía no versan o tratan sobre elementos sustantivos de la relación, sino sobre aspectos regulares de una negociación ordinaria como, por ejemplo, el monto que la empresa deberá pagar a las comunidades locales por la utilización de sus tierras, la contratación de mano de obra calificada y no calificada en la zona que ingresará al proyecto o la adquisición de bienes y servicios locales por parte de la empresa, entre otros aspectos que son propios de la discusión de los temas de una agenda común.
La propuesta de una Negociación Integrativa Transformadora Intercultural puede verse de manera más amplia en:
https://www.linkedin.com/posts/c%C3%A9sar-reyna-ugarriza-73602a156_negociaci%C3%B3n-integrativa-transformadora-intercultural-activity-6928086434511749120-zLD3?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_app
Dicho de otro modo, la Negociación Integrativa Transformadora Intercultural (NITI) también se utilizaría en situaciones en las que se rechaza la ejecución de proyectos extractivos, o se cuestiona seriamente la forma en la que estos planean ejecutarse.
El modelo busca ser útil en procesos en los que no se manifiesta el conflicto social entre las partes, es decir, cuando sus diferencias todavía no versan o tratan sobre elementos sustantivos de la relación, sino sobre aspectos regulares de una negociación ordinaria como, por ejemplo, el monto que la empresa deberá pagar a las comunidades locales por la utilización de sus tierras, la contratación de mano de obra calificada y no calificada en la zona que ingresará al proyecto o la adquisición de bienes y servicios locales por parte de la empresa, entre otros aspectos que son propios de la discusión de los temas de una agenda común.
La propuesta de una Negociación Integrativa Transformadora Intercultural puede verse de manera más amplia en:
https://www.linkedin.com/posts/c%C3%A9sar-reyna-ugarriza-73602a156_negociaci%C3%B3n-integrativa-transformadora-intercultural-activity-6928086434511749120-zLD3?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_app
Creció el interés de los inversionistas mineros en el Ecuador
Abril 17 del 2022.- De acuerdo al Índice Fraser correspondiente al 2021 y publicado recientemente, Ecuador es el país latinoamericano más atractivo para los inversionistas del sector minero y se ubica en el puesto 24 entre las 84 jurisdicciones mineras que fueron tomadas en cuenta este año.
La provincia de San Juan, en Argentina, es la jurisdicción mejor ubicada pues ocupa el puesto número 12 del ranking.
De acuerdo al índice, que es resultado de una encuesta realizada a 2.200 ejecutivos del sector, la puntuación del Ecuador creció un 26% comparada con el 2020, llegando al 72,79 sobre 100 puntos frente a los 57,95 que alcanzó en el año 2020.
Para el Ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Bermeo Calderón: “Estos resultados históricos dan cuenta de la percepción positiva que tiene la comunidad internacional del país. Como Gobierno del Encuentro damos pasos firmes para atraer la inversión al Ecuador, necesaria para fortalecer la economía”, destacó.
Perú, Colombia y Chile bajaron sus calificaciones en el índice Fraser. El atractivo del Perú para los inversionistas volvió a caer y eso no es novedad porque es lo que se esperaba. El 2015, de 109 jurisdicciones evaluadas, Perú ocupó el puesto 36. Pasó al 28 en el 2016 y al 19 en el 2017. El año 2018 alcanzó su mejor momento como país destino para la inversión minera al ubicarse en el puesto número 14. En el 2019 y en el 2020 se ubicó en la plaza 24. Ahora está en el puesto 42 entre las 84 jurisdicciones juzgadas.
Chile también bajó del puesto 30 al 31, siendo superado en la región latinoamericana por Ecuador, Colombia y las provincias argentinas de Salta y San Juan.
Colombia pasó del puesto 28, que era el que ocupó el año 2020, al puesto número 29.
En el informe Fraser de este año, las jurisdicciones más atractivas para la inversión minera en el mundo están en Australia, Canadá y Estados Unidos. Entre las zonas de la región, las que destacan son San Juan-Argentina que está en el puesto número 12, Ecuador, Salta-Argentina, en el puesto 27, Colombia en el 29 y México que está en el puesto 34.
Al fondo de la clasificación aparecen Venezuela, China y Nicaragua, entre otros.
El informe completo puede descargarse de https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/annual-survey-of-mining-companies-2021.pdf
La provincia de San Juan, en Argentina, es la jurisdicción mejor ubicada pues ocupa el puesto número 12 del ranking.
De acuerdo al índice, que es resultado de una encuesta realizada a 2.200 ejecutivos del sector, la puntuación del Ecuador creció un 26% comparada con el 2020, llegando al 72,79 sobre 100 puntos frente a los 57,95 que alcanzó en el año 2020.
Para el Ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Bermeo Calderón: “Estos resultados históricos dan cuenta de la percepción positiva que tiene la comunidad internacional del país. Como Gobierno del Encuentro damos pasos firmes para atraer la inversión al Ecuador, necesaria para fortalecer la economía”, destacó.
Perú, Colombia y Chile bajaron sus calificaciones en el índice Fraser. El atractivo del Perú para los inversionistas volvió a caer y eso no es novedad porque es lo que se esperaba. El 2015, de 109 jurisdicciones evaluadas, Perú ocupó el puesto 36. Pasó al 28 en el 2016 y al 19 en el 2017. El año 2018 alcanzó su mejor momento como país destino para la inversión minera al ubicarse en el puesto número 14. En el 2019 y en el 2020 se ubicó en la plaza 24. Ahora está en el puesto 42 entre las 84 jurisdicciones juzgadas.
Chile también bajó del puesto 30 al 31, siendo superado en la región latinoamericana por Ecuador, Colombia y las provincias argentinas de Salta y San Juan.
Colombia pasó del puesto 28, que era el que ocupó el año 2020, al puesto número 29.
En el informe Fraser de este año, las jurisdicciones más atractivas para la inversión minera en el mundo están en Australia, Canadá y Estados Unidos. Entre las zonas de la región, las que destacan son San Juan-Argentina que está en el puesto número 12, Ecuador, Salta-Argentina, en el puesto 27, Colombia en el 29 y México que está en el puesto 34.
Al fondo de la clasificación aparecen Venezuela, China y Nicaragua, entre otros.
El informe completo puede descargarse de https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/annual-survey-of-mining-companies-2021.pdf
Analistas chilenos esperan aumento del precio del cobre
Abril 17 del 2022.- Según el informe con proyecciones sobre precios, demanda y oferta del cobre que elabora la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), las noticias son buenas para todo lo relacionado con el metal rojo, pues se prevé que el precio promedio de la libra para el año ya no será de US$ 3,95 sino de US$ 4,40 la libra de cobre.
La estimación del precio para el próximo año también se elevó de US$ 3,80 a US$3,95 la libra del metal.
Comentando la cifra, la ministra de Minería de Chile, Marcela Hernando, explicó que la guerra entre Rusia y Ucrania ha profundizado las incertidumbres que están impulsando al alza el precio del cobre, exacerbando la percepción de escasez del metal en el mercado lo cual significa “una buena noticia” para su país.
Dijo además que “esta alza de más de 40 centavos de dólar es una excelente noticia porque se mejora el ambiente de inversión para los países mineros frente a este escenario de incertidumbre a nivel mundial”.
Por su parte, el coordinador de Mercado Minero de Cochilco, Víctor Garay, sostuvo que la presión al alza seguirá influenciada por factores coyunturales.
Señaló que para el año 2022 se proyecta una oferta de cobre refinado de 21.879 mil toneladas, esto es un 3,6% más que en el año anterior, mientras que para la demanda se prevé un total de 25.219 toneladas, un 1,9% más que en 2021, generando un déficit de mercado de 104 mil toneladas de cobre.
El factor China no pasó desapercibido para los autores del informe, quienes opinan que una eventual desaceleración de la economía del gigante asiático influirá en el aumento del riesgo sobre las expectativas de crecimiento de la demanda del cobre.
Se espera que para el año 2023 la producción de cobre aumentaría 5,6% respecto de 2022, mientras que la oferta lo haría en 2,0%, generando un superávit de 329 mil toneladas de cobre en el mercado.
Para Chile se espera que este año la producción de cobre llegue a 5,78 millones toneladas, esto es un 2,6% más respecto a 2021.
La estimación del precio para el próximo año también se elevó de US$ 3,80 a US$3,95 la libra del metal.
Comentando la cifra, la ministra de Minería de Chile, Marcela Hernando, explicó que la guerra entre Rusia y Ucrania ha profundizado las incertidumbres que están impulsando al alza el precio del cobre, exacerbando la percepción de escasez del metal en el mercado lo cual significa “una buena noticia” para su país.
Dijo además que “esta alza de más de 40 centavos de dólar es una excelente noticia porque se mejora el ambiente de inversión para los países mineros frente a este escenario de incertidumbre a nivel mundial”.
Por su parte, el coordinador de Mercado Minero de Cochilco, Víctor Garay, sostuvo que la presión al alza seguirá influenciada por factores coyunturales.
Señaló que para el año 2022 se proyecta una oferta de cobre refinado de 21.879 mil toneladas, esto es un 3,6% más que en el año anterior, mientras que para la demanda se prevé un total de 25.219 toneladas, un 1,9% más que en 2021, generando un déficit de mercado de 104 mil toneladas de cobre.
El factor China no pasó desapercibido para los autores del informe, quienes opinan que una eventual desaceleración de la economía del gigante asiático influirá en el aumento del riesgo sobre las expectativas de crecimiento de la demanda del cobre.
Se espera que para el año 2023 la producción de cobre aumentaría 5,6% respecto de 2022, mientras que la oferta lo haría en 2,0%, generando un superávit de 329 mil toneladas de cobre en el mercado.
Para Chile se espera que este año la producción de cobre llegue a 5,78 millones toneladas, esto es un 2,6% más respecto a 2021.
Análisis de Factores de Riesgo Ambiental en la Relavera Comunitaria El Tablón
Escribe: Alexandra Acurio*
Marzo, 20 de 2022.- La Relavera Comunitaria El Tablón ubicada en el cantón Portovelo, Provincia de El Oro recibe los residuos mineros de las plantas de beneficio ubicadas en los cantones Portovelo, Zaruma, Piñas y Atahualpa. El transporte de relaves se lo realiza por medio de volquetas, pasando por una báscula y registro de la procedencia del relave; los relaves son lodos, efluentes y roca molida, producto de los procesos mecánicos y químicos que se realizan en una planta de procesamiento para extraer mineral (Valderrama et al.,2019).
La disposición de relaves se efectúa desde plataformas ubicadas en el flanco sur de la relavera, el tractor de orugas realiza el empuje de relaves que, por gravedad, desciende hacia el interior del vaso. La Relavera Comunitaria tiene una capacidad de 5,5 millones de metros cúbicos de relave, hasta julio 2019 se han confinado 1,6 metros cúbicos de relaves, se puede pronosticar que para el 2022 el volumen de relave confinado se aproxima a 2,5 millones de metros cúbicos de relave.
El acceso al interior del vaso está restringido por vía inhabilitada, el depósito desde el vaso en ascenso de cotas requiere que el contenido de humedad sea del 20 % que corresponde a la humedad óptima que permite el manejo con equipos de movimientos de tierra para realizar la compactación.
Esta evaluación de impactos realizada por las ingenieras Alexandra Acurio Rivera de la Universidad Internacional del Ecuador y Carolina Montero Calderón, de la Universidad Central del Ecuador, estableció que el impacto negativo de mayor relevancia corresponde a la actividad carguío de relaves representado por el 27% seguido por transporte de relaves que corresponde al 19% y el 17% asignado a la actividad de tratamiento de líquidos.
Según el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (Ministerio de Ambiente, 2014), se prohíbe la disposición de desechos generados en plantas de beneficio tales como relaves, soluciones, aguas de procesos, químicos y otros, directamente a los cursos de agua y suelo.
La tabla 1 representa la caracterización de relaves depositados en El Tablón y se identifican los parámetros cuyos resultados superan los criterios de remediación (Ministerio del Ambiente, 2015)
Marzo, 20 de 2022.- La Relavera Comunitaria El Tablón ubicada en el cantón Portovelo, Provincia de El Oro recibe los residuos mineros de las plantas de beneficio ubicadas en los cantones Portovelo, Zaruma, Piñas y Atahualpa. El transporte de relaves se lo realiza por medio de volquetas, pasando por una báscula y registro de la procedencia del relave; los relaves son lodos, efluentes y roca molida, producto de los procesos mecánicos y químicos que se realizan en una planta de procesamiento para extraer mineral (Valderrama et al.,2019).
La disposición de relaves se efectúa desde plataformas ubicadas en el flanco sur de la relavera, el tractor de orugas realiza el empuje de relaves que, por gravedad, desciende hacia el interior del vaso. La Relavera Comunitaria tiene una capacidad de 5,5 millones de metros cúbicos de relave, hasta julio 2019 se han confinado 1,6 metros cúbicos de relaves, se puede pronosticar que para el 2022 el volumen de relave confinado se aproxima a 2,5 millones de metros cúbicos de relave.
El acceso al interior del vaso está restringido por vía inhabilitada, el depósito desde el vaso en ascenso de cotas requiere que el contenido de humedad sea del 20 % que corresponde a la humedad óptima que permite el manejo con equipos de movimientos de tierra para realizar la compactación.
Esta evaluación de impactos realizada por las ingenieras Alexandra Acurio Rivera de la Universidad Internacional del Ecuador y Carolina Montero Calderón, de la Universidad Central del Ecuador, estableció que el impacto negativo de mayor relevancia corresponde a la actividad carguío de relaves representado por el 27% seguido por transporte de relaves que corresponde al 19% y el 17% asignado a la actividad de tratamiento de líquidos.
Según el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras (Ministerio de Ambiente, 2014), se prohíbe la disposición de desechos generados en plantas de beneficio tales como relaves, soluciones, aguas de procesos, químicos y otros, directamente a los cursos de agua y suelo.
La tabla 1 representa la caracterización de relaves depositados en El Tablón y se identifican los parámetros cuyos resultados superan los criterios de remediación (Ministerio del Ambiente, 2015)
Con los resultados obtenidos de la investigación, se plantean alternativas para la mitigación de impactos negativos entre los cuales se puede señalar: (a) implantar un sistema de gestión de relaves para que, de manera transversal, se actúe en todas las fases de la vida útil del depósito e incorporar estándares internacionales para la vigilancia activa del depósito; (b) iniciar los estudios de diseño y elección del área para construcción de la planta de tratamiento de lixiviados; y c) instalar instrumentación geotécnica para obtener una oportuna detección de anomalías que se desarrollen durante la vida útil del depósito.
*Alexandra Acurio Rivera, es ingeniera de Minas, con más de 10 años de experiencia en labores operativas y administrativas en actividades mineras, en las áreas medio ambiente, seguridad y salud ocupacional; magister en Gestión de Riesgos; especialista en Toxicología Laboral; auxiliar de Enfermería y capacitadora independiente avalada por el Ministerio del Trabajo.
Referencias:
Acurio, A. y Montero, C. 2020. Análisis de factores de riesgo ambiental en la relavera comunitaria El Tablón, cantón Portovelo, provincia de El Oro. Quito: Universidad Central del Ecuador. Revista Figempa Investigación y desarrollo, año 2020, volumen 1, número 2, diciembre 2020, pp.72-82.
Valderrama, J., Campusano, R. & Espíndola, C. 2019. Minería Chilena: Captura, Transporte, y Almacenamiento de Dióxido de Carbono en Relaves mediante Líquidos Iónicos y Carbonatación Mineral. Información tecnológica, 30(5), pp. 357-372.
Ministerio de Ambiente 2014. Reglamento ambiental de actividades mineras. Quito: Acuerdo Ministerial 37.
Ministerio del Ambiente 2015. Reforma del libro vi del texto unificado de legislación ambiental secundaria, Ecuador: s/n
*Alexandra Acurio Rivera, es ingeniera de Minas, con más de 10 años de experiencia en labores operativas y administrativas en actividades mineras, en las áreas medio ambiente, seguridad y salud ocupacional; magister en Gestión de Riesgos; especialista en Toxicología Laboral; auxiliar de Enfermería y capacitadora independiente avalada por el Ministerio del Trabajo.
Referencias:
Acurio, A. y Montero, C. 2020. Análisis de factores de riesgo ambiental en la relavera comunitaria El Tablón, cantón Portovelo, provincia de El Oro. Quito: Universidad Central del Ecuador. Revista Figempa Investigación y desarrollo, año 2020, volumen 1, número 2, diciembre 2020, pp.72-82.
Valderrama, J., Campusano, R. & Espíndola, C. 2019. Minería Chilena: Captura, Transporte, y Almacenamiento de Dióxido de Carbono en Relaves mediante Líquidos Iónicos y Carbonatación Mineral. Información tecnológica, 30(5), pp. 357-372.
Ministerio de Ambiente 2014. Reglamento ambiental de actividades mineras. Quito: Acuerdo Ministerial 37.
Ministerio del Ambiente 2015. Reforma del libro vi del texto unificado de legislación ambiental secundaria, Ecuador: s/n
Nueva definición para el conflicto social en minería
Escribe: César Reyna.
Marzo 13 de 2022.-
Definición de conflicto social
A continuación, presentamos las definiciones que manejan dos entidades encargadas de monitorear y analizar los conflictos sociales en Perú: la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
“1. Definición de conflicto social según la Defensoría del Pueblo. Para la Defensoría del Pueblo, “desde una dimensión social, en un Estado de derecho, se puede definir al conflicto social, “como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios. Y estas contradicciones pueden derivar en violencia”[2].
En ese sentido, “la complejidad de los conflictos está determinada por los problemas que se señalan, las percepciones acerca de ellos, el número de actores que intervienen, la diversidad cultural, económica, social y política, la debilidad institucional para darle un curso racional al conflicto, las formas de violencia que pueden presentarse, entre otros elementos”[3].
2. Definición de conflicto social según la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Para la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ofrece la siguiente definición de conflicto social:
“El conflicto social se entiende como un proceso social dinámico en el que dos o más partes interdependientes perciben que sus intereses se contraponen (metas incompatibles, escasez de recursos e interferencia de la otra parte para la consecución de sus metas u objetivos), adoptando acciones que puedan constituir una amenaza a la gobernabilidad y/o el orden público, y para cuya resolución, se requiere la intervención del Estado en calidad de mediador, negociador o garante de derechos”[4]. (El subrayado y cursiva es nuestro)
Nótese el énfasis que la PCM pone en la gobernabilidad[5] y el orden público, condiciones necesarias para alcanzar el desarrollo del país. También advertimos que lo que representa una amenaza para la estabilidad social no es el conflicto en sí, sino las medidas que pueden llegar a adoptar los actores que forman parte de este. Asimismo, la presente definición encierra entre tres posibles causas de los conflictos como “metas incompatibles, escasez de recursos e interferencia de la otra parte para la consecución de sus metas u objetivos”.
La primera puede implicar, por ejemplo, que las partes del conflicto tengan ideas diferentes en torno al desarrollo, como ocurre en el debate entre extractivismo y posextractivismo que se presenta en regiones donde predomina la producción minera[5].
La segunda recuerda la tensión existente entre dos actividades productivas aparentemente irreconciliables como la agricultura y la minería, ya que compiten por el aprovechamiento de recursos escasos como el agua y la tierra. La tercera puede producirse, por ejemplo, en el caso de pueblos indígenas[6] o comunidades campesinas[6] afectados por la ejecución de proyectos extractivos en zonas selváticas o altoandinas.
Definición propuesta de conflicto social
Postulamos que el conflicto surge cuando una de las partes (de la relación) –generalmente la comunidad local- percibe un peligro o amenaza -sea real, potencial o imaginaria- y este se atribuye o es producto de las decisiones, acciones u omisiones de la otra parte (en este caso la empresa extractiva o gobierno), generando así una demanda que se agrava cuando esta última es atendida de manera insatisfactoria, ya sea ignorándola, rechazándola, dilatando su respuesta u ofreciendo soluciones que la contraparte considera insuficientes o inadecuadas.
Se podría alegar que el conflicto no solo surge por la percepción psicológica o mental del peligro, riesgo o amenaza por parte de un grupo o conjunto de personas, sino por determinadas situaciones que no son atendidas en su momento u oportunidad, tales como exigencias de orden económico (solicitudes de montos adicionales, plazas laborales y celebración de contratos para tener la calidad de proveedores); renegociación de acuerdos o convenios marco, instalación o reinstalación de mesas de diálogo, trabajo, desarrollo, técnicas, etc. En este caso el conflicto no tiene origen en un daño real o potencial, sino en una o varias pretensiones exigidas por una de las partes hacia la otra u otras.
Los escenarios que pueden presentarse son los siguientes:
A continuación, explicaremos cada uno de los elementos que contiene nuestra definición:
Cabe precisar que los conflictos, según un estudio de la Universidad de Queensland y la Universidad de Harvard “(…) son un subconjunto de relaciones. La manera en cómo se resuelven los conflictos debe estar en línea en cómo se crean, mantienen o se destruyen las relaciones”[18]. (cursiva y negrita es nuestra).
El riesgo real se define como una combinación de peligro e indignación. Según Peter Sandman, “(…) cuando la gente insiste en que algo es un riesgo real, están expresando una combina-ción de preocupación (por ejemplo, esto probablemente me cause daño) y de una emoción (esto me pone furioso). (…) Cuando las comunidades perciben que una compañía o gobierno es deshonesto, no responden o no tienen autoridad moral, a veces reaccionan con indignación”[19]. (cursivas y negritas es nuestro)
Riesgo real (comunidad local) = peligro (potencial) + indignación (emoción)
Entonces:
Riesgo real = peligro + indignación
En cuanto a la amenaza cierta, esta es un componente del riesgo social, que afecta exclusivamente a las empresas. El riesgo social se entiende como aquel que “(…) ocurre cuando un stakeholder empoderado (grupo de interés local) toma un asunto o problema social y aplica presión sobre una empresa (la explotación de una vulnerabilidad en los ingresos, por ejemplo, reputación, imagen corporativa), por lo que la empresa va a cambiar las políticas o su enfoque en el mercado”[20].
En ese sentido, cuando una amenaza llega a convertirse en vulnerabilidad, el negocio o el proceso operativo se consideran en riesgo.
Riesgo social (de la empresa) = amenaza (de un grupo de interés por un tema social/ambiental) * vulnerabilidad (en la cadena de valor de la empresa)
Entonces:
Riesgo Social = Amenaza * Vulnabilidad
El conflicto en el sector extractivo se caracteriza por la introducción de elementos constitutivos de los riesgos sociales y reales que afectan a empresas y comunidades locales, respectivamente”[21].
* Consultor en temas económicos y sociales.
E mail: [email protected]
Referencias:
************************************************************************************************************************************************
1. [2] Definición otorgada por la Defensoría del Pueblo, en el Curso Virtual “Introducción a la conflictividad social desde la perspectiva de la Defensoría del Pueblo”. Perú-2009.
2. [3] Defensoría del Pueblo. “Ante todo, el diálogo. Defensoría del Pueblo y conflictos sociales y políticos”. Primera Edición, noviembre 2005.
3. [4] Informe Willaqniki N°1 de la ONDS., pp. 17. Definición basada parcialmente en la definición contenida en el documento Lineamientos y Estrategias para la Gestión de Conflictos Sociales, aprobados por Resolución Ministerial 164–2011-PCM.
4. [5] La Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) no solo debería enfocarse en la gobernabilidad y evitar conflictos, sino también en la construcción de ciudadanía democrática, empoderando a grupos excluidos de la sociedad; asimismo, debe generar mecanismos institucionales para que los conflictos sociales se procesen pacíficamente.
5. [6] El extractivismo y el post extractivismo son dos propuestas o modelos de desarrollo que tienen vigencia o actualidad. El extractivismo supone aprovechar la riqueza natural que ofrece el país, como la disponibilidad de abundantes yacimientos minerales, para obtener ingresos que financien programas sociales, planes de infraestructura, etc. En cambio el post extractivismo implica promover distintas alternativas productivas a fin de evitar la dependencia de sectores dedicados a la explotación de recursos, así como evitar los impactos que dicha explotación causa sobre el ambiente. El post extractivismo se construye a partir del planteamiento de la sostenibilidad, es decir, de alcanzar el desarrollo a través de actividades duraderas en el tiempo, y que a la vez amigables con el ambiente.
6. [7] Los pueblos indígenas son grupos descendientes de las poblaciones precolombinas, por cuya cosmovisión sobre el territorio, la naturaleza, la cultura y la espiritualidad mantienen una particular relación con los recursos naturales y la biodiversidad de sus territorios. Su situación de vulnerabilidad los convierte en sujetos de protección especial por parte del derecho internacional y nacional. Estos pueblos han pasado por procesos históricos de servidumbre, colonización, esclavitud y exterminio, han sufrido explotación en plantaciones caucheras y gran afectación por parte de industrias petroleras, mineras, etc., así como la alteración de su entorno y modo de vida tradicional por deforestación, actividades agroindustriales, narcotráfico y violencia asociada a movimientos armados, etc.
7. [18] Myriam Cabrera (2004). La Comunicación y la Administración de Conflictos — Implicaciones para el Sector Extractivo. Editado por: PERCAN (Proyecto de Reforma del Sector de Recursos Minerales del Perú), Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional y Ministerio de Energía y Minas (MEM). Primera Edición. Lima, mayo de 2004, pp. 54.
8. [19] Atkins, David y Wildau, Susan (2007). El Poder del Diálogo — Resumen Ejecutivo. Construyendo consenso: Historia y Lecciones Aprendidas de la Mesa de Diálogo y Consenso CAO-Cajamarca, Perú. Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO, puesto independiente que reporta directamente al Presidente del Grupo Banco Mundial (BM). Washington, DC, 2007. Abril, 2009.
9. [20] Kemp, Deanna y Bond, Carol J (2009). En “Perspectivas de la industria minera en el manejo de quejas de la comunidad. Resumen y análisis de las entrevistas de la industria”. Un estudio elaborado por El Centro para la Responsabilidad Social en Minería (CSRM) de la Universidad de Queensland, Australia, y la Iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard
10. [21] En Kyttle, Beth y Ruggie, John Gerard (2005). “Corporate as Risk Management: A Model for Multinationals”. Corporate Social Responsibility Initiative Working Paper N° 10. Cambridge, MA: John Kennedy School of Government, Harvard University. 2005., p. 6.
Todas las citas se encuentran en el siguiente documento:
Reyna Ugarriza, César (2021). Fórmula Matemática del Conflicto Social en Minería.
Medium. Lima. Publicado el 13 de noviembre de 2021. Disponible en:
https://cesarreyna78.medium.com/f%C3%B3rmula-matem%C3%A1tica-del-conflicto-social-en-miner%C3%ADa-99d30d009e80
Marzo 13 de 2022.-
Definición de conflicto social
A continuación, presentamos las definiciones que manejan dos entidades encargadas de monitorear y analizar los conflictos sociales en Perú: la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
“1. Definición de conflicto social según la Defensoría del Pueblo. Para la Defensoría del Pueblo, “desde una dimensión social, en un Estado de derecho, se puede definir al conflicto social, “como un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorios. Y estas contradicciones pueden derivar en violencia”[2].
En ese sentido, “la complejidad de los conflictos está determinada por los problemas que se señalan, las percepciones acerca de ellos, el número de actores que intervienen, la diversidad cultural, económica, social y política, la debilidad institucional para darle un curso racional al conflicto, las formas de violencia que pueden presentarse, entre otros elementos”[3].
2. Definición de conflicto social según la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Para la Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ofrece la siguiente definición de conflicto social:
“El conflicto social se entiende como un proceso social dinámico en el que dos o más partes interdependientes perciben que sus intereses se contraponen (metas incompatibles, escasez de recursos e interferencia de la otra parte para la consecución de sus metas u objetivos), adoptando acciones que puedan constituir una amenaza a la gobernabilidad y/o el orden público, y para cuya resolución, se requiere la intervención del Estado en calidad de mediador, negociador o garante de derechos”[4]. (El subrayado y cursiva es nuestro)
Nótese el énfasis que la PCM pone en la gobernabilidad[5] y el orden público, condiciones necesarias para alcanzar el desarrollo del país. También advertimos que lo que representa una amenaza para la estabilidad social no es el conflicto en sí, sino las medidas que pueden llegar a adoptar los actores que forman parte de este. Asimismo, la presente definición encierra entre tres posibles causas de los conflictos como “metas incompatibles, escasez de recursos e interferencia de la otra parte para la consecución de sus metas u objetivos”.
La primera puede implicar, por ejemplo, que las partes del conflicto tengan ideas diferentes en torno al desarrollo, como ocurre en el debate entre extractivismo y posextractivismo que se presenta en regiones donde predomina la producción minera[5].
La segunda recuerda la tensión existente entre dos actividades productivas aparentemente irreconciliables como la agricultura y la minería, ya que compiten por el aprovechamiento de recursos escasos como el agua y la tierra. La tercera puede producirse, por ejemplo, en el caso de pueblos indígenas[6] o comunidades campesinas[6] afectados por la ejecución de proyectos extractivos en zonas selváticas o altoandinas.
Definición propuesta de conflicto social
Postulamos que el conflicto surge cuando una de las partes (de la relación) –generalmente la comunidad local- percibe un peligro o amenaza -sea real, potencial o imaginaria- y este se atribuye o es producto de las decisiones, acciones u omisiones de la otra parte (en este caso la empresa extractiva o gobierno), generando así una demanda que se agrava cuando esta última es atendida de manera insatisfactoria, ya sea ignorándola, rechazándola, dilatando su respuesta u ofreciendo soluciones que la contraparte considera insuficientes o inadecuadas.
Se podría alegar que el conflicto no solo surge por la percepción psicológica o mental del peligro, riesgo o amenaza por parte de un grupo o conjunto de personas, sino por determinadas situaciones que no son atendidas en su momento u oportunidad, tales como exigencias de orden económico (solicitudes de montos adicionales, plazas laborales y celebración de contratos para tener la calidad de proveedores); renegociación de acuerdos o convenios marco, instalación o reinstalación de mesas de diálogo, trabajo, desarrollo, técnicas, etc. En este caso el conflicto no tiene origen en un daño real o potencial, sino en una o varias pretensiones exigidas por una de las partes hacia la otra u otras.
Los escenarios que pueden presentarse son los siguientes:
- En principio los pedidos de este tipo pueden ser atendidos si cumplen requisitos de justicia y legitimidad. Esto significa que las demandas pueden ser atendidas, total o parcialmente, si gozan de lógica y se ajustan a la realidad, y quien reclama cuenta con las atribuciones para representar los intereses de la parte demandante.
- Las aspiraciones o reclamos de esta naturaleza pueden convertirse en demandas imposibles o difíciles de cumplir en la forma pretendida por la contraparte si escapan a las posibilidades económicas o carecen de suficientes argumentos de justicia y legitimidad. Esto puede originar el escalamiento del conflicto en determinados casos.
- Cuando las demandas no son atendidas y transcurre cierto tiempo se puede generar uno o varios episodios de crisis en la medida que crezca el malestar, la indignación, el descontento y la frustración en la parte demandante.
A continuación, explicaremos cada uno de los elementos que contiene nuestra definición:
- El conflicto se origina, como sostiene Myriam Cabrera, dentro de una relación. Es la manifestación del estado de tensión en el que se encuentra la relación entre partes culturalmente distintas. Este estado es indeseado –asumimos que nadie desea vivir en conflicto-, pero sirve para expresar el descontento con determinadas políticas, medidas, prácticas o acciones de una de las partes. De otro modo, no sería posible conseguir la atención de la contraparte que lo originó. Es decir, la situación conflictiva aparece cuando otras formas –aparentemente más formales- no han logrado promover el inicio de un proceso de diálogo o negociación encaminado a abordar el problema de fondo.
Cabe precisar que los conflictos, según un estudio de la Universidad de Queensland y la Universidad de Harvard “(…) son un subconjunto de relaciones. La manera en cómo se resuelven los conflictos debe estar en línea en cómo se crean, mantienen o se destruyen las relaciones”[18]. (cursiva y negrita es nuestra).
- El conflicto aparece cuando una de las partes “percibe un peligro o amenaza potencial, en el caso de una comunidad; una amenaza cierta o probable, en el caso de una empresa extractiva. En ese sentido, la percepción de peligro potencial o amenaza cierta son reacciones o consecuencias a acciones atribuidas –en un primer momento- a la contraparte. El peligro potencial es un elemento del riesgo real, el cual atañe estrictamente a la comunidad local.
El riesgo real se define como una combinación de peligro e indignación. Según Peter Sandman, “(…) cuando la gente insiste en que algo es un riesgo real, están expresando una combina-ción de preocupación (por ejemplo, esto probablemente me cause daño) y de una emoción (esto me pone furioso). (…) Cuando las comunidades perciben que una compañía o gobierno es deshonesto, no responden o no tienen autoridad moral, a veces reaccionan con indignación”[19]. (cursivas y negritas es nuestro)
Riesgo real (comunidad local) = peligro (potencial) + indignación (emoción)
Entonces:
Riesgo real = peligro + indignación
En cuanto a la amenaza cierta, esta es un componente del riesgo social, que afecta exclusivamente a las empresas. El riesgo social se entiende como aquel que “(…) ocurre cuando un stakeholder empoderado (grupo de interés local) toma un asunto o problema social y aplica presión sobre una empresa (la explotación de una vulnerabilidad en los ingresos, por ejemplo, reputación, imagen corporativa), por lo que la empresa va a cambiar las políticas o su enfoque en el mercado”[20].
En ese sentido, cuando una amenaza llega a convertirse en vulnerabilidad, el negocio o el proceso operativo se consideran en riesgo.
Riesgo social (de la empresa) = amenaza (de un grupo de interés por un tema social/ambiental) * vulnerabilidad (en la cadena de valor de la empresa)
Entonces:
Riesgo Social = Amenaza * Vulnabilidad
El conflicto en el sector extractivo se caracteriza por la introducción de elementos constitutivos de los riesgos sociales y reales que afectan a empresas y comunidades locales, respectivamente”[21].
* Consultor en temas económicos y sociales.
E mail: [email protected]
Referencias:
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1. [2] Definición otorgada por la Defensoría del Pueblo, en el Curso Virtual “Introducción a la conflictividad social desde la perspectiva de la Defensoría del Pueblo”. Perú-2009.
2. [3] Defensoría del Pueblo. “Ante todo, el diálogo. Defensoría del Pueblo y conflictos sociales y políticos”. Primera Edición, noviembre 2005.
3. [4] Informe Willaqniki N°1 de la ONDS., pp. 17. Definición basada parcialmente en la definición contenida en el documento Lineamientos y Estrategias para la Gestión de Conflictos Sociales, aprobados por Resolución Ministerial 164–2011-PCM.
4. [5] La Secretaría de Gestión Social y Diálogo (SGSD) no solo debería enfocarse en la gobernabilidad y evitar conflictos, sino también en la construcción de ciudadanía democrática, empoderando a grupos excluidos de la sociedad; asimismo, debe generar mecanismos institucionales para que los conflictos sociales se procesen pacíficamente.
5. [6] El extractivismo y el post extractivismo son dos propuestas o modelos de desarrollo que tienen vigencia o actualidad. El extractivismo supone aprovechar la riqueza natural que ofrece el país, como la disponibilidad de abundantes yacimientos minerales, para obtener ingresos que financien programas sociales, planes de infraestructura, etc. En cambio el post extractivismo implica promover distintas alternativas productivas a fin de evitar la dependencia de sectores dedicados a la explotación de recursos, así como evitar los impactos que dicha explotación causa sobre el ambiente. El post extractivismo se construye a partir del planteamiento de la sostenibilidad, es decir, de alcanzar el desarrollo a través de actividades duraderas en el tiempo, y que a la vez amigables con el ambiente.
6. [7] Los pueblos indígenas son grupos descendientes de las poblaciones precolombinas, por cuya cosmovisión sobre el territorio, la naturaleza, la cultura y la espiritualidad mantienen una particular relación con los recursos naturales y la biodiversidad de sus territorios. Su situación de vulnerabilidad los convierte en sujetos de protección especial por parte del derecho internacional y nacional. Estos pueblos han pasado por procesos históricos de servidumbre, colonización, esclavitud y exterminio, han sufrido explotación en plantaciones caucheras y gran afectación por parte de industrias petroleras, mineras, etc., así como la alteración de su entorno y modo de vida tradicional por deforestación, actividades agroindustriales, narcotráfico y violencia asociada a movimientos armados, etc.
7. [18] Myriam Cabrera (2004). La Comunicación y la Administración de Conflictos — Implicaciones para el Sector Extractivo. Editado por: PERCAN (Proyecto de Reforma del Sector de Recursos Minerales del Perú), Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional y Ministerio de Energía y Minas (MEM). Primera Edición. Lima, mayo de 2004, pp. 54.
8. [19] Atkins, David y Wildau, Susan (2007). El Poder del Diálogo — Resumen Ejecutivo. Construyendo consenso: Historia y Lecciones Aprendidas de la Mesa de Diálogo y Consenso CAO-Cajamarca, Perú. Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman (CAO, puesto independiente que reporta directamente al Presidente del Grupo Banco Mundial (BM). Washington, DC, 2007. Abril, 2009.
9. [20] Kemp, Deanna y Bond, Carol J (2009). En “Perspectivas de la industria minera en el manejo de quejas de la comunidad. Resumen y análisis de las entrevistas de la industria”. Un estudio elaborado por El Centro para la Responsabilidad Social en Minería (CSRM) de la Universidad de Queensland, Australia, y la Iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard
10. [21] En Kyttle, Beth y Ruggie, John Gerard (2005). “Corporate as Risk Management: A Model for Multinationals”. Corporate Social Responsibility Initiative Working Paper N° 10. Cambridge, MA: John Kennedy School of Government, Harvard University. 2005., p. 6.
Todas las citas se encuentran en el siguiente documento:
Reyna Ugarriza, César (2021). Fórmula Matemática del Conflicto Social en Minería.
Medium. Lima. Publicado el 13 de noviembre de 2021. Disponible en:
https://cesarreyna78.medium.com/f%C3%B3rmula-matem%C3%A1tica-del-conflicto-social-en-miner%C3%ADa-99d30d009e80
Herramienta de gestión social en relaciones comunitarias:
La Evaluación Relacional
Escribe: César Reyna.*
Marzo 6 de 2022.- Esta novedosa herramienta se emplea para analizar el tipo de relación (intercultural, transaccional o contractual, adversarial o antagonista, etc.) que se tiene con cada actor social, económico o político relevante del área de influencia (comunidad, ronda campesina, municipalidad, etc.) y determinar si la relación es funcional o disfuncional para las empresas mineras y en función de los hallazgos o resultados de la investigación.
Es importante identificar el tipo de relación que se mantiene o está construyendo con cada uno de los grupos de interés (stakeholders) para determinar los resultados que cabe esperar en cada uno de los casos, es decir, el análisis situacional de la relación proporcionará los elementos necesarios para definir correctamente la clase de relación que se tiene actor por actor, lo cual es sumamente útil para anticipar escenarios o cursos de acción, y realizar los cambios o ajustes necesarios para mantener la funcionalidad de la relación.
Saber qué tipo de relación se tiene en un momento dado en una determinada etapa del proyecto, así como conocer sus características esenciales o fundamentales, permitirá que el área de Relaciones Comunitarias (RR CC) pueda conocer el estado actual de sus interrelaciones con los actores sociales y realizar los correctivos necesarios. Por lo general, por medio de otros instrumentos o mecanismos, se analizan a los actores, sus percepciones, intereses y posiciones, además de necesidades básicas o los impactos que producen las actividades u operaciones de las empresas en los entornos sociales y ambientales, pero no se toma en cuenta la situación o estado de la relación, tampoco se la identifica con algún tipo o clase particular de relación, ni se conocen realmente sus principales características, lo que conlleva a actuar o intervenir de manera limitada o restrictiva en el ámbito de la gestión social.
En tal sentido, planteamos una serie de definiciones que ayuden a precisar las distintas clases de relaciones que pueden presentarse en el entorno social con sus respectivos elementos o características, asimismo, introducimos indicadores para medir el estado de la relación, esto es, con el propósito de determinar su funcionalidad o disfuncionalidad. El objetivo no es otro que contribuir al perfeccionamiento y acuciosidad de la gestión social de las empresas mineras en sus ámbitos operativos.
Antes de entrar de lleno en el terreno de las definiciones, conviene precisar lo que entendemos por relación en la gestión social. En esa línea, una relación implica la conexión de una cosa con otra, según el diccionario; pero entrando en el ámbito estrictamente social, nos referimos a vínculos de distinto tipo y profundidad entre grupos humanos heterogéneos, es decir, diversos en términos culturales (étnicos y lingüísticos), económicos, sociales, etc.
Estudiar o conceptualizar la relación en el ámbito de la gestión social en minería supone conocer las premisas o principios básicos que la rigen, a saber:
A continuación, presentamos una serie conceptos clave que ayudarán a reconocer cada relación entre las empresas y sus respectivos grupos de interés externo:
Relación Intercultural (idónea o plena): es aquella en la que los elementos constitutivos de la relación intercultural no solo se hallan presentes (confianza, interdependencia y valores comunes), sino que se encuentran debidamente potenciados. El buen entendimiento entre los actores les permite realizar mejoraras en su relación (comunicación, necesidades, desarrollo, etc.). Por tanto, es plenamente funcional y posibilita el acuerdo y la licencia social de los proyectos de inversión privada.
Se trata del tipo óptimo o ideal en el caso de construir una relación, porque la relación intercultural, elemento central de nuestro modelo de gestión social, se constituye a partir “de las interacciones que se producen en determinados espacios sociales entre personas o grupos culturalmente diferentes y que, en un clima de confianza e interdependencia, han descubierto valores e intereses comunes –elementos principales de cualquier relación intercultural- que no solo les permite coexistir de manera armoniosa, sino generar acuerdos sostenibles y superar cualquier diferencia o problema sustantivo. De este modo la creación de la relación intercultural se convierte en el gran objetivo a alcanzar en el marco de las relaciones comunitarias, ya que además de propiciar acuerdos, reduce efectivamente el riesgo de conflictos –el denominado riesgo social- por lo que los proyectos mineros gozarían de mejores perspectivas de avance, desarrollo y estabilidad” (Reyna Ugarriza, Medium, 2020).
Relación Intercultural deficiente (insatisfactoria): es una clase de relación que presenta problemas de manera regular que no le permiten alcanzar su potencial ni crear suficiente valor para las partes, en este caso, empresa y comunidad. Esto puede deberse a una mala preparación inicial durante la etapa de formación o construcción de la relación (poca capacidad del personal a cargo, malas actitudes, escasa transparencia, etc.), algún otro obstáculo posterior que no fue removido ni abordado (incidentes no resueltos en el plano comunicativo que restaron confianza y credibilidad, como promesas incumplidas, por ejemplo), problemas tanto internos como externos que afectaron su funcionalidad (injerencias de terceros), etc. Esta clase de relación puede ser considerada poco funcional o levemente disfuncional.
Relación Contractualista – Transaccional: se trata de una relación basada en acuerdos escritos o verbales (contratos o convenios), por lo que no existe una relación intercultural propiamente dicha. En ella las partes valoran más el acuerdo y sus beneficios que crear una relación sólida que posibilite un mejor entendimiento y el desarrollo. Los actores se interrelacionan en términos de prestaciones o intercambios meramente económicos, pecuniarios o patrimoniales. Una relación de este tipo suele generar conflictos de manera periódica en la medida que, si las demandas económicas y/o comerciales no son atendidas oportunamente, como la exigencia de empleo, contratación de proveedores de bienes y servicios locales, pago recurrente de reparaciones o compensaciones, etc., la parte demandante puede adoptar medidas de presión que pongan en riesgo las operaciones de la empresa.
Relación Adversarial (antagonista): se caracteriza por ser una relación disfuncional que regularmente genera conflictos graves o intensos debido a que ambas partes o una de ellas considera a la otra como rival y no como socia estratégica del desarrollo o comercial (parte contractual). La comunicación no es sincera ni fluida. Existe mucha desconfianza entre los actores, así como resentimiento, heridas no curadas, huellas emocionales, sentimientos de cólera o ira, etc. El proyecto, en esas circunstancias, no puede desarrollarse con normalidad (paralizaciones, como la toma de vías, que afectan la producción) o no es capaz de asegurar su viabilidad (no ha podido construirse ni comenzar a operar).
Al menos una de las partes considera que sus posiciones e intereses como irreconciliables. En este caso uno de los grupos involucrados puede considerar la realización del proyecto como una amenaza directa para su forma o modo de vida productivo o tradicional. Esta relación suele presentarse cuando el grupo local privilegia en demasía la conservación del ambiente (agua especies), la cultura (tradiciones y valores) y la agricultura (actividad económica).
Finalmente, un tercer componente de la herramienta de Evaluación Relacional son los elementos de diagnóstico y sus propios indicadores, los cuales fueron diseñados para analizar distintos hechos y situaciones, y para poder identificar o reconocer -sobre el terreno social- los diferentes tipos de relaciones que se presentan entre empresas y grupos de interés local, así como sus perspectivas a corto, mediano o largo plazo -o posibles desarrollos- para definir escenarios y recomendar acciones concretas con la finalidad de transformar o reencausar las relaciones para brindar estabilidad al proyecto, reducir riesgos sociales, generar acuerdos y afianzar o consolidar el logro de la deseada licencia social.
* Consultor en temas económicos y sociales.
E mail: [email protected]
Marzo 6 de 2022.- Esta novedosa herramienta se emplea para analizar el tipo de relación (intercultural, transaccional o contractual, adversarial o antagonista, etc.) que se tiene con cada actor social, económico o político relevante del área de influencia (comunidad, ronda campesina, municipalidad, etc.) y determinar si la relación es funcional o disfuncional para las empresas mineras y en función de los hallazgos o resultados de la investigación.
Es importante identificar el tipo de relación que se mantiene o está construyendo con cada uno de los grupos de interés (stakeholders) para determinar los resultados que cabe esperar en cada uno de los casos, es decir, el análisis situacional de la relación proporcionará los elementos necesarios para definir correctamente la clase de relación que se tiene actor por actor, lo cual es sumamente útil para anticipar escenarios o cursos de acción, y realizar los cambios o ajustes necesarios para mantener la funcionalidad de la relación.
Saber qué tipo de relación se tiene en un momento dado en una determinada etapa del proyecto, así como conocer sus características esenciales o fundamentales, permitirá que el área de Relaciones Comunitarias (RR CC) pueda conocer el estado actual de sus interrelaciones con los actores sociales y realizar los correctivos necesarios. Por lo general, por medio de otros instrumentos o mecanismos, se analizan a los actores, sus percepciones, intereses y posiciones, además de necesidades básicas o los impactos que producen las actividades u operaciones de las empresas en los entornos sociales y ambientales, pero no se toma en cuenta la situación o estado de la relación, tampoco se la identifica con algún tipo o clase particular de relación, ni se conocen realmente sus principales características, lo que conlleva a actuar o intervenir de manera limitada o restrictiva en el ámbito de la gestión social.
En tal sentido, planteamos una serie de definiciones que ayuden a precisar las distintas clases de relaciones que pueden presentarse en el entorno social con sus respectivos elementos o características, asimismo, introducimos indicadores para medir el estado de la relación, esto es, con el propósito de determinar su funcionalidad o disfuncionalidad. El objetivo no es otro que contribuir al perfeccionamiento y acuciosidad de la gestión social de las empresas mineras en sus ámbitos operativos.
Antes de entrar de lleno en el terreno de las definiciones, conviene precisar lo que entendemos por relación en la gestión social. En esa línea, una relación implica la conexión de una cosa con otra, según el diccionario; pero entrando en el ámbito estrictamente social, nos referimos a vínculos de distinto tipo y profundidad entre grupos humanos heterogéneos, es decir, diversos en términos culturales (étnicos y lingüísticos), económicos, sociales, etc.
Estudiar o conceptualizar la relación en el ámbito de la gestión social en minería supone conocer las premisas o principios básicos que la rigen, a saber:
- La relación se crea o construye, esto es, no nace de la nada ni surge espontánea-mente, por lo que toda relación humana es fruto del intercambio presumiblemente libre y voluntario entre dos o más personas, grupos, organizaciones, instituciones, etc.
- La relación se transforma, cambia, es decir, no permanece inmutable puesto que es esencialmente dinámica, y como tal recibe influencias internas o externas, tanto positivas como negativas que alteran su naturaleza o estado. Las influencias internas se refieren a hechos propios de las partes o actores de la relación; en cambio las externas a la injerencia de terceras partes a través de mensajes, acciones, etc.
- La relación no solo debe mantenerse como está, sino que debe mejorar y perfeccionarse con el paso del tiempo. Esto significa que la relación debe encontrarse en mejores condiciones de manera progresiva. Las relaciones que se estancan o no muestran mejorías apreciables suelen descomponerse debido a la falta de perspectivas de futuro. En otras palabras, si los individuos que conforman la relación no perciben que esta fomente expectativas de mejoramiento individual y/o colectivo, el interés en conservarla o mantenerla decaerá progresivamente.
- Las relaciones entre una determinada empresa y una comunidad específica no son idénticas a las que pueda mantener la misma empresa con otra comunidad, aunque esta última pertenezca a la misma área de influencia social. Esto quiere decir que la empresa minera tendrá relaciones diferentes -o con ciertos matices- con cada uno de los grupos que integran el entorno social.
- La relación es la base del acuerdo. Esta premisa es la más relevante porque condensa o resume la importancia de la relación. En ese sentido, el nacimiento del acuerdo se subordina al surgimiento y buen estado de la relación, especialmente a este último. De modo que se puede afirmar que la situación de la relación y del acuerdo es de causa-efecto. Cabe recordar también que ningún acuerdo es sostenible en el tiempo sin el sustento de una buena relación.
- El conflicto social es una manifestación del estado de la relación. El conflicto puede surgir por diversas causas o motivos, pero siempre se presenta en el ámbito de la relación. De modo que mantener una sana relación en el sector extractivo es el mejor mecanismo preventivo de conflictos que existe. Si el estado de la relación es bueno las posibilidades de resolver el conflicto son mayores y probablemente se trate en mejor tiempo.
A continuación, presentamos una serie conceptos clave que ayudarán a reconocer cada relación entre las empresas y sus respectivos grupos de interés externo:
Relación Intercultural (idónea o plena): es aquella en la que los elementos constitutivos de la relación intercultural no solo se hallan presentes (confianza, interdependencia y valores comunes), sino que se encuentran debidamente potenciados. El buen entendimiento entre los actores les permite realizar mejoraras en su relación (comunicación, necesidades, desarrollo, etc.). Por tanto, es plenamente funcional y posibilita el acuerdo y la licencia social de los proyectos de inversión privada.
Se trata del tipo óptimo o ideal en el caso de construir una relación, porque la relación intercultural, elemento central de nuestro modelo de gestión social, se constituye a partir “de las interacciones que se producen en determinados espacios sociales entre personas o grupos culturalmente diferentes y que, en un clima de confianza e interdependencia, han descubierto valores e intereses comunes –elementos principales de cualquier relación intercultural- que no solo les permite coexistir de manera armoniosa, sino generar acuerdos sostenibles y superar cualquier diferencia o problema sustantivo. De este modo la creación de la relación intercultural se convierte en el gran objetivo a alcanzar en el marco de las relaciones comunitarias, ya que además de propiciar acuerdos, reduce efectivamente el riesgo de conflictos –el denominado riesgo social- por lo que los proyectos mineros gozarían de mejores perspectivas de avance, desarrollo y estabilidad” (Reyna Ugarriza, Medium, 2020).
Relación Intercultural deficiente (insatisfactoria): es una clase de relación que presenta problemas de manera regular que no le permiten alcanzar su potencial ni crear suficiente valor para las partes, en este caso, empresa y comunidad. Esto puede deberse a una mala preparación inicial durante la etapa de formación o construcción de la relación (poca capacidad del personal a cargo, malas actitudes, escasa transparencia, etc.), algún otro obstáculo posterior que no fue removido ni abordado (incidentes no resueltos en el plano comunicativo que restaron confianza y credibilidad, como promesas incumplidas, por ejemplo), problemas tanto internos como externos que afectaron su funcionalidad (injerencias de terceros), etc. Esta clase de relación puede ser considerada poco funcional o levemente disfuncional.
Relación Contractualista – Transaccional: se trata de una relación basada en acuerdos escritos o verbales (contratos o convenios), por lo que no existe una relación intercultural propiamente dicha. En ella las partes valoran más el acuerdo y sus beneficios que crear una relación sólida que posibilite un mejor entendimiento y el desarrollo. Los actores se interrelacionan en términos de prestaciones o intercambios meramente económicos, pecuniarios o patrimoniales. Una relación de este tipo suele generar conflictos de manera periódica en la medida que, si las demandas económicas y/o comerciales no son atendidas oportunamente, como la exigencia de empleo, contratación de proveedores de bienes y servicios locales, pago recurrente de reparaciones o compensaciones, etc., la parte demandante puede adoptar medidas de presión que pongan en riesgo las operaciones de la empresa.
Relación Adversarial (antagonista): se caracteriza por ser una relación disfuncional que regularmente genera conflictos graves o intensos debido a que ambas partes o una de ellas considera a la otra como rival y no como socia estratégica del desarrollo o comercial (parte contractual). La comunicación no es sincera ni fluida. Existe mucha desconfianza entre los actores, así como resentimiento, heridas no curadas, huellas emocionales, sentimientos de cólera o ira, etc. El proyecto, en esas circunstancias, no puede desarrollarse con normalidad (paralizaciones, como la toma de vías, que afectan la producción) o no es capaz de asegurar su viabilidad (no ha podido construirse ni comenzar a operar).
Al menos una de las partes considera que sus posiciones e intereses como irreconciliables. En este caso uno de los grupos involucrados puede considerar la realización del proyecto como una amenaza directa para su forma o modo de vida productivo o tradicional. Esta relación suele presentarse cuando el grupo local privilegia en demasía la conservación del ambiente (agua especies), la cultura (tradiciones y valores) y la agricultura (actividad económica).
Finalmente, un tercer componente de la herramienta de Evaluación Relacional son los elementos de diagnóstico y sus propios indicadores, los cuales fueron diseñados para analizar distintos hechos y situaciones, y para poder identificar o reconocer -sobre el terreno social- los diferentes tipos de relaciones que se presentan entre empresas y grupos de interés local, así como sus perspectivas a corto, mediano o largo plazo -o posibles desarrollos- para definir escenarios y recomendar acciones concretas con la finalidad de transformar o reencausar las relaciones para brindar estabilidad al proyecto, reducir riesgos sociales, generar acuerdos y afianzar o consolidar el logro de la deseada licencia social.
* Consultor en temas económicos y sociales.
E mail: [email protected]
Geomembranas: tecnología e innovación
en la minería ecuatoriana
Escribe: Ing. Michelle Roman Celi, candidata a M.Sc. por la Universidad de Chile
Diciembre 13 de 2021.- Conocemos desde los años setenta que las geomembranas han sido utilizadas en la industria minera para atender la necesidad que se presenta en algunas labores -tales como la lixiviación en pilas y/o la contención de relaves-, de no permitir el flujo de lixiviados hacia el suelo.
Ello ocurre en Ecuador y en todo el mundo, pues extraer minerales siempre será un proceso complejo, el cual se fundamenta en triturar la roca para aprovechar los minerales comerciables contenidos en ella y como sabemos, todo este proceso transita por varios equipos que al final generan unos residuos denominados relaves mineros.
Los relaves son depositados en instalaciones conocidas como relaveras que deben mantener estabilidad física y química durante largo tiempo. Considerando que estas obras se rigen por procesos de control técnico y ambiental, las relaveras están diseñadas con el objetivo fundamental de que el agua presente en las mismas, no se mezcle con las aguas limpias, de lluvia o subterráneas.
La ingeniería de Minas ecuatoriana trabaja la gestión ambiental como un asunto de la mayor importancia y prioridad, asegurándose de que la base de las relaveras sea impermeabilizada de tal manera que se controlen o eviten potenciales filtraciones.
¿Por qué instalar una geomembrana?
Esta acción permite conseguir ventajas técnicas, su instalación es efectiva y rápida pero lo más importante, evita cualquier posible contaminación del medio circundante.
Conocemos que el riesgo ambiental por efectos de la minería se ha convertido en un tema controversial en la sociedad de hoy. Por ello, para fortalecer el cuidado de la naturaleza, el uso de geomembranas es indispensable en los proyectos mineros.
En Ecuador, algunos actores sociales señalan que el mayor impacto ambiental proviene de la industria minera, sin embargo, los profesionales mineros están en permanente búsqueda de soluciones, generando sistemas, procesos, tecnología, materiales y metodologías para un manejo responsable de los residuos, y para ello el uso de geomembranas es una herramienta primordial de protección.
Ahora la siguiente pregunta sería: ¿Ayuda la geomembrana en el cuidado apropiado del medio ambiente? La experiencia así lo ha demostrado. Cuando las condiciones de diseño y capacidad de soporte de las relaveras son las adecuadas, el uso de geomembranas es procedente.
Entre las ventajas que tienen las geomembranas podemos destacar que poseen alta resistencia a alteraciones químicas, tienen una buena afluencia (curva de tensión ~ deformación), presentan una gran capacidad para drenar líquidos y gases en lugares de limitada o nula inclinación de la superficie y tienen buen soporte a la alta presión estática, lo que las convierte en ideales para drenar efluentes.
Para cada caso se debe tener en cuenta que existen varios tipos de geomembranas, pero es importante determinar o establecer el uso para que el material no sufra desgaste con el tiempo, ya sea por exposición a químicos o riesgo a factores ambientales naturales.
En consecuencia, es necesario conocer las propiedades de cada uno de los tipos de geomembranas y los requerimientos de cada proyecto para seleccionar el tipo adecuado.
Los tipos de geomembranas disponibles en el mercado local son las HDPE y la LLDPE.
La geomembrana HDPE es conocida por su alta resistencia mecánica y a rayos ultravioleta. Esta contiene antioxidantes, brindando así, alta resistencia a los químicos, por lo que mejora su durabilidad. En la industria minera suele utilizarse para pilas de lixiviación que es un método común en la extracción de varios metales, y también en la impermeabilización de suelos y sitios de depósito de relaves mineros.
En cambio, las geomembranas LLDPE son mucho más flexibles que el tipo HDPE y menos propensas a agentes ambientales, capaz de adaptarse a suelos con diferenciales de altura o dureza.
Al aplicar los avances de la ciencia en su quehacer cotidiano, las y los ingenieros de minas muestran a la sociedad que una gestión ambiental cuidadosa y altamente tecnificada es posible y que los riesgos ambientales pueden ser controlados de una manera profesional y sostenible que beneficie a la industria, al país y a las comunidades en las que se realizan las labores mineras.
Diciembre 13 de 2021.- Conocemos desde los años setenta que las geomembranas han sido utilizadas en la industria minera para atender la necesidad que se presenta en algunas labores -tales como la lixiviación en pilas y/o la contención de relaves-, de no permitir el flujo de lixiviados hacia el suelo.
Ello ocurre en Ecuador y en todo el mundo, pues extraer minerales siempre será un proceso complejo, el cual se fundamenta en triturar la roca para aprovechar los minerales comerciables contenidos en ella y como sabemos, todo este proceso transita por varios equipos que al final generan unos residuos denominados relaves mineros.
Los relaves son depositados en instalaciones conocidas como relaveras que deben mantener estabilidad física y química durante largo tiempo. Considerando que estas obras se rigen por procesos de control técnico y ambiental, las relaveras están diseñadas con el objetivo fundamental de que el agua presente en las mismas, no se mezcle con las aguas limpias, de lluvia o subterráneas.
La ingeniería de Minas ecuatoriana trabaja la gestión ambiental como un asunto de la mayor importancia y prioridad, asegurándose de que la base de las relaveras sea impermeabilizada de tal manera que se controlen o eviten potenciales filtraciones.
¿Por qué instalar una geomembrana?
Esta acción permite conseguir ventajas técnicas, su instalación es efectiva y rápida pero lo más importante, evita cualquier posible contaminación del medio circundante.
Conocemos que el riesgo ambiental por efectos de la minería se ha convertido en un tema controversial en la sociedad de hoy. Por ello, para fortalecer el cuidado de la naturaleza, el uso de geomembranas es indispensable en los proyectos mineros.
En Ecuador, algunos actores sociales señalan que el mayor impacto ambiental proviene de la industria minera, sin embargo, los profesionales mineros están en permanente búsqueda de soluciones, generando sistemas, procesos, tecnología, materiales y metodologías para un manejo responsable de los residuos, y para ello el uso de geomembranas es una herramienta primordial de protección.
Ahora la siguiente pregunta sería: ¿Ayuda la geomembrana en el cuidado apropiado del medio ambiente? La experiencia así lo ha demostrado. Cuando las condiciones de diseño y capacidad de soporte de las relaveras son las adecuadas, el uso de geomembranas es procedente.
Entre las ventajas que tienen las geomembranas podemos destacar que poseen alta resistencia a alteraciones químicas, tienen una buena afluencia (curva de tensión ~ deformación), presentan una gran capacidad para drenar líquidos y gases en lugares de limitada o nula inclinación de la superficie y tienen buen soporte a la alta presión estática, lo que las convierte en ideales para drenar efluentes.
Para cada caso se debe tener en cuenta que existen varios tipos de geomembranas, pero es importante determinar o establecer el uso para que el material no sufra desgaste con el tiempo, ya sea por exposición a químicos o riesgo a factores ambientales naturales.
En consecuencia, es necesario conocer las propiedades de cada uno de los tipos de geomembranas y los requerimientos de cada proyecto para seleccionar el tipo adecuado.
Los tipos de geomembranas disponibles en el mercado local son las HDPE y la LLDPE.
La geomembrana HDPE es conocida por su alta resistencia mecánica y a rayos ultravioleta. Esta contiene antioxidantes, brindando así, alta resistencia a los químicos, por lo que mejora su durabilidad. En la industria minera suele utilizarse para pilas de lixiviación que es un método común en la extracción de varios metales, y también en la impermeabilización de suelos y sitios de depósito de relaves mineros.
En cambio, las geomembranas LLDPE son mucho más flexibles que el tipo HDPE y menos propensas a agentes ambientales, capaz de adaptarse a suelos con diferenciales de altura o dureza.
Al aplicar los avances de la ciencia en su quehacer cotidiano, las y los ingenieros de minas muestran a la sociedad que una gestión ambiental cuidadosa y altamente tecnificada es posible y que los riesgos ambientales pueden ser controlados de una manera profesional y sostenible que beneficie a la industria, al país y a las comunidades en las que se realizan las labores mineras.
Empresarios chilenos destacan
resultados de la votación
Noviembre 28 de 2021.- Después de las elecciones presidenciales en Chile, cuyo resultado es que los candidatos José Antonio Kast y Gabriel Boric pasen a segunda vuelta, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández, dijo “valoramos la alta participación ciudadana, lo que demuestra que los chilenos y chilenas son conscientes de la importancia de este proceso electoral y valoran la democracia como camino para encontrar soluciones a los anhelos sociales”.
“Tras esta jornada eleccionaria deseamos destacar que una vez más nuestro país haya mostrado su madurez cívica, a través de un proceso de votación informado, transparente, con los resguardos sanitarios necesarios y con una entrega expedita de resultados”, expresó.
Destacó la fortaleza y calidad de la institucionalidad democrática, “lo que contrasta con otras realidades que hemos visto en el último tiempo. Esto debería llamarnos a la reflexión”, añadió.
También felicitó a los ganadores. “Les expresamos nuestras felicitaciones a ambas candidaturas que lograron las votaciones que les permiten ir a segunda vuelta, tras un período de campaña reñido y con gran incertidumbre respecto de los resultados. Queremos invitarlos a definir, en esta nueva etapa, programas de gobierno que convoquen a las mayorías de chilenos y chilenas y que den respuesta a los problemas reales que vive la población, en salud, pensiones, educación, etc.”, afirmó.
El presidente del gremio minero señaló “que nuestro sector, así como el resto del empresariado del país, tiene la misión de contribuir al desarrollo a través del desarrollo productivo, la generación de empleos y la inversión, para lo cual requiere de condiciones que den garantías para asumir los riesgos que la actividad empresarial tiene asociados, como es el caso de la minería que es un negocio de largo plazo”.
“Por lo tanto, frente al trascendental proceso eleccionario de segunda vuelta, confiamos en que ambas candidaturas puedan ofrecer al país un discurso y propuestas que generen el ambiente propicio para el progreso económico social y político”, manifestó.
Recordó que los empresarios mineros actualizan cada cuatro años el documento “Fundamentos y Desafíos para el Desarrollo Minero”, que busca aportar una mirada técnica tanto del estado actual como una proyección razonable del futuro de la minería chilena.
Este trabajo es un testimonio del esfuerzo de Sonami por poner en práctica la idea de aportar al debate y a las propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República.
“Esperamos poder reunirnos con los candidatos que avanzaron a segunda vuelta o sus equipos para hacer nuestra contribución. Entendemos que la tarea de conducir al país reviste un gran desafío personal y colectivo. Por ello, nuestro sector estará siempre disponible para contribuir al éxito de la próxima administración, porque su éxito es también el del país”, finalizó.
“Tras esta jornada eleccionaria deseamos destacar que una vez más nuestro país haya mostrado su madurez cívica, a través de un proceso de votación informado, transparente, con los resguardos sanitarios necesarios y con una entrega expedita de resultados”, expresó.
Destacó la fortaleza y calidad de la institucionalidad democrática, “lo que contrasta con otras realidades que hemos visto en el último tiempo. Esto debería llamarnos a la reflexión”, añadió.
También felicitó a los ganadores. “Les expresamos nuestras felicitaciones a ambas candidaturas que lograron las votaciones que les permiten ir a segunda vuelta, tras un período de campaña reñido y con gran incertidumbre respecto de los resultados. Queremos invitarlos a definir, en esta nueva etapa, programas de gobierno que convoquen a las mayorías de chilenos y chilenas y que den respuesta a los problemas reales que vive la población, en salud, pensiones, educación, etc.”, afirmó.
El presidente del gremio minero señaló “que nuestro sector, así como el resto del empresariado del país, tiene la misión de contribuir al desarrollo a través del desarrollo productivo, la generación de empleos y la inversión, para lo cual requiere de condiciones que den garantías para asumir los riesgos que la actividad empresarial tiene asociados, como es el caso de la minería que es un negocio de largo plazo”.
“Por lo tanto, frente al trascendental proceso eleccionario de segunda vuelta, confiamos en que ambas candidaturas puedan ofrecer al país un discurso y propuestas que generen el ambiente propicio para el progreso económico social y político”, manifestó.
Recordó que los empresarios mineros actualizan cada cuatro años el documento “Fundamentos y Desafíos para el Desarrollo Minero”, que busca aportar una mirada técnica tanto del estado actual como una proyección razonable del futuro de la minería chilena.
Este trabajo es un testimonio del esfuerzo de Sonami por poner en práctica la idea de aportar al debate y a las propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República.
“Esperamos poder reunirnos con los candidatos que avanzaron a segunda vuelta o sus equipos para hacer nuestra contribución. Entendemos que la tarea de conducir al país reviste un gran desafío personal y colectivo. Por ello, nuestro sector estará siempre disponible para contribuir al éxito de la próxima administración, porque su éxito es también el del país”, finalizó.
EITI: ¿Por qué es importante la información socioambiental?
Noviembre 28 de 2021.- El Estándar EITI busca promover la gestión abierta y responsable de los recursos mineros, petroleros y gasíferos a través de las alianzas multiactor. En este marco, diversos países implementadores en América Latina y El Caribe han señalado la importancia de incrementar la transparencia en la gestión de los recursos naturales a través de la inclusión de aspectos ambientales y sociales en el Estándar.
La idea es que conocer los costos ambientales que conlleva la gestión y uso de los recursos naturales a lo largo de la cadena de valor permitirá evaluar el beneficio público real generado para las sociedades.
La demanda de información socioambiental se da en un contexto particular de urgencia en atención de los altos riesgos ambientales y emergencia climática, así como en la persistencia de la conflictividad ambiental en torno a los recursos naturales en la región.
En este escenario, los mecanismos de transparencia han sido adoptados como una herramienta para la gobernanza en la gestión y aprovechamiento de los recursos naturales, entonces, la divulgación de información socio ambiental sobre el sector extractivo resulta fundamental para promover la participación y garantizar el respeto de los derechos humanos en favor de un mundo más resiliente y sostenible
Al respecto, el debate EITI: Retos y oportunidades de la transparencia socio-ambiental en América Latina y el Caribe tiene por objetivo compartir las buenas prácticas de transparencia ambiental sobre el sector extractivo, e incentivar el debate sobre los obstáculos en la generación, divulgación y uso de información ambiental de interés en América Latina y El Caribe.
El equipo de EITI LAC trabajó junto con socios regionales (Transparencia por Colombia, DAR Perú, Crudo Transparente, Fundar, OWTU, The Cropper Foundation y Policy Forum Guyana) para organizar el evento virtual ¿Qué falta? Desafíos y oportunidades de la transparencia social y ambiental en América Latina y el Caribe.
En el evento, representantes de la industria, la sociedad civil y las instituciones públicas de la región compartieron sus reflexiones relacionadas con la información ambiental; la transición energética; y los defensores de los derechos ambientales.
Mensajes clave sobre la transparencia medioambiental
Alonso Cerdan, Director Adjunto para las Américas de la OGP, explicó cómo Perú, Chile, Panamá, Ecuador, México y Uruguay están incluyendo compromisos ambientales en los Planes de Acción de la OGP en la región de LAC. Mencionó cómo OGP y la EITI deben trabajar juntos en el futuro para mejorar la gobernanza de los recursos naturales en la región.
Fernanda Ballesteros, Country Manager en el NRGI, utilizó el caso mexicano para presentar el Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales. Explicó otros ejemplos de estudios medioambientales (por ejemplo, el Informe Sombra del EITI) que utilizan el EITI como marco. Concluyó destacando cómo algunos requisitos del EITI contribuyen a divulgar información relevante para la Transición Energética en la región.
Francisco Paris, Director Regional de la EITI, destacó la transición energética que se está produciendo en la región, y el papel que los hidrocarburos siguen desempeñando en los presupuestos nacionales. Describió cómo OGP funciona como una plataforma para articular los diferentes esfuerzos ambientales en la región.
Ana Beatriz Cruz, representante de PEMEX, ofreció una visión general de las políticas de transparencia en PEMEX, y explicó el proceso de elaboración del Informe de Sostenibilidad de la organización y cómo está directamente relacionado con el requisito 6.4.
Gary Aboud, Secretario Corporativo de Pescadores y Amigos del Mar, habló sobre la falta de información medioambiental y la corrupción en la región de la CARICOM. Expresó su preocupación por cómo la explotación de los recursos naturales tiene un enfoque empresarial que no representa el mejor trato para los ciudadanos.
Vanessa Cueto, Coordinadora de Gobernanza de DAR Perú, explicó el proceso de inclusión de la información ambiental en el Estándar EITI, y el papel de la sociedad civil en este proceso. Detalló la información medioambiental incluida en el Informe EITI de Perú.
Mensajes clave sobre la transición energética
Alfonso Blanco, Secretario Ejecutivo de OLADE, explicó el balance energético en la región de Latinoamerica y el Caribe, y cómo cada país determina su propia transición según su contexto (disponibilidad de recursos, capacidades técnicas y políticas y financieras).
Presentó los resultados del índice de renovabilidad y del índice de transición energética. Destacó las crecientes inversiones en tecnologías para la transición energética (energías renovables, electrificación y sistemas de almacenamiento de energía) y la importancia de integrarlas en las políticas nacionales.
Elisa Arond, investigadora del SEI, habló de las transiciones energéticas justas en la región, y de cómo el EITI debería considerar el concepto de "justo" al abordar esta cuestión. Destacó cómo la región se verá particularmente afectada debido a su dependencia de los combustibles fósiles y su relevante producción de minerales clave. Explicó la relevancia de la transparencia y la implementación subnacional del EITI para apoyar una transparencia justa en la transición energética.
Ozzi Warwick, Secretario General de la JTUM-OWTU, se centró en la importancia del requisito 7 para la transición energética en la región de la CARICOM. Destacó cómo la transición energética en la región debe ser una oportunidad para que las partes interesadas promuevan una mejor transición y vayan más allá de los simples mecanismos de información. Mencionó cómo el EITI ha profundizado la transparencia en la región y puede seguir desempeñando un papel clave para garantizar una transición justa y progresiva en la región.
Silvia Molina, investigadora del CEDLA, mencionó que no hay una sola transición energética y que la descarbonización no es suficiente para enfrentar el calentamiento global sin abordar las desigualdades sociales, económicas y territoriales del actual modelo energético. Destacó el potencial del nuevo ciclo minero para el suministro de minerales críticos para los países industrializados y su seguridad nacional. Finalmente, mencionó la relevancia que tiene la sistematización de la información para la transición energética, que permite evaluar la información publicada por las empresas y el gobierno.
Mensajes clave sobre el Acuerdo de Escazú
Carlos de Miguel, Jefe de Políticas de la CEPAL, se centró en el Acuerdo de Escazú y en la relevancia que tiene la transparencia para evitar conflictos ambientales (1/3 de los conflictos mundiales se originan en LAC). Explicó la correlación que existe entre el estado de derecho y la violencia contra los defensores del medio ambiente. Tras mencionar las conexiones que existen entre los requisitos ambientales del EITI y el acuerdo de Escazú, Carlos destacó la sinergia que
debe existir entre ambas iniciativas.
César Gamboa, Director Ejecutivo de DAR Perú, centró su participación en desmontar algunos mitos en torno a la implementación del acuerdo de Escazu en la región: (1) Escazu no sustituye a las autoridades nacionales, (2) no quita competencias a los gobiernos nacionales en materia de gestión ambiental, y (3) no otorga derechos adicionales a los defensores del medio ambiente. Destacó que el acuerdo de Escazú da contenido al Estándar EITI al especificar las salvaguardas, derechos, reglas y obligaciones de los países EITI con respecto al Protocolo de la Sociedad Civil y al Requisito
1.3 de EITI.
Camila Zepeda, Jefa de Asuntos Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, se centró en la aplicación del acuerdo de Escazú en México, y en cómo el EITI está ayudando a la Secretaría de Relaciones Exteriores a aplicarlo.
Mencionó cómo Escazu está fomentando nuevos procesos para revisar los mecanismos existentes de justicia ambiental y social. Tras destacar que el crecimiento económico en la región no debe darse a costa de los derechos humanos, Camila subrayó cómo la plataforma EITI permite al gobierno tener una comunicación abierta con la sociedad civil, fortaleciendo la transparencia.
La idea es que conocer los costos ambientales que conlleva la gestión y uso de los recursos naturales a lo largo de la cadena de valor permitirá evaluar el beneficio público real generado para las sociedades.
La demanda de información socioambiental se da en un contexto particular de urgencia en atención de los altos riesgos ambientales y emergencia climática, así como en la persistencia de la conflictividad ambiental en torno a los recursos naturales en la región.
En este escenario, los mecanismos de transparencia han sido adoptados como una herramienta para la gobernanza en la gestión y aprovechamiento de los recursos naturales, entonces, la divulgación de información socio ambiental sobre el sector extractivo resulta fundamental para promover la participación y garantizar el respeto de los derechos humanos en favor de un mundo más resiliente y sostenible
Al respecto, el debate EITI: Retos y oportunidades de la transparencia socio-ambiental en América Latina y el Caribe tiene por objetivo compartir las buenas prácticas de transparencia ambiental sobre el sector extractivo, e incentivar el debate sobre los obstáculos en la generación, divulgación y uso de información ambiental de interés en América Latina y El Caribe.
El equipo de EITI LAC trabajó junto con socios regionales (Transparencia por Colombia, DAR Perú, Crudo Transparente, Fundar, OWTU, The Cropper Foundation y Policy Forum Guyana) para organizar el evento virtual ¿Qué falta? Desafíos y oportunidades de la transparencia social y ambiental en América Latina y el Caribe.
En el evento, representantes de la industria, la sociedad civil y las instituciones públicas de la región compartieron sus reflexiones relacionadas con la información ambiental; la transición energética; y los defensores de los derechos ambientales.
Mensajes clave sobre la transparencia medioambiental
Alonso Cerdan, Director Adjunto para las Américas de la OGP, explicó cómo Perú, Chile, Panamá, Ecuador, México y Uruguay están incluyendo compromisos ambientales en los Planes de Acción de la OGP en la región de LAC. Mencionó cómo OGP y la EITI deben trabajar juntos en el futuro para mejorar la gobernanza de los recursos naturales en la región.
Fernanda Ballesteros, Country Manager en el NRGI, utilizó el caso mexicano para presentar el Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales. Explicó otros ejemplos de estudios medioambientales (por ejemplo, el Informe Sombra del EITI) que utilizan el EITI como marco. Concluyó destacando cómo algunos requisitos del EITI contribuyen a divulgar información relevante para la Transición Energética en la región.
Francisco Paris, Director Regional de la EITI, destacó la transición energética que se está produciendo en la región, y el papel que los hidrocarburos siguen desempeñando en los presupuestos nacionales. Describió cómo OGP funciona como una plataforma para articular los diferentes esfuerzos ambientales en la región.
Ana Beatriz Cruz, representante de PEMEX, ofreció una visión general de las políticas de transparencia en PEMEX, y explicó el proceso de elaboración del Informe de Sostenibilidad de la organización y cómo está directamente relacionado con el requisito 6.4.
Gary Aboud, Secretario Corporativo de Pescadores y Amigos del Mar, habló sobre la falta de información medioambiental y la corrupción en la región de la CARICOM. Expresó su preocupación por cómo la explotación de los recursos naturales tiene un enfoque empresarial que no representa el mejor trato para los ciudadanos.
Vanessa Cueto, Coordinadora de Gobernanza de DAR Perú, explicó el proceso de inclusión de la información ambiental en el Estándar EITI, y el papel de la sociedad civil en este proceso. Detalló la información medioambiental incluida en el Informe EITI de Perú.
Mensajes clave sobre la transición energética
Alfonso Blanco, Secretario Ejecutivo de OLADE, explicó el balance energético en la región de Latinoamerica y el Caribe, y cómo cada país determina su propia transición según su contexto (disponibilidad de recursos, capacidades técnicas y políticas y financieras).
Presentó los resultados del índice de renovabilidad y del índice de transición energética. Destacó las crecientes inversiones en tecnologías para la transición energética (energías renovables, electrificación y sistemas de almacenamiento de energía) y la importancia de integrarlas en las políticas nacionales.
Elisa Arond, investigadora del SEI, habló de las transiciones energéticas justas en la región, y de cómo el EITI debería considerar el concepto de "justo" al abordar esta cuestión. Destacó cómo la región se verá particularmente afectada debido a su dependencia de los combustibles fósiles y su relevante producción de minerales clave. Explicó la relevancia de la transparencia y la implementación subnacional del EITI para apoyar una transparencia justa en la transición energética.
Ozzi Warwick, Secretario General de la JTUM-OWTU, se centró en la importancia del requisito 7 para la transición energética en la región de la CARICOM. Destacó cómo la transición energética en la región debe ser una oportunidad para que las partes interesadas promuevan una mejor transición y vayan más allá de los simples mecanismos de información. Mencionó cómo el EITI ha profundizado la transparencia en la región y puede seguir desempeñando un papel clave para garantizar una transición justa y progresiva en la región.
Silvia Molina, investigadora del CEDLA, mencionó que no hay una sola transición energética y que la descarbonización no es suficiente para enfrentar el calentamiento global sin abordar las desigualdades sociales, económicas y territoriales del actual modelo energético. Destacó el potencial del nuevo ciclo minero para el suministro de minerales críticos para los países industrializados y su seguridad nacional. Finalmente, mencionó la relevancia que tiene la sistematización de la información para la transición energética, que permite evaluar la información publicada por las empresas y el gobierno.
Mensajes clave sobre el Acuerdo de Escazú
Carlos de Miguel, Jefe de Políticas de la CEPAL, se centró en el Acuerdo de Escazú y en la relevancia que tiene la transparencia para evitar conflictos ambientales (1/3 de los conflictos mundiales se originan en LAC). Explicó la correlación que existe entre el estado de derecho y la violencia contra los defensores del medio ambiente. Tras mencionar las conexiones que existen entre los requisitos ambientales del EITI y el acuerdo de Escazú, Carlos destacó la sinergia que
debe existir entre ambas iniciativas.
César Gamboa, Director Ejecutivo de DAR Perú, centró su participación en desmontar algunos mitos en torno a la implementación del acuerdo de Escazu en la región: (1) Escazu no sustituye a las autoridades nacionales, (2) no quita competencias a los gobiernos nacionales en materia de gestión ambiental, y (3) no otorga derechos adicionales a los defensores del medio ambiente. Destacó que el acuerdo de Escazú da contenido al Estándar EITI al especificar las salvaguardas, derechos, reglas y obligaciones de los países EITI con respecto al Protocolo de la Sociedad Civil y al Requisito
1.3 de EITI.
Camila Zepeda, Jefa de Asuntos Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, se centró en la aplicación del acuerdo de Escazú en México, y en cómo el EITI está ayudando a la Secretaría de Relaciones Exteriores a aplicarlo.
Mencionó cómo Escazu está fomentando nuevos procesos para revisar los mecanismos existentes de justicia ambiental y social. Tras destacar que el crecimiento económico en la región no debe darse a costa de los derechos humanos, Camila subrayó cómo la plataforma EITI permite al gobierno tener una comunicación abierta con la sociedad civil, fortaleciendo la transparencia.
¿Desarrollo Económico Local?
Escribe: Percy García
Director de Fortalece Consultants Inc.
[email protected]
Noviembre 21 del 2021.- Desarrollo Económico Local (DEL) es tal vez la herramienta más efectiva que puedan implementar las organizaciones privadas y entidades de gobierno para impulsar, si está bien diseñado, el desarrollo de una organización, de un municipio, de una región, y de un país. Sin embargo, si se ha implementado de manera improvisada y sin considerar todos los elementos del contexto local, puede incluso, causar el deterioro de la imagen de la organización o de las entidades.
DEL es hasta cierto modo, una de las herramientas que une las actividades minero energéticos con las actividades agropecuarias, considerando que hace mucho tiempo se viene conversando sobre si ambas actividades puedan coexistir paralelamente. No solo pueden coexistir, sino que el contexto mundial donde se habla de sostenibilidad, de innovación, inclusión social, de género, hace que ambas actividades caminen de la mano.
Muchos conflictos sociales antes y durante el proceso de implementación de proyectos minero-energéticos se producen por que no se ha logrado comunicar, de manera eficiente, los aportes al desarrollo las actividades minero-energéticas. Las comunidades, a veces lideradas sin información completa, desconocen de los aportes hecho por las empresas al gobierno. Por otro lado, las empresas implementan proyectos a corto plazo, sin planificación y sin el asesoramiento adecuado proyectos DEL que, en vez de ayudarlas a tener mejores relaciones con las comunidades, las deterioran.
El rango de proyectos DEL que se pueden implementar varía dependiendo del país, y pueden ir desde proyectos agropecuarios hasta la creación de empresas de servicios. Sea cual sea la escala del proyecto, si los beneficiarios no han sido bien capacitados y acompañados en el proceso de administrar la actividad económica creada con el apoyo del sector privado, el proyecto tiene una alta probabilidad de fracasar una vez que se le quite la asistencia, y eso es lo que usualmente sucede en la mayoría de los proyectos DEL, lo cual crea una mala imagen.
La pregunta que deben hacerse los ejecutivos del sector privado es si los beneficiaros, que por lo general son personas con poca preparación académica y casi cero conocimientos en administrar una empresa, la pueden dirigir y hacer competir de manera legal (i.e. pagando impuestos y cumpliendo todas las normas que piden los gobiernos en diferentes niveles) con otras empresas del mismo rubro.
La experiencia demuestra que sí se pueden implementar estas iniciativas y lograr no solo la aceptación de las actividades minero-energéticas, sino también el apoyo favorable de las comunidades a las mismas. Estos proyectos, sin embargo, son de largo plazo y, al término de los mismos, los beneficiarios terminan autogestionando sus emprendimientos y creciendo de manera sostenible, sin depender de las actividades minero-energéticas. A ello se le llamaría, finalmente, proyectos sostenibles.
Para terminar esta breve descripción de proyectos DEL, es importante mencionar que los recursos a invertirse en estos proyectos no tienen que salir en su totalidad de las empresas privadas, existen mecanismos nacionales e internacionales que ayudan a estos fines, y si la empresa los gestiona adecuadamente, puede acceder a ellos y tener un impacto positivo en las comunidades o en su área de influencia, como se suele llamar, mucho mayor a lo esperado.
Director de Fortalece Consultants Inc.
[email protected]
Noviembre 21 del 2021.- Desarrollo Económico Local (DEL) es tal vez la herramienta más efectiva que puedan implementar las organizaciones privadas y entidades de gobierno para impulsar, si está bien diseñado, el desarrollo de una organización, de un municipio, de una región, y de un país. Sin embargo, si se ha implementado de manera improvisada y sin considerar todos los elementos del contexto local, puede incluso, causar el deterioro de la imagen de la organización o de las entidades.
DEL es hasta cierto modo, una de las herramientas que une las actividades minero energéticos con las actividades agropecuarias, considerando que hace mucho tiempo se viene conversando sobre si ambas actividades puedan coexistir paralelamente. No solo pueden coexistir, sino que el contexto mundial donde se habla de sostenibilidad, de innovación, inclusión social, de género, hace que ambas actividades caminen de la mano.
Muchos conflictos sociales antes y durante el proceso de implementación de proyectos minero-energéticos se producen por que no se ha logrado comunicar, de manera eficiente, los aportes al desarrollo las actividades minero-energéticas. Las comunidades, a veces lideradas sin información completa, desconocen de los aportes hecho por las empresas al gobierno. Por otro lado, las empresas implementan proyectos a corto plazo, sin planificación y sin el asesoramiento adecuado proyectos DEL que, en vez de ayudarlas a tener mejores relaciones con las comunidades, las deterioran.
El rango de proyectos DEL que se pueden implementar varía dependiendo del país, y pueden ir desde proyectos agropecuarios hasta la creación de empresas de servicios. Sea cual sea la escala del proyecto, si los beneficiarios no han sido bien capacitados y acompañados en el proceso de administrar la actividad económica creada con el apoyo del sector privado, el proyecto tiene una alta probabilidad de fracasar una vez que se le quite la asistencia, y eso es lo que usualmente sucede en la mayoría de los proyectos DEL, lo cual crea una mala imagen.
La pregunta que deben hacerse los ejecutivos del sector privado es si los beneficiaros, que por lo general son personas con poca preparación académica y casi cero conocimientos en administrar una empresa, la pueden dirigir y hacer competir de manera legal (i.e. pagando impuestos y cumpliendo todas las normas que piden los gobiernos en diferentes niveles) con otras empresas del mismo rubro.
La experiencia demuestra que sí se pueden implementar estas iniciativas y lograr no solo la aceptación de las actividades minero-energéticas, sino también el apoyo favorable de las comunidades a las mismas. Estos proyectos, sin embargo, son de largo plazo y, al término de los mismos, los beneficiarios terminan autogestionando sus emprendimientos y creciendo de manera sostenible, sin depender de las actividades minero-energéticas. A ello se le llamaría, finalmente, proyectos sostenibles.
Para terminar esta breve descripción de proyectos DEL, es importante mencionar que los recursos a invertirse en estos proyectos no tienen que salir en su totalidad de las empresas privadas, existen mecanismos nacionales e internacionales que ayudan a estos fines, y si la empresa los gestiona adecuadamente, puede acceder a ellos y tener un impacto positivo en las comunidades o en su área de influencia, como se suele llamar, mucho mayor a lo esperado.
Fortalecer los liderazgos locales y los espacios
multiactores para la gobernanza (Modelo I)
Por: Carlos Grey Figueroa (*)
Resolver las asimetrías existentes entre las comunidades y la minería es un gran reto para tener una gobernanza local fuerte.
Al respecto, Fortalece Consultants Inc. ha desarrollado varios modelos para afrontar estos retos, uno de los cuales se presenta a continuación y contribuye a que las actividades mineras apoyen el crecimiento económico sostenible e inclusivo y el apoyo a las poblaciones vulnerables.
La idea principal es fortalecer los liderazgos locales y los espacios multiactores para la gobernanza y la gestión del territorio sobre la base de sus potencialidades económicas y productivas con una visión común del desarrollo de largo plazo que garanticen mayores niveles de equidad e inclusión de las comunidades del entorno minero.
Destacamos el enfoque de Valor Compartido, que está orientada a generar beneficios económicos y sociales a todos los actores dentro de su territorio. Este enfoque es compatible con la gestión social que promueve la actividad privada en especial las empresas mineras e incorpora a todos los actores del territorio con sus respectivos intereses en el desarrollo.
Los principales componentes identificados en este proceso son:
1. Desarrollo de Capacidades orientado a fortalecer los liderazgos locales, de las organizaciones de base, de las autoridades y funcionarios municipales y regionales, para la construcción de una Gobernanza y la gestión del territorio de manera concertada y participativa.
2. Gobernanza Inclusiva, para promover el desarrollo territorial, a través de espacios multiactor, conjuntamente con las municipalidades con los socios y/o aliados del desarrollo territorial, como la sociedad civil, los empresarios y los gremios e instituciones del estado que están en cada región y en cada municipio. Generando una cultura de diálogo, planificación territorial y el acercamiento e inversión del gobierno central y privado en los territorios locales.
3. Fortalecimiento de la Gestión municipal, con el enfoque de buen gobierno, que gestione adecuadamente los recursos de la actividad minera y del gobierno central para el desarrollo de su territorio y mejore la calidad de vida de los pobladores y sea eficiente y transparente en la ejecución de su presupuesto.
4. Reactivación y Diversificación Económica, en el contexto de pandemia y depresión económica, promoviendo cadenas de valor económicas y productivas. Generando Desarrollo empresarial y empleo, adaptando los modelos de negocios a las nuevas exigencias de los mercados, así como a la digitalización y la incorporación del sector informal a la formalidad y la digitalización.
5. Incidencia publica y comunicaciones, tiene como finalidad incidir en las empresas mineras para implementar un modelo de Gestión de Responsabilidad Social de la minería con valor compartido capaz de generar beneficios económicos y sociales a todos los actores dentro de su territorio.
En este enfoque la empresa minera se convierte en un actor del desarrollo junto con otros actores, contribuye desde sus objetivos y coparticipa, interactúa y dialoga con otras agencias e instituciones en los planes y proyectos de desarrollo, a través del espacio/mesa multiactor. La aplicación de este modelo ha dado buenos resultados en los Andes Peruanos. La interacción e interrelación entre los diferentes componentes se puede graficar de la manera ilustrada en el gráfico.
(*) Country Manager Peru de Fortalece Consultants Inc.
[email protected]
Algo huele a podrido...
La cosa es que muchas de las figuras de la minería local no han podido dormir ni podrán aprovechar el feriado de cinco días después de que Plan V reveló la batalla por una docena de concesiones.
El tema da para muchas entregas y puede terminar, como muchas peleas callejeras, con tiros, heridos y hasta muertos porque lo que está en juego es mucho y nada a la vez. Mucho porque cientos de millones de dólares están de por medio y nada porque a los que han empezado esta batalla que puede ser campal; y a sus asesores, no les interesa nada.
El asunto empezó después del mediodía del domingo seis de diciembre del 2020 cuando el director de Patrocinio Legal del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, César Oswaldo Zanafria, firmó la resolución No. MERNNR DPL 2020 007.
Firmó el seis y el lunes siete renunció a tan alto cargo.
Dicha resolución disponía se adjudiquen a la filial ecuatoriana de la estatal chilena, Codelco, doce áreas que en mayor o menor hectareaje, están superpuestas sobre aproximadamente 30 concesiones otorgadas, con todas las de la ley, a empresas que figuran en los lugares más altos de todos los rankings mundiales de las compañías mineras.
A BHP, por ejemplo, operadora de Mina La Escondida, la que más cobre produce en el mundo, le recortaban dos concesiones.
BHP es líder mundial en cobre y Chile es el país primer productor de cobre en el mundo. Dos figuras protagónicas de la industria que aparecen juntos en todos los eventos de la minería mundial y que en Ecuador tienen a su servicio al mismo estudio de abogados.
Ese estudio es Pérez Bustamante & Ponce. Hace poco, con motivo de la presentación de Amicus curiae ante la Corte Constitucional, tanto los escritos de Benjamín Mace, gerente general de BHP como los de Santiago Bustamante Sáenz, gerente general de Codelco, eran firmados por el estudio Pérez Bustamante y Ponce.
Benjamín Mace y Santiago Bustamante compartieron también la mesa del directorio de la Cámara de Minería de Ecuador, CME; ahora liderada por un joven dirigente empresarial que seguramente deberá sentarse al medio de ambos para evitar una confrontación.
Eso no debe ser complicado porque el gremio minero representa al sector en sus diálogos con las autoridades del gobierno y en fueros internacionales en los que algunas veces se solicita la presencia del empresariado ecuatoriano.
Pero los abogados… ¿será que pueden defender al mismo tiempo a dos clientes que entre ellos disputan la misma concesión? ¿Y será que uno de ellos es tan ingenuo como para no saber que su abogado trabaja también para la parte contraria?
¿Sabrá la matriz de Codelco en Chile lo que su filial y sus abogados vienen haciendo en Ecuador?
Eso lo sabremos pronto, con seguridad.
Codelco, que en Ecuador se llama también Emsaec SA, es decir, Exploraciones Mineras Andinas Ecuador S.A., tiene concesiones por todo el país pero, en el caso que nos ocupa, quiere tener más.
Además de las que les sustraería a BHP pretende también las que han sido otorgadas a Anglo American, una minera que está por todo el mundo y extrae casi todos los metales conocidos.
Anglo American tiene a su cargo cuatro operaciones de cobre en Chile, produce concentrados, cátodos y los minerales que Dios puso en esas minas como molibdeno y plata. En Ecuador tiene varias concesiones, entre ellas, cinco de las Pegasus -que forman parte del proyecto del mismo nombre- y se extiende sobre las parroquias Moraspungo, El Corazón, Facundo Vela, Simiatug y Salinas de los cantones Pangua y Guaranda en las provincias Cotopaxi y Bolívar.
Codelco no pretende esas cinco concesiones de Anglo American sino seis. Anglo, que tiene en Ecuador como empresa escudo a Central Ecuador EC CT; no tiene como abogados a Pérez Bustamante y Ponce sino al estudio Bustamante & Bustamante.
Anglo American explora además, asociada a Luminex, el proyecto Quimi, ubicado ocho kilómetros al norte de la primera operación de la gran minería en el país: la mina de cobre y oro conocida como Mirador. Estas concesiones también son reclamadas por la minera chilena.
En asuntos de concesiones, Codelco tiene en sus manos la resolución que en el papel le otorga permisos sobre las áreas que vienen trabajando Fortescue, Hanrine y SolGold, entre otras. De eso hablaremos la próxima semana...
El tema da para muchas entregas y puede terminar, como muchas peleas callejeras, con tiros, heridos y hasta muertos porque lo que está en juego es mucho y nada a la vez. Mucho porque cientos de millones de dólares están de por medio y nada porque a los que han empezado esta batalla que puede ser campal; y a sus asesores, no les interesa nada.
El asunto empezó después del mediodía del domingo seis de diciembre del 2020 cuando el director de Patrocinio Legal del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, César Oswaldo Zanafria, firmó la resolución No. MERNNR DPL 2020 007.
Firmó el seis y el lunes siete renunció a tan alto cargo.
Dicha resolución disponía se adjudiquen a la filial ecuatoriana de la estatal chilena, Codelco, doce áreas que en mayor o menor hectareaje, están superpuestas sobre aproximadamente 30 concesiones otorgadas, con todas las de la ley, a empresas que figuran en los lugares más altos de todos los rankings mundiales de las compañías mineras.
A BHP, por ejemplo, operadora de Mina La Escondida, la que más cobre produce en el mundo, le recortaban dos concesiones.
BHP es líder mundial en cobre y Chile es el país primer productor de cobre en el mundo. Dos figuras protagónicas de la industria que aparecen juntos en todos los eventos de la minería mundial y que en Ecuador tienen a su servicio al mismo estudio de abogados.
Ese estudio es Pérez Bustamante & Ponce. Hace poco, con motivo de la presentación de Amicus curiae ante la Corte Constitucional, tanto los escritos de Benjamín Mace, gerente general de BHP como los de Santiago Bustamante Sáenz, gerente general de Codelco, eran firmados por el estudio Pérez Bustamante y Ponce.
Benjamín Mace y Santiago Bustamante compartieron también la mesa del directorio de la Cámara de Minería de Ecuador, CME; ahora liderada por un joven dirigente empresarial que seguramente deberá sentarse al medio de ambos para evitar una confrontación.
Eso no debe ser complicado porque el gremio minero representa al sector en sus diálogos con las autoridades del gobierno y en fueros internacionales en los que algunas veces se solicita la presencia del empresariado ecuatoriano.
Pero los abogados… ¿será que pueden defender al mismo tiempo a dos clientes que entre ellos disputan la misma concesión? ¿Y será que uno de ellos es tan ingenuo como para no saber que su abogado trabaja también para la parte contraria?
¿Sabrá la matriz de Codelco en Chile lo que su filial y sus abogados vienen haciendo en Ecuador?
Eso lo sabremos pronto, con seguridad.
Codelco, que en Ecuador se llama también Emsaec SA, es decir, Exploraciones Mineras Andinas Ecuador S.A., tiene concesiones por todo el país pero, en el caso que nos ocupa, quiere tener más.
Además de las que les sustraería a BHP pretende también las que han sido otorgadas a Anglo American, una minera que está por todo el mundo y extrae casi todos los metales conocidos.
Anglo American tiene a su cargo cuatro operaciones de cobre en Chile, produce concentrados, cátodos y los minerales que Dios puso en esas minas como molibdeno y plata. En Ecuador tiene varias concesiones, entre ellas, cinco de las Pegasus -que forman parte del proyecto del mismo nombre- y se extiende sobre las parroquias Moraspungo, El Corazón, Facundo Vela, Simiatug y Salinas de los cantones Pangua y Guaranda en las provincias Cotopaxi y Bolívar.
Codelco no pretende esas cinco concesiones de Anglo American sino seis. Anglo, que tiene en Ecuador como empresa escudo a Central Ecuador EC CT; no tiene como abogados a Pérez Bustamante y Ponce sino al estudio Bustamante & Bustamante.
Anglo American explora además, asociada a Luminex, el proyecto Quimi, ubicado ocho kilómetros al norte de la primera operación de la gran minería en el país: la mina de cobre y oro conocida como Mirador. Estas concesiones también son reclamadas por la minera chilena.
En asuntos de concesiones, Codelco tiene en sus manos la resolución que en el papel le otorga permisos sobre las áreas que vienen trabajando Fortescue, Hanrine y SolGold, entre otras. De eso hablaremos la próxima semana...
¿Se pueden otorgar nuevas concesiones?
Escribe: abogado Stevie Gamboa Valladares, director de Recursos Naturales en GSG Abogados.
Aparentemente la pregunta tendría una respuesta sencilla, mientras se mantenga vigente la resolución emitida por la extinta Agencia de Regulación y Control Minero, que en fecha 24 de enero del 2018 ordenó el “cierre temporal del catastro minero”, no sería posible. Pero antes de responder, me permito compartir algunos cuestionamientos que deberán hacerse las nuevas autoridades del sector minero ante este recurrente cuestionamiento por parte de algunos actores de la industria.
Han transcurrido casi cuatro años desde el cierre del catastro minero, su temporalidad y próxima apertura han sido parte del discurso de todos los viceministros de minas designados desde entonces. Con una breve revisión de noticias se puede apreciar que en repetidas ocasiones se informó que el proceso de “depuración” había superado el 75% luego el 90%, incluso se anunció con bombos y platillos haber accedido a un crédito internacional para terminar el trabajo iniciado cuarenta y cinco meses atrás. Por ahora, esa promesa no ha logrado materializarse y el catastro sigue cerrado para el otorgamiento de nuevas concesiones mineras.
Se ha comentado durante las últimas semanas que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, estaría por -o habría- autorizado continuar con los procesos de petición que se iniciaron entre el 2015 y 2017 y que se quedaron pendientes desde el cierre del catastro, en los que se solicitaron concesiones mineras para gran, mediana y pequeña escala, así como permisos artesanales. Esto podría parecer una buena noticia para el sector minero, más allá de la coyuntura política que atraviesa el Ejecutivo en su relación con la Asamblea Nacional.
Sin embargo, esto podría representar una amenaza insuperable a la legitimidad de esas futuras concesiones, además incurrir en violaciones a los plazos definidos en procesos reglados y finalmente, una ventana –quizás una puerta– a la corrupción y tráfico de influencias, que tanto alegan los opositores a la actividad minera. ¿Por qué? Les cuento cinco razones:
1. Las peticiones no constituyen derechos.
La gestión y aprovechamiento de los recursos naturales es una competencia del Estado, en consecuencia, el otorgamiento de delegaciones a favor de la iniciativa privada en una potestad y no una obligación. Aquellas peticiones realizadas hace varios años atrás no constituyen derechos a favor de los solicitantes y, en consecuencia, solo obligan al Estado a emitir una contestación. En ninguna circunstancia se podría limitar el ejercicio de la administración estatal.
2. Se incumplirían los términos y plazos fijados en el Instructivo pertinente.
El Instructivo para el otorgamiento de concesiones para minerales metálicos fue expedido en el año 2016 y reformado en dos ocasiones posteriores. En su versión original contiene términos que van desde los 5 hasta los 30 días, en total no deberían superar un par de meses. Sin embargo, todas las peticiones pendientes han superado esos plazos por varios años, esto ha sido observado por la Contraloría General del Estado en varios exámenes especiales a los procesos.
3. Ya no existen excepciones al proceso de subasta.
La Ley de Minería ordena que todas las concesiones mineras metálicas serán otorgadas previa subasta pública, pero mantenía una excepción que beneficiaba a las empresas estatales extranjeras. En el caso de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, existen al menos 11 peticiones que equivalen a 42.000 hectáreas pendientes. Sin embargo, la Ley fue reformada en julio del 2020 y se derogó expresamente esa excepción, es decir, la base legal que permitía a Codelco y a varias empresas de origen chino, presentar aquellas peticiones sin someterse a una subasta –como todos los demás– simplemente ya no existe. Y si revisan la motivación de la reforma, es precisamente para evitar preferencias o desequilibrios entre esas peticiones y los compromisos de inversión constatados en las subastas públicas, que ascienden a varias decenas (a veces centenas) de millones.
4. No existe un registro real.
Los centenares de peticiones pendientes por años fueron presentados hace dos gobiernos atrás, han existido innumerables cambios de autoridades (dos presidentes, decenas de viceministros, coordinadores zonales y directores de la Agencia de Control), se fusionó el Ministerio de Minería con Hidrocarburos y Energía, lo mismo sucedió con la Agencia de Control y en resumen, no existe forma de comprobar que fecha de ingreso, prioridad, peticionario, graficación, anexos y demás documentos que permitan retomar esas peticiones con transparencia.
5. La situación de los peticionarios y concesionarios ha cambiado.
Sin perjuicio de la escala productiva (artesanal, pequeña, mediana o grande) las condiciones de muchos de los peticionarios han cambiado, ya sea por los efectos globales de la pandemia, variaciones de mercado, dificultades en la ejecución de compromisos previos, entre varios. Así también la evolución de los proyectos existentes ha generado valor y oportunidad a varios concesionarios, aquello podría verse afectado por peticionarios que pretendan especular con sus peticiones expiradas.
En resumen, ante la pregunta sobre el otorgamiento de nuevas concesiones, mi respuesta es, si y solo si, el Gobierno puede garantizar un proceso transparente, público y justo que priorice el interés del Estado ecuatoriano. Para aquello el Ministerio sectorial debería -debió hace mucho- resolver el archivo de todas las peticiones de concesiones pendientes y empezar nuevamente el proceso de otorgamiento de concesiones, con un catastro minero depurado, sin peticiones «fantasmas» y sin aplicar preferencias a peticionario alguno.
13 de octubre de 2021
Aparentemente la pregunta tendría una respuesta sencilla, mientras se mantenga vigente la resolución emitida por la extinta Agencia de Regulación y Control Minero, que en fecha 24 de enero del 2018 ordenó el “cierre temporal del catastro minero”, no sería posible. Pero antes de responder, me permito compartir algunos cuestionamientos que deberán hacerse las nuevas autoridades del sector minero ante este recurrente cuestionamiento por parte de algunos actores de la industria.
Han transcurrido casi cuatro años desde el cierre del catastro minero, su temporalidad y próxima apertura han sido parte del discurso de todos los viceministros de minas designados desde entonces. Con una breve revisión de noticias se puede apreciar que en repetidas ocasiones se informó que el proceso de “depuración” había superado el 75% luego el 90%, incluso se anunció con bombos y platillos haber accedido a un crédito internacional para terminar el trabajo iniciado cuarenta y cinco meses atrás. Por ahora, esa promesa no ha logrado materializarse y el catastro sigue cerrado para el otorgamiento de nuevas concesiones mineras.
Se ha comentado durante las últimas semanas que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, estaría por -o habría- autorizado continuar con los procesos de petición que se iniciaron entre el 2015 y 2017 y que se quedaron pendientes desde el cierre del catastro, en los que se solicitaron concesiones mineras para gran, mediana y pequeña escala, así como permisos artesanales. Esto podría parecer una buena noticia para el sector minero, más allá de la coyuntura política que atraviesa el Ejecutivo en su relación con la Asamblea Nacional.
Sin embargo, esto podría representar una amenaza insuperable a la legitimidad de esas futuras concesiones, además incurrir en violaciones a los plazos definidos en procesos reglados y finalmente, una ventana –quizás una puerta– a la corrupción y tráfico de influencias, que tanto alegan los opositores a la actividad minera. ¿Por qué? Les cuento cinco razones:
1. Las peticiones no constituyen derechos.
La gestión y aprovechamiento de los recursos naturales es una competencia del Estado, en consecuencia, el otorgamiento de delegaciones a favor de la iniciativa privada en una potestad y no una obligación. Aquellas peticiones realizadas hace varios años atrás no constituyen derechos a favor de los solicitantes y, en consecuencia, solo obligan al Estado a emitir una contestación. En ninguna circunstancia se podría limitar el ejercicio de la administración estatal.
2. Se incumplirían los términos y plazos fijados en el Instructivo pertinente.
El Instructivo para el otorgamiento de concesiones para minerales metálicos fue expedido en el año 2016 y reformado en dos ocasiones posteriores. En su versión original contiene términos que van desde los 5 hasta los 30 días, en total no deberían superar un par de meses. Sin embargo, todas las peticiones pendientes han superado esos plazos por varios años, esto ha sido observado por la Contraloría General del Estado en varios exámenes especiales a los procesos.
3. Ya no existen excepciones al proceso de subasta.
La Ley de Minería ordena que todas las concesiones mineras metálicas serán otorgadas previa subasta pública, pero mantenía una excepción que beneficiaba a las empresas estatales extranjeras. En el caso de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, existen al menos 11 peticiones que equivalen a 42.000 hectáreas pendientes. Sin embargo, la Ley fue reformada en julio del 2020 y se derogó expresamente esa excepción, es decir, la base legal que permitía a Codelco y a varias empresas de origen chino, presentar aquellas peticiones sin someterse a una subasta –como todos los demás– simplemente ya no existe. Y si revisan la motivación de la reforma, es precisamente para evitar preferencias o desequilibrios entre esas peticiones y los compromisos de inversión constatados en las subastas públicas, que ascienden a varias decenas (a veces centenas) de millones.
4. No existe un registro real.
Los centenares de peticiones pendientes por años fueron presentados hace dos gobiernos atrás, han existido innumerables cambios de autoridades (dos presidentes, decenas de viceministros, coordinadores zonales y directores de la Agencia de Control), se fusionó el Ministerio de Minería con Hidrocarburos y Energía, lo mismo sucedió con la Agencia de Control y en resumen, no existe forma de comprobar que fecha de ingreso, prioridad, peticionario, graficación, anexos y demás documentos que permitan retomar esas peticiones con transparencia.
5. La situación de los peticionarios y concesionarios ha cambiado.
Sin perjuicio de la escala productiva (artesanal, pequeña, mediana o grande) las condiciones de muchos de los peticionarios han cambiado, ya sea por los efectos globales de la pandemia, variaciones de mercado, dificultades en la ejecución de compromisos previos, entre varios. Así también la evolución de los proyectos existentes ha generado valor y oportunidad a varios concesionarios, aquello podría verse afectado por peticionarios que pretendan especular con sus peticiones expiradas.
En resumen, ante la pregunta sobre el otorgamiento de nuevas concesiones, mi respuesta es, si y solo si, el Gobierno puede garantizar un proceso transparente, público y justo que priorice el interés del Estado ecuatoriano. Para aquello el Ministerio sectorial debería -debió hace mucho- resolver el archivo de todas las peticiones de concesiones pendientes y empezar nuevamente el proceso de otorgamiento de concesiones, con un catastro minero depurado, sin peticiones «fantasmas» y sin aplicar preferencias a peticionario alguno.
13 de octubre de 2021
7 de septiembre, día del trabajador minero...
¿Qué es lo que quieren celebrar?
Septiembre 12 de 2021.- El pasado seis de septiembre se hizo público el Acuerdo Nro. MERNNR-MERNNR-2021-0016-AM que establece “como fecha conmemorativa para la celebración del Día del Trabajador Minero Ecuatoriano, el 07 de septiembre de cada año”.
El acuerdo ministerial dice que el 14 de mayo se reunieron representantes de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables y casi veinte instituciones para elegir esa fecha.
Dice también que asistieron representantes de gremios empresariales, de profesionales y centros de estudios superiores.
Vía Minera consultó con las autoridades de la Universidad Central del Ecuador sobre la pertinencia del día elegido y se enteró que el tema no fue tocado en alguna reunión del Consejo Universitario y ni siquiera a nivel del Consejo Directivo de la Figempa. Simplemente alguien se tomó indebidamente el nombre de la UCE.
Y el Colegio de Ingenieros Geólogos, de Minas, Petróleos y Ambiental, de la Región Norte, Cigmipa, no estuvo de acuerdo con la fecha.
La celebración del día del trabajador minero tampoco fue consultada con los únicos trabajadores organizados de la gran minería ecuatoriana. En el Comité Sindical de EcuaCorriente SA, la empresa operadora de la Mina Mirador, la más grande productora de cobre, los obreros se enteraron por los periódicos que alguien estaba celebrando por ellos en su día.
El asunto va más allá de las formalidades. Una celebración de ese tipo está cargada de un simbolismo que se transforma en un bien intangible que debe protegerse. No se trata de escoger cualquier día del pasado aún cuando el dispositivo oficial diga que muchas personas se reunieron para “analizar la documentación e información histórica de respaldo y presentación de propuesta para definir una fecha específica de conmemoración por el Día del Trabajador Minero Ecuatoriano”.
La fecha podría ser una fuente de identidad con la actividad minera si es que el pasado y el presente se ligan en una ceremonia en la que se consagren los valores que identifican al trabajador minero y se integran sus cualidades con el ansia de progreso que tiene el país.
Dicho de otro modo, en el día de la Independencia se recuerda la lucha por la independencia. Celebrar el día de los muertos con un desfile militar estaría más cerca de la comicidad vulgar que de una acción razonada.
Entonces, ¿cómo entender que la fecha del día del trabajador minero tome como referencia el día que Sadco tomó el control de las operaciones mineras en Portovelo? ¿Qué se pretende consagrar?
Puede ser que actores destacados del sector minero desconozcan que el concepto de Minería Responsable es mucho más que una consigna usada como si se tratara de vender gaseosas y que fue creado por los centros de pensamiento estratégico de la industria minera internacional luego de arduos estudios interdisciplinarios y una evaluación meditada de la historia de la minería en la primera mitad del siglo XX.
Celebrar a Sadco parece una broma de mal gusto y está más cerca a un homenaje a la vieja minería que una mención a la minería comprometida con alcanzar los mejores estándares económicos, sociales, ambientales y de respeto a las comunidades.
El siete de septiembre de 1896 se produce una transacción comercial: la empresa estadounidense South American Development Company (Sadco) se hace del control, mediante remate público, de las concesiones de una empresa inglesa que comprendían el sitio Portovelo donde realizaba labores mineras, en ese entonces ubicado en el cantón Zaruma.
El legado de la Sadco es objeto de una legendaria y controversial polémica de atrayente actualidad.
La Sadco estuvo en el Ecuador desde 1896 hasta 1950 durante un período de alta inestabilidad política en el cual 38 gobiernos se sucedieron, sin embargo, tanto para liberales de diversa radicalidad como para conservadores, para gobiernos electos como para dictaduras, era indispensable atraer la inversión extranjera para alimentar la economía.
Crisis sucesivas por el descenso a los suelos de los precios del cacao y erróneas políticas que alimentaban sin resultados el crecimiento hacia afuera del país, desencadenaron una inflación que en 1944 llegó al 219%.
La empresa supo aprovecharse de estas circunstancias y tejió buenas relaciones entre sus abogados y los políticos del gobierno: el ex presidente Carlos Arroyo del Río -sí, el de la invasión peruana a la frontera que desembocó en el Protocolo de Río de Janeiro en 1941- fue abogado de la Sadco.
La representación diplomática de la nueva potencia económica mundial, por otro lado, intervenía cuando los intereses de la empresa estaban en peligro por los anhelos nacionalistas pasajeros de reivindicar los intereses soberanos como el del gobierno del general Enríquez Gallo, el único que revisó los contratos con todas las empresas extranjeras.
Para 1924 la empresa disponía de 24 kilómetros cuadrados de tierras.
En estas circunstancias, el Estado no contaba con normativa ni equipos técnicos competentes para un control adecuado in situ del material aurífero que salía a lomo de mula por el camino de herradura desde Portovelo hasta el punto en el camino a Puerto Bolívar denominado Piedras.
Esa carencia técnica hace imposible el manejo de estadísticas confiables y convierte en humor negro la pretensión de celebrar la fecha.
Esto se complicó más cuando en 1936 la compañía instaló una planta de flotación para recuperar concentrados de sulfuros y hacer las ventas como “tierra mineral”. Hasta entonces, trabajaba con una planta en la que combinaba la amalgamación con la cianuración, construida en 1918, de acuerdo al investigador Rodrigo Murillo Carrión.
Según una fuente anónima de la empresa que ocultó un documento en la iglesia hasta 1924, la planta tenía una capacidad de procesamiento de 300 toneladas por día y en ella recuperaban el 75,6% del oro y la plata. En ese documento afirmaba la fuente que la mina ya había producido 10 millones de dólares.
Pero la verdadera producción minero metalúrgica de la Sadco es un tema pendiente de investigación y fuente de un sinnúmero de especulaciones y hasta versiones fantasiosas por la excepcional concentración de oro que hace único al yacimiento. Según declararon los ingenieros de la Espol, Samantha Jiménez, Juan Carlos Pindo y Janio Nazareno, el yacimiento tenía de 100 a 300 gramos de oro por tonelada (g Au/ton).
Según una versión ampliamente difundidas, ahora tomada como oficial, “durante 46 años de funcionamiento la Sadco produjo 6´545.000 toneladas de mineral con una ley promedio de 16,5 gramos de oro por tonelada (g Au/ton) llegándose a obtener 3´472.427 onzas troy de oro (108 toneladas aproximadamente).
Además, obtuvo 7’254.000 onzas de plata (225,6 toneladas) de un mineral que poseía una ley promedio de 38,3 g/t de plata. Durante su mejor época de explotación la minera habría logrado mantener una tasa diaria de producción de 406 ton/día de mineral procesado. La mayor parte de esta producción provino de 5 vetas: Abundancia, Cantabria, Soroche, Jorupe y Tamayo”.
En este punto surgen estimaciones de técnicos escépticos frente a los reportes de la Sadco como la del geólogo Granda Aguilar. Con formación en Francia en valorización de recursos minerales y 36 años de experiencia profesional internacional en los campos mineros y petrolero, este ingeniero además es originario de Zaruma.
Con conocimiento in situ de las vetas mineralizadas del distrito minero Zaruma Portovelo, él afirma que una ley promedio de 30 g Au/ton es un dato conservador.
“Las empresas grandes evasoras de impuestos nunca declaran lo que realmente producen, al menos en oro”, acota.
Por tanto, él calcula que la empresa en realidad extrajo durante sus 54 años en Portovelo unas 230 toneladas o unos 7 millones y medio de onzas troy de oro.
Agrega que a la falta de fiscalización adecuada in situ, las leyes o concentraciones promedio registradas no incluyen el contenido de oro en las bolsonadas que caracterizan al yacimiento y que harían que la cifra de producción realmente se incremente quizás en un cero.
“En esa época el país no contaba con profesionales en el campo geológico minero. Ahora con muchos profesionales bien capacitados, las actuales autoridades siguen sin contar con un departamento de fiscalización bien dotado con laboratorios para poder determinar el valor correcto que deben pagar por concepto de regalías, es decir se sigue pagando a discreción con el cuento de que pagan regalías anticipadas, este es un soborno que las empresas hacen para no ser controladas, porque muy pocos conocen estas realidades”, señala.
Además de alertarnos sobre lo que estaría ocurriendo en la actualidad, estas estimaciones relativizan las cifras sobre el pago de impuestos de la Sadco disponibles como las que a continuación citamos.
El médico y dirigente comunista Ricardo Paredes, en su libro de 1938 “Oro y sangre en Portovelo”, hace un balance del debe y el haber de la Sadco con el Estado ecuatoriano con base en boletines del Ministerio de Hacienda y datos de la Sadco que se resume así:
De 1910 a 1928 la Sadco entrega al estado por los contratos de 1910, 1917 y 1924: 861.074,32 sucres; se beneficia con exoneraciones de pago de patentes (1914 a 1928) en 60.000,00 sucres y de la liberación de derechos de aduana (1910 a 1937) en 4´816188,4 sucres. (No dispone de datos entre 1896 y 1910 y del año 1913 sobre impuestos aduaneros).
Entre 1928 a 1936 la utilidad declarada suma 5´852.949,61 dólares; el impuesto a la renta pagado: 468.226,7 dólares. En su contabilidad hace constar los gastos de impuestos como “gastos de producción” de modo que la utilidad líquida declarada ya está castigada con los impuestos que ha pagado.
Entre 1932 y 1936, por impuesto a la producción figuran pagos por 453.696,91 dólares.
En resumen, entre 1928 y 1936, sin contar con el impuesto a las ventas, la Sadco pagó en impuestos 921.923,61 dólares, lo que representa un 15,75% de la utilidad declarada.
En 1928 había terminado de recuperar todo el capital invertido y en 1938 seguía operando sin haber invertido un solo centavo adicional, según el mismo autor.
Compromisos incumplidos con el Estado
Los gobiernos brindaron todo el apoyo estatal a la Sadco por el aporte al desarrollo del país que representaba la primera industria minera de gran escala operando. Entonces, entre 1896 y 1916, esta introdujo sin pagar impuestos maquinaria y equipos mineros pero también telas, adornos de casa, perfumes y cientos de chucherías sin pagar los aranceles de ley.
El Estado construyó la línea férrea Puerto Bolívar – Piedras para asegurar a la compañía la evacuación del oro y minerales.
En diversos contratos para la construcción de carreteras que iban a ser para uso de la minera, el Estado entregó un sinnúmero de privilegios fiscales como la extensión de plazos en beneficio de la empresa, la exoneración del pago del impuesto a las ventas, del derecho de patentes, del impuestos a la renta; le exoneró del pago de los tributos municipales e inclusive le otorgó la concesión gratuita de hasta 100 pertenencias mineras nuevas.
Sadco incumplió con el compromiso de construcción de la carretera de Santa Rosa a Loja, pasando por Zaruma-Portovelo. El tramo que construyó de Santa Rosa hasta el sector Las Chilcas, fue destruido por el invierno en dos años. El tramo Zaruma-Santa Rosa lo concluyó en 20 años.
También incumplió la entrega de 130 kilómetros de rieles para la vía férrea en Puerto Bolívar, solo entregó 92.
Al respecto un informe oficial de Obras Públicas dice: “Esta transacción no podía ser más gravosa para la nación, que no solo dejaba de percibir alguna participación en la explotación de las riquezas del subsuelo, sino que concedía toda clase de privilegios, inclusive exoneración de derechos de Patente, impuestos de aduana y de toda clase hasta 1960 a cambio de 130 km de rieles”.
En 1928 la Asamblea legislativa decretó que las mineras paguen impuesto a la renta e impuesto a las ventas. Los abogados Ponce, Peñaherrera y Borja mantuvieron la situación estable y sostuvieron para la empresa un conflicto legal que duró una década.
En 1938 el país estuvo pendiente de la promesa del dictador general Alberto Enríquez que puso en marcha una revisión del contrato de 1934 con la compañía. La revisión desembocó en un decreto que declaró al contrato una mera concesión que devino en ser profundamente lesiva para la economía ecuatoriana.
En consecuencia, la norma decretaba la contribución que pagará la Sadco del 12% sobre el producto bruto de las minas, a partir del primer trimestre de ese año.
Además, para reforzar la intervención del Estado y precautelar mejor sus intereses frente a las concesiones mineras, el gobierno dictó dos decretos en los que estableció la forma del control de la producción aurífera.
En 1950 el presidente Galo Plaza, de opuesto signo político, arregló con la compañía para que el país reciba las instalaciones industriales a cambio de lo que faltaba de cumplir de los compromisos con el Estado, los salarios e indemnizaciones pendientes de los trabajadores por un valor de 2,5 millones de sucres. Y así, la Sadco se fue del país sin deuda alguna.
El acuerdo ministerial dice que el 14 de mayo se reunieron representantes de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables y casi veinte instituciones para elegir esa fecha.
Dice también que asistieron representantes de gremios empresariales, de profesionales y centros de estudios superiores.
Vía Minera consultó con las autoridades de la Universidad Central del Ecuador sobre la pertinencia del día elegido y se enteró que el tema no fue tocado en alguna reunión del Consejo Universitario y ni siquiera a nivel del Consejo Directivo de la Figempa. Simplemente alguien se tomó indebidamente el nombre de la UCE.
Y el Colegio de Ingenieros Geólogos, de Minas, Petróleos y Ambiental, de la Región Norte, Cigmipa, no estuvo de acuerdo con la fecha.
La celebración del día del trabajador minero tampoco fue consultada con los únicos trabajadores organizados de la gran minería ecuatoriana. En el Comité Sindical de EcuaCorriente SA, la empresa operadora de la Mina Mirador, la más grande productora de cobre, los obreros se enteraron por los periódicos que alguien estaba celebrando por ellos en su día.
El asunto va más allá de las formalidades. Una celebración de ese tipo está cargada de un simbolismo que se transforma en un bien intangible que debe protegerse. No se trata de escoger cualquier día del pasado aún cuando el dispositivo oficial diga que muchas personas se reunieron para “analizar la documentación e información histórica de respaldo y presentación de propuesta para definir una fecha específica de conmemoración por el Día del Trabajador Minero Ecuatoriano”.
La fecha podría ser una fuente de identidad con la actividad minera si es que el pasado y el presente se ligan en una ceremonia en la que se consagren los valores que identifican al trabajador minero y se integran sus cualidades con el ansia de progreso que tiene el país.
Dicho de otro modo, en el día de la Independencia se recuerda la lucha por la independencia. Celebrar el día de los muertos con un desfile militar estaría más cerca de la comicidad vulgar que de una acción razonada.
Entonces, ¿cómo entender que la fecha del día del trabajador minero tome como referencia el día que Sadco tomó el control de las operaciones mineras en Portovelo? ¿Qué se pretende consagrar?
Puede ser que actores destacados del sector minero desconozcan que el concepto de Minería Responsable es mucho más que una consigna usada como si se tratara de vender gaseosas y que fue creado por los centros de pensamiento estratégico de la industria minera internacional luego de arduos estudios interdisciplinarios y una evaluación meditada de la historia de la minería en la primera mitad del siglo XX.
Celebrar a Sadco parece una broma de mal gusto y está más cerca a un homenaje a la vieja minería que una mención a la minería comprometida con alcanzar los mejores estándares económicos, sociales, ambientales y de respeto a las comunidades.
El siete de septiembre de 1896 se produce una transacción comercial: la empresa estadounidense South American Development Company (Sadco) se hace del control, mediante remate público, de las concesiones de una empresa inglesa que comprendían el sitio Portovelo donde realizaba labores mineras, en ese entonces ubicado en el cantón Zaruma.
El legado de la Sadco es objeto de una legendaria y controversial polémica de atrayente actualidad.
La Sadco estuvo en el Ecuador desde 1896 hasta 1950 durante un período de alta inestabilidad política en el cual 38 gobiernos se sucedieron, sin embargo, tanto para liberales de diversa radicalidad como para conservadores, para gobiernos electos como para dictaduras, era indispensable atraer la inversión extranjera para alimentar la economía.
Crisis sucesivas por el descenso a los suelos de los precios del cacao y erróneas políticas que alimentaban sin resultados el crecimiento hacia afuera del país, desencadenaron una inflación que en 1944 llegó al 219%.
La empresa supo aprovecharse de estas circunstancias y tejió buenas relaciones entre sus abogados y los políticos del gobierno: el ex presidente Carlos Arroyo del Río -sí, el de la invasión peruana a la frontera que desembocó en el Protocolo de Río de Janeiro en 1941- fue abogado de la Sadco.
La representación diplomática de la nueva potencia económica mundial, por otro lado, intervenía cuando los intereses de la empresa estaban en peligro por los anhelos nacionalistas pasajeros de reivindicar los intereses soberanos como el del gobierno del general Enríquez Gallo, el único que revisó los contratos con todas las empresas extranjeras.
Para 1924 la empresa disponía de 24 kilómetros cuadrados de tierras.
En estas circunstancias, el Estado no contaba con normativa ni equipos técnicos competentes para un control adecuado in situ del material aurífero que salía a lomo de mula por el camino de herradura desde Portovelo hasta el punto en el camino a Puerto Bolívar denominado Piedras.
Esa carencia técnica hace imposible el manejo de estadísticas confiables y convierte en humor negro la pretensión de celebrar la fecha.
Esto se complicó más cuando en 1936 la compañía instaló una planta de flotación para recuperar concentrados de sulfuros y hacer las ventas como “tierra mineral”. Hasta entonces, trabajaba con una planta en la que combinaba la amalgamación con la cianuración, construida en 1918, de acuerdo al investigador Rodrigo Murillo Carrión.
Según una fuente anónima de la empresa que ocultó un documento en la iglesia hasta 1924, la planta tenía una capacidad de procesamiento de 300 toneladas por día y en ella recuperaban el 75,6% del oro y la plata. En ese documento afirmaba la fuente que la mina ya había producido 10 millones de dólares.
Pero la verdadera producción minero metalúrgica de la Sadco es un tema pendiente de investigación y fuente de un sinnúmero de especulaciones y hasta versiones fantasiosas por la excepcional concentración de oro que hace único al yacimiento. Según declararon los ingenieros de la Espol, Samantha Jiménez, Juan Carlos Pindo y Janio Nazareno, el yacimiento tenía de 100 a 300 gramos de oro por tonelada (g Au/ton).
Según una versión ampliamente difundidas, ahora tomada como oficial, “durante 46 años de funcionamiento la Sadco produjo 6´545.000 toneladas de mineral con una ley promedio de 16,5 gramos de oro por tonelada (g Au/ton) llegándose a obtener 3´472.427 onzas troy de oro (108 toneladas aproximadamente).
Además, obtuvo 7’254.000 onzas de plata (225,6 toneladas) de un mineral que poseía una ley promedio de 38,3 g/t de plata. Durante su mejor época de explotación la minera habría logrado mantener una tasa diaria de producción de 406 ton/día de mineral procesado. La mayor parte de esta producción provino de 5 vetas: Abundancia, Cantabria, Soroche, Jorupe y Tamayo”.
En este punto surgen estimaciones de técnicos escépticos frente a los reportes de la Sadco como la del geólogo Granda Aguilar. Con formación en Francia en valorización de recursos minerales y 36 años de experiencia profesional internacional en los campos mineros y petrolero, este ingeniero además es originario de Zaruma.
Con conocimiento in situ de las vetas mineralizadas del distrito minero Zaruma Portovelo, él afirma que una ley promedio de 30 g Au/ton es un dato conservador.
“Las empresas grandes evasoras de impuestos nunca declaran lo que realmente producen, al menos en oro”, acota.
Por tanto, él calcula que la empresa en realidad extrajo durante sus 54 años en Portovelo unas 230 toneladas o unos 7 millones y medio de onzas troy de oro.
Agrega que a la falta de fiscalización adecuada in situ, las leyes o concentraciones promedio registradas no incluyen el contenido de oro en las bolsonadas que caracterizan al yacimiento y que harían que la cifra de producción realmente se incremente quizás en un cero.
“En esa época el país no contaba con profesionales en el campo geológico minero. Ahora con muchos profesionales bien capacitados, las actuales autoridades siguen sin contar con un departamento de fiscalización bien dotado con laboratorios para poder determinar el valor correcto que deben pagar por concepto de regalías, es decir se sigue pagando a discreción con el cuento de que pagan regalías anticipadas, este es un soborno que las empresas hacen para no ser controladas, porque muy pocos conocen estas realidades”, señala.
Además de alertarnos sobre lo que estaría ocurriendo en la actualidad, estas estimaciones relativizan las cifras sobre el pago de impuestos de la Sadco disponibles como las que a continuación citamos.
El médico y dirigente comunista Ricardo Paredes, en su libro de 1938 “Oro y sangre en Portovelo”, hace un balance del debe y el haber de la Sadco con el Estado ecuatoriano con base en boletines del Ministerio de Hacienda y datos de la Sadco que se resume así:
De 1910 a 1928 la Sadco entrega al estado por los contratos de 1910, 1917 y 1924: 861.074,32 sucres; se beneficia con exoneraciones de pago de patentes (1914 a 1928) en 60.000,00 sucres y de la liberación de derechos de aduana (1910 a 1937) en 4´816188,4 sucres. (No dispone de datos entre 1896 y 1910 y del año 1913 sobre impuestos aduaneros).
Entre 1928 a 1936 la utilidad declarada suma 5´852.949,61 dólares; el impuesto a la renta pagado: 468.226,7 dólares. En su contabilidad hace constar los gastos de impuestos como “gastos de producción” de modo que la utilidad líquida declarada ya está castigada con los impuestos que ha pagado.
Entre 1932 y 1936, por impuesto a la producción figuran pagos por 453.696,91 dólares.
En resumen, entre 1928 y 1936, sin contar con el impuesto a las ventas, la Sadco pagó en impuestos 921.923,61 dólares, lo que representa un 15,75% de la utilidad declarada.
En 1928 había terminado de recuperar todo el capital invertido y en 1938 seguía operando sin haber invertido un solo centavo adicional, según el mismo autor.
Compromisos incumplidos con el Estado
Los gobiernos brindaron todo el apoyo estatal a la Sadco por el aporte al desarrollo del país que representaba la primera industria minera de gran escala operando. Entonces, entre 1896 y 1916, esta introdujo sin pagar impuestos maquinaria y equipos mineros pero también telas, adornos de casa, perfumes y cientos de chucherías sin pagar los aranceles de ley.
El Estado construyó la línea férrea Puerto Bolívar – Piedras para asegurar a la compañía la evacuación del oro y minerales.
En diversos contratos para la construcción de carreteras que iban a ser para uso de la minera, el Estado entregó un sinnúmero de privilegios fiscales como la extensión de plazos en beneficio de la empresa, la exoneración del pago del impuesto a las ventas, del derecho de patentes, del impuestos a la renta; le exoneró del pago de los tributos municipales e inclusive le otorgó la concesión gratuita de hasta 100 pertenencias mineras nuevas.
Sadco incumplió con el compromiso de construcción de la carretera de Santa Rosa a Loja, pasando por Zaruma-Portovelo. El tramo que construyó de Santa Rosa hasta el sector Las Chilcas, fue destruido por el invierno en dos años. El tramo Zaruma-Santa Rosa lo concluyó en 20 años.
También incumplió la entrega de 130 kilómetros de rieles para la vía férrea en Puerto Bolívar, solo entregó 92.
Al respecto un informe oficial de Obras Públicas dice: “Esta transacción no podía ser más gravosa para la nación, que no solo dejaba de percibir alguna participación en la explotación de las riquezas del subsuelo, sino que concedía toda clase de privilegios, inclusive exoneración de derechos de Patente, impuestos de aduana y de toda clase hasta 1960 a cambio de 130 km de rieles”.
En 1928 la Asamblea legislativa decretó que las mineras paguen impuesto a la renta e impuesto a las ventas. Los abogados Ponce, Peñaherrera y Borja mantuvieron la situación estable y sostuvieron para la empresa un conflicto legal que duró una década.
En 1938 el país estuvo pendiente de la promesa del dictador general Alberto Enríquez que puso en marcha una revisión del contrato de 1934 con la compañía. La revisión desembocó en un decreto que declaró al contrato una mera concesión que devino en ser profundamente lesiva para la economía ecuatoriana.
En consecuencia, la norma decretaba la contribución que pagará la Sadco del 12% sobre el producto bruto de las minas, a partir del primer trimestre de ese año.
Además, para reforzar la intervención del Estado y precautelar mejor sus intereses frente a las concesiones mineras, el gobierno dictó dos decretos en los que estableció la forma del control de la producción aurífera.
En 1950 el presidente Galo Plaza, de opuesto signo político, arregló con la compañía para que el país reciba las instalaciones industriales a cambio de lo que faltaba de cumplir de los compromisos con el Estado, los salarios e indemnizaciones pendientes de los trabajadores por un valor de 2,5 millones de sucres. Y así, la Sadco se fue del país sin deuda alguna.
Los trabajadores en la Sadco
La mano de obra de Portovelo llegaba de las provincias de Loja, Cañar y Azuay, eran campesinos no indígenas de los cantones de Oña, Nabón, Catacocha e indígenas saraguros, de Loja y Zamora Chinchipe. Permanecían trabajando 300 días al año, solos, sin su familia y sin ver sus expectativas de reunir un capital para regresar a levantar sus tierras agrícolas afectadas por la crisis. La escasez de viviendas era constante.
La vida en el campamento Portovelo de entre 800 y 1000 trabajadores permanentes en dormitorios de conjuntos arrendados por la empresa, con una alimentación diaria de 0,16 centavos de dólar, tuvo que ser mejorada a lo largo de años a través de peticiones.
Una de estas llegó en el verbo florido del presidente Velasco Ibarra en 1935 cuando visitó el campamento y exigió alza de sueldos, mejoramiento de condiciones de vivienda y sanitarias tras lo cual, según relatos, enseguida “cavaron cimientos de baterías sanitarias y casas; las calles fueron cruzadas por tuberías”.
En 1919 ante la falta de las autoridades locales para exigir a la empresa que cumpla sus obligaciones laborales, los trabajadores organizan una primera huelga en la que pedían jornada de 8 horas diarias, pago de indemnizaciones por accidentes laborales, mejor trato y asistencia médica eficaz, ya que los que tenían más de 10 años de trabajo en la mina eran considerados sobrevivientes puesto que las enfermedades profesionales los acababan.
Al duro ambiente de trabajo de por sí en una mina subterránea, se sumaba la presencia de los establos de mulas en galerías adyacentes a las galerías de trabajo contaminando el aire con los gases de sus desechos orgánicos.
Afuera de la mina la vida no era muy diferente: la mentalidad empresarial exigía un dominio completo en la vida de la comunidad. Prohibición del alcohol y control de actividades de recreo familiar como fiestas, paseos y serenatas eran parte de la normalidad. Los “americanos” calificaban lo que consideraban actos inmorales y condenaban las uniones libres a las que les negaban vivienda. El último gerente prohibió bailes y kermeses y “todo lo que drenara las energías y el salario del trabajador”.
A otro gerente le pareció inadecuada la fecha de la celebración religiosa en honor de la Virgen de la Consolación que rememoraba el rescate de un grupo de mineros atrapados por varios días en un socavón y la cambió para el 4 de julio, día de la Independencia de los Estados Unidos, su país.
La segregación complementaba el control social: los obreros saraguros que solo permanecieron los primeros años fueron ubicados en una especie de reserva alejada de todos a la orilla del río.
Los ejecutivos y sus familias vivían en el campamento americano ubicado en el punto más elevado dominando todo el panorama con casas cómodas, de hormigón y con todos los servicios y rodeados de letreros que impedían el paso a los ecuatorianos.
Ellos tenían sus propios espacios sociales, culturales y deportivos y hasta un huerto privado para su alimentación en la “fonda americana”.
Los americanos eran considerados por obreros y empleados ecuatorianos como una casta superior. A ellos les debían sumisión, obediencia y respeto sumo señala Murillo Carrión en su libro “Zaruma, historia Minera. Identidad en Portovelo”. Él cita a una “respetable sobreviviente” que le dijo: “paseaban orgullosos en sus caballos finos, vivían como reyes y despreciaban a los ecuatorianos”.
Los gerentes de la Sadco despreciaban a la moneda nacional y se inventaron una con que pagaban a los trabajadores. Era un cartón más al que le pintaron numeritos de uno, cinco, diez y hasta 20 y lo llamaron “el Paterson”, es decir, el único que servía para comprar en el almacén de la compañía.
Por esta audacia, en 1938, el gobierno del general Alberto Enríquez le impuso mediante Decreto una multa de 50.000 sucres.
En 1924, por primera vez ecuatorianos entraron en el rol de pagos de la empresa como empleados administrativos o técnicos y recibieron ascensos y privilegios alcanzados con tesón, pero si ellos morían sus hijos y sus viudas no tenían derecho a indemnizaciones.
En 1935 una segunda huelga de trabajadores desembocó en hechos fatales, un obrero, un niño, su madre y un adolescente muertos en dos acciones de las fuerzas del orden. Varios heridos y cientos de trabajadores encarcelados y despedidos. Nuevamente pedían alzas salariales, mejores condiciones sanitarias, de seguridad, de protección a deudos, reconocimiento de enfermedades profesionales. Pero en esta vez, había obreros activistas despedidos y demandaban su reincorporación, así como la salida de los empleados extranjeros y ecuatorianos que impedían mejoras en el nivel de vida de los trabajadores y madereros.
Aportes a la comunidad
La Sadco construyó la red básica de agua para consumo humano y el canal de conducción que se inauguró en 1914 luego de 10 años de construcción, “una obra maestra de la ingeniería”, según la empresa, pero en 1938 había barrios enteros sin el servicio.
En 1917, inauguró el Hospital Curipamba, que terminó convirtiéndose en un buen negocio para la empresa al abrir sus servicios al público complicando la disponibilidad para los trabajadores.
En 1921 inauguraron el servicio de electricidad de Zaruma, construido por la minera.
La Iglesia fue inaugurada en 1924 y en 1991 en sus escombros se halló en una urna de concreto una cápsula de plomo que encerraba 16 hojas en las que estaba escrita una historia de la mina hasta ese año.
La primera mina industrial del país demandó inversión de capital y un esfuerzo titánico de los trabajadores pero hubiera sido imposible sin el aporte profesional de los técnicos extranjeros, expertos en diversas ramas de la ingeniería e inclusive un arquitecto de hospitales.
Ahora bien, si el día del trabajador minero se fija con el motivo de “la profesionalización de la actividad en el Ecuador” cabe preguntarse si todo ese know how se sembró en el país con la creación de alguna escuela de minería, o la formación de profesionales nacionales in situ o becados al país de origen de la empresa. Y de esto nada dice la historia.
Edgar Granda afirma que Sadco era una empresa muy celosa con su información y que por eso cuando se fue en 1950 se llevó toda la data que tuviera algo de valor. Sin embargo, al irse dejó un gran legado a los mineros que trabajaron ahí sobre cómo se debe trabajar. Por eso, recalca, "los mineros de Zaruma-Portovelo son los mejores en trabajos subterráneos, conocen mucho de la técnica de explotación y conocen muy bien el oro”.
Los trabajadores en la Sadco
La mano de obra de Portovelo llegaba de las provincias de Loja, Cañar y Azuay, eran campesinos no indígenas de los cantones de Oña, Nabón, Catacocha e indígenas saraguros, de Loja y Zamora Chinchipe. Permanecían trabajando 300 días al año, solos, sin su familia y sin ver sus expectativas de reunir un capital para regresar a levantar sus tierras agrícolas afectadas por la crisis. La escasez de viviendas era constante.
La vida en el campamento Portovelo de entre 800 y 1000 trabajadores permanentes en dormitorios de conjuntos arrendados por la empresa, con una alimentación diaria de 0,16 centavos de dólar, tuvo que ser mejorada a lo largo de años a través de peticiones.
Una de estas llegó en el verbo florido del presidente Velasco Ibarra en 1935 cuando visitó el campamento y exigió alza de sueldos, mejoramiento de condiciones de vivienda y sanitarias tras lo cual, según relatos, enseguida “cavaron cimientos de baterías sanitarias y casas; las calles fueron cruzadas por tuberías”.
En 1919 ante la falta de las autoridades locales para exigir a la empresa que cumpla sus obligaciones laborales, los trabajadores organizan una primera huelga en la que pedían jornada de 8 horas diarias, pago de indemnizaciones por accidentes laborales, mejor trato y asistencia médica eficaz, ya que los que tenían más de 10 años de trabajo en la mina eran considerados sobrevivientes puesto que las enfermedades profesionales los acababan.
Al duro ambiente de trabajo de por sí en una mina subterránea, se sumaba la presencia de los establos de mulas en galerías adyacentes a las galerías de trabajo contaminando el aire con los gases de sus desechos orgánicos.
Afuera de la mina la vida no era muy diferente: la mentalidad empresarial exigía un dominio completo en la vida de la comunidad. Prohibición del alcohol y control de actividades de recreo familiar como fiestas, paseos y serenatas eran parte de la normalidad. Los “americanos” calificaban lo que consideraban actos inmorales y condenaban las uniones libres a las que les negaban vivienda. El último gerente prohibió bailes y kermeses y “todo lo que drenara las energías y el salario del trabajador”.
A otro gerente le pareció inadecuada la fecha de la celebración religiosa en honor de la Virgen de la Consolación que rememoraba el rescate de un grupo de mineros atrapados por varios días en un socavón y la cambió para el 4 de julio, día de la Independencia de los Estados Unidos, su país.
La segregación complementaba el control social: los obreros saraguros que solo permanecieron los primeros años fueron ubicados en una especie de reserva alejada de todos a la orilla del río.
Los ejecutivos y sus familias vivían en el campamento americano ubicado en el punto más elevado dominando todo el panorama con casas cómodas, de hormigón y con todos los servicios y rodeados de letreros que impedían el paso a los ecuatorianos.
Ellos tenían sus propios espacios sociales, culturales y deportivos y hasta un huerto privado para su alimentación en la “fonda americana”.
Los americanos eran considerados por obreros y empleados ecuatorianos como una casta superior. A ellos les debían sumisión, obediencia y respeto sumo señala Murillo Carrión en su libro “Zaruma, historia Minera. Identidad en Portovelo”. Él cita a una “respetable sobreviviente” que le dijo: “paseaban orgullosos en sus caballos finos, vivían como reyes y despreciaban a los ecuatorianos”.
Los gerentes de la Sadco despreciaban a la moneda nacional y se inventaron una con que pagaban a los trabajadores. Era un cartón más al que le pintaron numeritos de uno, cinco, diez y hasta 20 y lo llamaron “el Paterson”, es decir, el único que servía para comprar en el almacén de la compañía.
Por esta audacia, en 1938, el gobierno del general Alberto Enríquez le impuso mediante Decreto una multa de 50.000 sucres.
En 1924, por primera vez ecuatorianos entraron en el rol de pagos de la empresa como empleados administrativos o técnicos y recibieron ascensos y privilegios alcanzados con tesón, pero si ellos morían sus hijos y sus viudas no tenían derecho a indemnizaciones.
En 1935 una segunda huelga de trabajadores desembocó en hechos fatales, un obrero, un niño, su madre y un adolescente muertos en dos acciones de las fuerzas del orden. Varios heridos y cientos de trabajadores encarcelados y despedidos. Nuevamente pedían alzas salariales, mejores condiciones sanitarias, de seguridad, de protección a deudos, reconocimiento de enfermedades profesionales. Pero en esta vez, había obreros activistas despedidos y demandaban su reincorporación, así como la salida de los empleados extranjeros y ecuatorianos que impedían mejoras en el nivel de vida de los trabajadores y madereros.
Aportes a la comunidad
La Sadco construyó la red básica de agua para consumo humano y el canal de conducción que se inauguró en 1914 luego de 10 años de construcción, “una obra maestra de la ingeniería”, según la empresa, pero en 1938 había barrios enteros sin el servicio.
En 1917, inauguró el Hospital Curipamba, que terminó convirtiéndose en un buen negocio para la empresa al abrir sus servicios al público complicando la disponibilidad para los trabajadores.
En 1921 inauguraron el servicio de electricidad de Zaruma, construido por la minera.
La Iglesia fue inaugurada en 1924 y en 1991 en sus escombros se halló en una urna de concreto una cápsula de plomo que encerraba 16 hojas en las que estaba escrita una historia de la mina hasta ese año.
La primera mina industrial del país demandó inversión de capital y un esfuerzo titánico de los trabajadores pero hubiera sido imposible sin el aporte profesional de los técnicos extranjeros, expertos en diversas ramas de la ingeniería e inclusive un arquitecto de hospitales.
Ahora bien, si el día del trabajador minero se fija con el motivo de “la profesionalización de la actividad en el Ecuador” cabe preguntarse si todo ese know how se sembró en el país con la creación de alguna escuela de minería, o la formación de profesionales nacionales in situ o becados al país de origen de la empresa. Y de esto nada dice la historia.
Edgar Granda afirma que Sadco era una empresa muy celosa con su información y que por eso cuando se fue en 1950 se llevó toda la data que tuviera algo de valor. Sin embargo, al irse dejó un gran legado a los mineros que trabajaron ahí sobre cómo se debe trabajar. Por eso, recalca, "los mineros de Zaruma-Portovelo son los mejores en trabajos subterráneos, conocen mucho de la técnica de explotación y conocen muy bien el oro”.
Afganistán: ¿primera reserva mundial de litio?
30 de agosto de 2021.- Diversos artículos en la prensa mundial señalan que Afganistán tiene depósitos gigantescos de tierras raras, materiales críticos y la reserva de litio más grande del mundo, pero falta todavía un tiempo para saber si eso es cierto. O si es que existen, si se podrán sacar algún día.
Para Mining (dot) com, una revista especializada en temas mineros, tales afirmaciones no tienen sustento técnico y son un mito creado por un titular del New York Times, publicado hace 10 años, cuando Estados Unidos llevaba ya varios años tratando de reconstruir Afganistán después de haberlo destruido como respuesta al ataque que sufrió el 11 de setiembre de 2001.
El titular y el artículo que apareció en diario neoyorquino, son de James Risen, uno de los periodistas de investigación más serios de los Estados Unidos, ganador de un premio Pulitzer y especialista en asuntos de inteligencia.
Su nota principal parte de estudios que habrían hecho misiones científicas soviéticas cuando las tropas de ese país invadieron Afganistán y tomaron fuerza a raíz de los contratos mineros celebrados entre Kabul y empresas chinas.
Los rusos, pero principalmente los chinos, creen que pueden hacer buenos negocios con los talibán en el poder.
«Con la retirada de Estados Unidos, Pekín puede ofrecer lo que Kabul más necesita: imparcialidad política e inversión económica», escribió Zhou Bo, quien fue coronel del Ejército Popular de Liberación de 2003 a 2020, en un artículo de opinión reciente en el New York Times.
Pero Mining (dot) com desconfía. Sostiene que el memorando secreto del Pentágono revelado por Risen y el mapa geológico soviético que habría servido de fuente para levantar cuentos sobre la riqueza afgana, no resisten un análisis serio.
Señala que los rusos no habrían tenido tiempo para mapear Afganistán ni para tomar muestras que les permitan ensayos creíbles y mucho menos podrían haber usado sistemas computarizados para exploración geológica.
Cuestiona además las cifras de los supuestos estudios. Treintaicuatro depósitos, por ejemplo, mal podrían haber sido descritos en tres páginas. Y encuentra que los cálculos hechos con las supuestas reservas y los precios de los minerales, en ese momento y ahora, son increíblemente alzados para justificar el entusiasmo de los ingenuos.
Los formidables depósitos de cobre y las toneladas de cobalto, molibdeno, tierras raras y litio sólo existirían en la mente de las personas que informaron al periodista. Y ello porque resultaría imposible que un pequeño equipo, norteamericano o soviético, haya podido hacer cientos de perforaciones, miles de kilómetros de trincheras y diversos estudios geofísicos y topográficos cuando la tecnología no disponía de equipos sofisticados.
Para Mining (dot) com, una revista especializada en temas mineros, tales afirmaciones no tienen sustento técnico y son un mito creado por un titular del New York Times, publicado hace 10 años, cuando Estados Unidos llevaba ya varios años tratando de reconstruir Afganistán después de haberlo destruido como respuesta al ataque que sufrió el 11 de setiembre de 2001.
El titular y el artículo que apareció en diario neoyorquino, son de James Risen, uno de los periodistas de investigación más serios de los Estados Unidos, ganador de un premio Pulitzer y especialista en asuntos de inteligencia.
Su nota principal parte de estudios que habrían hecho misiones científicas soviéticas cuando las tropas de ese país invadieron Afganistán y tomaron fuerza a raíz de los contratos mineros celebrados entre Kabul y empresas chinas.
Los rusos, pero principalmente los chinos, creen que pueden hacer buenos negocios con los talibán en el poder.
«Con la retirada de Estados Unidos, Pekín puede ofrecer lo que Kabul más necesita: imparcialidad política e inversión económica», escribió Zhou Bo, quien fue coronel del Ejército Popular de Liberación de 2003 a 2020, en un artículo de opinión reciente en el New York Times.
Pero Mining (dot) com desconfía. Sostiene que el memorando secreto del Pentágono revelado por Risen y el mapa geológico soviético que habría servido de fuente para levantar cuentos sobre la riqueza afgana, no resisten un análisis serio.
Señala que los rusos no habrían tenido tiempo para mapear Afganistán ni para tomar muestras que les permitan ensayos creíbles y mucho menos podrían haber usado sistemas computarizados para exploración geológica.
Cuestiona además las cifras de los supuestos estudios. Treintaicuatro depósitos, por ejemplo, mal podrían haber sido descritos en tres páginas. Y encuentra que los cálculos hechos con las supuestas reservas y los precios de los minerales, en ese momento y ahora, son increíblemente alzados para justificar el entusiasmo de los ingenuos.
Los formidables depósitos de cobre y las toneladas de cobalto, molibdeno, tierras raras y litio sólo existirían en la mente de las personas que informaron al periodista. Y ello porque resultaría imposible que un pequeño equipo, norteamericano o soviético, haya podido hacer cientos de perforaciones, miles de kilómetros de trincheras y diversos estudios geofísicos y topográficos cuando la tecnología no disponía de equipos sofisticados.
¿Ecuador se prepara para la industria minera? (Tercera parte)
El tema ambiental es un asunto de recursos
Nota de Redacción.- Presentamos la tercera -y última- parte de la síntesis de la exposición del catedrático Arturo Égüez en el webinar “Problemática y potencial minero del Ecuador” organizado por la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleo y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador.
El tema ambiental en la minería no es un asunto que se resuelva por decreto, hace parte de la problemática social y económica de la actividad minera. “Es un tema importante que hay que tenerlo en el tablero el momento de discutir la minería”, afirmó el doctor Égüez.
Desde su punto de vista, la solución del problema ambiental es un tema de recursos económicos, si lo que se quiere es el desarrollo de una minería legal, formal y controlada. Veamos el caso de la minera estadounidense South American Development Corporation, o Sadco, simplemente, que trabajó en Portovelo desde 1896 hasta 1950 y se le atribuye un sistema de explotación moderno para la época. Se afirma que encontró leyes de 100 y hasta 300 gramos de oro por tonelada, por lo que fue considerado uno de los principales lugares de explotación aurífera de Sudamérica. Sadco dejó las operaciones a CIMA, vinculada al Estado, que allá por los años 80 se retiró al no haber podido asumir la profundidad del mineral restante. Con Sadco se fue una mística de trabajo técnico de la que poco se ha recuperado. “Desde ahí hemos tenido minería informal que es la que se practica hasta ahora”, afirma. “Lamentablemente la minería de pequeña escala sigue contaminando los ríos. Basta ver zonas de Ponce Enríquez, Nambija y Buenos Aires, entre otras, en donde realmente podemos ver que sigue causando bastantes daños. Pero, ¿por qué los pequeños mineros y artesanales contaminan? La escala es la clave en la respuesta a esta interrogante. “Minería a gran escala es como lo ha hecho Lundin Gold. Para comenzar han hecho una evaluación del yacimiento, han planificado la explotación y los gastos que van a hacer en el manejo ambiental. El manejo ambiental en una mina seria, grande, está financiado incluso antes que comience la producción. En cambio, todos sabemos cómo empieza la minería artesanal y pequeña aquí: comenzamos a hacer un hueco y después vemos lo que hay. De esa manera no podemos financiar el manejo ambiental, siempre estamos en esa incertidumbre”, relata con la convicción de quien ha recorrido el campo como profesional de la geología y minero por más de 15 años. “Los daños al ambiente que causan los mineros artesanales y de pequeña escala, así como la minería informal, son aprovechados por los grupos antimineros para provocar un rechazo generalizado a toda la actividad minera”, opina. Para Égüez no tiene sentido prohibir la minería a cielo abierto. “No se puede prever la ubicación de un depósito. Hasta que se encuentra el yacimiento no se puede saber si se puede hacer minería a cielo abierto o subterránea”, explica el geólogo. |
El Ministerio del Ambiente no sabe de minería
Sostiene que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, MAAE; y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, son fundamentales para llevar a cabo una política de Estado que procure los objetivos del desarrollo minero. Como no existe dicha política tampoco es posible una relación inteligente entre ambas instituciones, por lo que el MAAE impone normas sin el conocimiento de los procesos geológico-mineros, lo que deriva en una normativa compleja y confusa, generalmente de carácter sancionatorio. Un ejemplo de esto: la normativa para la pequeña minería y minería artesanal. Sobre la aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA), señala, es simplemente “un vía crucis”. Una tramitología con requerimientos innecesarios y costosos, especialmente para la pequeña minería. “Para hacer un EIA se tiene que contratar siete biólogos, para aves, mamíferos, peces, etc., ya se va a pedir para las mariposas… El análisis de muestras es aleatorio, no es un muestreo científico. Por decir algo, si a una concesión de 100 ha le piden 10 análisis de muestras de agua ¿cuántas le pedirán a una de 5000 ha? ¿cuánto cuesta un análisis de muestras? Esto no puede cumplir la pequeña minería”. Encima, esa información es desperdiciada. Y lo peor, se imponen tiempos de aprobación que atentan contra las actividades. “El 2018 ni el 10% de las concesiones mineras tenían licencia ambiental. Ahora se conoce que el MAAE tiene más de 100 estudios represadas. En definitiva, la minería está sin licenciamiento ambiental”, proclama. Y todo esto sin hablar de los problemas con el monitoreo y costos de los planes de manejo ambiental (PMA), y los permisos y autorizaciones: de no afectación a fuentes hídricas, de uso de agua (ARCA), que son obtenidos a través de trámites largos costosos y hasta contradictorios. A estas complicaciones que afronta la gestión minera en el campo ambiental, anota Égüez, se suman la injerencia que tienen las ONG y toda la problemática social que se da con los procesos de participación ciudadana y de consulta ambiental. Y para enrarecer aún más el panorama, el doctor señala las notorias intenciones del MAAE de continuar promoviendo la creación de áreas protegidas a través de los GAD “en las que no se puede hacer nada y, por supuesto, menos minería”. |
En este sentido, señala que el MAAE establece nuevas categorías de áreas protegidas que aún contra la ley impiden operaciones mineras y que crea bosques protectores sobre concesiones mineras de exploración y hasta explotación previamente otorgadas.
Por otro lado, indica que anteriormente cualquier cambio en los bosques protectores se realizaba con acuerdos ministeriales y que ahora se desconoce cómo se realizan los cambios.
Solo en la zona andina, indica, la zona explorable está dentro de un alto porcentaje de áreas protegidas: Las reservas ecológicas y los parques nacionales se llevan fácilmente un 30-35% del área explorable del país.
Como observación adicional, remarca que le consta que el talento humano en el MAAE no sabe de minería. “Puede ser que haya buenos biólogos, buenos sociólogos... sin estabilidad y con mala remuneración”, agrega.
¿Entonces, qué es lo que hay que hacer?
Égüez formula tres sugerencias: realizar los correctivos urgentes en la legislación ambiental y en los procedimientos de control ambiental; establecer mecanismos para facilitar el cumplimiento de la normativa ambiental por parte de la pequeña minería y minería artesanal; y establecer una moratoria para que las concesiones mineras y el MAAE se pongan al día en el cumplimiento de la normativa.
Las facultades de Ingeniería Ambiental tampoco…
¿El papel que están cumpliendo las universidades dentro del complejo esquema socioeconómico -si trazamos un esquema gráfico con la minería al centro- tiene o no tiene importancia en la conjugación de instituciones necesarias para alcanzar los objetivos del desarrollo minero? Depende, nada es automático.
Al respecto, Égüez plantea las siguientes consideraciones y preguntas: “Tenemos facultades en geología. En exploración nos ha ido bien, nos debemos felicitar en la Central, la Politécnica, porque nuestros geólogos están aportando para encontrar yacimientos. Pero en minería no sé.
¿Estamos listos para emprender la minería industrial? ¿Tenemos profesores con experiencia en lo que es gran minería? ¿Hay una planta renovada? ¿Hay carreras nuevas o con actualizaciones? ¿Hay equipamiento para enseñar la minería? ¿Hay convenios con universidades de países mineros? ¡Casi no!
Y continúa: “en una materia fundamental como la Metalurgia, por ejemplo, cada tanto me han llamado empresas como Lundin Gold y Ecuacorriente para preguntar si conozco un metalurgista para un cargo senior. -No, les digo, no hay metalurgistas aquí. Entonces vienen metalurgistas de Perú y de Chile y van a seguir viniendo así. Y por eso nos quejaremos”.
“Por otro lado, en la formación profesional y en la formación ambiental: no existe la formación minera ambiental. Más bien tenemos escuelas de ambiental que están en contra de la minería. Me alegro mucho de que al menos la Espol haya afirmado que tiene carreras certificadas para el desarrollo minero”, acota.
Un rol adecuado para cada uno de los actores
Las comunidades. Égüez recomienda: establecer los mecanismos para un pacto social alrededor de la minería (Gobierno-comunidades-empresas); crear verdaderos mecanismos de capacitación e información comunitaria sobre los proyectos mineros; apoyar a las comunidades para la formulación de planes y proyectos de desarrollo que sirvan durante y, sobre todo, posteriormente a la explotación minera.
“Hay que participar activamente, hay que organizarse para evitar que las actividades nocivas vengan a las zonas mineras, la comunidad debe participar como un agente de veeduría y organizarse para formular los programas financiados por los recursos mineros.
“Ahí están ya los proyectos mineros y todos sabemos los conflictos que ha tenido el propio Lundin Gold por el tema del puente (sobre el río Zamora cuya reconstrucción está financiando la empresa) y así van a seguir si realmente no se establece una política en la que podamos tener el rol adecuado para cada uno”.
Por otro lado, indica que anteriormente cualquier cambio en los bosques protectores se realizaba con acuerdos ministeriales y que ahora se desconoce cómo se realizan los cambios.
Solo en la zona andina, indica, la zona explorable está dentro de un alto porcentaje de áreas protegidas: Las reservas ecológicas y los parques nacionales se llevan fácilmente un 30-35% del área explorable del país.
Como observación adicional, remarca que le consta que el talento humano en el MAAE no sabe de minería. “Puede ser que haya buenos biólogos, buenos sociólogos... sin estabilidad y con mala remuneración”, agrega.
¿Entonces, qué es lo que hay que hacer?
Égüez formula tres sugerencias: realizar los correctivos urgentes en la legislación ambiental y en los procedimientos de control ambiental; establecer mecanismos para facilitar el cumplimiento de la normativa ambiental por parte de la pequeña minería y minería artesanal; y establecer una moratoria para que las concesiones mineras y el MAAE se pongan al día en el cumplimiento de la normativa.
Las facultades de Ingeniería Ambiental tampoco…
¿El papel que están cumpliendo las universidades dentro del complejo esquema socioeconómico -si trazamos un esquema gráfico con la minería al centro- tiene o no tiene importancia en la conjugación de instituciones necesarias para alcanzar los objetivos del desarrollo minero? Depende, nada es automático.
Al respecto, Égüez plantea las siguientes consideraciones y preguntas: “Tenemos facultades en geología. En exploración nos ha ido bien, nos debemos felicitar en la Central, la Politécnica, porque nuestros geólogos están aportando para encontrar yacimientos. Pero en minería no sé.
¿Estamos listos para emprender la minería industrial? ¿Tenemos profesores con experiencia en lo que es gran minería? ¿Hay una planta renovada? ¿Hay carreras nuevas o con actualizaciones? ¿Hay equipamiento para enseñar la minería? ¿Hay convenios con universidades de países mineros? ¡Casi no!
Y continúa: “en una materia fundamental como la Metalurgia, por ejemplo, cada tanto me han llamado empresas como Lundin Gold y Ecuacorriente para preguntar si conozco un metalurgista para un cargo senior. -No, les digo, no hay metalurgistas aquí. Entonces vienen metalurgistas de Perú y de Chile y van a seguir viniendo así. Y por eso nos quejaremos”.
“Por otro lado, en la formación profesional y en la formación ambiental: no existe la formación minera ambiental. Más bien tenemos escuelas de ambiental que están en contra de la minería. Me alegro mucho de que al menos la Espol haya afirmado que tiene carreras certificadas para el desarrollo minero”, acota.
Un rol adecuado para cada uno de los actores
Las comunidades. Égüez recomienda: establecer los mecanismos para un pacto social alrededor de la minería (Gobierno-comunidades-empresas); crear verdaderos mecanismos de capacitación e información comunitaria sobre los proyectos mineros; apoyar a las comunidades para la formulación de planes y proyectos de desarrollo que sirvan durante y, sobre todo, posteriormente a la explotación minera.
“Hay que participar activamente, hay que organizarse para evitar que las actividades nocivas vengan a las zonas mineras, la comunidad debe participar como un agente de veeduría y organizarse para formular los programas financiados por los recursos mineros.
“Ahí están ya los proyectos mineros y todos sabemos los conflictos que ha tenido el propio Lundin Gold por el tema del puente (sobre el río Zamora cuya reconstrucción está financiando la empresa) y así van a seguir si realmente no se establece una política en la que podamos tener el rol adecuado para cada uno”.
Las empresas. “Las empresas no son el papá Noel que tiene que estar dando la cancha de fútbol, el tumbado, la computadora ¡no! ¿Cuál es su rol? Aquí está: realizar inversiones lícitas, operaciones limpias, cumplir las normativas nacionales e internacionales, operar con respeto al medio ambiente y a las comunidades de su entorno.
“No menos importante, es que deben colaborar con el Estado y las universidades para una capacitación en su propio interés del personal que va a trabajar en la minería. Fomentar los programas de capacitación en todos los ámbitos concernientes a sus operaciones y colaborar con las universidades y otras instituciones en la formación de capital humano para la minería; así como colaborar con el Estado para la planificación minera a largo plazo”. Al final de su exposición, convocó a estudiantes, profesores y profesionales de todo tipo a implementar un foro minero en el cual se discuta, se informe y se comunique de manera transparente sobre las realidades técnicas, ambientales y sociales de los proyectos mineros. Una propuesta que tuvo el apoyo del director de la carrera de Geología en la Figempa, ingeniero Francisco Viteri. |
¿Está el Ecuador preparado para la industria minera? (Segunda parte)
No aprendimos nada de la
época de explotación petrolera
Agosto 15 de 2021.- Nota de Redacción.- Continuamos con la síntesis de la experiencia del doctor en geología Arturo Égüez -15 años compartiendo su vida de minero operativo y más de 40 de académico-. En pocas palabras: “la mayoría son problemas que me ha tocado enfrentar y que no se han superado”.
“Si con la minería a gran escala no empezamos un manejo adecuado de los recursos naturales, la historia de la explotación petrolera se puede repetir y como país volveremos a perder juicios uno tras otro”, advierte el ingeniero Arturo Égüez. Dejemos que él mismo nos cuente la historia. "Por los años veinte del Siglo XX ya las compañías extranjeras tenían miles de hectáreas de concesión y estuvieron explorando el Oriente y perforando. Lo registra el geólogo Tschopp en su libro “Reseña de la exploración petrolera en el Oriente”. Allí, en un texto de 1953, ya detalla la estratigrafía de la Cuenca Oriente. Sabían que en el Ecuador había petróleo desde hace muchas décadas antes de que empezó la explotación petrolera. |
Recién le estamos culpando a Texaco, por ejemplo, de que hizo contaminación y barbaridades y hemos estado perdiendo los juicios y vamos a seguir perdiendo los juicios. ¿Por qué?
Porque en realidad, el estado ecuatoriano en aquella época nunca asumió el control de esa actividad y hasta ahora tenemos problemas en manejar adecuadamente la política petrolera del país. Y la misma cosa puede pasar con la minería si desde ahora, que está comenzando, no se toman realmente los cauces y las medidas para tener una actividad adecuada.
A los 50 años de producir petróleo estamos queriendo hacer una refinería en Manabí. Si hubiéramos sido un país planificado hubiéramos hecho eso hace varias décadas.
Ahora quienes trabajan en el sur del país ven pasar el desfile de trailers cargando concentrados para que lleguen al puerto y sean exportados. Como decía en alguna línea de la ley, el estado tiene que propender a la industrialización de los recursos minerales.
Al tiempo de ir señalando punto por punto a modo de “check list” cuáles son las condiciones que caracterizan el hecho demostrado previamente en su exposición (ver Vía Minera No. 103) de que el país cuenta con una geología favorable a la existencia de yacimientos minerales de interés económico, el ingeniero Arturo Égüez tiene un diagnóstico crudo del estado por el que atraviesa la actividad minera en el Ecuador.
¿Qué es lo que hay que hacer si el gobierno, como es obvio, tiene interés en aprovechar los recursos naturales del subsuelo que el país necesita? se interroga. Responde que deben introducirse correctivos urgentes y plantea recomendaciones para alcanzar el objetivo de desarrollo minero. Ellas son:
Establecer una política minera de Estado. En este sentido, se pronunció porque se cree nuevamente un ministerio de Minería y se formule un verdadero Plan de Desarrollo Minero, el cual a su parecer significa responder a la pregunta de “qué queremos hacer” y contemplar la industrialización.
Al respecto cuestionó que siendo él uno de los tantos profesionales involucrado en la actividad minera nunca supo siquiera que se haya conocido, discutido y aprobado “por todos” el documento titulado “Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero. En sus componentes prioritarios para el período de transición 2020-2022 y lineamientos generales para el 2030. Febrero 2020”, el cual pudo conocer tal cual a través de un chat. “Cuando uno lo lee, encuentra una serie de datos y de palabrería que no dice nada sobre lo que verdaderamente debe ser un plan de desarrollo minero”, se lamenta.
Menciona la planificación territorial como parte fundamental de la planificación gubernamental. “Ya debemos estar planificando. Deberíamos tener parques o zonas industriales mineros: uno en la provincia de El Oro, uno en la provincia de Zamora y, por ahora, uno en la provincia de Imbabura. Así como lo planteó en 2008 el colega Edgar Pillajo de la Universidad Central, una idea importantísima ya que en estas áreas se concentraría y se controlaría una minería tecnificada y una industrialización adecuada de recursos mineros”, afirma.
Para los jóvenes puede ser catastrófico
Se requiere una organización de las instituciones vinculadas. Las subsecretarías, coordinaciones y agencias que existieron en gobierno de la Revolución Ciudadana duplicaron las tareas y más de una controlaba lo mismo que otra; pero ahora la situación es peor al haberse vuelto “Minería” una parte del Ministerio de Energía.
“Peor aún, la agencia de regulación y control minero que es el organismo más importante para muchas funciones prácticamente ha desaparecido. Se terminó con la organización que existía para el desarrollo minero.
“A nivel de talento humano la gente no sabe nada. Lamentablemente para muchos jóvenes, varios de ellos mis alumnos, la situación es catastrófica. Llegan a trabajar en el ministerio o en la ex Arcom y cuando están aprendiendo a ver cómo es el tema minero, ya están afuera de la institución. Antes, al menos, los tenían dos años. No tenían ni tienen estabilidad…las remuneraciones por supuesto miserables. ¿Cómo se puede pensar en hacer una carrera profesional a nivel del Estado?
Sobre el control afirma: “Los informes anuales de producción y de exportación son un papeleo inútil, pese a que hay auditores, nadie sabe si esa información es verdadera. El sistema de gestión minero es obsoleto, no sirve. Subir un informe es una experiencia realmente traumatizante porque se ingresa dato por dato y si el sistema se cae se borra todo. El catastro minero no funciona, está cerrado, no tiene ninguna política, es obsoleto. No hay absolutamente nada. Es increíble lo que sucede a nivel del gobierno”.
Por estas cosas, entre otras, anota que hay que “brindar capacitación, estabilidad y remuneraciones representativas a los funcionarios técnicos de los organismos estatales relacionados con la minería; así como reformular y fortalecer la ex Arcom”.
Citamos a continuación las sugerencias de correctivos y recomendaciones que Arturo Égüez realiza sobre las otras dos instituciones estatales técnicas vinculadas al sector minero.
Porque en realidad, el estado ecuatoriano en aquella época nunca asumió el control de esa actividad y hasta ahora tenemos problemas en manejar adecuadamente la política petrolera del país. Y la misma cosa puede pasar con la minería si desde ahora, que está comenzando, no se toman realmente los cauces y las medidas para tener una actividad adecuada.
A los 50 años de producir petróleo estamos queriendo hacer una refinería en Manabí. Si hubiéramos sido un país planificado hubiéramos hecho eso hace varias décadas.
Ahora quienes trabajan en el sur del país ven pasar el desfile de trailers cargando concentrados para que lleguen al puerto y sean exportados. Como decía en alguna línea de la ley, el estado tiene que propender a la industrialización de los recursos minerales.
Al tiempo de ir señalando punto por punto a modo de “check list” cuáles son las condiciones que caracterizan el hecho demostrado previamente en su exposición (ver Vía Minera No. 103) de que el país cuenta con una geología favorable a la existencia de yacimientos minerales de interés económico, el ingeniero Arturo Égüez tiene un diagnóstico crudo del estado por el que atraviesa la actividad minera en el Ecuador.
¿Qué es lo que hay que hacer si el gobierno, como es obvio, tiene interés en aprovechar los recursos naturales del subsuelo que el país necesita? se interroga. Responde que deben introducirse correctivos urgentes y plantea recomendaciones para alcanzar el objetivo de desarrollo minero. Ellas son:
Establecer una política minera de Estado. En este sentido, se pronunció porque se cree nuevamente un ministerio de Minería y se formule un verdadero Plan de Desarrollo Minero, el cual a su parecer significa responder a la pregunta de “qué queremos hacer” y contemplar la industrialización.
Al respecto cuestionó que siendo él uno de los tantos profesionales involucrado en la actividad minera nunca supo siquiera que se haya conocido, discutido y aprobado “por todos” el documento titulado “Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero. En sus componentes prioritarios para el período de transición 2020-2022 y lineamientos generales para el 2030. Febrero 2020”, el cual pudo conocer tal cual a través de un chat. “Cuando uno lo lee, encuentra una serie de datos y de palabrería que no dice nada sobre lo que verdaderamente debe ser un plan de desarrollo minero”, se lamenta.
Menciona la planificación territorial como parte fundamental de la planificación gubernamental. “Ya debemos estar planificando. Deberíamos tener parques o zonas industriales mineros: uno en la provincia de El Oro, uno en la provincia de Zamora y, por ahora, uno en la provincia de Imbabura. Así como lo planteó en 2008 el colega Edgar Pillajo de la Universidad Central, una idea importantísima ya que en estas áreas se concentraría y se controlaría una minería tecnificada y una industrialización adecuada de recursos mineros”, afirma.
Para los jóvenes puede ser catastrófico
Se requiere una organización de las instituciones vinculadas. Las subsecretarías, coordinaciones y agencias que existieron en gobierno de la Revolución Ciudadana duplicaron las tareas y más de una controlaba lo mismo que otra; pero ahora la situación es peor al haberse vuelto “Minería” una parte del Ministerio de Energía.
“Peor aún, la agencia de regulación y control minero que es el organismo más importante para muchas funciones prácticamente ha desaparecido. Se terminó con la organización que existía para el desarrollo minero.
“A nivel de talento humano la gente no sabe nada. Lamentablemente para muchos jóvenes, varios de ellos mis alumnos, la situación es catastrófica. Llegan a trabajar en el ministerio o en la ex Arcom y cuando están aprendiendo a ver cómo es el tema minero, ya están afuera de la institución. Antes, al menos, los tenían dos años. No tenían ni tienen estabilidad…las remuneraciones por supuesto miserables. ¿Cómo se puede pensar en hacer una carrera profesional a nivel del Estado?
Sobre el control afirma: “Los informes anuales de producción y de exportación son un papeleo inútil, pese a que hay auditores, nadie sabe si esa información es verdadera. El sistema de gestión minero es obsoleto, no sirve. Subir un informe es una experiencia realmente traumatizante porque se ingresa dato por dato y si el sistema se cae se borra todo. El catastro minero no funciona, está cerrado, no tiene ninguna política, es obsoleto. No hay absolutamente nada. Es increíble lo que sucede a nivel del gobierno”.
Por estas cosas, entre otras, anota que hay que “brindar capacitación, estabilidad y remuneraciones representativas a los funcionarios técnicos de los organismos estatales relacionados con la minería; así como reformular y fortalecer la ex Arcom”.
Citamos a continuación las sugerencias de correctivos y recomendaciones que Arturo Égüez realiza sobre las otras dos instituciones estatales técnicas vinculadas al sector minero.
Hasta aquí esta segunda parte. En la tercera parte de esta reseña incluiremos consideraciones sobre el tema ambiental y el rol del MAAE, el papel de la academia, las empresas mineras y las comunidades y el rol que el Estado debe jugar en el campo de la promoción de la participación ciudadana.
¿Está el Ecuador preparado para la industria minera?
(Primera parte)
Agosto 1 de 2021.- Problemática es un sustantivo que no se había escuchado hasta ahora en los foros ni en los webinares organizados por actores del sector y fue el foco de la conferencia “Minería en Ecuador: potencial, limitaciones y correctivos” ofrecida por el doctor Arturo Éguez hace unos días.
Cuando un actor destacado y representativo de la geología y de la práctica minera, un académico y consultor, se decide a abordar el tema; y una Escuela de Geología como la de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador, le da tribuna. Vía Minera lo toma en serio. Que en un futuro próximo podamos analizar la problemática minera es de vital importancia para el futuro del país y es un anhelo que planteó el doctor Arturo Éguez en su conferencia. Ello porque “en las actuales circunstancias la minería es uno de los poquísimos recursos que tiene a mano el Ecuador para salir adelante de la crisis generalizada”, sostiene. Quiero transmitir un poco de mi experiencia día a día dirigiendo una minera de pequeña escala por 15 años y los problemas que se han tenido que enfrentar en su momento y que de hecho no se han superado, afirmó. |
Entre los problemas planteados están por qué no se habían encontrado depósitos minerales importantes en décadas pasadas. Resulta que, finalmente, las empresas mineras tuvieron la oportunidad de perforar los indicios que “se debió haber perforado décadas atrás” y con ello se está encontrando que el subsuelo del Ecuador realmente es muy rico como pasa en Perú y en todos los países de la región andina.
Los indicios vienen siendo buscados, estudiados y recopilados por décadas en herramientas como el Mapa Metalogenético del Ecuador, que fue dirigido por Éguez en su última versión del año 2019. “A partir de este mapa nosotros podemos fijar para la investigación general dónde están los ambientes favorables y no favorables para la ocurrencia de yacimientos minerales”, acotó.
La mayoría de los proyectos más conocidos se van a convertir en minas en el corto y mediano plazo, agregó. Y a continuación comentó los datos sobresalientes de esos proyectos que componen el mapa minero del Ecuador empezando por los ubicados en la zona subandina, pasando por los de arcos insulares y concluyendo en el arco cenozoico.
Los indicios vienen siendo buscados, estudiados y recopilados por décadas en herramientas como el Mapa Metalogenético del Ecuador, que fue dirigido por Éguez en su última versión del año 2019. “A partir de este mapa nosotros podemos fijar para la investigación general dónde están los ambientes favorables y no favorables para la ocurrencia de yacimientos minerales”, acotó.
La mayoría de los proyectos más conocidos se van a convertir en minas en el corto y mediano plazo, agregó. Y a continuación comentó los datos sobresalientes de esos proyectos que componen el mapa minero del Ecuador empezando por los ubicados en la zona subandina, pasando por los de arcos insulares y concluyendo en el arco cenozoico.
Señaló que el prospecto de Panantza-San Carlos probablemente va a ser una mina tan grande o mayor que el depósito de Mirador, ambos de Ecuacorriente S.A.. En San Carlos-Panantza se conoce que se ha perforado y se tiene un recurso de 1063 millones de toneladas con 0,62% de cobre como recursos estimados.
De Mirador indicó que se tiene solo recursos del año 2004. “He tratado de encontrar información mucho más nueva, sobre los cálculos de los recursos de los proyectos de las empresas chinas, pero en las páginas (de Internet) de las compañías no existe esa información”, anotó.
Sobre Fruta del Norte, de Lundin Gold, la compañía dice que se prevé la producción de alrededor de 400 mil onzas de oro en el año 2021. Otras cifras son el procesamiento de 4000 toneladas por día y reservas probables de 5,41 millones de onzas a 8,1 g/t.
Del proyecto Warintza, de Solaris, se perforan ya más de mil metros en varias perforaciones y se tiene mineralización de cobre muy rica, de 0,7%. “Este proyecto va a ser tanto o más grande que Mirador”, adelantó.
En el proyecto Cóndor de Luminex estamos hablando de alrededor de 5 millones de onzas de oro de recursos indicados. Está justo en la frontera en la Cordillera del Cóndor. En el prospecto Santa Bárbara de este proyecto, se cuantifica un recurso inferido de 2,6 millones de onzas de oro.
De Mirador indicó que se tiene solo recursos del año 2004. “He tratado de encontrar información mucho más nueva, sobre los cálculos de los recursos de los proyectos de las empresas chinas, pero en las páginas (de Internet) de las compañías no existe esa información”, anotó.
Sobre Fruta del Norte, de Lundin Gold, la compañía dice que se prevé la producción de alrededor de 400 mil onzas de oro en el año 2021. Otras cifras son el procesamiento de 4000 toneladas por día y reservas probables de 5,41 millones de onzas a 8,1 g/t.
Del proyecto Warintza, de Solaris, se perforan ya más de mil metros en varias perforaciones y se tiene mineralización de cobre muy rica, de 0,7%. “Este proyecto va a ser tanto o más grande que Mirador”, adelantó.
En el proyecto Cóndor de Luminex estamos hablando de alrededor de 5 millones de onzas de oro de recursos indicados. Está justo en la frontera en la Cordillera del Cóndor. En el prospecto Santa Bárbara de este proyecto, se cuantifica un recurso inferido de 2,6 millones de onzas de oro.
Los arcos insulares, explicó, son potenciales para yacimientos de tipo vms, esto es sulfuros masivos vulcanogénicos como la conocida mina La Plata o Macuchi. Y de este tipo, ahora el más prospectivo y el mejor desarrollado es el proyecto El Domo, de Salazar Resources y Adventus, que se encuentra más o menos en la zona central de la cordillera occidental. “Pero tenemos potencial para vms tanto en la Cordillera Real cuanto en la cuenca de Alamor Lancones”, precisó.
Los recursos de El Domo, según las páginas de la operadora Adventus, contienen como 1200 millones de libras de cobre equivalente y 2,3 millones de onzas de oro equivalente. Un yacimiento cobre-oro, por supuesto, tiene otros metales de base como cualquier vms (plata, zinc, plomo).
En el arco cenozoico, que está sobre todo en la cordillera occidental en el sur del Ecuador, el más sobresaliente es el proyecto Cascabel. Aquí se ha perforado ya más de mil metros y se sigue encontrando mineral de cobre y un adicional de oro tanto en el cuerpo de Alpala como en los cuerpos vecinos que tiene la concesión. Los recursos estimados son de 21 millones de onzas de oro y 9 millones de toneladas de cobre. “Es un proyecto fabuloso que cuando se convierta en una mina, realmente va a ayudar al desarrollo del país”, exclamó.
El discutido proyecto de Junín como se llamaba antes, que ahora le llamaron Llurimagua, está siendo manejado por la empresa estatal minera y en conflicto con Codelco. Es también un proyecto muy grande que tiene más de 1500 toneladas con 0,51% de cobre como recurso potencial.
Sobre el proyecto Loma Larga, de INV Metals, lamentó que haya sido satanizado en la provincia del Azuay. “Es un depósito muy bonito para trabajarlo en minería subterránea pero realmente es increíble cómo no existe una política minera que ayude a que se lleve adelante”, cuestionó y agregó: “Tengo la certeza, y eso debería saber el señor alcalde de Cuenca, que en el momento en que no haya una empresa seria a cargo del proyecto, vendrán los mineros ilegales y en cuestión de dos meses tendremos un túnel sacando el mineral y haciendo el relajo que existe en todos los centros de minería ilegal”.
Y finalizó esta primera parte de su conferencia recordando que el proyecto Cangrejos localizado entre El Oro y Loja, de Lumina Gold, tiene más de diez millones de onzas de oro y más de mil millones de libras de cobre.
Todos estos datos reflejarían inmensos recursos minerales, los suficientes para que el Ecuador se convierta en un país minero.
No obstante, para Égüez, es necesario hablar de lo que es el contexto de este gran potencial, de los problemas y limitaciones que tiene el país en este sector, empezando por el Estado. Es obvio que el gobierno tiene interés en aprovechar los recursos naturales y que necesita los recursos del subsuelo. Entonces, afirmó, “habrá que establecer una política minera de Estado y crear las instituciones estatales para alcanzar los objetivos del desarrollo minero”.
Pero esto lo reseñaremos en otra nota.
Los recursos de El Domo, según las páginas de la operadora Adventus, contienen como 1200 millones de libras de cobre equivalente y 2,3 millones de onzas de oro equivalente. Un yacimiento cobre-oro, por supuesto, tiene otros metales de base como cualquier vms (plata, zinc, plomo).
En el arco cenozoico, que está sobre todo en la cordillera occidental en el sur del Ecuador, el más sobresaliente es el proyecto Cascabel. Aquí se ha perforado ya más de mil metros y se sigue encontrando mineral de cobre y un adicional de oro tanto en el cuerpo de Alpala como en los cuerpos vecinos que tiene la concesión. Los recursos estimados son de 21 millones de onzas de oro y 9 millones de toneladas de cobre. “Es un proyecto fabuloso que cuando se convierta en una mina, realmente va a ayudar al desarrollo del país”, exclamó.
El discutido proyecto de Junín como se llamaba antes, que ahora le llamaron Llurimagua, está siendo manejado por la empresa estatal minera y en conflicto con Codelco. Es también un proyecto muy grande que tiene más de 1500 toneladas con 0,51% de cobre como recurso potencial.
Sobre el proyecto Loma Larga, de INV Metals, lamentó que haya sido satanizado en la provincia del Azuay. “Es un depósito muy bonito para trabajarlo en minería subterránea pero realmente es increíble cómo no existe una política minera que ayude a que se lleve adelante”, cuestionó y agregó: “Tengo la certeza, y eso debería saber el señor alcalde de Cuenca, que en el momento en que no haya una empresa seria a cargo del proyecto, vendrán los mineros ilegales y en cuestión de dos meses tendremos un túnel sacando el mineral y haciendo el relajo que existe en todos los centros de minería ilegal”.
Y finalizó esta primera parte de su conferencia recordando que el proyecto Cangrejos localizado entre El Oro y Loja, de Lumina Gold, tiene más de diez millones de onzas de oro y más de mil millones de libras de cobre.
Todos estos datos reflejarían inmensos recursos minerales, los suficientes para que el Ecuador se convierta en un país minero.
No obstante, para Égüez, es necesario hablar de lo que es el contexto de este gran potencial, de los problemas y limitaciones que tiene el país en este sector, empezando por el Estado. Es obvio que el gobierno tiene interés en aprovechar los recursos naturales y que necesita los recursos del subsuelo. Entonces, afirmó, “habrá que establecer una política minera de Estado y crear las instituciones estatales para alcanzar los objetivos del desarrollo minero”.
Pero esto lo reseñaremos en otra nota.
Aviso de Producción: Debido a un problema técnico se perdieron los contenidos anteriores de esta sección. Los iremos restaurando a la mayor brevedad posible para que nuestros lectores puedan acceder a los aportes de varios autores que han enriquecido este informativo con sus enfoques.
La necesidad de una gobernanza multi-escalar que dé cuenta de
la complejidad asociada a la logística de los recursos naturales (1)
Nota de redacción: Dada la importancia de enfocar la actividad minera de una manera integral y completa, continuamos con un tema que no se han venido abordando de manera pública en el sector.
Julio 12 de 2021.- Comúnmente, los discursos sobre la globalización han presentado a las escalas global y local como binomios antagónicos, equiparando por un lado lo global con el espacio, la historia y el capital, y por otro, lo local con el lugar, el trabajo y la tradición.
La asimetría entre este binomio ha desdibujado lo local, y por consecuencia, se ha invisibilizado formas alternativas locales y regionales de configurar el territorio, entender el mundo y utilizar los ambientes naturales.
En este sentido, se propone como una primera aproximación a la ruptura con este binomio, el concepto “glocal” que releva la intersección entre ambas escalas altamente permeables, analizando la localización de lo global y la globalización de lo local, entendiendo que cada país, región y ciudad se construye en buena parte a través de relaciones de interdependencia que le vincula a otros lugares, donde ninguna de las dos escalas se encuentra aislada de la otra.
Una adecuada gobernanza, ya sea de los recursos naturales o de la infraestructura, debe ser multi-escalar, como una forma de dar debida atención a los fenómenos y dinámicas que se producen en las distintas etapas y territorios que la cadena logística de recursos naturales cruza desde su lugar de origen hasta el consumidor final.
Esto porque tanto la extracción de recursos naturales como la logística, se insertan profundamente en los ambientes naturales, políticos, culturales e institucionales de lo local y por tanto debe responder a determinadas regulaciones tanto locales como nacionales.
Sin embargo, estos mercados están también altamente internacionalizados en términos comerciales, por lo que las empresas son simultáneamente intensamente locales y globales, y donde su competitividad reside por tanto, en la adecuada interacción entre las escalas, entre actores e intermediarios humanos y los no-humanos (como pueden ser la infraestructura y la logística) en las redes globales de producción.
Por ello la relevancia del Estado perdura debido a su papel como institución territorial garante del desarrollo de las políticas, la regulación de los mercados, de la propiedad y la seguridad, así como de otros factores sin los cuales el sistema colapsaría.
El Estado es a su vez, en muchos países de América Latina, propietario de los recursos naturales del suelo y el subsuelo, así como un actor relevante en la regulación y la negociación de los aspectos culturales, sociales, económicos y territoriales.
Todos estos elementos que explican por qué el Estado ha sido el centro de la cristalización de las tensiones y los conflictos por la gobernanza y el llamado a generar las acciones de transformación.
Sin embargo, es importante tener presente que la realidad se dibuja cada vez más porosa e inestable entre las escalas geográficas y las formas territoriales de organización, en un proceso que produce nuevas formas de configuración espacial y por tanto, de escalas diferentes de gobernanza.
Esta multiescalaridad se hace notoria por ejemplo, en los temas de fiscalidad progresiva y las políticas sociales, las cuales se encuentran dentro del ámbito de acción y decisión del Estado-nación mientras que la competencia, la competitividad e incluso algunas regulaciones de mercados se encuentran circunscritas al ámbito global fuera del ámbito tradicional del Estado-nación.
Es interesante observar en este punto, que el transporte y los servicios logísticos al estar presentes a lo largo de toda la red y cadena global están sujetos a distintas realidades y regulaciones nacionales e internacionales y por tanto, son parte de distintas gobernanzas que requieren de una adecuada articulación para un fujo constante, seguro y de forma competitiva de los materiales que moviliza.
Otro elemento global de suma importancia para la gobernanza es el tema de la geopolítica de los recursos naturales dada la elevada dependencia de los países desarrollados hacia el suministro de recursos naturales de los países en desarrollo.
Esto ha motivado que diversas potencias mundiales hayan posicionado la seguridad del suministro de estos recursos como una prioridad nacional en su agenda política. Esta dependencia se ha denominado recientemente “criticidad”, definida por el Consejo de Investigación Nacional de EE.UU. en base a la importancia de su uso en la sociedad y el impacto de un posible constreñimiento en su suministro en dicha sociedad.
El concepto va modificándose en base a los patrones de oferta y demanda de estos productos en conjunto con el contexto geopolítico. Por tanto, el poder relativo de los actores dentro de una red dependerá a futuro también del tipo y el control de los activos que poseen.
La escasez de un recurso implica un mayor poder de negociación del actor que lo controla por lo que en una red global de producción, las empresas en la posición más débil son aquellas que producen commodities fácilmente reemplazables.
La senda de crecimiento ascendente de las economías en desarrollo, especialmente de las economías asiáticas, ha impulsado la geopolítica de los recursos naturales en la agenda política de muchos de estos países.
Así por ejemplo, la República Popular China juega cada vez más un papel preponderante en el desarrollo de nuevas infraestructuras que posibiliten la generación de redes logísticas de recursos naturales alternativas para paliar su dependencia hacia las existentes y participar en todos los nodos de las redes globales de producción de diversos recursos críticos, de allí la importancia geoestratégica de la iniciativa de la franja y la ruta lanzada por el país asiático para la logística de los recursos naturales.
(1) Extracto del boletín FAL, Facilitación del transporte y el comercio en América Latina y El Caribe, Edición Nº 357, número 5, 2017. CEPAL.
Julio 12 de 2021.- Comúnmente, los discursos sobre la globalización han presentado a las escalas global y local como binomios antagónicos, equiparando por un lado lo global con el espacio, la historia y el capital, y por otro, lo local con el lugar, el trabajo y la tradición.
La asimetría entre este binomio ha desdibujado lo local, y por consecuencia, se ha invisibilizado formas alternativas locales y regionales de configurar el territorio, entender el mundo y utilizar los ambientes naturales.
En este sentido, se propone como una primera aproximación a la ruptura con este binomio, el concepto “glocal” que releva la intersección entre ambas escalas altamente permeables, analizando la localización de lo global y la globalización de lo local, entendiendo que cada país, región y ciudad se construye en buena parte a través de relaciones de interdependencia que le vincula a otros lugares, donde ninguna de las dos escalas se encuentra aislada de la otra.
Una adecuada gobernanza, ya sea de los recursos naturales o de la infraestructura, debe ser multi-escalar, como una forma de dar debida atención a los fenómenos y dinámicas que se producen en las distintas etapas y territorios que la cadena logística de recursos naturales cruza desde su lugar de origen hasta el consumidor final.
Esto porque tanto la extracción de recursos naturales como la logística, se insertan profundamente en los ambientes naturales, políticos, culturales e institucionales de lo local y por tanto debe responder a determinadas regulaciones tanto locales como nacionales.
Sin embargo, estos mercados están también altamente internacionalizados en términos comerciales, por lo que las empresas son simultáneamente intensamente locales y globales, y donde su competitividad reside por tanto, en la adecuada interacción entre las escalas, entre actores e intermediarios humanos y los no-humanos (como pueden ser la infraestructura y la logística) en las redes globales de producción.
Por ello la relevancia del Estado perdura debido a su papel como institución territorial garante del desarrollo de las políticas, la regulación de los mercados, de la propiedad y la seguridad, así como de otros factores sin los cuales el sistema colapsaría.
El Estado es a su vez, en muchos países de América Latina, propietario de los recursos naturales del suelo y el subsuelo, así como un actor relevante en la regulación y la negociación de los aspectos culturales, sociales, económicos y territoriales.
Todos estos elementos que explican por qué el Estado ha sido el centro de la cristalización de las tensiones y los conflictos por la gobernanza y el llamado a generar las acciones de transformación.
Sin embargo, es importante tener presente que la realidad se dibuja cada vez más porosa e inestable entre las escalas geográficas y las formas territoriales de organización, en un proceso que produce nuevas formas de configuración espacial y por tanto, de escalas diferentes de gobernanza.
Esta multiescalaridad se hace notoria por ejemplo, en los temas de fiscalidad progresiva y las políticas sociales, las cuales se encuentran dentro del ámbito de acción y decisión del Estado-nación mientras que la competencia, la competitividad e incluso algunas regulaciones de mercados se encuentran circunscritas al ámbito global fuera del ámbito tradicional del Estado-nación.
Es interesante observar en este punto, que el transporte y los servicios logísticos al estar presentes a lo largo de toda la red y cadena global están sujetos a distintas realidades y regulaciones nacionales e internacionales y por tanto, son parte de distintas gobernanzas que requieren de una adecuada articulación para un fujo constante, seguro y de forma competitiva de los materiales que moviliza.
Otro elemento global de suma importancia para la gobernanza es el tema de la geopolítica de los recursos naturales dada la elevada dependencia de los países desarrollados hacia el suministro de recursos naturales de los países en desarrollo.
Esto ha motivado que diversas potencias mundiales hayan posicionado la seguridad del suministro de estos recursos como una prioridad nacional en su agenda política. Esta dependencia se ha denominado recientemente “criticidad”, definida por el Consejo de Investigación Nacional de EE.UU. en base a la importancia de su uso en la sociedad y el impacto de un posible constreñimiento en su suministro en dicha sociedad.
El concepto va modificándose en base a los patrones de oferta y demanda de estos productos en conjunto con el contexto geopolítico. Por tanto, el poder relativo de los actores dentro de una red dependerá a futuro también del tipo y el control de los activos que poseen.
La escasez de un recurso implica un mayor poder de negociación del actor que lo controla por lo que en una red global de producción, las empresas en la posición más débil son aquellas que producen commodities fácilmente reemplazables.
La senda de crecimiento ascendente de las economías en desarrollo, especialmente de las economías asiáticas, ha impulsado la geopolítica de los recursos naturales en la agenda política de muchos de estos países.
Así por ejemplo, la República Popular China juega cada vez más un papel preponderante en el desarrollo de nuevas infraestructuras que posibiliten la generación de redes logísticas de recursos naturales alternativas para paliar su dependencia hacia las existentes y participar en todos los nodos de las redes globales de producción de diversos recursos críticos, de allí la importancia geoestratégica de la iniciativa de la franja y la ruta lanzada por el país asiático para la logística de los recursos naturales.
(1) Extracto del boletín FAL, Facilitación del transporte y el comercio en América Latina y El Caribe, Edición Nº 357, número 5, 2017. CEPAL.
En marcha reforma fiscal internacional
Julio 4 de 2021.- Ciento treinta países y jurisdicciones, entre los cuales no está Ecuador, se adhirieron a la Declaración de Punta del Este que establece el nuevo marco para una reforma fiscal internacional.
El grupo representa más del 90% del PIB mundial y sus líderes han considerado que el actual sistema fiscal internacional no resulta adecuado para la economía globalizada y digitalizada del siglo XXI.
La Declaración considera un paquete de dos pilares —resultado de las negociaciones coordinadas por la OCDE durante la última década— orientados a garantizar que las grandes empresas multinacionales (EMN) paguen impuestos en el sitio donde operan y obtienen beneficios, y a la vez añadir al sistema fiscal internacional la seguridad y la estabilidad que tanto se requieren.
El Pilar Uno garantizará una distribución más justa de los beneficios y los derechos tributarios entre los países con respecto a las empresas multinacionales más grandes, incluidas las digitales.
Reasignaría algunos derechos tributarios sobre las EMN trasladándolos de sus países de origen a los países en los que desempeñan sus actividades comerciales y obtienen beneficios, sin importar si tienen o no una presencia física en ellos.
Se estima que cada año los derechos tributarios sobre más de 100 mil millones de dólares de beneficios se reasignarán a jurisdicciones de mercado.
El Pilar Dos apunta a establecer una base mínima a la competencia fiscal en materia de impuestos sobre la renta de las empresas, mediante la puesta en marcha de impuesto mínimo a nivel mundial que los países puedan utilizar para proteger sus bases impositivas.
Se estima que, conforme al Pilar Dos, el impuesto mínimo mundial —con una tasa mínima de por lo menos 15%— aportará cada año cerca de 150 mil millones de dólares en ingresos fiscales adicionales al nivel mundial.
Asimismo, la estabilización del sistema tributario internacional y el aumento de la seguridad fiscal para los contribuyentes y las administraciones tributarias generarán utilidades adicionales.
“Después de años de trabajo y negociaciones intensos, este histórico paquete garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen el porcentaje justo de impuestos que les corresponde en todas partes”, dijo el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann.
“Este paquete no elimina la competencia fiscal —algo que no debería hacer—, pero sí establece limitaciones a estas acordadas de manera multilateral.
Por otra parte, considera los diversos intereses de cada una de las partes negociadoras, incluidos los de economías pequeñas y jurisdicciones en desarrollo. Para todos será beneficioso que lleguemos a un acuerdo final entre el pleno de los miembros del Marco Inclusivo para finales de este año, según se ha previsto”, comentó el señor Cormann. (*)
Lanzamiento del informe: “Transparencia Fiscal en América Latina 2021: Informe de Progreso de la Declaración de Punta del Este”
El próximo lunes 12 de julio se presentará el “Informe de Transparencia Fiscal en América Latina”, el primero de una serie que se plantea hacer un seguimiento a la Declaración de Punta del Este.
Este informe se publicará anualmente y difundirá e informará a los tomadores de decisiones y ciudadanos sobre la situación de la región y los avances concretos de los países latinoamericanos en materia de transparencia fiscal.
Esta sesión girará en torno a la presentación de las principales conclusiones del informe y ofrecerá una visión general de los progresos realizados por los países latinoamericanos hasta 2020.
(*) Nota publicada inicialmente por el Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE.
El grupo representa más del 90% del PIB mundial y sus líderes han considerado que el actual sistema fiscal internacional no resulta adecuado para la economía globalizada y digitalizada del siglo XXI.
La Declaración considera un paquete de dos pilares —resultado de las negociaciones coordinadas por la OCDE durante la última década— orientados a garantizar que las grandes empresas multinacionales (EMN) paguen impuestos en el sitio donde operan y obtienen beneficios, y a la vez añadir al sistema fiscal internacional la seguridad y la estabilidad que tanto se requieren.
El Pilar Uno garantizará una distribución más justa de los beneficios y los derechos tributarios entre los países con respecto a las empresas multinacionales más grandes, incluidas las digitales.
Reasignaría algunos derechos tributarios sobre las EMN trasladándolos de sus países de origen a los países en los que desempeñan sus actividades comerciales y obtienen beneficios, sin importar si tienen o no una presencia física en ellos.
Se estima que cada año los derechos tributarios sobre más de 100 mil millones de dólares de beneficios se reasignarán a jurisdicciones de mercado.
El Pilar Dos apunta a establecer una base mínima a la competencia fiscal en materia de impuestos sobre la renta de las empresas, mediante la puesta en marcha de impuesto mínimo a nivel mundial que los países puedan utilizar para proteger sus bases impositivas.
Se estima que, conforme al Pilar Dos, el impuesto mínimo mundial —con una tasa mínima de por lo menos 15%— aportará cada año cerca de 150 mil millones de dólares en ingresos fiscales adicionales al nivel mundial.
Asimismo, la estabilización del sistema tributario internacional y el aumento de la seguridad fiscal para los contribuyentes y las administraciones tributarias generarán utilidades adicionales.
“Después de años de trabajo y negociaciones intensos, este histórico paquete garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen el porcentaje justo de impuestos que les corresponde en todas partes”, dijo el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann.
“Este paquete no elimina la competencia fiscal —algo que no debería hacer—, pero sí establece limitaciones a estas acordadas de manera multilateral.
Por otra parte, considera los diversos intereses de cada una de las partes negociadoras, incluidos los de economías pequeñas y jurisdicciones en desarrollo. Para todos será beneficioso que lleguemos a un acuerdo final entre el pleno de los miembros del Marco Inclusivo para finales de este año, según se ha previsto”, comentó el señor Cormann. (*)
Lanzamiento del informe: “Transparencia Fiscal en América Latina 2021: Informe de Progreso de la Declaración de Punta del Este”
El próximo lunes 12 de julio se presentará el “Informe de Transparencia Fiscal en América Latina”, el primero de una serie que se plantea hacer un seguimiento a la Declaración de Punta del Este.
Este informe se publicará anualmente y difundirá e informará a los tomadores de decisiones y ciudadanos sobre la situación de la región y los avances concretos de los países latinoamericanos en materia de transparencia fiscal.
Esta sesión girará en torno a la presentación de las principales conclusiones del informe y ofrecerá una visión general de los progresos realizados por los países latinoamericanos hasta 2020.
(*) Nota publicada inicialmente por el Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE.
Exploración minera muestra señales de reactivación
Julio 4 de 2021.- El S&P Global Market Intelligence señala que el año 2021 comenzó con una fuerte capitalización de mercado y una destacada actividad de exploración, impulsada por los fuertes precios y el apoyo del mercado de valores.
Según la consultora, la capitalización de mercado agregada de aproximadamente 2.300 compañías mineras alcanzó un máximo multianual de más de US$ 2 billones en el primer trimestre.
En general, el sector ha comenzado 2021 con señales muy alentadoras en exploración, opina el informe.
Señala el estudio también que la cantidad de proyectos de oro y cobre perforados alcanzó un récord histórico. Así, el primer trimestre del año 2021 registró la mayor cantidad de proyectos de oro y cobre perforados desde el año 2012, año en que la firma comenzó a llevar sus estadísticas.
Tomando en cuenta los números del último trimestre del 2020, los proyectos de oro y cobre perforados aumentaron en 34% y 91% respectivamente.
En cuanto a las perspectivas del mercado del cobre, el S&P Global Market Intelligence pronostica que el mercado del cobre se moverá a un déficit de 253 000 toneladas en 2021, impulsado por una recuperación de la demanda mundial.
Se espera que el aumento de la oferta reduzca el déficit del mercado en 2022-23; sin embargo, el fuerte crecimiento de la demanda china y la creciente agenda verde global, liderada por el crecimiento de la energía eléctrica y la transición energética, harán que la demanda de cobre supere a la oferta en el período 2024-25.
Respecto del oro, en el mundo financiero se le considera como un refugio en tiempos de incertidumbre como el actual. De otro lado, las bajas tasas de interés estimulan a los inversionistas a apostar por la búsqueda de metales preciosos donde la rentabilidad es mucho mayor.
El precio del oro aumentó en un cuarenta por ciento en un lapso de cinco meses durante la pandemia del año pasado.
Esta situación ha empezado a preocupar a personas comprometidas con la defensa del medio ambiente que relacionan la explotación aurífera con la deforestación, la pérdida de la salud de los pueblos indígenas y la vida de unos tres millones de especies que habitan la Amazonía.
Se dice que cuando se deforestan los paisajes amazónicos se liberan gases de efecto invernadero de los árboles y el suelo. Estos cambios inhiben la capacidad de la Amazonía para regular los patrones climáticos globales.
En números redondos, se dice que el oro responde por el 10 por ciento de la deforestación amazónica. En el Escudo Guayanés, que se extiende a través de seis países en las regiones del norte de la Amazonía, la extracción de oro ha sido la causa del 90% de la deforestación. Pero en Perú y Brasil, los países que poseen las dos áreas más extensas de la Amazonía, los efectos de la minería de oro se sienten con mayor intensidad.
En Ecuador la minería aurífera a gran escala utiliza métodos subterráneos. El sector no regulado así como parte de la pequeña minería realiza sus actividades a cielo abierto.
De otro lado, no sólo es la especulación financiera la que impulsa la extracción de oro sino que la joyería, la electrónica, la odontología y muchos otros sectores mantienen hacia arriba la curva de la demanda del oro.
El entender la complejidad de esta situación así como su transformación en una posibilidad para el desarrollo sostenible constituye un ejercicio de reflexión aún pendiente en la sociedad ecuatoriana.
Según la consultora, la capitalización de mercado agregada de aproximadamente 2.300 compañías mineras alcanzó un máximo multianual de más de US$ 2 billones en el primer trimestre.
En general, el sector ha comenzado 2021 con señales muy alentadoras en exploración, opina el informe.
Señala el estudio también que la cantidad de proyectos de oro y cobre perforados alcanzó un récord histórico. Así, el primer trimestre del año 2021 registró la mayor cantidad de proyectos de oro y cobre perforados desde el año 2012, año en que la firma comenzó a llevar sus estadísticas.
Tomando en cuenta los números del último trimestre del 2020, los proyectos de oro y cobre perforados aumentaron en 34% y 91% respectivamente.
En cuanto a las perspectivas del mercado del cobre, el S&P Global Market Intelligence pronostica que el mercado del cobre se moverá a un déficit de 253 000 toneladas en 2021, impulsado por una recuperación de la demanda mundial.
Se espera que el aumento de la oferta reduzca el déficit del mercado en 2022-23; sin embargo, el fuerte crecimiento de la demanda china y la creciente agenda verde global, liderada por el crecimiento de la energía eléctrica y la transición energética, harán que la demanda de cobre supere a la oferta en el período 2024-25.
Respecto del oro, en el mundo financiero se le considera como un refugio en tiempos de incertidumbre como el actual. De otro lado, las bajas tasas de interés estimulan a los inversionistas a apostar por la búsqueda de metales preciosos donde la rentabilidad es mucho mayor.
El precio del oro aumentó en un cuarenta por ciento en un lapso de cinco meses durante la pandemia del año pasado.
Esta situación ha empezado a preocupar a personas comprometidas con la defensa del medio ambiente que relacionan la explotación aurífera con la deforestación, la pérdida de la salud de los pueblos indígenas y la vida de unos tres millones de especies que habitan la Amazonía.
Se dice que cuando se deforestan los paisajes amazónicos se liberan gases de efecto invernadero de los árboles y el suelo. Estos cambios inhiben la capacidad de la Amazonía para regular los patrones climáticos globales.
En números redondos, se dice que el oro responde por el 10 por ciento de la deforestación amazónica. En el Escudo Guayanés, que se extiende a través de seis países en las regiones del norte de la Amazonía, la extracción de oro ha sido la causa del 90% de la deforestación. Pero en Perú y Brasil, los países que poseen las dos áreas más extensas de la Amazonía, los efectos de la minería de oro se sienten con mayor intensidad.
En Ecuador la minería aurífera a gran escala utiliza métodos subterráneos. El sector no regulado así como parte de la pequeña minería realiza sus actividades a cielo abierto.
De otro lado, no sólo es la especulación financiera la que impulsa la extracción de oro sino que la joyería, la electrónica, la odontología y muchos otros sectores mantienen hacia arriba la curva de la demanda del oro.
El entender la complejidad de esta situación así como su transformación en una posibilidad para el desarrollo sostenible constituye un ejercicio de reflexión aún pendiente en la sociedad ecuatoriana.
Reflexiones sobre el futuro de los puertos*
Nota de redacción: Dada la importancia de enfocar la actividad minera de una manera integral y completa, vamos a empezar una serie de notas respecto de temas que no se han venido abordando de manera pública en el sector. Empezamos con los puertos.
Julio 4 de 2021.- La industria portuaria está bajo estrés: presenta incertidumbres importantes, cambios tectónicos en su funcionamiento, riesgos al alza y beneficios a la baja y, posiblemente, requiera pronto de formas diferentes de asociaciones público-privadas y de gobernanza portuaria.
Los motivos por los cuales se observa un estrés generalizado (es decir, tanto en el sector gubernamental como en el privado) corresponden a la interacción de factores endógenos y exógenos (entre los cuales se encuentra la desaceleración del comercio mundial y un débil ritmo de cambio del throughput).
Los factores endógenos, que son los propios de los asuntos portuarios, tienen su origen en el sector público, las empresas y la industria portuaria.
Dentro del sector público, se observa un cierto agotamiento de los modelos de gobernanza ya que los actualmente vigentes corresponden a aquellos diseñados en los años noventa.
A ello se suma una falta de alineamiento entre la marcha de los procesos industriales y los burocráticos (por ejemplo, la persistencia de problemas administrativos, ineficiencias de gestión, etc.).
Asimismo, se advierte un incremento en la consideración de aspectos ambientales, sociales y de seguridad, que tienen efectos múltiples en la gobernanza, en la administración de los negocios, y en el nivel de exigencias al funcionamiento de los puertos.
Considerando los operadores de terminales, se observa una situación de tensión competitiva, mientras que se acorta cada vez más el ciclo de vida de las inversiones portuarias y existen señales de caída de la productividad.
Además, se ha observado que no se aprovecha el potencial del desarrollo del territorio portuario y que la industria transita desde un estado de crecimiento a uno de valor y de iniciativas greenfield, a operaciones principalmente tipo M&A (fusiones y adquisiciones).
De todos modos, la industria portuaria, tanto en el nivel global como en América Latina y el Caribe, sigue siendo atractiva por sus inversiones y rentabilidad positiva.
Los factores exógenos corresponden a las industrias naviera y logística y a la economía y el comercio. En relación a la industria naviera, se contempla el gigantismo de la flota mercante lo que induce una menor frecuencia de llamadas a puertos y mayores peaks de actividad.
Al mismo tiempo se destaca la consolidación de la industria y alianzas crecientes a nivel global. Asimismo, aumenta la presión que ejercen las navieras.
Por otra parte, la industria logística y las autoridades portuarias van resolviendo los puntos en común a un ritmo diferente, lo cual crea tensiones operativas. En términos de economía y comercio, se advierte una ralentización del comercio mundial y del throughput portuario.
Sin embargo, la simple presencia de factores exógenos o endógenos no conduce necesariamente a una situación de estrés.
Lo que justifica el diagnóstico de estrés es una doble condición:
En este conjunto, algunos elementos corresponden a aspectos que son objeto de innovación y sujetos de cambio, mientras que otros son cambios exógenos.
En un mundo altamente competitivo, cambiante e incierto, la voluntad de cambiar y la implementación de estrategias de innovación son claves para la adaptación, sobrevivencia y éxito en los mercados, tanto como para el logro de los objetivos comunes de la sociedad y del Estado.
La innovación es un elemento clave, recurso valioso y competitivo para el desarrollo de largo plazo. Es necesario dar especial importancia y manejar la innovación dentro de las empresas, puertos y terminales, como así también dentro de las autoridades de los servicios de infraestructura en los cuales se encuentran los puertos y el resto de la cadena logística.
Sin cambio cultural no habrá innovación
Los procesos de innovación están determinados por la interacción de necesidades, factores económicos y el avance de las instituciones.
Sin embargo, son especialmente importantes dentro de una industria que tiende a ser conservadora en sus procesos, sus conductas y sus formas de liderazgo.
El cambio cultural es clave, tanto en la innovación como en la adaptación para hacer frente a múltiples desafíos nuevos, tales como la creciente volatilidad, el aumento de las consideraciones ambientales, sociales y laborales y las normas más estrictas.
La inversión en innovación, permitirá una mejor sostenibilidad y accesibilidad, un uso más eficiente del espacio y una mejor eficiencia energética. A nivel social, la innovación, permite reforzar los conocimientos tecnológicos y un desempeño exitoso en términos de relaciones laborales y sociales tal como de productividad, competitividad y eficiencia.
En resumen, el cambio cultural, principal motor al cambio y a la innovación, permitirá revisar los modelos tradicionales, que quizás ya no sean capaces de hacer frente a la expansión de las actividades básicas y hacia un negocio con nuevas características.
Julio 4 de 2021.- La industria portuaria está bajo estrés: presenta incertidumbres importantes, cambios tectónicos en su funcionamiento, riesgos al alza y beneficios a la baja y, posiblemente, requiera pronto de formas diferentes de asociaciones público-privadas y de gobernanza portuaria.
Los motivos por los cuales se observa un estrés generalizado (es decir, tanto en el sector gubernamental como en el privado) corresponden a la interacción de factores endógenos y exógenos (entre los cuales se encuentra la desaceleración del comercio mundial y un débil ritmo de cambio del throughput).
Los factores endógenos, que son los propios de los asuntos portuarios, tienen su origen en el sector público, las empresas y la industria portuaria.
Dentro del sector público, se observa un cierto agotamiento de los modelos de gobernanza ya que los actualmente vigentes corresponden a aquellos diseñados en los años noventa.
A ello se suma una falta de alineamiento entre la marcha de los procesos industriales y los burocráticos (por ejemplo, la persistencia de problemas administrativos, ineficiencias de gestión, etc.).
Asimismo, se advierte un incremento en la consideración de aspectos ambientales, sociales y de seguridad, que tienen efectos múltiples en la gobernanza, en la administración de los negocios, y en el nivel de exigencias al funcionamiento de los puertos.
Considerando los operadores de terminales, se observa una situación de tensión competitiva, mientras que se acorta cada vez más el ciclo de vida de las inversiones portuarias y existen señales de caída de la productividad.
Además, se ha observado que no se aprovecha el potencial del desarrollo del territorio portuario y que la industria transita desde un estado de crecimiento a uno de valor y de iniciativas greenfield, a operaciones principalmente tipo M&A (fusiones y adquisiciones).
De todos modos, la industria portuaria, tanto en el nivel global como en América Latina y el Caribe, sigue siendo atractiva por sus inversiones y rentabilidad positiva.
Los factores exógenos corresponden a las industrias naviera y logística y a la economía y el comercio. En relación a la industria naviera, se contempla el gigantismo de la flota mercante lo que induce una menor frecuencia de llamadas a puertos y mayores peaks de actividad.
Al mismo tiempo se destaca la consolidación de la industria y alianzas crecientes a nivel global. Asimismo, aumenta la presión que ejercen las navieras.
Por otra parte, la industria logística y las autoridades portuarias van resolviendo los puntos en común a un ritmo diferente, lo cual crea tensiones operativas. En términos de economía y comercio, se advierte una ralentización del comercio mundial y del throughput portuario.
Sin embargo, la simple presencia de factores exógenos o endógenos no conduce necesariamente a una situación de estrés.
Lo que justifica el diagnóstico de estrés es una doble condición:
- La intensidad de los fenómenos y los cambios ocurridos en ambos factores;
- La confluencia de todos ellos en un momento del tiempo.
En este conjunto, algunos elementos corresponden a aspectos que son objeto de innovación y sujetos de cambio, mientras que otros son cambios exógenos.
En un mundo altamente competitivo, cambiante e incierto, la voluntad de cambiar y la implementación de estrategias de innovación son claves para la adaptación, sobrevivencia y éxito en los mercados, tanto como para el logro de los objetivos comunes de la sociedad y del Estado.
La innovación es un elemento clave, recurso valioso y competitivo para el desarrollo de largo plazo. Es necesario dar especial importancia y manejar la innovación dentro de las empresas, puertos y terminales, como así también dentro de las autoridades de los servicios de infraestructura en los cuales se encuentran los puertos y el resto de la cadena logística.
Sin cambio cultural no habrá innovación
Los procesos de innovación están determinados por la interacción de necesidades, factores económicos y el avance de las instituciones.
Sin embargo, son especialmente importantes dentro de una industria que tiende a ser conservadora en sus procesos, sus conductas y sus formas de liderazgo.
El cambio cultural es clave, tanto en la innovación como en la adaptación para hacer frente a múltiples desafíos nuevos, tales como la creciente volatilidad, el aumento de las consideraciones ambientales, sociales y laborales y las normas más estrictas.
La inversión en innovación, permitirá una mejor sostenibilidad y accesibilidad, un uso más eficiente del espacio y una mejor eficiencia energética. A nivel social, la innovación, permite reforzar los conocimientos tecnológicos y un desempeño exitoso en términos de relaciones laborales y sociales tal como de productividad, competitividad y eficiencia.
En resumen, el cambio cultural, principal motor al cambio y a la innovación, permitirá revisar los modelos tradicionales, que quizás ya no sean capaces de hacer frente a la expansión de las actividades básicas y hacia un negocio con nuevas características.
- Extracto del boletín FAL, Facilitación del transporte y el comercio en América Latina y El Caribe, Edición 352, No. 8, 2016. CEPAL.
Sostenibilidad y minería
Mayo 23 de 2021.- El libro publicado por la doctora Claudia Herrera, economista de la Universidad Nacional de Colombia, abogada de la Universidad Militar Nueva Granada y especialista en derecho minero petrolero de la Universidad Externado de Colombia “Minería y Sostenibilidad”, aspira contribuir a terminar con la desinformación que existe en torno a la minería.
En síntesis, ella reclama la necesidad de una actividad de producción de minerales y metales, más eficiente, con extremo cuidado ambiental y social, con crecimiento económico, en un contexto de innovación financiera en el sector minero, al tiempo que analiza la evolución de los sistemas de información minera entendidos como herramienta nacional, básica para ese anhelado desarrollo sostenible.
El texto se detiene en el polémico tema de cuál es el del impacto de la minería en las comunidades vecinas del sector esmeraldero.
Analiza inquietudes muy extendidas como aquellas que señalan que la explotación de un recurso mineral es de manera inexorable sinónimo de agotamiento del agua, que no puede haber minería en Colombia, porque su territorio está conformado por rocas “inmaduras”, que la minería es la responsable de pandemias, que la producción, beneficio, trasformación, transporte, y comercialización, y uso de minerales es sinónimo de condiciones apocalípticas en los territorios donde se practica: que no genera empleo, que no deja réditos fiscales al tesoro público, que es sinónimo de prostitución y alcoholismo, cuando no de violencia y violación sistemática de los derechos humanos.
En síntesis, ella reclama la necesidad de una actividad de producción de minerales y metales, más eficiente, con extremo cuidado ambiental y social, con crecimiento económico, en un contexto de innovación financiera en el sector minero, al tiempo que analiza la evolución de los sistemas de información minera entendidos como herramienta nacional, básica para ese anhelado desarrollo sostenible.
El texto se detiene en el polémico tema de cuál es el del impacto de la minería en las comunidades vecinas del sector esmeraldero.
Analiza inquietudes muy extendidas como aquellas que señalan que la explotación de un recurso mineral es de manera inexorable sinónimo de agotamiento del agua, que no puede haber minería en Colombia, porque su territorio está conformado por rocas “inmaduras”, que la minería es la responsable de pandemias, que la producción, beneficio, trasformación, transporte, y comercialización, y uso de minerales es sinónimo de condiciones apocalípticas en los territorios donde se practica: que no genera empleo, que no deja réditos fiscales al tesoro público, que es sinónimo de prostitución y alcoholismo, cuando no de violencia y violación sistemática de los derechos humanos.
Se dispara el precio del cobre
Mayo, 10 de 2021.- El cobre superó los US$ 10 000 por tonelada métrica la semana pasada, por primera vez en una década, y es uno de los metales que en asuntos de precios ha tenido el mejor desempeño.
Hay analistas que piensan que el precio del cobre podría subir otro 50% y animar a las empresas mineras para buscarlo en sitios más difíciles como Rusia y partes del cinturón de cobre en África Central para encontrar nuevas minas.
Para que ello ocurra, además, se necesita precios más altos y países como Perú, segundo mayor proveedor de cobre del mundo, se preparan para aprovechar dicha situación.
El viernes pasado, el precio del cobre impuso un nuevo récord, superando la marca que había fijado el 14 de febrero de 2011, cuando cotizó US$4,603 la libra.
Ese día, el metal rojo experimentó un alza de 3,35% en la Bolsa de Metales de Londres (LME), llegando a cotizarse en US$ 4 700 la libra (US$ 10 361 la tonelada), lo que se compara con los US$ 4 547 la libra del jueves, y los US$ 4 532 la libra del miércoles.
Hay analistas que piensan que el precio del cobre podría subir otro 50% y animar a las empresas mineras para buscarlo en sitios más difíciles como Rusia y partes del cinturón de cobre en África Central para encontrar nuevas minas.
Para que ello ocurra, además, se necesita precios más altos y países como Perú, segundo mayor proveedor de cobre del mundo, se preparan para aprovechar dicha situación.
El viernes pasado, el precio del cobre impuso un nuevo récord, superando la marca que había fijado el 14 de febrero de 2011, cuando cotizó US$4,603 la libra.
Ese día, el metal rojo experimentó un alza de 3,35% en la Bolsa de Metales de Londres (LME), llegando a cotizarse en US$ 4 700 la libra (US$ 10 361 la tonelada), lo que se compara con los US$ 4 547 la libra del jueves, y los US$ 4 532 la libra del miércoles.
El papel de los minerales críticos en la energía limpia
Mayo 2 de 2021.- La Agencia Internacional de Energía presentará este miércoles el informe The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, el mismo que explora los riesgos y las implicaciones de una posible brecha cada vez mayor entre la demanda y la oferta de minerales que son esenciales para tecnologías como turbinas eólicas, redes eléctricas y vehículos eléctricos.
Este informe especial de World Energy Outlook es el estudio más completo hasta la fecha sobre los vínculos complejos entre minerales críticos, como el cobre, litio, níquel, cobalto y metales de tierras raras, y las perspectivas de una transformación rápida y segura del sector energético.
El informe evalúa los desafíos de suministro que podrían afectar una aceleración de las transiciones energéticas y explora las implicaciones para los responsables de la formulación de políticas a medida que buscan equilibrar la garantía de suministros confiables con la promoción del desarrollo responsable y sostenible de los recursos minerales.
Como se sabe, los minerales son un componente esencial para muchas de las tecnologías de energía limpia de rápido crecimiento en la actualidad, desde turbinas eólicas y redes eléctricas hasta vehículos eléctricos.
Junto con una gran cantidad de detalles sobre las perspectivas de la demanda de minerales bajo diferentes supuestos de tecnología y políticas, el documento examina si las inversiones mineras de hoy pueden satisfacer las necesidades de un sector energético en rápida evolución.
Considera la tarea que queda por delante para promover el desarrollo responsable y sostenible de los recursos minerales, y proporciona conocimientos e implicaciones clave para los responsables de la formulación de políticas, incluidas seis recomendaciones clave de la IEA para un enfoque nuevo e integral de la seguridad minera.
Este informe especial de World Energy Outlook es el estudio más completo hasta la fecha sobre los vínculos complejos entre minerales críticos, como el cobre, litio, níquel, cobalto y metales de tierras raras, y las perspectivas de una transformación rápida y segura del sector energético.
El informe evalúa los desafíos de suministro que podrían afectar una aceleración de las transiciones energéticas y explora las implicaciones para los responsables de la formulación de políticas a medida que buscan equilibrar la garantía de suministros confiables con la promoción del desarrollo responsable y sostenible de los recursos minerales.
Como se sabe, los minerales son un componente esencial para muchas de las tecnologías de energía limpia de rápido crecimiento en la actualidad, desde turbinas eólicas y redes eléctricas hasta vehículos eléctricos.
Junto con una gran cantidad de detalles sobre las perspectivas de la demanda de minerales bajo diferentes supuestos de tecnología y políticas, el documento examina si las inversiones mineras de hoy pueden satisfacer las necesidades de un sector energético en rápida evolución.
Considera la tarea que queda por delante para promover el desarrollo responsable y sostenible de los recursos minerales, y proporciona conocimientos e implicaciones clave para los responsables de la formulación de políticas, incluidas seis recomendaciones clave de la IEA para un enfoque nuevo e integral de la seguridad minera.
Reflexiones sobre la gestión del agua en América Latina y el Caribe
Mayo 2 de 2021.- Con el objetivo de brindar al lector una puerta de entrada al tema de la gobernanza y gestión de los recursos hídricos, sus desafíos, la prestación de servicios públicos de agua potable y saneamiento así como el manejo del nexo entre el agua, la energía y la alimentación, la Comisión Económica Para América Latina, Cepal, presenta el libro “Reflexiones sobre la gestión del agua en América Latina y el Caribe”.
El documento se estructura en tres grandes capítulos: En el primer capítulo, se examinan los principales aportes de investigaciones y asesorías técnicas orientadas a la formulación de políticas públicas y asistencia técnica a los países de América Latina y el Caribe en temas de legislación de los recursos hídricos, manejo de cuencas, creación y puesta en funcionamiento de organismos de gestión del agua a nivel de cuencas.
Además se contextualizan los principales desafíos de la seguridad hídrica en la región, así como las propuestas para reducir los crecientes conflictos por los usos múltiples del agua.
En el segundo capítulo, se abordan los requerimientos para la adopción e implementación del derecho humano al agua potable y al saneamiento, junto con los principales lineamientos para los sistemas prestadores de estos servicios a nivel de regulaciones, tarifas y estructuras institucionales.
En el tercer capítulo, se tratan los aspectos conceptuales del nexo entre el agua, la energía y la alimentación en la región. Este enfoque se basa en el reconocimiento de las interconexiones e interdependencias entre los diferentes sectores.
La premisa principal es que, en las condiciones actuales de crecientes demandas económicas, sociales y ambientales; mayor competencia por el uso y aprovechamiento de recursos naturales; presión del cambio climático y otras amenazas globales, es de vital importancia comprender, considerar y gestionar las interdependencias e interrelaciones entre el agua, la energía y la alimentación para alcanzar las metas de desarrollo sostenible a largo plazo. Lo anterior se complementa con hallazgos de estudios de casos y recomendaciones para la adopción de este enfoque.
En opinión de Cepal, América Latina y el Caribe cuenta con una importante dotación de recursos naturales, en particular, recursos hídricos, agrícolas, mineros y energéticos. Sin embargo, el modelo de desarrollo seguido por nuestros países nos ha colocado en una posición dependiente y desventajosa en las cadenas mundiales de valor, alejando a las economías regionales de los sectores productivos más modernos y dinámicos e incrementando su vulnerabilidad ante los vaivenes de la economía mundial.
El libro se puede descargar de:
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46792-reflexiones-la-gestion-agua-america-latina-caribe-textos-seleccionados-2002-2020
El documento se estructura en tres grandes capítulos: En el primer capítulo, se examinan los principales aportes de investigaciones y asesorías técnicas orientadas a la formulación de políticas públicas y asistencia técnica a los países de América Latina y el Caribe en temas de legislación de los recursos hídricos, manejo de cuencas, creación y puesta en funcionamiento de organismos de gestión del agua a nivel de cuencas.
Además se contextualizan los principales desafíos de la seguridad hídrica en la región, así como las propuestas para reducir los crecientes conflictos por los usos múltiples del agua.
En el segundo capítulo, se abordan los requerimientos para la adopción e implementación del derecho humano al agua potable y al saneamiento, junto con los principales lineamientos para los sistemas prestadores de estos servicios a nivel de regulaciones, tarifas y estructuras institucionales.
En el tercer capítulo, se tratan los aspectos conceptuales del nexo entre el agua, la energía y la alimentación en la región. Este enfoque se basa en el reconocimiento de las interconexiones e interdependencias entre los diferentes sectores.
La premisa principal es que, en las condiciones actuales de crecientes demandas económicas, sociales y ambientales; mayor competencia por el uso y aprovechamiento de recursos naturales; presión del cambio climático y otras amenazas globales, es de vital importancia comprender, considerar y gestionar las interdependencias e interrelaciones entre el agua, la energía y la alimentación para alcanzar las metas de desarrollo sostenible a largo plazo. Lo anterior se complementa con hallazgos de estudios de casos y recomendaciones para la adopción de este enfoque.
En opinión de Cepal, América Latina y el Caribe cuenta con una importante dotación de recursos naturales, en particular, recursos hídricos, agrícolas, mineros y energéticos. Sin embargo, el modelo de desarrollo seguido por nuestros países nos ha colocado en una posición dependiente y desventajosa en las cadenas mundiales de valor, alejando a las economías regionales de los sectores productivos más modernos y dinámicos e incrementando su vulnerabilidad ante los vaivenes de la economía mundial.
El libro se puede descargar de:
https://www.cepal.org/es/publicaciones/46792-reflexiones-la-gestion-agua-america-latina-caribe-textos-seleccionados-2002-2020
¿Qué ofrecen las certificaciones
internacionales de minerales?
Mayo 02 de 2021.- El NRGI y el Programa MinSus de la cooperación alemana han creado el Grupo de Trabajo “Una nueva mirada al acceso a la información: ¿Qué ofrecen las certificaciones internacionales de minerales?”, un grupo de expertos regionales y representantes de organizaciones de la sociedad civil y la academia de la región andina, pero sin Ecuador.
NRGI son las siglas del Natural Resource Governance Institute, una ONG con sede en Nueva York que se dedica “a mejorar la gobernanza de los países sobre sus recursos naturales para promover un desarrollo sostenible e inclusivo”, según ellos mismos. El Programa MinSus es implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR), por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ, por sus siglas en alemán).
La idea del grupo es presentar y familiarizar a las partes interesadas de la región Andina con las principales certificaciones que operan a lo largo de las cadenas de suministro mineras y determinar qué información a nivel de mina debería ponerse a disposición para asegurar que las certificaciones apoyen a los objetivos de transparencia y acceso a la información de los actores locales.
Parten de que a nivel global se adoptan leyes -como la iniciativa de la Ley de Cadenas de Suministro europea y alemana-, al igual que múltiples certificaciones al nivel de mina, como por ejemplo, el Proceso de Aseguramiento y Validación del International Council for Mining and Metals (ICMM), The Certification of Raw Materials (CERA), The Copper Mark, The Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), Towards Sustainable Mining.
“A medida que avanzamos hacia una economía más sostenible, la cual pivota en torno a la transición energética y la lucha contra el cambio climático, aumentará la demanda de minerales. Este nuevo escenario, va acompañado de una mayor conciencia ciudadana sobre los impactos ambientales, sociales y las vulneraciones a los derechos humanos generados por las actividades extractivas que están, a su vez, con una mayor presión de inversionistas hacia las empresas por cumplir con los estándares ambientales y de derechos humanos, impulsando cadenas de suministro más sostenibles y responsables”, dicen los organizadores.
Ellos esperan producir un documento, que podría estar listo el primer trimestre del próximo año, con recomendaciones concretas sobre cómo las certificaciones pueden ser de mayor utilidad para las partes interesadas e impactadas por la minería a nivel local.
Participan en el grupo el director para América Latina de Insuco y representantes de dos ONG peruanas; dos ONG bolivianas, dos ONG colombianas, una chilena y otros expertos.
NRGI son las siglas del Natural Resource Governance Institute, una ONG con sede en Nueva York que se dedica “a mejorar la gobernanza de los países sobre sus recursos naturales para promover un desarrollo sostenible e inclusivo”, según ellos mismos. El Programa MinSus es implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR), por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ, por sus siglas en alemán).
La idea del grupo es presentar y familiarizar a las partes interesadas de la región Andina con las principales certificaciones que operan a lo largo de las cadenas de suministro mineras y determinar qué información a nivel de mina debería ponerse a disposición para asegurar que las certificaciones apoyen a los objetivos de transparencia y acceso a la información de los actores locales.
Parten de que a nivel global se adoptan leyes -como la iniciativa de la Ley de Cadenas de Suministro europea y alemana-, al igual que múltiples certificaciones al nivel de mina, como por ejemplo, el Proceso de Aseguramiento y Validación del International Council for Mining and Metals (ICMM), The Certification of Raw Materials (CERA), The Copper Mark, The Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), Towards Sustainable Mining.
“A medida que avanzamos hacia una economía más sostenible, la cual pivota en torno a la transición energética y la lucha contra el cambio climático, aumentará la demanda de minerales. Este nuevo escenario, va acompañado de una mayor conciencia ciudadana sobre los impactos ambientales, sociales y las vulneraciones a los derechos humanos generados por las actividades extractivas que están, a su vez, con una mayor presión de inversionistas hacia las empresas por cumplir con los estándares ambientales y de derechos humanos, impulsando cadenas de suministro más sostenibles y responsables”, dicen los organizadores.
Ellos esperan producir un documento, que podría estar listo el primer trimestre del próximo año, con recomendaciones concretas sobre cómo las certificaciones pueden ser de mayor utilidad para las partes interesadas e impactadas por la minería a nivel local.
Participan en el grupo el director para América Latina de Insuco y representantes de dos ONG peruanas; dos ONG bolivianas, dos ONG colombianas, una chilena y otros expertos.
A mediano plazo el cobre es irremplazable
Marzo 21 de 2021.- A corto y mediano plazo no se vislumbra una amenaza significativa de sustitución del cobre por otros productos, sostiene un estudio reciente de la Comisión Chilena del Cobre. Al contrario, en el contexto de una progresiva electrificación urbana e interurbana así como de modernización de los medios de transporte, entre otros sectores, el cobre seguirá siendo preferido como el conductor por excelencia a nivel mundial, agrega el documento.
Actualmente hay materiales como el aluminio, el acero inoxidable, la fibra óptica y los plásticos que, en algunas aplicaciones, reemplazan al cobre e inclusive son más baratos. El aluminio, por ejemplo, es tres o cuatro veces más económico; pero su demanda no aumenta.
Por eso se eleva el precio del cobre que, en los últimos días, ha logrado mantenerse sobre la barrera psicológica de los US$4 la libra, aunque existe inquietud en la industria minera mundial respecto a si cotización podrá continuar en esos niveles en el corto y mediano plazo.
Es así como este jueves, cerró la jornada con un alza de 0,70% en la Bolsa de Metales de Londres (LME).
La libra de cobre se cotizó en US$ 4,123 (US$ 9.090,00 la tonelada), lo que se compara con los US$ 4,095 la libra del miércoles, y los US$ 4,067 la libra del martes.
Basándose en estos números, el subsecretario de Minería chileno, Edgar Blanco, informó que Cochilco elevó la proyección promedio del precio del cobre para este año a US$ 3,30 la libra respecto a la anterior estimación que fue de US$ 2,90 la libra.
"Como nunca, la minería ha jugado un rol fundamental para la reactivación de la economía del país, ya que fue el único sector que registró cifras positivas, gracias a que las faenas mineras lograron mantener sus operaciones debido al compromiso de los trabajadores y la implementación de estrictos protocolos sanitarios por parte de las empresas", afirmó Blanco.
Respecto a las perspectivas de oferta mundial de cobre refinado para los años 2021 y 2022, el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Marco Riveros, señaló que la tasa de crecimiento promedio anual sería superior a la demanda del metal.
El director de Estudios y Políticas, Jorge Cantallopts, señaló que se prevé que la demanda mundial de cobre refinado llegue a 23,9 millones de toneladas este año, lo que significa un alza de 3% respecto de 2020; y que los principales países consumidores, excluyendo China, incrementarán su consumo de cobre, pero sin alcanzar el nivel registrado en 2019. En tanto, para 2022 se proyecta una demanda de 24,6 millones de toneladas, esto es un aumento de 2,8% respecto de 2021.
Para las autoridades chilenas, la producción de cobre se situaría en 6,1 millones de toneladas el año 2022.
Aún así, el panorama a mediano plazo puede presentar complicaciones. “La industria del cobre necesita gastar más de $ 100 mil millones para cerrar lo que podría ser un déficit de suministro anual de 4,7 millones de toneladas métricas para 2030 a medida que despeguen los sectores de energía limpia y transporte”, según estimaciones de CRU Group recogidas por Mining punto com.
La revista señala que para no tener problemas de desabastecimiento, se necesita que entren en producción ocho minas del tamaño de Escondida de BHP Group en Chile, la mina de cobre más grande del mundo.
Pero no hay tal oferta. Se espera que entre en producción la mina Grasberg, en Indonesia, desarrollada por Freeport-McMoRan Inc; también se espera el inicio de la producción en Kamoa-Kakula en la República Democrática del Congo y en el proyecto Quellaveco, de Anglo American Plc en Perú.
Volviendo a Chile, pese al repunte del precio, no todas las noticias son buenas. El cambio en el modelo de explotación en Chuquicamata significó un recorte en los puestos de trabajo de 1.001 trabajadores. En “Chuqui” la planilla pasó de 4.899 al cierre de 2019 a 3.898 a fines del año pasado, lo que representa una reducción del 20% solo en doce meses.
De otro lado, el alza en el precio impulsa a que los legisladores de izquierda a pedir que se impongan impuestos más altos a la industria para ayudar a financiar programas sociales y estímulos en medio de la crisis del coronavirus.
Los empresarios dicen que eso es imposible. Que no pueden pagar más y que 11 de las 21 minas analizadas en un estudio reciente están sufriendo costos operativos prohibitivamente altos.
«Hemos llegado a un límite, en el que todavía podemos sobrevivir», dijo Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile.
Actualmente hay materiales como el aluminio, el acero inoxidable, la fibra óptica y los plásticos que, en algunas aplicaciones, reemplazan al cobre e inclusive son más baratos. El aluminio, por ejemplo, es tres o cuatro veces más económico; pero su demanda no aumenta.
Por eso se eleva el precio del cobre que, en los últimos días, ha logrado mantenerse sobre la barrera psicológica de los US$4 la libra, aunque existe inquietud en la industria minera mundial respecto a si cotización podrá continuar en esos niveles en el corto y mediano plazo.
Es así como este jueves, cerró la jornada con un alza de 0,70% en la Bolsa de Metales de Londres (LME).
La libra de cobre se cotizó en US$ 4,123 (US$ 9.090,00 la tonelada), lo que se compara con los US$ 4,095 la libra del miércoles, y los US$ 4,067 la libra del martes.
Basándose en estos números, el subsecretario de Minería chileno, Edgar Blanco, informó que Cochilco elevó la proyección promedio del precio del cobre para este año a US$ 3,30 la libra respecto a la anterior estimación que fue de US$ 2,90 la libra.
"Como nunca, la minería ha jugado un rol fundamental para la reactivación de la economía del país, ya que fue el único sector que registró cifras positivas, gracias a que las faenas mineras lograron mantener sus operaciones debido al compromiso de los trabajadores y la implementación de estrictos protocolos sanitarios por parte de las empresas", afirmó Blanco.
Respecto a las perspectivas de oferta mundial de cobre refinado para los años 2021 y 2022, el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Marco Riveros, señaló que la tasa de crecimiento promedio anual sería superior a la demanda del metal.
El director de Estudios y Políticas, Jorge Cantallopts, señaló que se prevé que la demanda mundial de cobre refinado llegue a 23,9 millones de toneladas este año, lo que significa un alza de 3% respecto de 2020; y que los principales países consumidores, excluyendo China, incrementarán su consumo de cobre, pero sin alcanzar el nivel registrado en 2019. En tanto, para 2022 se proyecta una demanda de 24,6 millones de toneladas, esto es un aumento de 2,8% respecto de 2021.
Para las autoridades chilenas, la producción de cobre se situaría en 6,1 millones de toneladas el año 2022.
Aún así, el panorama a mediano plazo puede presentar complicaciones. “La industria del cobre necesita gastar más de $ 100 mil millones para cerrar lo que podría ser un déficit de suministro anual de 4,7 millones de toneladas métricas para 2030 a medida que despeguen los sectores de energía limpia y transporte”, según estimaciones de CRU Group recogidas por Mining punto com.
La revista señala que para no tener problemas de desabastecimiento, se necesita que entren en producción ocho minas del tamaño de Escondida de BHP Group en Chile, la mina de cobre más grande del mundo.
Pero no hay tal oferta. Se espera que entre en producción la mina Grasberg, en Indonesia, desarrollada por Freeport-McMoRan Inc; también se espera el inicio de la producción en Kamoa-Kakula en la República Democrática del Congo y en el proyecto Quellaveco, de Anglo American Plc en Perú.
Volviendo a Chile, pese al repunte del precio, no todas las noticias son buenas. El cambio en el modelo de explotación en Chuquicamata significó un recorte en los puestos de trabajo de 1.001 trabajadores. En “Chuqui” la planilla pasó de 4.899 al cierre de 2019 a 3.898 a fines del año pasado, lo que representa una reducción del 20% solo en doce meses.
De otro lado, el alza en el precio impulsa a que los legisladores de izquierda a pedir que se impongan impuestos más altos a la industria para ayudar a financiar programas sociales y estímulos en medio de la crisis del coronavirus.
Los empresarios dicen que eso es imposible. Que no pueden pagar más y que 11 de las 21 minas analizadas en un estudio reciente están sufriendo costos operativos prohibitivamente altos.
«Hemos llegado a un límite, en el que todavía podemos sobrevivir», dijo Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile.
Tenemos que hablar
La transparencia en el sector minero,
un asunto de deber y necesidad
Por César Reyna Ugarriza (*)
7 de marzo de 2021.- En la presente columna planteamos que la transparencia de las empresas mineras como la del sector gubernamental encargado de regularla es un asunto de deber y necesidad a la vez. Lo es porque las actividades de las empresas tienen que ganar cierto respaldo o legitimidad en los entornos sociales en donde operan. Es decir, una necesidad ligada a la naturaleza y las particularidades del negocio. Pero al mismo tiempo es un deber porque los procedimientos legales lo establecen de muchas maneras.
En las áreas en las que las compañías deben ser transparentes es principalmente en la divulgación oportuna de información ambiental relacionada con los impactos que genera la actividad minera. De modo que cuanto más transparentes sean en ese aspecto, tanto las autoridades como la ciudadanía podrán tener un mejor conocimiento de las potenciales afectaciones de los proyectos antes de que entren en operaciones. Esto ayuda mucho a construir una imagen de responsabilidad en la industria porque permite prevenir de una manera más eficaz los impactos.
De otro lado, es necesario que las empresas sean igual de transparentes en la información referida a sus ingresos, pagos de impuestos, regalías y otras contribuciones al fisco. Es de suma importancia que las operadoras demuestren efectivamente los costos de explotación o producción y las rentas obtenidas. Ello contribuye a clarificar los importantes recursos económicos generados por la actividad. En ese orden de ideas, a medida que más empresas se adhieran a mecanismos como el EITI, Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva, programa dirigido a aumentar la transparencia acerca de los pagos realizados por empresas privadas del sector extractivo en los países en los que operan, se fortalecerá la gestión responsable de los recursos mineros.
Asimismo, es necesario promover la transparencia en materia de generación de empleo directo e indirecto en las distintas fases de la actividad minera, así como en la contratación de proveedores locales para propiciar mayor confianza en el sector como generador de bienestar colectivo en materia laboral y económica. Esto mejoraría la percepción de las empresas ya que a través del empleo solicitado y el desarrollo de cadenas de valor (proveedores) se redistribuye localmente gran parte de la renta generada por la minería.
No debemos olvidar que la divulgación de información debe ser comprensible (en el idioma local) y por canales o medios adecuados, de otro modo no cumpliría su principal cometido. Ello implica el uso de redes sociales, además de los medios tradicionales, para llegar a un vasto público deseoso de conocer sobre los planes inmediatos y futuros de los proyectos. A muchos les interesa, por ejemplo, conocer sobre las condiciones o estándares de contratación de las mineras para convertirse en proveedores de bienes y servicios. A otros, en cambio, recibir o acceder a información relevante de carácter ambiental para realizar un seguimiento o monitoreo efectivo de las operaciones, sobre todo en el caso de la población ubicada en las áreas de influencia.
La transparencia, como necesidad y deber, debe empujar a las empresas hacia una política de puertas abiertas para con la sociedad que las recibe o acoge. Ello generalmente supone asumir una serie de compromisos que a la larga se transformen en prácticas habituales que ayuden a disipar temores, desinformaciones, controversias, inexactitudes, incertidumbre o cualquier tipo de duda en torno a los distintos ámbitos en los que comúnmente se desarrollan las operaciones mineras.
(*) César Reyna Ugarriza, economista y consultor en temas económicos y sociales. En la actualidad desarrolla un modelo de negociación intercultural para generar acuerdos entre comunidades, empresas mineras y Estado.
7 de marzo de 2021.- En la presente columna planteamos que la transparencia de las empresas mineras como la del sector gubernamental encargado de regularla es un asunto de deber y necesidad a la vez. Lo es porque las actividades de las empresas tienen que ganar cierto respaldo o legitimidad en los entornos sociales en donde operan. Es decir, una necesidad ligada a la naturaleza y las particularidades del negocio. Pero al mismo tiempo es un deber porque los procedimientos legales lo establecen de muchas maneras.
En las áreas en las que las compañías deben ser transparentes es principalmente en la divulgación oportuna de información ambiental relacionada con los impactos que genera la actividad minera. De modo que cuanto más transparentes sean en ese aspecto, tanto las autoridades como la ciudadanía podrán tener un mejor conocimiento de las potenciales afectaciones de los proyectos antes de que entren en operaciones. Esto ayuda mucho a construir una imagen de responsabilidad en la industria porque permite prevenir de una manera más eficaz los impactos.
De otro lado, es necesario que las empresas sean igual de transparentes en la información referida a sus ingresos, pagos de impuestos, regalías y otras contribuciones al fisco. Es de suma importancia que las operadoras demuestren efectivamente los costos de explotación o producción y las rentas obtenidas. Ello contribuye a clarificar los importantes recursos económicos generados por la actividad. En ese orden de ideas, a medida que más empresas se adhieran a mecanismos como el EITI, Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva, programa dirigido a aumentar la transparencia acerca de los pagos realizados por empresas privadas del sector extractivo en los países en los que operan, se fortalecerá la gestión responsable de los recursos mineros.
Asimismo, es necesario promover la transparencia en materia de generación de empleo directo e indirecto en las distintas fases de la actividad minera, así como en la contratación de proveedores locales para propiciar mayor confianza en el sector como generador de bienestar colectivo en materia laboral y económica. Esto mejoraría la percepción de las empresas ya que a través del empleo solicitado y el desarrollo de cadenas de valor (proveedores) se redistribuye localmente gran parte de la renta generada por la minería.
No debemos olvidar que la divulgación de información debe ser comprensible (en el idioma local) y por canales o medios adecuados, de otro modo no cumpliría su principal cometido. Ello implica el uso de redes sociales, además de los medios tradicionales, para llegar a un vasto público deseoso de conocer sobre los planes inmediatos y futuros de los proyectos. A muchos les interesa, por ejemplo, conocer sobre las condiciones o estándares de contratación de las mineras para convertirse en proveedores de bienes y servicios. A otros, en cambio, recibir o acceder a información relevante de carácter ambiental para realizar un seguimiento o monitoreo efectivo de las operaciones, sobre todo en el caso de la población ubicada en las áreas de influencia.
La transparencia, como necesidad y deber, debe empujar a las empresas hacia una política de puertas abiertas para con la sociedad que las recibe o acoge. Ello generalmente supone asumir una serie de compromisos que a la larga se transformen en prácticas habituales que ayuden a disipar temores, desinformaciones, controversias, inexactitudes, incertidumbre o cualquier tipo de duda en torno a los distintos ámbitos en los que comúnmente se desarrollan las operaciones mineras.
(*) César Reyna Ugarriza, economista y consultor en temas económicos y sociales. En la actualidad desarrolla un modelo de negociación intercultural para generar acuerdos entre comunidades, empresas mineras y Estado.
Tenemos que hablar
Implicancias de la consulta realizada en Cuenca
Por César Reyna Ugarriza (*)
Febrero 14 de 2021.- Lo que parecía ser un escenario temido e incierto acaba de concretarse el pasado domingo 7 de febrero luego de conocer los primeros resultados de la consulta en el cantón Cuenca.
El sector minero ha puesto sus ojos en las posibles interpretaciones legales y las consecuencias sociales y económicas que pueden surgir a partir de dicho referendo sobre la actividad minera. Y no es para menos, ya que las cinco preguntas formuladas a la población estuvieron orientadas a determinar si es viable o no la explotación minera en las zonas de recarga de cinco ríos (Yanuncay, Tarqui, Tomebamba, Machángara y Norcay, todos ubicados en el mencionado cantón).
Con el resultado negativo puesto, pues más del 80% de los electores habilitados resolvieron la prohibición de la actividad, se abre una gran interrogante en torno al provenir de las inversiones privadas realizadas a la fecha. No son pocos los intereses en juego pues cerca de 43 concesiones podrían paralizarse en la provincia.
El temor es que este tipo de consultas puedan trasladarse hacia otras jurisdicciones, restando seguridad jurídica a un sector que requiere estabilidad a largo plazo para la maduración de sus proyectos.
Por parte del sector minero se considera que la consulta no tendrá efecto retroactivo sobre las concesiones otorgadas por el Estado, por lo que solo podrían afectarse las nuevas concesiones. Se aduce que la consulta popular no puede invalidar las actividades anteriores a su realización porque los recursos minerales son de propiedad del Estado, y este decide su mejor empleo o uso.
Además se argumenta que se privaría al país de los recursos económicos generados por la minería en momentos que Ecuador atraviesa por una gran crisis fiscal.
En el caso de los opositores a las actividades extractivas se considera –las catorce organizaciones sociales y campesinas que convocaron la consulta en Cabildo por el Agua de Cuenca, ONGs, activistas, académicos, etc.- que “la consulta propone prohibir la explotación minera en las zonas de recarga hídrica de Cuenca. Por tanto, las concesiones otorgadas no podrán pasar a la fase de explotación” . De esa manera responden a la principal postura del sector minero, ya que este alega que los resultados de la consulta no tienen efecto retroactivo alguno.
Sin embargo, sin ánimos de determinar quién tiene la razón o no, las organizaciones defensoras del ambiente podrían tener un punto a su favor en tanto las empresas mineras no acrediten derechos de explotación vigentes anteriores a la realización de la consulta popular.
En otras palabras, en virtud a la teoría de derechos adquiridos, reconocida en el sistema jurídico europeo y latinoamericano, si las empresas en cuestión cuentan o poseen títulos que reconocen su derecho a explotar los yacimientos ubicados dentro del área de sus concesiones, estos se mantendrían plenamente vigentes y no les alcanzaría el efecto vinculante de la consulta.
De modo que, el titular de una concesión minera tendría derecho a explotarla si cuenta con los permisos o autorizaciones que le habiliten a ello. Conviene aclarar que la explotación de recursos naturales, sean del suelo o subsuelo, no proviene exclusivamente del hecho de poseer simplemente una concesión, sino de un conjunto de certificados y títulos que confiere el Estado al solicitante.
De ahí que para tener el derecho a explotar la empresa debe acreditar otros títulos siempre que no hayan vencido o caducado en el tiempo. Estos pueden ser, entre otros, un EIA aprobado, contar con permiso para uso de explosivos, licencias de uso de agua, de transporte, etc.
En ese sentido, si los permisos conferidos se encuentran vigentes, existe el derecho a explotar. Por tanto, este no nace únicamente con el otorgamiento de la concesión, ya que se encuentra sujeto al cumplimiento de otros requisitos que exigen las autoridades competentes. Así las cosas, las empresas que solo cuenten con permisos para explorar pero no para explotar -una etapa distinta en el desarrollo minero- pueden ver truncadas sus expectativas de desarrollar sus proyectos.
En este escenario, cabe preguntarse ¿qué podrían hacer las empresas mineras al respecto? En principio consideramos que algunas podrían demandar al Estado por el perjuicio económico causado, ya que en su momento invirtieron fuertes cantidades y esperaban recuperar su inversión luego de explotar los recursos encontrados.
Adicionalmente podrían exigir el pago de lucro cesante por los ingresos dejados de percibir fruto de sus frustradas operaciones. Esto podría realizarse legalmente sobre la base de los tratados de protección de inversiones que existen con países donde tienen sede la mayoría de empresas mineras de capital extranjero y que operan en Ecuador por medio de subsidiarias.
Ahora bien, dado que varias mineras no se conformarían con el pago de indemnizaciones y más bien buscarían el desarrollo de los proyectos que tienen en la zona, el panorama para ellas luce bastante complicado ya que estos carecerían de viabilidad social, variable que determina la aceptación de la población local con respecto a la ejecución de un proyecto extractivo.
Entonces, al no contar con dicha variable es poco probable que las empresas puedan avanzar lo suficiente en el desarrollo de sus proyectos, al menos a corto o mediano plazo.
Dado que el rechazo ha sido categórico, es esperable que las organizaciones que convocaron la consulta se sientan ampliamente legitimadas o respaldadas, y posiblemente movilicen a importantes sectores de la población en contra cualquier iniciativa de las empresas que busque la continuidad de los proyectos (en la zona se encuentran los proyectos Loma Larga (1), Ruta del Cobre y Río Blanco, este último suspendido por una disposición judicial).
Aclarada un poco la situación legal, sobre la cuestión de fondo subyace si la minería y otras actividades extractivas pueden desarrollarse o coexistir en entornos ecológicos valiosos y aparentemente frágiles. Es decir, si son capaces de operar con el menor riesgo o impacto en zonas que presentan gran biodiversidad y fuentes de agua naturales de las que se sirven o dependen distintos ecosistemas y la población en general, tanto para satisfacer necesidades de consumo humano directo como de producción agrícola.
La clave parece residir en gran parte en el diseño sostenible de los proyectos y su socialización desde el inicio, esto es, en la comunicación, diálogo y relacionamiento intercultural, y la generación paulatina de confianza, buena fe y transparencia que permitan el acercamiento de las partes interesadas (grupos de interés externo de las compañías) a fin de aclarar sus dudas y asegurar beneficios o un mejor futuro para todos. Esto forma parte del arduo trabajo de aprendizaje continuo que las empresas deben o debieron ejecutar sobre el terreno.
En una situación como la actual esto parece muy difícil de lograr, aunque no del todo imposible pues las cuestiones sociales finalmente cambian. Pero ello dependerá de mejores estrategias de relacionamiento y de los sucesivos esfuerzos desplegados.
Por tal motivo, para despejar las inquietudes naturales y válidas de la población, las empresas deben garantizar -en primer lugar- la disponibilidad y calidad de las fuentes de agua, vale decir, su suministro regular o permanente libre de contaminación. Además deben consensuar -con las organizaciones sociales residentes- las medidas de protección contra inundaciones o aumentos de caudales a lo largo del tiempo. Esto con el propósito de disminuir los riesgos que podrían entrañar los proyectos. Otra medida podría consistir en elaborar de manera conjunta los EIA con la población –aunque tome más tiempo- para que conozcan su contenido paso a paso y los proyectos ganen mayor legitimidad social.
Un aspecto muy importante es determinar los beneficios presentes y futuros que generarían los proyectos para que las personas aprecien ciertas mejoras en la calidad de vida. Las iniciativas privadas de gran envergadura deben producir beneficios socioeconómicos significativos o relevantes para que sean respaldadas por la población, de otro modo pueden recibir rechazos, sobre todo si son capaces de afectar el medioambiente. Estas iniciativas no solo deben traducirse en empleos directos o indirectos y de empresas comunales (proveedoras), sino en el desarrollo integral de la población, esto es, en mejor salud, educación, capital humano, etc.
Pese a que los resultados de la consulta son negativos, las empresas aún pueden realizar algunos correctivos aunque ello implique empezar socialmente desde cero -en algunos casos- para revertir la imagen que poseen en la mayoría de habitantes.
Las cartas no están totalmente echadas porque siempre se puede hacer algo más en el campo social para enderezar el rumbo, pero esto pasa, necesariamente, por el diseño de una estrategia coordinada entre el gremio minero y las distintas empresas concesionarias u operadoras, ya que ni una sola ni unas cuantas podrán revertir esta complicada situación.
(*) César Reyna Ugarriza, economista y consultor en temas económicos y sociales. En la actualidad desarrolla un modelo de negociación intercultural para generar acuerdos entre comunidades, empresas mineras y Estado. Correo: [email protected]
1. De acuerdo con Expreso (Ecuador) “en Loma Larga se espera que su producción comience en 2023 y que la inversión alcance los $ 400 millones. Durante la vida útil de la mina, de 2023 a 2034, se calcula que deje al fisco unos $ 600 millones, por impuestos y regalías. El proyecto Loma Larga está ubicado en las parroquias de San Gerardo, Chumblín, Baños y Victoria del Portete, en el cantón Cuenca (Azuay) y fue concesionado a la empresa INV Minerales Ecuador S.A., subsidiaria de INV Metals INC”. En Mineras ponen sus ojos en la consulta popular de Cuenca, del 31.01.2021. Disponible en: https://www.expreso.ec/actualidad/economia/mineras-ponen-ojos-consulta-popular-cuenca-98007.html
Febrero 14 de 2021.- Lo que parecía ser un escenario temido e incierto acaba de concretarse el pasado domingo 7 de febrero luego de conocer los primeros resultados de la consulta en el cantón Cuenca.
El sector minero ha puesto sus ojos en las posibles interpretaciones legales y las consecuencias sociales y económicas que pueden surgir a partir de dicho referendo sobre la actividad minera. Y no es para menos, ya que las cinco preguntas formuladas a la población estuvieron orientadas a determinar si es viable o no la explotación minera en las zonas de recarga de cinco ríos (Yanuncay, Tarqui, Tomebamba, Machángara y Norcay, todos ubicados en el mencionado cantón).
Con el resultado negativo puesto, pues más del 80% de los electores habilitados resolvieron la prohibición de la actividad, se abre una gran interrogante en torno al provenir de las inversiones privadas realizadas a la fecha. No son pocos los intereses en juego pues cerca de 43 concesiones podrían paralizarse en la provincia.
El temor es que este tipo de consultas puedan trasladarse hacia otras jurisdicciones, restando seguridad jurídica a un sector que requiere estabilidad a largo plazo para la maduración de sus proyectos.
Por parte del sector minero se considera que la consulta no tendrá efecto retroactivo sobre las concesiones otorgadas por el Estado, por lo que solo podrían afectarse las nuevas concesiones. Se aduce que la consulta popular no puede invalidar las actividades anteriores a su realización porque los recursos minerales son de propiedad del Estado, y este decide su mejor empleo o uso.
Además se argumenta que se privaría al país de los recursos económicos generados por la minería en momentos que Ecuador atraviesa por una gran crisis fiscal.
En el caso de los opositores a las actividades extractivas se considera –las catorce organizaciones sociales y campesinas que convocaron la consulta en Cabildo por el Agua de Cuenca, ONGs, activistas, académicos, etc.- que “la consulta propone prohibir la explotación minera en las zonas de recarga hídrica de Cuenca. Por tanto, las concesiones otorgadas no podrán pasar a la fase de explotación” . De esa manera responden a la principal postura del sector minero, ya que este alega que los resultados de la consulta no tienen efecto retroactivo alguno.
Sin embargo, sin ánimos de determinar quién tiene la razón o no, las organizaciones defensoras del ambiente podrían tener un punto a su favor en tanto las empresas mineras no acrediten derechos de explotación vigentes anteriores a la realización de la consulta popular.
En otras palabras, en virtud a la teoría de derechos adquiridos, reconocida en el sistema jurídico europeo y latinoamericano, si las empresas en cuestión cuentan o poseen títulos que reconocen su derecho a explotar los yacimientos ubicados dentro del área de sus concesiones, estos se mantendrían plenamente vigentes y no les alcanzaría el efecto vinculante de la consulta.
De modo que, el titular de una concesión minera tendría derecho a explotarla si cuenta con los permisos o autorizaciones que le habiliten a ello. Conviene aclarar que la explotación de recursos naturales, sean del suelo o subsuelo, no proviene exclusivamente del hecho de poseer simplemente una concesión, sino de un conjunto de certificados y títulos que confiere el Estado al solicitante.
De ahí que para tener el derecho a explotar la empresa debe acreditar otros títulos siempre que no hayan vencido o caducado en el tiempo. Estos pueden ser, entre otros, un EIA aprobado, contar con permiso para uso de explosivos, licencias de uso de agua, de transporte, etc.
En ese sentido, si los permisos conferidos se encuentran vigentes, existe el derecho a explotar. Por tanto, este no nace únicamente con el otorgamiento de la concesión, ya que se encuentra sujeto al cumplimiento de otros requisitos que exigen las autoridades competentes. Así las cosas, las empresas que solo cuenten con permisos para explorar pero no para explotar -una etapa distinta en el desarrollo minero- pueden ver truncadas sus expectativas de desarrollar sus proyectos.
En este escenario, cabe preguntarse ¿qué podrían hacer las empresas mineras al respecto? En principio consideramos que algunas podrían demandar al Estado por el perjuicio económico causado, ya que en su momento invirtieron fuertes cantidades y esperaban recuperar su inversión luego de explotar los recursos encontrados.
Adicionalmente podrían exigir el pago de lucro cesante por los ingresos dejados de percibir fruto de sus frustradas operaciones. Esto podría realizarse legalmente sobre la base de los tratados de protección de inversiones que existen con países donde tienen sede la mayoría de empresas mineras de capital extranjero y que operan en Ecuador por medio de subsidiarias.
Ahora bien, dado que varias mineras no se conformarían con el pago de indemnizaciones y más bien buscarían el desarrollo de los proyectos que tienen en la zona, el panorama para ellas luce bastante complicado ya que estos carecerían de viabilidad social, variable que determina la aceptación de la población local con respecto a la ejecución de un proyecto extractivo.
Entonces, al no contar con dicha variable es poco probable que las empresas puedan avanzar lo suficiente en el desarrollo de sus proyectos, al menos a corto o mediano plazo.
Dado que el rechazo ha sido categórico, es esperable que las organizaciones que convocaron la consulta se sientan ampliamente legitimadas o respaldadas, y posiblemente movilicen a importantes sectores de la población en contra cualquier iniciativa de las empresas que busque la continuidad de los proyectos (en la zona se encuentran los proyectos Loma Larga (1), Ruta del Cobre y Río Blanco, este último suspendido por una disposición judicial).
Aclarada un poco la situación legal, sobre la cuestión de fondo subyace si la minería y otras actividades extractivas pueden desarrollarse o coexistir en entornos ecológicos valiosos y aparentemente frágiles. Es decir, si son capaces de operar con el menor riesgo o impacto en zonas que presentan gran biodiversidad y fuentes de agua naturales de las que se sirven o dependen distintos ecosistemas y la población en general, tanto para satisfacer necesidades de consumo humano directo como de producción agrícola.
La clave parece residir en gran parte en el diseño sostenible de los proyectos y su socialización desde el inicio, esto es, en la comunicación, diálogo y relacionamiento intercultural, y la generación paulatina de confianza, buena fe y transparencia que permitan el acercamiento de las partes interesadas (grupos de interés externo de las compañías) a fin de aclarar sus dudas y asegurar beneficios o un mejor futuro para todos. Esto forma parte del arduo trabajo de aprendizaje continuo que las empresas deben o debieron ejecutar sobre el terreno.
En una situación como la actual esto parece muy difícil de lograr, aunque no del todo imposible pues las cuestiones sociales finalmente cambian. Pero ello dependerá de mejores estrategias de relacionamiento y de los sucesivos esfuerzos desplegados.
Por tal motivo, para despejar las inquietudes naturales y válidas de la población, las empresas deben garantizar -en primer lugar- la disponibilidad y calidad de las fuentes de agua, vale decir, su suministro regular o permanente libre de contaminación. Además deben consensuar -con las organizaciones sociales residentes- las medidas de protección contra inundaciones o aumentos de caudales a lo largo del tiempo. Esto con el propósito de disminuir los riesgos que podrían entrañar los proyectos. Otra medida podría consistir en elaborar de manera conjunta los EIA con la población –aunque tome más tiempo- para que conozcan su contenido paso a paso y los proyectos ganen mayor legitimidad social.
Un aspecto muy importante es determinar los beneficios presentes y futuros que generarían los proyectos para que las personas aprecien ciertas mejoras en la calidad de vida. Las iniciativas privadas de gran envergadura deben producir beneficios socioeconómicos significativos o relevantes para que sean respaldadas por la población, de otro modo pueden recibir rechazos, sobre todo si son capaces de afectar el medioambiente. Estas iniciativas no solo deben traducirse en empleos directos o indirectos y de empresas comunales (proveedoras), sino en el desarrollo integral de la población, esto es, en mejor salud, educación, capital humano, etc.
Pese a que los resultados de la consulta son negativos, las empresas aún pueden realizar algunos correctivos aunque ello implique empezar socialmente desde cero -en algunos casos- para revertir la imagen que poseen en la mayoría de habitantes.
Las cartas no están totalmente echadas porque siempre se puede hacer algo más en el campo social para enderezar el rumbo, pero esto pasa, necesariamente, por el diseño de una estrategia coordinada entre el gremio minero y las distintas empresas concesionarias u operadoras, ya que ni una sola ni unas cuantas podrán revertir esta complicada situación.
(*) César Reyna Ugarriza, economista y consultor en temas económicos y sociales. En la actualidad desarrolla un modelo de negociación intercultural para generar acuerdos entre comunidades, empresas mineras y Estado. Correo: [email protected]
1. De acuerdo con Expreso (Ecuador) “en Loma Larga se espera que su producción comience en 2023 y que la inversión alcance los $ 400 millones. Durante la vida útil de la mina, de 2023 a 2034, se calcula que deje al fisco unos $ 600 millones, por impuestos y regalías. El proyecto Loma Larga está ubicado en las parroquias de San Gerardo, Chumblín, Baños y Victoria del Portete, en el cantón Cuenca (Azuay) y fue concesionado a la empresa INV Minerales Ecuador S.A., subsidiaria de INV Metals INC”. En Mineras ponen sus ojos en la consulta popular de Cuenca, del 31.01.2021. Disponible en: https://www.expreso.ec/actualidad/economia/mineras-ponen-ojos-consulta-popular-cuenca-98007.html
¿Podrán las mineras ser agentes del cambio social?
¿Qué implicancias tiene para el sector y la sociedad que las empresas mineras asuman el rol de agentes del cambio social?
¿Qué se requiere para ello?
¿Qué caracteriza a una empresa social y ambientalmente responsable?
Por César Reyna Ugarriza (*)
Enero 31 de 2021.- En principio, ser agente del cambio social implica ir más allá del rol de ser social y ambientalmente responsable. También supone superar la función de la empresa como creadora de valor económico para la sociedad, esto es, generar empleo y riqueza, pagar impuestos, dinamizar las actividades económicas al contratar con diversos proveedores, etc.
Este papel no se limita a cumplir con obligaciones y regulaciones legales, ya que no hay ningún mérito en ello.
Ser agente del cambio no es hacer o realizar aquello que la empresa minera ya hace o viene haciendo como parte habitual de su negocio, sino que consiste, primordialmente, en involucrarse de lleno en los asuntos y problemas trascendentes de la sociedad o de los países en los que opera, es decir, contribuir en su tratamiento o abordaje con análisis rigurosos, debates productivos y alternativas de soluciones prácticas o viables.
Lo que se le exige es interactuar en distintos espacios de diálogo, consenso y deliberación, tanto oficiales como no oficiales, académicos o internacionales en las problemáticas que enfrenta la sociedad para ofrecer ideas, creatividad, experiencia y conocimiento en su discusión. En ellos participará como un actor más en plano de igualdad con el resto; pero buscando potenciar y efectivizar la participación de aquellos grupos menos empoderados de la sociedad para que tengan voz y se reconozcan sus legítimos derechos e intereses.
Esto último implica, por ejemplo, promover la inclusión de las poblaciones ubicadas en sus zonas de influencia mediante el desarrollo de capacidades y brindando asesoramiento para que puedan participar y aportar en la discusión de problemas que les afectan con distintas instituciones del Estado. Así estarían cambiando de a poco las estructuras que impiden que ciertos colectivos prosperen y sean realmente reconocidos o tenidos en cuenta por la sociedad y sus autoridades.
Un punto destacable de este nuevo rol o función es la de aportar ideas en los grandes debates o discusiones sobre diversos problemas mundiales o locales. Al respecto, John Kay, columnista del prestigioso diario económico londinense Financial Times, señaló que “la buena empresa contribuye con ideas relevantes al diseño de políticas públicas”. Esto significa que realice aportaciones técnicas de valor que no solo incidan sobre los marcos regulatorios que atañen a sus actividades, sino que mejoren políticas y normas sobre asuntos laborales, sanitarios, ambientales, energéticos, económicos, educativos, etc.
De modo que la nueva empresa moderna, sin dejar de lado su importante contribución económica, responsabilidad social, protección medioambiental y cumplimiento estricto de las normativas, apunta a abordar o interesarse por temas como la pobreza, la reducción de brechas sociales, la reforma laboral, el combate a la informalidad, el cambio climático, la defensa de derechos humanos, el crecimiento económico sostenible, etc. Esto naturalmente va más allá de su mera preocupación por el aumento de la rentabilidad, productividad y competitividad, pues se siente parte de una gran agenda social.
Solo de esa manera la empresa minera moderna podrá integrarse efectivamente en la sociedad y no ser vista o considerada exclusivamente por su afán de lucro o maximizador de la ganancia para sus inversionistas. De lo que se trata es reposicionar a las empresas del sector a través de lo que Porter denomina “una estrategia económica integrada y una agenda que deben poner en acción”[1], lo que para el destacado profesor de la Escuela de Negocios de Harvard significa conformar “estructuras de coordinación” o simplemente, la formación de alianzas estratégicas con otros actores.
(*) César Reyna Ugarriza, economista y consultor en temas económicos y sociales. En la actualidad desarrolla un modelo de negociación intercultural para generar acuerdos entre comunidades, empresas mineras y Estado.
[1] Porter, Michael. The Role of the Business Community in Peru: Embracing Shared Value Practices to Create Prosperity for Peruvian Citizens. Perú Sustainability Symposium, Lima, Perú, 23 de Octubre de 2020.
Enero 31 de 2021.- En principio, ser agente del cambio social implica ir más allá del rol de ser social y ambientalmente responsable. También supone superar la función de la empresa como creadora de valor económico para la sociedad, esto es, generar empleo y riqueza, pagar impuestos, dinamizar las actividades económicas al contratar con diversos proveedores, etc.
Este papel no se limita a cumplir con obligaciones y regulaciones legales, ya que no hay ningún mérito en ello.
Ser agente del cambio no es hacer o realizar aquello que la empresa minera ya hace o viene haciendo como parte habitual de su negocio, sino que consiste, primordialmente, en involucrarse de lleno en los asuntos y problemas trascendentes de la sociedad o de los países en los que opera, es decir, contribuir en su tratamiento o abordaje con análisis rigurosos, debates productivos y alternativas de soluciones prácticas o viables.
Lo que se le exige es interactuar en distintos espacios de diálogo, consenso y deliberación, tanto oficiales como no oficiales, académicos o internacionales en las problemáticas que enfrenta la sociedad para ofrecer ideas, creatividad, experiencia y conocimiento en su discusión. En ellos participará como un actor más en plano de igualdad con el resto; pero buscando potenciar y efectivizar la participación de aquellos grupos menos empoderados de la sociedad para que tengan voz y se reconozcan sus legítimos derechos e intereses.
Esto último implica, por ejemplo, promover la inclusión de las poblaciones ubicadas en sus zonas de influencia mediante el desarrollo de capacidades y brindando asesoramiento para que puedan participar y aportar en la discusión de problemas que les afectan con distintas instituciones del Estado. Así estarían cambiando de a poco las estructuras que impiden que ciertos colectivos prosperen y sean realmente reconocidos o tenidos en cuenta por la sociedad y sus autoridades.
Un punto destacable de este nuevo rol o función es la de aportar ideas en los grandes debates o discusiones sobre diversos problemas mundiales o locales. Al respecto, John Kay, columnista del prestigioso diario económico londinense Financial Times, señaló que “la buena empresa contribuye con ideas relevantes al diseño de políticas públicas”. Esto significa que realice aportaciones técnicas de valor que no solo incidan sobre los marcos regulatorios que atañen a sus actividades, sino que mejoren políticas y normas sobre asuntos laborales, sanitarios, ambientales, energéticos, económicos, educativos, etc.
De modo que la nueva empresa moderna, sin dejar de lado su importante contribución económica, responsabilidad social, protección medioambiental y cumplimiento estricto de las normativas, apunta a abordar o interesarse por temas como la pobreza, la reducción de brechas sociales, la reforma laboral, el combate a la informalidad, el cambio climático, la defensa de derechos humanos, el crecimiento económico sostenible, etc. Esto naturalmente va más allá de su mera preocupación por el aumento de la rentabilidad, productividad y competitividad, pues se siente parte de una gran agenda social.
Solo de esa manera la empresa minera moderna podrá integrarse efectivamente en la sociedad y no ser vista o considerada exclusivamente por su afán de lucro o maximizador de la ganancia para sus inversionistas. De lo que se trata es reposicionar a las empresas del sector a través de lo que Porter denomina “una estrategia económica integrada y una agenda que deben poner en acción”[1], lo que para el destacado profesor de la Escuela de Negocios de Harvard significa conformar “estructuras de coordinación” o simplemente, la formación de alianzas estratégicas con otros actores.
(*) César Reyna Ugarriza, economista y consultor en temas económicos y sociales. En la actualidad desarrolla un modelo de negociación intercultural para generar acuerdos entre comunidades, empresas mineras y Estado.
[1] Porter, Michael. The Role of the Business Community in Peru: Embracing Shared Value Practices to Create Prosperity for Peruvian Citizens. Perú Sustainability Symposium, Lima, Perú, 23 de Octubre de 2020.
¿Cuáles son los temas sobre los que hay que consensuar en Ecuador?
Por César Reyna Ugarriza (*)
Enero 24 de 2021.- La situación particular de la industria minera en Ecuador requiere generar consensos sobre cuatro temas que, creemos, son fundamentales y presentamos a continuación:
En primer lugar se debe construir consenso sobre las normas y procedimientos de consulta previa a pueblos indígenas y participación ciudadana, especialmente sobre la primera.
La razón de ello es que estas reglas deben gozar de suficiente legitimidad para que sean reconocidas por todas las partes, y eso solo se logra con el concurso, diálogo e inclusión de los grupos interesados en el diseño de las leyes y reglamentos que establecen la consulta.
Este proceso multiactor debe contar con la presencia de expertos en derechos de pueblos indígenas, asesores de los propios pueblos indígenas ecuatorianos, funcionarios de organismos internacionales como la OIT, académicos de universidades o centros de investigación, etc.
En segundo lugar, el consenso debe producirse sobre la fiscalización y supervisión administrativa de las actividades mineras, es decir, sobre los mecanismos y herramientas legales o de regulación de las instituciones encargadas de evaluar permisos, autorizar actividades y, eventualmente, sancionar las infracciones de los operadores mineros.
El fundamento es que la ciudadanía debe tener un conocimiento apropiado sobre cómo utilizar los procedimientos y ante qué instancias acudir. Ello debe complementarse con los mecanismos de quejas y reclamos habilitados por las empresas mineras, esto es, también debe construirse consenso y conocimiento sobre el empleo de los procedimientos que ofrecen respuestas sobre las prácticas de las empresas a la población interesada.
En tercer lugar, debe generarse consenso entre todos los actores, a saber, Estado, empresas y comunidades sobre el tipo de minería que se pretende desarrollar. Lo que se espera del sector es que ofrezca una minería moderna, transparente en la información, generadora de riqueza y oportunidades, y altamente responsable.
Esto implica que usará la mejor tecnología en sus procesos operativos para mitigar, controlar y eliminar impactos sociales y ambientales (reducción de huella de carbono, por ejemplo).
Además debe consensuarse la generación de beneficios tangibles para la población ubicada en las áreas de influencia. Esto puede materializarse mediante la generación empleos y oportunidades de negocio (creación de empresas comunales, por ejemplo), la adopción de acuerdos o convenios de beneficio mutuo que generen impactos socioeconómicos positivos que ayuden a reducir brechas sociales en salud, educación, infraestructura, capacidades productivas (capital humano), etc.
Finalmente, debe crearse consenso en torno a los mecanismos de compensación, reparación o indemnización a que hubiere lugar en caso de producirse u ocasionarse daños atribuidos a las empresas operadoras con respecto a la población local y el medioambiente.
De lo que se trata es de determinar, a través de la vía del diálogo y la negociación, cómo y de qué manera se remediarán eventuales perjuicios socioeconómicos y ambientales sobre campos de cultivo, tierras, bosques, paisajes, fuentes de agua, infraestructura pública, propiedad privada, etc.
Es de vital importancia discutir las formas en las que se investigarán, analizarán y repararán aquellos impactos producidos en el curso de las actividades mineras ya que ello generará mayor confianza en el sector.
(*) César Reyna Ugarriza, economista y consultor en temas económicos y sociales. En la actualidad desarrolla un modelo de negociación intercultural para generar acuerdos entre comunidades, empresas mineras y Estado.
Enero 24 de 2021.- La situación particular de la industria minera en Ecuador requiere generar consensos sobre cuatro temas que, creemos, son fundamentales y presentamos a continuación:
En primer lugar se debe construir consenso sobre las normas y procedimientos de consulta previa a pueblos indígenas y participación ciudadana, especialmente sobre la primera.
La razón de ello es que estas reglas deben gozar de suficiente legitimidad para que sean reconocidas por todas las partes, y eso solo se logra con el concurso, diálogo e inclusión de los grupos interesados en el diseño de las leyes y reglamentos que establecen la consulta.
Este proceso multiactor debe contar con la presencia de expertos en derechos de pueblos indígenas, asesores de los propios pueblos indígenas ecuatorianos, funcionarios de organismos internacionales como la OIT, académicos de universidades o centros de investigación, etc.
En segundo lugar, el consenso debe producirse sobre la fiscalización y supervisión administrativa de las actividades mineras, es decir, sobre los mecanismos y herramientas legales o de regulación de las instituciones encargadas de evaluar permisos, autorizar actividades y, eventualmente, sancionar las infracciones de los operadores mineros.
El fundamento es que la ciudadanía debe tener un conocimiento apropiado sobre cómo utilizar los procedimientos y ante qué instancias acudir. Ello debe complementarse con los mecanismos de quejas y reclamos habilitados por las empresas mineras, esto es, también debe construirse consenso y conocimiento sobre el empleo de los procedimientos que ofrecen respuestas sobre las prácticas de las empresas a la población interesada.
En tercer lugar, debe generarse consenso entre todos los actores, a saber, Estado, empresas y comunidades sobre el tipo de minería que se pretende desarrollar. Lo que se espera del sector es que ofrezca una minería moderna, transparente en la información, generadora de riqueza y oportunidades, y altamente responsable.
Esto implica que usará la mejor tecnología en sus procesos operativos para mitigar, controlar y eliminar impactos sociales y ambientales (reducción de huella de carbono, por ejemplo).
Además debe consensuarse la generación de beneficios tangibles para la población ubicada en las áreas de influencia. Esto puede materializarse mediante la generación empleos y oportunidades de negocio (creación de empresas comunales, por ejemplo), la adopción de acuerdos o convenios de beneficio mutuo que generen impactos socioeconómicos positivos que ayuden a reducir brechas sociales en salud, educación, infraestructura, capacidades productivas (capital humano), etc.
Finalmente, debe crearse consenso en torno a los mecanismos de compensación, reparación o indemnización a que hubiere lugar en caso de producirse u ocasionarse daños atribuidos a las empresas operadoras con respecto a la población local y el medioambiente.
De lo que se trata es de determinar, a través de la vía del diálogo y la negociación, cómo y de qué manera se remediarán eventuales perjuicios socioeconómicos y ambientales sobre campos de cultivo, tierras, bosques, paisajes, fuentes de agua, infraestructura pública, propiedad privada, etc.
Es de vital importancia discutir las formas en las que se investigarán, analizarán y repararán aquellos impactos producidos en el curso de las actividades mineras ya que ello generará mayor confianza en el sector.
(*) César Reyna Ugarriza, economista y consultor en temas económicos y sociales. En la actualidad desarrolla un modelo de negociación intercultural para generar acuerdos entre comunidades, empresas mineras y Estado.
La dificultad de construir consensos en el sector minero
Por César Reyna Ugarriza (*)
Enero 17 de 2020.- Por consenso debemos entender, siguiendo a Luis Oré, experto en negociaciones, al “(…) resultado de un proceso que busca decidir por unanimidad pero que resulta en una decisión tomada por una mayoría abrumadora, es decir un acuerdo abrumador, siempre y cuando, cada participante reconozca que durante el proceso se hizo el esfuerzo necesario para incluir las preocupaciones, inquietudes, opiniones y sugerencias de todos aquellos que estaban preocupados por lo que la mayoría abrumadora estaba considerando acordar”[1].
Lo que entendemos de la definición precedente es que se trata de un proceso de decisión que no solamente busca el acuerdo de la mayoría de participantes, sino que también pretende atenuar los cuestionamientos de la minoría para encontrar una decisión más satisfactoria. El objetivo principal de este proceso es analizar diversas alternativas de solución y seleccionar entre todas la mejor, la que pueda satisfacer las inquietudes e intereses expresados por todos los actores. De modo que la construcción de consensos implica la participación efectiva de la población en la toma de decisiones, es decir, la responsabilidad de producir la decisión de manera compartida con entre comunidad local, empresa minera y Estado.
El consenso no equivale a unanimidad, sino a una mayoría calificada o suficientemente amplia para alcanzar determinados acuerdos en torno a uno o varios temas. La construcción del consenso mismo es un proceso dentro del proceso (de diálogo), porque requiere generar confianza, establecer reglas de conducta y de procedimiento, comprender los intereses subyacentes, entender las preocupaciones de todas las partes y crear alternativas de solución de manera conjunta, lo que implica un complejo trabajo colaborativo que no suele presentarse en los casos donde se ha desarrollado la actividad minera.
La construcción de consensos ha sido desarrollada ampliamente por el Consensus Building Institute (CBI), cuyos elementos son los siguientes:
Este proceso demanda que las partes estén interesadas definir las cuestiones que los separan, esto es, que tengan voluntad o vocación de diálogo (posibilidades reales de acuerdo al menos en algunas cuestiones), lo cual no siempre es posible por una serie de factores (por ejemplo, una mala relación obstaculiza el inicio de un proceso semejante). Asimismo requiere que los principales interesados estén dispuestos a colaborar con el facilitador o mediador del proceso –tratándose de una negociación asistida (coordinador)- y con los demás, lo que tampoco es fácil ni recurrente porque debe haber suficiente confianza para poder cooperar con otros, ser transparente, flexible, actuar de buena fe, etc. Además, por si fuera poco, los facilitadores o mediadores deben ser percibidos como fuentes legítimas y de potencial utilidad en la resolución de los problemas, es decir, gozar de credibilidad y mostrar ciertos resultados en su gestión (las partes no deben creer que están perdiendo el tiempo). Por último, el proceso debe contar con recursos (financiación privada o pública) y logística apropiada, así como del tiempo necesario, información relevante, oportuna y suficiente y asistencia técnica -de ser necesaria- para dilucidar temas complejos.
Como podemos apreciar, construir consensos presenta muchos peros y requisitos que no pueden ir abordándose o cumpliéndose en el camino porque ralentizarían o socavarían la dinámica del mismo (del proceso). Estas cuestiones o consideraciones deben tratarse previamente, de lo contrario se dudara de su efectividad como mecanismo para generar ganancias conjuntas y satisfacción con el resultado. Creemos que no es posible lograr, como postula este enfoque, una gran comprensión compartida de los hechos, los problemas, los intereses y los valores subyacentes debido a las grandes diferencias presentadas en capacidades entre las partes. Dado que los grupos con los que se pretende trabajar se encuentran en desventaja –las comunidades indígenas- en materia de conocimientos, acceso y comprensión de información compleja (como suele serlo la de un EIA), hay que trabajar antes en su empoderamiento, vale decir, en el desarrollo de capacidades para que se encuentren en condiciones mínimas de manejar distintos tipos de información.
El propio trabajo colaborativo que exige además un grado de confianza y familiaridad con el otro (empresa y Estado) para que pueda prosperar. Esto implica la construcción de relaciones interculturales antes que la del propio consenso o acuerdo para poder lograr un nivel suficiente de colaboración entre todos los involucrados. Con esto queremos decir que las comunidades indígenas enfatizan mucho lo colectivo, colocando los intereses del grupo (intereses colectivos) por encima de las necesidades e intereses individuales. Al respecto, Jeanne M. Brett refiere que Latinoamérica es una región en la que el colectivismo resalta en mayor medida, afirmando que Norteamérica (exceptuando a México) y Europa Occidental tienen culturas más individualistas[3]. Además, dado que se trata de grupos poco confiados a abrirse con agentes extraños, cuesta mucho ganarse su confianza, de ahí que lo que primero haya que construir sea una relación de confianza, pero de carácter intercultural.
En ese sentido, es evidente que hay importantes cuestionamientos en torno a la efectividad de esta clase de mecanismo, sobre todo dadas las asimetrías de poder y capacidades entre las partes y la poca o nula transparencia y completitud de la información difundida en el sector extractivo. De modo que la posibilidad de que muchos ciudadanos participen en la toma de decisiones consensuadas se ve severamente afectada o limitada. Comprender integralmente la naturaleza de la actividad minera y sus impactos ambientales toma tiempo, en particular en materia de preparación de las fases previas al abordaje de los temas de fondo, pues se necesita el desarrollo de habilidades comunicativas, el manejo de mecanismos como el de la construcción de consensos y negociación, la comprensión de información técnica, entre otros.
Adicionalmente constatamos que las partes no se encuentran inclinadas a tomar decisiones por las disparidades manifiestas de poder. Esto último tiene que ver con el hecho de que no están acostumbradas a actuar juntas en un nivel alto de participación[4]. Por esa razón y otras, la toma de decisiones en conjunto de las partes interesadas presenta grandes obstáculos. Forjar una asociación más fuerte con anterioridad sería clave para poder llevar a cabo o impulsar la construcción del consenso. Este precisa de lograr objetivos como confianza y desarrollo de competencias y habilidades antes de trabajar de lleno sobre el diseño de las reglas del proceso, el análisis de la información, la creación de alternativas de solución y valor, y la propia generación o formación del consenso.
Siendo la finalidad del proceso de construcción de consensos el acuerdo final o resultante, y no la construcción de una relación con las comunidades locales, se pasa por alto un elemento muy importante, el de la creación de relaciones interculturales que sustenten el proceso y los acuerdos adoptados con estos grupos. Los acuerdos, cabe señalar, solo serán sustentables, efectivos y duraderos si –previamente- se ha creado una relación con estos.
Finalmente, en el Ecuador como en el resto de Latinoamérica, las culturas –de las comunidades locales- están orientadas hacia la relación, esto significa que se requiere mucho conocimiento previo, diálogo e intercambio sustantivo -formal e informal- antes de abordar el contenido o agenda de una negociación o proceso de construcción de consenso.
(*) César Reyna Ugarriza, economista y consultor en temas económicos y sociales. En la actualidad desarrolla un modelo de negociación intercultural para generar acuerdos entre comunidades, empresas mineras y Estado.
[1] Ore, Luis, Gestión de Riesgo en Proyectos de Inversión Facilitación Estratégica de Consulta, Consenso y Licencia Social. P. 4.
[2] http://consensusdecisionmaking.org/Articles/Why%20Bother%20with%20Consensus%20Building.pdf
[3] Negotiating Globally: How to Negotiate Deals, Resolve Disputes, and Make Decisions Across Cultural Boundaries. Second Edition. Jeanne M. Brett. P. 33.
[4] En la región las decisiones suelen imponerse de arriba-abajo por parte del poder político en lugar de construirse de manera horizontal con la ciudadanía, ello revela que no existe una cultura del diálogo arraigada, de ahí los constantes fracasos en procesos que involucran a múltiples partes interesadas. Este déficit se traslada en el terreno de la búsqueda de consenso con poblaciones ubicadas en zonas donde se desarrolla la minería.
Enero 17 de 2020.- Por consenso debemos entender, siguiendo a Luis Oré, experto en negociaciones, al “(…) resultado de un proceso que busca decidir por unanimidad pero que resulta en una decisión tomada por una mayoría abrumadora, es decir un acuerdo abrumador, siempre y cuando, cada participante reconozca que durante el proceso se hizo el esfuerzo necesario para incluir las preocupaciones, inquietudes, opiniones y sugerencias de todos aquellos que estaban preocupados por lo que la mayoría abrumadora estaba considerando acordar”[1].
Lo que entendemos de la definición precedente es que se trata de un proceso de decisión que no solamente busca el acuerdo de la mayoría de participantes, sino que también pretende atenuar los cuestionamientos de la minoría para encontrar una decisión más satisfactoria. El objetivo principal de este proceso es analizar diversas alternativas de solución y seleccionar entre todas la mejor, la que pueda satisfacer las inquietudes e intereses expresados por todos los actores. De modo que la construcción de consensos implica la participación efectiva de la población en la toma de decisiones, es decir, la responsabilidad de producir la decisión de manera compartida con entre comunidad local, empresa minera y Estado.
El consenso no equivale a unanimidad, sino a una mayoría calificada o suficientemente amplia para alcanzar determinados acuerdos en torno a uno o varios temas. La construcción del consenso mismo es un proceso dentro del proceso (de diálogo), porque requiere generar confianza, establecer reglas de conducta y de procedimiento, comprender los intereses subyacentes, entender las preocupaciones de todas las partes y crear alternativas de solución de manera conjunta, lo que implica un complejo trabajo colaborativo que no suele presentarse en los casos donde se ha desarrollado la actividad minera.
La construcción de consensos ha sido desarrollada ampliamente por el Consensus Building Institute (CBI), cuyos elementos son los siguientes:
- “Incorporar actores adicionales en el proceso, los que pueden aportar nueva información o diferente a la presentada, así como nuevas perspectivas (sobre el conflicto y el o los problemas de fondo);
- Crear reglas básicas para el diálogo que hacen posible que las partes para que entiendan unos y otros intereses;
- Identificar áreas en las que los datos técnicos son contradictorios, ambiguos o sujetos a diferentes interpretaciones;
- Respaldar la “búsqueda de datos conjuntos” para ayudar a mover las deliberaciones más allá de los reclamos y demandas posicionales y establecer supuestos compartidos o líneas de base alrededor de los hallazgos anteriores de los riesgos e incertidumbres actuales o futuras;
- Fomentar de la invención de nuevas ideas y opciones que satisfagan los intereses más sustanciales de las opciones que existen entonces”[2].
Este proceso demanda que las partes estén interesadas definir las cuestiones que los separan, esto es, que tengan voluntad o vocación de diálogo (posibilidades reales de acuerdo al menos en algunas cuestiones), lo cual no siempre es posible por una serie de factores (por ejemplo, una mala relación obstaculiza el inicio de un proceso semejante). Asimismo requiere que los principales interesados estén dispuestos a colaborar con el facilitador o mediador del proceso –tratándose de una negociación asistida (coordinador)- y con los demás, lo que tampoco es fácil ni recurrente porque debe haber suficiente confianza para poder cooperar con otros, ser transparente, flexible, actuar de buena fe, etc. Además, por si fuera poco, los facilitadores o mediadores deben ser percibidos como fuentes legítimas y de potencial utilidad en la resolución de los problemas, es decir, gozar de credibilidad y mostrar ciertos resultados en su gestión (las partes no deben creer que están perdiendo el tiempo). Por último, el proceso debe contar con recursos (financiación privada o pública) y logística apropiada, así como del tiempo necesario, información relevante, oportuna y suficiente y asistencia técnica -de ser necesaria- para dilucidar temas complejos.
Como podemos apreciar, construir consensos presenta muchos peros y requisitos que no pueden ir abordándose o cumpliéndose en el camino porque ralentizarían o socavarían la dinámica del mismo (del proceso). Estas cuestiones o consideraciones deben tratarse previamente, de lo contrario se dudara de su efectividad como mecanismo para generar ganancias conjuntas y satisfacción con el resultado. Creemos que no es posible lograr, como postula este enfoque, una gran comprensión compartida de los hechos, los problemas, los intereses y los valores subyacentes debido a las grandes diferencias presentadas en capacidades entre las partes. Dado que los grupos con los que se pretende trabajar se encuentran en desventaja –las comunidades indígenas- en materia de conocimientos, acceso y comprensión de información compleja (como suele serlo la de un EIA), hay que trabajar antes en su empoderamiento, vale decir, en el desarrollo de capacidades para que se encuentren en condiciones mínimas de manejar distintos tipos de información.
El propio trabajo colaborativo que exige además un grado de confianza y familiaridad con el otro (empresa y Estado) para que pueda prosperar. Esto implica la construcción de relaciones interculturales antes que la del propio consenso o acuerdo para poder lograr un nivel suficiente de colaboración entre todos los involucrados. Con esto queremos decir que las comunidades indígenas enfatizan mucho lo colectivo, colocando los intereses del grupo (intereses colectivos) por encima de las necesidades e intereses individuales. Al respecto, Jeanne M. Brett refiere que Latinoamérica es una región en la que el colectivismo resalta en mayor medida, afirmando que Norteamérica (exceptuando a México) y Europa Occidental tienen culturas más individualistas[3]. Además, dado que se trata de grupos poco confiados a abrirse con agentes extraños, cuesta mucho ganarse su confianza, de ahí que lo que primero haya que construir sea una relación de confianza, pero de carácter intercultural.
En ese sentido, es evidente que hay importantes cuestionamientos en torno a la efectividad de esta clase de mecanismo, sobre todo dadas las asimetrías de poder y capacidades entre las partes y la poca o nula transparencia y completitud de la información difundida en el sector extractivo. De modo que la posibilidad de que muchos ciudadanos participen en la toma de decisiones consensuadas se ve severamente afectada o limitada. Comprender integralmente la naturaleza de la actividad minera y sus impactos ambientales toma tiempo, en particular en materia de preparación de las fases previas al abordaje de los temas de fondo, pues se necesita el desarrollo de habilidades comunicativas, el manejo de mecanismos como el de la construcción de consensos y negociación, la comprensión de información técnica, entre otros.
Adicionalmente constatamos que las partes no se encuentran inclinadas a tomar decisiones por las disparidades manifiestas de poder. Esto último tiene que ver con el hecho de que no están acostumbradas a actuar juntas en un nivel alto de participación[4]. Por esa razón y otras, la toma de decisiones en conjunto de las partes interesadas presenta grandes obstáculos. Forjar una asociación más fuerte con anterioridad sería clave para poder llevar a cabo o impulsar la construcción del consenso. Este precisa de lograr objetivos como confianza y desarrollo de competencias y habilidades antes de trabajar de lleno sobre el diseño de las reglas del proceso, el análisis de la información, la creación de alternativas de solución y valor, y la propia generación o formación del consenso.
Siendo la finalidad del proceso de construcción de consensos el acuerdo final o resultante, y no la construcción de una relación con las comunidades locales, se pasa por alto un elemento muy importante, el de la creación de relaciones interculturales que sustenten el proceso y los acuerdos adoptados con estos grupos. Los acuerdos, cabe señalar, solo serán sustentables, efectivos y duraderos si –previamente- se ha creado una relación con estos.
Finalmente, en el Ecuador como en el resto de Latinoamérica, las culturas –de las comunidades locales- están orientadas hacia la relación, esto significa que se requiere mucho conocimiento previo, diálogo e intercambio sustantivo -formal e informal- antes de abordar el contenido o agenda de una negociación o proceso de construcción de consenso.
(*) César Reyna Ugarriza, economista y consultor en temas económicos y sociales. En la actualidad desarrolla un modelo de negociación intercultural para generar acuerdos entre comunidades, empresas mineras y Estado.
[1] Ore, Luis, Gestión de Riesgo en Proyectos de Inversión Facilitación Estratégica de Consulta, Consenso y Licencia Social. P. 4.
[2] http://consensusdecisionmaking.org/Articles/Why%20Bother%20with%20Consensus%20Building.pdf
[3] Negotiating Globally: How to Negotiate Deals, Resolve Disputes, and Make Decisions Across Cultural Boundaries. Second Edition. Jeanne M. Brett. P. 33.
[4] En la región las decisiones suelen imponerse de arriba-abajo por parte del poder político en lugar de construirse de manera horizontal con la ciudadanía, ello revela que no existe una cultura del diálogo arraigada, de ahí los constantes fracasos en procesos que involucran a múltiples partes interesadas. Este déficit se traslada en el terreno de la búsqueda de consenso con poblaciones ubicadas en zonas donde se desarrolla la minería.
Rechazamos agresiones a periodistas que cubren temas mineros
Diciembre 14 de 2020.- Vía Minera rechaza los maltratos que vienen sufriendo los periodistas Franklin Soria y Marco Ochoa, de Prensa Minera y Radio Limón, respectivamente, que en los últimos días han sido agredidos por quienes quisieran evitar que se difundan una serie de hechos que rodean a la actividad minera en el país.
Vía Minera también ha sido blanco de los ataques de quienes se creen con poder para amenazar o amedrentar. Son pocos, es cierto, pero exaltados.
Por tratar de ser independientes, nos amenazan los antimineros y los promineros. Sin embargo, lo que nos han hecho no es tanto como lo vivido por Franklin o las amenazas e injurias a Marco.
Franklin Soria, de Prensa Minera, es con seguridad el primer periodista que empezó a abordar de manera sistemática el tema minero. Es conocido por sus reportajes sobre la minería ilegal (término que no usamos en Vía Minera, pues preferimos llamarla no regulada o de cualquier otra forma). Es una persona valiente que ha llamado a las cosas por su nombre y apellido y también, como ciudadano, ha polemizado con quienes se oponen a las actividades mineras.
Esta semana, mientras realizaba la cobertura de un plantón para presionar a la Fiscalía de Urcuquí para que no proceda con las sanciones en contra de varios dirigentes acusados de ejercer la minería ilegal, fue insultado y agredido físicamente, a tal punto que, de acuerdo a las pericias, le causaron múltiples escoriaciones en el rostro y cuello, según reportó diario El Comercio.
Marco Ochoa es un héroe civil en las filas del periodismo. No es sólo un hombre de radio sino un defensor de los defensores del derecho de las comunidades a buscar un camino que les permita salir de la pobreza y alcanzar los beneficios de algún progreso. Desde hace muchos años, no es de ahora, que se le puede ver en la primera línea del conflicto que atraviesa a nuestra población indígena. Por su compromiso con la verdad ha sido acusado en varias oportunidades de terrorismo.
Marco ha convertido el programa que tiene en Radio Limón en un espacio para el debate entre las diversas concepciones que tratan de encontrar la salida a los problemas del pueblo shuar y ser reflexivo y tolerante es su pecado. La semana pasada le apartaron con una cámara filmadora y esta semana le dijeron de todo por tener como invitado en su programa vespertino al vicepresidente de Solaris Resources.
La presencia de Federico Velasquez, directivo de Solaris, merece un comentario especial porque se trata de un alto ejecutivo, el único en los últimos años, que ha despachado desde el territorio, que no le rehúye a la polémica cara a cara y ha impulsado la Alianza Estratégica, una instancia de decisiones de las actividades exploratorias en las que representantes de las comunidades shuar Warints y Yawi tienen asientos con voz y voto y comparten información de primera mano con los resultados de las pruebas a los pozos que se están perforando en el proyecto Warintza.
Vía Minera también ha sido blanco de los ataques de quienes se creen con poder para amenazar o amedrentar. Son pocos, es cierto, pero exaltados.
Por tratar de ser independientes, nos amenazan los antimineros y los promineros. Sin embargo, lo que nos han hecho no es tanto como lo vivido por Franklin o las amenazas e injurias a Marco.
Franklin Soria, de Prensa Minera, es con seguridad el primer periodista que empezó a abordar de manera sistemática el tema minero. Es conocido por sus reportajes sobre la minería ilegal (término que no usamos en Vía Minera, pues preferimos llamarla no regulada o de cualquier otra forma). Es una persona valiente que ha llamado a las cosas por su nombre y apellido y también, como ciudadano, ha polemizado con quienes se oponen a las actividades mineras.
Esta semana, mientras realizaba la cobertura de un plantón para presionar a la Fiscalía de Urcuquí para que no proceda con las sanciones en contra de varios dirigentes acusados de ejercer la minería ilegal, fue insultado y agredido físicamente, a tal punto que, de acuerdo a las pericias, le causaron múltiples escoriaciones en el rostro y cuello, según reportó diario El Comercio.
Marco Ochoa es un héroe civil en las filas del periodismo. No es sólo un hombre de radio sino un defensor de los defensores del derecho de las comunidades a buscar un camino que les permita salir de la pobreza y alcanzar los beneficios de algún progreso. Desde hace muchos años, no es de ahora, que se le puede ver en la primera línea del conflicto que atraviesa a nuestra población indígena. Por su compromiso con la verdad ha sido acusado en varias oportunidades de terrorismo.
Marco ha convertido el programa que tiene en Radio Limón en un espacio para el debate entre las diversas concepciones que tratan de encontrar la salida a los problemas del pueblo shuar y ser reflexivo y tolerante es su pecado. La semana pasada le apartaron con una cámara filmadora y esta semana le dijeron de todo por tener como invitado en su programa vespertino al vicepresidente de Solaris Resources.
La presencia de Federico Velasquez, directivo de Solaris, merece un comentario especial porque se trata de un alto ejecutivo, el único en los últimos años, que ha despachado desde el territorio, que no le rehúye a la polémica cara a cara y ha impulsado la Alianza Estratégica, una instancia de decisiones de las actividades exploratorias en las que representantes de las comunidades shuar Warints y Yawi tienen asientos con voz y voto y comparten información de primera mano con los resultados de las pruebas a los pozos que se están perforando en el proyecto Warintza.
Un nuevo relacionamiento para la estabilidad de las inversiones mineras en Ecuador
Escribe: César Reyna (*)
Noviembre 22 de 2020.- Dada la compleja problemática que atraviesa la minería ecuatoriana -de indudable potencial geológico y económico- y que contribuiría mucho más al crecimiento del Ecuador si pudiera ejecutar los proyectos actuales y en cartera con mayor estabilidad social, planteamos, desde nuestra experiencia en conflictos sociales y negociación, algunas ideas que podrían contribuir a la generación de relaciones estables, acuerdos sostenibles y proyectos de inversión viables desde lo social, económico y ambiental.
Lo que proponemos es un nuevo tipo de relacionamiento entre los actores que intervienen en el desarrollo de proyectos extractivos: Estado, empresa minera y comunidad debido a que la imagen del sector todavía presenta un déficit de credibilidad al enfrentar denuncias por temas ambientales, sociales y derechos humanos, y que, justificadas o no, dificultan el progreso de la industria en el país sudamericano.
Nuestra propuesta se centra en la reconfiguración de la relación entre empresa y comunidad, toda vez que la construcción de una buena relación constituye el mejor mecanismo para prevenir conflictos sociales, encontrar soluciones óptimas y generar acuerdos perdurables. Los conflictos, a saber, son estados de la relación o puntos de inflexión, de modo que todo conflicto tiene siempre un origen relacional, esto es, su causa se encuentra en la dinámica de las interacciones entre los actores.
En ese sentido, creemos que las relaciones en el sector se forman en base a tres elementos esenciales: confianza, interdependencia y valores comunes. i) la confianza se logra con buena fe, apertura, ponerse en la posición del otro, etc; ii) la interdependencia implica que los actores dependan uno del otro y se conviertan en socios estratégicos; iii) los valores, finalmente, surgen del conocimiento mutuo y libre intercambio (se producirá a la larga una fusión de valores que mejorará la relación).
Los ejes de este modelo, que llamamos Negociación Integrativa Transformadora e Intercultural (NITI) comprende: a) el empoderamiento de la contraparte (desarrollo de capacidades en la comunidad para generar capital humano); b) atención de intereses, necesidades, cosmovisión y valores; c) énfasis en la relación, esto es, la construcción, conservación y perfeccionamiento de la relación intercultural para propiciar acuerdos y mantener la licencia social; d) trabajo colaborativo para celebrar acuerdos y resolver controversias y; e) creación de instituciones para hacer funcionar el acuerdo y materializar la relación (mediante mecanismos para el seguimiento de compromisos y resolución de controversias).
(*) César Reyna Ugarriza, consultor y economista peruano. Apuesta por una relación equilibrada entre el Estado, las empresas mineras y los propietarios de la tierra, es decir, todos los ecuatorianos. Correo: [email protected]
Referencia: Teoría del Relacionamiento Intercultural, disponible en: https://cesarreyna78.medium.com/teor%C3%ADa-del-relacionamiento-intercultural-y-su-aplicaci%C3%B3n-en-el-procedimiento-de-consulta-previa-aff153aefa4dz
Noviembre 22 de 2020.- Dada la compleja problemática que atraviesa la minería ecuatoriana -de indudable potencial geológico y económico- y que contribuiría mucho más al crecimiento del Ecuador si pudiera ejecutar los proyectos actuales y en cartera con mayor estabilidad social, planteamos, desde nuestra experiencia en conflictos sociales y negociación, algunas ideas que podrían contribuir a la generación de relaciones estables, acuerdos sostenibles y proyectos de inversión viables desde lo social, económico y ambiental.
Lo que proponemos es un nuevo tipo de relacionamiento entre los actores que intervienen en el desarrollo de proyectos extractivos: Estado, empresa minera y comunidad debido a que la imagen del sector todavía presenta un déficit de credibilidad al enfrentar denuncias por temas ambientales, sociales y derechos humanos, y que, justificadas o no, dificultan el progreso de la industria en el país sudamericano.
Nuestra propuesta se centra en la reconfiguración de la relación entre empresa y comunidad, toda vez que la construcción de una buena relación constituye el mejor mecanismo para prevenir conflictos sociales, encontrar soluciones óptimas y generar acuerdos perdurables. Los conflictos, a saber, son estados de la relación o puntos de inflexión, de modo que todo conflicto tiene siempre un origen relacional, esto es, su causa se encuentra en la dinámica de las interacciones entre los actores.
En ese sentido, creemos que las relaciones en el sector se forman en base a tres elementos esenciales: confianza, interdependencia y valores comunes. i) la confianza se logra con buena fe, apertura, ponerse en la posición del otro, etc; ii) la interdependencia implica que los actores dependan uno del otro y se conviertan en socios estratégicos; iii) los valores, finalmente, surgen del conocimiento mutuo y libre intercambio (se producirá a la larga una fusión de valores que mejorará la relación).
Los ejes de este modelo, que llamamos Negociación Integrativa Transformadora e Intercultural (NITI) comprende: a) el empoderamiento de la contraparte (desarrollo de capacidades en la comunidad para generar capital humano); b) atención de intereses, necesidades, cosmovisión y valores; c) énfasis en la relación, esto es, la construcción, conservación y perfeccionamiento de la relación intercultural para propiciar acuerdos y mantener la licencia social; d) trabajo colaborativo para celebrar acuerdos y resolver controversias y; e) creación de instituciones para hacer funcionar el acuerdo y materializar la relación (mediante mecanismos para el seguimiento de compromisos y resolución de controversias).
(*) César Reyna Ugarriza, consultor y economista peruano. Apuesta por una relación equilibrada entre el Estado, las empresas mineras y los propietarios de la tierra, es decir, todos los ecuatorianos. Correo: [email protected]
Referencia: Teoría del Relacionamiento Intercultural, disponible en: https://cesarreyna78.medium.com/teor%C3%ADa-del-relacionamiento-intercultural-y-su-aplicaci%C3%B3n-en-el-procedimiento-de-consulta-previa-aff153aefa4dz
Expominas Virtual se extiende hasta el 25 de noviembre
Noviembre 22 de 2020.- La Expominas Virtual 2020 abrió sus puertas por una semana y, debido al interés que despertó en el sector, debió extenderse por cinco días más para que los interesados puedan continuar visitando los stands y accediendo a las conferencias magistrales y a las charlas técnicas que se ofrecieron durante el evento.
Expominas Virtual 2020 recibió a empresarios, funcionarios, académicos y todo tipo de público, nacional y extranjero, deseosos de conocer cómo se gestionan los grandes desafíos que tiene la minería en Ecuador y el mundo.
El evento, que es un anticipo de lo que será la Expominas 2021, fue además una excelente oportunidad para obtener información de primera mano sobre el potencial minero del país, presentado por las dos compañías que tienen a su cargo la explotación de Mirador y Fruta del Norte. Un representante de Enami también tuvo a su cargo una exposición sobre el tema.
En Expominas participaron expositores locales e internacionales que disertaron sobre las grandes tendencias de la minería ecuatoriana, sobre todo en lo relacionado con los asuntos de financiamiento, relacionamiento con las comunidades, manejo de temas críticos y tecnología de punta.
Otros temas que recién se están posicionando en el imaginario del sector, como el de la minería verde y el due dilligence para operaciones de compra venta o de asociación, también fueron expuestos.
La reunión organizada por Hassan Becdach fue una nueva oportunidad para estrechar lazos comerciales entre los participantes.
Hablan los expositores:
Walter Spurrier: El plan va a ser un regalo para el próximo gobierno
Para el economista Walter Spurrier, el plan nacional de desarrollo minero es un manual de más de 200 páginas sobre lo que se debe hacer y revela que estamos en una etapa muy incipiente.
Trae también un informe detallado de los cambios que tienen que hacerse en minería.
Una de sus ideas centrales fue que en la lógica del plan, es necesario de que exista una masa crítica para sacar adelante la minería y, en las actuales condiciones, esa “masa crítica” es algo que no existe. Puso como ejemplo de esta situación lo que está pasando con el catastro minero.
Al respecto, dijo el economista, el plan menciona que es necesario el catastro minero, pero lo que ocurre en la realidad es que el catastro está parado hace años.
El sector minero avanza, se detiene y se vuelve a levantar… Hay un grupo de empresas que estaba avanzada cuando vino el mandato minero y son las empresas que empiezan a producir y exportar. Y no tenemos otras que estén a punto de exportar, afirmó.
“El plan hace proyecciones a partir de los proyectos avanzados, pero resulta que para que el país salga adelante no son suficientes tres o cuatro minas sino mucho más… Hay que abrir la minería a empresas de primer orden que se encuentran a la espera de que se abra el catastro minero”, sentenció.
Carlos Cante, ex viceministro de Minas de Colombia
Señaló que muchas veces en la práctica, las comunidades y los empresarios mineros no tienen la misma impresión del impacto que están teniendo las actividades en su territorio. “Nosotros llegamos al territorio creyendo positivamente que estamos llevando el desarrollo, mientras las comunidades se están diciendo en qué momento me preguntaron si yo quería que vengan a traerme desarrollo”, explicó.
Dijo que los miembros de las comunidades generalmente están pensando de una manera diferente y que la nueva responsabilidad social minera tiene que ser partícipe de esos intereses que no siempre están siendo vistos por el sector.
“Eso que llamamos desarrollo y tiene expresiones como el aumento del empleo, la mayor educación, mejor calidad de vida, pago de impuestos, etc., quizás no son la expectativa de la gente que seguramente está pensando en tradición, en buen vivir, en cultura…”, comentó.
Federico Velásquez, de Solaris Resources
En un momento de su intervención se refirió a la importancia de respetar la identidad cultural de los pueblos amazónicos y señaló que así como toma en cuenta la soberanía del Estado ecuatoriano, su empresa también reconoce el respeto que las comunidades shuar se merecen al ser posesionarios de los territorios que ocupan.
Señaló que una expresión del respeto a las comunidades es entender que es necesario que ellas participen en todas las etapas del proyecto.
El nuevo enfoque consiste en reconocer que las comunidades nativas deben tener una participación activa pues ya no se puede pensar en que es posible llegar a una zona y hacer operaciones sin su involucramiento. “Es arcaico pensar que se puede explotar el mineral sin tener a la comunidad como un socio de la actividad”, manifestó.
Detalló también los objetivos de la Alianza Estratégica formada por las comunidades shuar con la empresa minera. Al respecto, dijo que se propone el reconocimiento de tratarse como iguales, que el proyecto es de Lowell pero que no puede llevarse adelante sin las comunidades y que tiene como objetivo conocer el potencial geológico de la zona y compartir el conocimiento con las comunidades para que ellos sepan cuál es el beneficio futuro.
Gustavo Delgado, gerente de ISG & RAM para Ecuador y Colombia
En su exposición se refirió al desafío actual de la industria minera de cara a las inversiones necesarias en los sistemas de embarque y presentó dos casos de estudio: el de los terminales de Antofagasta, incluido el Acuerdo de Producción Limpia y el del proyecto bi modal para exportación de concentrado de cobre de Las Bambas, operada por MMG; por el puerto de Matarani, en el sur de Perú. Ambos terminales, el de Antofagasta y el de Matarani, utilizan el sistema de contenerización de graneles de ISG & RAM.
Delgado puso énfasis en la actual dinámica de costos mineros versus precios de los metales para la ejecución de una acertada gestión minera de los proyectos. En su opinión, la selección del sistema de embarque por parte de la minera constituirá sin duda una decisión muy importante para el presente y futuro del proyecto y su éxito implícito.
Dijo también que el APL- Acuerdo de Producción Limpia- constituye un claro ejemplo de convergencia de las visiones públicas y privadas para dar sustentabilidad social-ambiental y económica al entorno.
Respecto de la exportación de Las Bambas por el Puerto Matarani, mostró cómo los contenedores de Intermodal Solutions Group fueron claves para superar desafíos logísticos como pasar por sitios sensibles como la ciudad de Cuzco, declarada Patrimonio de la Humanidad, cruzar desde el tramo de la carretera hasta el tramo del ferrocarril, y la falta total de instalaciones de almacenamiento en el puerto; todo en un ambiente de aplicación de las mejores prácticas en materia logística minera ambiental.
Alfredo Jurado, de Yilport
Se refirió a los planes de desarrollo que se están implementando en Puerto Bolívar, tomando en cuenta el potencial minero de la zona sur del país. Dijo que uno de los objetivos de su empresa es convertirlo en el terminal multipropósito más importante de Ecuador y uno de los más importantes de esta parte del continente.
“Queremos estar presente de manera activa en la minería y por ello seguimos de cerca cada proyecto de desarrollo minero del sur”, relató
Después de presentar un resumen de las exportaciones a granel de cobre, recordó que este año se proyectan exportar 152 170 tn de cobre, de las cuales 130 mil han salido por Puerto Bolívar.
De acuerdo con la planificación realizada, la primera fase de la exportación de concentrados debió ocurrir, tal como ha sido, en los denominados big bag. Una segunda fase es la exportación de los big bag en contenedores. La tercera fase, que debe hacerse realidad a mediados del próximo año, es la exportación de concentrados en contenedores revolventes, que dan un giro de 360 grados dejando caer el producto y activando aspersores de agua que evitan la salida de polvo.
La fase 4, explicó, es una modalidad de carga muy conocida en el mundo que resulta viable cuando hay volúmenes superiores al millón de toneladas al año. En el caso de los minerales, agregó, Yilport ha optado por una solución más amigable con el medio ambiente y utilizará los rotainers pues ofrecen mayor seguridad.
Expominas Virtual 2020 recibió a empresarios, funcionarios, académicos y todo tipo de público, nacional y extranjero, deseosos de conocer cómo se gestionan los grandes desafíos que tiene la minería en Ecuador y el mundo.
El evento, que es un anticipo de lo que será la Expominas 2021, fue además una excelente oportunidad para obtener información de primera mano sobre el potencial minero del país, presentado por las dos compañías que tienen a su cargo la explotación de Mirador y Fruta del Norte. Un representante de Enami también tuvo a su cargo una exposición sobre el tema.
En Expominas participaron expositores locales e internacionales que disertaron sobre las grandes tendencias de la minería ecuatoriana, sobre todo en lo relacionado con los asuntos de financiamiento, relacionamiento con las comunidades, manejo de temas críticos y tecnología de punta.
Otros temas que recién se están posicionando en el imaginario del sector, como el de la minería verde y el due dilligence para operaciones de compra venta o de asociación, también fueron expuestos.
La reunión organizada por Hassan Becdach fue una nueva oportunidad para estrechar lazos comerciales entre los participantes.
Hablan los expositores:
Walter Spurrier: El plan va a ser un regalo para el próximo gobierno
Para el economista Walter Spurrier, el plan nacional de desarrollo minero es un manual de más de 200 páginas sobre lo que se debe hacer y revela que estamos en una etapa muy incipiente.
Trae también un informe detallado de los cambios que tienen que hacerse en minería.
Una de sus ideas centrales fue que en la lógica del plan, es necesario de que exista una masa crítica para sacar adelante la minería y, en las actuales condiciones, esa “masa crítica” es algo que no existe. Puso como ejemplo de esta situación lo que está pasando con el catastro minero.
Al respecto, dijo el economista, el plan menciona que es necesario el catastro minero, pero lo que ocurre en la realidad es que el catastro está parado hace años.
El sector minero avanza, se detiene y se vuelve a levantar… Hay un grupo de empresas que estaba avanzada cuando vino el mandato minero y son las empresas que empiezan a producir y exportar. Y no tenemos otras que estén a punto de exportar, afirmó.
“El plan hace proyecciones a partir de los proyectos avanzados, pero resulta que para que el país salga adelante no son suficientes tres o cuatro minas sino mucho más… Hay que abrir la minería a empresas de primer orden que se encuentran a la espera de que se abra el catastro minero”, sentenció.
Carlos Cante, ex viceministro de Minas de Colombia
Señaló que muchas veces en la práctica, las comunidades y los empresarios mineros no tienen la misma impresión del impacto que están teniendo las actividades en su territorio. “Nosotros llegamos al territorio creyendo positivamente que estamos llevando el desarrollo, mientras las comunidades se están diciendo en qué momento me preguntaron si yo quería que vengan a traerme desarrollo”, explicó.
Dijo que los miembros de las comunidades generalmente están pensando de una manera diferente y que la nueva responsabilidad social minera tiene que ser partícipe de esos intereses que no siempre están siendo vistos por el sector.
“Eso que llamamos desarrollo y tiene expresiones como el aumento del empleo, la mayor educación, mejor calidad de vida, pago de impuestos, etc., quizás no son la expectativa de la gente que seguramente está pensando en tradición, en buen vivir, en cultura…”, comentó.
Federico Velásquez, de Solaris Resources
En un momento de su intervención se refirió a la importancia de respetar la identidad cultural de los pueblos amazónicos y señaló que así como toma en cuenta la soberanía del Estado ecuatoriano, su empresa también reconoce el respeto que las comunidades shuar se merecen al ser posesionarios de los territorios que ocupan.
Señaló que una expresión del respeto a las comunidades es entender que es necesario que ellas participen en todas las etapas del proyecto.
El nuevo enfoque consiste en reconocer que las comunidades nativas deben tener una participación activa pues ya no se puede pensar en que es posible llegar a una zona y hacer operaciones sin su involucramiento. “Es arcaico pensar que se puede explotar el mineral sin tener a la comunidad como un socio de la actividad”, manifestó.
Detalló también los objetivos de la Alianza Estratégica formada por las comunidades shuar con la empresa minera. Al respecto, dijo que se propone el reconocimiento de tratarse como iguales, que el proyecto es de Lowell pero que no puede llevarse adelante sin las comunidades y que tiene como objetivo conocer el potencial geológico de la zona y compartir el conocimiento con las comunidades para que ellos sepan cuál es el beneficio futuro.
Gustavo Delgado, gerente de ISG & RAM para Ecuador y Colombia
En su exposición se refirió al desafío actual de la industria minera de cara a las inversiones necesarias en los sistemas de embarque y presentó dos casos de estudio: el de los terminales de Antofagasta, incluido el Acuerdo de Producción Limpia y el del proyecto bi modal para exportación de concentrado de cobre de Las Bambas, operada por MMG; por el puerto de Matarani, en el sur de Perú. Ambos terminales, el de Antofagasta y el de Matarani, utilizan el sistema de contenerización de graneles de ISG & RAM.
Delgado puso énfasis en la actual dinámica de costos mineros versus precios de los metales para la ejecución de una acertada gestión minera de los proyectos. En su opinión, la selección del sistema de embarque por parte de la minera constituirá sin duda una decisión muy importante para el presente y futuro del proyecto y su éxito implícito.
Dijo también que el APL- Acuerdo de Producción Limpia- constituye un claro ejemplo de convergencia de las visiones públicas y privadas para dar sustentabilidad social-ambiental y económica al entorno.
Respecto de la exportación de Las Bambas por el Puerto Matarani, mostró cómo los contenedores de Intermodal Solutions Group fueron claves para superar desafíos logísticos como pasar por sitios sensibles como la ciudad de Cuzco, declarada Patrimonio de la Humanidad, cruzar desde el tramo de la carretera hasta el tramo del ferrocarril, y la falta total de instalaciones de almacenamiento en el puerto; todo en un ambiente de aplicación de las mejores prácticas en materia logística minera ambiental.
Alfredo Jurado, de Yilport
Se refirió a los planes de desarrollo que se están implementando en Puerto Bolívar, tomando en cuenta el potencial minero de la zona sur del país. Dijo que uno de los objetivos de su empresa es convertirlo en el terminal multipropósito más importante de Ecuador y uno de los más importantes de esta parte del continente.
“Queremos estar presente de manera activa en la minería y por ello seguimos de cerca cada proyecto de desarrollo minero del sur”, relató
Después de presentar un resumen de las exportaciones a granel de cobre, recordó que este año se proyectan exportar 152 170 tn de cobre, de las cuales 130 mil han salido por Puerto Bolívar.
De acuerdo con la planificación realizada, la primera fase de la exportación de concentrados debió ocurrir, tal como ha sido, en los denominados big bag. Una segunda fase es la exportación de los big bag en contenedores. La tercera fase, que debe hacerse realidad a mediados del próximo año, es la exportación de concentrados en contenedores revolventes, que dan un giro de 360 grados dejando caer el producto y activando aspersores de agua que evitan la salida de polvo.
La fase 4, explicó, es una modalidad de carga muy conocida en el mundo que resulta viable cuando hay volúmenes superiores al millón de toneladas al año. En el caso de los minerales, agregó, Yilport ha optado por una solución más amigable con el medio ambiente y utilizará los rotainers pues ofrecen mayor seguridad.
Llurimagua: nueva estrategia minimizará los riesgos
Por Santiago Rojas Pi de la Serra (1)
Julio 26 de 2020.- Hace pocos días se dio a conocer que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables se encuentra avanzando en la constitución de una sociedad para desarrollar el Proyecto Minero polimetálico Llurimagua, ubicado en Imbabura. Conforme la información de exploración geológica existente este depósito podría ser unos de los mayores yacimientos de cobre de la cordillera de los Andes. La nota de prensa expresa que en la toma de decisiones para las autoridades priman los intereses nacionales, el respeto a la legislación ecuatoriana y a los compromisos adquiridos a nivel internacional. Además, fuentes especializadas han dado a conocer que el Estado maneja la posibilidad de ofertar su participación en la sociedad, que actualmente mantiene con la cuprífera estatal chilena Codelco, empresa que tendría la primera opción de compra. La situación es una gran oportunidad para que el equipo negociador a cargo de esta iniciativa concrete varios objetivos positivos para el país.
En mi criterio, esta es una estrategia que demuestra la seriedad con la que el Gobierno Nacional analiza sus actuales opciones. Por una parte, se vislumbra la potencial incorporación al proyecto de alguna de las empresas mineras más importantes a nivel internacional, mejorando de esa manera su factibilidad con la inyección de capital de riesgo y, respaldo económico. En ese sentido, varias empresas de la gran minería han demostrado interés por el proyecto, lo que incrementa las oportunidades de que el Ecuador finiquite un trato favorable con alguna de ellas. Esta potencial inversión extranjera se puede concretar en un impulso económico a la minería, la generación de empleo, la creación de nuevas oportunidades, etc. Por otra parte, de no contar con socios aportantes, el desarrollo de dicha mina demandaría del Estado la inyección de sustanciales recursos públicos. Por ello, la financiación del proyecto por uno o varios inversionistas extranjeros, resulta una estrategia prudente desde el punto de vista de las finanzas públicas. Una vez se satisfagan todos los requisitos legales, este accionar le permitiría al Estado enfocarse en regular, validar el permiso social para la minería y, cobrar impuestos y regalías que alimenten las arcas públicas, por el tiempo de vida de la mina que, como mínimo se estima en unos treinta años.
Es evidente que en estos momentos hay una gran incertidumbre económica a nivel global ocasionada por la Pandemia del Covid-19, el desplome del comercio mundial, la caída de los precios del petróleo, la disminución de la recaudación tributaria y la necesaria priorización del gasto en salud pública, entre otros. Por esta razón, varios países como Ecuador están reconsiderando sus estrategias de desarrollo. En todas partes se han implementado planes de rescate económico que dependen de la inyección de trillones de dólares por parte de los gobiernos en sus respectivas economías y la generación de gigantescos déficits presupuestarios. Es razonable que ello cause devaluaciones monetarias y la evaporación de millones de dólares de la economía. Por lo anotado, es primordial que el Estado Ecuatoriano adopte acciones estratégicas para el rápido desarrollo de la industria minera metálica. Ello le permitiría tener reservas en metales preciosos como el oro, que como se ha visto, resiste de mejor manera la incertidumbre económica. En ese sentido, es muy válido que el Estado busque socios para el desarrollo rápido de la gran minería.
Estamos viviendo una crisis sin precedentes y una situación económica muy confusa. Todavía es muy temprano para pronosticar como se afectará la economía China, principal consumidor de cobre y otros metales industriales, es incierto cuántas empresas migrarán sus cadenas de producción fuera de ese país. No se puede pronosticar si caerá la demanda internacional de metales. En ese sentido, la minería es un negocio de riesgo. En consecuencia, la estrategia de repartir el riesgo entre varios socios también tiene algunos méritos. Si las noticias se confirman, las autoridades estarían diversificando las posibilidades para desarrollar el proyecto minero Llurimagua, que con cada día que pasa se hace aún más necesario para el futuro económico de nuestro país, debido al desplome en los índices de empleo, el colapso de la industria del turismo y, algunas de nuestras exportaciones.
Subastar la participación ecuatoriana en el proyecto limitaría el riesgo para el Estado y haría que este perciba utilidades dentro de un horizonte de tiempo menor. Además, se estaría favoreciendo el ahorro de recursos públicos que pueden ser invertidos en otras áreas que los requieran con urgencia. Finalmente, el Estado se podría concentrar en su actividad regulatoria mediante la generación de las correspondientes políticas públicas, el cobro de regalías e impuestos a la actividad minera y, la obtención de la fundamental licencia social de las comunidades de las zonas de influencia de los proyectos.
Por supuesto, la minería conlleva riesgos e incertidumbres y los resultados de las decisiones adoptadas hoy día, se reflejarán recién en varios años a futuro. La industria minera internacional requiere de estabilidad y tiene ciclos largos, una mina puede durar cincuenta o más años y, es muy posible que el yacimiento de Llurimagua aporte ingresos al Estado por muchos años. En este contexto, ser ágil y adaptivo es la única manera de lograr el éxito.
(1) Santiago Rojas Pi de la Serra, abogado experto en negociación, derecho público y administración del Estado. Tiene un LL.M. en Public and International Law por la Universidad de Melbourne (Australia), varias especializaciones y experiencia en el manejo de industrias mineras. Ha asesorado a varias empresas y altas autoridades en la implementación de estrategias de desarrollo, asociaciones y planes de negocio.
Julio 26 de 2020.- Hace pocos días se dio a conocer que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables se encuentra avanzando en la constitución de una sociedad para desarrollar el Proyecto Minero polimetálico Llurimagua, ubicado en Imbabura. Conforme la información de exploración geológica existente este depósito podría ser unos de los mayores yacimientos de cobre de la cordillera de los Andes. La nota de prensa expresa que en la toma de decisiones para las autoridades priman los intereses nacionales, el respeto a la legislación ecuatoriana y a los compromisos adquiridos a nivel internacional. Además, fuentes especializadas han dado a conocer que el Estado maneja la posibilidad de ofertar su participación en la sociedad, que actualmente mantiene con la cuprífera estatal chilena Codelco, empresa que tendría la primera opción de compra. La situación es una gran oportunidad para que el equipo negociador a cargo de esta iniciativa concrete varios objetivos positivos para el país.
En mi criterio, esta es una estrategia que demuestra la seriedad con la que el Gobierno Nacional analiza sus actuales opciones. Por una parte, se vislumbra la potencial incorporación al proyecto de alguna de las empresas mineras más importantes a nivel internacional, mejorando de esa manera su factibilidad con la inyección de capital de riesgo y, respaldo económico. En ese sentido, varias empresas de la gran minería han demostrado interés por el proyecto, lo que incrementa las oportunidades de que el Ecuador finiquite un trato favorable con alguna de ellas. Esta potencial inversión extranjera se puede concretar en un impulso económico a la minería, la generación de empleo, la creación de nuevas oportunidades, etc. Por otra parte, de no contar con socios aportantes, el desarrollo de dicha mina demandaría del Estado la inyección de sustanciales recursos públicos. Por ello, la financiación del proyecto por uno o varios inversionistas extranjeros, resulta una estrategia prudente desde el punto de vista de las finanzas públicas. Una vez se satisfagan todos los requisitos legales, este accionar le permitiría al Estado enfocarse en regular, validar el permiso social para la minería y, cobrar impuestos y regalías que alimenten las arcas públicas, por el tiempo de vida de la mina que, como mínimo se estima en unos treinta años.
Es evidente que en estos momentos hay una gran incertidumbre económica a nivel global ocasionada por la Pandemia del Covid-19, el desplome del comercio mundial, la caída de los precios del petróleo, la disminución de la recaudación tributaria y la necesaria priorización del gasto en salud pública, entre otros. Por esta razón, varios países como Ecuador están reconsiderando sus estrategias de desarrollo. En todas partes se han implementado planes de rescate económico que dependen de la inyección de trillones de dólares por parte de los gobiernos en sus respectivas economías y la generación de gigantescos déficits presupuestarios. Es razonable que ello cause devaluaciones monetarias y la evaporación de millones de dólares de la economía. Por lo anotado, es primordial que el Estado Ecuatoriano adopte acciones estratégicas para el rápido desarrollo de la industria minera metálica. Ello le permitiría tener reservas en metales preciosos como el oro, que como se ha visto, resiste de mejor manera la incertidumbre económica. En ese sentido, es muy válido que el Estado busque socios para el desarrollo rápido de la gran minería.
Estamos viviendo una crisis sin precedentes y una situación económica muy confusa. Todavía es muy temprano para pronosticar como se afectará la economía China, principal consumidor de cobre y otros metales industriales, es incierto cuántas empresas migrarán sus cadenas de producción fuera de ese país. No se puede pronosticar si caerá la demanda internacional de metales. En ese sentido, la minería es un negocio de riesgo. En consecuencia, la estrategia de repartir el riesgo entre varios socios también tiene algunos méritos. Si las noticias se confirman, las autoridades estarían diversificando las posibilidades para desarrollar el proyecto minero Llurimagua, que con cada día que pasa se hace aún más necesario para el futuro económico de nuestro país, debido al desplome en los índices de empleo, el colapso de la industria del turismo y, algunas de nuestras exportaciones.
Subastar la participación ecuatoriana en el proyecto limitaría el riesgo para el Estado y haría que este perciba utilidades dentro de un horizonte de tiempo menor. Además, se estaría favoreciendo el ahorro de recursos públicos que pueden ser invertidos en otras áreas que los requieran con urgencia. Finalmente, el Estado se podría concentrar en su actividad regulatoria mediante la generación de las correspondientes políticas públicas, el cobro de regalías e impuestos a la actividad minera y, la obtención de la fundamental licencia social de las comunidades de las zonas de influencia de los proyectos.
Por supuesto, la minería conlleva riesgos e incertidumbres y los resultados de las decisiones adoptadas hoy día, se reflejarán recién en varios años a futuro. La industria minera internacional requiere de estabilidad y tiene ciclos largos, una mina puede durar cincuenta o más años y, es muy posible que el yacimiento de Llurimagua aporte ingresos al Estado por muchos años. En este contexto, ser ágil y adaptivo es la única manera de lograr el éxito.
(1) Santiago Rojas Pi de la Serra, abogado experto en negociación, derecho público y administración del Estado. Tiene un LL.M. en Public and International Law por la Universidad de Melbourne (Australia), varias especializaciones y experiencia en el manejo de industrias mineras. Ha asesorado a varias empresas y altas autoridades en la implementación de estrategias de desarrollo, asociaciones y planes de negocio.
Estrategia de formación de capital humano para la pujante minería del Ecuador
Por Orlando Gahona-Flores (1) y Cecilia Vargas-Bilbao (2)
Julio 5 de 2020.- Nota de la redacción: Los colaboradores de esta edición nos envían un mensaje claro: la reflexión y la sistematización de conocimientos y experiencias deben incorporarse como disciplinas para hacer minería responsable. Eso lo dijimos desde nuestra primera edición: la minería responsable en Ecuador es una posibilidad que para transformarse en realidad requiere de la articulación de las ciencias.
Estamos seguros de que a esta hora autores ecuatorianos lo están haciendo. Estas páginas seguirán abiertas para que se divulguen sus análisis y conclusiones.
Lea el artículo completo siguiendo el vínculo insertado en la parte superior de la página. Aquí reproducimos algunos extractos del mismo:
"La formación del capital humano es una condición previa para el éxito de cualquier esfuerzo en una actividad productiva. En el caso particular de un proyecto minero (ver Figura 1), en la etapa de prefactibilidad se diseña la estrategia de formación de capital humano a alto nivel describiendo los principales procesos asociados.
Luego, en la etapa de factibilidad se describe con mayor nivel de detalle la estrategia en sus fases de construcción e inicio de las operaciones con énfasis en los itinerarios de formación en oficios, técnicos, profesionales y entrenamiento corporativo específico a la línea de supervisión, acompañado de un presupuesto desagregado por programas de formación y Estrategia de Formación de Capital Humano para la Pujante Minería del Ecuador 2 niveles organizacionales (ej. programa de formación en oficios para mantenedores mecánicos de equipos mineros).
Antes de iniciar la etapa de construcción - que en general, puede ser de 3 a 5 años dependiendo del tamaño y complejidad del procesamiento de los minerales – se ejecuta el programa de formación en oficios de construcción, tales como: mecánico, electricista, soldador, carpintero, topógrafo, operador de maquinaria pesada por mencionar algunos.
Luego, durante la etapa de construcción y antes del inicio de las operaciones se ejecuta el programa de formación técnica para mineros, el programa complementario técnico para profesionales y el programa de entrenamiento corporativo dirigido a la supervisión de la organización.
En algunos casos y según sea la programación de la etapa de construcción, es posible que una fracción de los trabajadores de las empresas contratistas que participaron en el programa de formación en oficios de construcción, puedan ser contratados por la compañía minera y participar en el programa de formación técnica para mineros. Usualmente, quiénes aplican son perfiles ocupacionales tales como: mecánicos, electricistas, soldadores y operadores de equipos mineros".
1 Orlando Gahona-Flores, ha sido gerente de entrenamiento y desarrollo del proyecto minero NuevaUnion en Chile de Teck Resources y Newmont-Goldcorp, gerente general del Clúster Minero de la Región de Antofagasta en Chile, gerente de recursos humanos de Yamana Gold Chile, gerente de entrenamiento y desarrollo del proyecto minero Fruta del Norte de Kinross Gold en Ecuador y gerente general del Centro de Entrenamiento Industrial y Minero de BHP en Chile. Email: [email protected]
2 Cecilia Vargas-Bilbao, es psicóloga con máster en recursos humanos y gestión del conocimiento y máster en terapias psicológicas de tercera generación. Fue instructora senior del área de competencias psicosociales del Centro de Entrenamiento Industrial y Minero de BHP en Chile. E-mail: [email protected]
Julio 5 de 2020.- Nota de la redacción: Los colaboradores de esta edición nos envían un mensaje claro: la reflexión y la sistematización de conocimientos y experiencias deben incorporarse como disciplinas para hacer minería responsable. Eso lo dijimos desde nuestra primera edición: la minería responsable en Ecuador es una posibilidad que para transformarse en realidad requiere de la articulación de las ciencias.
Estamos seguros de que a esta hora autores ecuatorianos lo están haciendo. Estas páginas seguirán abiertas para que se divulguen sus análisis y conclusiones.
Lea el artículo completo siguiendo el vínculo insertado en la parte superior de la página. Aquí reproducimos algunos extractos del mismo:
"La formación del capital humano es una condición previa para el éxito de cualquier esfuerzo en una actividad productiva. En el caso particular de un proyecto minero (ver Figura 1), en la etapa de prefactibilidad se diseña la estrategia de formación de capital humano a alto nivel describiendo los principales procesos asociados.
Luego, en la etapa de factibilidad se describe con mayor nivel de detalle la estrategia en sus fases de construcción e inicio de las operaciones con énfasis en los itinerarios de formación en oficios, técnicos, profesionales y entrenamiento corporativo específico a la línea de supervisión, acompañado de un presupuesto desagregado por programas de formación y Estrategia de Formación de Capital Humano para la Pujante Minería del Ecuador 2 niveles organizacionales (ej. programa de formación en oficios para mantenedores mecánicos de equipos mineros).
Antes de iniciar la etapa de construcción - que en general, puede ser de 3 a 5 años dependiendo del tamaño y complejidad del procesamiento de los minerales – se ejecuta el programa de formación en oficios de construcción, tales como: mecánico, electricista, soldador, carpintero, topógrafo, operador de maquinaria pesada por mencionar algunos.
Luego, durante la etapa de construcción y antes del inicio de las operaciones se ejecuta el programa de formación técnica para mineros, el programa complementario técnico para profesionales y el programa de entrenamiento corporativo dirigido a la supervisión de la organización.
En algunos casos y según sea la programación de la etapa de construcción, es posible que una fracción de los trabajadores de las empresas contratistas que participaron en el programa de formación en oficios de construcción, puedan ser contratados por la compañía minera y participar en el programa de formación técnica para mineros. Usualmente, quiénes aplican son perfiles ocupacionales tales como: mecánicos, electricistas, soldadores y operadores de equipos mineros".
1 Orlando Gahona-Flores, ha sido gerente de entrenamiento y desarrollo del proyecto minero NuevaUnion en Chile de Teck Resources y Newmont-Goldcorp, gerente general del Clúster Minero de la Región de Antofagasta en Chile, gerente de recursos humanos de Yamana Gold Chile, gerente de entrenamiento y desarrollo del proyecto minero Fruta del Norte de Kinross Gold en Ecuador y gerente general del Centro de Entrenamiento Industrial y Minero de BHP en Chile. Email: [email protected]
2 Cecilia Vargas-Bilbao, es psicóloga con máster en recursos humanos y gestión del conocimiento y máster en terapias psicológicas de tercera generación. Fue instructora senior del área de competencias psicosociales del Centro de Entrenamiento Industrial y Minero de BHP en Chile. E-mail: [email protected]
Plan de cierre de minas
Por Omar Párraga (*)
Junio 21 de 2020.- La minería ecuatoriana está atravesando por un momento muy interesante con proyectos de cobre, oro y plata en su mayoría a lo largo del país y con dos minas de la gran minería operando como Fruto del Norte y Mirador, el horizonte se avizora muy positivo pero uno de los retos que enfrenta el desarrollo de cualquier proyecto minero desde su concepción como exploración inicial, exploración avanzada, pre factibilidad, factibilidad, operación y cierre de minas es el plan de cierre de minas.
Existe una necesidad del país de crear una guía para la elaboración de los planes de cierre de minas que contemple varios escenarios posibles y que sea un instrumento ambiental parte del estudio de impacto ambiental y planes de manejo ambiental, ante todo diré que es un tema nuevo para la minería ecuatoriana por lo que requiere un marco legal adecuado con una ley y reglamento de cierre de minas.
Los planes de cierre son requeridos en diferentes etapas a lo largo del ciclo de vida de la mina. Tener una Guía de elaboración de planes de cierre de minas ayudaría a tener un formato estándar para la preparación de los planes de cierre de minas en las diferentes etapas del ciclo de vida de la mina. Conjuntamente con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se requiere un plan de cierre conceptual, seguido por un plan de cierre detallado, que incluya la estimación de costos, antes del inicio de la etapa de operación.
El plan de cierre a su vez debe ser actualizado durante la vida operativa de la mina con el fin de reflejar cualquier cambio en el diseño y operación de la mina, así como las actividades progresivas de rehabilitación. A medida que se acerque el fin de la vida de la mina se preparará una versión final del plan de cierre. Después del desmantelamiento y cierre de la mina, se requieren informes de mantenimiento, monitoreo y seguimiento post-cierre.
Por ello se debe tener una ley de cierre de minas junto con un reglamento que ayude a viabilizar este instrumento de gestión ambiental.
La Ley de Cierre de Minas establecerá que todas las mineras en operación y los proyectos mineros deban elaborar y presentar sus respectivos planes de cierre de minas. La Ley establecerá que el titular minero – concesionario de la mina, deba constituir una garantía financiera para cubrir el costo del cierre de la mina, incluyendo un posible tratamiento a largo plazo y las actividades de monitoreo post-cierre. El Reglamento de Cierre de Minas establecera los procedimientos y condiciones para la presentación, revisión, aprobación y actualización del Plan de Cierre de Minas y la correspondiente garantía financiera, así como las condiciones y procedimientos para la ejecución del Plan de Cierre de Minas, liquidación o ejecución de la garantía financiera y seguimiento de las actividades en el sitio después del cierre esto ayudara a dar sostenibilidad rumbo a una minería moderna en el Ecuador.
La filosofía para el Diseño de Cierre se basa en las siguientes cuatro premisas:
· Primero, la minería genera cambios permanentes en las condiciones superficiales y sub-superficiales del terreno y los cursos de agua, y en muchos casos crea cambios permanentes en la comunidad local.
· Segundo, los impactos ambientales negativos de la actividad minera pueden ser manejados de tal manera que el terreno y los cursos de agua retornen a una condición en que puedan ser utilizados después de finalizada la actividad minera.
· Tercero, la minería puede ser manejada de tal forma que los impactos sociales después del cierre sean minimizados.
· Cuarto, la mejor y más factible forma para lograr un legado positivo es “empezar por el final”, i.e., considerar desde las primeras etapas del proyecto los efectos y consecuencias potenciales que pueden ocurrir a largo plazo y manejarlos apropiadamente.
El cierre de minas puede definirse como el conjunto de actividades a ser implementadas a lo largo del ciclo de vida de la mina a fin de cumplir con los criterios ambientales específicos y alcanzar los objetivos sociales deseados después de la etapa de minado. El cierre de minas es un proceso progresivo que empieza en la primera etapa del proyecto con el diseño conceptual y termina sólo cuando se han alcanzado de manera permanente los objetivos específicos de cierre.
Para ello debemos tener un plan de cierre conceptual donde no se involucre estimación de costos sino más bien actividades mineras desarrolladas tales como:
Los principales componentes del proyecto minero;
- Un cronograma de las áreas disturbadas por la mina a lo largo del ciclo de vida de la mina y la extensión espacial de las áreas disturbadas.
- El programa de manejo de los residuos mineros con el fin de predecir, prevenir, o tratar y controlar la lixiviación de metales y el drenaje ácido de roca;
- Los componentes que permanecerán en el sitio después de concluir las operaciones mineras, es decir después de la desactivación de las instalaciones productivas;
- Los objetivos específicos de cierre para cada componente de la mina a decir: área de mina, área de planta, área de mantenimiento, área de campamentos, etc
- Las actividades específicas de cierre de mina que serán implementadas durante los períodos de construcción, operaciones y cierre final, a fin de lograr los objetivos
- Los escenarios de cierre de minas para el cierre temporal, cierre progresivo, y post-cierre.
- Los componentes de la mina para cada uno de estos escenarios, y actividades de cuidado y mantenimiento que puedan ser necesarias para el logro de criterios ambientales y de uso del tierras
El plan de cierre detallado es, en cambio, una actualización del plan de cierre conceptual pero incluirá los resultados de todos los estudios realizados durante el planeamiento final y las etapas de diseño del proyecto.
El plan de cierre detallado incluirá estimados de costos para las actividades de rehabilitación propuestas durante la vida de operación de la mina, cierre de la mina, actividades de desmantelamiento, y actividades de cuidado y mantenimiento post cierre. El plan de cierre detallado de la mina debe incluir los escenarios de cierre progresivo, temporal y final.
Diferentes tipos de cierre de minas
El cierre temporal, viene como resultado de las circunstancias económicas u operacionales, por ello es posible que las actividades mineras y/o de procesamiento sean temporalmente suspendidas. Por ejemplo, éstas pueden ser suspendidas esperando la recuperación del precio de los metales (condición conocida como suspensión), esperando su reinicio en el futuro próximo.
Por otro lado, la autoridad minera podría ordenar la paralización de uno o más componentes o de la totalidad de la operación, si es que ésta representa un riesgo inminente a la salud, la seguridad o el ambiente (condición conocida como paralización). En el caso de una paralización también se espera que las actividades se reinicien en el corto plazo, una vez que los factores de riesgo se hayan eliminado.
En ambos casos, se requiere desarrollar un plan de cuidado y mantenimiento detallado, considerando la posibilidad de futuras operaciones en el sitio. Además, se evaluarán los impactos sociales relacionados con el cierre temporal, así como las medidas implementadas para mitigar estos impactos.
El cierre progresivo, es un escenario que ocurre de manera simultánea a la etapa de operación de una mina, cuando un componente o parte de un componente de la actividad minera deja de ser útil. Debido a ello deberá ser sometido a actividades de cierre tales como desmantelamiento, demolición, restablecimiento de la forma del terreno, y/o revegetación. Las actividades de cierre progresivo han sido diseñadas para lograr los objetivos ambientales y sociales específicos, y deberán describirse en los planes de cierre desde su formulación, hasta sus futuras actualizaciones.
El cierre final, comienza cuando, a consecuencia del agotamiento de los recursos minerales económicos, cesan las operaciones de minado y de procesamiento. El cierre final es la ejecución de las actividades previamente planificadas entre el titular minero y la autoridad minera del Ecuador, para cumplir con los objetivos ambientales y sociales específicos. El cierre final comprende el desarrollo de actividades tales como: diseños de ingeniería requeridos para el desmantelamiento; demoliciones; estudios in-situ para la disposición final y/o el rescate de materiales; estabilización física, geoquímica e hidrológica; restablecimiento de la forma del terreno; revegetación; rehabilitación de hábitats acuáticos; rehabilitación de las áreas de préstamo; reconversión laboral; provisiones para brindar servicios esenciales a la comunidad; transferencia de propiedad y acceso a las tierras; etc. El desmantelamiento y cierre de una mina es un proceso que usualmente toma varios años.
El cierre final de la mina es seguido de un programa de mantenimiento, monitoreo y seguimiento post cierre, con la finalidad de medir la efectividad del cierre, el cual debe durar al menos cinco (5) años bajo responsabilidad del titular minero. En la mayoría de los casos se requerirá cierto cuidado y mantenimiento para conservar la estabilidad y seguridad del sitio después del cierre.
Es urgente para el Ecuador establecer una guía de elaboración de planes de cierre de minas y que contenga como mínimo estos puntos que son importantes para darle sostenibilidad a la actividad minera del país y que ayude a hacer una minería de calidad acorde con los estándares internacionales no basta con solo mencionarlo en la ley de minería codificada actual en el articulo 27, es tiempo de poner manos a la obra.
(*) Omar Párraga Rodriguez es ingeniero de Minas, peruano, con 20 años de experiencia profesional en minería subterránea y tajo abierto. Sus correos son: [email protected] y [email protected]
Junio 21 de 2020.- La minería ecuatoriana está atravesando por un momento muy interesante con proyectos de cobre, oro y plata en su mayoría a lo largo del país y con dos minas de la gran minería operando como Fruto del Norte y Mirador, el horizonte se avizora muy positivo pero uno de los retos que enfrenta el desarrollo de cualquier proyecto minero desde su concepción como exploración inicial, exploración avanzada, pre factibilidad, factibilidad, operación y cierre de minas es el plan de cierre de minas.
Existe una necesidad del país de crear una guía para la elaboración de los planes de cierre de minas que contemple varios escenarios posibles y que sea un instrumento ambiental parte del estudio de impacto ambiental y planes de manejo ambiental, ante todo diré que es un tema nuevo para la minería ecuatoriana por lo que requiere un marco legal adecuado con una ley y reglamento de cierre de minas.
Los planes de cierre son requeridos en diferentes etapas a lo largo del ciclo de vida de la mina. Tener una Guía de elaboración de planes de cierre de minas ayudaría a tener un formato estándar para la preparación de los planes de cierre de minas en las diferentes etapas del ciclo de vida de la mina. Conjuntamente con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se requiere un plan de cierre conceptual, seguido por un plan de cierre detallado, que incluya la estimación de costos, antes del inicio de la etapa de operación.
El plan de cierre a su vez debe ser actualizado durante la vida operativa de la mina con el fin de reflejar cualquier cambio en el diseño y operación de la mina, así como las actividades progresivas de rehabilitación. A medida que se acerque el fin de la vida de la mina se preparará una versión final del plan de cierre. Después del desmantelamiento y cierre de la mina, se requieren informes de mantenimiento, monitoreo y seguimiento post-cierre.
Por ello se debe tener una ley de cierre de minas junto con un reglamento que ayude a viabilizar este instrumento de gestión ambiental.
La Ley de Cierre de Minas establecerá que todas las mineras en operación y los proyectos mineros deban elaborar y presentar sus respectivos planes de cierre de minas. La Ley establecerá que el titular minero – concesionario de la mina, deba constituir una garantía financiera para cubrir el costo del cierre de la mina, incluyendo un posible tratamiento a largo plazo y las actividades de monitoreo post-cierre. El Reglamento de Cierre de Minas establecera los procedimientos y condiciones para la presentación, revisión, aprobación y actualización del Plan de Cierre de Minas y la correspondiente garantía financiera, así como las condiciones y procedimientos para la ejecución del Plan de Cierre de Minas, liquidación o ejecución de la garantía financiera y seguimiento de las actividades en el sitio después del cierre esto ayudara a dar sostenibilidad rumbo a una minería moderna en el Ecuador.
La filosofía para el Diseño de Cierre se basa en las siguientes cuatro premisas:
· Primero, la minería genera cambios permanentes en las condiciones superficiales y sub-superficiales del terreno y los cursos de agua, y en muchos casos crea cambios permanentes en la comunidad local.
· Segundo, los impactos ambientales negativos de la actividad minera pueden ser manejados de tal manera que el terreno y los cursos de agua retornen a una condición en que puedan ser utilizados después de finalizada la actividad minera.
· Tercero, la minería puede ser manejada de tal forma que los impactos sociales después del cierre sean minimizados.
· Cuarto, la mejor y más factible forma para lograr un legado positivo es “empezar por el final”, i.e., considerar desde las primeras etapas del proyecto los efectos y consecuencias potenciales que pueden ocurrir a largo plazo y manejarlos apropiadamente.
El cierre de minas puede definirse como el conjunto de actividades a ser implementadas a lo largo del ciclo de vida de la mina a fin de cumplir con los criterios ambientales específicos y alcanzar los objetivos sociales deseados después de la etapa de minado. El cierre de minas es un proceso progresivo que empieza en la primera etapa del proyecto con el diseño conceptual y termina sólo cuando se han alcanzado de manera permanente los objetivos específicos de cierre.
Para ello debemos tener un plan de cierre conceptual donde no se involucre estimación de costos sino más bien actividades mineras desarrolladas tales como:
Los principales componentes del proyecto minero;
- Un cronograma de las áreas disturbadas por la mina a lo largo del ciclo de vida de la mina y la extensión espacial de las áreas disturbadas.
- El programa de manejo de los residuos mineros con el fin de predecir, prevenir, o tratar y controlar la lixiviación de metales y el drenaje ácido de roca;
- Los componentes que permanecerán en el sitio después de concluir las operaciones mineras, es decir después de la desactivación de las instalaciones productivas;
- Los objetivos específicos de cierre para cada componente de la mina a decir: área de mina, área de planta, área de mantenimiento, área de campamentos, etc
- Las actividades específicas de cierre de mina que serán implementadas durante los períodos de construcción, operaciones y cierre final, a fin de lograr los objetivos
- Los escenarios de cierre de minas para el cierre temporal, cierre progresivo, y post-cierre.
- Los componentes de la mina para cada uno de estos escenarios, y actividades de cuidado y mantenimiento que puedan ser necesarias para el logro de criterios ambientales y de uso del tierras
El plan de cierre detallado es, en cambio, una actualización del plan de cierre conceptual pero incluirá los resultados de todos los estudios realizados durante el planeamiento final y las etapas de diseño del proyecto.
El plan de cierre detallado incluirá estimados de costos para las actividades de rehabilitación propuestas durante la vida de operación de la mina, cierre de la mina, actividades de desmantelamiento, y actividades de cuidado y mantenimiento post cierre. El plan de cierre detallado de la mina debe incluir los escenarios de cierre progresivo, temporal y final.
Diferentes tipos de cierre de minas
El cierre temporal, viene como resultado de las circunstancias económicas u operacionales, por ello es posible que las actividades mineras y/o de procesamiento sean temporalmente suspendidas. Por ejemplo, éstas pueden ser suspendidas esperando la recuperación del precio de los metales (condición conocida como suspensión), esperando su reinicio en el futuro próximo.
Por otro lado, la autoridad minera podría ordenar la paralización de uno o más componentes o de la totalidad de la operación, si es que ésta representa un riesgo inminente a la salud, la seguridad o el ambiente (condición conocida como paralización). En el caso de una paralización también se espera que las actividades se reinicien en el corto plazo, una vez que los factores de riesgo se hayan eliminado.
En ambos casos, se requiere desarrollar un plan de cuidado y mantenimiento detallado, considerando la posibilidad de futuras operaciones en el sitio. Además, se evaluarán los impactos sociales relacionados con el cierre temporal, así como las medidas implementadas para mitigar estos impactos.
El cierre progresivo, es un escenario que ocurre de manera simultánea a la etapa de operación de una mina, cuando un componente o parte de un componente de la actividad minera deja de ser útil. Debido a ello deberá ser sometido a actividades de cierre tales como desmantelamiento, demolición, restablecimiento de la forma del terreno, y/o revegetación. Las actividades de cierre progresivo han sido diseñadas para lograr los objetivos ambientales y sociales específicos, y deberán describirse en los planes de cierre desde su formulación, hasta sus futuras actualizaciones.
El cierre final, comienza cuando, a consecuencia del agotamiento de los recursos minerales económicos, cesan las operaciones de minado y de procesamiento. El cierre final es la ejecución de las actividades previamente planificadas entre el titular minero y la autoridad minera del Ecuador, para cumplir con los objetivos ambientales y sociales específicos. El cierre final comprende el desarrollo de actividades tales como: diseños de ingeniería requeridos para el desmantelamiento; demoliciones; estudios in-situ para la disposición final y/o el rescate de materiales; estabilización física, geoquímica e hidrológica; restablecimiento de la forma del terreno; revegetación; rehabilitación de hábitats acuáticos; rehabilitación de las áreas de préstamo; reconversión laboral; provisiones para brindar servicios esenciales a la comunidad; transferencia de propiedad y acceso a las tierras; etc. El desmantelamiento y cierre de una mina es un proceso que usualmente toma varios años.
El cierre final de la mina es seguido de un programa de mantenimiento, monitoreo y seguimiento post cierre, con la finalidad de medir la efectividad del cierre, el cual debe durar al menos cinco (5) años bajo responsabilidad del titular minero. En la mayoría de los casos se requerirá cierto cuidado y mantenimiento para conservar la estabilidad y seguridad del sitio después del cierre.
Es urgente para el Ecuador establecer una guía de elaboración de planes de cierre de minas y que contenga como mínimo estos puntos que son importantes para darle sostenibilidad a la actividad minera del país y que ayude a hacer una minería de calidad acorde con los estándares internacionales no basta con solo mencionarlo en la ley de minería codificada actual en el articulo 27, es tiempo de poner manos a la obra.
(*) Omar Párraga Rodriguez es ingeniero de Minas, peruano, con 20 años de experiencia profesional en minería subterránea y tajo abierto. Sus correos son: [email protected] y [email protected]
La minería en Ecuador post pandemia, retos y oportunidades
Mayo 3 de 2020.- Es muy común decir que de las crisis se deben sacar oportunidades, y es que la situación de pandemia por el Covid-19 que aqueja al mundo entero, sin excepción, está impactando a las economías de los países y en mayor proporción a aquellos dependientes del petróleo, como Ecuador. ¿Qué hacer entonces? es la pregunta de la que parten entrevistas, paneles, editoriales, comentarios, análisis otros; entre las respuestas está aquella que entiende a la minería como la “alternativa”, más aún cuando en estos momentos el oro ha alcanzado precios sin precedentes en el mercado mundial.
Es cierto para el Ecuador la minería ahora tiene una gran oportunidad, cada vez más evidenciada como un sector productivo y de importante aporte a la economía y ante ello se ha generado una gran expectativa de las próximas acciones que tomará el Estado a través de las autoridades del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
Las mencionadas autoridades han anunciado en varias entrevistas que en el tercer o cuarto trimestre de este año se abrirá el catastro minero y de esta manera se captará nueva inversión y que se está adquiriendo un nuevo sistema para dicho catastro y lo de siempre “…estamos trabajando en eso...”. Sin dejar de ser importante el anuncio, aunque impreciso, los inversionistas mineros y los demás sectores económicos relacionados demandan algo más concreto, demandan un plan a corto, mediano y largo plazo del sector minero, es decir, es imprescindible que el Estado genere los elementos mínimos necesarios para crear la OPORTUNIDAD de inversión en el sector y con ello el desarrollo de la diversificación económica que tanto se espera.
¿Cuál es el plan?
El Plan Nacional de Desarrollo Minero, el cual le corresponde al Ministerio sectorial definir, en coordinación con la entidad rectora de la planificación nacional, (art. 7 literal f de la Ley de Minería).
Para el año 2017, Ecuador contaba con un Plan Nacional de Desarrollo del sector minero el cual no fue actualizado en el 2018 ni en el 2019, razón por la cual se dio el cierre del catastro minero en el 2018 (así se justificó). Para este año, conozco que al 13 de marzo ya se tenía elaborado el Plan 2020-2030, el cual constituye un instrumento fundamental o mejor aún, la “hoja de ruta” necesaria que delineará y sustentará la política minera creada y procesos futuros del Estado con relación al sector.
La Ley de Minería, art. 16, señala: “…la explotación de los recursos naturales y el ejercicio de los derechos mineros se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo, a los principios del desarrollo sustentable y sostenible, de la protección y conservación del medio ambiente y de la participación y responsabilidad social, debiendo respetar el patrimonio natural y cultural de las zonas explotadas…”.
El art. 2 del Reglamento a la Ley de Minería señala que la política minera nacional “…se enmarcará dentro del Plan de Desarrollo Minero, …La política minera nacional promoverá en todos los niveles, la innovación, la tecnología y la investigación que permitan el fortalecimiento interno del sector, priorizando el desarrollo sustentable, la protección ambiental, el fomento de la participación social y el buen vivir.”
El art. 27 Ibídem, además indica que todo proceso de subasta y remate para otorgamiento de áreas deberá estar definido en el Plan Nacional de Desarrollo Minero.
Al respecto de lo dicho, The Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development (IGF), del cual Ecuador es miembro, en su política marco señala que: “Un régimen legislativo maduro y moderno debe establecer con claridad líneas de responsabilidad y rendición de cuentas. Con ello se sientan las bases de la buena gobernanza y se contribuye al desarrollo sostenible en todos los aspectos de la vida social y económica.”
Visto así entonces, el Plan Nacional de Desarrollo del sector minero 2020-2030, vendría a ser el único mecanismo cierto y predictible, apegado a la norma, que constituye punto de partida para el Estado y las autoridades del sector actuales y futuras, que les corresponde informar y transparentar, para sustentar sus actuales y futuras acciones y de esta manera consolidar la inversión actual y la proyectada, además de generar un clima de competitividad del sector con otras regiones.
¿Cuál es el reto?
Aún con el Plan Nacional de Desarrollo Minero 2020-2030, no está asegurada la inversión esperada, ahí entonces el reto es impulsar el desarrollo económico con la implementación del Plan en forma coordinada y participativa entre el Estado y los privados, solo de esta manera se puede generar el llamado “escenario para la inversión”, que demuestre:
• Seguridad jurídica a los actuales proyectos en explotación en su proceso de incremento de la producción y exportaciones, comprometiendo a otras entidades estatales transversales al sector minero;
• Decisión de impulso a los demás proyectos de primera y segunda generación para acelerar su proceso de inicio de explotación;
• Promover los encadenamientos productivos con otros sectores;
• Impulsar el desarrollo sostenible de todos los anteriores;
• Garantizar la adecuada distribución de los beneficios de la minería para las comunidades locales y para el país.
• Promover el diálogo necesario entre actores mineros y opositores.
Aquí está lo que espera la inversión, la norma lo dice, ahora solo debe hacerse lo correcto, informar y transparentar el Plan Nacional de Desarrollo Minero 2020-2030 y solo así se podrá hablar de las oportunidades creadas a la inversión que le permitan a la minería proyectarse a largo plazo para el crecimiento económico del Ecuador.
Elisa Morán Maldonado.
Extractives-led Local Economic Diversification Community of Practice member, World Bank.
Mayo 5 de 2020.
Es cierto para el Ecuador la minería ahora tiene una gran oportunidad, cada vez más evidenciada como un sector productivo y de importante aporte a la economía y ante ello se ha generado una gran expectativa de las próximas acciones que tomará el Estado a través de las autoridades del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
Las mencionadas autoridades han anunciado en varias entrevistas que en el tercer o cuarto trimestre de este año se abrirá el catastro minero y de esta manera se captará nueva inversión y que se está adquiriendo un nuevo sistema para dicho catastro y lo de siempre “…estamos trabajando en eso...”. Sin dejar de ser importante el anuncio, aunque impreciso, los inversionistas mineros y los demás sectores económicos relacionados demandan algo más concreto, demandan un plan a corto, mediano y largo plazo del sector minero, es decir, es imprescindible que el Estado genere los elementos mínimos necesarios para crear la OPORTUNIDAD de inversión en el sector y con ello el desarrollo de la diversificación económica que tanto se espera.
¿Cuál es el plan?
El Plan Nacional de Desarrollo Minero, el cual le corresponde al Ministerio sectorial definir, en coordinación con la entidad rectora de la planificación nacional, (art. 7 literal f de la Ley de Minería).
Para el año 2017, Ecuador contaba con un Plan Nacional de Desarrollo del sector minero el cual no fue actualizado en el 2018 ni en el 2019, razón por la cual se dio el cierre del catastro minero en el 2018 (así se justificó). Para este año, conozco que al 13 de marzo ya se tenía elaborado el Plan 2020-2030, el cual constituye un instrumento fundamental o mejor aún, la “hoja de ruta” necesaria que delineará y sustentará la política minera creada y procesos futuros del Estado con relación al sector.
La Ley de Minería, art. 16, señala: “…la explotación de los recursos naturales y el ejercicio de los derechos mineros se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo, a los principios del desarrollo sustentable y sostenible, de la protección y conservación del medio ambiente y de la participación y responsabilidad social, debiendo respetar el patrimonio natural y cultural de las zonas explotadas…”.
El art. 2 del Reglamento a la Ley de Minería señala que la política minera nacional “…se enmarcará dentro del Plan de Desarrollo Minero, …La política minera nacional promoverá en todos los niveles, la innovación, la tecnología y la investigación que permitan el fortalecimiento interno del sector, priorizando el desarrollo sustentable, la protección ambiental, el fomento de la participación social y el buen vivir.”
El art. 27 Ibídem, además indica que todo proceso de subasta y remate para otorgamiento de áreas deberá estar definido en el Plan Nacional de Desarrollo Minero.
Al respecto de lo dicho, The Intergovernmental Forum on Mining, Minerals, Metals and Sustainable Development (IGF), del cual Ecuador es miembro, en su política marco señala que: “Un régimen legislativo maduro y moderno debe establecer con claridad líneas de responsabilidad y rendición de cuentas. Con ello se sientan las bases de la buena gobernanza y se contribuye al desarrollo sostenible en todos los aspectos de la vida social y económica.”
Visto así entonces, el Plan Nacional de Desarrollo del sector minero 2020-2030, vendría a ser el único mecanismo cierto y predictible, apegado a la norma, que constituye punto de partida para el Estado y las autoridades del sector actuales y futuras, que les corresponde informar y transparentar, para sustentar sus actuales y futuras acciones y de esta manera consolidar la inversión actual y la proyectada, además de generar un clima de competitividad del sector con otras regiones.
¿Cuál es el reto?
Aún con el Plan Nacional de Desarrollo Minero 2020-2030, no está asegurada la inversión esperada, ahí entonces el reto es impulsar el desarrollo económico con la implementación del Plan en forma coordinada y participativa entre el Estado y los privados, solo de esta manera se puede generar el llamado “escenario para la inversión”, que demuestre:
• Seguridad jurídica a los actuales proyectos en explotación en su proceso de incremento de la producción y exportaciones, comprometiendo a otras entidades estatales transversales al sector minero;
• Decisión de impulso a los demás proyectos de primera y segunda generación para acelerar su proceso de inicio de explotación;
• Promover los encadenamientos productivos con otros sectores;
• Impulsar el desarrollo sostenible de todos los anteriores;
• Garantizar la adecuada distribución de los beneficios de la minería para las comunidades locales y para el país.
• Promover el diálogo necesario entre actores mineros y opositores.
Aquí está lo que espera la inversión, la norma lo dice, ahora solo debe hacerse lo correcto, informar y transparentar el Plan Nacional de Desarrollo Minero 2020-2030 y solo así se podrá hablar de las oportunidades creadas a la inversión que le permitan a la minería proyectarse a largo plazo para el crecimiento económico del Ecuador.
Elisa Morán Maldonado.
Extractives-led Local Economic Diversification Community of Practice member, World Bank.
Mayo 5 de 2020.
La única opción para sobrevivir
Abril 26 de 2020.- Con total asombro noto como muchas personas no están conscientes de la magnitud de la pandemia que estamos atravesando y menos aún de los efectos que esta conlleva y de lo que se nos viene en los próximos días; señores por si no se han dado cuenta estamos abocados a una nueva realidad, el mundo por largo tiempo -nunca quizás- no volverá a ser el mismo; por tanto no es imaginable que pensemos regresar a lo de siempre, a ocuparnos a estas alturas de debatir respecto de un borrador final del "Instructivo para el otorgamiento, administración y extinción de permisos para realizar actividades de minería artesanal y de sustento de minerales metálicos y no metálicos".
Este instructivo es importante pero en estos momentos no prioritario, no es dable, ni aceptable, frente a urgencias como frenar un posible estallido social por el hambre o el galopante desempleo; ya basta de instructivos, de resoluciones, de directrices, de anexos y de un largo etcétera, que lo único que han logrado por mucho tiempo es frenar el desarrollo de actividades productivas formales, han fomentado la informalidad, han dado margen a la corrupción y han sido usados como el pretexto ideal para no atender los legítimos pedidos de los usuarios que quieren apostar por el país, generar empleo, generar divisas y dinamizar la economía de este país.
Coincido con lo expresado por las doctoras Catalina Vintimilla y Katy Vásconez y el doctor Fernando León, miembros activos de la Cámara Minera Cantonal de Cuenca: es hora de acometer una reforma profunda del marco legal; es hora de dejarnos de tanta tramito-logia, de tantos informes -muchos de ellos inoficiosos y emitidos por funcionarios sin jurisdicción, competencia y sin conocimiento sobre lo que se pronuncian-, de tantas aprobaciones y permisos que ni los propios organismos competentes piden ni hacen problema, de esperar directrices superiores, muletilla muy usada para dilatar el cumplimiento de obligaciones legales.
La burocracia debe ponerse a tono con la realidad. Tienen represados cientos o quizás miles de procesos sin resolver. Esperamos que en todo este tiempo de teletrabajo estén listas las resoluciones, dando la razón a quienes las tienen o negando los petitorios conforme a derecho de lo que sea improcedente, con la correspondiente y debida motivación del porqué se lo hace, lo peor es no pronunciarse o dando largas injustificadas conforme a venido sucediendo.
Frente a lo que estamos viviendo y frente aun a las más graves circunstancias que se nos vienen en breves días, es mucho lo que podemos realizar como sector productivo formal y estamos prestos a cumplir un papel protagónico en la reactivación del país, PERO siempre y cuando y en la medida de que exista la voluntad política y la decisión de apoyar por parte del sector estatal, dejando atrás los vicios y taras que hemos mencionado en líneas anteriores.
Solo así lograremos salir adelante con la menor cantidad de la población afectada; pues por ahora ni la migración ni el turismo son opciones para afrontar lo que se avecina, la minería responsable es una opción válida para la supervivencia, más aun en un país dolarizado y con esfuerzo, lo podemos hacer aun con el marco legal existente cuando se lo entienda correctamente, se respete sus preceptos y la administración pública esté a la altura de las circunstancias, sin perjuicio de la revisión integral del marco legal en lo cual nos ratificamos.
Coincido también en que es urgente y necesario conocer cuáles son las políticas y estrategias que desde el sector Ejecutivo se piensan implementar para la reactivación del sector productivo minero formal, cuáles han sido las acciones frente al desabastecimiento de insumos para la actividad minera tales como la falta de provisión de explosivos, cianuro, etcétera; cuáles son las soluciones a los cuellos de botella que desde hace mucho tiempo atrás se han identificado y no han tenido solución hasta el momento y que impiden el desarrollo del sector.
Solo con estas acciones y soluciones se podrá lograr lo que el propio gobierno se ha propuesto como meta para el sector minero, de pasar del 1% al 4% del PIB; la coyuntura se presta: frente a grandes males grandes soluciones, es hora de definiciones y de que el Estado central tome las decisiones que por mandato constitucional y legal le corresponde sobre un sector estratégico de interés nacional, por sobre protagonismos politiqueros locales o regionales.
Finalmente me sumo al pedido de tener una línea directa de comunicación entre el sector estatal y el sector productivo, tal y como se han abierto los diferentes estamentos del Estado en otras carteras, estamos prestos a arrimar el hombro en todo lo que nos corresponda realizar, porque de esto salimos juntos o todos nos hundimos.
Patricio Vargas Coronel
Cámara de Minería de Cuenca.
Abril 26 de 2020.
Este instructivo es importante pero en estos momentos no prioritario, no es dable, ni aceptable, frente a urgencias como frenar un posible estallido social por el hambre o el galopante desempleo; ya basta de instructivos, de resoluciones, de directrices, de anexos y de un largo etcétera, que lo único que han logrado por mucho tiempo es frenar el desarrollo de actividades productivas formales, han fomentado la informalidad, han dado margen a la corrupción y han sido usados como el pretexto ideal para no atender los legítimos pedidos de los usuarios que quieren apostar por el país, generar empleo, generar divisas y dinamizar la economía de este país.
Coincido con lo expresado por las doctoras Catalina Vintimilla y Katy Vásconez y el doctor Fernando León, miembros activos de la Cámara Minera Cantonal de Cuenca: es hora de acometer una reforma profunda del marco legal; es hora de dejarnos de tanta tramito-logia, de tantos informes -muchos de ellos inoficiosos y emitidos por funcionarios sin jurisdicción, competencia y sin conocimiento sobre lo que se pronuncian-, de tantas aprobaciones y permisos que ni los propios organismos competentes piden ni hacen problema, de esperar directrices superiores, muletilla muy usada para dilatar el cumplimiento de obligaciones legales.
La burocracia debe ponerse a tono con la realidad. Tienen represados cientos o quizás miles de procesos sin resolver. Esperamos que en todo este tiempo de teletrabajo estén listas las resoluciones, dando la razón a quienes las tienen o negando los petitorios conforme a derecho de lo que sea improcedente, con la correspondiente y debida motivación del porqué se lo hace, lo peor es no pronunciarse o dando largas injustificadas conforme a venido sucediendo.
Frente a lo que estamos viviendo y frente aun a las más graves circunstancias que se nos vienen en breves días, es mucho lo que podemos realizar como sector productivo formal y estamos prestos a cumplir un papel protagónico en la reactivación del país, PERO siempre y cuando y en la medida de que exista la voluntad política y la decisión de apoyar por parte del sector estatal, dejando atrás los vicios y taras que hemos mencionado en líneas anteriores.
Solo así lograremos salir adelante con la menor cantidad de la población afectada; pues por ahora ni la migración ni el turismo son opciones para afrontar lo que se avecina, la minería responsable es una opción válida para la supervivencia, más aun en un país dolarizado y con esfuerzo, lo podemos hacer aun con el marco legal existente cuando se lo entienda correctamente, se respete sus preceptos y la administración pública esté a la altura de las circunstancias, sin perjuicio de la revisión integral del marco legal en lo cual nos ratificamos.
Coincido también en que es urgente y necesario conocer cuáles son las políticas y estrategias que desde el sector Ejecutivo se piensan implementar para la reactivación del sector productivo minero formal, cuáles han sido las acciones frente al desabastecimiento de insumos para la actividad minera tales como la falta de provisión de explosivos, cianuro, etcétera; cuáles son las soluciones a los cuellos de botella que desde hace mucho tiempo atrás se han identificado y no han tenido solución hasta el momento y que impiden el desarrollo del sector.
Solo con estas acciones y soluciones se podrá lograr lo que el propio gobierno se ha propuesto como meta para el sector minero, de pasar del 1% al 4% del PIB; la coyuntura se presta: frente a grandes males grandes soluciones, es hora de definiciones y de que el Estado central tome las decisiones que por mandato constitucional y legal le corresponde sobre un sector estratégico de interés nacional, por sobre protagonismos politiqueros locales o regionales.
Finalmente me sumo al pedido de tener una línea directa de comunicación entre el sector estatal y el sector productivo, tal y como se han abierto los diferentes estamentos del Estado en otras carteras, estamos prestos a arrimar el hombro en todo lo que nos corresponda realizar, porque de esto salimos juntos o todos nos hundimos.
Patricio Vargas Coronel
Cámara de Minería de Cuenca.
Abril 26 de 2020.