Decreto Ejecutivo 754 ´preocupa´ a Comisionado ONU
Septiembre 17 de 2023.- “Desde la Oficina de ONU Derechos Humanos en América del Sur expresamos nuestra preocupación sobre el alcance de la reforma realizada por el gobierno de Ecuador al reglamento del Código Orgánico del Ambiente, en cuanto se aleja de las normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos”, señaló el representante de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.
“De acuerdo con nuestro análisis, el Decreto Ejecutivo N°754 -promulgado el 31 de mayo de 2023- tiende a asimilar la figura de la consulta ambiental con el deber de consulta previa, libre e informada a los Pueblos Indígenas. Por ello, hacemos presente que esta consulta ambiental no puede reemplazar ni suprimir el derecho-deber contemplado en el Convenio 169 de la OIT”, sostiene Jarab en un comunicado.
Sostiene además que “son motivo de preocupación disposiciones del Decreto Ejecutivo N°754 que limitarían el derecho a una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, con información suficiente y oportuna, de modo que las observaciones de las personas y comunidades sean debidamente consideradas por las autoridades y contribuyan en dichos procesos”.
Añade que “la nueva reglamentación establece la consulta ambiental sólo para ciertas obras o actividades, designa al operador del proyecto como el encargado de incorporar o rechazar las observaciones de la comunidad, establece plazos breves para el proceso de entrega de información y no contempla mecanismos judiciales o administrativos para reclamar el proceso de evaluación ambiental, entre otros aspectos”.
“Dado lo anterior, llamamos a las autoridades ecuatorianas a asegurar que las regulaciones, tanto de la consulta a Pueblos Indígenas como de la consulta ambiental, observen debidamente el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo los compromisos y obligaciones del Estado incluyendo los compromisos y obligaciones del Estado en concordancia el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú”, finaliza.
La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene sede en Santiago y trabaja con Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
“De acuerdo con nuestro análisis, el Decreto Ejecutivo N°754 -promulgado el 31 de mayo de 2023- tiende a asimilar la figura de la consulta ambiental con el deber de consulta previa, libre e informada a los Pueblos Indígenas. Por ello, hacemos presente que esta consulta ambiental no puede reemplazar ni suprimir el derecho-deber contemplado en el Convenio 169 de la OIT”, sostiene Jarab en un comunicado.
Sostiene además que “son motivo de preocupación disposiciones del Decreto Ejecutivo N°754 que limitarían el derecho a una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, con información suficiente y oportuna, de modo que las observaciones de las personas y comunidades sean debidamente consideradas por las autoridades y contribuyan en dichos procesos”.
Añade que “la nueva reglamentación establece la consulta ambiental sólo para ciertas obras o actividades, designa al operador del proyecto como el encargado de incorporar o rechazar las observaciones de la comunidad, establece plazos breves para el proceso de entrega de información y no contempla mecanismos judiciales o administrativos para reclamar el proceso de evaluación ambiental, entre otros aspectos”.
“Dado lo anterior, llamamos a las autoridades ecuatorianas a asegurar que las regulaciones, tanto de la consulta a Pueblos Indígenas como de la consulta ambiental, observen debidamente el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo los compromisos y obligaciones del Estado incluyendo los compromisos y obligaciones del Estado en concordancia el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú”, finaliza.
La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene sede en Santiago y trabaja con Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Perú: 46 conflictos sociales vinculados
al sector minero entre junio y julio
Septiembre 17 de 2023.- De los 100 casos de conflictos sociales registrados por la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú durante los meses de junio y julio de este año, 46 de ellos estuvieron vinculados con la actividad minera.
De los 100 conflictos, 6 alcanzaron el nivel de riesgo crítico; 39, el nivel de riesgo inminente; 33, el nivel de riesgo intermedio; y 22, el nivel de riesgo bajo, de acuerdo con el informe Willaqniki, elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú.
Y de los 46 conflictos asociados a la actividad minera, la mayoría de ellos ocurrieron en operaciones que estaban en la etapa de exploración, en tanto que los demás fueron en minas de la Unidad Territorial del Corredor Vial Sur, principalmente.
Con base en los conflictos sociales mineros, 2 casos se encuentran en situación crítica, es decir, aquellos que presentan un nivel de riesgo muy alto para la gobernabilidad democrática, la gobernanza territorial, el orden público y los derechos fundamentales, y que por tanto requieren la intervención de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo.
Por otro lado, también se advierten 27 casos de conflictos sociales mineros en situación de riesgo inminente, es decir, aquellos casos que tuvieron un riesgo alto de afectar la gobernabilidad democrática y el orden público, y que por tanto tuvieron la atención oportuna del Poder Ejecutivo para evitar que escalen a una situación de crisis.
Sobre la base de los 100 conflictos sociales reconocidos a nivel nacional, aparte de los 46 casos relacionados a la minería, también existen casos asociados a los bienes y servicios públicos (17), hidrocarburos (14), infraestructura (9), hídrico (4), gobernabilidad (4), minería ilegal (3), agrario (3) y otros (1), de acuerdo con el informe Willaqniki.
De los 100 conflictos, 6 alcanzaron el nivel de riesgo crítico; 39, el nivel de riesgo inminente; 33, el nivel de riesgo intermedio; y 22, el nivel de riesgo bajo, de acuerdo con el informe Willaqniki, elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú.
Y de los 46 conflictos asociados a la actividad minera, la mayoría de ellos ocurrieron en operaciones que estaban en la etapa de exploración, en tanto que los demás fueron en minas de la Unidad Territorial del Corredor Vial Sur, principalmente.
Con base en los conflictos sociales mineros, 2 casos se encuentran en situación crítica, es decir, aquellos que presentan un nivel de riesgo muy alto para la gobernabilidad democrática, la gobernanza territorial, el orden público y los derechos fundamentales, y que por tanto requieren la intervención de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo.
Por otro lado, también se advierten 27 casos de conflictos sociales mineros en situación de riesgo inminente, es decir, aquellos casos que tuvieron un riesgo alto de afectar la gobernabilidad democrática y el orden público, y que por tanto tuvieron la atención oportuna del Poder Ejecutivo para evitar que escalen a una situación de crisis.
Sobre la base de los 100 conflictos sociales reconocidos a nivel nacional, aparte de los 46 casos relacionados a la minería, también existen casos asociados a los bienes y servicios públicos (17), hidrocarburos (14), infraestructura (9), hídrico (4), gobernabilidad (4), minería ilegal (3), agrario (3) y otros (1), de acuerdo con el informe Willaqniki.
Nuevo manual para evitar la disminución de la base imponible
Septiembre 17 de 2023.- El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), ha lanzado el capítulo 4.7 Reglamento de Precios de Transferencia, del Manual para el Control de la Planificación Fiscal Internacional, escrito por Carlos Pérez Gómez.
Este capítulo tiene como objetivo identificar las medidas legales y administrativas que los países han adoptado para regular los regímenes de precios de transferencia y abordar posibles comportamientos de riesgo por parte de los contribuyentes al realizar operaciones que involucran precios de transferencia con partes relacionadas.
El Capítulo 4.7. es el número 23 publicado en el marco del Manual para el Control de la Planificación Fiscal Internacional y está disponible en inglés y español. El Manual completo consta de seis secciones compuestas por 42 capítulos.
La publicación tiene por objetivo identificar las medidas legales y administrativas que han adoptado los países no sólo para administrar los regímenes de precios de transferencia, sino para enfrentar una posible conducta de riesgo por parte de los contribuyentes al realizar operaciones que involucren precios de transferencia con sus partes relacionadas o vinculadas.
En el contexto de una economía mundial globalizada, con millones de operaciones transfronterizas sucediendo en cada momento, las empresas multinacionales juegan un papel fundamental al concentrar la gran mayoría del volumen de transacciones internacionales, mismas que suceden e impactan financiera y fiscalmente a entidades jurídicas que forman parte de un mismo grupo empresarial.
Estas transacciones entre partes relacionadas, según el principio del operador independiente (también llamado principio de plena competencia) que rige la materia de precios de transferencia, deben de llevarse a cabo como lo hubieran realizado partes independientes en operaciones comparables, manteniendo asimismo una razonabilidad de negocios en línea con la dinámica que manifiestan los agentes económicos con fines de lucro en el libre mercado.
Este acuerdo internacional de imponer el principio del operador independiente especialmente a las transacciones transfronterizas entre partes relacionadas de un mismo grupo empresarial busca lograr una alineación entre la creación de valor o realización de un negocio con su registro contable y financiero.
En consecuencia, busca el pago de impuestos en su lugar de realización, evitando así la deslocalización de las utilidades de un negocio a jurisdicciones ajenas a su origen, por virtud de la manipulación de los precios de transferencia entre partes relacionadas.
Al asignar correctamente las utilidades de un grupo multinacional a las jurisdicciones que les pertenece, la normativa de precios de transferencia logra dos funciones principales: por un lado, evita que la utilidad se grave en dos jurisdicciones al mismo tiempo (doble tributación) y por el otro, busca que en cada jurisdicción se tribute acorde a la creación de valor en dicho territorio. Las transacciones entre partes relacionadas son variadas, y abarcan desde la transmisión de bienes materiales y activos intangibles, hasta la prestación de servicios a empresas asociadas, y las operaciones financieras.
El trabajo puede ser descargado de: https://www.ciat.org/4-7-transfer-pricing-regulations/?lang=en
Este capítulo tiene como objetivo identificar las medidas legales y administrativas que los países han adoptado para regular los regímenes de precios de transferencia y abordar posibles comportamientos de riesgo por parte de los contribuyentes al realizar operaciones que involucran precios de transferencia con partes relacionadas.
El Capítulo 4.7. es el número 23 publicado en el marco del Manual para el Control de la Planificación Fiscal Internacional y está disponible en inglés y español. El Manual completo consta de seis secciones compuestas por 42 capítulos.
La publicación tiene por objetivo identificar las medidas legales y administrativas que han adoptado los países no sólo para administrar los regímenes de precios de transferencia, sino para enfrentar una posible conducta de riesgo por parte de los contribuyentes al realizar operaciones que involucren precios de transferencia con sus partes relacionadas o vinculadas.
En el contexto de una economía mundial globalizada, con millones de operaciones transfronterizas sucediendo en cada momento, las empresas multinacionales juegan un papel fundamental al concentrar la gran mayoría del volumen de transacciones internacionales, mismas que suceden e impactan financiera y fiscalmente a entidades jurídicas que forman parte de un mismo grupo empresarial.
Estas transacciones entre partes relacionadas, según el principio del operador independiente (también llamado principio de plena competencia) que rige la materia de precios de transferencia, deben de llevarse a cabo como lo hubieran realizado partes independientes en operaciones comparables, manteniendo asimismo una razonabilidad de negocios en línea con la dinámica que manifiestan los agentes económicos con fines de lucro en el libre mercado.
Este acuerdo internacional de imponer el principio del operador independiente especialmente a las transacciones transfronterizas entre partes relacionadas de un mismo grupo empresarial busca lograr una alineación entre la creación de valor o realización de un negocio con su registro contable y financiero.
En consecuencia, busca el pago de impuestos en su lugar de realización, evitando así la deslocalización de las utilidades de un negocio a jurisdicciones ajenas a su origen, por virtud de la manipulación de los precios de transferencia entre partes relacionadas.
Al asignar correctamente las utilidades de un grupo multinacional a las jurisdicciones que les pertenece, la normativa de precios de transferencia logra dos funciones principales: por un lado, evita que la utilidad se grave en dos jurisdicciones al mismo tiempo (doble tributación) y por el otro, busca que en cada jurisdicción se tribute acorde a la creación de valor en dicho territorio. Las transacciones entre partes relacionadas son variadas, y abarcan desde la transmisión de bienes materiales y activos intangibles, hasta la prestación de servicios a empresas asociadas, y las operaciones financieras.
El trabajo puede ser descargado de: https://www.ciat.org/4-7-transfer-pricing-regulations/?lang=en
Colombia se unió a BOGA
Septiembre 10 de 2023.- Colombia se unió hace unos días a más de una decena de países que hace unos años formaron la Alianza Más Allá del Petróleo y el Gas (BOGA, por sus siglas en inglés), para que los gobiernos se comprometan a reducir la exploración y la producción de combustibles fósiles y que esa transición se acometa de manera justa.
La idea fue lanzada durante la COP 26 y fue una de las iniciativas lanzadas para limitar el aumento de la temperatura global media a 1,5 ºC por encima del nivel preindustrial, según dicta el Acuerdo Climático de París.
Entre los países promotores estaban Costa Rica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Suecia, Gales, Quebec y Groenlandia, que respaldaron la propuesta de no conceder nuevos permisos de exploración.
En ese momento, la condición para estar en BOGA es demostrar que están realizando esfuerzos para la eliminación progresiva del uso del petróleo y el gas.
La adhesión de Colombia la hicieron el ministro de Minas y Energía de ese país, Andrés Camacho Morales; y el Ministro de Cooperación al Desarrollo y Política Climática Global de Dinamarca, Dan Jørgensen.
“A partir de hoy, concentraremos nuestros esfuerzos en colaborar con BOGA para trabajar de forma conjunta en avanzar en nuestra transición, no solo energética, sino también económica. El trabajo con BOGA, responderá al elemento de justicia de nuestra transición energética, tanto para las comunidades como para la industria” afirmó el ministro Camacho.
Dijo también que su ministerio está trabajando conjuntamente con la Secretaría Técnica de BOGA proyectando un plan de trabajo enfocado en actividades de investigación, pedagogía y preparación de todas las variables involucradas en el desarrollo de la transición energética justa en Colombia, incluyendo diversificación en fuentes de actividad económica, ingresos fiscales y generación de empleo.
La idea fue lanzada durante la COP 26 y fue una de las iniciativas lanzadas para limitar el aumento de la temperatura global media a 1,5 ºC por encima del nivel preindustrial, según dicta el Acuerdo Climático de París.
Entre los países promotores estaban Costa Rica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Suecia, Gales, Quebec y Groenlandia, que respaldaron la propuesta de no conceder nuevos permisos de exploración.
En ese momento, la condición para estar en BOGA es demostrar que están realizando esfuerzos para la eliminación progresiva del uso del petróleo y el gas.
La adhesión de Colombia la hicieron el ministro de Minas y Energía de ese país, Andrés Camacho Morales; y el Ministro de Cooperación al Desarrollo y Política Climática Global de Dinamarca, Dan Jørgensen.
“A partir de hoy, concentraremos nuestros esfuerzos en colaborar con BOGA para trabajar de forma conjunta en avanzar en nuestra transición, no solo energética, sino también económica. El trabajo con BOGA, responderá al elemento de justicia de nuestra transición energética, tanto para las comunidades como para la industria” afirmó el ministro Camacho.
Dijo también que su ministerio está trabajando conjuntamente con la Secretaría Técnica de BOGA proyectando un plan de trabajo enfocado en actividades de investigación, pedagogía y preparación de todas las variables involucradas en el desarrollo de la transición energética justa en Colombia, incluyendo diversificación en fuentes de actividad económica, ingresos fiscales y generación de empleo.
Las propuestas que van a la segunda vuelta
Septiembre 3 de 2023.- En síntesis, Luisa Gonzales y Daniel Noboa abordan la problemática minera, es decir, su diagnóstico y propuestas, de la manera más superficial posible. A nivel de planteamientos de políticas públicas o de medidas concretas a promover desde el legislativo, la generalidad de los dos candidatos es bastante elocuente. Aquí lo que dicen los documentos que presentaron al Consejo Nacional Electoral.
ACCIÓN DEMOCRÁTICA NACIONAL
… La inversión en los sectores estratégicos es una prioridad para el crecimiento de la economía a nivel nacional, de esta manera se promoverá el desarrollo de actividades en materia de hidrocarburos, minería, energía, electricidad, telecomunicaciones, recursos hídricos y ambiente.
Principalmente, los objetivos del gobierno se enfocan en incrementar la eficiencia de estos sectores, proponiendo marcos de regulación que permitan alcanzar objetivos estatales; el aprovechamiento sostenible de estos recursos; industrializar los recursos naturales; y, ejecutar acciones destinadas a fortalecer las capacidades técnicas de sus instituciones rectoras, entre otras.
Programas y Acciones
1. Incentivo a la producción minera nacional: mediante delegación a la iniciativa privada, cooperativas y asociaciones de economía popular y solidaria, se alcance un verdadero desarrollo, especialmente bajo el régimen de pequeña minería,
impulsando que la misma, sea de manera industrializada, con capitales de inversión en el mediano y largo plazo, para lo cual será necesario, la apertura del catastro minero, con mecanismos de selección idóneos de los mejores proponentes.
2. Regularización de las actividades artesanales: Iniciar con su regularización, y a través de ello, que puedan afiliarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con el fin de que puedan tener acceso a salud y créditos que les permita mejorar sus condiciones de vida. Así mismo, el Estado podrá controlar aquellos mineros que son artesanales, con los grupos informales que, sin ningún tipo de cuidado, extraer recursos perjudicando al Estado y a los derechos de la naturaleza, sin que les importe su destrucción.
3. Controles en contra de minería ilegal: Se realizarán operativos en conjunto con las fuerzas armadas y policía nacional, que permita desarticular a las mafias y bandas que extraer recursos mineros de manera ilegal, para lo cual, será necesario
dotar de mejores herramientas de trabajo y de tecnología que permita identificar a estas mafias.
MOVIMIENTO REVOLUCIÓN CIUDADANA
Marco constitucional y Ordenamiento Legal
Reivindicar la prohibición constitucional de privatizar bienes públicos y de los sectores estratégicos del estado, activos y empresas públicas; y de ser el caso, restituirlos.
Medio ambiente
Conformar una auditoría ciudadana de las concesiones mineras, enfrentar a la minería ilegal y recuperar la institucionalidad de regulación y control del sector minero.
Trabajar en conjunto con los pueblos originarios para garantizar en sus territorios de manera completa e integral, tanto sus derechos del buen vivir, como los derechos de la naturaleza.
Conservar y asegurar el uso sostenible del aire y la biodiversidad del país, del mar territorial y los territorios ancestrales.
Ciudadanía decolonial
Reconocer y remediar las injusticias históricas cometidas contra los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras minorías, incluyendo la restitución de tierras y recursos, así como la reparación de daños materiales y simbólicos.
Fomentar la participación activa y significativa de las comunidades indígenas y locales en la toma de decisiones y acciones públicas en sus territorios, garantizando que sean inclusivas y atiendan a las especificidades territoriales.
Justicia, educación y salud interculturales
Abrir espacios de participación de las nacionalidades en la toma de decisiones respecto a sus territorios, con orientaciones hacia el nuevo modelo ecológico y sostenible.
Relaciones internacionales
Definir una agenda en la OMC que se alinee a los intereses de los países en desarrollo y proyectándola hacia el futuro, limitando las intenciones de las corporaciones transnacionales de avanzar en sus propuestas sobre propiedad intelectual, protección de inversiones, y últimamente de monopolizar los beneficios de internet y la sociedad digital.
Diversificar las relaciones económicas, comerciales y políticas para fortalecer el multilateralismo y el equilibrio global.
Para esto es necesario retomar los acercamientos con los países africanos y asiáticos e impulsar acuerdos de cooperación y complementariedad.
Comercio y acuerdos de comercio e inversión.
ACCIÓN DEMOCRÁTICA NACIONAL
… La inversión en los sectores estratégicos es una prioridad para el crecimiento de la economía a nivel nacional, de esta manera se promoverá el desarrollo de actividades en materia de hidrocarburos, minería, energía, electricidad, telecomunicaciones, recursos hídricos y ambiente.
Principalmente, los objetivos del gobierno se enfocan en incrementar la eficiencia de estos sectores, proponiendo marcos de regulación que permitan alcanzar objetivos estatales; el aprovechamiento sostenible de estos recursos; industrializar los recursos naturales; y, ejecutar acciones destinadas a fortalecer las capacidades técnicas de sus instituciones rectoras, entre otras.
Programas y Acciones
1. Incentivo a la producción minera nacional: mediante delegación a la iniciativa privada, cooperativas y asociaciones de economía popular y solidaria, se alcance un verdadero desarrollo, especialmente bajo el régimen de pequeña minería,
impulsando que la misma, sea de manera industrializada, con capitales de inversión en el mediano y largo plazo, para lo cual será necesario, la apertura del catastro minero, con mecanismos de selección idóneos de los mejores proponentes.
2. Regularización de las actividades artesanales: Iniciar con su regularización, y a través de ello, que puedan afiliarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con el fin de que puedan tener acceso a salud y créditos que les permita mejorar sus condiciones de vida. Así mismo, el Estado podrá controlar aquellos mineros que son artesanales, con los grupos informales que, sin ningún tipo de cuidado, extraer recursos perjudicando al Estado y a los derechos de la naturaleza, sin que les importe su destrucción.
3. Controles en contra de minería ilegal: Se realizarán operativos en conjunto con las fuerzas armadas y policía nacional, que permita desarticular a las mafias y bandas que extraer recursos mineros de manera ilegal, para lo cual, será necesario
dotar de mejores herramientas de trabajo y de tecnología que permita identificar a estas mafias.
MOVIMIENTO REVOLUCIÓN CIUDADANA
Marco constitucional y Ordenamiento Legal
Reivindicar la prohibición constitucional de privatizar bienes públicos y de los sectores estratégicos del estado, activos y empresas públicas; y de ser el caso, restituirlos.
Medio ambiente
Conformar una auditoría ciudadana de las concesiones mineras, enfrentar a la minería ilegal y recuperar la institucionalidad de regulación y control del sector minero.
Trabajar en conjunto con los pueblos originarios para garantizar en sus territorios de manera completa e integral, tanto sus derechos del buen vivir, como los derechos de la naturaleza.
Conservar y asegurar el uso sostenible del aire y la biodiversidad del país, del mar territorial y los territorios ancestrales.
Ciudadanía decolonial
Reconocer y remediar las injusticias históricas cometidas contra los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras minorías, incluyendo la restitución de tierras y recursos, así como la reparación de daños materiales y simbólicos.
Fomentar la participación activa y significativa de las comunidades indígenas y locales en la toma de decisiones y acciones públicas en sus territorios, garantizando que sean inclusivas y atiendan a las especificidades territoriales.
Justicia, educación y salud interculturales
Abrir espacios de participación de las nacionalidades en la toma de decisiones respecto a sus territorios, con orientaciones hacia el nuevo modelo ecológico y sostenible.
Relaciones internacionales
Definir una agenda en la OMC que se alinee a los intereses de los países en desarrollo y proyectándola hacia el futuro, limitando las intenciones de las corporaciones transnacionales de avanzar en sus propuestas sobre propiedad intelectual, protección de inversiones, y últimamente de monopolizar los beneficios de internet y la sociedad digital.
Diversificar las relaciones económicas, comerciales y políticas para fortalecer el multilateralismo y el equilibrio global.
Para esto es necesario retomar los acercamientos con los países africanos y asiáticos e impulsar acuerdos de cooperación y complementariedad.
Comercio y acuerdos de comercio e inversión.
Estados Unidos y Perú firman
acuerdo contra minería ilegal
Septiembre 3 de 2023.- Estados Unidos de América y el Perú firmaron el plan de acción 2023-2024 del Memorando de Entendimiento, MOU por sus siglas en inglés, sobre cooperación relacionada con la minería de oro a pequeña escala.
El objetivo del Memorando de Entendimiento es fortalecer la asociación y colaboración en actividades para promover la formalización de la minería de pequeña escala, con énfasis en la minería de oro, así como luchar contra la minería ilegal de oro y delitos relacionados.
El MOU identifica cinco pilares principales:
Proteger la salud humana y el medio ambiente reduciendo o eliminando el uso y la liberación de mercurio procedente de la minería en pequeña escala.
Fortalecer e incrementar la transparencia en la cadena de suministro y comercialización de oro.
Promover el desarrollo económico alternativo en áreas donde la minería está prohibida.
Prevenir, investigar y procesar eficazmente los delitos asociados con la minería ilegal de oro y el comercio conexo.
Prevenir y detener la invasión de la minería ilegal de las áreas naturales protegidas, pueblos indígenas, zonas arqueológicas que conforman el patrimonio cultural de la nación, entre otras áreas prohibidas.
El plan de acción guiará y promoverá actividades entre agosto de 2023 y diciembre de 2024.
Estados Unidos de Norteamérica y el Perú firmaron originalmente el MOU en 2017 y renovaron sus planes de acción de implementación anualmente hasta 2020. La firma de estos días marca la reanudación de los compromisos del plan de acción suscrito, aunque ambos países continuaron trabajando juntos en los pilares del MOU durante la pandemia de Covid-19, según las condiciones permitidas.
El objetivo del Memorando de Entendimiento es fortalecer la asociación y colaboración en actividades para promover la formalización de la minería de pequeña escala, con énfasis en la minería de oro, así como luchar contra la minería ilegal de oro y delitos relacionados.
El MOU identifica cinco pilares principales:
Proteger la salud humana y el medio ambiente reduciendo o eliminando el uso y la liberación de mercurio procedente de la minería en pequeña escala.
Fortalecer e incrementar la transparencia en la cadena de suministro y comercialización de oro.
Promover el desarrollo económico alternativo en áreas donde la minería está prohibida.
Prevenir, investigar y procesar eficazmente los delitos asociados con la minería ilegal de oro y el comercio conexo.
Prevenir y detener la invasión de la minería ilegal de las áreas naturales protegidas, pueblos indígenas, zonas arqueológicas que conforman el patrimonio cultural de la nación, entre otras áreas prohibidas.
El plan de acción guiará y promoverá actividades entre agosto de 2023 y diciembre de 2024.
Estados Unidos de Norteamérica y el Perú firmaron originalmente el MOU en 2017 y renovaron sus planes de acción de implementación anualmente hasta 2020. La firma de estos días marca la reanudación de los compromisos del plan de acción suscrito, aunque ambos países continuaron trabajando juntos en los pilares del MOU durante la pandemia de Covid-19, según las condiciones permitidas.
Exportaciones mineras de Argentina
superaron US$ 2300 millones el 2023
Septiembre 3 de 2023.- Las exportaciones mineras de Argentina totalizaron 2 321 millones de dólares en los primeros siete meses del año, un 4,3% más respecto al mismo período del año anterior y alcanzaron el nivel más alto desde el 2012, informó la Secretaría de Minería de ese país.
Las exportaciones de litio de Argentina, que conforma el llamado triángulo del litio junto con Bolivia y Chile, en los primeros siete meses del año crecieron un 41% respecto al 2022. En efectivo, eso significa 491 millones de dólares, informó la secretaría.
Las exportaciones de oro totalizaron 1283 millones de dólares, las de plata resultaron en 430 millones de dólares y el resto de los minerales metalíferos totalizaron 35 millones.
Las ventas al exterior de metalíferos en ese período totalizaron 1748 millones de dólares, 3% menos que en los primeros siete meses del 2022.
“Estos números son el resultado de un gobierno que impulsa el desarrollo de la actividad minera en el país”, dijo Fernanda Ávila, secretario de Minería del país.
“Debemos seguir trabajando para generar las condiciones necesarias para que la industria minera pueda ser un vector clave de desarrollo para el país”, agregó.
Las exportaciones mineras de julio sumaron 377 millones de dólares, un 24% más que en julio del año anterior. De ese total, 290 millones correspondieron a productos metalíferos: el oro con 234 millones de dólares, plata con 52 millones de dólares y los restantes por 4 millones.
En cuanto al litio, Argentina exportó en julio 74 millones de dólares, un 21,9% menos que en el mismo mes del 2022.
Las exportaciones de litio de Argentina, que conforma el llamado triángulo del litio junto con Bolivia y Chile, en los primeros siete meses del año crecieron un 41% respecto al 2022. En efectivo, eso significa 491 millones de dólares, informó la secretaría.
Las exportaciones de oro totalizaron 1283 millones de dólares, las de plata resultaron en 430 millones de dólares y el resto de los minerales metalíferos totalizaron 35 millones.
Las ventas al exterior de metalíferos en ese período totalizaron 1748 millones de dólares, 3% menos que en los primeros siete meses del 2022.
“Estos números son el resultado de un gobierno que impulsa el desarrollo de la actividad minera en el país”, dijo Fernanda Ávila, secretario de Minería del país.
“Debemos seguir trabajando para generar las condiciones necesarias para que la industria minera pueda ser un vector clave de desarrollo para el país”, agregó.
Las exportaciones mineras de julio sumaron 377 millones de dólares, un 24% más que en julio del año anterior. De ese total, 290 millones correspondieron a productos metalíferos: el oro con 234 millones de dólares, plata con 52 millones de dólares y los restantes por 4 millones.
En cuanto al litio, Argentina exportó en julio 74 millones de dólares, un 21,9% menos que en el mismo mes del 2022.
Se vienen reformas globales en materia tributaria
Agosto 27 de 2023.- La Consulta de Valoración Previa que en estos días inquieta a los técnicos que ven los aspectos tributarios del sector minero y a los funcionarios del sector, forma parte de un paquete de reglas aprobado por más de 130 países en octubre del 2021 que sigue siendo firmemente apoyado por el G-20 y un número cada vez mayor de países se prepara para implementarlo en enero del próximo año.
Lo real es que muchas compañías mineras multinacionales se verán afectadas por las nuevas reglas tributarias globales. Con cargo a abordar el tema de una manera más profunda intentamos por ahora mostrar cómo estas nuevas reglas globales pueden interactuar con el régimen fiscal local a partir de documentos recientes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo económico (OCDE)-G20 que brindan premisas clave para asegurar una tributación eficiente.
• Pilar Uno: reubicación de derechos tributarios
El Pilar Uno asegurará una distribución más justa de las ganancias y derechos tributarios entre países con respecto a las Empresas Multinacionales más grandes (MNEs, por sus siglas en inglés), incluyendo compañías digitales. Reubicaría algunos derechos tributarios sobre las Empresas Multinacionales de sus países de procedencia hacia los mercados en donde tienen actividades de negocios y obtienen ganancias, independientemente de si las firmas tengan una presencia física ahí. Bajo el Pilar Uno, los derechos de tributación en ganancias de más de US$ 125 billones se espera sean reubicados a las jurisdicciones de merado cada año.
• Pilar Dos – Mecanismo Anti-Erosión Base Global
El Pilar Dos busca colocar un piso a la competición por impuestos al ingreso corporativo, a través de la introducción de una tasa de impuestos corporativos mínima que los países puedan utilizar para proteger sus bases tributarias. El impuesto al ingreso corporativo mínimo global bajo el Pilar Dos – con una tasa mínima del 15% - se estima genere alrededor de US$ 150 billones adicionalmente a los ingresos tributarios globales anualmente. Beneficios adicionales surgirán también de la estabilización del sistema de impuestos internacional y la certeza tributaria incrementada para los tributarios y las administraciones tributarias. Véase Reglas Modelo Anti Erosión Base Globales (GloBE) publicadas el 20 de Diciembre del 2021, las que delinean el enfoque y disponen las provisiones operativas y definiciones de las reglas GloBE. Estas reglas se pretenden sean implementadas como parte de un abordaje común y se traigan a las legislaciones domésticas desde 2022.
El Pilar Uno es muy relevante para compañías ampliamente sostenidas digitalmente, pero menos para la industria minera pues explícitamente excluye las actividades extractivas. Este va aún más allá y perfila las primeras etapas de procesamiento de producción de mineral hecho en el país de extracción. Esto debería reasegurar que la totalidad de los derechos de tributación en extracción de recursos y procesamiento dentro-del-país de los países mineros sean preservados. La carga la llevarán mayormente las compañías mineras multinacionales para aplicar la exclusión y las jurisdicciones de sus países de procedencia para que los supervisen.
El Pilar Dos se aplica a todas las compañías con un umbral de ingreso global anual por encima de los EUR 750 millones, lo que cubriría la mayoría de empresas mineras medianas y grandes. Bajo este también si un país anfitrión no recolecta impuestos de una compañía minera a la tasa efectiva mínima del 15% en un año dado, otro país puede tener el derecho de cobrar la diferencia. El Pilar Dos afectará a muchos países que tienen una tributación baja o nula, por lo tanto cambiará cómo las multinacionales estructuran sus estrategias tributarias globales. A pesar de que los países mineros tienden a tener tasas tributarias al ingreso corporativo nominal mayores al 15%, muchos ofrecen incentivos tributarios generosos que pueden reducir tasas tributarias efectivas por debajo del 15%, por lo menos por un periodo de tiempo. Mucho tendrá que revisarse a la luz del mínimo tributario global.
Los gobiernos alrededor del mundo están comenzando a tomar acciones ante las nuevas reglas tributarias globales y a adaptar sus propias políticas tributarias como resultado. Ellos pueden tomar ventaja de la nueva Guía para Países en Desarrollo sobre Cómo Entender y Adaptar al Tributo Global Mínimo, publicado por el Instituto Internacional para Desarrollo Sostenible, el instituto anfitrión del IGF, y el Proyecto de Abogados Superiores Internacional. Y hay muchoas otros buenos recursos de organizaciones como la OCDE, Foro de Administración Tributaria Africano, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y la Conferencia de las Naciones Unidas acerca del Comercio y Desarrollo.
Más allá de la solución de Dos Pilares, la política tributaria globalmente está atravesando más cambios de lo que lo ha hecho en décadas. Muchos países se han dado cuenta que las reglas tributarias internacionales no están hechas en piedra, y esto abre oportunidades para nuevas ideas. Por ejemplo, la resolución de la ONU para iniciar charlas intergubernamentales en impuestos marca una salida mayor del status quo. Específicamente en el sector minero, el IGF y la iniciativa del Foro de Administración Tributaria Africano acerca del Futuro de la Tributación de Recursos está diseñada para ayudar a gobiernos y otras partes involucradas a repensar el diseño de políticas.
La iniciativa de Impuestos mineros Globales del Secretariado del IGF permanecerá concentrado en cómo estas reformas afectarán a los países mineros.
Lo real es que muchas compañías mineras multinacionales se verán afectadas por las nuevas reglas tributarias globales. Con cargo a abordar el tema de una manera más profunda intentamos por ahora mostrar cómo estas nuevas reglas globales pueden interactuar con el régimen fiscal local a partir de documentos recientes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo económico (OCDE)-G20 que brindan premisas clave para asegurar una tributación eficiente.
• Pilar Uno: reubicación de derechos tributarios
El Pilar Uno asegurará una distribución más justa de las ganancias y derechos tributarios entre países con respecto a las Empresas Multinacionales más grandes (MNEs, por sus siglas en inglés), incluyendo compañías digitales. Reubicaría algunos derechos tributarios sobre las Empresas Multinacionales de sus países de procedencia hacia los mercados en donde tienen actividades de negocios y obtienen ganancias, independientemente de si las firmas tengan una presencia física ahí. Bajo el Pilar Uno, los derechos de tributación en ganancias de más de US$ 125 billones se espera sean reubicados a las jurisdicciones de merado cada año.
• Pilar Dos – Mecanismo Anti-Erosión Base Global
El Pilar Dos busca colocar un piso a la competición por impuestos al ingreso corporativo, a través de la introducción de una tasa de impuestos corporativos mínima que los países puedan utilizar para proteger sus bases tributarias. El impuesto al ingreso corporativo mínimo global bajo el Pilar Dos – con una tasa mínima del 15% - se estima genere alrededor de US$ 150 billones adicionalmente a los ingresos tributarios globales anualmente. Beneficios adicionales surgirán también de la estabilización del sistema de impuestos internacional y la certeza tributaria incrementada para los tributarios y las administraciones tributarias. Véase Reglas Modelo Anti Erosión Base Globales (GloBE) publicadas el 20 de Diciembre del 2021, las que delinean el enfoque y disponen las provisiones operativas y definiciones de las reglas GloBE. Estas reglas se pretenden sean implementadas como parte de un abordaje común y se traigan a las legislaciones domésticas desde 2022.
El Pilar Uno es muy relevante para compañías ampliamente sostenidas digitalmente, pero menos para la industria minera pues explícitamente excluye las actividades extractivas. Este va aún más allá y perfila las primeras etapas de procesamiento de producción de mineral hecho en el país de extracción. Esto debería reasegurar que la totalidad de los derechos de tributación en extracción de recursos y procesamiento dentro-del-país de los países mineros sean preservados. La carga la llevarán mayormente las compañías mineras multinacionales para aplicar la exclusión y las jurisdicciones de sus países de procedencia para que los supervisen.
El Pilar Dos se aplica a todas las compañías con un umbral de ingreso global anual por encima de los EUR 750 millones, lo que cubriría la mayoría de empresas mineras medianas y grandes. Bajo este también si un país anfitrión no recolecta impuestos de una compañía minera a la tasa efectiva mínima del 15% en un año dado, otro país puede tener el derecho de cobrar la diferencia. El Pilar Dos afectará a muchos países que tienen una tributación baja o nula, por lo tanto cambiará cómo las multinacionales estructuran sus estrategias tributarias globales. A pesar de que los países mineros tienden a tener tasas tributarias al ingreso corporativo nominal mayores al 15%, muchos ofrecen incentivos tributarios generosos que pueden reducir tasas tributarias efectivas por debajo del 15%, por lo menos por un periodo de tiempo. Mucho tendrá que revisarse a la luz del mínimo tributario global.
Los gobiernos alrededor del mundo están comenzando a tomar acciones ante las nuevas reglas tributarias globales y a adaptar sus propias políticas tributarias como resultado. Ellos pueden tomar ventaja de la nueva Guía para Países en Desarrollo sobre Cómo Entender y Adaptar al Tributo Global Mínimo, publicado por el Instituto Internacional para Desarrollo Sostenible, el instituto anfitrión del IGF, y el Proyecto de Abogados Superiores Internacional. Y hay muchoas otros buenos recursos de organizaciones como la OCDE, Foro de Administración Tributaria Africano, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y la Conferencia de las Naciones Unidas acerca del Comercio y Desarrollo.
Más allá de la solución de Dos Pilares, la política tributaria globalmente está atravesando más cambios de lo que lo ha hecho en décadas. Muchos países se han dado cuenta que las reglas tributarias internacionales no están hechas en piedra, y esto abre oportunidades para nuevas ideas. Por ejemplo, la resolución de la ONU para iniciar charlas intergubernamentales en impuestos marca una salida mayor del status quo. Específicamente en el sector minero, el IGF y la iniciativa del Foro de Administración Tributaria Africano acerca del Futuro de la Tributación de Recursos está diseñada para ayudar a gobiernos y otras partes involucradas a repensar el diseño de políticas.
La iniciativa de Impuestos mineros Globales del Secretariado del IGF permanecerá concentrado en cómo estas reformas afectarán a los países mineros.
En Chile: Inician programa que impulsa
liderazgo femenino en la industria energética
Agosto 27 de 2023.- Cifras del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en Chile dan cuenta de que una de cada 4 matrículas de carreras STEM, (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), en el 2018, corresponden a mujeres. A su vez, en el área de tecnología, esta cifra se reduce a solo el 20%.
En una búsqueda por revertir esta tendencia y promover un cambio significativo en la representación de las mujeres en la industria, el Solar Energy Research Center Chile, SERC Chile, con el apoyo de la consultora Walk The Talk y la Universidad Técnica Federico Santa María, lanzan el programa “WISE: Women Inspiring Solar Engineering” para el fortalecimiento de las competencias profesionales de las mujeres en la industria.
El proyecto - impulsado y a cargo de los investigadores SERC, Ricardo Álvarez y Valeria del Campo - tiene como propósito fomentar la participación femenina en el sector energético y contribuir al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible "Igualdad de Género", propuesto por las Naciones Unidas para el 2030. A través de este programa, SERC Chile espera que las participantes adquieran y desarrollen competencias clave para el liderazgo en el sector.
Al respecto, Ricardo Álvarez, explica es fundamental abrir una mirada de equidad de género en este ecosistema. “Este programa no solo busca incrementar la presencia cuantitativa de mujeres en las organizaciones del sector, sino que también busca formar y empoderarlas para liderar el cambio hacia una energía más humana, sostenible y justa en Chile", aclara Álvarez, investigador del área de Almacenamiento de Energía SERC Chile y académico USM.
WISE que inicia el próximo 17 de agosto, es un programa de mentorías que acompañará a 30 estudiantes de último año de carreras de ingenierías, durante 9 sesiones, etapa en la que las alumnas compartirán su visión de futuro, experiencia, conocimientos, y participarán en charlas y actividades formativas fundamentales para su desarrollo profesional.
Todo ello, con el apoyo y guía de un equipo de coaches y de mujeres líderes del sector energía y medioambiente, quienes son parte del programa de liderazgo de la consultora Walk The Talk.
Esta iniciativa se basa en una metodología sólida y efectiva, diseñada para descubrir y desarrollar habilidades de liderazgo en las estudiantes. Una forma apasionada, innovadora y divertida de aprender a ejercer liderazgo que jamás se olvida y que nace, precisamente, para dar respuesta a las limitaciones que existen en el sistema de capacitación tradicional. Por ello, enfoca su metodología en producir cambios sostenibles en las estudiantes con miras a fortalecer el futuro desempeño profesional de las mujeres en organizaciones de los sectores energético y medioambiental.
Al respecto, la investigadora SERC, Valeria del Campo, explica que proporcionar oportunidades desde una etapa temprana de su carrera profesional permite influir positivamente en el desarrollo de oportunidades laborales, junto con crear entornos más inclusivos y diversos en las organizaciones, lo que también estimula la innovación y la creatividad al aprovechar diferentes perspectivas y enfoques.
“Estamos convencidos que al empoderar a las mujeres para que se conviertan en líderes en STEM, se establece un camino para el éxito individual y colectivo, donde las mujeres pueden desempeñar roles influyentes y ser agentes de cambio en la construcción de un futuro más equitativo y próspero en estas disciplinas. Sumado a esto, la inclusión de sus voces resulta fundamental para el avance de la agenda del Gobierno de Chile y sus objetivos para lograr la paridad de género en cargos directivos en 2040”.
Solar Energy Research Center (SERC) Chile es un centro de investigación científica de excelencia que cuenta con cuatro focos estratégicos, que están relacionados con el desarrollo actual de la energía solar y con las características productivas del país.
El centro, que forma parte del programa de centros de excelencia Fondap de la ANID, cuenta con siete áreas de investigación: Tratamiento solar de aguas; Sistemas de energía; Ciencia de los materiales y evaluación de los recursos solares; Almacenamiento de energía; Electrónica de potencia y conversión de energía; Desarrollo sostenible; Control de sistemas y procesos industriales.
Quienes constituyen estás líneas de investigación son los más de 80 investigadores e investigadoras pertenecientes a las ocho instituciones públicas y privadas que trabajan con SERC Chile: la Universidad de Tarapacá (UTA), la Universidad de Antofagasta (UA), la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), la Universidad de Chile (UCH), la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), la Universidad de Concepción (UDEC) y Fraunhofer Chile.
En una búsqueda por revertir esta tendencia y promover un cambio significativo en la representación de las mujeres en la industria, el Solar Energy Research Center Chile, SERC Chile, con el apoyo de la consultora Walk The Talk y la Universidad Técnica Federico Santa María, lanzan el programa “WISE: Women Inspiring Solar Engineering” para el fortalecimiento de las competencias profesionales de las mujeres en la industria.
El proyecto - impulsado y a cargo de los investigadores SERC, Ricardo Álvarez y Valeria del Campo - tiene como propósito fomentar la participación femenina en el sector energético y contribuir al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible "Igualdad de Género", propuesto por las Naciones Unidas para el 2030. A través de este programa, SERC Chile espera que las participantes adquieran y desarrollen competencias clave para el liderazgo en el sector.
Al respecto, Ricardo Álvarez, explica es fundamental abrir una mirada de equidad de género en este ecosistema. “Este programa no solo busca incrementar la presencia cuantitativa de mujeres en las organizaciones del sector, sino que también busca formar y empoderarlas para liderar el cambio hacia una energía más humana, sostenible y justa en Chile", aclara Álvarez, investigador del área de Almacenamiento de Energía SERC Chile y académico USM.
WISE que inicia el próximo 17 de agosto, es un programa de mentorías que acompañará a 30 estudiantes de último año de carreras de ingenierías, durante 9 sesiones, etapa en la que las alumnas compartirán su visión de futuro, experiencia, conocimientos, y participarán en charlas y actividades formativas fundamentales para su desarrollo profesional.
Todo ello, con el apoyo y guía de un equipo de coaches y de mujeres líderes del sector energía y medioambiente, quienes son parte del programa de liderazgo de la consultora Walk The Talk.
Esta iniciativa se basa en una metodología sólida y efectiva, diseñada para descubrir y desarrollar habilidades de liderazgo en las estudiantes. Una forma apasionada, innovadora y divertida de aprender a ejercer liderazgo que jamás se olvida y que nace, precisamente, para dar respuesta a las limitaciones que existen en el sistema de capacitación tradicional. Por ello, enfoca su metodología en producir cambios sostenibles en las estudiantes con miras a fortalecer el futuro desempeño profesional de las mujeres en organizaciones de los sectores energético y medioambiental.
Al respecto, la investigadora SERC, Valeria del Campo, explica que proporcionar oportunidades desde una etapa temprana de su carrera profesional permite influir positivamente en el desarrollo de oportunidades laborales, junto con crear entornos más inclusivos y diversos en las organizaciones, lo que también estimula la innovación y la creatividad al aprovechar diferentes perspectivas y enfoques.
“Estamos convencidos que al empoderar a las mujeres para que se conviertan en líderes en STEM, se establece un camino para el éxito individual y colectivo, donde las mujeres pueden desempeñar roles influyentes y ser agentes de cambio en la construcción de un futuro más equitativo y próspero en estas disciplinas. Sumado a esto, la inclusión de sus voces resulta fundamental para el avance de la agenda del Gobierno de Chile y sus objetivos para lograr la paridad de género en cargos directivos en 2040”.
Solar Energy Research Center (SERC) Chile es un centro de investigación científica de excelencia que cuenta con cuatro focos estratégicos, que están relacionados con el desarrollo actual de la energía solar y con las características productivas del país.
El centro, que forma parte del programa de centros de excelencia Fondap de la ANID, cuenta con siete áreas de investigación: Tratamiento solar de aguas; Sistemas de energía; Ciencia de los materiales y evaluación de los recursos solares; Almacenamiento de energía; Electrónica de potencia y conversión de energía; Desarrollo sostenible; Control de sistemas y procesos industriales.
Quienes constituyen estás líneas de investigación son los más de 80 investigadores e investigadoras pertenecientes a las ocho instituciones públicas y privadas que trabajan con SERC Chile: la Universidad de Tarapacá (UTA), la Universidad de Antofagasta (UA), la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), la Universidad de Chile (UCH), la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), la Universidad de Concepción (UDEC) y Fraunhofer Chile.
Chocó Andino: el 32% dijo no
Agosto 20 de 2023.- Al cierre de esta edición, consultadas 5537 de las 5950 actas que debían levantarse en la consulta popular sobre la actividad minera en la mancomunidad del Chocó Andino, el resultado era contundente: el 68% de la población no quiere que se haga minería en la capital.
El tema de las consultas es cosa seria y debería entenderse así. Hace dos años se preguntó a la población de Cuenca si quería que construya una mina en la zona de recarga hídrica y la respuesta fue clarísima. Sin embargo, han pasado los meses y la cuestión sigue en los tribunales porque hay una lógica que entiende de manera particular el resultado de una consulta.
En febrero del 2018 hubo también un referéndum en torno a la posibilidad de hacer minería en zonas urbanas y en áreas consideradas como reservas. Al margen de lo que pase con las reservas de crudo que existen en el Yasuní, lo que se viene ahora es una avalancha de consultas populares sobre la minería que pondrá en tensión las fuerzas de los partidarios de la industria y la de los colectivos de activistas de los derechos humanos y la naturaleza.
El resultado es fácil de suponerlo, es decir, es casi tan predecible como los mensajes de la Cámara de Minería o la propaganda que vienen haciendo los que quieren venderle coca cola a los enfermos de diabetes.
El tema de las consultas es cosa seria y debería entenderse así. Hace dos años se preguntó a la población de Cuenca si quería que construya una mina en la zona de recarga hídrica y la respuesta fue clarísima. Sin embargo, han pasado los meses y la cuestión sigue en los tribunales porque hay una lógica que entiende de manera particular el resultado de una consulta.
En febrero del 2018 hubo también un referéndum en torno a la posibilidad de hacer minería en zonas urbanas y en áreas consideradas como reservas. Al margen de lo que pase con las reservas de crudo que existen en el Yasuní, lo que se viene ahora es una avalancha de consultas populares sobre la minería que pondrá en tensión las fuerzas de los partidarios de la industria y la de los colectivos de activistas de los derechos humanos y la naturaleza.
El resultado es fácil de suponerlo, es decir, es casi tan predecible como los mensajes de la Cámara de Minería o la propaganda que vienen haciendo los que quieren venderle coca cola a los enfermos de diabetes.
Cambios en el escenario minero chileno
Agosto 20 de 2023.- Importantes cambios vienen ocurriendo en el sector minero chileno. El miércoles 16 de agosto, el presidente Gabriel Boric anunció, durante el tercer cambio de gabinete, el reemplazo de la ministra de Minería. También se cambió al presidente de Codelco, a altos mandos de la Empresa Nacional de Minería, Enami; se nombró a cinco nuevos subsecretarios y subsecretarias y firmó el Convenio 176 de la OIT, decisión que reafirma el compromiso con la seguridad de los trabajadores.
Se anunció además que no cederán concesiones de litio hasta, al menos, el final de su mandato en 2026 y recalcó este mineral como símbolo de soberanía.
Reemplazando a la ministra Marcela Hernando tras 17 meses en su cargo, se designó a Aurora Williams Baussa, quien ya había desempeñado el cargo durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet.
Ingeniera comercial de la Universidad Católica del Norte (UCN) con estudios de postgrado especializados en administración de empresas, incluyendo un máster en Dirección y Administración de Empresas de la Universidad de Lérida en España, militante del Partido Radical (PR); su trayectoria incluye el haber sido gerenta general de la Corporación Clúster Minero de Antofagasta y gerenta de operaciones de Ciptemin.
Durante su pasada gestión se aprobó la capitalización de Codelco para financiar los proyectos estructurales de la estatal y se creó la ley que crea un Mecanismo de Estabilización del Precio del Cobre para la Pequeña Minería. Además, creó la Comisión Nacional del Litio, que tenía como objetivo crear una política pública para el desarrollo de esta industria en el país, y que fue recordada y enfatizada por el presidente en su discurso.
Reemplazando a Willy Kracht en la Subsecretaría de Minería, quien llevaba el cargo desde marzo del 2022, entró Suina Chahuán Kim.
Estos cambios han sido bien recibidos por diversos gremios mineros. Con respecto a la nueva ministra, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Jorge Riesco, declaró que “es una profesional que ya ocupó la cartera durante la administración de la presidenta Bachelet. Conoce el sector, tiene experiencia y está al tanto de los importantes desafíos que enfrenta nuestra industria. Ella siempre ha mostrado una buena disposición con nuestro gremio […] confiamos en que la ministra Williams pueda encabezar una agenda que contribuya a otorgar certeza jurídica y al fortalecimiento institucional necesario para recuperar la confianza de los inversionistas y a poner en marcha la cartera de proyectos mineros con que cuenta nuestro país”.
En cuanto a la salida de Willy Kracht de la Subsecretaría de Minería, declaró que “Nos ha sorprendido la amplitud del cambio que ha llevado a cabo el Presidente Boric, lo que demostraría un cambio de rumbo del sector”.
En esa misma línea, la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN) sostuvo que “nos asegura una fuerte relación con nuestro gremio; así como una buena conducción de los temas que interesan al desarrollo integral del sector minero, para lo cual le ofrecemos nuestra colaboración”.
Otros cambios importantes tuvieron lugar dentro de Codelco, tras la renuncia en junio de su presidente André Sougarret -quien argumentó dificultades para conciliar las demandas del puesto con su vida personal- que se hará efectiva este 31 de agosto.
Codelco atraviesa el nivel más bajo de producción en un cuarto de siglo, sufriendo por la falta de inversión, costos disparados y proyectos estratégicos que enfrentan retrasos y sobrecostos. A pesar de que los precios del cobre se encuentran a más de 20% por encima del promedio de la última década, estos factores han empeorado sus métricas crediticias. Dentro de un escenario de interrupciones en las cadenas de suministro, inflación y cuellos de botella en la construcción, Máximo Pacheco, su presidente, espera una recuperación a partir del próximo año y el aseguramiento de la producción de la empresa por los próximos 50 años gracias a sus proyectos estratégicos.
Por otro lado, el Ministerio de Minería informó que Jaime Pérez de Arce, vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami), fue sacado de su cargo. La vicepresidencia ejecutiva de la minera será tomada por Iván Mlynarz Puig, geólogo de la Universidad de Chile con 18 años de experiencia en el sector. La empresa atraviesa una difícil situación económica, reportándose pérdidas de US$ 224 millones de dólares solo en los últimos 15 meses, lo que representa el 48% de su patrimonio; adeuda, además, US$ 581 millones al cierre del 2022, que según SONAMI podría llegar a los US$ 760 millones, cifra considerada “impagable” en la industria.
Se anunció además que no cederán concesiones de litio hasta, al menos, el final de su mandato en 2026 y recalcó este mineral como símbolo de soberanía.
Reemplazando a la ministra Marcela Hernando tras 17 meses en su cargo, se designó a Aurora Williams Baussa, quien ya había desempeñado el cargo durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet.
Ingeniera comercial de la Universidad Católica del Norte (UCN) con estudios de postgrado especializados en administración de empresas, incluyendo un máster en Dirección y Administración de Empresas de la Universidad de Lérida en España, militante del Partido Radical (PR); su trayectoria incluye el haber sido gerenta general de la Corporación Clúster Minero de Antofagasta y gerenta de operaciones de Ciptemin.
Durante su pasada gestión se aprobó la capitalización de Codelco para financiar los proyectos estructurales de la estatal y se creó la ley que crea un Mecanismo de Estabilización del Precio del Cobre para la Pequeña Minería. Además, creó la Comisión Nacional del Litio, que tenía como objetivo crear una política pública para el desarrollo de esta industria en el país, y que fue recordada y enfatizada por el presidente en su discurso.
Reemplazando a Willy Kracht en la Subsecretaría de Minería, quien llevaba el cargo desde marzo del 2022, entró Suina Chahuán Kim.
Estos cambios han sido bien recibidos por diversos gremios mineros. Con respecto a la nueva ministra, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Jorge Riesco, declaró que “es una profesional que ya ocupó la cartera durante la administración de la presidenta Bachelet. Conoce el sector, tiene experiencia y está al tanto de los importantes desafíos que enfrenta nuestra industria. Ella siempre ha mostrado una buena disposición con nuestro gremio […] confiamos en que la ministra Williams pueda encabezar una agenda que contribuya a otorgar certeza jurídica y al fortalecimiento institucional necesario para recuperar la confianza de los inversionistas y a poner en marcha la cartera de proyectos mineros con que cuenta nuestro país”.
En cuanto a la salida de Willy Kracht de la Subsecretaría de Minería, declaró que “Nos ha sorprendido la amplitud del cambio que ha llevado a cabo el Presidente Boric, lo que demostraría un cambio de rumbo del sector”.
En esa misma línea, la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN) sostuvo que “nos asegura una fuerte relación con nuestro gremio; así como una buena conducción de los temas que interesan al desarrollo integral del sector minero, para lo cual le ofrecemos nuestra colaboración”.
Otros cambios importantes tuvieron lugar dentro de Codelco, tras la renuncia en junio de su presidente André Sougarret -quien argumentó dificultades para conciliar las demandas del puesto con su vida personal- que se hará efectiva este 31 de agosto.
Codelco atraviesa el nivel más bajo de producción en un cuarto de siglo, sufriendo por la falta de inversión, costos disparados y proyectos estratégicos que enfrentan retrasos y sobrecostos. A pesar de que los precios del cobre se encuentran a más de 20% por encima del promedio de la última década, estos factores han empeorado sus métricas crediticias. Dentro de un escenario de interrupciones en las cadenas de suministro, inflación y cuellos de botella en la construcción, Máximo Pacheco, su presidente, espera una recuperación a partir del próximo año y el aseguramiento de la producción de la empresa por los próximos 50 años gracias a sus proyectos estratégicos.
Por otro lado, el Ministerio de Minería informó que Jaime Pérez de Arce, vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami), fue sacado de su cargo. La vicepresidencia ejecutiva de la minera será tomada por Iván Mlynarz Puig, geólogo de la Universidad de Chile con 18 años de experiencia en el sector. La empresa atraviesa una difícil situación económica, reportándose pérdidas de US$ 224 millones de dólares solo en los últimos 15 meses, lo que representa el 48% de su patrimonio; adeuda, además, US$ 581 millones al cierre del 2022, que según SONAMI podría llegar a los US$ 760 millones, cifra considerada “impagable” en la industria.
El debate de opiniones tiene una brillante oportunidad
Agosto 13 de 2023.- El Tribunal de Honor del Colegio Regional de Ingenieros Geólogos, de Minas, Petróleos y Ambiental, regional norte (Cigmipa), presidido por el doctor Arturo Égüez, dirigió hace unos días una carta al ingeniero Pablo Duque que reproducimos íntegramente en esta edición. Por supuesto que reproducimos también la respuesta, porque creemos en el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre cuáles son las propuestas e ideas que circulan en el Ecuador de hoy, en que la violencia pretende silenciar a quienes no están de acuerdo con la implantación de un pensamiento único que ahogue los fundamentos de una sociedad democrática.
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Minería queda al margen del consenso en Cumbre Amazónica
Agosto 13 de 2023.- Con la Declaración de Belém que se firmó al final del primer día de la Cumbre Amazónica que reunió a los presidentes de Brasil, Colombia, Perú y Bolivia; y ministros de los ocho países integrantes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), con la presencia de asistentes de la sociedad civil y los pueblos indígenas en los días de diálogo en Belém do Pará, Brasil, del 4 al 8 de agosto.
Los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, anfitrión del evento; Gustavo Petro, de Colombia; Dina Boluarte, de Perú y Luis Arce de Bolivia. Por Venezuela estuvo la canciller Delcy Rodríguez, de Ecuador y Surinam asistieron sus cancilleres Juan Carlos Holguín y Albert Ramdin respectivamente, mientras que de Guyana estuvo presente el primer ministro Mark Phillips.
La declaración oficial contiene 113 puntos divididos en 18 segmentos que incluyen temas como cambio climático, protección de los bosques, cooperación policial, judicial y de inteligencia en la lucha contra las actividades ilícitas, economía para el desarrollo sostenible y derechos humanos.
La misiva describe 100 medidas de conservación, incluido un mayor monitoreo y acción contra la minería ilegal y la deforestación. Sin embargo, los participantes no lograron llegar a un consenso sobre políticas específicas.
Uno de los objetivos de la cumbre fue fortalecer la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, creada en 1995. Los resultados de esta cumbre se deben evaluar teniendo en cuenta que no había una reunión de este grupo de países desde 2009, por lo que hay un gran déficit en relación con los temas urgentes que deben abordarse con respecto a la Amazonía por lo que hay un gran déficit en relación con los temas urgentes que deben abordarse con respecto a la Amazonía", dijo Sergio Leitão, titular del Instituto Escolhas, a BNamericas.
Los observadores esperaban anuncios importantes sobre reducciones de emisiones y exploración de petróleo y gas o prohibiciones mineras.
El documento no incluye varios de los puntos clave que se conversaron los días previos como compromisos concretos para detener la expansión de la frontera de petróleo y gas en la Amazonía, propuesta impulsada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
“La declaración abarca una serie de temas pero no define ni metas ni indicadores que permitan evaluar avances. Los gobiernos han sido tímidos en abordar los problemas que ponen a la Amazonía en un punto de no retorno y que podría ser pronto una región fallida si no se adoptan medidas urgentes”, señaló Alicia Guzmán, codirectora del Programa Amazonía de Stand.earth al portal Mongabay Latam.
Guzmán también mencionó que la dependencia de los estados a las industrias extractivas no les ha permitido entender el momento histórico en el que está la región. “Si bien habla de minería, no se toca el tema de la agroindustria y su rol como responsable del 86 % de la deforestación. El tema petrolero quedó por fuera, a pesar de que su rol en la deforestación y degradación es de vital importancia para una transición energética justa. Es una mirada miope”, agrega Guzmán.
La referencia a la minería en la Declaración de Belém está expresada en el punto 79, en donde solo se detalla que se debe “iniciar un diálogo entre los Estados Parte sobre la sostenibilidad de sectores tales como minería e hidrocarburos en la Región Amazónica, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus políticas nacionales soberanas”.
Durante la plenaria que abrió la cumbre también estuvieron presentes integrantes de la sociedad civil que participaron en los Diálogos Amazónicos en los días previos, así como en la Asamblea de los Pueblos que se realizó en paralelo.
Una de las demandas principales de los pueblos originarios de los países amazónicos durante los Diálogos Amazónicos ha sido que se concrete la titulación pendiente de sus territorios.
La meta de lograr cero deforestación, otro de los pedidos, apenas se menciona en el documento en la sección 45, donde se detalla que “establecer la Alianza Amazónica de Combate a la Deforestación entre los Estados Parte, para impulsar la cooperación regional en la lucha contra la deforestación, con la finalidad de evitar que la Amazonía llegue al punto de no retorno, reconociendo y fomentando el cumplimiento de las metas nacionales, incluidas aquellas de deforestación cero”.
El Foro Social Panamazónico (Fospa), junto con la Red Eclesial Panamazónica (Repam), organizaron la Asamblea de los Pueblos que se realizó del 4 al 8 de agosto también en Belém do Pará. La cita reunió a líderes indígenas y movimientos sociales de todos los países amazónicos y culminó con un pronunciamiento de 29 puntos entre los que se mencionan “derogar y abrogar las leyes y disposiciones legales que promueven la destrucción de la Amazonía; titular el 100 % de las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas, afrodescendientes, quilombolas y comunidades tradicionales, garantizando la seguridad integral jurídica y física de la propiedad colectiva, así como la protección territorial de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario”.
Además, solicitaron a los gobiernos frenar la expansión de la frontera agropecuaria, promover un plan de transición para salvar la Amazonía de la minería ilegal y la contaminación por mercurio y prohibir las actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas, ancestrales y comunitarios, entre otros temas.
Los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, anfitrión del evento; Gustavo Petro, de Colombia; Dina Boluarte, de Perú y Luis Arce de Bolivia. Por Venezuela estuvo la canciller Delcy Rodríguez, de Ecuador y Surinam asistieron sus cancilleres Juan Carlos Holguín y Albert Ramdin respectivamente, mientras que de Guyana estuvo presente el primer ministro Mark Phillips.
La declaración oficial contiene 113 puntos divididos en 18 segmentos que incluyen temas como cambio climático, protección de los bosques, cooperación policial, judicial y de inteligencia en la lucha contra las actividades ilícitas, economía para el desarrollo sostenible y derechos humanos.
La misiva describe 100 medidas de conservación, incluido un mayor monitoreo y acción contra la minería ilegal y la deforestación. Sin embargo, los participantes no lograron llegar a un consenso sobre políticas específicas.
Uno de los objetivos de la cumbre fue fortalecer la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, creada en 1995. Los resultados de esta cumbre se deben evaluar teniendo en cuenta que no había una reunión de este grupo de países desde 2009, por lo que hay un gran déficit en relación con los temas urgentes que deben abordarse con respecto a la Amazonía por lo que hay un gran déficit en relación con los temas urgentes que deben abordarse con respecto a la Amazonía", dijo Sergio Leitão, titular del Instituto Escolhas, a BNamericas.
Los observadores esperaban anuncios importantes sobre reducciones de emisiones y exploración de petróleo y gas o prohibiciones mineras.
El documento no incluye varios de los puntos clave que se conversaron los días previos como compromisos concretos para detener la expansión de la frontera de petróleo y gas en la Amazonía, propuesta impulsada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
“La declaración abarca una serie de temas pero no define ni metas ni indicadores que permitan evaluar avances. Los gobiernos han sido tímidos en abordar los problemas que ponen a la Amazonía en un punto de no retorno y que podría ser pronto una región fallida si no se adoptan medidas urgentes”, señaló Alicia Guzmán, codirectora del Programa Amazonía de Stand.earth al portal Mongabay Latam.
Guzmán también mencionó que la dependencia de los estados a las industrias extractivas no les ha permitido entender el momento histórico en el que está la región. “Si bien habla de minería, no se toca el tema de la agroindustria y su rol como responsable del 86 % de la deforestación. El tema petrolero quedó por fuera, a pesar de que su rol en la deforestación y degradación es de vital importancia para una transición energética justa. Es una mirada miope”, agrega Guzmán.
La referencia a la minería en la Declaración de Belém está expresada en el punto 79, en donde solo se detalla que se debe “iniciar un diálogo entre los Estados Parte sobre la sostenibilidad de sectores tales como minería e hidrocarburos en la Región Amazónica, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus políticas nacionales soberanas”.
Durante la plenaria que abrió la cumbre también estuvieron presentes integrantes de la sociedad civil que participaron en los Diálogos Amazónicos en los días previos, así como en la Asamblea de los Pueblos que se realizó en paralelo.
Una de las demandas principales de los pueblos originarios de los países amazónicos durante los Diálogos Amazónicos ha sido que se concrete la titulación pendiente de sus territorios.
La meta de lograr cero deforestación, otro de los pedidos, apenas se menciona en el documento en la sección 45, donde se detalla que “establecer la Alianza Amazónica de Combate a la Deforestación entre los Estados Parte, para impulsar la cooperación regional en la lucha contra la deforestación, con la finalidad de evitar que la Amazonía llegue al punto de no retorno, reconociendo y fomentando el cumplimiento de las metas nacionales, incluidas aquellas de deforestación cero”.
El Foro Social Panamazónico (Fospa), junto con la Red Eclesial Panamazónica (Repam), organizaron la Asamblea de los Pueblos que se realizó del 4 al 8 de agosto también en Belém do Pará. La cita reunió a líderes indígenas y movimientos sociales de todos los países amazónicos y culminó con un pronunciamiento de 29 puntos entre los que se mencionan “derogar y abrogar las leyes y disposiciones legales que promueven la destrucción de la Amazonía; titular el 100 % de las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas, afrodescendientes, quilombolas y comunidades tradicionales, garantizando la seguridad integral jurídica y física de la propiedad colectiva, así como la protección territorial de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario”.
Además, solicitaron a los gobiernos frenar la expansión de la frontera agropecuaria, promover un plan de transición para salvar la Amazonía de la minería ilegal y la contaminación por mercurio y prohibir las actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas, ancestrales y comunitarios, entre otros temas.
Arbitraje Codelco-Enami EP en el Ciadi tiene
tercer árbitro y presidente del tribunal
Agosto 6 de 2023.- John Beechey fue designado tercer árbitro y presidente del tribunal arbitral en la disputa de arbitraje de Codelco contra Ecuador en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi, postergado por cinco veces.
Según la estatal chilena, Ecuador no ha cumplido con sus obligaciones en el proyecto Llurimagua, en el norte del país. Por eso es que a fines del año pasado pidió a la Secretaría General del Ciadi que se notifique al país para que nombre sus abogados ante el tribunal arbitral.
La tensa relación de Codelco con su par ecuatoriano, Enami EP, después de la firma de un acuerdo de accionistas hace siete años, se debe a unos términos contractuales que no fueron bien recibidos en el ámbito local. Los planes de internacionalización de Codelco se han visto complicados por la falta de ratificación y firma de los acuerdos.
El 19 de junio, se designó a Beechey, un abogado británico con una amplia experiencia en arbitraje internacional, como el tercer y último árbitro, quien actuará como presidente del tribunal arbitral.
José Martínez de Hoz, designado por Codelco, un abogado argentino con una sólida trayectoria en arbitrajes y Zachary Douglas, designado por Enami EP, un experto en derecho internacional con amplia experiencia en tratados de inversión y arbitrajes comerciales, son los primeros dos árbitros.
La resolución de este caso tendrá implicaciones significativas para el futuro del proyecto de cobre Llurimagua, que tiene décadas de oposición de las comunidades de la zona, y sentará un precedente importante en la industria minera.
Según la estatal chilena, Ecuador no ha cumplido con sus obligaciones en el proyecto Llurimagua, en el norte del país. Por eso es que a fines del año pasado pidió a la Secretaría General del Ciadi que se notifique al país para que nombre sus abogados ante el tribunal arbitral.
La tensa relación de Codelco con su par ecuatoriano, Enami EP, después de la firma de un acuerdo de accionistas hace siete años, se debe a unos términos contractuales que no fueron bien recibidos en el ámbito local. Los planes de internacionalización de Codelco se han visto complicados por la falta de ratificación y firma de los acuerdos.
El 19 de junio, se designó a Beechey, un abogado británico con una amplia experiencia en arbitraje internacional, como el tercer y último árbitro, quien actuará como presidente del tribunal arbitral.
José Martínez de Hoz, designado por Codelco, un abogado argentino con una sólida trayectoria en arbitrajes y Zachary Douglas, designado por Enami EP, un experto en derecho internacional con amplia experiencia en tratados de inversión y arbitrajes comerciales, son los primeros dos árbitros.
La resolución de este caso tendrá implicaciones significativas para el futuro del proyecto de cobre Llurimagua, que tiene décadas de oposición de las comunidades de la zona, y sentará un precedente importante en la industria minera.
Ecuador publicó su primer Informe EITI
Agosto 6 de 2023.- El Ecuador tiene su primer informe país dentro de los parámetros de la Iniciativa EITI que ablandó sus exigencias a partir de la pandemia de 2020 extendiendo los antes estrictos plazos para presentar los logros nacionales en la gobernanza transparente de las industrias extractivas, el “Informe EITI Ecuador período 2020 – 2022”.
En efecto, con este documento, que tiene fecha abril de 2023, el Ecuador supera este primer reto sobre el que no se tuvo noticia desde la renuncia del primer Secretario Técnico en julio de 2022. Sin embargo, sigue sin cumplir con las promesas principales del estándar en los objetivos centrales de la Iniciativa en su origen: proporcionar acceso público gratuito a los contratos completos de explotación de los recursos naturales de los países en los rubros de petróleo, gas y minerales.
Más que un informe que aporte mucho a la transparencia de las industrias extractivas, en el sector minero el documento es una descripción cuantitativa, con datos publicados por el Ministerio de Energía y Minas en su rendición de cuentas de 2022 y una recopilación de los principales conceptos, instrumentos y reglas de su normativa legal y el estado actual de su institucionalidad.
En el documento de 123 páginas, destaca la mención de once proyectos que el Ministerio denomina estratégicos y de segunda generación, aunque solo enlista diez: Fruta del Norte, Curipamba, Cascabel, Ruta del Cobre, La Plata, San Carlos, Loma Larga, Mirador, Llurimagua y Cangrejos.
En la página 35, Cuadro 16: Proyectos Mineros Estratégicos, presenta la información de ocho de dichos proyectos: Fruta del Norte, Curipamba, Cascabel, Ruta del Cobre, La Plata, San Carlos Panantza, Loma Larga y Mirador. El cuadro incluye: nombre del proyecto, la subsidiaria ecuatoriana, el consocio extranjero al cual pertenecen, las hectáreas concesionadas, la ubicación geográfica, la inversión realizada desde 2012 hasta el 2022, la fase minera en la que se encuentran, el pago de impuestos realizados, especialmente por patente de conservación, el empleo directo e indirecto generado y la inversión social realizada al 2022.
Los proyectos con el mayor número de hectáreas concesionadas son San Carlos Panantza, suspendido por orden judicial, con 38 548 hectáreas. Le sigue Curipamba, en proceso de obtener licencia ambiental, con 21 537. En relación con la inversión realizada: Fruta del Norte tiene US$ 1547; Curipamba, US$ 72,68; Cascabel con US$ 266,81; Ruta del Cobre US$ 52,29, La Plata US$ 22,33; San Carlos Panantza con US$ 3031,70; Loma Larga, tiene US$ 499 y Mirador había invertido US$ 1570 hasta el 2022.
En cuanto a los datos de empleo directo del sector minero industrial hay que destacar que Fruta del Norte tiene 2.654 empleados; Curipamba genera 291 puestos de trabajo directo; Cascabel cuenta con 573; Ruta del Cobre con 37; La Plata, con 133; San Carlos Panantza con 20; Loma Larga con 84 personas y Mirador con 3.281 plazas de empleo directo. El dato de empleo indirecto resulta de multiplicar por tres la cifra de empleo directo.
No hay explicación sobre la falta de información sobre los proyectos Llurimagua y Cangrejos.
La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) se basa en un modelo de múltiples partes interesadas que reúne a los gobiernos, la sociedad civil y las empresas del sector extractivo que agrupa a petróleo, gas y minería.
Como se ha promocionó en su momento, en septiembre 2019 el Ecuador anunció la adhesión oficial a la iniciativa, en junio 2020 se creó el “grupo multipartícipe” y en octubre 2020 fue aceptado como país implementador del Estándar.
Tras su aceptación, se comprometió en crear un proceso EITI adaptado a las necesidades específicas del país. Los miembros del grupo asumieron la definición del alcance de la información a publicarse en el primer informe país.
A nivel internacional, los estándares también se han ido modificando en el énfasis dado a la información a recopilarse, analizarse y divulgarse. Por ejemplo, durante los dos últimos años, los partidarios de una transparencia que contribuya a prevenir el origen ilegítimo de las inversiones, quisieron poner un énfasis en la transparencia de los beneficiarios finales.
Con beneficiarios finales se refiere a los accionistas e inversionistas que son quienes reciben la parte principal de los beneficios y en sus aportes tributarios a los países dueños de los recursos, así como información que contribuya a evitar el lavado de activos y las formas de elusión de impuestos que podrían configurarse. Pocos países avanzaron en esa dirección.
El cuarto y último Estándar fue adoptado en la Conferencia Global EITI, realizada en junio incluye disposiciones que, en teoría, permiten a los países responder a los desafíos más apremiantes relacionados con la gobernanza de los recursos naturales.
A grandes rasgos, el nuevo estándar plantea novedades en cuanto a la lucha contra la corrupción a través del uso de la plataforma del EITI con la finalidad de identificar y abordar los riesgos de corrupción en el sector de los recursos naturales.
También contiene nuevas disposiciones que favorecen las divulgaciones y el debate público acerca de los impactos de la transición energética, cuestiones de género, sociales y ambientales y en cuanto a recaudación de ingresos.
Entre tanto, en Ecuador, el grupo multipartícipe conformado inicialmente por seis ong quiteñas como líderes de la sociedad civil, que ahora son ocho, en noviembre 2021 aprobó la modalidad flexible para el desarrollo de su primer informe. Le dieron como objeto el garantizar que las divulgaciones sirvan de insumo a los debates relacionados a la gobernanza en industrias extractivas, el impacto de la pandemia Covid -19, la recuperación post pandemia y otros acontecimientos significativos que inciden en la industria.
Con el objetivo de avanzar hacia la formulación de un primer Informe EITI, la Secretaría Técnica del EITI Ecuador con el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) contrató la consultoría para su elaboración, el cual se desarrolla en este documento.
En la introducción de este informe se señala también como objetivo central determinar la aplicabilidad del Estándar en cada uno de sus requisitos, identificar los flujos de pagos de la industria extractiva y su materialidad… entre otros.
En efecto, con este documento, que tiene fecha abril de 2023, el Ecuador supera este primer reto sobre el que no se tuvo noticia desde la renuncia del primer Secretario Técnico en julio de 2022. Sin embargo, sigue sin cumplir con las promesas principales del estándar en los objetivos centrales de la Iniciativa en su origen: proporcionar acceso público gratuito a los contratos completos de explotación de los recursos naturales de los países en los rubros de petróleo, gas y minerales.
Más que un informe que aporte mucho a la transparencia de las industrias extractivas, en el sector minero el documento es una descripción cuantitativa, con datos publicados por el Ministerio de Energía y Minas en su rendición de cuentas de 2022 y una recopilación de los principales conceptos, instrumentos y reglas de su normativa legal y el estado actual de su institucionalidad.
En el documento de 123 páginas, destaca la mención de once proyectos que el Ministerio denomina estratégicos y de segunda generación, aunque solo enlista diez: Fruta del Norte, Curipamba, Cascabel, Ruta del Cobre, La Plata, San Carlos, Loma Larga, Mirador, Llurimagua y Cangrejos.
En la página 35, Cuadro 16: Proyectos Mineros Estratégicos, presenta la información de ocho de dichos proyectos: Fruta del Norte, Curipamba, Cascabel, Ruta del Cobre, La Plata, San Carlos Panantza, Loma Larga y Mirador. El cuadro incluye: nombre del proyecto, la subsidiaria ecuatoriana, el consocio extranjero al cual pertenecen, las hectáreas concesionadas, la ubicación geográfica, la inversión realizada desde 2012 hasta el 2022, la fase minera en la que se encuentran, el pago de impuestos realizados, especialmente por patente de conservación, el empleo directo e indirecto generado y la inversión social realizada al 2022.
Los proyectos con el mayor número de hectáreas concesionadas son San Carlos Panantza, suspendido por orden judicial, con 38 548 hectáreas. Le sigue Curipamba, en proceso de obtener licencia ambiental, con 21 537. En relación con la inversión realizada: Fruta del Norte tiene US$ 1547; Curipamba, US$ 72,68; Cascabel con US$ 266,81; Ruta del Cobre US$ 52,29, La Plata US$ 22,33; San Carlos Panantza con US$ 3031,70; Loma Larga, tiene US$ 499 y Mirador había invertido US$ 1570 hasta el 2022.
En cuanto a los datos de empleo directo del sector minero industrial hay que destacar que Fruta del Norte tiene 2.654 empleados; Curipamba genera 291 puestos de trabajo directo; Cascabel cuenta con 573; Ruta del Cobre con 37; La Plata, con 133; San Carlos Panantza con 20; Loma Larga con 84 personas y Mirador con 3.281 plazas de empleo directo. El dato de empleo indirecto resulta de multiplicar por tres la cifra de empleo directo.
No hay explicación sobre la falta de información sobre los proyectos Llurimagua y Cangrejos.
La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) se basa en un modelo de múltiples partes interesadas que reúne a los gobiernos, la sociedad civil y las empresas del sector extractivo que agrupa a petróleo, gas y minería.
Como se ha promocionó en su momento, en septiembre 2019 el Ecuador anunció la adhesión oficial a la iniciativa, en junio 2020 se creó el “grupo multipartícipe” y en octubre 2020 fue aceptado como país implementador del Estándar.
Tras su aceptación, se comprometió en crear un proceso EITI adaptado a las necesidades específicas del país. Los miembros del grupo asumieron la definición del alcance de la información a publicarse en el primer informe país.
A nivel internacional, los estándares también se han ido modificando en el énfasis dado a la información a recopilarse, analizarse y divulgarse. Por ejemplo, durante los dos últimos años, los partidarios de una transparencia que contribuya a prevenir el origen ilegítimo de las inversiones, quisieron poner un énfasis en la transparencia de los beneficiarios finales.
Con beneficiarios finales se refiere a los accionistas e inversionistas que son quienes reciben la parte principal de los beneficios y en sus aportes tributarios a los países dueños de los recursos, así como información que contribuya a evitar el lavado de activos y las formas de elusión de impuestos que podrían configurarse. Pocos países avanzaron en esa dirección.
El cuarto y último Estándar fue adoptado en la Conferencia Global EITI, realizada en junio incluye disposiciones que, en teoría, permiten a los países responder a los desafíos más apremiantes relacionados con la gobernanza de los recursos naturales.
A grandes rasgos, el nuevo estándar plantea novedades en cuanto a la lucha contra la corrupción a través del uso de la plataforma del EITI con la finalidad de identificar y abordar los riesgos de corrupción en el sector de los recursos naturales.
También contiene nuevas disposiciones que favorecen las divulgaciones y el debate público acerca de los impactos de la transición energética, cuestiones de género, sociales y ambientales y en cuanto a recaudación de ingresos.
Entre tanto, en Ecuador, el grupo multipartícipe conformado inicialmente por seis ong quiteñas como líderes de la sociedad civil, que ahora son ocho, en noviembre 2021 aprobó la modalidad flexible para el desarrollo de su primer informe. Le dieron como objeto el garantizar que las divulgaciones sirvan de insumo a los debates relacionados a la gobernanza en industrias extractivas, el impacto de la pandemia Covid -19, la recuperación post pandemia y otros acontecimientos significativos que inciden en la industria.
Con el objetivo de avanzar hacia la formulación de un primer Informe EITI, la Secretaría Técnica del EITI Ecuador con el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) contrató la consultoría para su elaboración, el cual se desarrolla en este documento.
En la introducción de este informe se señala también como objetivo central determinar la aplicabilidad del Estándar en cada uno de sus requisitos, identificar los flujos de pagos de la industria extractiva y su materialidad… entre otros.
Chile: Presidente Boric y ministros de Hacienda
y Minería promulgan ley de royalty minero
gosto 6 de 2023.- El Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Minería, Marcela Hernando, promulgaron la Ley de Royalty Minero, iniciativa aprobada por el Congreso el pasado 17 de mayo luego de más de cuatro años de tramitación.
En general, el proyecto establece un nuevo esquema tributario para los explotadores mineros que produzcan más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) al año, que considera un impuesto ad valorem de 1% sobre las ventas anuales de cobre, y un componente sobre el margen minero con tasas entre 8% y 26% según margen operacional. Se fijó una carga tributaria potencial máxima entre 45,5% y 46,5% dependiendo del volumen de producción.
Esta nueva estructura impositiva empezará a regir a partir del 2024 y, en régimen, espera recaudar 0,45% del PIB (equivalente a aproximadamente US$ 1.350 millones), de los cuales US$ 450 millones serán distribuidos directamente para impulsar el desarrollo productivo de las regiones y comunas en todo el país.
"Creemos, y tengo la más firme convicción, que legislaciones como ésta, que distribuyen de mejor manera la riqueza que generan los trabajadores y trabajadoras para toda nuestra patria, son un paso en la dirección correcta. Estos nuevos impuestos a la Gran Minería del cobre no van a significar solamente más recaudación, no son para agrandar las arcas del Estado, sino que son para el beneficio de las personas y las familias de Chile, son para ustedes que nos están viendo en la casa", señaló el mandatario.
El ministro Marcel, en tanto, señaló que la aprobación de esta iniciativa genera mayor certeza impactando positivamente en las inversiones. De hecho, comentó, que en el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital a junio de 2023 la inversión proyectada en minería para el quinquenio 2023-2027 se elevó a US$15.440 millones. Este monto supera a la proyección del primer trimestre de 2023 en US$ 7.773 millones, principalmente por el ingreso de nuevas iniciativas tras la aprobación del proyecto.
"También tenemos la tarea de cumplir con los compromisos que se asumieron en el protocolo de acuerdo que acompañó el despacho de esta ley que incluye, en primer lugar, tender un puente en materia financiera para regiones y municipios con un 50% de la parte del Royalty que está comprometido a contar del 2025, lo que ya incorporamos en el presupuesto 2024. Además, está el compromiso de establecer una mesa para trabajar en reducir los tiempos de tramitación de los proyectos mineros en un 30%. Esa mesa ya se constituyó hace unos días. También está el compromiso de incluir en el presupuesto 2024 recursos por tres años por US$ 200 millones anuales en un fondo para apalancar inversiones productivas en las regiones del norte del país y aportar US$ 350 millones para inversión en seguridad ciudadana. Y, finalmente, la tarea probablemente más importante es gastar bien los recursos, generar los proyectos en los cuales se puedan invertir estos fondos para que rindan beneficios a la comunidad. Y también asegurar que se ejecuten con toda la transparencia, el cumplimiento de las normas y rendición de cuentas que corresponden", agregó el ministro.
La ministra Hernando destacó que "varios alcaldes, durante mucho tiempo, empujaron la propuesta de un Royalty a la Gran Minería del cobre para reivindicar lo que significa desarrollar esta industria en comunas de diversa naturaleza, desde Arica hasta Punta Arenas. Y, en ese contexto, esta es una muy buena noticia para todas y cada una de las regiones del país. Este Royalty hará posible que comunas muy apartadas y que no tienen actividad minera, también reciban una retribución importante, y en aquellas en donde se desarrolla esta actividad reciban una justa compensación. Agradecer a las y los parlamentarios, a los autores iniciales de este proyecto. El Gobierno del Presidente Boric hizo realidad los sueños de los territorios mineros, solidarizando con otras regiones que no son tan mineras, para que todas y todos reciban retribución de lo que significa ser un país minero".
Los detalles
La nueva ley establece un esquema tributario para los explotadores mineros cuyas ventas provengan en más de un 50% de cobre, y con una producción mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) al año. Para este grupo, se establecen dos tasas:
Un componente ad valorem de 1% sobre sus ventas anuales de cobre. En los casos en que la firmas tengan un resultado operacional negativo (RIOMA negativa), no procederá el pago de este componente.
Un componente sobre el margen minero con tasas entre 8% y 26% dependiendo del margen operacional minero (MOM) y considerará la depreciación y los gastos de puesta en marcha en el cálculo de los costos..
Es importante destacar que para aquellas mineras pequeñas y medianas (que produzcan menos de 50.000 TMCF) se mantiene la misma carga tributaria vigente.
Adicionalmente, se introdujo una carga tributaria potencial máxima, que establece el techo que pagarán las grandes mineras en tributos, considerando conjuntamente el pago del impuesto específico o Royalty, el impuesto de primera categoría y los impuestos finales (adicional). Para los explotadores mineros con una producción superior a 50.000 y menor a 80.000 TMCF al año, se establece una cifra máxima de 45,5%; mientras que por sobre las 80.000 TMCF anuales, la carga potencial máxima será de 46,5%.
También el proyecto introduce nuevos incentivos a la expansión de proyectos mineros, ya que el impuesto específico para estos explotadores mineros se determinará utilizando un promedio de su producción durante los últimos seis años, quedando transitoriamente con tasas más bajas que otros de similar producción.
Una de las grandes innovaciones de este proyecto es que, por Ley, se crean tres fondos de beneficio comunal y regional que suman US$ 450 millones:
Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, por US$ 225 millones a beneficio de los Gobiernos Regionales y que serán distribuidos según los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, por US$ 170 millones a favor de las comunas más vulnerables que presentan una mayor dependencia al Fondo Común Municipal (FCM). En total, 302 municipios recibirán recursos por esta vía.
Fondo Comunas Mineras, por US$ 55 millones para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, fundiciones y refinerías, relaves, puertos, entre otros, lo que fue precisado vía indicación. Las comunas beneficiadas están ubicadas en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.
En general, el proyecto establece un nuevo esquema tributario para los explotadores mineros que produzcan más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) al año, que considera un impuesto ad valorem de 1% sobre las ventas anuales de cobre, y un componente sobre el margen minero con tasas entre 8% y 26% según margen operacional. Se fijó una carga tributaria potencial máxima entre 45,5% y 46,5% dependiendo del volumen de producción.
Esta nueva estructura impositiva empezará a regir a partir del 2024 y, en régimen, espera recaudar 0,45% del PIB (equivalente a aproximadamente US$ 1.350 millones), de los cuales US$ 450 millones serán distribuidos directamente para impulsar el desarrollo productivo de las regiones y comunas en todo el país.
"Creemos, y tengo la más firme convicción, que legislaciones como ésta, que distribuyen de mejor manera la riqueza que generan los trabajadores y trabajadoras para toda nuestra patria, son un paso en la dirección correcta. Estos nuevos impuestos a la Gran Minería del cobre no van a significar solamente más recaudación, no son para agrandar las arcas del Estado, sino que son para el beneficio de las personas y las familias de Chile, son para ustedes que nos están viendo en la casa", señaló el mandatario.
El ministro Marcel, en tanto, señaló que la aprobación de esta iniciativa genera mayor certeza impactando positivamente en las inversiones. De hecho, comentó, que en el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital a junio de 2023 la inversión proyectada en minería para el quinquenio 2023-2027 se elevó a US$15.440 millones. Este monto supera a la proyección del primer trimestre de 2023 en US$ 7.773 millones, principalmente por el ingreso de nuevas iniciativas tras la aprobación del proyecto.
"También tenemos la tarea de cumplir con los compromisos que se asumieron en el protocolo de acuerdo que acompañó el despacho de esta ley que incluye, en primer lugar, tender un puente en materia financiera para regiones y municipios con un 50% de la parte del Royalty que está comprometido a contar del 2025, lo que ya incorporamos en el presupuesto 2024. Además, está el compromiso de establecer una mesa para trabajar en reducir los tiempos de tramitación de los proyectos mineros en un 30%. Esa mesa ya se constituyó hace unos días. También está el compromiso de incluir en el presupuesto 2024 recursos por tres años por US$ 200 millones anuales en un fondo para apalancar inversiones productivas en las regiones del norte del país y aportar US$ 350 millones para inversión en seguridad ciudadana. Y, finalmente, la tarea probablemente más importante es gastar bien los recursos, generar los proyectos en los cuales se puedan invertir estos fondos para que rindan beneficios a la comunidad. Y también asegurar que se ejecuten con toda la transparencia, el cumplimiento de las normas y rendición de cuentas que corresponden", agregó el ministro.
La ministra Hernando destacó que "varios alcaldes, durante mucho tiempo, empujaron la propuesta de un Royalty a la Gran Minería del cobre para reivindicar lo que significa desarrollar esta industria en comunas de diversa naturaleza, desde Arica hasta Punta Arenas. Y, en ese contexto, esta es una muy buena noticia para todas y cada una de las regiones del país. Este Royalty hará posible que comunas muy apartadas y que no tienen actividad minera, también reciban una retribución importante, y en aquellas en donde se desarrolla esta actividad reciban una justa compensación. Agradecer a las y los parlamentarios, a los autores iniciales de este proyecto. El Gobierno del Presidente Boric hizo realidad los sueños de los territorios mineros, solidarizando con otras regiones que no son tan mineras, para que todas y todos reciban retribución de lo que significa ser un país minero".
Los detalles
La nueva ley establece un esquema tributario para los explotadores mineros cuyas ventas provengan en más de un 50% de cobre, y con una producción mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) al año. Para este grupo, se establecen dos tasas:
Un componente ad valorem de 1% sobre sus ventas anuales de cobre. En los casos en que la firmas tengan un resultado operacional negativo (RIOMA negativa), no procederá el pago de este componente.
Un componente sobre el margen minero con tasas entre 8% y 26% dependiendo del margen operacional minero (MOM) y considerará la depreciación y los gastos de puesta en marcha en el cálculo de los costos..
Es importante destacar que para aquellas mineras pequeñas y medianas (que produzcan menos de 50.000 TMCF) se mantiene la misma carga tributaria vigente.
Adicionalmente, se introdujo una carga tributaria potencial máxima, que establece el techo que pagarán las grandes mineras en tributos, considerando conjuntamente el pago del impuesto específico o Royalty, el impuesto de primera categoría y los impuestos finales (adicional). Para los explotadores mineros con una producción superior a 50.000 y menor a 80.000 TMCF al año, se establece una cifra máxima de 45,5%; mientras que por sobre las 80.000 TMCF anuales, la carga potencial máxima será de 46,5%.
También el proyecto introduce nuevos incentivos a la expansión de proyectos mineros, ya que el impuesto específico para estos explotadores mineros se determinará utilizando un promedio de su producción durante los últimos seis años, quedando transitoriamente con tasas más bajas que otros de similar producción.
Una de las grandes innovaciones de este proyecto es que, por Ley, se crean tres fondos de beneficio comunal y regional que suman US$ 450 millones:
Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, por US$ 225 millones a beneficio de los Gobiernos Regionales y que serán distribuidos según los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, por US$ 170 millones a favor de las comunas más vulnerables que presentan una mayor dependencia al Fondo Común Municipal (FCM). En total, 302 municipios recibirán recursos por esta vía.
Fondo Comunas Mineras, por US$ 55 millones para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, fundiciones y refinerías, relaves, puertos, entre otros, lo que fue precisado vía indicación. Las comunas beneficiadas están ubicadas en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.
Colombia: Arbitrajes en desarrollo por
la mina de carbón más grande de Latinoamérica
Agosto 6 de 2023.- La minera Glencore y las comunidades Wayúu se enfrentan en un arbitraje por la mina a cielo abierto de carbón más grande de Latinoamérica ubicada en la cuenca del río Ranchería, al sureste del Departamento de La Guajira, Colombia.
Los habitantes de las comunidades Wayúu perciben a las garantías legales que ofrecen las cortes de arbitraje internacional o los tratados de libre comercio como inadecuadas para la protección de sus derechos humanos y la integridad de su territorio.
De su lado, la minera suiza ha reclamado el injusto trato de sus derechos de inversor de acuerdo a un Tratado de Inversión Bilateral entre Suiza y Colombia ante árbitros internacionales por una suma desconocida, lo que presiona a oficiales judiciarios y regulatorios.
En el 2017, la Corte Constitucional, buscando la protección de los derechos al agua, salud y soberanía alimentaria ante la expansión de esta mina al último restante del río Ranchería, el riachuelo Bruno, del cual dependen, falló a favor de las comunidades. Pero hasta la fecha la decisión sigue sin ser implementada.
Pese a la decisión de la Corte, actividades en la sección La Puente de la mina que deben ser suspendidas han continuado y se han desviado 3.6 kilómetros del riachuelo Bruno a un canal al cual los Wayúu refieren como una carretera de concreto.
Las comunidades Wayúu han expresado su indignación de la mano de organizaciones como CAJAR (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo) y grupos comunitarios como el Comité de Defensa del Agua y Páramo de Santurbán, cuyas exitosas acciones han provocado que tres compañías mineras canadienses Red Eagle, Eco Oro y Galway Gold demanden a Colombia por cerca de US$ 1 billón por defender el páramo y los derechos del agua, ante décadas de una problemática irresuelta. Previamente, 280 organizaciones de 30 países habían firmado una declaración para “Recuperar la soberanía de Colombia en defensa del agua, vida y territorios”.
La Misión Internacional para Detener ISDS (Pagos de Disputas Estado Inversor, por sus siglas en inglés) acudió a Colombia en mayo buscando llamar la atención del abismo que existe entre el pleno goce de los derechos de las personas y su reducción cuando estos son afectados por las inversiones transnacionales, situación compuesta por el recurso exclusivo que las compañías tienen que demandar a países cuando creen que una decisión estatal impacta sus inversiones y ganancias a futuro.
Colombia viene enfrentado 22 demandas de arbitraje de inversores desde el 2016 por un total de US$ 13.2 billones en reclamos conocidos. La cantidad aproximadamente equivale al presupuesto total de educación para la totalidad de Colombia en el 2023; en tres de estos casos la cantidad reclamada por Glencore permanece privada al público. Todas las reclamaciones llevan como esencia del conflicto una comunidad afectada buscando proteger o buscando responsabilidad por perjuicios al agua, tierra, autodeterminación o economía local.
Los páramos y ecosistemas interconectados como el Bosque Andino regulan el suministro de agua para decenas de millones de personas en Colombia, más de dos millones solo en Santander, otro departamento afectado por la minería.
Países tan diversos como Ecuador, Bolivia, India, Indonesia, Pakistan, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Canada y los EE. UU. han tomado iniciativas para reducir su exposición a arbitrajes internacionales en años recientes. Mientras que la Comisión Europea se dirige hacia una salida coordinada de la Unión Europea del Tratado de la Carta de Energía, pues resultan incompatibles los pagos por disputas inversor-estado con las medidas necesarias para abordar la crisis climática.
Los casos aún siguen inconclusos, pero decisiones como la del caso Eco Oro contra Colombia exponen qué poco importa incluir la protección del derecho estatal a regular en favor del medioambiente en acuerdos como el Tratado de Libre Comercio Colombia-Canadá. Reuniones entre comunidades, organizaciones de movimientos sociales, estudiantes, medios y oficiales de gobierno coinciden en que el retiro absoluto de este sistema de protección al inversor es un paso importante para recuperar la soberanía local y nacional y así proteger la salud del medioambiente y de las personas.
A finales de junio, semanas después que la Delegación dejase Colombia, el presidente Gustavo Petro visitó La Guajira. En una reunión con las comunidades afectadas por la mina de carbón Cerrejón, declaró: “Una nación soberana no teme demandas internacionales cuando hace lo que es justo”. Lo que podría anticipar el apoyo de los derechos de las comunidades y el retorno del riachuelo Bruno a su curso natural, a pesar de la demanda de Glencore. Concluyó diciendo que: “Cuando uno se levanta frente al capital, incluso el Congreso teme aprobar leyes”.
Traducción libre de nota originalmente publicada en: https://isds.bilaterals.org/?colombia-corporate-claims-vs-human
Los habitantes de las comunidades Wayúu perciben a las garantías legales que ofrecen las cortes de arbitraje internacional o los tratados de libre comercio como inadecuadas para la protección de sus derechos humanos y la integridad de su territorio.
De su lado, la minera suiza ha reclamado el injusto trato de sus derechos de inversor de acuerdo a un Tratado de Inversión Bilateral entre Suiza y Colombia ante árbitros internacionales por una suma desconocida, lo que presiona a oficiales judiciarios y regulatorios.
En el 2017, la Corte Constitucional, buscando la protección de los derechos al agua, salud y soberanía alimentaria ante la expansión de esta mina al último restante del río Ranchería, el riachuelo Bruno, del cual dependen, falló a favor de las comunidades. Pero hasta la fecha la decisión sigue sin ser implementada.
Pese a la decisión de la Corte, actividades en la sección La Puente de la mina que deben ser suspendidas han continuado y se han desviado 3.6 kilómetros del riachuelo Bruno a un canal al cual los Wayúu refieren como una carretera de concreto.
Las comunidades Wayúu han expresado su indignación de la mano de organizaciones como CAJAR (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo) y grupos comunitarios como el Comité de Defensa del Agua y Páramo de Santurbán, cuyas exitosas acciones han provocado que tres compañías mineras canadienses Red Eagle, Eco Oro y Galway Gold demanden a Colombia por cerca de US$ 1 billón por defender el páramo y los derechos del agua, ante décadas de una problemática irresuelta. Previamente, 280 organizaciones de 30 países habían firmado una declaración para “Recuperar la soberanía de Colombia en defensa del agua, vida y territorios”.
La Misión Internacional para Detener ISDS (Pagos de Disputas Estado Inversor, por sus siglas en inglés) acudió a Colombia en mayo buscando llamar la atención del abismo que existe entre el pleno goce de los derechos de las personas y su reducción cuando estos son afectados por las inversiones transnacionales, situación compuesta por el recurso exclusivo que las compañías tienen que demandar a países cuando creen que una decisión estatal impacta sus inversiones y ganancias a futuro.
Colombia viene enfrentado 22 demandas de arbitraje de inversores desde el 2016 por un total de US$ 13.2 billones en reclamos conocidos. La cantidad aproximadamente equivale al presupuesto total de educación para la totalidad de Colombia en el 2023; en tres de estos casos la cantidad reclamada por Glencore permanece privada al público. Todas las reclamaciones llevan como esencia del conflicto una comunidad afectada buscando proteger o buscando responsabilidad por perjuicios al agua, tierra, autodeterminación o economía local.
Los páramos y ecosistemas interconectados como el Bosque Andino regulan el suministro de agua para decenas de millones de personas en Colombia, más de dos millones solo en Santander, otro departamento afectado por la minería.
Países tan diversos como Ecuador, Bolivia, India, Indonesia, Pakistan, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Canada y los EE. UU. han tomado iniciativas para reducir su exposición a arbitrajes internacionales en años recientes. Mientras que la Comisión Europea se dirige hacia una salida coordinada de la Unión Europea del Tratado de la Carta de Energía, pues resultan incompatibles los pagos por disputas inversor-estado con las medidas necesarias para abordar la crisis climática.
Los casos aún siguen inconclusos, pero decisiones como la del caso Eco Oro contra Colombia exponen qué poco importa incluir la protección del derecho estatal a regular en favor del medioambiente en acuerdos como el Tratado de Libre Comercio Colombia-Canadá. Reuniones entre comunidades, organizaciones de movimientos sociales, estudiantes, medios y oficiales de gobierno coinciden en que el retiro absoluto de este sistema de protección al inversor es un paso importante para recuperar la soberanía local y nacional y así proteger la salud del medioambiente y de las personas.
A finales de junio, semanas después que la Delegación dejase Colombia, el presidente Gustavo Petro visitó La Guajira. En una reunión con las comunidades afectadas por la mina de carbón Cerrejón, declaró: “Una nación soberana no teme demandas internacionales cuando hace lo que es justo”. Lo que podría anticipar el apoyo de los derechos de las comunidades y el retorno del riachuelo Bruno a su curso natural, a pesar de la demanda de Glencore. Concluyó diciendo que: “Cuando uno se levanta frente al capital, incluso el Congreso teme aprobar leyes”.
Traducción libre de nota originalmente publicada en: https://isds.bilaterals.org/?colombia-corporate-claims-vs-human
Chocó Andino: Prefectura y Municipio celebran
cinco años de la Reserva de la Biósfera
30 de julio de 2023.– El 28 de julio, en el Parque Arqueológico Rumipamba al centro norte de Quito, se realizó una ceremonia por los cinco años de la declaratoria del Chocó Andino como reserva de biósfera, a la cual asistieron la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón y el alcalde de la capital del Ecuador, Pábel Muñoz, además que representantes de la comunidad del sector conocido por los quiteños como “el Noroccidente”. El 20 de agosto se realiza una consulta popular sobre la prohibición de la minería metálica en los cantones que forman parte y en la cual vota todo el distrito metropolitano.
La Secretaría de Comunicación de la Alcaldía informó que la declaratoria es fruto de un proceso donde participaron gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, productores locales y académicos quienes promovieron objetivos de desarrollo sostenible en el territorio. La Reserva de Biósfera del Chocó Andino está ubicada a 45 minutos de Quito y es una fuente de agua potable y de producción agroecológica.
En un comunicado, señaló que por primera vez Quito forma parte del nuevo Comité de Gestión de la Reserva con Santiago Sandoval, secretario de Ambiente, como miembro del mismo.
El alcalde Muñoz, señaló que “lo que debemos hacer es trabajar en su preservación (del Chocó), pero también en un fomento de una economía que no tenga a las fuentes extractivas como su principal actividad, estamos hablando de turismo ecológico, de agricultura sostenible, es decir de un conjunto de actividades que fomenten la presencia de quiteños”. Además, indicó que se creará una nueva administración zonal para el área del Chocó Andino.
De su lado, Pabón resaltó que “es la primera vez en cuatro años que contamos con la presencia del alcalde, esto es muy importante porque si bien los equipos técnicos, los directores y secretarios de ambiente de los distintos municipios han sido parte, se requiere la voluntad política de la autoridad, y hoy contar con la presencia de los alcaldes Luis Suqui, (de San Miguel de los Bancos) y Pabel Muñoz, nos da mucha esperanza. Esto evidencia que hay voluntad política de apostar por el Chocó en sus administraciones”.
Sandoval, por su parte, indicó que el Chocó Andino es uno de los territorios más importantes del Distrito Metropolitano de Quito, que posee diversidad y mucha participación ciudadana. “Podemos trabajar muy de cerca con la ciudadanía, trabajar en la sostenibilidad de la reserva, en la producción económica que se tiene que realizar en este sector. Fortalecer y tomar la batuta como Distrito Metropolitano para establecer políticas públicas en este territorio”.
El Chocó Andino como reserva de biósfera
El 25 de julio de 2018, el territorio del Chocó Andino obtuvo la declaratoria de Reserva de Biósfera por parte de la Unesco y comprende un territorio de aproximadamente 287 000 ha, de las cuales 137 000 ha (48%) son remanentes de bosques andinos, 10 000 ha (3.5%) son páramos, y 23 500 ha (8.2%) son ecosistemas arbustivos. Sus bosques tienen además, la importante función de captar la evaporación del océano Pacífico y generar considerables cantidades de agua que discurren por las cuencas de ríos como el Alambi, Tulipe, Chirape, Pachijal, Mashpi y Blanco que aportan agua para consumo humano y usos productivos a las parroquias de Calacalí, Nono, Nanegal, Nanegalito, Gualea, Pacto, Mindo, Lloa y a los Cantones de San Miguel de Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito.
La Secretaría de Comunicación de la Alcaldía informó que la declaratoria es fruto de un proceso donde participaron gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, productores locales y académicos quienes promovieron objetivos de desarrollo sostenible en el territorio. La Reserva de Biósfera del Chocó Andino está ubicada a 45 minutos de Quito y es una fuente de agua potable y de producción agroecológica.
En un comunicado, señaló que por primera vez Quito forma parte del nuevo Comité de Gestión de la Reserva con Santiago Sandoval, secretario de Ambiente, como miembro del mismo.
El alcalde Muñoz, señaló que “lo que debemos hacer es trabajar en su preservación (del Chocó), pero también en un fomento de una economía que no tenga a las fuentes extractivas como su principal actividad, estamos hablando de turismo ecológico, de agricultura sostenible, es decir de un conjunto de actividades que fomenten la presencia de quiteños”. Además, indicó que se creará una nueva administración zonal para el área del Chocó Andino.
De su lado, Pabón resaltó que “es la primera vez en cuatro años que contamos con la presencia del alcalde, esto es muy importante porque si bien los equipos técnicos, los directores y secretarios de ambiente de los distintos municipios han sido parte, se requiere la voluntad política de la autoridad, y hoy contar con la presencia de los alcaldes Luis Suqui, (de San Miguel de los Bancos) y Pabel Muñoz, nos da mucha esperanza. Esto evidencia que hay voluntad política de apostar por el Chocó en sus administraciones”.
Sandoval, por su parte, indicó que el Chocó Andino es uno de los territorios más importantes del Distrito Metropolitano de Quito, que posee diversidad y mucha participación ciudadana. “Podemos trabajar muy de cerca con la ciudadanía, trabajar en la sostenibilidad de la reserva, en la producción económica que se tiene que realizar en este sector. Fortalecer y tomar la batuta como Distrito Metropolitano para establecer políticas públicas en este territorio”.
El Chocó Andino como reserva de biósfera
El 25 de julio de 2018, el territorio del Chocó Andino obtuvo la declaratoria de Reserva de Biósfera por parte de la Unesco y comprende un territorio de aproximadamente 287 000 ha, de las cuales 137 000 ha (48%) son remanentes de bosques andinos, 10 000 ha (3.5%) son páramos, y 23 500 ha (8.2%) son ecosistemas arbustivos. Sus bosques tienen además, la importante función de captar la evaporación del océano Pacífico y generar considerables cantidades de agua que discurren por las cuencas de ríos como el Alambi, Tulipe, Chirape, Pachijal, Mashpi y Blanco que aportan agua para consumo humano y usos productivos a las parroquias de Calacalí, Nono, Nanegal, Nanegalito, Gualea, Pacto, Mindo, Lloa y a los Cantones de San Miguel de Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito.
Ex ministro Vera con grillete electrónico
Julio 30 de 2023.- El pasado 26 de julio se realizó una audiencia para la revisión de medidas en contra del exministro de Energía, Xavier Vera, decidiéndose que salga de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, donde cumplía prisión preventiva.
Vera es investigado por ser parte de una red de corrupción y por presunto cohecho en una estructura de corrupción que pedía dinero a cambio de puestos públicos.
En octubre de 2022 las autoridades allanaron propiedades vinculadas al exministro, en Quito y Samborondón. En su vivienda la Fiscalía incautó celulares, una computadora portátil, una tableta electrónica y documentos con registros alfanuméricos.
Previa a su caída, Vera negó cualquier acto de corrupción y aseguró que el caso era "orquestado por mafias" que habían estado "siempre merodeando" el Ministerio de Energía y Minas.
El pasado 26 de julio, el juez dictó prohibición de salida del país y obligación de presentarse dos veces a la semana, además dispuso el uso de un grillete electrónico. Eso estará vigente mientras se determina o no su culpabilidad por cohecho.
La defensa de Vera argumentó que corría peligro en esa cárcel debido a los últimos acontecimientos violentos, que dejan como saldo unos 31 muertos.
Por la misma razón, pidieron que se emita la boleta de libertad lo más pronto posible.
Vera es investigado por ser parte de una red de corrupción y por presunto cohecho en una estructura de corrupción que pedía dinero a cambio de puestos públicos.
En octubre de 2022 las autoridades allanaron propiedades vinculadas al exministro, en Quito y Samborondón. En su vivienda la Fiscalía incautó celulares, una computadora portátil, una tableta electrónica y documentos con registros alfanuméricos.
Previa a su caída, Vera negó cualquier acto de corrupción y aseguró que el caso era "orquestado por mafias" que habían estado "siempre merodeando" el Ministerio de Energía y Minas.
El pasado 26 de julio, el juez dictó prohibición de salida del país y obligación de presentarse dos veces a la semana, además dispuso el uso de un grillete electrónico. Eso estará vigente mientras se determina o no su culpabilidad por cohecho.
La defensa de Vera argumentó que corría peligro en esa cárcel debido a los últimos acontecimientos violentos, que dejan como saldo unos 31 muertos.
Por la misma razón, pidieron que se emita la boleta de libertad lo más pronto posible.
Juez deja sin efecto reforma a la ley minera en México
Julio 9 del 2023.- Después de una victoria legal en primera instancia, la empresa mexicana Cobre del Mayo logró que un juez federal le otorgue protección definitiva contra todos los efectos de la Ley Minera aprobada por el Congreso de la Unión a finales de abril.
Cobre del Mayo opera la mina Piedras Verdes en Álamos, Sonora, y tiene reservas probadas y probables de 515 millones de toneladas del metal hasta 2029.
La decisión del juez deja sin efecto todo lo dispuesto por la nueva Ley Minera que, entre otros cambios, reduce la vigencia de las concesiones de 50 a 30 años y establece la licitación como único método para otorgarlas. Además, la reforma multiplica los delitos, infracciones y obligaciones ambientales, exige obtener concesiones especiales para uso de agua y otorga un trato preferencial a las paraestatales.
La sentencia, que aún puede ser apelada por el gobierno federal, abre un periodo de incertidumbre para el sector. Mientras los empresarios mineros celebran la decisión del juez, se queda en el aire el deseo nacional de una regulación más estricta que proteja el medio ambiente y a las comunidades indígenas.
El caso ocupa un lugar especial en el debate nacional y todos los ojos están puestos en el desenlace final que tendrá esta batalla legal.
Cobre del Mayo opera la mina Piedras Verdes en Álamos, Sonora, y tiene reservas probadas y probables de 515 millones de toneladas del metal hasta 2029.
La decisión del juez deja sin efecto todo lo dispuesto por la nueva Ley Minera que, entre otros cambios, reduce la vigencia de las concesiones de 50 a 30 años y establece la licitación como único método para otorgarlas. Además, la reforma multiplica los delitos, infracciones y obligaciones ambientales, exige obtener concesiones especiales para uso de agua y otorga un trato preferencial a las paraestatales.
La sentencia, que aún puede ser apelada por el gobierno federal, abre un periodo de incertidumbre para el sector. Mientras los empresarios mineros celebran la decisión del juez, se queda en el aire el deseo nacional de una regulación más estricta que proteja el medio ambiente y a las comunidades indígenas.
El caso ocupa un lugar especial en el debate nacional y todos los ojos están puestos en el desenlace final que tendrá esta batalla legal.
BBC admite haber publicado noticias
falsas que beneficiaron a empresa
Julio 9 del 2023.- La Unidad de Quejas Ejecutivas (ECU) de la BBC reconoció que sus publicaciones sobre un supuesto descubrimiento de oro a cargo de una empresa minera no eran ciertas y habían provocado una sensación engañosa a sus lectores.
Se trata de noticias falsas sobre Scotgold Resources, operadora de la mina de oro llamada Cononish. Queriendo o no, las noticias terminaron beneficiándola por el aumento del precio de sus acciones.
Se trata de una mina que entró en producción comercial en julio de 2022 y fue la primera de su tipo en Escocia.
La agencia identificó al redactor que cometió el error, quien transmitió información equivocada después de visitar la mina y entrevistar al entonces director ejecutivo de Scotgold, Phil Day.
En la entrevista, Day le dijo a la BBC que su compañía había llevado a cabo algunas pruebas y creía que era probable que hubiera una segunda veta de oro paralela a la veta que ya estaba explotando, lo que podría extender la vida útil de la mina y potencialmente aumentar las ganancias.
Sin embargo en los boletines de la BBC se dijo que la minera había "encontrado otra veta de oro en su mina Cononish" o algo parecido.
A juicio de la ECU, eso era más definitivo que la esperanza o expectativa expresada por el ex ejecutivo de la empresa y habría dejado a la audiencia con una impresión engañosa.
Se trata de noticias falsas sobre Scotgold Resources, operadora de la mina de oro llamada Cononish. Queriendo o no, las noticias terminaron beneficiándola por el aumento del precio de sus acciones.
Se trata de una mina que entró en producción comercial en julio de 2022 y fue la primera de su tipo en Escocia.
La agencia identificó al redactor que cometió el error, quien transmitió información equivocada después de visitar la mina y entrevistar al entonces director ejecutivo de Scotgold, Phil Day.
En la entrevista, Day le dijo a la BBC que su compañía había llevado a cabo algunas pruebas y creía que era probable que hubiera una segunda veta de oro paralela a la veta que ya estaba explotando, lo que podría extender la vida útil de la mina y potencialmente aumentar las ganancias.
Sin embargo en los boletines de la BBC se dijo que la minera había "encontrado otra veta de oro en su mina Cononish" o algo parecido.
A juicio de la ECU, eso era más definitivo que la esperanza o expectativa expresada por el ex ejecutivo de la empresa y habría dejado a la audiencia con una impresión engañosa.
