Nuevo estándar EITI para la transparencia en minería
Junio 25 de 2023.- La iniciativa EITI lanzó la semana pasada la cuarta edición del estándar mundial para la transparencia y la buena gobernanza del sector minero energético.
El nuevo Estándar fue adoptado en la Conferencia Global EITI e incluye disposiciones que, en teoría, permiten a los países responder a los desafíos más apremiantes relacionados con la gobernanza de los recursos naturales.
"Ayuda a aumentar la relevancia de la implementación del EITI para los países y promueve la gestión abierta y responsable de los recursos naturales dentro de un marco de responsabilidad compartida entre todas las partes interesadas", afirmó la presidenta del Consejo EITI, Rt. Hon Helen Clark.
A grandes rasgos, el nuevo estándar plantea novedades en cuanto a la lucha contra la corrupción, pues incluye nuevas disposiciones que mejoran las oportunidades para que los países y las empresas utilicen la plataforma del EITI con la finalidad de identificar y abordar los riesgos de corrupción en el sector de los recursos naturales.
También en Transición energética, ya que contiene nuevas disposiciones que favorecen las divulgaciones y el debate público acerca de los impactos de la transición energética, aportando claridad sobre las políticas pertinentes y los ingresos que los países pueden esperar recibir por su petróleo, gas y minerales en diferentes escenarios de mercado.
En cuestiones de género, sociales y ambientales, lo nuevo es que se han fortalecido las disposiciones para promover una mayor diversidad en la toma de decisiones y divulgaciones que incluyan cuestiones sociales, ambientales y de género.
Y en cuanto a recaudación de ingresos, se incluyen disposiciones nuevas y mejoradas que exigen divulgaciones más exhaustivas y detalladas que puedan ayudar a los países a fortalecer su base tributaria y aumentar sus ingresos.
Como se sabe, Ecuador adhirió a la iniciativa EITI hace algunos años y ha debido presentar ya su primer informe país, pero por ahora no hay quién lo haga.
Otros países, como Chile, han informado su intención de convertirse en país implementador del EITI. Hace unos días, la ministra de Minería de ese país, Marcela Hernando, declaró que implementarlo formará parte de la Estrategia Nacional del Litio del país, anunciada en abril por el presidente Gabriel Boric.
Los chilenos esperan que el EITI sea una herramienta que sirva para mejorar el acceso público a la información sobre el sector y, en general, es lo que la mayoría repite cuando se trata de hablar de transparencia.
En los hechos las cosas no ocurren así y son los propios directivos de la iniciativa quienes procuran evitar el manoseo de los conceptos que inspiran a los partidarios de una gobernanza apropiada.
A Colombia, por ejemplo, se le ha otorgado una puntuación general moderada en la implementación de la transparencia. Y eso que en el país del norte hay una preocupación constante por la divulgación sistemática de datos del sector extractivo, incluso sobre contratos; y aún cuando existe un sistema para recopilar datos sobre beneficiarios reales, aún no se ha establecido un entorno regulatorio propicio para la divulgación de esta información.
El nuevo Estándar fue adoptado en la Conferencia Global EITI e incluye disposiciones que, en teoría, permiten a los países responder a los desafíos más apremiantes relacionados con la gobernanza de los recursos naturales.
"Ayuda a aumentar la relevancia de la implementación del EITI para los países y promueve la gestión abierta y responsable de los recursos naturales dentro de un marco de responsabilidad compartida entre todas las partes interesadas", afirmó la presidenta del Consejo EITI, Rt. Hon Helen Clark.
A grandes rasgos, el nuevo estándar plantea novedades en cuanto a la lucha contra la corrupción, pues incluye nuevas disposiciones que mejoran las oportunidades para que los países y las empresas utilicen la plataforma del EITI con la finalidad de identificar y abordar los riesgos de corrupción en el sector de los recursos naturales.
También en Transición energética, ya que contiene nuevas disposiciones que favorecen las divulgaciones y el debate público acerca de los impactos de la transición energética, aportando claridad sobre las políticas pertinentes y los ingresos que los países pueden esperar recibir por su petróleo, gas y minerales en diferentes escenarios de mercado.
En cuestiones de género, sociales y ambientales, lo nuevo es que se han fortalecido las disposiciones para promover una mayor diversidad en la toma de decisiones y divulgaciones que incluyan cuestiones sociales, ambientales y de género.
Y en cuanto a recaudación de ingresos, se incluyen disposiciones nuevas y mejoradas que exigen divulgaciones más exhaustivas y detalladas que puedan ayudar a los países a fortalecer su base tributaria y aumentar sus ingresos.
Como se sabe, Ecuador adhirió a la iniciativa EITI hace algunos años y ha debido presentar ya su primer informe país, pero por ahora no hay quién lo haga.
Otros países, como Chile, han informado su intención de convertirse en país implementador del EITI. Hace unos días, la ministra de Minería de ese país, Marcela Hernando, declaró que implementarlo formará parte de la Estrategia Nacional del Litio del país, anunciada en abril por el presidente Gabriel Boric.
Los chilenos esperan que el EITI sea una herramienta que sirva para mejorar el acceso público a la información sobre el sector y, en general, es lo que la mayoría repite cuando se trata de hablar de transparencia.
En los hechos las cosas no ocurren así y son los propios directivos de la iniciativa quienes procuran evitar el manoseo de los conceptos que inspiran a los partidarios de una gobernanza apropiada.
A Colombia, por ejemplo, se le ha otorgado una puntuación general moderada en la implementación de la transparencia. Y eso que en el país del norte hay una preocupación constante por la divulgación sistemática de datos del sector extractivo, incluso sobre contratos; y aún cuando existe un sistema para recopilar datos sobre beneficiarios reales, aún no se ha establecido un entorno regulatorio propicio para la divulgación de esta información.
Obispos católicos se pronuncian sobre la minería
Junio 18 de 2023.- Un grupo de obispos del Ecuador se sumó al pedido que el pasado 13 de junio entregaron diversas organizaciones sociales a las autoridades electas para que en sus territorios no se realicen actividades mineras.
Monseñor Rafael Cob, presidente de la Red Eclesial Pan Amazónica Continental y Obispo del Vicariato Apostólico de Puyo; Monseñor Adalberto Jiménez, Obispo de Aguarico, y presidente de REPAM Ecuador; Mons, Geovanny Paz, presidente de la Comisión de Culturas de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y Obispo de la Diócesis de Latacunga y el hermano Freddy Sarango, coordinador de la Red Nacional de Pastoral Ecológica, suscribieron un comunicado uniéndose al “llamado por la defensa del agua y de la Casa Común”.
Otros grupos religiosos, como las hermanas Lauritas que realizan un importante trabajo de vinculación con los sectores más pobres de la sociedad ecuatoriana, también se pronunciaron en respaldo a las movilizaciones que se realizaron en Quito y en casi todas las provincias en las que se desarrollan proyectos mineros.
En Quito la marcha fue liderada por el presidente de la Conaie, Leonidas Iza; y se dirigió hacia la sede de la Corte Constitucional demandando a los jueces que se pronuncien por la inconstitucionalidad del Decreto 754 que regula la consulta ambiental.
Dicha marcha fue respaldada por obispos católicos que proponen “un Ecuador Libre de Minería”.
“Digamos no a la minería que destruye la vida y contamina la naturaleza de nuestra tierra”, señalan los religiosos.
En su misiva manifiestan que quieren unirse “a los gritos de la tierra y de los pueblos que sufren las profundas heridas provocadas por la minería en nuestro Ecuador, minería metálica que vulnera los derechos de la Tierra y de los que vivimos en esta casa común de nuestro Ecuador amazónico, expresión de la belleza creadora de Dios, dado como don que debemos defender y proteger por el bien común de nuestro planeta tierra.
“Por ello, nos unimos a las voces de cuantos sentimos que es necesario parar una minería destructiva que trae muerte con su acción violenta, que destruye nuestro hábitat, contamina nuestros ríos y nuestras aguas limpias y cristalinas, elemento vital para sobrevivir la humanidad”, afirman.
“Denunciamos que se roben la riqueza de esta tierra herencia divina para todos, por depredadores sin escrúpulos con la voracidad y codicia de los que no piensan en los males que causan y en las consecuencias para las futuras generaciones”, continúan.
Su pronunciamiento concluye declarando su apoyo “en unidad por la vida, a los que con dimensión profética denunciamos el mal y buscamos el bien en defensa de un Ecuador libre de minería”.
Monseñor Rafael Cob, presidente de la Red Eclesial Pan Amazónica Continental y Obispo del Vicariato Apostólico de Puyo; Monseñor Adalberto Jiménez, Obispo de Aguarico, y presidente de REPAM Ecuador; Mons, Geovanny Paz, presidente de la Comisión de Culturas de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y Obispo de la Diócesis de Latacunga y el hermano Freddy Sarango, coordinador de la Red Nacional de Pastoral Ecológica, suscribieron un comunicado uniéndose al “llamado por la defensa del agua y de la Casa Común”.
Otros grupos religiosos, como las hermanas Lauritas que realizan un importante trabajo de vinculación con los sectores más pobres de la sociedad ecuatoriana, también se pronunciaron en respaldo a las movilizaciones que se realizaron en Quito y en casi todas las provincias en las que se desarrollan proyectos mineros.
En Quito la marcha fue liderada por el presidente de la Conaie, Leonidas Iza; y se dirigió hacia la sede de la Corte Constitucional demandando a los jueces que se pronuncien por la inconstitucionalidad del Decreto 754 que regula la consulta ambiental.
Dicha marcha fue respaldada por obispos católicos que proponen “un Ecuador Libre de Minería”.
“Digamos no a la minería que destruye la vida y contamina la naturaleza de nuestra tierra”, señalan los religiosos.
En su misiva manifiestan que quieren unirse “a los gritos de la tierra y de los pueblos que sufren las profundas heridas provocadas por la minería en nuestro Ecuador, minería metálica que vulnera los derechos de la Tierra y de los que vivimos en esta casa común de nuestro Ecuador amazónico, expresión de la belleza creadora de Dios, dado como don que debemos defender y proteger por el bien común de nuestro planeta tierra.
“Por ello, nos unimos a las voces de cuantos sentimos que es necesario parar una minería destructiva que trae muerte con su acción violenta, que destruye nuestro hábitat, contamina nuestros ríos y nuestras aguas limpias y cristalinas, elemento vital para sobrevivir la humanidad”, afirman.
“Denunciamos que se roben la riqueza de esta tierra herencia divina para todos, por depredadores sin escrúpulos con la voracidad y codicia de los que no piensan en los males que causan y en las consecuencias para las futuras generaciones”, continúan.
Su pronunciamiento concluye declarando su apoyo “en unidad por la vida, a los que con dimensión profética denunciamos el mal y buscamos el bien en defensa de un Ecuador libre de minería”.
La Conaie anuncia movilizaciones contra la minería
Junio 11 de 2023.- Delegaciones de pobladores y dirigentes del movimiento indígena y organizaciones no mineras se movilizarán este martes 13 hacia la Corte Constitucional del Ecuador para pedir a los jueces que se declare inconstitucional el Decreto 754 que regula la consulta ambiental.
En las cabeceras cantonales y parroquiales, también marcharán pidiendo a las autoridades recién electas que se pongan al frente de los reclamos de quienes no quieren actividades mineras en sus territorios.
“Vamos a entregar el mandato del 12 de enero a las autoridades electas, para que se garantice el cuidado de la naturaleza, el agua y la vida”, dijo Leonidas Iza, presidente de la Conaie.
Fue durante una rueda de prensa, realizada en formato híbrido, desde la sede de Conaie en Quito y una red de establecimientos que se conectaron vía Zoom para expresar su respaldo a la medida propuesta por sus dirigentes.
Iza dijo además que uno de los motivos para la movilización del martes 13 era la celebración del primer año del levantamiento del 2022, “uno de cuyos reclamos principales fue la lucha contra el extractivismo”.
El dirigente también se refirió a las consultas populares que tendrán lugar el próximo 20 de agosto.
“Pedimos a nuestras bases y a toda la población votar para salvar el Yasuni y por un Quito sin minería, es decir, por una economía que garantice la vida, la alimentación y el respeto del medio ambiente”, afirmó.
Respecto del pedido de inconstitucionalidad del Decreto 754, que se presentará en la sede de la Corte Constitucional, sostuvo que dicho dispositivo confunde la consulta ambiental con la consulta previa, libre e informada.
“El decreto va contra los compromisos adquiridos con la Organización Internacional de Trabajadores, con las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos e intenta posicionar políticas en favor de las transnacionales” afirmó.
En las cabeceras cantonales y parroquiales, también marcharán pidiendo a las autoridades recién electas que se pongan al frente de los reclamos de quienes no quieren actividades mineras en sus territorios.
“Vamos a entregar el mandato del 12 de enero a las autoridades electas, para que se garantice el cuidado de la naturaleza, el agua y la vida”, dijo Leonidas Iza, presidente de la Conaie.
Fue durante una rueda de prensa, realizada en formato híbrido, desde la sede de Conaie en Quito y una red de establecimientos que se conectaron vía Zoom para expresar su respaldo a la medida propuesta por sus dirigentes.
Iza dijo además que uno de los motivos para la movilización del martes 13 era la celebración del primer año del levantamiento del 2022, “uno de cuyos reclamos principales fue la lucha contra el extractivismo”.
El dirigente también se refirió a las consultas populares que tendrán lugar el próximo 20 de agosto.
“Pedimos a nuestras bases y a toda la población votar para salvar el Yasuni y por un Quito sin minería, es decir, por una economía que garantice la vida, la alimentación y el respeto del medio ambiente”, afirmó.
Respecto del pedido de inconstitucionalidad del Decreto 754, que se presentará en la sede de la Corte Constitucional, sostuvo que dicho dispositivo confunde la consulta ambiental con la consulta previa, libre e informada.
“El decreto va contra los compromisos adquiridos con la Organización Internacional de Trabajadores, con las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos e intenta posicionar políticas en favor de las transnacionales” afirmó.
Semana del Chocó Andino en la Universidad Central
Junio 11 de 2023.- La Universidad Central del Ecuador, la Universidad Andina Simón Bolívar y el colectivo Quito sin Minería realizaron una semana de conversaciones, diálogos y reflexiones sobre las consecuencias que tendría la minería metálica en el distrito metropolitano.
La actividad reunió a miembros de la academia, de los movimientos sociales y de la sociedad en general en torno a la necesidad de profundizar en un análisis que integre puntos de vista científicos con las demandas de las mayorías de la población.
Fueron cinco sesiones, llevadas a cabo en dos auditorios de “la Central”, en las cuales se intercambiaron criterios desde diversas perspectivas científicas que concluyeron en la conveniencia de votar por el “sí” en la consulta para prohibir la minería en el Distrito Metropolitano de Quito.
Las conferencias y debates fueron con motivo de la Semana del Chocó Andino, una actividad que reunió a docentes y autoridades universitarias de cinco facultades, a dirigentes de organizaciones sociales de las parroquias de Pacto, Nanel, Nanegalito, Gualea, Nono y Calacalí y a pobladores de diversas partes del país.
Las conferencias, seguidas de sendas rondas de preguntas, mostraron el punto de vista que se viene desarrollando desde las facultades de ciencias sociales, jurisprudencia, arquitectura y urbanismo, agrícolas y biológicas en torno a una serie de asuntos que trascienden la relación entre minería y medio ambiente.
Presentaron, también, el trabajo de relación con la sociedad que han realizado dichas facultades en los últimos años, contribuyendo en la defensa de los derechos humanos de los activistas ambientales, en la salvaguarda de la cultura ancestral en temas de cuidado de la biodiversidad, en la construcción de una cartografía que permita entender las dinámicas de generación del espacio en las parroquias rurales o en el rescate de los conocimientos tradicionales para la construcción de viviendas.
Mención aparte merece el inventario de las especies de flora y fauna que están en riesgo de desaparecer si no se toman medidas urgentes.
“Estamos aquí para hablar de la humanidad, de lo humano. Y por supuesto no sólo para hablar sino para actuar en defensa del Chocó Andino, del Ecuador y del planeta”, dijo uno de los expositores.
Resumiendo las conferencias, uno de los asistentes comentó que las exposiciones evidencian lo que ya se vive y por qué debe evitarse la minería metálica en la mancomunidad del Chocó Andino.
“Son muy útiles estas reuniones que nos permiten conversar sobre temas que están interrelacionados y que exigen que todos reflexionemos porque de por medio está el país que debemos construir y en el que queremos vivir”, concluyó.
La actividad reunió a miembros de la academia, de los movimientos sociales y de la sociedad en general en torno a la necesidad de profundizar en un análisis que integre puntos de vista científicos con las demandas de las mayorías de la población.
Fueron cinco sesiones, llevadas a cabo en dos auditorios de “la Central”, en las cuales se intercambiaron criterios desde diversas perspectivas científicas que concluyeron en la conveniencia de votar por el “sí” en la consulta para prohibir la minería en el Distrito Metropolitano de Quito.
Las conferencias y debates fueron con motivo de la Semana del Chocó Andino, una actividad que reunió a docentes y autoridades universitarias de cinco facultades, a dirigentes de organizaciones sociales de las parroquias de Pacto, Nanel, Nanegalito, Gualea, Nono y Calacalí y a pobladores de diversas partes del país.
Las conferencias, seguidas de sendas rondas de preguntas, mostraron el punto de vista que se viene desarrollando desde las facultades de ciencias sociales, jurisprudencia, arquitectura y urbanismo, agrícolas y biológicas en torno a una serie de asuntos que trascienden la relación entre minería y medio ambiente.
Presentaron, también, el trabajo de relación con la sociedad que han realizado dichas facultades en los últimos años, contribuyendo en la defensa de los derechos humanos de los activistas ambientales, en la salvaguarda de la cultura ancestral en temas de cuidado de la biodiversidad, en la construcción de una cartografía que permita entender las dinámicas de generación del espacio en las parroquias rurales o en el rescate de los conocimientos tradicionales para la construcción de viviendas.
Mención aparte merece el inventario de las especies de flora y fauna que están en riesgo de desaparecer si no se toman medidas urgentes.
“Estamos aquí para hablar de la humanidad, de lo humano. Y por supuesto no sólo para hablar sino para actuar en defensa del Chocó Andino, del Ecuador y del planeta”, dijo uno de los expositores.
Resumiendo las conferencias, uno de los asistentes comentó que las exposiciones evidencian lo que ya se vive y por qué debe evitarse la minería metálica en la mancomunidad del Chocó Andino.
“Son muy útiles estas reuniones que nos permiten conversar sobre temas que están interrelacionados y que exigen que todos reflexionemos porque de por medio está el país que debemos construir y en el que queremos vivir”, concluyó.
Corte Constitucional admite Acción de Protección en Fierro Urco
Junio 4 de 2023.- La Corte Constitucional del Ecuador admitió a trámite la acción extraordinaria de protección presentada por pobladores de Fierro Urco, en la provincia de Loja, para dejar sin efecto las resoluciones que otorgaron registros y/o licencias ambientales para una serie de proyectos mineros en la zona.
En lo formal, la acción de protección es en contra de la sentencia de la jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Loja, emitida el 10 de mayo de 2022; y en contra de la sentencia de apelación de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Loja, emitida el 19 de diciembre de 2022.
Esta última señalaba que no se ha probado que en Fierro Urco hay una importante biodiversidad ni la importancia sistémica de sus páramos. Decía también que no es cierto “que las concesiones mineras se encuentren dentro de un bosque protector, ni que esas zonas sean consideradas como de amortiguamiento de ninguna área protegida y debidamente declarada; ni que existan especies en peligro de extinción o endémicas”.
La sentencia, así redactada, validaba licencias ambientales para las fases de prospección, exploración inicial, exploración avanzada y exploración a las concesiones mineras “Santiago”, “Tioloma”, “Caña Brava” y el Proyecto Minero “El Cisne 2A”, a cargo del consorcio Adventus – Salazar y SolGold, principalmente.
La acción extraordinaria de protección tiene por objeto garantizar la protección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia. Fue presentada porque se considera que el otorgamiento de licencias/registros ambientales a concesiones mineras en Fierro Urco vulneraba los derechos de la población a la consulta ambiental, a la seguridad jurídica, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al agua; y a los derechos de la naturaleza de los páramos de Fierro Urco.
En lo formal, la acción de protección es en contra de la sentencia de la jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Loja, emitida el 10 de mayo de 2022; y en contra de la sentencia de apelación de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Loja, emitida el 19 de diciembre de 2022.
Esta última señalaba que no se ha probado que en Fierro Urco hay una importante biodiversidad ni la importancia sistémica de sus páramos. Decía también que no es cierto “que las concesiones mineras se encuentren dentro de un bosque protector, ni que esas zonas sean consideradas como de amortiguamiento de ninguna área protegida y debidamente declarada; ni que existan especies en peligro de extinción o endémicas”.
La sentencia, así redactada, validaba licencias ambientales para las fases de prospección, exploración inicial, exploración avanzada y exploración a las concesiones mineras “Santiago”, “Tioloma”, “Caña Brava” y el Proyecto Minero “El Cisne 2A”, a cargo del consorcio Adventus – Salazar y SolGold, principalmente.
La acción extraordinaria de protección tiene por objeto garantizar la protección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia. Fue presentada porque se considera que el otorgamiento de licencias/registros ambientales a concesiones mineras en Fierro Urco vulneraba los derechos de la población a la consulta ambiental, a la seguridad jurídica, a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, al agua; y a los derechos de la naturaleza de los páramos de Fierro Urco.
Oportunidad para las empresas mineras
Cómo aprovechar el financiamiento climático
Junio 4 de 2023.- Las oportunidades que tienen las empresas ecuatorianas que deseen implementar proyectos que ayuden a mitigar los efectos del cambio climático fueron detalladas por el economista Juan Sánchez, director para Latinoamérica de la consultora canadiense Fortalece Inc.; en una reunión preparada con Udecons, Urban Development Consulting, organización que lidera Isabel Puente. La conferencia se replicará hoy en el auditorio de la Figempa, en la Universidad Central del Ecuador.
Sobre el tema, conversamos con el economista Juan Sánchez, experto en la problemática del cambio climático y todo lo relacionado con el financiamiento verde, en particular, sus instrumentos financieros y las fuentes de financiamiento, tanto del sector privado como del sector público nacional e internacional.
¿Qué es el financiamiento climático?
Son los fondos que aportan los países desarrollados que más emiten gases de efecto invernadero como una manera de ayudar a reducir el impacto del cambio climático. Dichos fondos sirven para financiar proyectos de adaptación y mitigación de empresas, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos cuyo objetivo es reducir el impacto de cambio climático.
¿Con qué instrumentos cuenta el financiamiento climático?
Son financiamiento a condiciones concesionales, subvenciones, donaciones y asistencia técnica para proyectos que pueden contribuir a reducir el cambio climático. También los fondos sirven para adquirir bonos verdes y bonos de carbono.
¿Qué son las finanzas sostenibles? ¿Qué son los bonos verdes, qué es el mercado de carbono?
Las finanzas sostenibles son el financiamiento que incorpora en los objetivos de los proyectos que financia la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible.
Los bonos verdes son los bonos que son emitidos en el mercado de capitales, generalmente por empresas que cotizan en bolsa.
El mercado de carbono puede ser obligatorio y voluntario. El primero es establecido por los gobiernos como mecanismo para desarrollar mecanismos por los cuales los agentes económicos puedan compensar sus emisiones de CO2 que estuvieran por encima de los límites permisibles. En tanto que el mercado voluntario es el mercado en que las empresas buscan reducir sus emisiones de CO2 como una política de sostenibilidad o responsabilidad social de las empresas.
¿Cómo ayuda Fortalece a financiar proyectos que pueden tener un impacto positivo en el medio ambiente?
Ayuda buscando financiamiento para los proyectos de mitigación o adaptación u otro que contribuyan a reducir el impacto climático, en fuentes de recursos que pertenecen a la arquitectura financiera de finanzas verdes creada por el Acuerdo de Paris y los convenidos complementarios.
¿Cómo nos ayuda a posicionar a Ecuador está en la mira de quienes buscan invertir en empresas comprometidas con la sostenibilidad?
Las empresas ecuatorianas que tempranamente se orienten a ser “carbono neutro” estarán en mejores condiciones para adaptarse a las medidas que tarde o temprano tendrán que dictar los gobiernos para contribuir al cambio climático. Además, hoy en dia, los mercados de mercancías y de fondeo exigen cada vez as a las empresas a tener una muy baja huella de carbono para que puedan ser consideradas como empresas objetivo de negocios y de financiamiento de tesis verde.
¿Qué beneficios tiene el financiamiento climático frente a formas convencionales del financiamiento?
El financiamiento es costo muy bajo y condiciones concesionales.
¿Las empresas que ya vienen desarrollando proyectos alineados con los ODS, pueden buscar un nicho especial entre las fuentes de financiamiento?
Si, poque a reducción del impacto de cambio climático se enmarca en los ODS.
¿Los fondos a los que pueden aspirar las empresas con proyectos amigables con el medio ambiente son en dólares o en otras monedas?
Por lo general son en US$, pero pueden ser en la moneda que maneje la fuente de financiamiento.
Además de contar con proyectos que aseguren la protección del medio ambiente, ¿qué otros requisitos deben reunir las empresas que aspiran acceder al financiamiento climático?
Deben de formular proyectos que contribuyan realmente a reducir la emisión de CO2 ya sea por ecoeficiencia o por captación de CO2.
¿Qué rol deben jugar el Estado y la academia para poner al Ecuador en el radar de quienes financian los fondos climáticos?
Los Estados implementan políticas públicas para facilitar que las empresas u organizaciones se vuelvan carbono neutras.
¿Qué rol especial pueden jugar las mujeres en el financiamiento? ¿Hay créditos que estimulen la igualdad de género?
Los proyectos para mitigar o adaptación que contribuyen a reducir el impacto del cambio climático pueden incorporar la variable género y otras variables sociales para recibir condiciones más ventajosas en el financiamiento a recibirse.
Sobre el tema, conversamos con el economista Juan Sánchez, experto en la problemática del cambio climático y todo lo relacionado con el financiamiento verde, en particular, sus instrumentos financieros y las fuentes de financiamiento, tanto del sector privado como del sector público nacional e internacional.
¿Qué es el financiamiento climático?
Son los fondos que aportan los países desarrollados que más emiten gases de efecto invernadero como una manera de ayudar a reducir el impacto del cambio climático. Dichos fondos sirven para financiar proyectos de adaptación y mitigación de empresas, organizaciones sin fines de lucro y gobiernos cuyo objetivo es reducir el impacto de cambio climático.
¿Con qué instrumentos cuenta el financiamiento climático?
Son financiamiento a condiciones concesionales, subvenciones, donaciones y asistencia técnica para proyectos que pueden contribuir a reducir el cambio climático. También los fondos sirven para adquirir bonos verdes y bonos de carbono.
¿Qué son las finanzas sostenibles? ¿Qué son los bonos verdes, qué es el mercado de carbono?
Las finanzas sostenibles son el financiamiento que incorpora en los objetivos de los proyectos que financia la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible.
Los bonos verdes son los bonos que son emitidos en el mercado de capitales, generalmente por empresas que cotizan en bolsa.
El mercado de carbono puede ser obligatorio y voluntario. El primero es establecido por los gobiernos como mecanismo para desarrollar mecanismos por los cuales los agentes económicos puedan compensar sus emisiones de CO2 que estuvieran por encima de los límites permisibles. En tanto que el mercado voluntario es el mercado en que las empresas buscan reducir sus emisiones de CO2 como una política de sostenibilidad o responsabilidad social de las empresas.
¿Cómo ayuda Fortalece a financiar proyectos que pueden tener un impacto positivo en el medio ambiente?
Ayuda buscando financiamiento para los proyectos de mitigación o adaptación u otro que contribuyan a reducir el impacto climático, en fuentes de recursos que pertenecen a la arquitectura financiera de finanzas verdes creada por el Acuerdo de Paris y los convenidos complementarios.
¿Cómo nos ayuda a posicionar a Ecuador está en la mira de quienes buscan invertir en empresas comprometidas con la sostenibilidad?
Las empresas ecuatorianas que tempranamente se orienten a ser “carbono neutro” estarán en mejores condiciones para adaptarse a las medidas que tarde o temprano tendrán que dictar los gobiernos para contribuir al cambio climático. Además, hoy en dia, los mercados de mercancías y de fondeo exigen cada vez as a las empresas a tener una muy baja huella de carbono para que puedan ser consideradas como empresas objetivo de negocios y de financiamiento de tesis verde.
¿Qué beneficios tiene el financiamiento climático frente a formas convencionales del financiamiento?
El financiamiento es costo muy bajo y condiciones concesionales.
¿Las empresas que ya vienen desarrollando proyectos alineados con los ODS, pueden buscar un nicho especial entre las fuentes de financiamiento?
Si, poque a reducción del impacto de cambio climático se enmarca en los ODS.
¿Los fondos a los que pueden aspirar las empresas con proyectos amigables con el medio ambiente son en dólares o en otras monedas?
Por lo general son en US$, pero pueden ser en la moneda que maneje la fuente de financiamiento.
Además de contar con proyectos que aseguren la protección del medio ambiente, ¿qué otros requisitos deben reunir las empresas que aspiran acceder al financiamiento climático?
Deben de formular proyectos que contribuyan realmente a reducir la emisión de CO2 ya sea por ecoeficiencia o por captación de CO2.
¿Qué rol deben jugar el Estado y la academia para poner al Ecuador en el radar de quienes financian los fondos climáticos?
Los Estados implementan políticas públicas para facilitar que las empresas u organizaciones se vuelvan carbono neutras.
¿Qué rol especial pueden jugar las mujeres en el financiamiento? ¿Hay créditos que estimulen la igualdad de género?
Los proyectos para mitigar o adaptación que contribuyen a reducir el impacto del cambio climático pueden incorporar la variable género y otras variables sociales para recibir condiciones más ventajosas en el financiamiento a recibirse.
Coloquios sobre la minería metálica en Ecuador
Mayo 21 de 2023.- En torno al tema “Pequeña, mediana y gran minería en sus transiciones, en los páramos andinos del sur de Ecuador” se reunieron dirigentes de organizaciones sociales que no desean que en sus territorios se realicen actividades mineras junto a docentes y estudiantes interesados en analizar el tema extractivo desde una perspectiva que integre las ideas y puntos de vista de todos los involucrados.
La cita fue en la sala Manuela Sáenz de la Universidad Andina Simón Bolívar y se distinguió por el respeto a las opiniones de quienes viven en las comunidades adyacentes a las operaciones y el acompañamiento a quienes son perseguidos por defender la belleza de la vida.
La preocupación sincera por entender los deseos particulares de cambio que existen en las poblaciones indígenas, también distinguió a esta reunión.
Los bloques del coloquio, aún con fronteras imprecisas desde el plano intelectual, abrieron las puertas para un intercambio fluido de pensamientos y propuestas de acción.
Para los asistentes, era urgente la necesidad de lograr la unidad comunitaria para oponerse a las actividades extractivas en sus localidades.
Dijeron que la introducción de grandes capitales en sus sociedades, caracterizadas por una vinculación relativamente escasa con el mercado nacional, venía destruyendo el clima fraterno que distinguía la vida en comunidad.
“Padres contra hijos. Hermanos contra hermanos. Los vecinos se pelean entre ellos porque unos están a favor y otros en contra; mientras nuestros campos, nuestra salud y nuestra cultura sufre al ver que el Estado que nunca llegó, llega ahora representado por policías y fuerzas armadas a quitarnos el agua y la tierra de la que vivimos”, explicó una pobladora.
Situaciones aparentemente particulares como las que se registran en Loja, Azuay y Morona Santiago mostraron tener mucho de común por la forma en sus habitantes vienen siendo insertados, a la fuerza, a la dinámica de mercados internacionales que requieren sus recursos.
La necesidad de encontrar herramientas teóricas que den cuenta de esa nueva realidad fue puesta de manifiesto en las intervenciones.
Representantes de las comunidades dijeron que ya les habían quitado sus bienes y ahora trataban de quitarles su cultura.
La academia, se dijo, debe estar lista para saldar ese déficit y lograr espacios de debate serio en donde las palabras y los conceptos recuperen su sentido.
Se abrió entonces el diálogo entre las ciencias sociales, la economía y la filosofía y las ideas que reivindican la necesidad de lograr nuevas formas de convivencia que pongan en el centro de la atención el bienestar de las mayorías y el cuidado de los ecosistemas.
Las tensiones entre el derecho al derecho propio de las comunidades y la regulación aparente que echa un manto de legalidad a acciones evidentemente ilegales; el carácter que puede alcanzar la movilización social que se opone a la actividad minera y los ejes que orientan la estrategia de las empresas mineras son temas que se abordaron y continuarán abordándose en los próximos coloquios.
La cita fue en la sala Manuela Sáenz de la Universidad Andina Simón Bolívar y se distinguió por el respeto a las opiniones de quienes viven en las comunidades adyacentes a las operaciones y el acompañamiento a quienes son perseguidos por defender la belleza de la vida.
La preocupación sincera por entender los deseos particulares de cambio que existen en las poblaciones indígenas, también distinguió a esta reunión.
Los bloques del coloquio, aún con fronteras imprecisas desde el plano intelectual, abrieron las puertas para un intercambio fluido de pensamientos y propuestas de acción.
Para los asistentes, era urgente la necesidad de lograr la unidad comunitaria para oponerse a las actividades extractivas en sus localidades.
Dijeron que la introducción de grandes capitales en sus sociedades, caracterizadas por una vinculación relativamente escasa con el mercado nacional, venía destruyendo el clima fraterno que distinguía la vida en comunidad.
“Padres contra hijos. Hermanos contra hermanos. Los vecinos se pelean entre ellos porque unos están a favor y otros en contra; mientras nuestros campos, nuestra salud y nuestra cultura sufre al ver que el Estado que nunca llegó, llega ahora representado por policías y fuerzas armadas a quitarnos el agua y la tierra de la que vivimos”, explicó una pobladora.
Situaciones aparentemente particulares como las que se registran en Loja, Azuay y Morona Santiago mostraron tener mucho de común por la forma en sus habitantes vienen siendo insertados, a la fuerza, a la dinámica de mercados internacionales que requieren sus recursos.
La necesidad de encontrar herramientas teóricas que den cuenta de esa nueva realidad fue puesta de manifiesto en las intervenciones.
Representantes de las comunidades dijeron que ya les habían quitado sus bienes y ahora trataban de quitarles su cultura.
La academia, se dijo, debe estar lista para saldar ese déficit y lograr espacios de debate serio en donde las palabras y los conceptos recuperen su sentido.
Se abrió entonces el diálogo entre las ciencias sociales, la economía y la filosofía y las ideas que reivindican la necesidad de lograr nuevas formas de convivencia que pongan en el centro de la atención el bienestar de las mayorías y el cuidado de los ecosistemas.
Las tensiones entre el derecho al derecho propio de las comunidades y la regulación aparente que echa un manto de legalidad a acciones evidentemente ilegales; el carácter que puede alcanzar la movilización social que se opone a la actividad minera y los ejes que orientan la estrategia de las empresas mineras son temas que se abordaron y continuarán abordándose en los próximos coloquios.
Promociones 189
Ejecutivo ecuatoriano se incorpora a Llorente y Cuenca
Mayo 21 de 2023.- El dos veces presidente de la Cámara de Minería de Ecuador y gerente país de Lucky Minerals, Santiago Yépez, acaba de incorporarse como consultor senior para América Latina en la consultora LLYC, una de las firmas más conocidas en la región.
Yépez se une a Llorente y Cuenca como senior advisor para el área de Minería e Industrias Extractivas. Desde esta posición, aportará su amplia experiencia en exploración, evaluación y adquisición de propiedades mineras, así como en el desarrollo de proyectos extractivos.
Su paso por el directorio de la Asociación Latinoamericana de Minería en Chile; el Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción en Ecuador y del Comité Empresarial Ecuatoriano, le dan una visión del negocio que puede ser muy útil al momento de tomar decisiones de carácter estratégico en el sector.
Yepez es Maestro en Ciencias Financieras y cuenta con un posgrado en administración y gerencia de proyectos mineros por la Universidad Central de Chile. También cuenta con dos títulos: el primero en Sostenibilidad por el MIT y otro más en Conflictos Mineros y Licencia Social por el Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales del Perú.
De acuerdo con Dario Alvarez, CEO de LLYC para los Estados Unidos: “La incorporación de Santiago sigue fortaleciendo el plan de crecimiento de la compañía y el área de minería en la región. Contar con su amplia experiencia y sus conocimientos del sector y sus diferentes stakeholders aportará un valor inigualable a las necesidades que hoy tiene el negocio”.
Por su parte, Santiago Yépez declaró estar “encantado de poder acompañar en este camino al equipo de expertos que lideran el proyecto de minería en LLYC. Hoy más que nunca la industria necesita de aliados estratégicos en el campo de la comunicación que le permitan dar cuenta a la sociedad del compromiso que se tiene con ella y con el planeta. Trabajaremos de la mano para que las compañías de toda la región potencien sus mensajes y conecten de manera positiva con sus audiencias y sus objetivos”.
Yépez se une a Llorente y Cuenca como senior advisor para el área de Minería e Industrias Extractivas. Desde esta posición, aportará su amplia experiencia en exploración, evaluación y adquisición de propiedades mineras, así como en el desarrollo de proyectos extractivos.
Su paso por el directorio de la Asociación Latinoamericana de Minería en Chile; el Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción en Ecuador y del Comité Empresarial Ecuatoriano, le dan una visión del negocio que puede ser muy útil al momento de tomar decisiones de carácter estratégico en el sector.
Yepez es Maestro en Ciencias Financieras y cuenta con un posgrado en administración y gerencia de proyectos mineros por la Universidad Central de Chile. También cuenta con dos títulos: el primero en Sostenibilidad por el MIT y otro más en Conflictos Mineros y Licencia Social por el Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales del Perú.
De acuerdo con Dario Alvarez, CEO de LLYC para los Estados Unidos: “La incorporación de Santiago sigue fortaleciendo el plan de crecimiento de la compañía y el área de minería en la región. Contar con su amplia experiencia y sus conocimientos del sector y sus diferentes stakeholders aportará un valor inigualable a las necesidades que hoy tiene el negocio”.
Por su parte, Santiago Yépez declaró estar “encantado de poder acompañar en este camino al equipo de expertos que lideran el proyecto de minería en LLYC. Hoy más que nunca la industria necesita de aliados estratégicos en el campo de la comunicación que le permitan dar cuenta a la sociedad del compromiso que se tiene con ella y con el planeta. Trabajaremos de la mano para que las compañías de toda la región potencien sus mensajes y conecten de manera positiva con sus audiencias y sus objetivos”.
Ecuador cae en el Índice Fraser
Mayo 6 de 2023.- Según el Survey of Mining Companies 2022 del Fraser Institute, Ecuador pasó del puesto 24, de 84 países; a la ubicación número 27, de 62, en el ranking de los países más atractivos para invertir en minería.
El año pasado, cuando se mostraron los resultados del 2021, la puntuación del Ecuador creció un 26% comparado con el 2020.
Este año el Perú escaló 8 posiciones como país más atractivo y pasó del puesto 42 en el 2021 al 34 en el 2022, desplazando a Chile, que ahora se sitúa el puesto 35, según la encuesta del Instituto Fraser.
Colombia este año pasó cayó del puesto número 29 al 36.
La encuesta del Instituto Fraser procesa los resultados de entrevistas a casi 2.000 inversores de todo el mundo. Para ellos, Australia encabeza la lista por su atractivo para la inversión en minería.
Según el informe, Australia es la jurisdicción minera líder en el mundo con tres estados (Australia Occidental, Territorio del Norte y Australia Meridional) entre los diez primeros para la inversión según el Índice de atracción de inversiones.
Australia Occidental, que encabezó la clasificación el año pasado, ocupó el segundo lugar este año, el Territorio del Norte en el sexto lugar y el Sur de Australia en el octavo.
La encuesta minera del Instituto Fraser es una encuesta informal que intenta evaluar las percepciones de los ejecutivos de las empresas mineras sobre varias políticas públicas óptimas y subóptimas que podrían afectar la hospitalidad de una jurisdicción para la inversión minera.
El año pasado, cuando se mostraron los resultados del 2021, la puntuación del Ecuador creció un 26% comparado con el 2020.
Este año el Perú escaló 8 posiciones como país más atractivo y pasó del puesto 42 en el 2021 al 34 en el 2022, desplazando a Chile, que ahora se sitúa el puesto 35, según la encuesta del Instituto Fraser.
Colombia este año pasó cayó del puesto número 29 al 36.
La encuesta del Instituto Fraser procesa los resultados de entrevistas a casi 2.000 inversores de todo el mundo. Para ellos, Australia encabeza la lista por su atractivo para la inversión en minería.
Según el informe, Australia es la jurisdicción minera líder en el mundo con tres estados (Australia Occidental, Territorio del Norte y Australia Meridional) entre los diez primeros para la inversión según el Índice de atracción de inversiones.
Australia Occidental, que encabezó la clasificación el año pasado, ocupó el segundo lugar este año, el Territorio del Norte en el sexto lugar y el Sur de Australia en el octavo.
La encuesta minera del Instituto Fraser es una encuesta informal que intenta evaluar las percepciones de los ejecutivos de las empresas mineras sobre varias políticas públicas óptimas y subóptimas que podrían afectar la hospitalidad de una jurisdicción para la inversión minera.
Inician serie de conversatorios sobre minería
Abril 30 de 2023.- Diversas instituciones académicas y organizaciones sociales vienen organizando un ciclo de conferencias en torno a la actividad minera metálica para profundizar, desde una perspectiva crítica, en la realidad del sector y, sobre todo, analizar la validez de la serie de categorías y conceptos que se están utilizando para describir esta actividad.
Entre las instituciones académicas están la Universidad Andina Simón Bolívar, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso, y la Universidad Autónoma Chapingo, con sede en México. Junto a ellas, organizaciones de la Iglesia y colectivos como Quito sin Minería, Napo ama la vida y Caminantes, así como los observatorios Minero Ambiental del Norte y de Conflictos Socioambientales y el Frente Nacional Antiminero, impulsan esta serie de “aproximaciones teóricas a las escalas, discursos y conflictividad social de la minería metálica”.
La primera reunión tuvo lugar el pasado 18 de abril y vendrán un par de eventos más. La primera quincena de mayo se abordarán los casos de Fierro Urco en Loja; Intag, en Imbabura y los varios conflictos que se dan en la provincia del Azuay.
Una tercera reunión examinará los casos de la Cordillera del Cóndor, es decir, el de las minas Mirador y Fruta del Norte y el del proyecto Panantza San Carlos.
Según los organizadores, la idea es avanzar en el análisis de los casos que ocurren en la minería de pequeña escala hacia proyectos medianos como los de Gualel, Intag y Azuay, para llegar finalmente a los de la llamada gran escala.
Sostienen también que estos tipos de minería no son excluyentes entre sí sino que unos van generando las condiciones para que la nueva escala se instale, además de ir aquietando la protesta y la disconformidad social o preparando a la opinión pública para que acepte los nuevos discursos de legitimidad.
Entre las instituciones académicas están la Universidad Andina Simón Bolívar, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso, y la Universidad Autónoma Chapingo, con sede en México. Junto a ellas, organizaciones de la Iglesia y colectivos como Quito sin Minería, Napo ama la vida y Caminantes, así como los observatorios Minero Ambiental del Norte y de Conflictos Socioambientales y el Frente Nacional Antiminero, impulsan esta serie de “aproximaciones teóricas a las escalas, discursos y conflictividad social de la minería metálica”.
La primera reunión tuvo lugar el pasado 18 de abril y vendrán un par de eventos más. La primera quincena de mayo se abordarán los casos de Fierro Urco en Loja; Intag, en Imbabura y los varios conflictos que se dan en la provincia del Azuay.
Una tercera reunión examinará los casos de la Cordillera del Cóndor, es decir, el de las minas Mirador y Fruta del Norte y el del proyecto Panantza San Carlos.
Según los organizadores, la idea es avanzar en el análisis de los casos que ocurren en la minería de pequeña escala hacia proyectos medianos como los de Gualel, Intag y Azuay, para llegar finalmente a los de la llamada gran escala.
Sostienen también que estos tipos de minería no son excluyentes entre sí sino que unos van generando las condiciones para que la nueva escala se instale, además de ir aquietando la protesta y la disconformidad social o preparando a la opinión pública para que acepte los nuevos discursos de legitimidad.
CME en Chile: Tenemos un gobierno
comprometido con la minería
Abril 30 de 2023.- “En Ecuador tenemos un gobierno que, desde su primer día, está completamente comprometido con el desarrollo de la minería industrial”, sostuvo el gerente de Sunstone Metals en Ecuador, ex presidente y actual vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, Rodrigo Izurieta.
Fue durante su intervención en el panel desarrollado el primer día del Congreso Expomin 2023, titulado: Minería en América, oportunidades y desafíos.
El ejecutivo afirmó además que la minería tiene un enorme potencial “para dinamizar la economía y traer desarrollo a las partes donde el Estado está menos presente, así como generar impuestos de una manera sostenible, con cuidado del medio ambiente”.
“El gobierno lo entendió así desde el primer día y ha avanzado mucho con ese respaldo, con esa fuerza que tiene el Ejecutivo para impulsar al sector y se han visto resultados importantes: hay proyectos que van avanzando”, afirmó.
“Sin embargo, hay otra parte del entendimiento de cómo debe ir la industria, que se desarrolla en otros foros, en juicios en las cortes, en gobiernos seccionales, en protestas, en movimientos sociales. Yo creo que el reto está en esa parte de la interacción con la sociedad”, continuó.
Consideró que la conversación no es muy complicada si la pregunta es hacer o no minería, puesto que un ambientalista de verdad sería el mayor promotor de la industria minera, porque el reto ambiental se soluciona con más minerales.
“El problema es cuando esa conversación se contamina de actores que tienen otras agendas, de minería ilegal, del narcotráfico, de esas industrias de activismo ilegítimo”, señaló.
Desde su perspectiva, el ritmo del desarrollo minero dependerá de cómo se desarrollen las conversaciones con las comunidades.
Las condiciones del desarrollo de la industria minera en Ecuador
”Respecto de la minería industrial a gran escala que puede generar un impacto de transformación al país, estamos todavía en una conversación inicial con la comunidad. Antes del 2019, la minería industrial en el Ecuador representaba menos de 1% del PIB, o sea, era algo muy insignificante. En el 2019 tenemos dos proyectos que entraron a producir: Fruta del Norte y Mirador, proyectos de clase mundial muy bien manejados y con eso ya estamos en alrededor de 2% del PIB”, precisó.
“En el pipeline hay otros proyectos con enorme potencial, hay la expansión de uno de estos proyectos que ya está en camino, y las perspectivas son que dentro de poco vamos a estar viendo un 3%, un 5% del PIB”, continuó Izurieta.
Manifestó también que “en el Ecuador existe el mismo potencial que en otros países mineros de la región como Perú y Chile, con un aporte del 10, 12 hasta 15% el PIB, pues estamos en la misma cordillera y tenemos las mismas características para un crecimiento muy importante de la industria”.
Dijo que Fruta del Norte es un proyecto que tiene estándares ambientales que sobrepasan las exigencias de la ley, que en Ecuador son bastante altas, y empresas de clase mundial como BHP y Angloamerican que trabajan en otros proyectos.
“Veo con mucho optimismo lo que va a suceder en los siguientes años. Los proyectos que están en el pipeline son de una categoría muy importante. El crecimiento debe pasar de un nivel de un 2,5%, 3% al 5% ó 6% en cuestión de 3 ó 4 años. Van a generar un impacto, no sólo económico sino social”, expresó.
Fue durante su intervención en el panel desarrollado el primer día del Congreso Expomin 2023, titulado: Minería en América, oportunidades y desafíos.
El ejecutivo afirmó además que la minería tiene un enorme potencial “para dinamizar la economía y traer desarrollo a las partes donde el Estado está menos presente, así como generar impuestos de una manera sostenible, con cuidado del medio ambiente”.
“El gobierno lo entendió así desde el primer día y ha avanzado mucho con ese respaldo, con esa fuerza que tiene el Ejecutivo para impulsar al sector y se han visto resultados importantes: hay proyectos que van avanzando”, afirmó.
“Sin embargo, hay otra parte del entendimiento de cómo debe ir la industria, que se desarrolla en otros foros, en juicios en las cortes, en gobiernos seccionales, en protestas, en movimientos sociales. Yo creo que el reto está en esa parte de la interacción con la sociedad”, continuó.
Consideró que la conversación no es muy complicada si la pregunta es hacer o no minería, puesto que un ambientalista de verdad sería el mayor promotor de la industria minera, porque el reto ambiental se soluciona con más minerales.
“El problema es cuando esa conversación se contamina de actores que tienen otras agendas, de minería ilegal, del narcotráfico, de esas industrias de activismo ilegítimo”, señaló.
Desde su perspectiva, el ritmo del desarrollo minero dependerá de cómo se desarrollen las conversaciones con las comunidades.
Las condiciones del desarrollo de la industria minera en Ecuador
”Respecto de la minería industrial a gran escala que puede generar un impacto de transformación al país, estamos todavía en una conversación inicial con la comunidad. Antes del 2019, la minería industrial en el Ecuador representaba menos de 1% del PIB, o sea, era algo muy insignificante. En el 2019 tenemos dos proyectos que entraron a producir: Fruta del Norte y Mirador, proyectos de clase mundial muy bien manejados y con eso ya estamos en alrededor de 2% del PIB”, precisó.
“En el pipeline hay otros proyectos con enorme potencial, hay la expansión de uno de estos proyectos que ya está en camino, y las perspectivas son que dentro de poco vamos a estar viendo un 3%, un 5% del PIB”, continuó Izurieta.
Manifestó también que “en el Ecuador existe el mismo potencial que en otros países mineros de la región como Perú y Chile, con un aporte del 10, 12 hasta 15% el PIB, pues estamos en la misma cordillera y tenemos las mismas características para un crecimiento muy importante de la industria”.
Dijo que Fruta del Norte es un proyecto que tiene estándares ambientales que sobrepasan las exigencias de la ley, que en Ecuador son bastante altas, y empresas de clase mundial como BHP y Angloamerican que trabajan en otros proyectos.
“Veo con mucho optimismo lo que va a suceder en los siguientes años. Los proyectos que están en el pipeline son de una categoría muy importante. El crecimiento debe pasar de un nivel de un 2,5%, 3% al 5% ó 6% en cuestión de 3 ó 4 años. Van a generar un impacto, no sólo económico sino social”, expresó.
Reporte abril 2023
Semáforo de Conflictos Mineros
Abril 30 de 2023.- Nota de redacción: La presente tabla es el resumen preliminar de un trabajo que intenta calificar la calidad de las relaciones entre las empresas que llevan adelante el desarrollo de proyectos mineros y las comunidades que habitan los territorios en que se realizan tales actividades.
La metodología empleada para la calificación considera la presencia del conflicto en el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional, entre otras instituciones; así como la organización social y la movilización en el territorio y el espacio que le asignan los medios de comunicación.
En síntesis, el color rojo define una relación considerada como mala y con pocas posibilidades de mejorar en el transcurso de este año. El color naranja se atribuye a las relaciones consideradas como inamistosas que podrían o no escalar en sus niveles de hostilidad a lo largo de este año.
Vía Minera
[email protected]
La metodología empleada para la calificación considera la presencia del conflicto en el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional, entre otras instituciones; así como la organización social y la movilización en el territorio y el espacio que le asignan los medios de comunicación.
En síntesis, el color rojo define una relación considerada como mala y con pocas posibilidades de mejorar en el transcurso de este año. El color naranja se atribuye a las relaciones consideradas como inamistosas que podrían o no escalar en sus niveles de hostilidad a lo largo de este año.
Vía Minera
[email protected]
Anglo American renuncia a la minería
en tierras indígenas en Brasil
Abril 30 de 2023.- De acuerdo con una investigación publicada por el portal Observatório da Mineração, la empresa Anglo American y sus filiales Tanagra e Itamaracá han renunciado a la minería en tierras indígenas de la Amazonía.
“La medida de Anglo American, una de las mayores mineras del mundo, es una victoria para los pueblos indígenas de Pará, Mato Grosso, Rondônia, Amapá y Roraima”, dice el artículo.
El informe revisó los registros de la Agencia Nacional de Minería, ANM, y encontró documentos de las tres empresas mineras solicitando la cancelación de los títulos mineros, el archivo definitivo de los procesos y la eliminación de la base de datos pública de la ANM.
La misma empresa emitió una declaración en ese sentido. “Ni Anglo American ni sus subsidiarias tienen derechos mineros en tierras indígenas en Brasil. La empresa renunció a todos los derechos mineros en áreas donde se superponía con tierras indígenas, pero varias de estas solicitudes aún están en la base de datos de la ANM. Anglo American continúa trabajando con la ANM para actualizar su base de datos para reflejar estos retiros. Anglo American tampoco tiene derechos mineros en ningún otro con algún tipo de restricción a la actividad, como la Reserva Nacional del Cobre (Renca)” señaló en una nota dirigida al medio brasileño.
“Resaltamos una vez más nuestro compromiso de realizar cualquier actividad en territorios indígenas únicamente de conformidad con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la legislación aplicable, en particular la Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI). Además, la compañía está comprometida con un impacto positivo neto en la biodiversidad en todas las regiones donde opera”, agrega la nota de Anglo American.
El Observatório da Mineração señala que la empresa minera y sus subsidiarias tenían adjudicadas más de 300 concesiones que se extendían sobre 18 territorios indígenas en varios estados del Brasil y destaca que, por ahora, la campaña para que Anglo American detuviera la minería en esas zonas ha obtenido una victoria.
“La medida de Anglo American, una de las mayores mineras del mundo, es una victoria para los pueblos indígenas de Pará, Mato Grosso, Rondônia, Amapá y Roraima”, dice el artículo.
El informe revisó los registros de la Agencia Nacional de Minería, ANM, y encontró documentos de las tres empresas mineras solicitando la cancelación de los títulos mineros, el archivo definitivo de los procesos y la eliminación de la base de datos pública de la ANM.
La misma empresa emitió una declaración en ese sentido. “Ni Anglo American ni sus subsidiarias tienen derechos mineros en tierras indígenas en Brasil. La empresa renunció a todos los derechos mineros en áreas donde se superponía con tierras indígenas, pero varias de estas solicitudes aún están en la base de datos de la ANM. Anglo American continúa trabajando con la ANM para actualizar su base de datos para reflejar estos retiros. Anglo American tampoco tiene derechos mineros en ningún otro con algún tipo de restricción a la actividad, como la Reserva Nacional del Cobre (Renca)” señaló en una nota dirigida al medio brasileño.
“Resaltamos una vez más nuestro compromiso de realizar cualquier actividad en territorios indígenas únicamente de conformidad con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la legislación aplicable, en particular la Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI). Además, la compañía está comprometida con un impacto positivo neto en la biodiversidad en todas las regiones donde opera”, agrega la nota de Anglo American.
El Observatório da Mineração señala que la empresa minera y sus subsidiarias tenían adjudicadas más de 300 concesiones que se extendían sobre 18 territorios indígenas en varios estados del Brasil y destaca que, por ahora, la campaña para que Anglo American detuviera la minería en esas zonas ha obtenido una victoria.
CME defiende decreto sobre consulta prelegislativa
Abril 16 de 2023.- La Cámara de Minería del Ecuador, CME, hizo un llamado a la Corte Constitucional a fin de que se inadmita la acción de inconstitucionalidad presentada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Cofeniae) en contra del Decreto Ejecutivo 604, mismo que regla el ejercicio del derecho de las comunidades indígenas a la consulta prelegislativa y da cumplimiento a lo dictaminado por la referida Corte Constitucional en un fallo previo.
En su petitorio, las organizaciones solicitan además que se suspendan la aplicación de este Decreto hasta que la demanda se tramite por parte de la Corte, lo que detendría el trámite -actualmente en curso- de la norma de Consulta Ambiental.
Señala la CME que “la consulta ambiental es una herramienta necesaria para la obtención de las licencias ambientales que los sectores productivos requieren para continuar con sus actividades industriales de manera reglada y apegada a la normativa ambiental. Así lo determinó la Corte Constitucional en más de una sentencia”.
Andres Ycaza, síndico de la CME afirmó que “sostenemos que ésta inviabiliza el cumplimiento de lo dispuesto por la misma Corte de practicar la consulta ambiental. Además, en caso de acceder al pedido de las organizaciones sociales, existe el riesgo de que esta acción dilate la aplicación del proceso de la Consulta Prelegislativa y por ende de la Consulta Ambiental, paralizando las actividades industriales por varios años”.
María Eulalia Silva, presidente ejecutiva de la Cámara, señaló que “el Ecuador no puede detenerse frente a la coyuntura política. Debemos seguir produciendo, generando empleo y enfrentando nuestras necesidades”.
En este contexto, Silva también señaló que “de darse paso al pedido de la acción de inconstitucionalidad, se estaría incentivando las actividades ilegales, pues en un país donde las industrias formales no pueden avanzar, proliferan las actividades ilícitas”.
En su petitorio, las organizaciones solicitan además que se suspendan la aplicación de este Decreto hasta que la demanda se tramite por parte de la Corte, lo que detendría el trámite -actualmente en curso- de la norma de Consulta Ambiental.
Señala la CME que “la consulta ambiental es una herramienta necesaria para la obtención de las licencias ambientales que los sectores productivos requieren para continuar con sus actividades industriales de manera reglada y apegada a la normativa ambiental. Así lo determinó la Corte Constitucional en más de una sentencia”.
Andres Ycaza, síndico de la CME afirmó que “sostenemos que ésta inviabiliza el cumplimiento de lo dispuesto por la misma Corte de practicar la consulta ambiental. Además, en caso de acceder al pedido de las organizaciones sociales, existe el riesgo de que esta acción dilate la aplicación del proceso de la Consulta Prelegislativa y por ende de la Consulta Ambiental, paralizando las actividades industriales por varios años”.
María Eulalia Silva, presidente ejecutiva de la Cámara, señaló que “el Ecuador no puede detenerse frente a la coyuntura política. Debemos seguir produciendo, generando empleo y enfrentando nuestras necesidades”.
En este contexto, Silva también señaló que “de darse paso al pedido de la acción de inconstitucionalidad, se estaría incentivando las actividades ilegales, pues en un país donde las industrias formales no pueden avanzar, proliferan las actividades ilícitas”.
Organizaciones sociales defienden sentencia judicial
Abril, 16 de 2023.- Una alianza de 18 organizaciones sociales publicó el pasado 12 de abril una carta en la que sostienen que las empresas mineras arremeten contra la sentencia de la Corte Provincial de Imbabura y el derecho a las consultas previas.
La carta está dirigida “a las misiones diplomáticas acreditadas en el Ecuador, a las y los inversionistas nacionales y extranjeros, a la comunidad internacional en general y a la ciudadanía ecuatoriana”.
La sentencia a la que se refieren dejó sin licencia ambiental al proyecto Llurimagua, uno de los que, además del arbitraje en contra de Ecuador planteado por la estatal chilena Codelco, viene generando conflictos socio ambientales con notoria repercusión internacional.
Las organizaciones dicen en su carta que la Corte Provincial encontró que, en el trámite de la licencia dada el año 2014, el Estado violó la consulta ambiental y los derechos de la naturaleza, previstos en la Constitución vigente desde el 2008.
Puntualizan que “el reconocimiento expreso del derecho a la consulta ambiental existe en la Constitución desde octubre de 2008. Por lo tanto, es de obligatorio cumplimiento por parte del Estado desde esa fecha”.
Que “la sentencia de la Corte Provincial de Imbabura determinó, sobre la base del artículo 398 de la Constitución, que socialización no equivale a consulta”.
También que “en la sentencia del caso Llurimagua se declaró la vulneración de derechos de la naturaleza por haberse aprobado un estudio de impacto ambiental incompleto y antitécnico, lo cual ha sido invisibilizado por la Cámara de Minería y Codelco”
En torno al motivo de su pronunciamiento, las organizaciones señalan: “Nos permitimos aclarar lo que consideramos un intento de tergiversación de las empresas mineras en el Ecuador sobre la sentencia judicial en el caso Llurimagua. A la vez, para explicar, brevemente, el marco normativo que rige las consultas en el Ecuador y su violación sistemática”
“El Ecuador vende al exterior, a gobiernos y a empresas extranjeras la ficción de un clima favorable a las inversiones en proyectos extractivos. La verdad es que los planes extractivistas se imponen con violencia y chantaje a las comunidades y contra mandatos constitucionales expresos. Esto último está volviendo a ocurrir con el inconstitucional instructivo de consulta prelegislativa y el inconstitucional proyecto de normativa de consulta ambiental, que han sido defendidos y avalados por la Cámara de Minería”, agregan.
“Los gobiernos y las empresas extranjeras que deciden invertir en el Ecuador se exponen a una jurisprudencia en construcción que está exigiendo el cumplimiento de derechos reconocidos desde, al menos, 2008 y largamente violados. No hay inseguridad jurídica en esa exigencia. Por el contrario, es la vigencia del Estado de Derecho; un valor que, esperamos, sea compartido por los Estados amigos del pueblo del Ecuador”, señala la carta en su parte final.
La carta está dirigida “a las misiones diplomáticas acreditadas en el Ecuador, a las y los inversionistas nacionales y extranjeros, a la comunidad internacional en general y a la ciudadanía ecuatoriana”.
La sentencia a la que se refieren dejó sin licencia ambiental al proyecto Llurimagua, uno de los que, además del arbitraje en contra de Ecuador planteado por la estatal chilena Codelco, viene generando conflictos socio ambientales con notoria repercusión internacional.
Las organizaciones dicen en su carta que la Corte Provincial encontró que, en el trámite de la licencia dada el año 2014, el Estado violó la consulta ambiental y los derechos de la naturaleza, previstos en la Constitución vigente desde el 2008.
Puntualizan que “el reconocimiento expreso del derecho a la consulta ambiental existe en la Constitución desde octubre de 2008. Por lo tanto, es de obligatorio cumplimiento por parte del Estado desde esa fecha”.
Que “la sentencia de la Corte Provincial de Imbabura determinó, sobre la base del artículo 398 de la Constitución, que socialización no equivale a consulta”.
También que “en la sentencia del caso Llurimagua se declaró la vulneración de derechos de la naturaleza por haberse aprobado un estudio de impacto ambiental incompleto y antitécnico, lo cual ha sido invisibilizado por la Cámara de Minería y Codelco”
En torno al motivo de su pronunciamiento, las organizaciones señalan: “Nos permitimos aclarar lo que consideramos un intento de tergiversación de las empresas mineras en el Ecuador sobre la sentencia judicial en el caso Llurimagua. A la vez, para explicar, brevemente, el marco normativo que rige las consultas en el Ecuador y su violación sistemática”
“El Ecuador vende al exterior, a gobiernos y a empresas extranjeras la ficción de un clima favorable a las inversiones en proyectos extractivos. La verdad es que los planes extractivistas se imponen con violencia y chantaje a las comunidades y contra mandatos constitucionales expresos. Esto último está volviendo a ocurrir con el inconstitucional instructivo de consulta prelegislativa y el inconstitucional proyecto de normativa de consulta ambiental, que han sido defendidos y avalados por la Cámara de Minería”, agregan.
“Los gobiernos y las empresas extranjeras que deciden invertir en el Ecuador se exponen a una jurisprudencia en construcción que está exigiendo el cumplimiento de derechos reconocidos desde, al menos, 2008 y largamente violados. No hay inseguridad jurídica en esa exigencia. Por el contrario, es la vigencia del Estado de Derecho; un valor que, esperamos, sea compartido por los Estados amigos del pueblo del Ecuador”, señala la carta en su parte final.
Cooperación alemana impulsa enfoque Nexo en Ecuador
Abril 16 de 2023.- El pasado 11 de abril se realizó la segunda edición del Diálogo Nexo Agua, Energía y Alimentación en el Ecuador, organizado de forma conjunta por la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) y el Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE).
El objetivo de este encuentro fue contribuir al Diálogo Regional Nexo en América Latina y el Caribe con la presentación de estudios, iniciativas, asistencia técnica y proyectos de investigación en los sectores involucrados a nivel nacional.
El Nexo Agua, Energía y Alimentación es un enfoque integrador que analiza y gestiona las interrelaciones entre los sectores agua, energía y alimentación. En teoría, debe ser el espacio en el que profesionales, investigadores y responsables políticos puedan ver más allá de sus narices y reflexionar en torno a cómo se garantiza el acceso al agua y a los alimentos al mismo tiempo en que se aprovechan la energía y los minerales.
El programa está a cargo de la GIZ y ha estado financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ, por sus siglas en alemán) y la Unión Europea (UE). Termina en junio de este año.
Ellos son conscientes de que los 33 países de América Latina y el Caribe tienen abundantes reservas de agua, agricultura, energía y minerales, pero también grandes diferencias regionales que ameritan muchos esfuerzos intersectoriales para salir del atraso en que se encuentran.
En síntesis, para los formuladores del enfoque Nexo, garantizar la seguridad hídrica, energética y alimentaria de los 646 millones de personas que vivimos en esta parte del mundo y alcanzar los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, es posible si es que se equilibran las demandas concurrentes sobre los recursos y, al mismo tiempo, se protegen los ecosistemas vulnerables.
En Ecuador las metas son más modestas. En la reunión del 11, Esteban Urresta, técnico del IIGE, presentó la experiencia obtenida en el “Secado eficiente de productos agrícolas con energía solar, caso de estudio: Secador solar de cacao implementado en la Asociación Kallari, Napo, Tena”.
Leider Tinoco, asistente de investigación del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador (INIAP), comentó sobre los beneficios de los sistemas agroforestales implementados en la Amazonia ecuatoriana con el fin de proteger las fuentes de agua, ahorrar energía y disminuir el uso de fertilizantes.
Karina Barrera, subsecretaría de Adaptación al Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológico (MAATE), resaltó los efectos significativos del cambio climático en los próximos años y en base a esto, explicó cómo se ejecuta el Plan Nacional de Adaptación y la aplicación de la metodología Nexo en el río Machángara en Azuay.
Carlos Cali, consultor en riego del Banco Mundial, expuso sobre el riego parcelario tecnificado como base de la reactivación productiva agropecuaria y recomendó la gestión de reservorios para áreas de nuevo riego. Además, Fabián Calero, director de Planificación de CELEC, presentó la actual infraestructura eléctrica y proyectos a ejecutarse para cubrir la demanda que existirá en 10 años.
Jorge Celi, coordinador del Comité Académico de Ciencias del Agua de la Universidad IKIAM, presentó la importancia económica y social de la pesquería de agua dulce en Ecuador, mencionó el estado de la conservación de las especies de peces y las amenazas a los ecosistemas acuáticos del país.
Finalmente, Luis Pineda, profesor de la Universidad Yachay, expuso sobre la relación entre agua, energía y alimentos en la cuenca hidrográfica del río Mira. Se dio a conocer las características de la cuenca, la oferta –demanda de la cuenca y el potencial para generar energía.
Antes de ellos, el Coordinador Regional del programa Nexo de la GIZ, Antonio Levy, resaltó los objetivos y los logros alcanzados en la región, así como los programas demostrativos en Perú, República Dominicana y Ecuador; y Marcelo Moya, director de Transferencia Tecnológica e Incubación del IIGE, destacó la importancia de la interrelación entre el agua, la energía y la alimentación.
El objetivo de este encuentro fue contribuir al Diálogo Regional Nexo en América Latina y el Caribe con la presentación de estudios, iniciativas, asistencia técnica y proyectos de investigación en los sectores involucrados a nivel nacional.
El Nexo Agua, Energía y Alimentación es un enfoque integrador que analiza y gestiona las interrelaciones entre los sectores agua, energía y alimentación. En teoría, debe ser el espacio en el que profesionales, investigadores y responsables políticos puedan ver más allá de sus narices y reflexionar en torno a cómo se garantiza el acceso al agua y a los alimentos al mismo tiempo en que se aprovechan la energía y los minerales.
El programa está a cargo de la GIZ y ha estado financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ, por sus siglas en alemán) y la Unión Europea (UE). Termina en junio de este año.
Ellos son conscientes de que los 33 países de América Latina y el Caribe tienen abundantes reservas de agua, agricultura, energía y minerales, pero también grandes diferencias regionales que ameritan muchos esfuerzos intersectoriales para salir del atraso en que se encuentran.
En síntesis, para los formuladores del enfoque Nexo, garantizar la seguridad hídrica, energética y alimentaria de los 646 millones de personas que vivimos en esta parte del mundo y alcanzar los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, es posible si es que se equilibran las demandas concurrentes sobre los recursos y, al mismo tiempo, se protegen los ecosistemas vulnerables.
En Ecuador las metas son más modestas. En la reunión del 11, Esteban Urresta, técnico del IIGE, presentó la experiencia obtenida en el “Secado eficiente de productos agrícolas con energía solar, caso de estudio: Secador solar de cacao implementado en la Asociación Kallari, Napo, Tena”.
Leider Tinoco, asistente de investigación del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias del Ecuador (INIAP), comentó sobre los beneficios de los sistemas agroforestales implementados en la Amazonia ecuatoriana con el fin de proteger las fuentes de agua, ahorrar energía y disminuir el uso de fertilizantes.
Karina Barrera, subsecretaría de Adaptación al Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológico (MAATE), resaltó los efectos significativos del cambio climático en los próximos años y en base a esto, explicó cómo se ejecuta el Plan Nacional de Adaptación y la aplicación de la metodología Nexo en el río Machángara en Azuay.
Carlos Cali, consultor en riego del Banco Mundial, expuso sobre el riego parcelario tecnificado como base de la reactivación productiva agropecuaria y recomendó la gestión de reservorios para áreas de nuevo riego. Además, Fabián Calero, director de Planificación de CELEC, presentó la actual infraestructura eléctrica y proyectos a ejecutarse para cubrir la demanda que existirá en 10 años.
Jorge Celi, coordinador del Comité Académico de Ciencias del Agua de la Universidad IKIAM, presentó la importancia económica y social de la pesquería de agua dulce en Ecuador, mencionó el estado de la conservación de las especies de peces y las amenazas a los ecosistemas acuáticos del país.
Finalmente, Luis Pineda, profesor de la Universidad Yachay, expuso sobre la relación entre agua, energía y alimentos en la cuenca hidrográfica del río Mira. Se dio a conocer las características de la cuenca, la oferta –demanda de la cuenca y el potencial para generar energía.
Antes de ellos, el Coordinador Regional del programa Nexo de la GIZ, Antonio Levy, resaltó los objetivos y los logros alcanzados en la región, así como los programas demostrativos en Perú, República Dominicana y Ecuador; y Marcelo Moya, director de Transferencia Tecnológica e Incubación del IIGE, destacó la importancia de la interrelación entre el agua, la energía y la alimentación.
Juez de Ibarra revocó la licencia ambiental de proyecto Llurimagua
Comunidad de Junín en 2014.
Abril 2 de 2022.- Cuando parecía que se iban a arreglar los problemas con Codelco y, en consecuencia, suspenderse el procedimiento de arbitraje planteado por la estatal chilena ante el Ciadi, un juez de Ibarra revocó la licencia ambiental que tenía el proyecto Llurimagua desde el año 2014.
El Ciadi es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un organismo del Banco Mundial que a fines del año 2021 admitió la demanda de arbitraje propuesta por Codelco y sus filiales en contra del Estado ecuatoriano.
El arbitraje ha sido suspendido hasta en seis ocasiones porque las partes en disputa empezaron un proceso de conversaciones para evitar el juicio. Según comentó el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, el tema del arbitraje fue abordado por él y los ejecutivos de Codelco y autoridades chilenas que asistieron a la última convención del PDAC, en Toronto, Canadá.
Para Codelco, representado por sus filiales Inversiones Copperfield y Exploraciones Mineras Andinas S.A., el caso es importante pues Llurimagua era visto como el primer paso dado por la estatal chilena en su intención de internacionalizar sus actividades.
Llurimagua, informó el ministro Santos, es considerado uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo. Para explotarlo se unieron las estatales de Chile y Ecuador, Codelco y la Empresa Nacional Minera, Enami EP; pero desde el inicio se encontraron con la resistencia de las comunidades que habitan en el proyecto.
De otro lado, Codelco y Enami EP debían haber creado una empresa que se hiciera cargo de la explotación y allí empezaron los problemas porque la Constitución ecuatoriana señala que en ningún caso el Estado recibirá menos que la empresa concesionaria y esa figura no era aceptada por la parte chilena.
Codelco planteó primero el arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. Después lo hizo ante el Ciadi y el proceso fue suspendido en repetidas oportunidades.
Ahora el juzgado de Ibarra ha dado la razón a los pobladores de la zona y revocado la licencia concedida por el Ministerio del Ambiente y ordenado a Enami que presente un nuevo estudio de impacto ambiental y un plan de gestión para la exploración avanzada como condición previa para renovar las obras.
El nuevo estudio debe realizarse después de haber consultado a las poblaciones que podrían ser afectadas, algo que por ahora no se puede hacer porque no existe la normativa.
El Ciadi es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, un organismo del Banco Mundial que a fines del año 2021 admitió la demanda de arbitraje propuesta por Codelco y sus filiales en contra del Estado ecuatoriano.
El arbitraje ha sido suspendido hasta en seis ocasiones porque las partes en disputa empezaron un proceso de conversaciones para evitar el juicio. Según comentó el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, el tema del arbitraje fue abordado por él y los ejecutivos de Codelco y autoridades chilenas que asistieron a la última convención del PDAC, en Toronto, Canadá.
Para Codelco, representado por sus filiales Inversiones Copperfield y Exploraciones Mineras Andinas S.A., el caso es importante pues Llurimagua era visto como el primer paso dado por la estatal chilena en su intención de internacionalizar sus actividades.
Llurimagua, informó el ministro Santos, es considerado uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo. Para explotarlo se unieron las estatales de Chile y Ecuador, Codelco y la Empresa Nacional Minera, Enami EP; pero desde el inicio se encontraron con la resistencia de las comunidades que habitan en el proyecto.
De otro lado, Codelco y Enami EP debían haber creado una empresa que se hiciera cargo de la explotación y allí empezaron los problemas porque la Constitución ecuatoriana señala que en ningún caso el Estado recibirá menos que la empresa concesionaria y esa figura no era aceptada por la parte chilena.
Codelco planteó primero el arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París. Después lo hizo ante el Ciadi y el proceso fue suspendido en repetidas oportunidades.
Ahora el juzgado de Ibarra ha dado la razón a los pobladores de la zona y revocado la licencia concedida por el Ministerio del Ambiente y ordenado a Enami que presente un nuevo estudio de impacto ambiental y un plan de gestión para la exploración avanzada como condición previa para renovar las obras.
El nuevo estudio debe realizarse después de haber consultado a las poblaciones que podrían ser afectadas, algo que por ahora no se puede hacer porque no existe la normativa.
Avanza campaña por la transparencia de los beneficiarios reales
Abril 2 de 2023.- Dado que en opinión de algunos organismos de diversos sectores de la comunidad internacional los flujos financieros ilícitos constituyen una de las principales causas del subdesarrollo e inestabilidad económica de la región, la campaña contra el anonimato en la titularidad de las empresas mineras está ganando terreno en América Latina y el Caribe.
La denominada Red de Justicia Fiscal publicó un documento en el que señala que diez países de la región cuentan con leyes que exigen la creación de registros de beneficiarios reales, “lo que contrasta positivamente con lo que sucedía hace cinco años, cuando sólo cuatro países tenían este tipo de normativa”.
Hablando del tema: Una nueva herramienta de Open Ownership, OpenSanctions y Linkurious combina conjuntos de datos abiertos de alta calidad para ayudar a descubrir relaciones ocultas entre los beneficiarios reales, políticos, los personas sancionadas y las redes de empresas.
Voceros de la Iniciativa por la Transparencia en las Industrias Extractivas, EITI, sostienen que en América Latina, el impacto de esos movimientos de dinero no está limitado a la pérdida de recursos fiscales fundamentales para financiar las políticas públicas (seguridad social, educación, salud, juventudes, y cuidados) sino que, al extraer divisas de las economías, exacerban la fragilidad financiera de los países de la región.
Los flujos financieros ilícitos son uno de los principales disparadores de las crisis externas que resultan en profundas y graves consecuencias sobre la calidad de vida de las grandes mayorías.
La fuga de capitales hacia los principales centros financieros del mundo es un rasgo estructural y permanente de las economías de América Latina y el Caribe desde mediados de la década de 1970.
Las más recientes estimaciones realizadas por la Cepal evidencian que el costo de las maniobras de evasión y elusión fiscal en Latinoamérica ascendió al 6,1% del PIB en 2018, una cifra equivalente a 325 000 millones de dólares.
A su vez, el organismo dependiente de la ONU estima que los flujos financieros ilícitos que salen de la región como consecuencia de la manipulación de precios del comercio internacional de bienes alcanzaron los 85 000 millones de dólares en 2016, monto equivalente al 1,6% del PIB regional.
La última edición de Estado de la Justicia Fiscal estima que América Latina pierde, todos los años, 35 mil millones de dólares al abuso fiscal.
La inclusión de una meta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre la reducción de los flujos financieros ilícitos (FFI) (meta 16,4), es un reconocimiento importante por parte de los países a nivel mundial sobre las implicaciones de desarrollo de los flujos financieros ilícitos.
Hay mucho por hacer por los países a nivel nacional y regional, pero siendo un problema global que involucra el movimiento transfronterizo de dinero ilícito, es indispensable la cooperación internacional.
¿Qué significa la transparencia de beneficiarios finales?
La transparencia de beneficiarios finales tiene como objetivo central garantizar que las autoridades y demás partes interesadas consigan acceder a la información sobre quiénes son los sujetos de carne y hueso que, en definitiva, poseen, controlan o se benefician de determinada persona o estructura jurídica.
En nuestras sociedades, gran parte de las actividades económicas se llevan a cabo a través de empresas, fundaciones, fideicomisos y otros vehículos legales.
Desde poseer la titularidad de un inmueble, hasta obtener acceso a licitaciones públicas, las entidades y estructuras legales son un componente central de la organización social contemporánea.
Aunque la mayoría de las veces las entidades son utilizados con fines legítimos, también es cierto que la opacidad permite que éstos sean mal-utilizados para canalizar flujos financieros ilícitos.
Episodios como los Panamá o Pandora Papers demostraron una y otra vez que, si un sujeto quiere ocultar su situación financiera de las autoridades, una de las principales formas para hacerlo es través del uso de una o varias entidades legales (como una empresa fantasma, o un fideicomiso).
Esconderse detrás de una (o más) entidades legales, son formas comunes de generar opacidad y así lograr lavar dinero malhabido, esconder potenciales conflictos de interés, o para escapar de sus obligaciones tributarias.
Ante el desafío de evitar este mal uso de las entidades legales con fines diferentes para los cuales deberían ser creadas es que surge la necesidad de identificar a los beneficiarios finales, o sea a los verdaderos dueños.
Cuando nos referimos a la transparencia de beneficiarios finales estamos hablando de entender la cadena de titularidad y control que vincula a una persona humana con un determinado activo o flujo financiero.
Para una mejor comprensión del alcance de lo que esto significa es importante diferenciar entre dos conceptos, la titularidad legal y los beneficiarios finales. Los beneficiarios finales son las personas humanas que efectivamente y en última instancia poseen, controlan o se benefician de entidades legales como empresas, sociedades, fideicomisos o fundaciones.
Mientras que los titulares legales, se refiere a los poseedores o propietarios directos o inmediatos de una entidad legal (el primer nivel).
Un propietario legal puede ser una persona humana (incluyendo un testaferro) u otra entidad legal.
Si una persona posee y controla directamente una entidad legal, sería el propietario legal y el beneficiario final al mismo tiempo.
La cadena de titularidad engloba todas las entidades legales que pueden existir entre la entidad y el sujeto de carne y hueso final. En las últimas décadas, la importancia de registrar información sobre beneficiarios finales con autoridades gubernamentales ganó mayor importancia para organismos internacionales, vinculados a temas como el lavado de dinero, la transparencia fiscal, y transparencia en el sector extractivo.
Este interés internacional generó un avance significativo hacia la mayor transparencia, principalmente el establecimiento de registros centrales de beneficiarios finales. Cabe recordar que hasta hace algunos años se aceptaba como suficiente que la información estuviera disponible apenas en instituciones financieras, o incluso con la propia empresa.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), por ejemplo, por muchos años se apoyó en medidas de debida diligencia de instituciones financieras y prestadores de servicio no financieros (como abogados, contadores etc.) para buscar garantizar el acceso a información de beneficiarios finales.
En marzo de 2022, luego de detectar muchas dificultades en la implementación de la transparencia de los beneficiarios finales, el GAFI reformó su Recomendación 24 sobre transparencia de beneficiarios finales de personas jurídicas, requiriendo la implementación del llamado enfoque múltiple.
El enfoque múltiple incluye que “[l]os países también deben exigir que la información de BF [beneficiarios finales] esté en manos de una autoridad u organismo público que funcione como registro de BF o pueden utilizar un mecanismo alternativo si dicho mecanismo también proporciona un acceso eficiente a información de BF adecuada, precisa y actualizada por parte de las AC [autoridades competentes]”.
La reforma de este estándar refuerza acompaña el movimiento hacia el establecimiento de registros centrales de beneficiarios finales. Sin embargo, incluso en el contexto de tales avances, los estándares siguen teniendo lagunas muy importantes. Estas lagunas van desde una interpretación muy limitada de los sujetos identificados como beneficiarios finales, hasta una comprensión sumamente restrictiva de los usos potenciales de información de beneficiarios finales, lo que limita el número de sujetos que tienen acceso a esa información.
¿Por qué (y para qué) es importante contar con registros de beneficiarios finales en América Latina?
La creación de registros de beneficiarios finales es fundamental para sumar esfuerzos regionales en pos de disminuir los flujos financieros ilícitos. Sin embargo, la importancia de dichos registros, tanto a nivel regional como internacional, no se limita solamente a este objetivo.
En primer lugar, la creación de registros centralizados de beneficiarios finales es importante para disuadir el abuso de entidades y estructuras jurídicas, y combatir el lavado de activos. Además de desarrollar fines preventivos, desalentando la creación de empresas de fachada o fantasmas, los registros permiten generar una gran cantidad de datos y tipologías sobre estructuras societarias complejas.
Estos datos son insumos valiosos, que pueden fortalecer el análisis de riesgos por parte de las autoridades. Los registros también contribuyen a la persecución de la delincuencia económica, al permitir identificar a aquellos que se benefician del resultado de un delito, y eventualmente pueden ayudar la recuperación de activos para la atención de víctimas o a aplicar de sanciones.
Además, la transparencia de las personas y estructuras legales es fundamental para garantizar la justicia y la transparencia fiscal, tanto a nivel doméstico como internacional. A nivel internacional, el intercambio automático de información y el intercambio a requerimiento contemplan la inclusión de la identificación de beneficiarios finales como información de vital importancia para combatir la evasión y la elusión trasnacional, y prevenir el abuso de los tratados para evitar la doble imposición (treaty shopping).
A nivel doméstico, la eficacia y la justicia de un sistema tributario depende, entre otras cuestiones, de que el Estado pueda saber quién es dueño o dueña de qué y en dónde. Si no se conoce a los beneficiarios finales de las personas y otras estructuras jurídicas, se genera una situación funcional a la elusión, evasión fiscal y la fuga de capitales. La transparencia de informaciones sobre beneficiarios finales también cumple un papel fundamental para garantizar la integridad de los mercados.
En un escenario donde no exista información sobre los sujetos que en última instancia se benefician de una transacción, un/a inversor/o comerciante puede no saber con quién realmente está haciendo negocios.
La ausencia de transparencia también puede ocultar conflictos de interés y generar distorsiones en licitaciones públicas mientras que la transparencia permite la detección de eventuales oligopolios o monopolios mercantiles. Por eso, es fundamental que la información de beneficiarios finales esté disponible para las autoridades, y para todas las personas interesadas del público.
Además, el acceso ampliado a información de beneficiarios finales importa no solamente por razones de integridad de mercado. La sociedad, en su conjunto, tiene derecho a conocer y a solicitar información sobre las estructuras que participan y determinan, en algunas ocasiones, la ingeniería económica y financiera de un país.
Un registro público es la única forma de que los periodistas y la sociedad civil puedan acceder a esta información de manera ágil y sin trabas burocráticas, creadas al efecto de obstaculizar el derecho de acceso a la información. Por otra parte, la publicidad del registro permite y promueve la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas que se sirvan de los datos contenidos en dicho registro.
(Publicado originalmente en el boletín mensual del EITI)
La denominada Red de Justicia Fiscal publicó un documento en el que señala que diez países de la región cuentan con leyes que exigen la creación de registros de beneficiarios reales, “lo que contrasta positivamente con lo que sucedía hace cinco años, cuando sólo cuatro países tenían este tipo de normativa”.
Hablando del tema: Una nueva herramienta de Open Ownership, OpenSanctions y Linkurious combina conjuntos de datos abiertos de alta calidad para ayudar a descubrir relaciones ocultas entre los beneficiarios reales, políticos, los personas sancionadas y las redes de empresas.
Voceros de la Iniciativa por la Transparencia en las Industrias Extractivas, EITI, sostienen que en América Latina, el impacto de esos movimientos de dinero no está limitado a la pérdida de recursos fiscales fundamentales para financiar las políticas públicas (seguridad social, educación, salud, juventudes, y cuidados) sino que, al extraer divisas de las economías, exacerban la fragilidad financiera de los países de la región.
Los flujos financieros ilícitos son uno de los principales disparadores de las crisis externas que resultan en profundas y graves consecuencias sobre la calidad de vida de las grandes mayorías.
La fuga de capitales hacia los principales centros financieros del mundo es un rasgo estructural y permanente de las economías de América Latina y el Caribe desde mediados de la década de 1970.
Las más recientes estimaciones realizadas por la Cepal evidencian que el costo de las maniobras de evasión y elusión fiscal en Latinoamérica ascendió al 6,1% del PIB en 2018, una cifra equivalente a 325 000 millones de dólares.
A su vez, el organismo dependiente de la ONU estima que los flujos financieros ilícitos que salen de la región como consecuencia de la manipulación de precios del comercio internacional de bienes alcanzaron los 85 000 millones de dólares en 2016, monto equivalente al 1,6% del PIB regional.
La última edición de Estado de la Justicia Fiscal estima que América Latina pierde, todos los años, 35 mil millones de dólares al abuso fiscal.
La inclusión de una meta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre la reducción de los flujos financieros ilícitos (FFI) (meta 16,4), es un reconocimiento importante por parte de los países a nivel mundial sobre las implicaciones de desarrollo de los flujos financieros ilícitos.
Hay mucho por hacer por los países a nivel nacional y regional, pero siendo un problema global que involucra el movimiento transfronterizo de dinero ilícito, es indispensable la cooperación internacional.
¿Qué significa la transparencia de beneficiarios finales?
La transparencia de beneficiarios finales tiene como objetivo central garantizar que las autoridades y demás partes interesadas consigan acceder a la información sobre quiénes son los sujetos de carne y hueso que, en definitiva, poseen, controlan o se benefician de determinada persona o estructura jurídica.
En nuestras sociedades, gran parte de las actividades económicas se llevan a cabo a través de empresas, fundaciones, fideicomisos y otros vehículos legales.
Desde poseer la titularidad de un inmueble, hasta obtener acceso a licitaciones públicas, las entidades y estructuras legales son un componente central de la organización social contemporánea.
Aunque la mayoría de las veces las entidades son utilizados con fines legítimos, también es cierto que la opacidad permite que éstos sean mal-utilizados para canalizar flujos financieros ilícitos.
Episodios como los Panamá o Pandora Papers demostraron una y otra vez que, si un sujeto quiere ocultar su situación financiera de las autoridades, una de las principales formas para hacerlo es través del uso de una o varias entidades legales (como una empresa fantasma, o un fideicomiso).
Esconderse detrás de una (o más) entidades legales, son formas comunes de generar opacidad y así lograr lavar dinero malhabido, esconder potenciales conflictos de interés, o para escapar de sus obligaciones tributarias.
Ante el desafío de evitar este mal uso de las entidades legales con fines diferentes para los cuales deberían ser creadas es que surge la necesidad de identificar a los beneficiarios finales, o sea a los verdaderos dueños.
Cuando nos referimos a la transparencia de beneficiarios finales estamos hablando de entender la cadena de titularidad y control que vincula a una persona humana con un determinado activo o flujo financiero.
Para una mejor comprensión del alcance de lo que esto significa es importante diferenciar entre dos conceptos, la titularidad legal y los beneficiarios finales. Los beneficiarios finales son las personas humanas que efectivamente y en última instancia poseen, controlan o se benefician de entidades legales como empresas, sociedades, fideicomisos o fundaciones.
Mientras que los titulares legales, se refiere a los poseedores o propietarios directos o inmediatos de una entidad legal (el primer nivel).
Un propietario legal puede ser una persona humana (incluyendo un testaferro) u otra entidad legal.
Si una persona posee y controla directamente una entidad legal, sería el propietario legal y el beneficiario final al mismo tiempo.
La cadena de titularidad engloba todas las entidades legales que pueden existir entre la entidad y el sujeto de carne y hueso final. En las últimas décadas, la importancia de registrar información sobre beneficiarios finales con autoridades gubernamentales ganó mayor importancia para organismos internacionales, vinculados a temas como el lavado de dinero, la transparencia fiscal, y transparencia en el sector extractivo.
Este interés internacional generó un avance significativo hacia la mayor transparencia, principalmente el establecimiento de registros centrales de beneficiarios finales. Cabe recordar que hasta hace algunos años se aceptaba como suficiente que la información estuviera disponible apenas en instituciones financieras, o incluso con la propia empresa.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), por ejemplo, por muchos años se apoyó en medidas de debida diligencia de instituciones financieras y prestadores de servicio no financieros (como abogados, contadores etc.) para buscar garantizar el acceso a información de beneficiarios finales.
En marzo de 2022, luego de detectar muchas dificultades en la implementación de la transparencia de los beneficiarios finales, el GAFI reformó su Recomendación 24 sobre transparencia de beneficiarios finales de personas jurídicas, requiriendo la implementación del llamado enfoque múltiple.
El enfoque múltiple incluye que “[l]os países también deben exigir que la información de BF [beneficiarios finales] esté en manos de una autoridad u organismo público que funcione como registro de BF o pueden utilizar un mecanismo alternativo si dicho mecanismo también proporciona un acceso eficiente a información de BF adecuada, precisa y actualizada por parte de las AC [autoridades competentes]”.
La reforma de este estándar refuerza acompaña el movimiento hacia el establecimiento de registros centrales de beneficiarios finales. Sin embargo, incluso en el contexto de tales avances, los estándares siguen teniendo lagunas muy importantes. Estas lagunas van desde una interpretación muy limitada de los sujetos identificados como beneficiarios finales, hasta una comprensión sumamente restrictiva de los usos potenciales de información de beneficiarios finales, lo que limita el número de sujetos que tienen acceso a esa información.
¿Por qué (y para qué) es importante contar con registros de beneficiarios finales en América Latina?
La creación de registros de beneficiarios finales es fundamental para sumar esfuerzos regionales en pos de disminuir los flujos financieros ilícitos. Sin embargo, la importancia de dichos registros, tanto a nivel regional como internacional, no se limita solamente a este objetivo.
En primer lugar, la creación de registros centralizados de beneficiarios finales es importante para disuadir el abuso de entidades y estructuras jurídicas, y combatir el lavado de activos. Además de desarrollar fines preventivos, desalentando la creación de empresas de fachada o fantasmas, los registros permiten generar una gran cantidad de datos y tipologías sobre estructuras societarias complejas.
Estos datos son insumos valiosos, que pueden fortalecer el análisis de riesgos por parte de las autoridades. Los registros también contribuyen a la persecución de la delincuencia económica, al permitir identificar a aquellos que se benefician del resultado de un delito, y eventualmente pueden ayudar la recuperación de activos para la atención de víctimas o a aplicar de sanciones.
Además, la transparencia de las personas y estructuras legales es fundamental para garantizar la justicia y la transparencia fiscal, tanto a nivel doméstico como internacional. A nivel internacional, el intercambio automático de información y el intercambio a requerimiento contemplan la inclusión de la identificación de beneficiarios finales como información de vital importancia para combatir la evasión y la elusión trasnacional, y prevenir el abuso de los tratados para evitar la doble imposición (treaty shopping).
A nivel doméstico, la eficacia y la justicia de un sistema tributario depende, entre otras cuestiones, de que el Estado pueda saber quién es dueño o dueña de qué y en dónde. Si no se conoce a los beneficiarios finales de las personas y otras estructuras jurídicas, se genera una situación funcional a la elusión, evasión fiscal y la fuga de capitales. La transparencia de informaciones sobre beneficiarios finales también cumple un papel fundamental para garantizar la integridad de los mercados.
En un escenario donde no exista información sobre los sujetos que en última instancia se benefician de una transacción, un/a inversor/o comerciante puede no saber con quién realmente está haciendo negocios.
La ausencia de transparencia también puede ocultar conflictos de interés y generar distorsiones en licitaciones públicas mientras que la transparencia permite la detección de eventuales oligopolios o monopolios mercantiles. Por eso, es fundamental que la información de beneficiarios finales esté disponible para las autoridades, y para todas las personas interesadas del público.
Además, el acceso ampliado a información de beneficiarios finales importa no solamente por razones de integridad de mercado. La sociedad, en su conjunto, tiene derecho a conocer y a solicitar información sobre las estructuras que participan y determinan, en algunas ocasiones, la ingeniería económica y financiera de un país.
Un registro público es la única forma de que los periodistas y la sociedad civil puedan acceder a esta información de manera ágil y sin trabas burocráticas, creadas al efecto de obstaculizar el derecho de acceso a la información. Por otra parte, la publicidad del registro permite y promueve la participación ciudadana en la elaboración de políticas públicas que se sirvan de los datos contenidos en dicho registro.
(Publicado originalmente en el boletín mensual del EITI)
EITI Internacional levanta suspensión a Perú
Marzo 26 de 2023.- Después de que los miembros del EITI peruano publicaran casi al terminar el año 2022 el 8° Informe Nacional de Transparencia de las Industrias Extractivas, los directivos internacionales de esa organización decidieron dejar sin efecto la suspensión que pesaba sobre el Perú desde abril del año pasado.
Perú es el segundo mayor productor de cobre del mundo y un importante productor de oro, zinc y gas natural. Como en muchos países, el gobierno manifiesta cada cierto tiempo su propósito de realizar una buena gobernanza de los recursos naturales pero la ejecución de proyectos mineros o petroleros son la causa más frecuente de los conflictos sociales.
Al Perú lo suspendieron en el EITI por no presentar a tiempo los respectivos “informes de transparencia” correspondientes a los años 2019 y 2020. Los entregaron casi tres años después y los miembros de EITI internacional les levantaron la suspensión hace unas semanas.
La situación de Ecuador, que adhirió al EITI en diciembre del 2020, todavía no ha sido evaluada. Sus miembros, designados por el gobierno, algunas empresas minero energéticas y un grupo de ONG quiteñas, han mantenido una conducta tan transparente que en la actualidad raya con la invisibilidad.
Perú es el segundo mayor productor de cobre del mundo y un importante productor de oro, zinc y gas natural. Como en muchos países, el gobierno manifiesta cada cierto tiempo su propósito de realizar una buena gobernanza de los recursos naturales pero la ejecución de proyectos mineros o petroleros son la causa más frecuente de los conflictos sociales.
Al Perú lo suspendieron en el EITI por no presentar a tiempo los respectivos “informes de transparencia” correspondientes a los años 2019 y 2020. Los entregaron casi tres años después y los miembros de EITI internacional les levantaron la suspensión hace unas semanas.
La situación de Ecuador, que adhirió al EITI en diciembre del 2020, todavía no ha sido evaluada. Sus miembros, designados por el gobierno, algunas empresas minero energéticas y un grupo de ONG quiteñas, han mantenido una conducta tan transparente que en la actualidad raya con la invisibilidad.
AIME firmó más convenios y presentó
revista institucional
Marzo 19 de 2023.- Con la participación virtual de la directora ejecutiva de la ARCA, María Luisa Coello y la presencia del director ejecutivo de la AEI, Andrés Zurita; la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador realizó el pasado 15 de marzo una ceremonia en la que firmó sendos contratos con ambas instituciones y presentó la revista X Cumbre Internacional Minera, en la que se reseña la actividad de las empresas que participaron en dicho evento.
“Estos convenios permitirán implementar y mejorar las buenas prácticas de manera sostenible en la gestión del agua en la industria minera, contribuyendo así a la protección y conservación del recurso hídrico, el encadenamiento productivo y el emprendimiento e innovación en el país”, expresó el presidente de AIME, René Ayala.
Se refirió también a una de las propuestas más antiguas de su organización, orientada a lograr la gestión del sector desde un ministerio que se dedique de manera exclusiva a la administración de los recursos minerales.
Recordó que en el breve tiempo en que existió el Ministerio de Minería se firmaron compromisos de inversión por más de US$ 1300 millones que deberían haberse destinado a trabajos exploratorios.
Dijo que los profesionales de su gremio se encuentran capacitados para enfrentar con éxito los desafíos medioambientales y de carácter social con los que tiene que lidiar el sector minero en la actualidad.
Los inconvenientes que provoca la existencia de actividades mineras al margen de la ley también fueron señalados por el ingeniero Ayala, que los consideró como una de las amenazas más fuertes que se ciernen sobre la minería.
En otro momento de su intervención, el presidente de AIME destacó el rol positivo que puede desempeñar el desarrollo tecnológico en el mejoramiento de la eficiencia en la explotación de minerales.
El futuro proceso de adecuación de la institucionalidad de AIME de manera que se constituyan comisiones especializadas que canalicen el aporte interdisciplinario de los nuevos miembros de su institución -economistas, abogados y de otras profesiones-, fue uno de los anuncios que hizo el presidente de la asociación de ingenieros de minas antes de presentar la revista que puede ser descargada de:
https://www.aimecuador.org/revista-aime/
“Estos convenios permitirán implementar y mejorar las buenas prácticas de manera sostenible en la gestión del agua en la industria minera, contribuyendo así a la protección y conservación del recurso hídrico, el encadenamiento productivo y el emprendimiento e innovación en el país”, expresó el presidente de AIME, René Ayala.
Se refirió también a una de las propuestas más antiguas de su organización, orientada a lograr la gestión del sector desde un ministerio que se dedique de manera exclusiva a la administración de los recursos minerales.
Recordó que en el breve tiempo en que existió el Ministerio de Minería se firmaron compromisos de inversión por más de US$ 1300 millones que deberían haberse destinado a trabajos exploratorios.
Dijo que los profesionales de su gremio se encuentran capacitados para enfrentar con éxito los desafíos medioambientales y de carácter social con los que tiene que lidiar el sector minero en la actualidad.
Los inconvenientes que provoca la existencia de actividades mineras al margen de la ley también fueron señalados por el ingeniero Ayala, que los consideró como una de las amenazas más fuertes que se ciernen sobre la minería.
En otro momento de su intervención, el presidente de AIME destacó el rol positivo que puede desempeñar el desarrollo tecnológico en el mejoramiento de la eficiencia en la explotación de minerales.
El futuro proceso de adecuación de la institucionalidad de AIME de manera que se constituyan comisiones especializadas que canalicen el aporte interdisciplinario de los nuevos miembros de su institución -economistas, abogados y de otras profesiones-, fue uno de los anuncios que hizo el presidente de la asociación de ingenieros de minas antes de presentar la revista que puede ser descargada de:
https://www.aimecuador.org/revista-aime/
Nueva publicación de Vía Minera:
DIRECTORIO MINERO 2023
Marzo 19 de 2023.- El sistema informativo Vía Minera acaba de lanzar el Directorio de Proveedores de la Minería Ecuatoriana 2023, una publicación que reúne los nombre de los representantes, direcciones, teléfonos, correo electrónico y página web de aproximadamente 400 empresas del sector minero.
El directorio ofrece además el catálogo de operadoras y los proyectos que han priorizado. Esta sección contiene los datos de contacto de las empresas junior que se encuentran explorando en el país, un resumen de las operaciones y ubicación de sus proyectos. Trae además nombre y teléfono de muchas otras compañías nacionales que ya se encuentran extrayendo cobre, oro y plata en diversas provincias del Ecuador.
Finalmente, el Directorio de Proveedores de la Minería Ecuatoriana 2023 nos trae el semáforo de la conflictividad minera: una visión rápida del estado en que se encuentran las relaciones entre empresas y las comunidades que habitan el territorio donde se realizan sus operaciones.
Los interesados pueden contactar al teléfono 0997726892, en horas de oficina.
El directorio ofrece además el catálogo de operadoras y los proyectos que han priorizado. Esta sección contiene los datos de contacto de las empresas junior que se encuentran explorando en el país, un resumen de las operaciones y ubicación de sus proyectos. Trae además nombre y teléfono de muchas otras compañías nacionales que ya se encuentran extrayendo cobre, oro y plata en diversas provincias del Ecuador.
Finalmente, el Directorio de Proveedores de la Minería Ecuatoriana 2023 nos trae el semáforo de la conflictividad minera: una visión rápida del estado en que se encuentran las relaciones entre empresas y las comunidades que habitan el territorio donde se realizan sus operaciones.
Los interesados pueden contactar al teléfono 0997726892, en horas de oficina.
Transparencia sin EITI: Presentaron
dos estudios sobre caso ecuatoriano
Marzo 19 de 2023.- Dos estudios relacionados con la transparencia efectiva en las actividades mineras que se realizan en Ecuador fueron presentados en el transcurso de la semana que pasó. Uno fue elaborado por la red Tax Justice Network y concluye que en asuntos de registros de los beneficiarios reales somos un ejemplo… El otro se hizo por encargo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y en síntesis dice que la normativa no permite rastrear a las inversiones extranjeras.
En cuanto a la necesidad de saber la identidad de los titulares de empresas, fideicomisos, sociedades y fundaciones, existe ya consenso en cuanto a las consecuencias negativas que tiene la opacidad en el tema.
No sólo los miembros de Tax Justice Network Africa, Fundación SES y Tax Justice Network señalan lo desestabilizador que resulta ocultar quiénes son los verdaderos propietarios de las empresas sino que la Iniciativa por la Transparencia en las Industrias Extractivas, EITI, de la cual Ecuador es miembro, destaca este factor como uno de los puntos clave en la evaluación que se hace a los países.
En esa línea la red Tax Justice Network encargó a cuatro consultores elaborar el estudio “El estado actual de los registros de beneficiarios finales en América Latina” con el objetivo de “explicar la importancia de los registros de beneficiarios finales en la región, presentar un panorama general del estado actual de los registros de beneficiarios finales y analizar en detalle el marco legal y el proceso de implementación de los marcos de beneficiarios finales en tres países, Argentina, Costa Rica, y Ecuador”.
“Nuestro estudio indica que la mayoría de los países de la región han avanzado en la implementación de registros de beneficiarios finales”, explican en su documento y concluyen que “Ecuador es un caso clave en cuestiones de transparencia al ser el único país de América Latina que ofrece información similar a la de beneficiarios finales de manera online y gratuita”.
Argumentan que en el país “existen dos regímenes paralelos sobre beneficiarios finales: por un lado, el Anexo de Accionistas que se envía a la administración fiscal (y es confidencial) y por otro lado, la información sobre accionistas y beneficiarios finales que se envía a la Superintendencia de Compañías, que está disponible online de forma gratuita”.
Sostienen además que hasta el año 2022, la información que se enviaba a ambos organismos parecía ser similar, y se refería a los accionistas hasta llegar a una persona natural. Sin embargo, a partir de 2021 se aprobó una ley que establece un registro de beneficiarios finales en manos de la administración fiscal”.
“Sobre la base de esta ley, se aprobaron dos resoluciones de la administración fiscal que principalmente amplían el alcance de las entidades que deben registrar a sus beneficiarios finales (por ejemplo, se agrega a fideicomisos extranjeros con un fiduciario local) y se establecen más elementos en la definición para incluir también el “control por otros medios”.
“Sin embargo, continúan ciertas confusiones con respecto al acceso público a la información (la ley sugiere que el registro será público mientras que la resolución de la administración fiscal establece que será confidencial), afirman.
El informe puede leerse en: https://taxjustice.net/wp-content/uploads/2023/03/The-State-of-Play-of-Beneficial-Ownership-Registration-in-LATAM-2022-Tax-Justice-Network.pdf
De otro lado, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) presentó el pasado 15 el informe “Transparencia en la Inversión Extranjera Directa en Ecuador: Una mirada al marco normativo y la capacidad estatal de revisión”, que estuvo a cargo de los consultores Mario Melo y Felipe Castro.
En el acto de presentación se habló de la necesidad de controlar las inversiones que pueden ser perjudiciales para el país, en términos democráticos, de derechos humanos o de seguridad nacional. Además, se destacó que la normativa ecuatoriana para la revisión de inversiones no está suficientemente desarrollada.
Los autores encontraron que el régimen ecuatoriano se preocupa principalmente de la entrada de inversores extranjeros mediante incentivos y ciertos controles a las actividades que pueden realizar cuando invierten en el Ecuador y después de una serie de consideraciones, concluyen que “en definitiva, la normativa ecuatoriana no desarrolla de manera adecuada (la) facultad estatal para revisar las inversiones extranjeras.
Añaden que ello “lo que garantiza es un ámbito de control que principalmente busca la atracción de inversiones y que las mismas cumplan su objetivo o realicen las actividades proyectadas en el país” y que “existen ámbitos de control que tienen relación con la revisión de inversiones de forma aislada, pero que necesitan articularse para que se puedan implementar buenas prácticas internacionales en esta temática”.
Este informe puede descargarse en: https://www.ciudadaniaydesarrollo.org/projects/TransparenciaEnInversionEcuador/
En cuanto a la necesidad de saber la identidad de los titulares de empresas, fideicomisos, sociedades y fundaciones, existe ya consenso en cuanto a las consecuencias negativas que tiene la opacidad en el tema.
No sólo los miembros de Tax Justice Network Africa, Fundación SES y Tax Justice Network señalan lo desestabilizador que resulta ocultar quiénes son los verdaderos propietarios de las empresas sino que la Iniciativa por la Transparencia en las Industrias Extractivas, EITI, de la cual Ecuador es miembro, destaca este factor como uno de los puntos clave en la evaluación que se hace a los países.
En esa línea la red Tax Justice Network encargó a cuatro consultores elaborar el estudio “El estado actual de los registros de beneficiarios finales en América Latina” con el objetivo de “explicar la importancia de los registros de beneficiarios finales en la región, presentar un panorama general del estado actual de los registros de beneficiarios finales y analizar en detalle el marco legal y el proceso de implementación de los marcos de beneficiarios finales en tres países, Argentina, Costa Rica, y Ecuador”.
“Nuestro estudio indica que la mayoría de los países de la región han avanzado en la implementación de registros de beneficiarios finales”, explican en su documento y concluyen que “Ecuador es un caso clave en cuestiones de transparencia al ser el único país de América Latina que ofrece información similar a la de beneficiarios finales de manera online y gratuita”.
Argumentan que en el país “existen dos regímenes paralelos sobre beneficiarios finales: por un lado, el Anexo de Accionistas que se envía a la administración fiscal (y es confidencial) y por otro lado, la información sobre accionistas y beneficiarios finales que se envía a la Superintendencia de Compañías, que está disponible online de forma gratuita”.
Sostienen además que hasta el año 2022, la información que se enviaba a ambos organismos parecía ser similar, y se refería a los accionistas hasta llegar a una persona natural. Sin embargo, a partir de 2021 se aprobó una ley que establece un registro de beneficiarios finales en manos de la administración fiscal”.
“Sobre la base de esta ley, se aprobaron dos resoluciones de la administración fiscal que principalmente amplían el alcance de las entidades que deben registrar a sus beneficiarios finales (por ejemplo, se agrega a fideicomisos extranjeros con un fiduciario local) y se establecen más elementos en la definición para incluir también el “control por otros medios”.
“Sin embargo, continúan ciertas confusiones con respecto al acceso público a la información (la ley sugiere que el registro será público mientras que la resolución de la administración fiscal establece que será confidencial), afirman.
El informe puede leerse en: https://taxjustice.net/wp-content/uploads/2023/03/The-State-of-Play-of-Beneficial-Ownership-Registration-in-LATAM-2022-Tax-Justice-Network.pdf
De otro lado, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) presentó el pasado 15 el informe “Transparencia en la Inversión Extranjera Directa en Ecuador: Una mirada al marco normativo y la capacidad estatal de revisión”, que estuvo a cargo de los consultores Mario Melo y Felipe Castro.
En el acto de presentación se habló de la necesidad de controlar las inversiones que pueden ser perjudiciales para el país, en términos democráticos, de derechos humanos o de seguridad nacional. Además, se destacó que la normativa ecuatoriana para la revisión de inversiones no está suficientemente desarrollada.
Los autores encontraron que el régimen ecuatoriano se preocupa principalmente de la entrada de inversores extranjeros mediante incentivos y ciertos controles a las actividades que pueden realizar cuando invierten en el Ecuador y después de una serie de consideraciones, concluyen que “en definitiva, la normativa ecuatoriana no desarrolla de manera adecuada (la) facultad estatal para revisar las inversiones extranjeras.
Añaden que ello “lo que garantiza es un ámbito de control que principalmente busca la atracción de inversiones y que las mismas cumplan su objetivo o realicen las actividades proyectadas en el país” y que “existen ámbitos de control que tienen relación con la revisión de inversiones de forma aislada, pero que necesitan articularse para que se puedan implementar buenas prácticas internacionales en esta temática”.
Este informe puede descargarse en: https://www.ciudadaniaydesarrollo.org/projects/TransparenciaEnInversionEcuador/
Insuco: Guías de acceso a regalías
mineras para líderes comunitarios
Marzo 19 de 2023.- Valeria Arcos Hervas, directora de Insuco para el Ecuador, explicó las guías para el “Desarrollo de capacidades centrado en las asignaciones de ingresos del sector minero, según el requisito EITI número cinco”, que se publicaron hace aproximadamente un año y han tenido tan buena recepción que ya se prepara una segunda etapa del proyecto de creación de capacidades para que GADs y líderes sociales puedan financiar proyectos con los ingresos que genera la minería en forma de regalías.
Las guías son una herramienta pedagógica de acuerdo con los procedimientos establecidos de las leyes nacionales, explican la normativa nacional del sector minero, sus instituciones propias y el entramado legal e institucional que hay que conocer para diseñar proyectos en los que se aprovechen las regalías mineras.
“Esta iniciativa fue posible gracias a la Embajada de Reino Unido que gestionó fondos no reembolsables e Insuco en su calidad de socio implementador, señala Valeria Arcos. La principal motivación fue la de promover una gestión de conocimiento orientada a fortalecer competencias y cerrar brechas de capacidades de los GADs respecto a las regalías mineras. Es decir: cómo pueden participar en el proceso de asignación, uso de los ingresos y cómo a través de estos se puede beneficiar al desarrollo local. En este sentido, era necesario proporcionar información objetiva, precisa y verificable sobre la asignación y procedimientos para su acceso, conforme a la normativa nacional”.
“Esta iniciativa buscó además, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los ingresos del sector extractivo en Ecuador. En definitiva, es un paso importante hacia la construcción de una industria minera más responsable y sostenible en el país”, agrega.
¿Podrías mencionar una evidencia, un ejemplo, del problema que es que los
GADs no sepan acceder a esos recursos?
Se pueden mencionar varios: Uno de los principales problemas es la pérdida de oportunidades para el desarrollo local ya que las regalías mineras son una fuente importante de financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de inversión pública que mejoren la calidad de vida de las comunidades. Si los GADs no tienen la capacidad de acceder adecuadamente estos recursos, pueden perderse oportunidades importantes para el desarrollo local, en el marco de las competencias de cada nivel de gobierno.
Otro problema que genera la falta de capacidades para acceder a estos recursos es la desconfianza de las comunidades: Si los GADs no pueden diseñar proyectos y justificar adecuadamente las necesidades del territorio, las comunidades locales pueden perder la confianza en las autoridades y en la industria en general. Esto puede afectar la relación con los grupos de interés, dificultar el diálogo y la cooperación en el futuro y, en definitiva, plantear retos y desafíos para la gobernanza de los territorios.
¿Y para qué tipo de cosas -y/o proyectos- y existen límites de montos a los que pueden acceder líderes comunitarios?
La Constitución establece que los GADs en cuyo territorio se exploten o industrialicen recursos naturales no renovables, tendrán derecho a participar de las rentas que perciba el Estado por esta actividad. Los GADs deben elaborar proyectos de inversión social, priorizando la cobertura de necesidades básicas insatisfechas y desarrollo territorial o productivo y canalizarlos a través del Banco del Estado o, en el caso de la Amazonía, a través del fondo común de la Secretaría de la Circunscripción Territorial Amazónica – SCTEA.
Más allá de lo procedimental, es importante destacar que la participación de los liderazgos comunitarios y de la población en general, en el proceso de definición y elaboración de los proyectos es fundamental; ya que esto permite garantizar que los proyectos se alineen con las necesidades y prioridades locales y que sean socialmente aceptables.
¿Qué tan buena ha sido la recepción de estos productos, ya hay muestras de interés?
“La recepción de las guías y, en general de la iniciativa, ha sido muy positiva hasta el momento. Los GADs y liderazgos comunitarios han mostrado un gran interés en aprender más sobre las regalías mineras y cómo pueden beneficiarse de ellas. Actualmente, estamos evaluando iniciar una segunda fase de implementación y la promoción de la información, de manera que tenga mayor alcance. Además, es importante mantener las guías actualizadas a medida que evoluciona el entorno regulatorio del sector en el país.
Las guías son una herramienta pedagógica de acuerdo con los procedimientos establecidos de las leyes nacionales, explican la normativa nacional del sector minero, sus instituciones propias y el entramado legal e institucional que hay que conocer para diseñar proyectos en los que se aprovechen las regalías mineras.
“Esta iniciativa fue posible gracias a la Embajada de Reino Unido que gestionó fondos no reembolsables e Insuco en su calidad de socio implementador, señala Valeria Arcos. La principal motivación fue la de promover una gestión de conocimiento orientada a fortalecer competencias y cerrar brechas de capacidades de los GADs respecto a las regalías mineras. Es decir: cómo pueden participar en el proceso de asignación, uso de los ingresos y cómo a través de estos se puede beneficiar al desarrollo local. En este sentido, era necesario proporcionar información objetiva, precisa y verificable sobre la asignación y procedimientos para su acceso, conforme a la normativa nacional”.
“Esta iniciativa buscó además, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los ingresos del sector extractivo en Ecuador. En definitiva, es un paso importante hacia la construcción de una industria minera más responsable y sostenible en el país”, agrega.
¿Podrías mencionar una evidencia, un ejemplo, del problema que es que los
GADs no sepan acceder a esos recursos?
Se pueden mencionar varios: Uno de los principales problemas es la pérdida de oportunidades para el desarrollo local ya que las regalías mineras son una fuente importante de financiamiento para la ejecución de proyectos y obras de inversión pública que mejoren la calidad de vida de las comunidades. Si los GADs no tienen la capacidad de acceder adecuadamente estos recursos, pueden perderse oportunidades importantes para el desarrollo local, en el marco de las competencias de cada nivel de gobierno.
Otro problema que genera la falta de capacidades para acceder a estos recursos es la desconfianza de las comunidades: Si los GADs no pueden diseñar proyectos y justificar adecuadamente las necesidades del territorio, las comunidades locales pueden perder la confianza en las autoridades y en la industria en general. Esto puede afectar la relación con los grupos de interés, dificultar el diálogo y la cooperación en el futuro y, en definitiva, plantear retos y desafíos para la gobernanza de los territorios.
¿Y para qué tipo de cosas -y/o proyectos- y existen límites de montos a los que pueden acceder líderes comunitarios?
La Constitución establece que los GADs en cuyo territorio se exploten o industrialicen recursos naturales no renovables, tendrán derecho a participar de las rentas que perciba el Estado por esta actividad. Los GADs deben elaborar proyectos de inversión social, priorizando la cobertura de necesidades básicas insatisfechas y desarrollo territorial o productivo y canalizarlos a través del Banco del Estado o, en el caso de la Amazonía, a través del fondo común de la Secretaría de la Circunscripción Territorial Amazónica – SCTEA.
Más allá de lo procedimental, es importante destacar que la participación de los liderazgos comunitarios y de la población en general, en el proceso de definición y elaboración de los proyectos es fundamental; ya que esto permite garantizar que los proyectos se alineen con las necesidades y prioridades locales y que sean socialmente aceptables.
¿Qué tan buena ha sido la recepción de estos productos, ya hay muestras de interés?
“La recepción de las guías y, en general de la iniciativa, ha sido muy positiva hasta el momento. Los GADs y liderazgos comunitarios han mostrado un gran interés en aprender más sobre las regalías mineras y cómo pueden beneficiarse de ellas. Actualmente, estamos evaluando iniciar una segunda fase de implementación y la promoción de la información, de manera que tenga mayor alcance. Además, es importante mantener las guías actualizadas a medida que evoluciona el entorno regulatorio del sector en el país.
Chile también entraría al EITI
Marzo 12 de 2023.- Mientras se prepara la Conferencia Global de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas, EITI, que se realizará en Dakar los días 13 y 14 de junio, sus funcionarios vienen procurando la adhesión de más países que se interesen en observar los estándares que se han aprobado en dicha organización.
La conferencia de Dakar coincidirá con las ceremonias por el vigésimo aniversario del EITI y evaluará lo avanzado en cuanto a la transparencia en la gestión de los recursos naturales y la promoción del diálogo multipartícipe. También analizará el futuro para evaluar cómo debería adaptarse el EITI a un escenario energético cambiante y a la creciente demanda de un sector de recursos abierto y responsable.
Ecuador fue aceptado en EITI hace dos años y tiene pendiente la presentación de su primer informe país. Otros países de la región presentan diferentes grados de involucramiento con los ideales de la transparencia y la observancia de los requisitos establecidos para permanecer en la Iniciativa.
Chile no está en el grupo pero podría ingresar a la lista de los países miembros pues hace unos días, el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, se reunió con la presidenta de EITI, Helen Clark, para conversar sobre la posibilidad de que ese país ingrese a esa organización.
Ella visitó Santiago acompañada de Francisco Paris y Mark Robinson, director regional y director ejecutivo de EITI, respectivamente.
Después de la entrevista con el ejecutivo de Codelco tuvo declaraciones muy optimistas. “La perspectiva de que Chile se convierta en miembro es bastante alta y creo que es el momento adecuado”, afirmó.
Sostuvo que en Chile hay un deseo de ver más discusiones entre el gobierno, la sociedad civil, las comunidades y la industria; y que EITI proporciona una plataforma bastante estructurada para ello ocurra.
Por su parte, el presidente de Codelco destacó el trabajo que ha venido desarrollando la emprea estatal en materia de sustentabilidad, transparencia y relacionamiento con las comunidades.
“EITI se complementa muy bien con el Consejo Internacional de Minería y Metales, ICMM, donde Codelco es miembro; las dos están impulsando con fuerza la sustentabilidad y la licencia social de la industria minera”, precisó.
Añadió que para cumplir el rol que tiene la minería del cobre en la lucha contra el cambio climático y la transición energética, “es imperativo que aprendamos a construir legitimidad y generar confianza”.
De otro lado, la vicepresidenta de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Codelco, Nicole Porcile, dijo que en el caso de que Chile decida hacerse miembro de EITI, “sería reconocido internacionalmente como un país que promueve el conocimiento sobre la gestión de los recursos naturales, fortalece su gobernanza y rinde cuentas en los ámbitos público y corporativo”.
“Y tal vez, lo más importante, sería visto como un país que aporta datos que sirvan de sustento para la creación de políticas y el diálogo multipartícipe en el sector extractivo”, precisó.
La conferencia de Dakar coincidirá con las ceremonias por el vigésimo aniversario del EITI y evaluará lo avanzado en cuanto a la transparencia en la gestión de los recursos naturales y la promoción del diálogo multipartícipe. También analizará el futuro para evaluar cómo debería adaptarse el EITI a un escenario energético cambiante y a la creciente demanda de un sector de recursos abierto y responsable.
Ecuador fue aceptado en EITI hace dos años y tiene pendiente la presentación de su primer informe país. Otros países de la región presentan diferentes grados de involucramiento con los ideales de la transparencia y la observancia de los requisitos establecidos para permanecer en la Iniciativa.
Chile no está en el grupo pero podría ingresar a la lista de los países miembros pues hace unos días, el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, se reunió con la presidenta de EITI, Helen Clark, para conversar sobre la posibilidad de que ese país ingrese a esa organización.
Ella visitó Santiago acompañada de Francisco Paris y Mark Robinson, director regional y director ejecutivo de EITI, respectivamente.
Después de la entrevista con el ejecutivo de Codelco tuvo declaraciones muy optimistas. “La perspectiva de que Chile se convierta en miembro es bastante alta y creo que es el momento adecuado”, afirmó.
Sostuvo que en Chile hay un deseo de ver más discusiones entre el gobierno, la sociedad civil, las comunidades y la industria; y que EITI proporciona una plataforma bastante estructurada para ello ocurra.
Por su parte, el presidente de Codelco destacó el trabajo que ha venido desarrollando la emprea estatal en materia de sustentabilidad, transparencia y relacionamiento con las comunidades.
“EITI se complementa muy bien con el Consejo Internacional de Minería y Metales, ICMM, donde Codelco es miembro; las dos están impulsando con fuerza la sustentabilidad y la licencia social de la industria minera”, precisó.
Añadió que para cumplir el rol que tiene la minería del cobre en la lucha contra el cambio climático y la transición energética, “es imperativo que aprendamos a construir legitimidad y generar confianza”.
De otro lado, la vicepresidenta de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Codelco, Nicole Porcile, dijo que en el caso de que Chile decida hacerse miembro de EITI, “sería reconocido internacionalmente como un país que promueve el conocimiento sobre la gestión de los recursos naturales, fortalece su gobernanza y rinde cuentas en los ámbitos público y corporativo”.
“Y tal vez, lo más importante, sería visto como un país que aporta datos que sirvan de sustento para la creación de políticas y el diálogo multipartícipe en el sector extractivo”, precisó.
Extraños se apoderan de mina Bonanza
Marzo 5 de 2023.- Desde el sábado 25 de febrero la mina Bonanza viene siendo explotada por extraños que se mantienen trabajando con resguardo armado e impiden que vuelvan sus dueños. El accionar de las fuerzas del orden no tiene efectos y los propietarios de la empresa piden que se declare estado de excepción en el cantón.
La denuncia fue hecha, en un primer momento, por trabajadores del cantón Camilo Ponce Enríquez, ubicado al sur de Ecuador, quienes denunciaron el ingreso a su campamento, el secuestro, agresiones y “taponeamientos” que comprometen el 60% de la operación minera de la mina “Bonanza”, ubicada en la parroquia Bella Rica.
“La fuerza pública no toma acciones. Nos ha dejado como que es nuestro problema. Ellos se quedan, sacan el mineral y si queremos nosotros ingresar nos meten bala” dicen los trabajadores que temen perder su fuente de empleo y la vida.
Sucede que tras la pérdida de la reelección del alcalde del cantón minero, Baldor Bermeo, han ocurrido una serie de hechos violentos en esa ciudad. El mismo alcalde Bermeo fue atacado al estilo sicariato una madrugada de lunes al pie del municipio, pero supo evitar disparos que casi eran a quemarropa y una ambulancia rápidamente lo recogió y llevó a una casa de salud en donde se recupera favorablemente.
La violencia es tanta que muchos visitantes -y vecinos de “la Ponce”-, han decidido andar con protección personal.
Al alcalde se le ha relacionado con una serie de irregularidades: una deuda de un total de US$ 2 millones entre el IESS y la Empresa Nacional Minera; una denuncia pública por extorsión a los grupos mineros que contaminan el río Guanache y ante la Fiscalía cuando la Policía encontró un arsenal de armas de grueso calibre en su mina “Un solo toque”.
Varias muertes de trabajadores en minas asaltadas por grupos violentos han ocurrido en el cantón, sin que exista un plan de seguridad para una actividad de la que dependen unas 6000 personas de la ciudad.
Sin embargo, los procesos y denuncias en contra del alcalde no avanzan y ninguno ha llegado a instrucción fiscal para enjuiciamiento alguno. Por eso, no extraña que la situación de la mina asaltada y secuestrada por organizaciones criminales no obtenga una atención efectiva de autoridad alguna. Todo se queda en papeles, veamos:
En Cuenca, el 29 de octubre de 2022, a través del Oficio Nro. ARCERNNR-CZA-2022-1615-OF; dirigido al mayor Moisés de la Cruz Chancusi, mayor de Policía, jefe del Distrito de Vigilancia Eloy Alfaro, se le da a conocer la denuncia de invasión del Distrito Minero Bella Rica y retención de personal civil.
El sábado 25 de febrero de este año, la empresa Bonanza informó a Eduardo Calvas, coordinador zonal Azuay de la Arcernnr, que ese día fueron objeto de una invasión de unos 30 delincuentes con armas de grueso calibre al interior de la mina desde el nivel 0, desde la veta 2, a las 10h20 de la mañana, que trataron de ingresar desde interior de la mina al campamento. Además, lo más grave, retuvieron en el sector de trabajo “veta 10” dentro de la mina a 62 personas entre trabajadores y guardias de seguridad.
Calvas trasladó la información al director ejecutivo de su instituciión, Luis Jorge Maingon Velasco.
Los concesionarios tuvieron que reforzar la vigilancia en puntos críticos como el acceso de la mina abandonada por el sector del Polvorín.
A mediodía llegó a la mina Bonanza el teniente Diego Camacho, acompañado de siete servidores policiales del eje preventivo e investigativo.
Minutos antes de las dos de la tarde fue liberado un grupo de 15 trabajadores. Ellos salieron en buen estado de salud y manifestaron que sus secuestradores se encontraban encapuchados y con armas de fuego.
A las ocho de la noche llegó el teniente Bryan Nieto con tres servidores policiales pertenecientes a la UNASE y conforma el Puesto de Mando Operativo, integrado por el Tcnl. Osorio, el mayor Adrián Armijos del GOE, el teniente Nieto y teniente Dalton Camacho de la PJ, en coordinación con personal de seguridad de la mina.
El domingo 26 de febrero a las nueve y media de la mañana fueron liberadas otras cuatro personas y poco antes de las once, salió el último grupo de tres personas que se encontraban retenidas, todos en buen estado de salud.
A las dos de la tarde llegaron los coroneles Edgardo Moreno y William Egas, comandantes subrogantes de la Zona 6 y Subzona Azuay, respectivamente, quienes disponen a las unidades tácticas presentes (GIR, GOE y GEMA) que se realice un barrido en el interior de la mina. En la maniobra encontraron un taponamiento desde el nivel 4 al nivel 8, impidiendo el paso hasta el nivel 13, con lo cual los delincuentes se tomaron el 60% en la operación minera.
El doctor Calvas informa en su oficio las coordenadas de los hechos denunciados: Operador Sociedad de Producción Minera Recuerdo Reina del Cisne: X 643738; Y 9660825. Latitud 3° 4’ 15,985”S Longitud 79° 42’ 31,645” W; y Operador Minereisis S.A.: X 642758; Y 9659752. Latitud 3° 4’ 50,961”S Longitud 79° 43’ 3,346” W.
Precisamente de estas operaciones vecinas de la mina Bonanza puede ser desde donde los delincuentes han ingresado a los túneles mineros utilizando desfondes o “accesos no autorizados”.
Con oficio Nro. MDG-GAZU-2023-0080-OF desde Cuenca, el 01 de marzo el gobernador de la provincia dispuso de manera inmediata la coordinación de un operativo con el fin de evitar el cometimiento de actos delincuenciales que afectan la integridad de las personas, a los señores Tcnl. Moisés de la Cruz, jefe de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Naturaleza, al Crnl. Hugo Arroyo, comandante de la Subzona de Policía Azuay, al general de brigada comandante de la Ill División "Tarqui" del Ejército, Arturo Velasco y al teniente coronel de Em, Juan Francisco Calderón, subcomandante del Grupo de Inteligencia Militar.
En su disposición, el gobernador reseña ocho robos a la mina Bonanza ocurridos entre agosto del 2022 y febrero del 2023, cometidos por grupos de 30 a 40 individuos armados que han sometido a decenas de trabajadores y se han llevado además de ingente material aurífero, equipos, herramientas y equipos de comunicación y oficina.
La denuncia fue hecha, en un primer momento, por trabajadores del cantón Camilo Ponce Enríquez, ubicado al sur de Ecuador, quienes denunciaron el ingreso a su campamento, el secuestro, agresiones y “taponeamientos” que comprometen el 60% de la operación minera de la mina “Bonanza”, ubicada en la parroquia Bella Rica.
“La fuerza pública no toma acciones. Nos ha dejado como que es nuestro problema. Ellos se quedan, sacan el mineral y si queremos nosotros ingresar nos meten bala” dicen los trabajadores que temen perder su fuente de empleo y la vida.
Sucede que tras la pérdida de la reelección del alcalde del cantón minero, Baldor Bermeo, han ocurrido una serie de hechos violentos en esa ciudad. El mismo alcalde Bermeo fue atacado al estilo sicariato una madrugada de lunes al pie del municipio, pero supo evitar disparos que casi eran a quemarropa y una ambulancia rápidamente lo recogió y llevó a una casa de salud en donde se recupera favorablemente.
La violencia es tanta que muchos visitantes -y vecinos de “la Ponce”-, han decidido andar con protección personal.
Al alcalde se le ha relacionado con una serie de irregularidades: una deuda de un total de US$ 2 millones entre el IESS y la Empresa Nacional Minera; una denuncia pública por extorsión a los grupos mineros que contaminan el río Guanache y ante la Fiscalía cuando la Policía encontró un arsenal de armas de grueso calibre en su mina “Un solo toque”.
Varias muertes de trabajadores en minas asaltadas por grupos violentos han ocurrido en el cantón, sin que exista un plan de seguridad para una actividad de la que dependen unas 6000 personas de la ciudad.
Sin embargo, los procesos y denuncias en contra del alcalde no avanzan y ninguno ha llegado a instrucción fiscal para enjuiciamiento alguno. Por eso, no extraña que la situación de la mina asaltada y secuestrada por organizaciones criminales no obtenga una atención efectiva de autoridad alguna. Todo se queda en papeles, veamos:
En Cuenca, el 29 de octubre de 2022, a través del Oficio Nro. ARCERNNR-CZA-2022-1615-OF; dirigido al mayor Moisés de la Cruz Chancusi, mayor de Policía, jefe del Distrito de Vigilancia Eloy Alfaro, se le da a conocer la denuncia de invasión del Distrito Minero Bella Rica y retención de personal civil.
El sábado 25 de febrero de este año, la empresa Bonanza informó a Eduardo Calvas, coordinador zonal Azuay de la Arcernnr, que ese día fueron objeto de una invasión de unos 30 delincuentes con armas de grueso calibre al interior de la mina desde el nivel 0, desde la veta 2, a las 10h20 de la mañana, que trataron de ingresar desde interior de la mina al campamento. Además, lo más grave, retuvieron en el sector de trabajo “veta 10” dentro de la mina a 62 personas entre trabajadores y guardias de seguridad.
Calvas trasladó la información al director ejecutivo de su instituciión, Luis Jorge Maingon Velasco.
Los concesionarios tuvieron que reforzar la vigilancia en puntos críticos como el acceso de la mina abandonada por el sector del Polvorín.
A mediodía llegó a la mina Bonanza el teniente Diego Camacho, acompañado de siete servidores policiales del eje preventivo e investigativo.
Minutos antes de las dos de la tarde fue liberado un grupo de 15 trabajadores. Ellos salieron en buen estado de salud y manifestaron que sus secuestradores se encontraban encapuchados y con armas de fuego.
A las ocho de la noche llegó el teniente Bryan Nieto con tres servidores policiales pertenecientes a la UNASE y conforma el Puesto de Mando Operativo, integrado por el Tcnl. Osorio, el mayor Adrián Armijos del GOE, el teniente Nieto y teniente Dalton Camacho de la PJ, en coordinación con personal de seguridad de la mina.
El domingo 26 de febrero a las nueve y media de la mañana fueron liberadas otras cuatro personas y poco antes de las once, salió el último grupo de tres personas que se encontraban retenidas, todos en buen estado de salud.
A las dos de la tarde llegaron los coroneles Edgardo Moreno y William Egas, comandantes subrogantes de la Zona 6 y Subzona Azuay, respectivamente, quienes disponen a las unidades tácticas presentes (GIR, GOE y GEMA) que se realice un barrido en el interior de la mina. En la maniobra encontraron un taponamiento desde el nivel 4 al nivel 8, impidiendo el paso hasta el nivel 13, con lo cual los delincuentes se tomaron el 60% en la operación minera.
El doctor Calvas informa en su oficio las coordenadas de los hechos denunciados: Operador Sociedad de Producción Minera Recuerdo Reina del Cisne: X 643738; Y 9660825. Latitud 3° 4’ 15,985”S Longitud 79° 42’ 31,645” W; y Operador Minereisis S.A.: X 642758; Y 9659752. Latitud 3° 4’ 50,961”S Longitud 79° 43’ 3,346” W.
Precisamente de estas operaciones vecinas de la mina Bonanza puede ser desde donde los delincuentes han ingresado a los túneles mineros utilizando desfondes o “accesos no autorizados”.
Con oficio Nro. MDG-GAZU-2023-0080-OF desde Cuenca, el 01 de marzo el gobernador de la provincia dispuso de manera inmediata la coordinación de un operativo con el fin de evitar el cometimiento de actos delincuenciales que afectan la integridad de las personas, a los señores Tcnl. Moisés de la Cruz, jefe de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Naturaleza, al Crnl. Hugo Arroyo, comandante de la Subzona de Policía Azuay, al general de brigada comandante de la Ill División "Tarqui" del Ejército, Arturo Velasco y al teniente coronel de Em, Juan Francisco Calderón, subcomandante del Grupo de Inteligencia Militar.
En su disposición, el gobernador reseña ocho robos a la mina Bonanza ocurridos entre agosto del 2022 y febrero del 2023, cometidos por grupos de 30 a 40 individuos armados que han sometido a decenas de trabajadores y se han llevado además de ingente material aurífero, equipos, herramientas y equipos de comunicación y oficina.
Pérdidas para el Estado en el procesamiento
de material incautado en Buenos Aires
Marzo 5 de 2023.- En el oficio AN-SSSU-UIO-037, firmado en Quito, el 28 de febrero del 2023, los asambleístas por Pachakutic, Sofía Sánchez y Ricardo Vanegas, solicitaron al ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, información sobre lo ocurrido con el procesamiento de 1200 sacos de minerales incautados en la operación de 2019 en Buenos Aires, Urcuquí, provincia de Imbabura, por la diferencia entre el valor calculado por la Empresa Nacional Minera, Enami EP, de US$ 5 073 381,08 y el pagado por la empresa comercializadora de metales Kavel S.A., de US$ 1 765 502,95.
El oficio, desde el punto de vista formal, está lleno de barbaridades. En principio, está dirigido a Fernando “Saltes Ulvite”; tiene varios errores ortotipográficos y no respeta la concordancia de número que se estila en el idioma español.
El Decreto Ejecutivo 649 estableció que la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Arcernn, ex Arcom, entregará a la empresa nacional las sustancias minerales y productos resultantes incautados en operativos de control de minería ilegal, a fin de que realice las operaciones de beneficio, aprovechamiento y comercialización, cuyo producto ingresará en su totalidad a la Cuenta Única del Tesoro Nacional.
El “proyecto” para cumplir con esta orden presidencial fue denominado por la Enami como Promain. Y para velar por el interés del Estado y su patrimonio, entonces el rol de la empresa nacional en este proyecto consistía en garantizar la recuperación técnica y eficiente de los metales con valor comercial, principalmente oro y plata, así como su venta más beneficiosa para el estado ecuatoriano.
La Enami EP no contaba en 2021, ni cuenta todavía, con planta de procesamiento pero sí con técnicos calificados y experimentados en el muestreo y extracción de metales, lo que le permitió realizar tanto el muestreo como el cálculo de los valores comerciales del material contenido en los más de 1200 toneladas de material incautado. Es un secreto a voces que varios técnicos de la Enami renunciaron a sus cargos por desacuerdo con las decisiones del gerente general en la gestión del Promain.
Los técnicos hicieron su parte, como se puede colegir del informe técnico No. ENAMI-GEX-IT-2021-027 “Cálculo de la Ley Promedio de los Lotes 1, 2, y 3, en Base a los Resultados de Laboratorio Bureau Veritas S.A. (Media aritmética)”.
El oficio, desde el punto de vista formal, está lleno de barbaridades. En principio, está dirigido a Fernando “Saltes Ulvite”; tiene varios errores ortotipográficos y no respeta la concordancia de número que se estila en el idioma español.
El Decreto Ejecutivo 649 estableció que la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Arcernn, ex Arcom, entregará a la empresa nacional las sustancias minerales y productos resultantes incautados en operativos de control de minería ilegal, a fin de que realice las operaciones de beneficio, aprovechamiento y comercialización, cuyo producto ingresará en su totalidad a la Cuenta Única del Tesoro Nacional.
El “proyecto” para cumplir con esta orden presidencial fue denominado por la Enami como Promain. Y para velar por el interés del Estado y su patrimonio, entonces el rol de la empresa nacional en este proyecto consistía en garantizar la recuperación técnica y eficiente de los metales con valor comercial, principalmente oro y plata, así como su venta más beneficiosa para el estado ecuatoriano.
La Enami EP no contaba en 2021, ni cuenta todavía, con planta de procesamiento pero sí con técnicos calificados y experimentados en el muestreo y extracción de metales, lo que le permitió realizar tanto el muestreo como el cálculo de los valores comerciales del material contenido en los más de 1200 toneladas de material incautado. Es un secreto a voces que varios técnicos de la Enami renunciaron a sus cargos por desacuerdo con las decisiones del gerente general en la gestión del Promain.
Los técnicos hicieron su parte, como se puede colegir del informe técnico No. ENAMI-GEX-IT-2021-027 “Cálculo de la Ley Promedio de los Lotes 1, 2, y 3, en Base a los Resultados de Laboratorio Bureau Veritas S.A. (Media aritmética)”.
Extracto del Informe técnico N° No. ENAMI-GEX-IT-2021-028.
Por tanto, lo siguiente que le competía a Enami fue contratar a una planta procesadora, para lo que convocó a un concurso que en primer término fue declarado desierto y en segundo intento fue adjudicado al consorcio EMFE Romero. Con este consorcio firmó un contrato por un valor de US$ 229 632 para el "Servicio integral de una planta de beneficio de minerales para el procesamiento metalúrgico de hasta 1.202 toneladas de material mineralizado a ser entregado por Arcernnr".
Finalmente, la Enami EP contrató a la empresa comercializadora de metales Kavel S.A., para la “Compra venta de productos minerales (oro fino, plata fina y concentrado de oro)”, por US$ 1 765 501,95.
De acuerdo al examen especial de la Contraloría General del Estado DNAG-RN-0006-2023, relacionado con los procesos contractuales realizados por la Enami para el procesamiento del material incautado, los productos obtenidos del procesamiento metalúrgico para la etapa de comercialización y negociación de 8 de noviembre de 2021, fueron los siguientes:
- 9 barras de oro con peso de 38 814,35 gramos, con precio referencial London Fix PM en US$ 2 274 129,39.
- 12 barras de plata con peso de 48167,68 gramos, con precio referencial London Fix PM en US$ 37 600,66, y;
- 25 big bags de concentrado de oro con peso (sic) de 668 gramos por tonelada, con precio referencial London Fix PM en US$ 39 138,06.
Los asambleístas afirman, además, que: “en el informe técnico No. ENAMI-GEX-IT-2021-028, los valores de oro desde los patios de la Agencia (Arcerrn ex Arcom) que eran de alrededor de 92 gramos por tonelada, luego de una segunda verificación antes del transporte los valores muestreados bajan a 60 gramos por tonelada y antes del proceso en un tercer muestreo ya en la planta dan valores de 32 gramos por tonelada, finalmente el producto barras de oro es vendido con un descuento exagerado de casi el 30%, suponiendo una gran pérdida para el Estado ecuatoriano”.
Extracto del Informe Técnico No. ENAMI-GEX-IT-2021-028.
Según consta en las concusiones del informe técnico No. ENAMI-GEX-IT-2021-028 “Determinación del Valor Máximo Asegurable de los lotes 1,2 y 3 de Material Mineralizado Incautado”, el valor máximo asegurable es de US$ 5’073.381,08 considerando el contenido de oro y plata en el material mineralizado incautado de los lotes 1, 2 y 3.
El mismo informe agrega que “El valor máximo asegurable está relacionado de manera directa con el precio de los metales, y no depende de la eficiencia de recuperación de la planta considerando que este es un factor variable, como su nombre lo expresa este el valor máximo asegurable.”
Ese informe técnico fue elaborado por la ingeniera química metalúrgica ecuatoriana, Silvia Arévalo, ex técnica de Enami y consultora internacional en muestreo y laboratorio, y aprobado por el ingeniero Juan Pablo de la Cueva, ex gerente de Exploración encargado de Enami.
Los asambleístas afirman que no ha habido esclarecimiento de supuestas irregularidades y que en la actualidad hay una investigación en la Contraloría General del Estado. Piden al ministro entregar los documentos de respaldo y respuestas a preguntas como las siguientes:
- ¿Qué sucedió con el resto del valor asegurable por los lotes 1,2,3?
- ¿Cómo y bajo qué procedimiento se trabaja sobre procesamiento de material incautado? ¿Qué funcionarios están a cargo? ¿Cuál es el plan de trabajo estratégico?
De acuerdo al abogado Rodrigo Alberto Aguayo Zambrano, entonces gerente general de la Enami EP quien era asesor 2 del ministro Santos hasta enero y ahora se desempeña como Coordinador Técnico de Regulación y Control Minero de la Arcernnr, el procesamiento de los minerales incautados fue realizado con la participación de laboratorios, como Bureau Veritas, y el proceso cumplió con todos los informes técnicos necesarios e incluso fue objeto de una auditoría de la Contraloría General del Estado.
Vía Minera pudo conocer también que el despacho ministerial ya solicitó a la Enami EP informes sobre el caso para responder a los asambleístas.
El mismo informe agrega que “El valor máximo asegurable está relacionado de manera directa con el precio de los metales, y no depende de la eficiencia de recuperación de la planta considerando que este es un factor variable, como su nombre lo expresa este el valor máximo asegurable.”
Ese informe técnico fue elaborado por la ingeniera química metalúrgica ecuatoriana, Silvia Arévalo, ex técnica de Enami y consultora internacional en muestreo y laboratorio, y aprobado por el ingeniero Juan Pablo de la Cueva, ex gerente de Exploración encargado de Enami.
Los asambleístas afirman que no ha habido esclarecimiento de supuestas irregularidades y que en la actualidad hay una investigación en la Contraloría General del Estado. Piden al ministro entregar los documentos de respaldo y respuestas a preguntas como las siguientes:
- ¿Qué sucedió con el resto del valor asegurable por los lotes 1,2,3?
- ¿Cómo y bajo qué procedimiento se trabaja sobre procesamiento de material incautado? ¿Qué funcionarios están a cargo? ¿Cuál es el plan de trabajo estratégico?
De acuerdo al abogado Rodrigo Alberto Aguayo Zambrano, entonces gerente general de la Enami EP quien era asesor 2 del ministro Santos hasta enero y ahora se desempeña como Coordinador Técnico de Regulación y Control Minero de la Arcernnr, el procesamiento de los minerales incautados fue realizado con la participación de laboratorios, como Bureau Veritas, y el proceso cumplió con todos los informes técnicos necesarios e incluso fue objeto de una auditoría de la Contraloría General del Estado.
Vía Minera pudo conocer también que el despacho ministerial ya solicitó a la Enami EP informes sobre el caso para responder a los asambleístas.
Nace: Quito con Minería
Marzo 5 de 2023.- Un grupo de habitantes de las localidades del Chocó Andino, en su mayoría pobladores de la localidad de Pacto, se viene organizando para que la mayoría de la población responda “No” cuando en la próxima consulta se le pregunte si quiere que se prohíba la minería metálica en el del Distrito Metropolitano de Quito.
El domingo pasado ellos se concentraron en el salón de la parroquia para mostrar su rechazo a la campaña organizada por el colectivo “Quito sin Minería” e impedir que se reúnan en el local comunal. Dicen ser “líderes comunitarios, familias completas y gente pro minería” que “exige a los ecologistas que se retiren del sector” y advierten que “no permitirán se continué con la desinformación a la población”.
“También estamos en contra de la manipulación, de Inty Arcos y Roque Sevilla; y queremos que se rinda cuentas sobre los proyectos de ayuda internacional y de la secretaria de Ambiente del DMQ”, dijo uno de los manifestantes.
Un vocero de la nueva agrupación se comunicó con Vía Minera para anunciar que “seguirán en vigilancia del accionar de estos grupos ecologistas”.
El domingo pasado ellos se concentraron en el salón de la parroquia para mostrar su rechazo a la campaña organizada por el colectivo “Quito sin Minería” e impedir que se reúnan en el local comunal. Dicen ser “líderes comunitarios, familias completas y gente pro minería” que “exige a los ecologistas que se retiren del sector” y advierten que “no permitirán se continué con la desinformación a la población”.
“También estamos en contra de la manipulación, de Inty Arcos y Roque Sevilla; y queremos que se rinda cuentas sobre los proyectos de ayuda internacional y de la secretaria de Ambiente del DMQ”, dijo uno de los manifestantes.
Un vocero de la nueva agrupación se comunicó con Vía Minera para anunciar que “seguirán en vigilancia del accionar de estos grupos ecologistas”.
Fundación Lundin Gold recibirá
Premio a la Sostenibilidad del PDAC 2023
Marzo 5 de 2023.- La Fundación Lundin Gold, conocida en Ecuador por sus actividades en los alrededores de la mina Fruta del Norte, en el sur del país, recibirá uno de los cinco Premios PDAC 2023 que reconocen “la excelencia en la industria minera y de exploración de minerales a nivel mundial”, según los organizadores de esta celebración.
La Fundación Lundin recibirá el Premio a la Sostenibilidad. Los otros cuatro son el Premio Bill Dennis, el Premio Skookum Jim, el Premio Thayer Lindsley y el Premio Viola R MacMillan; que distinguen diferentes aspectos del trabajo minero mundial.
A la Fundación Lundin se le premia “por crear una organización financiada con ingresos mineros con el único propósito de brindar beneficios duraderos a las comunidades aledañas a las operaciones de las empresas del Grupo Lundin”.
El Grupo Lundin está compuesto por más de diez empresas que operan en más de 20 países. El jurado del Pdac que los premió dice que la Fundación “apoyó a 650 pequeñas empresas que generaron $42 millones en ingresos y proporcionaron 2000 empleos bien remunerados” el año 2021.
También que “ayudó a 79 nuevas empresas a lanzar soluciones para el cambio climático, atrayendo $30 millones en financiamiento de terceros para llevar esas soluciones al mercado”.
Por supuesto que para premiar a la Fundación Lundin se ha tomado en cuenta lo que hizo en Ecuador. Se dice que “desarrolló y entregó un programa de capacitación para miembros de la comunidad sin experiencia previa para convertirse en los mejores operadores de plantas de proceso y de mina en su clase en la mina de oro Fruta del Norte, la primera mina subterránea a gran escala de Ecuador”.
“Al comienzo del programa, el 50% de los 315 aprendices estaban desempleados o subempleados. Un año después de completar el programa, el 80 % de los aprendices, incluidas las mujeres, se emplearon como operadores, lo que trajo a casa un salario acumulado de US$ 3,2 millones”.
Los miembros del Pdac consideran que “en las comunidades aledañas a la mina, la Fundación brindó apoyo técnico y financiero a una cooperativa agrícola local, para establecer prácticas de manejo de fincas orgánicas y lograr la certificación orgánica. Como resultado, los 180 productores de la cooperativa, cuyos productos incluyen café, cacao, yuca y plátano, ahora exportan a Europa, América del Norte y otros países de América del Sur”.
Los premios del Pdac 2023, entre ellos el que recibirá la Fundación Lundin, se entregarán en una ceremonia en la que no faltará nada. Desde la entrada, los asistentes podrán beber todo lo que quieran y después disfrutarán de una suntuosa cena gourmet de tres platos y excelentes vinos…
La Fundación Lundin recibirá el Premio a la Sostenibilidad. Los otros cuatro son el Premio Bill Dennis, el Premio Skookum Jim, el Premio Thayer Lindsley y el Premio Viola R MacMillan; que distinguen diferentes aspectos del trabajo minero mundial.
A la Fundación Lundin se le premia “por crear una organización financiada con ingresos mineros con el único propósito de brindar beneficios duraderos a las comunidades aledañas a las operaciones de las empresas del Grupo Lundin”.
El Grupo Lundin está compuesto por más de diez empresas que operan en más de 20 países. El jurado del Pdac que los premió dice que la Fundación “apoyó a 650 pequeñas empresas que generaron $42 millones en ingresos y proporcionaron 2000 empleos bien remunerados” el año 2021.
También que “ayudó a 79 nuevas empresas a lanzar soluciones para el cambio climático, atrayendo $30 millones en financiamiento de terceros para llevar esas soluciones al mercado”.
Por supuesto que para premiar a la Fundación Lundin se ha tomado en cuenta lo que hizo en Ecuador. Se dice que “desarrolló y entregó un programa de capacitación para miembros de la comunidad sin experiencia previa para convertirse en los mejores operadores de plantas de proceso y de mina en su clase en la mina de oro Fruta del Norte, la primera mina subterránea a gran escala de Ecuador”.
“Al comienzo del programa, el 50% de los 315 aprendices estaban desempleados o subempleados. Un año después de completar el programa, el 80 % de los aprendices, incluidas las mujeres, se emplearon como operadores, lo que trajo a casa un salario acumulado de US$ 3,2 millones”.
Los miembros del Pdac consideran que “en las comunidades aledañas a la mina, la Fundación brindó apoyo técnico y financiero a una cooperativa agrícola local, para establecer prácticas de manejo de fincas orgánicas y lograr la certificación orgánica. Como resultado, los 180 productores de la cooperativa, cuyos productos incluyen café, cacao, yuca y plátano, ahora exportan a Europa, América del Norte y otros países de América del Sur”.
Los premios del Pdac 2023, entre ellos el que recibirá la Fundación Lundin, se entregarán en una ceremonia en la que no faltará nada. Desde la entrada, los asistentes podrán beber todo lo que quieran y después disfrutarán de una suntuosa cena gourmet de tres platos y excelentes vinos…
Arrancó consulta popular sobre la minería en Quito
Febrero 27 de 2023.- Con un pequeño incidente provocado por un grupo de partidarios de la actividad minera arrancó ayer en el salón de actos de Pacto la campaña por la consulta popular sobre la minería metálica en la Mancomunidad del Chocó Andino.
La reunión fue convocada por el colectivo Quito sin minería para ir definiendo los próximos pasos a dar con miras a la consulta que debe ser convocada en los próximos días.
El Chocó Andino es considerado por la Unesco como la séptima reserva de biósfera en el Ecuador y una de las 600 en el mundo. Se le conoce como el paraíso subtropical y para evitar que se realicen actividades que pongan en peligro su integridad un grupo de ciudadanos, reunidos en el colectivo Quito sin Minería, decidió reunir firmas para solicitar un referéndum en la capital.
La consulta no es vista con buenos ojos por el sector minero. Hace unos días, la Cámara de Minería del Ecuador lanzó un comunicado en el que díce que “la prohibición de la actividad minera formal en el sector del noroccidente de Quito, es una medida que no soluciona los problemas de fondo de la zona, como la incursión de la minería ilegal, la contaminación del agua por falta de tratamiento de aguas servidas en zonas altas, el tráfico de especies y la tala ilegal”.
Los de “Quito sin minería” no piensan lo mismo. En aproximadamente dos meses reunieron como 400 mil firmas, de las cuales el Consejo Nacional Electoral les reconoció como válidas 206 517, cifra suficiente para que se apruebe el informe de verificación que oficializa la consulta popular.
Tal como se ha planteado el tema, el paso siguiente debe ser la convocatoria a un plebiscito en el que se le consulte a la población si está de acuerdo con la minería metálica en el Chocó Andino. Para organizar la campaña y asegurar que no haya explotación en esa zona se convocó el domingo 26 a una reunión que se estaba realizando con tranquilidad cuando un grupo de personas que está a favor de la minería entró gritando al local.
Estas personas fueron convocadas mediante invitaciones por las redes sociales a un plantón “por una minería responsable y legal”. Se les citó en los alrededores de la pileta de la Universidad Central del Ecuador y se les prometió transporte de ida y vuelta más un refrigerio.
El plantón fue en realidad una contramanifestación. Ya en el salón de actos de la comunidad de Pacto, lanzaron consignas y tocaron pitos ensordecedores que interrumpieron el evento. Una vez que se cansaron, se fueron tal como habían llegado y la reunión continuó debatiendo cuáles serán los próximos pasos a seguir para ganar en la consulta destinada a prohibir la minería artesanal y la minería de pequeña, mediana y gran escala en los territorios de las parroquias rurales de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que forman la Mancomunidad del Chocó Andino.
La reunión fue convocada por el colectivo Quito sin minería para ir definiendo los próximos pasos a dar con miras a la consulta que debe ser convocada en los próximos días.
El Chocó Andino es considerado por la Unesco como la séptima reserva de biósfera en el Ecuador y una de las 600 en el mundo. Se le conoce como el paraíso subtropical y para evitar que se realicen actividades que pongan en peligro su integridad un grupo de ciudadanos, reunidos en el colectivo Quito sin Minería, decidió reunir firmas para solicitar un referéndum en la capital.
La consulta no es vista con buenos ojos por el sector minero. Hace unos días, la Cámara de Minería del Ecuador lanzó un comunicado en el que díce que “la prohibición de la actividad minera formal en el sector del noroccidente de Quito, es una medida que no soluciona los problemas de fondo de la zona, como la incursión de la minería ilegal, la contaminación del agua por falta de tratamiento de aguas servidas en zonas altas, el tráfico de especies y la tala ilegal”.
Los de “Quito sin minería” no piensan lo mismo. En aproximadamente dos meses reunieron como 400 mil firmas, de las cuales el Consejo Nacional Electoral les reconoció como válidas 206 517, cifra suficiente para que se apruebe el informe de verificación que oficializa la consulta popular.
Tal como se ha planteado el tema, el paso siguiente debe ser la convocatoria a un plebiscito en el que se le consulte a la población si está de acuerdo con la minería metálica en el Chocó Andino. Para organizar la campaña y asegurar que no haya explotación en esa zona se convocó el domingo 26 a una reunión que se estaba realizando con tranquilidad cuando un grupo de personas que está a favor de la minería entró gritando al local.
Estas personas fueron convocadas mediante invitaciones por las redes sociales a un plantón “por una minería responsable y legal”. Se les citó en los alrededores de la pileta de la Universidad Central del Ecuador y se les prometió transporte de ida y vuelta más un refrigerio.
El plantón fue en realidad una contramanifestación. Ya en el salón de actos de la comunidad de Pacto, lanzaron consignas y tocaron pitos ensordecedores que interrumpieron el evento. Una vez que se cansaron, se fueron tal como habían llegado y la reunión continuó debatiendo cuáles serán los próximos pasos a seguir para ganar en la consulta destinada a prohibir la minería artesanal y la minería de pequeña, mediana y gran escala en los territorios de las parroquias rurales de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que forman la Mancomunidad del Chocó Andino.
Iniciará sus funciones el segundo
consejo directivo de WIM Ecuador
Febrero 19 de 2023.- El primer consejo directivo de Women in Mining Ecuador concluyó sus actividades el pasado 9 de febrero y presentó a las nuevas dirigentes de la institución, al tiempo que anunció que en los próximos meses se abrirán nuevos espacios y se explicará el proceso para que las asociadas puedan postularse para el directorio de Wim.
María Isabel Aillón, fundadora de WIM Ecuador y su primera presidenta, agradeció y felicitó el trabajo de las cofundadoras y directoras que la acompañaron en su gestión. Destacó el apoyo que recibió de los asociados, aliados, gremios y compañías mineras que “ha sido fundamental para concretar varios proyectos en beneficios de las mujeres y para contribuir a una industria minera más equitativa e inclusiva”, según afirmó.
La doctora Aillón presentó un resumen de los principales proyectos de la organización. Se refirió en primer lugar a la Encuesta de género y minería llevada adelante con la consultora Actuaria y el EITI. La investigación concluyó en que existe un 16% de mujeres trabajando en minería en Ecuador.
Anunció también que Wim Ecuador ha comenzado a trabajar en conjunto con el Ministerio de Energía para crear lineamientos de una política de género de la industria.
Los beneficios de la beca “Soy Minera”, llevada adelante con Solaris Resources y este año con Torata Mining, fueron mencionados en el discurso, así como el programa de mentoring, que se desarrolló en alianza con Wim Perú y Wim Argentina.
Los talleres gratuitos de capacitación, realizados con el IIGE y que contaron con la participación de más de 300 personas; las labores del Club Mineralógico Juvenil, en alianza con WIM Central América para educar a los niños sobre el rol de los minerales en la vida diaria, así como la participación de mujeres ecuatorianas que laboran en la minería artesanal y de pequeña escala en el primer congreso latinoamericano de mujeres MAPE, realizado en la ciudad de La Paz, Bolivia; fueron reseñados en el balance.
Se recordó además al reconocimiento WIM 100 donde por primera vez se distinguió a una mujer ecuatoriana, Iliana Rodríguez.
“La organización ha logrado fortalecer alianzas con los actores más importantes del sector y se ha consolidado gracias al trabajo voluntario de su primer directorio. Los proyectos continuarán en marcha y vendrán más iniciativas”, expresó la doctora Aillón.
En el evento de aniversario, celebrado en un hotel de la capital, se anunció la reelección del consejo directivo para los próximos tres años. La presidenta saliente manifestó que no se reelegiría en este cargo y que de acuerdo con el estatuto de la organización, el consejo directivo sería el encargado de elegir a las nuevas autoridades. Se refirió asimismo a la importancia de la alternabilidad como mecanismo para continuar consolidando el liderazgo y el trabajo de las directoras.
El 14 de febrero, según difundió Wim Ecuador en sus redes sociales, el directorio eligió a Iliana Rodríguez y Luz Castellanos, como presidenta y vicepresidenta, respectivamente, del comité ejecutivo de la institución.
María Isabel Aillón, fundadora de WIM Ecuador y su primera presidenta, agradeció y felicitó el trabajo de las cofundadoras y directoras que la acompañaron en su gestión. Destacó el apoyo que recibió de los asociados, aliados, gremios y compañías mineras que “ha sido fundamental para concretar varios proyectos en beneficios de las mujeres y para contribuir a una industria minera más equitativa e inclusiva”, según afirmó.
La doctora Aillón presentó un resumen de los principales proyectos de la organización. Se refirió en primer lugar a la Encuesta de género y minería llevada adelante con la consultora Actuaria y el EITI. La investigación concluyó en que existe un 16% de mujeres trabajando en minería en Ecuador.
Anunció también que Wim Ecuador ha comenzado a trabajar en conjunto con el Ministerio de Energía para crear lineamientos de una política de género de la industria.
Los beneficios de la beca “Soy Minera”, llevada adelante con Solaris Resources y este año con Torata Mining, fueron mencionados en el discurso, así como el programa de mentoring, que se desarrolló en alianza con Wim Perú y Wim Argentina.
Los talleres gratuitos de capacitación, realizados con el IIGE y que contaron con la participación de más de 300 personas; las labores del Club Mineralógico Juvenil, en alianza con WIM Central América para educar a los niños sobre el rol de los minerales en la vida diaria, así como la participación de mujeres ecuatorianas que laboran en la minería artesanal y de pequeña escala en el primer congreso latinoamericano de mujeres MAPE, realizado en la ciudad de La Paz, Bolivia; fueron reseñados en el balance.
Se recordó además al reconocimiento WIM 100 donde por primera vez se distinguió a una mujer ecuatoriana, Iliana Rodríguez.
“La organización ha logrado fortalecer alianzas con los actores más importantes del sector y se ha consolidado gracias al trabajo voluntario de su primer directorio. Los proyectos continuarán en marcha y vendrán más iniciativas”, expresó la doctora Aillón.
En el evento de aniversario, celebrado en un hotel de la capital, se anunció la reelección del consejo directivo para los próximos tres años. La presidenta saliente manifestó que no se reelegiría en este cargo y que de acuerdo con el estatuto de la organización, el consejo directivo sería el encargado de elegir a las nuevas autoridades. Se refirió asimismo a la importancia de la alternabilidad como mecanismo para continuar consolidando el liderazgo y el trabajo de las directoras.
El 14 de febrero, según difundió Wim Ecuador en sus redes sociales, el directorio eligió a Iliana Rodríguez y Luz Castellanos, como presidenta y vicepresidenta, respectivamente, del comité ejecutivo de la institución.
Pobladores de Fierro Urco llevan caso a la Corte Constitucional
Febrero 12 de 2023.- Diversas organizaciones sociales de la provincia de Loja presentaron hace unos días el escrito en el que plantean una acción de protección ante la Corte Constitucional pues, sostienen, dicho organismo debe declarar que se ha vulnerado el derecho que tienen los pobladores de la parroquia de Gualel a la consulta ambiental, al agua y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Señalan los accionantes que se trata de una reacción a la sentencia que a fines del año pasado dictó la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Loja “negando el amparo directo y eficaz a los derechos de comuneras y comuneros” de Gualel, Loja y Fierro Urco.
La sentencia de la corte de Loja “tiene múltiples errores de forma y fondo (…) menciona el nombre de una abogada ajena al proceso (…) recoge en un párrafo y mal nuestros argumentos mientras que los del gobierno los recoge en 32 páginas, evidenciando la parcialidad que existió en el proceso”, señalan.
Dicen también que “entre los problemas de fondo está que la Corte Provincial se niega a reconocer como vinculantes a precedentes de la Corte Constitucional y desconoce la facultad que tiene cualquier persona o grupo de personas de presentar una acción legal en representación de los derechos de la naturaleza”.
Sostienen además que la corte no tomó en cuenta el Informe técnico de delimitación del área de protección hídrica del Sur elaborado por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica.
Señalan los accionantes que se trata de una reacción a la sentencia que a fines del año pasado dictó la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Loja “negando el amparo directo y eficaz a los derechos de comuneras y comuneros” de Gualel, Loja y Fierro Urco.
La sentencia de la corte de Loja “tiene múltiples errores de forma y fondo (…) menciona el nombre de una abogada ajena al proceso (…) recoge en un párrafo y mal nuestros argumentos mientras que los del gobierno los recoge en 32 páginas, evidenciando la parcialidad que existió en el proceso”, señalan.
Dicen también que “entre los problemas de fondo está que la Corte Provincial se niega a reconocer como vinculantes a precedentes de la Corte Constitucional y desconoce la facultad que tiene cualquier persona o grupo de personas de presentar una acción legal en representación de los derechos de la naturaleza”.
Sostienen además que la corte no tomó en cuenta el Informe técnico de delimitación del área de protección hídrica del Sur elaborado por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica.
Demanda de plata alcanzaría récord este año
Febrero, 12 de 2023.- Según datos del Silver Institute, el precio promedio de la plata hasta el 7 de febrero fue más de un 8 por ciento más alto que el precio promedio de todo el año para 2022. También se espera que la plata alcance un nuevo récord en aplicaciones industriales, la categoría más importante en el complejo de demanda.
Sin embargo -dice la institución-, los factores económicos y geopolíticos, incluida la persistente política monetaria estricta de EE. UU. y la guerra entre Rusia y Ucrania, podrían plantear desafíos para todo el complejo de metales preciosos, incluida la plata.
El Silver Institute y Metals Focus, una consultora global de investigación de metales preciosos con sede en Londres, presentarán en abril el documento World Silver Survey 2023, una fuente irremplazable para los inversionistas.
El Silver Institute es la voz autorizada de la industria de la plata en la expansión de la conciencia pública sobre el papel esencial de la plata en el mundo actual. Más información sobre la plata, incluido su uso en la economía verde, se puede encontrar en www.silverinstitute.org
Otros datos
Habiendo alcanzado máximos históricos en 2021 y 2022, se espera que la compra industrial de plata se fortalezca aún más en un 2,6 % anual a 550 millones de onzas en 2023.
La demanda industrial de plata debería aumentar gracias a las ganancias adicionales en la electrificación de vehículos y al compromiso cada vez mayor de los gobiernos a la infraestructura verde.
Además, el final de cero COVID en China respalda el sentimiento hacia los metales industriales, que se extiende a la plata. Se espera que la extracción de plata fotovoltaica alcance un nuevo pico este año.
La guerra entre Rusia y Ucrania ha acelerado el despliegue de energías renovables a medida que los gobiernos se esfuerzan por reducir su dependencia de los combustibles fósiles.
La demanda en el sector automotriz debería beneficiarse del aumento de la producción de vehículos, la disminución de la escasez de chips y el uso creciente de componentes electrónicos y la electrificación del tren motriz.
Además, la inversión en infraestructura y los esfuerzos más amplios de descarbonización están impulsando la demanda de vehículos eléctricos e híbridos. La expansión de las estaciones de carga que dependen de la plata también va en aumento.
Por el contrario, se prevé que la demanda de joyería disminuya un 10 por ciento este año, impulsada por el mercado indio, mientras que el resto del mundo debería experimentar un aumento moderado.
Después de alcanzar un récord en 2022, se espera que la demanda de joyería india este año disminuya a niveles más "normales".
En los EE. UU., puede ocurrir una caída modesta en el consumo este año debido a preocupaciones económicas y al gasto normalizado en viajes. Tras un aumento en 2022, se espera que la fabricación de platería caiga más del 20 por ciento este año.
En línea con el sector de la joyería, India representará la mayor parte de las pérdidas en este segmento. El año pasado, la demanda mundial de plata aumentó aproximadamente un 17 por ciento a un nuevo máximo de 1240 millones de onzas. Este año, se pronostica que la demanda caerá a 1,15 millones de onzas.
Sin embargo, incluso a ese nivel, seguirá siendo el segundo nivel de demanda mundial de plata más alto registrado.
Se proyecta que la inversión física en plata caiga un 16 por ciento a/a desde el récord de 2022 de 352 Moz.
Aun así, el pronóstico de este año de 295 Moz seguiría siendo el tercer total más alto registrado.
Se espera que la inversión occidental caiga después de alcanzar un nuevo máximo en 2022, lo que refleja dos temas. En primer lugar, si bien inicialmente habrá cierta búsqueda de gangas a medida que los precios se debiliten, esto dará paso a la venta directa a medida que la tendencia a la baja de los precios se afiance más.
En segundo lugar, a medida que los precios se estabilizan en niveles más bajos, la falta de volatilidad puede alentar a algunos inversores minoristas a cambiar a clases de activos alternativas.
Se espera que la producción de la mina de plata aumente un 5 por ciento en 2023 a 873 millones de onzas, el nivel más alto desde 2016. Este crecimiento provendrá en gran medida de las nuevas minas de plata en México que aumentan la producción junto con una mayor producción de subproductos de Chile debido a las nuevas operaciones de oro con alto contenido de plata.
La producción en Perú podría verse presionada ya que los disturbios civiles llevaron a la suspensión temporal de varias operaciones en el primer trimestre.
El aumento en el reciclaje de plata será más modesto, y es probable que los volúmenes aumenten un 3 por ciento hasta alcanzar el máximo de una década. Este crecimiento se deberá en su totalidad al mayor reciclaje industrial.
Sin embargo -dice la institución-, los factores económicos y geopolíticos, incluida la persistente política monetaria estricta de EE. UU. y la guerra entre Rusia y Ucrania, podrían plantear desafíos para todo el complejo de metales preciosos, incluida la plata.
El Silver Institute y Metals Focus, una consultora global de investigación de metales preciosos con sede en Londres, presentarán en abril el documento World Silver Survey 2023, una fuente irremplazable para los inversionistas.
El Silver Institute es la voz autorizada de la industria de la plata en la expansión de la conciencia pública sobre el papel esencial de la plata en el mundo actual. Más información sobre la plata, incluido su uso en la economía verde, se puede encontrar en www.silverinstitute.org
Otros datos
Habiendo alcanzado máximos históricos en 2021 y 2022, se espera que la compra industrial de plata se fortalezca aún más en un 2,6 % anual a 550 millones de onzas en 2023.
La demanda industrial de plata debería aumentar gracias a las ganancias adicionales en la electrificación de vehículos y al compromiso cada vez mayor de los gobiernos a la infraestructura verde.
Además, el final de cero COVID en China respalda el sentimiento hacia los metales industriales, que se extiende a la plata. Se espera que la extracción de plata fotovoltaica alcance un nuevo pico este año.
La guerra entre Rusia y Ucrania ha acelerado el despliegue de energías renovables a medida que los gobiernos se esfuerzan por reducir su dependencia de los combustibles fósiles.
La demanda en el sector automotriz debería beneficiarse del aumento de la producción de vehículos, la disminución de la escasez de chips y el uso creciente de componentes electrónicos y la electrificación del tren motriz.
Además, la inversión en infraestructura y los esfuerzos más amplios de descarbonización están impulsando la demanda de vehículos eléctricos e híbridos. La expansión de las estaciones de carga que dependen de la plata también va en aumento.
Por el contrario, se prevé que la demanda de joyería disminuya un 10 por ciento este año, impulsada por el mercado indio, mientras que el resto del mundo debería experimentar un aumento moderado.
Después de alcanzar un récord en 2022, se espera que la demanda de joyería india este año disminuya a niveles más "normales".
En los EE. UU., puede ocurrir una caída modesta en el consumo este año debido a preocupaciones económicas y al gasto normalizado en viajes. Tras un aumento en 2022, se espera que la fabricación de platería caiga más del 20 por ciento este año.
En línea con el sector de la joyería, India representará la mayor parte de las pérdidas en este segmento. El año pasado, la demanda mundial de plata aumentó aproximadamente un 17 por ciento a un nuevo máximo de 1240 millones de onzas. Este año, se pronostica que la demanda caerá a 1,15 millones de onzas.
Sin embargo, incluso a ese nivel, seguirá siendo el segundo nivel de demanda mundial de plata más alto registrado.
Se proyecta que la inversión física en plata caiga un 16 por ciento a/a desde el récord de 2022 de 352 Moz.
Aun así, el pronóstico de este año de 295 Moz seguiría siendo el tercer total más alto registrado.
Se espera que la inversión occidental caiga después de alcanzar un nuevo máximo en 2022, lo que refleja dos temas. En primer lugar, si bien inicialmente habrá cierta búsqueda de gangas a medida que los precios se debiliten, esto dará paso a la venta directa a medida que la tendencia a la baja de los precios se afiance más.
En segundo lugar, a medida que los precios se estabilizan en niveles más bajos, la falta de volatilidad puede alentar a algunos inversores minoristas a cambiar a clases de activos alternativas.
Se espera que la producción de la mina de plata aumente un 5 por ciento en 2023 a 873 millones de onzas, el nivel más alto desde 2016. Este crecimiento provendrá en gran medida de las nuevas minas de plata en México que aumentan la producción junto con una mayor producción de subproductos de Chile debido a las nuevas operaciones de oro con alto contenido de plata.
La producción en Perú podría verse presionada ya que los disturbios civiles llevaron a la suspensión temporal de varias operaciones en el primer trimestre.
El aumento en el reciclaje de plata será más modesto, y es probable que los volúmenes aumenten un 3 por ciento hasta alcanzar el máximo de una década. Este crecimiento se deberá en su totalidad al mayor reciclaje industrial.
Factores que influyen en el precio del cobre
Febrero 12 de 2023.- De acuerdo al Informe del Mercado Internacional del Cobre que todas las semanas publica la Comisión Chilena del Cobre, el viernes 10 de febrero el precio de la libra de fue de cUS$ 403,9, es decir, 1,7% más bajo respecto del viernes pasado.
Según dicha dependencia, los principales factores que influyeron en el comportamiento del precio del metal fueron dos: la incertidumbre sobre la demanda china de cobre y la caída de 0,8% del índice de precios del productor en China.
Otras circunstancias a tomar en cuenta vienen de Estados Unidos. Allí, el presidente de la Reserva Federal afirmó que el proceso de disminución de la inflación estaba avanzando, sin embargo, serían necesarias alzas adicionales de tasas de interés para que la inflación retorne al valor objetivo del 2%.
De otro lado, las solicitudes de subsidios por desempleo se mantienen en niveles históricamente bajos, alcanzando las 196.000, lo cual da cuenta de la fortaleza del mercado laboral. A su vez, el mercado inmobiliario evidenció un repunte la semana pasada, ya que el índice de solicitudes de créditos hipotecarios creció 7,4%.
En China, las reservas en moneda extranjera en enero alcanzaron los US$ 3.184 trillones, lo que equivale a un alza de US$ 56,8 trillones en relación al mes anterior.
La inflación anual a enero anotó 2,1% respecto al periodo anterior, situándose dentro de lo pronosticado. Por su parte, el índice de precios del productor disminuyó en 0,8% frente al descenso del 0,7% del mes previo.
Tres indicadores más son tomados en cuenta por los analistas chilenos: el incremento de los préstamos bancarios, el reajuste hacia arriba del pronóstico de la agencia calificadora Fitch para el crecimiento de China (de 4,1% a 5%) y el descenso de las ventas de automóviles en un 38% en enero respecto al año anterior.
Según dicha dependencia, los principales factores que influyeron en el comportamiento del precio del metal fueron dos: la incertidumbre sobre la demanda china de cobre y la caída de 0,8% del índice de precios del productor en China.
Otras circunstancias a tomar en cuenta vienen de Estados Unidos. Allí, el presidente de la Reserva Federal afirmó que el proceso de disminución de la inflación estaba avanzando, sin embargo, serían necesarias alzas adicionales de tasas de interés para que la inflación retorne al valor objetivo del 2%.
De otro lado, las solicitudes de subsidios por desempleo se mantienen en niveles históricamente bajos, alcanzando las 196.000, lo cual da cuenta de la fortaleza del mercado laboral. A su vez, el mercado inmobiliario evidenció un repunte la semana pasada, ya que el índice de solicitudes de créditos hipotecarios creció 7,4%.
En China, las reservas en moneda extranjera en enero alcanzaron los US$ 3.184 trillones, lo que equivale a un alza de US$ 56,8 trillones en relación al mes anterior.
La inflación anual a enero anotó 2,1% respecto al periodo anterior, situándose dentro de lo pronosticado. Por su parte, el índice de precios del productor disminuyó en 0,8% frente al descenso del 0,7% del mes previo.
Tres indicadores más son tomados en cuenta por los analistas chilenos: el incremento de los préstamos bancarios, el reajuste hacia arriba del pronóstico de la agencia calificadora Fitch para el crecimiento de China (de 4,1% a 5%) y el descenso de las ventas de automóviles en un 38% en enero respecto al año anterior.
Quito sin minería: la hora de la verdad
Febrero 5 del 2023.- El colectivo Quito sin Minería anunció esta semana que en una próxima reunión del Consejo Nacional Electoral se fijaría la fecha para que se consulte a la población si está de acuerdo o no con prohibir la minería metálica en las seis parroquias que forman la Mancomunidad del Chocó Andino.
La fecha debe fijarse dentro de los 60 días siguientes a la reunión del CNE, explicaron.
Y recordaron el trabajo de cientos de voluntarios que lograron se les reconozca la validez de 207 651 firmas de las más de 380 mil que presentaron a fines de octubre. Necesitaban acreditar 190 mil firmas y estuvieron a punto de no lograrlas porque en un primer conteo los funcionarios de Consejo Nacional Electoral utilizaron un padrón que automáticamente eliminaba las rúbricas de los jóvenes que en el año 2019 no habían cumplido los 16 años.
Los del colectivo detectaron el procedimiento que ahogaba su pedido y lograron que el proceso de verificación de las firmas vuelva a empezar de cero y tomando como base el padrón actualizado que reconocía la validez de la firma de miles de jóvenes.
Señalaron que esperaban que muy pronto se reúna el consejo electoral para que de manera oficial emita el dictamen que haga realidad lo dispuesto en la sentencia de la Corte Constitucional, cuando el año pasado dispuso se les permita recoger la firma de por lo menos el 10 por ciento de pobladores de la capital.
Desde su punto de vista, al CNE no le queda otra posibilidad que reunirse y emitir el dictamen para que se convoque a la consulta popular en los próximos sesenta días.
La fecha debe fijarse dentro de los 60 días siguientes a la reunión del CNE, explicaron.
Y recordaron el trabajo de cientos de voluntarios que lograron se les reconozca la validez de 207 651 firmas de las más de 380 mil que presentaron a fines de octubre. Necesitaban acreditar 190 mil firmas y estuvieron a punto de no lograrlas porque en un primer conteo los funcionarios de Consejo Nacional Electoral utilizaron un padrón que automáticamente eliminaba las rúbricas de los jóvenes que en el año 2019 no habían cumplido los 16 años.
Los del colectivo detectaron el procedimiento que ahogaba su pedido y lograron que el proceso de verificación de las firmas vuelva a empezar de cero y tomando como base el padrón actualizado que reconocía la validez de la firma de miles de jóvenes.
Señalaron que esperaban que muy pronto se reúna el consejo electoral para que de manera oficial emita el dictamen que haga realidad lo dispuesto en la sentencia de la Corte Constitucional, cuando el año pasado dispuso se les permita recoger la firma de por lo menos el 10 por ciento de pobladores de la capital.
Desde su punto de vista, al CNE no le queda otra posibilidad que reunirse y emitir el dictamen para que se convoque a la consulta popular en los próximos sesenta días.
Lowell y UTPL lanzan ´Conociendo la Minería´
Febrero 5 del 2023.- Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A., subsidiaria de Solaris Resources y operadora del proyecto Warintza, en el sur de Ecuador, lanzó en alianza con la Universidad Particular de Loja el curso gratuito “Comprensión de la Minería”, destinado a promover la educación de la industria minera en el Ecuador.
“Solaris está convencida que la educación es el motor del crecimiento sostenible porque sienta las bases para la acción consciente de los ciudadanos”, afirmó el presidente de Solaris para Latinoamérica, Federico Velásquez.
“La minería es considerada un sector estratégico para el desarrollo social y económico de Ecuador, es por eso que hoy hemos entregado este curso en línea gratuito que brinda a los usuarios una plataforma accesible para comprender el sector minero, lo que permite un diálogo y debate responsable sobre esta importante industria”, agregó.
El curso, que es totalmente gratuito y está disponible en la plataforma virtual de la UTPL, ofrece a los participantes la posibilidad de obtener un certificado avalado por la Universidad Técnica Particular de Loja. El único requisito para participar en el curso es un dispositivo con conexión a Internet, como una computadora, tableta o teléfono inteligente.
“Comprensión de la Minería” consta de seis módulos: Introducción a la Industria Minera, Geología y Distribución de Yacimientos Minerales, Fases de la Minería, Desarrollo Económico y Social en torno a la Minería, Marco Legal de la Minería en el Ecuador y Minería Participativa de Solaris Resources – Proyecto Warintza.
Para aprovechar el curso gratuito se debe ingresar a la página de educación continua de la Universidad en https://cursos-ec.utpl.edu.ec/; buscar el curso "Comprensión de la minería", crear una cuenta si es que no se tiene y realizar el proceso de registro. A partir de este momento el usuario ya puede seguir el curso en el módulo que desee.
“Solaris está convencida que la educación es el motor del crecimiento sostenible porque sienta las bases para la acción consciente de los ciudadanos”, afirmó el presidente de Solaris para Latinoamérica, Federico Velásquez.
“La minería es considerada un sector estratégico para el desarrollo social y económico de Ecuador, es por eso que hoy hemos entregado este curso en línea gratuito que brinda a los usuarios una plataforma accesible para comprender el sector minero, lo que permite un diálogo y debate responsable sobre esta importante industria”, agregó.
El curso, que es totalmente gratuito y está disponible en la plataforma virtual de la UTPL, ofrece a los participantes la posibilidad de obtener un certificado avalado por la Universidad Técnica Particular de Loja. El único requisito para participar en el curso es un dispositivo con conexión a Internet, como una computadora, tableta o teléfono inteligente.
“Comprensión de la Minería” consta de seis módulos: Introducción a la Industria Minera, Geología y Distribución de Yacimientos Minerales, Fases de la Minería, Desarrollo Económico y Social en torno a la Minería, Marco Legal de la Minería en el Ecuador y Minería Participativa de Solaris Resources – Proyecto Warintza.
Para aprovechar el curso gratuito se debe ingresar a la página de educación continua de la Universidad en https://cursos-ec.utpl.edu.ec/; buscar el curso "Comprensión de la minería", crear una cuenta si es que no se tiene y realizar el proceso de registro. A partir de este momento el usuario ya puede seguir el curso en el módulo que desee.
20 años de EITI
Febrero 5 del 2023.- En junio de este año se celebrarán los 20 años del EITI, la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas y también los diez años de la entrada en vigencia del Estandar EITI, un conjunto de buenas prácticas que pone a prueba a gobiernos y corporaciones, principalmente.
El EITI se fundó bajo la premisa de que los recursos naturales de los países pertenecen a su ciudadanía. Impulsada en un inicio por el gobierno británico, la idea fue evolucionando hasta concluir en el primer estándar de la organización, aprobado el 2013.
El “estándar EITI” resume las expectativas respecto de las empresas y los gobiernos que adhieren a la iniciativa. Para cumplirlo, entre otros puntos, la ciudadanía debe tener acceso a los textos de los contratos vigentes y a la identidad real de los beneficiarios, es decir, de los propietarios de las empresas mineras y petroleras.
Aceptado por más de medio centenar de países, en teoría, el estándar es impulsado a nivel local por instancias que reúnen a los gobiernos, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil interesadas en seguir de cerca lo que ocurre con la explotación de los recursos naturales.
Tras reconocer la naturaleza cambiante del escenario del sector extractivo, en el año 2020 el Consejo internacional del EITI estableció seis cambios estratégicos que estarán en el centro del debate de la próxima Conferencia Global del EITI, la misma que tendrá lugar en Dakar en junio de 2023.
Las áreas clave son contribuir a la transición energética, abordar los riesgos de corrupción, fortalecer la movilización de ingresos nacionales, fundamentar la toma de decisiones relativas a inversiones, publicar datos abiertos y medir los impactos.
En esa línea se han movido los actores del sector con distintas velocidades. Esta semana, por ejemplo, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó la norma que solicita que el Gobierno implemente el Estándar EITI.
En Ecuador la iniciativa EITI viene avanzando con los titubeos propios de una institución que recién empieza. El 2022 debió haber presentado su primer informe pero estuvo sin secretario técnico desde el tercer trimestre de ese año hasta hace un par de semanas en que nombró para ese cargo a un funcionario del Ministerio de Energía y Minas que, en algún momento, seguramente dará a conocer qué es lo que hará para promover la transparencia en el sector.
El EITI se fundó bajo la premisa de que los recursos naturales de los países pertenecen a su ciudadanía. Impulsada en un inicio por el gobierno británico, la idea fue evolucionando hasta concluir en el primer estándar de la organización, aprobado el 2013.
El “estándar EITI” resume las expectativas respecto de las empresas y los gobiernos que adhieren a la iniciativa. Para cumplirlo, entre otros puntos, la ciudadanía debe tener acceso a los textos de los contratos vigentes y a la identidad real de los beneficiarios, es decir, de los propietarios de las empresas mineras y petroleras.
Aceptado por más de medio centenar de países, en teoría, el estándar es impulsado a nivel local por instancias que reúnen a los gobiernos, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil interesadas en seguir de cerca lo que ocurre con la explotación de los recursos naturales.
Tras reconocer la naturaleza cambiante del escenario del sector extractivo, en el año 2020 el Consejo internacional del EITI estableció seis cambios estratégicos que estarán en el centro del debate de la próxima Conferencia Global del EITI, la misma que tendrá lugar en Dakar en junio de 2023.
Las áreas clave son contribuir a la transición energética, abordar los riesgos de corrupción, fortalecer la movilización de ingresos nacionales, fundamentar la toma de decisiones relativas a inversiones, publicar datos abiertos y medir los impactos.
En esa línea se han movido los actores del sector con distintas velocidades. Esta semana, por ejemplo, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó la norma que solicita que el Gobierno implemente el Estándar EITI.
En Ecuador la iniciativa EITI viene avanzando con los titubeos propios de una institución que recién empieza. El 2022 debió haber presentado su primer informe pero estuvo sin secretario técnico desde el tercer trimestre de ese año hasta hace un par de semanas en que nombró para ese cargo a un funcionario del Ministerio de Energía y Minas que, en algún momento, seguramente dará a conocer qué es lo que hará para promover la transparencia en el sector.
WIM Ecuador: Tres años buscando la igualdad de género
Febrero 5 del 2023.- El capítulo ecuatoriano de la organización Women in Mining -WIM- celebrará esta semana su tercer aniversario y lo hará con una reunión de trabajo en la que se evaluará lo realizado y se intercambiarán ideas para nuevas actividades.
WIM Ecuador es liderado por la doctora María Isabel Aillón y desde su primer día ha tratado de involucrar a todas las mujeres que se desempeñan en la industria minera. Para ellas, señala en sus documentos, se busca promover e incentivar la formación integral, intercambiar experiencias e inspirarlas para aumentar su participación y desarrollo profesional en el sector.
La organización comparte valores con instituciones similares de otras partes del mundo. Una de las ideas fuerza es incorporar el enfoque de género en el diseño de las políticas públicas que rigen a la minería ecuatoriana.
Las integrantes de WIM han participado en diferentes actividades proponiendo se tomen en cuenta valores que consideren la igualdad, la transparencia y el reconocimiento a la trayectoria de quienes han cumplido mucho tiempo trabajando el sector.
Han tratado además de facilitar el relacionamiento de otras mujeres con sus pares de otras empresas e instituciones, buscando terminar con el trato discriminatorio que aún persiste en las empresas.
El tema educativo ha sido un foco de interés y con el apoyo de algunas operadoras, ha llevado adelante la entrega de becas para las estudiantes de carreras vinculadas a las ciencias de la tierra.
En los últimos tres años, WIM Ecuador ha puesto en el centro de su trabajo la búsqueda de la igualdad de género, el empoderamiento, el aumento del liderazgo femenino y la creación de oportunidades para las mujeres mineras.
WIM Ecuador es liderado por la doctora María Isabel Aillón y desde su primer día ha tratado de involucrar a todas las mujeres que se desempeñan en la industria minera. Para ellas, señala en sus documentos, se busca promover e incentivar la formación integral, intercambiar experiencias e inspirarlas para aumentar su participación y desarrollo profesional en el sector.
La organización comparte valores con instituciones similares de otras partes del mundo. Una de las ideas fuerza es incorporar el enfoque de género en el diseño de las políticas públicas que rigen a la minería ecuatoriana.
Las integrantes de WIM han participado en diferentes actividades proponiendo se tomen en cuenta valores que consideren la igualdad, la transparencia y el reconocimiento a la trayectoria de quienes han cumplido mucho tiempo trabajando el sector.
Han tratado además de facilitar el relacionamiento de otras mujeres con sus pares de otras empresas e instituciones, buscando terminar con el trato discriminatorio que aún persiste en las empresas.
El tema educativo ha sido un foco de interés y con el apoyo de algunas operadoras, ha llevado adelante la entrega de becas para las estudiantes de carreras vinculadas a las ciencias de la tierra.
En los últimos tres años, WIM Ecuador ha puesto en el centro de su trabajo la búsqueda de la igualdad de género, el empoderamiento, el aumento del liderazgo femenino y la creación de oportunidades para las mujeres mineras.
Perú: nuevo presidente en gremio minero energético
Febrero 5 del 2023.- El presidente y gerente general de compañía minera Antamina, Víctor Gobitz Colchado fue nombrado presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) de Perú para el período 2023 – 2024.
El presidente electo de la SNMPE asume el cargo en circunstancias que Perú sufre una situación social y política crítica, frente a lo cual, para el Ingeniero Gobitz, ese país debe contar con líderes políticos que convoquen a la reflexión y al diálogo.
“Tenemos que trabajar juntos en la reconstrucción de la institucionalidad, la confianza y acelerar la inversión pública y privada a fin de cerrar las brechas sociales que arrastramos por décadas, buscando el bienestar de todos los peruanos”, subrayó.
“Perú tiene que aprovechar sus fortalezas, colocando en valor todos sus recursos naturales para tener mejores condiciones económicas que le permitan combatir la pobreza y alcanzar el pleno desarrollo regional”, indicó Gobitz.
Finalmente, expresó que la gestión gremial se focalizará en asegurar la sostenibilidad y competitividad del sector minero energético peruano, dado que hay muchos desafíos por delante; como viabilizar nuevos proyectos e inversiones en minería, revertir la crisis que enfrenta la industria hidrocarburífera y garantizar un marco regulatorio estable, predecible, promotor, ágil y expeditivo que aliente el crecimiento del sector eléctrico.
El consejo directivo de la SNMPE eligió además a los vicepresidentes del gremio y presidentes de los Comités Sectoriales: Domingo Drago Salcedo (sector Minero), Juan Miguel Cayo Mata (sector Eléctrico), María Julia Aybar Solís (sector Hidrocarburos) y Javier Castro Rendón (sector Proveedores).
El presidente electo de la SNMPE asume el cargo en circunstancias que Perú sufre una situación social y política crítica, frente a lo cual, para el Ingeniero Gobitz, ese país debe contar con líderes políticos que convoquen a la reflexión y al diálogo.
“Tenemos que trabajar juntos en la reconstrucción de la institucionalidad, la confianza y acelerar la inversión pública y privada a fin de cerrar las brechas sociales que arrastramos por décadas, buscando el bienestar de todos los peruanos”, subrayó.
“Perú tiene que aprovechar sus fortalezas, colocando en valor todos sus recursos naturales para tener mejores condiciones económicas que le permitan combatir la pobreza y alcanzar el pleno desarrollo regional”, indicó Gobitz.
Finalmente, expresó que la gestión gremial se focalizará en asegurar la sostenibilidad y competitividad del sector minero energético peruano, dado que hay muchos desafíos por delante; como viabilizar nuevos proyectos e inversiones en minería, revertir la crisis que enfrenta la industria hidrocarburífera y garantizar un marco regulatorio estable, predecible, promotor, ágil y expeditivo que aliente el crecimiento del sector eléctrico.
El consejo directivo de la SNMPE eligió además a los vicepresidentes del gremio y presidentes de los Comités Sectoriales: Domingo Drago Salcedo (sector Minero), Juan Miguel Cayo Mata (sector Eléctrico), María Julia Aybar Solís (sector Hidrocarburos) y Javier Castro Rendón (sector Proveedores).
Codelco nombra a una mujer
como gerente de Operaciones
Enero 29 de 2023.- En lo que constituirá un hecho histórico para la minería chilena el próximo 6 de marzo asumirá el cargo de gerente de Operaciones de la División Andina de Codelco la ingeniera Claudia Domínguez Sepúlveda, la primera mujer en tener esa responsabilidad.
Ella es ingeniera civil en Metalurgia Extractiva de la Universidad de Atacama, tiene 46 años y cuenta con un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. En la actualidad es gerenta de Operaciones en Antofagasta Minerals.
Cabe señalar que desde hace muchos años atrás la estatal chilena ha venido formulando una serie de declaraciones públicas en favor de la igualdad de género. También ha incorporado muchas mujeres en cargos directivos y ha elevado sus cifras en torno al número de mujeres trabajando en la empresa; pero es la primera vez que escoge a una mujer para que se haga cargo de una gerencia de operaciones.
Ella es ingeniera civil en Metalurgia Extractiva de la Universidad de Atacama, tiene 46 años y cuenta con un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. En la actualidad es gerenta de Operaciones en Antofagasta Minerals.
Cabe señalar que desde hace muchos años atrás la estatal chilena ha venido formulando una serie de declaraciones públicas en favor de la igualdad de género. También ha incorporado muchas mujeres en cargos directivos y ha elevado sus cifras en torno al número de mujeres trabajando en la empresa; pero es la primera vez que escoge a una mujer para que se haga cargo de una gerencia de operaciones.
Presentan estudio sobre ´Nichos sociotecnológicos críticos
para una minería sostenible´ en la región Andina
Enero 29 de 2023.- Frente al alza en la demanda de minerales críticos, como el cobre y el litio, esenciales para lograr la transición energética y la electromovilidad, el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO) de Chile y el proyecto de la Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en los Países Andinos (MinSus), presentaron los resultados del estudio “Cinco Nichos Socio-Tecnológicos Críticos para una Minería Sostenible en la Región Andina”, que busca ser una piedra angular para el desarrollo de una minería 4.0 baja en emisiones en la región Andina, de cara al desafío del combate al cambio climático.
Los “nichos” analizados son los de “Infraestructura hídrica compartida en Chile y Perú”, investigado por el Centro Internacional de Excelencia SMI; “Soluciones basadas en la naturaleza” estudiado por WCS y la Corporación Capital Biodiversidad; “Electromovilidad para una minería sin emisiones” a cargo del Centro Mario Molina; “Economía circular en la minería” investigado por el Centro Tecnológico de Economía Circular; y “Clubes de carbono para compensar emisiones” estudiado por EnergyLab.
El director de CESCO y encargado del estudio, Osvaldo Urzúa, destacó el trabajo conjunto realizado por los distintos expertos y expertas, quienes identificaron estos espacios donde hay un potencial de crecimiento para una minería 4.0, baja en emisiones, generando nuevos encadenamientos productivos y dejarán un impacto positivo en las economías locales, generando incentivos para inversiones sostenibles.
Desde MinSus, el asesor principal de GIZ, Nicolas Maennling, valoró los resultados del informe. “Este trabajo con insumos de 70 expertos de diferentes sectores demuestra las oportunidades que el sector minero tiene en la región para contribuir a superar algunos de los retos más importantes de los próximos años, como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y los modelos económicos lineales. Destaca la importancia de un enfoque holístico de futuras prácticas mineras, y al mismo tiempo entra en detalle con ejemplos y oportunidades dentro de cada nicho,” afirmó.
Además, y como una forma de entregar esta información de una manera más didáctica, CESCO y MinSus realizarán un ciclo de charlas con los autores para profundizar en cada uno de estos nichos. Mientras tanto, el estudio puede ser descargado de: https://minsus.net/mineria-sustentable/wp-content/uploads/2023/01/cinco-nichos-socio-tecnologicos-criticos-para-una-mineria-sostenible.pdf
Los “nichos” analizados son los de “Infraestructura hídrica compartida en Chile y Perú”, investigado por el Centro Internacional de Excelencia SMI; “Soluciones basadas en la naturaleza” estudiado por WCS y la Corporación Capital Biodiversidad; “Electromovilidad para una minería sin emisiones” a cargo del Centro Mario Molina; “Economía circular en la minería” investigado por el Centro Tecnológico de Economía Circular; y “Clubes de carbono para compensar emisiones” estudiado por EnergyLab.
El director de CESCO y encargado del estudio, Osvaldo Urzúa, destacó el trabajo conjunto realizado por los distintos expertos y expertas, quienes identificaron estos espacios donde hay un potencial de crecimiento para una minería 4.0, baja en emisiones, generando nuevos encadenamientos productivos y dejarán un impacto positivo en las economías locales, generando incentivos para inversiones sostenibles.
Desde MinSus, el asesor principal de GIZ, Nicolas Maennling, valoró los resultados del informe. “Este trabajo con insumos de 70 expertos de diferentes sectores demuestra las oportunidades que el sector minero tiene en la región para contribuir a superar algunos de los retos más importantes de los próximos años, como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y los modelos económicos lineales. Destaca la importancia de un enfoque holístico de futuras prácticas mineras, y al mismo tiempo entra en detalle con ejemplos y oportunidades dentro de cada nicho,” afirmó.
Además, y como una forma de entregar esta información de una manera más didáctica, CESCO y MinSus realizarán un ciclo de charlas con los autores para profundizar en cada uno de estos nichos. Mientras tanto, el estudio puede ser descargado de: https://minsus.net/mineria-sustentable/wp-content/uploads/2023/01/cinco-nichos-socio-tecnologicos-criticos-para-una-mineria-sostenible.pdf
Nace Instituto Global para la Gestión de Relaves
Enero 29 de 2023.- Casi cuatro años después del desastre de la presa Brumadinho Tailings que causó la muerte de 270 personas en Brasil, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Junta de Pensiones de la Iglesia de Inglaterra (en representación de la iniciativa PRI, coorganizadora del proceso con el PNUMA) anunciaron la creación del Instituto Global para la Gestión de Relaves (GTMI, por sus siglas en inglés) destinado a impulsar de manera independiente los estándares de seguridad de la industria minera.
El anuncio se realizó en una cumbre de inversionistas sobre minería que fue organizada por la Bolsa de Valores de Londres y convocada por la Junta de Pensiones de la Iglesia de Inglaterra en colaboración con el PNUMA. Durante el anuncio, se presentaron los resultados del trabajo de un Grupo Consultivo Internacional de múltiples partes interesadas y las conclusiones de las amplias discusiones con las partes interesadas en el sector minero.
El Instituto será fundamental para la auditoría independiente requerida de las empresas para garantizar que cumplan con el Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera (GISTM, por sus siglas en inglés).
La función principal del Instituto es supervisar la implementación y el cumplimiento del Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera (GISTM). Para lograrlo, la prioridad principal del Instituto será “Gestionar un marco de aseguramiento donde las instalaciones de relaves serán auditadas y certificadas conforme al Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera por evaluadores externos calificados e independientes”.
Una Junta de nueve personas de múltiples partes interesadas dirigirá el Instituto con el apoyo de un Comité Técnico. Se buscará un presidente y un vicepresidente independientes a través de una convocatoria pública de candidaturas; uno de estos dos cargos será de la industria minera.
El Instituto operará bajo un régimen de comisión de servicios en función de la cantidad de instalaciones de relaves bajo la responsabilidad de cada empresa y que estén registradas en el Instituto.
Resumen del boletín publicado por la oficina de Noticias y Medios de Comunicación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
El anuncio se realizó en una cumbre de inversionistas sobre minería que fue organizada por la Bolsa de Valores de Londres y convocada por la Junta de Pensiones de la Iglesia de Inglaterra en colaboración con el PNUMA. Durante el anuncio, se presentaron los resultados del trabajo de un Grupo Consultivo Internacional de múltiples partes interesadas y las conclusiones de las amplias discusiones con las partes interesadas en el sector minero.
El Instituto será fundamental para la auditoría independiente requerida de las empresas para garantizar que cumplan con el Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera (GISTM, por sus siglas en inglés).
La función principal del Instituto es supervisar la implementación y el cumplimiento del Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera (GISTM). Para lograrlo, la prioridad principal del Instituto será “Gestionar un marco de aseguramiento donde las instalaciones de relaves serán auditadas y certificadas conforme al Estándar Global de Gestión de Relaves para la Industria Minera por evaluadores externos calificados e independientes”.
Una Junta de nueve personas de múltiples partes interesadas dirigirá el Instituto con el apoyo de un Comité Técnico. Se buscará un presidente y un vicepresidente independientes a través de una convocatoria pública de candidaturas; uno de estos dos cargos será de la industria minera.
El Instituto operará bajo un régimen de comisión de servicios en función de la cantidad de instalaciones de relaves bajo la responsabilidad de cada empresa y que estén registradas en el Instituto.
Resumen del boletín publicado por la oficina de Noticias y Medios de Comunicación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Protestas en Perú cortan suministro de cobre
Enero 22 de 2023.- “Las protestas en Perú amenazan con cortar el acceso a casi US$4.000 millones en cobre justo cuando la apertura de China tras los bloqueos por Covid promete impulsar la demanda”, se afirma en el informativo semanal del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
Citando a la empresa Bloomberg, el vocero del IIMP señala que la tercera mina de cobre más grande de Perú, Las Bambas, no ha despachado concentrado de cobre desde el 3 de enero debido a preocupaciones de seguridad. Antapaccay, de Glencore Plc, también enfrenta restricciones.
“Las minas, que comparten la misma carretera de acceso a los puertos, en conjunto representan casi el 2% de la producción mundial de cobre”, se afirma.
Como se sabe, una serie de manifestaciones se vienen registrando en el país del sur desde que se detuvo al expresidente Pedro Castillo, provocando una serie de interrupciones en las cadenas de suministro de los productos básicos, desde los metales hasta el café orgánico.
Esta interrupción sucede en un momento crítico para los mercados mundiales del cobre.
El boletín del IIMP dice que “los inventarios se mantienen en niveles históricamente bajos, mientras que las mineras advierten que la demanda del metal más crucial del mundo estaría por dispararse con la creciente electrificación de los vehículos”.
“Los precios de los metales básicos han estado al alza desde el Año Nuevo después de que China, uno de los principales consumidores, diera fin —de manera abrupta— a los controles por covid-19. Goldman Sachs Group Inc. prevé déficits continuos y pronostica un precio récord de US$11.000 la tonelada dentro de 12 meses”.
Y concluye señalando que “Las Bambas, cuyo operador MMG Ltd. es controlado por la estatal China Minmetals Corp., ha sido objeto de múltiples manifestaciones desde que abrió en 2016, ya que grupos indígenas buscan una mayor compensación por las tierras y los caminos utilizados por las empresas mineras”.
Citando a la empresa Bloomberg, el vocero del IIMP señala que la tercera mina de cobre más grande de Perú, Las Bambas, no ha despachado concentrado de cobre desde el 3 de enero debido a preocupaciones de seguridad. Antapaccay, de Glencore Plc, también enfrenta restricciones.
“Las minas, que comparten la misma carretera de acceso a los puertos, en conjunto representan casi el 2% de la producción mundial de cobre”, se afirma.
Como se sabe, una serie de manifestaciones se vienen registrando en el país del sur desde que se detuvo al expresidente Pedro Castillo, provocando una serie de interrupciones en las cadenas de suministro de los productos básicos, desde los metales hasta el café orgánico.
Esta interrupción sucede en un momento crítico para los mercados mundiales del cobre.
El boletín del IIMP dice que “los inventarios se mantienen en niveles históricamente bajos, mientras que las mineras advierten que la demanda del metal más crucial del mundo estaría por dispararse con la creciente electrificación de los vehículos”.
“Los precios de los metales básicos han estado al alza desde el Año Nuevo después de que China, uno de los principales consumidores, diera fin —de manera abrupta— a los controles por covid-19. Goldman Sachs Group Inc. prevé déficits continuos y pronostica un precio récord de US$11.000 la tonelada dentro de 12 meses”.
Y concluye señalando que “Las Bambas, cuyo operador MMG Ltd. es controlado por la estatal China Minmetals Corp., ha sido objeto de múltiples manifestaciones desde que abrió en 2016, ya que grupos indígenas buscan una mayor compensación por las tierras y los caminos utilizados por las empresas mineras”.
Minería chilena proyecta consumo de 21,4 m3/segundo
Enero 22 de 2023.-La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) lanzó hace unos días el informe «Proyección de demanda de agua en la minería del cobre 2022-2033», según el cual la proyección de demanda de agua en la industria minera del cobre para 2033, a nivel nacional, sea de 21,4 metros cúbicos por segundo, con una tasa de crecimiento promedio anual de 2%.
La proyección de demanda de agua de origen continental esperada a 2033 alcanza los 6,15 metros cúbicos por segundo, lo que representa una disminución de un 45% respecto al consumo real de agua continental de 2021 en la minería del cobre.
Por su parte, se espera que la demanda de agua de mar alcance los 15,28 metros cúbicos por segundo, lo que significa un aumento cercano al 167% en relación a 2021.
Al analizar los datos según la distribución porcentual del agua para la minería del cobre, se espera que a 2023 el agua de mar representa el 71% del abastecimiento de agua para suplir la demanda por parte de la minería del cobre.
En el informe se destaca que esta proyección es reflejo, en parte, del cambio de la matriz de producción, que se vuelca a los minerales de sulfuros, que a su vez deben ser procesados a través de flotación, proceso mucho más intensivo en el uso de agua.
Además, se menciona que, a nivel regional, el cambio más significativo respecto a la proyección del año anterior es la entrada en el escenario futuro de proyectos de desalación para las regiones de Valparaíso y Metropolitana, disminuyendo así la presión en los recursos continentales.
La proyección de demanda de agua de origen continental esperada a 2033 alcanza los 6,15 metros cúbicos por segundo, lo que representa una disminución de un 45% respecto al consumo real de agua continental de 2021 en la minería del cobre.
Por su parte, se espera que la demanda de agua de mar alcance los 15,28 metros cúbicos por segundo, lo que significa un aumento cercano al 167% en relación a 2021.
Al analizar los datos según la distribución porcentual del agua para la minería del cobre, se espera que a 2023 el agua de mar representa el 71% del abastecimiento de agua para suplir la demanda por parte de la minería del cobre.
En el informe se destaca que esta proyección es reflejo, en parte, del cambio de la matriz de producción, que se vuelca a los minerales de sulfuros, que a su vez deben ser procesados a través de flotación, proceso mucho más intensivo en el uso de agua.
Además, se menciona que, a nivel regional, el cambio más significativo respecto a la proyección del año anterior es la entrada en el escenario futuro de proyectos de desalación para las regiones de Valparaíso y Metropolitana, disminuyendo así la presión en los recursos continentales.
Elecciones en el Cigmipa
Diciembre 18 de 2022.- El tribunal electoral del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos, Ambiental y Especialidades Afines de la Región Norte, Cigmipa, ha convocado a elecciones general del directorio y tribunal de honor para el periodo 2023 – 2025.
Las elecciones se llevarán a cabo el próximo 21 de diciembre en el local del Colegio, Orellana y la 9 de octubre; desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde.
Las autoridades informan que el voto por delegación, establecido en el reglamento de la institución, se realizará mediante una autorización escrita y debidamente notariada.
En el Cigmipa se encuentran registrados 1947 socios y ellos tuvieron un plazo que venció el pasado siete de diciembre para presentar las ternas de candidatos. Al respecto, tanto el Estatuto como el Reglamento Electoral de la institución se encuentran disponibles en: www.cigmipa.net.
Al cierre de esta edición, sólo una lista se ha inscrito.
Las elecciones se llevarán a cabo el próximo 21 de diciembre en el local del Colegio, Orellana y la 9 de octubre; desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde.
Las autoridades informan que el voto por delegación, establecido en el reglamento de la institución, se realizará mediante una autorización escrita y debidamente notariada.
En el Cigmipa se encuentran registrados 1947 socios y ellos tuvieron un plazo que venció el pasado siete de diciembre para presentar las ternas de candidatos. Al respecto, tanto el Estatuto como el Reglamento Electoral de la institución se encuentran disponibles en: www.cigmipa.net.
Al cierre de esta edición, sólo una lista se ha inscrito.
Colectivo ´Quito sin minería´ defiende sus firmas
Diciembre 11 del 2022.- El colectivo de organizaciones ambientalistas “Quito sin minería” inició una campaña para defender a muchos ciudadanos que han firmado en favor de una consulta popular sobre la minería metálica en el cantón.
Los defienden porque sus firmas han sido rechazadas por el Consejo Nacional Electoral, CNE. Y denuncian que dicho organismo adolece de problemas grafotécnicos que le impiden reconocer la veracidad de rúbricas contenidas en los planillones.
Los ambientalistas piden que el CNE reconozca que estando de pie y en la calle, una persona podría hacer una firma que no sea idéntica a la que inscribió en los padrones electorales.
Rechazan que se les desconozca el 61% de las firmas que presentaron. En efecto, “Quito sin minería” entregó al CNE más de 450 mil firmas y sólo le han reconocido 175 mil. Por esa razón denuncian supuestas irregularidades en el proceso de validación mientras esperan que se les haga llegar el acta oficial con el número de firmas verificadas.
Para Natalia Grene, de “Quito sin minería”, sólo hay dos razones para que el CNE rechace una firma: Porque su titular no vota en Quito o porque aparece dos veces.
“Todas las firmas debieron ser aceptadas si es que se quiere cumplir con la voluntad ciudadana” de quienes plasmaron la rúbrica, sostuvo.
Los defienden porque sus firmas han sido rechazadas por el Consejo Nacional Electoral, CNE. Y denuncian que dicho organismo adolece de problemas grafotécnicos que le impiden reconocer la veracidad de rúbricas contenidas en los planillones.
Los ambientalistas piden que el CNE reconozca que estando de pie y en la calle, una persona podría hacer una firma que no sea idéntica a la que inscribió en los padrones electorales.
Rechazan que se les desconozca el 61% de las firmas que presentaron. En efecto, “Quito sin minería” entregó al CNE más de 450 mil firmas y sólo le han reconocido 175 mil. Por esa razón denuncian supuestas irregularidades en el proceso de validación mientras esperan que se les haga llegar el acta oficial con el número de firmas verificadas.
Para Natalia Grene, de “Quito sin minería”, sólo hay dos razones para que el CNE rechace una firma: Porque su titular no vota en Quito o porque aparece dos veces.
“Todas las firmas debieron ser aceptadas si es que se quiere cumplir con la voluntad ciudadana” de quienes plasmaron la rúbrica, sostuvo.
Minera podría ser multada por atentar
contra la vida de la ranita del Loa
Diciembre 11 del 2022.- La empresa chilena Sociedad Contractual Minera Centinela, titular del proyecto “Minera Centinela”, podría ser multada hasta con aproximadamente US$ 8 mil millones por haber puesto en riesgo el hábitat de la ranita del Loa, una especie en peligro crítico de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Minera Centinela es parte de Antofagasta Minerals, el grupo minero privado más importante de Chile. Es considerado el séptimo productor de cobre del país y el décimo quinto a nivel mundial. Opera cuatro tajos a cielo abierto, donde se explotan óxidos y sulfuros de cobre, además de oro y plata. Posee reservas del metal rojo estimadas en 2.108 millones de toneladas, con una ley del 0,44%. Mientras que sus reservas de oro son de aproximadamente 0,15 gramos por tonelada de cobre.
La sanción ha sido advertida por la Superintendencia del Medio Ambiente, SMA; y la empresa Minera Centinela tiene un plazo de 10 días para presentar un programa de cumplimiento y 15 días para hacer los descargos frente a lo que se le imputa.
La minera ha declarado “extrañeza ante los cargos formulados”, pues afirma que “más del 92% del agua que utiliza para operar es agua de mar sin desalar. El porcentaje restante corresponde a aguas continentales subterráneas que se extraen del acuífero de Calama, para lo cual cuenta con todos los derechos y permisos ambientales correspondientes”.
Dice también que el hábitat de la ranita del Loa no ha sido afectado ya que ésta vive a más de 4 kilómetros de su operación.
Por su parte, la SMA sostiene que la minera no informó a la autoridad ni adoptó las acciones necesarias para controlar y mitigar los impactos ambientales no previstos asociados a la disminución de ejemplares de la ranita del Loa.
Este hecho ya ha sido clasificado como gravísimo por haberse generado un daño ambiental a la ranita que estuvo a punto de desaparecer.
Minera Centinela es parte de Antofagasta Minerals, el grupo minero privado más importante de Chile. Es considerado el séptimo productor de cobre del país y el décimo quinto a nivel mundial. Opera cuatro tajos a cielo abierto, donde se explotan óxidos y sulfuros de cobre, además de oro y plata. Posee reservas del metal rojo estimadas en 2.108 millones de toneladas, con una ley del 0,44%. Mientras que sus reservas de oro son de aproximadamente 0,15 gramos por tonelada de cobre.
La sanción ha sido advertida por la Superintendencia del Medio Ambiente, SMA; y la empresa Minera Centinela tiene un plazo de 10 días para presentar un programa de cumplimiento y 15 días para hacer los descargos frente a lo que se le imputa.
La minera ha declarado “extrañeza ante los cargos formulados”, pues afirma que “más del 92% del agua que utiliza para operar es agua de mar sin desalar. El porcentaje restante corresponde a aguas continentales subterráneas que se extraen del acuífero de Calama, para lo cual cuenta con todos los derechos y permisos ambientales correspondientes”.
Dice también que el hábitat de la ranita del Loa no ha sido afectado ya que ésta vive a más de 4 kilómetros de su operación.
Por su parte, la SMA sostiene que la minera no informó a la autoridad ni adoptó las acciones necesarias para controlar y mitigar los impactos ambientales no previstos asociados a la disminución de ejemplares de la ranita del Loa.
Este hecho ya ha sido clasificado como gravísimo por haberse generado un daño ambiental a la ranita que estuvo a punto de desaparecer.
Anulan 200 mil firmas a Quito sin Minería
Noviembre 27 de 2022.- El colectivo Quito Sin Minería, que hace unas semanas presentó más de 400 mil firmas para que se convoque a un referéndum sobre la minería metálica en el Distrito Metropolitano de Quito, informó que el Consejo Nacional Electoral le había anulado 200 mil firmas, lo que ponía en riesgo la consecución de su pedido.
“Necesitamos defender las firmas para la Consulta Popular por un Quito Sin Minería”, señalan los organizadores.
En un comunicado corto recuerdan que en la campaña se recolectó casi medio millón de firmas, aún cuando sólo necesitaban presentar a las autoridades doscientas mil rúbricas.
“El CNE anuló más de 200000 firmas, poniendo en riesgo la consulta. Por ello, requerimos de todas y todos para identificar si su firma fue anulada”, afirman.
Contemplan también la posibilidad de que la firma de los jóvenes que tienen entre 16 y 18 años haya sido eliminada por no constar en el padrón electoral.
Sostienen que una vez verificado cada uno de los casos, el colectivo contactará con cada uno de los involucrados para evaluar las acciones que podrían tomar.
La idea de prohibir la minería metálica en la capital por la vía de una consulta popular tomó en cuenta la disposición según la cual, el pedido debe ser solicitado por el cinco por ciento de electores inscritos en el padrón electoral, es decir, por aproximadamente 197 mil personas.
Para superar esa cifra mínima requerida presentaron más de 400 mil firmas que están siendo verificadas por los funcionarios del CNE.
Según se explicó, si el colectivo Quito Sin Minería logra acreditar las aproximadamente 200 mil firmas, la consulta podría hacerse en la misma fecha en que se realicen las elecciones seccionales del 2023.
En ese momento se preguntaría a los votantes si están de acuerdo con prohibir la minería metálica artesanal y a gran, mediana, pequeña escala en las parroquias rurales que conforman la Mancomunidad del Chocó de Quito.
Se trata de Nono, Pacto, Gualea, Nanegal, Nanegalito y Calacalí, parroquias en las que hay, según el colectivo Quito sin Minería, doce concesiones.
“Necesitamos defender las firmas para la Consulta Popular por un Quito Sin Minería”, señalan los organizadores.
En un comunicado corto recuerdan que en la campaña se recolectó casi medio millón de firmas, aún cuando sólo necesitaban presentar a las autoridades doscientas mil rúbricas.
“El CNE anuló más de 200000 firmas, poniendo en riesgo la consulta. Por ello, requerimos de todas y todos para identificar si su firma fue anulada”, afirman.
Contemplan también la posibilidad de que la firma de los jóvenes que tienen entre 16 y 18 años haya sido eliminada por no constar en el padrón electoral.
Sostienen que una vez verificado cada uno de los casos, el colectivo contactará con cada uno de los involucrados para evaluar las acciones que podrían tomar.
La idea de prohibir la minería metálica en la capital por la vía de una consulta popular tomó en cuenta la disposición según la cual, el pedido debe ser solicitado por el cinco por ciento de electores inscritos en el padrón electoral, es decir, por aproximadamente 197 mil personas.
Para superar esa cifra mínima requerida presentaron más de 400 mil firmas que están siendo verificadas por los funcionarios del CNE.
Según se explicó, si el colectivo Quito Sin Minería logra acreditar las aproximadamente 200 mil firmas, la consulta podría hacerse en la misma fecha en que se realicen las elecciones seccionales del 2023.
En ese momento se preguntaría a los votantes si están de acuerdo con prohibir la minería metálica artesanal y a gran, mediana, pequeña escala en las parroquias rurales que conforman la Mancomunidad del Chocó de Quito.
Se trata de Nono, Pacto, Gualea, Nanegal, Nanegalito y Calacalí, parroquias en las que hay, según el colectivo Quito sin Minería, doce concesiones.
Asamblea en Las Naves pide se cumplan
compromisos del Acta de Paz
Noviembre 27 de 2022.- Una “Asamblea Plurinacional de Pueblos en Resistencia” realizada en la parroquia Las Naves, en la provincia de Bolívar, acordó exigir al gobierno el cumplimiento de los compromisos firmados con la dirigencia indígena, en particular, el respeto al acuerdo de no hacer minería “en territorios indígenas, en áreas protegidas, en áreas intangibles, en áreas arqueológicas y en las de importancia hídrica”.
También acordaron declararse en asamblea permanente para cerrar el paso a las actividades de exploración que se vienen realizando en algunas partes del país.
El reconocimiento al rol de la agricultura como eje de la soberanía alimentaria y la defensa de la megadiversidad del Ecuador como fuente proveedora de alimentos para el campo y la ciudad, fue otro de los temas planteados por representantes de los territorios en los cuales se vienen llevando a cabo labores mineras.
Ellos llegaron a Las Naves convocados por el Frente Nacional Antiminero. Estuvieron el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Iza; y algunos otros dirigentes de organizaciones que se oponen a las actividades mineras.
En sus intervenciones, expresaron su deseo de defender el agua y la producción agrícola que hay en sus territorios. Dijeron que por sus posiciones se encontraban “criminalizados” y se plantearon como tarea proponer actividades agroindustriales que sean alternativas al modelo de desarrollo implícito en la minería.
Algunos de los oradores se refirieron también a la fragmentación social y el enfrentamiento que, según ellos, es provocado al interior de las comunidades por la aparición de las empresas mineras.
El rechazo a los trabajos mineros que se realizan sin autorizaciones legales ni permisos ambientales fue otro de los puntos comunes durante las intervenciones. Este punto llegó de la mano con las demandas para que no se vuelva a abrir el catastro minero ni se entreguen concesiones hasta que no se cuente con los reglamentos para la consulta previa, libre e informada.
La asamblea concluyó con consignas en contra de las empresas Curimining, Iam Gold y Kinross…
También acordaron declararse en asamblea permanente para cerrar el paso a las actividades de exploración que se vienen realizando en algunas partes del país.
El reconocimiento al rol de la agricultura como eje de la soberanía alimentaria y la defensa de la megadiversidad del Ecuador como fuente proveedora de alimentos para el campo y la ciudad, fue otro de los temas planteados por representantes de los territorios en los cuales se vienen llevando a cabo labores mineras.
Ellos llegaron a Las Naves convocados por el Frente Nacional Antiminero. Estuvieron el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Iza; y algunos otros dirigentes de organizaciones que se oponen a las actividades mineras.
En sus intervenciones, expresaron su deseo de defender el agua y la producción agrícola que hay en sus territorios. Dijeron que por sus posiciones se encontraban “criminalizados” y se plantearon como tarea proponer actividades agroindustriales que sean alternativas al modelo de desarrollo implícito en la minería.
Algunos de los oradores se refirieron también a la fragmentación social y el enfrentamiento que, según ellos, es provocado al interior de las comunidades por la aparición de las empresas mineras.
El rechazo a los trabajos mineros que se realizan sin autorizaciones legales ni permisos ambientales fue otro de los puntos comunes durante las intervenciones. Este punto llegó de la mano con las demandas para que no se vuelva a abrir el catastro minero ni se entreguen concesiones hasta que no se cuente con los reglamentos para la consulta previa, libre e informada.
La asamblea concluyó con consignas en contra de las empresas Curimining, Iam Gold y Kinross…
Embajador de China visitó Mina Mirador
Noviembre 27 de 2022.- Con el propósito de conocer el estado de las operaciones en la mina Mirador, la más grande productora de cobre del Ecuador, el embajador de la República Popular China en Ecuador, Chen Guoyou, visitó dichas instalaciones y sostuvo sendas reuniones con el personal que trabaja allí.
Mirador es operado por EcuaCorriente S.A. (ECSA), subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tongguan, constituido por las estatales chinas Tongling Non Ferrous Metals y China Railways Construction Corporation.
Según información de la empresa, EcuaCorriente posee los proyectos Mirador y Panantza San Carlos. En 2015 la empresa comenzó la construcción de Mirador que en julio de 2019 se convirtió en la primera mina a cielo abierto de gran envergadura en el país.
En Panantza San Carlos, sin embargo, las cosas han sido diferentes. Hace unas semanas la Corte Constitucional sentenció que allí existió una vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada establecido en el artículo 57, numeral 7 de la Constitución, por lo que retiró la licencia ambiental del proyecto.
Panantza San Carlos es operado por la empresa minera china Explorcobres S.A., EXSA, hermana de ECSA. En su momento fue considerado uno de los cinco “proyectos estratégicos” y ahora, junto con Loma Larga y Río Blanco, forma el grupo de proyectos paralizados por disposición de las autoridades.
Voceros de la empresa han advertido que sus planes de inversión podrían suspenderse debido a que sienten que no cuentan con respaldo jurídico. Ellos obtuvieron el año 2011 el permiso ambiental para la exploración avanzada. Cuatro años después los pobladores de la zona interpusieron una acción de protección en contra del Ministerio de Ambiente y de la Procuraduría General del Estado.
En un primer momento, el juez de primera instancia y la Corte Provincial de Justicia de Pichincha negaron la demanda, frente a lo cual los líderes shuar acudieron a la Corte Constitucional que en septiembre de este año determinó que su derecho a la consulta previa libre e informada fue vulnerado.
Mirador es operado por EcuaCorriente S.A. (ECSA), subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tongguan, constituido por las estatales chinas Tongling Non Ferrous Metals y China Railways Construction Corporation.
Según información de la empresa, EcuaCorriente posee los proyectos Mirador y Panantza San Carlos. En 2015 la empresa comenzó la construcción de Mirador que en julio de 2019 se convirtió en la primera mina a cielo abierto de gran envergadura en el país.
En Panantza San Carlos, sin embargo, las cosas han sido diferentes. Hace unas semanas la Corte Constitucional sentenció que allí existió una vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada establecido en el artículo 57, numeral 7 de la Constitución, por lo que retiró la licencia ambiental del proyecto.
Panantza San Carlos es operado por la empresa minera china Explorcobres S.A., EXSA, hermana de ECSA. En su momento fue considerado uno de los cinco “proyectos estratégicos” y ahora, junto con Loma Larga y Río Blanco, forma el grupo de proyectos paralizados por disposición de las autoridades.
Voceros de la empresa han advertido que sus planes de inversión podrían suspenderse debido a que sienten que no cuentan con respaldo jurídico. Ellos obtuvieron el año 2011 el permiso ambiental para la exploración avanzada. Cuatro años después los pobladores de la zona interpusieron una acción de protección en contra del Ministerio de Ambiente y de la Procuraduría General del Estado.
En un primer momento, el juez de primera instancia y la Corte Provincial de Justicia de Pichincha negaron la demanda, frente a lo cual los líderes shuar acudieron a la Corte Constitucional que en septiembre de este año determinó que su derecho a la consulta previa libre e informada fue vulnerado.
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Carta de CEDE a la Presidencia
Noviembre 27 de 2022.- La Cámara de Energía del Ecuador, CEDE, una institución de reciente creación que aspira coadyuvar a la ejecución de los lineamientos de la política pública que apuntan al fomento de la inversión privada en el área energética, se dirigió al presidente de la República, Guillermo Lasso, para señalar que en el ámbito de hidrocarburos hay un listado de 13 proyectos emblemáticos que disponen de cronogramas que establecían la firma de los respectivos contratos entre octubre del presente año y enero del próximo; sin embargo, al proyectarse el término de 2022 todos se encuentran por un motivo u otro desfasados.
Nuestra recomendación es que dichos cronogramas sean actualizados con el compromiso de las autoridades gubernamentales de velar por su fiel cumplimiento. “La propia credibilidad del país está en juego ante grupos corporativos que han ratificado su interés de participar en los procesos públicos correspondientes, pero que se ven forzados a mantenerse en compás de espera por su falta de continuidad”, dice la carta firmada por el señor Hassan J. Becdach, presidente de CEDE.
Consideramos urgente definir los Términos de Referencia, TDRs, de: Repotenciación de la Refinería de Esmeraldas y nueva unidad de alta conversión; Gas Asociado, a fin de aprovechar el combustible que se quema en los mecheros; Bloque 6 Campo Amistad; Campo Sacha, incremento de la producción; Pozos Cerrados; 20 Campos petroleros, 5 clusters; Proyecto de Recuperación Mejorada EOR Bloque 43; y Variante Definitiva del SOTE/ Poliducto Shushufindi-Quito. Los demás son igualmente importantes y deberán contar con su propia línea de tiempo como, por ejemplo, Pungarayacu, un campo de crudos pesados descubierto hace 40 años.
También dicen sentirse preocupados “por los términos de la reciente negociación del Gobierno con los movimientos sociales, que supone eventuales trabas para avanzar en el incremento de la producción. En especial, lo relacionado al virtual veto a la concesión de bloques exploratorios en el sudoriente con enorme potencial para incorporarse a las reservas probadas sujetas a explotación”.
La carta sostiene que en los últimos 20 años no ha habido actividades de exploración de petróleo para compensar las ingentes reservas que se vienen consumiendo, de modo que es un aspecto crucial con miras a incrementar la producción.
Somos contrarios a la posición de estigmatizar el llamado extractivismo al que se oponen estos colectivos aferrados a una plataforma política que se ampara en el supuesto falso de la incompatibilidad de la explotación de recursos naturales no renovables con el cuidado del medio ambiente.
“El Ecuador no puede darse el lujo de ser pobre en la superficie y no en el subsuelo. La explotación responsable de la riqueza petrolera y minera debe responder a una política de Estado que se mantenga sin quedar sujeta a prejuicios ideológicos o a agendas de grupos de presión financiados por ONGs internacionales, conocidas por su fanatismo”, afirman, al tiempo que saludan la designación del Dr. Fernando Santos Alvite como nuevo ministro de Energía y Minas.
Nuestra recomendación es que dichos cronogramas sean actualizados con el compromiso de las autoridades gubernamentales de velar por su fiel cumplimiento. “La propia credibilidad del país está en juego ante grupos corporativos que han ratificado su interés de participar en los procesos públicos correspondientes, pero que se ven forzados a mantenerse en compás de espera por su falta de continuidad”, dice la carta firmada por el señor Hassan J. Becdach, presidente de CEDE.
Consideramos urgente definir los Términos de Referencia, TDRs, de: Repotenciación de la Refinería de Esmeraldas y nueva unidad de alta conversión; Gas Asociado, a fin de aprovechar el combustible que se quema en los mecheros; Bloque 6 Campo Amistad; Campo Sacha, incremento de la producción; Pozos Cerrados; 20 Campos petroleros, 5 clusters; Proyecto de Recuperación Mejorada EOR Bloque 43; y Variante Definitiva del SOTE/ Poliducto Shushufindi-Quito. Los demás son igualmente importantes y deberán contar con su propia línea de tiempo como, por ejemplo, Pungarayacu, un campo de crudos pesados descubierto hace 40 años.
También dicen sentirse preocupados “por los términos de la reciente negociación del Gobierno con los movimientos sociales, que supone eventuales trabas para avanzar en el incremento de la producción. En especial, lo relacionado al virtual veto a la concesión de bloques exploratorios en el sudoriente con enorme potencial para incorporarse a las reservas probadas sujetas a explotación”.
La carta sostiene que en los últimos 20 años no ha habido actividades de exploración de petróleo para compensar las ingentes reservas que se vienen consumiendo, de modo que es un aspecto crucial con miras a incrementar la producción.
Somos contrarios a la posición de estigmatizar el llamado extractivismo al que se oponen estos colectivos aferrados a una plataforma política que se ampara en el supuesto falso de la incompatibilidad de la explotación de recursos naturales no renovables con el cuidado del medio ambiente.
“El Ecuador no puede darse el lujo de ser pobre en la superficie y no en el subsuelo. La explotación responsable de la riqueza petrolera y minera debe responder a una política de Estado que se mantenga sin quedar sujeta a prejuicios ideológicos o a agendas de grupos de presión financiados por ONGs internacionales, conocidas por su fanatismo”, afirman, al tiempo que saludan la designación del Dr. Fernando Santos Alvite como nuevo ministro de Energía y Minas.
Secretario de Crirsco visitó Ecuador
Noviembre 27 de 2022.- El secretario del Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards, Crirsco, Wilfredo López, estuvo la semana pasada en nuestro país y sostuvo fructíferas reuniones con las autoridades del sector, conversó con docentes universitarios y tuvo tiempo además para ofrecer conferencias ante los alumnos de la Universidad Central del Ecuador.
Willfredo López es ingeniero de Minas y Metalurgia por la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene estudios en la Escuela de Minas de Colorado y más de 40 años de experiencia en el sector, habiendo trabajado para varias multinacionales en Estados Unidos y Suiza hasta que fue nombrado secretario de Crirsco.
Por su dominio del inglés ha recibido el encargo de uniformizar los términos del español que se emplean en los procedimientos para determinar los recursos y las reservas minerales, trabajo que está en proceso y cuando esté concluido será de gran utilidad para los profesionales del sector.
“Anteriormente trabajábamos en inglés y se tenían que hacer muchas correcciones y por ello se decidió cambiar la metodología y adaptar los términos y las normas al español”, señaló.
Respecto de la importancia de Crirsco sostuvo que la calificación de personas competentes, QP en la jerga minera, es una necesidad para la industria que de este modo adquiere niveles de confianza y seguridad que evitan las especulaciones que pueden presentarse en el negocio minero.
“Las ´Personas Competentes´ son como los médicos especialistas. Dado la complejidad del sector minero, para hacer proyectos confiables y sustentables es necesario tener personal muy calificado”, asevera.
“Tenemos un estándar universal que unifica criterios y establece un vocabulario único. El estándar nos dice qué se debe hacer y las organizaciones nacionales desarrollan buenas prácticas que son guías específicas para cada tipo de minerales”, acota, añadiendo que ya existen, por ejemplo, guías de buenas prácticas para el cobre, para el oro epitermal, para el oro aluvial y muchas otras “pues es muy importante que se indique cómo es que se deben hacer las cosas”.
López recuerda que en asuntos de recursos y reservas antes existía una variedad de categorías y calificaciones que provocaban incomprensiones entre los profesionales de diferentes países.
“Habían al menos 10 clasificaciones con unas denominaciones muy sui géneris, que no las entendía nadie y que al ser parte de los reportes que se presentaban a las bolsas de valores causaban una serie de problemas”, afirma.
“Cuando lo miraba el especialista de una compañía podía pasar que no entendía de qué tipo de reservas o recursos estábamos hablando… ahora que todo está estandarizado tenemos una clasificación que está muy bien especificada y hay un gráfico muy sencillo, que cualquiera que lo vea lo va a entender”, explica.
Respecto de cómo se encuentra la comisión que procura la constitución de Crirsco en Ecuador sostiene que “en unas dos o tres semanas Ecuador debe estar terminando el estándar ecuatoriano de los recursos de reservas minerales”.
En cuanto a los beneficios que ello traerá para los profesionales del sector, sostiene que una Persona Competente puede ganar hasta cuatro veces más de lo que gana un profesional que no tenga esa calificación.
Dicha certificación, explica López, no es una credencial que se otorga para toda la vida, sino que está a cargo de los capítulos nacionales supervisar y monitorear a la persona que lo ha obtenido para que constantemente esté actualizando sus conocimientos.
Y dado que la minería es una actividad que cada día más involucra a toda la sociedad, el ingeniero López considera que muy pronto se requerirá certificar la idoneidad de quienes desarrollan sus conocimientos en los asuntos mineros. En esa perspectiva, los abogados, tributaristas, economistas, sociólogos y quienes vienen de muchas otras carreras pronto podrán contar con reconocimientos de instituciones que dan fe de su especialización en el tema minero.
Willfredo López es ingeniero de Minas y Metalurgia por la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene estudios en la Escuela de Minas de Colorado y más de 40 años de experiencia en el sector, habiendo trabajado para varias multinacionales en Estados Unidos y Suiza hasta que fue nombrado secretario de Crirsco.
Por su dominio del inglés ha recibido el encargo de uniformizar los términos del español que se emplean en los procedimientos para determinar los recursos y las reservas minerales, trabajo que está en proceso y cuando esté concluido será de gran utilidad para los profesionales del sector.
“Anteriormente trabajábamos en inglés y se tenían que hacer muchas correcciones y por ello se decidió cambiar la metodología y adaptar los términos y las normas al español”, señaló.
Respecto de la importancia de Crirsco sostuvo que la calificación de personas competentes, QP en la jerga minera, es una necesidad para la industria que de este modo adquiere niveles de confianza y seguridad que evitan las especulaciones que pueden presentarse en el negocio minero.
“Las ´Personas Competentes´ son como los médicos especialistas. Dado la complejidad del sector minero, para hacer proyectos confiables y sustentables es necesario tener personal muy calificado”, asevera.
“Tenemos un estándar universal que unifica criterios y establece un vocabulario único. El estándar nos dice qué se debe hacer y las organizaciones nacionales desarrollan buenas prácticas que son guías específicas para cada tipo de minerales”, acota, añadiendo que ya existen, por ejemplo, guías de buenas prácticas para el cobre, para el oro epitermal, para el oro aluvial y muchas otras “pues es muy importante que se indique cómo es que se deben hacer las cosas”.
López recuerda que en asuntos de recursos y reservas antes existía una variedad de categorías y calificaciones que provocaban incomprensiones entre los profesionales de diferentes países.
“Habían al menos 10 clasificaciones con unas denominaciones muy sui géneris, que no las entendía nadie y que al ser parte de los reportes que se presentaban a las bolsas de valores causaban una serie de problemas”, afirma.
“Cuando lo miraba el especialista de una compañía podía pasar que no entendía de qué tipo de reservas o recursos estábamos hablando… ahora que todo está estandarizado tenemos una clasificación que está muy bien especificada y hay un gráfico muy sencillo, que cualquiera que lo vea lo va a entender”, explica.
Respecto de cómo se encuentra la comisión que procura la constitución de Crirsco en Ecuador sostiene que “en unas dos o tres semanas Ecuador debe estar terminando el estándar ecuatoriano de los recursos de reservas minerales”.
En cuanto a los beneficios que ello traerá para los profesionales del sector, sostiene que una Persona Competente puede ganar hasta cuatro veces más de lo que gana un profesional que no tenga esa calificación.
Dicha certificación, explica López, no es una credencial que se otorga para toda la vida, sino que está a cargo de los capítulos nacionales supervisar y monitorear a la persona que lo ha obtenido para que constantemente esté actualizando sus conocimientos.
Y dado que la minería es una actividad que cada día más involucra a toda la sociedad, el ingeniero López considera que muy pronto se requerirá certificar la idoneidad de quienes desarrollan sus conocimientos en los asuntos mineros. En esa perspectiva, los abogados, tributaristas, economistas, sociólogos y quienes vienen de muchas otras carreras pronto podrán contar con reconocimientos de instituciones que dan fe de su especialización en el tema minero.
Ejecutivos mineros intercambian propuestas
sobre problemática del sector
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Noviembre 20 de 2022.- Los ejecutivos de Atico Mining, Alain Bureau; de Salazar Resources, Freddy Salazar Jr.; de Lucky Minerals, Santiago Yépez y el presidente de AIME, René Ayala, sostuvieron un extenso diálogo sobre la coyuntura minera en el marco del Seminario Internacional Minería Sostenible en Ecuador, evento organizado por la Figempa y el Instituto Geológico Minero.
La reunión se desarrolló los días 16, 17 y 18 de noviembre y en su parte técnica, abordó una serie de temas que respondían al interés de los estudiantes de la Figempa que, dicho sea de paso, celebra su 60 aniversario. La parte política fue conducida con mucha inteligencia por el ingeniero Arturo Égüez, uno de los profesionales más reconocidos de la minería ecuatoriana.
A lo largo de sus intervenciones, el ingeniero Bureau recordó que la inversión para sacar adelante un proyecto minero es muy diferente a las inversiones que se dan en otros sectores de la economía.
Se refirió a los años que toma la maduración de un descubrimiento. Veinte en promedio, razón por la cual las empresas toman muy en cuenta la estabilidad y la calidad de las políticas que se adoptan.
Unido a ello, explicó, pesa también la continuidad de las personas que representan al gobierno.
Bureau se refirió a los desafíos del presente que son asumidos como tales por los líderes mundiales y el rol que desempeña la minería como proveedor de los insumos que permitirán encarar a esos retos. Como ingenieros los hombres de la minería saben que el recurso está en el subsuelo y tienen la tecnología para extraerlos, el capital necesario y el apoyo de las comunidades, pero requieren que los gobiernos garanticen un clima favorable para las inversiones que permita el aprovechamiento integral del potencial geológico.
En ese sentido, destacó la oportunidad que significa la firma de acuerdos de inversión que, en el caso de Atico, uno está próximo a firmarse.
Respecto del compromiso ambiental de su empresa, recordó que la experiencia desarrollada en otras operaciones le permite traer tecnologías innovadoras que eliminan la contradicción entre la explotación minera y otras industrias. Puso como ejemplo lo que ocurre en Colombia, Chile, Canadá y Panamá, países en los que coexisten proyectos mineros con el turismo, la agricultura y otras actividades humanas.
A su turno, el ingeniero Salazar se refirió a la lupa que apunta al sector y algunos antecedentes que es preciso tenerlos en cuenta.
El relacionado a la consulta, por ejemplo, que ha sido desnaturalizado y politizado sin que exista la posibilidad de saber a quiénes y cómo llevar adelante el proceso de consultar a la población.
Salazar afirmó que aparte de los proyectos La Plata y Curimining, mencionados como los próximos en convertirse en minas, está el de Loma Larga que cataliza el interés de la comunidad minera mundial.
Destacó el trabajo socioambiental que ejecutan las empresas procurando coordinar siempre con las comunidades aledañas, estableciendo relaciones cordiales en medio de las cuales deben interactuar con las instituciones que se oponen a la actividad minera desde lugares alejados y con bastante apoyo logístico.
El buen relacionamiento con las poblaciones del entorno se expresa en los procesos que se llevan adelante con el apoyo de los productores y pobladores locales.
El cambio es necesario, dijo, en temas como el de la multiplicidad de organizaciones empresariales, cuya dispersión contribuye a distraer recursos que podrían emplearse en campañas contra la desinformación.
Por su parte, el ingeniero René Ayala, presidente de AIME, se refirió a los problemas estructurales del sector minero, iniciando su enumeración con la necesidad de contar con el ministerio de Minería, una entidad que mientras existió sentó las bases para la ejecución de inversiones y el desarrollo de los proyectos.
La Iniciativa para la transparencia en los recursos naturales, EITI por sus siglas en inglés; y el respaldo que debe recibir de parte de los actores políticos; así como la existencia del capítulo ecuatoriano del Comité de Normas Internacionales de Calificación de Reservas Minerales, Crirsco, fueron mencionados como instancias que contribuían al mejoramiento del prestigio del sector.
El ingeniero Ayala resaltó la existencia del Consejo Consultivo Minero Público Privado, el mismo que es concebido como una instancia representativa de todos los subsectores involucrados con la extracción de minerales.
Se refirió además a las actividades que realiza AIME en procura de la profesionalización minera, la difusión de conocimientos y la defensa de los puestos de trabajo que por ley deben pertenecer a los ecuatorianos.
Las intervenciones del ingeniero Santiago Yépez fueron las mejor recibidas por el auditorio. Criticó la instalación de un gobierno paralelo impuesto a la mayoría nacional a través de las mesas de diálogo y la debilidad del gobierno para hacerse cargo de tareas elementales para asegurar la tranquilidad social que permita el desarrollo de los proyectos.
Dijo que el Estado debía aprovechar su estructura para explicar a las comunidades las características de la propiedad estatal sobre los recursos naturales y de esa manera, llevar adelante el proceso de consulta previa a las poblaciones indígenas, al tiempo que se abordaban los temas complejos que obstaculizan el desarrollo minero.
Lamentó que la Empresa Nacional Minera sea una institución que no recibe fondos con los cuales podría contribuir a dinamizar la economía nacional.
Yépez respondió de forma directa una serie de afirmaciones sobre el carácter de la economía de los contratos mineros, los mitos sobre la minería y la desinformación sobre las operaciones.
Defendió el diálogo alturado entre quienes piensan de una manera diferente, siempre y cuando ocurra en forma respetuosa y sin agresiones a los interlocutores. Debates serios sobre el cuidado del Chocó Andino, por ejemplo, alejados de la propaganda que busca prohibir la minería en la capital.
La reunión se desarrolló los días 16, 17 y 18 de noviembre y en su parte técnica, abordó una serie de temas que respondían al interés de los estudiantes de la Figempa que, dicho sea de paso, celebra su 60 aniversario. La parte política fue conducida con mucha inteligencia por el ingeniero Arturo Égüez, uno de los profesionales más reconocidos de la minería ecuatoriana.
A lo largo de sus intervenciones, el ingeniero Bureau recordó que la inversión para sacar adelante un proyecto minero es muy diferente a las inversiones que se dan en otros sectores de la economía.
Se refirió a los años que toma la maduración de un descubrimiento. Veinte en promedio, razón por la cual las empresas toman muy en cuenta la estabilidad y la calidad de las políticas que se adoptan.
Unido a ello, explicó, pesa también la continuidad de las personas que representan al gobierno.
Bureau se refirió a los desafíos del presente que son asumidos como tales por los líderes mundiales y el rol que desempeña la minería como proveedor de los insumos que permitirán encarar a esos retos. Como ingenieros los hombres de la minería saben que el recurso está en el subsuelo y tienen la tecnología para extraerlos, el capital necesario y el apoyo de las comunidades, pero requieren que los gobiernos garanticen un clima favorable para las inversiones que permita el aprovechamiento integral del potencial geológico.
En ese sentido, destacó la oportunidad que significa la firma de acuerdos de inversión que, en el caso de Atico, uno está próximo a firmarse.
Respecto del compromiso ambiental de su empresa, recordó que la experiencia desarrollada en otras operaciones le permite traer tecnologías innovadoras que eliminan la contradicción entre la explotación minera y otras industrias. Puso como ejemplo lo que ocurre en Colombia, Chile, Canadá y Panamá, países en los que coexisten proyectos mineros con el turismo, la agricultura y otras actividades humanas.
A su turno, el ingeniero Salazar se refirió a la lupa que apunta al sector y algunos antecedentes que es preciso tenerlos en cuenta.
El relacionado a la consulta, por ejemplo, que ha sido desnaturalizado y politizado sin que exista la posibilidad de saber a quiénes y cómo llevar adelante el proceso de consultar a la población.
Salazar afirmó que aparte de los proyectos La Plata y Curimining, mencionados como los próximos en convertirse en minas, está el de Loma Larga que cataliza el interés de la comunidad minera mundial.
Destacó el trabajo socioambiental que ejecutan las empresas procurando coordinar siempre con las comunidades aledañas, estableciendo relaciones cordiales en medio de las cuales deben interactuar con las instituciones que se oponen a la actividad minera desde lugares alejados y con bastante apoyo logístico.
El buen relacionamiento con las poblaciones del entorno se expresa en los procesos que se llevan adelante con el apoyo de los productores y pobladores locales.
El cambio es necesario, dijo, en temas como el de la multiplicidad de organizaciones empresariales, cuya dispersión contribuye a distraer recursos que podrían emplearse en campañas contra la desinformación.
Por su parte, el ingeniero René Ayala, presidente de AIME, se refirió a los problemas estructurales del sector minero, iniciando su enumeración con la necesidad de contar con el ministerio de Minería, una entidad que mientras existió sentó las bases para la ejecución de inversiones y el desarrollo de los proyectos.
La Iniciativa para la transparencia en los recursos naturales, EITI por sus siglas en inglés; y el respaldo que debe recibir de parte de los actores políticos; así como la existencia del capítulo ecuatoriano del Comité de Normas Internacionales de Calificación de Reservas Minerales, Crirsco, fueron mencionados como instancias que contribuían al mejoramiento del prestigio del sector.
El ingeniero Ayala resaltó la existencia del Consejo Consultivo Minero Público Privado, el mismo que es concebido como una instancia representativa de todos los subsectores involucrados con la extracción de minerales.
Se refirió además a las actividades que realiza AIME en procura de la profesionalización minera, la difusión de conocimientos y la defensa de los puestos de trabajo que por ley deben pertenecer a los ecuatorianos.
Las intervenciones del ingeniero Santiago Yépez fueron las mejor recibidas por el auditorio. Criticó la instalación de un gobierno paralelo impuesto a la mayoría nacional a través de las mesas de diálogo y la debilidad del gobierno para hacerse cargo de tareas elementales para asegurar la tranquilidad social que permita el desarrollo de los proyectos.
Dijo que el Estado debía aprovechar su estructura para explicar a las comunidades las características de la propiedad estatal sobre los recursos naturales y de esa manera, llevar adelante el proceso de consulta previa a las poblaciones indígenas, al tiempo que se abordaban los temas complejos que obstaculizan el desarrollo minero.
Lamentó que la Empresa Nacional Minera sea una institución que no recibe fondos con los cuales podría contribuir a dinamizar la economía nacional.
Yépez respondió de forma directa una serie de afirmaciones sobre el carácter de la economía de los contratos mineros, los mitos sobre la minería y la desinformación sobre las operaciones.
Defendió el diálogo alturado entre quienes piensan de una manera diferente, siempre y cuando ocurra en forma respetuosa y sin agresiones a los interlocutores. Debates serios sobre el cuidado del Chocó Andino, por ejemplo, alejados de la propaganda que busca prohibir la minería en la capital.
Se reactivan observatorios del sector minero
Noviembre 20 de 2022.- Distintas instituciones de la sociedad ecuatoriana están realizando diversos esfuerzos para contar con observatorios que monitoreen lo que viene ocurriendo en el sector minero ecuatoriano.
La intención no es nueva. Hace muchos años que la Universidad Técnica Particular de Loja formó un Observatorio de Conflictos Ambientales que, básicamente, trató de seguir de cerca los conflictos que provocaba la minería en el sur del país. Es dirigido por la abogada María Beatriz Eguiguren y sus publicaciones dejaron de salir el año pasado.
Algo parecido sucede con el Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador, una iniciativa que nació en la Maestría de Investigación en Estudios Socioambientales del Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio de Flacso Ecuador. La mayoría de conflictos identificados estaban relacionados con la minería y un par con la extracción de petróleo en la Amazonía ecuatoriana. Sus informes también están descontinuados.
Algunas personalidades conocidas por el papel protagónico que tuvieron en la minería ecuatoriana vienen tratando de armar sus observatorios con el apoyo de las empresas del sector. Han tocado las puertas de embajadas con asiento en el Consejo Consultivo Público Privado constituido al amparo del Decreto 151 y si consiguen los fondos que buscan, seguramente pronto empezarán a publicar sus primeros reportes.
Otras ONG -una con mediana presencia en Ecuador y otra sin muchos conocimientos pero con mucha audacia y más dólares- también procuran conformar observatorios de la minería ecuatoriana.
Un equipo multidisciplinario de profesionales de las ciencias sociales y del espacio acaba de constituir Mining Context Ec, una institución que ha generado ya un informe sobre el impacto que tendría la minería en uno de los cantones del Azuay.
Existe además el Observatorio Ciudadano de la Política Pública Contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo Minero vigente; una instancia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que desde su creación es dirigido por el ingeniero Oswaldo García, en su momento presidente del Colegio de Ingenieros Químicos que a fines del año 2019 consideró indispensable que el país cuente con el observatorio.
Vía Minera conversó con él en torno al trabajo realizado en este tiempo y sus planes para el tiempo que le queda al frente del observatorio.
“La primera dificultad que tuvo el observatorio fue que cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convocó al ministerio sectorial a sentarse con quienes conformaron el Observatorio no obtuvo ninguna respuesta. Ni siquiera se excusó, simplemente no asistió, casi declarándose en rebeldía porque estaba siendo convocado a un proceso oficial por el órgano oficial. Fruto de ello ha sido muy difícil conseguir información desde el lado oficial, manifiesta García.
Desde su perspectiva, el Observatorio tiene que poner especial énfasis en romper la opacidad de la información oficial en temas de minería y facilitar que cualquier ciudadano tenga igualdad de acceso a la información. El rol del Estado es generar plataformas informativas para que todo ciudadano tenga igualdad en el acceso a la información del sector minero, sostiene.
Opina que propuestas como el EITI están muy bien como punto de inicio, pero en temas de transparencia deber hacerse más. Indagar, por ejemplo, qué sucedió en el tiempo que estuvo cerrado el catastro minero.
Sostiene además que dado que las propuestas del Observatorio no tienen carácter vinculante, ellos pueden hacer solicitudes a la Contraloría, por ejemplo, pero dicha entidad tiene facultades para decidir si las toma en cuenta o no.
Y respecto de los ejes de acción que va a impulsar en adelante, señala que es fundamental rescatar el Consejo Ciudadano Sectorial de Minería que estipula la Ley de Participación Ciudadana.
Otro tema pendiente es la profesionalización del sector, entendida como un mecanismo que asegure que las autoridades que toman a cargo el sector sean profesionales probos, con experiencia y conocimiento de la realidad. “Un segundo factor a tomar en cuenta es la no existencia de conflictos de intereses”, enfatiza el ingeniero García.
La intención no es nueva. Hace muchos años que la Universidad Técnica Particular de Loja formó un Observatorio de Conflictos Ambientales que, básicamente, trató de seguir de cerca los conflictos que provocaba la minería en el sur del país. Es dirigido por la abogada María Beatriz Eguiguren y sus publicaciones dejaron de salir el año pasado.
Algo parecido sucede con el Observatorio de Conflictos Socioambientales del Ecuador, una iniciativa que nació en la Maestría de Investigación en Estudios Socioambientales del Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio de Flacso Ecuador. La mayoría de conflictos identificados estaban relacionados con la minería y un par con la extracción de petróleo en la Amazonía ecuatoriana. Sus informes también están descontinuados.
Algunas personalidades conocidas por el papel protagónico que tuvieron en la minería ecuatoriana vienen tratando de armar sus observatorios con el apoyo de las empresas del sector. Han tocado las puertas de embajadas con asiento en el Consejo Consultivo Público Privado constituido al amparo del Decreto 151 y si consiguen los fondos que buscan, seguramente pronto empezarán a publicar sus primeros reportes.
Otras ONG -una con mediana presencia en Ecuador y otra sin muchos conocimientos pero con mucha audacia y más dólares- también procuran conformar observatorios de la minería ecuatoriana.
Un equipo multidisciplinario de profesionales de las ciencias sociales y del espacio acaba de constituir Mining Context Ec, una institución que ha generado ya un informe sobre el impacto que tendría la minería en uno de los cantones del Azuay.
Existe además el Observatorio Ciudadano de la Política Pública Contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo Minero vigente; una instancia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que desde su creación es dirigido por el ingeniero Oswaldo García, en su momento presidente del Colegio de Ingenieros Químicos que a fines del año 2019 consideró indispensable que el país cuente con el observatorio.
Vía Minera conversó con él en torno al trabajo realizado en este tiempo y sus planes para el tiempo que le queda al frente del observatorio.
“La primera dificultad que tuvo el observatorio fue que cuando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convocó al ministerio sectorial a sentarse con quienes conformaron el Observatorio no obtuvo ninguna respuesta. Ni siquiera se excusó, simplemente no asistió, casi declarándose en rebeldía porque estaba siendo convocado a un proceso oficial por el órgano oficial. Fruto de ello ha sido muy difícil conseguir información desde el lado oficial, manifiesta García.
Desde su perspectiva, el Observatorio tiene que poner especial énfasis en romper la opacidad de la información oficial en temas de minería y facilitar que cualquier ciudadano tenga igualdad de acceso a la información. El rol del Estado es generar plataformas informativas para que todo ciudadano tenga igualdad en el acceso a la información del sector minero, sostiene.
Opina que propuestas como el EITI están muy bien como punto de inicio, pero en temas de transparencia deber hacerse más. Indagar, por ejemplo, qué sucedió en el tiempo que estuvo cerrado el catastro minero.
Sostiene además que dado que las propuestas del Observatorio no tienen carácter vinculante, ellos pueden hacer solicitudes a la Contraloría, por ejemplo, pero dicha entidad tiene facultades para decidir si las toma en cuenta o no.
Y respecto de los ejes de acción que va a impulsar en adelante, señala que es fundamental rescatar el Consejo Ciudadano Sectorial de Minería que estipula la Ley de Participación Ciudadana.
Otro tema pendiente es la profesionalización del sector, entendida como un mecanismo que asegure que las autoridades que toman a cargo el sector sean profesionales probos, con experiencia y conocimiento de la realidad. “Un segundo factor a tomar en cuenta es la no existencia de conflictos de intereses”, enfatiza el ingeniero García.
CME presentará estudio sobre la minería en Loja
Noviembre 20 de 2022.- La presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva y el economista Alberto Acosta Burneo presentarán, en Loja, el estudio “Presente y futuro de la industria minera en Loja”.
Un estudio similar, centrado en el impacto que tendría la minería en la provincia del Azuay, fue presentado por ambos hace unos días.
En dicha investigación se señala que “por cada dólar de producción en el sector minero, se generan 42 centavos en el resto de los sectores de la economía”, según explicó María Eulalia Silva.
De acuerdo con Alberto Acosta Burneo, director del Grupo Spurrier, el estudio toma en cuenta los 12 proyectos mineros más avanzados, de los cuales tres se encuentran en la provincia del Azuay. Comentó que si éstos entran a operación, representarían el 25% del PIB provincial.
“Ecuador tiene una oportunidad única para impulsar el despegue de la minería generando un entorno amigable con la inversión y con reglas claras a través de la construcción de una institucionalidad fuerte”, agregó.
Dijo además que si los proyectos avanzaran según lo previsto, se podrían generar casi 200 mil plazas de empleo para el 2026.
De otro lado, el director del Centro de Hidrología y Clima, Patricio Crespo, explicó cómo el proyecto Loma Larga, se constituye en el proyecto de altura más estudiado en el mundo. Según él, cincuenta artículos científicos -debidamente sometidos a revisión de pares- han sido publicados sobre la condición del agua en este proyecto.
Por su parte, la señora Rebeca Nieves, representante de la comunidad, mencionó que la alternativa de empleo que ha representado la actividad minera, ha sido una manera de frenar el fenómeno migratorio de su comunidad.
Cifras del Estudio
El valor presente de las exportaciones desde Azuay alcanzaría US$ 49 863 millones entre el período 2022 y 2048.
El valor presente de los impuestos pagados por la minería industrial en Azuay alcanzaría los US$ 13 235 millones.
Un estudio similar, centrado en el impacto que tendría la minería en la provincia del Azuay, fue presentado por ambos hace unos días.
En dicha investigación se señala que “por cada dólar de producción en el sector minero, se generan 42 centavos en el resto de los sectores de la economía”, según explicó María Eulalia Silva.
De acuerdo con Alberto Acosta Burneo, director del Grupo Spurrier, el estudio toma en cuenta los 12 proyectos mineros más avanzados, de los cuales tres se encuentran en la provincia del Azuay. Comentó que si éstos entran a operación, representarían el 25% del PIB provincial.
“Ecuador tiene una oportunidad única para impulsar el despegue de la minería generando un entorno amigable con la inversión y con reglas claras a través de la construcción de una institucionalidad fuerte”, agregó.
Dijo además que si los proyectos avanzaran según lo previsto, se podrían generar casi 200 mil plazas de empleo para el 2026.
De otro lado, el director del Centro de Hidrología y Clima, Patricio Crespo, explicó cómo el proyecto Loma Larga, se constituye en el proyecto de altura más estudiado en el mundo. Según él, cincuenta artículos científicos -debidamente sometidos a revisión de pares- han sido publicados sobre la condición del agua en este proyecto.
Por su parte, la señora Rebeca Nieves, representante de la comunidad, mencionó que la alternativa de empleo que ha representado la actividad minera, ha sido una manera de frenar el fenómeno migratorio de su comunidad.
Cifras del Estudio
El valor presente de las exportaciones desde Azuay alcanzaría US$ 49 863 millones entre el período 2022 y 2048.
El valor presente de los impuestos pagados por la minería industrial en Azuay alcanzaría los US$ 13 235 millones.
Chile: trabajadores anuncian dos días de paro
Noviembre 20 de 2022.- El Sindicato N°1 de Minera Escondida, la operación de cobre más grande del mundo, anunció una paralización para los días 21 y 23 de noviembre, tras no llegar a acuerdos con BHP.
Además de convocar a una reunión vía zoom a quienes el domingo 20 no estaban trabajando, el sindicato difundió un comunicado en el que señala que el paro “se produce ante la negativa de la empresa para buscar una resolución de las quejas, pese a que el Sindicato ha insistido estas semanas en buscar compromisos de solución, que permitan el respeto de los derechos de los trabajadores”.
La empresa, por su parte, dijo a mitad de semana que las acusaciones de falta de seguridad en las labores e incumplimiento de las normas legales “son falsas”.
BHP dice que siempre ha operado la mina siguiendo los "más altos estándares de seguridad laboral y prevención de riesgos".
“La acción de fuerza anunciada por Sindicato 1 tenía como objetivo presionar a la empresa para que pagara una contribución al sindicato y una bonificación a sus socios. Esto no tiene base legal”, señala la minera.
“Una acción de este tipo crea riesgos para la seguridad de los trabajadores, compromete nuestras instalaciones y afecta la continuidad operativa de la mina, lo que va en detrimento del desarrollo económico y social de la región y del país”, dijo BHP en el comunicado.
En 2017, los trabajadores de Escondida protagonizaron un paro de 44 días, el más largo en la historia de la minería chilena. La acción laboral le generó a la empresa pérdidas por US$ 740 millones y significó una contracción de cerca de 1,3% del PIB de Chile.
Escondida es de lejos la principal productora de cobre en el mundo. El año pasado produjo 1.011,4 miles de toneladas de cobre fino a un costo de US$ 2,75 la libra.
Además de convocar a una reunión vía zoom a quienes el domingo 20 no estaban trabajando, el sindicato difundió un comunicado en el que señala que el paro “se produce ante la negativa de la empresa para buscar una resolución de las quejas, pese a que el Sindicato ha insistido estas semanas en buscar compromisos de solución, que permitan el respeto de los derechos de los trabajadores”.
La empresa, por su parte, dijo a mitad de semana que las acusaciones de falta de seguridad en las labores e incumplimiento de las normas legales “son falsas”.
BHP dice que siempre ha operado la mina siguiendo los "más altos estándares de seguridad laboral y prevención de riesgos".
“La acción de fuerza anunciada por Sindicato 1 tenía como objetivo presionar a la empresa para que pagara una contribución al sindicato y una bonificación a sus socios. Esto no tiene base legal”, señala la minera.
“Una acción de este tipo crea riesgos para la seguridad de los trabajadores, compromete nuestras instalaciones y afecta la continuidad operativa de la mina, lo que va en detrimento del desarrollo económico y social de la región y del país”, dijo BHP en el comunicado.
En 2017, los trabajadores de Escondida protagonizaron un paro de 44 días, el más largo en la historia de la minería chilena. La acción laboral le generó a la empresa pérdidas por US$ 740 millones y significó una contracción de cerca de 1,3% del PIB de Chile.
Escondida es de lejos la principal productora de cobre en el mundo. El año pasado produjo 1.011,4 miles de toneladas de cobre fino a un costo de US$ 2,75 la libra.
Más de 420 mil firmas fueron presentadas por Quito sin Minería
Noviembre 13 de 2022.- Más de 420 mil firmas fueron completadas el pasado 9 de noviembre por el colectivo Quito sin Minería, agrupación que las presentó al Consejo Nacional de Elecciones pidiendo se convoque a una consulta popular en la que pregunte a la ciudadanía si está de acuerdo con la realización de actividades mineras en la zona conocida como el Chocó Andino.
Hace unas semanas los grupos ambientalistas habían entregado 380 mil firmas, de igual número de ciudadanos, que viven y votan en el cantón Quito; y además consideran que es importante proteger al Chocó Andino pues allí están los últimos bosques y ríos limpios de Quito.
Es un área de importancia mundial por su biodiversidad, que incluye nueve bosques protectores, cuatro áreas de conservación y uso sostenible, el Corredor ecológico del oso andino y más de 35 reservas naturales dice el grupo promotor de la consulta Quito sin Minería.
El área alberga, según ellos, 150 especies de mamíferos, 90 especies de reptiles, 120 especies de anfibios, 640 especies de aves y más de 3.000 especies de plantas, que representan el 12% de todas las plantas del Ecuador.
Dicen que el Chocó Andino de Quito cuenta con un importantísimo patrimonio cultural, especialmente de los pueblos Yumbo, KituKara e Inca y que en sus alrededores se han encontrado al menos 528 sitios arqueológicos.
Hace unas semanas los grupos ambientalistas habían entregado 380 mil firmas, de igual número de ciudadanos, que viven y votan en el cantón Quito; y además consideran que es importante proteger al Chocó Andino pues allí están los últimos bosques y ríos limpios de Quito.
Es un área de importancia mundial por su biodiversidad, que incluye nueve bosques protectores, cuatro áreas de conservación y uso sostenible, el Corredor ecológico del oso andino y más de 35 reservas naturales dice el grupo promotor de la consulta Quito sin Minería.
El área alberga, según ellos, 150 especies de mamíferos, 90 especies de reptiles, 120 especies de anfibios, 640 especies de aves y más de 3.000 especies de plantas, que representan el 12% de todas las plantas del Ecuador.
Dicen que el Chocó Andino de Quito cuenta con un importantísimo patrimonio cultural, especialmente de los pueblos Yumbo, KituKara e Inca y que en sus alrededores se han encontrado al menos 528 sitios arqueológicos.
ICMM eligió nuevo presidente de su consejo directivo
Noviembre 6 de 2022.- El chileno Iván Arriagada se convirtió en el primer latinoamericano elegido para encabezar el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés), uno de los centros de pensamiento estratégico más respetados del mundo minero.
Arriagada es actualmente presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals y reemplazará a Richard Adkerson, CEO de Freeport-McMoRan. Fue elegido de forma unánime por las 26 empresas que forma parte de esta organización internacional en una reunión realizada en Londres.
En sus primeras declaraciones, el chileno dijo que esperaba “contribuir para que la minería siga avanzando en mejorar su desempeño ambiental, comunitario y de seguridad y salud”.
“Como sector tenemos la responsabilidad de producir de forma sostenible metales que son indispensables para el desarrollo económico y social de muchos países, comunidades y personas, muchas de ellas entre las más vulnerables, por insuficiente acceso a condiciones básicas que el desarrollo de la minería permite en los países productores y consumidores”, expresó.
Su labor como presidente del consejo directivo de ICMM será encabezar los esfuerzos de esa organización para lograr la colaboración entre las distintas compañías con el objetivo de aumentar la contribución de la minería y los metales al desarrollo sostenible, con la visión de un mundo seguro, justo y sustentable.
Por su parte, el presidente ejecutivo del ICMM, Rohitesh Dhawan, expresó estar muy contento con la llegada de Iván Arriagada, ya que ambos se encuentran comprometidos con el objetivo del ICMM de impulsar la producción responsable de los metales y minerales.
Arriagada es actualmente presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals y reemplazará a Richard Adkerson, CEO de Freeport-McMoRan. Fue elegido de forma unánime por las 26 empresas que forma parte de esta organización internacional en una reunión realizada en Londres.
En sus primeras declaraciones, el chileno dijo que esperaba “contribuir para que la minería siga avanzando en mejorar su desempeño ambiental, comunitario y de seguridad y salud”.
“Como sector tenemos la responsabilidad de producir de forma sostenible metales que son indispensables para el desarrollo económico y social de muchos países, comunidades y personas, muchas de ellas entre las más vulnerables, por insuficiente acceso a condiciones básicas que el desarrollo de la minería permite en los países productores y consumidores”, expresó.
Su labor como presidente del consejo directivo de ICMM será encabezar los esfuerzos de esa organización para lograr la colaboración entre las distintas compañías con el objetivo de aumentar la contribución de la minería y los metales al desarrollo sostenible, con la visión de un mundo seguro, justo y sustentable.
Por su parte, el presidente ejecutivo del ICMM, Rohitesh Dhawan, expresó estar muy contento con la llegada de Iván Arriagada, ya que ambos se encuentran comprometidos con el objetivo del ICMM de impulsar la producción responsable de los metales y minerales.
380 mil firmas respaldan consulta contra la minería en Quito
Octubre 31 del 2022.- El colectivo Quito sin Minería entregó al Consejo Nacional Electoral, CNE, 380 mil firmas de igual número de ciudadanos que esperan se prohíba la minería metálica en el Distrito Metropolitano de Quito.
Para ello, de acuerdo a la legislación vigente, primero se debe realizar una consulta popular que, en principio, debe ser solicitada por el cinco por ciento de electores inscritos en el padrón electoral, es decir, por aproximadamente 197 mil personas.
Para superar esa cifra mínima requerida y que no se evite la consulta, se presentaron 380 mil firmas que tendrán que ser verificadas por los funcionarios del CNE.
Los promotores de la consulta popular han decidido, además, continuar recogiendo firmas y completar las 400 mil para entregarlas al CNE, quien deberá responder en los próximos 15 días si el colectivo Quito sin Minería cumplió o no el requisito básico para la consulta.
Según se ha explicado, ese plazo se vence a mediados de mes y si no hay problemas con las firmas, la consulta podría hacerse en la misma fecha en que se realicen las elecciones seccionales del 2023.
En ese momento se preguntaría a los votantes si están de acuerdo con prohibir la minería metálica artesanal y a gran, mediana, pequeña escala en las parroquias rurales que conforman la Mancomunidad del Chocó de Quito.
Se trata de Nono, Pacto, Gualea, Nanegal, Nanegalito y Calacalí, parroquias en las que hay, según el colectivo Quito sin Minería, doce concesiones.
Para ello, de acuerdo a la legislación vigente, primero se debe realizar una consulta popular que, en principio, debe ser solicitada por el cinco por ciento de electores inscritos en el padrón electoral, es decir, por aproximadamente 197 mil personas.
Para superar esa cifra mínima requerida y que no se evite la consulta, se presentaron 380 mil firmas que tendrán que ser verificadas por los funcionarios del CNE.
Los promotores de la consulta popular han decidido, además, continuar recogiendo firmas y completar las 400 mil para entregarlas al CNE, quien deberá responder en los próximos 15 días si el colectivo Quito sin Minería cumplió o no el requisito básico para la consulta.
Según se ha explicado, ese plazo se vence a mediados de mes y si no hay problemas con las firmas, la consulta podría hacerse en la misma fecha en que se realicen las elecciones seccionales del 2023.
En ese momento se preguntaría a los votantes si están de acuerdo con prohibir la minería metálica artesanal y a gran, mediana, pequeña escala en las parroquias rurales que conforman la Mancomunidad del Chocó de Quito.
Se trata de Nono, Pacto, Gualea, Nanegal, Nanegalito y Calacalí, parroquias en las que hay, según el colectivo Quito sin Minería, doce concesiones.
Asociación en red promotora logra apoyo para creación de clúster minero
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Fuente: Ministerio de Energía y Minas.
Octubre 23 del 2022.- La Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI) reunió al sector público y al privado en la firma de un memorando de entendimiento para promover la creación de un clúster de minería en el Ecuador.
El viceministro del ramo, Andrés Werdiak, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, el director de la Corporación para el Emprendimiento y la Innovación del Ecuador, Camilo Pinzón, el presidente de AEI, Andrés Jaramillo, y el representante del colectivo clúster minero, Eduardo Mora, firmaron el documento el miércoles 19, en presencia de decenas de empresarios, emprendedores, sociedad civil, cooperación internacional y prensa.
El ingeniero Wierdak, en su intervención explicó el alentador ritmo de las exportaciones de las minas a gran escala Mirador y Fruta del Norte, que se ha mantenido rompiendo récords y redibujando la línea de cifras de exportación de los productos no tradicionales desde el 2021, año en que ambas alcanzaron su pico de producción diaria.
Describió el flujo de inversiones en seis provincias que proyectan las autoridades hasta el 2025 con el inicio de la construcción de las minas de los proyectos Cascabel (Capex US$ 4882 aprox), Curipamba (Capex US$ 320), La Plata (US$ 70), Loma Larga (Capex US$ 400), Mirador Norte (750), Ruta del Cobre (US$ 2500) y Warintza (Capex US$ 2000).
La mayoría de estos siete proyectos tienen como mineral principal el cobre -la excepción es Loma Larga, en donde el metal principal es oro- lo que coloca al país como un proveedor este metal estratégico para la transición energética y “si se analizan las reservas que el país tiene, estaríamos ubicados como el sexto país minero en el mundo”, acotó.
Además, dada esa potencial actividad minera en el país, ejemplificó la importancia del desarrollo de un clúster minero al señalar que en Australia las ventas de los proveedores representan un 10 por ciento del producto interno bruto.
Con la firma del memorando, algunos actores clave se constituirán formalmente como un grupo promotor de trabajo que permitirá avanzar hacia la creación del Clúster Minero en el Ecuador que fomente el desarrollo de encadenamientos productivos, del emprendimiento y la innovación derivados de la industria.
En el encuentro se anunció también, como parte de la iniciativa de la red de promotores, un programa de desarrollo y una plataforma de registro de proveedores mineros del Ecuador y se presentó una síntesis de una consultoría del diagnóstico del sector que, en palabras del ingeniero Jaramillo, se realizó el año pasado y se ha centrado en la identificación de las oportunidades de negocio.
El Programa de Desarrollo de Proveedores Mineros del Ecuador servirá para que empresas locales se conecten con las grandes mineras y comercialicen sus productos y servicios. Este programa contempla los siguientes cinco ejes: identificación y caracterización de potenciales proveedores y/o necesidades de emprendimientos innovadores, cualificación y capacitación, calificación y certificación, registro y conexión; y seguimiento y monitoreo.
El director general de la consultora chilena DUAM S.A. Innovación al Sur del Mundo, David Vargas presentó el diagnóstico del sector proveedor minero del Ecuador, resultado de un estudio realizado con el apoyo de la GIZ en el marco de la cooperación regional para la gestión sustentable de los recursos mineros.
Entre sus principales conclusiones mencionó que, para empujar un clúster, es fundamental una institucionalidad que soporte los ciclos políticos y políticas públicas que incentiven al sector a comprar localmente.
Respecto a lo primero señaló, no hay que destrabar la demanda, hay que destrabar los proyectos que vienen en el pipeline para que haya más demanda agregada”. En cuanto a lo segundo aseguró que, “aquí las empresas quieren comprar localmente, lo necesitan por la licencia social, pero no encuentran una buena oferta”.
Complementar políticas públicas con acciones proactivas para que se puedan cubrir las necesidades de recursos humanos capacitados como indica la ley, es decir con un 80% de contratación de mano de obra nacional.
Herramientas regulatorias y educar a la banca estatal de Ecuador para que dé crédito a los proveedores mineros, son mecanismos fundamentales de apoyo que también mencionó.
Agilizar la creación de empresas, cuenta bancaria, el funcionamiento de la aduana, mejoramiento de procesos de gestión, seguridad, medioambiente y salud ocupacional; proveer de capacitación y certificación que convierta a los emprendedores en proveedores de la minería.
Con todos los proyectos de exploración que hay en el país, Ecuador tiene la oportunidad de posicionarse en campo de la exploración. Al respecto, el análisis de los sondajes se encarga a los laboratorios de las empresas en Perú. “Y ojalá que de aquí a diez años los ingenieros que sepan modelar mejor un recurso minero sean del Ecuador”, acotó.
Hay que facilitar todas las etapas y condiciones, “todos los engranajes para que esa inversión pueda fluir si se quiere atraer inversiones”. Como en el caso de los aranceles porque si se compara con Perú, estos son mucho más altos.
Una campaña comunicacional de decirle a la gente la importancia que tiene la minería y cambiar la imagen negativa de la minería para la sociedad en su conjunto, visibilizando la información “fuera de la burbuja en que estamos aquí porque no todo el mundo sabe que los autos eléctricos usan 20 kilos de cobre”, dijo.
Agregó que una política de impulso a los proveedores tiene que ser moderna, es decir que promueva las empresas tecnológicas. Data analytics, machine learning, artificial intelligence, allí es en donde la provisión de servicios es transversal a toda la cadena de valor de la minería, desde el modelamiento de los recursos más aproximado hasta mejorar el rendimiento de todos los procesos de extracción. “Porque la minería hoy día son datos”.
Sin una política pública continua y sostenida con una inversión muy alta en investigación, desarrollo e innovación, por muchos años, no ha sido posible la construcción de un sector sólido con aporte nacional en ninguna parte. “Hay que evitar caer en errores como los que cometimos en Chile”, reiteró.
El viceministro del ramo, Andrés Werdiak, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, María Eulalia Silva, el director de la Corporación para el Emprendimiento y la Innovación del Ecuador, Camilo Pinzón, el presidente de AEI, Andrés Jaramillo, y el representante del colectivo clúster minero, Eduardo Mora, firmaron el documento el miércoles 19, en presencia de decenas de empresarios, emprendedores, sociedad civil, cooperación internacional y prensa.
El ingeniero Wierdak, en su intervención explicó el alentador ritmo de las exportaciones de las minas a gran escala Mirador y Fruta del Norte, que se ha mantenido rompiendo récords y redibujando la línea de cifras de exportación de los productos no tradicionales desde el 2021, año en que ambas alcanzaron su pico de producción diaria.
Describió el flujo de inversiones en seis provincias que proyectan las autoridades hasta el 2025 con el inicio de la construcción de las minas de los proyectos Cascabel (Capex US$ 4882 aprox), Curipamba (Capex US$ 320), La Plata (US$ 70), Loma Larga (Capex US$ 400), Mirador Norte (750), Ruta del Cobre (US$ 2500) y Warintza (Capex US$ 2000).
La mayoría de estos siete proyectos tienen como mineral principal el cobre -la excepción es Loma Larga, en donde el metal principal es oro- lo que coloca al país como un proveedor este metal estratégico para la transición energética y “si se analizan las reservas que el país tiene, estaríamos ubicados como el sexto país minero en el mundo”, acotó.
Además, dada esa potencial actividad minera en el país, ejemplificó la importancia del desarrollo de un clúster minero al señalar que en Australia las ventas de los proveedores representan un 10 por ciento del producto interno bruto.
Con la firma del memorando, algunos actores clave se constituirán formalmente como un grupo promotor de trabajo que permitirá avanzar hacia la creación del Clúster Minero en el Ecuador que fomente el desarrollo de encadenamientos productivos, del emprendimiento y la innovación derivados de la industria.
En el encuentro se anunció también, como parte de la iniciativa de la red de promotores, un programa de desarrollo y una plataforma de registro de proveedores mineros del Ecuador y se presentó una síntesis de una consultoría del diagnóstico del sector que, en palabras del ingeniero Jaramillo, se realizó el año pasado y se ha centrado en la identificación de las oportunidades de negocio.
El Programa de Desarrollo de Proveedores Mineros del Ecuador servirá para que empresas locales se conecten con las grandes mineras y comercialicen sus productos y servicios. Este programa contempla los siguientes cinco ejes: identificación y caracterización de potenciales proveedores y/o necesidades de emprendimientos innovadores, cualificación y capacitación, calificación y certificación, registro y conexión; y seguimiento y monitoreo.
El director general de la consultora chilena DUAM S.A. Innovación al Sur del Mundo, David Vargas presentó el diagnóstico del sector proveedor minero del Ecuador, resultado de un estudio realizado con el apoyo de la GIZ en el marco de la cooperación regional para la gestión sustentable de los recursos mineros.
Entre sus principales conclusiones mencionó que, para empujar un clúster, es fundamental una institucionalidad que soporte los ciclos políticos y políticas públicas que incentiven al sector a comprar localmente.
Respecto a lo primero señaló, no hay que destrabar la demanda, hay que destrabar los proyectos que vienen en el pipeline para que haya más demanda agregada”. En cuanto a lo segundo aseguró que, “aquí las empresas quieren comprar localmente, lo necesitan por la licencia social, pero no encuentran una buena oferta”.
Complementar políticas públicas con acciones proactivas para que se puedan cubrir las necesidades de recursos humanos capacitados como indica la ley, es decir con un 80% de contratación de mano de obra nacional.
Herramientas regulatorias y educar a la banca estatal de Ecuador para que dé crédito a los proveedores mineros, son mecanismos fundamentales de apoyo que también mencionó.
Agilizar la creación de empresas, cuenta bancaria, el funcionamiento de la aduana, mejoramiento de procesos de gestión, seguridad, medioambiente y salud ocupacional; proveer de capacitación y certificación que convierta a los emprendedores en proveedores de la minería.
Con todos los proyectos de exploración que hay en el país, Ecuador tiene la oportunidad de posicionarse en campo de la exploración. Al respecto, el análisis de los sondajes se encarga a los laboratorios de las empresas en Perú. “Y ojalá que de aquí a diez años los ingenieros que sepan modelar mejor un recurso minero sean del Ecuador”, acotó.
Hay que facilitar todas las etapas y condiciones, “todos los engranajes para que esa inversión pueda fluir si se quiere atraer inversiones”. Como en el caso de los aranceles porque si se compara con Perú, estos son mucho más altos.
Una campaña comunicacional de decirle a la gente la importancia que tiene la minería y cambiar la imagen negativa de la minería para la sociedad en su conjunto, visibilizando la información “fuera de la burbuja en que estamos aquí porque no todo el mundo sabe que los autos eléctricos usan 20 kilos de cobre”, dijo.
Agregó que una política de impulso a los proveedores tiene que ser moderna, es decir que promueva las empresas tecnológicas. Data analytics, machine learning, artificial intelligence, allí es en donde la provisión de servicios es transversal a toda la cadena de valor de la minería, desde el modelamiento de los recursos más aproximado hasta mejorar el rendimiento de todos los procesos de extracción. “Porque la minería hoy día son datos”.
Sin una política pública continua y sostenida con una inversión muy alta en investigación, desarrollo e innovación, por muchos años, no ha sido posible la construcción de un sector sólido con aporte nacional en ninguna parte. “Hay que evitar caer en errores como los que cometimos en Chile”, reiteró.
Refinería La Oroya será administrada por trabajadores
Octubre 23 del 2022.- El Complejo Metalúrgico de La Oroya, el centro industrial más grande de la minería peruana, empezó a ser administrado por sus ex trabajadores e iniciará sus trabajos en febrero del próximo año.
“No queremos dinero ni que se nos exonere de la ley, exigimos celeridad en la documentación. La reactivación será poco a poco. Hemos calculado que para febrero (de 2023) produciremos zinc; para mayo, plomo; y en dos años, cobre”, dijo Luis Castillo Carlos, representante de los acreedores laborales.
La Oroya será administrada por la empresa Metalurgia Business Perú SAC, que reúne a los ex trabajadores convertidos ahora en socios de la empresa.
El vocero de los trabajadores señaló que para empezar a operar la refinería, falta recibir los permisos necesarios de entidades como el Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ministerio del Ambiente (Minam), Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Hace unos días, el presidente de Perú, Pedro Castillo, y el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, recibieron a centenares de trabajadores y manifestaron su compromiso para agilizar las coordinaciones gubernamentales en pro de la reactivación del complejo.
Castillo aseguró que se creará una mesa de trabajo entre el Minem y el Minam para atender las demandas de la localidad, e incluso se ganó a las masas alegando que si en gobiernos anteriores se hubieran abierto las puertas “a los verdaderos peruanos”, la situación sería otra.
El representante de los acreedores laborales explicó que habitualmente se suelen mezclar una tonelada del recurso extraído con otros componentes para luego “ser chancados y enviados directo al mar”, y por ello considera que tienen la capacidad de separar el concentrado en diferentes rubros, “al punto de dar un metal con 99% de pureza”.
“No queremos dinero ni que se nos exonere de la ley, exigimos celeridad en la documentación. La reactivación será poco a poco. Hemos calculado que para febrero (de 2023) produciremos zinc; para mayo, plomo; y en dos años, cobre”, dijo Luis Castillo Carlos, representante de los acreedores laborales.
La Oroya será administrada por la empresa Metalurgia Business Perú SAC, que reúne a los ex trabajadores convertidos ahora en socios de la empresa.
El vocero de los trabajadores señaló que para empezar a operar la refinería, falta recibir los permisos necesarios de entidades como el Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ministerio del Ambiente (Minam), Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Hace unos días, el presidente de Perú, Pedro Castillo, y el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, recibieron a centenares de trabajadores y manifestaron su compromiso para agilizar las coordinaciones gubernamentales en pro de la reactivación del complejo.
Castillo aseguró que se creará una mesa de trabajo entre el Minem y el Minam para atender las demandas de la localidad, e incluso se ganó a las masas alegando que si en gobiernos anteriores se hubieran abierto las puertas “a los verdaderos peruanos”, la situación sería otra.
El representante de los acreedores laborales explicó que habitualmente se suelen mezclar una tonelada del recurso extraído con otros componentes para luego “ser chancados y enviados directo al mar”, y por ello considera que tienen la capacidad de separar el concentrado en diferentes rubros, “al punto de dar un metal con 99% de pureza”.
IMARC destaca compromiso con pueblos indígenas
Octubre 14 de 2022.- La Conferencia Internacional de Minería y Recursos (IMARC) de 2022 está poniendo el foco en la participación indígena dentro del sector a través de múltiples asociaciones, oportunidades para los líderes de la industria aborigen e isleños del Estrecho de Torres, y un panel de discusión dedicado a las personas de las Primeras Naciones que trabajan en el campo.
La IMARC es uno de los eventos más grandes del mundo minero. Allí es donde los líderes mundiales del sector conversan sobre las tendencias, la inversión y la innovación hacia un futuro sostenible. Como el evento minero más grande de Australia, reúne a más de 7500 tomadores de decisiones, líderes empresariales, formuladores de políticas, inversionistas, compradores de materias primas, expertos técnicos, innovadores y educadores de más de 100 países durante tres días de aprendizaje, negociación y creación de redes sin igual. Se desarrolla en colaboración con sus socios fundadores, el Gobierno del Estado de Victoria de Australia, Austmine, el Instituto de Minería y Metalurgia de Australasia (AusIMM) y Mines and Money.
En la reunión que se realizará los días 2,3 y 4 de noviembre de este año, varios líderes influyentes discutirán la importancia de la participación indígena en toda la cadena de suministro, incluida Florence Drummond, directora ejecutiva de Mujeres Indígenas en Minería y Recursos de Australia (IWIMRA). La organización se ha asociado con IMARC, trabajando para elevar el perfil de las mujeres de las Primeras Naciones y contribuyendo a soluciones de mejores prácticas que garantizan la visibilidad, la voz y la participación de calidad de las mujeres indígenas dentro del sector.
“Estamos muy emocionados de tener una asociación formal con IMARC y solo ahora estamos comenzando a reconocer cuán verdaderamente impactante será”, dice la señora Drummond.
“A partir de nuestra historia de desventajas compuestas y continuos desafíos sistémicos, es comprensible que mucha de nuestra gente esté fatigada y frustrada con otro mecanismo para el cambio. Sin embargo, hemos trabajado arduamente para acordar qué es el valor compartido en este contexto y brindar esta importante oportunidad para todas las partes interesadas.
“Basándonos en la confianza, planeamos que nuestros delegados sean parte de la conversación y hagan las preguntas difíciles para que puedan ser la chispa o el catalizador del cambio en su hogar”, dice ella.
Titulares de derechos no solo partes interesadas
También en el panel está el presidente del equipo asesor de las Primeras Naciones del Centro de Investigación Cooperativa para la Transformación de las Economías Mineras (CRCTiME, por sus siglas en inglés), Jim Walker, quien trabaja con la firma de cierre y rehabilitación de minas para garantizar que se considere el compromiso, la participación y los resultados de las Primeras Naciones en sus proyectos.
El señor Walker dice: “Tenemos que hablar sobre cómo involucrar a los pueblos indígenas, especialmente en el contexto de dónde extraer, cómo extraer y el impacto de la mina a medida que avanza a lo largo de su vida útil estimada. Hay mucho conocimiento indígena que se puede utilizar para mitigar el impacto de las minas, especialmente en el momento del cierre. Según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, somos "titulares de derechos" y no simplemente "partes interesadas" y, como tal, el compromiso con nosotros como pueblos indígenas se vuelve obligatorio".
Walker espera que IMARC no solo sea una oportunidad para colaborar y promover estas conversaciones en Australia, sino también para tener un impacto en las comunidades indígenas de todo el mundo.
“Si podemos establecer el escenario dentro de Australia en IMARC, los delegados internacionales recuperarán ese mensaje y es posible que veamos un compromiso y una participación indígena más efectivos e impactantes en toda la industria minera mundial”, acota.
La nominación de delegados está en curso
En asociación con Whitehaven Coal, IMARC también otorga a los líderes de minería y recursos de las Primeras Naciones pases de cortesía para asistir a la conferencia, brindando oportunidades para establecer contactos, aprender y ser parte de las conversaciones en el evento minero más influyente de la industria australiana.
Se alienta a los ejecutivos indígenas a nominarse a sí mismos o pueden ser nominados por colegas antes de la fecha límite del lunes 17 de octubre para estar en la carrera para recibir uno de los diez pases de acceso completo que incluyen acceso a la cena de gala de IMARC el 3 de noviembre.
El gerente general ejecutivo de Asuntos Corporativos, Gubernamentales y Comunitarios de Whitehaven Coal, Michael van Maanen, está enormemente orgulloso de la iniciativa y dice: “Necesitamos ver un mayor compromiso con la comunidad aborigen y de la isla del Estrecho de Torres. Es una parte tan central de la economía australiana y como industria, dada nuestra distribución geográfica en todo el país, tendríamos que estar mejor posicionados que la mayoría de los otros sectores para formar asociaciones realmente funcionales y gratificantes con los propietarios tradicionales”.
El beneficio puede ser mutuo y para todo el país
“El año pasado gastamos 8,73 millones de dólares en 14 negocios locales administrados por aborígenes en el área y eso es realmente significativo para nosotros porque somos una parte importante de la economía local y a través de adquisiciones estamos tratando de garantizar la diversificación y ayudar a los negocios aborígenes a mantenerse firmes sobre sus dos pies y mantener acceso a las diversas oportunidades que pueden derivarse de tener una relación comercial con Whitehaven”, dice el Sr. van Mannen.
Al esforzarse por permitir la igualdad de oportunidades, Whitehaven Coal ha superado sus cuotas iniciales de empleo indígena con el 20% de los empleados en su sitio de Maules Creek y el 11% de su fuerza laboral total identificándose como indígena.
El señor Walker agrega: "No hay razón por la que no pueda exceder las cuotas de empleo indígena y es solo para el mejoramiento de las empresas cuando hablamos de participación indígena, especialmente cuando se trata del conocimiento de la tierra y la participación en y alrededor de la reutilización de sitios mineros para beneficiar a los pueblos indígenas y Australia en su conjunto”.
La IMARC es uno de los eventos más grandes del mundo minero. Allí es donde los líderes mundiales del sector conversan sobre las tendencias, la inversión y la innovación hacia un futuro sostenible. Como el evento minero más grande de Australia, reúne a más de 7500 tomadores de decisiones, líderes empresariales, formuladores de políticas, inversionistas, compradores de materias primas, expertos técnicos, innovadores y educadores de más de 100 países durante tres días de aprendizaje, negociación y creación de redes sin igual. Se desarrolla en colaboración con sus socios fundadores, el Gobierno del Estado de Victoria de Australia, Austmine, el Instituto de Minería y Metalurgia de Australasia (AusIMM) y Mines and Money.
En la reunión que se realizará los días 2,3 y 4 de noviembre de este año, varios líderes influyentes discutirán la importancia de la participación indígena en toda la cadena de suministro, incluida Florence Drummond, directora ejecutiva de Mujeres Indígenas en Minería y Recursos de Australia (IWIMRA). La organización se ha asociado con IMARC, trabajando para elevar el perfil de las mujeres de las Primeras Naciones y contribuyendo a soluciones de mejores prácticas que garantizan la visibilidad, la voz y la participación de calidad de las mujeres indígenas dentro del sector.
“Estamos muy emocionados de tener una asociación formal con IMARC y solo ahora estamos comenzando a reconocer cuán verdaderamente impactante será”, dice la señora Drummond.
“A partir de nuestra historia de desventajas compuestas y continuos desafíos sistémicos, es comprensible que mucha de nuestra gente esté fatigada y frustrada con otro mecanismo para el cambio. Sin embargo, hemos trabajado arduamente para acordar qué es el valor compartido en este contexto y brindar esta importante oportunidad para todas las partes interesadas.
“Basándonos en la confianza, planeamos que nuestros delegados sean parte de la conversación y hagan las preguntas difíciles para que puedan ser la chispa o el catalizador del cambio en su hogar”, dice ella.
Titulares de derechos no solo partes interesadas
También en el panel está el presidente del equipo asesor de las Primeras Naciones del Centro de Investigación Cooperativa para la Transformación de las Economías Mineras (CRCTiME, por sus siglas en inglés), Jim Walker, quien trabaja con la firma de cierre y rehabilitación de minas para garantizar que se considere el compromiso, la participación y los resultados de las Primeras Naciones en sus proyectos.
El señor Walker dice: “Tenemos que hablar sobre cómo involucrar a los pueblos indígenas, especialmente en el contexto de dónde extraer, cómo extraer y el impacto de la mina a medida que avanza a lo largo de su vida útil estimada. Hay mucho conocimiento indígena que se puede utilizar para mitigar el impacto de las minas, especialmente en el momento del cierre. Según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, somos "titulares de derechos" y no simplemente "partes interesadas" y, como tal, el compromiso con nosotros como pueblos indígenas se vuelve obligatorio".
Walker espera que IMARC no solo sea una oportunidad para colaborar y promover estas conversaciones en Australia, sino también para tener un impacto en las comunidades indígenas de todo el mundo.
“Si podemos establecer el escenario dentro de Australia en IMARC, los delegados internacionales recuperarán ese mensaje y es posible que veamos un compromiso y una participación indígena más efectivos e impactantes en toda la industria minera mundial”, acota.
La nominación de delegados está en curso
En asociación con Whitehaven Coal, IMARC también otorga a los líderes de minería y recursos de las Primeras Naciones pases de cortesía para asistir a la conferencia, brindando oportunidades para establecer contactos, aprender y ser parte de las conversaciones en el evento minero más influyente de la industria australiana.
Se alienta a los ejecutivos indígenas a nominarse a sí mismos o pueden ser nominados por colegas antes de la fecha límite del lunes 17 de octubre para estar en la carrera para recibir uno de los diez pases de acceso completo que incluyen acceso a la cena de gala de IMARC el 3 de noviembre.
El gerente general ejecutivo de Asuntos Corporativos, Gubernamentales y Comunitarios de Whitehaven Coal, Michael van Maanen, está enormemente orgulloso de la iniciativa y dice: “Necesitamos ver un mayor compromiso con la comunidad aborigen y de la isla del Estrecho de Torres. Es una parte tan central de la economía australiana y como industria, dada nuestra distribución geográfica en todo el país, tendríamos que estar mejor posicionados que la mayoría de los otros sectores para formar asociaciones realmente funcionales y gratificantes con los propietarios tradicionales”.
El beneficio puede ser mutuo y para todo el país
“El año pasado gastamos 8,73 millones de dólares en 14 negocios locales administrados por aborígenes en el área y eso es realmente significativo para nosotros porque somos una parte importante de la economía local y a través de adquisiciones estamos tratando de garantizar la diversificación y ayudar a los negocios aborígenes a mantenerse firmes sobre sus dos pies y mantener acceso a las diversas oportunidades que pueden derivarse de tener una relación comercial con Whitehaven”, dice el Sr. van Mannen.
Al esforzarse por permitir la igualdad de oportunidades, Whitehaven Coal ha superado sus cuotas iniciales de empleo indígena con el 20% de los empleados en su sitio de Maules Creek y el 11% de su fuerza laboral total identificándose como indígena.
El señor Walker agrega: "No hay razón por la que no pueda exceder las cuotas de empleo indígena y es solo para el mejoramiento de las empresas cuando hablamos de participación indígena, especialmente cuando se trata del conocimiento de la tierra y la participación en y alrededor de la reutilización de sitios mineros para beneficiar a los pueblos indígenas y Australia en su conjunto”.
Presentan ´estudio crítico´ al EIA por Loma Larga
Casi todas las organizaciones que en Ecuador se oponen a la actividad minera presentaron el pasado 22 de septiembre “la evaluación independiente del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Loma Larga”, que está a cargo de Dundee Precious Metals.
El acto se realizó en la Universidad de Cuenca y más allá de algunas generalidades de carácter científico, durante la presentación se repitieron los argumentos que ya se conocen en torno a la actividad minera en esa zona del país.
Julio Fierro, geólogo, MSc en Geotecnia y docente de la Universidad Nacional de Colombia, tuvo a su cargo la exposición principal y puso especial atención en las consecuencias que el proyecto minero tendría si las aguas subterráneas se conectarían con los ríos, especialmente el Tarqui y el Yanuncay.
Los organizadores del acto señalaron que para acceder al EIA y poder analizarlo, tuvieron que hacer gestiones especiales porque es un documento protegido por los acuerdos de confidencialidad que amparan a los contratos mineros, algo que según ellos, no ocurre en otros países de la región.
La empresa Dundee Precious Metals, hasta el cierre de esta edición, no ha hecho pública ninguna reacción sobre el estudio crítico. Desde que se hicieron cargo del proyecto, sus voceros han dicho que llegarán a la fase de explotación y en presentaciones recientes, el gobierno ha señalado que la construcción de Loma Larga se iniciará el próximo año.
El acto se realizó en la Universidad de Cuenca y más allá de algunas generalidades de carácter científico, durante la presentación se repitieron los argumentos que ya se conocen en torno a la actividad minera en esa zona del país.
Julio Fierro, geólogo, MSc en Geotecnia y docente de la Universidad Nacional de Colombia, tuvo a su cargo la exposición principal y puso especial atención en las consecuencias que el proyecto minero tendría si las aguas subterráneas se conectarían con los ríos, especialmente el Tarqui y el Yanuncay.
Los organizadores del acto señalaron que para acceder al EIA y poder analizarlo, tuvieron que hacer gestiones especiales porque es un documento protegido por los acuerdos de confidencialidad que amparan a los contratos mineros, algo que según ellos, no ocurre en otros países de la región.
La empresa Dundee Precious Metals, hasta el cierre de esta edición, no ha hecho pública ninguna reacción sobre el estudio crítico. Desde que se hicieron cargo del proyecto, sus voceros han dicho que llegarán a la fase de explotación y en presentaciones recientes, el gobierno ha señalado que la construcción de Loma Larga se iniciará el próximo año.
Nuevo documental de Pocho Alvarez
aborda problemática minera
Septiembre 18 de 2022.- "Palo Quemado. Ajedrez minero en la Casa Común” es el título del documental presentado la semana que pasó en la Universidad Andina Simón Bolívar y en el que diversos representantes de la parroquia Palo Quemado expresan los motivos que tienen para oponerse a la actividad minera.
En el acto estuvieron algunos líderes sociales de la parroquia, el obispo de la Diócesis de Latacunga, Monseñor Geovanni Paz, el cineasta y director del documental, Pocho Alvarez y pobladores y productores agrícolas que siembran caña de azúcar en el cantón Sigchos de la provincia de Cotopaxi.
Allí se viene desarrollando el proyecto minero La Plata, a cargo de la empresa Atico Mining, la misma que está a la espera de los permisos del gobierno para empezar la construcción de la mina subterránea que extraería cobre y molibdeno, principalmente.
Pocho Álvarez es cineasta y probablemente el mejor documentalista de Ecuador. Sus trabajos no forman parte de ningún circuito comercial porque sirven de apoyo audiovisual a las causas que abrazan personas que siempre han sido marginadas por los medios masivos más conocidos del país.
En su trabajo sobre Palo Quemado da voz a las “Siervas de la Caridad”, a Monseñor Geovanni, a jóvenes del lugar y a humildes hombres del campo que creen que sus sembríos de caña y su producción de panela serán destruidos por la actividad minera.
Monseñor Geovanni Paz afirmó que en el fondo de su preocupación está la defensa de la vida y de la naturaleza; la esencia misma de la doctrina cristiana y las palabras del actual papa Francisco que invoca amar a la madre tierra.
Los jóvenes de Palo Quemado, que obsequiaron algunas fundas de panela a los asistentes, dijeron que la mayoría de las ocho comunidades de la zona no apoyan el trabajo minero pero que no se trata de una cuestión de números sino de preservar la tierra, el agua y el futuro de los recursos naturales que debe estar por encima de los beneficios que se podrían obtener en el corto plazo.
En el acto estuvieron algunos líderes sociales de la parroquia, el obispo de la Diócesis de Latacunga, Monseñor Geovanni Paz, el cineasta y director del documental, Pocho Alvarez y pobladores y productores agrícolas que siembran caña de azúcar en el cantón Sigchos de la provincia de Cotopaxi.
Allí se viene desarrollando el proyecto minero La Plata, a cargo de la empresa Atico Mining, la misma que está a la espera de los permisos del gobierno para empezar la construcción de la mina subterránea que extraería cobre y molibdeno, principalmente.
Pocho Álvarez es cineasta y probablemente el mejor documentalista de Ecuador. Sus trabajos no forman parte de ningún circuito comercial porque sirven de apoyo audiovisual a las causas que abrazan personas que siempre han sido marginadas por los medios masivos más conocidos del país.
En su trabajo sobre Palo Quemado da voz a las “Siervas de la Caridad”, a Monseñor Geovanni, a jóvenes del lugar y a humildes hombres del campo que creen que sus sembríos de caña y su producción de panela serán destruidos por la actividad minera.
Monseñor Geovanni Paz afirmó que en el fondo de su preocupación está la defensa de la vida y de la naturaleza; la esencia misma de la doctrina cristiana y las palabras del actual papa Francisco que invoca amar a la madre tierra.
Los jóvenes de Palo Quemado, que obsequiaron algunas fundas de panela a los asistentes, dijeron que la mayoría de las ocho comunidades de la zona no apoyan el trabajo minero pero que no se trata de una cuestión de números sino de preservar la tierra, el agua y el futuro de los recursos naturales que debe estar por encima de los beneficios que se podrían obtener en el corto plazo.
Advierten huelga en mina Escondida
Septiembre 11 de 2022.- La minera BHP Escondida, operadora de la mina de cobre más grande del mundo, informó que no ha sido notificada formalmente de los acuerdos adoptados por el Sindicato N°1 de Trabajadores de la empresa, que determinó iniciar una paralización de actividades.
“La compañía ha dado estricto cumplimiento al contrato colectivo, a la normativa legal y a las resoluciones de la autoridad, y refuerza que la seguridad de los trabajadores es su principal prioridad. Por ello, rechaza categóricamente que se utilicen acusaciones de incumplimiento asociadas a esta materia para justificar una paralización que esta fuera del marco establecido en la ley”, dice BHP.
“Una acción de este tipo genera riesgos para la seguridad de las personas, compromete el resguardo de las instalaciones y afecta la continuidad operacional, lo que es perjudicial para el desarrollo económico y social de la región y el país”, advierte.
Sin embargo, el Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida aclara que sus dirigentes asistirán a reuniones de urgencia convocados por los directores nacionales del Trabajo y de Sernageomin para hoy lunes 12 y mañana martes 13 de septiembre, a fin de revisar todas las denuncias y situaciones de infracción, tanto a la legislación laboral como a la seguridad en faenas.
“Este nuevo escenario nos permitirá, en caso de que la Empresa no resuelva las múltiples y graves situaciones, replantear nuestro plan de acción, iniciando una huelga indefinida en la oportunidad que se defina por el Sindicato, atendido que la actividad fiscalizadora de las autoridades constituirá una suficiente advertencia hacía la Compañía de adecuarse a la brevedad a la normativa legal, sin necesidad de realizar las paralizaciones parciales de advertencia”, explica el sindicato.
“El directorio (del sindicato) concurrirá a las reuniones con las autoridades, reprogramándose nuestro plan de acción sindical, el que se ejecutará bajo las nuevas condiciones conforme se defina por nuestra organización”, expresan los trabajadores.
Informan también que en virtud de sus reclamos sobre infracciones e incumplimientos de Minera Escondida, una gran cantidad de dirigentes y trabajadores contratistas, han contactado con ellos para manifestarles que también sufren una serie de incumplimientos de todo tipo.
La mina de cobre Escondida, ubicada en el norte de Chile, produce en números redondos más de un millón de toneladas de cobre fino y es considerada la más productiva del mundo.
“La compañía ha dado estricto cumplimiento al contrato colectivo, a la normativa legal y a las resoluciones de la autoridad, y refuerza que la seguridad de los trabajadores es su principal prioridad. Por ello, rechaza categóricamente que se utilicen acusaciones de incumplimiento asociadas a esta materia para justificar una paralización que esta fuera del marco establecido en la ley”, dice BHP.
“Una acción de este tipo genera riesgos para la seguridad de las personas, compromete el resguardo de las instalaciones y afecta la continuidad operacional, lo que es perjudicial para el desarrollo económico y social de la región y el país”, advierte.
Sin embargo, el Sindicato N°1 de Trabajadores de Minera Escondida aclara que sus dirigentes asistirán a reuniones de urgencia convocados por los directores nacionales del Trabajo y de Sernageomin para hoy lunes 12 y mañana martes 13 de septiembre, a fin de revisar todas las denuncias y situaciones de infracción, tanto a la legislación laboral como a la seguridad en faenas.
“Este nuevo escenario nos permitirá, en caso de que la Empresa no resuelva las múltiples y graves situaciones, replantear nuestro plan de acción, iniciando una huelga indefinida en la oportunidad que se defina por el Sindicato, atendido que la actividad fiscalizadora de las autoridades constituirá una suficiente advertencia hacía la Compañía de adecuarse a la brevedad a la normativa legal, sin necesidad de realizar las paralizaciones parciales de advertencia”, explica el sindicato.
“El directorio (del sindicato) concurrirá a las reuniones con las autoridades, reprogramándose nuestro plan de acción sindical, el que se ejecutará bajo las nuevas condiciones conforme se defina por nuestra organización”, expresan los trabajadores.
Informan también que en virtud de sus reclamos sobre infracciones e incumplimientos de Minera Escondida, una gran cantidad de dirigentes y trabajadores contratistas, han contactado con ellos para manifestarles que también sufren una serie de incumplimientos de todo tipo.
La mina de cobre Escondida, ubicada en el norte de Chile, produce en números redondos más de un millón de toneladas de cobre fino y es considerada la más productiva del mundo.
Exitosa XIV Expo Conference Expominas
Agosto 28 de 2022.- El trabajo de Hassan J. Becdach como organizador del evento mayor de la minería ecuatoriana superó todas las expectativas y permitió el encuentro de autoridades, ejecutivos de empresas operadoras, de proveedoras y miles de personas interesadas en estas actividades, colocando al Ecuador en la mira de los inversionistas y en la agenda de los grandes eventos internacionales.
Vía Minera participó por partida doble. Mostró en su stand su nuevo producto: un mapa con gran parte de las operaciones de la minería metálica en Ecuador, es decir, con las dos minas y casi 70 proyectos a lo largo y ancho del país. Este mapa, que en realidad es parte de un proyecto mayor, junto con el Catálogo 2022 de proyectos mineros, constituyen un valioso insumo para quienes quieran conocer la situación real de la minería local.
Vía Minera colaboró también con Amtex EC Mining & Oil Channel, el canal con más vistas del periodismo local. Su última edición puede visualizarse haciendo click en:
https://www.youtube.com/watch?v=uGW4xMuNaQM
En la XIV Expo Conference Expominas ratificamos que somos una publicación chica pero independiente. Somos ediciones digitales, impresas y productos especiales que usted podrá adquirir, con un descuento importante, se decide apoyar nuestro trabajo convirtiéndose en un suscriptor de nuestras publicaciones.
Vía Minera participó por partida doble. Mostró en su stand su nuevo producto: un mapa con gran parte de las operaciones de la minería metálica en Ecuador, es decir, con las dos minas y casi 70 proyectos a lo largo y ancho del país. Este mapa, que en realidad es parte de un proyecto mayor, junto con el Catálogo 2022 de proyectos mineros, constituyen un valioso insumo para quienes quieran conocer la situación real de la minería local.
Vía Minera colaboró también con Amtex EC Mining & Oil Channel, el canal con más vistas del periodismo local. Su última edición puede visualizarse haciendo click en:
https://www.youtube.com/watch?v=uGW4xMuNaQM
En la XIV Expo Conference Expominas ratificamos que somos una publicación chica pero independiente. Somos ediciones digitales, impresas y productos especiales que usted podrá adquirir, con un descuento importante, se decide apoyar nuestro trabajo convirtiéndose en un suscriptor de nuestras publicaciones.
La semana más importante de la minería ecuatoriana
Agosto 21 de 2022.- A las tres de la tarde del miércoles 24 de agosto abre sus puertas el evento más esperado por los hombres de negocio involucrados en la minería ecuatoriana: la XIV Expo Conference Expominas 2022, reunión que revive la tradicional exposición técnica más grande del sector, luego de la versión virtual de 2020 y del megaevento que incluía el sector hidrocarburífero y las energías renovables del 2021.
La XIV Expo Conference Expominas se extenderá hasta el 26 de agosto y tendrá como sede el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, informó el organizador de este evento, el señor Hassan J. Becdach, en conversación con los medios de información. Se concretará así el evento que estuvo previsto para julio, pero se postergó por las movilizaciones sociales que duraron 18 días.
“Pero el tiempo pasa rápido y ya estamos aquí”, anotó Hassan Becdach. Estuvo acompañado del viceministro de Mminería, Andrés Wierdak, la gerente general del Centro de Convenciones Metropolitano, María Fernanda Suárez; del gerente de Curimining, Skott Mealer y de Carolina Orozco, vicepresidenta de Women in Mining Ecuador.
Se trata de un evento que excede el ámbito comercial y muestra cómo están las empresas mineras abordando los desafíos que afronta el sector en materia de legislación, asuntos sociales, económico, político y ambiental, entre otros, para probar a un país escéptico pese a las cifras, que la minería puede ser un instrumento para empujar el progreso desde los territorios más abandonados.
En materia de cifras, la expoconferencia se da cuando el país observa los significativos incrementos en los volúmenes de exportación de los productos del sector, US$ 1400 millones en el primer semestre del año y un récord de US$ 350 millones en el mes de julio, cifra similar a la que el país registraba el año antes del ingreso a la exportación de las minas Mirador y Fruta del Norte, consideradas de gran escala.
El viceministro, Andrés Wierdak, manifestó a su vez que, tras los sucesos de junio, el decreto 151 no fue derogado y es el instrumento que se sigue como guía para la aplicación de medidas necesarias, pese a que ha cumplido su plazo. Al responder una pregunta también afirmó que el sector saldrá fortalecido de los diálogos establecidos entre el movimiento indígena y el gobierno -que tienen un plazo de 90 días- porque será la oportunidad para dar a conocer lo benéfica que es la industria minera para la sociedad.
Con ese marco, el señor Becdach hizo énfasis en que apoyar la inversión minera en el país es apoyar a las comunidades de las áreas de influencia que ya se benefician con la ayuda de las empresas, apoyar al manejo correcto del agua y el cuidado técnico del ambiente, apoyar la generación de empleo adecuado y el impulso del encadenamiento productivo que sigue al desarrollo de los proyectos mineros y su transformación en minas.
En suma “apoyar al país que tanto necesita del aporte de la madre de todas las industrias que trae inversión, paga impuestos y da trabajo", porque “los que quieren trabajar están con la minería y no con las personas que protestan como el señor Iza” – afirmó refiriéndose al dirigente de las movilizaciones sociales de junio.
Para apoyar sus afirmaciones con hechos, estuvo en el hotel de Quito Hilton Colón, alojamiento oficial para los participantes de 15 países que se harán presentes en la Expominas, el gerente de la empresa Curimining, Skott Mealer. Curimining es la operadora de la futura mina Curipamba con su principal prospecto El Domo, ubicada en la provincia Bolívar en la parroquia Las Naves.
La participación del proyecto en la feria, y su modelo de relacionamiento comunitario, producto de 15 años de trabajo en la implementación de proyectos al lado de la comunidad, será de vital importancia.
Muy optimista Mealer, en un español sin acento, hizo énfasis en la oportunidad que representa para el país mantener su imagen de jurisdicción atractiva en la que “todo el mundo minero tiene puestos sus ojos”.
Inició su intervención aclarando que su esposa e hija son ecuatorianas y que ha pasado prácticamente toda su vida profesional vinculado al país.
Sostuvo que en la actualidad el proyecto emplea 160 personas, durante la construcción que iniciará en 2023, serán 800 puestos de empleo directos y durante la operación -que en principio se prevé por diez años- se empezará con 400 empleos directos permanentes.
Además de analizar la coyuntura minera los asistentes a la Expominas, empresarios, mineros y profesionales en general podrán ponerse al día en materia de innovación y de las tecnologías más modernas que de ser usadas en el Ecuador probarán que la minería puede coexistir con el cuidado del ambiente, según el organizador Hassan Becdach.
Carolina Orozco, quien también es gerente general de la empresa Torata Mining, expresó que el trabajo de promoción de la inclusión en la industria minera no se detiene pese a los distintos desafíos en materia económica, social, ambiental, política, de interculturalidad, de género, en definitiva, de diversos problemas, que afronta la minería en el país, y que más allá de los avances detectados por la organización Woman in Mining Ecuador en la presencia de mujeres, el mayor porcentaje en la industria de la región, en el mundo todavía se les paga un 85% del salario de los hombres.
En los tres días de feria exposición, que se extenderá por 11000 metros cuadrados, representantes de más de 160 empresas de quince países que asisten en nombre de más de 300 marcas comerciales, autoridades de primer nivel, directivos de los gremios empresariales y ejecutivos de las compañías mineras, se volverán a reunir después del anterior evento minero energético realizado en noviembre pasado.
Además de los stands, el alma y la filosofía de la reunión emblemática de la minería local se pondrán de manifiesto en una serie de conferencias magistrales, paneles, mesas redondas y numerosas charlas técnicas en las que los proveedores presentarán lo mejor de su vitrina comercial.
Los mejores exponentes y sus experiencias
El programa de conferencias magistrales de la XIV Expominas se abre al público el miércoles a las tres de la tarde y continuará durante los tres días de la feria.
Las tardes se llevan a cabo también -de manera simultánea- casi 40 charlas técnicas a cargo de diversas empresas presentes en la feria. Y según el programa de la reunión, el miércoles a las siete y media de la tarde debe realizarse la ceremonia de inauguración oficial con la participación de autoridades principales y ejecutivos.
De esta manera, el programa de conferencias magistrales es intenso y abarca los aspectos de la actividad minera cruciales para el desarrollo de los proyectos. Estrategias para el manejo del agua y cuidado del ambiente, mecanismos de inversión, el modelo de gobernabilidad y los desafíos del transporte de la producción hasta los puertos, constan entre otros tópicos que se abordarán.
El programa de conferencias magistrales incluye una exposición del ministro Vera sobre la gobernanza del sector minero, una de las preocupaciones centrales de quienes llevan los aspectos interinstitucionales para asegurar la continuidad de los proyectos, que se realizará el miércoles a las seis y treinta de la tarde.
La Expominas 2022 continuará hasta el próximo viernes 26 de agosto con un programa de paneles y conferencias magistrales que se puede descargar de: https://www.hjbecdachferias.com/expominas-2/
El Club para que los niños aprendan sobre minerales llega de la mano de WIM
El Club Mineralógico Juvenil, una iniciativa de Woman in Mining de Centroamérica, llegará al país durante la Expo Conference Expominas 2022 para potenciar el conocimiento, aprendizaje y motivación por las geociencias entre las nuevas generaciones. Es presentado por WIM Ecuador.
Están invitados a participar los niños de entre 8 y 13 años quienes podrán acercarse principalmente al cobre, los ambientes geológicos en donde puede encontrarse, las rocas en donde está entre los minerales, los minerales de los cuales se lo extrae, los procesos de su minado y obtención de concentrado, así como su refinación y sus importantes usos y valor estratégico para las energías renovables.
Geólogos estarán a cargo de despertar el interés y responder las preguntas de los curiosos y de conducirlos a través de juegos y premios.
Lo único que tienen que hacer es registrarse en el siguiente link: https://bit.ly/3Ahzx9m
y asistir este miércoles 26 de agosto de 16:30 a 17:30 a la Expominas.
La XIV Expo Conference Expominas se extenderá hasta el 26 de agosto y tendrá como sede el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, informó el organizador de este evento, el señor Hassan J. Becdach, en conversación con los medios de información. Se concretará así el evento que estuvo previsto para julio, pero se postergó por las movilizaciones sociales que duraron 18 días.
“Pero el tiempo pasa rápido y ya estamos aquí”, anotó Hassan Becdach. Estuvo acompañado del viceministro de Mminería, Andrés Wierdak, la gerente general del Centro de Convenciones Metropolitano, María Fernanda Suárez; del gerente de Curimining, Skott Mealer y de Carolina Orozco, vicepresidenta de Women in Mining Ecuador.
Se trata de un evento que excede el ámbito comercial y muestra cómo están las empresas mineras abordando los desafíos que afronta el sector en materia de legislación, asuntos sociales, económico, político y ambiental, entre otros, para probar a un país escéptico pese a las cifras, que la minería puede ser un instrumento para empujar el progreso desde los territorios más abandonados.
En materia de cifras, la expoconferencia se da cuando el país observa los significativos incrementos en los volúmenes de exportación de los productos del sector, US$ 1400 millones en el primer semestre del año y un récord de US$ 350 millones en el mes de julio, cifra similar a la que el país registraba el año antes del ingreso a la exportación de las minas Mirador y Fruta del Norte, consideradas de gran escala.
El viceministro, Andrés Wierdak, manifestó a su vez que, tras los sucesos de junio, el decreto 151 no fue derogado y es el instrumento que se sigue como guía para la aplicación de medidas necesarias, pese a que ha cumplido su plazo. Al responder una pregunta también afirmó que el sector saldrá fortalecido de los diálogos establecidos entre el movimiento indígena y el gobierno -que tienen un plazo de 90 días- porque será la oportunidad para dar a conocer lo benéfica que es la industria minera para la sociedad.
Con ese marco, el señor Becdach hizo énfasis en que apoyar la inversión minera en el país es apoyar a las comunidades de las áreas de influencia que ya se benefician con la ayuda de las empresas, apoyar al manejo correcto del agua y el cuidado técnico del ambiente, apoyar la generación de empleo adecuado y el impulso del encadenamiento productivo que sigue al desarrollo de los proyectos mineros y su transformación en minas.
En suma “apoyar al país que tanto necesita del aporte de la madre de todas las industrias que trae inversión, paga impuestos y da trabajo", porque “los que quieren trabajar están con la minería y no con las personas que protestan como el señor Iza” – afirmó refiriéndose al dirigente de las movilizaciones sociales de junio.
Para apoyar sus afirmaciones con hechos, estuvo en el hotel de Quito Hilton Colón, alojamiento oficial para los participantes de 15 países que se harán presentes en la Expominas, el gerente de la empresa Curimining, Skott Mealer. Curimining es la operadora de la futura mina Curipamba con su principal prospecto El Domo, ubicada en la provincia Bolívar en la parroquia Las Naves.
La participación del proyecto en la feria, y su modelo de relacionamiento comunitario, producto de 15 años de trabajo en la implementación de proyectos al lado de la comunidad, será de vital importancia.
Muy optimista Mealer, en un español sin acento, hizo énfasis en la oportunidad que representa para el país mantener su imagen de jurisdicción atractiva en la que “todo el mundo minero tiene puestos sus ojos”.
Inició su intervención aclarando que su esposa e hija son ecuatorianas y que ha pasado prácticamente toda su vida profesional vinculado al país.
Sostuvo que en la actualidad el proyecto emplea 160 personas, durante la construcción que iniciará en 2023, serán 800 puestos de empleo directos y durante la operación -que en principio se prevé por diez años- se empezará con 400 empleos directos permanentes.
Además de analizar la coyuntura minera los asistentes a la Expominas, empresarios, mineros y profesionales en general podrán ponerse al día en materia de innovación y de las tecnologías más modernas que de ser usadas en el Ecuador probarán que la minería puede coexistir con el cuidado del ambiente, según el organizador Hassan Becdach.
Carolina Orozco, quien también es gerente general de la empresa Torata Mining, expresó que el trabajo de promoción de la inclusión en la industria minera no se detiene pese a los distintos desafíos en materia económica, social, ambiental, política, de interculturalidad, de género, en definitiva, de diversos problemas, que afronta la minería en el país, y que más allá de los avances detectados por la organización Woman in Mining Ecuador en la presencia de mujeres, el mayor porcentaje en la industria de la región, en el mundo todavía se les paga un 85% del salario de los hombres.
En los tres días de feria exposición, que se extenderá por 11000 metros cuadrados, representantes de más de 160 empresas de quince países que asisten en nombre de más de 300 marcas comerciales, autoridades de primer nivel, directivos de los gremios empresariales y ejecutivos de las compañías mineras, se volverán a reunir después del anterior evento minero energético realizado en noviembre pasado.
Además de los stands, el alma y la filosofía de la reunión emblemática de la minería local se pondrán de manifiesto en una serie de conferencias magistrales, paneles, mesas redondas y numerosas charlas técnicas en las que los proveedores presentarán lo mejor de su vitrina comercial.
Los mejores exponentes y sus experiencias
El programa de conferencias magistrales de la XIV Expominas se abre al público el miércoles a las tres de la tarde y continuará durante los tres días de la feria.
Las tardes se llevan a cabo también -de manera simultánea- casi 40 charlas técnicas a cargo de diversas empresas presentes en la feria. Y según el programa de la reunión, el miércoles a las siete y media de la tarde debe realizarse la ceremonia de inauguración oficial con la participación de autoridades principales y ejecutivos.
De esta manera, el programa de conferencias magistrales es intenso y abarca los aspectos de la actividad minera cruciales para el desarrollo de los proyectos. Estrategias para el manejo del agua y cuidado del ambiente, mecanismos de inversión, el modelo de gobernabilidad y los desafíos del transporte de la producción hasta los puertos, constan entre otros tópicos que se abordarán.
El programa de conferencias magistrales incluye una exposición del ministro Vera sobre la gobernanza del sector minero, una de las preocupaciones centrales de quienes llevan los aspectos interinstitucionales para asegurar la continuidad de los proyectos, que se realizará el miércoles a las seis y treinta de la tarde.
La Expominas 2022 continuará hasta el próximo viernes 26 de agosto con un programa de paneles y conferencias magistrales que se puede descargar de: https://www.hjbecdachferias.com/expominas-2/
El Club para que los niños aprendan sobre minerales llega de la mano de WIM
El Club Mineralógico Juvenil, una iniciativa de Woman in Mining de Centroamérica, llegará al país durante la Expo Conference Expominas 2022 para potenciar el conocimiento, aprendizaje y motivación por las geociencias entre las nuevas generaciones. Es presentado por WIM Ecuador.
Están invitados a participar los niños de entre 8 y 13 años quienes podrán acercarse principalmente al cobre, los ambientes geológicos en donde puede encontrarse, las rocas en donde está entre los minerales, los minerales de los cuales se lo extrae, los procesos de su minado y obtención de concentrado, así como su refinación y sus importantes usos y valor estratégico para las energías renovables.
Geólogos estarán a cargo de despertar el interés y responder las preguntas de los curiosos y de conducirlos a través de juegos y premios.
Lo único que tienen que hacer es registrarse en el siguiente link: https://bit.ly/3Ahzx9m
y asistir este miércoles 26 de agosto de 16:30 a 17:30 a la Expominas.
Solaris presenta programa de becas Mujer minera amazónica
Agosto 21 de 2022.- Un programa de doce becas de mil dólares cada una fue anunciado por Solaris Resources que, una vez más, demuestra su vocación por contribuir con la educación de las poblaciones asentadas en los alrededores de las operaciones mineras.
Las becas serán entregadas a las jóvenes nacidas en la Amazonía y que se encuentren estudiando ingenierías o licenciaturas en carreras relacionadas a la minería, tanto desde las ingenierías como desde el campo de las ciencias sociales.
Todas las universidades del país han sido consideradas en esta beca, que tomará en cuenta la excelencia académica, diversidad e inclusión, transparencia, concurrencia, igualdad de oportunidades y equidad.
Solaris ha anunciado tres categorías. “Soy mujer minera amazónica que cuida y protege el territorio de forma transversal a las actividades de mineria responsable” para quienes sigan ingeniería ambiental, biología, ciencias, entre otras carreras.
“Soy mujer minera amazónica que participa en el desarrollo técnico de la industria minera” para las que estudian geología, geociencias o ingeniería de minas y “Soy mujer minera amazónica que vela por la participación del pueblo y la viabilidad social y sostenible de los proyectos mineros responsables” para las estudiantes de sociología, gestión de conflictos, psicología, antropología, relaciones internacionales, administración, gestión de proyectos o alguna otra carrera de las ciencias sociales.
Las interesadas, y los interesados, obtendrán más informes en la página: https://www.mujermineraamazonica.com/
Las becas serán entregadas a las jóvenes nacidas en la Amazonía y que se encuentren estudiando ingenierías o licenciaturas en carreras relacionadas a la minería, tanto desde las ingenierías como desde el campo de las ciencias sociales.
Todas las universidades del país han sido consideradas en esta beca, que tomará en cuenta la excelencia académica, diversidad e inclusión, transparencia, concurrencia, igualdad de oportunidades y equidad.
Solaris ha anunciado tres categorías. “Soy mujer minera amazónica que cuida y protege el territorio de forma transversal a las actividades de mineria responsable” para quienes sigan ingeniería ambiental, biología, ciencias, entre otras carreras.
“Soy mujer minera amazónica que participa en el desarrollo técnico de la industria minera” para las que estudian geología, geociencias o ingeniería de minas y “Soy mujer minera amazónica que vela por la participación del pueblo y la viabilidad social y sostenible de los proyectos mineros responsables” para las estudiantes de sociología, gestión de conflictos, psicología, antropología, relaciones internacionales, administración, gestión de proyectos o alguna otra carrera de las ciencias sociales.
Las interesadas, y los interesados, obtendrán más informes en la página: https://www.mujermineraamazonica.com/
Lundin Gold presentó Memoria de Sostenibilidad 2021
Agosto 21 de 2022.- Lundin Gold, operadora de la mina Fruta del Norte, presentó la semana que pasó su sexto Memoria Anual de Sostenibilidad, en el cual se ofrecen, divididos en cuatro secciones: hitos de sostenibilidad, hitos ambientales, hitos sociales e hitos económicos y gobernanza; los resultados alcanzados por la empresa el año 2021.
El lanzamiento se hizo en el bungaló del Jardín Botánico de Quito, en un acto durante el cual se explicó que el informe ha sido elaborado de acuerdo con una selección de divulgaciones y orientaciones de la Opción Esencial de los Estándares de la Iniciativa de Reporte Global (GRI), incluida una selección de divulgaciones del sector de Minería y Metales del suplemento GRI G4, los Estándares de la Industria de Minería y Metales de la Junta de Contabilidad de Estándares de Sostenibilidad (SASB), y de acuerdo con la Opción Esencial del Mecanismo de Información para la Adquisición Local en el Sector Minero (LPRM). Este informe también representa nuestra quinta Comunicación de Progreso en la implementación de los Principios de Pacto Global de las Naciones Unidas (UNGC), se indica en el documento.
“2021 representó nuestro primer año completo de operaciones en Fruta del Norte. Fue un año de notables logros a pesar de una pandemia mundial que presentó nuevos desafíos personales y profesionales para nuestro personal, obligó a múltiples confinamientos e interrumpió las cadenas de suministro mundiales. A lo largo del año, mantuvimos la mayoría de nuestros protocolos y programas de apoyo (como las rotaciones extendidas y un programa de salud mental para los empleados), al tiempo que modificamos otros procesos para adaptarnos a la cambiante pandemia”, dice el vicepresidente de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold, Nathan Monash, en la presentación del informe.
“En 2021, Lundin Gold puso en marcha múltiples iniciativas que apoyaron aún más a las comunidades locales cercanas a FDN afectadas por la pandemia. Una de nuestras principales contribuciones fue la apertura de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el hospital de Yantzaza en colaboración con Newcrest Mining Limited y SolGold Plc. Con la apertura de la UCI, la población local tiene ahora acceso a la atención sanitaria crítica”, agrega el texto, en el cual se ofrecen en síntesis los resultados más notables logrados por la minera.
La ceremonia de presentación del informe contó con participación del viceministro de Minería, Andrés Wierdak; del vicepresidente de Sostenibilidad de Lundin Gold, Nathan Monash; Luis Suárez, de Conservación Internacional; María Cristina Acosta, quien realizó la presentación del bloque de resultados sobre el manejo ambiental y de Rubén Naichap Yankur, presidente de la Federación Shuar de Zamora Chinchipe y presidente de la empresa Shuar Num, entre otras personalidades.
La Memoria en digital puede ser descargada del siguiente QR:
El lanzamiento se hizo en el bungaló del Jardín Botánico de Quito, en un acto durante el cual se explicó que el informe ha sido elaborado de acuerdo con una selección de divulgaciones y orientaciones de la Opción Esencial de los Estándares de la Iniciativa de Reporte Global (GRI), incluida una selección de divulgaciones del sector de Minería y Metales del suplemento GRI G4, los Estándares de la Industria de Minería y Metales de la Junta de Contabilidad de Estándares de Sostenibilidad (SASB), y de acuerdo con la Opción Esencial del Mecanismo de Información para la Adquisición Local en el Sector Minero (LPRM). Este informe también representa nuestra quinta Comunicación de Progreso en la implementación de los Principios de Pacto Global de las Naciones Unidas (UNGC), se indica en el documento.
“2021 representó nuestro primer año completo de operaciones en Fruta del Norte. Fue un año de notables logros a pesar de una pandemia mundial que presentó nuevos desafíos personales y profesionales para nuestro personal, obligó a múltiples confinamientos e interrumpió las cadenas de suministro mundiales. A lo largo del año, mantuvimos la mayoría de nuestros protocolos y programas de apoyo (como las rotaciones extendidas y un programa de salud mental para los empleados), al tiempo que modificamos otros procesos para adaptarnos a la cambiante pandemia”, dice el vicepresidente de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold, Nathan Monash, en la presentación del informe.
“En 2021, Lundin Gold puso en marcha múltiples iniciativas que apoyaron aún más a las comunidades locales cercanas a FDN afectadas por la pandemia. Una de nuestras principales contribuciones fue la apertura de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el hospital de Yantzaza en colaboración con Newcrest Mining Limited y SolGold Plc. Con la apertura de la UCI, la población local tiene ahora acceso a la atención sanitaria crítica”, agrega el texto, en el cual se ofrecen en síntesis los resultados más notables logrados por la minera.
La ceremonia de presentación del informe contó con participación del viceministro de Minería, Andrés Wierdak; del vicepresidente de Sostenibilidad de Lundin Gold, Nathan Monash; Luis Suárez, de Conservación Internacional; María Cristina Acosta, quien realizó la presentación del bloque de resultados sobre el manejo ambiental y de Rubén Naichap Yankur, presidente de la Federación Shuar de Zamora Chinchipe y presidente de la empresa Shuar Num, entre otras personalidades.
La Memoria en digital puede ser descargada del siguiente QR:
Mujeres y hombres de oro
Agosto 21 de 2022.- Una publicación que destaca el trabajo de las jancheras, que en Perú se llaman pallaqueras, fue presentado en ese país que hace unos días celebró la constitución legal de la primera asociación de mujeres seleccionadoras manuales de oro del norte peruano.
El libro se titula “Mujeres y hombres de oro” y muestra las brechas de género en la minería artesanal y pequeña minería y brinda recomendaciones para la elaboración de un plan de acción con enfoque de género que promueva la igualdad de derechos y oportunidades en el sector.
El estudio fue realizado en el marco del proyecto planetGOLD Perú —ejecutado por el Ministerio del Ambiente, en colaboración con el Ministerio de Energía y Minas y con la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)—, y recoge información de nueve regiones del Perú donde existe una gran cantidad de seleccionadoras de mineral, mineros y mineras artesanales y de pequeña escala formales y en proceso de formalización provenientes de Arequipa, Puno, Piura, Cusco, Madre de Dios, Ica, Ayacucho, Apurímac y Ancash.
La primera organización de pallaqueras nace con el el nombre de “Asociación de seleccionadoras manuales de oro Cuchicorral-Chirinos-Suyo” y tiene como socias a 34 mujeres que encuentran el oro en el material que descartan los mineros artesanales y de pequeña escala.
El libro puede ser descargado de https://www.undp.org/es/peru/publications/mujeres-y-hombres-de-oro
El libro se titula “Mujeres y hombres de oro” y muestra las brechas de género en la minería artesanal y pequeña minería y brinda recomendaciones para la elaboración de un plan de acción con enfoque de género que promueva la igualdad de derechos y oportunidades en el sector.
El estudio fue realizado en el marco del proyecto planetGOLD Perú —ejecutado por el Ministerio del Ambiente, en colaboración con el Ministerio de Energía y Minas y con la asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)—, y recoge información de nueve regiones del Perú donde existe una gran cantidad de seleccionadoras de mineral, mineros y mineras artesanales y de pequeña escala formales y en proceso de formalización provenientes de Arequipa, Puno, Piura, Cusco, Madre de Dios, Ica, Ayacucho, Apurímac y Ancash.
La primera organización de pallaqueras nace con el el nombre de “Asociación de seleccionadoras manuales de oro Cuchicorral-Chirinos-Suyo” y tiene como socias a 34 mujeres que encuentran el oro en el material que descartan los mineros artesanales y de pequeña escala.
El libro puede ser descargado de https://www.undp.org/es/peru/publications/mujeres-y-hombres-de-oro
Convención minera será en español, inglés y quechua
Agosto 14 de 2022.- PERUMIN 35, la convención minera más importante de Latinoamérica y una de las más relevantes del mundo, contará con traducciones en simultáneo en español, inglés y quechua, haciendo que se convierta por primera vez en un evento trilingüe.
Esta medida ha sido motivada por la concurrencia, cada vez mayor, de participantes que residen en las comunidades altoandinas, quienes trabajan en empresas mineras, que se han constituido como proveedores de diversos servicios y/o que son beneficiarios de los programas sociales que fomentan las compañías. Asimismo, se espera alcanzar a una mayor cantidad de audiencia para que peruanos de diversas procedencias y culturas puedan tener un mayor conocimiento sobre las bondades de la industria minera y su aporte al desarrollo del Perú.
“Esta iniciativa es muy importante ya que el quechua, no solo es uno de los idiomas oficiales del país, sino que, además, es la segunda lengua que tiene la mayor cantidad de hablantes en el territorio peruano. Es así como podremos involucrarnos y dar a conocer a todos los participantes y a la población peruana acerca de la importancia de la minería para el desarrollo económico y social del país”, sostuvo Claudia Cooper, presidente de PERUMIN 35.
Para mayor información y presencialidad en las actividades de PERUMIN 35, seguir las cuentas oficiales de PERUMIN:
Página Web https://perumin.com/perumin35/public/es/rumbo-a-perumin
Facebook https://www.facebook.com/PeruminOficial
YouTube https://www.youtube.com/c/Perumin
Esta medida ha sido motivada por la concurrencia, cada vez mayor, de participantes que residen en las comunidades altoandinas, quienes trabajan en empresas mineras, que se han constituido como proveedores de diversos servicios y/o que son beneficiarios de los programas sociales que fomentan las compañías. Asimismo, se espera alcanzar a una mayor cantidad de audiencia para que peruanos de diversas procedencias y culturas puedan tener un mayor conocimiento sobre las bondades de la industria minera y su aporte al desarrollo del Perú.
“Esta iniciativa es muy importante ya que el quechua, no solo es uno de los idiomas oficiales del país, sino que, además, es la segunda lengua que tiene la mayor cantidad de hablantes en el territorio peruano. Es así como podremos involucrarnos y dar a conocer a todos los participantes y a la población peruana acerca de la importancia de la minería para el desarrollo económico y social del país”, sostuvo Claudia Cooper, presidente de PERUMIN 35.
Para mayor información y presencialidad en las actividades de PERUMIN 35, seguir las cuentas oficiales de PERUMIN:
Página Web https://perumin.com/perumin35/public/es/rumbo-a-perumin
Facebook https://www.facebook.com/PeruminOficial
YouTube https://www.youtube.com/c/Perumin
Convenio entre Colegio de Abogados y
Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía
Julio 31 de 2022.- El Colegio de Abogados del Guayas, por medio de su presidente, el abogado Fabián Yánez Barrera, suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía ASIDE, representada por su delegado para el Ecuador, el abogado Stevie Gamboa Valladares.
El Convenio de Cooperación se suscribe en el marco de la promoción académica que la asociación realiza anualmente en toda Iberoamérica, y específicamente, con motivo del IV Congreso de Derecho de la Energía, a realizarse en el mes de octubre en la ciudad de Guayaquil.
Las citas previas del Congreso se cumplieron en México y Colombia. En esta ocasión se realizará por primera vez en Ecuador y la organización ha designado a Guayaquil como la “Ciudad de la Energía”.
El evento cuenta con el respaldo del Ministerio de Energía y Minas, de la Agencia de Regulación y Control de la Energía, además del auspicio académico de la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil.
El Congreso se desarrollará durante dos días y contará con más de 30 panelistas extranjeros en representación de las universidades e Institutos relacionados a los sectores de energías renovables, petróleo, minería, electricidad y medio ambiente, provenientes de países como Brasil, Perú, Chile, España, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Colombia y Argentina, así como los más relevantes profesionales y firmas legales del Ecuador.
El Convenio suscrito entre ambas organizaciones permitirá a sus integrantes conocer y beneficiarse de iniciativas académicas en el Ecuador y en toda la región, además de proporcionar beneficios a los socios del colegio profesional en todas las iniciativas académicas conjuntas.
Para mayores informes, los interesados deben comunicarse con el contacto de ASIDE en Ecuador, el doctor Stevie Gamboa Valladares, en el teléfono 0909004723
El Convenio de Cooperación se suscribe en el marco de la promoción académica que la asociación realiza anualmente en toda Iberoamérica, y específicamente, con motivo del IV Congreso de Derecho de la Energía, a realizarse en el mes de octubre en la ciudad de Guayaquil.
Las citas previas del Congreso se cumplieron en México y Colombia. En esta ocasión se realizará por primera vez en Ecuador y la organización ha designado a Guayaquil como la “Ciudad de la Energía”.
El evento cuenta con el respaldo del Ministerio de Energía y Minas, de la Agencia de Regulación y Control de la Energía, además del auspicio académico de la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil.
El Congreso se desarrollará durante dos días y contará con más de 30 panelistas extranjeros en representación de las universidades e Institutos relacionados a los sectores de energías renovables, petróleo, minería, electricidad y medio ambiente, provenientes de países como Brasil, Perú, Chile, España, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Colombia y Argentina, así como los más relevantes profesionales y firmas legales del Ecuador.
El Convenio suscrito entre ambas organizaciones permitirá a sus integrantes conocer y beneficiarse de iniciativas académicas en el Ecuador y en toda la región, además de proporcionar beneficios a los socios del colegio profesional en todas las iniciativas académicas conjuntas.
Para mayores informes, los interesados deben comunicarse con el contacto de ASIDE en Ecuador, el doctor Stevie Gamboa Valladares, en el teléfono 0909004723
Falleció fundador de Lundin Gold
Julio 31 de 2022.- El pasado 26 de julio dejó de existir Lukas H. Lundin, fundador y ex presidente de Lundin Gold y una docena de compañías más reunidas en una de las asociaciones más pujantes de empresas y consorcios de la minería, el petróleo y el gas que se instaló en Argentina, Brasil, Chile y Ecuador; en América del Norte, el África y Europa.
En nuestro país fue conocido por las actividades de la mina Fruta del Norte, uno de sus últimos emprendimientos. La operadora, Lundin Gold Inc., se encargó de dar la mala noticia que puso de luto a varias generaciones de mineros.
Fue una nota emotiva que destacó la lucha que libró Lukas Lundin contra una enfermedad que da miedo nombrarla. La enfrentó durante dos años durante los cuales no dejó de poner su energía y habilidades al servicio del crecimiento de sus proyectos. Quienes saben de negocios por todo el mundo, dicen que sin su impulso el destino de The Lundin Group of Companies sería uno mucho más modesto.
Lukas Lundin comenzó su carrera en los sectores extractivos a principios de la década de los ochenta del siglo pasado, en pleno reacomodo de las posiciones de una nueva clase empresarial que comenzó a desplazar a los grandes conglomerados internacionales.
Trabajó codo con codo con su padre, Adolf H. Lundin, con su hermano Ian, y en estrecha colaboración con el resto de la familia Lundin.
El boletín de Lundin Gold dice que Lukas Lundin fundó Lundin Gold en 2014 y fue presidente de la junta directiva hasta que renunció en mayo de 2022.
Los hijos de Lukas Lundin, Harry, Adam, Jack y William, dicen en un comunicado conjunto: "Nuestro padre es nuestra mayor inspiración. Su pasión por las industrias a las que dedicó su vida no tenía paralelo. Lukas vio a las personas como la clave del éxito y pasó décadas construyendo algunos de los equipos de gestión más sólidos de nuestras industrias. Siempre se esforzó por empoderar a quienes trabajaban con él y nos empujó continuamente a apuntar más alto. No podríamos haber tenido un mejor padre y mentor. Nuestra familia está profundamente entristecida por el fallecimiento de Lukas, pero se consuela sabiendo que su legado perdurará en las generaciones venideras. Habiendo trabajado codo a codo con Lukas durante muchos años, todos esperamos continuar construyendo sobre los éxitos de las empresas dentro del Grupo Lundin, con el apoyo de nuestros accionistas y otras partes interesadas, en particular los miembros de las comunidades locales donde operamos”.
“Las empresas del Grupo Lundin se mantienen más fuertes que nunca y la familia Lundin está unida en nuestro compromiso de seguir siendo accionistas a largo plazo", señala la nota que informó el deceso.
En nuestro país fue conocido por las actividades de la mina Fruta del Norte, uno de sus últimos emprendimientos. La operadora, Lundin Gold Inc., se encargó de dar la mala noticia que puso de luto a varias generaciones de mineros.
Fue una nota emotiva que destacó la lucha que libró Lukas Lundin contra una enfermedad que da miedo nombrarla. La enfrentó durante dos años durante los cuales no dejó de poner su energía y habilidades al servicio del crecimiento de sus proyectos. Quienes saben de negocios por todo el mundo, dicen que sin su impulso el destino de The Lundin Group of Companies sería uno mucho más modesto.
Lukas Lundin comenzó su carrera en los sectores extractivos a principios de la década de los ochenta del siglo pasado, en pleno reacomodo de las posiciones de una nueva clase empresarial que comenzó a desplazar a los grandes conglomerados internacionales.
Trabajó codo con codo con su padre, Adolf H. Lundin, con su hermano Ian, y en estrecha colaboración con el resto de la familia Lundin.
El boletín de Lundin Gold dice que Lukas Lundin fundó Lundin Gold en 2014 y fue presidente de la junta directiva hasta que renunció en mayo de 2022.
Los hijos de Lukas Lundin, Harry, Adam, Jack y William, dicen en un comunicado conjunto: "Nuestro padre es nuestra mayor inspiración. Su pasión por las industrias a las que dedicó su vida no tenía paralelo. Lukas vio a las personas como la clave del éxito y pasó décadas construyendo algunos de los equipos de gestión más sólidos de nuestras industrias. Siempre se esforzó por empoderar a quienes trabajaban con él y nos empujó continuamente a apuntar más alto. No podríamos haber tenido un mejor padre y mentor. Nuestra familia está profundamente entristecida por el fallecimiento de Lukas, pero se consuela sabiendo que su legado perdurará en las generaciones venideras. Habiendo trabajado codo a codo con Lukas durante muchos años, todos esperamos continuar construyendo sobre los éxitos de las empresas dentro del Grupo Lundin, con el apoyo de nuestros accionistas y otras partes interesadas, en particular los miembros de las comunidades locales donde operamos”.
“Las empresas del Grupo Lundin se mantienen más fuertes que nunca y la familia Lundin está unida en nuestro compromiso de seguir siendo accionistas a largo plazo", señala la nota que informó el deceso.
PDAC premió a Lundin Gold
Junio 27 del 2022.- El Premio Viola R. MacMillan que otorga la Asociación Canadiense de Prospectores y Exploradores, Pdac, fue entregado este año a la empresa Lundin Gold, matriz de Aurelian Ecuador, que tiene a su cargo la explotación de oro en la parte sur del país.
El premio, que lleva el nombre del presidente con más años en el cargo del Pdac, se otorga a una persona u organización que demuestre liderazgo en la gestión y el financiamiento para la exploración y el desarrollo de recursos minerales.
La distinción destaca el trabajo de arquitectura financiera que tuvo que hacer Lundin Gold para construir una mina que producirá aproximadamente 4,7 millones de onzas de oro en sus 14 años de vida.
Para construir la mina -y lo destaca el premio- Lundin usó una combinación creativa de deuda, transmisión y financiamiento de capital, incluida una inversión de capital de $ 250 millones por parte de Newcrest Mining de Australia.
La empresa tuvo éxito en la recaudación de fondos en parte debido a su capacidad para mitigar los impactos ambientales y sociales y obtener el apoyo de la comunidad para el proyecto en una región empobrecida del sureste de Ecuador.
El premio entregado a Lundin Gold recuerda que en 2013 Ecuador estaba en medio de la redacción de un nuevo código minero para fomentar la inversión en el sector.
Pero ya era demasiado tarde para Kinross Gold, que había gastado $1,200 millones en 2008 para adquirir el depósito Fruta del Norte y pasó cinco años tratando de desarrollarlo.
Como la compañía se alejó del recurso cuando fracasaron las negociaciones con el gobierno ecuatoriano, la familia Lundin vio en ello una oportunidad y a fines de 2014, tomó Fruta del Norte de las manos de Kinross en un acuerdo de efectivo y acciones por un valor de US$240 millones.
Luego de conversaciones detalladas con el gobierno ecuatoriano, Lundin Gold llegó a un acuerdo para consagrar garantías legales y fiscales para la mina y allanar el camino para el financiamiento del proyecto.
Las negociaciones ayudaron a dar forma a la nueva ley minera de Ecuador.
El siguiente desafío fue recaudar los mil millones de dólares necesarios para construir una mina subterránea en una jurisdicción que tenía poca experiencia con proyectos mineros a gran escala. Logró reunirnos y el resto es historia conocida.
El premio, que lleva el nombre del presidente con más años en el cargo del Pdac, se otorga a una persona u organización que demuestre liderazgo en la gestión y el financiamiento para la exploración y el desarrollo de recursos minerales.
La distinción destaca el trabajo de arquitectura financiera que tuvo que hacer Lundin Gold para construir una mina que producirá aproximadamente 4,7 millones de onzas de oro en sus 14 años de vida.
Para construir la mina -y lo destaca el premio- Lundin usó una combinación creativa de deuda, transmisión y financiamiento de capital, incluida una inversión de capital de $ 250 millones por parte de Newcrest Mining de Australia.
La empresa tuvo éxito en la recaudación de fondos en parte debido a su capacidad para mitigar los impactos ambientales y sociales y obtener el apoyo de la comunidad para el proyecto en una región empobrecida del sureste de Ecuador.
El premio entregado a Lundin Gold recuerda que en 2013 Ecuador estaba en medio de la redacción de un nuevo código minero para fomentar la inversión en el sector.
Pero ya era demasiado tarde para Kinross Gold, que había gastado $1,200 millones en 2008 para adquirir el depósito Fruta del Norte y pasó cinco años tratando de desarrollarlo.
Como la compañía se alejó del recurso cuando fracasaron las negociaciones con el gobierno ecuatoriano, la familia Lundin vio en ello una oportunidad y a fines de 2014, tomó Fruta del Norte de las manos de Kinross en un acuerdo de efectivo y acciones por un valor de US$240 millones.
Luego de conversaciones detalladas con el gobierno ecuatoriano, Lundin Gold llegó a un acuerdo para consagrar garantías legales y fiscales para la mina y allanar el camino para el financiamiento del proyecto.
Las negociaciones ayudaron a dar forma a la nueva ley minera de Ecuador.
El siguiente desafío fue recaudar los mil millones de dólares necesarios para construir una mina subterránea en una jurisdicción que tenía poca experiencia con proyectos mineros a gran escala. Logró reunirnos y el resto es historia conocida.
Acciones del paro nacional cuestionan presencia minera
Junio 19 de 2022.- El paro nacional indefinido organizado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) exigiendo la solución a una plataforma de diez puntos, puso a prueba la calidad de las relaciones que el sector minero ha venido construyendo con las poblaciones que viven en los alrededores de sus proyectos.
Y la presencia del vector minero como elemento catalizador de la protesta viene aumentando conforme avanzan los días de paralización. Considerado inicialmente como el quinto punto de un listado de diez reclamaciones, el rol de la minería como causa del descontento se hace más notorio en muchas provincias.
El punto cinco de la “Agenda de lucha nacional” con la que la Conaie inició el paro dice a la letra: “Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles. Derogatoria de los Decretos 95 y 151”.
Destaca el cambio que se registra en el discurso oficial de la organización que, antes del paro, rechazaba todo tipo de actividad minera o petrolera en sus territorios en tanto que, al menos en el plano de las declaraciones, pareciera que ahora se opone sólo a la que se podría realizar en sus territorios, las fuentes de agua y los ecosistemas frágiles.
En el plano de lo real, sin embargo, lo concreto es que las personas que ahora se movilizan atendiendo al llamado del paro nacional, vienen poniendo a la actividad minera entre los primeros puntos de sus reclamos.
Sin considerar si el proyecto está en zona considerada como fuente de agua o territorio indígena, las marchas que tienen lugar en la Sierra casi siempre exteriorizan el desacuerdo con las actividades mineras en la zona.
Desde otro ángulo, dos de las tres provincias con declaratoria de estado de excepción -Cotopaxi e Imbabura- tienen importantes proyectos mineros. En Imbabura se desarrollan Llurimagua, Espejo, Río Magdalena, Imba, Santa Teresa, Cascabel y otros de Solgold, BHP, Hanrine y Enami EP, entre otros.
En Cotopaxi, en donde se ubica el proyecto La Plata, que tiene planes de empezar a construir el próximo año, y en donde Leonidas Iza había perdido hace un par de meses las elecciones de la dirigencia del movimiento indígena provincial, se dio una movilización amplia en la que participó también Lourdes Tibán, una líder indígena y política que hasta hace poco era contraria a Iza.
Las movilizaciones con cierres de vías en Imbabura fueron masivas y diarias en toda la provincia con alta participación de comuneros del cantón Cotacachi que tiene una declaratoria de cantón sin minería. En Buenos Aires, parroquia de Urcuquí en Imbabura, zona de concesiones de Hanrine, pobladores opuestos a la minería cerraron la vía de acceso por unas horas hasta que fueron desalojados por grupos de militares que para despejar la pista hirieron a dos pobladores.
En Bolívar, provincia en la que se realizaron movilizaciones masivas y con mucho entusiasmo, se desarrollan proyectos mineros como Curipamba, Chillanes y Salinas. En Guaranda, capital de Bolívar, la Gobernación fue tomada por los manifestantes y las actividades estuvieron paralizadas como resultado de las marchas.
En el camino hacia Loja, capital de la provincia del mismo nombre, videos difundidos por las organizaciones de quienes protestan dan cuenta de varias cuadras en las cuales se observa marchas compactas de indígenas saraguros y mestizos que entre sus consignas corean las de “abajo la minería”.
En la parroquia Gualel, Loja, sobre los territorios en los que se desarrolla el proyecto de Guayacan Gold, una compañía del grupo Salazar, entre otros, los comuneros decidieron cerrar las vías de acceso y la minera emitió un comunicado señalando que se impide el trabajo e incluso el abastecimiento de alimentos.
En Fierro Urco se desconoce qué hubo, pero Ecotel Press, un medio local, dedicó su portada y dos páginas interiores a la acción de quienes están en contra de los proyectos mineros.
En esa provincia están los proyectos conocidos como Linderos, Macará Mina, Santiago, Bramaderos, Caña Brava, Cisne Loja, El Potro y Tierras Coloradas, entre otros.
En las parroquias Tarqui y Jima, de la provincia sureña de Azuay, los cierres de la carretera Panamericana Sur también se hacen acompañados de consignas como “Jima rechaza la minería”.
Y en Nabón, donde Minera Cachabí desarrolla el proyecto Mozo y se extiende una parte del proyecto Fortuna, de Lucky Minerals, una multitud de comuneros se movilizó con la consigna de "Agua sí, oro no. Fuera los mineros de Nabón".
Y la presencia del vector minero como elemento catalizador de la protesta viene aumentando conforme avanzan los días de paralización. Considerado inicialmente como el quinto punto de un listado de diez reclamaciones, el rol de la minería como causa del descontento se hace más notorio en muchas provincias.
El punto cinco de la “Agenda de lucha nacional” con la que la Conaie inició el paro dice a la letra: “Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera/petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles. Derogatoria de los Decretos 95 y 151”.
Destaca el cambio que se registra en el discurso oficial de la organización que, antes del paro, rechazaba todo tipo de actividad minera o petrolera en sus territorios en tanto que, al menos en el plano de las declaraciones, pareciera que ahora se opone sólo a la que se podría realizar en sus territorios, las fuentes de agua y los ecosistemas frágiles.
En el plano de lo real, sin embargo, lo concreto es que las personas que ahora se movilizan atendiendo al llamado del paro nacional, vienen poniendo a la actividad minera entre los primeros puntos de sus reclamos.
Sin considerar si el proyecto está en zona considerada como fuente de agua o territorio indígena, las marchas que tienen lugar en la Sierra casi siempre exteriorizan el desacuerdo con las actividades mineras en la zona.
Desde otro ángulo, dos de las tres provincias con declaratoria de estado de excepción -Cotopaxi e Imbabura- tienen importantes proyectos mineros. En Imbabura se desarrollan Llurimagua, Espejo, Río Magdalena, Imba, Santa Teresa, Cascabel y otros de Solgold, BHP, Hanrine y Enami EP, entre otros.
En Cotopaxi, en donde se ubica el proyecto La Plata, que tiene planes de empezar a construir el próximo año, y en donde Leonidas Iza había perdido hace un par de meses las elecciones de la dirigencia del movimiento indígena provincial, se dio una movilización amplia en la que participó también Lourdes Tibán, una líder indígena y política que hasta hace poco era contraria a Iza.
Las movilizaciones con cierres de vías en Imbabura fueron masivas y diarias en toda la provincia con alta participación de comuneros del cantón Cotacachi que tiene una declaratoria de cantón sin minería. En Buenos Aires, parroquia de Urcuquí en Imbabura, zona de concesiones de Hanrine, pobladores opuestos a la minería cerraron la vía de acceso por unas horas hasta que fueron desalojados por grupos de militares que para despejar la pista hirieron a dos pobladores.
En Bolívar, provincia en la que se realizaron movilizaciones masivas y con mucho entusiasmo, se desarrollan proyectos mineros como Curipamba, Chillanes y Salinas. En Guaranda, capital de Bolívar, la Gobernación fue tomada por los manifestantes y las actividades estuvieron paralizadas como resultado de las marchas.
En el camino hacia Loja, capital de la provincia del mismo nombre, videos difundidos por las organizaciones de quienes protestan dan cuenta de varias cuadras en las cuales se observa marchas compactas de indígenas saraguros y mestizos que entre sus consignas corean las de “abajo la minería”.
En la parroquia Gualel, Loja, sobre los territorios en los que se desarrolla el proyecto de Guayacan Gold, una compañía del grupo Salazar, entre otros, los comuneros decidieron cerrar las vías de acceso y la minera emitió un comunicado señalando que se impide el trabajo e incluso el abastecimiento de alimentos.
En Fierro Urco se desconoce qué hubo, pero Ecotel Press, un medio local, dedicó su portada y dos páginas interiores a la acción de quienes están en contra de los proyectos mineros.
En esa provincia están los proyectos conocidos como Linderos, Macará Mina, Santiago, Bramaderos, Caña Brava, Cisne Loja, El Potro y Tierras Coloradas, entre otros.
En las parroquias Tarqui y Jima, de la provincia sureña de Azuay, los cierres de la carretera Panamericana Sur también se hacen acompañados de consignas como “Jima rechaza la minería”.
Y en Nabón, donde Minera Cachabí desarrolla el proyecto Mozo y se extiende una parte del proyecto Fortuna, de Lucky Minerals, una multitud de comuneros se movilizó con la consigna de "Agua sí, oro no. Fuera los mineros de Nabón".
Sindicatos de Codelco preparan paro nacional
Junio 19 de 2022.- Los sindicatos de la estatal chilena Codelco anunciaron que preparan un paro nacional en protesta por la clausura de la Fundición Ventanas, ubicada en la costa central del país y conocida también como el Chernobil chileno.
El cierre de la fundición afectaría, según algunas cifras, a unos 350 trabajadores; sin embargo, hay quienes dicen que considerando los contratistas la cantidad sería mucho mayor.
"Comenzaremos a preparar desde este momento el paro nacional en todas las divisiones de Codelco", dijo la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), un día después que Codelco clausuró la fundición.
"Nuestro movimiento continuará mientras el gobierno y el directorio de Codelco insistan en el cierre de Ventanas y no autoricen recursos para la continuidad de las fundiciones de Codelco como unidades competitivas y sustentables", señalaron a través de un comunicado.
Codelco anunció el viernes la clausura de la fundición Ventanas, ubicada en la bahía de Quintero y Puchuncaví, a unos 140 km al oeste de Santiago, una zona contaminada por más de una docena de industrias.
La decisión se tomó después de un nuevo episodio de contaminación del aire el 9 de junio que afectó a 115 personas, la mayoría escolares, y obligó al cierre de las escuelas, al como se ha repetido desde hace décadas por la polución del lugar.
"No queremos más zonas de sacrificio" ambiental, dijo el presidente Gabriel Boric. "Como chileno me avergüenza", añadió.
Codelco de su lado, dijo que la planta "está localizada dentro de un complejo industrial, minero, energético y portuario cuyas condiciones ambientales han causado incidentes que afectan, especialmente, a niños y niñas de escuelas y jardines infantiles, así como a adultos mayores".
Por su parte el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, indicó que espera que no se trate de un cierre, "sino una inversión. No es solamente Codelco, hay que seguir invirtiendo en las empresas".
Además, sostuvo que "la Superintendencia de Medio Ambiente tiene que comprar instrumento para los dos inspectores que son insuficientes en esta comuna, porque van a medir después que hay un evento. Acá no hay nada preventivo, todo es reactivo".
Y el alcalde de Puchuncaví, Marcos Antonio Morales, indicó que "antes de que esto se anunciara, se barajaba la alternativa de la inversión por 56 millones de dólares, y dos horas después nos enteramos de esta noticia, en donde no somos considerados. Estas son decisiones tan delicadas que repercuten en todo Chile. Acá hay algo que no se hizo bien y que nosotros como autoridades locales no somos parte de esa decisión"
El cierre de la fundición afectaría, según algunas cifras, a unos 350 trabajadores; sin embargo, hay quienes dicen que considerando los contratistas la cantidad sería mucho mayor.
"Comenzaremos a preparar desde este momento el paro nacional en todas las divisiones de Codelco", dijo la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), un día después que Codelco clausuró la fundición.
"Nuestro movimiento continuará mientras el gobierno y el directorio de Codelco insistan en el cierre de Ventanas y no autoricen recursos para la continuidad de las fundiciones de Codelco como unidades competitivas y sustentables", señalaron a través de un comunicado.
Codelco anunció el viernes la clausura de la fundición Ventanas, ubicada en la bahía de Quintero y Puchuncaví, a unos 140 km al oeste de Santiago, una zona contaminada por más de una docena de industrias.
La decisión se tomó después de un nuevo episodio de contaminación del aire el 9 de junio que afectó a 115 personas, la mayoría escolares, y obligó al cierre de las escuelas, al como se ha repetido desde hace décadas por la polución del lugar.
"No queremos más zonas de sacrificio" ambiental, dijo el presidente Gabriel Boric. "Como chileno me avergüenza", añadió.
Codelco de su lado, dijo que la planta "está localizada dentro de un complejo industrial, minero, energético y portuario cuyas condiciones ambientales han causado incidentes que afectan, especialmente, a niños y niñas de escuelas y jardines infantiles, así como a adultos mayores".
Por su parte el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, indicó que espera que no se trate de un cierre, "sino una inversión. No es solamente Codelco, hay que seguir invirtiendo en las empresas".
Además, sostuvo que "la Superintendencia de Medio Ambiente tiene que comprar instrumento para los dos inspectores que son insuficientes en esta comuna, porque van a medir después que hay un evento. Acá no hay nada preventivo, todo es reactivo".
Y el alcalde de Puchuncaví, Marcos Antonio Morales, indicó que "antes de que esto se anunciara, se barajaba la alternativa de la inversión por 56 millones de dólares, y dos horas después nos enteramos de esta noticia, en donde no somos considerados. Estas son decisiones tan delicadas que repercuten en todo Chile. Acá hay algo que no se hizo bien y que nosotros como autoridades locales no somos parte de esa decisión"
Comunidades del cantón Nabón rechazan
intromisión de “defensores” del agua
Junio 12 de 2022.- Pobladores de las localidades de Bayán, El Paso, Charqui y Nabón Centro, que forman parte del área de influencia del proyecto Fortuna, a cargo de Lucky Minerals, se reunieron con el alcalde del cantón Nabón, Patricio Maldonado, para expresar su respaldo a las actividades de exploración que se realizan en sus comunidades.
Ellos pidieron a las autoridades locales que se tomen acciones inmediatas ante los actos desarrollados por miembros del Colectivo para la Defensa del Agua y la Vida del cerro El Mozo, que -según los pobladores-, “han pasado más de 20 años amenazando, manipulando, amedrentando y generando actos de violencia en contra de quienes piensan distinto”.
Los representantes comunales manifiestan tener “suficiente capacidad e independencia para liderar procesos de diálogo, construir de agendas de participación comunitaria y tomar de decisiones relacionadas a las actividades de estudio e investigación geológica en sus territorios”.
Por ello rechazan la presencia de grupos que pretenden representarlos, darles apoyo o patrocinio.
Estas comunidades y organizaciones, que representan a más de 500 pobladores, dicen apoyar los trabajos que realiza la empresa Lucky Minerals e indican que son “parte de este proyecto de investigación que nos ha permitido ofrecer a nuestras familias una mejor calidad de vida. Ahora tenemos la oportunidad de trabajar en nuestra tierra, junto a nuestras familias,” recalcó uno de los dirigentes comunitarios.
Manifiestan que sus decisiones las toman en consenso, de manera organizada y participativa. “Estamos preparados y tenemos la suficiente capacidad de entendimiento y discernimiento para tomar las mejores decisiones sobre el presente y futuro de nuestras comunidades” enfatizó el presidente del Comité Solidario por la Paz y la Dignidad, quien ve una alternativa de desarrollo posible a través de este proyecto.
Los pobladores de las comunidades de Bayán, El Paso, Charqui y Nabón Centro remarcaron que rechazan la intromisión de instituciones que no representas a sus comunidades y promueven la desunión de las poblaciones.
Ellos pidieron a las autoridades locales que se tomen acciones inmediatas ante los actos desarrollados por miembros del Colectivo para la Defensa del Agua y la Vida del cerro El Mozo, que -según los pobladores-, “han pasado más de 20 años amenazando, manipulando, amedrentando y generando actos de violencia en contra de quienes piensan distinto”.
Los representantes comunales manifiestan tener “suficiente capacidad e independencia para liderar procesos de diálogo, construir de agendas de participación comunitaria y tomar de decisiones relacionadas a las actividades de estudio e investigación geológica en sus territorios”.
Por ello rechazan la presencia de grupos que pretenden representarlos, darles apoyo o patrocinio.
Estas comunidades y organizaciones, que representan a más de 500 pobladores, dicen apoyar los trabajos que realiza la empresa Lucky Minerals e indican que son “parte de este proyecto de investigación que nos ha permitido ofrecer a nuestras familias una mejor calidad de vida. Ahora tenemos la oportunidad de trabajar en nuestra tierra, junto a nuestras familias,” recalcó uno de los dirigentes comunitarios.
Manifiestan que sus decisiones las toman en consenso, de manera organizada y participativa. “Estamos preparados y tenemos la suficiente capacidad de entendimiento y discernimiento para tomar las mejores decisiones sobre el presente y futuro de nuestras comunidades” enfatizó el presidente del Comité Solidario por la Paz y la Dignidad, quien ve una alternativa de desarrollo posible a través de este proyecto.
Los pobladores de las comunidades de Bayán, El Paso, Charqui y Nabón Centro remarcaron que rechazan la intromisión de instituciones que no representas a sus comunidades y promueven la desunión de las poblaciones.
WIM Ecuador anuncia nueva
edición de becas Soy Minera
Junio 12 de 2022.- La directiva de Women in Mining Ecuador, que lidera la doctora María Isabel Aillón, anunció que este año volverá a ofrecer un número aún no determinado de las becas “Soy minera” para apoyar económicamente a las jóvenes que realizan estudios universitarios.
La novedad es que quienes podrán postular a las becas no serán sólo las jóvenes que estudian carreras vinculadas a las ciencias de la tierra sino todas las alumnas del sistema universitario ecuatoriano.
Las becas serán otorgadas por WIM gracias al aporte de Challenger Exploration Limited, australiana junior que a través de una filial local lleva adelante el desarrollo de los proyectos El Guayabo y Colorado V; y de Solaris Resources, firma canadiense que tiene a su cargo el proyecto Warintza y fue quien el año 2021 puso el fondo semilla para la subvención que otorga WIM.
“Este año renovamos nuestro compromiso con las jóvenes estudiantes y tendremos la satisfacción de apoyarlas con una cantidad que será similar al aporte que ofrece Challenger Exploration”, afirmó el vicepresidente de Solaris Resources, Federico Velásquez.
Por su parte, Carolina Orozco, country manager de Challenger Exploration, destacó la importancia que tiene la educación como herramienta para que las mujeres puedan aprovechar las oportunidades que ofrece la industria minera.
Lo que se viene para el 2022
En el último año, las damas organizadas alrededor de WIM Ecuador han logrado fortalecer relaciones con los grupos globales de mujeres mineras y han sido reconocidas por los avances que han logrado en sus primeros dos años de actividad.
Con motivo de la convención anual del PDAC, las directoras de WIM Ecuador asistieron y tuvieron una destacada participación en el encuentro con líderes y asociadas a otras secciones de WIM en diversos países de América Latina.
WIM también participará en el “Día de Ecuador” que tendrá lugar en el marco del Pdac presentando los resultados de la primera encuesta de género realizada en el país y el martes 14 de junio asistirá al “Mining for Diversity”, organizado por WIM Canadá para premiar a mujeres relevantes de la industria.
La novedad es que quienes podrán postular a las becas no serán sólo las jóvenes que estudian carreras vinculadas a las ciencias de la tierra sino todas las alumnas del sistema universitario ecuatoriano.
Las becas serán otorgadas por WIM gracias al aporte de Challenger Exploration Limited, australiana junior que a través de una filial local lleva adelante el desarrollo de los proyectos El Guayabo y Colorado V; y de Solaris Resources, firma canadiense que tiene a su cargo el proyecto Warintza y fue quien el año 2021 puso el fondo semilla para la subvención que otorga WIM.
“Este año renovamos nuestro compromiso con las jóvenes estudiantes y tendremos la satisfacción de apoyarlas con una cantidad que será similar al aporte que ofrece Challenger Exploration”, afirmó el vicepresidente de Solaris Resources, Federico Velásquez.
Por su parte, Carolina Orozco, country manager de Challenger Exploration, destacó la importancia que tiene la educación como herramienta para que las mujeres puedan aprovechar las oportunidades que ofrece la industria minera.
Lo que se viene para el 2022
En el último año, las damas organizadas alrededor de WIM Ecuador han logrado fortalecer relaciones con los grupos globales de mujeres mineras y han sido reconocidas por los avances que han logrado en sus primeros dos años de actividad.
Con motivo de la convención anual del PDAC, las directoras de WIM Ecuador asistieron y tuvieron una destacada participación en el encuentro con líderes y asociadas a otras secciones de WIM en diversos países de América Latina.
WIM también participará en el “Día de Ecuador” que tendrá lugar en el marco del Pdac presentando los resultados de la primera encuesta de género realizada en el país y el martes 14 de junio asistirá al “Mining for Diversity”, organizado por WIM Canadá para premiar a mujeres relevantes de la industria.
Propuesta ecuatoriana recibirá US$ 1 millón
para reducir contaminación minera
Junio 12 de 2022.- La Calculadora de Impactos Mineros para la Amazonía Ecuatoriana, de Conservation Strategy Fund (CSF), es el nombre completo de una propuesta diseñada por ecuatorianos para que los usuarios puedan calcular los costos socioambientales de las actividades ilegales de la minería aurifera.
La propuesta ya se usó en Brasil y ahora será adaptada para ser aplicada en Ecuador. Se espera tener como resultado desincentivar la expansión de nueva minería ilegal de oro, así como reducir los efectos ambientales y de salud negativos de la minería de oro en las comunidades y los mineros.
La calculadora, igual que otros 12 proyectos, recibirá financiamiento inicial para realizar pruebas de campo y desarrollar sus innovaciones junto con aliados locales y organizaciones que trabajan en la región amazónica a través del Amazon CoLab, un programa de aceleración de 6 meses.
Sobre la propuesta ecuatoriana, la directora de Programa de CSF Perú, Matha Torres Marcos-Ibáñez, señaló que “hay una falta de datos e información basada en evidencia sobre la MAPE, y una integración limitada del pensamiento económico en las políticas orientadas a mejorarla (...) con el apoyo del Gran Reto de la Minería Artesanal, podrá llegar a una audiencia más amplia, lo que nos permitirá replicar la herramienta para abordar los desafíos de la MAPE aurífera en la región amazónica ecuatoriana, brindando nueva información para promover soluciones y políticas sostenibles”.
La iniciativa fue una de las 13 seleccionadas en el concurso “El Gran Reto de la Minería Artesanal: La Amazonía”, un certamen a nivel global lanzado hace 3 años por Conservation X Labs (CXL). En su primera ronda premió soluciones que podrían aplicarse a cualquier metal o mineral, en cualquier parte del mundo. Los ganadores del premio recibieron un total de USD 750,000 en fondos.
El año pasado se lanzó una segunda edición abierta a la comunidad global de innovadores en alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Fundación Gordon y Betty Moore, Microsoft y Esri.
El concurso busca encontrar soluciones innovadoras que convierten a la minería de oro artesanal y de pequeña escala en una práctica más responsable con el medio ambiente y socialmente equitativa.
El total de aplicantes fue de 121 aspirantes de 22 países del mundo entero, con más del 50% de naciones de la región Amazónica. Los proyectos seleccionados fueron de Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia.
Las 13 organizaciones seleccionadas fueron evaluadas por un panel de expertos en minería, ciencias de la conservación y emprendimiento medioambiental, y los criterios de medición tuvieron en cuenta las propuestas de valor, sostenibilidad, impacto y viabilidad, de tal forma que los finalistas fueron escogidos porque están desarrollando actualmente soluciones notables para hacer que la minería de oro artesanal y de pequeña escala en la Amazonía sea ambientalmente más responsable y socialmente equitativa.
Todos los aplicantes evidenciaron trabajo y acciones puntuales en herramientas para minería más limpia, restauración y remediación, monitoreo y datos procesables, y soluciones para cadenas de suministros.
“El objetivo era encontrar soluciones efectivas para la minería artesanal y de pequeña escala en la Amazonía, hogar del bosque tropical más grande del mundo, con una de las mayores biodiversidades del planeta y donde viven numerosas comunidades indígenas”, señaló Alex Dehgan, CEO y cofundador de Conservation X Labs. “Estamos entusiasmados de apoyar a innovadores, investigadores y empresarios en el desarrollo e implementación de sus innovaciones y tecnología para la conservación”.
La propuesta ya se usó en Brasil y ahora será adaptada para ser aplicada en Ecuador. Se espera tener como resultado desincentivar la expansión de nueva minería ilegal de oro, así como reducir los efectos ambientales y de salud negativos de la minería de oro en las comunidades y los mineros.
La calculadora, igual que otros 12 proyectos, recibirá financiamiento inicial para realizar pruebas de campo y desarrollar sus innovaciones junto con aliados locales y organizaciones que trabajan en la región amazónica a través del Amazon CoLab, un programa de aceleración de 6 meses.
Sobre la propuesta ecuatoriana, la directora de Programa de CSF Perú, Matha Torres Marcos-Ibáñez, señaló que “hay una falta de datos e información basada en evidencia sobre la MAPE, y una integración limitada del pensamiento económico en las políticas orientadas a mejorarla (...) con el apoyo del Gran Reto de la Minería Artesanal, podrá llegar a una audiencia más amplia, lo que nos permitirá replicar la herramienta para abordar los desafíos de la MAPE aurífera en la región amazónica ecuatoriana, brindando nueva información para promover soluciones y políticas sostenibles”.
La iniciativa fue una de las 13 seleccionadas en el concurso “El Gran Reto de la Minería Artesanal: La Amazonía”, un certamen a nivel global lanzado hace 3 años por Conservation X Labs (CXL). En su primera ronda premió soluciones que podrían aplicarse a cualquier metal o mineral, en cualquier parte del mundo. Los ganadores del premio recibieron un total de USD 750,000 en fondos.
El año pasado se lanzó una segunda edición abierta a la comunidad global de innovadores en alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Fundación Gordon y Betty Moore, Microsoft y Esri.
El concurso busca encontrar soluciones innovadoras que convierten a la minería de oro artesanal y de pequeña escala en una práctica más responsable con el medio ambiente y socialmente equitativa.
El total de aplicantes fue de 121 aspirantes de 22 países del mundo entero, con más del 50% de naciones de la región Amazónica. Los proyectos seleccionados fueron de Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia.
Las 13 organizaciones seleccionadas fueron evaluadas por un panel de expertos en minería, ciencias de la conservación y emprendimiento medioambiental, y los criterios de medición tuvieron en cuenta las propuestas de valor, sostenibilidad, impacto y viabilidad, de tal forma que los finalistas fueron escogidos porque están desarrollando actualmente soluciones notables para hacer que la minería de oro artesanal y de pequeña escala en la Amazonía sea ambientalmente más responsable y socialmente equitativa.
Todos los aplicantes evidenciaron trabajo y acciones puntuales en herramientas para minería más limpia, restauración y remediación, monitoreo y datos procesables, y soluciones para cadenas de suministros.
“El objetivo era encontrar soluciones efectivas para la minería artesanal y de pequeña escala en la Amazonía, hogar del bosque tropical más grande del mundo, con una de las mayores biodiversidades del planeta y donde viven numerosas comunidades indígenas”, señaló Alex Dehgan, CEO y cofundador de Conservation X Labs. “Estamos entusiasmados de apoyar a innovadores, investigadores y empresarios en el desarrollo e implementación de sus innovaciones y tecnología para la conservación”.
Nada personal...
Pobladores logran suspensión de minera en Ponce Enríquez
Junio 5 del 2022.- La tarde del 30 de mayo las autoridades del sector suspendieron las actividades de la mina de Colibrimining y crearon una mesa técnica que analizará la labor de todas las concesiones del cantón Ponce Enriquez y evite la contaminación de sus ríos.
Ese mismo día, según el boletín oficial, los representantes de la Coordinación Zonal Centro – Sur del Ministerio de Energía y Minas (MEM), de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr), del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas; se constituyeron en la Gobernación del Azuay y formaron la mesa técnica para analizar qué medidas tomar.
Horas antes, desde la mañana, decenas de pobladores que se oponen a la minería iniciaron un plantón sobre la Carretera Panamericana que además de protestas estuvo acompañado de comida, una banda de música y baile.
A ellos se les unió un grupo que sí quiere a la minería pero no a los mineros. Menos si, como veremos más adelante, son los que explotan canteras donde se extraen hasta 30 gramos de oro por tonelada de material.
Lo cierto es que el plantón logró sus objetivos. “Posterior a este análisis, se elaborará un informe técnico sobre el estado actual de las áreas mineras, para proceder conforme a la Ley y de acuerdo a las competencias de cada entidad estatal”, dice el comunicado.
Es importante señalar que el pasado 29 de mayo se suspendieron las actividades mineras de la concesión minera Leliatere 1 “por incumplimientos a las recomendaciones técnicas de la Arcernnr sobre conducir y tratar adecuadamente y conforme a la Ley, el agua que provenía desde el interior de la mina y que contaminaba a un cuerpo de agua cercano”, señaló un boletín del ministerio.
El director ejecutivo de la Agencia, Guillermo Flores, en persona estuvo en una inspección el domingo 30 de mayo y validó el cierre.
Ese mismo día, según el boletín oficial, los representantes de la Coordinación Zonal Centro – Sur del Ministerio de Energía y Minas (MEM), de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr), del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas; se constituyeron en la Gobernación del Azuay y formaron la mesa técnica para analizar qué medidas tomar.
Horas antes, desde la mañana, decenas de pobladores que se oponen a la minería iniciaron un plantón sobre la Carretera Panamericana que además de protestas estuvo acompañado de comida, una banda de música y baile.
A ellos se les unió un grupo que sí quiere a la minería pero no a los mineros. Menos si, como veremos más adelante, son los que explotan canteras donde se extraen hasta 30 gramos de oro por tonelada de material.
Lo cierto es que el plantón logró sus objetivos. “Posterior a este análisis, se elaborará un informe técnico sobre el estado actual de las áreas mineras, para proceder conforme a la Ley y de acuerdo a las competencias de cada entidad estatal”, dice el comunicado.
Es importante señalar que el pasado 29 de mayo se suspendieron las actividades mineras de la concesión minera Leliatere 1 “por incumplimientos a las recomendaciones técnicas de la Arcernnr sobre conducir y tratar adecuadamente y conforme a la Ley, el agua que provenía desde el interior de la mina y que contaminaba a un cuerpo de agua cercano”, señaló un boletín del ministerio.
El director ejecutivo de la Agencia, Guillermo Flores, en persona estuvo en una inspección el domingo 30 de mayo y validó el cierre.
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Minería sí pero no en cualquier sitio
El paro “en defensa del río Gala”, un río símbolo del cantón y sus afluentes, “el último sin contaminación” fue convocado por un grupo de pobladores de los barrios La Florida, Shumiral, Pueblo Nuevo y Río Balao; así como de las parroquias Unión Azuaya, Adelina y San Remo, entre otras.
De acuerdo al municipio este río está protegido por una ordenanza que impide la minería metálica en su cuenca y afluentes. Agrega que tampoco se debían haber adjudicado concesiones mineras en el bosque protegido Molleturo Mullopungo.
Afirman que los de la zona Bella Aurora, regada por el Gala, son agricultores de plátano y cacao orgánico certificado y que quieren desarrollar sus proyectos turísticos, que se han cansado de que el Municipio escriba denuncias sin respuesta.
Son partidarios de la regularización de las empresas que se encuentran trabajando en la parte alta para que obtengan su licenciamiento ambiental. Y de que “la comunidad sea veedora de ese proceso para que dejen de contaminar porque de unas 300 empresas en el cantón solo dos tienen esa licencia”.
Concretamente, los movilizados piden la desgraficación y reversión al Estado de las concesiones Leliatere 1, Urbano Rolendio, Mario Alfonso, Antonio Marcelo, José Antonio, Celso Vicente, San Patricio, Juan Eliseo, El Venado, Pedro Alcívar, Brenda Alejandrina, Carlos Fabián, Abdóon Ismael, Salem, Toro Sentado, Belén, Carrizales, Venadito, Cerro Mirador, Chaparral, Rocío y Jorge. 12 están inscritas y 10, las que están en el bosque, en trámite.
Un alcalde y minero
En un evento al aire libre en la parroquia La Florida, realizado el 26 de mayo, el alcalde del cantón Ponce Enrique, Baldor Bermeo, invitó al gerente de la Enami EP, Julián Agurto, a ser intermediario frente al ministro Xavier Vera para que le haga llegar las demandas.
Allí, Bermeo se reconoció como alcalde pero también como minero y manifestó que apoya la protesta porque se debe hacer minería pero no en zonas aptas solo para la agricultura y que en el futuro el río Gala será la fuente de agua para todo el cantón.
En la Florida, el gerente de Enami EP pudo constatar la pluma colocada hace un mes por la comunidad en la entrada a la vía a Shumiral para impedir el paso de los mineros.
Y también le advirtieron que con apoyo de maquinaria del Municipio hicieron zanjas para inutilizar la vía alterna que comunica las comunidades de El Carmen de Pijilí, Santa Teresa, San Pedro, Paguancay y otras con Bella Aurora.
Bermeo le manifestó que estima que en las comunidades que hacen el paro viven unas 7 000 personas de las 45 000 que habitan el cantón.
La reunión duró 48 minutos y los líderes convinieron en que el cierre de la vía hace más de un mes es ilegal pero demuestra la decisión de luchar “hasta que las autoridades pongan fin a la minería en el sector”.
Allí, Bermeo se reconoció como alcalde pero también como minero y manifestó que apoya la protesta porque se debe hacer minería pero no en zonas aptas solo para la agricultura y que en el futuro el río Gala será la fuente de agua para todo el cantón.
En la Florida, el gerente de Enami EP pudo constatar la pluma colocada hace un mes por la comunidad en la entrada a la vía a Shumiral para impedir el paso de los mineros.
Y también le advirtieron que con apoyo de maquinaria del Municipio hicieron zanjas para inutilizar la vía alterna que comunica las comunidades de El Carmen de Pijilí, Santa Teresa, San Pedro, Paguancay y otras con Bella Aurora.
Bermeo le manifestó que estima que en las comunidades que hacen el paro viven unas 7 000 personas de las 45 000 que habitan el cantón.
La reunión duró 48 minutos y los líderes convinieron en que el cierre de la vía hace más de un mes es ilegal pero demuestra la decisión de luchar “hasta que las autoridades pongan fin a la minería en el sector”.
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Fue una semana de mucha actividad en la zona. Un día antes, circuló un video en el que se observa al alcalde Bermeo acompañado de unas diez personas e impidiendo un operativo de control de la Arcernnr a la mina “Un solo toque”, que está en el área Muyuyacu 3622, a nombre de su hija y que está sujeta a una suspensión pero que la policía había recibido denuncias de que es escenario de mucha actividad ilegal, según un técnico de Arcernnr.
“Desocupen mi terreno que esto es propiedad privada y sin una orden no pueden entrar”, gritaba reiteradamente a los técnicos y a la fuerza pública presente.
En este operativo un policía resultó herido por una pedrada que le destrozó el rostro y tuvo que ser sacado en hombros de la mina. El parte policial indica que se encontró, entre otras cosas, una carabina Mossberg, otra marca Maverick, una carabina sin número de serie, un cargador de pistola de 9 milímetros, 140 cartuchos cal. 12 mm, 166 municiones cal. 5.56 mm, 9 cartuchos cal. 9mm, 3 cartuchos cal. 7.62 mm. y un cartucho cal. 38mm.
Al día siguiente, el alcalde fue testigo de honor en un evento en el barrio La Independencia, en el cual la Enami EP y la empresa Gaby Panamá anunciaron como cotitulares, que ofrecían nuevos contratos de operación en la concesión Muyuyacu 3622, en donde el alcalde ha sido beneficiario como gerente de la operadora Asopromipen cuyo contrató terminó el año pasado.
“Desocupen mi terreno que esto es propiedad privada y sin una orden no pueden entrar”, gritaba reiteradamente a los técnicos y a la fuerza pública presente.
En este operativo un policía resultó herido por una pedrada que le destrozó el rostro y tuvo que ser sacado en hombros de la mina. El parte policial indica que se encontró, entre otras cosas, una carabina Mossberg, otra marca Maverick, una carabina sin número de serie, un cargador de pistola de 9 milímetros, 140 cartuchos cal. 12 mm, 166 municiones cal. 5.56 mm, 9 cartuchos cal. 9mm, 3 cartuchos cal. 7.62 mm. y un cartucho cal. 38mm.
Al día siguiente, el alcalde fue testigo de honor en un evento en el barrio La Independencia, en el cual la Enami EP y la empresa Gaby Panamá anunciaron como cotitulares, que ofrecían nuevos contratos de operación en la concesión Muyuyacu 3622, en donde el alcalde ha sido beneficiario como gerente de la operadora Asopromipen cuyo contrató terminó el año pasado.
Como alcalde, en el año 2019 firmó un convenio entre la Alcaldía y los titulares de las áreas mineras “Guanache”, Juliana Gutiérrez Vásquez; “Ximena”, Wilson Japón Herrera y “Rossana”, Elías Guaillas Quizpe para la remediación ambiental del río Guanache.
Este incluye pagos mensuales a depositarse en la cuenta del Municipio, por US$ 100 mil como compensación económica parte del plan de remediación ambiental que deberá ser aprobado por un organismo competente hasta que se concluya el plan de cierre. Esta compensación será para obras en beneficio de los habitantes del cantón, como la construcción del palacio municipal y un listado de otras a acordarse con el Alcalde para cada barrio.
El convenio ha sido objeto de una auditoría de la Contraloría General del Estado y todavía se desconocen sus resultados definitivos.
La Preasociación de Barrios de Ponce Enríquez avaló el convenio mediante un documento firmado por los presidentes de los barrios Buenos Aires, La Florida, 9 de Octubre, 9 de Mayo, 7 de Abril, Señor de los Milagros, Galo Anselmo, San Francisco, 3 de Noviembre y Brisas del Río.
En el documento piden que como acto de buena voluntad las empresas realicen enseguida el desazolve del río Guanache y la construcción de muros de escolleras... y no vuelvan a contaminar lo remediado.
Primer “logro”: el cierre de la mina Colibrí
Colibrimining es una empresa del Grupo Minero Bonanza, con otras concesiones en Ponce Enríquez y el país.
En enero Bermeo le solicitó el pago por uso del suelo por Lelietere 1. Según el geoportal de Catastro Minero del MEM, la concesión es la única en el sector que figura dentro del cantón Santa Isabel y allí es donde se obtuvieron los permisos.
Este incluye pagos mensuales a depositarse en la cuenta del Municipio, por US$ 100 mil como compensación económica parte del plan de remediación ambiental que deberá ser aprobado por un organismo competente hasta que se concluya el plan de cierre. Esta compensación será para obras en beneficio de los habitantes del cantón, como la construcción del palacio municipal y un listado de otras a acordarse con el Alcalde para cada barrio.
El convenio ha sido objeto de una auditoría de la Contraloría General del Estado y todavía se desconocen sus resultados definitivos.
La Preasociación de Barrios de Ponce Enríquez avaló el convenio mediante un documento firmado por los presidentes de los barrios Buenos Aires, La Florida, 9 de Octubre, 9 de Mayo, 7 de Abril, Señor de los Milagros, Galo Anselmo, San Francisco, 3 de Noviembre y Brisas del Río.
En el documento piden que como acto de buena voluntad las empresas realicen enseguida el desazolve del río Guanache y la construcción de muros de escolleras... y no vuelvan a contaminar lo remediado.
Primer “logro”: el cierre de la mina Colibrí
Colibrimining es una empresa del Grupo Minero Bonanza, con otras concesiones en Ponce Enríquez y el país.
En enero Bermeo le solicitó el pago por uso del suelo por Lelietere 1. Según el geoportal de Catastro Minero del MEM, la concesión es la única en el sector que figura dentro del cantón Santa Isabel y allí es donde se obtuvieron los permisos.
Así ve los límites cantonales Colibrimining. Leliatere 1 está fuera de Ponce Enríquez.
Así ve la forma del cantón la municipalidad de Ponce Enríquez y la concesión Leliatere 1 está en el centro. Véase la mancha roja de la foto a la derecha.
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Así están registradas las concesiones vecinas a Leliatere 1 en el Geoportal de Catastro Minero. Todas constan en Ponce Enríquez.
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El 7 de mayo, 39 personas con sus números de cédulas firman como habitantes del sector aislado un pedido de tres tubos para alcantarillas a Colibriminig porque dado el aislamiento sufrido quisieron rehacer la vía con sus propias manos. Pero los manifestantes con ayuda de la municipalidad hicieron zanjas más profundas.
Esta situación la describió en tono dolido e indignado el señor César Mora, dueño del suelo de Leliatere 1, a los técnicos que inspeccionaron la mina Colibrí: “Yo soy agricultor y en toda una vida jamás he visto venir a un alcalde a arrasarnos así, con la vía por donde sacamos productos”.
Por todo esto Colibrimining ha denunciado al Bermeo alcalde ante el Maate, ha escrito cartas al Presidente, al gobernador de Azuay y al Ministro de Energía y Minas. Finalmente, le demandó penalmente ante la Fiscalía del Azuay.
Aduce que subsanó las recomendaciones de Arcernnr que pudieron dado que la vía está cerrada y que la descarga de sus cuatro bocaminas no contamina y sin siquiera pruebas de laboratorio no hay causal de suspensión.
Además, sus técnicos dicen que si la mina contaminara el agua no tendrían piscinas de tilapias, sanas y buenas, contiguas a la mina que muestran con orgullo.
El 7 de mayo, 39 personas con sus números de cédulas firman como habitantes del sector aislado un pedido de tres tubos para alcantarillas a Colibriminig porque dado el aislamiento sufrido quisieron rehacer la vía con sus propias manos. Pero los manifestantes con ayuda de la municipalidad hicieron zanjas más profundas.
Esta situación la describió en tono dolido e indignado el señor César Mora, dueño del suelo de Leliatere 1, a los técnicos que inspeccionaron la mina Colibrí: “Yo soy agricultor y en toda una vida jamás he visto venir a un alcalde a arrasarnos así, con la vía por donde sacamos productos”.
Por todo esto Colibrimining ha denunciado al Bermeo alcalde ante el Maate, ha escrito cartas al Presidente, al gobernador de Azuay y al Ministro de Energía y Minas. Finalmente, le demandó penalmente ante la Fiscalía del Azuay.
Aduce que subsanó las recomendaciones de Arcernnr que pudieron dado que la vía está cerrada y que la descarga de sus cuatro bocaminas no contamina y sin siquiera pruebas de laboratorio no hay causal de suspensión.
Además, sus técnicos dicen que si la mina contaminara el agua no tendrían piscinas de tilapias, sanas y buenas, contiguas a la mina que muestran con orgullo.
Señor César Mora, segundo desde la izquierda.
Izquierda: ingeniero Guillermo Flores, director ejecutivo de la Arcernnr el 30 de mayo en Shumiral, mostrando letreros como los colocados en la mina Colibrí.
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Los manifestantes apoyando la interrupción de la vía alterna con maquinaria del Municipio.
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Mina de fantasía y un área vulnerable a la ilegalidad
El objeto del deseo en esta batalla es un yacimiento de oro cuyo tamaño no se conoce pero tiene concentraciones de fantasía. Testigos afirman que hubo muestras con hasta 300 gramos por tonelada. Una fuente nos dijo que la ley promedio es unos 30 gramos por tonelada.
La mina Colibrí se encontraba en producción desde mediados del 2021. Para ello invirtieron unos US$ 3 millones entre empleados, campamento, logística de perforación, licenciamiento ambiental y seguridad. Tiene 100 trabajadores, 80 oriundos de la zona. El material mineralizado se procesaba en el barrio La López.
En los años setenta se extendió la fiebre de oro al instalarse la primera planta de procesamiento de la empresa Orenas: los mineros ya no tenían que llevar el material extraído a Portovelo. “La Ponce” ha sido tierra de minería formal e informal y las guardias privadas armadas han tenido allí harto trabajo.
Pero a veces también ha sido escondite de mafias y cuando alguien se ha atrevido a denunciar y logrado atención se han dado operativos como el realizado en noviembre de 2021 en el que se encontró un pequeño arsenal en una mina local, según reportó el medio digital “Lo del Momento Loja”.
Mina de fantasía y un área vulnerable a la ilegalidad
El objeto del deseo en esta batalla es un yacimiento de oro cuyo tamaño no se conoce pero tiene concentraciones de fantasía. Testigos afirman que hubo muestras con hasta 300 gramos por tonelada. Una fuente nos dijo que la ley promedio es unos 30 gramos por tonelada.
La mina Colibrí se encontraba en producción desde mediados del 2021. Para ello invirtieron unos US$ 3 millones entre empleados, campamento, logística de perforación, licenciamiento ambiental y seguridad. Tiene 100 trabajadores, 80 oriundos de la zona. El material mineralizado se procesaba en el barrio La López.
En los años setenta se extendió la fiebre de oro al instalarse la primera planta de procesamiento de la empresa Orenas: los mineros ya no tenían que llevar el material extraído a Portovelo. “La Ponce” ha sido tierra de minería formal e informal y las guardias privadas armadas han tenido allí harto trabajo.
Pero a veces también ha sido escondite de mafias y cuando alguien se ha atrevido a denunciar y logrado atención se han dado operativos como el realizado en noviembre de 2021 en el que se encontró un pequeño arsenal en una mina local, según reportó el medio digital “Lo del Momento Loja”.
Parar la vía Panamericana a la altura de la ciudad de Ponce Enríquez no resulta difícil puesto que basta una fecha especial, feriado largo o fiesta local para que colapse por su estrechez. Pero todavía no ha iniciado la construcción de un by pass.
Este 30 de junio los manifestantes dejaron montones de tierra y ripio parando el tránsito y armaron fiesta bailando encima de los carteles de protesta dispuestos sobre el asfalto. En medio de carpas, comida abundante y altavoces se realizó la “defensa del río Gala” que como todo cierre de vías tuvo sus afectados.
Este 30 de junio los manifestantes dejaron montones de tierra y ripio parando el tránsito y armaron fiesta bailando encima de los carteles de protesta dispuestos sobre el asfalto. En medio de carpas, comida abundante y altavoces se realizó la “defensa del río Gala” que como todo cierre de vías tuvo sus afectados.
WIM Ecuador presentó balance de actividades 2021
Junio 6 de 2022.- La directiva de WIM Ecuador, que preside la doctora María Isabel Aillón, realizó el pasado 31 de mayo su Asamblea General Ordinaria Anual de Asociados y presentó su rendición de cuentas de las actividades realizadas durante el año 2021, destacando el cumplimiento de los proyectos programados, los que están en plena ejecución y los que se realizarán el próximo año.
El evento contó con la presencia del ministro de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer; la embajadora de Canadá en Ecuador, Sylvie Bédard; y de ejecutivos de las empresas mineras con operaciones en el país, asociados y aliados de WIM en el sector público y privado.
Entre los proyectos más importantes que WIM ha conseguido ejecutar, está la primera encuesta de género del sector minero que con el apoyo de EITI y PADF permitió conocer cuántas mujeres se encuentran trabajando en las compañías más relevantes del sector.
La Beca Soy Minera, la misma que por primera vez con el apoyo de la compañía Solaris, entregó premios de excelencia y liderazgo a 6 estudiantes de carreras STEM. Este proyecto se convertirá en un reto estratégico de la industria para que más compañías puedan vincularse y continuará este año con el respaldo de un nuevo asociado WIM cuyo nombre será dado a conocer durante la ceremonia de clausura del Copper and Gold Symposium Quito 2022, el martes 7 de junio de este año.
También las capacitaciones y becas técnicas realizadas con asociados y con el IIGE. WIM logró realizar 2 capacitaciones masivas gratuitas para la comunidad minera en temas técnicos de interés. Una de las capacitaciones las impartió el señor ministro de Energía Xavier Vera.
Destaca igualmente la creación del Club Mineralógico Juvenil, una propuesta que en alianza con WIM Central America, permite a WIM Ecuador capacitar de manera gratuita a niños de entre 8 y 13 años sobre la importancia de los minerales. Al respecto, WIM ha logrado realizar seis sesiones del Club, una de las cuales se hizo de manera presencial en la XIII Expominas. Este espacio se repetirá en la XIV edición de Expominas.
También WIM logró consolidar el primer programa regional de mentoría, en el que participan grupos y profesionales de la región para transmitir conocimiento y habilidades de liderazgo. Varios asociados de WIM han sido designados como mentores y siete asociadas de la organización han sido seleccionadas para ser parte de este proyecto que se realiza con WIM Perú y WIM Argentina.
15 de junio: Día Internacional de la Mujer en Minería
Las organizaciones globales de Women in Mining han designado el 15 de junio de cada año como el Día Internacional de la Mujer en Minería. Desde este año en adelante, los asociados, líderes y la comunidad minera podrán unirse en una celebración global para resaltar la importancia de reconocer que cada vez existen más mujeres con un rol relevante en la industria.
Como parte del apoyo que WIM Ecuador brinda a International Women in Mining en la promoción de este día, la institución invita a la comunidad minera a unirse a la reunión virtual que contará con la participación de personajes relevantes en la industria mundial.
Registro e información en: https://internationalwim.org/international-day-of-women-in-mining/
100 Inspirational Women in MIning incorporará a mineras ecuatorianas
La publicación que cada dos años realiza WIM UK para resaltar la trayectoria de las mujeres que mejores sentimientos despiertan en el sector por su condición de pioneras, líderes y comprometidas con la comunidad, contará este año con representantes de la minería ecuatoriana.
En efecto, WIM UK ha invitado este año a WIM Ecuador a promover las nominaciones de mujeres líderes y pioneras en la industria minera local. Por primera vez mujeres ecuatorianas estarán postulando para ser parte de la publicación junto con otras mujeres de todos los continentes.
Por ese motivo WIM Ecuador invita a la comunidad minera a nominar a las mujeres que más inspiran. Las nominaciones están abiertas hasta el 20 de junio de este año y pueden realizarse en: https://www.womeninmining.org.uk/wim100/
El evento contó con la presencia del ministro de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer; la embajadora de Canadá en Ecuador, Sylvie Bédard; y de ejecutivos de las empresas mineras con operaciones en el país, asociados y aliados de WIM en el sector público y privado.
Entre los proyectos más importantes que WIM ha conseguido ejecutar, está la primera encuesta de género del sector minero que con el apoyo de EITI y PADF permitió conocer cuántas mujeres se encuentran trabajando en las compañías más relevantes del sector.
La Beca Soy Minera, la misma que por primera vez con el apoyo de la compañía Solaris, entregó premios de excelencia y liderazgo a 6 estudiantes de carreras STEM. Este proyecto se convertirá en un reto estratégico de la industria para que más compañías puedan vincularse y continuará este año con el respaldo de un nuevo asociado WIM cuyo nombre será dado a conocer durante la ceremonia de clausura del Copper and Gold Symposium Quito 2022, el martes 7 de junio de este año.
También las capacitaciones y becas técnicas realizadas con asociados y con el IIGE. WIM logró realizar 2 capacitaciones masivas gratuitas para la comunidad minera en temas técnicos de interés. Una de las capacitaciones las impartió el señor ministro de Energía Xavier Vera.
Destaca igualmente la creación del Club Mineralógico Juvenil, una propuesta que en alianza con WIM Central America, permite a WIM Ecuador capacitar de manera gratuita a niños de entre 8 y 13 años sobre la importancia de los minerales. Al respecto, WIM ha logrado realizar seis sesiones del Club, una de las cuales se hizo de manera presencial en la XIII Expominas. Este espacio se repetirá en la XIV edición de Expominas.
También WIM logró consolidar el primer programa regional de mentoría, en el que participan grupos y profesionales de la región para transmitir conocimiento y habilidades de liderazgo. Varios asociados de WIM han sido designados como mentores y siete asociadas de la organización han sido seleccionadas para ser parte de este proyecto que se realiza con WIM Perú y WIM Argentina.
15 de junio: Día Internacional de la Mujer en Minería
Las organizaciones globales de Women in Mining han designado el 15 de junio de cada año como el Día Internacional de la Mujer en Minería. Desde este año en adelante, los asociados, líderes y la comunidad minera podrán unirse en una celebración global para resaltar la importancia de reconocer que cada vez existen más mujeres con un rol relevante en la industria.
Como parte del apoyo que WIM Ecuador brinda a International Women in Mining en la promoción de este día, la institución invita a la comunidad minera a unirse a la reunión virtual que contará con la participación de personajes relevantes en la industria mundial.
Registro e información en: https://internationalwim.org/international-day-of-women-in-mining/
100 Inspirational Women in MIning incorporará a mineras ecuatorianas
La publicación que cada dos años realiza WIM UK para resaltar la trayectoria de las mujeres que mejores sentimientos despiertan en el sector por su condición de pioneras, líderes y comprometidas con la comunidad, contará este año con representantes de la minería ecuatoriana.
En efecto, WIM UK ha invitado este año a WIM Ecuador a promover las nominaciones de mujeres líderes y pioneras en la industria minera local. Por primera vez mujeres ecuatorianas estarán postulando para ser parte de la publicación junto con otras mujeres de todos los continentes.
Por ese motivo WIM Ecuador invita a la comunidad minera a nominar a las mujeres que más inspiran. Las nominaciones están abiertas hasta el 20 de junio de este año y pueden realizarse en: https://www.womeninmining.org.uk/wim100/
Política e intereses son las leyes en Muyuyacu
Enami EP y Oromining S.A. son "cotitulares"
Mayo 29 del 2022.- En un acto más de la larga historia que envuelve a la explotación de la concesión Gaby, en “la Ponce” Enríquez, el gerente de la Empresa Nacional Minera, Julián Agurto Erique anunció el inicio del proceso de firma de nuevos contratos de operación para desarrollar el proyecto minero Muyuyacu 3622.
La ceremonia se ampara en un mandato judicial que resume el fin de una lucha voraz entre intereses económicos y políticos envueltos en una batalla campal por el oro fácil. El acto fue en un local cerrado, con fuerzas de seguridad y mineros, aplausos a favor y murmullos en contra; y se realizó el pasado jueves 26 de mayo en donde se ubica la Junta de Agua, en el cantón Ponce Enríquez.
“Tras la suscripción de un convenio de coadministración por la cotitularidad entre Enami EP y Oromining S.A., socio estratégico en el proyecto, que se llevó a cabo el pasado 19 de mayo, arrancó el proceso para definir nuevos contratos de operación en las próximas semanas”, anunció el ingeniero Agurto.
El Gerente de la Enami señaló que su objetivo consiste en impulsar el aprovechamiento responsable de los recursos mineros y mantener buenas relaciones comunitarias. “Con el acuerdo que hemos alcanzado ustedes van a estar respaldados, porque Enami va a liderar la administración con nuestros socios cotitulares, con quienes hemos llegado a acuerdos sólidos, viables, equitativos, con respeto al ambiente y las comunidades”, manifestó.
En un comunicado que circuló los días previos en la zona conocida como La Ponce, firmado por el gerente de Oromining se afirma que las “cotitulares” evaluarán y definirán conjuntamente los bloques de operación propios o en asociación con operadores especializados.
Estuvieron en la mesa directiva Baldor Bermeo, alcalde del cantón, y los empresarios colombianos Carlos Efraín Florez Cárdenas y Carlos Huerta, gerente general y presidente de Oromining S.A., respectivamente.
La ceremonia se ampara en un mandato judicial que resume el fin de una lucha voraz entre intereses económicos y políticos envueltos en una batalla campal por el oro fácil. El acto fue en un local cerrado, con fuerzas de seguridad y mineros, aplausos a favor y murmullos en contra; y se realizó el pasado jueves 26 de mayo en donde se ubica la Junta de Agua, en el cantón Ponce Enríquez.
“Tras la suscripción de un convenio de coadministración por la cotitularidad entre Enami EP y Oromining S.A., socio estratégico en el proyecto, que se llevó a cabo el pasado 19 de mayo, arrancó el proceso para definir nuevos contratos de operación en las próximas semanas”, anunció el ingeniero Agurto.
El Gerente de la Enami señaló que su objetivo consiste en impulsar el aprovechamiento responsable de los recursos mineros y mantener buenas relaciones comunitarias. “Con el acuerdo que hemos alcanzado ustedes van a estar respaldados, porque Enami va a liderar la administración con nuestros socios cotitulares, con quienes hemos llegado a acuerdos sólidos, viables, equitativos, con respeto al ambiente y las comunidades”, manifestó.
En un comunicado que circuló los días previos en la zona conocida como La Ponce, firmado por el gerente de Oromining se afirma que las “cotitulares” evaluarán y definirán conjuntamente los bloques de operación propios o en asociación con operadores especializados.
Estuvieron en la mesa directiva Baldor Bermeo, alcalde del cantón, y los empresarios colombianos Carlos Efraín Florez Cárdenas y Carlos Huerta, gerente general y presidente de Oromining S.A., respectivamente.
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Los tribunales más veloces del mundo
Oromining S.A. es la representante de las empresas panameñas Gaby Panamá Corp. y Guadalupe Mining Corp. Por su parte, Guadalupe fue la empresa que logró que una sala especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Guayas ratificara la sentencia a una acción de protección solicitada para despojar a Enami EP de varias concesiones que en 2017 se unificaron en la Muyuyacu 3622 y Gaby se benefició con una “modulación” de la sentencia.
Oromining obtuvo el 66,6% de la concesión mediante una regla de tres que aplicó el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables para ejecutar a toda velocidad una sentencia en un proceso jurídico iniciado el 26 de marzo de 2019 y sentenciado en ocho días.
La regla de tres se aplicó en lugar de un proceso sumario para valorar el área del proyecto de 1.171 hectáreas que había cambiado cuantitativa y cualitativamente luego de 7 años de haber constado entre los bienes incautados a los hermanos Isaías, ex banqueros quebrados que viven en Miami y ahora demandan al Ecuador por US$ 2000 millones.
A las partes demandadas Enami EP, el Banco Central del Ecuador (BCE) e Inmobiliar se les convocó a audiencia sin tiempo necesario para preparar la defensa. Sin una buena defensa en la que ni el ministerio, como autoridad sectorial, ni la Arcom y posteriormente la Agencia de Regulación y Control de los Recursos Naturales no Renovables (Arcrnnr), como organismos reguladores y técnicos intervinieran para defender los intereses del Estado, se perdió el caso.
La demanda mediante la que obtuvieron la restitución de las áreas sin ser revalorizadas fue ratificada en tres meses. Pero nadie la quería ejecutar. En agosto de 2020, el BCE interpuso un recurso de acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.
Igual procedió la Enami en octubre de 2019 pero estos recursos fueron un saludo a la bandera. A dos gerentes de Enami, Danilo Icaza y Hernán Guasumba, les costó el cargo. El ingeniero Guasumba presentó otro recurso constitucional que no avanzó ni un centímetro porque lo sacaron de la empresa.
Entonces, el abogado Rodrigo Aguayo entró de gerente general y la institucionalidad sectorial se aprestó a llevar a ejecución la crítica sentencia de acuerdo a los lineamientos dictados por una viceministra de Minas encargada, María Elena Hurtado Muñoz, a través del memorando N°. MERNNR-VM-2021-0094-ME del 1 de junio del 2021.
Aguayo había sido director jurídico de Minería en el Ministerio y asumió la gerencia el 5 de diciembre de 2020 con René Ortiz como ministro y entregó el cargo al ingeniero Agurto a fines de marzo de este año (2022). También ha sido abogado patrocinador de Oromining.
Otro baile en donde los que sobran pierden el pan
No hay que ser minero para saber lo que es el pan de cada día de miles de familias en “la Ponce”, el inmenso valor del oro de Muyuyacu. El proyecto también denominado Gaby cuenta recursos estimados en 3,9 millones de onzas de oro. En 2018 fue parte del portafolio de proyectos de la Enami EP. Por los 40 000 metros de perforación a diamantina realizados antes de 2008 y los 279 durante ese año, cuenta con valiosa información geológica.
Es conocido en el cantón que en el área históricamente existió minería ilegal y que Enami EP reguló en parte esas actividades a través del establecimiento de contratos de operación con dos agrupaciones de mineros y empresas privadas como Minervilla que afirma haber invertido allí 3,2 millones de dólares.
Otra operadora que ha perdido es la Asociación de Mineros Autónomos 12 de Octubre, constituida por unos mil trabajadores, que ha protagonizado dos marchas masivas, una llegó hasta Quito para exigir que se respeten los contratos que tenía con Enami.
Representantes de esta operadora conocida como “la 12”, califican de fraudulenta la devolución de las concesiones mineras incautadas entre los bienes que pertenecían a los hermanos Isaías por parte de la Ugdep en los años 2012 y 2013. Y denuncian como írrita la repartición porcentual sucedida el año 2021, mediante la cual la Enami EP aceptó un 33% de derechos mineros sobre la concesión minera en tanto que los patrocinados por el abogado de los Isaías, doctor Ricardo Noboa Bejarano, se quedaron con el 66%.
“La lucha del pueblo minero de Camilo Ponce Enríquez no cesará hasta que sus legítimos derechos sean respetados y no permitirá que los premiados por estas acciones fraudulentas se apropien del esfuerzo y sacrificio de muchos años”, afirmó Patricio Vargas, representante de la cooperativa de mineros.
Oromining S.A. es la representante de las empresas panameñas Gaby Panamá Corp. y Guadalupe Mining Corp. Por su parte, Guadalupe fue la empresa que logró que una sala especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Guayas ratificara la sentencia a una acción de protección solicitada para despojar a Enami EP de varias concesiones que en 2017 se unificaron en la Muyuyacu 3622 y Gaby se benefició con una “modulación” de la sentencia.
Oromining obtuvo el 66,6% de la concesión mediante una regla de tres que aplicó el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables para ejecutar a toda velocidad una sentencia en un proceso jurídico iniciado el 26 de marzo de 2019 y sentenciado en ocho días.
La regla de tres se aplicó en lugar de un proceso sumario para valorar el área del proyecto de 1.171 hectáreas que había cambiado cuantitativa y cualitativamente luego de 7 años de haber constado entre los bienes incautados a los hermanos Isaías, ex banqueros quebrados que viven en Miami y ahora demandan al Ecuador por US$ 2000 millones.
A las partes demandadas Enami EP, el Banco Central del Ecuador (BCE) e Inmobiliar se les convocó a audiencia sin tiempo necesario para preparar la defensa. Sin una buena defensa en la que ni el ministerio, como autoridad sectorial, ni la Arcom y posteriormente la Agencia de Regulación y Control de los Recursos Naturales no Renovables (Arcrnnr), como organismos reguladores y técnicos intervinieran para defender los intereses del Estado, se perdió el caso.
La demanda mediante la que obtuvieron la restitución de las áreas sin ser revalorizadas fue ratificada en tres meses. Pero nadie la quería ejecutar. En agosto de 2020, el BCE interpuso un recurso de acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.
Igual procedió la Enami en octubre de 2019 pero estos recursos fueron un saludo a la bandera. A dos gerentes de Enami, Danilo Icaza y Hernán Guasumba, les costó el cargo. El ingeniero Guasumba presentó otro recurso constitucional que no avanzó ni un centímetro porque lo sacaron de la empresa.
Entonces, el abogado Rodrigo Aguayo entró de gerente general y la institucionalidad sectorial se aprestó a llevar a ejecución la crítica sentencia de acuerdo a los lineamientos dictados por una viceministra de Minas encargada, María Elena Hurtado Muñoz, a través del memorando N°. MERNNR-VM-2021-0094-ME del 1 de junio del 2021.
Aguayo había sido director jurídico de Minería en el Ministerio y asumió la gerencia el 5 de diciembre de 2020 con René Ortiz como ministro y entregó el cargo al ingeniero Agurto a fines de marzo de este año (2022). También ha sido abogado patrocinador de Oromining.
Otro baile en donde los que sobran pierden el pan
No hay que ser minero para saber lo que es el pan de cada día de miles de familias en “la Ponce”, el inmenso valor del oro de Muyuyacu. El proyecto también denominado Gaby cuenta recursos estimados en 3,9 millones de onzas de oro. En 2018 fue parte del portafolio de proyectos de la Enami EP. Por los 40 000 metros de perforación a diamantina realizados antes de 2008 y los 279 durante ese año, cuenta con valiosa información geológica.
Es conocido en el cantón que en el área históricamente existió minería ilegal y que Enami EP reguló en parte esas actividades a través del establecimiento de contratos de operación con dos agrupaciones de mineros y empresas privadas como Minervilla que afirma haber invertido allí 3,2 millones de dólares.
Otra operadora que ha perdido es la Asociación de Mineros Autónomos 12 de Octubre, constituida por unos mil trabajadores, que ha protagonizado dos marchas masivas, una llegó hasta Quito para exigir que se respeten los contratos que tenía con Enami.
Representantes de esta operadora conocida como “la 12”, califican de fraudulenta la devolución de las concesiones mineras incautadas entre los bienes que pertenecían a los hermanos Isaías por parte de la Ugdep en los años 2012 y 2013. Y denuncian como írrita la repartición porcentual sucedida el año 2021, mediante la cual la Enami EP aceptó un 33% de derechos mineros sobre la concesión minera en tanto que los patrocinados por el abogado de los Isaías, doctor Ricardo Noboa Bejarano, se quedaron con el 66%.
“La lucha del pueblo minero de Camilo Ponce Enríquez no cesará hasta que sus legítimos derechos sean respetados y no permitirá que los premiados por estas acciones fraudulentas se apropien del esfuerzo y sacrificio de muchos años”, afirmó Patricio Vargas, representante de la cooperativa de mineros.
¿Pronunciamiento del Procurador del Estado alcanza a Muyuyacu?
Vargas trae a colación el pronunciamiento de Íñigo Salvador, procurador general del Estado, acerca de lo que fue el fundamento de la decisión de la jueza a favor de los empresarios: un dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En 2016 los hermanos Isaías recibieron un dictamen similar en el cual el mismo Comité solicita al Estado reparar a los hermanos por una vulneración de sus derechos.
El procurador del Estado, doctor Íñigo Salvador, afirmó en entrevista televisiva reciente que eso no puede entenderse como una disposición para devolver los bienes que les fueron incautados. Señala que “era un tema relacionado con el debido proceso y el derecho a la defensa. De ninguna manera ese dictamen no vinculante hacía referencia a la devolución de bienes “.
El procurador afirma: “no es un dictamen vinculante. Es una simple recomendación para el Estado ecuatoriano. El juez hace mal en darle un valor mayor al que realmente tenía".
La Procuraduría ha apelado a la sentencia del juez Johnny Lituma Jines y este recurso será resuelto por la Corte Provincial del Guayas.
“Mientras se resuelve este recurso los bienes no pueden ser devueltos a los Isaías”, afirmó el Procurador. Además, presentó una queja en el Consejo de la Judicatura contra el juez que también intervino en 2018 para impedir el remate de los bienes de los banqueros.
Vargas trae a colación el pronunciamiento de Íñigo Salvador, procurador general del Estado, acerca de lo que fue el fundamento de la decisión de la jueza a favor de los empresarios: un dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En 2016 los hermanos Isaías recibieron un dictamen similar en el cual el mismo Comité solicita al Estado reparar a los hermanos por una vulneración de sus derechos.
El procurador del Estado, doctor Íñigo Salvador, afirmó en entrevista televisiva reciente que eso no puede entenderse como una disposición para devolver los bienes que les fueron incautados. Señala que “era un tema relacionado con el debido proceso y el derecho a la defensa. De ninguna manera ese dictamen no vinculante hacía referencia a la devolución de bienes “.
El procurador afirma: “no es un dictamen vinculante. Es una simple recomendación para el Estado ecuatoriano. El juez hace mal en darle un valor mayor al que realmente tenía".
La Procuraduría ha apelado a la sentencia del juez Johnny Lituma Jines y este recurso será resuelto por la Corte Provincial del Guayas.
“Mientras se resuelve este recurso los bienes no pueden ser devueltos a los Isaías”, afirmó el Procurador. Además, presentó una queja en el Consejo de la Judicatura contra el juez que también intervino en 2018 para impedir el remate de los bienes de los banqueros.
Propuesta de Ecuador recibirá hasta US$ 1 millón
para reducir impactos en la Amazonía
Mayo 22 de 2022.- Un enfoque novedoso, lanzado desde Ecuador, para restaurar sitios de la minería de oro artesanal y de pequeña escala en la Amazonía utilizando bambúes nativos a través de técnicas vegetativas e in vitro, fue seleccionada para recibir hasta un millón de dólares para su implementación.
La idea partió del equipo de EcoDecisión, conformado por Germán Villarreal, Lucy Binfield, Margaret Stern, David Neill y Lourdes Torres; y permitirá probar en el campo la propagación de los bambúes nativos, plantándolos en sitios mineros degradados, y así impulsar la sucesión ecológica a un costo reducido.
Esta propuesta, igual que otras trece ideas procedentes de Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, recibirán financiamiento inicial para realizar pruebas de campo y desarrollar sus innovaciones junto con aliados locales y organizaciones que trabajan en la región amazónica a través del Amazon CoLab, un programa de aceleración de 6 meses.
Los administradores del Reto anunciarán a los ganadores y otorgarán premios en efectivo adicionales a las soluciones de mayor rendimiento a finales de 2022.
El “Gran Reto de la Minería Artesanal: La Amazonía", es una convocatoria mundial que busca hallar soluciones para transformar la minería de oro artesanal y de pequeña escala, en una práctica más ambientalmente responsable y socialmente equitativa.
“El objetivo era encontrar soluciones efectivas para la minería artesanal y de pequeña escala en la Amazonía, hogar del bosque tropical más grande del mundo, con una de las mayores biodiversidades del planeta y donde viven numerosas comunidades indígenas”, señaló Alex Dehgan, CEO y cofundador de Conservation X Labs.
Los finalistas fueron calificados por paneles de evaluadores con experiencia en minería, ciencias de la conservación y espíritu empresarial, y fueron seleccionados en función de criterios que incluyen propuestas de valor, sostenibilidad, impacto y viabilidad.
Abierto a una comunidad global de innovadores, “El Gran Reto de la Minería Artesanal: La Amazonía” se lanzó en 2021 y buscó soluciones para salvaguardar los ecosistemas, proteger la salud humana, optimizar las cadenas de suministro responsables y promover la formalización de los mineros para lograr salvaguardas sociales y ambientales.
Es implementado por Conservation X Labs en alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Fundación Gordon y Betty Moore, Microsoft y Esri.
Los proyectos finalistas de esta iniciativa son:
1. MAPE Progresa App, de la Alianza por la Minería Responsable (ARM), en alianza con Betterchain (Colombia).
2. Monitoreo liderado por Comunidades, de Timby Productions (Canadá).
3. Placas de cobre, de Pure Earth (Estados Unidos).
4. Concentrador helicoide, de Artisanal Gold Enterprises (Canadá).
5. Lixiviación ecológica de alta eficiencia para la extracción de oro aluvial sin mercurio, de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú con el CITE Minero como aplicante líder (Perú).
6. Extracción y remediación de metales, de Ion Solutions (Estados Unidos).
7. Micromax, de WIPA - Codesarrollo Socioambiental (Perú).
8. Calculadora de impactos mineros, de Conservation Strategy Fund (Estados Unidos).
9. Bambúes nativos, de EcoDecision (Ecuador).
10. Recpo En Línea, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD en alianza con el Ministerio de Energía y Minas (Perú).
11. DRAM Technology, de SEM Energy (Reino Unido).
12. Sissai Joyería con Ramaz y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (Perú).
13. TSW Trace, de Source Certain International (Australia).
La idea partió del equipo de EcoDecisión, conformado por Germán Villarreal, Lucy Binfield, Margaret Stern, David Neill y Lourdes Torres; y permitirá probar en el campo la propagación de los bambúes nativos, plantándolos en sitios mineros degradados, y así impulsar la sucesión ecológica a un costo reducido.
Esta propuesta, igual que otras trece ideas procedentes de Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia, recibirán financiamiento inicial para realizar pruebas de campo y desarrollar sus innovaciones junto con aliados locales y organizaciones que trabajan en la región amazónica a través del Amazon CoLab, un programa de aceleración de 6 meses.
Los administradores del Reto anunciarán a los ganadores y otorgarán premios en efectivo adicionales a las soluciones de mayor rendimiento a finales de 2022.
El “Gran Reto de la Minería Artesanal: La Amazonía", es una convocatoria mundial que busca hallar soluciones para transformar la minería de oro artesanal y de pequeña escala, en una práctica más ambientalmente responsable y socialmente equitativa.
“El objetivo era encontrar soluciones efectivas para la minería artesanal y de pequeña escala en la Amazonía, hogar del bosque tropical más grande del mundo, con una de las mayores biodiversidades del planeta y donde viven numerosas comunidades indígenas”, señaló Alex Dehgan, CEO y cofundador de Conservation X Labs.
Los finalistas fueron calificados por paneles de evaluadores con experiencia en minería, ciencias de la conservación y espíritu empresarial, y fueron seleccionados en función de criterios que incluyen propuestas de valor, sostenibilidad, impacto y viabilidad.
Abierto a una comunidad global de innovadores, “El Gran Reto de la Minería Artesanal: La Amazonía” se lanzó en 2021 y buscó soluciones para salvaguardar los ecosistemas, proteger la salud humana, optimizar las cadenas de suministro responsables y promover la formalización de los mineros para lograr salvaguardas sociales y ambientales.
Es implementado por Conservation X Labs en alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Fundación Gordon y Betty Moore, Microsoft y Esri.
Los proyectos finalistas de esta iniciativa son:
1. MAPE Progresa App, de la Alianza por la Minería Responsable (ARM), en alianza con Betterchain (Colombia).
2. Monitoreo liderado por Comunidades, de Timby Productions (Canadá).
3. Placas de cobre, de Pure Earth (Estados Unidos).
4. Concentrador helicoide, de Artisanal Gold Enterprises (Canadá).
5. Lixiviación ecológica de alta eficiencia para la extracción de oro aluvial sin mercurio, de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú con el CITE Minero como aplicante líder (Perú).
6. Extracción y remediación de metales, de Ion Solutions (Estados Unidos).
7. Micromax, de WIPA - Codesarrollo Socioambiental (Perú).
8. Calculadora de impactos mineros, de Conservation Strategy Fund (Estados Unidos).
9. Bambúes nativos, de EcoDecision (Ecuador).
10. Recpo En Línea, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD en alianza con el Ministerio de Energía y Minas (Perú).
11. DRAM Technology, de SEM Energy (Reino Unido).
12. Sissai Joyería con Ramaz y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (Perú).
13. TSW Trace, de Source Certain International (Australia).
Por respeto a nuestros lectores
Mayo 22 de 2022.- Sí, desde Vía Minera mandamos al carajo a Nancy Verdezoto Feijóo después de oírle una retahíla de estupideces sobre la política minera del país, el sistema de designación de autoridades en el sector y sobre su propio jefe…
Tanta miseria intelectual es ofensiva. A la señora Verdezoto se le advirtió que estaba siendo grabada y ella pidió que el contenido de la conversación se considere off the record. Sin embargo, se lanza a comentar en público lo que se le dijo... pues bien, será como ella quiere.
Si insiste, haremos público el audio y que sean nuestros lectores los que juzguen…
Tanta miseria intelectual es ofensiva. A la señora Verdezoto se le advirtió que estaba siendo grabada y ella pidió que el contenido de la conversación se considere off the record. Sin embargo, se lanza a comentar en público lo que se le dijo... pues bien, será como ella quiere.
Si insiste, haremos público el audio y que sean nuestros lectores los que juzguen…
A los 23 años Maritza domina el espacio
que antes era reservado a los hombres
Mayo 15 del 2022.- Poco a poco se va haciendo normal encontrar una mujer en una mina, ya sea en el campo o en las oficinas; y con frecuencia se trata de personas de la comunidad que trabajan para una minera sin descuidar su formación ya sea para ocupar un puesto de mayor responsabilidad en la misma empresa o encontrar un mejor puesto en cualquier otra operación.
Es sabido que las empresas mineras tienen la obligación de que sus trabajadores sean, al menos en un setenta por ciento, nativos de la zona en la que se realizan las operaciones; y el cumplimiento de esta norma viene provocando una serie de cambios en la estructura de la fuerza laboral en Ecuador.
Para los pobladores de las zonas aledañas la disposición constituye una oportunidad de avanzar en asuntos de capacitación técnico profesional de manera que su trabajo en las grandes empresas sea en condiciones que les permitan acceder a un salario mejor remunerado que el que conseguirían si ingresan como obreros no calificados.
En Lundin Gold, operadora de la mina Fruta del Norte, ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, muchos trataron de aprovechar el hecho de que antes de que se extraiga la primera onza de oro, se puso en marcha un plan para formar a más de 300 operadores de maquinaria pesada.
De ese grupo 48 trabajadores fueron mujeres. La presencia femenina sorprendió desde el inicio porque se trataba de aprender a manejar vehículos que en promedio pesan 300 toneladas y cargan casi lo que pesan, si no más. Ver mujeres en los primeros equipos fue una de las buenas noticias que trajo el arranque de la minería a gran escala en el Ecuador.
Llamó la atención ver a mujeres, la mayoría jóvenes, a cargo de gigantes Caterpillar pero también era lo que esperaba la gente experimentada. En el mundo minero se sabe que casi siempre las mujeres tienen habilidades especiales que les permiten ser más precisas y cuidadosas al momento de conducir grandes vehículos y que en promedio, son más responsables que los hombres en el cumplimiento de sus labores.
Entre ese grupo de mujeres estuvo Maritza Reyes quien, a sus 23 años de edad, empezó a hacer realidad sus ilusiones y desde el 2018 está vinculada a Fruta del Norte.
Hace unos días, ella estuvo radiante entre el grupo de mujeres premiadas por su empresa y Vía Minera pudo obtener un pequeño testimonio de su experiencia, que va a continuación.
Maritza, usted dijo que se siente muy orgullosa de lo que ha logrado. Por favor, cuéntenos un poco ¿cómo se siente dentro de la mina, hasta qué profundidad ingresa?
Exactamente no podría decir a qué profundidad porque la mina avanza todos los días y no es una distancia fija a la que se trabaja. Trabajar en interior mina es totalmente diferente a trabajar en superficie o en una oficina. Es una experiencia bonita... de verdad me siento realizada en lo que me estoy desenvolviendo actualmente.
¿Cómo ingresa al frente de trabajo? ¿Cómo se traslada hasta su vehículo? ¿Le llevan? ¿Cuánto tiempo le toma llegar?
En mina se manejan diferentes niveles y cada nivel está a diferente distancia. O sea que no todos los días voy al mismo nivel. Un día me toca uno cerca, otro día uno más lejos y así... poniendo un tiempo promedio, será unos 30 minutos en ingresar.
¿Qué le tomó más tiempo acostumbrase, el equipo de protección personal o estar en la oscuridad de la mina?
Tal vez el equipo de protección personal, porque el autorrescatador y las botas con puntas de acero son un poquito pesadas. Y es un peso que uno tiene que mantener constantemente.
¿Qué es el autorrescatador?
Es un implemento que nos dan en caso de que haya algún incidente dentro de mina. El autorrescatador nos permite llegar a un área segura.
¿Cómo fue la adaptación al interior de mina, el número de horas abajo aumentó progresivamente?
No, desde el inicio ingresamos y trabajamos las seis horas que son permitidas. Más las dos horas que van entre el recibimiento o entrega de turno fuera de mina. No me costó acostumbrarme porque una vez que ingresas a la mina el tiempo se te va volando. Te das cuenta y oh no, ya es hora de salir… O sea, no sientes pasar el tiempo.
¿Es decir que no tiene tiempo de pensar en lo que está afuera, su familia, algún problema?
No. Uno debe ingresar concentrado en lo que va a hacer. Nosotros no podemos estar pensando qué pasará afuera. Dentro de la mina te olvidas de todo.
¿Qué diferencia encuentra entre trabajar de día y de noche? ¿Le da algo parecido a lo que llaman jet lag por no dormir?
Ninguna diferencia. Como la mina es oscura es igual trabajar ya sea el turno de mañana, de tarde o de noche. Algunos prefieren un turno en especial, pero eso cambia según las personas. Yo no tengo preferencias.
¿Irá a la guardería de Fruta del Norte cuando usted concluya su dulce espera?
¿Ehhh? responde desconcertada mirándose el vientre… Y agrega: Tal vez… supongo que deben estar trabajando en eso…
Nota de Vía Minera: Antes de la pandemia Fruta del Norte inauguró un lactario en su campamento, el primero en la historia de las minas ecuatorianas...
Es sabido que las empresas mineras tienen la obligación de que sus trabajadores sean, al menos en un setenta por ciento, nativos de la zona en la que se realizan las operaciones; y el cumplimiento de esta norma viene provocando una serie de cambios en la estructura de la fuerza laboral en Ecuador.
Para los pobladores de las zonas aledañas la disposición constituye una oportunidad de avanzar en asuntos de capacitación técnico profesional de manera que su trabajo en las grandes empresas sea en condiciones que les permitan acceder a un salario mejor remunerado que el que conseguirían si ingresan como obreros no calificados.
En Lundin Gold, operadora de la mina Fruta del Norte, ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, muchos trataron de aprovechar el hecho de que antes de que se extraiga la primera onza de oro, se puso en marcha un plan para formar a más de 300 operadores de maquinaria pesada.
De ese grupo 48 trabajadores fueron mujeres. La presencia femenina sorprendió desde el inicio porque se trataba de aprender a manejar vehículos que en promedio pesan 300 toneladas y cargan casi lo que pesan, si no más. Ver mujeres en los primeros equipos fue una de las buenas noticias que trajo el arranque de la minería a gran escala en el Ecuador.
Llamó la atención ver a mujeres, la mayoría jóvenes, a cargo de gigantes Caterpillar pero también era lo que esperaba la gente experimentada. En el mundo minero se sabe que casi siempre las mujeres tienen habilidades especiales que les permiten ser más precisas y cuidadosas al momento de conducir grandes vehículos y que en promedio, son más responsables que los hombres en el cumplimiento de sus labores.
Entre ese grupo de mujeres estuvo Maritza Reyes quien, a sus 23 años de edad, empezó a hacer realidad sus ilusiones y desde el 2018 está vinculada a Fruta del Norte.
Hace unos días, ella estuvo radiante entre el grupo de mujeres premiadas por su empresa y Vía Minera pudo obtener un pequeño testimonio de su experiencia, que va a continuación.
Maritza, usted dijo que se siente muy orgullosa de lo que ha logrado. Por favor, cuéntenos un poco ¿cómo se siente dentro de la mina, hasta qué profundidad ingresa?
Exactamente no podría decir a qué profundidad porque la mina avanza todos los días y no es una distancia fija a la que se trabaja. Trabajar en interior mina es totalmente diferente a trabajar en superficie o en una oficina. Es una experiencia bonita... de verdad me siento realizada en lo que me estoy desenvolviendo actualmente.
¿Cómo ingresa al frente de trabajo? ¿Cómo se traslada hasta su vehículo? ¿Le llevan? ¿Cuánto tiempo le toma llegar?
En mina se manejan diferentes niveles y cada nivel está a diferente distancia. O sea que no todos los días voy al mismo nivel. Un día me toca uno cerca, otro día uno más lejos y así... poniendo un tiempo promedio, será unos 30 minutos en ingresar.
¿Qué le tomó más tiempo acostumbrase, el equipo de protección personal o estar en la oscuridad de la mina?
Tal vez el equipo de protección personal, porque el autorrescatador y las botas con puntas de acero son un poquito pesadas. Y es un peso que uno tiene que mantener constantemente.
¿Qué es el autorrescatador?
Es un implemento que nos dan en caso de que haya algún incidente dentro de mina. El autorrescatador nos permite llegar a un área segura.
¿Cómo fue la adaptación al interior de mina, el número de horas abajo aumentó progresivamente?
No, desde el inicio ingresamos y trabajamos las seis horas que son permitidas. Más las dos horas que van entre el recibimiento o entrega de turno fuera de mina. No me costó acostumbrarme porque una vez que ingresas a la mina el tiempo se te va volando. Te das cuenta y oh no, ya es hora de salir… O sea, no sientes pasar el tiempo.
¿Es decir que no tiene tiempo de pensar en lo que está afuera, su familia, algún problema?
No. Uno debe ingresar concentrado en lo que va a hacer. Nosotros no podemos estar pensando qué pasará afuera. Dentro de la mina te olvidas de todo.
¿Qué diferencia encuentra entre trabajar de día y de noche? ¿Le da algo parecido a lo que llaman jet lag por no dormir?
Ninguna diferencia. Como la mina es oscura es igual trabajar ya sea el turno de mañana, de tarde o de noche. Algunos prefieren un turno en especial, pero eso cambia según las personas. Yo no tengo preferencias.
¿Irá a la guardería de Fruta del Norte cuando usted concluya su dulce espera?
¿Ehhh? responde desconcertada mirándose el vientre… Y agrega: Tal vez… supongo que deben estar trabajando en eso…
Nota de Vía Minera: Antes de la pandemia Fruta del Norte inauguró un lactario en su campamento, el primero en la historia de las minas ecuatorianas...
Mineras peruanas utilizan software
que mide reputación en tiempo real
Mayo 15 del 2022.- Una herramienta digital que funciona como un espejo que puede reflejar en tiempo real la imagen que ellas mismas proyectan viene siendo utilizada por empresas mineras peruanas, interesadas en saber qué se dice de ellas y concretamente, por qué existen sectores en la sociedad que piensan tan mal de las actividades extractivas.
Se trata de YOAX, un software que ha sido puesto al servicio de empresas que operan en zonas tradicionalmente conflictivas y de organizaciones que extraen metales básicos y también oro y cobre.
“Solemos mentirnos a nosotros mismos, pero tecnologías como la big data y la inteligencia artificial son dardos inmisericordes sin sesgos que nos dirán la verdad, sea esta gratificante o dolorosa y en tiempo real”, dice una publicación que reseña el evento Expomina Perú 2022, durante el cual fue presentado YOAX.
Juan Alberto Flores, CEO de la startup Conector Perú que ha lanzado esta herramienta, aclara que ni él ni el software hacen monitoreo de la información, pues sólo procesan los datos.
YOAX es una plataforma de big data con inteligencia artificial que integra tecnologías como Azure de Microsoft y Power BI y Watson de IBM.
«YOAX es como un espejo que refleja tu comportamiento», afirma el ejecutivo. “No predice el futuro, solo muestra el crudo presente y muestra tendencias, sin estar atado a los muy humanos prejuicios”, agrega.
YOAX registra el impacto de la comunicación corporativa de las empresas y sus marcas en los diversos canales de comunicación, desde medios tradicionales como TV, radio y prensa en general, hasta redes sociales.
Su objetivo es identificar la información más relevante para el diseño de estrategias de imagen y reputación basadas en datos 100 % confiables.
Con esa evidencia, los que deciden estrategias de comunicación tienen datos que les pueden ayudar a no repetir los mismos errores, pues disponen de más y mejor calidad de información para tomar mejores decisiones.
El software no soluciona conflictos sociales, pero sí proporciona datos que bien utilizados pueden servir para anticipar riesgos o desarrollar estrategias que permitan evitar que los problemas adquieran ribetes violentos.
El potencial de esta herramienta es inmenso y por supuesto que no servirá sólo a las empresas mineras, sino a todo el sector privado y a los gobiernos que ya se están acercando a Conector Perú. Ni qué decir de las agencias de publicidad y marketing que ahora cuentan con un producto de avanzada tecnología que puede indicarles qué tan efectivas son sus campañas.
En síntesis, YOAX, a través de la identificación de cientos de «palabras clave» evidencia escenarios inmediatos y sugerencias diarias, identifica sucesos y tendencias de mediano plazo.
Según reveló Juan Alberto Flores, Conector Perú cuenta con una plataforma que puede conectarse en 48 horas a cualquier sistema de información y de monitoreo de medios y redes sociales, contamos con un proceso 100 % automatizado que ahorra el 99 % del tiempo de los equipos de comunicaciones de las empresas y algo que valoran nuestros clientes; entregamos insights 100 % humanos a través de un equipo experimentado en materia de PR y comunicaciones, en tiempo real.
Se trata de YOAX, un software que ha sido puesto al servicio de empresas que operan en zonas tradicionalmente conflictivas y de organizaciones que extraen metales básicos y también oro y cobre.
“Solemos mentirnos a nosotros mismos, pero tecnologías como la big data y la inteligencia artificial son dardos inmisericordes sin sesgos que nos dirán la verdad, sea esta gratificante o dolorosa y en tiempo real”, dice una publicación que reseña el evento Expomina Perú 2022, durante el cual fue presentado YOAX.
Juan Alberto Flores, CEO de la startup Conector Perú que ha lanzado esta herramienta, aclara que ni él ni el software hacen monitoreo de la información, pues sólo procesan los datos.
YOAX es una plataforma de big data con inteligencia artificial que integra tecnologías como Azure de Microsoft y Power BI y Watson de IBM.
«YOAX es como un espejo que refleja tu comportamiento», afirma el ejecutivo. “No predice el futuro, solo muestra el crudo presente y muestra tendencias, sin estar atado a los muy humanos prejuicios”, agrega.
YOAX registra el impacto de la comunicación corporativa de las empresas y sus marcas en los diversos canales de comunicación, desde medios tradicionales como TV, radio y prensa en general, hasta redes sociales.
Su objetivo es identificar la información más relevante para el diseño de estrategias de imagen y reputación basadas en datos 100 % confiables.
Con esa evidencia, los que deciden estrategias de comunicación tienen datos que les pueden ayudar a no repetir los mismos errores, pues disponen de más y mejor calidad de información para tomar mejores decisiones.
El software no soluciona conflictos sociales, pero sí proporciona datos que bien utilizados pueden servir para anticipar riesgos o desarrollar estrategias que permitan evitar que los problemas adquieran ribetes violentos.
El potencial de esta herramienta es inmenso y por supuesto que no servirá sólo a las empresas mineras, sino a todo el sector privado y a los gobiernos que ya se están acercando a Conector Perú. Ni qué decir de las agencias de publicidad y marketing que ahora cuentan con un producto de avanzada tecnología que puede indicarles qué tan efectivas son sus campañas.
En síntesis, YOAX, a través de la identificación de cientos de «palabras clave» evidencia escenarios inmediatos y sugerencias diarias, identifica sucesos y tendencias de mediano plazo.
Según reveló Juan Alberto Flores, Conector Perú cuenta con una plataforma que puede conectarse en 48 horas a cualquier sistema de información y de monitoreo de medios y redes sociales, contamos con un proceso 100 % automatizado que ahorra el 99 % del tiempo de los equipos de comunicaciones de las empresas y algo que valoran nuestros clientes; entregamos insights 100 % humanos a través de un equipo experimentado en materia de PR y comunicaciones, en tiempo real.
EITI promovió debate sobre
beneficiarios finales y transparencia
Mayo 15 del 2022.- Como una de las preocupaciones más citadas sobre los inconvenientes de hacer pública la identidad real de los beneficiarios finales de la explotación de los recursos naturales en América Latina es que puede suponer riesgos para su seguridad personal, la iniciativa EITI organizó el pasado 12 de mayo una nueva edición de su serie Debates dedicada al tema “Aspectos de seguridad y privacidad en la transparencia de los beneficiarios finales en América Latina y el Caribe”.
Intervinieron como ponentes Guillermo Valdés Castellanos, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, Verónica Grondona, directora de fiscalidad internacional de la AFIP en Argentina y Andrés Knobel, investigador principal sobre beneficiarios finales de Tax Justice Network.
Fue un debate interesando en el que Valdés Castellano propuso dos ideas centrales. La primera, según él, es que afirmar que revelar la identidad real de los beneficiarios finales de la explotación de los recursos naturales pone en riesgo su seguridad es solo un pretexto… la delincuencia no necesita más datos.
Dijo también que sin presión social no habrá transparencia en la industria. Desde su punto de vista, pueden existir las leyes y los mecanismos tecnológicos que la hagan posible, hasta sentencias judiciales a favor de que se revelen algunos datos, pero si la sociedad no presiona, poco se podrá avanzar en asuntos de transparencia.
Perú suspendido en el EITI
Por no presentar a tiempo su VIII Informe Nacional de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas, el Perú fue suspendido de la iniciativa EITI y el hecho provocó diversas reacciones de las partes involucradas en ese organismo.
El informe que no se ha presentado corresponde al periodo 2019 – 2020 y de acuerdo a lo que se conoce, el Ministerio de Energía y Minas de ese país está pensando en adjudicar la buena pro para la contratación de la empresa consultora recién el próximo mes.
Por ahora se vienen realizando «los actos preparatorios para su inclusión en el Plan Anual de Contrataciones», dijo un vocero del ministerio.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) manifestó su preocupación pues, pese a que se logró una ampliación en la fecha de presentación del Informe, el Minem no ha convocado ni contratado al consultor independiente que se requiere para su elaboración.
Voceros de la sociedad civil peruana ya habían advertido que Perú podría ser suspendido si es que no se presentaba el informe a tiempo.
Intervinieron como ponentes Guillermo Valdés Castellanos, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, Verónica Grondona, directora de fiscalidad internacional de la AFIP en Argentina y Andrés Knobel, investigador principal sobre beneficiarios finales de Tax Justice Network.
Fue un debate interesando en el que Valdés Castellano propuso dos ideas centrales. La primera, según él, es que afirmar que revelar la identidad real de los beneficiarios finales de la explotación de los recursos naturales pone en riesgo su seguridad es solo un pretexto… la delincuencia no necesita más datos.
Dijo también que sin presión social no habrá transparencia en la industria. Desde su punto de vista, pueden existir las leyes y los mecanismos tecnológicos que la hagan posible, hasta sentencias judiciales a favor de que se revelen algunos datos, pero si la sociedad no presiona, poco se podrá avanzar en asuntos de transparencia.
Perú suspendido en el EITI
Por no presentar a tiempo su VIII Informe Nacional de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas, el Perú fue suspendido de la iniciativa EITI y el hecho provocó diversas reacciones de las partes involucradas en ese organismo.
El informe que no se ha presentado corresponde al periodo 2019 – 2020 y de acuerdo a lo que se conoce, el Ministerio de Energía y Minas de ese país está pensando en adjudicar la buena pro para la contratación de la empresa consultora recién el próximo mes.
Por ahora se vienen realizando «los actos preparatorios para su inclusión en el Plan Anual de Contrataciones», dijo un vocero del ministerio.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) manifestó su preocupación pues, pese a que se logró una ampliación en la fecha de presentación del Informe, el Minem no ha convocado ni contratado al consultor independiente que se requiere para su elaboración.
Voceros de la sociedad civil peruana ya habían advertido que Perú podría ser suspendido si es que no se presentaba el informe a tiempo.
ICMM plantea nuevo modelo de relaciones con las comunidades
Mayo 15 del 2022.- El Consejo Internacional de Minería y Metales, ICMM, publicó recientemente un nuevo modelo de relacionamiento con las comunidades en el cual se propone un enfoque de crecimiento inclusivo para promover la resiliencia comunitaria.
La propuesta llama a las empresas mineras a reimaginar audazmente los sistemas, repensar las asociaciones, desbloquear capital de fuentes poco apalancadas y unir socios en torno a objetivos comunes para lograr impactos sostenibles en las comunidades.
El ICMM lleva mucho tiempo planteando una minería con principios. Como organización, reúne a un tercio de la industria mundial de metales y minería junto con socios clave para impulsar el liderazgo, la acción y la innovación para el desarrollo sostenible y, en última instancia, brindar una contribución positiva a la sociedad.
A sus principios han adherido varias empresas con operaciones en Ecuador y la propia CME es una entidad asociada al ICMM, que hace algunos años empezó a implementar la iniciativa 'Habilidades para nuestro futuro común' concebida para acelerar los esfuerzos nacionales y regionales para impulsar la inclusión, la participación económica de las comunidades y su diversificación más allá de la minería.
En ese marco, el ICMM plantea cinco pasos para alcanzar ese propósito. En primer lugar, plantea identificar de manera proactiva oportunidades inclusivas que generen un impacto significativo.
En segundo lugar, propone repensar el rol de la empresa minera y sus relaciones con otros socios, con el fin de catalizar el desarrollo de manera que reduzca la dependencia de la comunidad de la mina y permita una salida sostenible después del cierre.
Como tercer paso, el ICMM recomienda liberar el capital de otras partes interesadas para garantizar el éxito del programa, la implementación de las instalaciones y el logro de resultados económicos y ambientales duraderos.
En cuarto lugar, sugiere gestionar el cambio para garantizar la responsabilidad y el beneficio de las diversas partes interesadas e inversores.
Finalmente, señala que conjugar estos pasos requiere un catalizador para unir de manera efectiva a las partes interesadas y organizar el capital en torno a oportunidades prometedoras.
El documento, en inglés, puede ser leído en: https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/social-performance/2022/briefing_inclusive-growth.pdf
Debe señalarse que este documento es el tercero y último de una serie, realizada en alianza con el grupo Palladium, que incluye investigaciones críticas, entrevistas con representantes de la industria y mejores prácticas tanto internas como externas a la industria minera.
El objetivo es dirigir a los miembros del ICMM hacia acciones exitosas para el futuro del trabajo y el futuro de la minería.
El primer resumen de problemas comenzó mirando hacia adentro: analizando los impulsores internos de la industria que dan forma al futuro del trabajo.
Esto reveló que, si bien la automatización y la digitalización requieren capacitación y actualización de la fuerza laboral, las empresas mineras generalmente tienen las herramientas y estrategias necesarias para responder adecuadamente.
Para desarrollar una imagen más holística, el segundo Resumen de problemas examinó las fuerzas externas que dan forma al futuro de la minería: el cambio climático, la creciente demanda de minerales críticos, la inestabilidad geopolítica y la creciente vulnerabilidad de las mujeres, los jóvenes y los grupos indígenas en medio de estas fuerzas.
El tercer resumen de problemas se propone responder a la pregunta de cómo pueden las empresas mineras convertirse efectivamente en facilitadores y defensores de la resiliencia comunitaria.
La propuesta llama a las empresas mineras a reimaginar audazmente los sistemas, repensar las asociaciones, desbloquear capital de fuentes poco apalancadas y unir socios en torno a objetivos comunes para lograr impactos sostenibles en las comunidades.
El ICMM lleva mucho tiempo planteando una minería con principios. Como organización, reúne a un tercio de la industria mundial de metales y minería junto con socios clave para impulsar el liderazgo, la acción y la innovación para el desarrollo sostenible y, en última instancia, brindar una contribución positiva a la sociedad.
A sus principios han adherido varias empresas con operaciones en Ecuador y la propia CME es una entidad asociada al ICMM, que hace algunos años empezó a implementar la iniciativa 'Habilidades para nuestro futuro común' concebida para acelerar los esfuerzos nacionales y regionales para impulsar la inclusión, la participación económica de las comunidades y su diversificación más allá de la minería.
En ese marco, el ICMM plantea cinco pasos para alcanzar ese propósito. En primer lugar, plantea identificar de manera proactiva oportunidades inclusivas que generen un impacto significativo.
En segundo lugar, propone repensar el rol de la empresa minera y sus relaciones con otros socios, con el fin de catalizar el desarrollo de manera que reduzca la dependencia de la comunidad de la mina y permita una salida sostenible después del cierre.
Como tercer paso, el ICMM recomienda liberar el capital de otras partes interesadas para garantizar el éxito del programa, la implementación de las instalaciones y el logro de resultados económicos y ambientales duraderos.
En cuarto lugar, sugiere gestionar el cambio para garantizar la responsabilidad y el beneficio de las diversas partes interesadas e inversores.
Finalmente, señala que conjugar estos pasos requiere un catalizador para unir de manera efectiva a las partes interesadas y organizar el capital en torno a oportunidades prometedoras.
El documento, en inglés, puede ser leído en: https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/social-performance/2022/briefing_inclusive-growth.pdf
Debe señalarse que este documento es el tercero y último de una serie, realizada en alianza con el grupo Palladium, que incluye investigaciones críticas, entrevistas con representantes de la industria y mejores prácticas tanto internas como externas a la industria minera.
El objetivo es dirigir a los miembros del ICMM hacia acciones exitosas para el futuro del trabajo y el futuro de la minería.
El primer resumen de problemas comenzó mirando hacia adentro: analizando los impulsores internos de la industria que dan forma al futuro del trabajo.
Esto reveló que, si bien la automatización y la digitalización requieren capacitación y actualización de la fuerza laboral, las empresas mineras generalmente tienen las herramientas y estrategias necesarias para responder adecuadamente.
Para desarrollar una imagen más holística, el segundo Resumen de problemas examinó las fuerzas externas que dan forma al futuro de la minería: el cambio climático, la creciente demanda de minerales críticos, la inestabilidad geopolítica y la creciente vulnerabilidad de las mujeres, los jóvenes y los grupos indígenas en medio de estas fuerzas.
El tercer resumen de problemas se propone responder a la pregunta de cómo pueden las empresas mineras convertirse efectivamente en facilitadores y defensores de la resiliencia comunitaria.
CNE aprueba entrega de formularios
para la consulta sobre minería en Quito
Mayo 8 del 2022.- El Consejo Nacional Electoral, CNE, aprobó la entrega del formato que deberán tener los planillones para la recolección de firmas de respaldo a una consulta popular sobre la minería en el Distrito Metropolitano de Quito.
De la decisión del CNE se desprende que los colectivos que promueven la consulta tendrán 180 días para reunir, al menos, 197 424 firmas válidas de apoyo.
La decisión del CNE ocurre varios meses después de que la Corte Constitucional autorizó la consulta popular en torno a la explotación minera metálica en el noroccidente Distrito Metropolitano.
En concreto, el objetivo de la consulta es evitar la minería metálica en las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, las mismas que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino.
Para ello, diversos colectivos proponen que se pregunte a la población: ¿Está usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino?
Si se aprueba la consulta, esta pregunta se hará varias veces, una por escala, tomando en cuenta el tamaño de las futuras operaciones.
Los promotores de la consulta dicen que las seis parroquias de Quito son zonas con una extraordinaria riqueza biológica y sobre ellas existen 12 concesiones que ocupan más de 17 000 hectáreas y que están en trámite otras seis concesiones, que se extenderían sobre otras 9 000 hectáreas.
De la decisión del CNE se desprende que los colectivos que promueven la consulta tendrán 180 días para reunir, al menos, 197 424 firmas válidas de apoyo.
La decisión del CNE ocurre varios meses después de que la Corte Constitucional autorizó la consulta popular en torno a la explotación minera metálica en el noroccidente Distrito Metropolitano.
En concreto, el objetivo de la consulta es evitar la minería metálica en las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, las mismas que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino.
Para ello, diversos colectivos proponen que se pregunte a la población: ¿Está usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino?
Si se aprueba la consulta, esta pregunta se hará varias veces, una por escala, tomando en cuenta el tamaño de las futuras operaciones.
Los promotores de la consulta dicen que las seis parroquias de Quito son zonas con una extraordinaria riqueza biológica y sobre ellas existen 12 concesiones que ocupan más de 17 000 hectáreas y que están en trámite otras seis concesiones, que se extenderían sobre otras 9 000 hectáreas.
Ministro Vera Grunauer se reunió con
dirigentes sociales en Proyecto Fortuna
Mayo 1 del 2022.- Dirigentes comunitarios y representantes de diversas organizaciones sociales de Azuay y Zamora Chinchipe -en las cuales se desarrolla el proyecto Fortuna, operado por Lucky Minerals-; se reunieron el pasado 20 de abril con el hoy ministro de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer; con el gobernador de la provincia del Azuay, Matías Abad y con otras autoridades para intercambiar información sobre los próximos trabajos y el modelo de gestión social que se viene desarrollando en sus localidades.
En la cita estuvieron también la coordinadora zonal Centro Sur, María Paz Landivar, la coordinadora zonal 6 de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernn), Emma Criollo Quezada, el jefe político del cantón Nabón, Pablo Ochoa, y otras autoridades provinciales, así como los dirigentes comunitarios, líderes y representantes de la sociedad civil de las comunidades Bayán, El Paso, Charqui, Nabón pertenecientes a la provincia del Azuay y de San Vicente, de la parroquia Tutupali de la provincia Zamora Chinchipe.
Durante el encuentro se conversó sobre las futuras actividades exploratorias y los beneficios que traerá para las comunidades en donde se desarrolla el proyecto. Los asistentes abordaron diversos temas relacionados con la importancia de la actividad minera si es realizada con compromiso y altos estándares de tecnología.
Las autoridades recalcaron el trabajo responsable que viene ejecutando la empresa en el sector, y los dirigentes comunitarios expresaron su respaldo a las actividades que se vienen desarrollando.
“Estamos trabajando coordinadamente con el proyecto Fortuna en donde desempeñamos varias actividades como limpieza, catering y producción de alimentos. Como representante de un grupo de mujeres de las comunidades de influencia directa, mostramos nuestro apoyo al mismo y agradecemos la oportunidad que se nos está brindando”, recalcó una de las dirigentes comunitarias.
Por otro lado, el entonces viceministro de Minas, Xavier Vera Grunauer, manifestó estar muy contento debido a que se puede observar que el proyecto Fortuna cumple con la política participativa con las comunidades.
“La minería responsable y sostenible es apoyada por el gobierno, y podemos ver como este proyecto arranca con bases sólidas”, indicó la autoridad.
Por su parte el ingeniero Santiago Yépez Dávila, country manager de la empresa minera, manifestó que como parte de un proceso integral han conocido las necesidades de los moradores y enfocado una parte importante de los esfuerzos en generar oportunidades y encadenamiento productivo en las zonas de influencia directa.
“Nosotros somos sus vecinos, somos invitados en sus comunidades, el crecimiento del proyecto tiene que traducirse en el crecimiento y desarrollo de sus familias, de sus niños y de sus zonas”, afirmó Yépez.
A su turno la coordinadora zonal 6 de la Agencia, Emma Criollo Quezada, indicó que el proyecto tiene que seguir empoderando a las mujeres, como se ha venido realizando, y resaltó las políticas de generación de empleo y equidad de género.
En la cita estuvieron también la coordinadora zonal Centro Sur, María Paz Landivar, la coordinadora zonal 6 de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernn), Emma Criollo Quezada, el jefe político del cantón Nabón, Pablo Ochoa, y otras autoridades provinciales, así como los dirigentes comunitarios, líderes y representantes de la sociedad civil de las comunidades Bayán, El Paso, Charqui, Nabón pertenecientes a la provincia del Azuay y de San Vicente, de la parroquia Tutupali de la provincia Zamora Chinchipe.
Durante el encuentro se conversó sobre las futuras actividades exploratorias y los beneficios que traerá para las comunidades en donde se desarrolla el proyecto. Los asistentes abordaron diversos temas relacionados con la importancia de la actividad minera si es realizada con compromiso y altos estándares de tecnología.
Las autoridades recalcaron el trabajo responsable que viene ejecutando la empresa en el sector, y los dirigentes comunitarios expresaron su respaldo a las actividades que se vienen desarrollando.
“Estamos trabajando coordinadamente con el proyecto Fortuna en donde desempeñamos varias actividades como limpieza, catering y producción de alimentos. Como representante de un grupo de mujeres de las comunidades de influencia directa, mostramos nuestro apoyo al mismo y agradecemos la oportunidad que se nos está brindando”, recalcó una de las dirigentes comunitarias.
Por otro lado, el entonces viceministro de Minas, Xavier Vera Grunauer, manifestó estar muy contento debido a que se puede observar que el proyecto Fortuna cumple con la política participativa con las comunidades.
“La minería responsable y sostenible es apoyada por el gobierno, y podemos ver como este proyecto arranca con bases sólidas”, indicó la autoridad.
Por su parte el ingeniero Santiago Yépez Dávila, country manager de la empresa minera, manifestó que como parte de un proceso integral han conocido las necesidades de los moradores y enfocado una parte importante de los esfuerzos en generar oportunidades y encadenamiento productivo en las zonas de influencia directa.
“Nosotros somos sus vecinos, somos invitados en sus comunidades, el crecimiento del proyecto tiene que traducirse en el crecimiento y desarrollo de sus familias, de sus niños y de sus zonas”, afirmó Yépez.
A su turno la coordinadora zonal 6 de la Agencia, Emma Criollo Quezada, indicó que el proyecto tiene que seguir empoderando a las mujeres, como se ha venido realizando, y resaltó las políticas de generación de empleo y equidad de género.
WIM Ecuador impulsa participación de mujeres en la industria
Abril 24 del 2022.- Una nueva edición de la beca Soy Minera así como la participación de WIM Ecuador en el XIV Expo Conference Expominas y en otros eventos de carácter local e internacional fueron anunciados por la presidenta de dicha institución, la doctora María Isabel Aillón.
WIM Ecuador organizó el pasado viernes 22 de abril de 2022 un espacio de networking dinámico que reunió a más de medio centenar de mineras comprometidas con el objetivo de fortalecer las relaciones entre quienes conforman la comunidad de mujeres vinculadas a la minería ecuatoriana.
Estuvieron integrantes de directorios, gerencias, operaciones, de empresas proveedoras y estudiantes que adhieren a WIM Ecuador con el fin de promover una industria responsable e inclusiva que fomente la participación de la mujer en espacios administrativos, técnicos y de liderazgo.
Además de las asociadas y aliadas de WIM Ecuador, en la cita participaron las nuevas integrantes de la organización para quienes fue muy grato disfrutar de una atmósfera informal propicia para establecer contactos personales y profesionales.
“Después de varios meses de pandemia ha sido muy grato organizar este evento para reencontrarnos y retomar actividades presenciales que permitirán generar valor agregado a los proyectos de nuestra iniciativa”, expresó la doctora María Isabel Aillón.
“Los invitamos a continuar formando parte de nuestra iniciativa, a participar como voluntarios en nuestros diferentes proyectos y a compartir información con nosotros. En WIM Ecuador nuestros asociados son protagonistas y nos complace ser una plataforma idónea para visibilizar sus logros, objetivos y actividades”, agregó.
La doctora Aillón comentó a Vía Minera que en el futuro continuarán realizando eventos de networking y que en las próximas semanas se informarán sobre nuevas actividades que pondrán de relieve la importancia de la participación femenina en la industria.
WIM Ecuador organizó el pasado viernes 22 de abril de 2022 un espacio de networking dinámico que reunió a más de medio centenar de mineras comprometidas con el objetivo de fortalecer las relaciones entre quienes conforman la comunidad de mujeres vinculadas a la minería ecuatoriana.
Estuvieron integrantes de directorios, gerencias, operaciones, de empresas proveedoras y estudiantes que adhieren a WIM Ecuador con el fin de promover una industria responsable e inclusiva que fomente la participación de la mujer en espacios administrativos, técnicos y de liderazgo.
Además de las asociadas y aliadas de WIM Ecuador, en la cita participaron las nuevas integrantes de la organización para quienes fue muy grato disfrutar de una atmósfera informal propicia para establecer contactos personales y profesionales.
“Después de varios meses de pandemia ha sido muy grato organizar este evento para reencontrarnos y retomar actividades presenciales que permitirán generar valor agregado a los proyectos de nuestra iniciativa”, expresó la doctora María Isabel Aillón.
“Los invitamos a continuar formando parte de nuestra iniciativa, a participar como voluntarios en nuestros diferentes proyectos y a compartir información con nosotros. En WIM Ecuador nuestros asociados son protagonistas y nos complace ser una plataforma idónea para visibilizar sus logros, objetivos y actividades”, agregó.
La doctora Aillón comentó a Vía Minera que en el futuro continuarán realizando eventos de networking y que en las próximas semanas se informarán sobre nuevas actividades que pondrán de relieve la importancia de la participación femenina en la industria.
Premios Soter para la excelencia en seguridad
Abril 24 del 2022.- Tres empresas mineras se encuentran entre las finalistas de los Premios Ssoter que otorga la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo de Ecuador para reconocer los avances en sistemas integrados de seguridad y salud en el país.
El premio SSOTER Oro es para las empresas o instituciones públicas o privadas que hayan alcanzado la calificación de Gestión de SST Excelente, mediante la aplicación de la metodología EvaluarT.
El SSOTER Plata es para las empresas o instituciones públicas o privadas que hayan alcanzado la calificación de Gestión de SST Muy Buena, mediante la aplicación de la metodología EvaluarT.
Y el SSOTER Bronce, se otorga a las empresas o instituciones públicas o privadas que hayan alcanzado la calificación de Gestión de SST Buena, mediante la aplicación de la metodología EvaluarT.
El SSOTER de honor se entrega a las personas naturales o jurídicas, que hayan realizado o desarrollado acciones que vayan en beneficio del fomento de la cultura de prevención o la gestión de seguridad y salud de los trabajadores tanto a nivel nacional o internacional.
Según explican los organizadores, en la mitología griega, Soter es la personificación de la seguridad, la conservación y la liberación de cualquier daño. Es una divinidad protectora de la prosperidad de las personas o bienes materiales.
La ceremonia tendrá lugar el próximo 28 de abril en los salones Pichincha y Tarqui del Círculo Militar Quito, salones Pichincha y Tarqui. Previamente se realizará un programa de conferencias en torno al eje “Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo”
Entre los temas a abordarse destacan “Herramientas de mejora en la gestión de seguridad y salud en el trabajo”, “Sistemas de gestión de la prevención y su relación con la productividad empresarial”, “La Importancia de la Evaluación en la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” y “Prevención Integral con propósito de excelencia”.
Informes en los teléfonos +593983305055 +593958762480 o en el correo: [email protected]
El premio SSOTER Oro es para las empresas o instituciones públicas o privadas que hayan alcanzado la calificación de Gestión de SST Excelente, mediante la aplicación de la metodología EvaluarT.
El SSOTER Plata es para las empresas o instituciones públicas o privadas que hayan alcanzado la calificación de Gestión de SST Muy Buena, mediante la aplicación de la metodología EvaluarT.
Y el SSOTER Bronce, se otorga a las empresas o instituciones públicas o privadas que hayan alcanzado la calificación de Gestión de SST Buena, mediante la aplicación de la metodología EvaluarT.
El SSOTER de honor se entrega a las personas naturales o jurídicas, que hayan realizado o desarrollado acciones que vayan en beneficio del fomento de la cultura de prevención o la gestión de seguridad y salud de los trabajadores tanto a nivel nacional o internacional.
Según explican los organizadores, en la mitología griega, Soter es la personificación de la seguridad, la conservación y la liberación de cualquier daño. Es una divinidad protectora de la prosperidad de las personas o bienes materiales.
La ceremonia tendrá lugar el próximo 28 de abril en los salones Pichincha y Tarqui del Círculo Militar Quito, salones Pichincha y Tarqui. Previamente se realizará un programa de conferencias en torno al eje “Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo”
Entre los temas a abordarse destacan “Herramientas de mejora en la gestión de seguridad y salud en el trabajo”, “Sistemas de gestión de la prevención y su relación con la productividad empresarial”, “La Importancia de la Evaluación en la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” y “Prevención Integral con propósito de excelencia”.
Informes en los teléfonos +593983305055 +593958762480 o en el correo: [email protected]
ECSA invierte US$ 2,8 millones en vialidad lateral a El Pangui
Abril 10 de 2022.- El pasado seis de abril de 2022 se iniciaron los trabajos para la rehabilitación, mantenimiento y asfaltado del paso lateral provisional para el tráfico pesado en la ciudad de El Pangui, en la provincia de Zamora Chinchipe, obra que tendrá un costo de US$ 2’840.538, que serán aportados por EcuaCorriente S.A. (ECSA), empresa concesionaria de la mina Mirador, la más grande productora de concentrados de cobre del Ecuador.
Mirador extrae el cobre en el sureste del Ecuador, en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón El Pangui, parroquia Tundayme. Inició la fase de procesamiento y beneficio del concentrado de cobre en julio de 2019.
La mina es operada por Ecuacorriente S.A., ECSA, el consorcio constituido por las empresas China Railway Construction Co. Ltd., y Tongling Nonferrous Metals Group Holding Co. Ltd., ambas de propiedad de provincias de China.
La minera informa que los barrios Reina del Cisne, Jorge Mosquera, La Alborada y 24 de Mayo serán los principales beneficiarios de la obra y que la vía estará lista en un plazo máximo de seis meses.
Dentro de este periodo de tiempo se asfaltarán 2,46 kilómetros de vías, lo que permitirá descongestionar el tráfico de vehículos de carga pesada en el sector céntrico de la urbe, expresó Rubén Santos, subgerente de Operaciones de ECSA.
Simar, empresa constructora seleccionada tras un proceso de licitación pública, será la responsable de la ejecución de los trabajos, los mismos que abarcan la colocación de pavimento asfáltico, construcción de aceras y bordillos, obras de drenaje, señalización vial e instalación de servicios básicos.
El alcalde de El Pangui, Carlos Punín, sostuvo que la obra facilitará la conectividad y contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población.
Mirador extrae el cobre en el sureste del Ecuador, en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón El Pangui, parroquia Tundayme. Inició la fase de procesamiento y beneficio del concentrado de cobre en julio de 2019.
La mina es operada por Ecuacorriente S.A., ECSA, el consorcio constituido por las empresas China Railway Construction Co. Ltd., y Tongling Nonferrous Metals Group Holding Co. Ltd., ambas de propiedad de provincias de China.
La minera informa que los barrios Reina del Cisne, Jorge Mosquera, La Alborada y 24 de Mayo serán los principales beneficiarios de la obra y que la vía estará lista en un plazo máximo de seis meses.
Dentro de este periodo de tiempo se asfaltarán 2,46 kilómetros de vías, lo que permitirá descongestionar el tráfico de vehículos de carga pesada en el sector céntrico de la urbe, expresó Rubén Santos, subgerente de Operaciones de ECSA.
Simar, empresa constructora seleccionada tras un proceso de licitación pública, será la responsable de la ejecución de los trabajos, los mismos que abarcan la colocación de pavimento asfáltico, construcción de aceras y bordillos, obras de drenaje, señalización vial e instalación de servicios básicos.
El alcalde de El Pangui, Carlos Punín, sostuvo que la obra facilitará la conectividad y contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población.
Premian a Lundin Gold en concurso
internacional de seguridad y salud
Abril 10 de 2022.- La minera ecuatoriana Lundin Gold, operadora de Fruta del Norte, fue una de las empresas finalistas del Séptimo Concurso Internacional de Mejores Prácticas de Seguridad y Salud en la Industria Minera, evento que se ha constituido el referente regional en los asuntos que tienen que ver con la protección de la vida de las personas que laboran en las faenas del sector.
Lundin presentó cinco iniciativas y una de ellas, el sistema para el tendido de cable de media tensión en una mina subterránea, fue considerada como una de las propuestas más aleccionadoras desarrolladas en el sector minero internacional en los últimos años.
Representada por su sección de Seguridad y Salud, Lundin presentó además su sistema para la colocación de carpas en plataformas de transporte de desechos peligrosos, no peligrosos y especiales, en el rubro servicios de campamento.
Otra de las innovaciones mostradas en el concurso tiene que ver con el establecimiento de un área segura para el tratamiento de ácido clorhídrico, en la categoría de operaciones de planta.
El uso de drones equipados con una cámara termográfica para eventos Hazmat, de rescate y salvamento en sitios remotos; y el uso de puntos de anclaje móviles, fueron experiencias muy bien valoradas por los asistentes al concurso internacional.
De acuerdo con las bases del certamen, establecidas por el Instituto de Seguridad Minera, ISEM, las iniciativas debían ser resultado de la participación conjunta de trabajadores y directivos, estar enmarcadas en las políticas de la empresa, contener propuestas de mejoras en las condiciones de trabajo y presentar resultados medibles y comprobados.
Los trabajos de Lundin fueron defendidos por su gerente de Seguridad y Salud, Javier Goyes; y el coordinador de mantenimiento eléctrico, Washington Iza, quienes obtuvieron el reconocimiento del jurado por su participación en la implementación de estas mejores prácticas en la minería ecuatoriana.
En el concurso de resaltó la participación de los trabajadores en las iniciativas referidas a mejorar seguridad. En esta dimensión se resaltó la labor de Ciro Albán, manipulador del equipo telescópico, conocido como Telehander; y miembro del equipo de Mantenimiento de Lundin Gold, quien fue la persona que sugirió esta implementación.
“Dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud, el empoderamiento de los trabajadores y el compromiso de la alta dirección, hacen que estas iniciativas formen una cultura de prevención enfocada a elevar el bienestar de los trabajadores”, expresó Javier Goyes al intervenir en el Séptimo Concurso Internacional de Mejores Prácticas de Seguridad y Salud en la Industria Minera.
Lundin presentó cinco iniciativas y una de ellas, el sistema para el tendido de cable de media tensión en una mina subterránea, fue considerada como una de las propuestas más aleccionadoras desarrolladas en el sector minero internacional en los últimos años.
Representada por su sección de Seguridad y Salud, Lundin presentó además su sistema para la colocación de carpas en plataformas de transporte de desechos peligrosos, no peligrosos y especiales, en el rubro servicios de campamento.
Otra de las innovaciones mostradas en el concurso tiene que ver con el establecimiento de un área segura para el tratamiento de ácido clorhídrico, en la categoría de operaciones de planta.
El uso de drones equipados con una cámara termográfica para eventos Hazmat, de rescate y salvamento en sitios remotos; y el uso de puntos de anclaje móviles, fueron experiencias muy bien valoradas por los asistentes al concurso internacional.
De acuerdo con las bases del certamen, establecidas por el Instituto de Seguridad Minera, ISEM, las iniciativas debían ser resultado de la participación conjunta de trabajadores y directivos, estar enmarcadas en las políticas de la empresa, contener propuestas de mejoras en las condiciones de trabajo y presentar resultados medibles y comprobados.
Los trabajos de Lundin fueron defendidos por su gerente de Seguridad y Salud, Javier Goyes; y el coordinador de mantenimiento eléctrico, Washington Iza, quienes obtuvieron el reconocimiento del jurado por su participación en la implementación de estas mejores prácticas en la minería ecuatoriana.
En el concurso de resaltó la participación de los trabajadores en las iniciativas referidas a mejorar seguridad. En esta dimensión se resaltó la labor de Ciro Albán, manipulador del equipo telescópico, conocido como Telehander; y miembro del equipo de Mantenimiento de Lundin Gold, quien fue la persona que sugirió esta implementación.
“Dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud, el empoderamiento de los trabajadores y el compromiso de la alta dirección, hacen que estas iniciativas formen una cultura de prevención enfocada a elevar el bienestar de los trabajadores”, expresó Javier Goyes al intervenir en el Séptimo Concurso Internacional de Mejores Prácticas de Seguridad y Salud en la Industria Minera.
Fiesta por las mujeres de la mina grande de oro del Ecuador
Abril 10 de 2022.- El aporte femenino en el proceso de desarrollo de la operación más grande de la minería aurífera en Ecuador fue celebrado por Lundin Gold el pasado viernes en un evento emotivo y necesario, durante el cual se premió a seis mujeres representativas de su plantilla y a dos del GAD parroquial de Los Encuentros.
La reunión se realizó en un hotel de Quito, con transmisión en línea al campamento.
En ella se destacó que las faenas de geología de exploración de mina, operación de equipo pesado y en muchas tareas técnicas, operativas y administrativas de Fruta del Norte, altas responsabilidades recaen en mujeres. Durante la pandemia algunas permanecieron hasta 52 días en campamento debido a las restricciones sanitarias y a la importancia de sus obligaciones laborales.
La responsabilidad del transporte, logística y aduanas de concentrados y lingotes de oro desde Los Encuentros hasta el puerto de Guayaquil, también es cosa de una mujer, María José Anda. La encargada de seleccionar, contratar, capacitar y promover o despedir al personal y, sobre todo, evitar la deserción femenina, igualmente es una dama, Iliana Rodríguez.
Ellas están a cargo de tareas que históricamente habían estado vedadas para mujeres en la industria minera. Si Ecuador se vuelve realmente un país minero ellas serán pioneras, pues están haciendo historia al ser parte de la operación de la primera mina de oro a gran escala. Una mina que, además, está ubicada en una zona que hace del Ecuador un país megabiodiverso: la provincia de Zamora Chinchipe.
El poderío femenino en Lundin Gold, la operadora de Fruta del Norte, resulta del esfuerzo de más de 270 empleadas, el 16% de la fuerza laboral, un índice que supera al promedio de presencia femenina en la industria en países con mucha más tradición minera en Sudamérica. De esa parte, el 56% trabaja en áreas administrativas o de gerencia, y el 44% en actividades operativas de campo.
Las mujeres distinguidas ofrecieron sus testimonios profundamente emocionadas y alegres por el homenaje. Algunas han sido parte de la mina desde que era un proyecto.
María José Anda dijo que en su área ningún día es igual ni está exento de nuevas situaciones a resolver. Eliana Rodríguez dijo que agradecía a sus mentores y jefes de toda su carrera, hombres que abren las puertas a mujeres en la industria extractiva. La felicidad de conocer en persona a algunas de sus compañeras y encontrar en ellas a quienes hacen la empresa que busca tesoros también fue destacada.
Ron Hochstein, presidente y director ejecutivo de LundinGold, agradeció a la junta directiva de la compañía -compuesta en el 30% por mujeres- por haber hecho posible estos logros en el corto lapso que lleva en el país y reiteró el compromiso adquirido al ser la primera empresa minera signataria en Ecuador de los Principios para el Empoderamiento de la Mujer, iniciativa de la ONU Mujeres, desde el año 2021.
La ceremonia contó con la participación unos 30 estudiantes de universidades con carreras en Geociencias, delegados de embajadas, autoridades, empresas mineras, analistas, entidades aliadas y amigos. La ingeniera Nela Zambrano, miembro de Woman in Mining Ecuador, actuó como moderadora.
La reunión se realizó en un hotel de Quito, con transmisión en línea al campamento.
En ella se destacó que las faenas de geología de exploración de mina, operación de equipo pesado y en muchas tareas técnicas, operativas y administrativas de Fruta del Norte, altas responsabilidades recaen en mujeres. Durante la pandemia algunas permanecieron hasta 52 días en campamento debido a las restricciones sanitarias y a la importancia de sus obligaciones laborales.
La responsabilidad del transporte, logística y aduanas de concentrados y lingotes de oro desde Los Encuentros hasta el puerto de Guayaquil, también es cosa de una mujer, María José Anda. La encargada de seleccionar, contratar, capacitar y promover o despedir al personal y, sobre todo, evitar la deserción femenina, igualmente es una dama, Iliana Rodríguez.
Ellas están a cargo de tareas que históricamente habían estado vedadas para mujeres en la industria minera. Si Ecuador se vuelve realmente un país minero ellas serán pioneras, pues están haciendo historia al ser parte de la operación de la primera mina de oro a gran escala. Una mina que, además, está ubicada en una zona que hace del Ecuador un país megabiodiverso: la provincia de Zamora Chinchipe.
El poderío femenino en Lundin Gold, la operadora de Fruta del Norte, resulta del esfuerzo de más de 270 empleadas, el 16% de la fuerza laboral, un índice que supera al promedio de presencia femenina en la industria en países con mucha más tradición minera en Sudamérica. De esa parte, el 56% trabaja en áreas administrativas o de gerencia, y el 44% en actividades operativas de campo.
Las mujeres distinguidas ofrecieron sus testimonios profundamente emocionadas y alegres por el homenaje. Algunas han sido parte de la mina desde que era un proyecto.
María José Anda dijo que en su área ningún día es igual ni está exento de nuevas situaciones a resolver. Eliana Rodríguez dijo que agradecía a sus mentores y jefes de toda su carrera, hombres que abren las puertas a mujeres en la industria extractiva. La felicidad de conocer en persona a algunas de sus compañeras y encontrar en ellas a quienes hacen la empresa que busca tesoros también fue destacada.
Ron Hochstein, presidente y director ejecutivo de LundinGold, agradeció a la junta directiva de la compañía -compuesta en el 30% por mujeres- por haber hecho posible estos logros en el corto lapso que lleva en el país y reiteró el compromiso adquirido al ser la primera empresa minera signataria en Ecuador de los Principios para el Empoderamiento de la Mujer, iniciativa de la ONU Mujeres, desde el año 2021.
La ceremonia contó con la participación unos 30 estudiantes de universidades con carreras en Geociencias, delegados de embajadas, autoridades, empresas mineras, analistas, entidades aliadas y amigos. La ingeniera Nela Zambrano, miembro de Woman in Mining Ecuador, actuó como moderadora.
Perú podría ser suspendido de la iniciativa EITI
Abril 3 de 2022.- Una comisión de miembros del Secretariado Internacional de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas, EITI por sus siglas en inglés, estuvo en Lima, Perú, la semana pasada para conocer el desempeño de ese país en asuntos de transparencia en actividades petroleras, gasíferas y mineras, informó la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Ocurre que el Perú tiene compromisos pendientes a cumplir en el marco del EITI, siendo uno de ellos el liberar información de interés público sobre los ingresos que generan las actividades extractivas por concepto de canon, sobrecanon y otros tributos que se pagan en ese país; así como información sobre gastos y pagos ambientales, gestión hídrica e información sobre minería artesanal y a pequeña escala.
Esta información debía haber sido puesta a disposición de la ciudadanía el pasado 31 de marzo, fecha en la que debió presentarse el VIII Informe Nacional de Transparencia en las Industrias Extractivas. Sin embargo, el informe no ha sido elaborado y no sería extraño que el secretariado de EITI decida suspender temporalmente al Perú.
A esto se suma que aún está pendiente la elaboración de informes regionales de transparencia en las cinco regiones. En ellos se debe difundir cómo los gobiernos regionales utilizan el canon y las regalías provenientes de la actividad extractiva, de tal manera que aporten al desarrollo nacional.
Sobre el tema, la vicepresidenta de DAR y representante de sociedad civil en la Comisión Nacional EITI, Vanessa Cueto dijo que “el Perú debe cumplir con los compromisos asumidos en transparencia. Tener reglas claras de transparencia es clave para promover una buena gobernanza en las actividades extractivas y contribuir al desarrollo sostenible y calidad de vida de las poblaciones locales”.
Ocurre que el Perú tiene compromisos pendientes a cumplir en el marco del EITI, siendo uno de ellos el liberar información de interés público sobre los ingresos que generan las actividades extractivas por concepto de canon, sobrecanon y otros tributos que se pagan en ese país; así como información sobre gastos y pagos ambientales, gestión hídrica e información sobre minería artesanal y a pequeña escala.
Esta información debía haber sido puesta a disposición de la ciudadanía el pasado 31 de marzo, fecha en la que debió presentarse el VIII Informe Nacional de Transparencia en las Industrias Extractivas. Sin embargo, el informe no ha sido elaborado y no sería extraño que el secretariado de EITI decida suspender temporalmente al Perú.
A esto se suma que aún está pendiente la elaboración de informes regionales de transparencia en las cinco regiones. En ellos se debe difundir cómo los gobiernos regionales utilizan el canon y las regalías provenientes de la actividad extractiva, de tal manera que aporten al desarrollo nacional.
Sobre el tema, la vicepresidenta de DAR y representante de sociedad civil en la Comisión Nacional EITI, Vanessa Cueto dijo que “el Perú debe cumplir con los compromisos asumidos en transparencia. Tener reglas claras de transparencia es clave para promover una buena gobernanza en las actividades extractivas y contribuir al desarrollo sostenible y calidad de vida de las poblaciones locales”.
Así avanzan los conflictos en el Poder Judicial
Marzo 27 de 2022.- Después de escuchar los alegatos de más de sesenta personas y/o instituciones que presentaron sendos amicus curiae, la jueza de la Unidad Judicial de Loja, Tamara Chango Maldonado, rechazó la acción de protección presentada por algunas organizaciones sociales cuyos representantes decían que en sus jurisdicciones no se había cumplido con realizar las consultas ambiental y previa, libre e informada a las que tienen derecho.
Con opiniones distintas, además de los abogados y profesionales de las ciencias de la tierra que trabajan en empresas mineras, se presentaron decenas de otras organizaciones que decían representar a pobladores de la parroquia Gualel y sus alrededores.
Y en el caso planteado para evitar las actividades que harían realidad la explotación minera en el proyecto Loma Larga, en Cuenca, fue rechazada la recusación del juez Carlos Cárdenas que había sido planteada una semana antes por el representante del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.
De otro lado, en la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Pangua, el próximo 5 de abril se reinstalará la audiencia fijada inicialmente para el 29 de marzo para analizar la acción presentada en contra de las actividades exploratorias que se llevan a cabo en el proyecto de cobre y oro conocido como Pegasus y que está a cargo de Anglo American.
La audiencia será a partir de las diez de la mañana y se realizará de manera virtual, como medida de precaución para evitar contagios del Covid 19.
Con opiniones distintas, además de los abogados y profesionales de las ciencias de la tierra que trabajan en empresas mineras, se presentaron decenas de otras organizaciones que decían representar a pobladores de la parroquia Gualel y sus alrededores.
Y en el caso planteado para evitar las actividades que harían realidad la explotación minera en el proyecto Loma Larga, en Cuenca, fue rechazada la recusación del juez Carlos Cárdenas que había sido planteada una semana antes por el representante del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.
De otro lado, en la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Pangua, el próximo 5 de abril se reinstalará la audiencia fijada inicialmente para el 29 de marzo para analizar la acción presentada en contra de las actividades exploratorias que se llevan a cabo en el proyecto de cobre y oro conocido como Pegasus y que está a cargo de Anglo American.
La audiencia será a partir de las diez de la mañana y se realizará de manera virtual, como medida de precaución para evitar contagios del Covid 19.
Ex Arcom cumplió con el cien por ciento de lo planificado el 2021
Marzo 27 de 2022.- Las cuatro direcciones a cargo de la Coordinación Técnica de Regulación y Control Minero de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Arcernnr, cumplieron con el cien por ciento de todo lo planificado para el año pasado, según la rendición de cuentas dada a conocer la semana pasada.
A diciembre de 2021, la Dirección de Regulación y Normativa Minera, DRNM, “cumplió con el 100% de su planificación encaminada a la ejecución del Plan Indicativo Regulatorio Institucional (PIRI 2021) y el Plan Operativo Institucional (POI 2021), que tuvieron como resultado específico la elaboración de 4 proyectos de regulaciones y 6 resoluciones en el ámbito minero”, se dice en el informe.
La Dirección de la Administración de la Propiedad Minera, igual, cumplió con todo lo previsto. “Trabajó en el registro de la información y catastro de los derechos mineros a nivel nacional, elaboración de diferentes reportes sobre la inscripción en el registro minero de la constitución y extinción de servidumbres sobre áreas libres o concesiones mineras, elaboración y emisión de la propuesta del plan de acción para la administración de los derechos mineros en cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nro. 151, participación en mesas técnicas con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Maate, y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Mernnr, para la revisión de intersección de concesiones mineras y áreas protegidas estableciendo una hoja de ruta para revisar y solventar los casos que se identifiquen, entre otras actividades”.
A diciembre de 2021, la Dirección de Regulación y Normativa Minera, DRNM, “cumplió con el 100% de su planificación encaminada a la ejecución del Plan Indicativo Regulatorio Institucional (PIRI 2021) y el Plan Operativo Institucional (POI 2021), que tuvieron como resultado específico la elaboración de 4 proyectos de regulaciones y 6 resoluciones en el ámbito minero”, se dice en el informe.
La Dirección de la Administración de la Propiedad Minera, igual, cumplió con todo lo previsto. “Trabajó en el registro de la información y catastro de los derechos mineros a nivel nacional, elaboración de diferentes reportes sobre la inscripción en el registro minero de la constitución y extinción de servidumbres sobre áreas libres o concesiones mineras, elaboración y emisión de la propuesta del plan de acción para la administración de los derechos mineros en cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nro. 151, participación en mesas técnicas con el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Maate, y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Mernnr, para la revisión de intersección de concesiones mineras y áreas protegidas estableciendo una hoja de ruta para revisar y solventar los casos que se identifiquen, entre otras actividades”.
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La Dirección de Control, Seguimiento y fiscalización técnica e Intervención a la Minería Ilegal, Dcsfim, encargada de controlar, inspeccionar y fiscalizar las actividades mineras en todas sus fases en cumplimiento de la aplicación de la normativa para el correcto funcionamiento y desarrollo del sector minero; así como articular acciones de erradicación de la minería ilegal, también cumplió con el 100 por ciento de las metas.
En detalle, “efectuó 1.470 inspecciones de control y seguimiento a los titulares de derechos mineros a nivel nacional cumpliendo con la meta prevista para el año en mención. De igual forma durante el año 2021, se realizaron 345 operativos para controlar la minería ilícita en coordinación con los diferentes organismos de control”.
Y la Dirección de Auditoría y Control Económico Minero, DACM, emitió 1.566 certificados otorgados para la exportación de minerales (concentrados de cobre, oro y plomo, plata, zeolita, oro y piedra pómez) por un monto total de US$ 2.111.287 millones, levantó información económica sobre reportes de producción y exploración de los años 2019 y 2020 emitiendo alrededor de 1.000 informes en el marco del convenio suscrito entre la Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI) y Arcernnr; a lo que se agrega la revisión y actualización de información de 110 Auditores mineros inscritos en el Registro de la Agencia, entre otras actividades.
En detalle, “efectuó 1.470 inspecciones de control y seguimiento a los titulares de derechos mineros a nivel nacional cumpliendo con la meta prevista para el año en mención. De igual forma durante el año 2021, se realizaron 345 operativos para controlar la minería ilícita en coordinación con los diferentes organismos de control”.
Y la Dirección de Auditoría y Control Económico Minero, DACM, emitió 1.566 certificados otorgados para la exportación de minerales (concentrados de cobre, oro y plomo, plata, zeolita, oro y piedra pómez) por un monto total de US$ 2.111.287 millones, levantó información económica sobre reportes de producción y exploración de los años 2019 y 2020 emitiendo alrededor de 1.000 informes en el marco del convenio suscrito entre la Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI) y Arcernnr; a lo que se agrega la revisión y actualización de información de 110 Auditores mineros inscritos en el Registro de la Agencia, entre otras actividades.
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Acciones de protección contra la minería en Loja y Cuenca
Marzo 20 de 2022.- Continuará mañana martes, en la provincia de Loja, la audiencia en la acción de protección presentada por diversas organizaciones de pobladores que se oponen a la realización de actividades mineras en los páramos de Fierro Urcu, entre otras cosas, porque dicen que las concesiones fueron entregadas sin que antes se haya consultado a la ciudadanía.
Un segundo argumento tiene que ver con la defensa de los derechos de la naturaleza, invocados a partir de la jurisprudencia creada por los fallos de la Corte Constitucional en los casos del Bosque Protector Los Cedros y el de Sinangoe.
La audiencia debió llevarse a cabo la primera semana de febrero, pero las autoridades de la sala consideraron oportuno dar el tiempo que creían necesario los organismos del Estado para demostrar que sí realizaron la consulta previa, libre e informada que dispone la legislación antes de entregar las concesiones.
Fijada la audiencia, en principio, para el pasado 9 de marzo, fue diferida para el 14 primero y después para el 18, a pedido de los accionantes que también solicitaron tiempo para examinar los casi tres mil folios que tenía la documentación presentada por el Ministerio del Ambiente.
De otro lado, la audiencia pública que debió realizarse en Cuenca por la oposición al proyecto Loma Larga fue suspendida porque el abogado del Ministerio del Ambiente recusó al juez que tenía en sus manos el desarrollo de la causa.
Un segundo argumento tiene que ver con la defensa de los derechos de la naturaleza, invocados a partir de la jurisprudencia creada por los fallos de la Corte Constitucional en los casos del Bosque Protector Los Cedros y el de Sinangoe.
La audiencia debió llevarse a cabo la primera semana de febrero, pero las autoridades de la sala consideraron oportuno dar el tiempo que creían necesario los organismos del Estado para demostrar que sí realizaron la consulta previa, libre e informada que dispone la legislación antes de entregar las concesiones.
Fijada la audiencia, en principio, para el pasado 9 de marzo, fue diferida para el 14 primero y después para el 18, a pedido de los accionantes que también solicitaron tiempo para examinar los casi tres mil folios que tenía la documentación presentada por el Ministerio del Ambiente.
De otro lado, la audiencia pública que debió realizarse en Cuenca por la oposición al proyecto Loma Larga fue suspendida porque el abogado del Ministerio del Ambiente recusó al juez que tenía en sus manos el desarrollo de la causa.
Consejo Consultivo del sector minero ya tiene reglamento
Marzo 20 de 2022.- Ya se publicó el Reglamento para la conformación y funcionamiento del Consejo consultivo minero público-privado, instancia creada en virtud de lo dispuesto en el Decreto ejecutivo 151 del 5 de agosto de este año.
El consejo es concebido como un órgano de participación entre el Estado, la industria y la ciudadanía encargado de emitir criterios y observaciones respecto de proyectos normativos; así como, recomendar la elaboración de proyectos para fortalecer la política pública minera.
En su artículo dos, señala que “El Consejo Consultivo Minero público-privado es un mecanismo de participación, asesoramiento y consulta para el cumplimiento de los fines de la política pública minera y estará integrado representantes de los actores de la industria que serán calificados por el Ente Rector”.
Más adelante dice que estará presidido por la máxima autoridad del ministerio o su delegado y conformado además por un representante de los cuerpos diplomáticos de los países con inversiones mineras en el Ecuador y por el representante del Comité de Asesoramiento y Gestión, el mismo que tendrá 10 miembros.
Estos diez miembros serán los tres representantes del ministerio y sus instituciones adscritas; tres de la industria: uno de la gran minería, otro de la pequeña y otro de la no metálica; un delegado de los GAD, uno de las cámaras, uno de la “academia” (las comillas son nuestras) y uno de las instituciones sin fines de lucro afines al sector.
Los representantes deberán estar acreditados y avalados por una organización con personería jurídica, serán evaluados por una comisión calificadora designada por el ministerio y serán nombrados por dos años.
Los que quieran saber más sobre la conformación del consejo consultivo, lean el Tercer Suplemento del Boletín Oficial del 14 de marzo. Está en la página 27.
El vínculo es:
http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/eyJjYXJwZXRhIjoicm8iLCJ1dWlkIjoiMGFhMjhhNDEtN2I5OC00YzA4LTljYjItYjVjYmY3YzIyYWY2LnBkZiJ9
El consejo es concebido como un órgano de participación entre el Estado, la industria y la ciudadanía encargado de emitir criterios y observaciones respecto de proyectos normativos; así como, recomendar la elaboración de proyectos para fortalecer la política pública minera.
En su artículo dos, señala que “El Consejo Consultivo Minero público-privado es un mecanismo de participación, asesoramiento y consulta para el cumplimiento de los fines de la política pública minera y estará integrado representantes de los actores de la industria que serán calificados por el Ente Rector”.
Más adelante dice que estará presidido por la máxima autoridad del ministerio o su delegado y conformado además por un representante de los cuerpos diplomáticos de los países con inversiones mineras en el Ecuador y por el representante del Comité de Asesoramiento y Gestión, el mismo que tendrá 10 miembros.
Estos diez miembros serán los tres representantes del ministerio y sus instituciones adscritas; tres de la industria: uno de la gran minería, otro de la pequeña y otro de la no metálica; un delegado de los GAD, uno de las cámaras, uno de la “academia” (las comillas son nuestras) y uno de las instituciones sin fines de lucro afines al sector.
Los representantes deberán estar acreditados y avalados por una organización con personería jurídica, serán evaluados por una comisión calificadora designada por el ministerio y serán nombrados por dos años.
Los que quieran saber más sobre la conformación del consejo consultivo, lean el Tercer Suplemento del Boletín Oficial del 14 de marzo. Está en la página 27.
El vínculo es:
http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/eyJjYXJwZXRhIjoicm8iLCJ1dWlkIjoiMGFhMjhhNDEtN2I5OC00YzA4LTljYjItYjVjYmY3YzIyYWY2LnBkZiJ9
Proyectos Loma Larga y lojanos se verán hoy en audiencias públicas
Marzo 13 de 2022.- El día de hoy, lunes 14 de marzo, deben realizarse sendas audiencias públicas para ver las acciones de protección presentadas por diversas organizaciones sociales que se oponen al proyecto Loma Larga, en Cuenca; y a los que se vienen desarrollando en algunas parroquias de la provincia de Loja.
La audiencia relacionada con el proyecto Loma Larga estará a cargo del juez de la Unidad Judicial de Trabajo de Cuenca, Carlos Eduardo Cárdenas Rivera.
La audiencia por la acción de protección de Fierro Urco, en Loja, será la continuación de la iniciada el pasado viernes 4 de marzo y que fue suspendida a pedido de los accionantes. En este caso, hasta la semana pasada, se habían presentado más de 30 amicus curiae en contra de la acción de protección y unos 20 pidiendo que se prohíban las actividades mineras en la zona.
La acción que se verá en Cuenca fue presentada por el presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, FOA, Arariwa Sigcha; acompañado de otros líderes de las parroquias Victoria del Portete, Tarqui, Escaleras y San Gerardo, de los cantones Cuenca y Girón; planteó la acción de protección que motivó la suspensión de actividades de Dundee en el proyecto Loma Larga.
La audiencia relacionada con el proyecto Loma Larga estará a cargo del juez de la Unidad Judicial de Trabajo de Cuenca, Carlos Eduardo Cárdenas Rivera.
La audiencia por la acción de protección de Fierro Urco, en Loja, será la continuación de la iniciada el pasado viernes 4 de marzo y que fue suspendida a pedido de los accionantes. En este caso, hasta la semana pasada, se habían presentado más de 30 amicus curiae en contra de la acción de protección y unos 20 pidiendo que se prohíban las actividades mineras en la zona.
La acción que se verá en Cuenca fue presentada por el presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, FOA, Arariwa Sigcha; acompañado de otros líderes de las parroquias Victoria del Portete, Tarqui, Escaleras y San Gerardo, de los cantones Cuenca y Girón; planteó la acción de protección que motivó la suspensión de actividades de Dundee en el proyecto Loma Larga.
Audiencia Pública del caso Loma Larga
fue postergada para el lunes 14
Marzo 6 de 2022.- El próximo lunes 14 de marzo debe realizarse la audiencia pública en el caso abierto tras la acción de protección presentada por un conjunto de organizaciones sociales que se oponen a las actividades mineras en Cuenca.
La audiencia debió realizarse el viernes cuatro a las nueve de la mañana, pero las autoridades del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y de la Procuraduría General del Estado; solicitaron al juez de la causa que se postergue la reunión.
Al respecto, cabe recordar que el pasado 21 de febrero, el presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, FOA, Arariwa Sigcha; acompañado de otros líderes de las parroquias Victoria del Portete, Tarqui, Escaleras y San Gerardo, de los cantones Cuenca y Girón; planteó la acción de protección que motivó la suspensión de actividades de Dundee en el proyecto Loma Larga.
La acción de los demandantes dice estar apoyada en una serie de derechos constitucionales, entre ellos, los de la naturaleza y al ambiente sano y ecológicamente equilibrado; el derecho al agua, a la consulta previa y a la consulta ambiental. También se invoca el de la seguridad jurídica y el buen vivir.
En torno al primero, el pedido hace referencia al carácter vinculante de la sentencia al caso Los Cedros y, en particular, al mandato de que se vuelva obligatorio el principio de precaución. Los accionantes estiman que dada la biodiversidad del sector, la alegada falta de estudios suficientes del MAATE y la emisión de permisos ambientales, se habrían producido los tres elementos para que se aplique el principio precautorio y proceda la acción de protección.
Los demandantes solicitaron también la suspensión de actividades exploratorias porque, según ellos, así menguaría el clima de violencia que -alegan- se desarrolla en la zona.
La acción fue encargada al juez de la Unidad Judicial de Trabajo Cuenca, Carlos Eduardo Cárdenas Rivera, quien concedió la medida cautelar en la primera providencia, disponiendo a la compañía DPM Ecuador S.A., la suspensión de actividades.
Debe anotarse que Dundee no forma parte del proceso.
Acompañan a Arariwa Sigcha los presidentes de la Junta Administradora de Agua Potable de Victoria del Portete y Tarqui; de la comunidad Escaleras y del directorio de Aguas de la Sociedad de Riego San Gerardo, Julio Zhagui Pérez, Ana Lucía Rumipulla y Manuel Márquez, respectivamente; y el doctor Yaku Sacha Pérez Guartambel.
La audiencia debió realizarse el viernes cuatro a las nueve de la mañana, pero las autoridades del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y de la Procuraduría General del Estado; solicitaron al juez de la causa que se postergue la reunión.
Al respecto, cabe recordar que el pasado 21 de febrero, el presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, FOA, Arariwa Sigcha; acompañado de otros líderes de las parroquias Victoria del Portete, Tarqui, Escaleras y San Gerardo, de los cantones Cuenca y Girón; planteó la acción de protección que motivó la suspensión de actividades de Dundee en el proyecto Loma Larga.
La acción de los demandantes dice estar apoyada en una serie de derechos constitucionales, entre ellos, los de la naturaleza y al ambiente sano y ecológicamente equilibrado; el derecho al agua, a la consulta previa y a la consulta ambiental. También se invoca el de la seguridad jurídica y el buen vivir.
En torno al primero, el pedido hace referencia al carácter vinculante de la sentencia al caso Los Cedros y, en particular, al mandato de que se vuelva obligatorio el principio de precaución. Los accionantes estiman que dada la biodiversidad del sector, la alegada falta de estudios suficientes del MAATE y la emisión de permisos ambientales, se habrían producido los tres elementos para que se aplique el principio precautorio y proceda la acción de protección.
Los demandantes solicitaron también la suspensión de actividades exploratorias porque, según ellos, así menguaría el clima de violencia que -alegan- se desarrolla en la zona.
La acción fue encargada al juez de la Unidad Judicial de Trabajo Cuenca, Carlos Eduardo Cárdenas Rivera, quien concedió la medida cautelar en la primera providencia, disponiendo a la compañía DPM Ecuador S.A., la suspensión de actividades.
Debe anotarse que Dundee no forma parte del proceso.
Acompañan a Arariwa Sigcha los presidentes de la Junta Administradora de Agua Potable de Victoria del Portete y Tarqui; de la comunidad Escaleras y del directorio de Aguas de la Sociedad de Riego San Gerardo, Julio Zhagui Pérez, Ana Lucía Rumipulla y Manuel Márquez, respectivamente; y el doctor Yaku Sacha Pérez Guartambel.
Caso páramos de Fierro Urco: Audiencia
se reiniciará el próximo miércoles
Marzo 6 de 2022.- La audiencia por la acción de protección de Fierro Urco, en un juzgado de Loja, se realizó el pasado viernes 4 de marzo pero fue suspendida a pedido de los accionantes.
Estaba agendada la intervención de más de 30 personas que han presentado sendos amicus curiae en defensa de la actividad minera. Otros 20 opositores, por lo menos, también se preparaban para intervenir en este caso en el que se juega gran parte del futuro de la minería ecuatoriana.
Mientras en la sala jueces y abogados deliberaban frente a los representantes de diversas organizaciones sociales y de las empresas mineras, varios cientos de pobladores de Gualel, Saraguro, Portovelo y San Lucas, entre otros; así como habitantes de Fierro Urco y de la misma ciudad de Loja, realizaban un plantón frente al local judicial demandando que se atienda su pedido.
A ellos se les informó que los abogados del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecología habían presentado, pocas horas antes, una serie de pruebas que requerían de un estudio especial y que por esa razón se había solicitado a la jueza que se suspenda la reunión.
La jueza determinó reanudar la audiencia el día miércoles 9 de marzo a partir de las 8:30.
Los pobladores señalan que se oponen también a la apertura de una vía que, desde su punto de vista, sólo atenderá las necesidades de transporte de las empresas mineras. Han reclamado ante las autoridades judiciales y sostienen que hasta la fecha no han recibido una respuesta contundente que disponga la suspensión de las obras que para ellos no cuenta con estudios ni autorizaciones y ya ha provocado muchos daños.
Estaba agendada la intervención de más de 30 personas que han presentado sendos amicus curiae en defensa de la actividad minera. Otros 20 opositores, por lo menos, también se preparaban para intervenir en este caso en el que se juega gran parte del futuro de la minería ecuatoriana.
Mientras en la sala jueces y abogados deliberaban frente a los representantes de diversas organizaciones sociales y de las empresas mineras, varios cientos de pobladores de Gualel, Saraguro, Portovelo y San Lucas, entre otros; así como habitantes de Fierro Urco y de la misma ciudad de Loja, realizaban un plantón frente al local judicial demandando que se atienda su pedido.
A ellos se les informó que los abogados del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecología habían presentado, pocas horas antes, una serie de pruebas que requerían de un estudio especial y que por esa razón se había solicitado a la jueza que se suspenda la reunión.
La jueza determinó reanudar la audiencia el día miércoles 9 de marzo a partir de las 8:30.
Los pobladores señalan que se oponen también a la apertura de una vía que, desde su punto de vista, sólo atenderá las necesidades de transporte de las empresas mineras. Han reclamado ante las autoridades judiciales y sostienen que hasta la fecha no han recibido una respuesta contundente que disponga la suspensión de las obras que para ellos no cuenta con estudios ni autorizaciones y ya ha provocado muchos daños.
Encuesta WIM Ecuador: Empleo femenino llega al 17%
Febrero 27 de 2022.- Casi un 17 por ciento de la fuerza laboral del sector está constituida por mujeres y un 45 por ciento de ellas tiene edades que oscilan entre los 25 y 34 años, de acuerdo a los resultados presentados por la organización Woman in Mining Ecuador después de realizar la primera encuesta de género en la industria minera local.
Para realizar el estudio se invitó a 37 empresas, de las cuales 18 aceptaron colaborar. De ellas, el 67% se ubican en el sector de la gran minería, el 11% en la mediana y el 22% pertenece a la pequeña minería.
Vistas las cosas desde otro ángulo, el 50% de las empresas encuestadas se encuentran en la etapa de exploración inicial, el 28% en exploración avanzada, el 6% está construyendo una mina y el 11 por ciento ya se encuentra en producción.
La investigación, que ha permitido obtener datos sobre la participación femenina en el sector y, al mismo tiempo, contar con una línea base para evaluar los avances que se logren en asuntos de equidad, contó con el respaldo del capítulo ecuatoriano de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas, EITI, por sus siglas en inglés; del ministerio del sector y la ONG PADF.
Hizo posible, además, identificar cuáles son los desafíos que deben superar las empresas para avanzar en materia de igualdad de género. Adoptar políticas que sean más flexibles en la fijación de las jornadas y allanar el camino para que no existan limitaciones en el acceso a las carreras técnicas son algunas de las recomendaciones.
Las cifras obtenidas en la encuesta y las conclusiones del estudio se conocerán en los próximos días, sin embargo, se adelantó algunos números que dan una idea general sobre la presencia femenina en la minería ecuatoriana.
Por ejemplo, se dijo que el 12% de las mujeres que laboran en las minas tienen educación básica. A nivel administrativo, un 34% de las plazas son ocupadas por ellas.
A nivel de gerencias, sólo 16 de cada 100 gerentes pertenece al sexo femenino y en asuntos de equidad salarial, en los niveles menos calificados, las mujeres ganan un 14% menos que sus compañeros varones.
La encuesta mostró también que el 83 por ciento de las empresas que participaron tienen estrategias de reclutamiento con un enfoque de género; que 67% de ellas tiene políticas de capacitación, para hombres y mujeres; y la mitad lleva un registro de mujeres que han recibido formación laboral.
Respecto del acoso laboral y sexual, más del 80% de las empresas encuestadas tiene definida una política de prevención y 3 de 4 empresas tiene procedimientos para canalizar los reclamos que se presenten.
Casi una tercera parte de las empresas mineras cuentan con salas de lactancia y el 61% de ellas asume prácticas que contemplan beneficios adicionales a los establecidos en la legislación laboral.
El 83% de las empresas tiene programas para facilitar el equilibro entre el trabajo, el ocio y la vida familiar y en asuntos de la cadena de valor, 39% de las empresas promueve información desagregada por género de las contratistas.
Un 44 % de las empresas incentiva el contrato femenino y el 94% promociona el respeto a los derechos de la mujer y el niño.
Para realizar el estudio se invitó a 37 empresas, de las cuales 18 aceptaron colaborar. De ellas, el 67% se ubican en el sector de la gran minería, el 11% en la mediana y el 22% pertenece a la pequeña minería.
Vistas las cosas desde otro ángulo, el 50% de las empresas encuestadas se encuentran en la etapa de exploración inicial, el 28% en exploración avanzada, el 6% está construyendo una mina y el 11 por ciento ya se encuentra en producción.
La investigación, que ha permitido obtener datos sobre la participación femenina en el sector y, al mismo tiempo, contar con una línea base para evaluar los avances que se logren en asuntos de equidad, contó con el respaldo del capítulo ecuatoriano de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas, EITI, por sus siglas en inglés; del ministerio del sector y la ONG PADF.
Hizo posible, además, identificar cuáles son los desafíos que deben superar las empresas para avanzar en materia de igualdad de género. Adoptar políticas que sean más flexibles en la fijación de las jornadas y allanar el camino para que no existan limitaciones en el acceso a las carreras técnicas son algunas de las recomendaciones.
Las cifras obtenidas en la encuesta y las conclusiones del estudio se conocerán en los próximos días, sin embargo, se adelantó algunos números que dan una idea general sobre la presencia femenina en la minería ecuatoriana.
Por ejemplo, se dijo que el 12% de las mujeres que laboran en las minas tienen educación básica. A nivel administrativo, un 34% de las plazas son ocupadas por ellas.
A nivel de gerencias, sólo 16 de cada 100 gerentes pertenece al sexo femenino y en asuntos de equidad salarial, en los niveles menos calificados, las mujeres ganan un 14% menos que sus compañeros varones.
La encuesta mostró también que el 83 por ciento de las empresas que participaron tienen estrategias de reclutamiento con un enfoque de género; que 67% de ellas tiene políticas de capacitación, para hombres y mujeres; y la mitad lleva un registro de mujeres que han recibido formación laboral.
Respecto del acoso laboral y sexual, más del 80% de las empresas encuestadas tiene definida una política de prevención y 3 de 4 empresas tiene procedimientos para canalizar los reclamos que se presenten.
Casi una tercera parte de las empresas mineras cuentan con salas de lactancia y el 61% de ellas asume prácticas que contemplan beneficios adicionales a los establecidos en la legislación laboral.
El 83% de las empresas tiene programas para facilitar el equilibro entre el trabajo, el ocio y la vida familiar y en asuntos de la cadena de valor, 39% de las empresas promueve información desagregada por género de las contratistas.
Un 44 % de las empresas incentiva el contrato femenino y el 94% promociona el respeto a los derechos de la mujer y el niño.
Presidente Lasso supervisa acciones en Zaruma
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Febrero 27 de 2022.- El pasado 23 de febrero la secretaría general de Comunicación de la Presidencia de la República dio a conocer un balance de las labores que viene realizando el gobierno en la localidad de Zaruma, allí donde el pasado 15 de diciembre se hundió una parte de la ciudad.
Ese día el presidente de la República, Guillermo Lasso, estuvo en Zaruma supervisando los avances en los trabajos de remediación. Tuvo también una reunión con autoridades locales y nacionales para evaluar las acciones desplegadas.
“La intervención del Gobierno Nacional ante la emergencia en Zaruma ha sido integral e inmediata”, resume el boletín oficial, precisando que se espera solucionar este año el cien por ciento de los problemas en el sector.
“Regresaré el 15 de diciembre de 2022 para celebrar la conclusión de las cuatro etapas que permiten recuperar la seguridad de Zaruma”, aseguró el jefe de Estado.
Según el viceministro de Minas, Xavier Vera, mientras se desarrollan los estudios pertinentes ha continuado la ejecución de obras, lo que ha permitido que el avance de la intervención tenga mayor celeridad, gracias al trabajo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Además, señala el boletín de la presidencia, se ha completado con el 100% del diseño, construcción y colocación del tapón de hormigón número 1, debajo del socavón, el cual sirve como estructura de soporte del relleno que se colocará en la zona.
Se cuenta con un avance del 85% en la construcción del sostenimiento del socavón en la superficie y con el 25 % de los estudios y diseño de solución en el subsuelo a través del Instituto de Investigación Geológico Energético (IIGE).
“Señor presidente, vamos a cumplir con el cronograma. En abril, Zaruma va a tener rellenado el socavón y la estabilidad completa en el lugar”, aseguró Vera.
Para continuar implementando acciones para beneficio de la población, el presidente anunció que se habían entregado al Gobierno Autónomo Descentralizado de Zaruma USD 2.7 millones que permitirán continuar con los trabajos de remediación de la primera etapa.
“Le dije al señor alcalde que no estarían solos y lo hemos demostrado hoy que estamos a para dar soluciones definitivas que permitan recuperar la paz y la tranquilidad”, reiteró el mandatario.
Además, con la finalidad de informar permanentemente a la ciudadanía, se ha desplegado una estrategia de sensibilización para la identificación de grietas y una campaña para que más de 5.000 personas conozcan las acciones a tomar en caso de nuevos hundimientos, informó el director general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia, Cristian Torres.
Desde esta entidad se decidió ampliar la zona de inspecciones de riesgos para evitar que existan más emergencias.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Darío Herrera, señaló que se ha culminado con la fase uno y dos, que comprenden la evaluación de 161 edificaciones en zona de riesgo cercanas al socavón y 356 edificaciones adicionales en la zona de ampliación, respectivamente.
Asimismo, indicó que ya se ha avanzado con la evaluación del 50 % de las 22 edificaciones complementarias que comprenden la fase tres. Ello ha permitido constatar que de las 517 edificaciones: un 84 % no muestran afectaciones, 11% presentan afectaciones hasta el 30 %, un 3 % con afectación hasta el 60 % y un 2% totalmente destruidas. “El hecho de tener un 84% de viviendas sin afectación se debe a la intervención oportuna de las instituciones del Estado en atención a este desastre natural de manera que se pudo prevenir cualquier tipo de nuevo socavón”, aseguró el ministro.
Asimismo, Herrera indicó que se está trabajando en un proyecto de inversión de vivienda para personas damnificadas, de los cuales se está haciendo un levantamiento de información sobre posibles
El Primer Mandatario recordó que, en cuanto sucedió la emergencia, entidades gubernamentales estratégicas se movilizaron inmediatamente a la zona afectada: “hicimos una evaluación de lo sucedido y empezamos a trabajar en soluciones definitivas, porque no solo atendemos el socavón del 15 de diciembre sino también los otros tres hundimientos presentados en Zaruma”.
En cuanto a las estructuras patrimoniales, la ministra de Cultura y Patrimonio, María Elena Machuca, indicó que, con la ampliación de la zona de riesgos, por parte del SNGRE, se han identificado 31 inmuebles patrimoniales que serán evaluados mediante un proceso de cuatro etapas y cuyos resultados se recopilarán en un informe técnico el 25 de febrero próximo.
De estos bienes se ha constatado que 27 son de carácter privado, tres públicos y uno religioso. Indicó que, además, se hizo el mapeo de ubicación de inmuebles patrimoniales en el área ampliada y la ruta de evacuación del Museo Municipal hacia el Club Sucre, donde se almacenará temporalmente 800 bienes patrimoniales del museo.
Respecto a la intervención ambiental, el subsecretario de Calidad del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, José Antonio Dávalos, informó que se cumplió con el 100 % de cumplimiento en inspecciones a concesiones mineras y se identificó que 69 de estas no tenían la regularización ambiental. También informó que se han realizado 13 suspensiones, mientras que 25 concesiones empezaron con sus procesos de regularización. Además, se hicieron visitas a las plantas de beneficio en las que se efectuaron siete suspensiones y cuatro planes de acción para tomar medidas correctivas.
Las acciones desplegadas en este sector han contado con la participación activa de varias entidades gubernamentales. Por ello, el presidente agradeció la intervención articulada. “Aquí está la prueba de que cuando los ecuatorianos queremos trabajar juntos podemos lograr soluciones definitivas” dijo.
El jefe de Estado sugirió a las autoridades locales que en el terreno donde se produjo el reciente socavón se diseñe un parque, una vez finalizados los trabajos en el subsuelo, como un símbolo de los daños que puede ocasionar la minería ilegal.
Al respecto, Lasso instó al alcalde de la ciudad a desplegar acciones contundentes contra la minería ilegal en Zaruma. “Señor alcalde, no está solo para luchar contra la minería ilegal que ha golpeado las estructuras subterráneas de Zaruma durante los últimos años. No podemos permitir que se destruya un Patrimonio Nacional, un símbolo del Ecuador”, dijo.
Ese día el presidente de la República, Guillermo Lasso, estuvo en Zaruma supervisando los avances en los trabajos de remediación. Tuvo también una reunión con autoridades locales y nacionales para evaluar las acciones desplegadas.
“La intervención del Gobierno Nacional ante la emergencia en Zaruma ha sido integral e inmediata”, resume el boletín oficial, precisando que se espera solucionar este año el cien por ciento de los problemas en el sector.
“Regresaré el 15 de diciembre de 2022 para celebrar la conclusión de las cuatro etapas que permiten recuperar la seguridad de Zaruma”, aseguró el jefe de Estado.
Según el viceministro de Minas, Xavier Vera, mientras se desarrollan los estudios pertinentes ha continuado la ejecución de obras, lo que ha permitido que el avance de la intervención tenga mayor celeridad, gracias al trabajo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
Además, señala el boletín de la presidencia, se ha completado con el 100% del diseño, construcción y colocación del tapón de hormigón número 1, debajo del socavón, el cual sirve como estructura de soporte del relleno que se colocará en la zona.
Se cuenta con un avance del 85% en la construcción del sostenimiento del socavón en la superficie y con el 25 % de los estudios y diseño de solución en el subsuelo a través del Instituto de Investigación Geológico Energético (IIGE).
“Señor presidente, vamos a cumplir con el cronograma. En abril, Zaruma va a tener rellenado el socavón y la estabilidad completa en el lugar”, aseguró Vera.
Para continuar implementando acciones para beneficio de la población, el presidente anunció que se habían entregado al Gobierno Autónomo Descentralizado de Zaruma USD 2.7 millones que permitirán continuar con los trabajos de remediación de la primera etapa.
“Le dije al señor alcalde que no estarían solos y lo hemos demostrado hoy que estamos a para dar soluciones definitivas que permitan recuperar la paz y la tranquilidad”, reiteró el mandatario.
Además, con la finalidad de informar permanentemente a la ciudadanía, se ha desplegado una estrategia de sensibilización para la identificación de grietas y una campaña para que más de 5.000 personas conozcan las acciones a tomar en caso de nuevos hundimientos, informó el director general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia, Cristian Torres.
Desde esta entidad se decidió ampliar la zona de inspecciones de riesgos para evitar que existan más emergencias.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Darío Herrera, señaló que se ha culminado con la fase uno y dos, que comprenden la evaluación de 161 edificaciones en zona de riesgo cercanas al socavón y 356 edificaciones adicionales en la zona de ampliación, respectivamente.
Asimismo, indicó que ya se ha avanzado con la evaluación del 50 % de las 22 edificaciones complementarias que comprenden la fase tres. Ello ha permitido constatar que de las 517 edificaciones: un 84 % no muestran afectaciones, 11% presentan afectaciones hasta el 30 %, un 3 % con afectación hasta el 60 % y un 2% totalmente destruidas. “El hecho de tener un 84% de viviendas sin afectación se debe a la intervención oportuna de las instituciones del Estado en atención a este desastre natural de manera que se pudo prevenir cualquier tipo de nuevo socavón”, aseguró el ministro.
Asimismo, Herrera indicó que se está trabajando en un proyecto de inversión de vivienda para personas damnificadas, de los cuales se está haciendo un levantamiento de información sobre posibles
El Primer Mandatario recordó que, en cuanto sucedió la emergencia, entidades gubernamentales estratégicas se movilizaron inmediatamente a la zona afectada: “hicimos una evaluación de lo sucedido y empezamos a trabajar en soluciones definitivas, porque no solo atendemos el socavón del 15 de diciembre sino también los otros tres hundimientos presentados en Zaruma”.
En cuanto a las estructuras patrimoniales, la ministra de Cultura y Patrimonio, María Elena Machuca, indicó que, con la ampliación de la zona de riesgos, por parte del SNGRE, se han identificado 31 inmuebles patrimoniales que serán evaluados mediante un proceso de cuatro etapas y cuyos resultados se recopilarán en un informe técnico el 25 de febrero próximo.
De estos bienes se ha constatado que 27 son de carácter privado, tres públicos y uno religioso. Indicó que, además, se hizo el mapeo de ubicación de inmuebles patrimoniales en el área ampliada y la ruta de evacuación del Museo Municipal hacia el Club Sucre, donde se almacenará temporalmente 800 bienes patrimoniales del museo.
Respecto a la intervención ambiental, el subsecretario de Calidad del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, José Antonio Dávalos, informó que se cumplió con el 100 % de cumplimiento en inspecciones a concesiones mineras y se identificó que 69 de estas no tenían la regularización ambiental. También informó que se han realizado 13 suspensiones, mientras que 25 concesiones empezaron con sus procesos de regularización. Además, se hicieron visitas a las plantas de beneficio en las que se efectuaron siete suspensiones y cuatro planes de acción para tomar medidas correctivas.
Las acciones desplegadas en este sector han contado con la participación activa de varias entidades gubernamentales. Por ello, el presidente agradeció la intervención articulada. “Aquí está la prueba de que cuando los ecuatorianos queremos trabajar juntos podemos lograr soluciones definitivas” dijo.
El jefe de Estado sugirió a las autoridades locales que en el terreno donde se produjo el reciente socavón se diseñe un parque, una vez finalizados los trabajos en el subsuelo, como un símbolo de los daños que puede ocasionar la minería ilegal.
Al respecto, Lasso instó al alcalde de la ciudad a desplegar acciones contundentes contra la minería ilegal en Zaruma. “Señor alcalde, no está solo para luchar contra la minería ilegal que ha golpeado las estructuras subterráneas de Zaruma durante los últimos años. No podemos permitir que se destruya un Patrimonio Nacional, un símbolo del Ecuador”, dijo.
El National Geographic presenta
reportaje especial sobre tierras raras
Febrero 27 de 2022.- La edición de marzo del National Geographic analiza algunos de los grandes desafíos a los que se enfrenta la especie humana y que está relacionado con la actividad minera.
Para empezar, el National dedica su portada y su reportaje principal a un tema tan común que viene pasando desapercibido: el de las llamadas “tierras raras”.
“Estos 17 elementos de la tabla periódica, que no son ni “tierras” en el sentido químico del término ni “raras”, son motivo de una guerra silenciosa entre potencias mineras. En este número, Eva Van Den Berg explica por qué escucharemos mucho sobre las tierras raras en los próximos años”, anuncia la revista.
“Te proponemos un reto”, dicen sus redactores: mira a tu alrededor y analiza el espacio que te rodea. Puedes ser que te encuentres en la comodidad de tu salón, en la terraza de un café o en el metro, mirando tu dispositivo móvil. ¿Cuántos dispositivos que contienen las llamadas tierras raras puedes contar?
Y continúa con algunas expresiones que copiadas mecánicamente pueden parecer extrañas, pero se explican si se toma en cuenta que el National Geographic tiene redacciones en varios países del mundo y la edición en español viene de España.
“Tu smartphone no prescinde de ellas, ni tampoco la pantalla de televisión. La energía eléctrica que mantiene el ordenador en funcionamiento fue producida en parte por un parque eólico vecino. La lente de la cámara requiere tierras raras, al igual que la máquina de rayos X del hospital o el vidrio protector especial del obrero que suelda una puerta. En la calle, pasa un coche eléctrico, casi sin hacer ruido. Un dron cruza el cielo. Todos estos equipos utilizan al menos uno de estos elementos. Y el 100% de ellos fueron extraídos en algún lugar del extranjero”, se lee en este número que, como siempre, trae interesantísimos artículos que todos deben conocer.
Para empezar, el National dedica su portada y su reportaje principal a un tema tan común que viene pasando desapercibido: el de las llamadas “tierras raras”.
“Estos 17 elementos de la tabla periódica, que no son ni “tierras” en el sentido químico del término ni “raras”, son motivo de una guerra silenciosa entre potencias mineras. En este número, Eva Van Den Berg explica por qué escucharemos mucho sobre las tierras raras en los próximos años”, anuncia la revista.
“Te proponemos un reto”, dicen sus redactores: mira a tu alrededor y analiza el espacio que te rodea. Puedes ser que te encuentres en la comodidad de tu salón, en la terraza de un café o en el metro, mirando tu dispositivo móvil. ¿Cuántos dispositivos que contienen las llamadas tierras raras puedes contar?
Y continúa con algunas expresiones que copiadas mecánicamente pueden parecer extrañas, pero se explican si se toma en cuenta que el National Geographic tiene redacciones en varios países del mundo y la edición en español viene de España.
“Tu smartphone no prescinde de ellas, ni tampoco la pantalla de televisión. La energía eléctrica que mantiene el ordenador en funcionamiento fue producida en parte por un parque eólico vecino. La lente de la cámara requiere tierras raras, al igual que la máquina de rayos X del hospital o el vidrio protector especial del obrero que suelda una puerta. En la calle, pasa un coche eléctrico, casi sin hacer ruido. Un dron cruza el cielo. Todos estos equipos utilizan al menos uno de estos elementos. Y el 100% de ellos fueron extraídos en algún lugar del extranjero”, se lee en este número que, como siempre, trae interesantísimos artículos que todos deben conocer.
CEO del ICMM, Rohitesh Dhawan:
Transición al “cero neto” en peligro
Por Hannah Thomas-Peter de News.sky.com (*)
Febrero 21 de 2022.- La transición global a cero emisiones netas de carbono o “cero neto” estará en peligro si el mundo no encuentra una manera de satisfacer la creciente demanda de litio, cobre y otros materiales críticos para la revolución verde, según un representante de las compañías mineras más grandes del planeta.
El CEO del Consejo Internacional de Metales y Minería Mineral (ICMM), Rohitesh Dhawan, dijo que el litio era un desafío particular para muchos de los miembros del consejo, que incluyen a los gigantes mineros Rio Tinto, Anglo American, BHP y Glencore.
Hay tal escasez de litio, esencial para producir baterías, que su precio ha saltado de US$ 9.600 por tonelada en enero de 2021 a más de US$ 50.000 por tonelada en enero de 2022.
"El litio es un desafío. Podemos ver un gran desajuste entre la demanda y la oferta. Actualmente producimos alrededor de 400.000 toneladas de litio al año. Para 2030, es probable que se necesite saltar a alrededor de dos millones de toneladas”, dice Dhawan.
"Para cerrar esa brecha, el suministro de litio tendrá que entrar en funcionamiento muy, muy rápidamente, a tasas a las que nunca antes habíamos tenido que crecer”, agregó.
"En este momento, aproximadamente la mitad de la demanda mundial de litio proviene del mercado de vehículos eléctricos ... para 2030, el 80% de la demanda mundial de litio provendrá del mercado de vehículos eléctricos porque necesitamos electrificar rápidamente nuestra flota de transporte”, continuó.
“Si no logramos satisfacer la demanda mundial de metales y minerales a través de la producción primaria, el reciclaje y la minería inversa de los desechos existentes, entonces creo que está en peligro porque las nuevas tecnologías son muy intensivas en metales”.
“Si no arreglamos las brechas de oferta de demanda de metales y minerales, es muy difícil imaginar una transición neta cero", manifestó el director ejecutivo del ICMM.
La industria de la extracción está empeñada en reducir el uso de agua
También hay preocupaciones continuas sobre los impactos ambientales y sociales de la extracción a una escala tan grande, incluso si los materiales son centrales en la batalla contra el cambio climático.
El litio, por ejemplo, proviene de la roca o la salmuera, tanto en procesos intensivos en carbono como en agua, respectivamente.
Por ejemplo, extraer una tonelada de litio de roca dura genera alrededor de 15 toneladas de carbono, y generar una tonelada de litio a partir de salmuera utiliza aproximadamente dos millones de litros de agua, que es aproximadamente la cantidad de agua que una persona que vive en el Reino Unido podría usar durante un período de 35 años.
La industria minera está en el proceso de desarrollar nuevas formas de extraer de diferentes fuentes como depósitos de arcilla para reducir esta intensidad de agua, pero hasta ahora no a escala.
Otra área con problemas de suministro es el cobre, un metal crucial para la electrificación.
Es difícil y costoso de extraer y puede tomar más de una década comenzar la extracción una vez que ha sido localizado.
La producción de cobre, que también es intensiva en agua, tiende a ocurrir en partes del mundo que tienen estrés hídrico, el 80% de la producción en Chile ocurre en regiones de alto estrés hídrico.
"En muchas partes del mundo, las leyes de mineral de cobre que podemos extraer han disminuido con el tiempo... y eso supone un reto, al igual que el tiempo que se tarda en llevar un proyecto desde la concepción a la producción".
Aparte de los aspectos prácticos de la extracción, también existen riesgos geopolíticos y en la política local, ya que las naciones compiten para asegurar el suministro de los minerales adecuados y obtener el máximo valor de sus recursos naturales.
En todo el mundo en los últimos años, la oposición local a la minería de materiales verdes (vinculados a la transición energética, nota de Vía Minera) ha ralentizado o detenido los proyectos, incluso en países como Serbia, Portugal y los Estados Unidos.
Al respecto, Dhawan dijo: "No creo que haya habido una comprensión compartida de lo que se requerirá para impulsar esta transición energética”.
"Creo que estamos empezando a entender la centralidad de los metales y minerales, por lo que creo que cambiará en los próximos años a medida que la gente entienda la importancia de tener suministros confiables. Para los gobiernos, es aún más importante porque ahora se convierten en cuestiones geopolíticas clave sobre de dónde vendrá el suministro".
Los líderes de izquierda recientemente elegidos en Perú y Chile, el mayor productor de cobre del mundo, están considerando formas de mantener una mayor parte de las ganancias e imponer estándares ambientales más estrictos en las operaciones mineras.
Además, hay quienes argumentan que no se puede confiar en que la industria de los combustibles fósiles ayude a impulsar la transición a la energía renovable. Activistas dicen que no se puede confiar en que las compañías mineras, algunas de las cuales han infligido un gran daño a las comunidades indígenas, proporcionen los materiales para una transición a cero carbono.
Ante lo anotado Dhawan dijo: "Lamentamos cada pequeño daño que hemos causado como resultado de nuestras operaciones.
"La minería, por su naturaleza, tiene riesgos, y esos riesgos son parte de la forma en que ocurre la minería, pero no creemos que si el riesgo es inherente, entonces el daño es inherente”.
"Nuestro enfoque es asegurarnos de que gestionamos esos riesgos para las personas y para el medio ambiente tanto como sea posible, y aún no estamos allí, porque las personas continúan perdiendo la vida ... Hemos tenido casos de derrames ambientales y hemos tenido accidentes trágicos.
"La visión no tiene que ser perjudicial, pero soy realista de que en el viaje para llegar allí todavía estamos teniendo casos de impactos negativos en el medio ambiente y en las personas que tenemos que hacer todo lo posible para minimizar", concluyó.
Entrevista publicada el 21 de febrero y capturada de: https://news.sky.com/story/net-zero-in-jeopardy-unless-world-meets-lithium-and-copper-demands-but-theres-a-gap-between-supply-and-demand-12548288. Traducción de Vía Minera.
Febrero 21 de 2022.- La transición global a cero emisiones netas de carbono o “cero neto” estará en peligro si el mundo no encuentra una manera de satisfacer la creciente demanda de litio, cobre y otros materiales críticos para la revolución verde, según un representante de las compañías mineras más grandes del planeta.
El CEO del Consejo Internacional de Metales y Minería Mineral (ICMM), Rohitesh Dhawan, dijo que el litio era un desafío particular para muchos de los miembros del consejo, que incluyen a los gigantes mineros Rio Tinto, Anglo American, BHP y Glencore.
Hay tal escasez de litio, esencial para producir baterías, que su precio ha saltado de US$ 9.600 por tonelada en enero de 2021 a más de US$ 50.000 por tonelada en enero de 2022.
"El litio es un desafío. Podemos ver un gran desajuste entre la demanda y la oferta. Actualmente producimos alrededor de 400.000 toneladas de litio al año. Para 2030, es probable que se necesite saltar a alrededor de dos millones de toneladas”, dice Dhawan.
"Para cerrar esa brecha, el suministro de litio tendrá que entrar en funcionamiento muy, muy rápidamente, a tasas a las que nunca antes habíamos tenido que crecer”, agregó.
"En este momento, aproximadamente la mitad de la demanda mundial de litio proviene del mercado de vehículos eléctricos ... para 2030, el 80% de la demanda mundial de litio provendrá del mercado de vehículos eléctricos porque necesitamos electrificar rápidamente nuestra flota de transporte”, continuó.
“Si no logramos satisfacer la demanda mundial de metales y minerales a través de la producción primaria, el reciclaje y la minería inversa de los desechos existentes, entonces creo que está en peligro porque las nuevas tecnologías son muy intensivas en metales”.
“Si no arreglamos las brechas de oferta de demanda de metales y minerales, es muy difícil imaginar una transición neta cero", manifestó el director ejecutivo del ICMM.
La industria de la extracción está empeñada en reducir el uso de agua
También hay preocupaciones continuas sobre los impactos ambientales y sociales de la extracción a una escala tan grande, incluso si los materiales son centrales en la batalla contra el cambio climático.
El litio, por ejemplo, proviene de la roca o la salmuera, tanto en procesos intensivos en carbono como en agua, respectivamente.
Por ejemplo, extraer una tonelada de litio de roca dura genera alrededor de 15 toneladas de carbono, y generar una tonelada de litio a partir de salmuera utiliza aproximadamente dos millones de litros de agua, que es aproximadamente la cantidad de agua que una persona que vive en el Reino Unido podría usar durante un período de 35 años.
La industria minera está en el proceso de desarrollar nuevas formas de extraer de diferentes fuentes como depósitos de arcilla para reducir esta intensidad de agua, pero hasta ahora no a escala.
Otra área con problemas de suministro es el cobre, un metal crucial para la electrificación.
Es difícil y costoso de extraer y puede tomar más de una década comenzar la extracción una vez que ha sido localizado.
La producción de cobre, que también es intensiva en agua, tiende a ocurrir en partes del mundo que tienen estrés hídrico, el 80% de la producción en Chile ocurre en regiones de alto estrés hídrico.
"En muchas partes del mundo, las leyes de mineral de cobre que podemos extraer han disminuido con el tiempo... y eso supone un reto, al igual que el tiempo que se tarda en llevar un proyecto desde la concepción a la producción".
Aparte de los aspectos prácticos de la extracción, también existen riesgos geopolíticos y en la política local, ya que las naciones compiten para asegurar el suministro de los minerales adecuados y obtener el máximo valor de sus recursos naturales.
En todo el mundo en los últimos años, la oposición local a la minería de materiales verdes (vinculados a la transición energética, nota de Vía Minera) ha ralentizado o detenido los proyectos, incluso en países como Serbia, Portugal y los Estados Unidos.
Al respecto, Dhawan dijo: "No creo que haya habido una comprensión compartida de lo que se requerirá para impulsar esta transición energética”.
"Creo que estamos empezando a entender la centralidad de los metales y minerales, por lo que creo que cambiará en los próximos años a medida que la gente entienda la importancia de tener suministros confiables. Para los gobiernos, es aún más importante porque ahora se convierten en cuestiones geopolíticas clave sobre de dónde vendrá el suministro".
Los líderes de izquierda recientemente elegidos en Perú y Chile, el mayor productor de cobre del mundo, están considerando formas de mantener una mayor parte de las ganancias e imponer estándares ambientales más estrictos en las operaciones mineras.
Además, hay quienes argumentan que no se puede confiar en que la industria de los combustibles fósiles ayude a impulsar la transición a la energía renovable. Activistas dicen que no se puede confiar en que las compañías mineras, algunas de las cuales han infligido un gran daño a las comunidades indígenas, proporcionen los materiales para una transición a cero carbono.
Ante lo anotado Dhawan dijo: "Lamentamos cada pequeño daño que hemos causado como resultado de nuestras operaciones.
"La minería, por su naturaleza, tiene riesgos, y esos riesgos son parte de la forma en que ocurre la minería, pero no creemos que si el riesgo es inherente, entonces el daño es inherente”.
"Nuestro enfoque es asegurarnos de que gestionamos esos riesgos para las personas y para el medio ambiente tanto como sea posible, y aún no estamos allí, porque las personas continúan perdiendo la vida ... Hemos tenido casos de derrames ambientales y hemos tenido accidentes trágicos.
"La visión no tiene que ser perjudicial, pero soy realista de que en el viaje para llegar allí todavía estamos teniendo casos de impactos negativos en el medio ambiente y en las personas que tenemos que hacer todo lo posible para minimizar", concluyó.
Entrevista publicada el 21 de febrero y capturada de: https://news.sky.com/story/net-zero-in-jeopardy-unless-world-meets-lithium-and-copper-demands-but-theres-a-gap-between-supply-and-demand-12548288. Traducción de Vía Minera.
Presentarán resultados de Primera encuesta
de género en la minería ecuatoriana
Febrero 20 del 2022.- La organización Women in Mining Ecuador, que lidera la doctora María Isabel Ayllón, presentará este 24 de febrero los resultados de la primera encuesta de género en la industria minera ecuatoriana, un proyecto estratégico que se concretó con la participación voluntaria de 18 compañías que realizan actividades en la pequeña, la mediana y la gran minería.
El acto -que se llevará a cabo en un hotel de la ciudad- contará con la presencia del viceministro de Minas, ingeniero Xavier Vera Grunauer; y de personalidades representantivas de los gremios del sector, instituciones aliadas de Women in Mining Ecuador, ejecutivos de las empresas mineras y miembros del cuerpo diplomático.
Una mención especial merece la participación virtual de la directora de International Women in Mining, Barbara Dischinger; y de la experta colombiana en asuntos de género, Carolina Rojas, ex viceministra de Minería de ese país y miembro de Women in Mining Colombia.
Según explicó la doctora Aillón, “el objetivo del estudio fue generar datos concretos sobre la participación de las mujeres en la industria y recopilar información sobre prácticas empresariales o corporativas que fomentan la equidad de género en la minería como sector clave para el desarrollo y recuperación económica del país”.
Su realización estuvo a cargo de la consultora Actuaria, quien llevó a cabo la encuesta sin costo para las compañías participantes.
“Con los datos de la encuesta se ha creado una línea base que nos permitirá establecer metas y priorizar las acciones que posibiliten la transformación de la industria minera local en un sector más inclusivo que ofrezca mejores oportunidades para las mujeres y cumpla con los requisitos de implementación del estándar EITI desde una perspectiva de género”, explicó la presidenta de WIM Ecuador.
Sostuvo además que dada la relevancia de la información levantada y la importancia del proyecto, es prioritario publicar y socializar los resultados con las empresas participantes, representantes gubernamentales, aliados estratégicos y asociados que
hicieron posible la realización del estudio.
La doctora María Isabel Aillón destacó el apoyo del ministro Juan Carlos Bermeo y de EITI Ecuador para la ejecución del proyecto y de las firmas Lundin Gold y Pérez Bustamante & Ponce para la presentación de los resultados de la investigación.
El acto -que se llevará a cabo en un hotel de la ciudad- contará con la presencia del viceministro de Minas, ingeniero Xavier Vera Grunauer; y de personalidades representantivas de los gremios del sector, instituciones aliadas de Women in Mining Ecuador, ejecutivos de las empresas mineras y miembros del cuerpo diplomático.
Una mención especial merece la participación virtual de la directora de International Women in Mining, Barbara Dischinger; y de la experta colombiana en asuntos de género, Carolina Rojas, ex viceministra de Minería de ese país y miembro de Women in Mining Colombia.
Según explicó la doctora Aillón, “el objetivo del estudio fue generar datos concretos sobre la participación de las mujeres en la industria y recopilar información sobre prácticas empresariales o corporativas que fomentan la equidad de género en la minería como sector clave para el desarrollo y recuperación económica del país”.
Su realización estuvo a cargo de la consultora Actuaria, quien llevó a cabo la encuesta sin costo para las compañías participantes.
“Con los datos de la encuesta se ha creado una línea base que nos permitirá establecer metas y priorizar las acciones que posibiliten la transformación de la industria minera local en un sector más inclusivo que ofrezca mejores oportunidades para las mujeres y cumpla con los requisitos de implementación del estándar EITI desde una perspectiva de género”, explicó la presidenta de WIM Ecuador.
Sostuvo además que dada la relevancia de la información levantada y la importancia del proyecto, es prioritario publicar y socializar los resultados con las empresas participantes, representantes gubernamentales, aliados estratégicos y asociados que
hicieron posible la realización del estudio.
La doctora María Isabel Aillón destacó el apoyo del ministro Juan Carlos Bermeo y de EITI Ecuador para la ejecución del proyecto y de las firmas Lundin Gold y Pérez Bustamante & Ponce para la presentación de los resultados de la investigación.
Concesionarios piden más acciones
contra mineros sin permiso
Reciente decomiso en "la Ponce". Foto: Machalamovil.com
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Febrero 20 de 2022.- Un grupo de concesionarios del cantón Camilo Ponce Enríquez viene denunciando la parálisis que afecta a funcionarios del sector que se hacen de la vista gorda frente a la extracción no autorizada de minerales en diversas partes del país.
La última semana, con el inventario de lo decomisado en la intervención en Yutzupino ascendiendo a 104 retroexcavadoras, hubo otro operativo anti mineros sin permiso que es más ruido que nueces. Esta vez en Azuay, en el sector el Carmen de Pijilí.
La página Machalamovil.com reportó sobre un decomiso de un puñado de armas, municiones y explosivos supuestamente usados en minería no autorizada llevado a cabo por la Brigada de Infantería Nº. 1 El Oro y el Grupo de Artillería Nº. 1 Bolívar, por información de Inteligencia Militar y en coordinación con personal de la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr).
El medio digital dijo que los explosivos y armas fueron trasladados en cadena de custodia para los trámites de ley correspondientes.
En el caso de Yutzupino, provincia de Napo, se desconoce todavía la estrategia legal que implementarán la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno para que los que se identifiquen como dueños de las máquinas sean procesados después de que la ministra Alexandra Vela expresara que el megaoperativo, que continúa desplegado en la comunidad de Yutzupino y sus alrededores, no se hizo antes por falta de colaboración de la Judicatura del Napo.
Según un boletín de prensa, Vela rechazó las afirmaciones de quienes aseguran que el operativo se debió realizar antes, al tiempo de enfatizar que jamás hubo demora de parte del Gobierno Nacional. “No tuvimos ayuda ni colaboración de la Judicatura local. Actuamos de forma urgente, pero esto responde a un marco legal que teníamos que respetarlo, para que el operativo tenga los resultados que hoy podemos contar a la ciudadanía”, enfatizó.
Vía Minera viene solicitando a las autoridades información sobre cómo están enfrentado casa adentro la dura lucha contra las “inversiones empresariales ilegales”, como ha calificado la ministra Vela a las ingentes cantidades de dinero que se han gastado involucrando a comunidades enteras, que no ven más alternativa -antes de migrar como lo están haciendo miles de ecuatorianos- que actividades ilegales como fuentes de ingresos rápidos.
Un propietario de una excavadora entrevistado por Ecuavisa afirmó que le pagaban 30 dólares la hora por alquilar su equipo, que no tenía más donde emplearlo y no lo había amortizado desde que lo compró por la paralización de obras de infraestructura y construcción.
A estas alturas del problema, la misma Fiscal de la Nación dijo en rueda de prensa que la corrupción ha llegado muy a fondo en las instituciones y que estas actividades ilegales han contado con complicidades de todo tipo.
Al respecto de los procesos internos en las instituciones del sector minero, hasta el momento, esperamos información oficial para saber cómo el Ministerio y la Agencia coordinan con la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal, Cecmi, conformada por varias entidades del Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En el decreto 151, del 5 de agosto de 2021, artículo 8, el gobierno se compromete a erradicar la explotación ilícita de minerales, y para ello, en el artículo 15, dispone al Ministerio de Gobierno que en el plazo de un mes convoque a la Cecmi a intervenir de manera urgente y prioritaria las zonas donde se realizan actividades de explotación ilícita de minerales y encarga a las gobernaciones provinciales coordinar las acciones necesarias en el marco de sus competencias.
Entre los múltiples ecos que llegan a través de fuentes que visitan o que habitan sectores cercanos a zonas mineras en todo el país, como Esmeraldas o Zamora Chinchipe, sobre una extensa presencia de actividades ilegales, han llegado a Vía Minera, las denuncias de Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería de Cuenca, provincia del Azuay.
El abogado Vargas, que también es vicepresidente de la Cámara Nacional de Minería del Ecuador, presentó denuncias junto a sus representados: José Alberto Sánchez Reyes, administrador y representante legal de la Asociación de Mineros Autónomos 12 de Octubre; Alfonso Coronel Quezada representante legal de la Asociación de Mineros Autónomos San Francisco de Muyuyacu; Daniel Vicente Herrera Encalada, representante legal de la Minera Quebrada Fría S.A.; Jacinto Rigoberto Orellana Chávez, gerente y representante legal de la Compañía de Explotación Minera Brecha de oro Brechaoro S.A. y Efrén Jaramillo Carrión, gerente de Orenas S.A.
Ellos apuntan una supuesta inacción en la Coordinación Zonal 6 de Azuay, actualmente encabezada por el ingeniero Xavier Espinosa Pachar, para cumplir y hacer cumplir las disposiciones de ley que le corresponden, así como sus propias resoluciones, algunas del año 2015.
Si con suerte las denuncias generaron alguna vez resoluciones oficiales, dicen los denunciantes, estas se quedaron en el papel. Exponen como ejemplos lo ocurrido en las áreas mineras Muyuyacu (código 3622), Muyuyacu I (cód. 100589.1), San Sebastián II (cód. 101455) y Papagrande (cód. 26).
Afirman que no se ha cumplido con lo dispuesto a propósito del Amparo Administrativo de diciembre de 2018, que obtuvo la Empresa Nacional Minera EP a insistencia de los operadores en Muyuyacu (cód. 3622). Esto es, no se habría cobrado una multa por sanción a la compañía Orominex S.A. por US$ 663 388,95 “valor equivalente al total de los minerales extraídos ilegalmente de conformidad con el informe constante en memorando No. ARCOM-CGRCM-2014-1064-ME del 6 de noviembre de 2014”.
El 22 de septiembre de 2020, presentaron una nueva denuncia contra la misma compañía en la Agencia con la ubicación precisa y respaldo fotográfico de las actividades ilegales.
Los denunciantes aseguran que no se han cumplido las órdenes de paralización de las actividades, no se han realizado desalojos, ni incautaciones, ni se ha cobrado multas y que es necesario “proceder con una nueva cuantificación de los materiales extraídos desde la última valoración realizada hace varios años”.
En otro ejemplo, afirman que la Agencia misma certificó que los denunciados no cuentan con autorización alguna para ejecutar trabajos mineros en el área Papagrande, pero que no han sido obligados a desalojar ni investigados.
Mientras tanto en el sector minero resuena la pregunta: ¿Dónde no hace falta otro megaoperativo? En la zona de Congüime, cantón Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe, por ejemplo, hay un secreto a voces desde al menos hace un año: la orilla del río está siendo destruida.
La última semana, con el inventario de lo decomisado en la intervención en Yutzupino ascendiendo a 104 retroexcavadoras, hubo otro operativo anti mineros sin permiso que es más ruido que nueces. Esta vez en Azuay, en el sector el Carmen de Pijilí.
La página Machalamovil.com reportó sobre un decomiso de un puñado de armas, municiones y explosivos supuestamente usados en minería no autorizada llevado a cabo por la Brigada de Infantería Nº. 1 El Oro y el Grupo de Artillería Nº. 1 Bolívar, por información de Inteligencia Militar y en coordinación con personal de la Agencia de Regulación y Control de Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr).
El medio digital dijo que los explosivos y armas fueron trasladados en cadena de custodia para los trámites de ley correspondientes.
En el caso de Yutzupino, provincia de Napo, se desconoce todavía la estrategia legal que implementarán la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno para que los que se identifiquen como dueños de las máquinas sean procesados después de que la ministra Alexandra Vela expresara que el megaoperativo, que continúa desplegado en la comunidad de Yutzupino y sus alrededores, no se hizo antes por falta de colaboración de la Judicatura del Napo.
Según un boletín de prensa, Vela rechazó las afirmaciones de quienes aseguran que el operativo se debió realizar antes, al tiempo de enfatizar que jamás hubo demora de parte del Gobierno Nacional. “No tuvimos ayuda ni colaboración de la Judicatura local. Actuamos de forma urgente, pero esto responde a un marco legal que teníamos que respetarlo, para que el operativo tenga los resultados que hoy podemos contar a la ciudadanía”, enfatizó.
Vía Minera viene solicitando a las autoridades información sobre cómo están enfrentado casa adentro la dura lucha contra las “inversiones empresariales ilegales”, como ha calificado la ministra Vela a las ingentes cantidades de dinero que se han gastado involucrando a comunidades enteras, que no ven más alternativa -antes de migrar como lo están haciendo miles de ecuatorianos- que actividades ilegales como fuentes de ingresos rápidos.
Un propietario de una excavadora entrevistado por Ecuavisa afirmó que le pagaban 30 dólares la hora por alquilar su equipo, que no tenía más donde emplearlo y no lo había amortizado desde que lo compró por la paralización de obras de infraestructura y construcción.
A estas alturas del problema, la misma Fiscal de la Nación dijo en rueda de prensa que la corrupción ha llegado muy a fondo en las instituciones y que estas actividades ilegales han contado con complicidades de todo tipo.
Al respecto de los procesos internos en las instituciones del sector minero, hasta el momento, esperamos información oficial para saber cómo el Ministerio y la Agencia coordinan con la Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal, Cecmi, conformada por varias entidades del Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En el decreto 151, del 5 de agosto de 2021, artículo 8, el gobierno se compromete a erradicar la explotación ilícita de minerales, y para ello, en el artículo 15, dispone al Ministerio de Gobierno que en el plazo de un mes convoque a la Cecmi a intervenir de manera urgente y prioritaria las zonas donde se realizan actividades de explotación ilícita de minerales y encarga a las gobernaciones provinciales coordinar las acciones necesarias en el marco de sus competencias.
Entre los múltiples ecos que llegan a través de fuentes que visitan o que habitan sectores cercanos a zonas mineras en todo el país, como Esmeraldas o Zamora Chinchipe, sobre una extensa presencia de actividades ilegales, han llegado a Vía Minera, las denuncias de Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería de Cuenca, provincia del Azuay.
El abogado Vargas, que también es vicepresidente de la Cámara Nacional de Minería del Ecuador, presentó denuncias junto a sus representados: José Alberto Sánchez Reyes, administrador y representante legal de la Asociación de Mineros Autónomos 12 de Octubre; Alfonso Coronel Quezada representante legal de la Asociación de Mineros Autónomos San Francisco de Muyuyacu; Daniel Vicente Herrera Encalada, representante legal de la Minera Quebrada Fría S.A.; Jacinto Rigoberto Orellana Chávez, gerente y representante legal de la Compañía de Explotación Minera Brecha de oro Brechaoro S.A. y Efrén Jaramillo Carrión, gerente de Orenas S.A.
Ellos apuntan una supuesta inacción en la Coordinación Zonal 6 de Azuay, actualmente encabezada por el ingeniero Xavier Espinosa Pachar, para cumplir y hacer cumplir las disposiciones de ley que le corresponden, así como sus propias resoluciones, algunas del año 2015.
Si con suerte las denuncias generaron alguna vez resoluciones oficiales, dicen los denunciantes, estas se quedaron en el papel. Exponen como ejemplos lo ocurrido en las áreas mineras Muyuyacu (código 3622), Muyuyacu I (cód. 100589.1), San Sebastián II (cód. 101455) y Papagrande (cód. 26).
Afirman que no se ha cumplido con lo dispuesto a propósito del Amparo Administrativo de diciembre de 2018, que obtuvo la Empresa Nacional Minera EP a insistencia de los operadores en Muyuyacu (cód. 3622). Esto es, no se habría cobrado una multa por sanción a la compañía Orominex S.A. por US$ 663 388,95 “valor equivalente al total de los minerales extraídos ilegalmente de conformidad con el informe constante en memorando No. ARCOM-CGRCM-2014-1064-ME del 6 de noviembre de 2014”.
El 22 de septiembre de 2020, presentaron una nueva denuncia contra la misma compañía en la Agencia con la ubicación precisa y respaldo fotográfico de las actividades ilegales.
Los denunciantes aseguran que no se han cumplido las órdenes de paralización de las actividades, no se han realizado desalojos, ni incautaciones, ni se ha cobrado multas y que es necesario “proceder con una nueva cuantificación de los materiales extraídos desde la última valoración realizada hace varios años”.
En otro ejemplo, afirman que la Agencia misma certificó que los denunciados no cuentan con autorización alguna para ejecutar trabajos mineros en el área Papagrande, pero que no han sido obligados a desalojar ni investigados.
Mientras tanto en el sector minero resuena la pregunta: ¿Dónde no hace falta otro megaoperativo? En la zona de Congüime, cantón Nangaritza, provincia de Zamora Chinchipe, por ejemplo, hay un secreto a voces desde al menos hace un año: la orilla del río está siendo destruida.
Exportaciones mineras lograron récord histórico
Febrero 20 del 2022.- El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo Calderón, informó que las exportaciones mineras del año 2021 ascendieron a US$ 2.092 millones, una cifra récord en la historia del país y 99% mayor a lo exportado en el año 2020, cuando se registraron ventas al exterior por un valor de US$ 1.050 millones.
“Gracias a las exportaciones de las minas a gran escala Fruta del Norte, US$ 740 millones; Mirador, US$ 840 millones; y el continuo crecimiento de las actividades de pequeña minería, US$ 513 millones, este sector avanza para convertirse en un pilar fundamental de la economía nacional”, expresó el ministro.
“El futuro del Ecuador está en la minería, una industria multiplicadora de empleo, encadenamiento productivo y desarrollo prioritario para las zonas de influencia de los proyectos”, agregó.
Para el año 2025, se estima un crecimiento sostenido de las exportaciones mineras que podrían alcanzar US$ 4.000 millones, hecho que será posible con el inicio de producción de nuevas minas como Curipamba en Bolívar, La Plata en Cotopaxi y Loma Larga en Azuay.
Comparaciones odiosas
En enero de este año, Chile exportó cobre por un valor de 3.870 millones de dólares, según informó el Banco Central de ese país.
Y entre enero y noviembre del año pasado, las exportaciones peruanas de cobre ascendieron a US$ 18.863 millones, según el boletín estadístico del Ministerio de Energía y Minas del Perú.
En el caso del oro, las exportaciones en el mismo periodo, sumaron US$ 9.208 millones de dólares.
“Gracias a las exportaciones de las minas a gran escala Fruta del Norte, US$ 740 millones; Mirador, US$ 840 millones; y el continuo crecimiento de las actividades de pequeña minería, US$ 513 millones, este sector avanza para convertirse en un pilar fundamental de la economía nacional”, expresó el ministro.
“El futuro del Ecuador está en la minería, una industria multiplicadora de empleo, encadenamiento productivo y desarrollo prioritario para las zonas de influencia de los proyectos”, agregó.
Para el año 2025, se estima un crecimiento sostenido de las exportaciones mineras que podrían alcanzar US$ 4.000 millones, hecho que será posible con el inicio de producción de nuevas minas como Curipamba en Bolívar, La Plata en Cotopaxi y Loma Larga en Azuay.
Comparaciones odiosas
En enero de este año, Chile exportó cobre por un valor de 3.870 millones de dólares, según informó el Banco Central de ese país.
Y entre enero y noviembre del año pasado, las exportaciones peruanas de cobre ascendieron a US$ 18.863 millones, según el boletín estadístico del Ministerio de Energía y Minas del Perú.
En el caso del oro, las exportaciones en el mismo periodo, sumaron US$ 9.208 millones de dólares.
Inversiones en el sector minero podrían
ser de US$ 21 398 millones en 30 años
Febrero 13 de 2022.- Ecuador tiene una oportunidad única para impulsar el despegue de la minería generando un entorno amigable con la inversión y con reglas claras a través de la construcción de una institucionalidad fuerte, dice una de las conclusiones principales del estudio “Importancia actual y futura de la industria minera” elaborado por el Grupo Spurrier y presentado por la Cámara de Minería del Ecuador el pasado jueves en un hotel de la ciudad.
El acto contó con la presencia del ministro del sector, Juan Carlos Bermeo, altos ejecutivos de las empresas afiliadas a la CME y personalidades vinculadas a la minería ecuatoriana.
El estudio analiza la data de 12 proyectos mineros avanzados que totalizan un estimado de reservas por un aproximado de 37,1 millones de onzas de oro, 45 449 millones de libras de cobre, 177,7 millones de onzas de plata y 129 millones de libras de zinc.
Estas cifras, aclaran los autores de la investigación, resultan de cambiar recursos a reservas aplicando un factor de conversión (0,7) porque solo Mirador, Fruta del Norte y Río Blanco presentaron información de reservas.
“Estos 12 proyectos mineros avanzados son los más visibles, pero quedan por fuera del análisis una cantidad importante de proyectos con un elevado potencial y que se encuentran en fases preliminares de avance”, se advierte en la presentación.
Datos relevantes
El estudio del Grupo Spurrier consolida una serie de cifras que nos remiten al potencial económico de la minería ecuatoriana.
Señala, por ejemplo, que la inversión solo en los proyectos avanzados (y las 3 minas en fase de explotación) tendría un valor presente de US$ 21 398 millones hasta el fin de su vida útil en 2052.
Además que:
Las exportaciones tendrían un valor presente de US$ 176 396 millones hasta el fin de su vida útil en 2052.
Las recaudaciones fiscales solo en los proyectos avanzados (y las 3 minas en fase de explotación) tendrían un valor presente de US$ 44 449 millones hasta el fin de su vida útil en 2052.
Las regalías para inversión social solo en los proyectos avanzados (y las 3 minas en fase de explotación) tendrían un valor presente de US$ 7.040 millones hasta el fin de su vida útil en 2052.
El empleo formal directo se incrementaría en más de 215 mil plazas en los próximos cuatro años, en relación con el 2020, cerrando el 2024 con 270 180 plazas; y a partir de 2027, el sector minero generaría más de 500 mil plazas formales de empleo entre directo e indirecto.
Tomando como base para la estimación los proyectos mineros avanzados, para el año 2026, el VAB minero se incrementaría a US$ 4.607 millones. Los autores acotan que el VAB minero de Ecuador todavía es bajo en relación con Chile (12,5%) y Perú (10,2%).
El sector minero, señala el trabajo, tiene un efecto multiplicador de 1,42. Esto significa que, por cada dólar de producción en el sector minero, se generan 42 centavos en el resto de los sectores de la economía. Por ello, el elevado potencial de expansión minera podría transformar a este sector, en un mediano plazo, en motor de la demanda de bienes y servicios de otros sectores que le proveen servicios.
Desafíos de la minería
El estudio del Grupo Spurrier considera que los principales desafíos para la industria minera son las amenazas de un lobby militante anti minero y el ambiguo apoyo a la minería por parte de la élite política en el pasado.
Precisa que “el debate para el futuro minero de Ecuador se libra en el corazón y la mente de los ciudadanos”.
Señala además algunos cuellos de botella que estarían retrasando el despegue de las actividades mineras. Uno de ellos sería la reapertura del catastro minero, hecho considerado ”fundamental para continuar impulsando y desarrollando un pipeline de proyectos mineros”.
“Para que en el futuro existan proyectos en fase avanzada, se requiere que existan muchos en fases tempranas en la actualidad”, sentencia con claridad.
“Si se frena el inicio de nuevos proyectos, el impacto se sentirá en el futuro cuando no existan nuevas minas que entren a operación”, remarca.
Afirma que “existen presiones desde Contraloría que objeta permanentemente el trabajo realizado por los funcionarios del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica” y que “frente al riesgo de glosas por discrepancias con Contraloría, la decisión más frecuente es bloquear los trámites”.
Sugiere que una alternativa para solucionar esta descoordinación institucional sería que el Ejecutivo realice una consulta a la Procuraduría General del Estado para que determine las competencias del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y de la Contraloría.
Otro aspecto que Spurrier considera negativo es el de los plazos de la legislación actual que contempla plazos fijos para el avance del ciclo de una mina: un máximo 4 años para exploración inicial, 4 años para exploración avanzada, 2 años para evaluación económica y luego fase de explotación.
Opina que se trata de “plazos artificiales que no corresponden con la realidad geológica de cada mina ni la relación con la comunidad. Tampoco son consistentes con la realidad en los mercados de capitales en donde se deben levantar los recursos para financiar el proyecto".
Una parte de la investigación está dedicada a explicar qué pasaría si no ocurren las inversiones que se esperan en el sector minero.
“En este escenario las reservas de oro serían 82% inferiores con apenas 6,8 millones de onzas, las de cobre 87% inferiores con 6.063 millones de libras y las de plata 85% inferiores con 25,8 millones de onzas”.
Se perderían US$ 5.804 millones en inversiones en los próximos 4 años y US$ 11 694 millones a partir de 2025 hasta el fin de la vida útil de los proyectos considerados.
También caerían las exportaciones. Se calcula que se registrarían US$ 3.350 millones menos en exportaciones en el periodo 2021-24 y US$ 137 336 millones menos a partir del 2025.
Los ingresos fiscales descenderían en US$ 857 millones en los próximos cuatro años y en US$ 34 757 millones a partir de 2025 hasta el fin de la vida útil de los proyectos. “Esta pérdida -concluye el estudio- iría de la mano con una disminución de la inversión social”.
El acto contó con la presencia del ministro del sector, Juan Carlos Bermeo, altos ejecutivos de las empresas afiliadas a la CME y personalidades vinculadas a la minería ecuatoriana.
El estudio analiza la data de 12 proyectos mineros avanzados que totalizan un estimado de reservas por un aproximado de 37,1 millones de onzas de oro, 45 449 millones de libras de cobre, 177,7 millones de onzas de plata y 129 millones de libras de zinc.
Estas cifras, aclaran los autores de la investigación, resultan de cambiar recursos a reservas aplicando un factor de conversión (0,7) porque solo Mirador, Fruta del Norte y Río Blanco presentaron información de reservas.
“Estos 12 proyectos mineros avanzados son los más visibles, pero quedan por fuera del análisis una cantidad importante de proyectos con un elevado potencial y que se encuentran en fases preliminares de avance”, se advierte en la presentación.
Datos relevantes
El estudio del Grupo Spurrier consolida una serie de cifras que nos remiten al potencial económico de la minería ecuatoriana.
Señala, por ejemplo, que la inversión solo en los proyectos avanzados (y las 3 minas en fase de explotación) tendría un valor presente de US$ 21 398 millones hasta el fin de su vida útil en 2052.
Además que:
Las exportaciones tendrían un valor presente de US$ 176 396 millones hasta el fin de su vida útil en 2052.
Las recaudaciones fiscales solo en los proyectos avanzados (y las 3 minas en fase de explotación) tendrían un valor presente de US$ 44 449 millones hasta el fin de su vida útil en 2052.
Las regalías para inversión social solo en los proyectos avanzados (y las 3 minas en fase de explotación) tendrían un valor presente de US$ 7.040 millones hasta el fin de su vida útil en 2052.
El empleo formal directo se incrementaría en más de 215 mil plazas en los próximos cuatro años, en relación con el 2020, cerrando el 2024 con 270 180 plazas; y a partir de 2027, el sector minero generaría más de 500 mil plazas formales de empleo entre directo e indirecto.
Tomando como base para la estimación los proyectos mineros avanzados, para el año 2026, el VAB minero se incrementaría a US$ 4.607 millones. Los autores acotan que el VAB minero de Ecuador todavía es bajo en relación con Chile (12,5%) y Perú (10,2%).
El sector minero, señala el trabajo, tiene un efecto multiplicador de 1,42. Esto significa que, por cada dólar de producción en el sector minero, se generan 42 centavos en el resto de los sectores de la economía. Por ello, el elevado potencial de expansión minera podría transformar a este sector, en un mediano plazo, en motor de la demanda de bienes y servicios de otros sectores que le proveen servicios.
Desafíos de la minería
El estudio del Grupo Spurrier considera que los principales desafíos para la industria minera son las amenazas de un lobby militante anti minero y el ambiguo apoyo a la minería por parte de la élite política en el pasado.
Precisa que “el debate para el futuro minero de Ecuador se libra en el corazón y la mente de los ciudadanos”.
Señala además algunos cuellos de botella que estarían retrasando el despegue de las actividades mineras. Uno de ellos sería la reapertura del catastro minero, hecho considerado ”fundamental para continuar impulsando y desarrollando un pipeline de proyectos mineros”.
“Para que en el futuro existan proyectos en fase avanzada, se requiere que existan muchos en fases tempranas en la actualidad”, sentencia con claridad.
“Si se frena el inicio de nuevos proyectos, el impacto se sentirá en el futuro cuando no existan nuevas minas que entren a operación”, remarca.
Afirma que “existen presiones desde Contraloría que objeta permanentemente el trabajo realizado por los funcionarios del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica” y que “frente al riesgo de glosas por discrepancias con Contraloría, la decisión más frecuente es bloquear los trámites”.
Sugiere que una alternativa para solucionar esta descoordinación institucional sería que el Ejecutivo realice una consulta a la Procuraduría General del Estado para que determine las competencias del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y de la Contraloría.
Otro aspecto que Spurrier considera negativo es el de los plazos de la legislación actual que contempla plazos fijos para el avance del ciclo de una mina: un máximo 4 años para exploración inicial, 4 años para exploración avanzada, 2 años para evaluación económica y luego fase de explotación.
Opina que se trata de “plazos artificiales que no corresponden con la realidad geológica de cada mina ni la relación con la comunidad. Tampoco son consistentes con la realidad en los mercados de capitales en donde se deben levantar los recursos para financiar el proyecto".
Una parte de la investigación está dedicada a explicar qué pasaría si no ocurren las inversiones que se esperan en el sector minero.
“En este escenario las reservas de oro serían 82% inferiores con apenas 6,8 millones de onzas, las de cobre 87% inferiores con 6.063 millones de libras y las de plata 85% inferiores con 25,8 millones de onzas”.
Se perderían US$ 5.804 millones en inversiones en los próximos 4 años y US$ 11 694 millones a partir de 2025 hasta el fin de la vida útil de los proyectos considerados.
También caerían las exportaciones. Se calcula que se registrarían US$ 3.350 millones menos en exportaciones en el periodo 2021-24 y US$ 137 336 millones menos a partir del 2025.
Los ingresos fiscales descenderían en US$ 857 millones en los próximos cuatro años y en US$ 34 757 millones a partir de 2025 hasta el fin de la vida útil de los proyectos. “Esta pérdida -concluye el estudio- iría de la mano con una disminución de la inversión social”.
Hasta el próximo mega operativo de control
La ministra de Gobierno, Alexandra Vela encabezó el operativo. Cortesía Segcom.
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Vista de una marcha de protesta contra la minería el 9 de febrero en Tena. Foto: Cortesía Coica.
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Febrero 13 de 2022.- La semana minera terminó con la noticia de un operativo contra mineros no autorizados realizado por el gobierno en la provincia del Napo con la presencia de 1600 miembros de la Policía y Fuerzas Armadas en la madrugada del domingo 13 de febrero, en la comunidad de Yutzupino, parroquia Puerto Napo, cantón Tena, sector El Anzu, a pocos kilómetros de la capital provincial Tena, a orillas del río Jatunyaku y a pocos kilómetros de su confluencia en el río Napo.
Una parte de los desalojados se opuso con fuerza al ingreso de los uniformados, pero no hubo heridos. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dijo haber dialogado con la comunidad y logró que acepte la intervención. Oficiales se quejaron a reporteros de televisión que, por una filtración de información, los responsables escondieron maquinaria en parroquias de los alrededores.
De la Agencia de Regulación y Control de la Energía y los Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr) se habría filtrado a Primicias.com un informe sobre la situación del área que daría cuenta de 42 hectáreas impactadas, 700 personas involucradas, 35 excavadoras y varias maquinarias usadas en la minería no autorizada.
El operativo fue parcamente mencionado como un “gran golpe” preparado contra la minería ilegal por el viceministro de minas, Xavier Grunauer, el miércoles en un programa de entrevistas.
Pero esta reacción del gobierno se hizo esperar. El área en la que se desarrolló el operativo forma parte de la concesión “Confluencia”, situada a lo largo del río Jatunyaku, y que no cuenta con licencia ambiental, según información oficial.
El titular de Confluencia, código 400408 es la empresa Terraearth Resources S.A. y tiene una extensión de 1.100 hectáreas y el régimen de pequeña minería.
El 16 de febrero del 2020, Vía Minera solicitó información oficial sobre el control a las actividades en esa provincia de la empresa Terraearth Resources. Había circulado en redes sociales un video con imágenes de dron, apocalípticas por la magnitud de la devastación, supuestamente realizado en la comunidad Shigua Yaku, parroquia Talag, cantón Tena, el mismo que se mostraba en este link:
https://www.facebook.com/holger.michler/videos/3133127306720169/
Nunca se recibió respuesta de la ex Agencia (Arcom), apenas un escueto “se está investigando”.
No obstante, y posiblemente a efectos del decreto 151 del gobierno que el 5 de febrero cumplió seis meses y que se propone la “erradicación de la minería ilegal”, el 8 de enero el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Maate, informó que entre octubre y diciembre de 2021, se ejecutaron cinco operativos de intervención a la extracción ilícita de recursos mineros en las comunidades Ceibo y Yutzupino, desarrolladas por las instituciones de control.
Durante una inspección realizada el 27 de diciembre, se encontró combustible almacenado al aire libre sin medidas de protección, modificación del suelo, descargas de agua directas sin previo tratamiento, producto del lavado de material aluvial y acumulación de residuos sólidos que afectan directamente al río.
La Agencia colocó sellos de suspensión y el Maate notificó a la Fiscalía de Napo para las investigaciones correspondientes.
Los resultados de dichas acciones incluyen decomisos de combustible y sellos de prohibición en cinco excavadoras e inutilización de dos retroexcavadoras, inhabilitación de clasificadoras tipo Z, tres motores de succión de agua y un generador eléctrico. Así también se puso a órdenes de las autoridades competentes a seis personas detenidas en delito flagrante, incluidos dos extranjeros.
El Maate informaba además que durante el 2021 ejecutó en la provincia de Napo 144 inspecciones de control y seguimiento a concesiones mineras en atención a denuncias ciudadanas. Además, se iniciaron ocho procesos administrativos de minería por incumplimiento de la normativa ambiental vigente.
Ante la inutilidad de todas estas acciones, el día jueves 9 de febrero, una parte de la población alentada por organizaciones ambientalistas realizó una masiva marcha de protesta en Tena por la devastación que era visible para todos desde hace varios meses, si no años; y se extiende por las parroquias de Anzu, Arosemena Tola, Pano, Tena y Talag.
Diversas son las versiones sobre la inversión minera ilegal en estas áreas: unos dicen 150 excavadoras, otros 35, otros 70. Al igual que el número de personas involucradas en esta actividad “protegida por grupos armados”. Las armas por el momento no aparecieron y las autoridades dieron cuenta de 8000 galones de combustible, 100 excavadoras y una filtradora de oro incautados y un autobús de policías apedreado.
Mientras tanto, en Zaruma, los equipos técnicos de riesgos, de minería, del Instituto de Investigaciones Geológico Energéticas, se mantienen trabajando en la reparación de los socavones dejados por la minería no autorizada que ha horadado el subsuelo de Zaruma de tan mala forma que ocasionó el hundimiento de varias casas patrimoniales.
Las raíces de los sableros, como se conoce en la zona a los mineros sin permisos, son tan profundas que en medio de la militarización de la zona afectada de la ciudad desde el último hundimiento ocurrido el 15 de diciembre, se atreven a amenazar de muerte a los equipos técnicos que trabajan con resguardo policial y militar en las galerías, según narró el viceministro Grunauer.
Una parte de los desalojados se opuso con fuerza al ingreso de los uniformados, pero no hubo heridos. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dijo haber dialogado con la comunidad y logró que acepte la intervención. Oficiales se quejaron a reporteros de televisión que, por una filtración de información, los responsables escondieron maquinaria en parroquias de los alrededores.
De la Agencia de Regulación y Control de la Energía y los Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr) se habría filtrado a Primicias.com un informe sobre la situación del área que daría cuenta de 42 hectáreas impactadas, 700 personas involucradas, 35 excavadoras y varias maquinarias usadas en la minería no autorizada.
El operativo fue parcamente mencionado como un “gran golpe” preparado contra la minería ilegal por el viceministro de minas, Xavier Grunauer, el miércoles en un programa de entrevistas.
Pero esta reacción del gobierno se hizo esperar. El área en la que se desarrolló el operativo forma parte de la concesión “Confluencia”, situada a lo largo del río Jatunyaku, y que no cuenta con licencia ambiental, según información oficial.
El titular de Confluencia, código 400408 es la empresa Terraearth Resources S.A. y tiene una extensión de 1.100 hectáreas y el régimen de pequeña minería.
El 16 de febrero del 2020, Vía Minera solicitó información oficial sobre el control a las actividades en esa provincia de la empresa Terraearth Resources. Había circulado en redes sociales un video con imágenes de dron, apocalípticas por la magnitud de la devastación, supuestamente realizado en la comunidad Shigua Yaku, parroquia Talag, cantón Tena, el mismo que se mostraba en este link:
https://www.facebook.com/holger.michler/videos/3133127306720169/
Nunca se recibió respuesta de la ex Agencia (Arcom), apenas un escueto “se está investigando”.
No obstante, y posiblemente a efectos del decreto 151 del gobierno que el 5 de febrero cumplió seis meses y que se propone la “erradicación de la minería ilegal”, el 8 de enero el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Maate, informó que entre octubre y diciembre de 2021, se ejecutaron cinco operativos de intervención a la extracción ilícita de recursos mineros en las comunidades Ceibo y Yutzupino, desarrolladas por las instituciones de control.
Durante una inspección realizada el 27 de diciembre, se encontró combustible almacenado al aire libre sin medidas de protección, modificación del suelo, descargas de agua directas sin previo tratamiento, producto del lavado de material aluvial y acumulación de residuos sólidos que afectan directamente al río.
La Agencia colocó sellos de suspensión y el Maate notificó a la Fiscalía de Napo para las investigaciones correspondientes.
Los resultados de dichas acciones incluyen decomisos de combustible y sellos de prohibición en cinco excavadoras e inutilización de dos retroexcavadoras, inhabilitación de clasificadoras tipo Z, tres motores de succión de agua y un generador eléctrico. Así también se puso a órdenes de las autoridades competentes a seis personas detenidas en delito flagrante, incluidos dos extranjeros.
El Maate informaba además que durante el 2021 ejecutó en la provincia de Napo 144 inspecciones de control y seguimiento a concesiones mineras en atención a denuncias ciudadanas. Además, se iniciaron ocho procesos administrativos de minería por incumplimiento de la normativa ambiental vigente.
Ante la inutilidad de todas estas acciones, el día jueves 9 de febrero, una parte de la población alentada por organizaciones ambientalistas realizó una masiva marcha de protesta en Tena por la devastación que era visible para todos desde hace varios meses, si no años; y se extiende por las parroquias de Anzu, Arosemena Tola, Pano, Tena y Talag.
Diversas son las versiones sobre la inversión minera ilegal en estas áreas: unos dicen 150 excavadoras, otros 35, otros 70. Al igual que el número de personas involucradas en esta actividad “protegida por grupos armados”. Las armas por el momento no aparecieron y las autoridades dieron cuenta de 8000 galones de combustible, 100 excavadoras y una filtradora de oro incautados y un autobús de policías apedreado.
Mientras tanto, en Zaruma, los equipos técnicos de riesgos, de minería, del Instituto de Investigaciones Geológico Energéticas, se mantienen trabajando en la reparación de los socavones dejados por la minería no autorizada que ha horadado el subsuelo de Zaruma de tan mala forma que ocasionó el hundimiento de varias casas patrimoniales.
Las raíces de los sableros, como se conoce en la zona a los mineros sin permisos, son tan profundas que en medio de la militarización de la zona afectada de la ciudad desde el último hundimiento ocurrido el 15 de diciembre, se atreven a amenazar de muerte a los equipos técnicos que trabajan con resguardo policial y militar en las galerías, según narró el viceministro Grunauer.
Valor de exportaciones mineras
crece en Ecuador, Chile y Perú
Febrero 13 de 2022.- Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), Minas y Canteras fue el sector cuyas exportaciones tuvieron el mayor crecimiento el año pasado, llegando a US$ 4.610 millones.
Las ventas locales y las exportaciones de Ecuador sumaron US$ 172 858 millones en 2021, lo que representa un incremento de 6% con respecto a 2020, un año atípico debido a la pandemia de Covid-19.
Con el desempeño alcanzado el año 2021 el sector minero se ubica como el tercero en el total de las exportaciones no petroleras.
En Perú, la exportación de productos mineros, entre enero y noviembre del 2021, alcanzó la cifra de US$ 36 698 millones. Según el ministerio sectorial, la minería es el principal contribuyente de la balanza comercial nacional con una participación de 64,6% en las exportaciones nacionales: productos minero-metálicos (63,5%) y no metálicos (1,1%).
En tanto que en Chile, la cifra de los ingresos por exportaciones de cobre fueron de 3.870 millones de dólares en enero de este año, según informó el lunes el Banco Central.
Las ventas locales y las exportaciones de Ecuador sumaron US$ 172 858 millones en 2021, lo que representa un incremento de 6% con respecto a 2020, un año atípico debido a la pandemia de Covid-19.
Con el desempeño alcanzado el año 2021 el sector minero se ubica como el tercero en el total de las exportaciones no petroleras.
En Perú, la exportación de productos mineros, entre enero y noviembre del 2021, alcanzó la cifra de US$ 36 698 millones. Según el ministerio sectorial, la minería es el principal contribuyente de la balanza comercial nacional con una participación de 64,6% en las exportaciones nacionales: productos minero-metálicos (63,5%) y no metálicos (1,1%).
En tanto que en Chile, la cifra de los ingresos por exportaciones de cobre fueron de 3.870 millones de dólares en enero de este año, según informó el lunes el Banco Central.
Colombia anuncia dos nuevas áreas para
la minería y primera ronda aurífera
Febrero 13 de 2022.- Con el objetivo de promover la diversificación de la canasta de minerales y fortalecer el desarrollo del sector minero, la Agencia Nacional de Minería de Colombia delimitó y declaró dos nuevas Áreas Estratégicas Mineras, AEM, en los municipios de San Diego y La Paz en el departamento del César.
Las AEM son áreas en las cuales se ha establecido la existencia de alto potencial para minerales estratégicos producto de la prospección adelantada en la zona por el Servicio Geológico Colombiano.
Una vez delimitadas por parte de la autoridad minera, estas zonas sólo pueden ser adjudicadas a través de contratos especiales de exploración y explotación por medio de procesos de selección objetiva.
“Las Áreas Estratégicas Mineras permiten generar recursos adicionales para la Nación y para las regiones a través de contraprestaciones económicas adicionales a las regalías, así como inversión directa en la región derivada de los planes de gestión social de los contratos”, informó Juan Miguel Duran Prieto, presidente de la ANM.
Duran dijo que a partir del 1 de marzo, se recibirán ofertas sobre las dos AEM recién delimitadas. Ellas son los bloques AEM 2 ampliado y AEM 15, los cuales cuentan con alto potencial de albergar mineralizaciones de cobre y metales preciosos.
Estos bloques suman un área total aproximada de 8.788.5391 hectáreas.
Para conocer las áreas a detalle, los interesados tienen a su disposición un cuarto de datos, administrado por el Servicio Geológico Colombiano, que cuenta con información de carácter socio ambiental, jurídico normativa y técnica estandarizada; datos brutos y reportes y mapas de evaluación del potencial mineral.
De otro lado, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Diego Mesa, dijo que su país empezará a aceptar ofertas en su primera ronda de licitaciones para contratos de exploración de oro y cobre antes de finales de marzo.
Sostuvo que todo está listo para pre-lanzar la primera ronda de licitación para las áreas de oro el 24 de febrero.
El proceso de precalificación tiene como objetivo permitir a las empresas interesadas preparar adecuadamente sus propuestas, dijo Mesa. No las obliga a participar y les permite ofertar en futuras rondas, dijo.
La autoridad añadió que aún no hay una fecha fijada para la ronda del carbón, aunque ocurrirá “antes del cambio de gobierno” en agosto.
El principal producto de exportación de Colombia, después del petróleo, es el carbón, pero el país ha pasado la última década tratando de convertirse en un actor importante en el mercado minero mundial.
La minería aporta actualmente alrededor del 2% del PIB de Colombia.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Minería estima que el crecimiento del PIB minero en el 2021 superará el 10% frente al 2020; y para este año se prevé un crecimiento del 10% en la producción minera.
Las AEM son áreas en las cuales se ha establecido la existencia de alto potencial para minerales estratégicos producto de la prospección adelantada en la zona por el Servicio Geológico Colombiano.
Una vez delimitadas por parte de la autoridad minera, estas zonas sólo pueden ser adjudicadas a través de contratos especiales de exploración y explotación por medio de procesos de selección objetiva.
“Las Áreas Estratégicas Mineras permiten generar recursos adicionales para la Nación y para las regiones a través de contraprestaciones económicas adicionales a las regalías, así como inversión directa en la región derivada de los planes de gestión social de los contratos”, informó Juan Miguel Duran Prieto, presidente de la ANM.
Duran dijo que a partir del 1 de marzo, se recibirán ofertas sobre las dos AEM recién delimitadas. Ellas son los bloques AEM 2 ampliado y AEM 15, los cuales cuentan con alto potencial de albergar mineralizaciones de cobre y metales preciosos.
Estos bloques suman un área total aproximada de 8.788.5391 hectáreas.
Para conocer las áreas a detalle, los interesados tienen a su disposición un cuarto de datos, administrado por el Servicio Geológico Colombiano, que cuenta con información de carácter socio ambiental, jurídico normativa y técnica estandarizada; datos brutos y reportes y mapas de evaluación del potencial mineral.
De otro lado, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Diego Mesa, dijo que su país empezará a aceptar ofertas en su primera ronda de licitaciones para contratos de exploración de oro y cobre antes de finales de marzo.
Sostuvo que todo está listo para pre-lanzar la primera ronda de licitación para las áreas de oro el 24 de febrero.
El proceso de precalificación tiene como objetivo permitir a las empresas interesadas preparar adecuadamente sus propuestas, dijo Mesa. No las obliga a participar y les permite ofertar en futuras rondas, dijo.
La autoridad añadió que aún no hay una fecha fijada para la ronda del carbón, aunque ocurrirá “antes del cambio de gobierno” en agosto.
El principal producto de exportación de Colombia, después del petróleo, es el carbón, pero el país ha pasado la última década tratando de convertirse en un actor importante en el mercado minero mundial.
La minería aporta actualmente alrededor del 2% del PIB de Colombia.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Minería estima que el crecimiento del PIB minero en el 2021 superará el 10% frente al 2020; y para este año se prevé un crecimiento del 10% en la producción minera.
Precio de la libra de cobre sería de US$ 3,80 el 2023
Febrero 13 de 2022.- La Comisión Chilena del Cobre, Cochilco, estima para 2023 un precio promedio anual para el metal rojo de US$ 3,80 la libra, según se indica en el Informe de Tendencias del Mercado del Cobre, correspondiente al cuarto trimestre de 2021.
La Comisión considera que para este año se mantiene la proyección en US$ 3,95 la libra. Agrega que para 2022 y 2023 se prevé el comienzo de un moderado ciclo a la baja del precio promedio anual del metal, el que aún se encuentra en niveles históricamente altos y positivos para la industria.
La leve caída en el precio del cobre se explica por una anticipada desaceleración de las tasas de crecimiento económico de los principales consumidores de cobre, como China, la Eurozona, Estados Unidos y Japón.
Oferta y demanda
Desde la perspectiva de la demanda mundial de cobre, se prevé que en los años 2022 y 2023 llegue a 25 millones de toneladas y 25,5 millones de toneladas, respectivamente.
En cuanto a la producción, según datos de las autoridades chilenas, el año pasado ese país produjo 5.126,60 toneladas. Le siguió Perú con 2.088; la China con 1.601; Estados Unidos con 1.103 y Australia, con 766 mil toneladas.
La Comisión considera que para este año se mantiene la proyección en US$ 3,95 la libra. Agrega que para 2022 y 2023 se prevé el comienzo de un moderado ciclo a la baja del precio promedio anual del metal, el que aún se encuentra en niveles históricamente altos y positivos para la industria.
La leve caída en el precio del cobre se explica por una anticipada desaceleración de las tasas de crecimiento económico de los principales consumidores de cobre, como China, la Eurozona, Estados Unidos y Japón.
Oferta y demanda
Desde la perspectiva de la demanda mundial de cobre, se prevé que en los años 2022 y 2023 llegue a 25 millones de toneladas y 25,5 millones de toneladas, respectivamente.
En cuanto a la producción, según datos de las autoridades chilenas, el año pasado ese país produjo 5.126,60 toneladas. Le siguió Perú con 2.088; la China con 1.601; Estados Unidos con 1.103 y Australia, con 766 mil toneladas.
Líder regional en educación
inicia labores en Ecuador
Raúl Benavides, ingeniero peruano presidente de Cetemín, a la izquierda.
Enero 30 de 2022.- La asociación educativa Cetemín, una organización sin fines de lucro con casi 20 años de experiencia en el desarrollo de programas diseñados a la medida de las necesidades de las empresas, aterrizó en Ecuador para brindar la posibilidad de ofrecer a la población herramientas que permitan conseguir un salario digno en la industria minera.
Su presentación, a la que asistió el viceministro encargado Andrés Wierdak, tuvo lugar el pasado 27 de enero y estuvo a cargo del ingeniero Raúl Benavides, miembro del directorio de Compañía de Minas Buenaventura SAA y fundador y presidente del Consejo Directivo de Cetemín.
Además del Ing. Wierdak, estuvieron presentes en la reunión varios representantes de las empresas que realizan operaciones en Ecuador y líderes de los gremios de la minería local.
El ingeniero Benavides destacó la necesidad de ofrecer puestos de empleo dignos a los miembros de las comunidades asentadas en la zona donde se desarrollan actividades mineras.
Señaló que los líderes de la industria minera han comprendido que los pobladores que seincorporan a las labores mineras no quieren hacerlo desde las posiciones menos remuneradas.
Empleo al más corto plazo
“En Cetemín educamos para lograr que la gente sea empleable al más corto plazo. Ese es nuestro objetivo”, enfatizó.
Se refirió también a los desafíos que enfrenta la industria en las condiciones actuales, signadas por los estragos que ha provocado la pandemia en las economías de todos los países.
Afirmó que en estas condiciones, la empresa minera tiene que tomar en cuenta una serie de realidades para lograr la aceptación social.
“Por ejemplo, también debe ver temas como el del adulto mayor, que es un sector al que hay que ponerle un cuidado especial que va más allá de entregarles medicinas o bonos, que han estado a cargo del gobierno. Hay que procurarles condiciones que les permitan mantenerse activos y si se trata de mejorar sus condiciones de vida, hay que tomar en cuenta temas como el de la provisión de agua o los servicios de energía”, expresó.
Saber, saber hacer y saber ser
El presidente de Cetemín destacó la importancia que tiene el desarrollo de las denominadas “habilidades blandas”, como formas de promover la empatía entre todos los colaboradores de las empresas y el entendimiento con las comunidades aledañas.
Sobre el tema resalta que las empresas mineras tienen capacidad para las labores propias de la industria y que conocer las necesidades de las comunidades constituye un aspecto que muchas veces está fuera del alcance de los profesionales de la minería.
En su intervención ante los representes de las empresas mineras, puso varios ejemplos de cómo la buena intención que acompaña las relaciones con la comunidad, puede generar incomprensiones que tienen que ser reconocidas como resultado de una forma determinada de acercamiento a los actores sociales.
Recordó que la triada de “saber, saber hacer y saber ser” forma parte de los principios que guían la educación por competencias en países desarrollados como Canadá y que en esa perspectiva y tratándose de temas tan delicados como la formación, es preferible tomar las experiencias exitosas en lugar de intentar innovaciones que pueden terminar en fracasos.
En el tema de la formación por competencias el equipo de Cetemín desempeñó un rol pionero en el Perú. Fue después de un tiempo y luego de comprobar sus bondades que las autoridades del Ministerio de Educación optaron por ese método.
En otro momento de su intervención el ingeniero Benavides se refirió a las ventajas que tiene la modalidad del internado frente a otras opciones en las cuales se interrumpe temporalmente la formación que reciben los educandos.
Mencionó como ejemplo el tiempo de horas dedicadas a la enseñanza. “En el internado tienen más cantidad de horas en menos tiempo… el resultado es que un alumno puede recibir en sólo 8 meses tantas horas lectivas como las que recibiría en un programa de tres años”, explica.
Añade que esta ventaja es mucho más clara cuando se trata de asuntos prácticos como el que se manifiesta durante las enseñanzas de mecánica. “Cuando desarmas un motor diesel tienes que volverlo a armar y si la jornada educativa sólo es de tres horas, el alumno no va a poder completar el proceso”, acota.
“Además a la hora de convivir con los demás miembros que siguen el curso se logra que las habilidades blandas se fortalezcan y que se genere una sinergia entre todos. Hemos visto que el sistema funciona incluso ahora, en que juntamos la virtualidad para la parte teórica y presencialidad para la parte práctica”, menciona.
“Ecuador puede ser el próximo boom de la minería regional”
Desde su perspectiva, los proyectos que se vienen desarrollando en el Ecuador son vistos con expectativa por los mineros de toda la región y reúnen todas las condiciones para ser exitosos.
Recordó que en noviembre del año 2019 tuvo la oportunidad de escuchar al viceministro de Minas de Ecuador y que tanto él como muchos de los empresarios asistentes, quedaron gratamente impactados por los conceptos que se vertieron allí.
Desde su perspectiva, las propuestas de las autoridades de la minería ecuatoriana coinciden con las que se generan en el sector minero y que ello constituye un gran estímulo para poner en valor el potencial minero de los países andinos.
Su presentación, a la que asistió el viceministro encargado Andrés Wierdak, tuvo lugar el pasado 27 de enero y estuvo a cargo del ingeniero Raúl Benavides, miembro del directorio de Compañía de Minas Buenaventura SAA y fundador y presidente del Consejo Directivo de Cetemín.
Además del Ing. Wierdak, estuvieron presentes en la reunión varios representantes de las empresas que realizan operaciones en Ecuador y líderes de los gremios de la minería local.
El ingeniero Benavides destacó la necesidad de ofrecer puestos de empleo dignos a los miembros de las comunidades asentadas en la zona donde se desarrollan actividades mineras.
Señaló que los líderes de la industria minera han comprendido que los pobladores que seincorporan a las labores mineras no quieren hacerlo desde las posiciones menos remuneradas.
Empleo al más corto plazo
“En Cetemín educamos para lograr que la gente sea empleable al más corto plazo. Ese es nuestro objetivo”, enfatizó.
Se refirió también a los desafíos que enfrenta la industria en las condiciones actuales, signadas por los estragos que ha provocado la pandemia en las economías de todos los países.
Afirmó que en estas condiciones, la empresa minera tiene que tomar en cuenta una serie de realidades para lograr la aceptación social.
“Por ejemplo, también debe ver temas como el del adulto mayor, que es un sector al que hay que ponerle un cuidado especial que va más allá de entregarles medicinas o bonos, que han estado a cargo del gobierno. Hay que procurarles condiciones que les permitan mantenerse activos y si se trata de mejorar sus condiciones de vida, hay que tomar en cuenta temas como el de la provisión de agua o los servicios de energía”, expresó.
Saber, saber hacer y saber ser
El presidente de Cetemín destacó la importancia que tiene el desarrollo de las denominadas “habilidades blandas”, como formas de promover la empatía entre todos los colaboradores de las empresas y el entendimiento con las comunidades aledañas.
Sobre el tema resalta que las empresas mineras tienen capacidad para las labores propias de la industria y que conocer las necesidades de las comunidades constituye un aspecto que muchas veces está fuera del alcance de los profesionales de la minería.
En su intervención ante los representes de las empresas mineras, puso varios ejemplos de cómo la buena intención que acompaña las relaciones con la comunidad, puede generar incomprensiones que tienen que ser reconocidas como resultado de una forma determinada de acercamiento a los actores sociales.
Recordó que la triada de “saber, saber hacer y saber ser” forma parte de los principios que guían la educación por competencias en países desarrollados como Canadá y que en esa perspectiva y tratándose de temas tan delicados como la formación, es preferible tomar las experiencias exitosas en lugar de intentar innovaciones que pueden terminar en fracasos.
En el tema de la formación por competencias el equipo de Cetemín desempeñó un rol pionero en el Perú. Fue después de un tiempo y luego de comprobar sus bondades que las autoridades del Ministerio de Educación optaron por ese método.
En otro momento de su intervención el ingeniero Benavides se refirió a las ventajas que tiene la modalidad del internado frente a otras opciones en las cuales se interrumpe temporalmente la formación que reciben los educandos.
Mencionó como ejemplo el tiempo de horas dedicadas a la enseñanza. “En el internado tienen más cantidad de horas en menos tiempo… el resultado es que un alumno puede recibir en sólo 8 meses tantas horas lectivas como las que recibiría en un programa de tres años”, explica.
Añade que esta ventaja es mucho más clara cuando se trata de asuntos prácticos como el que se manifiesta durante las enseñanzas de mecánica. “Cuando desarmas un motor diesel tienes que volverlo a armar y si la jornada educativa sólo es de tres horas, el alumno no va a poder completar el proceso”, acota.
“Además a la hora de convivir con los demás miembros que siguen el curso se logra que las habilidades blandas se fortalezcan y que se genere una sinergia entre todos. Hemos visto que el sistema funciona incluso ahora, en que juntamos la virtualidad para la parte teórica y presencialidad para la parte práctica”, menciona.
“Ecuador puede ser el próximo boom de la minería regional”
Desde su perspectiva, los proyectos que se vienen desarrollando en el Ecuador son vistos con expectativa por los mineros de toda la región y reúnen todas las condiciones para ser exitosos.
Recordó que en noviembre del año 2019 tuvo la oportunidad de escuchar al viceministro de Minas de Ecuador y que tanto él como muchos de los empresarios asistentes, quedaron gratamente impactados por los conceptos que se vertieron allí.
Desde su perspectiva, las propuestas de las autoridades de la minería ecuatoriana coinciden con las que se generan en el sector minero y que ello constituye un gran estímulo para poner en valor el potencial minero de los países andinos.
Zaruma en manos de Dios
Ya no está. Casas patrimoniales en el aire.
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Zaruma, diciembre 19 de 2021.- Zaruma, la Villa del Cerro de Oro de San Antonio de Zaruma, sigue siendo subsumida por movimientos de tierra que se llevan la historia y convierten en polvo una ciudad considerada patrimonio de la humanidad.
Este fenómeno reiterativo en los últimos años tuvo su último gran episodio el 15 de diciembre y desde ese momento, se ha llevado cuatro casas antiguas y ha provocado la evacuación de más de 300 personas de la localidad.
La causa del hundimiento es conocida por todos. El subsuelo de Zaruma es riquísimo en oro y hay miles de personas que se dedican a su extracción aún cuando desde hace años se ha prohibido las actividades mineras debajo del casco urbano.
No hay quien pueda detenerlos. Tampoco hay quien quiera hacerlo, dicen los vecinos. A nadie le importa que desaparezca una ciudad patrimonial y menos la vida de quienes se arriesgan a picar la roca en busca del metal dorado.
La cantidad de riqueza que esconde el subsuelo zarumeño es increíble. Una persona de las que llaman “sableros” contó a Vía Minera que hace una semana sacó en su mochila menos de dos kilos de material que se convirtieron en casi 100 gramos de oro.
Con menos de un año de trabajo al margen de la ley, ya sería un nuevo millonario si no tuviera delante de él una cadena también increíble de personajes con los cuales debe compartir lo que saca.
¿Por dónde se ingresa a las vetas que todo el mundo conoce como “los reyes” porque son tres afloramientos por toda la ciudad y de los cuales uno es el más codiciado? Hay infinidad de accesos, chimeneas en el argot minero, y nuestro contacto nos dice que inclusive en la iglesia hay una de ellas. No en vano los curas en sus sermones hablan del nuevo dios del dinero como el verdadero rival que está destruyendo la fe católica.
Esa nueva fe tiene otra noción de la muerte. En un informe reciente, cuando todavía existía el Ministerio del Interior, se da cuenta de que en menos tiempo del mes que les llevó levantar información al interior de los túneles, encontraron cuatro personas recién fallecidas y un herido.
Ellos no se van a detener ahora con el nuevo estado de excepción o los estudios que se han anunciado.
En Zaruma se dice que el hundimiento de la ciudad es un problema nacional. Si la afirmación es cierta, como todo problema debe ser también una única oportunidad para demostrar que alrededor de la minería se pueden agrupar todas las inteligencias para encontrar la solución definitiva que evite la desaparición de un patrimonio de la humanidad.
Viceministro Vera: Daremos una solución integral al problema
El viceministro de Minas, Xavier Vera Grunauer, fue una de las primeras autoridades de alto nivel que llegó a la llamada zona cero de Zaruma y de inmediato se puso al frente de las actividades que se ejecutaron para evitar que los hundimientos que se avizoraban tengan consecuencias fatales.
Permaneció en esa localidad tres días, por lo menos, reuniéndose con casi todos los equipos y/o mesas técnicas que se conformaron por iniciativa presidencial para atender los diversos problemas que genera este tipo de emergencias.
Fueron días de intenso trabajo. De paso por el Club Sucre, que aloja al centro de comando unificado designado para resolver la crisis, Vía Minera comprobó cómo en ese hormiguero de gente se discutía, casi en simultáneo, la labor que tendría que hacer la Unidad de Protección del Medio Ambiente e Investigación de la Policía Nacional para levantar información de carácter confidencial en la zona siniestrada, el control de la movilidad vehicular en los alrededores de Zaruma, el trabajo de las Fuerzas Armadas o qué planteamientos presentar a las cámaras de la producción para acelerar la reactivación económica y qué hacer para apoyar a los locales que han tenido que cerrar por el desastre.
En ese hervidero humano el viceministro de Minas remarca que se harán estudios de ingeniería completos para poder tener una alternativa de solución al problema.
“No queremos una solución parche sino integral”, enfatiza Vera.
Explica también que lo que ocurrió el pasado 15 de diciembre está relacionado con el problema que provocó el socavón que se llevó el colegio La Inmaculada y también con el que se formó en julio de este año.
“Todos estos socavones están relacionados con una familia de galerías y una bóveda que está a 50 metros de profundidad y está colapsando y es por eso que hay ese problema”, sostiene.
Señala que como “la solución no es arriba” sino en el subsuelo zarumeño es necesario hacer estudios que permitan proponer las alternativas más recomendables que eviten el hundimiento de toda la ciudad.
“Estamos pensando utilizar las relaveras, es decir, el material de relave; para mezclarlo con cemento y aditivos para inyectarlos en la zona y rellenar los túneles. Esa es una de las alternativas que se está estudiando”, afirma.
Respecto de las actividades que se realizarán para garantizar la suspensión efectiva de actividades extractivas debajo del caso urbano, el viceministro sostiene que los estudios en marcha se proponen también identificar “el circuito completo de la actividad de los ilegales”. Dado que esta información es muy dinámica y cambia todo el tiempo en función de la actividad que se realiza en el interior de la tierra, se tiene que actualizar con datos frescos que permitan tener una idea más completa de la envergadura del problema.
“Se tiene información confidencial de ese tema que se está corroborando con el gobernador, con el GAD, con el Ministerio de Gobierno y con el Ministerio de Defensa”, concluye Vera Grunauer.
Este fenómeno reiterativo en los últimos años tuvo su último gran episodio el 15 de diciembre y desde ese momento, se ha llevado cuatro casas antiguas y ha provocado la evacuación de más de 300 personas de la localidad.
La causa del hundimiento es conocida por todos. El subsuelo de Zaruma es riquísimo en oro y hay miles de personas que se dedican a su extracción aún cuando desde hace años se ha prohibido las actividades mineras debajo del casco urbano.
No hay quien pueda detenerlos. Tampoco hay quien quiera hacerlo, dicen los vecinos. A nadie le importa que desaparezca una ciudad patrimonial y menos la vida de quienes se arriesgan a picar la roca en busca del metal dorado.
La cantidad de riqueza que esconde el subsuelo zarumeño es increíble. Una persona de las que llaman “sableros” contó a Vía Minera que hace una semana sacó en su mochila menos de dos kilos de material que se convirtieron en casi 100 gramos de oro.
Con menos de un año de trabajo al margen de la ley, ya sería un nuevo millonario si no tuviera delante de él una cadena también increíble de personajes con los cuales debe compartir lo que saca.
¿Por dónde se ingresa a las vetas que todo el mundo conoce como “los reyes” porque son tres afloramientos por toda la ciudad y de los cuales uno es el más codiciado? Hay infinidad de accesos, chimeneas en el argot minero, y nuestro contacto nos dice que inclusive en la iglesia hay una de ellas. No en vano los curas en sus sermones hablan del nuevo dios del dinero como el verdadero rival que está destruyendo la fe católica.
Esa nueva fe tiene otra noción de la muerte. En un informe reciente, cuando todavía existía el Ministerio del Interior, se da cuenta de que en menos tiempo del mes que les llevó levantar información al interior de los túneles, encontraron cuatro personas recién fallecidas y un herido.
Ellos no se van a detener ahora con el nuevo estado de excepción o los estudios que se han anunciado.
En Zaruma se dice que el hundimiento de la ciudad es un problema nacional. Si la afirmación es cierta, como todo problema debe ser también una única oportunidad para demostrar que alrededor de la minería se pueden agrupar todas las inteligencias para encontrar la solución definitiva que evite la desaparición de un patrimonio de la humanidad.
Viceministro Vera: Daremos una solución integral al problema
El viceministro de Minas, Xavier Vera Grunauer, fue una de las primeras autoridades de alto nivel que llegó a la llamada zona cero de Zaruma y de inmediato se puso al frente de las actividades que se ejecutaron para evitar que los hundimientos que se avizoraban tengan consecuencias fatales.
Permaneció en esa localidad tres días, por lo menos, reuniéndose con casi todos los equipos y/o mesas técnicas que se conformaron por iniciativa presidencial para atender los diversos problemas que genera este tipo de emergencias.
Fueron días de intenso trabajo. De paso por el Club Sucre, que aloja al centro de comando unificado designado para resolver la crisis, Vía Minera comprobó cómo en ese hormiguero de gente se discutía, casi en simultáneo, la labor que tendría que hacer la Unidad de Protección del Medio Ambiente e Investigación de la Policía Nacional para levantar información de carácter confidencial en la zona siniestrada, el control de la movilidad vehicular en los alrededores de Zaruma, el trabajo de las Fuerzas Armadas o qué planteamientos presentar a las cámaras de la producción para acelerar la reactivación económica y qué hacer para apoyar a los locales que han tenido que cerrar por el desastre.
En ese hervidero humano el viceministro de Minas remarca que se harán estudios de ingeniería completos para poder tener una alternativa de solución al problema.
“No queremos una solución parche sino integral”, enfatiza Vera.
Explica también que lo que ocurrió el pasado 15 de diciembre está relacionado con el problema que provocó el socavón que se llevó el colegio La Inmaculada y también con el que se formó en julio de este año.
“Todos estos socavones están relacionados con una familia de galerías y una bóveda que está a 50 metros de profundidad y está colapsando y es por eso que hay ese problema”, sostiene.
Señala que como “la solución no es arriba” sino en el subsuelo zarumeño es necesario hacer estudios que permitan proponer las alternativas más recomendables que eviten el hundimiento de toda la ciudad.
“Estamos pensando utilizar las relaveras, es decir, el material de relave; para mezclarlo con cemento y aditivos para inyectarlos en la zona y rellenar los túneles. Esa es una de las alternativas que se está estudiando”, afirma.
Respecto de las actividades que se realizarán para garantizar la suspensión efectiva de actividades extractivas debajo del caso urbano, el viceministro sostiene que los estudios en marcha se proponen también identificar “el circuito completo de la actividad de los ilegales”. Dado que esta información es muy dinámica y cambia todo el tiempo en función de la actividad que se realiza en el interior de la tierra, se tiene que actualizar con datos frescos que permitan tener una idea más completa de la envergadura del problema.
“Se tiene información confidencial de ese tema que se está corroborando con el gobernador, con el GAD, con el Ministerio de Gobierno y con el Ministerio de Defensa”, concluye Vera Grunauer.
Lasso anunció que volverá a Zaruma
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Zaruma, diciembre 19 de 2021.- El presidente Guillermo Lasso prometió a los zarumeños volver la primera semana de enero del próximo año y su eventual presencia ya no genera tantas expectativas como cuando se anunció, al día siguiente de la desgracia, que el jefe de Estado estaría en la zona siniestrada.
Lasso llegó e hizo lo mismo que se ha hecho siempre: declarar el estado de excepción y anunciar que se harán estudios geofísicos para encontrar la solución adecuada.
Eso fue lo que se hizo en enero del 2017 cuando un fenómeno similar al del 15 de diciembre se tragó al colegio La Inmaculada, colegio emblemático de la localidad que dos minutos más tarde era una nube de polvo y nada más que un recuerdo para la historia de la localidad.
El anuncio del presidente decepcionó a los zarumeños, muchos de los cuales son profesionales de las ciencias de la tierra que recibieron su formación académica en Ecuador y en diversas universidades europeas. Cuando les tocó desenvolverse como profesionales, lo hicieron de manera exitosa en los cinco continentes.
Para ellos todo el casco urbano se encuentra amenazado porque el subsuelo ya fue y sigue siendo perforado en diferentes direcciones y los túneles que lo atraviesan tienen la fortaleza de una madera podrida, endeble; que no podrá soportar muchos inviernos más porque las aguas que se filtran terminarán carcomiendo su estructura enclenque y, una vez más, la superficie volverá a rellenar los espacios que dejan los miles de metros de socavones que el hombre ha construido.
El interior de la ciudad es tan rico que -nos cuenta una fuente- inclusive los pilares que sostienen las cavernas de interior mina han sido picados para aprovechar el oro que esconden. "Son gente con vocación suicida. Los "sableros" saben que al comerse el pilar el cerro se les puede venir encima pero no les importa", explica un ingeniero que conoce la ambición sin límites de los que perforan sin permiso.
Desde la perspectiva de los profesionales zarumeños la problemática es más o menos clara: la composición del subsuelo ya fue definitivamente alterada y reemplazada por material inestable, saturado de agua, muy debilitado y hecho polvo por labores indiscriminadas y deficientes que han carcomido el macizo rocoso que hace millones de años atrapó el oro que buscan los hombres.
Podrán hacerse entonces muchos más estudios y estudios sobre esos estudios, pero la solución definitiva que evite la destrucción de la ciudad es un tema que escapa el ámbito técnico o regulatorio para centrarse en el plano de las decisiones políticas que son las que podrían evitar el definitivo hundimiento de la ciudad.
Lasso llegó e hizo lo mismo que se ha hecho siempre: declarar el estado de excepción y anunciar que se harán estudios geofísicos para encontrar la solución adecuada.
Eso fue lo que se hizo en enero del 2017 cuando un fenómeno similar al del 15 de diciembre se tragó al colegio La Inmaculada, colegio emblemático de la localidad que dos minutos más tarde era una nube de polvo y nada más que un recuerdo para la historia de la localidad.
El anuncio del presidente decepcionó a los zarumeños, muchos de los cuales son profesionales de las ciencias de la tierra que recibieron su formación académica en Ecuador y en diversas universidades europeas. Cuando les tocó desenvolverse como profesionales, lo hicieron de manera exitosa en los cinco continentes.
Para ellos todo el casco urbano se encuentra amenazado porque el subsuelo ya fue y sigue siendo perforado en diferentes direcciones y los túneles que lo atraviesan tienen la fortaleza de una madera podrida, endeble; que no podrá soportar muchos inviernos más porque las aguas que se filtran terminarán carcomiendo su estructura enclenque y, una vez más, la superficie volverá a rellenar los espacios que dejan los miles de metros de socavones que el hombre ha construido.
El interior de la ciudad es tan rico que -nos cuenta una fuente- inclusive los pilares que sostienen las cavernas de interior mina han sido picados para aprovechar el oro que esconden. "Son gente con vocación suicida. Los "sableros" saben que al comerse el pilar el cerro se les puede venir encima pero no les importa", explica un ingeniero que conoce la ambición sin límites de los que perforan sin permiso.
Desde la perspectiva de los profesionales zarumeños la problemática es más o menos clara: la composición del subsuelo ya fue definitivamente alterada y reemplazada por material inestable, saturado de agua, muy debilitado y hecho polvo por labores indiscriminadas y deficientes que han carcomido el macizo rocoso que hace millones de años atrapó el oro que buscan los hombres.
Podrán hacerse entonces muchos más estudios y estudios sobre esos estudios, pero la solución definitiva que evite la destrucción de la ciudad es un tema que escapa el ámbito técnico o regulatorio para centrarse en el plano de las decisiones políticas que son las que podrían evitar el definitivo hundimiento de la ciudad.
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Que no se pierda Zaruma…
Zaruma, diciembre 19 de 2021.- La dirección de Comunicación Social del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) viene encargándose de sistematizar las acciones que impulsan los organismos del gobierno que se han desplazado hasta Zaruma para atender las necesidades que se derivan del hundimiento de una parte de esa ciudad.
Sabemos entonces que, en asuntos de agua segura, saneamiento y gestión de residuos, el GAD de Zaruma y el SNGRE gestionan la colocación de tubería superficial.
En materia de salud y atención prehospitalaria, el IESS de Zaruma confirma la asistencia de personal médico para ser parte de las brigadas de avanzada y de atención directa y que la Red Municipal de Salud de Machala acude con personal médico, enfermera y psicólogo.
La atención de primer nivel, laboratorio y citas agendadas se desarrollará en las instalaciones del Hospital Humberto Molina, detrás del Colegio San Juan Bosco. Por su parte, la Cruz Roja mantiene una ambulancia para brindar atención prehospitalaria y primeros auxilios psicológicos.
La Secretaría de Derechos Humanos apoya con personal para contención psicológica.
Según Gestión de Riesgos, la empresa Consulting Group brinda soporte con paramédico, enfermero y técnicos de enfermería conjuntamente con ambulancia de soporte vital avanzado.
Respecto a los servicios básicos esenciales, se han suspendido los servicios públicos que se brindan en el edificio del Municipio. La movilidad vehicular se encuentra limitada dentro del casco urbano afectado, se coordina con la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables inspecciones en labores mineras y dimensionamiento sobre estas y se ha encargado a CNEL colocar reflectores donde no existe iluminación.
Sabemos entonces que, en asuntos de agua segura, saneamiento y gestión de residuos, el GAD de Zaruma y el SNGRE gestionan la colocación de tubería superficial.
En materia de salud y atención prehospitalaria, el IESS de Zaruma confirma la asistencia de personal médico para ser parte de las brigadas de avanzada y de atención directa y que la Red Municipal de Salud de Machala acude con personal médico, enfermera y psicólogo.
La atención de primer nivel, laboratorio y citas agendadas se desarrollará en las instalaciones del Hospital Humberto Molina, detrás del Colegio San Juan Bosco. Por su parte, la Cruz Roja mantiene una ambulancia para brindar atención prehospitalaria y primeros auxilios psicológicos.
La Secretaría de Derechos Humanos apoya con personal para contención psicológica.
Según Gestión de Riesgos, la empresa Consulting Group brinda soporte con paramédico, enfermero y técnicos de enfermería conjuntamente con ambulancia de soporte vital avanzado.
Respecto a los servicios básicos esenciales, se han suspendido los servicios públicos que se brindan en el edificio del Municipio. La movilidad vehicular se encuentra limitada dentro del casco urbano afectado, se coordina con la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables inspecciones en labores mineras y dimensionamiento sobre estas y se ha encargado a CNEL colocar reflectores donde no existe iluminación.
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En el tema infraestructura, el equipo técnico del SNGRE realiza ensayos geofísicos en 90 metros de la calle Colón y Ernesto Castro lateral a la calle 9 de Octubre a fin de determinar resistividad de la roca en el sector. Dos edificios públicos, que se encuentran en la zona delimitada de afectación, suspendieron la atención al público por prevención y el Instituto de Investigación Geológico y Energético, el GAD Zaruma y una empresa privada realizan la evaluación geológica-geotécnica de la zona de subsidencia en la 9 de Octubre y 10 de Agosto, Colon, Ernesto Castro y 29 de Noviembre.
La labor relacionada con la provisión de alojamientos temporales y asistencia humanitaria está a cargo de la Mesa Técnica de Trabajo Nro. 4. Al cierre de esta edición se había dotado de 150 camas y 30 catres a los alojamientos, se había instalado la bodega de asistencia humanitaria para la atención del evento y la Cruz Roja de Machala brindaba atención a las personas afectadas.
Entre otras acciones se coordina con ADRA y ACNUR para complementar las acciones de asistencia humanitaria que se vaya a brindar a la población, en tanto que las Fuerzas Armadas brindan apoyo logístico al SNGRE en el traslado del socorro.
La labor relacionada con la provisión de alojamientos temporales y asistencia humanitaria está a cargo de la Mesa Técnica de Trabajo Nro. 4. Al cierre de esta edición se había dotado de 150 camas y 30 catres a los alojamientos, se había instalado la bodega de asistencia humanitaria para la atención del evento y la Cruz Roja de Machala brindaba atención a las personas afectadas.
Entre otras acciones se coordina con ADRA y ACNUR para complementar las acciones de asistencia humanitaria que se vaya a brindar a la población, en tanto que las Fuerzas Armadas brindan apoyo logístico al SNGRE en el traslado del socorro.
Sentencia constitucional conmociona al sector
Diciembre 13 de 2021.- La Cámara de Minería (CME) y diversos gremios empresariales empezaron -con retraso- una cruzada para evitar que se deteriore la imagen del Ecuador como país destino de inversiones después de que la Corte Constitucional dictara una sentencia que suspende las actividades del proyecto Río Magdalena, a cargo de una sociedad formada por Cornerstone y la estatal Enami EP.
Para empezar, Enami EP presentó un recurso de aclaración en el que se cuestiona los supuestos de la sentencia, su calidad de creadora de jurisprudencia vinculante, se califica de confuso el estándar seguido por los jueces para determinar la “certidumbre científica” y se advierte sobre los efectos que podría tener en la marcha económica del país.
La Procuraduría General del Estado y los pobladores de la zona en que se desarrollaba el proyecto minero, también han acudido a la Corte Constitucional para expresar su desacuerdo con la resolución.
Los CME dice que la sentencia es “un precedente peligroso que desborda las facultades de la Corte, reforma tácitamente el contenido de la Carta Magna, afecta al principio universal a la seguridad jurídica y expone al Estado a serias contingencias internacionales”.
En rueda de prensa convocada para fijar posición sobre el tema, la presidenta ejecutiva de la CME, María Eulalia Silva, no descartó que Cornerstone haga uso de su derecho a solicitar un arbitraje internacional.
“Con esta decisión la Corte desconoce los derechos que el mismo Estado otorgó a los concesionarios, quienes -confiando en la seguridad jurídica y en las legítimas expectativas que genera un estado de derecho- eligieron realizar ingentes inversiones en el Ecuador, un país que se mostraba como un sitio serio y seguro para invertir”, señaló la CME en un boletín de prensa.
“Los jueces de la Corte Constitucional no pueden atribuirse los roles de los otros poderes del Estado so pretexto de interpretar la Constitución. En especial, no pueden reemplazar a la autoridad ambiental regentada por el Ejecutivo y peor aún asumir el rol de legisladores universales”, afirmó.
Desde el punto de vista del gremio empresarial, “la minería es hoy el cuarto rubro de exportaciones, genera cientos de miles de empleos, contribuye con cientos de millones de dólares en impuestos y -sobre todo- constituye una alternativa de desarrollo para zonas remotas del país, en armonía con el ambiente y como aliado estratégico de la conservación”.
Destaca que después de la sentencia constitucional, la minería “está ahora seriamente amenazada por la inseguridad jurídica emanada de la mencionada sentencia de la Corte, en la que se violentan los derechos adquiridos de los concesionarios”.
Para empezar, Enami EP presentó un recurso de aclaración en el que se cuestiona los supuestos de la sentencia, su calidad de creadora de jurisprudencia vinculante, se califica de confuso el estándar seguido por los jueces para determinar la “certidumbre científica” y se advierte sobre los efectos que podría tener en la marcha económica del país.
La Procuraduría General del Estado y los pobladores de la zona en que se desarrollaba el proyecto minero, también han acudido a la Corte Constitucional para expresar su desacuerdo con la resolución.
Los CME dice que la sentencia es “un precedente peligroso que desborda las facultades de la Corte, reforma tácitamente el contenido de la Carta Magna, afecta al principio universal a la seguridad jurídica y expone al Estado a serias contingencias internacionales”.
En rueda de prensa convocada para fijar posición sobre el tema, la presidenta ejecutiva de la CME, María Eulalia Silva, no descartó que Cornerstone haga uso de su derecho a solicitar un arbitraje internacional.
“Con esta decisión la Corte desconoce los derechos que el mismo Estado otorgó a los concesionarios, quienes -confiando en la seguridad jurídica y en las legítimas expectativas que genera un estado de derecho- eligieron realizar ingentes inversiones en el Ecuador, un país que se mostraba como un sitio serio y seguro para invertir”, señaló la CME en un boletín de prensa.
“Los jueces de la Corte Constitucional no pueden atribuirse los roles de los otros poderes del Estado so pretexto de interpretar la Constitución. En especial, no pueden reemplazar a la autoridad ambiental regentada por el Ejecutivo y peor aún asumir el rol de legisladores universales”, afirmó.
Desde el punto de vista del gremio empresarial, “la minería es hoy el cuarto rubro de exportaciones, genera cientos de miles de empleos, contribuye con cientos de millones de dólares en impuestos y -sobre todo- constituye una alternativa de desarrollo para zonas remotas del país, en armonía con el ambiente y como aliado estratégico de la conservación”.
Destaca que después de la sentencia constitucional, la minería “está ahora seriamente amenazada por la inseguridad jurídica emanada de la mencionada sentencia de la Corte, en la que se violentan los derechos adquiridos de los concesionarios”.
Recurso de aclaración de Enami EP pide se
le permita solicitar nuevo registro ambiental
Diciembre 13 de 2021.- “Que la Corte Constitucional aclare que la Enami se encuentra plenamente facultada a solicitar un nuevo registro ambiental, previa realización de la consulta ambiental determinada en la sentencia”, propone el recurso de aclaración presentado por la minera estatal a la Corte Constitucional.
Señala además que la sentencia que prohíbe actividades mineras en el bosque protector Los Cedros no es clara sobre el alcance de sus efectos y resuelve sobre los puntos controvertidos de la acción extraordinaria de protección, prejuzgándola y dejando a la Enami EP en indefensión.
En otro de sus párrafos dice que la Corte “no ha ponderado los derechos constitucionales en colisión… para justificar por qué los derechos de la naturaleza, específicamente del Bosque Protector Los Cedros deben prevalecer sobre los derechos de los concesionarios mineros que tienen concesiones legalmente otorgadas que intersecan con bosques protectores”.
El recurso de Enami EP, que recoge los puntos de vista de las empresas mineras, agrega que el estándar de la sentencia sobre la certidumbre científica es confuso y vuelve inaplicable al principio de prevención.
Señala que no se comprende por qué la corte constitucional asume que las actividades mineras causan daños cuando al mismo tiempo afirma que no existe certidumbre científica sobre tales daños.
Entre otros puntos, Enami EP sostiene que la corte realiza una interpretación extensiva del artículo 407 de la Constitución, reformándola tácitamente y que la consulta ambiental no cabe en todas las fases mineras y no puede ser aplicada retroactivamente.
Dice también que la Corte Constitucional no puede reemplazar al Poder Ejecutivo, en particular, al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en asuntos sobre los que no tiene “competencia ni conocimiento”.
“La fundamentación de la sentencia es obscura… prohíbe todas las actividades mineras en el Bosque Protector Los Cedros, cuando lo lógico hubiese sido, de acuerdo con las reglas de motivación, suspender las actividades mineras hasta que se cumpla con el requisito de consulta ambiental que la sentencia acabó de crear”, explica Enami EP.
Al referirse a la solidez de los planteamientos de la Corte en torno a la certidumbre científica, afirma que la actividad minera es una actividad de vieja data, altamente regulada y con un marco normativo extenso.
“Si bien es cierto que no existen estudios científicos sobre el efecto de la minería en el Bosque Protector Los Cedros, debido a que anteriormente no se ha desarrollado actividades mineras en esa zona, sí existe evidencia científica sobre los efectos, los riesgos y las medidas de mitigación que deben ser aplicables a las actividades mineras, en cada una de sus fases”.
Plantea que esta situación ha sido reconocida por varios de los jueces constitucionales en sus votos salvados y concurrentes y cita los argumentos de las juezas Andrade y Salazar quienes en sus respectivos votos, reconocen que la minería no “es una actividad nueva o sobre la que no exista extensos estudios sobre los daños que pueda generar a las personas o a la naturaleza”.
Otro de los temas cuestionados por Enami EP tiene que ver con los alcances del conocimiento científico. Para la minera, los estudios científicos son realizados por regla general a un asunto, una hipótesis, un hecho y no a su aproximación a cada actividad humana específica, en un lugar determinado.
Ponen como ejemplo la evidencia científica que existe respecto de los efectos y riesgos de las actividades de agricultura o ganadería, que son las que más deforestación causan, “pero sería imposible que el estándar de certidumbre científica para estas actividades se fije con la presentación de un estudio científico, con probabilidades específicas y certeras para cada proyecto de agricultura o ganadería en el país”, aducen.
Señala además que la sentencia que prohíbe actividades mineras en el bosque protector Los Cedros no es clara sobre el alcance de sus efectos y resuelve sobre los puntos controvertidos de la acción extraordinaria de protección, prejuzgándola y dejando a la Enami EP en indefensión.
En otro de sus párrafos dice que la Corte “no ha ponderado los derechos constitucionales en colisión… para justificar por qué los derechos de la naturaleza, específicamente del Bosque Protector Los Cedros deben prevalecer sobre los derechos de los concesionarios mineros que tienen concesiones legalmente otorgadas que intersecan con bosques protectores”.
El recurso de Enami EP, que recoge los puntos de vista de las empresas mineras, agrega que el estándar de la sentencia sobre la certidumbre científica es confuso y vuelve inaplicable al principio de prevención.
Señala que no se comprende por qué la corte constitucional asume que las actividades mineras causan daños cuando al mismo tiempo afirma que no existe certidumbre científica sobre tales daños.
Entre otros puntos, Enami EP sostiene que la corte realiza una interpretación extensiva del artículo 407 de la Constitución, reformándola tácitamente y que la consulta ambiental no cabe en todas las fases mineras y no puede ser aplicada retroactivamente.
Dice también que la Corte Constitucional no puede reemplazar al Poder Ejecutivo, en particular, al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, en asuntos sobre los que no tiene “competencia ni conocimiento”.
“La fundamentación de la sentencia es obscura… prohíbe todas las actividades mineras en el Bosque Protector Los Cedros, cuando lo lógico hubiese sido, de acuerdo con las reglas de motivación, suspender las actividades mineras hasta que se cumpla con el requisito de consulta ambiental que la sentencia acabó de crear”, explica Enami EP.
Al referirse a la solidez de los planteamientos de la Corte en torno a la certidumbre científica, afirma que la actividad minera es una actividad de vieja data, altamente regulada y con un marco normativo extenso.
“Si bien es cierto que no existen estudios científicos sobre el efecto de la minería en el Bosque Protector Los Cedros, debido a que anteriormente no se ha desarrollado actividades mineras en esa zona, sí existe evidencia científica sobre los efectos, los riesgos y las medidas de mitigación que deben ser aplicables a las actividades mineras, en cada una de sus fases”.
Plantea que esta situación ha sido reconocida por varios de los jueces constitucionales en sus votos salvados y concurrentes y cita los argumentos de las juezas Andrade y Salazar quienes en sus respectivos votos, reconocen que la minería no “es una actividad nueva o sobre la que no exista extensos estudios sobre los daños que pueda generar a las personas o a la naturaleza”.
Otro de los temas cuestionados por Enami EP tiene que ver con los alcances del conocimiento científico. Para la minera, los estudios científicos son realizados por regla general a un asunto, una hipótesis, un hecho y no a su aproximación a cada actividad humana específica, en un lugar determinado.
Ponen como ejemplo la evidencia científica que existe respecto de los efectos y riesgos de las actividades de agricultura o ganadería, que son las que más deforestación causan, “pero sería imposible que el estándar de certidumbre científica para estas actividades se fije con la presentación de un estudio científico, con probabilidades específicas y certeras para cada proyecto de agricultura o ganadería en el país”, aducen.
PGE dice que no hubo votos
para precedente vinculante
Diciembre 13 de 2021.- La Procuraduría General del Estado sostuvo que la sentencia que prohíbe actividades mineras en el bosque Los Cedros no reúne los requisitos para ser considerada un precedente vinculante.
En el recurso de aclaración presentado ante la Corte Constitucional, afirma que si bien existieron los votos suficientes para que el Pleno de la Corte Constitucional adopte la decisión dentro del caso específico, el razonamiento o motivación de la decisión no cuenta con los votos suficientes para ser considerado un precedente vinculante en los términos previstos en la Constitución, la ley y la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Sería así porque, según la Procuraduría, para la generación de un precedente vinculante, es decir, para la formulación jurisprudencial de una nueva regla por parte del decisor, no solamente se requiere de al menos cinco votos a favor de la decisión que se adopte respecto al caso concreto, sino que además se requiere cinco votos a favor de la ratio decidendi en base a la cual se arribó a dicha decisión.
Y a juzgar por lo que se informa en la sentencia, esta habría sido “aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional con siete votos a favor de los jueces constitucionales Karla Andrade Quevedo (voto concurrente), Ramiro Ávila Santamaría, Agustín Grijalva Jiménez, Enrique Herrería Bonnet (voto concurrente), Alí Lozada Prado (voto concurrente), Daniela Salazar Marín (voto concurrente) y Hernán Salgado Pesantes; y, dos votos salvados de las juezas constitucionales Carmen Corral Ponce y Teresa Nuques Martínez”.
“Es decir, la sentencia fue aprobada con 3 votos a favor, 4 votos concurrentes y 2 votos salvados”, aclara el escrito de la Procuraduría General del Estado.
El texto presentado por la PGE recuerda que según el artículo 76, núm. 7 letra l de la Constitución, toda decisión judicial debe tener una motivación; dentro de esta, sin embargo, cabe distinguir la ratio decidendi, o sea, el conjunto de razones que son esenciales para la justificación de lo decidido.
Añade que el art. 38 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, señala que “los votos concurrentes son aquellos que muestran su acuerdo con la parte resolutiva del proyecto de sentencia o dictamen presentado por la jueza o juez sustanciadora, pero expresan discrepancia o exponen argumentos adicionales respecto a la fundamentación jurídica, sin que esto implique desacuerdo con la decisión”.
La PGE reconoce que los votos concurrentes se suman a los votos a favor para efectos de la toma de una decisión, pero no pueden ser tomados en cuenta al momento de formular un precedente jurisprudencial.
En el recurso de aclaración presentado ante la Corte Constitucional, afirma que si bien existieron los votos suficientes para que el Pleno de la Corte Constitucional adopte la decisión dentro del caso específico, el razonamiento o motivación de la decisión no cuenta con los votos suficientes para ser considerado un precedente vinculante en los términos previstos en la Constitución, la ley y la propia jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Sería así porque, según la Procuraduría, para la generación de un precedente vinculante, es decir, para la formulación jurisprudencial de una nueva regla por parte del decisor, no solamente se requiere de al menos cinco votos a favor de la decisión que se adopte respecto al caso concreto, sino que además se requiere cinco votos a favor de la ratio decidendi en base a la cual se arribó a dicha decisión.
Y a juzgar por lo que se informa en la sentencia, esta habría sido “aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional con siete votos a favor de los jueces constitucionales Karla Andrade Quevedo (voto concurrente), Ramiro Ávila Santamaría, Agustín Grijalva Jiménez, Enrique Herrería Bonnet (voto concurrente), Alí Lozada Prado (voto concurrente), Daniela Salazar Marín (voto concurrente) y Hernán Salgado Pesantes; y, dos votos salvados de las juezas constitucionales Carmen Corral Ponce y Teresa Nuques Martínez”.
“Es decir, la sentencia fue aprobada con 3 votos a favor, 4 votos concurrentes y 2 votos salvados”, aclara el escrito de la Procuraduría General del Estado.
El texto presentado por la PGE recuerda que según el artículo 76, núm. 7 letra l de la Constitución, toda decisión judicial debe tener una motivación; dentro de esta, sin embargo, cabe distinguir la ratio decidendi, o sea, el conjunto de razones que son esenciales para la justificación de lo decidido.
Añade que el art. 38 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, señala que “los votos concurrentes son aquellos que muestran su acuerdo con la parte resolutiva del proyecto de sentencia o dictamen presentado por la jueza o juez sustanciadora, pero expresan discrepancia o exponen argumentos adicionales respecto a la fundamentación jurídica, sin que esto implique desacuerdo con la decisión”.
La PGE reconoce que los votos concurrentes se suman a los votos a favor para efectos de la toma de una decisión, pero no pueden ser tomados en cuenta al momento de formular un precedente jurisprudencial.
Tomaron en cuenta derechos de la naturaleza
pero no los derechos humanos, dicen pobladores
Diciembre 13 de 2021.- Las comunidades del área de influencia del proyecto Río Magdalena y autoridades del GAD Parroquia Rural de García Moreno, consideran que la decisión de la Corte Constitucional que prohíbe las actividades del proyecto Río Magdalena toma en cuenta los derechos de la naturaleza pero no los derechos humanos de quienes habitan en el lugar.
En un recurso presentado ante la Corte, señalan que los jueces constitucionales hicieron un análisis sesgado de la situación.
“Hacen un amplio y extenso análisis de los derechos de la naturaleza, pero los escritos carecen de un análisis de los derechos humanos en los cuales nos sentimos vulnerados y quedamos en indefensión”, expresan.
La decisión de la Corte, según ellos, “no fue justa ni equitativa”.
“Somos los testigos y principales interesados en una sana gestión del bosque para conservar el futuro de la tierra, nosotros y nuestros hijos”, aclaran en el recurso que presentaron a la Corte.
Dicen que a ellos les consta “que no ha existido vulneración a los derechos de la naturaleza en el bosque protector Los Cedros”.
“Lo que sí nos consta es que los autodenominados ecologistas han vulnerado en varias ocasiones el bosque protector con infraestructura fija y móvil instalada y estamos seguros que no cuentan con permisos ni parámetros ambientales”, afirman.
Manifiestan además que son testigos de que en ningún momento ha sido afectado el derecho al agua y que tampoco se ha vulnerado el derecho a un ambiente sano de las comunidades.
“Son otras las causas que de una u otra forma están afectando el agua y la naturaleza”, explican.
Al respecto, dicen que el uso de químicos en la agricultura y las prácticas inadecuadas y tradicionales de la ganadería son las actividades que más afectan a la naturaleza.
“Además es muy preocupante que la explotación ilícita de minerales pueda avanzar hasta la zona como se hizo y todavía se hace en Buenos Aires, lo cual sí se constituirá en una vulneración grave”, sentenciaron.
En un recurso presentado ante la Corte, señalan que los jueces constitucionales hicieron un análisis sesgado de la situación.
“Hacen un amplio y extenso análisis de los derechos de la naturaleza, pero los escritos carecen de un análisis de los derechos humanos en los cuales nos sentimos vulnerados y quedamos en indefensión”, expresan.
La decisión de la Corte, según ellos, “no fue justa ni equitativa”.
“Somos los testigos y principales interesados en una sana gestión del bosque para conservar el futuro de la tierra, nosotros y nuestros hijos”, aclaran en el recurso que presentaron a la Corte.
Dicen que a ellos les consta “que no ha existido vulneración a los derechos de la naturaleza en el bosque protector Los Cedros”.
“Lo que sí nos consta es que los autodenominados ecologistas han vulnerado en varias ocasiones el bosque protector con infraestructura fija y móvil instalada y estamos seguros que no cuentan con permisos ni parámetros ambientales”, afirman.
Manifiestan además que son testigos de que en ningún momento ha sido afectado el derecho al agua y que tampoco se ha vulnerado el derecho a un ambiente sano de las comunidades.
“Son otras las causas que de una u otra forma están afectando el agua y la naturaleza”, explican.
Al respecto, dicen que el uso de químicos en la agricultura y las prácticas inadecuadas y tradicionales de la ganadería son las actividades que más afectan a la naturaleza.
“Además es muy preocupante que la explotación ilícita de minerales pueda avanzar hasta la zona como se hizo y todavía se hace en Buenos Aires, lo cual sí se constituirá en una vulneración grave”, sentenciaron.
Río Magdalena: El proyecto que no pudo ser
Diciembre 13 de 2021.- Cornerstone y la Empresa Nacional Minera, Enami EP, firmaron el 14 de junio de 2016 el Acuerdo de Colaboración e Inversión para el Desarrollo Conjunto de Proyectos de Exploración Minera y, al año siguiente, Enami obtuvo una serie de concesiones mineras en las provincias de Imbabura y Carchi, en la misma zona que las concesiones de Cascabel (SolGold / Cornerstone) y Llurimagua (Codelco / Enami).
Fueron nueve títulos de concesión por un total de alrededor de 42 000 hectáreas, sobre las que se extendían tres proyectos.
Uno de ellos, paralizado por decisión de la Corte Constitucional, es Río Magdalena. Los otros son Espejo y Playa Rica.
Río Magdalena fue identificado por Cornerstone y calificado como altamente prospectivo luego de un análisis exhaustivo de la información pública y privada disponible en ese momento.
Cuando se abrió el catastro, fue reservado por Cornerstone y después fue transferido a Enami.
Se trataba de 9.909 hectáreas en tres concesiones.
Allí se hicieron trabajos de exploración inicial y se tenía prevista la realización de una campaña de perforación en la modalidad que se permite en esa etapa. Se hizo un levantamiento magnético y radiométrico que permitió definir anomalías relacionadas con cuerpos magnéticos, estructuras, zonas alteradas y mineralizadas
Se recogieron 3801 muestras y se definieron patrones de alteración típicos de los sistemas de pórfido.
La exploración no pudo continuar por una decisión judicial. Ahora, una sentencia de la Corte Constitucional parece haber sellado definitivamente la suerte de este proyecto.
Fueron nueve títulos de concesión por un total de alrededor de 42 000 hectáreas, sobre las que se extendían tres proyectos.
Uno de ellos, paralizado por decisión de la Corte Constitucional, es Río Magdalena. Los otros son Espejo y Playa Rica.
Río Magdalena fue identificado por Cornerstone y calificado como altamente prospectivo luego de un análisis exhaustivo de la información pública y privada disponible en ese momento.
Cuando se abrió el catastro, fue reservado por Cornerstone y después fue transferido a Enami.
Se trataba de 9.909 hectáreas en tres concesiones.
Allí se hicieron trabajos de exploración inicial y se tenía prevista la realización de una campaña de perforación en la modalidad que se permite en esa etapa. Se hizo un levantamiento magnético y radiométrico que permitió definir anomalías relacionadas con cuerpos magnéticos, estructuras, zonas alteradas y mineralizadas
Se recogieron 3801 muestras y se definieron patrones de alteración típicos de los sistemas de pórfido.
La exploración no pudo continuar por una decisión judicial. Ahora, una sentencia de la Corte Constitucional parece haber sellado definitivamente la suerte de este proyecto.
Nuevo convenio por las jancheras
Diciembre 13 de 2021.- Para “promover la igualdad de género dentro de la minería artesanal y de pequeña escala” dos ministerios firmaron el compromiso orientado a reconocer el trabajo “de selección de minerales en escombreras”, es decir, el que realizan las jancheras.
El compromiso lo suscribieron el viceministerio de Minas del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, MERNNR; y la subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, MAATE.
Lo firmaron el 8 de diciembre como parte de las Jornadas Libres de Violencia promovidas por el gobierno en el marco de la campaña con motivo del Día de la No Violencia Contra la Mujer.
La idea, se informó, es viabilizar acciones para incorporar el jancheo en el Reglamento de la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva, LOECI.
Sobre el tema, el PNUD viene trabajando en varios países y en Ecuador lleva tiempo en estudios que concluyen en lo que todo el mundo ya sabe: que las jancheras son mujeres de oro puro, que si están en eso es porque son pobres o extremadamente pobres y porque la vida les ha dejado como única alternativa de sobrevivencia la “selección manual de desechos de mina”.
Según explicó la directora de Minería Artesanal, Ángela Arias, el 82,6 % de la población dedicada al jancheo no se encuentra afiliada a la seguridad social y tampoco cuenta con cobertura de salud.
“Por tanto, es un trabajo subestimado e invisibilizado, donde la falta de una estructura legal explícita ha limitado la ayuda y el fomento a estas actividades de parte de actores externos, principalmente estatales y de organismos internacionales”, dice una nota del ministerio.
Sobre el tema, el viceministro de Minas, Xavier Vera Grunauer, aseguró que: “hoy es el inicio de una gestión a largo plazo para cambiar esta situación, donde su trabajo sea reconocido, sean parte de la cadena de valor de la minería formal y puedan comercializar a precios justos”.
El viceministerio de Minas se comprometió a brindar el acompañamiento técnico - jurídico en las mesas de trabajo que se instalarán con la finalidad de generar instrumentos jurídicos en armonía con la legislación ambiental y minera vigente, para regular de forma eficiente los residuos mineros metalúrgicos tipo escombro, obtenidos en la actividad de jancheo.
Por su parte, el viceministerio de Ambiente se comprometió a participar en las mesas de trabajo y articular acciones con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables.
El oficial de Programas PNUD Ecuador, Mario Rodas, fue testigo de honor en la ceremonia oficial, a la que invitaron también a dos jancheras: Juana Tigre y Magdalena Rodríguez.
El compromiso lo suscribieron el viceministerio de Minas del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, MERNNR; y la subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, MAATE.
Lo firmaron el 8 de diciembre como parte de las Jornadas Libres de Violencia promovidas por el gobierno en el marco de la campaña con motivo del Día de la No Violencia Contra la Mujer.
La idea, se informó, es viabilizar acciones para incorporar el jancheo en el Reglamento de la Ley Orgánica de Economía Circular Inclusiva, LOECI.
Sobre el tema, el PNUD viene trabajando en varios países y en Ecuador lleva tiempo en estudios que concluyen en lo que todo el mundo ya sabe: que las jancheras son mujeres de oro puro, que si están en eso es porque son pobres o extremadamente pobres y porque la vida les ha dejado como única alternativa de sobrevivencia la “selección manual de desechos de mina”.
Según explicó la directora de Minería Artesanal, Ángela Arias, el 82,6 % de la población dedicada al jancheo no se encuentra afiliada a la seguridad social y tampoco cuenta con cobertura de salud.
“Por tanto, es un trabajo subestimado e invisibilizado, donde la falta de una estructura legal explícita ha limitado la ayuda y el fomento a estas actividades de parte de actores externos, principalmente estatales y de organismos internacionales”, dice una nota del ministerio.
Sobre el tema, el viceministro de Minas, Xavier Vera Grunauer, aseguró que: “hoy es el inicio de una gestión a largo plazo para cambiar esta situación, donde su trabajo sea reconocido, sean parte de la cadena de valor de la minería formal y puedan comercializar a precios justos”.
El viceministerio de Minas se comprometió a brindar el acompañamiento técnico - jurídico en las mesas de trabajo que se instalarán con la finalidad de generar instrumentos jurídicos en armonía con la legislación ambiental y minera vigente, para regular de forma eficiente los residuos mineros metalúrgicos tipo escombro, obtenidos en la actividad de jancheo.
Por su parte, el viceministerio de Ambiente se comprometió a participar en las mesas de trabajo y articular acciones con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables.
El oficial de Programas PNUD Ecuador, Mario Rodas, fue testigo de honor en la ceremonia oficial, a la que invitaron también a dos jancheras: Juana Tigre y Magdalena Rodríguez.
AIME destaca labor del viceministro Vera Grunauer
Diciembre 13 de 2021.- Un grupo de siete instituciones lideradas por la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, AIME, dirigió la semana pasada una carta al presidente Guillermo Lasso felicitándolo por su “enérgica y brillante gestión”.
“En pocos meses del Gobierno del Encuentro, se evidencia una evolución positiva que ha traído consigo una reactivación económica, producto del ambiente de seguridad jurídica, la atracción de inversiones nacionales y extranjeras, permitiéndonos señalar que se está cumpliendo de a poco el eslogan oficial “más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador”, se dice en el documento entregado en el Palacio de Carondelet.
La misiva remite al cargo político más importante del sector minero. “Lo felicitamos por la acertada designación del viceministro de Minas, Dr. Xavier Vera Grunauer, pues su conocimiento y experticia técnica -en el ámbito ingenieril de la geotecnia y minería-, asegura la dirección y manejo adecuado de las diferentes fases mineras de proyectos emblemáticos de minería industrial”.
Expresa además el sentimiento de los firmantes: “Hoy nos sentimos representados en demasía, debido a que los requerimientos del sector son atendidos oportunamente, de que existe un despacho ministerial de puertas abiertas y que promueve la transparencia en la construcción de la política pública, la misma que sienta sus bases en el diálogo y la participación activa de todos los actores relacionados con el sector productivo”.
La carta, que concluye señalando la importancia de la creación del Ministerio de Minería, fue firmada por la decana de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Escuela Politécnica del Litoral; Paola Romero, y el director de las carreras de Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial y Carrera de Minas de la Facultad de Energía y las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables de la Universidad Nacional de Loja, Julio Eduardo Romero.
También por representantes de la Corporación Ecuatoriana de Recursos y Reservas Minerales, de la Cámara Nacional de la Pequeña Minería, de la Asociación Coordinadora de la Mujer Minera y de los Productores y Exportadores Minero Metalúrgicos del Ecuador.
Respecto del tema de fondo, circuló en el sector la reflexión que transcribimos a continuación.
¿Respaldo y apoyo a qué?
¿A las declaraciones de Ecuador un “país minero”, cuando tenemos un país con un catastro minero cerrado por varios años?
¿Al cumplimiento del Plan de Acción para el Sector Minero y de sus acciones que se debieron ejecutar dentro de cien días, que se cumplieron el 13 de noviembre de 2021, y que se han cumplido?
¿A la excelente gestión política y legal realizada para defender los intereses del estado y la seguridad jurídica, ante una Corte Constitucional que resuelve que no se puede hacer actividad minera formal en un bosque protector y emite dictamen favorable para una consulta popular anti minera?
¿Acaso a la coordinación inter ministerial que ha permitido que las licencias ambientales, autorizaciones para uso de agua y los actos administrativos previos fluyan dentro de los tiempos previstos en la normativa?
¿Acaso a las oportunas, claras y categóricas acciones tomadas frente a la emisión de Ordenanzas Municipales por las cuales se declaran cantones libres de minería?
¿A la efectiva lucha contra la minería ilegal, tan efectiva que cada vez es mucho más frecuente escuchar decir que en este país es mucho más fácil y rentable ser minero ilegal que minero formal?
¿A la expedita tramitación de los procesos administrativos tanto en el MERNNR como en la ARC, donde los tramites en el mejor de los casos demoran varios meses, con cuellos de botella insalvables como una Dirección de Administración Minera -catastro minero- centralizada?
¿Acaso a la excelente administración -observada por la Contraloría- y defensa de los derechos mineros de la Enami EP donde continúan los de la década pasada que se dejan arrebatar las concesiones mineras incautadas a los Isaías y se les entrega a empresas de papel de Panamá, en desmedro de mineros nacionales?
“En pocos meses del Gobierno del Encuentro, se evidencia una evolución positiva que ha traído consigo una reactivación económica, producto del ambiente de seguridad jurídica, la atracción de inversiones nacionales y extranjeras, permitiéndonos señalar que se está cumpliendo de a poco el eslogan oficial “más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador”, se dice en el documento entregado en el Palacio de Carondelet.
La misiva remite al cargo político más importante del sector minero. “Lo felicitamos por la acertada designación del viceministro de Minas, Dr. Xavier Vera Grunauer, pues su conocimiento y experticia técnica -en el ámbito ingenieril de la geotecnia y minería-, asegura la dirección y manejo adecuado de las diferentes fases mineras de proyectos emblemáticos de minería industrial”.
Expresa además el sentimiento de los firmantes: “Hoy nos sentimos representados en demasía, debido a que los requerimientos del sector son atendidos oportunamente, de que existe un despacho ministerial de puertas abiertas y que promueve la transparencia en la construcción de la política pública, la misma que sienta sus bases en el diálogo y la participación activa de todos los actores relacionados con el sector productivo”.
La carta, que concluye señalando la importancia de la creación del Ministerio de Minería, fue firmada por la decana de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Escuela Politécnica del Litoral; Paola Romero, y el director de las carreras de Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial y Carrera de Minas de la Facultad de Energía y las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables de la Universidad Nacional de Loja, Julio Eduardo Romero.
También por representantes de la Corporación Ecuatoriana de Recursos y Reservas Minerales, de la Cámara Nacional de la Pequeña Minería, de la Asociación Coordinadora de la Mujer Minera y de los Productores y Exportadores Minero Metalúrgicos del Ecuador.
Respecto del tema de fondo, circuló en el sector la reflexión que transcribimos a continuación.
¿Respaldo y apoyo a qué?
¿A las declaraciones de Ecuador un “país minero”, cuando tenemos un país con un catastro minero cerrado por varios años?
¿Al cumplimiento del Plan de Acción para el Sector Minero y de sus acciones que se debieron ejecutar dentro de cien días, que se cumplieron el 13 de noviembre de 2021, y que se han cumplido?
¿A la excelente gestión política y legal realizada para defender los intereses del estado y la seguridad jurídica, ante una Corte Constitucional que resuelve que no se puede hacer actividad minera formal en un bosque protector y emite dictamen favorable para una consulta popular anti minera?
¿Acaso a la coordinación inter ministerial que ha permitido que las licencias ambientales, autorizaciones para uso de agua y los actos administrativos previos fluyan dentro de los tiempos previstos en la normativa?
¿Acaso a las oportunas, claras y categóricas acciones tomadas frente a la emisión de Ordenanzas Municipales por las cuales se declaran cantones libres de minería?
¿A la efectiva lucha contra la minería ilegal, tan efectiva que cada vez es mucho más frecuente escuchar decir que en este país es mucho más fácil y rentable ser minero ilegal que minero formal?
¿A la expedita tramitación de los procesos administrativos tanto en el MERNNR como en la ARC, donde los tramites en el mejor de los casos demoran varios meses, con cuellos de botella insalvables como una Dirección de Administración Minera -catastro minero- centralizada?
¿Acaso a la excelente administración -observada por la Contraloría- y defensa de los derechos mineros de la Enami EP donde continúan los de la década pasada que se dejan arrebatar las concesiones mineras incautadas a los Isaías y se les entrega a empresas de papel de Panamá, en desmedro de mineros nacionales?
Corte Constitucional suspende actividades
en proyecto río Magdalena
Diciembre 5 de 2021.- La Corte Constitucional del Ecuador declaró la vulneración de los derechos de la naturaleza del bosque protector Los Cedros y, dejó sin efecto el registro ambiental y permisos de agua otorgados para las concesiones Río Magdalena 01 y 02.
Sobre ambas concesiones se extiende el proyecto conocido como Río Magdalena, el mismo que es parte sustantiva de la alianza conformada por Cornerstone Ecuador S.A. y la estatal Empresa Nacional Minera, Enami EP, para explorar diversas zonas del país.
La sentencia desarrolla jurisprudencia vinculante sobre los derechos de la naturaleza, el derecho a un ambiente sano, el derecho al agua y a la consulta ambiental y, según se dijo durante el proceso, pone en riesgo la viabilidad de casi un cuarto de la superficie adjudicada a las empresas mineras.
La Corte Constitucional dispuso que Enami EP y sus empresas aliadas o asociadas deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad en el Bosque Protector Los Cedros.
También tendrán que retirar toda infraestructura que haya sido edificada con motivo de las concesiones Magdalena 01 y Magdalena 02, y permanezca dentro del bosque, si la hubiera y reforestar las zonas que hayan sido afectadas por dicha infraestructura y la apertura de senderos.
Además, dispone que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica adopte todas las medidas necesarias para preservar el respeto de los derechos de la naturaleza que le asisten al Bosque Protector Los Cedros.
“La presente sentencia, que se adopta de forma extraordinaria dentro de la facultad de revisión de la Corte Constitucional, es independiente, posterior a la decisión judicial bajo revisión; y debe prevalecer sobre todas las autorizaciones legales y reglamentarias otorgadas a la Enami EP y sus concesionarios”, dice la Corte.
Para adoptar la sentencia, señala la Corte, se constató a través de información científica, la biodiversidad del Bosque Protector Los Cedros y comprobó que dicho ecosistema, conforme la Constitución, es titular de los derechos a la existencia de las especies animales y vegetales, así como a mantener sus ciclos, estructura, funciones y proceso evolutivo.
La Corte dividió su análisis en los derechos de la naturaleza y el principio precautelatorio, el derecho al agua y a un ambiente sano y la consulta ambiental.
Determinó, en aplicación del principio precautorio, que las autorizaciones administrativas emitidas por la autoridad no contaron con estudios ni evidencia científica necesaria para evitar y mitigar daños graves e irreversibles para las especies y ecosistemas, y por tanto, a los derechos de la naturaleza, al agua y a un ambiente sano y equilibrado.
La Corte fue enfática en declarar que los derechos de la naturaleza, como todos los derechos establecidos en la Constitución ecuatoriana, tienen plena fuerza normativa y no constituyen únicamente ideales o declaraciones retóricas, sino mandatos jurídicos.
La Corte sostiene también que el principio precautorio es aplicable a la protección de los derechos de la naturaleza y profundizó en los elementos y las obligaciones que este principio constitucional conlleva para autoridades administrativas y judiciales.
En el caso concreto, concluye que dicho principio no fue observado al emitir los permisos ambientales para la actividad minera.
La Corte informó que analizó la aplicación de este principio en relación al derecho al agua, concluyendo que dada las características hídricas del ecosistema del Bosque Protector Los Cedros y el uso del agua para las comunidades aledañas, el Ministerio del Ambiente debió cumplir el principio precautorio y, consecuentemente, no permitir que se realice actividad minera en la zona.
Por otra parte, la Corte resolvió que la aplicación de la consulta ambiental debe observar los siguientes parámetros:
En su parte formal, la sentencia de la Corte Constitucional aceptó la acción de protección propuesta por el GAD Municipal de Cotacachi.
La Sala de Revisión para este caso estuvo conformada por la jueza Teresa Nuques Martínez y los jueces Agustín Grijalva Jiménez y Ramiro Ávila Santamaría. La decisión contó con los votos concurrentes de las juezas Karla Andrade Quevedo, Daniela Salazar Marín y de los jueces Enrique Herrería Bonnet y Alí Lozada Prado. La jueza constitucional Carmen Corral salvó su voto.
Sobre ambas concesiones se extiende el proyecto conocido como Río Magdalena, el mismo que es parte sustantiva de la alianza conformada por Cornerstone Ecuador S.A. y la estatal Empresa Nacional Minera, Enami EP, para explorar diversas zonas del país.
La sentencia desarrolla jurisprudencia vinculante sobre los derechos de la naturaleza, el derecho a un ambiente sano, el derecho al agua y a la consulta ambiental y, según se dijo durante el proceso, pone en riesgo la viabilidad de casi un cuarto de la superficie adjudicada a las empresas mineras.
La Corte Constitucional dispuso que Enami EP y sus empresas aliadas o asociadas deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad en el Bosque Protector Los Cedros.
También tendrán que retirar toda infraestructura que haya sido edificada con motivo de las concesiones Magdalena 01 y Magdalena 02, y permanezca dentro del bosque, si la hubiera y reforestar las zonas que hayan sido afectadas por dicha infraestructura y la apertura de senderos.
Además, dispone que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica adopte todas las medidas necesarias para preservar el respeto de los derechos de la naturaleza que le asisten al Bosque Protector Los Cedros.
“La presente sentencia, que se adopta de forma extraordinaria dentro de la facultad de revisión de la Corte Constitucional, es independiente, posterior a la decisión judicial bajo revisión; y debe prevalecer sobre todas las autorizaciones legales y reglamentarias otorgadas a la Enami EP y sus concesionarios”, dice la Corte.
Para adoptar la sentencia, señala la Corte, se constató a través de información científica, la biodiversidad del Bosque Protector Los Cedros y comprobó que dicho ecosistema, conforme la Constitución, es titular de los derechos a la existencia de las especies animales y vegetales, así como a mantener sus ciclos, estructura, funciones y proceso evolutivo.
La Corte dividió su análisis en los derechos de la naturaleza y el principio precautelatorio, el derecho al agua y a un ambiente sano y la consulta ambiental.
Determinó, en aplicación del principio precautorio, que las autorizaciones administrativas emitidas por la autoridad no contaron con estudios ni evidencia científica necesaria para evitar y mitigar daños graves e irreversibles para las especies y ecosistemas, y por tanto, a los derechos de la naturaleza, al agua y a un ambiente sano y equilibrado.
La Corte fue enfática en declarar que los derechos de la naturaleza, como todos los derechos establecidos en la Constitución ecuatoriana, tienen plena fuerza normativa y no constituyen únicamente ideales o declaraciones retóricas, sino mandatos jurídicos.
La Corte sostiene también que el principio precautorio es aplicable a la protección de los derechos de la naturaleza y profundizó en los elementos y las obligaciones que este principio constitucional conlleva para autoridades administrativas y judiciales.
En el caso concreto, concluye que dicho principio no fue observado al emitir los permisos ambientales para la actividad minera.
La Corte informó que analizó la aplicación de este principio en relación al derecho al agua, concluyendo que dada las características hídricas del ecosistema del Bosque Protector Los Cedros y el uso del agua para las comunidades aledañas, el Ministerio del Ambiente debió cumplir el principio precautorio y, consecuentemente, no permitir que se realice actividad minera en la zona.
Por otra parte, la Corte resolvió que la aplicación de la consulta ambiental debe observar los siguientes parámetros:
- la determinación del sujeto consultado debe ser la más amplia y democrática posible,
- la consulta es una obligación indelegable del Estado, que debe realizarse en acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y las autoridades de los gobiernos locales. Las empresas públicas no pueden ser sujetos consultantes,
- la consulta debe realizar al menos antes del otorgamiento del permiso ambiental y antes de la emisión de la licencia,
- debe cumplir, en todo lo que le sea aplicable, con los parámetros de la consulta previa, libre e informada,
- la falta de consulta ambiental deviene en la inejecutabilidad de la decisión o autorización estatal.
En su parte formal, la sentencia de la Corte Constitucional aceptó la acción de protección propuesta por el GAD Municipal de Cotacachi.
La Sala de Revisión para este caso estuvo conformada por la jueza Teresa Nuques Martínez y los jueces Agustín Grijalva Jiménez y Ramiro Ávila Santamaría. La decisión contó con los votos concurrentes de las juezas Karla Andrade Quevedo, Daniela Salazar Marín y de los jueces Enrique Herrería Bonnet y Alí Lozada Prado. La jueza constitucional Carmen Corral salvó su voto.
Vidas en peligro…
Diciembre 5 de 2021.- Tres ranas diminutas son las que están en el centro de la preocupación ambiental que, después de más de dos años de reflexiones, han provocado la suspensión de los permisos ambientales para la realización de trabajos exploratorios en el proyecto Río Magdalena, uno y dos. Se trata de la Rana de cristal, la Nodriza confusa y el Arlequín hocicudo, tres ranitas que están en peligro de extinción y según los científicos, sólo viven en Ecuador.
La Rana de Cristal es casi transparente y tiene los huesos de color verdoso. No tiene membranas entre los dedos y presenta manchas amarillas rodeadas a veces por un círculo negro. En el mundo académico se le conoce como Nymphargus manduriacu y existe mucho interés por saber de ella.
Otra de las ranas en peligro es la Nodriza confusa. De ella se sabe muy poco por eso que su nombre no hace referencia a ella sino a los científicos que están confundidos. Para la buena suerte (de la ranita) la Corte Constitucional ha paralizado en los hechos gran parte de las actividades que ponían su vida en peligro.
El Arlequín hocicudo ya estaba dado como desaparecido por la ciencia pero reapareció en Ecuador, en una zona con potencial minero, precisamente. Sobre el bosque en que vive este anfibio los jueces de Corte dicen que constituye un ecosistema con un número elevado de especies amenazadas, que es un ecosistema con especies únicas y raras, que su patrimonio genético es rico y desconocido y es, en realidad, un corredor para la biodiversidad.
Los interesados en ellos pueden encontrar abundantes referencias en los escritos y amicus curiae que constan en el expediente del Caso Nro. 1149-19-JP/21: Revisión de Sentencia de Acción de Protección Bosque Protector Los Cedros visto por la Corte Constitucional del Ecuador.
La Rana de Cristal es casi transparente y tiene los huesos de color verdoso. No tiene membranas entre los dedos y presenta manchas amarillas rodeadas a veces por un círculo negro. En el mundo académico se le conoce como Nymphargus manduriacu y existe mucho interés por saber de ella.
Otra de las ranas en peligro es la Nodriza confusa. De ella se sabe muy poco por eso que su nombre no hace referencia a ella sino a los científicos que están confundidos. Para la buena suerte (de la ranita) la Corte Constitucional ha paralizado en los hechos gran parte de las actividades que ponían su vida en peligro.
El Arlequín hocicudo ya estaba dado como desaparecido por la ciencia pero reapareció en Ecuador, en una zona con potencial minero, precisamente. Sobre el bosque en que vive este anfibio los jueces de Corte dicen que constituye un ecosistema con un número elevado de especies amenazadas, que es un ecosistema con especies únicas y raras, que su patrimonio genético es rico y desconocido y es, en realidad, un corredor para la biodiversidad.
Los interesados en ellos pueden encontrar abundantes referencias en los escritos y amicus curiae que constan en el expediente del Caso Nro. 1149-19-JP/21: Revisión de Sentencia de Acción de Protección Bosque Protector Los Cedros visto por la Corte Constitucional del Ecuador.
Decisión de la Corte Constitucional tendría impacto decisivo
Diciembre 5 de 2021.- De acuerdo cómo se desenvuelvan los acontecimientos, la sentencia de la Corte Constitucional prohibiendo la actividad minera en el bosque protector Los Cedros y creando jurisprudencia vinculante tendría impactos considerables en el desarrollo de los planes del sector minero.
En síntesis, según cifras oficiales se tiene que a nivel nacional son 541 derechos mineros, de un total de 5.964, los que se superponen con bosques y vegetación protectores.
Para el régimen de minería a gran escala se tiene una superficie acumulada de 446 731 hectáreas mineras divididas en un total de 112 derechos mineros, de las cuales 302 980 se superponen a bosques y vegetación protectores, lo que representa el 67,8%.
En el régimen de mediana minería el porcentaje es mayor. De 34 586 hectáreas mineras divididas en un total de 21 derechos mineros, 27 330 hectáreas, es decir, el 79%, están superpuestas.
Y en el régimen especial de pequeña minería, se otorgaron 158 derechos sobre una superficie acumulada de 75.026 hectáreas, de las cuales 47.396 hectáreas están superpuestas.
Dicho de otro modo, existen 541 derechos mineros que se superponen a 64 bosques y vegetación protectores en todo el Ecuador continental.
Tres de los 5 proyectos que gobiernos anteriores denominaron estratégicos se superponen a bosques y vegetación protectores: el veinte por ciento de la mina Fruta del Norte, el 84% del proyecto Loma Larga y el 76% de Río Blanco.
Dos de los 6 proyectos denominados de segunda generación están en la misma condición.
En síntesis, según cifras oficiales se tiene que a nivel nacional son 541 derechos mineros, de un total de 5.964, los que se superponen con bosques y vegetación protectores.
Para el régimen de minería a gran escala se tiene una superficie acumulada de 446 731 hectáreas mineras divididas en un total de 112 derechos mineros, de las cuales 302 980 se superponen a bosques y vegetación protectores, lo que representa el 67,8%.
En el régimen de mediana minería el porcentaje es mayor. De 34 586 hectáreas mineras divididas en un total de 21 derechos mineros, 27 330 hectáreas, es decir, el 79%, están superpuestas.
Y en el régimen especial de pequeña minería, se otorgaron 158 derechos sobre una superficie acumulada de 75.026 hectáreas, de las cuales 47.396 hectáreas están superpuestas.
Dicho de otro modo, existen 541 derechos mineros que se superponen a 64 bosques y vegetación protectores en todo el Ecuador continental.
Tres de los 5 proyectos que gobiernos anteriores denominaron estratégicos se superponen a bosques y vegetación protectores: el veinte por ciento de la mina Fruta del Norte, el 84% del proyecto Loma Larga y el 76% de Río Blanco.
Dos de los 6 proyectos denominados de segunda generación están en la misma condición.
Cornerstone pedirá aclaración
Diciembre 5 de 2021.- Conocida la decisión de la Corte Constitucional, la empresa Cornerstone Capital Resources Inc., socia de Enami EP en el proyecto Río Magdalena, informó que tenía conocimiento de la decisión y que la próxima semana presentará una petición al tribunal para que se aclare el efecto de la sentencia.
“Cornerstone está consultando con su asesor legal ecuatoriano, con Enami EP, con el Ministerio del Ambiente y con la Cámara de Minería para determinar qué derechos y recursos pueden tener Cornerstone y Enami EP, incluida la posibilidad de que la decisión de la Corte Constitucional permita una nueva solicitud de registro ambiental”, señaló la empresa.
Dijo también que Enami y su filial Cornerstone Ecuador S.A., CESA, tienen todos los permisos legalmente requeridos para realizar exploración en etapa inicial.
Que aunque no sea un requisito legal, CESA consultó a las comunidades de antemano, con la presencia de representantes de ME;
Afirma la empresa que ninguna de las tierras del Río Magdalena son tierras indígenas ancestrales, por lo que no se requiere consulta a los pueblos indígenas ni en virtud de la Constitución ni del Tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
“Enami EP y CESA cuentan con el fuerte apoyo de las comunidades”, dice la empresa en un comunicado.
“Cornerstone está consultando con su asesor legal ecuatoriano, con Enami EP, con el Ministerio del Ambiente y con la Cámara de Minería para determinar qué derechos y recursos pueden tener Cornerstone y Enami EP, incluida la posibilidad de que la decisión de la Corte Constitucional permita una nueva solicitud de registro ambiental”, señaló la empresa.
Dijo también que Enami y su filial Cornerstone Ecuador S.A., CESA, tienen todos los permisos legalmente requeridos para realizar exploración en etapa inicial.
Que aunque no sea un requisito legal, CESA consultó a las comunidades de antemano, con la presencia de representantes de ME;
Afirma la empresa que ninguna de las tierras del Río Magdalena son tierras indígenas ancestrales, por lo que no se requiere consulta a los pueblos indígenas ni en virtud de la Constitución ni del Tratado 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
“Enami EP y CESA cuentan con el fuerte apoyo de las comunidades”, dice la empresa en un comunicado.
La mayor riqueza del subsuelo
Noviembre 28 de 2021.- Con el lema “la mayor riqueza que se encuentra bajo el suelo es nuestra historia”, la compañía privada de investigación arqueológica, Invacma, participó en el XIII Expominas/XXI Ecuador Oil&Power presentando una perspectiva distinta de las actividades minero energéticas en el país.
Invacma instaló un llamativo stand en donde proyecciones digitales conocidas como hologramas despertaron la inquietud de los visitantes a la feria, que de esa manera protagonizaron un acercamiento vital a una parte del pasado ecuatoriano.
Voceros de Invacma señalaron que su presencia en el megaevento buscó difundir entre los asistentes las acciones que viene realizando para conservar la memoria histórica de los pueblos ancestrales, a través de la investigación científica y sistemática, y para contribuir al fortalecimiento de la identidad de la sociedad ecuatoriana y de su patrimonio.
En su stand difundieron los descubrimientos encontrados durante más de 40 años de labor en los diferentes sectores del país y se ratificó la importancia que tiene la arqueología en su tarea de proteger el patrimonio cultural del Ecuador.
La institución también ofreció dos conferencias temáticas sobre: “Evidencias de minería prehispánica en la Amazonia Sur del Ecuador” y “El marco jurídico de la industria minera y su relación con la arqueología”, temas que fueron sustentados por las doctoras María Aguilera y Fanny Figueroa, respectivamente.
“Invacma renueva su compromiso con el rescate y la protección del patrimonio y difunde los hallazgos con la colectividad”, afirmó su gerente, María Aguilera.
Invacma instaló un llamativo stand en donde proyecciones digitales conocidas como hologramas despertaron la inquietud de los visitantes a la feria, que de esa manera protagonizaron un acercamiento vital a una parte del pasado ecuatoriano.
Voceros de Invacma señalaron que su presencia en el megaevento buscó difundir entre los asistentes las acciones que viene realizando para conservar la memoria histórica de los pueblos ancestrales, a través de la investigación científica y sistemática, y para contribuir al fortalecimiento de la identidad de la sociedad ecuatoriana y de su patrimonio.
En su stand difundieron los descubrimientos encontrados durante más de 40 años de labor en los diferentes sectores del país y se ratificó la importancia que tiene la arqueología en su tarea de proteger el patrimonio cultural del Ecuador.
La institución también ofreció dos conferencias temáticas sobre: “Evidencias de minería prehispánica en la Amazonia Sur del Ecuador” y “El marco jurídico de la industria minera y su relación con la arqueología”, temas que fueron sustentados por las doctoras María Aguilera y Fanny Figueroa, respectivamente.
“Invacma renueva su compromiso con el rescate y la protección del patrimonio y difunde los hallazgos con la colectividad”, afirmó su gerente, María Aguilera.
AIME y WIM Ecuador realizaron jornada sobre
género, conectividad, gobernanza y minería
Noviembre 21 del 2021.- En el marco del convenio suscrito entre Women in Mining Ecuador, WIM-Ecuador; y la Asociación de Ingenieros en Minas del Ecuador, AIME, para desarrollar iniciativas que fomenten el liderazgo de estudiantes y profesionales mujeres en el sector minero, el pasado martes 16 se llevó a cabo el conversatorio “Minería que Conecta. Desarrollo, gobernanza y género”.
El evento se propuso abordar el tema de las telecomunicaciones, la conectividad y el gobierno digital como herramientas para el avance de la industria minera, con un enfoque en temas de responsabilidad social y género. A la reunión asistieron la ministra de Telecomunicaciones, Viana Maino; el viceministro de Minas, Xavier Vera Grunauer y de ejecutivos de muchas de las empresas del sector y de algunos gremios y universidades.
Durante el evento, se reconoció a las autoridades y a once compañías del sector privado. A
Lundin Gold por haber concretado el primer proyecto de conectividad en comunidades del
cantón Yantzaza; Al Grupo Lumina por haber presentar la ponencia para promover la conectividad con enfoque de género; a Yilport por haber compartido su experiencia sobre el desarrollo del primer puerto minero del Ecuador y a ISG por su colaboración para conectar a las empresas de servicios de la minería.
También se entregó un reconocimiento a Solaris por su modelo de proyecto comunitario responsable sostenible que vincula a las comunidades con la industria; a Curimining por compartir su experiencia en el desarrollo del Proyecto Curipamba; a Ecuacorriente por su participación en el evento; a Toachi por su participación y el apoyo que brinda a WIM y AIME.
Igualmente se destacó la labor de Espol por su apoyo para la realización del Programa Comunicacional Minería para todos; al señor Hassan Becdach por sus esfuerzos constantes por conectar a los principales actores de la industria minera y a Lucila Ortega, presidenta de la Coordinación de la Mujer Minera, por su labor en beneficio de las mujeres que laboran en pequeña minería.
El evento se propuso abordar el tema de las telecomunicaciones, la conectividad y el gobierno digital como herramientas para el avance de la industria minera, con un enfoque en temas de responsabilidad social y género. A la reunión asistieron la ministra de Telecomunicaciones, Viana Maino; el viceministro de Minas, Xavier Vera Grunauer y de ejecutivos de muchas de las empresas del sector y de algunos gremios y universidades.
Durante el evento, se reconoció a las autoridades y a once compañías del sector privado. A
Lundin Gold por haber concretado el primer proyecto de conectividad en comunidades del
cantón Yantzaza; Al Grupo Lumina por haber presentar la ponencia para promover la conectividad con enfoque de género; a Yilport por haber compartido su experiencia sobre el desarrollo del primer puerto minero del Ecuador y a ISG por su colaboración para conectar a las empresas de servicios de la minería.
También se entregó un reconocimiento a Solaris por su modelo de proyecto comunitario responsable sostenible que vincula a las comunidades con la industria; a Curimining por compartir su experiencia en el desarrollo del Proyecto Curipamba; a Ecuacorriente por su participación en el evento; a Toachi por su participación y el apoyo que brinda a WIM y AIME.
Igualmente se destacó la labor de Espol por su apoyo para la realización del Programa Comunicacional Minería para todos; al señor Hassan Becdach por sus esfuerzos constantes por conectar a los principales actores de la industria minera y a Lucila Ortega, presidenta de la Coordinación de la Mujer Minera, por su labor en beneficio de las mujeres que laboran en pequeña minería.
WIM Ecuador avanza encuesta sobre
participación femenina en minería
Noviembre, 21 del 2021.- El capítulo local de Women in Mining, WIM Ecuador, formalizó su adhesión a la iniciativa EITI en la implementación del eje de género en la industria minera. También formalizó posibles colaboraciones conjuntas y el Grupo Multipartícipe aceptó su candidatura como parte del grupo de la industria.
Como parte de esta alianza, WIM Ecuador solicitó financiamiento para realizar una encuesta y levantar información estadística sobre el número de mujeres que trabajan en la minería en Ecuador y las funciones que cada una desempeña. Por ese motivo nace el proyecto estratégico: Encuesta empleo y mujeres en el sector extractivo.
Este proyecto permitirá crear una línea base para determinar ejes de acción y posibles proyectos para mantener y promover la participación de la mujer en minería. Su financiamiento fue aprobado por el GMP del EITI y se realizará con fondos de EITI y PADF.
Actualmente, el proyecto está a cargo de WIM Ecuador, quien de la mano de expertos y la empresa de Asesoramiento Estratégico, Actuaria, diseñaron la primera encuesta de género en la industria minera ecuatoriana.
El lanzamiento de esta iniciativa se realizó el martes 9 de noviembre y allí se anunció que son 27 las compañías que han accedido a participar. Ellas son Newcrest Ecuador S.A., BHP, Core Gold Inc - Titan Minerals, Ecuador Fortescue S.A., Lundin Gold, Exploraciones Novomining S.A., Carnegie Ridge Resources S.A, Green Rock Resources Grr S.A., Codelco - Emsaec, Challenger Exploration, Torata Mining, Llaktawayku S.A., Explo Rumiñahui, Curi Mining, Curipamba, Adventus, Lucky Minerals, Odin Mining del Ecuador S.A, Luminex Resources, Proyectmin S.A., Lumina Gold, Toachi Mining, Compañía Minera La Plata S.A., Atico Mining, Ecuacorrientes S.A, Explorcobres S.A., Midasmine S.A. y Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A., matriz de Solaris Resources.
Los resultados de la encuesta se darán a conocer en enero del próximo año.
Como parte de esta alianza, WIM Ecuador solicitó financiamiento para realizar una encuesta y levantar información estadística sobre el número de mujeres que trabajan en la minería en Ecuador y las funciones que cada una desempeña. Por ese motivo nace el proyecto estratégico: Encuesta empleo y mujeres en el sector extractivo.
Este proyecto permitirá crear una línea base para determinar ejes de acción y posibles proyectos para mantener y promover la participación de la mujer en minería. Su financiamiento fue aprobado por el GMP del EITI y se realizará con fondos de EITI y PADF.
Actualmente, el proyecto está a cargo de WIM Ecuador, quien de la mano de expertos y la empresa de Asesoramiento Estratégico, Actuaria, diseñaron la primera encuesta de género en la industria minera ecuatoriana.
El lanzamiento de esta iniciativa se realizó el martes 9 de noviembre y allí se anunció que son 27 las compañías que han accedido a participar. Ellas son Newcrest Ecuador S.A., BHP, Core Gold Inc - Titan Minerals, Ecuador Fortescue S.A., Lundin Gold, Exploraciones Novomining S.A., Carnegie Ridge Resources S.A, Green Rock Resources Grr S.A., Codelco - Emsaec, Challenger Exploration, Torata Mining, Llaktawayku S.A., Explo Rumiñahui, Curi Mining, Curipamba, Adventus, Lucky Minerals, Odin Mining del Ecuador S.A, Luminex Resources, Proyectmin S.A., Lumina Gold, Toachi Mining, Compañía Minera La Plata S.A., Atico Mining, Ecuacorrientes S.A, Explorcobres S.A., Midasmine S.A. y Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A., matriz de Solaris Resources.
Los resultados de la encuesta se darán a conocer en enero del próximo año.
Centro de diálogo inició labores en Ecuador
Noviembre 21 del 2021.- Ya está en Ecuador el mediador profesional y consultor en negociaciones y procesos de consenso, coach en gestión de negociaciones complejas y resolución de conflictos, Luis Oré, decidido a brindar su experiencia y expertise al sector minero ecuatoriano.
Luis Oré es director ejecutivo de ORASI Consulting Group de Estados Unidos y llega al país de la mano de LIDS Ecuador, creado por la doctora Elisa Morán; y juntos han constituido la organización Centro De Diálogo Valor Compartido y Vialidad Social Construyendo Consensos.
Los inspiradores de Centro de diálogo consideran que para hacer realidad las metas del gobierno en materia de inversión, es decir, lograr que el país capte 30 mil millones de dólares en los próximos años, se requieren generar condiciones para el consenso y espacios en los que se puedan abordar múltiples intereses más allá de las posiciones y demandas que puedan tener los actores.
Dice Luis Oré que las actividades mineras en Latinoamérica enfrentan situaciones de desconfianza y conflictos locales vinculados a impactos ambientales y culturales, protección de territorios ancestrales, reubicación de poblaciones, distribución de beneficios económicos, demandas de consulta previa y limitada participación en la toma de decisiones, entre otros problemas que son potencialmente fuente de conflictos que pueden evitarse.
“Poblaciones locales buscan ser genuinamente escuchadas y existen diversos proyectos demorados o bloqueados; por lo tanto, construir confianza y factibilidad social de proyectos de Inversión es clave para generar beneficios para empresas, comunidades y el Estado”, advierte Oré.
Desde su perspectiva, “es necesario generar una dinámica diferente para convertir a empresas, comunidades y Estado en aliados estratégicos para lograr el éxito empresarial, la prosperidad social y el desarrollo territorial compartido”.
“Necesitamos un espacio seguro, neutral e independiente para convocar y facilitar procesos de involucramiento y consenso con beneficios para todos”, remarca.
El Centro De Diálogo Valor Compartido y Vialidad Social Construyendo Consensos Ecuador va a contribuir con servicios de gestión social y resolución de conflictos con diversos grupos de interés - incluyendo organizaciones sociales e indígenas, así como gobiernos en diferentes niveles - para generar consensos, prevenir conflictos, fortalecer relaciones y resolver diferencias con beneficios para todos.
Al respecto, tres desafíos deben ser considerados: En primer lugar, los desafíos en el sector extractivo-energético, construcción y proyectos de Inversión con múltiples actores y sus diversos conflictos sociales.
Los desafíos en la gestión de diferencias, controversias y conflictos organizacionales y laborales constituyen un segundo tipo de retos a encarar en el plano de las relaciones sociales.
Y los desafíos en la gobernabilidad, en la gobernanza, y en la gestión de gobierno, que están vinculados a responsabilidades y competencias, política pública concertada y desarrollo local, dilemas entre el sector privado y la población gobernada, y capacidades de intervención estratégica.
“Estos tres desafíos necesitan el conocimiento, la experiencia y el expertise que brindamos desde el Centro de Diálogo valor compartido y viabilidad social construyendo consensos”, enfatiza Oré.
Hasta poco antes de venir a Ecuador, Luis Oré se desempeñó como Subsecretario de Gestión del Diálogo de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM -Presidencia del Consejo de Ministros de Perú- durante el gobierno de transición y emergencia de la administración del presidente Francisco Sagasti.
En Ecuador sirvió como el mediador que generó las condiciones necesarias e inició el proceso de diálogo que resultó en un proceso de entendimiento compartido con el resultado de un acuerdo entre las comunidades Shuar Warintz y Yawi y empresa minera canadiense para hacer exploración conjunta y minería participativa, hoy conocido como el Modelo Warintza, en la provincia de Morona Santiago en la Región Amazónica del Ecuador.
Luis Oré es director ejecutivo de ORASI Consulting Group de Estados Unidos y llega al país de la mano de LIDS Ecuador, creado por la doctora Elisa Morán; y juntos han constituido la organización Centro De Diálogo Valor Compartido y Vialidad Social Construyendo Consensos.
Los inspiradores de Centro de diálogo consideran que para hacer realidad las metas del gobierno en materia de inversión, es decir, lograr que el país capte 30 mil millones de dólares en los próximos años, se requieren generar condiciones para el consenso y espacios en los que se puedan abordar múltiples intereses más allá de las posiciones y demandas que puedan tener los actores.
Dice Luis Oré que las actividades mineras en Latinoamérica enfrentan situaciones de desconfianza y conflictos locales vinculados a impactos ambientales y culturales, protección de territorios ancestrales, reubicación de poblaciones, distribución de beneficios económicos, demandas de consulta previa y limitada participación en la toma de decisiones, entre otros problemas que son potencialmente fuente de conflictos que pueden evitarse.
“Poblaciones locales buscan ser genuinamente escuchadas y existen diversos proyectos demorados o bloqueados; por lo tanto, construir confianza y factibilidad social de proyectos de Inversión es clave para generar beneficios para empresas, comunidades y el Estado”, advierte Oré.
Desde su perspectiva, “es necesario generar una dinámica diferente para convertir a empresas, comunidades y Estado en aliados estratégicos para lograr el éxito empresarial, la prosperidad social y el desarrollo territorial compartido”.
“Necesitamos un espacio seguro, neutral e independiente para convocar y facilitar procesos de involucramiento y consenso con beneficios para todos”, remarca.
El Centro De Diálogo Valor Compartido y Vialidad Social Construyendo Consensos Ecuador va a contribuir con servicios de gestión social y resolución de conflictos con diversos grupos de interés - incluyendo organizaciones sociales e indígenas, así como gobiernos en diferentes niveles - para generar consensos, prevenir conflictos, fortalecer relaciones y resolver diferencias con beneficios para todos.
Al respecto, tres desafíos deben ser considerados: En primer lugar, los desafíos en el sector extractivo-energético, construcción y proyectos de Inversión con múltiples actores y sus diversos conflictos sociales.
Los desafíos en la gestión de diferencias, controversias y conflictos organizacionales y laborales constituyen un segundo tipo de retos a encarar en el plano de las relaciones sociales.
Y los desafíos en la gobernabilidad, en la gobernanza, y en la gestión de gobierno, que están vinculados a responsabilidades y competencias, política pública concertada y desarrollo local, dilemas entre el sector privado y la población gobernada, y capacidades de intervención estratégica.
“Estos tres desafíos necesitan el conocimiento, la experiencia y el expertise que brindamos desde el Centro de Diálogo valor compartido y viabilidad social construyendo consensos”, enfatiza Oré.
Hasta poco antes de venir a Ecuador, Luis Oré se desempeñó como Subsecretario de Gestión del Diálogo de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM -Presidencia del Consejo de Ministros de Perú- durante el gobierno de transición y emergencia de la administración del presidente Francisco Sagasti.
En Ecuador sirvió como el mediador que generó las condiciones necesarias e inició el proceso de diálogo que resultó en un proceso de entendimiento compartido con el resultado de un acuerdo entre las comunidades Shuar Warintz y Yawi y empresa minera canadiense para hacer exploración conjunta y minería participativa, hoy conocido como el Modelo Warintza, en la provincia de Morona Santiago en la Región Amazónica del Ecuador.
Tercer encuentro contra las actividades mineras
Noviembre 14 de 2021.- En la parroquia Las Pampas del cantón Sigchos, en la provincia de Cotopaxi, el pasado 13 de noviembre se realizó el Tercer Encuentro Nacional contra el Despojo Minero, una reunión en la que participaron unas trescientas personas con la finalidad de consolidar un frente que se oponga a las actividades extractivas.
Al encuentro asistieron también autoridades electas por votación popular de algunas de las localidades en las que la población ha tomado partido frente a las operaciones que se están realizando -o se van a realizar-, en sus territorios.
Dirigentes de las organizaciones del movimiento indígena, tanto local como provincial y nacional, también estuvieron presentes en el encuentro.
Ya en la parte medular de la reunión, los asistentes insistieron en la necesidad de unir a comunidades, pueblos y nacionalidades en torno a un programa que defienda las viviendas y el trabajo agrícola y ganadero, que se consideran pueden ser afectados por las labores de las empresas mineras y petroleras.
La defensa de las fuentes de agua y de su calidad en la naturaleza, también fue una constante en las intervenciones de las personas que estuvieron en la cita.
En el Tercer Encuentro Nacional contra el Despojo Minero se rechazaron las acciones violentas y defendió la necesidad de reforzar el diálogo entre todos los actores involucrados con la protección de la cultura, la vida y el territorio de los pueblos indígenas, así como también se recomendó la limpia -a la usanza ancestral- en algunas parroquias.
Al encuentro asistieron también autoridades electas por votación popular de algunas de las localidades en las que la población ha tomado partido frente a las operaciones que se están realizando -o se van a realizar-, en sus territorios.
Dirigentes de las organizaciones del movimiento indígena, tanto local como provincial y nacional, también estuvieron presentes en el encuentro.
Ya en la parte medular de la reunión, los asistentes insistieron en la necesidad de unir a comunidades, pueblos y nacionalidades en torno a un programa que defienda las viviendas y el trabajo agrícola y ganadero, que se consideran pueden ser afectados por las labores de las empresas mineras y petroleras.
La defensa de las fuentes de agua y de su calidad en la naturaleza, también fue una constante en las intervenciones de las personas que estuvieron en la cita.
En el Tercer Encuentro Nacional contra el Despojo Minero se rechazaron las acciones violentas y defendió la necesidad de reforzar el diálogo entre todos los actores involucrados con la protección de la cultura, la vida y el territorio de los pueblos indígenas, así como también se recomendó la limpia -a la usanza ancestral- en algunas parroquias.
ARC decomisa maquinaria en Napo
Noviembre 7 de 2021.- La madrugada del sábado seis de noviembre los funcionarios de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en coordinación con efectivos de la Policía Nacional, ejecutaron un operativo de intervención a mineros no formales en la provincia de Napo.
La intervención se realizó de manera combinada, por vía terrestre y fluvial, en el sector de Yutsupino, en el cantón Tena.
La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables realizó la identificación de la extracción ilícita de recursos mineros en área libre para la obtención de grava aurífera y detuvo a cuatro personas que participaban en las operaciones.
Además intervino dos retroexcavadoras, dos clasificadoras tipo Z y un generador eléctrico, equipos que quedaron inhabilitados y marcados con señalética indicando que estaba prohibida su operación. Tres de ellos son de nacionalidad ecuatoriana y tienen 24, 25 y 47 años. El cuarto es una persona de 29 años nacida en Colombia.
En su comunicado de prensa, la ARC señala que “estas acciones contribuyen a la erradicación de la minería ilegal en el país, conforme lo dispone el Decreto 151, que establece la política del sector minero”.
La intervención se realizó de manera combinada, por vía terrestre y fluvial, en el sector de Yutsupino, en el cantón Tena.
La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables realizó la identificación de la extracción ilícita de recursos mineros en área libre para la obtención de grava aurífera y detuvo a cuatro personas que participaban en las operaciones.
Además intervino dos retroexcavadoras, dos clasificadoras tipo Z y un generador eléctrico, equipos que quedaron inhabilitados y marcados con señalética indicando que estaba prohibida su operación. Tres de ellos son de nacionalidad ecuatoriana y tienen 24, 25 y 47 años. El cuarto es una persona de 29 años nacida en Colombia.
En su comunicado de prensa, la ARC señala que “estas acciones contribuyen a la erradicación de la minería ilegal en el país, conforme lo dispone el Decreto 151, que establece la política del sector minero”.
Pobladores apedrean vehículo de empresa minera
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Noviembre 7 de 2021.- Un vehículo de la empresa Natural Resources, una filial del grupo Salazar, fue apedreado el pasado 4 de noviembre al pasar por la comuna de Ingapi, en la parroquia San Francisco de Pachijal, cantón Pacto; por pobladores que dicen ampararse en el Art. 98 de la Constitución y estar ejerciendo su derecho a la resistencia.
En su acción de protesta, los manifestantes rompieron el parabrisas y las ventanas laterales, destrozaron llantas y carrocería de la camioneta y amedrentaron a las autoridades y profesionales de la empresa minera que recorrían la zona para una inspección de las concesiones.
Según el parte levantado por efectivos de la Policía Nacional, eran funcionarios de la Defensoría Pública, de la Agencia de Regulación y Control y de los ministerios del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y de Energía y Recursos Naturales No Renovables los que inspeccionaban la concesión.
En la camioneta conducida por Jaime Acuña iban Joshua Montes, Max Silva, Rodman Salazar y el ingeniero geólogo Santiago Oña, quien fue amenazado de muerte.
En otro vehículo, conducido por Vinicio Mena, se trasladaban Alba Romero y Fausto Coronado, quienes también fueron agredidos.
Los pobladores justifican la radicalización de su protesta argumentando que desde hace casi un año tienen bajo su cuidado más de 3.500 sacos conteniendo material mineralizado extraído de manera irregular en los alrededores de sus viviendas y que por ello han solicitado al Estado que los ministerios del Ambiente, de Energía y de la Agencia de Regulación y Control inspeccionen el lugar.
Dicen además que reconocen la labor de la Defensoría del Pueblo por su accionar velando los derechos humanos y de la naturaleza.
En su acción de protesta, los manifestantes rompieron el parabrisas y las ventanas laterales, destrozaron llantas y carrocería de la camioneta y amedrentaron a las autoridades y profesionales de la empresa minera que recorrían la zona para una inspección de las concesiones.
Según el parte levantado por efectivos de la Policía Nacional, eran funcionarios de la Defensoría Pública, de la Agencia de Regulación y Control y de los ministerios del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y de Energía y Recursos Naturales No Renovables los que inspeccionaban la concesión.
En la camioneta conducida por Jaime Acuña iban Joshua Montes, Max Silva, Rodman Salazar y el ingeniero geólogo Santiago Oña, quien fue amenazado de muerte.
En otro vehículo, conducido por Vinicio Mena, se trasladaban Alba Romero y Fausto Coronado, quienes también fueron agredidos.
Los pobladores justifican la radicalización de su protesta argumentando que desde hace casi un año tienen bajo su cuidado más de 3.500 sacos conteniendo material mineralizado extraído de manera irregular en los alrededores de sus viviendas y que por ello han solicitado al Estado que los ministerios del Ambiente, de Energía y de la Agencia de Regulación y Control inspeccionen el lugar.
Dicen además que reconocen la labor de la Defensoría del Pueblo por su accionar velando los derechos humanos y de la naturaleza.
Enami EP y Cornerstone firman acuerdo con GAD El Chical
Octubre 24 de 2021.- La Empresa Nacional Minera Enami EP y Cornerstone Ecuador S.A., firmaron un convenio de cooperación con el Gobierno Autónomo Descentralizado de El Chical, en virtud del cual se concretó la entrega de una máquina excavadora bajo la figura de comodato.
Este acuerdo permitió iniciar los trabajos de apertura de la vía de 25 kilómetros que unirá al sector de Río Blanco con San Marcos y favorecerá al desarrollo de la comunidad indígena “Awa”, facilitando la comercialización de productos y posibilitando la libre movilidad de sus pobladores.
Enami EP considera parte de su labor comprometerse con el progreso de las comunidades asentadas en zonas aledañas a los proyectos mineros, en este caso, el proyecto Espejo, ubicado en la provincia del Carchi. Por ello es que desde el año pasado ha facilitado la maquinaria que ha permitido mejorar accesos viales, construir puentes, limpiar canales de agua, desarrollar obras para agricultura y piscicultura y construir canchas deportivas, entre otros trabajos.
Los pobladores que han aprovechado estas mejoras pertenecen a las comunidades de Río Verde, Obando, La Esperanza, Las Palmeras, entre otras ubicadas en la parroquia El Chical, la segunda más grande del cantón Tulcán.
El año 2020, Enami EP firmó también un acuerdo de comodato con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de García Moreno del cantón Cotacachi, en cuyo marco se entregó maquinaria pesada para trabajos viales en la zona de influencia del proyecto Río Magdalena.
Dicho acuerdo facilitó el trabajo de ensanchamiento, reconformación y reacomodación de las vías que conectan a las comunidades Brilla Sol, El Paraíso y Magdalena Alto, en Imbabura, que beneficiaron a los habitantes de la parroquia García Moreno.
Este acuerdo permitió iniciar los trabajos de apertura de la vía de 25 kilómetros que unirá al sector de Río Blanco con San Marcos y favorecerá al desarrollo de la comunidad indígena “Awa”, facilitando la comercialización de productos y posibilitando la libre movilidad de sus pobladores.
Enami EP considera parte de su labor comprometerse con el progreso de las comunidades asentadas en zonas aledañas a los proyectos mineros, en este caso, el proyecto Espejo, ubicado en la provincia del Carchi. Por ello es que desde el año pasado ha facilitado la maquinaria que ha permitido mejorar accesos viales, construir puentes, limpiar canales de agua, desarrollar obras para agricultura y piscicultura y construir canchas deportivas, entre otros trabajos.
Los pobladores que han aprovechado estas mejoras pertenecen a las comunidades de Río Verde, Obando, La Esperanza, Las Palmeras, entre otras ubicadas en la parroquia El Chical, la segunda más grande del cantón Tulcán.
El año 2020, Enami EP firmó también un acuerdo de comodato con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de García Moreno del cantón Cotacachi, en cuyo marco se entregó maquinaria pesada para trabajos viales en la zona de influencia del proyecto Río Magdalena.
Dicho acuerdo facilitó el trabajo de ensanchamiento, reconformación y reacomodación de las vías que conectan a las comunidades Brilla Sol, El Paraíso y Magdalena Alto, en Imbabura, que beneficiaron a los habitantes de la parroquia García Moreno.
Un millón de dólares para innovadores de la minería artesanal
Octubre 24 de 2021.- Más de US$1 millón en premios y fondos para apoyar a las innovaciones que hagan más limpias y eficientes las operaciones de la minería aurífera, artesanal o de pequeña escala, serán entregados a los ganadores de El Gran Reto de la Minería Artesanal: la Amazonía, o “el reto” simplemente, que organizan Conservation X Labs (CXL).
Ellos cuentan con el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Fundación Gordon y Betty Moore, Microsoft y ESRI, la aportación técnica del Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia) y la ejecución estratégica del Proyecto Prevenir de Usaid/Perú - Combatiendo los delitos ambientales (Prevenir).
“El reto” es una convocatoria mundial que busca encontrar innovaciones en prototipo o fase de prueba que resguarden los ecosistemas, prevengan, remedien y restauren los impactos de la MAPE aurífera en las zonas mineras que afectan a la biodiversidad, los recursos hídricos y la salud humana.
También que optimicen las cadenas de suministro responsables para aumentar la transparencia y la trazabilidad, y que permitan una compra de oro ambientalmente responsable y socialmente equitativa desde el punto de origen hasta su venta final.
Se premiará además a las ideas que fomenten y mantengan la formalización de los mineros en el sector de la MAPE aurífera para establecer normas de protección del medio ambiente y la sociedad, así como para hacer cumplir dichas normas.
El objetivo del Reto es otorgar a los innovadores más prometedores, financiamiento y apoyo para ayudar a que sus innovaciones tengan un impacto medioambiental y social, sean financieramente sostenibles y se implementen en una escala grande.
Según los organizadores, participar en “el reto” supone una serie de beneficios que van más allá del financiamiento y los premios económicos. Los innovadores tendrán acceso a una red de expertos y líderes en el sector y la oportunidad de conocer y aprender de otros colegas que trabajan con productos y herramientas de vanguardia.
Contarán con asesoría en el desarrollo de negocios y productos; así como con la oportunidad de realizar pruebas en campo y recibir comentarios de usuarios y clientes.
El Gran Reto de la Minería Artesanal: La Amazonía es una convocatoria mundial que considera especialmente bienvenidas las aplicaciones de Ecuador, Perú, Colombia, Guyana y Surinam.
El plazo para presentar propuestas vence el 10 de noviembre de 2021.
Los interesados deben contactar a: [email protected]
Ellos cuentan con el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Fundación Gordon y Betty Moore, Microsoft y ESRI, la aportación técnica del Centro de Innovación Científica Amazónica (Cincia) y la ejecución estratégica del Proyecto Prevenir de Usaid/Perú - Combatiendo los delitos ambientales (Prevenir).
“El reto” es una convocatoria mundial que busca encontrar innovaciones en prototipo o fase de prueba que resguarden los ecosistemas, prevengan, remedien y restauren los impactos de la MAPE aurífera en las zonas mineras que afectan a la biodiversidad, los recursos hídricos y la salud humana.
También que optimicen las cadenas de suministro responsables para aumentar la transparencia y la trazabilidad, y que permitan una compra de oro ambientalmente responsable y socialmente equitativa desde el punto de origen hasta su venta final.
Se premiará además a las ideas que fomenten y mantengan la formalización de los mineros en el sector de la MAPE aurífera para establecer normas de protección del medio ambiente y la sociedad, así como para hacer cumplir dichas normas.
El objetivo del Reto es otorgar a los innovadores más prometedores, financiamiento y apoyo para ayudar a que sus innovaciones tengan un impacto medioambiental y social, sean financieramente sostenibles y se implementen en una escala grande.
Según los organizadores, participar en “el reto” supone una serie de beneficios que van más allá del financiamiento y los premios económicos. Los innovadores tendrán acceso a una red de expertos y líderes en el sector y la oportunidad de conocer y aprender de otros colegas que trabajan con productos y herramientas de vanguardia.
Contarán con asesoría en el desarrollo de negocios y productos; así como con la oportunidad de realizar pruebas en campo y recibir comentarios de usuarios y clientes.
El Gran Reto de la Minería Artesanal: La Amazonía es una convocatoria mundial que considera especialmente bienvenidas las aplicaciones de Ecuador, Perú, Colombia, Guyana y Surinam.
El plazo para presentar propuestas vence el 10 de noviembre de 2021.
Los interesados deben contactar a: [email protected]
WIM Ecuador y Solaris Resources
entregaron Beca Soy Minera
Octubre 17 de 2021.- El pasado viernes 15 de octubre se entregaron los premios a las 6 ganadoras de la Beca “Soy Minera”, un concurso organizado por WIM Ecuador con el apoyo de Solaris Resources, exploradora canadiense comprometida con la búsqueda de la igualdad de género en el sector minero.
El primer puesto fue para Lizbeth Aracely Moreno Soto, estudiante de Ingeniería en Geología de la Universidad Nacional de Loja, quien recibió el premio de US$ 3.000.
El segundo puesto fue para Génesis Nohelia Bermeo Granda, estudiante de Ingeniería en Geología de la Escuela Politécnica Nacional; quien recibió también el premio de US$ 3.000.
La joven Bermeo afirmó que el premio es un gran incentivo para continuar con su carrera y que lo usará para financiar su proyecto de titulación, el mismo que está ya planificado. El tema de su tesis de grado es la caracterización estructural y mineralógica de dos vetas en el distrito minero Zaruma Portovelo, que son parte de la mina de pequeña escala Concent, ubicada en Portovelo.
El tercer puesto fue para Genny Andrea Quijije Franco, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Espol. Ella recibió el premio de US$ 3.000.
También fueron premiadas Isabel Adriana Chuizaca Espinoza, estudiante de Ingeniería de Geología de la Espol; Mishelle Vanessa Villacis Verdesoto, estudiante de Ingeniería en Geociencias de Ikiam e Isabel Cristina García López, estudiante de Ingeniería en Geociencias de Ikiam; quienes recibieron sendos premios de US$ 1.000 cada una.
La primera versión de la Beca Soy Minera evaluó a las 57 postulantes que se presentaron en función de su alineamiento con los objetivos de la campaña que buscaba promover la igualdad de género en el sector minero y en razón al cumplimiento de los requisitos señalados para el concurso. Se consideró además la excelencia académica, el liderazgo con enfoque de género y el aporte que las jóvenes brindaban a la industria desde las aulas.
Junto con los criterios de evaluación, el Comité Evaluador tomó en cuenta las necesidades particulares de las estudiantes y sus condiciones económicas, con el objetivo de que la beca sea inclusiva.
El primer puesto fue para Lizbeth Aracely Moreno Soto, estudiante de Ingeniería en Geología de la Universidad Nacional de Loja, quien recibió el premio de US$ 3.000.
El segundo puesto fue para Génesis Nohelia Bermeo Granda, estudiante de Ingeniería en Geología de la Escuela Politécnica Nacional; quien recibió también el premio de US$ 3.000.
La joven Bermeo afirmó que el premio es un gran incentivo para continuar con su carrera y que lo usará para financiar su proyecto de titulación, el mismo que está ya planificado. El tema de su tesis de grado es la caracterización estructural y mineralógica de dos vetas en el distrito minero Zaruma Portovelo, que son parte de la mina de pequeña escala Concent, ubicada en Portovelo.
El tercer puesto fue para Genny Andrea Quijije Franco, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Espol. Ella recibió el premio de US$ 3.000.
También fueron premiadas Isabel Adriana Chuizaca Espinoza, estudiante de Ingeniería de Geología de la Espol; Mishelle Vanessa Villacis Verdesoto, estudiante de Ingeniería en Geociencias de Ikiam e Isabel Cristina García López, estudiante de Ingeniería en Geociencias de Ikiam; quienes recibieron sendos premios de US$ 1.000 cada una.
La primera versión de la Beca Soy Minera evaluó a las 57 postulantes que se presentaron en función de su alineamiento con los objetivos de la campaña que buscaba promover la igualdad de género en el sector minero y en razón al cumplimiento de los requisitos señalados para el concurso. Se consideró además la excelencia académica, el liderazgo con enfoque de género y el aporte que las jóvenes brindaban a la industria desde las aulas.
Junto con los criterios de evaluación, el Comité Evaluador tomó en cuenta las necesidades particulares de las estudiantes y sus condiciones económicas, con el objetivo de que la beca sea inclusiva.
Nace cámara minera en Bolívar
Octubre 17 de 2021.- El pasado 12 de octubre se promulgó el Acuerdo Ministerial MERNNR – VM – 2021 - 0001- AM, el mismo que otorga personería jurídica a la Cámara Minera de Bolívar, CMB, la primera institución creada para visibilizar, con el mayor apego posible a la verdad de los hechos, la situación de la actividad minera en esa provincia.
La directiva de la CMB la encabeza el abogado Paúl Aroca, como presidente ejecutivo; quien estará acompañado del ingeniero de Minas, Daniel Alegría, como vicepresidente Ejecutivo y de los ingenieros Gustavo Falconí y Diego Santos, en los cargos de tesorero y secretario, respectivamente.
Señalan los organizadores de esta institución que la CMB ha sido creada para atender la necesidad de entender al sector minero, brindando una visión económica de desarrollo sostenible para la mayoría de los pobladores de la provincia de Bolívar.
Dicen que no obstante tratarse de un sector estratégico por su importancia económica, la actividad minera ha estado “a la deriva” porque, entre otras causas, no contaba con un gremio que les permita a las empresas visibilizarse ante el conjunto de la sociedad.
“Las empresas mineras se han debilitado en temas de comunicación, ya que los medios no publicitan sus aportes positivos sino que manejan el tema con ribetes escabrosos y de violencia que satanizan la extracción de minerales”, sostienen los promotores de la CBM.
Agregan que ellos harán realidad una organización que les permita dar el sustento visible a la minería, pues darán a conocer los aspectos relevantes que están asociados a la extracción de minerales.
Afirman que entre sus aspiraciones está el ser portavoces que generen el enlace y el relacionamiento en todos los estamentos involucrados con la minería: asambleístas, autoridades de la prefectura, los gobiernos descentralizados, otras organizaciones sociales y todos los que deseen formar parte de la Cámara Minera de Bolívar.
“Nacemos como una entidad de derecho privado sin fines de lucro, con personaría jurídica para accionar y trabajar para fortalecer el sector minero en la provincia, en primer lugar, y luego proyectarse hacia otros niveles, para trabajar de acuerdo a lo que se ha dispuesto en los primeros documentos internos de la Cámara”, explicaron.
El presidente Aroca y el vicepresidente de la CMB, Daniel Alegría, enfatizaron que la idea que los anima es que las empresas afincadas en la provincia se asocien a su institución y hagan realidad una nueva forma de relacionamiento con la comunidad, caracterizada por la afirmación clara de que se trata de una actividad técnica y socialmente responsable.
Ellos indicaron que la provincia de Bolívar es la menos explorada del territorio nacional, sin embargo, circulan versiones según las cuales en el 80 por ciento de la superficie provincial ya sería terreno intervenido por la actividad minera.
Destacaron que la CMB no tratará de ocultar las situaciones que revelen manejos no adecuados en cuestiones mineras sino todo lo contrario, pues procurará que todo lo relacionado con la minería sea mostrado de forma transparente a la sociedad.
“La cámara aspira ser incidente y explicar los procedimientos que realizan las empresas”, puntualizaron.
La directiva de la CMB la encabeza el abogado Paúl Aroca, como presidente ejecutivo; quien estará acompañado del ingeniero de Minas, Daniel Alegría, como vicepresidente Ejecutivo y de los ingenieros Gustavo Falconí y Diego Santos, en los cargos de tesorero y secretario, respectivamente.
Señalan los organizadores de esta institución que la CMB ha sido creada para atender la necesidad de entender al sector minero, brindando una visión económica de desarrollo sostenible para la mayoría de los pobladores de la provincia de Bolívar.
Dicen que no obstante tratarse de un sector estratégico por su importancia económica, la actividad minera ha estado “a la deriva” porque, entre otras causas, no contaba con un gremio que les permita a las empresas visibilizarse ante el conjunto de la sociedad.
“Las empresas mineras se han debilitado en temas de comunicación, ya que los medios no publicitan sus aportes positivos sino que manejan el tema con ribetes escabrosos y de violencia que satanizan la extracción de minerales”, sostienen los promotores de la CBM.
Agregan que ellos harán realidad una organización que les permita dar el sustento visible a la minería, pues darán a conocer los aspectos relevantes que están asociados a la extracción de minerales.
Afirman que entre sus aspiraciones está el ser portavoces que generen el enlace y el relacionamiento en todos los estamentos involucrados con la minería: asambleístas, autoridades de la prefectura, los gobiernos descentralizados, otras organizaciones sociales y todos los que deseen formar parte de la Cámara Minera de Bolívar.
“Nacemos como una entidad de derecho privado sin fines de lucro, con personaría jurídica para accionar y trabajar para fortalecer el sector minero en la provincia, en primer lugar, y luego proyectarse hacia otros niveles, para trabajar de acuerdo a lo que se ha dispuesto en los primeros documentos internos de la Cámara”, explicaron.
El presidente Aroca y el vicepresidente de la CMB, Daniel Alegría, enfatizaron que la idea que los anima es que las empresas afincadas en la provincia se asocien a su institución y hagan realidad una nueva forma de relacionamiento con la comunidad, caracterizada por la afirmación clara de que se trata de una actividad técnica y socialmente responsable.
Ellos indicaron que la provincia de Bolívar es la menos explorada del territorio nacional, sin embargo, circulan versiones según las cuales en el 80 por ciento de la superficie provincial ya sería terreno intervenido por la actividad minera.
Destacaron que la CMB no tratará de ocultar las situaciones que revelen manejos no adecuados en cuestiones mineras sino todo lo contrario, pues procurará que todo lo relacionado con la minería sea mostrado de forma transparente a la sociedad.
“La cámara aspira ser incidente y explicar los procedimientos que realizan las empresas”, puntualizaron.
Comunidades shuar Warints y Yawi denuncian
bloqueo de la vía que los comunica
Octubre 3 de 2021.- Pobladores de la nacionalidad shuar denunciaron que la trocha carrozable que llegaba hasta la comunidad de Warints permanece bloqueada desde hace más de 15 días a la altura de Maikuants y el barrio Tseremp, impidiéndoles el libre tránsito por una vía construida por la prefectura de Morona Santiago a pedido precisamente de ellos, tras un accidente aéreo que enlutó a la familia shuar.
En rueda de prensa realizada el pasado 29 de septiembre, dijeron que son sus propios hermanos los que después de quemar dos vehículos que imaginaron pertenecían a la empresa exploradora Solaris Resources, han tomado la decisión de establecer controles que atentan contra su derecho al libre tránsito y, sobre todo, los afectan de una manera muy grave.
Dijeron que esperaban que la presidenta del Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam, la profesora Josefina Tunki, asuma por fin sus funciones de dirigente y resuelva de una manera justa el problema surgido entre dos comunidades de la misma nacionalidad.
Señalaron también que existen personas extrañas, extranjeras, ligadas a organizaciones no gubernamentales, que manipulan a los dirigentes de la PSHA y están provocando una tensión que sólo afecta a los pobladores nativos.
Protestaron porque el bloqueo de la vía afecta a padres y madres, niños, jóvenes y ancianos que son sometidos a un control sin sentido de pertenencias, documentos personales y hasta de títulos comerciales si es que consigo llevan algún producto que se piensa es para la empresa exploradora.
En un principio, dijeron, los retenes impedían el paso por la trocha que llega a Warints después de las once de la noche, pero en los últimos días la medida de fuerza empieza a ejecutarse a partir de las diez de la noche.
Con el pretexto de oponerse a la minería bloquean un camino que debía ser ampliado para atender a las comunidades de Numbatken, Tinkimints, Unkuch, Uwints y Banderas.
Pero la maquinaria que iba a utilizarse en esas obras fue incendiada por pobladores shuar que creyeron que eran vehículos que pertenecían a una empresa minera.
Ahora se sabe que no es así, que el camión y el cargador frontal destruido eran propiedad de un empresario que radica en Macas y que alquilaba los equipos para construir un sendero proyectado para llegar inicialmente hasta la comunidad de Yawi y aplanar la vía principal, que sirve también como pista de aterrizaje a avionetas monomotor; y las calles secundarias de la comunidad de Warints.
Los dueños de la maquinaria siniestrada no han dicho todavía si van a presentar alguna denuncia formal ni si van a acusar a alguien de haber destruido sus vehículos. Los pobladores de Warints tampoco quieren enfrascarse en trámites policiales o judiciales que los enfrente más con las comunidades shuar que son vecinas.
Apuestan por la paz. No muestran ningún signo de rencor y menos, de deseo de cobrarse una revancha por el atropello que están resistiendo de manera pacífica. En la rueda de prensa y ante el asombro de los periodistas, pidieron casi rogando que los respeten y no les prohíban circular por una vía que ellos mismos gestionaron para que se construya.
“Pido de favor que nos dejen transitar libremente para poder trabajar y progresar”, expresó el síndico de Yawi, Nazareno Antun.
El y otros pobladores manifestaron su sorpresa por la inacción de las autoridades que están al frente de la gobernación y la jefatura política. “Nuestros hermanos no nos dejan pasar, nos revisan todo lo que llevamos, nos piden facturas si es que ven mercadería. Tampoco nos dejan traer los productos que necesitamos y que ellos piensan son para la minería”, dijeron.
“¿Quién les paga a los que están todo el día controlando el paso? Nos controlan, nos insultan, asustan a nuestros hijos, nos amenazan con el desalojo. A veces por trabajo venimos de noche y encontramos la vía con cadena y candado… No tienen ningún tipo de respeto. Quieren que les digamos de dónde venimos, a donde vamos, qué hemos hecho… Hemos tratado de hablarles pero se niegan. Se olvidan que nos pueden entrar iras y ahí sí…”, afirmaron en la rueda de prensa los comerciantes que asistieron a ella y, como ellos dicen, tienen que caminar de día y de noche.
“Queremos vivir en paz. Los comerciantes que viven en nuestra comunidad quieren que se les permita traer los productos y pasar a la hora que quieran, que no se les amenace, que no se les requise, que no se paralicen las obras comunitarias y se respete su derecho a transitar por una vía que es pública”, señaló a su turno el síndico de Warints, Agustín Cayo.
Llamado a liderar conflicto entre hermanos a través del diálogo
Vicente Tsamkim, coordinador de la Alianza Estratégica, un órgano constituido por pobladores shuar y la empresa Solaris para monitorear en el sitio las actividades exploratorias, defendió el derecho de los pueblos indígenas a decidir de manera soberana sobre los aspectos cruciales de la vida en comunidad.
Explicó que la autonomía no puede significar provocar conflictos y enfrentamientos inclusive, al interior de las familias; y que los dirigentes para ser tales deben respetar las decisiones que tomen las organizaciones de base.
Las personas shuar que no ocupan cargos en la dirección poco esperan de los líderes que de manera radical se oponen a la actividad minera. Creen que por esa razón, es decir, por defender sus ideas que rechazan la presencia de la minería, algunos dirigentes no hacen nada para encontrar una salida al conflicto que hay entre las comunidades shuar.
Insisten, sin embargo, en remarcar su respeto a la estructura organizacional de la PSHA y en particular a su presidenta, a quien invitan constantemente a dialogar en busca de una solución que termine con los enfrentamientos internos.
Le invocan también que tome conciencia del papel que viene desempeñando al frente del Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam y revise, en una reflexión que atañe sólo a ella, si está respondiendo al sentir de todas sus bases o está tomando una posición que perjudica a quienes la han elegido.
Señalan también que esperan que Josefina Tunki tome decisiones que fortalezcan a la organización shuar y la hagan salir del estado de marasmo en que se encuentra, que enfrente la división por apetitos personales y la apatía que en los últimos meses ha generado el fracaso de tres reuniones del consejo directivo.
Proponen la realización de una gran asamblea de todo el pueblo shuar para que se reinstale el proceso de diálogo entre las comunidades shuar que toman posturas diferentes frente a la minería.
Asamblea de comunidades shuar la parroquia San Antonio
Un paso en ese sentido fue la asamblea en la parroquia San Antonio realizada el 25 de septiembre con la participación de los síndicos de 13 de las 23 comunidades de la zona. Allí, después de una amplia exposición de las razones populares, se tomó como primera resolución respetar el acuerdo de las comunidades Warints y Yawi con la empresa minera.
Gonzalo Tiwi, vicepresidente de la Asociación de Nunkui y vocal de la junta parroquial San Antonio, explicó que era obligación de los líderes respetar las decisiones propias que en defensa de su autonomía y el derecho al autogobierno que asiste a las poblaciones indígenas toman las comunidades de base.
Enfatizó que las autoridades de la organización shuar no pueden desconocer los derechos de las comunidades a las que representan.
Dos acuerdos más fueron tomados en dicha asamblea. Uno tiene que ver con la solicitud a los funcionarios del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables para que socialicen las normas vinculadas a la actividad minera, de forma tal que las comunidades estén debidamente informadas cuando tengan que decidir si se faculta o no a las empresas para que realicen actividades exploratorias en sus territorios.
El otro acuerdo tuvo relación con el cierre de vías, su legalidad y el rol que deben desempeñar los representantes del Estado nacional y en este caso ellos propusieron que se convoque a una mesa de diálogo con la participación de la señora Josefina Tunki y todas las demás autoridades ya que el bloqueo viene perjudicando principalmente a los pobladores de base.
“Están en su derecho a oponerse a la minería pero no se puede vulnerar los derechos de las comunidades”, sentenció.
En rueda de prensa realizada el pasado 29 de septiembre, dijeron que son sus propios hermanos los que después de quemar dos vehículos que imaginaron pertenecían a la empresa exploradora Solaris Resources, han tomado la decisión de establecer controles que atentan contra su derecho al libre tránsito y, sobre todo, los afectan de una manera muy grave.
Dijeron que esperaban que la presidenta del Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam, la profesora Josefina Tunki, asuma por fin sus funciones de dirigente y resuelva de una manera justa el problema surgido entre dos comunidades de la misma nacionalidad.
Señalaron también que existen personas extrañas, extranjeras, ligadas a organizaciones no gubernamentales, que manipulan a los dirigentes de la PSHA y están provocando una tensión que sólo afecta a los pobladores nativos.
Protestaron porque el bloqueo de la vía afecta a padres y madres, niños, jóvenes y ancianos que son sometidos a un control sin sentido de pertenencias, documentos personales y hasta de títulos comerciales si es que consigo llevan algún producto que se piensa es para la empresa exploradora.
En un principio, dijeron, los retenes impedían el paso por la trocha que llega a Warints después de las once de la noche, pero en los últimos días la medida de fuerza empieza a ejecutarse a partir de las diez de la noche.
Con el pretexto de oponerse a la minería bloquean un camino que debía ser ampliado para atender a las comunidades de Numbatken, Tinkimints, Unkuch, Uwints y Banderas.
Pero la maquinaria que iba a utilizarse en esas obras fue incendiada por pobladores shuar que creyeron que eran vehículos que pertenecían a una empresa minera.
Ahora se sabe que no es así, que el camión y el cargador frontal destruido eran propiedad de un empresario que radica en Macas y que alquilaba los equipos para construir un sendero proyectado para llegar inicialmente hasta la comunidad de Yawi y aplanar la vía principal, que sirve también como pista de aterrizaje a avionetas monomotor; y las calles secundarias de la comunidad de Warints.
Los dueños de la maquinaria siniestrada no han dicho todavía si van a presentar alguna denuncia formal ni si van a acusar a alguien de haber destruido sus vehículos. Los pobladores de Warints tampoco quieren enfrascarse en trámites policiales o judiciales que los enfrente más con las comunidades shuar que son vecinas.
Apuestan por la paz. No muestran ningún signo de rencor y menos, de deseo de cobrarse una revancha por el atropello que están resistiendo de manera pacífica. En la rueda de prensa y ante el asombro de los periodistas, pidieron casi rogando que los respeten y no les prohíban circular por una vía que ellos mismos gestionaron para que se construya.
“Pido de favor que nos dejen transitar libremente para poder trabajar y progresar”, expresó el síndico de Yawi, Nazareno Antun.
El y otros pobladores manifestaron su sorpresa por la inacción de las autoridades que están al frente de la gobernación y la jefatura política. “Nuestros hermanos no nos dejan pasar, nos revisan todo lo que llevamos, nos piden facturas si es que ven mercadería. Tampoco nos dejan traer los productos que necesitamos y que ellos piensan son para la minería”, dijeron.
“¿Quién les paga a los que están todo el día controlando el paso? Nos controlan, nos insultan, asustan a nuestros hijos, nos amenazan con el desalojo. A veces por trabajo venimos de noche y encontramos la vía con cadena y candado… No tienen ningún tipo de respeto. Quieren que les digamos de dónde venimos, a donde vamos, qué hemos hecho… Hemos tratado de hablarles pero se niegan. Se olvidan que nos pueden entrar iras y ahí sí…”, afirmaron en la rueda de prensa los comerciantes que asistieron a ella y, como ellos dicen, tienen que caminar de día y de noche.
“Queremos vivir en paz. Los comerciantes que viven en nuestra comunidad quieren que se les permita traer los productos y pasar a la hora que quieran, que no se les amenace, que no se les requise, que no se paralicen las obras comunitarias y se respete su derecho a transitar por una vía que es pública”, señaló a su turno el síndico de Warints, Agustín Cayo.
Llamado a liderar conflicto entre hermanos a través del diálogo
Vicente Tsamkim, coordinador de la Alianza Estratégica, un órgano constituido por pobladores shuar y la empresa Solaris para monitorear en el sitio las actividades exploratorias, defendió el derecho de los pueblos indígenas a decidir de manera soberana sobre los aspectos cruciales de la vida en comunidad.
Explicó que la autonomía no puede significar provocar conflictos y enfrentamientos inclusive, al interior de las familias; y que los dirigentes para ser tales deben respetar las decisiones que tomen las organizaciones de base.
Las personas shuar que no ocupan cargos en la dirección poco esperan de los líderes que de manera radical se oponen a la actividad minera. Creen que por esa razón, es decir, por defender sus ideas que rechazan la presencia de la minería, algunos dirigentes no hacen nada para encontrar una salida al conflicto que hay entre las comunidades shuar.
Insisten, sin embargo, en remarcar su respeto a la estructura organizacional de la PSHA y en particular a su presidenta, a quien invitan constantemente a dialogar en busca de una solución que termine con los enfrentamientos internos.
Le invocan también que tome conciencia del papel que viene desempeñando al frente del Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam y revise, en una reflexión que atañe sólo a ella, si está respondiendo al sentir de todas sus bases o está tomando una posición que perjudica a quienes la han elegido.
Señalan también que esperan que Josefina Tunki tome decisiones que fortalezcan a la organización shuar y la hagan salir del estado de marasmo en que se encuentra, que enfrente la división por apetitos personales y la apatía que en los últimos meses ha generado el fracaso de tres reuniones del consejo directivo.
Proponen la realización de una gran asamblea de todo el pueblo shuar para que se reinstale el proceso de diálogo entre las comunidades shuar que toman posturas diferentes frente a la minería.
Asamblea de comunidades shuar la parroquia San Antonio
Un paso en ese sentido fue la asamblea en la parroquia San Antonio realizada el 25 de septiembre con la participación de los síndicos de 13 de las 23 comunidades de la zona. Allí, después de una amplia exposición de las razones populares, se tomó como primera resolución respetar el acuerdo de las comunidades Warints y Yawi con la empresa minera.
Gonzalo Tiwi, vicepresidente de la Asociación de Nunkui y vocal de la junta parroquial San Antonio, explicó que era obligación de los líderes respetar las decisiones propias que en defensa de su autonomía y el derecho al autogobierno que asiste a las poblaciones indígenas toman las comunidades de base.
Enfatizó que las autoridades de la organización shuar no pueden desconocer los derechos de las comunidades a las que representan.
Dos acuerdos más fueron tomados en dicha asamblea. Uno tiene que ver con la solicitud a los funcionarios del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables para que socialicen las normas vinculadas a la actividad minera, de forma tal que las comunidades estén debidamente informadas cuando tengan que decidir si se faculta o no a las empresas para que realicen actividades exploratorias en sus territorios.
El otro acuerdo tuvo relación con el cierre de vías, su legalidad y el rol que deben desempeñar los representantes del Estado nacional y en este caso ellos propusieron que se convoque a una mesa de diálogo con la participación de la señora Josefina Tunki y todas las demás autoridades ya que el bloqueo viene perjudicando principalmente a los pobladores de base.
“Están en su derecho a oponerse a la minería pero no se puede vulnerar los derechos de las comunidades”, sentenció.
Zaruma: Patrimonio Mundial en peligro por desorden minero
Entrevista a Edgar Granda Aguilar
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Octubre 3 de 2021.- Ingeniero geólogo con 36 años de experiencia en los sectores minero y petrolero, consultor privado, nativo de la ciudad minera y miembro de la veeduría ciudadana sobre la situación de vulnerabilidad de Zaruma, Edgar Granda denuncia incumplimientos y llama a las autoridades a atender las recomendaciones del informe final de los veedores. El 8 de julio del 2020 se presentó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el informe final y resolución de la veeduría ciudadana “Un Zaruma para todos”, dedicada a la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones emitidas en el Decreto 169 y la aplicación de la pregunta No. 5 de la Consulta Popular del 4 de febrero del 2018 referente a la prohibición para el desarrollo de la actividad de minería en todas sus fases en áreas protegidas, fuentes de agua y sitios poblados. Granda se graduó en la Universidad Central del Ecuador en 1983 y entre 1984 y 1985 realizó una maestría en Francia en valorización de recursos minerales. Ha trabajado en exploración para empresas mineras major como Cogema, Río Tinto, TVX y ha sido consultor del Banco Mundial y de la pequeña minería en los distritos mineros de Zaruma, Portovelo, Ponce Enríquez, Bella Rica, Nambija, entre otros. También tiene una vida profesional en el área petrolera en donde trabajó en la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados y en Petroamazonas por 20 años realizando exploración sísmica, perforación de pozos, operación de campos, etc. Actualmente es consultor privado en un proyecto de AMGI Canadá, para montar |
una planta piloto para evitar el uso de mercurio en la pequeña minería y minería artesanal.
Con Vía Minera conversó sobre la situación de su ciudad. Aquí sus declaraciones.
¿Por qué su preocupación sobre el futuro de Zaruma?
Participé en la veeduría como representante técnico de las casas patrimoniales de la ciudad y quiero que se difunda la realidad de lo que pasa en Zaruma y que las autoridades omiten.
Las labores ilícitas, irregulares y antitécnicas de explotación subterránea de recursos mineros han destruido los cimientos de Zaruma. Los mineros legales y los ilegales, los concesionarios y los sableros, se dirigen subterráneamente desde sus respectivas bocaminas, ubicadas en los alrededores de la ciudad, al área de exclusión minera ampliada. Al momento abarcan unas 214 hectáreas aproximadamente.
La responsabilidad estuvo, inicialmente, en concesionarios mineros legales disfrazados de ilegales, que han sido denunciados, y en el momento actual se han convertido en cómplices directos para que los sableros usen sus concesiones y continúen con la destrucción.
En el 2013 la ingeniera Flor Alvarado, funcionaria de la Arcom Machala, denunció ante el alcalde de entonces, el economista Danilo Mora, la introducción de ciertos concesionarios en la zona de exclusión minera. No hicieron nada y continuó el desastre hasta lo que vimos en el 2016.
En octubre de 2016 destruyeron la centenaria escuela La Inmaculada por un hundimiento en el centro colonial de la ciudad.
No descansaremos en la defensa de Zaruma. Acudiremos a instancias internacionales a denunciar esta destrucción de una Ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1998, con sus 245 casas patrimoniales, por la codicia de unos pocos sinvergüenzas que, además, han dividido a todo un pueblo.
¿Qué ha ocurrido con la zona de exclusión minera?
Desde 1993 existe y se creó con 74 hectáreas para protección de la ciudad. Ha sido objeto de manejos politiqueros y obviamente antitécnicos, con ampliaciones y reducciones, por lo que en la actualidad de 240 has ha quedado reducida a 177,7 has.
Aunque la autoridad minera es la que determina el área de exclusión desde su creación han participado empresas mineras y autoridades. Por ejemplo, el alcalde en 1993 dejó fuera de la zona de exclusión el 50% de la parte urbana de la ciudad así como el lugar de sus instalaciones mineras.
Con los resultados de la consulta popular de 2018, en donde ganó el 70% la opción de “no minería en centros poblados”, es así de fácil, la zona de exclusión abarca toda la ciudad y todos desconocen esto o se hacen los locos.
Con Vía Minera conversó sobre la situación de su ciudad. Aquí sus declaraciones.
¿Por qué su preocupación sobre el futuro de Zaruma?
Participé en la veeduría como representante técnico de las casas patrimoniales de la ciudad y quiero que se difunda la realidad de lo que pasa en Zaruma y que las autoridades omiten.
Las labores ilícitas, irregulares y antitécnicas de explotación subterránea de recursos mineros han destruido los cimientos de Zaruma. Los mineros legales y los ilegales, los concesionarios y los sableros, se dirigen subterráneamente desde sus respectivas bocaminas, ubicadas en los alrededores de la ciudad, al área de exclusión minera ampliada. Al momento abarcan unas 214 hectáreas aproximadamente.
La responsabilidad estuvo, inicialmente, en concesionarios mineros legales disfrazados de ilegales, que han sido denunciados, y en el momento actual se han convertido en cómplices directos para que los sableros usen sus concesiones y continúen con la destrucción.
En el 2013 la ingeniera Flor Alvarado, funcionaria de la Arcom Machala, denunció ante el alcalde de entonces, el economista Danilo Mora, la introducción de ciertos concesionarios en la zona de exclusión minera. No hicieron nada y continuó el desastre hasta lo que vimos en el 2016.
En octubre de 2016 destruyeron la centenaria escuela La Inmaculada por un hundimiento en el centro colonial de la ciudad.
No descansaremos en la defensa de Zaruma. Acudiremos a instancias internacionales a denunciar esta destrucción de una Ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1998, con sus 245 casas patrimoniales, por la codicia de unos pocos sinvergüenzas que, además, han dividido a todo un pueblo.
¿Qué ha ocurrido con la zona de exclusión minera?
Desde 1993 existe y se creó con 74 hectáreas para protección de la ciudad. Ha sido objeto de manejos politiqueros y obviamente antitécnicos, con ampliaciones y reducciones, por lo que en la actualidad de 240 has ha quedado reducida a 177,7 has.
Aunque la autoridad minera es la que determina el área de exclusión desde su creación han participado empresas mineras y autoridades. Por ejemplo, el alcalde en 1993 dejó fuera de la zona de exclusión el 50% de la parte urbana de la ciudad así como el lugar de sus instalaciones mineras.
Con los resultados de la consulta popular de 2018, en donde ganó el 70% la opción de “no minería en centros poblados”, es así de fácil, la zona de exclusión abarca toda la ciudad y todos desconocen esto o se hacen los locos.
Cuáles y qué tan efectivas han sido las acciones de las autoridades para proteger a la ciudad?
A raíz de la destrucción de La Inmaculada, en 2017 la Secretaría de Gestión de Riesgos ratificó la alta vulnerabilidad de la ciudad y su subsuelo por efectos de fenómenos antrópicos, cosa que ya había hecho en marzo del 2015 y diciembre de 2016. Posteriormente, el 28 de septiembre del 2017 el gobierno emitió el Decreto Ejecutivo 169 y formó el comité de Remediación y Fomento Productivo de los Cantones Zaruma-Portovelo con un cronograma valorado en 23 millones de dólares hasta el 2023, el mismo que con una ejecución mínima se ha incumplido hasta el presente. Han pasado 12 años de la vigente Ley de Minería (2009) y 120 días del gobierno “del encuentro” que en minería solo ha dictado soluciones parche y el Estado se evidencia incapaz de hacer los reglamentos especiales para Zaruma, para precautelar la vida, la salud y el medio ambiente de su población como lo establece esa Ley. En su séptima transitoria dice: “En el plazo de 180 días el Ejecutivo dictará los reglamentos especiales para precautelar la vida, la salud y el ambiente en las zonas de La Josefina, Portovelo y Nambija”. Esto se hizo para Nambija y La Josefina, pero nunca para Zaruma-Portovelo. ¿Qué piden los veedores en su informe? Ese informe está muy claro y fue realizado con gran profesionalismo por cinco ingenieros de diferentes ramas y señala, entre las principales recomendaciones: El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables a través del ente de control minero, Arcom, ahora ARC, debe realizar el monitoreo de las zonas de mayor amenaza (principalmente en las áreas de viviendas), el levantamiento de las labores mineras de las zonas de mayor amenaza, el |
 Ubicación del hundimiento de la escuela La Inmaculada.
mapeo en 3D; la investigación con expertos geólogos, estructuralistas, ingenieros civiles, expertos en minería y expertos en túneles para analizar en terreno las propuestas de soluciones. Como responsabilidad compartida entre el Ministerio y el Municipio, en lo que corresponde a cada uno, realizar el ordenamiento territorial y ordenamiento territorial minero con visión de desarrollo. El levantamiento de las labores mineras subterráneas de las zonas de mayor amenaza, es un paso fundamental ya que de este paso depende el resto de la propuesta. La Secretaría de Riesgos no ha considerado como prioridad la elaboración del mapa de riesgos de las zonas de Zaruma-Portovelo, siendo éste un insumo fundamental en una zona de alto riesgo, ya que servirá para el plan de gestión integral de riesgos y el plan de ordenamiento territorial. Este último plan extrañamente fue aprobado por Senplades sin contar con esta valiosa información.Es necesario que el gobierno ratifique el Decreto 169, ya que se necesita -de urgencia- realizar el mapa de riesgos integral de la ciudad, para determinar los sectores afectados de la ciudad, para la remediación inmediata. Además, es necesario para la ejecución del Plan de Agua Potable para Zaruma. ¿Cuál es la situación actual de protección de Zaruma? La ciudad se mantiene en alto riesgo de vulnerabilidad. Siguen en riesgo casas patrimoniales por las detonaciones en el subsuelo. Por ejemplo: en el barrio 9 de Octubre se observan fracturas de tipo horizontal en varias casas. La destrucción del subsuelo produjo un socavón en la calle Gonzalo Pizarro que se ahonda continuamente. Los técnicos del Instituto de Investigación Geológico y Energético, IIGE, estuvieron en Zaruma haciendo un trabajo puntual, es decir, un parche. |
¿El proyecto de reformas al instructivo de otorgamiento de concesiones para la pequeña minería del viceministerio afecta a Zaruma?
Están “socializando” ese documento para aplicarlo en los próximos días. Como zarumeño estoy seriamente preocupado porque para una nueva base legal tendrían que hacer un estudio a cada una de las concesiones que están en Zaruma-Portovelo. Un estudio técnico bien hecho, sin corrupción.
Porque si les ratifican será por otro periodo de 20 ó 30 años más de explotación ya que estas concesiones están por extinguirse.
Si les ratifican sus concesiones destruyen Zaruma en los próximos 30 años y eso no lo vamos a permitir.
Está bien lo que están haciendo apuntalando la inversión con el Decreto 151, pero tampoco den un cheque en blanco para destruir ciudades. El distrito Zaruma-Portovelo con 41 años de minería en pequeña escala tiene que ser bien reordenado técnica y ambientalmente.
Están “socializando” ese documento para aplicarlo en los próximos días. Como zarumeño estoy seriamente preocupado porque para una nueva base legal tendrían que hacer un estudio a cada una de las concesiones que están en Zaruma-Portovelo. Un estudio técnico bien hecho, sin corrupción.
Porque si les ratifican será por otro periodo de 20 ó 30 años más de explotación ya que estas concesiones están por extinguirse.
Si les ratifican sus concesiones destruyen Zaruma en los próximos 30 años y eso no lo vamos a permitir.
Está bien lo que están haciendo apuntalando la inversión con el Decreto 151, pero tampoco den un cheque en blanco para destruir ciudades. El distrito Zaruma-Portovelo con 41 años de minería en pequeña escala tiene que ser bien reordenado técnica y ambientalmente.
Galerías mineras bajo el Coliseo de Deportes de la ciudad de Zaruma.
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El progresivo deslizamiento de la calle Gonzalo Pizarro desde 1998, en 2019 se volvió más agresivo. Toda la población vive en riesgo, no solo la que habita en el casco patrimonial.
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Octubre 3 de 2021.- El pasado lunes 27 de septiembre se realizó el lanzamiento de eitiec.org, la web de la estructura local de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas – EITI, por sus siglas en inglés.
La página atiende de manera tangencial algunos de los requerimientos de información contemplados en el denominado estándar EITI. En ese intento, permite encontrar una serie de vínculos a instituciones oficiales involucradas con la actividad económica general del país y en algunos casos, también ofrece conexiones directas a data relacionada con las actividades que realizan las industrias extractivas.
Abunda, eso sí, en información de carácter teórico sobre el estándar global para la buena gobernanza del petróleo, el gas y los recursos minerales y a partir del lema “la gestión responsable de nuestros recursos naturales debe ser la fuerza motriz del crecimiento económico que contribuya al desarrollo sostenible”, induce a navegar en busca de las cifras y datos relevantes del quehacer minero energético nacional.
Por ahora, eitiec.org no contiene esa información. Reúne varios de los vínculos dispersos en las páginas de diversas instancias oficiales. El geoportal que permite visualizar las concesiones mineras, por ejemplo; o los reportes semestrales del Banco Central del Ecuador, están en una sola pantalla.
Unido al título Mapa Minero del Ecuador hay un vínculo a una página del Ministerio que no se actualiza desde el año pasado y en la que figura todavía como viceministro el ingeniero César Vásquez.
La idea de contar con una página web trata de responder a los retos que presenta materializar el concepto de que la transparencia de la información es clave para la gobernanza del sector minero energético.
Para el EITI internacional, dos temas son centrales en materia de transparencia: la publicación de contratos vigentes y de la identidad de los beneficiarios reales de las empresas mineras, petroleras y gasíferas.
Hasta donde se sabe, cinco empresas mineras con operaciones en todo el mundo: Anglo American, BHP, Glencore, Newmont y Rio Tinto; han anunciado una serie de compromisos para promover la transparencia de beneficiarios reales. Voceros internacionales de EITI han dicho estar dispuestos a dar pasos importantes para ponerle fin al anonimato en las empresas.
Más de 110 países se han comprometido a publicar información sobre beneficiarios reales por empresas de uno o más sectores, sin embargo, todo indica que si ello ocurre, será todavía en un futuro lejano.
En materia de contratación, la página de EITI Ecuador remite a la data reunida por ResourceContracts.org: un repositorio de contratos de petróleo, gas y minería disponibles públicamente en formato de datos abiertos, legibles por máquina y con capacidad de búsqueda.
El único contrato que aparece allí -de manera incompleta- es el firmado el año 2012 con EcuaCorriente EC para la explotación de la mina Mirador. No están los anexos que son clave para formarse una idea completa de este instrumento legal.
En Ecuador voceros locales han dicho que debe crearse el marco legal para levantar el carácter confidencial que tienen los contratos mineros. No habría necesidad puesto que la Ley de Minería, en su artículo 39; ofrece a las empresas la oportunidad de demostrar la sinceridad o hipocresía de su compromiso con la transparencia al indicar que:
“El Ministerio Sectorial podrá solicitar al concesionario minero que en el plazo de treinta días, amplíe o complemente la información entregada en su solicitud. La información entregada por el concesionario minero tendrá la categoría de confidencial y no podrá ser utilizada o revelada a terceros salvo autorización escrita de su titular”.
En buen castellano, si las empresas mineras creen en la transparencia, deberían autorizar por escrito la difusión de sus contratos y punto.
La página atiende de manera tangencial algunos de los requerimientos de información contemplados en el denominado estándar EITI. En ese intento, permite encontrar una serie de vínculos a instituciones oficiales involucradas con la actividad económica general del país y en algunos casos, también ofrece conexiones directas a data relacionada con las actividades que realizan las industrias extractivas.
Abunda, eso sí, en información de carácter teórico sobre el estándar global para la buena gobernanza del petróleo, el gas y los recursos minerales y a partir del lema “la gestión responsable de nuestros recursos naturales debe ser la fuerza motriz del crecimiento económico que contribuya al desarrollo sostenible”, induce a navegar en busca de las cifras y datos relevantes del quehacer minero energético nacional.
Por ahora, eitiec.org no contiene esa información. Reúne varios de los vínculos dispersos en las páginas de diversas instancias oficiales. El geoportal que permite visualizar las concesiones mineras, por ejemplo; o los reportes semestrales del Banco Central del Ecuador, están en una sola pantalla.
Unido al título Mapa Minero del Ecuador hay un vínculo a una página del Ministerio que no se actualiza desde el año pasado y en la que figura todavía como viceministro el ingeniero César Vásquez.
La idea de contar con una página web trata de responder a los retos que presenta materializar el concepto de que la transparencia de la información es clave para la gobernanza del sector minero energético.
Para el EITI internacional, dos temas son centrales en materia de transparencia: la publicación de contratos vigentes y de la identidad de los beneficiarios reales de las empresas mineras, petroleras y gasíferas.
Hasta donde se sabe, cinco empresas mineras con operaciones en todo el mundo: Anglo American, BHP, Glencore, Newmont y Rio Tinto; han anunciado una serie de compromisos para promover la transparencia de beneficiarios reales. Voceros internacionales de EITI han dicho estar dispuestos a dar pasos importantes para ponerle fin al anonimato en las empresas.
Más de 110 países se han comprometido a publicar información sobre beneficiarios reales por empresas de uno o más sectores, sin embargo, todo indica que si ello ocurre, será todavía en un futuro lejano.
En materia de contratación, la página de EITI Ecuador remite a la data reunida por ResourceContracts.org: un repositorio de contratos de petróleo, gas y minería disponibles públicamente en formato de datos abiertos, legibles por máquina y con capacidad de búsqueda.
El único contrato que aparece allí -de manera incompleta- es el firmado el año 2012 con EcuaCorriente EC para la explotación de la mina Mirador. No están los anexos que son clave para formarse una idea completa de este instrumento legal.
En Ecuador voceros locales han dicho que debe crearse el marco legal para levantar el carácter confidencial que tienen los contratos mineros. No habría necesidad puesto que la Ley de Minería, en su artículo 39; ofrece a las empresas la oportunidad de demostrar la sinceridad o hipocresía de su compromiso con la transparencia al indicar que:
“El Ministerio Sectorial podrá solicitar al concesionario minero que en el plazo de treinta días, amplíe o complemente la información entregada en su solicitud. La información entregada por el concesionario minero tendrá la categoría de confidencial y no podrá ser utilizada o revelada a terceros salvo autorización escrita de su titular”.
En buen castellano, si las empresas mineras creen en la transparencia, deberían autorizar por escrito la difusión de sus contratos y punto.
Emsaec S.A.: ´Trabajamos por una
minería eficiente y sustentable´
Octubre 3 de 2021.- Exploraciones Mineras Andinas Ecuador - Emsaec S.A., filial de la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco, informa que desde finales del 2014 realiza inversión social en cuatro comunidades de influencia directa: Junín, Barcelona, Cerro Pelado y Chalguayacu Alto.
“Emsaec S.A., a través de su proyecto cuprífero Llurimagua ubicado en la provincia de Imbabura, realiza una importante inversión social con el fin de impulsar el desarrollo de las comunidades aledañas al proyecto”, dice un documento de la empresa.
Sostiene que “también trabaja en diferentes actividades de acción social para otras zonas de influencia indirecta como Chalguayacu Bajo, Chontal Alto y Chontal Bajo”.
“Estas acciones están contempladas dentro de tres ejes fundamentales bajo los cuales trabaja el proyecto minero: programas de relaciones comunitarias, empleos directos y encadenamientos productivos”, explica.
Programa de contratación de mano de obra local
Desde el año 2015, señala la empresa, ha contratado los servicios de alimentación, lavandería, hospedaje, carpintería, transporte, y alquiler de mulas de los habitantes de estas comunidades. A esto se suma que el 100% de la mano de obra no calificada ha sido del área de influencia del proyecto Llurimagua.
“De hecho, actualmente, el 87% de la dotación total del proyecto corresponde a trabajadores del área”, agrega.
Programa de compensación social e indemnización
Contempla el mantenimiento de vías y la construcción de adecuaciones en distintas comunidades, así como la entrega de insumos y materiales a comunidades e instituciones.
En Junín, afirma la minera, se hizo la instalación de un sistema de filtración de agua potable, se construyó el Puente Progreso y se instalaron redes públicas de internet, con tecnología satelital, que se instalaron en las zonas centrales de cada comunidad, en espacios estratégicos cercanos a la escuela, a la casa comunal y a la iglesia.
También señala que antes de que termine el año coordinarán con el Ministerio de Educación para brindar a las personas de 18 años y más la posibilidad de obtener sus títulos de bachiller bajo el programa de Bachillerato Intensivo.
Emsaec S.A. asevera que dotó de luminarias y pintó las casas en Cerro Pelado y que en Chalguayacu Bajo construyó una residencia médica; adecuó la Unidad Educativa García Moreno, incluyendo la construcción de baterías sanitarias; y realizó “año a año, agasajos navideños en las comunidades y GADs parroquiales”.
“La empresa cuenta con convenios marco de cooperación con las comunidades de Junín y Chalguayacu Alto, y próximamente firmará convenios con las comunidades de Barcelona y Cerro Pelado”, informan.
Programa de apoyo a la salud
En este rubro Emsaec S.A. manifiesta que “para precautelar la salud y el bienestar de las comunidades”, se activan un promedio de 50 brigadas médicas que actúan en conjunto con el Ministerio de Salud Pública.
Declara que organizan talleres y charlas en torno a temas relacionados con la salud e higiene y la prevención del consumo de alcohol y drogas, que realizan campañas de odontología y vacunación y han donado sillones odontológicos a los Centros de Salud de García Moreno y Chalguayacu Bajo.
Programa de proyectos productivos
Emsaec S.A. expresa que apoya microemprendimientos locales con asociaciones de mujeres y ejecuta campañas veterinarias en comunidades, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario - Agrocalidad y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Sumado a esto, dice que realiza acercamientos con el Instituto de Economía Popular y Solidaria - IEPS, para la implementación de talleres para aumentar la productividad de los emprendimientos y negocios. “En esa misma línea, la empresa mantiene convenios de provisión de alimentación con la Asolaijun (Junín) y Pan Casero del Alto (Chalguayacu Alto)”, acota.
Afirma que en el mes de mayo entregó las primeras 30 cabezas de ganado a la comunidad de Cerro Pelado. Se trata de un proyecto piloto que podría continuar con un segundo plan en otra de las comunidades.
Considera que es relevante el proyecto de encadenamiento productivo con una cadena de supermercados. Para ello, capacitará a productores de la zona, principalmente de naranjilla, para que puedan vender su producto.
“Emsaec S.A., a través de su proyecto cuprífero Llurimagua ubicado en la provincia de Imbabura, realiza una importante inversión social con el fin de impulsar el desarrollo de las comunidades aledañas al proyecto”, dice un documento de la empresa.
Sostiene que “también trabaja en diferentes actividades de acción social para otras zonas de influencia indirecta como Chalguayacu Bajo, Chontal Alto y Chontal Bajo”.
“Estas acciones están contempladas dentro de tres ejes fundamentales bajo los cuales trabaja el proyecto minero: programas de relaciones comunitarias, empleos directos y encadenamientos productivos”, explica.
Programa de contratación de mano de obra local
Desde el año 2015, señala la empresa, ha contratado los servicios de alimentación, lavandería, hospedaje, carpintería, transporte, y alquiler de mulas de los habitantes de estas comunidades. A esto se suma que el 100% de la mano de obra no calificada ha sido del área de influencia del proyecto Llurimagua.
“De hecho, actualmente, el 87% de la dotación total del proyecto corresponde a trabajadores del área”, agrega.
Programa de compensación social e indemnización
Contempla el mantenimiento de vías y la construcción de adecuaciones en distintas comunidades, así como la entrega de insumos y materiales a comunidades e instituciones.
En Junín, afirma la minera, se hizo la instalación de un sistema de filtración de agua potable, se construyó el Puente Progreso y se instalaron redes públicas de internet, con tecnología satelital, que se instalaron en las zonas centrales de cada comunidad, en espacios estratégicos cercanos a la escuela, a la casa comunal y a la iglesia.
También señala que antes de que termine el año coordinarán con el Ministerio de Educación para brindar a las personas de 18 años y más la posibilidad de obtener sus títulos de bachiller bajo el programa de Bachillerato Intensivo.
Emsaec S.A. asevera que dotó de luminarias y pintó las casas en Cerro Pelado y que en Chalguayacu Bajo construyó una residencia médica; adecuó la Unidad Educativa García Moreno, incluyendo la construcción de baterías sanitarias; y realizó “año a año, agasajos navideños en las comunidades y GADs parroquiales”.
“La empresa cuenta con convenios marco de cooperación con las comunidades de Junín y Chalguayacu Alto, y próximamente firmará convenios con las comunidades de Barcelona y Cerro Pelado”, informan.
Programa de apoyo a la salud
En este rubro Emsaec S.A. manifiesta que “para precautelar la salud y el bienestar de las comunidades”, se activan un promedio de 50 brigadas médicas que actúan en conjunto con el Ministerio de Salud Pública.
Declara que organizan talleres y charlas en torno a temas relacionados con la salud e higiene y la prevención del consumo de alcohol y drogas, que realizan campañas de odontología y vacunación y han donado sillones odontológicos a los Centros de Salud de García Moreno y Chalguayacu Bajo.
Programa de proyectos productivos
Emsaec S.A. expresa que apoya microemprendimientos locales con asociaciones de mujeres y ejecuta campañas veterinarias en comunidades, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario - Agrocalidad y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Sumado a esto, dice que realiza acercamientos con el Instituto de Economía Popular y Solidaria - IEPS, para la implementación de talleres para aumentar la productividad de los emprendimientos y negocios. “En esa misma línea, la empresa mantiene convenios de provisión de alimentación con la Asolaijun (Junín) y Pan Casero del Alto (Chalguayacu Alto)”, acota.
Afirma que en el mes de mayo entregó las primeras 30 cabezas de ganado a la comunidad de Cerro Pelado. Se trata de un proyecto piloto que podría continuar con un segundo plan en otra de las comunidades.
Considera que es relevante el proyecto de encadenamiento productivo con una cadena de supermercados. Para ello, capacitará a productores de la zona, principalmente de naranjilla, para que puedan vender su producto.
Socializan proyecto para contratos
de minería artesanal en concesiones
Septiembre 26 de 2021.- Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A., compañía exploradora que tiene a su cargo el desarrollo del proyecto Warintza, en el sur de Ecuador; junto con los directores de la Asociación de Minería Artesanal ArcoIris, participaron el pasado jueves en la primera reunión de «Socialización del proyecto de reglamento para la reforma de los procesos de suscripción de contratos operativos para llevar a cabo actividades de minería artesanal y de subsistencia dentro de las concesiones mineras».
La Asociación de Minería Artesanal ArcoIris está compuesta por 23 personas de la comunidad shuar de Warints organizadas en torno al propósito de realizar minería artesanal de manera formal en sus territorios.
Al respecto, el miembro de la asociación ArcoIris, Franklin Kuja, expresó el compromiso de las comunidades de trabajar junto con el Estado ecuatoriano y Solaris pues, «como ecuatorianos, merecemos tomar el control de los recursos naturales para mejorar las condiciones de vida de nuestras familias, y debemos participar en la minería legal y formal, por lo que hoy nos sentamos a dialogar con las autoridades y dar a conocer nuestra visión», afirmó.
Kuja también es miembro de la Junta Directiva de la Alianza Estratégica, una institución de los pobladores de las comunidades shuar Warints y Yawi que aplica formas participativas para monitorear las actividades exploratorias que se realizan en el área en la que viven desde tiempos ancestrales.
En la reunión de socialización del proyecto participaron el viceministro de Minas, Xavier Vera, el Subsecretario de Minería Artesanal y Pequeña Minería, Gino Marín; y la Directora de Minería Artesanal, Angela Arias.
Xavier Vera dijo que lo que venían haciendo marcará “un antes y un después en el desarrollo de la minería artesanal”.
“Hoy es un hito y todos lo recordarán por los complejos temas que estamos debatiendo con la comunidad de Warints dentro del marco del respeto”, afirmó el viceministro.
Por su parte, el gerente de país de Lowell, Ricardo Obando, expresó la voluntad corporativa de su compañía para apoyar el trabajo asociativo de los miembros de los Centros Shuar de Warints y Yawi, de forma que puedan desempeñar la minería artesanal técnica de conformidad con las leyes y regulaciones del Ecuador.
«Esto garantiza una estructura jurídica que formaliza la minería artesanal de conformidad con las leyes y reglamentos del Estado Ecuatoriano», manifestó.
La Asociación de Minería Artesanal ArcoIris está compuesta por 23 personas de la comunidad shuar de Warints organizadas en torno al propósito de realizar minería artesanal de manera formal en sus territorios.
Al respecto, el miembro de la asociación ArcoIris, Franklin Kuja, expresó el compromiso de las comunidades de trabajar junto con el Estado ecuatoriano y Solaris pues, «como ecuatorianos, merecemos tomar el control de los recursos naturales para mejorar las condiciones de vida de nuestras familias, y debemos participar en la minería legal y formal, por lo que hoy nos sentamos a dialogar con las autoridades y dar a conocer nuestra visión», afirmó.
Kuja también es miembro de la Junta Directiva de la Alianza Estratégica, una institución de los pobladores de las comunidades shuar Warints y Yawi que aplica formas participativas para monitorear las actividades exploratorias que se realizan en el área en la que viven desde tiempos ancestrales.
En la reunión de socialización del proyecto participaron el viceministro de Minas, Xavier Vera, el Subsecretario de Minería Artesanal y Pequeña Minería, Gino Marín; y la Directora de Minería Artesanal, Angela Arias.
Xavier Vera dijo que lo que venían haciendo marcará “un antes y un después en el desarrollo de la minería artesanal”.
“Hoy es un hito y todos lo recordarán por los complejos temas que estamos debatiendo con la comunidad de Warints dentro del marco del respeto”, afirmó el viceministro.
Por su parte, el gerente de país de Lowell, Ricardo Obando, expresó la voluntad corporativa de su compañía para apoyar el trabajo asociativo de los miembros de los Centros Shuar de Warints y Yawi, de forma que puedan desempeñar la minería artesanal técnica de conformidad con las leyes y regulaciones del Ecuador.
«Esto garantiza una estructura jurídica que formaliza la minería artesanal de conformidad con las leyes y reglamentos del Estado Ecuatoriano», manifestó.
Comunidades se reúnen ´Por un
Ecuador Libre de Minería Metálica´
Septiembre 26 de 2021.- El pasado 18 de septiembre se reunieron representantes de casi 100 organizaciones sociales en la parroquia Seis de Julio de Cuellaje, en Intag, Imbabura, para constituir lo que denominaron el Frente nacional contra la minería.
A la reunión asistieron delegaciones de las provincias de Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Pichincha, Morona Santiago, Loja, Azuay, Sucumbíos, Bolívar, Napo y Zamora Chinchipe, entre otras, auto convocadas por el Frente de Resistencia por el Agua y la Vida del Norte del Ecuador.
Los temas abordados trascendieron la problemática minera pero, al final del día, se centraron en el Decreto Ejecutivo 151 y los impactos que, desde la perspectiva de los reunidos, tendría en la vida comunitaria.
En su parte resolutiva, reiteraron acuerdos anteriores “en la defensa del territorio, el agua y la soberanía alimentaria”.
También “conformar un Frente Nacional anti minero en defensa de la vida y el agua frente al embate de proyectos mineros en nuestros territorios, que represente las luchas de territorios, comunidades y apoyar a la movilización permanente y nacional, reconociendo que no es un problema de comunidades o parroquias sino un problema nacional”.
Otro de los acuerdos consiste en “exigir que la Asamblea Nacional realice una auditoría a la concesiones mineras para determinar si estas cumplieron o no el requisito básico establecido en la Constitución de realizar una consulta previa libre e informada en caso de territorios indígenas, afroecuatorianos y montubios, y una consulta ambiental en territorios campesinos-mestizos”.
A la Asamblea Nacional le piden además que declare la amnistía para los/las “compañeros/as defensores perseguidos por defender territorio, agua y la vida en: Buenos Aires, Gualel, Intag, así como otros lugares del país, y articularlo a la estrategia de amnistía a nivel nacional impulsada por la CONAIE”.
Como era de esperarse, un acuerdo plantea “reconocer los procesos de consulta popular llevados a cabo en Girón y Cuenca y demandar el cumplimiento de la voluntad del pueblo, y generar una estrategia única nacional que agrupe las demandas de todos los territorios afectados por la minería” y otro demanda “articular el Frente Nacional Antiminero al Parlamento Plurinacional de los pueblos y respaldar las demandas presentadas: no a la subida combustible, estabilización precios de productos, congelar deudas de pequeños productores”.
A la reunión asistieron delegaciones de las provincias de Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Pichincha, Morona Santiago, Loja, Azuay, Sucumbíos, Bolívar, Napo y Zamora Chinchipe, entre otras, auto convocadas por el Frente de Resistencia por el Agua y la Vida del Norte del Ecuador.
Los temas abordados trascendieron la problemática minera pero, al final del día, se centraron en el Decreto Ejecutivo 151 y los impactos que, desde la perspectiva de los reunidos, tendría en la vida comunitaria.
En su parte resolutiva, reiteraron acuerdos anteriores “en la defensa del territorio, el agua y la soberanía alimentaria”.
También “conformar un Frente Nacional anti minero en defensa de la vida y el agua frente al embate de proyectos mineros en nuestros territorios, que represente las luchas de territorios, comunidades y apoyar a la movilización permanente y nacional, reconociendo que no es un problema de comunidades o parroquias sino un problema nacional”.
Otro de los acuerdos consiste en “exigir que la Asamblea Nacional realice una auditoría a la concesiones mineras para determinar si estas cumplieron o no el requisito básico establecido en la Constitución de realizar una consulta previa libre e informada en caso de territorios indígenas, afroecuatorianos y montubios, y una consulta ambiental en territorios campesinos-mestizos”.
A la Asamblea Nacional le piden además que declare la amnistía para los/las “compañeros/as defensores perseguidos por defender territorio, agua y la vida en: Buenos Aires, Gualel, Intag, así como otros lugares del país, y articularlo a la estrategia de amnistía a nivel nacional impulsada por la CONAIE”.
Como era de esperarse, un acuerdo plantea “reconocer los procesos de consulta popular llevados a cabo en Girón y Cuenca y demandar el cumplimiento de la voluntad del pueblo, y generar una estrategia única nacional que agrupe las demandas de todos los territorios afectados por la minería” y otro demanda “articular el Frente Nacional Antiminero al Parlamento Plurinacional de los pueblos y respaldar las demandas presentadas: no a la subida combustible, estabilización precios de productos, congelar deudas de pequeños productores”.
57 jóvenes postulan a beca Soy Minera
Septiembre 26 de 2021.- Los nombres de las ganadoras del programa de becas Soy Minera se anunciarán en la segunda semana de octubre, anunció la doctora María Isabel Aillón, presidenta de WIM Ecuador.
Cada una de las seleccionadas recibirán US$ 3.000 para matriculas y/o costos de manutención por una vez y para un semestre universitario. El programa dispone de un fondo total de US$ 12 000, financiado por Solaris Resources.
El programa Soy Minera es resultado de la alianza estratégica formada por WIM Ecuador y Solaris Resources para promover mejores prácticas en la industria con un enfoque de género y contó con la participación de cincuenta y siete jóvenes universitarias de carreras afines a la minería.
En la segunda fase de selección se determinarán las postulantes finalistas a las que el jurado, integrado por un representante del Gobierno, de la Cámara de Minería, AIME, y AEI les hará una entrevista para que fundamenten su postulación.
Las categorías en base a las que se evalúan los perfiles son el alineamiento con la campaña y cumplimiento de requisitos; la excelencia académica; el liderazgo con enfoque de género y el aporte a la industria desde las aulas.
Respecto de la beca, la doctora Aillón, informó que junto con los criterios de evaluación, el jurado tomará en cuenta las necesidades particulares de las estudiantes y sus condiciones económicas, con el objetivo de que la beca sea inclusiva. Por ello, explicó, “el número de becas se decidirá teniendo en cuenta las necesidades particulares y el perfil de las aplicantes, hasta completar el monto disponible de US$ 12 000”.
“Estamos muy satisfechos de haber recibido tantas postulaciones y sobre todo estamos impresionados por los excelentes perfiles que han presentado las estudiantes. La revisión de los ensayos ha sido motivadora y sin duda, estamos decididos a buscar más oportunidades como estas para poder apoyar a la mayor cantidad de estudiantes que decidan prepararse para trabajar en minería”, añadió.
La presidenta de WIM Ecuador agradeció a los directivos de Solaris y a las directoras y asociadas que han participado para llevar adelante el programa de becas Soy Minera e invitó a los interesados en hacer un voluntariado con su institución a contactarse con Gabriela Rumazo o Valentina Vergara en el teléfono +593 99 800 8904 o en el correo electrónico: [email protected]
Cada una de las seleccionadas recibirán US$ 3.000 para matriculas y/o costos de manutención por una vez y para un semestre universitario. El programa dispone de un fondo total de US$ 12 000, financiado por Solaris Resources.
El programa Soy Minera es resultado de la alianza estratégica formada por WIM Ecuador y Solaris Resources para promover mejores prácticas en la industria con un enfoque de género y contó con la participación de cincuenta y siete jóvenes universitarias de carreras afines a la minería.
En la segunda fase de selección se determinarán las postulantes finalistas a las que el jurado, integrado por un representante del Gobierno, de la Cámara de Minería, AIME, y AEI les hará una entrevista para que fundamenten su postulación.
Las categorías en base a las que se evalúan los perfiles son el alineamiento con la campaña y cumplimiento de requisitos; la excelencia académica; el liderazgo con enfoque de género y el aporte a la industria desde las aulas.
Respecto de la beca, la doctora Aillón, informó que junto con los criterios de evaluación, el jurado tomará en cuenta las necesidades particulares de las estudiantes y sus condiciones económicas, con el objetivo de que la beca sea inclusiva. Por ello, explicó, “el número de becas se decidirá teniendo en cuenta las necesidades particulares y el perfil de las aplicantes, hasta completar el monto disponible de US$ 12 000”.
“Estamos muy satisfechos de haber recibido tantas postulaciones y sobre todo estamos impresionados por los excelentes perfiles que han presentado las estudiantes. La revisión de los ensayos ha sido motivadora y sin duda, estamos decididos a buscar más oportunidades como estas para poder apoyar a la mayor cantidad de estudiantes que decidan prepararse para trabajar en minería”, añadió.
La presidenta de WIM Ecuador agradeció a los directivos de Solaris y a las directoras y asociadas que han participado para llevar adelante el programa de becas Soy Minera e invitó a los interesados en hacer un voluntariado con su institución a contactarse con Gabriela Rumazo o Valentina Vergara en el teléfono +593 99 800 8904 o en el correo electrónico: [email protected]
USFQ firmó convenio con Lumina Gold
Septiembre 26 de 2021.- Lumina Gold, subsidiaria de Odin Mining del Ecuador S.A., firmó el acuerdo de constitución de una alianza estratégica entre la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y Missouri University of Science and Technology (MS&T), para formar futuros ingenieros en minas del Ecuador.
En virtud del acuerdo, los alumnos podrán estudiar dos años y medio de cursos básicos de ingeniería en la USFQ y dos años adicionales en Estados Unidos para así graduarse con el título en Ingeniería de Minas (BSc) en MS&T.
Al respecto, el VP Ejecutivo de Lumina Gold, Diego Benalcázar, resaltó la importancia de fomentar este tipo de iniciativas y así contribuir a la capacitación de los futuros profesionales que el país requiere.
“Esta alianza universidades-empresa busca potenciar el sector productivo de la minería en el Ecuador” aseguró.
Por su parte el Rector de la USFQ, Diego Quiroga, recalcó el gran nivel académico y la formación que proveen las universidades en conjunto, en ingeniería y en temas vitales como sustentabilidad, tecnología y el buen manejo del medioambiente, claves para la formación integral de futuros profesionales con la visión y el liderazgo que necesita el Ecuador.
En la ceremonia de firma del acuerdo participaron el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo Calderón y el viceministro del sector, Xavier Vera.
En virtud del acuerdo, los alumnos podrán estudiar dos años y medio de cursos básicos de ingeniería en la USFQ y dos años adicionales en Estados Unidos para así graduarse con el título en Ingeniería de Minas (BSc) en MS&T.
Al respecto, el VP Ejecutivo de Lumina Gold, Diego Benalcázar, resaltó la importancia de fomentar este tipo de iniciativas y así contribuir a la capacitación de los futuros profesionales que el país requiere.
“Esta alianza universidades-empresa busca potenciar el sector productivo de la minería en el Ecuador” aseguró.
Por su parte el Rector de la USFQ, Diego Quiroga, recalcó el gran nivel académico y la formación que proveen las universidades en conjunto, en ingeniería y en temas vitales como sustentabilidad, tecnología y el buen manejo del medioambiente, claves para la formación integral de futuros profesionales con la visión y el liderazgo que necesita el Ecuador.
En la ceremonia de firma del acuerdo participaron el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo Calderón y el viceministro del sector, Xavier Vera.
En marcha frente nacional
de oposición al sector minero
Septiembre 19 de 2021.- Con el propósito de “fortalecer la lucha colectiva por la vida, ante la desproporcionada arremetida del Gobierno Nacional, las empresas transnacionales y grupos informales” representantes de las comunidades que forman el Frente de Resistencia por el Agua y la Vida del Norte del Ecuador se reunieron el pasado sábado 18.
Según los organizadores, la idea era realizar un gran encuentro al que denominaron “Ecuador libre de minería metálica” porque, de acuerdo a sus declaraciones, dicha actividad “está ya afectando y poniendo en extremo riesgo a nuestros territorios megadiversos, agroproductivos, turísticos y poseedores de zonas de recarga hídrica”.
Silvia Quilumbango, vocera de la Asamblea Cantonal de Cotacachi, manifestó en una entrevista al diario El Norte que este tipo de acciones tienen la finalidad de llamar a la unidad de todos los territorios que se sienten afectados y luchan en contra del extractivismo y la minería a gran escala, para conformar un gran frente nacional en defensa de la vida y el agua.
“Nos ha unido esta gran preocupación, hemos decidido convocar a esta gran asamblea para llamar a la unidad de todos los territorios del país, para formar un frente nacional; entonces ya lo hicimos, participamos en el sur, ahora lo estamos haciendo en el norte, y luego lo haremos en el centro del país”, afirmó.
El encuentro se realizó en el parque central de Cuellaje, en el cantón Cotacachi, en la provincia de Imbabura.
Según los organizadores, la idea era realizar un gran encuentro al que denominaron “Ecuador libre de minería metálica” porque, de acuerdo a sus declaraciones, dicha actividad “está ya afectando y poniendo en extremo riesgo a nuestros territorios megadiversos, agroproductivos, turísticos y poseedores de zonas de recarga hídrica”.
Silvia Quilumbango, vocera de la Asamblea Cantonal de Cotacachi, manifestó en una entrevista al diario El Norte que este tipo de acciones tienen la finalidad de llamar a la unidad de todos los territorios que se sienten afectados y luchan en contra del extractivismo y la minería a gran escala, para conformar un gran frente nacional en defensa de la vida y el agua.
“Nos ha unido esta gran preocupación, hemos decidido convocar a esta gran asamblea para llamar a la unidad de todos los territorios del país, para formar un frente nacional; entonces ya lo hicimos, participamos en el sur, ahora lo estamos haciendo en el norte, y luego lo haremos en el centro del país”, afirmó.
El encuentro se realizó en el parque central de Cuellaje, en el cantón Cotacachi, en la provincia de Imbabura.
Centros shuar Warints y Yawi denuncian
quema de maquinaria e intromisión de ONG
Septiembre 12 de 2021.- El pasado nueve de septiembre los síndicos (es decir, las máximas autoridades) de las comunidades shuar Warints y Yawi denunciaron que personas desconocidas habían incendiado un camión y un cargador frontal que fueron contratados para la construcción de un camino entre sus comunidades.
Al día siguiente y desde la sede de la Defensoría del Pueblo de Morona Santiago, la señora Josefina Tunki, presidenta de la organización Pueblo Shuar Arutam, dijo que ella desconocía quiénes habían quemado la maquinaria.
A su lado, la doctora Laura Rojas, directora de Derechos Humanos de la ONG Amazon Frontlines, con sede en San Francisco, Estados Unidos de Norteamérica, agregó que como observadora internacional había verificado los hechos y que el pueblo shuar arutam “está en riesgo de exterminio físico y cultural por afectaciones a sus derechos de parte de las empresas mineras que de manera ilegal ingresan a su territorio”.
Por su parte los propietarios de los vehículos incendiados, reunidos en el Consorcio Warints, difundieron un comunicado lamentando la violencia que impidió el ingreso de la maquinaria y recordaron que lo que hacen ellos son actividades de desarrollo comunitario en beneficio de las comunidades y todos sus socios.
En ese marco fue que se había previsto el ingreso del camión plataforma conteniendo un tractor que haría el camino. “No era para labores mineras”, aclararon los síndicos de Warints y Yawi.
El camino vecinal, explicaron, es un derecho y un sueño anhelado por más de 50 años. “Tenemos derecho también de tener un camino público, la maquinaria no es para ninguna empresa, no es para operaciones mineras, ¿por qué siempre meten a Lowell?”, preguntaron Agustín Kayuk, síndico de Warints y Nazareno Antun, síndico de Yawi.
“Hemos gestionado esta vía a nombre de nuestros hermanos y familia shuar que murieron en la avioneta hace unos dos años atrás, a nombre de nuestra gente que camina horas para poder llegar a su destino y buscar mejores días. Nosotros somos tierra de paz”, afirmaron.
“Nos sentimos afectados por los actos violentos del incendio de una maquinaria de la empresa contratista de Limón lndanza que ayudaría a la construcción de un camino vecinal que une a Warints y Yawi y que ha sido tan esperado por nuestras comunidades por más de 50 años”, añadieron.
Y lamentaron el incidente porque “no solo han quemado máquinas, han quemado nuestro trabajo, nuestro futuro, nuestros derechos, nuestro progreso”, señalaron.
En la parte central de sus intervenciones, coincidieron en que estaban “siendo violentados nuevamente por querer tener un futuro mejor para nuestras familias, mujeres y niños, por querer desarrollarnos, trabajar y poder transportar alimentos, productos, herramientas de trabajo para mejorar la vida de nuestras comunidades”.
Precisaron lo de “nuevamente” porque no es la primera vez que deben encarar situaciones de fuerza que, desde su punto de vista, son provocados por “la presencia de gente que no son de nuestras zonas, que motivan el desorden y la violencia”.
“Rechazamos que por querer tener un futuro mejor quieran pisotear nuestros sueños por pensar diferente”, señalaron refiriéndose a las ONG Mining Watch Canada y Amazon Watch.
Los dirigentes de los centros Warints y Yawi reiteraron su respeto a las organizaciones de tipo superior en la jerarquía comunitaria y pidieron a quienes están al frente de ellas que reconozcan su derecho a decidir las formas en que entienden el progreso para las próximas generaciones.
“Hacemos un llamado al diálogo para la resolución de este problema, nosotros siempre dialogamos, nunca incendiamos”, dijeron.
Y dado que las vías de ingreso a sus comunidades estaban bloqueadas, solicitaron a las autoridades que estén atentas para que la paz y tranquilidad se mantenga en sus tierras.
“Pedimos que respeten nuestro derecho a decidir cómo progresar, a transitar, que dejen de instigarnos, de perseguirnos. Nuestra gente merece respeto, como nosotros hemos respetado a quienes están en contra de nuestras ideas”, remarcaron los síndicos de Warints y Yawi.
Al día siguiente y desde la sede de la Defensoría del Pueblo de Morona Santiago, la señora Josefina Tunki, presidenta de la organización Pueblo Shuar Arutam, dijo que ella desconocía quiénes habían quemado la maquinaria.
A su lado, la doctora Laura Rojas, directora de Derechos Humanos de la ONG Amazon Frontlines, con sede en San Francisco, Estados Unidos de Norteamérica, agregó que como observadora internacional había verificado los hechos y que el pueblo shuar arutam “está en riesgo de exterminio físico y cultural por afectaciones a sus derechos de parte de las empresas mineras que de manera ilegal ingresan a su territorio”.
Por su parte los propietarios de los vehículos incendiados, reunidos en el Consorcio Warints, difundieron un comunicado lamentando la violencia que impidió el ingreso de la maquinaria y recordaron que lo que hacen ellos son actividades de desarrollo comunitario en beneficio de las comunidades y todos sus socios.
En ese marco fue que se había previsto el ingreso del camión plataforma conteniendo un tractor que haría el camino. “No era para labores mineras”, aclararon los síndicos de Warints y Yawi.
El camino vecinal, explicaron, es un derecho y un sueño anhelado por más de 50 años. “Tenemos derecho también de tener un camino público, la maquinaria no es para ninguna empresa, no es para operaciones mineras, ¿por qué siempre meten a Lowell?”, preguntaron Agustín Kayuk, síndico de Warints y Nazareno Antun, síndico de Yawi.
“Hemos gestionado esta vía a nombre de nuestros hermanos y familia shuar que murieron en la avioneta hace unos dos años atrás, a nombre de nuestra gente que camina horas para poder llegar a su destino y buscar mejores días. Nosotros somos tierra de paz”, afirmaron.
“Nos sentimos afectados por los actos violentos del incendio de una maquinaria de la empresa contratista de Limón lndanza que ayudaría a la construcción de un camino vecinal que une a Warints y Yawi y que ha sido tan esperado por nuestras comunidades por más de 50 años”, añadieron.
Y lamentaron el incidente porque “no solo han quemado máquinas, han quemado nuestro trabajo, nuestro futuro, nuestros derechos, nuestro progreso”, señalaron.
En la parte central de sus intervenciones, coincidieron en que estaban “siendo violentados nuevamente por querer tener un futuro mejor para nuestras familias, mujeres y niños, por querer desarrollarnos, trabajar y poder transportar alimentos, productos, herramientas de trabajo para mejorar la vida de nuestras comunidades”.
Precisaron lo de “nuevamente” porque no es la primera vez que deben encarar situaciones de fuerza que, desde su punto de vista, son provocados por “la presencia de gente que no son de nuestras zonas, que motivan el desorden y la violencia”.
“Rechazamos que por querer tener un futuro mejor quieran pisotear nuestros sueños por pensar diferente”, señalaron refiriéndose a las ONG Mining Watch Canada y Amazon Watch.
Los dirigentes de los centros Warints y Yawi reiteraron su respeto a las organizaciones de tipo superior en la jerarquía comunitaria y pidieron a quienes están al frente de ellas que reconozcan su derecho a decidir las formas en que entienden el progreso para las próximas generaciones.
“Hacemos un llamado al diálogo para la resolución de este problema, nosotros siempre dialogamos, nunca incendiamos”, dijeron.
Y dado que las vías de ingreso a sus comunidades estaban bloqueadas, solicitaron a las autoridades que estén atentas para que la paz y tranquilidad se mantenga en sus tierras.
“Pedimos que respeten nuestro derecho a decidir cómo progresar, a transitar, que dejen de instigarnos, de perseguirnos. Nuestra gente merece respeto, como nosotros hemos respetado a quienes están en contra de nuestras ideas”, remarcaron los síndicos de Warints y Yawi.
Comodato por ambulancia en
Bolívar fue ampliado por dos años
Septiembre 5 de 2021.- Las autoridades del Hospital Alfredo Noboa Montenegro, que atiende a la población de Guaranda, capital de la provincia de Bolívar; suscribieron el documento que renueva el contrato de comodato por la ambulancia tipo II que en su momento firmaron con Yankuang Donghua Construction.
El contrato es por dos años y fue suscrito por el doctor Liberty Balladares, gerente del hospital; y el señor Zhang Hui, apoderado Legal de Yankuang. Según la empresa, grafica la intención de realizar un trabajo “coordinado y responsable que permita a la población telimbeleña y bolivarense acceder a los beneficios que otorga el Proyecto de Investigación Minera”.
En la ambulancia, hasta el momento, se ha movilizado a más de medio millar de personas que han requerido ser trasladadas a otras casas de salud de manera urgente para ser atendidas en otros hospitales del país.
La ceremonia de firma del contrato, realizada el pasado 31 de agosto, contó con la presencia de delegaciones de pobladores de la provincia; del gobernador Régulo Verdezoto, del gerente de Operaciones de Yankuang, Marco Ávila y del consejero comercial de la Embajada de la República Popular China, Chen Feng, entre otras personalidades.
El contrato es por dos años y fue suscrito por el doctor Liberty Balladares, gerente del hospital; y el señor Zhang Hui, apoderado Legal de Yankuang. Según la empresa, grafica la intención de realizar un trabajo “coordinado y responsable que permita a la población telimbeleña y bolivarense acceder a los beneficios que otorga el Proyecto de Investigación Minera”.
En la ambulancia, hasta el momento, se ha movilizado a más de medio millar de personas que han requerido ser trasladadas a otras casas de salud de manera urgente para ser atendidas en otros hospitales del país.
La ceremonia de firma del contrato, realizada el pasado 31 de agosto, contó con la presencia de delegaciones de pobladores de la provincia; del gobernador Régulo Verdezoto, del gerente de Operaciones de Yankuang, Marco Ávila y del consejero comercial de la Embajada de la República Popular China, Chen Feng, entre otras personalidades.
Nuevo estudio sobre mujeres en la minería chilena
Septiembre 5 de 2021.- Se presentó esta semana la cuarta versión del Estudio Mujer y Minería, un informe preparado por la filial chilena de la organización Vantaz, que en conjunto con la Red de Ingenieras en Minas (RIM), la agrupación Acción Empresas y Spencer Stuart trata de seguir el avance de la incorporación femenina en la industria minera.
El estudio revela una conclusión aparentemente obvia en este tipo de estudios, es decir, que las mujeres que están satisfechas con su trabajo tienen una mayor percepción de equidad, tanto en remuneración como en oportunidades, en comparación con las mujeres que mostraron estar indiferentes o poco satisfechas con su trabajo. “Podríamos concluir, a priori, que hay una relación entre satisfacción y equidad de género”, señala el informe.
Debe decirse que lo mismo pasa con las percepciones de los hombres.
En cuanto al nivel de satisfacción laboral, el estudio destaca la baja tasa de respuesta, en particular en el caso de los hombres.
Señala también que la mayoría de las mujeres encuestadas consideran que los hombres reciben mayor remuneración que las mujeres, sin embargo, el porcentaje cae en relación al año pasado.
El estudio tuvo como objetivos principales comparar las percepciones que tienen mujeres y hombres sobre la participación y desarrollo de la mujer en la industria de la minería, comparar resultados de este año con la versión del año pasado y conocer las principales consecuencias que ha tenido la pandemia y el tele-trabajo en hombres y mujeres que trabajan en minería.
Se formularon 23 preguntas, 17 de ellas con alternativas, cuatro preguntas abiertas y dos preguntas de orden según preferencias.
Un dato importante de la publicación es el referido a personas empleadas por el sector minero, según el Instituto Nacional de Estadísticas: hay 20.470 mujeres y 193.480 hombres.
El estudio puede descargarse de: https://vantaz.com/wp-content/uploads/2021/05/Estudio-Mujer-y-Mineria.pdf
El estudio revela una conclusión aparentemente obvia en este tipo de estudios, es decir, que las mujeres que están satisfechas con su trabajo tienen una mayor percepción de equidad, tanto en remuneración como en oportunidades, en comparación con las mujeres que mostraron estar indiferentes o poco satisfechas con su trabajo. “Podríamos concluir, a priori, que hay una relación entre satisfacción y equidad de género”, señala el informe.
Debe decirse que lo mismo pasa con las percepciones de los hombres.
En cuanto al nivel de satisfacción laboral, el estudio destaca la baja tasa de respuesta, en particular en el caso de los hombres.
Señala también que la mayoría de las mujeres encuestadas consideran que los hombres reciben mayor remuneración que las mujeres, sin embargo, el porcentaje cae en relación al año pasado.
El estudio tuvo como objetivos principales comparar las percepciones que tienen mujeres y hombres sobre la participación y desarrollo de la mujer en la industria de la minería, comparar resultados de este año con la versión del año pasado y conocer las principales consecuencias que ha tenido la pandemia y el tele-trabajo en hombres y mujeres que trabajan en minería.
Se formularon 23 preguntas, 17 de ellas con alternativas, cuatro preguntas abiertas y dos preguntas de orden según preferencias.
Un dato importante de la publicación es el referido a personas empleadas por el sector minero, según el Instituto Nacional de Estadísticas: hay 20.470 mujeres y 193.480 hombres.
El estudio puede descargarse de: https://vantaz.com/wp-content/uploads/2021/05/Estudio-Mujer-y-Mineria.pdf
Loja: pobladores marchan ´por el territorio,
el agua y la soberanía alimentaria´
30 de agosto de 2021.- Centenares de pobladores se movilizaron el jueves 27 en la ciudad de Loja para exigir a las autoridades que se haga realidad la resolución que declara al cantón “libre de la minería metálica”.
La movilización se inició un día antes en la parroquia Gualel y se llamó “Marcha por el territorio, el agua y la soberanía alimentaria”.
Para el día 27, los organizadores planearon el encuentro de los manifestantes lojanos con pobladores de Portovelo, de la provincia de El Oro, que también se encuentran en desacuerdo con la realización de actividades mineras en sus territorios.
Esta marcha tuvo el respaldo de organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie; la Confederación Kichwa del Ecuador, Ecuarunari, de movimientos sociales locales y de algunos sectores de la iglesia que difundieron sendos comunicados en contra de la política minera del gobierno y, concretamente, en rechazo a los alcances del Decreto Ejecutivo No. 151.
Responde además a la convocatoria de una red formada para “defender las fuentes de agua y la soberanía alimentaria” constituida por diversas organizaciones de las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Azuay, Cañar, Loja y El Oro.
Dicen que sus territorios han sido ocupados de manera “violenta e inconstitucional” y que algunas áreas, como los páramos de Fierro Urco, son áreas ambientalmente frágiles y de posesión ancestral de los pueblos Paltas, Saraguro y Ambocas.
“Ratificamos nuestra vocación pacifista; queremos solución al conflicto y por lo tanto exigimos la suspensión definitiva de las acciones de exploración por parte de cualquier empresa transnacional en el sector de Gualel, El Cisne, Chuquiribamba, Chantaco, Taquil, Santiago, San Lucas y Celén; y la parte alta de la provincia de El Oro”, señala uno de los comunicados.
Las movilizaciones en defensa del agua y en contra de las actividades mineras son recurrentes en la historia reciente de la región sur del país. El Comité de Defensa del Agua y los Páramos, creado a principios del siglo, ha protagonizado numerosas acciones que alcanzaron un punto alto en agosto del año 2019 cuando el concejo cantonal de la ciudad de Loja aprobó la resolución que declara al cantón Loja libre de minería metálica.
La movilización se inició un día antes en la parroquia Gualel y se llamó “Marcha por el territorio, el agua y la soberanía alimentaria”.
Para el día 27, los organizadores planearon el encuentro de los manifestantes lojanos con pobladores de Portovelo, de la provincia de El Oro, que también se encuentran en desacuerdo con la realización de actividades mineras en sus territorios.
Esta marcha tuvo el respaldo de organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie; la Confederación Kichwa del Ecuador, Ecuarunari, de movimientos sociales locales y de algunos sectores de la iglesia que difundieron sendos comunicados en contra de la política minera del gobierno y, concretamente, en rechazo a los alcances del Decreto Ejecutivo No. 151.
Responde además a la convocatoria de una red formada para “defender las fuentes de agua y la soberanía alimentaria” constituida por diversas organizaciones de las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Azuay, Cañar, Loja y El Oro.
Dicen que sus territorios han sido ocupados de manera “violenta e inconstitucional” y que algunas áreas, como los páramos de Fierro Urco, son áreas ambientalmente frágiles y de posesión ancestral de los pueblos Paltas, Saraguro y Ambocas.
“Ratificamos nuestra vocación pacifista; queremos solución al conflicto y por lo tanto exigimos la suspensión definitiva de las acciones de exploración por parte de cualquier empresa transnacional en el sector de Gualel, El Cisne, Chuquiribamba, Chantaco, Taquil, Santiago, San Lucas y Celén; y la parte alta de la provincia de El Oro”, señala uno de los comunicados.
Las movilizaciones en defensa del agua y en contra de las actividades mineras son recurrentes en la historia reciente de la región sur del país. El Comité de Defensa del Agua y los Páramos, creado a principios del siglo, ha protagonizado numerosas acciones que alcanzaron un punto alto en agosto del año 2019 cuando el concejo cantonal de la ciudad de Loja aprobó la resolución que declara al cantón Loja libre de minería metálica.
Amazónicos tendrán preferencia en la contratación
30 de agosto de 2021.- Se conoció el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2021-220 del 18 de agosto de 2021, el mismo que dispone que las empresas con más de 25 trabajadores y realicen sus actividades en las provincias de Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe, deberán contratar no menos del 70% del personal a residentes amazónicos.
Las empresas deberán garantizar a las personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades amazónicas su derecho a mantener, desarrollar, fortalecer libremente su identidad.
El residente amazónico podrá aplicar a todos los beneficios de empleo preferente e inclusión siempre que acredite haber nacido dentro de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, con cédula o la partida de nacimiento respectiva o un documento de identidad que compruebe la pertenencia a un pueblo o nacionalidad de la Amazonía.
Servirá también estar empadronado en los tres últimos procesos electorales en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica o ser residente con al menos dos de los siguientes documentos:
- Certificado de trabajo e historial laboral proporcionado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS o por el Sistema Único de Trabajo (SUT) o. en el que conste haber prestado un servicio o empleo por lo menos los últimos seis años ininterrumpidos dentro de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
- Contrato o contratos de arrendamiento notariados desde el inicio de su otorgamiento, donde se demuestre su permanencia ininterrumpida dentro de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica por un mínimo de 6 años antes de la fecha de suscripción del contrato de trabajo;
- Certificado de Estudios en la que se demuestre haber asistido regularmente y de manera ininterrumpida a una institución educativa pública o privada dentro de la Circunscripción los últimos 6 años;
- Declaración Juramentada ante notario en donde establezca que ha residido por lo menos los últimos seis años ininterrumpidos, dentro de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
La norma precisa además que podrá contratarse a no residentes dentro de este porcentaje para aquellas actividades para las que no exista la mano de obra calificada requerida.
El acuerdo señala que los empleadores deberán obligatoriamente registrarse en la plataforma Socio Empleo del Ministerio de Trabajo, antes llamada Red Socio Empleo, porque sin ello no podrán contratar en la Circunscripción Amazónica.
Para cualquier contratación se requerirá una búsqueda de personal en Socio Empleo. Si existe el personal requerido, se llevará a cabo el proceso de selección y la celebración de cualquier tipo de modalidad contractual.
Si no existe personal requerido, el Ministerio del Trabajo emitirá una certificación de dicha inexistencia para la contratación específica. Este documento será el habilitante obligatorio para la suscripción del correspondiente contrato y sustentará la aplicación de la excepción al porcentaje de contratación.
Las empresas deberán garantizar a las personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades amazónicas su derecho a mantener, desarrollar, fortalecer libremente su identidad.
El residente amazónico podrá aplicar a todos los beneficios de empleo preferente e inclusión siempre que acredite haber nacido dentro de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, con cédula o la partida de nacimiento respectiva o un documento de identidad que compruebe la pertenencia a un pueblo o nacionalidad de la Amazonía.
Servirá también estar empadronado en los tres últimos procesos electorales en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica o ser residente con al menos dos de los siguientes documentos:
- Certificado de trabajo e historial laboral proporcionado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS o por el Sistema Único de Trabajo (SUT) o. en el que conste haber prestado un servicio o empleo por lo menos los últimos seis años ininterrumpidos dentro de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
- Contrato o contratos de arrendamiento notariados desde el inicio de su otorgamiento, donde se demuestre su permanencia ininterrumpida dentro de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica por un mínimo de 6 años antes de la fecha de suscripción del contrato de trabajo;
- Certificado de Estudios en la que se demuestre haber asistido regularmente y de manera ininterrumpida a una institución educativa pública o privada dentro de la Circunscripción los últimos 6 años;
- Declaración Juramentada ante notario en donde establezca que ha residido por lo menos los últimos seis años ininterrumpidos, dentro de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
La norma precisa además que podrá contratarse a no residentes dentro de este porcentaje para aquellas actividades para las que no exista la mano de obra calificada requerida.
El acuerdo señala que los empleadores deberán obligatoriamente registrarse en la plataforma Socio Empleo del Ministerio de Trabajo, antes llamada Red Socio Empleo, porque sin ello no podrán contratar en la Circunscripción Amazónica.
Para cualquier contratación se requerirá una búsqueda de personal en Socio Empleo. Si existe el personal requerido, se llevará a cabo el proceso de selección y la celebración de cualquier tipo de modalidad contractual.
Si no existe personal requerido, el Ministerio del Trabajo emitirá una certificación de dicha inexistencia para la contratación específica. Este documento será el habilitante obligatorio para la suscripción del correspondiente contrato y sustentará la aplicación de la excepción al porcentaje de contratación.
Acciones de mineras impactan en la educación
y el emprendimiento en Zamora Chinchipe
Agosto 22 del 2021.- La graduación como bachilleres de 16 ciudadanos de la parroquia Tundayme, en el cantón El Pangui, es uno de los logros más recientes del programa de Relaciones Comunitarias de EcuaCorriente S.A., la compañía operadora de la mina Mirador, en Zamora Chinchipe.
Los recién gradudados son personas adultas que durante sus estudios recibieron el apoyo de la minera y con el concurso del Colegio Solidaridad de la Fundación Educativa Cándido Rada, Funder, y el GAD Tundayme, han logrado terminar su secundaria.
La ceremonia de graduación se desarrolló en días recientes en la cancha cubierta de la cabecera parroquial de Tundayme, donde asistieron autoridades locales, directivos de las instituciones involucradas, estudiantes y padres de familia.
María Llivisaca, residente en el barrio El Quimi, es una de las flamantes bachilleres. Ella destacó el respaldo de ECSA en este proceso de formación. “Me siento muy orgullosa y agradezco a la empresa EcuaCorriente y al colegio Solidaridad por el apoyo”, afirmó.
Este programa de educación virtual está dirigido a pobladores de la parroquia de Tundayme, mayores de edad, quienes por diferentes circunstancias no han podido acceder a educación presencial.
Adicionalmente, en la ceremonia participaron 4 nuevos estudiantes y 23 alumnos, que en el proceso anterior aprobaron la primaria superior y ahora continúan sus estudios de bachillerato. Todos ellos tienen la posibilidad de organizar su tiempo de estudio con su trabajo y otras ocupaciones de la vida diaria.
El uso de la tecnología en la educación virtual del colegio Solidaridad trae consigo importantes ventajas para los estudiantes, como concluir los estudios en menor tiempo y la posibilidad de adaptarse a horarios abiertos de enseñanza.
De otro lado, el pasado viernes seis de agosto se premió con seis mil dólares a cada uno de los tres emprendimientos ganadores del programa “Mujer Amazónica”, desarrollado en la provincia de Zamora Chinchipe con el apoyo de Lundin Gold, operadora de la mina aurífera Fruta del Norte.
El emprendimiento que ocupó el primer lugar fue el de la señora María Benítez, quien presentó un plan para repotenciar el vivero de cacao “El Patrón” ubicado en el cantón Yantzaza sector Simón Bolívar.
El segundo lugar fue para la señora Tatiana Guamán, quien propuso sembrar alevines en la estación piscícola "Nuevo Amanecer" ubicada en el cantón Centinela de Cóndor en la parroquia Triunfo-Dorado.
El tercer lugar fue para Ana Banegas y su emprendimiento con productos derivados del cacao “Doña Anita”, ubicado en el cantón Yantzaza, sector Los Hachos.
El concurso se realizó entre las mujeres productoras de café que pertenecen a la Federación de Pequeños Exportadores Agropecuarios Orgánico del Sur de la Amazonía Ecuatoriana (APEOSAE). Ellas debieron presentar propuestas de emprendimientos relacionados con el turismo, la agroindustria, la artesanía, el comercio y el sector servicios.
Al concurso se presentaron 22 propuestas. De ese total, once grupos semifinalistas recibieron talleres de capacitación en ideas de negocios, finanzas y manejo de clientes.
El programa Mujer Amazónica nace del Consorcio Café Mujer, conformado por la APEOSAE, la empresa Café Galletti S.A. y la Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social (FEDES) de la Universidad Técnica Particular de Loja.
Los recién gradudados son personas adultas que durante sus estudios recibieron el apoyo de la minera y con el concurso del Colegio Solidaridad de la Fundación Educativa Cándido Rada, Funder, y el GAD Tundayme, han logrado terminar su secundaria.
La ceremonia de graduación se desarrolló en días recientes en la cancha cubierta de la cabecera parroquial de Tundayme, donde asistieron autoridades locales, directivos de las instituciones involucradas, estudiantes y padres de familia.
María Llivisaca, residente en el barrio El Quimi, es una de las flamantes bachilleres. Ella destacó el respaldo de ECSA en este proceso de formación. “Me siento muy orgullosa y agradezco a la empresa EcuaCorriente y al colegio Solidaridad por el apoyo”, afirmó.
Este programa de educación virtual está dirigido a pobladores de la parroquia de Tundayme, mayores de edad, quienes por diferentes circunstancias no han podido acceder a educación presencial.
Adicionalmente, en la ceremonia participaron 4 nuevos estudiantes y 23 alumnos, que en el proceso anterior aprobaron la primaria superior y ahora continúan sus estudios de bachillerato. Todos ellos tienen la posibilidad de organizar su tiempo de estudio con su trabajo y otras ocupaciones de la vida diaria.
El uso de la tecnología en la educación virtual del colegio Solidaridad trae consigo importantes ventajas para los estudiantes, como concluir los estudios en menor tiempo y la posibilidad de adaptarse a horarios abiertos de enseñanza.
De otro lado, el pasado viernes seis de agosto se premió con seis mil dólares a cada uno de los tres emprendimientos ganadores del programa “Mujer Amazónica”, desarrollado en la provincia de Zamora Chinchipe con el apoyo de Lundin Gold, operadora de la mina aurífera Fruta del Norte.
El emprendimiento que ocupó el primer lugar fue el de la señora María Benítez, quien presentó un plan para repotenciar el vivero de cacao “El Patrón” ubicado en el cantón Yantzaza sector Simón Bolívar.
El segundo lugar fue para la señora Tatiana Guamán, quien propuso sembrar alevines en la estación piscícola "Nuevo Amanecer" ubicada en el cantón Centinela de Cóndor en la parroquia Triunfo-Dorado.
El tercer lugar fue para Ana Banegas y su emprendimiento con productos derivados del cacao “Doña Anita”, ubicado en el cantón Yantzaza, sector Los Hachos.
El concurso se realizó entre las mujeres productoras de café que pertenecen a la Federación de Pequeños Exportadores Agropecuarios Orgánico del Sur de la Amazonía Ecuatoriana (APEOSAE). Ellas debieron presentar propuestas de emprendimientos relacionados con el turismo, la agroindustria, la artesanía, el comercio y el sector servicios.
Al concurso se presentaron 22 propuestas. De ese total, once grupos semifinalistas recibieron talleres de capacitación en ideas de negocios, finanzas y manejo de clientes.
El programa Mujer Amazónica nace del Consorcio Café Mujer, conformado por la APEOSAE, la empresa Café Galletti S.A. y la Fundación para el Desarrollo Empresarial y Social (FEDES) de la Universidad Técnica Particular de Loja.
Incendian vehículo y vivienda
alquilada a Guayacan Gold
Agosto 16 de 2021.- La empresa Guayacan Gold, que tiene a su cargo el desarrollo del proyecto Santiago, en el cantón Saraguro de la provincia de Loja, denunció el pasado 13 de agosto que fue blanco de un ataque que dejó heridos y varios daños materiales en su campamento.
En agosto y octubre del año pasado la empresa ya había sido víctima de otros atentados. En el último de ellos, se reportó el incendio de un vehículo y agresiones al personal de la empresa.
Guayacan Gold informa que en este nuevo evento se agredió físicamente y se fracturó el rostro de una persona; que se robaron armas de fuego a la Policía y se incendió la vivienda de un ciudadano adulto mayor que alquilaba su casa a la empresa.
“En el interior se encontraban almacenados insumos y equipos de propiedad de la empresa que estaban destinados para trabajos de investigación geológica”, afirma.
Dice también que los afectados y heridos se encuentran ya a buen recaudo y en valoraciones médicas y que se presume el uso de dinamita en el atentado.
“Guayacan Gold rechaza de forma rotunda el proceder de este grupo de personas que atentan contra la paz y tranquilidad de la comunidad, en nombre de una supuesta defensa del agua donde ponen en riesgo la vida de seres humanos”, sostiene el boletín de la empresa.
Precisa que “un grupo de opositores a la minería externos a la comunidad, agredieron físicamente al personal y quemaron una vivienda propiedad de una persona de la localidad, donde se encontraban varios insumos de la empresa”.
Añade que “los manifestantes violentaron al personal de la compañía, contratistas y miembros de la Fuerza Pública” y que “tras el atentado y con apoyo de la Comandancia de Policía se activó un operativo para recuperar el orden y salvaguardar a las personas que se encontraban en riesgo”.
“Se tomarán todas las medidas legales necesarias ante las autoridades competentes para que estos hechos no queden en la impunidad y se haga justicia”, remarca.
“No podemos permitir que estas acciones se vuelvan a suscitar en ninguna parte del país y por ninguna razón”, enfatiza, y luego afirma que “estos grupos, por medio de la intimidación social y actos terroristas atentan contra la vida, la seguridad y la paz, atemorizan a las personas, limitando sus oportunidades de mejores días”.
Aclara que “la empresa y sus actividades cuentan con todos los permisos y exigencias de la normativa ecuatoriana para trabajar”.
“Al igual que otras actividades productivas queremos reactivar la economía y generar desarrollo para las comunidades. Guayacan Gold respalda y seguirá trabajando de la mano de las comunidades que quieren un mejor futuro y desarrollo gracias a una minería responsable”, finaliza.
En agosto y octubre del año pasado la empresa ya había sido víctima de otros atentados. En el último de ellos, se reportó el incendio de un vehículo y agresiones al personal de la empresa.
Guayacan Gold informa que en este nuevo evento se agredió físicamente y se fracturó el rostro de una persona; que se robaron armas de fuego a la Policía y se incendió la vivienda de un ciudadano adulto mayor que alquilaba su casa a la empresa.
“En el interior se encontraban almacenados insumos y equipos de propiedad de la empresa que estaban destinados para trabajos de investigación geológica”, afirma.
Dice también que los afectados y heridos se encuentran ya a buen recaudo y en valoraciones médicas y que se presume el uso de dinamita en el atentado.
“Guayacan Gold rechaza de forma rotunda el proceder de este grupo de personas que atentan contra la paz y tranquilidad de la comunidad, en nombre de una supuesta defensa del agua donde ponen en riesgo la vida de seres humanos”, sostiene el boletín de la empresa.
Precisa que “un grupo de opositores a la minería externos a la comunidad, agredieron físicamente al personal y quemaron una vivienda propiedad de una persona de la localidad, donde se encontraban varios insumos de la empresa”.
Añade que “los manifestantes violentaron al personal de la compañía, contratistas y miembros de la Fuerza Pública” y que “tras el atentado y con apoyo de la Comandancia de Policía se activó un operativo para recuperar el orden y salvaguardar a las personas que se encontraban en riesgo”.
“Se tomarán todas las medidas legales necesarias ante las autoridades competentes para que estos hechos no queden en la impunidad y se haga justicia”, remarca.
“No podemos permitir que estas acciones se vuelvan a suscitar en ninguna parte del país y por ninguna razón”, enfatiza, y luego afirma que “estos grupos, por medio de la intimidación social y actos terroristas atentan contra la vida, la seguridad y la paz, atemorizan a las personas, limitando sus oportunidades de mejores días”.
Aclara que “la empresa y sus actividades cuentan con todos los permisos y exigencias de la normativa ecuatoriana para trabajar”.
“Al igual que otras actividades productivas queremos reactivar la economía y generar desarrollo para las comunidades. Guayacan Gold respalda y seguirá trabajando de la mano de las comunidades que quieren un mejor futuro y desarrollo gracias a una minería responsable”, finaliza.
BHP llegó a acuerdo con sindicato de La Escondida
Agosto 16 de 2021.- Los cables que vienen de Chile señalan que el sindicato de Minera Escondida llegó a un acuerdo con la empresa angloaustraliana BHP y retiró el anuncio de huelga que había difundido la semana anterior.
Escondida es considerada la mina de cobre más grande del mundo. Produce más de un millón de toneladas del metal al año. Sus propietarios son las angloaustraliana BHP (57,5%), Rio Tinto (30%) y la japonesa Jeco (12,5%).
El sindicato de La Escondida tiene más de dos mil afiliados. En su comunicado, señala que aceptan la última oferta de BHP para dejar sin efecto el acuerdo que habían tomado el 31 de julio.
“Informamos que en la tarde de hoy, tras la aceptación casi unánime de nuestras bases, hemos formalizado la firma de nuestro nuevo contrato colectivo, el que contiene todas las conquistas alcanzadas en el proceso de negociación colectiva”, indicó el sindicato en un comunicado lanzado el pasado 13.
BHP, por su parte, también se refirió al hecho agregando que las condiciones negociadas estarán vigentes por 36 meses.
“Este nuevo acuerdo nos permitirá implementar una serie de prácticas de productividad que ayudarán a enfrentar el desafío de mantener nuestra competitividad en el tiempo, por lo que es mucho más que la entrega de un bono”, señaló Cristóbal Marshall, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Escondida/BHP.
Medios locales destacan un bono para cada socio del sindicato por conceptos de productividad y desarrollo laboral por más de US$ 23 000, un beneficio de casi US$ 4.000 para cada trabajador por jornadas excepcionales y un crédito blando por el mismo monto.
En el 2017, los trabajadores de Escondida realizaron una huelga de 44 días, la más prolongada de la historia de la minería chilena. El paro generó US$ 740 millones de pérdidas a la compañía y significó una contracción de cerca de 1,3% del PBI chileno.
Escondida es considerada la mina de cobre más grande del mundo. Produce más de un millón de toneladas del metal al año. Sus propietarios son las angloaustraliana BHP (57,5%), Rio Tinto (30%) y la japonesa Jeco (12,5%).
El sindicato de La Escondida tiene más de dos mil afiliados. En su comunicado, señala que aceptan la última oferta de BHP para dejar sin efecto el acuerdo que habían tomado el 31 de julio.
“Informamos que en la tarde de hoy, tras la aceptación casi unánime de nuestras bases, hemos formalizado la firma de nuestro nuevo contrato colectivo, el que contiene todas las conquistas alcanzadas en el proceso de negociación colectiva”, indicó el sindicato en un comunicado lanzado el pasado 13.
BHP, por su parte, también se refirió al hecho agregando que las condiciones negociadas estarán vigentes por 36 meses.
“Este nuevo acuerdo nos permitirá implementar una serie de prácticas de productividad que ayudarán a enfrentar el desafío de mantener nuestra competitividad en el tiempo, por lo que es mucho más que la entrega de un bono”, señaló Cristóbal Marshall, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Escondida/BHP.
Medios locales destacan un bono para cada socio del sindicato por conceptos de productividad y desarrollo laboral por más de US$ 23 000, un beneficio de casi US$ 4.000 para cada trabajador por jornadas excepcionales y un crédito blando por el mismo monto.
En el 2017, los trabajadores de Escondida realizaron una huelga de 44 días, la más prolongada de la historia de la minería chilena. El paro generó US$ 740 millones de pérdidas a la compañía y significó una contracción de cerca de 1,3% del PBI chileno.
Policía Nacional despeja vías en
parroquia La Merced de Buenos Aires
Agosto 8 de 2021.- La Policía Nacional realizó el pasado 3 de agosto el operativo de cumplimiento a la orden judicial que mandaba desalojar a los pobladores que impedían el ingreso de los vehículos contratados por la empresa Hanrine a su zona de operaciones en la parroquia La Merced de Buenos Aires.
Según la Defensoría del Pueblo hubo personas heridas. Los efectivos policiales -250 de acuerdo a su versión y 500 para otros- cumplieron la orden del Juez de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Distrito Metropolitano de Quito, Byron Andrés Vallejo; sin embargo, hacerlo de madrugada es algo que rebasa las consideraciones de tipo humanitario que deben observarse para solucionar un problema que empezó hace mucho tiempo y no tiene visos de solución a la fecha.
Los policías no tuvieron mucho trabajo. Bloqueando el paso y en medio de la pista encontraron a unas 200 mujeres de rodillas rezando padrenuestros, avemarías, glorias y el credo. Rezaban y de rato en rato gritaban “queremos paz, queremos paz” mientras frente a ellas, usando altoparlantes y con voz grave, un jefe de los efectivos daba a conocer cuál era el propósito de su presencia en la vía y a las tres de la madrugada, pero no le hicieron caso.
Después vino el desalojo y cuando la vía quedó despejada, fueron pasando los camiones y otros vehículos de la empresa minera. En esa zona hay varias concesiones formalmente otorgadas en las que se han autorizado actividades exploratorias. Sin embargo, las mineras no podían explorar nada por el cierre de vías que han declarado algunas personas.
Pasaron tres días desde la noche del operativo policial y llegaron los asambleístas de la Comisión Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad.
Frente a ellos, una señora aclaró que no estuvo arrodillada ante los policías sino encomendándose a Dios para que la mantenga viva y pueda seguir defendiendo a su tierra.
La cosa es que la resolución del juez quiteño siguió a la que antes había tomado el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Urcuquí, Manuel Sucuzhañay, quien dictó medidas cautelares para que la empresa minera desaloje el ingreso del pueblo y evitar enfrentamientos con la población.
El conflicto entre las sentencias lleva al plano legal una historia que merece un capítulo aparte en la vida de las comunidades andinas ecuatorianas. Para el asambleísta imbabureño Mario Ruíz, quien es el que más se ha interesado por lo que está pasando en Buenos Aires, “hay dos sentencias que se están contraponiendo; una que establece que se debe precautelar la paz y la seguridad del pueblo de Buenos Aires y de los trabajadores de la minera, y la sentencia de Quito dice que se debe utilizar al Ejército y a la Policía para entrar a la fuerza a Urcuquí”.
Ruiz y otros asambleístas escucharon a los pobladores tanto en la parroquia como en sus oficinas. En ambos lugares los agricultores les dijeron lo mismo: “No somos antimineros. Somos campesinos, hijos y nietos de campesinos que vivieron sembrando frejol, maíz, tomate y naranjilla. También tenemos vaquitas para la leche… si nos quitan nuestra tierra, a dónde vamos a ir”.
La sensación de que debido a la actividad minera van a perder sus cultivos y sus territorios actúa como la fuerza que los moviliza. La certeza de que la ciudad no los aceptará ni siquiera como vendedores informales les desarrolla un sentido de resistencia a eso que llaman desarrollo que, en su caso, es una palabra hueca e intrascendente.
Los asambleístas tomaron nota de los relatos de los pobladores y leyeron la resolución y el comunicado que habían aprobado unos días antes sobre el caso Buenos Aires. “Venimos a levantar información, a monitorear los derechos humanos, los derechos colectivos y los de la naturaleza… si se han violado, habrá fiscalización… si se vulneraron los derechos, comparecerán los responsables”, dijo Fernando Cabascango, presidente de la Comisión.
Según la Defensoría del Pueblo hubo personas heridas. Los efectivos policiales -250 de acuerdo a su versión y 500 para otros- cumplieron la orden del Juez de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Distrito Metropolitano de Quito, Byron Andrés Vallejo; sin embargo, hacerlo de madrugada es algo que rebasa las consideraciones de tipo humanitario que deben observarse para solucionar un problema que empezó hace mucho tiempo y no tiene visos de solución a la fecha.
Los policías no tuvieron mucho trabajo. Bloqueando el paso y en medio de la pista encontraron a unas 200 mujeres de rodillas rezando padrenuestros, avemarías, glorias y el credo. Rezaban y de rato en rato gritaban “queremos paz, queremos paz” mientras frente a ellas, usando altoparlantes y con voz grave, un jefe de los efectivos daba a conocer cuál era el propósito de su presencia en la vía y a las tres de la madrugada, pero no le hicieron caso.
Después vino el desalojo y cuando la vía quedó despejada, fueron pasando los camiones y otros vehículos de la empresa minera. En esa zona hay varias concesiones formalmente otorgadas en las que se han autorizado actividades exploratorias. Sin embargo, las mineras no podían explorar nada por el cierre de vías que han declarado algunas personas.
Pasaron tres días desde la noche del operativo policial y llegaron los asambleístas de la Comisión Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad.
Frente a ellos, una señora aclaró que no estuvo arrodillada ante los policías sino encomendándose a Dios para que la mantenga viva y pueda seguir defendiendo a su tierra.
La cosa es que la resolución del juez quiteño siguió a la que antes había tomado el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Urcuquí, Manuel Sucuzhañay, quien dictó medidas cautelares para que la empresa minera desaloje el ingreso del pueblo y evitar enfrentamientos con la población.
El conflicto entre las sentencias lleva al plano legal una historia que merece un capítulo aparte en la vida de las comunidades andinas ecuatorianas. Para el asambleísta imbabureño Mario Ruíz, quien es el que más se ha interesado por lo que está pasando en Buenos Aires, “hay dos sentencias que se están contraponiendo; una que establece que se debe precautelar la paz y la seguridad del pueblo de Buenos Aires y de los trabajadores de la minera, y la sentencia de Quito dice que se debe utilizar al Ejército y a la Policía para entrar a la fuerza a Urcuquí”.
Ruiz y otros asambleístas escucharon a los pobladores tanto en la parroquia como en sus oficinas. En ambos lugares los agricultores les dijeron lo mismo: “No somos antimineros. Somos campesinos, hijos y nietos de campesinos que vivieron sembrando frejol, maíz, tomate y naranjilla. También tenemos vaquitas para la leche… si nos quitan nuestra tierra, a dónde vamos a ir”.
La sensación de que debido a la actividad minera van a perder sus cultivos y sus territorios actúa como la fuerza que los moviliza. La certeza de que la ciudad no los aceptará ni siquiera como vendedores informales les desarrolla un sentido de resistencia a eso que llaman desarrollo que, en su caso, es una palabra hueca e intrascendente.
Los asambleístas tomaron nota de los relatos de los pobladores y leyeron la resolución y el comunicado que habían aprobado unos días antes sobre el caso Buenos Aires. “Venimos a levantar información, a monitorear los derechos humanos, los derechos colectivos y los de la naturaleza… si se han violado, habrá fiscalización… si se vulneraron los derechos, comparecerán los responsables”, dijo Fernando Cabascango, presidente de la Comisión.
Vientos de huelga en la mina de
cobre más grande del mundo
Agosto 8 de 2021.- El Sindicato No. 1 de Trabajadores Minera Escondida, que agrupa a los trabajadores de la mina de cobre más grande del mundo, ubicada en Chile y operada por BHP Group, pidió a sus afiliados que se vayan preparando para una huelga debido al lento progreso en las negociaciones del pliego anual de reivindicaciones.
Hace unos días, los dirigentes del sindicato advirtieron a sus afiliados que “tras analizar las condiciones de la última oferta de Minera Escondida, se ha constatado que la misma busca aumentar los tiempos de trabajo, disminuir descansos, modificar las jornadas de trabajo, aplicar medidas que afectan la protección de trabajadores enfermos y contraindicados, entre otros aspectos, que persiguen incrementar aún más la productividad y las ganancias de la empresa minera más rentable del mundo”.
Después sometieron a votación la convocatoria a paralizar las actividades. Dos mil 164 trabajadores votaron a favor y 11 votaron por aceptar los ofrecimientos de la empresa.
Las demandas de los trabajadores buscan establecer un sistema de desarrollo de carrera justo y objetivo, estabilizar las compensaciones y bonos variables en base al desempeño de los trabajadores, mejorar los beneficios sociales en salud, educación y vivienda, planes o condiciones de retiro y otros ajustes impostergables. También consideran un incremento salarial de cinco por ciento.
Adicionalmente demandan un bono, por única vez, equivalente al 1% de los dividendos pagados a los dueños en los tres últimos ejercicios, el que será distribuido en partes iguales entre todos los socios.
“Les pedimos que mantengan la unidad y la disciplina y que estén preparados para enfrentar el escenario de una eventual huelga”, han dicho los dirigentes sindicales. Pero la huelga no está declarada.
Falta un periodo de conversaciones, mediadas las autoridades, que podrían demorar entre 5 y 10 días. En ese momento sí, si no se llega a un acuerdo, comenzaría la huelga.
Hace unos días, los dirigentes del sindicato advirtieron a sus afiliados que “tras analizar las condiciones de la última oferta de Minera Escondida, se ha constatado que la misma busca aumentar los tiempos de trabajo, disminuir descansos, modificar las jornadas de trabajo, aplicar medidas que afectan la protección de trabajadores enfermos y contraindicados, entre otros aspectos, que persiguen incrementar aún más la productividad y las ganancias de la empresa minera más rentable del mundo”.
Después sometieron a votación la convocatoria a paralizar las actividades. Dos mil 164 trabajadores votaron a favor y 11 votaron por aceptar los ofrecimientos de la empresa.
Las demandas de los trabajadores buscan establecer un sistema de desarrollo de carrera justo y objetivo, estabilizar las compensaciones y bonos variables en base al desempeño de los trabajadores, mejorar los beneficios sociales en salud, educación y vivienda, planes o condiciones de retiro y otros ajustes impostergables. También consideran un incremento salarial de cinco por ciento.
Adicionalmente demandan un bono, por única vez, equivalente al 1% de los dividendos pagados a los dueños en los tres últimos ejercicios, el que será distribuido en partes iguales entre todos los socios.
“Les pedimos que mantengan la unidad y la disciplina y que estén preparados para enfrentar el escenario de una eventual huelga”, han dicho los dirigentes sindicales. Pero la huelga no está declarada.
Falta un periodo de conversaciones, mediadas las autoridades, que podrían demorar entre 5 y 10 días. En ese momento sí, si no se llega a un acuerdo, comenzaría la huelga.
Codelco: 50 años por Chile
Agosto 1 de 2021.- Al celebrar 50 años de la nacionalización del cobre, la empresa estatal chilena Codelco informó que en el primer semestre de este año obtuvo US$ 3.675 millones en excedentes, la cifra más alta de los últimos diez años.
También fue casi 10 veces superior a la del año pasado, cuando sumó US$ 380 millones.
El presidente ejecutivo, Octavio Araneda, explicó que “el precio del cobre fue, sin duda, un factor que influyó positivamente en los resultados, pero también lo hicieron el alza en la producción, costos menores a los presupuestados, las mayores ventas de nuestro principal producto y el mejor desempeño de las subsidiarias”.
En cuanto a producción, las cifras también son halagadoras. Su producción de cobre fino fue de 796 mil toneladas.
Codelco se está transformando para ser más competitiva y entregar excedentes al país por los próximos 50 años; por eso, no basta que pongamos en marcha nuevos yacimientos, como lo estamos haciendo, sino que es imprescindible una administración de excelencia, destacó el presidente del directorio, Juan Benavides.
En cuanto a costos de producción, Codelco informó que su costo directo llegó a 134,7 centavos de dólar la libra.
El costo neto a cátodo alcanzó 221 c/lb, 6,4% superior a enero-junio de 2020.
“50 años por Chile”
En estas primeras cinco décadas desde que el cobre pasó a manos del Estado, Codelco ha contribuido al desarrollo del país con más de US$ 115 mil millones de excedentes, lo que representa 8% de los ingresos fiscales en el período; ventas al exterior por US$ 311 mil millones, cerca del 20% del total de las exportaciones, e inversiones acumuladas por US$ 68 mil millones, lo que representa el 5% de toda la inversión realizada en el país.
También fue casi 10 veces superior a la del año pasado, cuando sumó US$ 380 millones.
El presidente ejecutivo, Octavio Araneda, explicó que “el precio del cobre fue, sin duda, un factor que influyó positivamente en los resultados, pero también lo hicieron el alza en la producción, costos menores a los presupuestados, las mayores ventas de nuestro principal producto y el mejor desempeño de las subsidiarias”.
En cuanto a producción, las cifras también son halagadoras. Su producción de cobre fino fue de 796 mil toneladas.
Codelco se está transformando para ser más competitiva y entregar excedentes al país por los próximos 50 años; por eso, no basta que pongamos en marcha nuevos yacimientos, como lo estamos haciendo, sino que es imprescindible una administración de excelencia, destacó el presidente del directorio, Juan Benavides.
En cuanto a costos de producción, Codelco informó que su costo directo llegó a 134,7 centavos de dólar la libra.
El costo neto a cátodo alcanzó 221 c/lb, 6,4% superior a enero-junio de 2020.
“50 años por Chile”
En estas primeras cinco décadas desde que el cobre pasó a manos del Estado, Codelco ha contribuido al desarrollo del país con más de US$ 115 mil millones de excedentes, lo que representa 8% de los ingresos fiscales en el período; ventas al exterior por US$ 311 mil millones, cerca del 20% del total de las exportaciones, e inversiones acumuladas por US$ 68 mil millones, lo que representa el 5% de toda la inversión realizada en el país.
Pobladores de Telimbela rechazan violencia
Julio 25 de 2021.- Dirigentes de diversas organizaciones de pobladores de Telimbela se reunieron el pasado 19 de julio del 2021 con el alcalde del cantón Chimbo, Luis Alfredo Prado, para pronunciarse en rechazo a la marcha convocada por los autodenominados Defensores del agua y la vida.
La marcha estaba convocada para el 24 de este mes.
Carmita Angulo, líder de la Asociación por el Bienestar Integral del Recinto Chonta Pucará, expresó la falta de presencia de las autoridades en el territorio, en tanto que los representantes de Unión Telimbeleña, señalaron su preocupación por la falta de seguridad en el lugar.
Los vecinos denunciaron que han sufrido de agresiones físicas, verbales, psicológicas y hasta secuestros a causa de los autodenominados Defensores de la Paz, "que no son más que unos delincuentes encapuchados y sobre todo que vienen de otras provincias o parroquias. Ellos no son gente de acá, nosotros somos los legítimos ciudadanos de Telimbela" indicó Ítalo Suárez.
De acuerdo a ambas instituciones, el alcalde Prado ratificó su posición de rechazo a las agresiones y a la violencia, ya que “él también fue víctima de esas personas, pues secuestraron a su esposa hace poco tiempo”; y por ello se comprometió a enviar oficios al Gobernador y al Ministerio de Gobierno para buscar que las autoridades competentes busquen reprimir y eliminar la violencia en que vive la parroquia.
Telimbela, es una parroquia rural que pertenece al cantón Chimbo, en provincia de Bolívar. En sus predios se desarrollan diversas actividades agropecuarias y la zona es conocida por su producción de caña de azúcar, panela y aguardiente; así como de leche y queso.
Su subsuelo, como en casi todo el territorio ecuatoriano, esconde muchos recursos y son varias las empresas que desde hace décadas vienen realizando labores de exploración. Frente a ello, son muchos los puntos de vista que tratan de incidir en el curso de tales actividades.
La marcha estaba convocada para el 24 de este mes.
Carmita Angulo, líder de la Asociación por el Bienestar Integral del Recinto Chonta Pucará, expresó la falta de presencia de las autoridades en el territorio, en tanto que los representantes de Unión Telimbeleña, señalaron su preocupación por la falta de seguridad en el lugar.
Los vecinos denunciaron que han sufrido de agresiones físicas, verbales, psicológicas y hasta secuestros a causa de los autodenominados Defensores de la Paz, "que no son más que unos delincuentes encapuchados y sobre todo que vienen de otras provincias o parroquias. Ellos no son gente de acá, nosotros somos los legítimos ciudadanos de Telimbela" indicó Ítalo Suárez.
De acuerdo a ambas instituciones, el alcalde Prado ratificó su posición de rechazo a las agresiones y a la violencia, ya que “él también fue víctima de esas personas, pues secuestraron a su esposa hace poco tiempo”; y por ello se comprometió a enviar oficios al Gobernador y al Ministerio de Gobierno para buscar que las autoridades competentes busquen reprimir y eliminar la violencia en que vive la parroquia.
Telimbela, es una parroquia rural que pertenece al cantón Chimbo, en provincia de Bolívar. En sus predios se desarrollan diversas actividades agropecuarias y la zona es conocida por su producción de caña de azúcar, panela y aguardiente; así como de leche y queso.
Su subsuelo, como en casi todo el territorio ecuatoriano, esconde muchos recursos y son varias las empresas que desde hace décadas vienen realizando labores de exploración. Frente a ello, son muchos los puntos de vista que tratan de incidir en el curso de tales actividades.
En Chile: concurso premiará a la mujer minera
Julio 25 de 2021.- En Chile, los ministerios de Minería y de la Mujer y la Equidad de Género se han unido para organizar la versión 2021 del concurso que busca resaltar la labor de las trabajadoras de la minería y de las empresas mineras por promover la equidad de género y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Este año el premio tiene dos categorías: “Mujer destacada en minería” y “Buena práctica de género en minería”, cuyas postulaciones se realizarán en línea y estarán abiertas hasta el 30 de julio.
La actividad se enmarca en el trabajo que realizan las carteras para cumplir con el “Compromiso Mujer 2018-2022”, que es parte de un programa del gobierno chileno que busca fomentar la incorporación de la mujer en la fuerza laboral nacional.
En Chile, la participación femenina en el sector alcanza un 11,7% según el último Estudio de Fuerza Laboral realizado por el Consejo de Competencias Mineras.
La subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, María José Abud, señaló que “necesitamos un enfoque de género transversal en esta reactivación, porque sabemos que esta crisis ha agudizado muchas desigualdades entre hombres y mujeres, pero también vemos una oportunidad de cerrar brechas históricas. En ese sentido, el foco ha estado en potenciar e impulsar la participación femenina en industrias masculinizadas como la minería, y este premio busca justamente reconocer y fomentar las buenas prácticas al interior de las organizaciones y destacar a mujeres que son un ejemplo del cambio que estamos impulsando”.
Por su parte, el subsecretario de Minería, Edgar Blanco, explicó que estos esfuerzos “buscan generar un cambio cultural en la minería en todos sus niveles: grande, mediana y pequeña, y si bien hemos avanzado año a año, no podemos conformarnos. Debemos potenciar las habilidades y aptitudes de todas las personas, independiente de si es hombre o mujer y eso es para todos los ámbitos de la vida”.
Este año el premio tiene dos categorías: “Mujer destacada en minería” y “Buena práctica de género en minería”, cuyas postulaciones se realizarán en línea y estarán abiertas hasta el 30 de julio.
La actividad se enmarca en el trabajo que realizan las carteras para cumplir con el “Compromiso Mujer 2018-2022”, que es parte de un programa del gobierno chileno que busca fomentar la incorporación de la mujer en la fuerza laboral nacional.
En Chile, la participación femenina en el sector alcanza un 11,7% según el último Estudio de Fuerza Laboral realizado por el Consejo de Competencias Mineras.
La subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, María José Abud, señaló que “necesitamos un enfoque de género transversal en esta reactivación, porque sabemos que esta crisis ha agudizado muchas desigualdades entre hombres y mujeres, pero también vemos una oportunidad de cerrar brechas históricas. En ese sentido, el foco ha estado en potenciar e impulsar la participación femenina en industrias masculinizadas como la minería, y este premio busca justamente reconocer y fomentar las buenas prácticas al interior de las organizaciones y destacar a mujeres que son un ejemplo del cambio que estamos impulsando”.
Por su parte, el subsecretario de Minería, Edgar Blanco, explicó que estos esfuerzos “buscan generar un cambio cultural en la minería en todos sus niveles: grande, mediana y pequeña, y si bien hemos avanzado año a año, no podemos conformarnos. Debemos potenciar las habilidades y aptitudes de todas las personas, independiente de si es hombre o mujer y eso es para todos los ámbitos de la vida”.
Experiencia chilena al servicio de la minería ecuatoriana
Julio 25 de 2021.- La Alianza para el Emprendimiento y la Innovación de Ecuador, AEI, con la participación de la Universidad Central de Chile, UCCh; organizaron el Worskshop Internacional de Minería, un evento de tres días durante los cuales se abordaron temas centrales para el desarrollo de la minería.
El evento se dedicó a desarrollar lo relacionado con el rol del Estado y la relación con las comunidades; la identificación de las etapas de los proyectos mineros y las nuevas oportunidades del sector en el marco de la innovación.
Desde el inicio, los expositores trataron de focalizar sus intervenciones en la problemática ecuatoriana, ofreciendo una serie de conocimientos útiles para los interesados en comprender cómo se pueden gestionar los conflictos inherentes a la ejecución de proyectos mineros.
La Alianza para el Emprendimiento y la Innovación de Ecuador es un espacio que busca generar las conexiones necesarias para que a través de la red, los emprendedores innovadores puedan desarrollar su negocio mediante el acceso a mercados a través de alianzas comerciales con cadenas de supermercado, de convocatorias con grandes empresas o de programas de exportación.
Ve además temas de financiamiento de capital de riesgo y productos bancarios con mejores condiciones y mentorías personalizadas con reconocidos empresarios para perfeccionar sus proyectos innovadores, y distintos servicios que acompañen al emprendedor en su camino empresarial.
Más información en su página: https://www.aei.ec/
El evento se dedicó a desarrollar lo relacionado con el rol del Estado y la relación con las comunidades; la identificación de las etapas de los proyectos mineros y las nuevas oportunidades del sector en el marco de la innovación.
Desde el inicio, los expositores trataron de focalizar sus intervenciones en la problemática ecuatoriana, ofreciendo una serie de conocimientos útiles para los interesados en comprender cómo se pueden gestionar los conflictos inherentes a la ejecución de proyectos mineros.
La Alianza para el Emprendimiento y la Innovación de Ecuador es un espacio que busca generar las conexiones necesarias para que a través de la red, los emprendedores innovadores puedan desarrollar su negocio mediante el acceso a mercados a través de alianzas comerciales con cadenas de supermercado, de convocatorias con grandes empresas o de programas de exportación.
Ve además temas de financiamiento de capital de riesgo y productos bancarios con mejores condiciones y mentorías personalizadas con reconocidos empresarios para perfeccionar sus proyectos innovadores, y distintos servicios que acompañen al emprendedor en su camino empresarial.
Más información en su página: https://www.aei.ec/
Convenio AIME – WIM Ecuador
Julio 18 de 2021.- Los presidentes de la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, Aime; y de Women in Mining Ecuador; René Ayala y María Isabel Aillón, respectivamente, suscribieron el pasado 14 de julio un convenio orientado a promover la presencia de la mujer en la industria minera ecuatoriana.
Según ambas instituciones, su trabajo se enmarcará en una apuesta por posicionar a la minería responsable como fuente de empleo, progreso social y buenas prácticas en todas sus fases, considerando la equidad de género como enfoque transversal para el desarrollo de ejes temáticos tales como educación y formación; ambiente y cambio climático; desarrollo económico comunitario; desarrollo social y de educación y transferencia tecnológica y conocimiento.
En el marco del convenio, la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Espol tendrá a su cargo el análisis del tema “La profesionalización de la mujer minera como parte de una industria predominantemente masculina”.
En la ceremonia realizada para la firma del convenio participaron como invitados especiales el presidente ejecutivo de HJ Becdach Ferias, Hassan Becdach; el ingeniero Guido Acosta, director ejecutivo de la Corporación Ecuatoriana de Recursos y Reservas Minerales (Cerrm - Crirsco) y el gerente para Ecuador y Colombia de ISG – Pit to Ship Solutions, Gustavo Delgado, quien fue además el patrocinador de la reunión.
Según ambas instituciones, su trabajo se enmarcará en una apuesta por posicionar a la minería responsable como fuente de empleo, progreso social y buenas prácticas en todas sus fases, considerando la equidad de género como enfoque transversal para el desarrollo de ejes temáticos tales como educación y formación; ambiente y cambio climático; desarrollo económico comunitario; desarrollo social y de educación y transferencia tecnológica y conocimiento.
En el marco del convenio, la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Espol tendrá a su cargo el análisis del tema “La profesionalización de la mujer minera como parte de una industria predominantemente masculina”.
En la ceremonia realizada para la firma del convenio participaron como invitados especiales el presidente ejecutivo de HJ Becdach Ferias, Hassan Becdach; el ingeniero Guido Acosta, director ejecutivo de la Corporación Ecuatoriana de Recursos y Reservas Minerales (Cerrm - Crirsco) y el gerente para Ecuador y Colombia de ISG – Pit to Ship Solutions, Gustavo Delgado, quien fue además el patrocinador de la reunión.
No mineros reflexionan sobre inversiones de China
Julio 18 de 2021.- “La Hora del Té” viene organizando una reunión para el próximo 28 de julio durante la cual se verá el tema “Incidencia desde la resistencia frente a actores chinos en Ecuador”.
“La hora del te” dice de sí misma que es un “espacio de confianza para mejorar nuestra comprensión sobre China con el objetivo de construir mejores y más efectivas estrategias de comunicación e incidencia frente a actores chinos”.
Parte de que “las inversiones chinas en sectores extractivos se instalaron con fuerza a partir del 2010. Desde entonces, las comunidades locales en cuyos territorios se ubican las concesiones petroleras y mineras han desplegado variadas y creativas formas para defender su territorio, su forma de vida y sus derechos, no sólo frente a los actores estatales, sino también frente a los actores chinos”.
“En este contexto, nacen muchas iniciativas de resistencia, las principales lideradas por la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) para parar el proyecto minero Mirador operado por la empresa china Ecuacorriente S.A.; y por el Consejo de Gobierno de la Nacionalidad Sapara del Ecuador (NASE) para impedir el inicio de la explotación petrolera en los bloques 79 y 83 a cargo de la empresa china Andes Petroleum”, agrega.
Y sostiene que “en ambos casos las comunidades locales, con el apoyo de aliados de la sociedad civil nacional e internacional, han logrado con éxito visibilizar los impactos presentes y futuros de Mirador, y de los bloques 79 y 83, pero han tenido resultados mixtos con respecto a lograr influenciar a los actores chinos para que acepten sus demandas”.
En la reunión del 28 participarán como expositores Alicia Granda, del Colectivo Nacional Anti Minero Caminantes de Ecuador; Felipe Bonilla, de Acción Ecológica y Paulina Garzón, directora ejecutiva de la Iniciativa para las Inversiones Sostenibles China-América Latina, Iiscal, quien actuará como facilitadora.
La entrada es con invitación. Si alguien va y nos cuenta algo, le estaremos agradecidos.
“La hora del te” dice de sí misma que es un “espacio de confianza para mejorar nuestra comprensión sobre China con el objetivo de construir mejores y más efectivas estrategias de comunicación e incidencia frente a actores chinos”.
Parte de que “las inversiones chinas en sectores extractivos se instalaron con fuerza a partir del 2010. Desde entonces, las comunidades locales en cuyos territorios se ubican las concesiones petroleras y mineras han desplegado variadas y creativas formas para defender su territorio, su forma de vida y sus derechos, no sólo frente a los actores estatales, sino también frente a los actores chinos”.
“En este contexto, nacen muchas iniciativas de resistencia, las principales lideradas por la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) para parar el proyecto minero Mirador operado por la empresa china Ecuacorriente S.A.; y por el Consejo de Gobierno de la Nacionalidad Sapara del Ecuador (NASE) para impedir el inicio de la explotación petrolera en los bloques 79 y 83 a cargo de la empresa china Andes Petroleum”, agrega.
Y sostiene que “en ambos casos las comunidades locales, con el apoyo de aliados de la sociedad civil nacional e internacional, han logrado con éxito visibilizar los impactos presentes y futuros de Mirador, y de los bloques 79 y 83, pero han tenido resultados mixtos con respecto a lograr influenciar a los actores chinos para que acepten sus demandas”.
En la reunión del 28 participarán como expositores Alicia Granda, del Colectivo Nacional Anti Minero Caminantes de Ecuador; Felipe Bonilla, de Acción Ecológica y Paulina Garzón, directora ejecutiva de la Iniciativa para las Inversiones Sostenibles China-América Latina, Iiscal, quien actuará como facilitadora.
La entrada es con invitación. Si alguien va y nos cuenta algo, le estaremos agradecidos.
Comisión Australiana de Derechos Humanos señala que
40% de trabajadores mineros fue acosado sexualmente
Julio 18 de 2021.- Según el Respect @ Work: Sexual Harassment National Inquiry Report de la Comisión Australiana de Derechos Humanos, el 40% de trabajadores mineros ha sufrido alguna forma de acoso sexual en los últimos cinco años.
El informe fue publicado esta semana y entre muchas reflexiones interesantes, recuerda que Australia estuvo una vez a la vanguardia en la lucha contra el acoso sexual a nivel mundial.
Sin embargo, las cosas han ido para atrás. Australia, señala el documento, ahora está a la zaga de otros países en la prevención y respuesta al acoso sexual.
“El acoso sexual en los lugares de trabajo australianos es generalizado. Una de cada tres personas ha sufrido acoso sexual en el trabajo en los últimos cinco años”, afirma.
La base de esta cifra agregada es un reflejo igualmente impactante de la naturaleza interseccional y de género del acoso sexual en el lugar de trabajo.
Casi dos de cada cinco mujeres (39%) y poco más de uno de cada cuatro hombres (26%) han experimentado acoso sexual en el lugar de trabajo en los últimos cinco años, sostiene el documento publicado por la Comisión Australiana de Derechos Humanos.
El informe analiza los resultados de la encuesta nacional realizada en el año 2018 que arrojó que la prevalencia del acoso sexual en todas las industrias fue del 31%.
La encuesta también encontró que la prevalencia del acoso sexual en varias industrias era sustancialmente más alta (40% o más) que la tasa en todas las industrias del 31%.
Por rama, las cifras del acoso sexual son diversas. Así, en:
• información, medios y telecomunicaciones, la incidencia es del 81%.
• servicios de arte y recreación, es de 49%.
• servicios de electricidad, gas, agua y residuos, de 47%.
• comercio minorista, el 42% y, en el sector minero es del 40%.
“El acoso sexual en el lugar de trabajo es frecuente y generalizado: ocurre en todas las industrias, en todos los lugares y en todos los niveles”, se señala.
“Los australianos, en todo el país, están sufriendo daños económicos, sociales, emocionales, físicos y psicológicos asociados con el acoso sexual. Esto es particularmente cierto para las mujeres”, agrega la publicación.
Entre los impactos de esta situación, se dice que “también representa una carga financiera muy real para la economía a través de la pérdida de productividad, la rotación de personal y otros impactos asociados”.
Para los autores, el acoso sexual no es un problema de mujeres: es un problema social que todos los australianos y todos los lugares de trabajo australianos pueden contribuir a abordar.
Sostienen también que el acoso sexual en el lugar de trabajo no es inevitable. No es aceptable. Es prevenible.
Los interesados en profundizar en el tema y aprovechar las recomendaciones de los autores, pueden encontrar el informe en el sitio web de la Comisión Australiana de Derechos Humanos. http://www.humanrights.gov.au/about/publications/.
De nada.
El informe fue publicado esta semana y entre muchas reflexiones interesantes, recuerda que Australia estuvo una vez a la vanguardia en la lucha contra el acoso sexual a nivel mundial.
Sin embargo, las cosas han ido para atrás. Australia, señala el documento, ahora está a la zaga de otros países en la prevención y respuesta al acoso sexual.
“El acoso sexual en los lugares de trabajo australianos es generalizado. Una de cada tres personas ha sufrido acoso sexual en el trabajo en los últimos cinco años”, afirma.
La base de esta cifra agregada es un reflejo igualmente impactante de la naturaleza interseccional y de género del acoso sexual en el lugar de trabajo.
Casi dos de cada cinco mujeres (39%) y poco más de uno de cada cuatro hombres (26%) han experimentado acoso sexual en el lugar de trabajo en los últimos cinco años, sostiene el documento publicado por la Comisión Australiana de Derechos Humanos.
El informe analiza los resultados de la encuesta nacional realizada en el año 2018 que arrojó que la prevalencia del acoso sexual en todas las industrias fue del 31%.
La encuesta también encontró que la prevalencia del acoso sexual en varias industrias era sustancialmente más alta (40% o más) que la tasa en todas las industrias del 31%.
Por rama, las cifras del acoso sexual son diversas. Así, en:
• información, medios y telecomunicaciones, la incidencia es del 81%.
• servicios de arte y recreación, es de 49%.
• servicios de electricidad, gas, agua y residuos, de 47%.
• comercio minorista, el 42% y, en el sector minero es del 40%.
“El acoso sexual en el lugar de trabajo es frecuente y generalizado: ocurre en todas las industrias, en todos los lugares y en todos los niveles”, se señala.
“Los australianos, en todo el país, están sufriendo daños económicos, sociales, emocionales, físicos y psicológicos asociados con el acoso sexual. Esto es particularmente cierto para las mujeres”, agrega la publicación.
Entre los impactos de esta situación, se dice que “también representa una carga financiera muy real para la economía a través de la pérdida de productividad, la rotación de personal y otros impactos asociados”.
Para los autores, el acoso sexual no es un problema de mujeres: es un problema social que todos los australianos y todos los lugares de trabajo australianos pueden contribuir a abordar.
Sostienen también que el acoso sexual en el lugar de trabajo no es inevitable. No es aceptable. Es prevenible.
Los interesados en profundizar en el tema y aprovechar las recomendaciones de los autores, pueden encontrar el informe en el sitio web de la Comisión Australiana de Derechos Humanos. http://www.humanrights.gov.au/about/publications/.
De nada.
Ex canciller ecuatoriana será oradora en
Día Internacional de los Pueblos Indígenas
Julio 18 de 2021.- María Fernanda Espinosa Garcés, ex ministra de Relaciones Exteriores; de Defensa y de Patrimonio Cultural y Natural participará como oradora en la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo que se realizará el próximo lunes 9 de agosto.
La fecha es recordada en todo el mundo y este año, como parte de la conmemoración, la Subdivisión de Pueblos Indígenas y Desarrollo, una instancia de las Naciones Unidas, está organizando un evento virtual.
Las intervenciones girarán en torno al tema "No dejar a nadie atrás: los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social".
Junto a la ex canciller ecuatoriana intervendrá James Anaya, ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2008 a 2014.
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo nos recuerda que hay más de 476 millones de indígenas que viven en 90 países de todo el mundo, lo que representa el 6,2% de la población mundial.
Los pueblos indígenas son los poseedores de una gran diversidad de culturas, tradiciones, idiomas y sistemas de conocimiento únicos. Tienen una relación especial con sus tierras y tienen diversos conceptos de desarrollo basados en sus propias cosmovisiones y prioridades.
Ahora que más del 70% de la población mundial vive en países con una creciente desigualdad de ingresos y riqueza, incluidos los pueblos indígenas, la fecha tiene un significado especial.
Los altos niveles de desigualdad generalmente están asociados con la inestabilidad institucional, la corrupción, las crisis financieras, el aumento de la delincuencia y la falta de acceso a los servicios de justicia, educación y salud.
Para los pueblos indígenas, la pobreza y las grandes desigualdades tienden a generar tensiones y conflictos sociales intensos.
Una cifra que grafica esta situación señala que el 47% de todas las personas indígenas que trabajan no tienen educación escolarizada. Esta brecha es aún mayor en el caso de las mujeres.
Dice Naciones Unidas que el derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones es un componente clave para lograr la reconciliación entre los pueblos indígenas y los Estados, por lo tanto, un nuevo contrato social debe combatir el legado de exclusión y marginación que afecta a los pueblos indígenas, a través de su participación significativa y efectiva y la obtención de su consentimiento libre, previo e informado.
De otro lado, la pandemia de Covid-19 ha arrojado luz sobre los efectos de las crecientes desigualdades y promovido la discusión sobre la urgente necesidad de repensar un nuevo contrato social.
Se cree que la pandemia ha creado una oportunidad única para reconstruir un mundo más equitativo y sostenible, basado en una participación y una asociación genuinas e inclusivas que fomenta la igualdad de oportunidades para todos y respeta los derechos, la dignidad y las libertades de todos.
Para los muchos pueblos indígenas afectados de manera desproporcionada por el Covid-19 en todo el mundo, los planes para reconstruir mejor y repensar los contratos sociales deben incluir escuchar sus voces, necesidades y preocupaciones, obtener su consentimiento libre, previo e informado, e incluir los derechos colectivos e individuales de pueblos indígenas reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La fecha es recordada en todo el mundo y este año, como parte de la conmemoración, la Subdivisión de Pueblos Indígenas y Desarrollo, una instancia de las Naciones Unidas, está organizando un evento virtual.
Las intervenciones girarán en torno al tema "No dejar a nadie atrás: los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social".
Junto a la ex canciller ecuatoriana intervendrá James Anaya, ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2008 a 2014.
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo nos recuerda que hay más de 476 millones de indígenas que viven en 90 países de todo el mundo, lo que representa el 6,2% de la población mundial.
Los pueblos indígenas son los poseedores de una gran diversidad de culturas, tradiciones, idiomas y sistemas de conocimiento únicos. Tienen una relación especial con sus tierras y tienen diversos conceptos de desarrollo basados en sus propias cosmovisiones y prioridades.
Ahora que más del 70% de la población mundial vive en países con una creciente desigualdad de ingresos y riqueza, incluidos los pueblos indígenas, la fecha tiene un significado especial.
Los altos niveles de desigualdad generalmente están asociados con la inestabilidad institucional, la corrupción, las crisis financieras, el aumento de la delincuencia y la falta de acceso a los servicios de justicia, educación y salud.
Para los pueblos indígenas, la pobreza y las grandes desigualdades tienden a generar tensiones y conflictos sociales intensos.
Una cifra que grafica esta situación señala que el 47% de todas las personas indígenas que trabajan no tienen educación escolarizada. Esta brecha es aún mayor en el caso de las mujeres.
Dice Naciones Unidas que el derecho de los pueblos indígenas a participar en la adopción de decisiones es un componente clave para lograr la reconciliación entre los pueblos indígenas y los Estados, por lo tanto, un nuevo contrato social debe combatir el legado de exclusión y marginación que afecta a los pueblos indígenas, a través de su participación significativa y efectiva y la obtención de su consentimiento libre, previo e informado.
De otro lado, la pandemia de Covid-19 ha arrojado luz sobre los efectos de las crecientes desigualdades y promovido la discusión sobre la urgente necesidad de repensar un nuevo contrato social.
Se cree que la pandemia ha creado una oportunidad única para reconstruir un mundo más equitativo y sostenible, basado en una participación y una asociación genuinas e inclusivas que fomenta la igualdad de oportunidades para todos y respeta los derechos, la dignidad y las libertades de todos.
Para los muchos pueblos indígenas afectados de manera desproporcionada por el Covid-19 en todo el mundo, los planes para reconstruir mejor y repensar los contratos sociales deben incluir escuchar sus voces, necesidades y preocupaciones, obtener su consentimiento libre, previo e informado, e incluir los derechos colectivos e individuales de pueblos indígenas reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Corte Constitucional declara inconstitucionales dos artículos
del Reglamento ambiental de actividades mineras
Julio 12 de 2021.- El pasado 9 de junio el Pleno de la Corte Constitucional resolvió “aceptar la acción pública de inconstitucionalidad No. 32-17-IN”, “declarar que los artículos 86 y 136 del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras son inconstitucionales por inobservar el principio de reserva legal” y “notificar a la Asamblea Nacional del Ecuador para los fines pertinentes”.
El caso empezó hace más de cuatro años cuando un grupo de ciudadanos, encabezados por Fred Larreátegui Fabara, María Alejandra Zambrano Torres y Andrea Cristina Bravo Aguilar, entre otros, pidieron que se declare la inconstitucionalidad de dos artículos del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, expedido por el Ministerio del Ambiente mediante Acuerdo Ministerial No. 37 de 24 de marzo de 2014, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 213 de 27 de marzo de 2014.
Uno de los artículos, el número 86, tiene que ver con las “modificaciones de cursos de agua” y señala que “En el caso de que el proyecto minero requiera el desvío, trasvase, embalse, o cualquier modificación del curso natural de los cuerpos hídricos, la Autoridad Ambiental Competente solicitará el pronunciamiento de la Autoridad Única del Agua, dicho pronunciamiento será acogido dentro de la evaluación ambiental, dentro de sus competencias en gestión ambiental”.
“Sin perjuicio de la aprobación de los Estudios Ambientales, los Titulares Mineros previo a la ejecución de las actividades mencionada en este artículo, deberán obtener la autorización de la Autoridad Única del Agua. Si por efecto de la autorización emitida por la Autoridad Única del Agua, el proyecto necesita realizar una modificación, el titular minero deberá coordinar con la Autoridad Ambiental Competente lo establecido en el Art. 31 de este Reglamento”, continúa.
A la vez, el artículo 136 legisla sobre los “desvíos de cursos de agua” y señala que “en el caso de que la actividad de minería artesanal de aluviales, metálicos, no metálicos y materiales de construcción requiera el cambio de un curso hídrico superficial natural, o el estancamiento de cuerpos de agua, la ficha ambiental será aprobada luego de obtener el permiso correspondiente por parte de la Autoridad Única del Agua”.
Pues bien, pasó el tiempo y por fin la Corte Constitucional concluyó que la posibilidad de que se desvíe el curso natural de un cuerpo hídrico para proyectos mineros o para la actividad minera artesanal, así como los procedimientos y requisitos para autorizarlo, deben constar en una ley orgánica.
Sostiene en su dictamen que “la posibilidad de desviar el curso natural de un cuerpo hídrico debe estar consagrada en una ley orgánica”, que “la regulación relativa a esta posibilidad debe estar encaminada a que, en cada caso individual, se evalúe con información técnica y científica, si el principio de precaución es o no aplicable” y que “la regulación relativa a esta posibilidad debe estar encaminada a que, en cada caso individual, exista un permiso o autorización expedido por la autoridad competente”.
La sentencia de la Corte Constitucional abunda en considerandos y razones que se han reseñado en esta nota. Fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional con ocho votos a favor, de los Jueces Constitucionales Karla Andrade Quevedo, Agustín Grijalva Jiménez, Enrique Herrería Bonnet, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez, Daniela Salazar Marín y Hernán Salgado Pesantes.
El doctor Ramiro Avila Santamaría emitió su voto concurrente y la doctora Carmen Corral Ponce salvó su voto.
El caso empezó hace más de cuatro años cuando un grupo de ciudadanos, encabezados por Fred Larreátegui Fabara, María Alejandra Zambrano Torres y Andrea Cristina Bravo Aguilar, entre otros, pidieron que se declare la inconstitucionalidad de dos artículos del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras, expedido por el Ministerio del Ambiente mediante Acuerdo Ministerial No. 37 de 24 de marzo de 2014, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 213 de 27 de marzo de 2014.
Uno de los artículos, el número 86, tiene que ver con las “modificaciones de cursos de agua” y señala que “En el caso de que el proyecto minero requiera el desvío, trasvase, embalse, o cualquier modificación del curso natural de los cuerpos hídricos, la Autoridad Ambiental Competente solicitará el pronunciamiento de la Autoridad Única del Agua, dicho pronunciamiento será acogido dentro de la evaluación ambiental, dentro de sus competencias en gestión ambiental”.
“Sin perjuicio de la aprobación de los Estudios Ambientales, los Titulares Mineros previo a la ejecución de las actividades mencionada en este artículo, deberán obtener la autorización de la Autoridad Única del Agua. Si por efecto de la autorización emitida por la Autoridad Única del Agua, el proyecto necesita realizar una modificación, el titular minero deberá coordinar con la Autoridad Ambiental Competente lo establecido en el Art. 31 de este Reglamento”, continúa.
A la vez, el artículo 136 legisla sobre los “desvíos de cursos de agua” y señala que “en el caso de que la actividad de minería artesanal de aluviales, metálicos, no metálicos y materiales de construcción requiera el cambio de un curso hídrico superficial natural, o el estancamiento de cuerpos de agua, la ficha ambiental será aprobada luego de obtener el permiso correspondiente por parte de la Autoridad Única del Agua”.
Pues bien, pasó el tiempo y por fin la Corte Constitucional concluyó que la posibilidad de que se desvíe el curso natural de un cuerpo hídrico para proyectos mineros o para la actividad minera artesanal, así como los procedimientos y requisitos para autorizarlo, deben constar en una ley orgánica.
Sostiene en su dictamen que “la posibilidad de desviar el curso natural de un cuerpo hídrico debe estar consagrada en una ley orgánica”, que “la regulación relativa a esta posibilidad debe estar encaminada a que, en cada caso individual, se evalúe con información técnica y científica, si el principio de precaución es o no aplicable” y que “la regulación relativa a esta posibilidad debe estar encaminada a que, en cada caso individual, exista un permiso o autorización expedido por la autoridad competente”.
La sentencia de la Corte Constitucional abunda en considerandos y razones que se han reseñado en esta nota. Fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional con ocho votos a favor, de los Jueces Constitucionales Karla Andrade Quevedo, Agustín Grijalva Jiménez, Enrique Herrería Bonnet, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez, Daniela Salazar Marín y Hernán Salgado Pesantes.
El doctor Ramiro Avila Santamaría emitió su voto concurrente y la doctora Carmen Corral Ponce salvó su voto.
Consulta popular en Cuenca: ¿Quién tiene la razón?
Julio 12 de 2021.- A la pregunta de si “¿El resultado de la consulta popular (“no a la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga”) es mandatorio para quienes desde hace años han realizado trabajos de exploración y ahora quieren explotar el depósito minero que descubrieron?”, la Corte Constitucional de Ecuador señaló en respuesta a Vía Minera que “en relación a este tema, el dictamen señala expresamente cuáles eran los efectos de la consulta”.
Respondió también que hasta la semana pasada, no se había presentado ninguna solicitud pidiendo que se aclare el alcance real del resultado de la Consulta Popular que se realizó el pasado 7 de febrero, en Cuenca, en torno a la realización de actividades mineras en la zona de zona de recarga hídrica de dicho cantón.
Como se sabe, tanto los representantes del sector minero como los voceros de los grupos que se oponen a la minería en Cuenca han dicho que el dictamen de la Corte Constitucional les da la razón.
Por su parte el ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Gustavo Miranda, afirmó que “había que ser respetuoso de lo que diga la Corte Constitucional” respecto de la aplicación del resultado de la Consulta Popular.
Por ello que este informativo preguntó de manera formal si “¿La Corte Constitucional ha sido consultada sobre el alcance real del resultado de la Consulta Popular que se realizó el pasado 7 de febrero en Cuenca, en torno a la realización de actividades mineras en la zona de zona de recarga hídrica de dicho cantón?”
La respuesta que recibió Vía Minera el pasado 5 de julio fue: “Respecto a la presentación de una consulta efectuada dentro de la Causa 6-20-CP, se informa que no han ingresado escritos en los cuales se solicite a la Corte Constitucional información sobre el resultado de la Consulta Popular realizada en Cuenca el 7 de febrero de 2021”.
Y continua el texto: “Asimismo, se precisa que en la fase de seguimiento de sentencias y dictámenes constitucionales no se registran escritos relacionados. Cabe mencionar que más allá de los pedidos de aclaración y ampliación del dictamen, la Corte Constitucional no tiene competencia para responder sobre el “alcance real” del resultado de una consulta popular. Únicamente efectúa el control previo a la convocatoria de consulta, lo que ya hizo al emitir el dictamen”.
Respondió también que hasta la semana pasada, no se había presentado ninguna solicitud pidiendo que se aclare el alcance real del resultado de la Consulta Popular que se realizó el pasado 7 de febrero, en Cuenca, en torno a la realización de actividades mineras en la zona de zona de recarga hídrica de dicho cantón.
Como se sabe, tanto los representantes del sector minero como los voceros de los grupos que se oponen a la minería en Cuenca han dicho que el dictamen de la Corte Constitucional les da la razón.
Por su parte el ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Gustavo Miranda, afirmó que “había que ser respetuoso de lo que diga la Corte Constitucional” respecto de la aplicación del resultado de la Consulta Popular.
Por ello que este informativo preguntó de manera formal si “¿La Corte Constitucional ha sido consultada sobre el alcance real del resultado de la Consulta Popular que se realizó el pasado 7 de febrero en Cuenca, en torno a la realización de actividades mineras en la zona de zona de recarga hídrica de dicho cantón?”
La respuesta que recibió Vía Minera el pasado 5 de julio fue: “Respecto a la presentación de una consulta efectuada dentro de la Causa 6-20-CP, se informa que no han ingresado escritos en los cuales se solicite a la Corte Constitucional información sobre el resultado de la Consulta Popular realizada en Cuenca el 7 de febrero de 2021”.
Y continua el texto: “Asimismo, se precisa que en la fase de seguimiento de sentencias y dictámenes constitucionales no se registran escritos relacionados. Cabe mencionar que más allá de los pedidos de aclaración y ampliación del dictamen, la Corte Constitucional no tiene competencia para responder sobre el “alcance real” del resultado de una consulta popular. Únicamente efectúa el control previo a la convocatoria de consulta, lo que ya hizo al emitir el dictamen”.
Natan Monash, nuevo presidente de la Cámara de Minería del Ecuador
Julio 4 de 2021.- Nathan Monash, vicepresidente de Sostenibilidad Empresarial de Lundin Gold, empresa operadora de la mina aurífera Fruta del Norte, fue elegido presidente del directorio de la Cámara de Minería del Ecuador para el periodo 2021 – 2023.
Como vicepresidente se eligió al doctor Rodrigo Izurieta, quien fue el ejecutivo que obtuvo la más alta votación en las elecciones que se realizaron el pasado 25 de junio y, con esa condición, tuvo a su cargo la convocatoria de la primera reunión del directorio de la CME.
Rodrigo Izurieta se desempeñó como presidente de la Cámara de Minería del Ecuador en el periodo 2015 – 2017.
María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la CME, continúa ejerciendo sus funciones.
Son directores titulares del gremio empresarial minero, Santiago Bustamante, Freddy David Salazar, David Larenas, Rodrigo Darquea y Carolina Orozco.
Freddy Villao, Alain Bureau, Andrew Tauton, John Youle y Claudia Fierro-Renoy son directores suplentes.
“La nueva directiva compromete su trabajo a la defensa del sector que mayor crecimiento económico ha representado para el Ecuador en el último año y que -a la vez- es la industria que ha generado mayor atracción de inversión extranjera”, dijo la CME en una nota que “colgó” en su página web.
La Cámara de Minería del Ecuador se fundó en el año 1979 como una entidad de derecho privado para fomentar el desarrollo de la actividad minera en el país. Agrupa a las principales compañías internacionales (con excepción de ECSA, operadora de Mirador, que dejó en suspenso su afiliación) y nacionales involucradas con la minería.
Como vicepresidente se eligió al doctor Rodrigo Izurieta, quien fue el ejecutivo que obtuvo la más alta votación en las elecciones que se realizaron el pasado 25 de junio y, con esa condición, tuvo a su cargo la convocatoria de la primera reunión del directorio de la CME.
Rodrigo Izurieta se desempeñó como presidente de la Cámara de Minería del Ecuador en el periodo 2015 – 2017.
María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la CME, continúa ejerciendo sus funciones.
Son directores titulares del gremio empresarial minero, Santiago Bustamante, Freddy David Salazar, David Larenas, Rodrigo Darquea y Carolina Orozco.
Freddy Villao, Alain Bureau, Andrew Tauton, John Youle y Claudia Fierro-Renoy son directores suplentes.
“La nueva directiva compromete su trabajo a la defensa del sector que mayor crecimiento económico ha representado para el Ecuador en el último año y que -a la vez- es la industria que ha generado mayor atracción de inversión extranjera”, dijo la CME en una nota que “colgó” en su página web.
La Cámara de Minería del Ecuador se fundó en el año 1979 como una entidad de derecho privado para fomentar el desarrollo de la actividad minera en el país. Agrupa a las principales compañías internacionales (con excepción de ECSA, operadora de Mirador, que dejó en suspenso su afiliación) y nacionales involucradas con la minería.
Entre enero y abril de este año el sector
minero exportó más de US$ 420 millones
Junio 27 de 2021.- Durante los cuatro primeros meses del año Ecuador exportó minerales por un valor de 421 millones de dólares, de los cuales dos minas con operaciones a gran escala, Mirador y Fruta del Norte, aportaron un valor que corresponde al 64,74% de las exportaciones mineras totales.
La diferencia, es decir, el 35,26% restante del valor en dólares, corresponde a la producción de casi 200 unidades de la pequeña minería.
Las cifras las dio el jueves pasado el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No renovables, utilizando los números del Banco Central de Ecuador que, a su vez, se basan en las Declaraciones Aduaneras de Exportación, emitidas por el Servicio Nacional de Exportaciones (Senae).
Según el SRI, citado en la edición 22 del Reporte Semanal del viceministerio de Minas, la recaudación por impuestos mineros en los primeros cuatro meses del año fue de USD 40,85 millones; de los cuales 20,89 son por concepto de regalías, 15,99 por concepto de patentes y el resto por concepto de utilidades, cifras a abril del 2021.
Las exportaciones mineras de este año son 127 % más altas que las del mismo período de 2020, cuando alcanzaron los 185 millones de dólares.
Este año la producción de Fruta del Norte fue de 104 137 onzas de oro en el primer trimestre de 2021. El año pasado, sólo por puerto Bolívar, es decir, sin contar la primera exportación, se movilizaron 117 363,18 T.M. de concentrado de cobre provenientes de la mina Mirador. Este año, todavía no se han hecho públicas las cifras.
En el primer cuatrimestre de este año los productos mineros representaron el 5,35 % de las exportaciones totales del país y se ubicaron como el cuarto rubro más exportado de la economía nacional, después del petróleo, el banano y plátano y el camarón.
El titular de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo, resaltó al sector minero como pilar de la economía ecuatoriana: "Las divisas provenientes de las crecientes exportaciones mineras son necesarias para fortalecer nuestra economía. Este incremento sin duda aportará al desarrollo y estabilidad de nuestro país".
El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables proyecta que las exportaciones mineras en 2021 podrían llegar a los USD 1600 millones, es decir 74% más que en el 2020, año en el cual se exportó USD 921 millones en productos mineros.
Esta proyección toma en cuenta que en el segundo semestre de este año se prevé que la mina Mirador alcanzará un volumen de procesamiento de 60 mil toneladas por día, en tanto que Fruta del Norte incrementaría su procesamiento diario de 3500 a 4200 toneladas. Además, contempla la producción y exportación estable que genera la pequeña minería legal.
La diferencia, es decir, el 35,26% restante del valor en dólares, corresponde a la producción de casi 200 unidades de la pequeña minería.
Las cifras las dio el jueves pasado el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No renovables, utilizando los números del Banco Central de Ecuador que, a su vez, se basan en las Declaraciones Aduaneras de Exportación, emitidas por el Servicio Nacional de Exportaciones (Senae).
Según el SRI, citado en la edición 22 del Reporte Semanal del viceministerio de Minas, la recaudación por impuestos mineros en los primeros cuatro meses del año fue de USD 40,85 millones; de los cuales 20,89 son por concepto de regalías, 15,99 por concepto de patentes y el resto por concepto de utilidades, cifras a abril del 2021.
Las exportaciones mineras de este año son 127 % más altas que las del mismo período de 2020, cuando alcanzaron los 185 millones de dólares.
Este año la producción de Fruta del Norte fue de 104 137 onzas de oro en el primer trimestre de 2021. El año pasado, sólo por puerto Bolívar, es decir, sin contar la primera exportación, se movilizaron 117 363,18 T.M. de concentrado de cobre provenientes de la mina Mirador. Este año, todavía no se han hecho públicas las cifras.
En el primer cuatrimestre de este año los productos mineros representaron el 5,35 % de las exportaciones totales del país y se ubicaron como el cuarto rubro más exportado de la economía nacional, después del petróleo, el banano y plátano y el camarón.
El titular de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo, resaltó al sector minero como pilar de la economía ecuatoriana: "Las divisas provenientes de las crecientes exportaciones mineras son necesarias para fortalecer nuestra economía. Este incremento sin duda aportará al desarrollo y estabilidad de nuestro país".
El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables proyecta que las exportaciones mineras en 2021 podrían llegar a los USD 1600 millones, es decir 74% más que en el 2020, año en el cual se exportó USD 921 millones en productos mineros.
Esta proyección toma en cuenta que en el segundo semestre de este año se prevé que la mina Mirador alcanzará un volumen de procesamiento de 60 mil toneladas por día, en tanto que Fruta del Norte incrementaría su procesamiento diario de 3500 a 4200 toneladas. Además, contempla la producción y exportación estable que genera la pequeña minería legal.
Corte Constitucional avocó pedido
para consulta popular en Quito
Junio, 27 de 2021.- El pasado 22 de junio el juez constitucional Alí Lozada Prado avocó conocimiento de la causa N°1-21-CP que decidirá si se consulta o no a los ciudadanos del Distrito Metropolitano de Quito sobre la realización de actividades propias de la minería metálica dentro del Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas del Distrito Metropolitano de Quito; y, dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible, conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino.
El pedido de consulta ha sido presentado por organizaciones sociales y autoridades de la zona. Entre otras cosas, ellas dicen que existe una ordenanza que declara a las microcuencas de los ríos Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal como área natural protegida y que hay que conservar y proteger los remanentes de bosque montano bajo y bosque pluvial piemontano y su biodiversidad para la provisión de bienes y servicios ambientales de las comunidades.
También que la zona es el refugio de vida silvestre, en especial de aves y de un alto porcentaje de especies amenazadas.
Se dice que hay 425 especies de aves que necesitan ser protegidas ya que de ellas hay 23 especies que están amenazadas a nivel global y otras 70 especies están en peligro de desaparecer a nivel nacional.
En la zona viven también más de 60 especies de mamíferos, entre ellos el mono machín blanco, el puma y el olingo. El 16 % de las especies de mamíferos son endémicas; 18 % se encuentran amenazadas a nivel global y 45 % a nivel nacional. Además, se ha registrado un total de 40 especies de anfibios.
De este grupo, hay un total de 16 especies que están amenazadas a nivel global y 23 especies a nivel local.
Además, se han identificado 13 especies endémicas de flora y se han inventariado varias especies consideradas raras o amenazadas, tales como el ratón de agua para el que solamente se tienen tres registros a nivel nacional y la pacarana, una especie de roedor en peligro de extinción.
Los accionantes del pedido de consulta señalan que otro animal que estará protegido si es que no hay minería es el oso andino, una especie emblemática de la región.
Para que los jueces de la Corte Constitucional comprendan mejor lo que está en juego ya se han presentado aproximadamente 60 amicus curiae y medio centenar de escritos, unos en contra y la mayoría a favor de que se realice la consulta.
El pedido de consulta ha sido presentado por organizaciones sociales y autoridades de la zona. Entre otras cosas, ellas dicen que existe una ordenanza que declara a las microcuencas de los ríos Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal como área natural protegida y que hay que conservar y proteger los remanentes de bosque montano bajo y bosque pluvial piemontano y su biodiversidad para la provisión de bienes y servicios ambientales de las comunidades.
También que la zona es el refugio de vida silvestre, en especial de aves y de un alto porcentaje de especies amenazadas.
Se dice que hay 425 especies de aves que necesitan ser protegidas ya que de ellas hay 23 especies que están amenazadas a nivel global y otras 70 especies están en peligro de desaparecer a nivel nacional.
En la zona viven también más de 60 especies de mamíferos, entre ellos el mono machín blanco, el puma y el olingo. El 16 % de las especies de mamíferos son endémicas; 18 % se encuentran amenazadas a nivel global y 45 % a nivel nacional. Además, se ha registrado un total de 40 especies de anfibios.
De este grupo, hay un total de 16 especies que están amenazadas a nivel global y 23 especies a nivel local.
Además, se han identificado 13 especies endémicas de flora y se han inventariado varias especies consideradas raras o amenazadas, tales como el ratón de agua para el que solamente se tienen tres registros a nivel nacional y la pacarana, una especie de roedor en peligro de extinción.
Los accionantes del pedido de consulta señalan que otro animal que estará protegido si es que no hay minería es el oso andino, una especie emblemática de la región.
Para que los jueces de la Corte Constitucional comprendan mejor lo que está en juego ya se han presentado aproximadamente 60 amicus curiae y medio centenar de escritos, unos en contra y la mayoría a favor de que se realice la consulta.
Diálogo del ministro Bermeo y Hassan J. Becdach
aborda problemas de desarrollo del sector minero
Junio, 27 de 2021.- El pasado 25 de junio el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Juan Carlos Bermeo, conversó sobre las perspectivas del sector minero con uno de los promotores incansables de las industrias extractivas en Ecuador, el señor Hassan Becdach.
Fue una reunión de amigos comprometidos con la puesta en valor de los recursos que se encuentran en el subsuelo. Aproximadamente veinte años de amistad los unen en un esfuerzo que algún día tendrá que ser conocido en su amplitud.
Los señores Bermeo y Becdach se conocieron cuando se preparaba la primera edición del Oil&Power que desde esa fecha organiza todos años la organización Becdach. Para seguir con la tradición, el ministro anunció que estará presente en el día de la inauguración de la Expo Virtual Energías Renovables que se realizará entre el 12 y 16 de julio del 2021.
Se anuncia titular del viceministerio
Mientras tanto, el ingeniero Bermeo atiende los problemas urgentes de tres sectores: el hidrocarburífero, el eléctrico y el minero. Sobre este último se supo que en el trascurso de esta semana se conocerá el nombre de la persona que tendrá a su cargo el viceministerio de Minas.
Otro de los temas que está en la agenda que debe ser abordada con prioridad tiene que ver con la apertura del catastro minero. Al respecto, existe expectativa entre los mineros puesto que en reiteradas oportunidades se han anunciado plazos que no fueron cumplidos por las autoridades anteriores.
Los asuntos relacionados con la unidad entre todos los estamentos del sector, por un lado; y las empresas, la academia y el Estado, por el otro, fueron también conversados en la reunión del pasado viernes.
Ya tiene fecha el megaevento ecuatoriano
“El lanzamiento oficial de esta megareunión será el próximo jueves 22 de julio en un evento que contará con la presencia del ministro Juan Carlos Bermeo”, informó Hassan J. Becdach.
La XIII Conference Expominas y la XXI Oil&Power Expo Conference se realizarán en un formato híbrido, es decir, será de manera presencial para quienes participen en persona y de manera virtual para quienes quieran unirse vía streaming. Será los días 24, 25 y 26 de noviembre y desde ya se cuenta con la presencia de unas 400 empresas provenientes de aproximadamente veinte países.
Como se trata de un evento doble sobre minería y petróleo en Ecuador, se viene trabajando en la elaboración de un programa técnico del más alto nivel que estará a cargo de los profesionales más destacados de la ingeniería minera e hidrocarburífera.
Fue una reunión de amigos comprometidos con la puesta en valor de los recursos que se encuentran en el subsuelo. Aproximadamente veinte años de amistad los unen en un esfuerzo que algún día tendrá que ser conocido en su amplitud.
Los señores Bermeo y Becdach se conocieron cuando se preparaba la primera edición del Oil&Power que desde esa fecha organiza todos años la organización Becdach. Para seguir con la tradición, el ministro anunció que estará presente en el día de la inauguración de la Expo Virtual Energías Renovables que se realizará entre el 12 y 16 de julio del 2021.
Se anuncia titular del viceministerio
Mientras tanto, el ingeniero Bermeo atiende los problemas urgentes de tres sectores: el hidrocarburífero, el eléctrico y el minero. Sobre este último se supo que en el trascurso de esta semana se conocerá el nombre de la persona que tendrá a su cargo el viceministerio de Minas.
Otro de los temas que está en la agenda que debe ser abordada con prioridad tiene que ver con la apertura del catastro minero. Al respecto, existe expectativa entre los mineros puesto que en reiteradas oportunidades se han anunciado plazos que no fueron cumplidos por las autoridades anteriores.
Los asuntos relacionados con la unidad entre todos los estamentos del sector, por un lado; y las empresas, la academia y el Estado, por el otro, fueron también conversados en la reunión del pasado viernes.
Ya tiene fecha el megaevento ecuatoriano
“El lanzamiento oficial de esta megareunión será el próximo jueves 22 de julio en un evento que contará con la presencia del ministro Juan Carlos Bermeo”, informó Hassan J. Becdach.
La XIII Conference Expominas y la XXI Oil&Power Expo Conference se realizarán en un formato híbrido, es decir, será de manera presencial para quienes participen en persona y de manera virtual para quienes quieran unirse vía streaming. Será los días 24, 25 y 26 de noviembre y desde ya se cuenta con la presencia de unas 400 empresas provenientes de aproximadamente veinte países.
Como se trata de un evento doble sobre minería y petróleo en Ecuador, se viene trabajando en la elaboración de un programa técnico del más alto nivel que estará a cargo de los profesionales más destacados de la ingeniería minera e hidrocarburífera.
Cámara de Minería del Ecuador eligió Directorio 2021–2023
Junio, 27 de 2021.- El pasado viernes 25 la Cámara de Minería del Ecuador, CME, realizó las elecciones para elegir a los ejecutivos que tendrán a su cargo la conducción del gremio empresarial minero durante los próximos dos años.
Como en otras ocasiones, hubo una sola lista de candidatos y el ejecutivo que alcanzó la mayor cantidad de votos fue el doctor Rodrigo Izurieta Andrade, representante de la compañía Condor Gold S.A., que realiza actividades mineras en el sur del país.
El doctor Izurieta deberá convocar en los próximos días a una sesión en la que participarán los directores recién elegidos y en la cual se elegirán a los próximos presidente y vicepresidente del directorio de la CME.
El acto electoral se hizo de manera presencial en la sede del Club La Unión. El proceso se llevó a cabo con normalidad y transparencia y tuvo una importante participación de los asociados.
Como se sabe, la Cámara de Minería del Ecuador tiene como máxima autoridad a la Junta General de Socios, la misma que está conformada por todos sus miembros activos. Su órgano ejecutivo es el Directorio, que tiene como misión la orientación y dirección de la política institucional.
Dentro de su estructura la CME cuenta con una presidencia ejecutiva, función que desempeña la licenciada María Eulalia Silva; con la asistencia de un abogado que actúa como síndico y con el apoyo del departamento de Comunicación Institucional.
Como en otras ocasiones, hubo una sola lista de candidatos y el ejecutivo que alcanzó la mayor cantidad de votos fue el doctor Rodrigo Izurieta Andrade, representante de la compañía Condor Gold S.A., que realiza actividades mineras en el sur del país.
El doctor Izurieta deberá convocar en los próximos días a una sesión en la que participarán los directores recién elegidos y en la cual se elegirán a los próximos presidente y vicepresidente del directorio de la CME.
El acto electoral se hizo de manera presencial en la sede del Club La Unión. El proceso se llevó a cabo con normalidad y transparencia y tuvo una importante participación de los asociados.
Como se sabe, la Cámara de Minería del Ecuador tiene como máxima autoridad a la Junta General de Socios, la misma que está conformada por todos sus miembros activos. Su órgano ejecutivo es el Directorio, que tiene como misión la orientación y dirección de la política institucional.
Dentro de su estructura la CME cuenta con una presidencia ejecutiva, función que desempeña la licenciada María Eulalia Silva; con la asistencia de un abogado que actúa como síndico y con el apoyo del departamento de Comunicación Institucional.
Pobladores de Telimbela marchan
en apoyo a proyecto minero
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Junio, 20 de 2021.- Pobladores de la localidad de Telimbela, en la provincia Bolívar, realizaron el pasado 13 de junio una marcha en respaldo al desarrollo del proyecto minero que la empresa Yankuang lleva adelante en la parroquia.
La movilización se denominó “Telimbela tierra de paz” como respuesta a las acciones que grupos que se oponen a las actividades mineras han venido realizando en las comunidades aledañas al proyecto, un pórfido de cobre y molibdeno que, según los funcionarios del sector, contiene también importante mineralización de oro.
“Estamos apoyando a la minería porque sabemos que es para el desarrollo de nuestra parroquia. Estamos trabajando mujeres y hombres de las comunidades, nos están apoyando bastante”, indicó Nelly Veloz, una de las mujeres que participó en la marcha y lidereza de Telimbela.
“Están generando trabajo y ayudan con la educación ofreciendo clases de inglés y matemáticas para nuestros niños”, agregó.
Las personas que se movilizaron en respaldo al proyecto Telimbela pidieron también a las autoridades que se impulse un trabajo articulado con todos los órganos jurisdiccionales para que se garantice su derecho a la libre movilidad, la convivencia armoniosa de los pueblos y la generación de políticas y estrategias para el desarrollo local y regional.
Dijeron además que la marcha se hizo para expresar su deseo a vivir en paz y rechazar la violencia. “Esta es una expresión que ratifica el apoyo a las actividades mineras del Proyecto Telimbela y al establecimiento de industrias estratégicas que se realicen de manera sustentable y socialmente responsable”, afirmaron.
“Me siento feliz porque hay apoyo, es un sustento para la familia, un trabajo sano, limpio y para las familias de escasos recursos. Es un regalo de Dios lo que estamos teniendo ahorita”, sostuvo Manuel Moya, habitante de Telimbela.
Los líderes de las comunidades "El Tesoro", "Ashcoaca", "Telimbela Centro", "Chonta Pucará", "El Atio", entre otras, que están en el área de influencia del mencionado proyecto, han formado una mesa directiva en la que participa además la empresa operadora.
En ese marco, el gerente de Operaciones de Yankuang, Marco Avila, señaló que durante este año “únicamente estamos realizando proyectos sociales que brindan nuevas y mejores oportunidades de desarrollo a la comunidad. El proyecto minero Telimbela está en fase de exploración avanzada en la que no se realiza ninguna intervención que pueda generar contaminantes en el ambiente”, explicó.
“Aunque el proyecto no realiza actividades ya viene generando fuentes de empleo, entrega becas en beneficio de la niñez y en respuesta a la pandemia, ha entregado medicinas a las familias más vulnerables. Además ha colaborado con el arranque de varias microempresas en la parroquia”, añadió.
La movilización se denominó “Telimbela tierra de paz” como respuesta a las acciones que grupos que se oponen a las actividades mineras han venido realizando en las comunidades aledañas al proyecto, un pórfido de cobre y molibdeno que, según los funcionarios del sector, contiene también importante mineralización de oro.
“Estamos apoyando a la minería porque sabemos que es para el desarrollo de nuestra parroquia. Estamos trabajando mujeres y hombres de las comunidades, nos están apoyando bastante”, indicó Nelly Veloz, una de las mujeres que participó en la marcha y lidereza de Telimbela.
“Están generando trabajo y ayudan con la educación ofreciendo clases de inglés y matemáticas para nuestros niños”, agregó.
Las personas que se movilizaron en respaldo al proyecto Telimbela pidieron también a las autoridades que se impulse un trabajo articulado con todos los órganos jurisdiccionales para que se garantice su derecho a la libre movilidad, la convivencia armoniosa de los pueblos y la generación de políticas y estrategias para el desarrollo local y regional.
Dijeron además que la marcha se hizo para expresar su deseo a vivir en paz y rechazar la violencia. “Esta es una expresión que ratifica el apoyo a las actividades mineras del Proyecto Telimbela y al establecimiento de industrias estratégicas que se realicen de manera sustentable y socialmente responsable”, afirmaron.
“Me siento feliz porque hay apoyo, es un sustento para la familia, un trabajo sano, limpio y para las familias de escasos recursos. Es un regalo de Dios lo que estamos teniendo ahorita”, sostuvo Manuel Moya, habitante de Telimbela.
Los líderes de las comunidades "El Tesoro", "Ashcoaca", "Telimbela Centro", "Chonta Pucará", "El Atio", entre otras, que están en el área de influencia del mencionado proyecto, han formado una mesa directiva en la que participa además la empresa operadora.
En ese marco, el gerente de Operaciones de Yankuang, Marco Avila, señaló que durante este año “únicamente estamos realizando proyectos sociales que brindan nuevas y mejores oportunidades de desarrollo a la comunidad. El proyecto minero Telimbela está en fase de exploración avanzada en la que no se realiza ninguna intervención que pueda generar contaminantes en el ambiente”, explicó.
“Aunque el proyecto no realiza actividades ya viene generando fuentes de empleo, entrega becas en beneficio de la niñez y en respuesta a la pandemia, ha entregado medicinas a las familias más vulnerables. Además ha colaborado con el arranque de varias microempresas en la parroquia”, añadió.
Avanza pedido de consulta sobre minería metálica en Quito
Junio, 13 de 2021.- Casi medio centenar de “amicus curiae” y una docena de escritos se han presentado ante el juez de la Corte Constitucional Alí Lozada para que “sustancie” su dictamen previo en la causa abierta después del pedido de consulta popular sobre la minería metálica en la zona de Quito.
La causa relacionada a esta consulta se encuentra signada con el número 1-21-CP y resolverá si resulta constitucional o no el pedido que a fines de marzo presentaron las autoridades de algunas parroquias del noroccidente quiteño para que se les autorice la recolección de unas 200 mil firmas que apoyen su pedido de consulta popular sobre la minería en el Distrito Metropolitano.
Dichas autoridades son respaldadas por organizaciones sociales que dicen defender el medio ambiente. “Nuestros territorios son el hogar de osos de anteojos, monos, pumas, tigrillos, gallos de la peña, pájaros Yumbo, colibríes, orquídeas, helechos, montañas, quebradas, ríos y un sinfín de enérgicas cascadas”, dicen las personas que se oponen a la minería metálica en la zona en que ellos viven.
Se trata del Bosque del Chocó Andino, una zona declarada el año 2018 por la Unesco como la séptima Reserva de Biósfera del Ecuador. Cinco años antes, el 2013, la Secretaría de Ambiente del distrito metropolitano de Quito creó el Corredor Ecológico del Oso Andino para proteger a este mamífero y conservar su hábitat.
A raíz de ello se formó la Mancomunidad del Chocó, constituida por las parroquias de Pacto, Calacalí, Nono, Nanegal, Nanegalito y Gualea. Ahora, sus pobladores quieren que sean todos los capitalinos los que en una consulta popular digan sí o no a la minería y han enviado cuatro preguntas para que la Corte Constitucional las apruebe.
La pregunta es la siguiente:
¿Está usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica a gran escala dentro del Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas del Distrito Metropolitano de Quito; y, dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible, conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino?
Esa pregunta se repite tres veces señalando minería metálica artesanal, minería metálica a pequeña escala y minería metálica a mediana escala.
La danza de los amicus
De los casi 50 “amicus curiae”, expresión que remite a los escritos que envían las personas o instituciones que sin estar involucradas directamente en el problema quieren opinar sobre el tema, unos diez han sido presentadas por empresas mineras operadoras que realizan actividades en el Ecuador.
El resto ha estado a cargo de personas y organizaciones que asumen la representación de los derechos de la naturaleza o de otros actores que consideran que la población ya ha demostrado en reiteradas ocasiones su deseo de no vivir con minas en sus alrededores.
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, representado por el alcalde Jorge Yunda; y el gobierno de la provincia de Pichincha, representado por la prefecta Paola Pabón, en sendos escritos exponen que la minería constituye una amenaza a la protección de la biodiversidad.
En cambio para el decano de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, Figempa, de la Universidad Central del Ecuador, Gustavo Pinto, la petición presentada “podría vulnerar los derechos constitucionales de los estudiantes que se encuentran formando en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental”.
La causa relacionada a esta consulta se encuentra signada con el número 1-21-CP y resolverá si resulta constitucional o no el pedido que a fines de marzo presentaron las autoridades de algunas parroquias del noroccidente quiteño para que se les autorice la recolección de unas 200 mil firmas que apoyen su pedido de consulta popular sobre la minería en el Distrito Metropolitano.
Dichas autoridades son respaldadas por organizaciones sociales que dicen defender el medio ambiente. “Nuestros territorios son el hogar de osos de anteojos, monos, pumas, tigrillos, gallos de la peña, pájaros Yumbo, colibríes, orquídeas, helechos, montañas, quebradas, ríos y un sinfín de enérgicas cascadas”, dicen las personas que se oponen a la minería metálica en la zona en que ellos viven.
Se trata del Bosque del Chocó Andino, una zona declarada el año 2018 por la Unesco como la séptima Reserva de Biósfera del Ecuador. Cinco años antes, el 2013, la Secretaría de Ambiente del distrito metropolitano de Quito creó el Corredor Ecológico del Oso Andino para proteger a este mamífero y conservar su hábitat.
A raíz de ello se formó la Mancomunidad del Chocó, constituida por las parroquias de Pacto, Calacalí, Nono, Nanegal, Nanegalito y Gualea. Ahora, sus pobladores quieren que sean todos los capitalinos los que en una consulta popular digan sí o no a la minería y han enviado cuatro preguntas para que la Corte Constitucional las apruebe.
La pregunta es la siguiente:
¿Está usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica a gran escala dentro del Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas del Distrito Metropolitano de Quito; y, dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible, conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino?
Esa pregunta se repite tres veces señalando minería metálica artesanal, minería metálica a pequeña escala y minería metálica a mediana escala.
La danza de los amicus
De los casi 50 “amicus curiae”, expresión que remite a los escritos que envían las personas o instituciones que sin estar involucradas directamente en el problema quieren opinar sobre el tema, unos diez han sido presentadas por empresas mineras operadoras que realizan actividades en el Ecuador.
El resto ha estado a cargo de personas y organizaciones que asumen la representación de los derechos de la naturaleza o de otros actores que consideran que la población ya ha demostrado en reiteradas ocasiones su deseo de no vivir con minas en sus alrededores.
El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, representado por el alcalde Jorge Yunda; y el gobierno de la provincia de Pichincha, representado por la prefecta Paola Pabón, en sendos escritos exponen que la minería constituye una amenaza a la protección de la biodiversidad.
En cambio para el decano de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, Figempa, de la Universidad Central del Ecuador, Gustavo Pinto, la petición presentada “podría vulnerar los derechos constitucionales de los estudiantes que se encuentran formando en la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental”.
Lundin Gold inauguró puente
sobre el río Zamora
Junio, 13 de 2021.- El pasado 09 de junio, Lundin Gold, empresa minera canadiense operadora de la mina aurífera Fruta del Norte (FdN), en la provincia de Zamora Chinchipe, inauguró el puente carrozable sobre el río Zamora que está ubicado a la altura de las comunidades El Padmi y el Pindal, en la parroquia Los Encuentros.
Según informa la empresa, esta nueva infraestructura privada es de uso público para la ciudadanía en general y facilitará el transporte vehicular de personal, proveedores y contratistas de la Compañía; así como de materias primas y bienes necesarios para operar la mina.
La obra mejorará la eficiencia durante la operación y desarrollo de la mina, a la vez que facilitará la movilidad y contribuirá a la dinamización económica de la parroquia Los Encuentros.
Para Ron Hochstein, presidente y director ejecutivo de Lundin Gold, “esta obra facilitará la conexión e incrementará las oportunidades de acceso a diferentes servicios que son vitales para el desarrollo de la Provincia”.
El mantenimiento del puente estará a cargo de la compañía hasta que Fruta del Norte concluya su operación, o hasta cuando el Estado ecuatoriano reciba esta obra como su activo.
Es un puente colgante carrozable de dos carriles “Clase III” diseñado para el transporte de carga pesada. Su capacidad de carga para camiones es de hasta 48 toneladas en ambos sentidos al mismo tiempo. Cuenta con aceras peatonales a cada lado.
Por el margen izquierdo del río Zamora, el puente está ubicado en la parroquia Los Encuentros a la altura de la comunidad El Padmi.
Su acceso es a través de la Troncal Amazónica y se conecta con la comunidad El Pindal en el margen derecho del río.
Proveedores locales
Lundin Gold sostiene que, a través de sus contratistas, para este puente ha promovido la contratación de mano de obra y compras locales priorizando a las comunidades cercanas a FDN.
Así, AOC Ingeniería estuvo a cargo del diseño, y Covial hizo la construcción. Las dos son empresas ecuatorianas, según la minera.
Otro puente para Los Encuentros
Lundin Gold informa que en virtud del convenio firmado en octubre 2020, financia la construcción del puente que reemplazará al que se cayó en octubre del año pasado y estaba a la altura de la cabecera parroquial Los Encuentros, sobre el río Zamora. Esta obra se encuentra a cargo del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe.
“Por lo tanto, las comunidades locales contarán con dos puentes permanentes que conectarán la cabecera parroquial con las demás comunidades de Los Encuentros una vez que la construcción de este segundo puente finalice”, explica la minera.
“Estamos conectados” entregó 1370 tablets
Por otra parte, con la entrega de 1370 tablets a igual número de alumnos, Lundin Gold alcanzó uno de los hitos clave de su proyecto de conectividad a internet para apoyar la educación de comunidades locales cerca de Fruta del Norte
Esta iniciativa fue iniciada para brindar acceso a la educación en línea para estudiantes de comunidades rurales cercanas a la mina Fruta del Norte, que han estado sin escolarizar desde el inicio de la pandemia Covid-19.
El proyecto Estamos Conectados, que se lanzó a principios de 2021, mejora la infraestructura de internet y brinda a los maestros y niños inscritos en las escuelas locales la capacitación y el equipo necesarios para facilitar el aprendizaje en línea.
El proyecto implica el establecimiento de una conexión de fibra óptica para comunidades rurales en la parroquia Los Encuentros, puntos de acceso a wi-fi gratis en cada una de las comunidades, conexiones especiales para comunidades donde la fibra óptica no es viable, internet para la escuela en Los Encuentros, la compra y distribución de 1370 tabletas para estudiantes, otras mejoras de infraestructura y apoyo y capacitación para profesores para apoyar el aprendizaje remoto.
Según informa la empresa, esta nueva infraestructura privada es de uso público para la ciudadanía en general y facilitará el transporte vehicular de personal, proveedores y contratistas de la Compañía; así como de materias primas y bienes necesarios para operar la mina.
La obra mejorará la eficiencia durante la operación y desarrollo de la mina, a la vez que facilitará la movilidad y contribuirá a la dinamización económica de la parroquia Los Encuentros.
Para Ron Hochstein, presidente y director ejecutivo de Lundin Gold, “esta obra facilitará la conexión e incrementará las oportunidades de acceso a diferentes servicios que son vitales para el desarrollo de la Provincia”.
El mantenimiento del puente estará a cargo de la compañía hasta que Fruta del Norte concluya su operación, o hasta cuando el Estado ecuatoriano reciba esta obra como su activo.
Es un puente colgante carrozable de dos carriles “Clase III” diseñado para el transporte de carga pesada. Su capacidad de carga para camiones es de hasta 48 toneladas en ambos sentidos al mismo tiempo. Cuenta con aceras peatonales a cada lado.
Por el margen izquierdo del río Zamora, el puente está ubicado en la parroquia Los Encuentros a la altura de la comunidad El Padmi.
Su acceso es a través de la Troncal Amazónica y se conecta con la comunidad El Pindal en el margen derecho del río.
Proveedores locales
Lundin Gold sostiene que, a través de sus contratistas, para este puente ha promovido la contratación de mano de obra y compras locales priorizando a las comunidades cercanas a FDN.
Así, AOC Ingeniería estuvo a cargo del diseño, y Covial hizo la construcción. Las dos son empresas ecuatorianas, según la minera.
Otro puente para Los Encuentros
Lundin Gold informa que en virtud del convenio firmado en octubre 2020, financia la construcción del puente que reemplazará al que se cayó en octubre del año pasado y estaba a la altura de la cabecera parroquial Los Encuentros, sobre el río Zamora. Esta obra se encuentra a cargo del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe.
“Por lo tanto, las comunidades locales contarán con dos puentes permanentes que conectarán la cabecera parroquial con las demás comunidades de Los Encuentros una vez que la construcción de este segundo puente finalice”, explica la minera.
“Estamos conectados” entregó 1370 tablets
Por otra parte, con la entrega de 1370 tablets a igual número de alumnos, Lundin Gold alcanzó uno de los hitos clave de su proyecto de conectividad a internet para apoyar la educación de comunidades locales cerca de Fruta del Norte
Esta iniciativa fue iniciada para brindar acceso a la educación en línea para estudiantes de comunidades rurales cercanas a la mina Fruta del Norte, que han estado sin escolarizar desde el inicio de la pandemia Covid-19.
El proyecto Estamos Conectados, que se lanzó a principios de 2021, mejora la infraestructura de internet y brinda a los maestros y niños inscritos en las escuelas locales la capacitación y el equipo necesarios para facilitar el aprendizaje en línea.
El proyecto implica el establecimiento de una conexión de fibra óptica para comunidades rurales en la parroquia Los Encuentros, puntos de acceso a wi-fi gratis en cada una de las comunidades, conexiones especiales para comunidades donde la fibra óptica no es viable, internet para la escuela en Los Encuentros, la compra y distribución de 1370 tabletas para estudiantes, otras mejoras de infraestructura y apoyo y capacitación para profesores para apoyar el aprendizaje remoto.
Mirador contribuye a la formación
de docentes de El Pangui
Junio, 13 de 2021.- Un grupo de 157 maestros de 8 de las principales Unidades Educativas del cantón el Pangui, se beneficiarán del curso de “Manejo de TICS aplicados a la educación”, desarrollado por la empresa EcuaCorriente S.A., ECSA, operadora de la primera mina de extracción de cobre a gran escala en Ecuador, la mina Mirador.
Se trata de docentes de las unidades educativas Abelardo Moncayo, de la parroquia el Güismi; de la Fiscomisional Cacha, del Centro Cantonal; de la Fiscomisional Ecuador Amazónico, del Centro Cantonal; y de la Hualcopo Duchicela, de Chuchumbletza, parroquia El Güismi.
También son profesores de la Unidad Educativa Jaime Roldos Aguilera, del Centro parroquial de Tundayme; de la Zamora Chinchipe PCEI (a distancia), que funciona en la cabecera cantonal; de la Escuela de Educación Básica Leonidas García, parroquia Pachicutza y de la Unidad Educativa del Milenio Arutam del Centro Cantonal.
El curso se genera con el objetivo de brindar a docentes herramientas tecnológicas para incorporarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y será impartido por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), bajo la modalidad on-line, con un tiempo de duración de seis semanas.
En el curso se brindarán conocimientos sobre administración, creación y publicación de contenidos a través de blogs, videoconferencias, cuestionarios en línea, entre otros.
José Cárdenas, coordinador senior de Relaciones Comunitarias de Ecuacorriente S.A., destacó que la empresa está comprometida en mejorar la calidad y condiciones de los sistemas educativos en la zona de influencia de la mina Mirador, bajo la consideración de que la educación es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de los pueblos. Es por eso, que se ha invertido en varios procesos en este campo, uno de ellos la capacitación de los maestros.
Por su parte el director de CIMA - UTPL, Leonardo Benavides, resaltó la iniciativa de la empresa minera, ya que este aporte permitirá a los docentes trasladar estos conocimientos a la vida diaria en las aulas de clase. Además, los mantendrá actualizados a través de una serie de herramientas tecnológicas que se generarán mediante un aula virtual de aprendizaje.
Del grupo de maestros que recibirán los cursos de tecnologías informáticas aplicadas a la educación, 53 son hombres y 104 son mujeres que tienen a su cargo la formación de más de 4000 estudiantes de educación inicial, básica y bachillerato del cantón El Pangui.
Las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICS) constituyen un aporte de gran importancia para la educación, ya que ayudan y facilitan las tareas de alumnos y docentes, en la obtención de información, interacción, y procesos de investigación.
Se trata de docentes de las unidades educativas Abelardo Moncayo, de la parroquia el Güismi; de la Fiscomisional Cacha, del Centro Cantonal; de la Fiscomisional Ecuador Amazónico, del Centro Cantonal; y de la Hualcopo Duchicela, de Chuchumbletza, parroquia El Güismi.
También son profesores de la Unidad Educativa Jaime Roldos Aguilera, del Centro parroquial de Tundayme; de la Zamora Chinchipe PCEI (a distancia), que funciona en la cabecera cantonal; de la Escuela de Educación Básica Leonidas García, parroquia Pachicutza y de la Unidad Educativa del Milenio Arutam del Centro Cantonal.
El curso se genera con el objetivo de brindar a docentes herramientas tecnológicas para incorporarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y será impartido por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), bajo la modalidad on-line, con un tiempo de duración de seis semanas.
En el curso se brindarán conocimientos sobre administración, creación y publicación de contenidos a través de blogs, videoconferencias, cuestionarios en línea, entre otros.
José Cárdenas, coordinador senior de Relaciones Comunitarias de Ecuacorriente S.A., destacó que la empresa está comprometida en mejorar la calidad y condiciones de los sistemas educativos en la zona de influencia de la mina Mirador, bajo la consideración de que la educación es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de los pueblos. Es por eso, que se ha invertido en varios procesos en este campo, uno de ellos la capacitación de los maestros.
Por su parte el director de CIMA - UTPL, Leonardo Benavides, resaltó la iniciativa de la empresa minera, ya que este aporte permitirá a los docentes trasladar estos conocimientos a la vida diaria en las aulas de clase. Además, los mantendrá actualizados a través de una serie de herramientas tecnológicas que se generarán mediante un aula virtual de aprendizaje.
Del grupo de maestros que recibirán los cursos de tecnologías informáticas aplicadas a la educación, 53 son hombres y 104 son mujeres que tienen a su cargo la formación de más de 4000 estudiantes de educación inicial, básica y bachillerato del cantón El Pangui.
Las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICS) constituyen un aporte de gran importancia para la educación, ya que ayudan y facilitan las tareas de alumnos y docentes, en la obtención de información, interacción, y procesos de investigación.
Estado chileno reconoce culpas
por derrumbe que enterró a 33 mineros
Junio, 13 de 2021.- La Justicia chilena rebajó a la mitad la indemnización que recibirán 31 de los 33 mineros chilenos que el año 2010 permanecieron atrapados durante 69 días por el derrumbe de la mina San José, en Atacama.
La Corte de Apelaciones de Santiago bajó a 40 000 millones, aproximadamente unos 55 000 dólares, la cantidad que el Estado les debe pagar como reconocimiento a que faltó "a su deber de protección, actuando con neligencia" y ocasionando "daño moral y psicológico" a los afectados.
Hace tres años los jueces establecieron el pago de una indemnización de 100 000 dólares para cada uno de los trabajadores, pero el Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló la resolución.
Como se recuerda, el derrumbe de la mina San José mantuvo en suspenso a todo el mundo, no solo a los vinculados con la minería sino a millones de gentes que temían por la vida de los 33 trabajadores.
Se sabía que rescatarlos no iba a ser fácil. Para empezar, el único túnel que podía haber servido quedó inutilizado por una roca gigante, de más de 200 metros, que bloqueaba el paso por esta vía.
Ahora se sabe que el accidente ocurrió por una serie de errores y negligencias por las personas responsables de la empresa que una y otra vez habían sido notificadas por las autoridades. Multadas en otras oportunidades, la cosa era que al momento del accidente la minería tenía todos los permisos necesarios para el funcionamiento.
Después que fueron rescatados, los mineros se transformaron en una suerte de héroes que tenían que atender cientos de invitaciones y viajes por diversos países en los cuales explicaban cómo fueron los momentos que pasaron antes que la sonda diera con ellos.
Si bien la gran minería chilena cuenta con unos estándares de seguridad y una tecnología de primer nivel, los expertos y los sindicatos coinciden en que el talón de aquiles sigue siendo la pequeña minería.
La Corte de Apelaciones de Santiago bajó a 40 000 millones, aproximadamente unos 55 000 dólares, la cantidad que el Estado les debe pagar como reconocimiento a que faltó "a su deber de protección, actuando con neligencia" y ocasionando "daño moral y psicológico" a los afectados.
Hace tres años los jueces establecieron el pago de una indemnización de 100 000 dólares para cada uno de los trabajadores, pero el Consejo de Defensa del Estado (CDE) apeló la resolución.
Como se recuerda, el derrumbe de la mina San José mantuvo en suspenso a todo el mundo, no solo a los vinculados con la minería sino a millones de gentes que temían por la vida de los 33 trabajadores.
Se sabía que rescatarlos no iba a ser fácil. Para empezar, el único túnel que podía haber servido quedó inutilizado por una roca gigante, de más de 200 metros, que bloqueaba el paso por esta vía.
Ahora se sabe que el accidente ocurrió por una serie de errores y negligencias por las personas responsables de la empresa que una y otra vez habían sido notificadas por las autoridades. Multadas en otras oportunidades, la cosa era que al momento del accidente la minería tenía todos los permisos necesarios para el funcionamiento.
Después que fueron rescatados, los mineros se transformaron en una suerte de héroes que tenían que atender cientos de invitaciones y viajes por diversos países en los cuales explicaban cómo fueron los momentos que pasaron antes que la sonda diera con ellos.
Si bien la gran minería chilena cuenta con unos estándares de seguridad y una tecnología de primer nivel, los expertos y los sindicatos coinciden en que el talón de aquiles sigue siendo la pequeña minería.
Pobladores de Cahuasquí hicieron una marcha
en contra de las actividades mineras
Mayo, 23 de 2021.- Pobladores de la parroquia de Cahuasquí, del cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, en el norte de Ecuador, realizaron el pasado viernes una marcha a la sede del gobierno parroquial para pedir a sus autoridades que respalden su posición en contra de las actividades mineras.
En la movilización que se realizó a lo largo de varias cuadras de la comunidad participaron decenas de personas que iban acompañadas de banderolas pintadas con expresiones opuestas a la minería.
Llegaron a la sede del GAD parroquial y no tuvieron que esperar mucho para que salgan las autoridades. Medio confundidas al principio, poco a poco tanto el presidente como los concejales fueron entendiendo. De pedirles al principio una carta que explique los fundamentos de su petición terminaron ofreciendo encabezar las gestiones que vienen solicitando los pobladores.
Para los manifestantes de lo que se trata es de evitar la división entre los miembros de la comunidad y, sobre todo, detener las actividades que, según ellos, viene realizando la empresa SolGold en su circunscripción.
En redes sociales se pudo ver la movilización y escuchar parte de los reclamos. Para una de las pobladoras, el problema es que no se les ha consultado ni pedido autorización. Por el contrario, dijo ella que a raíz de la exploración hubo enfrentamientos internos porque ya hay un grupo de pobladores que está defendiendo la presencia de la empresa minera en la comunidad.
Cahuasquí limita al norte con La Merced de Buenos Aires, escenario de manifestaciones en las que el enfrentamiento entre las personas que no desean que en su territorio se realice minería y las que sí están de acuerdo con esta actividad, va subiendo de nivel en las últimas semanas.
De otro lado, debe recordarse que a fines de noviembre del año pasado las autoridades de las parroquias Cahuasqui, Pablo Arenas, La Merced de Buenos Aires, San Blas, San Miguel de Urcuquí y Tumbabiro enviaron una carta al alcalde del cantón, Tyrone Vega, pidiendo la realización de una asamblea cantonal para que el pueblo se pronuncie sobre la presencia de las empresas mineras en el cantón.
En la movilización que se realizó a lo largo de varias cuadras de la comunidad participaron decenas de personas que iban acompañadas de banderolas pintadas con expresiones opuestas a la minería.
Llegaron a la sede del GAD parroquial y no tuvieron que esperar mucho para que salgan las autoridades. Medio confundidas al principio, poco a poco tanto el presidente como los concejales fueron entendiendo. De pedirles al principio una carta que explique los fundamentos de su petición terminaron ofreciendo encabezar las gestiones que vienen solicitando los pobladores.
Para los manifestantes de lo que se trata es de evitar la división entre los miembros de la comunidad y, sobre todo, detener las actividades que, según ellos, viene realizando la empresa SolGold en su circunscripción.
En redes sociales se pudo ver la movilización y escuchar parte de los reclamos. Para una de las pobladoras, el problema es que no se les ha consultado ni pedido autorización. Por el contrario, dijo ella que a raíz de la exploración hubo enfrentamientos internos porque ya hay un grupo de pobladores que está defendiendo la presencia de la empresa minera en la comunidad.
Cahuasquí limita al norte con La Merced de Buenos Aires, escenario de manifestaciones en las que el enfrentamiento entre las personas que no desean que en su territorio se realice minería y las que sí están de acuerdo con esta actividad, va subiendo de nivel en las últimas semanas.
De otro lado, debe recordarse que a fines de noviembre del año pasado las autoridades de las parroquias Cahuasqui, Pablo Arenas, La Merced de Buenos Aires, San Blas, San Miguel de Urcuquí y Tumbabiro enviaron una carta al alcalde del cantón, Tyrone Vega, pidiendo la realización de una asamblea cantonal para que el pueblo se pronuncie sobre la presencia de las empresas mineras en el cantón.
Pobladores de Buenos Aires marchan
en Quito en defensa de Hanrine
Mayo, 23 de 2021.- Pobladores que viven en las inmediaciones de la parroquia Buenos Aires y partidarios de la realización de actividades mineras viajaron el pasado 22 de mayo a la ciudad de Quito y realizaron un plantón en el frontis de la Comandancia General de la Policía.
En sus consignas pedían a las autoridades garantías para ejercer su derecho al trabajo y a la libre circulación, concretamente, el pase hacia las concesiones de la empresa minera Hanrine que permanece bloqueado desde hace un mes.
Decían que llevan 32 días de espera en las afueras de la parroquia.
Los manifestantes, además de trasladarse hasta Quito, han recorrido la provincia de Imbabura realizando movilizaciones, marchas y plantones pidiendo a las autoridades que intervengan y les permitan ejercer sus derechos.
En el plantón que realizaron en Quito, solicitaban también la dimisión de la comandante general de Policía, Tanya Varela, a quien reclamaban por su inacción y por no haber despejado las vías que están bloqueadas por personas contrarias a las operaciones mineras.
Los vecinos de Buenos Aires aseguran que sus marchas y plantones son de carácter pacífico y continuarán hasta tener una respuesta favorable por parte de las autoridades.
En sus consignas pedían a las autoridades garantías para ejercer su derecho al trabajo y a la libre circulación, concretamente, el pase hacia las concesiones de la empresa minera Hanrine que permanece bloqueado desde hace un mes.
Decían que llevan 32 días de espera en las afueras de la parroquia.
Los manifestantes, además de trasladarse hasta Quito, han recorrido la provincia de Imbabura realizando movilizaciones, marchas y plantones pidiendo a las autoridades que intervengan y les permitan ejercer sus derechos.
En el plantón que realizaron en Quito, solicitaban también la dimisión de la comandante general de Policía, Tanya Varela, a quien reclamaban por su inacción y por no haber despejado las vías que están bloqueadas por personas contrarias a las operaciones mineras.
Los vecinos de Buenos Aires aseguran que sus marchas y plantones son de carácter pacífico y continuarán hasta tener una respuesta favorable por parte de las autoridades.
Avioneta es retenida en protesta contra la minería
Foto: Facebook Confeniae
Mayo, 16 del 2021.- Pobladores de la comunidad de Yaapi, en la parroquia Yaupi, en el cantón Logroño de la provincia de Morona Santiago retuvieron ayer domingo la avioneta de placa HC CJL, de la empresa AeroKashurco, en el marco de la protesta que vienen realizando en contra de la compañía Ecuasolidus.
El hecho ocurrió a las 11.05 de la mañana, cuando varias comunidades de la nacionalidad shuar asentadas en la zona se reunían para acordar acciones en lo que sus pobladores consideran la defensa de su territorio y de su derecho a la consulta libre, previa e informada.
El presidente de AeroKashurco, Rubens Álvarez, declaró al finalizar la tarde que desde que se enteró de la retención de la aeronave trató de comunicarse con la Fiscalía y la Gobernación de la provincia, pero no obtuvo respuesta.
Por su parte el capitán Homero Alvarez, gerente de la compañía, escribió una carta al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, Jaime Vargas, diciéndole “pensamos que el hecho se debió a un malentendido”.
“En aras de las buenas relaciones que mantenemos con todas las nacionalidades y pueblos ancestrales de la Amazonía, no queremos agrandar el malentendido, sino más bien evitar cualquier tipo de conflicto”, continúa la carta, agregando que por ese motivo no han realizado ninguna denuncia ante las autoridades.
En su momento el piloto de la nave, Belisario Carrasco, envió un mensaje a través de las redes sociales señalando que se encontraba tranquilo y con buena salud; que ya había recibido indicaciones de que dormiría en el lugar pero que debido a la decisión de la comunidad, no sabía hasta cuándo permanecería allí.
Piden reunión con todos los involucrados
Voceros de las comunidades han señalado que esperan una reunión para hoy lunes 17 de mayo, en la que participen los dirigentes de las organizaciones nativas, las autoridades de la provincia y del gobierno central y también los ejecutivos de la empresa minera.
Han dicho también que la nave y el piloto permanecerán en la comunidad hasta que se inicie el diálogo para que ellos puedan expresar sus opiniones.
Por lo pronto, han reclamado al Estado por no haberlos tenido en cuenta al momento de realizar las concesiones de sus territorios.
Dicen que la presencia minera es “inconsulta” y que el proyecto no ha sido socializado con la comunidad.
Piden además a los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana CONFENIAE, que asistan a la reunión que esperan realizar.
Afirman que se realizará una asamblea ampliada en la que ratificarán acuerdos anteriores y advierten que de no ser escuchados, iniciarán una campaña de incidencia a nivel local e internacional para que no se busque minerales en sus comunidades.
“Rechazamos las actividades extractivas en el Bosque Protector Kutukú – Shaimi”, sostienen los voceros de la comunidad.
Ese bosque es el más grande del país en su categoría y se extiende más allá de las 300 mil hectáreas sobre la cordillera del Kutucú, separada de los Andes por el valle que forman los ríos Zamora y Upano.
En esa región se realizan actividades mineras desde tiempos inmemoriales. En los escritos del Inca Garcilaso de la Vega y de Guamán Poma de Ayala hay varias menciones al oro que se extraía y dichos testimonios fueron recogidos por los primeros cronistas que llegaron con los españoles.
Es a partir de algunos de esos documentos, encontrados en los archivos del Vaticano y de bibliotecas españolas, que exploradores de diversas nacionalidades empezaron hace años la búsqueda de los depósitos explotados en tiempos precolombinos.
Con el tiempo, la junior Aurania Resources se estableció en Ecuador y a través de su filial Ecuasolidus ha venido explorando la cordillera, denominando a su proyecto estrella The Lost Cities y realizando geofísica con métodos de última tecnología, los cuales le han permitido identificar varios objetivos que en algún momento tendrán que probar su potencial geológico.
El hecho ocurrió a las 11.05 de la mañana, cuando varias comunidades de la nacionalidad shuar asentadas en la zona se reunían para acordar acciones en lo que sus pobladores consideran la defensa de su territorio y de su derecho a la consulta libre, previa e informada.
El presidente de AeroKashurco, Rubens Álvarez, declaró al finalizar la tarde que desde que se enteró de la retención de la aeronave trató de comunicarse con la Fiscalía y la Gobernación de la provincia, pero no obtuvo respuesta.
Por su parte el capitán Homero Alvarez, gerente de la compañía, escribió una carta al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, Jaime Vargas, diciéndole “pensamos que el hecho se debió a un malentendido”.
“En aras de las buenas relaciones que mantenemos con todas las nacionalidades y pueblos ancestrales de la Amazonía, no queremos agrandar el malentendido, sino más bien evitar cualquier tipo de conflicto”, continúa la carta, agregando que por ese motivo no han realizado ninguna denuncia ante las autoridades.
En su momento el piloto de la nave, Belisario Carrasco, envió un mensaje a través de las redes sociales señalando que se encontraba tranquilo y con buena salud; que ya había recibido indicaciones de que dormiría en el lugar pero que debido a la decisión de la comunidad, no sabía hasta cuándo permanecería allí.
Piden reunión con todos los involucrados
Voceros de las comunidades han señalado que esperan una reunión para hoy lunes 17 de mayo, en la que participen los dirigentes de las organizaciones nativas, las autoridades de la provincia y del gobierno central y también los ejecutivos de la empresa minera.
Han dicho también que la nave y el piloto permanecerán en la comunidad hasta que se inicie el diálogo para que ellos puedan expresar sus opiniones.
Por lo pronto, han reclamado al Estado por no haberlos tenido en cuenta al momento de realizar las concesiones de sus territorios.
Dicen que la presencia minera es “inconsulta” y que el proyecto no ha sido socializado con la comunidad.
Piden además a los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana CONFENIAE, que asistan a la reunión que esperan realizar.
Afirman que se realizará una asamblea ampliada en la que ratificarán acuerdos anteriores y advierten que de no ser escuchados, iniciarán una campaña de incidencia a nivel local e internacional para que no se busque minerales en sus comunidades.
“Rechazamos las actividades extractivas en el Bosque Protector Kutukú – Shaimi”, sostienen los voceros de la comunidad.
Ese bosque es el más grande del país en su categoría y se extiende más allá de las 300 mil hectáreas sobre la cordillera del Kutucú, separada de los Andes por el valle que forman los ríos Zamora y Upano.
En esa región se realizan actividades mineras desde tiempos inmemoriales. En los escritos del Inca Garcilaso de la Vega y de Guamán Poma de Ayala hay varias menciones al oro que se extraía y dichos testimonios fueron recogidos por los primeros cronistas que llegaron con los españoles.
Es a partir de algunos de esos documentos, encontrados en los archivos del Vaticano y de bibliotecas españolas, que exploradores de diversas nacionalidades empezaron hace años la búsqueda de los depósitos explotados en tiempos precolombinos.
Con el tiempo, la junior Aurania Resources se estableció en Ecuador y a través de su filial Ecuasolidus ha venido explorando la cordillera, denominando a su proyecto estrella The Lost Cities y realizando geofísica con métodos de última tecnología, los cuales le han permitido identificar varios objetivos que en algún momento tendrán que probar su potencial geológico.
ECSA contribuye a campaña de fumigación
contra el dengue en Tundayme
Mayo, 10 de 2021.- EcuaCorriente S.A. (ECSA), operadora de la mina Mirador; y el GAD Parroquial de Tundayme llevarán a cabo la segunda fase de la campaña de fumigación que vienen realizando con el propósito de prevenir la propagación del dengue y la pandemia de la Covid-19 en una zona poblada por alrededor de 200 familias.
Para concretar esta iniciativa, ambas instituciones suscribieron en días recientes un convenio mediante el cual la compañía minera aporta financiamiento para la contratación del equipo técnico y logístico que recorre las viviendas de la localidad.
Valle del Quimi, Churuwia, Etsa, Mirador, Manchinatza Alto, San Carlos Numpaim y El Quimi y la cabecera parroquial de Tundayme, son los barrios que están siendo visitados por las brigadas de fumigación.
El principal objetivo de esta campaña es el combate al mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus del dengue y de la fiebre chikungunya, enfermedades que podrían complicar la salud de la población.
ECSA viene coordinando este tipo de actividades con los gobiernos locales y entidades gubernamentales encargados de velar por la salud de las poblaciones.
Para concretar esta iniciativa, ambas instituciones suscribieron en días recientes un convenio mediante el cual la compañía minera aporta financiamiento para la contratación del equipo técnico y logístico que recorre las viviendas de la localidad.
Valle del Quimi, Churuwia, Etsa, Mirador, Manchinatza Alto, San Carlos Numpaim y El Quimi y la cabecera parroquial de Tundayme, son los barrios que están siendo visitados por las brigadas de fumigación.
El principal objetivo de esta campaña es el combate al mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus del dengue y de la fiebre chikungunya, enfermedades que podrían complicar la salud de la población.
ECSA viene coordinando este tipo de actividades con los gobiernos locales y entidades gubernamentales encargados de velar por la salud de las poblaciones.
Lundin Gold firma convenios y entrega equipos y
material médico a hospitales de zona de influencia
Mayo, 10 de 2021.- Lundin Gold, la empresa minera canadiense operadora de la mina de oro Fruta del Norte, realizó una serie de donaciones y suscribió convenios para apoyar la labor que realiza el personal de primera línea de los hospitales de la provincia de Zamora Chinchipe.
La minera sostiene que la inversión para mitigar los impactos de Covid-19 en la provincia hasta la fecha bordea los US$ 800 000.
Tanto al Hospital Básico de Yantzaza como al Hospital Provincial General Julius Doepfner, la empresa donó 40 tanques de oxígeno medicinal de 6 metros cúbicos a fin de que los pacientes con afecciones respiratorias puedan tener acceso a este elemento vital.
Además, en coordinación con la Gobernación de Zamora Chinchipe se realizó la donación de tres concentradores de oxígeno de 20 litros y uno de 10 litros por minuto para el Hospital Básico de Yantzaza.
La compañía también donó a la Dirección Provincial de Zamora Chinchipe del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) cinco reguladores de oxígeno con flujómetros y vasos humificadores, 50 litros de alcohol antiséptico al 70%, 2.000 mascarillas N95 y 2.000 quirúrgicas, 1.000 pares de guantes quirúrgicos y 200 mascarillas para oxígeno con reservorio, así como 15 tanques de oxígeno medicinal de 6 metros cúbicos.
Asimismo entregó 1.000 mascarillas KN95, 1.000 mascarillas quirúrgicas, cinco canecas de 20 litros amonio cuaternario y 150 trajes de bioseguridad descartables al GAD Municipal Centinela del Cóndor.
De otro lado, tras la firma de un convenio de cooperación entre Lundin Gold y la Coordinación Zonal 7 de Salud, se realizó la entrega de un analizador de gases arteriales y dos bombas de infusión volumétrica al Hospital Básico de Zumba.
Estos equipos médicos permiten realizar análisis de sangre especializados y detectar afecciones respiratorias lo que facilitará la atención de pacientes con síntomas relacionados al Covid-19 que ingresan a las salas de cuidados intermedios que actualmente se están adecuando en esta casa de salud.
En enero de este año, la minera suscribió el convenio con el Distrito de Salud 19D04 El Pangui-Yantzaza para la “Dotación de movilización al equipo de profesionales que conforma la estrategia Médico del Barrio” con el objetivo de realizar controles al estado de salud a quienes poseen dificultades físicas o de movilización que les imposibilita llegar a los centros o puestos de salud comunitarios de los 30 barrios que integran las Unidades Operativas de Salud de Los Encuentros, Pincho-Pachicutza y El Zarza.
Un beneficio adicional de este convenio es que los adultos mayores de estas zonas han sido ubicados y trasladados de manera segura a los distintos establecimientos de salud para recibir la vacuna contra el Covid-19.
Entregas a futuro
Lundin Gold está en proceso de entregar un equipo de video de laringoscopia, cinco concentradores de oxígeno de siete litros y 300 humificadores de burbuja respiratoria material y equipos médicos al hospital Julius Doepfner.
Al Hospital de Zumba la empresa ha manifestado que entregará un equipo de video de laringoscopia, una carpa cerrada, cuatro sillas de ruedas, una bomba a motor para fumigar, dos concentradores de oxígeno de 5 litros, seis tanques de oxígeno de 10 metros cúbicos, cuatro camas electrohidráulicas de hospitalización y una termo selladora.
Al Hospital del día Zamora del IESS le proporcionará cinco concentradores de oxígeno de siete litros, tres monitores de signos vitales, 18 termómetros digitales, cinco termómetros infrarrojos y ocho humificadores de burbuja respiratoria.
Y al Hospital Básico de Yantzaza le entregará diez glucómetros con tirillas, cinco tensiómetros portátiles para adultos y cinco pediátricos, un set de diagnóstico portátil, cinco carpas cerradas, diez concentradores de oxígeno de cinco litros, ocho humificadores de burbuja respiratoria, cinco concentradores de oxígeno de siete litros, 10 máscaras de CPAP, 50 flujómetros de oxígeno, 50 bombas de infusión y un set de palas de laringoscopio.
La minera sostiene que la inversión para mitigar los impactos de Covid-19 en la provincia hasta la fecha bordea los US$ 800 000.
Tanto al Hospital Básico de Yantzaza como al Hospital Provincial General Julius Doepfner, la empresa donó 40 tanques de oxígeno medicinal de 6 metros cúbicos a fin de que los pacientes con afecciones respiratorias puedan tener acceso a este elemento vital.
Además, en coordinación con la Gobernación de Zamora Chinchipe se realizó la donación de tres concentradores de oxígeno de 20 litros y uno de 10 litros por minuto para el Hospital Básico de Yantzaza.
La compañía también donó a la Dirección Provincial de Zamora Chinchipe del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) cinco reguladores de oxígeno con flujómetros y vasos humificadores, 50 litros de alcohol antiséptico al 70%, 2.000 mascarillas N95 y 2.000 quirúrgicas, 1.000 pares de guantes quirúrgicos y 200 mascarillas para oxígeno con reservorio, así como 15 tanques de oxígeno medicinal de 6 metros cúbicos.
Asimismo entregó 1.000 mascarillas KN95, 1.000 mascarillas quirúrgicas, cinco canecas de 20 litros amonio cuaternario y 150 trajes de bioseguridad descartables al GAD Municipal Centinela del Cóndor.
De otro lado, tras la firma de un convenio de cooperación entre Lundin Gold y la Coordinación Zonal 7 de Salud, se realizó la entrega de un analizador de gases arteriales y dos bombas de infusión volumétrica al Hospital Básico de Zumba.
Estos equipos médicos permiten realizar análisis de sangre especializados y detectar afecciones respiratorias lo que facilitará la atención de pacientes con síntomas relacionados al Covid-19 que ingresan a las salas de cuidados intermedios que actualmente se están adecuando en esta casa de salud.
En enero de este año, la minera suscribió el convenio con el Distrito de Salud 19D04 El Pangui-Yantzaza para la “Dotación de movilización al equipo de profesionales que conforma la estrategia Médico del Barrio” con el objetivo de realizar controles al estado de salud a quienes poseen dificultades físicas o de movilización que les imposibilita llegar a los centros o puestos de salud comunitarios de los 30 barrios que integran las Unidades Operativas de Salud de Los Encuentros, Pincho-Pachicutza y El Zarza.
Un beneficio adicional de este convenio es que los adultos mayores de estas zonas han sido ubicados y trasladados de manera segura a los distintos establecimientos de salud para recibir la vacuna contra el Covid-19.
Entregas a futuro
Lundin Gold está en proceso de entregar un equipo de video de laringoscopia, cinco concentradores de oxígeno de siete litros y 300 humificadores de burbuja respiratoria material y equipos médicos al hospital Julius Doepfner.
Al Hospital de Zumba la empresa ha manifestado que entregará un equipo de video de laringoscopia, una carpa cerrada, cuatro sillas de ruedas, una bomba a motor para fumigar, dos concentradores de oxígeno de 5 litros, seis tanques de oxígeno de 10 metros cúbicos, cuatro camas electrohidráulicas de hospitalización y una termo selladora.
Al Hospital del día Zamora del IESS le proporcionará cinco concentradores de oxígeno de siete litros, tres monitores de signos vitales, 18 termómetros digitales, cinco termómetros infrarrojos y ocho humificadores de burbuja respiratoria.
Y al Hospital Básico de Yantzaza le entregará diez glucómetros con tirillas, cinco tensiómetros portátiles para adultos y cinco pediátricos, un set de diagnóstico portátil, cinco carpas cerradas, diez concentradores de oxígeno de cinco litros, ocho humificadores de burbuja respiratoria, cinco concentradores de oxígeno de siete litros, 10 máscaras de CPAP, 50 flujómetros de oxígeno, 50 bombas de infusión y un set de palas de laringoscopio.
Lundin Gold, Newcrest y SolGold equipan
primera UCI de Zamora Chinchipe
Mayo, 2 de 2021.- Tres compañías mineras donaron 136 equipos médicos para la implementación de la primera Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, del Hospital Básico de Yantzaza, aporte que beneficiará a más de 76 600 habitantes de los cantones Yantzaza, El Pangui, Gualaquiza y Yacuambi, entre otros.
La UCI tiene por objeto enfrentar los efectos de la pandemia del Covid-19, mientras que en el largo plazo, permitirá atender otras necesidades de salud. Fortalecerá la gestión del Hospital de Yantzaza, que hasta la fecha, cuenta con capacidad para 80 camas y una cartera de servicios que incluye especialidades como gineco-obstetricia, pediatría, cirugía general, medicina interna, traumatología, anestesia, emergencia, consulta externa, entre otros.
Ahora, con la nueva UCI y la dotación de equipos especializados e instalación de 12 camas hospitalarias adicionales, se ofrecerá también atención en terapia intensiva.
La UCI será manejada y administrada en su totalidad por las autoridades del Hospital Básico de Yantzaza.
Para su implementación se encargó a la Prefectura de Zamora Chinchipe el desarrollo de las obras civiles y las modificaciones que se requirieron. Por su parte, las compañías mineras contribuyeron con más de un millón de dólares a través de la compra de equipos médicos de última tecnología.
Los insumos fueron adquiridos de manera directa y provienen de Estados Unidos, Brasil, Australia, Argentina, Corea, Japón y China.
El proceso de importación, instalación y puesta en marcha también incluyó la capacitación para el personal médico a cargo de la UCI, compuesto por 15 profesionales médicos.
La Fase 2 del proyecto, la cual consiste en la adquisición de un tomógrafo de última generación, se ejecutará a finales de junio 2021, cuando arribe este equipo especializado.
“Apoyar a los esfuerzos de las autoridades locales para el fortalecimiento del sistema de salud, forma parte de los ejes de gestión del plan de relaciones comunitarias de estas tres empresas mineras a gran escala, quienes implementan, en coordinación con las entidades competentes, diversas iniciativas de apoyo local”, señalan las empresas Lundin Gold, Newcrest y SolGold en un comunicado.
Lundin Gold, con sede en Vancouver, Canadá, es el operador de la mina aurífera Fruta del Norte, ubicada en el sureste de Ecuador.
Newcrest es una empresa minera global con sede en Australia que lleva más de 30 años operando y se encuentra entre los cinco principales productores de oro del mundo. Desde 2016, Newcrest dice haber invertido cerca de 900 millones de dólares en Ecuador, participa en Lundin Gold y tiene intereses en los proyectos Cascabel, Caña Brava, Gamora y Jackpot en otras partes de Ecuador.
SolGold dice haber realizado una inversión de más de US$ 250 millones en Ecuador, de los cuales, cerca de US$ 14 millones han sido destinados a proyectos e iniciativas sociales para aportar al desarrollo de sus zonas de influencia.
Cuenta con 6 subsidiarias alrededor del país y tiene a su cargo el desarrollo de 13 proyectos ubicados en las provincias de Carchi, Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Loja, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Azuay. Según la empresa, el principal es Cascabel, considerado en algunos de los ranking como uno de los 10 más atractivos del mundo.
En la ceremonia de entrega de la UCI, el gerente país de Newcrest, Petri Salopera, dijo que para su empresa “es un honor haber participado en este histórico proyecto en conjunto con Lundin Gold, SolGold y las autoridades de Zamora Chinchipe”.
“La visión de Newcrest en Ecuador es de largo plazo, por eso desde el inicio consideramos que implementar la primera UCI de la provincia representaría un gran hito para su población. La minería responsable es una realidad que apoya al desarrollo de Zamora Chinchipe”, afirmó.
Para Nathan Monash, vicepresidente de Sostenibilidad de Negocios en Lundin Gold, “las sinergias entre empresas mineras logran materializar proyectos importantes y visibilizan el impacto de esta industria. Nos complace trabajar en conjunto con SolGold y Newcrest, empresa que mantiene acciones en Lundin Gold.
“El aporte de nuestra Compañía a la UCI se suma a los esfuerzos que hemos realizado desde que inició la pandemia a través de nuestro Plan Integral de Apoyo a Zamora Chinchipe en el cual hemos contribuido hasta el momento con más de US$ 780 mil para mitigar los efectos de la pandemia en territorio y al cual seguimos aportando con el reciente incremento de casos en la provincia”, agregó.
Por su parte, el vicepresidente del grupo SolGold Ecuador, Andrew Taunton, señaló que “le complace contribuir con este importante proyecto médico para la provincia, en favor de combatir este momento crítico a causa de los efectos de la pandemia”.
“Esta es una muestra de solidaridad con el pueblo de Zamora Chinchipe para beneficio de la salud local”, enfatizó, tras recordar que como parte de su Plan de Relaciones Comunitarias y de su sentido como buen vecino corporativo, SolGold ha brindado apoyo con insumos médicos, inversión económica, materiales informativos sobre prevención de contagio a través de afiches y flyers en castellano y shuar, entre otros, a las comunidades durante la emergencia sanitaria para afrontar la situación por el Covid-19.
La UCI tiene por objeto enfrentar los efectos de la pandemia del Covid-19, mientras que en el largo plazo, permitirá atender otras necesidades de salud. Fortalecerá la gestión del Hospital de Yantzaza, que hasta la fecha, cuenta con capacidad para 80 camas y una cartera de servicios que incluye especialidades como gineco-obstetricia, pediatría, cirugía general, medicina interna, traumatología, anestesia, emergencia, consulta externa, entre otros.
Ahora, con la nueva UCI y la dotación de equipos especializados e instalación de 12 camas hospitalarias adicionales, se ofrecerá también atención en terapia intensiva.
La UCI será manejada y administrada en su totalidad por las autoridades del Hospital Básico de Yantzaza.
Para su implementación se encargó a la Prefectura de Zamora Chinchipe el desarrollo de las obras civiles y las modificaciones que se requirieron. Por su parte, las compañías mineras contribuyeron con más de un millón de dólares a través de la compra de equipos médicos de última tecnología.
Los insumos fueron adquiridos de manera directa y provienen de Estados Unidos, Brasil, Australia, Argentina, Corea, Japón y China.
El proceso de importación, instalación y puesta en marcha también incluyó la capacitación para el personal médico a cargo de la UCI, compuesto por 15 profesionales médicos.
La Fase 2 del proyecto, la cual consiste en la adquisición de un tomógrafo de última generación, se ejecutará a finales de junio 2021, cuando arribe este equipo especializado.
“Apoyar a los esfuerzos de las autoridades locales para el fortalecimiento del sistema de salud, forma parte de los ejes de gestión del plan de relaciones comunitarias de estas tres empresas mineras a gran escala, quienes implementan, en coordinación con las entidades competentes, diversas iniciativas de apoyo local”, señalan las empresas Lundin Gold, Newcrest y SolGold en un comunicado.
Lundin Gold, con sede en Vancouver, Canadá, es el operador de la mina aurífera Fruta del Norte, ubicada en el sureste de Ecuador.
Newcrest es una empresa minera global con sede en Australia que lleva más de 30 años operando y se encuentra entre los cinco principales productores de oro del mundo. Desde 2016, Newcrest dice haber invertido cerca de 900 millones de dólares en Ecuador, participa en Lundin Gold y tiene intereses en los proyectos Cascabel, Caña Brava, Gamora y Jackpot en otras partes de Ecuador.
SolGold dice haber realizado una inversión de más de US$ 250 millones en Ecuador, de los cuales, cerca de US$ 14 millones han sido destinados a proyectos e iniciativas sociales para aportar al desarrollo de sus zonas de influencia.
Cuenta con 6 subsidiarias alrededor del país y tiene a su cargo el desarrollo de 13 proyectos ubicados en las provincias de Carchi, Imbabura, Bolívar, Chimborazo, Loja, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Azuay. Según la empresa, el principal es Cascabel, considerado en algunos de los ranking como uno de los 10 más atractivos del mundo.
En la ceremonia de entrega de la UCI, el gerente país de Newcrest, Petri Salopera, dijo que para su empresa “es un honor haber participado en este histórico proyecto en conjunto con Lundin Gold, SolGold y las autoridades de Zamora Chinchipe”.
“La visión de Newcrest en Ecuador es de largo plazo, por eso desde el inicio consideramos que implementar la primera UCI de la provincia representaría un gran hito para su población. La minería responsable es una realidad que apoya al desarrollo de Zamora Chinchipe”, afirmó.
Para Nathan Monash, vicepresidente de Sostenibilidad de Negocios en Lundin Gold, “las sinergias entre empresas mineras logran materializar proyectos importantes y visibilizan el impacto de esta industria. Nos complace trabajar en conjunto con SolGold y Newcrest, empresa que mantiene acciones en Lundin Gold.
“El aporte de nuestra Compañía a la UCI se suma a los esfuerzos que hemos realizado desde que inició la pandemia a través de nuestro Plan Integral de Apoyo a Zamora Chinchipe en el cual hemos contribuido hasta el momento con más de US$ 780 mil para mitigar los efectos de la pandemia en territorio y al cual seguimos aportando con el reciente incremento de casos en la provincia”, agregó.
Por su parte, el vicepresidente del grupo SolGold Ecuador, Andrew Taunton, señaló que “le complace contribuir con este importante proyecto médico para la provincia, en favor de combatir este momento crítico a causa de los efectos de la pandemia”.
“Esta es una muestra de solidaridad con el pueblo de Zamora Chinchipe para beneficio de la salud local”, enfatizó, tras recordar que como parte de su Plan de Relaciones Comunitarias y de su sentido como buen vecino corporativo, SolGold ha brindado apoyo con insumos médicos, inversión económica, materiales informativos sobre prevención de contagio a través de afiches y flyers en castellano y shuar, entre otros, a las comunidades durante la emergencia sanitaria para afrontar la situación por el Covid-19.
Seminario: Seguridad, Ambiente y Planificación Territorial, en Manta
Mayo, 2 de 2021.- La Dirección de Seguridad, Ambiente y Salud en el Trabajo de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí organizó los días 29 y 30 de abril el Seminario Seguridad, Ambiente y Planificación Territorial, un evento durante el cual se intercambiaron ideas sobre cómo vivir, producir y consumir de manera que se cuiden las bases para la vida no sólo de las futuras generaciones, sino también de la flora y la fauna tal como hoy las conocemos.
Al finalizar el evento, el coordinador de Gestión Medioambiental, ingeniero Carlos Ayón, manifestó su satisfacción por el nivel de las exposiciones brindadas así como el interés demostrado por la comunidad universitaria durante los dos días de conferencias.
Ayón hizo hincapié en el estándar de seguridad laboral evidenciado en la presentación del Sistema verde de embarque portuario de concentrados minerales a granel por parte de la empresa Intermodal Solutions Group, representada por su gerente para Ecuador y Colombia; Gustavo Delgado.
“La oportunidad de amplificar el mensaje de minería con responsabilidad por parte de la AIME fue positiva”, expresó por su parte el ingeniero René Ayala, presidente de dicha institución, quien tuvo a su cargo el tema ”Aplicación de sistemas de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional ISO 45001 en las diferentes actividades económicas con especial mención en el sector minero metálico y no metálico”.
Al finalizar el evento, el coordinador de Gestión Medioambiental, ingeniero Carlos Ayón, manifestó su satisfacción por el nivel de las exposiciones brindadas así como el interés demostrado por la comunidad universitaria durante los dos días de conferencias.
Ayón hizo hincapié en el estándar de seguridad laboral evidenciado en la presentación del Sistema verde de embarque portuario de concentrados minerales a granel por parte de la empresa Intermodal Solutions Group, representada por su gerente para Ecuador y Colombia; Gustavo Delgado.
“La oportunidad de amplificar el mensaje de minería con responsabilidad por parte de la AIME fue positiva”, expresó por su parte el ingeniero René Ayala, presidente de dicha institución, quien tuvo a su cargo el tema ”Aplicación de sistemas de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional ISO 45001 en las diferentes actividades económicas con especial mención en el sector minero metálico y no metálico”.
AIME presenta sus saludos y pide
audiencia con presidente electo
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Abril, 25 de 2021.- El pasado 20 de abril, la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador (AIME) envió al presidente electo, Guillermo Lasso, sus saludos y el pedido de que “la nueva administración del Estado muestre especial atención a las actividades productivas del sector primario como lo son la minería artesanal, pequeña minería, mediana minería y minería a gran escala de minerales metálicos y no metálicos y de materiales de construcción, su industrialización y exportación”.
Dice la carta que en AIME están convencidos de que durante el gobierno de Lasso, “el rol del Estado tendrá como objetivos apoyar los emprendimientos y sistemas productivos basados en políticas públicas amigables hacia el desarrollo integral de los ecuatorianos, generando así riqueza y justicia social, pero sobre todo manteniendo un equilibrio básico con las comunidades, el ambiente y la economía”. |
Sin embargo la misiva deja ver también las preocupaciones de los ingenieros que, básicamente son dos. Una es el proyecto de Ley Orgánica de Consulta Previa Libre e Informada que presentó el ministro René Ortiz y la otra el “compromiso” (entre comillas en la carta de AIME) entre Lasso y Fernando Villavicencio para una consulta que podría terminar prohibiendo la minería metálica a cielo abierto.
Respecto del proyecto del ministro dicen que no ha sido consultado con nadie y que debería ser socializado con el sector minero en su totalidad. En cuanto al compromiso entre las dos autoridades ya electas, explica que se trata de información pública recogida de trinos de tweets recogidos durante la segunda semana del mes de abril.
Un documento de 14 páginas con diversas apreciaciones sobre el estado de la minería, las inversiones realizadas, el mineral extraído y una serie de temas cuya solución está pendiente acompaña la misiva enviada al presidente electo.
La carta es firmada por el ingeniero René Ayala y termina solicitando al futuro presidente se le conceda una audiencia. Al cierre de esta edición no sabemos si le han contestado o no.
Respecto del proyecto del ministro dicen que no ha sido consultado con nadie y que debería ser socializado con el sector minero en su totalidad. En cuanto al compromiso entre las dos autoridades ya electas, explica que se trata de información pública recogida de trinos de tweets recogidos durante la segunda semana del mes de abril.
Un documento de 14 páginas con diversas apreciaciones sobre el estado de la minería, las inversiones realizadas, el mineral extraído y una serie de temas cuya solución está pendiente acompaña la misiva enviada al presidente electo.
La carta es firmada por el ingeniero René Ayala y termina solicitando al futuro presidente se le conceda una audiencia. Al cierre de esta edición no sabemos si le han contestado o no.
Women in Mining de Latinoamérica
lanza serie de podcast para la región
Abril, 25 de 2021.- Los capítulos de Women in Mining de Latinoamérica, con el apoyo de International Women in Mining, presentaron el pasado 21 de abril de 2021 su primer proyecto de difusión regional: WIM Cast, en el cual abordaron la problemática del acoso a la mujer en el sector minero.
Este primer episodio del podcast, lanzado con el título de “Prevención del acoso laboral en la industria minera”, fue realizado por WIM Ecuador y contó con la participación voluntaria de la comunicadora Susana Naranjo.
Sobre la iniciativa de difusión que han emprendido las socias de las diversas secciones de Women in Mining, la presidente de WIM Ecuador, María Isabel Aillón, comentó que el proyecto “refleja el esfuerzo de todos los grupos de la región. Hemos unido nuestras fortalezas para formar una red de apoyo y aprendizaje. Nuestro objetivo es lograr mayor visibilidad de nuestras organizaciones y motivar para que más actores de la industria apoyen la participación de las mujeres”, afirmó.
“Publicar un podcast nos permite aprovechar la nueva virtualidad para llegar con nuestro mensaje a más mujeres rompiendo los límites del tiempo y las distancias entre países”, agregó.
WIM Cast es el podcast de los capítulos de Women in Mining de Latinoamérica, es decir, WIM Argentina, WIM Bolivia, WIM Colombia, WIM Chile, WIM Central América, WIM Ecuador y Mujeres WIM México.
El proyecto nace como un esfuerzo conjunto para compartir experiencias y tendencias regionales sobre la participación de la mujer en la industria minera y está auspiciado por la compañía Newmont.
WIM Ecuador fue seleccionado por el grupo para publicar el primer tema y liderar la logística del proyecto, junto con los grupos de Argentina y México. El siguiente episodio estará a cargo de WIM Colombia.
Sobre la temática que será abordada en las próximas ediciones del podcast, la doctora Aillón hizo un llamado a todas las mujeres involucradas en el sector minero para que hagan llegar sus propuestas a [email protected] planteando los temas que consideran que deben ser tratados en las futuras reuniones.
El primer episodio de WIM Cast ya está disponible en los siguientes links:
Spotify
https://open.spotify.com/episode/1ZgLOnMAO1KV177eaV1GZY?si=rzGk9D-aR4eY9N3vIjI1sg
LibSyn
https://wimlatam.libsyn.com/prevencin-del-acoso-laboral-en-la-industria-minera
Este primer episodio del podcast, lanzado con el título de “Prevención del acoso laboral en la industria minera”, fue realizado por WIM Ecuador y contó con la participación voluntaria de la comunicadora Susana Naranjo.
Sobre la iniciativa de difusión que han emprendido las socias de las diversas secciones de Women in Mining, la presidente de WIM Ecuador, María Isabel Aillón, comentó que el proyecto “refleja el esfuerzo de todos los grupos de la región. Hemos unido nuestras fortalezas para formar una red de apoyo y aprendizaje. Nuestro objetivo es lograr mayor visibilidad de nuestras organizaciones y motivar para que más actores de la industria apoyen la participación de las mujeres”, afirmó.
“Publicar un podcast nos permite aprovechar la nueva virtualidad para llegar con nuestro mensaje a más mujeres rompiendo los límites del tiempo y las distancias entre países”, agregó.
WIM Cast es el podcast de los capítulos de Women in Mining de Latinoamérica, es decir, WIM Argentina, WIM Bolivia, WIM Colombia, WIM Chile, WIM Central América, WIM Ecuador y Mujeres WIM México.
El proyecto nace como un esfuerzo conjunto para compartir experiencias y tendencias regionales sobre la participación de la mujer en la industria minera y está auspiciado por la compañía Newmont.
WIM Ecuador fue seleccionado por el grupo para publicar el primer tema y liderar la logística del proyecto, junto con los grupos de Argentina y México. El siguiente episodio estará a cargo de WIM Colombia.
Sobre la temática que será abordada en las próximas ediciones del podcast, la doctora Aillón hizo un llamado a todas las mujeres involucradas en el sector minero para que hagan llegar sus propuestas a [email protected] planteando los temas que consideran que deben ser tratados en las futuras reuniones.
El primer episodio de WIM Cast ya está disponible en los siguientes links:
Spotify
https://open.spotify.com/episode/1ZgLOnMAO1KV177eaV1GZY?si=rzGk9D-aR4eY9N3vIjI1sg
LibSyn
https://wimlatam.libsyn.com/prevencin-del-acoso-laboral-en-la-industria-minera
Casas para promoción del deporte ciencia
se abren en alrededores de proyecto minero
Abril, 22 de 2021.- Con la presencia del Eco. Luis Choloquinga, director distrital de Educación de Sigchos; de representantes del GAD de Palo Quemado y de pobladores de diversas comunidades de la parroquia, el pasado 22 se inauguró la sala de ajedrez de la comunidad Las Minas cuyo funcionamiento es parte del convenio de cooperación interinstitucional suscrito entre el Ministerio de Educación y la empresa ToachiEc Exploraciones Mineras S.A.
La sala está equipada con material lúdico y tecnológico para el beneficio de los estudiantes de la Escuela Dr. Gonzalo Rubio Orbe y de las niñas, niños y jóvenes de la comunidad. El objetivo de esta iniciativa, que es generar espacios permanentes para la enseñanza-aprendizaje del juego ciencia, va más allá del deporte y será una herramienta para promover el desarrollo de capacidades y el pensamiento crítico de la juventud y la población.
Comentando la firma del acuerdo entre la minera ToachiEc y la comunidad, el Eco. Choloquinga expresó que “estas prácticas impulsan una convivencia armónica y fomentan la cultura de paz, influyendo positivamente en la educación”.
Por su parte el Dr. Andrés Ycaza, gerente general de la empresa ToachiEc, señaló que durante el año 2021 la empresa Toachi Exploraciones Mineras S.A. continuará con la implementación de las aulas de ajedrez en otras comunidades como San Pablo, Santa Rosa y Las Praderas de la parroquia Palo Quemado.
La sala está equipada con material lúdico y tecnológico para el beneficio de los estudiantes de la Escuela Dr. Gonzalo Rubio Orbe y de las niñas, niños y jóvenes de la comunidad. El objetivo de esta iniciativa, que es generar espacios permanentes para la enseñanza-aprendizaje del juego ciencia, va más allá del deporte y será una herramienta para promover el desarrollo de capacidades y el pensamiento crítico de la juventud y la población.
Comentando la firma del acuerdo entre la minera ToachiEc y la comunidad, el Eco. Choloquinga expresó que “estas prácticas impulsan una convivencia armónica y fomentan la cultura de paz, influyendo positivamente en la educación”.
Por su parte el Dr. Andrés Ycaza, gerente general de la empresa ToachiEc, señaló que durante el año 2021 la empresa Toachi Exploraciones Mineras S.A. continuará con la implementación de las aulas de ajedrez en otras comunidades como San Pablo, Santa Rosa y Las Praderas de la parroquia Palo Quemado.
H.J. Becdach anuncia megaevento presencial para noviembre 2021
Abril, 11 de 2021.- Hassan J. Becdach, el gigante de las relaciones públicas en el sector minero energético local, presentará en breve los detalles del mega evento que unirá las próximas versiones de la XIII EXPOMINAS y la XXI EXPO OIL & POWER en una reunión de carácter presencial que se ha programado para los días 24, 25 y 26 de noviembre de este año en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito.
“El reto que tenemos este año es reactivar la economía mediante los sectores estratégicos, brindando espacios seguros para la comercialización”, explica Hassan J. Becdach, para quien “el sector minero y energético aporta de gran manera al desarrollo económico y fuentes de empleo”.
Vía Minera conversó con él en vísperas del lanzamiento oficial de esta reunión. Su primera reacción fue decir que él y su organización desean que hombres y mujeres del sector “sigan cuidándose pues anhelamos poder darnos un abrazo en el mega evento”.
¿Qué novedades presentará el mega evento minero energético 2021?
Solo por este año 2021 se unificarán nuestros dos eventos íconos del país, Expo Conference, convirtiéndose en un mega evento minero energético internacional que se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de noviembre de este año, demostrando así nuestro compromiso ahora más que nunca en los beneficios que esto representa. Tendremos varios países participando y keynote speakers nacionales y internacionales.
¿Quiénes deben participar?
Todas las empresas públicas y privadas de los sectores minero y petrolero: operadoras, empresas de servicios, del sector industrial, equipos, suministros, tecnología, construccion, transporte, almacenamiento, ambiente, agua, energías, electricidad y todas las empresas afines.
¿Qué facilidades se les ofrece a los que adquieran un stand?
Nuestro mega evento favorecerá los procesos de venta, permitirá el intercambio y la comunicación personal con los clientes y reunirá a un público objetivo. Por ello facilitará la presentación y la demostración de productos, maquinaria y nuevas tecnologías de paso que servirá para encontrar distribuidores y agentes y para conocer mejor a los competidores.
También permitirá atender a los clientes habituales, contactar con otros nuevos y ahorrar ya que se pueden conocer y hablar con diferentes proveedores en un mismo lugar.
“El reto que tenemos este año es reactivar la economía mediante los sectores estratégicos, brindando espacios seguros para la comercialización”, explica Hassan J. Becdach, para quien “el sector minero y energético aporta de gran manera al desarrollo económico y fuentes de empleo”.
Vía Minera conversó con él en vísperas del lanzamiento oficial de esta reunión. Su primera reacción fue decir que él y su organización desean que hombres y mujeres del sector “sigan cuidándose pues anhelamos poder darnos un abrazo en el mega evento”.
¿Qué novedades presentará el mega evento minero energético 2021?
Solo por este año 2021 se unificarán nuestros dos eventos íconos del país, Expo Conference, convirtiéndose en un mega evento minero energético internacional que se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de noviembre de este año, demostrando así nuestro compromiso ahora más que nunca en los beneficios que esto representa. Tendremos varios países participando y keynote speakers nacionales y internacionales.
¿Quiénes deben participar?
Todas las empresas públicas y privadas de los sectores minero y petrolero: operadoras, empresas de servicios, del sector industrial, equipos, suministros, tecnología, construccion, transporte, almacenamiento, ambiente, agua, energías, electricidad y todas las empresas afines.
¿Qué facilidades se les ofrece a los que adquieran un stand?
Nuestro mega evento favorecerá los procesos de venta, permitirá el intercambio y la comunicación personal con los clientes y reunirá a un público objetivo. Por ello facilitará la presentación y la demostración de productos, maquinaria y nuevas tecnologías de paso que servirá para encontrar distribuidores y agentes y para conocer mejor a los competidores.
También permitirá atender a los clientes habituales, contactar con otros nuevos y ahorrar ya que se pueden conocer y hablar con diferentes proveedores en un mismo lugar.
Empieza la Conferencia Mundial del Cobre
Abril, 11 de 2021.- A partir del 12 y hasta el 15 de abril se llevará a cabo Cesco Week Stgo 2021, evento que en formato virtual contará con una serie de seminarios online que tratarán distintos aspectos contingentes a la industria minera.
En ese marco se celebra también la Conferencia Mundial del Cobre, organizada por CRU y que se realizará entre el 12 y 13 de abril.
“Estamos muy contentos con la cifra de inscritos para Cesco Week y también por el entusiasmo y apoyo de la industria”, aseguró la directora ejecutiva de Cesco, Alejandra Wood, quien hizo hincapié en que “sabemos que la gente está cansada de las pantallas y por lo mismo hemos hecho un esfuerzo importante en ofrecer contenidos contingentes. De todas maneras, echaremos de menos la oportunidad de encontrarnos, quizá lo más distintivo de nuestros eventos, y esperamos que las circunstancias sean diferentes el próximo año.
Adicionalmente se suman tres eventos gratuitos y abiertos al público los días 14 y 15 de abril. Los tres contarán con el servicio de traducción simultánea.
El primero de ellos, es organizado en conjunto por Cesco y The Copper Mark, donde se analizará, junto a distintos actores del mundo público y privado de diferentes latitudes, los riesgos y oportunidades del cambio climático en la producción de cobre.
El seminario “Cambio Climático: riesgos y oportunidades” se desarrollará el 14 de abril a las 09:00, hora de Chile, y contará con la participación de la ministra de Medioambiente, Carolina Schmidt; el presidente de BHP Minerals Americas, Ragnar Udd; Purchasing Manager – Human Rights & Working Conditions, Ford Motor Company, Deb Heed; Líder Global de Mining & Metals, WWF, Tobias Kind-Rieper.
Ese mismo día, a las 15:00 horas, se presentarán los resultados del estudio “Señales de la Minería”, el que ha sido elaborado de forma conjunta entre Cesco y la consultora minera Vantaz Group.
En la instancia, la directora de Cesco y directora de Estudios de Vantaz Group, Daniela Desormeaux será la encargada de mostrar los resultados de “Señales de la Minería”, para posteriormente dar espacio a un panel de conversación donde participarán el director de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre, Jorge Cantallopts; la directora en Antofagasta Minerals, Francisca Castro; el Coordinador Macroeconómico en Clapes UC, Hermann González; y vicepresidente ejecutivo de Gold Fields Americas, Luis Rivera.
Por último, el 15 de abril a las 10:00 horas de Chile se realizará el Seminario “Institucionalidad de la minería chilena en el contexto internacional” –evento que cuenta con el auspicio de Anglo American, Antofagasta Minerals, BHP y Freeport Mc-MoRan-, donde se conversará en torno al marco institucional de Chile para la minería en el contexto global, y contará con el reputado abogado y experto en economía de minerales, James Otto, como orador principal.
Asimismo, el panel de conversación contempla la participación del ex ministro de Hacienda y académico de la Universidad Católica de Chile, Rodrigo Valdés; la abogada y Coordinadora del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, Pilar Hazbún; el economista y gerente de Consultoría de CRU, Ben Jones; la economista y directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor, Claudia Sanhueza; y el economista, académico y consultor, Juan Ignacio Guzmán, quien además es miembro de Cesco.
James Otto, es abogado y experto en economía de minerales. Desde su punto de vista, “durante el último super ciclo, muchos gobiernos corrieron a introducir impuestos más altos o nuevos tipos de impuestos en el sector. En algunos casos, los gobiernos impusieron royalties más altos, mientras en otros se idearon nuevos tipos de impuestos sobre las ‘ganancias excesivas’. Cuando ese ciclo terminó, lo contrario fue cierto y muchos países retiraron los cambios anteriores”.
Otto cuenta con más de 100 publicaciones, siendo el libro “Royalties Mineros: un estudio global de su impacto en los inversionistas, el gobierno y la sociedad civil” de 2006, el más conocido. Hasta el día de hoy es uno de los libros más completos en la materia, y se considerado un clásico y un estudio clave para entender la teoría y práctica de los royalties en minería.
En vísperas del evento, los organizadores publicaron una entrevista de la cual hemos extraído para nuestros lectores algunas partes importantes:
-¿Cuál ha sido la evolución de la legislación minera durante la última década en los principales distritos mineros mundiales? ¿Ve una mayor convergencia entre los estados que desean obtener mayores beneficios de la minería mientras se mantienen atractivos para la inversión de las empresas mineras privadas?
Durante las últimas dos décadas ha habido una evolución lenta pero constante de los enfoques regulatorios del sector minero. Bajo leyes mineras más antiguas, a menudo hay problemas con empresas mineras que mantenían terrenos para fines especulativos o futuros. Hoy en día, muchos países han implementado varios medios para imponer el principio de “úsalo o piérdelo” para que las concesiones se exploren o exploten activamente. También ha habido un gran movimiento para pensar sobre cómo alcanzar el desarrollo sostenible y evitar el ciclo de auge y caída que conlleva el explotar un recurso no renovable. Por ejemplo, en la actualidad muchos países requieren o fomentan contratos de desarrollo de comunidades o mecanismos similares que apuntan a reducir el impacto que el cierre de una mina tendrá sobre las comunidades locales. Además, se ha visto una explosión en el uso de fondos soberanos donde los ingresos obtenidos hoy, se invierten para entregar beneficios a las futuras generaciones. Actualmente, existen más de 75 fondos de ese tipo o que están en etapas de planificación.
Uno de los mayores desarrollos es hacer que los procesos de aplicación para concesiones sean más eficientes a través del uso de sistemas de catastro computarizados. Al usar tal sistema, un inversor puede determinar de manera remota y rápida qué áreas están bajo concesión y conocer los detalles sobre el concesionario, establecer qué áreas están abiertas o cerradas para la aplicación, y en algunos casos, solicitar en línea el área. Los sistemas de catastro con frecuencia también incluyen enlaces a información geológica sobre una base espacial.
También ha habido un movimiento para fortalecer los requerimientos de recuperación y cierre de operaciones. Ya sea requerido en la ley ambiental o minera, hoy la planificación de cierre comienza en la etapa de factibilidad de una mina, se requiere un plan de rehabilitación y cierre que debe ser actualizado periódicamente, se debe garantizar seguridad financiera para que en caso de que el minero no implemente el plan, el gobierno tenga acceso al financiamiento adecuado para efectuar la rehabilitación, que el público se involucre en la planificación de la rehabilitación y el gobierno apruebe el plan inicial y sus revisiones.
Otra mejora importante tiene que ver con la transparencia. Más de 50 naciones hoy participan en la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) mediante la cual se ponen a disposición del público información de varios aspectos del sector minero de un país, que van desde información sobre los impuestos pagados, concesiones, regulaciones y otros. El proceso involucra al gobierno, la sociedad civil y las compañías mineras. Si bien el nivel de requerimientos regulatorios ha aumentado notablemente en las últimas dos décadas, la inversión ha seguido fluyendo hacia el sector. A menudo una mayor regulación puede reducir los riesgos para una empresa minera, como cuando, por ejemplo, el sistema entrega una vía clara para abordar los problemas de “licencia social para operar”.
–En relación con lo mencionado antes, ¿Cuál ha sido la tendencia de la tributación de las compañías mineras privadas? ¿Son los royalties la manera preferida de capturar rentas mineras? ¿Cuáles regímenes han sido más exitosos en equilibrar las necesidades de los países por mayores ingresos con un crecimiento robusto de la industria?
La política de tributación minera tiende a seguir los precios de los minerales. Durante el último super ciclo, muchos gobiernos corrieron a introducir impuestos más altos o nuevos tipos de impuestos en el sector. En algunos casos, los gobiernos impusieron royalties más altos, mientras en otros se idearon nuevos tipos de impuestos sobre las “ganancias excesivas”. Cuando ese ciclo terminó, lo contrario fue cierto y muchos países retiraron los cambios anteriores.
La clave para una buena política de impuestos es encontrar un enfoque que se adapte a los ciclos de precios sin la necesidad de revisar constantemente la ley minera o de impuesto. Uno solo necesita mirar a productores de cobre como Chile, Perú, Mongolia, República Democrática del Congo, Zaire, Australia, todos los cuales crearon nuevos impuestos o los subieron durante el último súper ciclo, para encontrar ejemplos sobre qué enfoques se adaptan mejor a los commodities sujetos a los ciclos de precios. La mayoría de los tipos de royalties simples no están diseñados para obtener lo que los economistas llaman “renta”, pero algunos tipos de royalties sí. El impuesto específico a la minería de Chile es uno de los mejores enfoques para capturar “renta” que ha surgido en los recientes años, pero como todos los impuestos pioneros, hay ciertamente formas en las que puede ser mejorado.
En ese marco se celebra también la Conferencia Mundial del Cobre, organizada por CRU y que se realizará entre el 12 y 13 de abril.
“Estamos muy contentos con la cifra de inscritos para Cesco Week y también por el entusiasmo y apoyo de la industria”, aseguró la directora ejecutiva de Cesco, Alejandra Wood, quien hizo hincapié en que “sabemos que la gente está cansada de las pantallas y por lo mismo hemos hecho un esfuerzo importante en ofrecer contenidos contingentes. De todas maneras, echaremos de menos la oportunidad de encontrarnos, quizá lo más distintivo de nuestros eventos, y esperamos que las circunstancias sean diferentes el próximo año.
Adicionalmente se suman tres eventos gratuitos y abiertos al público los días 14 y 15 de abril. Los tres contarán con el servicio de traducción simultánea.
El primero de ellos, es organizado en conjunto por Cesco y The Copper Mark, donde se analizará, junto a distintos actores del mundo público y privado de diferentes latitudes, los riesgos y oportunidades del cambio climático en la producción de cobre.
El seminario “Cambio Climático: riesgos y oportunidades” se desarrollará el 14 de abril a las 09:00, hora de Chile, y contará con la participación de la ministra de Medioambiente, Carolina Schmidt; el presidente de BHP Minerals Americas, Ragnar Udd; Purchasing Manager – Human Rights & Working Conditions, Ford Motor Company, Deb Heed; Líder Global de Mining & Metals, WWF, Tobias Kind-Rieper.
Ese mismo día, a las 15:00 horas, se presentarán los resultados del estudio “Señales de la Minería”, el que ha sido elaborado de forma conjunta entre Cesco y la consultora minera Vantaz Group.
En la instancia, la directora de Cesco y directora de Estudios de Vantaz Group, Daniela Desormeaux será la encargada de mostrar los resultados de “Señales de la Minería”, para posteriormente dar espacio a un panel de conversación donde participarán el director de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre, Jorge Cantallopts; la directora en Antofagasta Minerals, Francisca Castro; el Coordinador Macroeconómico en Clapes UC, Hermann González; y vicepresidente ejecutivo de Gold Fields Americas, Luis Rivera.
Por último, el 15 de abril a las 10:00 horas de Chile se realizará el Seminario “Institucionalidad de la minería chilena en el contexto internacional” –evento que cuenta con el auspicio de Anglo American, Antofagasta Minerals, BHP y Freeport Mc-MoRan-, donde se conversará en torno al marco institucional de Chile para la minería en el contexto global, y contará con el reputado abogado y experto en economía de minerales, James Otto, como orador principal.
Asimismo, el panel de conversación contempla la participación del ex ministro de Hacienda y académico de la Universidad Católica de Chile, Rodrigo Valdés; la abogada y Coordinadora del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, Pilar Hazbún; el economista y gerente de Consultoría de CRU, Ben Jones; la economista y directora del Centro de Economía y Políticas Sociales de la Universidad Mayor, Claudia Sanhueza; y el economista, académico y consultor, Juan Ignacio Guzmán, quien además es miembro de Cesco.
James Otto, es abogado y experto en economía de minerales. Desde su punto de vista, “durante el último super ciclo, muchos gobiernos corrieron a introducir impuestos más altos o nuevos tipos de impuestos en el sector. En algunos casos, los gobiernos impusieron royalties más altos, mientras en otros se idearon nuevos tipos de impuestos sobre las ‘ganancias excesivas’. Cuando ese ciclo terminó, lo contrario fue cierto y muchos países retiraron los cambios anteriores”.
Otto cuenta con más de 100 publicaciones, siendo el libro “Royalties Mineros: un estudio global de su impacto en los inversionistas, el gobierno y la sociedad civil” de 2006, el más conocido. Hasta el día de hoy es uno de los libros más completos en la materia, y se considerado un clásico y un estudio clave para entender la teoría y práctica de los royalties en minería.
En vísperas del evento, los organizadores publicaron una entrevista de la cual hemos extraído para nuestros lectores algunas partes importantes:
-¿Cuál ha sido la evolución de la legislación minera durante la última década en los principales distritos mineros mundiales? ¿Ve una mayor convergencia entre los estados que desean obtener mayores beneficios de la minería mientras se mantienen atractivos para la inversión de las empresas mineras privadas?
Durante las últimas dos décadas ha habido una evolución lenta pero constante de los enfoques regulatorios del sector minero. Bajo leyes mineras más antiguas, a menudo hay problemas con empresas mineras que mantenían terrenos para fines especulativos o futuros. Hoy en día, muchos países han implementado varios medios para imponer el principio de “úsalo o piérdelo” para que las concesiones se exploren o exploten activamente. También ha habido un gran movimiento para pensar sobre cómo alcanzar el desarrollo sostenible y evitar el ciclo de auge y caída que conlleva el explotar un recurso no renovable. Por ejemplo, en la actualidad muchos países requieren o fomentan contratos de desarrollo de comunidades o mecanismos similares que apuntan a reducir el impacto que el cierre de una mina tendrá sobre las comunidades locales. Además, se ha visto una explosión en el uso de fondos soberanos donde los ingresos obtenidos hoy, se invierten para entregar beneficios a las futuras generaciones. Actualmente, existen más de 75 fondos de ese tipo o que están en etapas de planificación.
Uno de los mayores desarrollos es hacer que los procesos de aplicación para concesiones sean más eficientes a través del uso de sistemas de catastro computarizados. Al usar tal sistema, un inversor puede determinar de manera remota y rápida qué áreas están bajo concesión y conocer los detalles sobre el concesionario, establecer qué áreas están abiertas o cerradas para la aplicación, y en algunos casos, solicitar en línea el área. Los sistemas de catastro con frecuencia también incluyen enlaces a información geológica sobre una base espacial.
También ha habido un movimiento para fortalecer los requerimientos de recuperación y cierre de operaciones. Ya sea requerido en la ley ambiental o minera, hoy la planificación de cierre comienza en la etapa de factibilidad de una mina, se requiere un plan de rehabilitación y cierre que debe ser actualizado periódicamente, se debe garantizar seguridad financiera para que en caso de que el minero no implemente el plan, el gobierno tenga acceso al financiamiento adecuado para efectuar la rehabilitación, que el público se involucre en la planificación de la rehabilitación y el gobierno apruebe el plan inicial y sus revisiones.
Otra mejora importante tiene que ver con la transparencia. Más de 50 naciones hoy participan en la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) mediante la cual se ponen a disposición del público información de varios aspectos del sector minero de un país, que van desde información sobre los impuestos pagados, concesiones, regulaciones y otros. El proceso involucra al gobierno, la sociedad civil y las compañías mineras. Si bien el nivel de requerimientos regulatorios ha aumentado notablemente en las últimas dos décadas, la inversión ha seguido fluyendo hacia el sector. A menudo una mayor regulación puede reducir los riesgos para una empresa minera, como cuando, por ejemplo, el sistema entrega una vía clara para abordar los problemas de “licencia social para operar”.
–En relación con lo mencionado antes, ¿Cuál ha sido la tendencia de la tributación de las compañías mineras privadas? ¿Son los royalties la manera preferida de capturar rentas mineras? ¿Cuáles regímenes han sido más exitosos en equilibrar las necesidades de los países por mayores ingresos con un crecimiento robusto de la industria?
La política de tributación minera tiende a seguir los precios de los minerales. Durante el último super ciclo, muchos gobiernos corrieron a introducir impuestos más altos o nuevos tipos de impuestos en el sector. En algunos casos, los gobiernos impusieron royalties más altos, mientras en otros se idearon nuevos tipos de impuestos sobre las “ganancias excesivas”. Cuando ese ciclo terminó, lo contrario fue cierto y muchos países retiraron los cambios anteriores.
La clave para una buena política de impuestos es encontrar un enfoque que se adapte a los ciclos de precios sin la necesidad de revisar constantemente la ley minera o de impuesto. Uno solo necesita mirar a productores de cobre como Chile, Perú, Mongolia, República Democrática del Congo, Zaire, Australia, todos los cuales crearon nuevos impuestos o los subieron durante el último súper ciclo, para encontrar ejemplos sobre qué enfoques se adaptan mejor a los commodities sujetos a los ciclos de precios. La mayoría de los tipos de royalties simples no están diseñados para obtener lo que los economistas llaman “renta”, pero algunos tipos de royalties sí. El impuesto específico a la minería de Chile es uno de los mejores enfoques para capturar “renta” que ha surgido en los recientes años, pero como todos los impuestos pioneros, hay ciertamente formas en las que puede ser mejorado.
Minería del Perú podría recibir
US$ 25 mil millones hasta el 2025
Abril, 11 de 2021.- Según un estudio del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), el Perú cuenta con una cartera de 39 proyectos mineros-energéticos estimados en más US$ 25,000 millones para el periodo de 2021-2025.
Entre los principales proyectos destacan: Los Chancas (US$ 2.600 millones) ubicado en Apurímac, Michiquillay (US$ 2.500 millones) en Cajamarca, Yanacocha Sulfuros (US$ 2.100 millones) en Cajamarca, Zafranal (US$ 1.263 millones) en Arequipa, Trapiche (US$ 973 millones) en Apurímac, Corani (US$ 579 millones) en Puno, Magistral (US$ 480 millones) en Áncash y San Gabriel (US$ 422 millones) en Moquegua.
Asimismo, en el rubro de electricidad hay potencial para construir 24 proyectos valorizados en US$ 9,489 millones. En este sector se ha identificado un grupo de 14 proyectos que podría iniciar operaciones en el periodo 2021-2024 cuyo monto suma US$ 5.706 millones.
La CCL consideró que para reactivar la economía del país tras la pandemia del COVID-19 es necesario que el próximo gobierno priorice y genere un entorno favorable para la ejecución de importantes proyectos de inversión, lo que contribuirá a una mayor recaudación fiscal.
De otro lado, según las cifras que maneja el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), la ejecución de la cartera de proyectos mineros hasta el año 2031, valorizada en US$ 56,158 millones, generará recursos fiscales adicionales para el Perú por más de S/ 80,000 millones.
De acuerdo al estudio “Minería: oportunidad de desarrollo frente a la crisis nacional”, esarrollado por el IIMP y el Centro para la Competitividad y Desarrollo (CCD) de la Universidad San Martín de Porres, -y presentado como parte de las actividades Rumbo a PERUMIN- en los últimos 20 años la minería ha generado más de S/ 127,000 millones para el Estado a través de impuestos y contribuciones fiscales.
El trabajo señala que ese dinero bastaría para construir 464 hospitales de nivel III, comprar 254,644 camas UCI o más de 50,000 plantas de oxígeno.
De igual manera, el estudio destaca que la puesta en marcha de los proyectos en cartera contribuiría a disminuir la pobreza nacional a un 15% en los próximos diez años. Ello representaría 12 puntos porcentuales menos respecto a la tasa de pobreza actual, que habría ascendido a aproximadamente 27% (al cierre de 2020) por efectos de la pandemia.
Entre los principales proyectos destacan: Los Chancas (US$ 2.600 millones) ubicado en Apurímac, Michiquillay (US$ 2.500 millones) en Cajamarca, Yanacocha Sulfuros (US$ 2.100 millones) en Cajamarca, Zafranal (US$ 1.263 millones) en Arequipa, Trapiche (US$ 973 millones) en Apurímac, Corani (US$ 579 millones) en Puno, Magistral (US$ 480 millones) en Áncash y San Gabriel (US$ 422 millones) en Moquegua.
Asimismo, en el rubro de electricidad hay potencial para construir 24 proyectos valorizados en US$ 9,489 millones. En este sector se ha identificado un grupo de 14 proyectos que podría iniciar operaciones en el periodo 2021-2024 cuyo monto suma US$ 5.706 millones.
La CCL consideró que para reactivar la economía del país tras la pandemia del COVID-19 es necesario que el próximo gobierno priorice y genere un entorno favorable para la ejecución de importantes proyectos de inversión, lo que contribuirá a una mayor recaudación fiscal.
De otro lado, según las cifras que maneja el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), la ejecución de la cartera de proyectos mineros hasta el año 2031, valorizada en US$ 56,158 millones, generará recursos fiscales adicionales para el Perú por más de S/ 80,000 millones.
De acuerdo al estudio “Minería: oportunidad de desarrollo frente a la crisis nacional”, esarrollado por el IIMP y el Centro para la Competitividad y Desarrollo (CCD) de la Universidad San Martín de Porres, -y presentado como parte de las actividades Rumbo a PERUMIN- en los últimos 20 años la minería ha generado más de S/ 127,000 millones para el Estado a través de impuestos y contribuciones fiscales.
El trabajo señala que ese dinero bastaría para construir 464 hospitales de nivel III, comprar 254,644 camas UCI o más de 50,000 plantas de oxígeno.
De igual manera, el estudio destaca que la puesta en marcha de los proyectos en cartera contribuiría a disminuir la pobreza nacional a un 15% en los próximos diez años. Ello representaría 12 puntos porcentuales menos respecto a la tasa de pobreza actual, que habría ascendido a aproximadamente 27% (al cierre de 2020) por efectos de la pandemia.
Varias organizaciones sociales presentan
pedido de consulta sobre la minería en Quito
Abril, 4 de 2021.- Varias decenas de hombres y mujeres residentes en las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto marcharon la semana que pasó del Parque El Arbolito a la sede de la Corte Constitucional para pedir que se emita el dictamen que permita una consulta popular sobre la minería en sus localidades.
Eran pobladores y autoridades electas en votación popular, así como dirigentes de organizaciones sociales, que sostienen que la actividad minera pone en riesgo la riqueza de la biodiversidad que hay en sus valles.
Instituciones como la Coordinadora del Comité Amplio del Corredor del Oso Andino, Cacoa; el Frente Antiminero Pacto, la Cooperativa de Producción de Panela El Paraíso, Copropap y la Asociación Artesanal de bienes pecuarios Cumbres de Ingapi; entre muchas otras, también estuvieron representadas en la movilización.
Los voceros de la marcha destacaron el relieve excepcional y la gran variedad climática de la región, que incluye zonas tropicales al noroccidente, zonas áridas en el valle del río Guayllabamba en la parte interandina, bosques nublados, páramo y nieve a lo largo del callejón interandino.
Recuerdan que en el referéndum y consulta popular del 4 de febrero del 2018, los resultados en el Distrito Metropolitano de Quito a la pregunta de "¿Está usted de acuerdo con enmendarla Constitución de la República de Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?, fueron de 67,8% a favor de la prohibición de minería metálica.
Respecto de la riqueza ecosocial de sus parroquias, se basan en diversos estudios como el realizado por el Museo de Ciencias Naturales del Ecuador y el del Instituto Metropolitano de Patrimonio para la construcción del Sistema de Áreas y Sitios Arqueológicos del Distrito Metropolitano de Quito.
Según uno de los informes, en la subcuenca del río Pachijal de la parroquia Pacto se han registrado 662 sitios arqueológicos artificiales, una sección de un camino prehispánico, terrazas, estructuras hundidas de piedra, tolas, culuncos, plataformas, petroglifos, montículos ovalados y vestigios arqueológicos que son evidencia de la expresión creativa, arquitectónica y de desarrollo social de la cultura Yumbo.
Señalan que el paisaje dominante del Área de Conservación y Uso Sustentable Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal incluye bosques piemontanos maduros y áreas de pastos y cultivos. Es el refugio de vida silvestre, en especial para las 426 especies de aves que vuelan por ahí.
En la zona, sostienen, viven 61 especies de mamíferos, entre ellos la del mono machín blanco, del puma y el olingo. El 16 % de las especies de mamíferos son endémicas; 18 % se encuentran amenazadas a nivel global y 45 % a nivel nacional. Además, se ha registrado un total de 40 especies de anfibios. De ellas, un total de 16 especies están amenazadas a nivel global y 23 especies a nivel nacional. El nivel del endemismo de anfibios es muy alto y preocupa que la existencia de varias ranas se encuentra amenazada.
Para salvarlas y cuidar toda la región es que se viene promoviendo un modelo de agricultura campesina sostenible con los pobladores locales quienes realizan actividades agroproductivas, principalmente ganadería lechera y de carne y, en menor medida, crianza de animales menores y cultivos de café y cacao. Existen también iniciativas artesanales de producción de queso, panela y chocolate.
En síntesis, los demandantes invocan un listado de artículos constitucionales que los abogados se saben de memoria. El artículo 104 en concordancia con los artículos 127, 104 y 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; el artículo 276, el artículo 61, el artículo 278, el artículo 325, el artículo 95, el artículo 104 y muchos otros dispositivos han sido nombrados para respaldar su pedido de cuatro preguntas, iguales en todo menos en la denominación de la escala que tiene la minería en la regulación ecuatoriana.
El texto de la pregunta en consulta es:
“¿Está Usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica a escala artesanal/pequeña escala/mediana escala/gran escala/ dentro del Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas del Distrito Metropolitano de Quito; y, dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible, conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino?”
Sí ( ) No ( )
La Corte tiene 20 días para pronunciarse. Ya van tres.
Eran pobladores y autoridades electas en votación popular, así como dirigentes de organizaciones sociales, que sostienen que la actividad minera pone en riesgo la riqueza de la biodiversidad que hay en sus valles.
Instituciones como la Coordinadora del Comité Amplio del Corredor del Oso Andino, Cacoa; el Frente Antiminero Pacto, la Cooperativa de Producción de Panela El Paraíso, Copropap y la Asociación Artesanal de bienes pecuarios Cumbres de Ingapi; entre muchas otras, también estuvieron representadas en la movilización.
Los voceros de la marcha destacaron el relieve excepcional y la gran variedad climática de la región, que incluye zonas tropicales al noroccidente, zonas áridas en el valle del río Guayllabamba en la parte interandina, bosques nublados, páramo y nieve a lo largo del callejón interandino.
Recuerdan que en el referéndum y consulta popular del 4 de febrero del 2018, los resultados en el Distrito Metropolitano de Quito a la pregunta de "¿Está usted de acuerdo con enmendarla Constitución de la República de Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el Anexo 5?, fueron de 67,8% a favor de la prohibición de minería metálica.
Respecto de la riqueza ecosocial de sus parroquias, se basan en diversos estudios como el realizado por el Museo de Ciencias Naturales del Ecuador y el del Instituto Metropolitano de Patrimonio para la construcción del Sistema de Áreas y Sitios Arqueológicos del Distrito Metropolitano de Quito.
Según uno de los informes, en la subcuenca del río Pachijal de la parroquia Pacto se han registrado 662 sitios arqueológicos artificiales, una sección de un camino prehispánico, terrazas, estructuras hundidas de piedra, tolas, culuncos, plataformas, petroglifos, montículos ovalados y vestigios arqueológicos que son evidencia de la expresión creativa, arquitectónica y de desarrollo social de la cultura Yumbo.
Señalan que el paisaje dominante del Área de Conservación y Uso Sustentable Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal incluye bosques piemontanos maduros y áreas de pastos y cultivos. Es el refugio de vida silvestre, en especial para las 426 especies de aves que vuelan por ahí.
En la zona, sostienen, viven 61 especies de mamíferos, entre ellos la del mono machín blanco, del puma y el olingo. El 16 % de las especies de mamíferos son endémicas; 18 % se encuentran amenazadas a nivel global y 45 % a nivel nacional. Además, se ha registrado un total de 40 especies de anfibios. De ellas, un total de 16 especies están amenazadas a nivel global y 23 especies a nivel nacional. El nivel del endemismo de anfibios es muy alto y preocupa que la existencia de varias ranas se encuentra amenazada.
Para salvarlas y cuidar toda la región es que se viene promoviendo un modelo de agricultura campesina sostenible con los pobladores locales quienes realizan actividades agroproductivas, principalmente ganadería lechera y de carne y, en menor medida, crianza de animales menores y cultivos de café y cacao. Existen también iniciativas artesanales de producción de queso, panela y chocolate.
En síntesis, los demandantes invocan un listado de artículos constitucionales que los abogados se saben de memoria. El artículo 104 en concordancia con los artículos 127, 104 y 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; el artículo 276, el artículo 61, el artículo 278, el artículo 325, el artículo 95, el artículo 104 y muchos otros dispositivos han sido nombrados para respaldar su pedido de cuatro preguntas, iguales en todo menos en la denominación de la escala que tiene la minería en la regulación ecuatoriana.
El texto de la pregunta en consulta es:
“¿Está Usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica a escala artesanal/pequeña escala/mediana escala/gran escala/ dentro del Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas del Distrito Metropolitano de Quito; y, dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible, conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino?”
Sí ( ) No ( )
La Corte tiene 20 días para pronunciarse. Ya van tres.
Maquinaria de ECSA participa
en trabajos del cantón Nangaritza
Abril, 4 de 2021.- Desde el pasado 21 de marzo, maquinaria de la empresa EcuaCorriente S.A. (ECSA), operadora de la mina Mirador, brinda apoyo emergente en el cantón Nangaritza para afrontar las secuelas del reciente desbordamiento de la quebrada Guayzimi.
Una excavadora y una volqueta de la minera se suman a la maquinaria municipal para contribuir al encauzamiento de la quebrada, lo que permitirá prevenir que los habitantes de Guayzimi no sean afectados cada vez que aumente el caudal producto del invierno.
Los trabajos se iniciaron ante el requerimiento realizado por los gobiernos autónomos descentralizados municipales de Nangaritza y El Pangui, tras el fenómeno natural que dejó cuantiosas pérdidas materiales en perjuicio de gran parte de las familias residentes en la cabecera cantonal.
Paralelamente, el alcalde detalló que en los próximos días se prevé finalizar la limpieza de alrededor de 139 viviendas que fueron afectadas, en mayor y menor medida, por la inundación. El objetivo es que las familias puedan retornar a la normalidad lo más pronto posible, agregó el burgomaestre.
Respecto del apoyo que viene recibiendo tanto de instituciones privadas como estatales, el alcalde Fredy Armijos destacó el respaldo y la rapidez con que reaccionaron ante el pedido de apoyo a la población. “Cuando solicité el requerimiento a ECSA, inmediatamente tuve respuesta con maquinaria”, expresó la autoridad.
Para la minera, el préstamo de maquinaria se enmarca en el Programa de Relaciones Comunitarias y Plan de Manejo Ambiental de la mina Mirador.
Una excavadora y una volqueta de la minera se suman a la maquinaria municipal para contribuir al encauzamiento de la quebrada, lo que permitirá prevenir que los habitantes de Guayzimi no sean afectados cada vez que aumente el caudal producto del invierno.
Los trabajos se iniciaron ante el requerimiento realizado por los gobiernos autónomos descentralizados municipales de Nangaritza y El Pangui, tras el fenómeno natural que dejó cuantiosas pérdidas materiales en perjuicio de gran parte de las familias residentes en la cabecera cantonal.
Paralelamente, el alcalde detalló que en los próximos días se prevé finalizar la limpieza de alrededor de 139 viviendas que fueron afectadas, en mayor y menor medida, por la inundación. El objetivo es que las familias puedan retornar a la normalidad lo más pronto posible, agregó el burgomaestre.
Respecto del apoyo que viene recibiendo tanto de instituciones privadas como estatales, el alcalde Fredy Armijos destacó el respaldo y la rapidez con que reaccionaron ante el pedido de apoyo a la población. “Cuando solicité el requerimiento a ECSA, inmediatamente tuve respuesta con maquinaria”, expresó la autoridad.
Para la minera, el préstamo de maquinaria se enmarca en el Programa de Relaciones Comunitarias y Plan de Manejo Ambiental de la mina Mirador.
Colombia: Once mineros permanecen
atrapados dentro de una mina de oro
Abril, 4 de 2021.- Al cierre de esta edición continuaba el despliegue técnico especializado para rescatar a los 11 mineros que permanecen atrapados en el túnel de una mina de oro, en la cuenca del río Cauca, en Colombia.
Los rescatistas trabajan en tres turnos succionando el agua y en ampliar la vía que permita el rescate seguro de los mineros que fueron sorprendidos por la creciente del río que inundó la mina donde se encontraban.
Según el último informe de la Agencia Nacional de Minería de Colombia, el equipo de Seguridad y Salvamento Minero continúa con la operación de 9 electrobombas, cada una de 3 pulgadas de succión.
“A través de las labores a cielo abierto se sigue terraceando y ampliando el jarillón con tres máquinas bajando por niveles, llevando el material hasta el nivel del río para continuar con el jarillón hacia el sur”, señala un boletín de la ANM.
El pasado tres de abril, el vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera, Javier García Granados, hizo un llamado para contar con más equipos de bombeo que permitan agilizar la disminución del nivel del agua. Dijo que también se requería una planta trifásica adicional de 220 voltios.
Los 11 mineros permanecen atrapados desde el pasado 26 de marzo, cuando el pozo de 17 metros de profundidad se inundó con al menos 3 metros cúbicos de agua dado que la zona está sufriendo lluvias torrenciales.
Los equipos de rescate tuvieron que ser llevados al sitio por ferrocarril ya que las carreteras principales habían sido dañadas y bloqueadas por tormentas en curso.
El Grupo de Rescate y Seguridad Minera, el departamento de bomberos, la Agencia de Protección Civil, las autoridades locales, otros mineros, el personal de Caldas Gold de Canadá y otras organizaciones de emergencia han estado en el sitio día y noche, tratando de traer a los mineros de regreso a la superficie.
Los rescatistas trabajan en tres turnos succionando el agua y en ampliar la vía que permita el rescate seguro de los mineros que fueron sorprendidos por la creciente del río que inundó la mina donde se encontraban.
Según el último informe de la Agencia Nacional de Minería de Colombia, el equipo de Seguridad y Salvamento Minero continúa con la operación de 9 electrobombas, cada una de 3 pulgadas de succión.
“A través de las labores a cielo abierto se sigue terraceando y ampliando el jarillón con tres máquinas bajando por niveles, llevando el material hasta el nivel del río para continuar con el jarillón hacia el sur”, señala un boletín de la ANM.
El pasado tres de abril, el vicepresidente de Seguimiento, Control y Seguridad Minera, Javier García Granados, hizo un llamado para contar con más equipos de bombeo que permitan agilizar la disminución del nivel del agua. Dijo que también se requería una planta trifásica adicional de 220 voltios.
Los 11 mineros permanecen atrapados desde el pasado 26 de marzo, cuando el pozo de 17 metros de profundidad se inundó con al menos 3 metros cúbicos de agua dado que la zona está sufriendo lluvias torrenciales.
Los equipos de rescate tuvieron que ser llevados al sitio por ferrocarril ya que las carreteras principales habían sido dañadas y bloqueadas por tormentas en curso.
El Grupo de Rescate y Seguridad Minera, el departamento de bomberos, la Agencia de Protección Civil, las autoridades locales, otros mineros, el personal de Caldas Gold de Canadá y otras organizaciones de emergencia han estado en el sitio día y noche, tratando de traer a los mineros de regreso a la superficie.
Codelco llegó a un acuerdo con trabajadores de RT
Abril, 4 de 2021.- El Sindicato de Trabajadores Radomiro Tomic (RT), una de las operaciones más grandes de la estatal chilena Codelco, llegó a un acuerdo con la empresa y de esa manera se aleja la posibilidad de una huelga en el productor de cobre más grande del mundo.
Codelco detalló que el contrato colectivo tendrá una vigencia de 36 meses y comenzará a regir a partir del 1 de abril de 2021. No hay aumento y en cambio un bono de término de negociación de 4,16 millones de pesos chilenos, es decir, US$ 5.776 dólares. Además se establecen incentivos por renovación de jornada, por quiebre de gestión e incentivos variables alineados con los desafíos productivos de la división.
El sindicato estuvo a punto de acordar la huelga. Para ello se requerían 336 votos pero en la asamblea sólo hubo 263 votos a favor y 258 votos de quienes aceptaban la propuesta de la empresa. El resto de delegados no votó y la propuesta de huelga no alcanzó el 50% más un voto que era necesario.
“Dado que no se alcanzó la mayoría absoluta para hacer efectiva la huelga, se acepta la última oferta del empleador”, dijo el sindicato en un comunicado.
Radomiro Tomic produjo 261 000 toneladas de cobre el año pasado. Es más pequeña que El Teniente y mucho más pequeña que Chuquicamata. Sin embargo, para tener una idea de su tamaño, puede recordarse que la mina Mirador exportó el 2020 aproximadamente 120 mil toneladas de concentrados.
Siguiendo con las cifras, Chile produjo el año 2019, en números redondos, 5,8 millones (entre cátodos y concentrados) de toneladas. Perú 2,5 y China 1,6 millones de toneladas de cobre mina.
Codelco detalló que el contrato colectivo tendrá una vigencia de 36 meses y comenzará a regir a partir del 1 de abril de 2021. No hay aumento y en cambio un bono de término de negociación de 4,16 millones de pesos chilenos, es decir, US$ 5.776 dólares. Además se establecen incentivos por renovación de jornada, por quiebre de gestión e incentivos variables alineados con los desafíos productivos de la división.
El sindicato estuvo a punto de acordar la huelga. Para ello se requerían 336 votos pero en la asamblea sólo hubo 263 votos a favor y 258 votos de quienes aceptaban la propuesta de la empresa. El resto de delegados no votó y la propuesta de huelga no alcanzó el 50% más un voto que era necesario.
“Dado que no se alcanzó la mayoría absoluta para hacer efectiva la huelga, se acepta la última oferta del empleador”, dijo el sindicato en un comunicado.
Radomiro Tomic produjo 261 000 toneladas de cobre el año pasado. Es más pequeña que El Teniente y mucho más pequeña que Chuquicamata. Sin embargo, para tener una idea de su tamaño, puede recordarse que la mina Mirador exportó el 2020 aproximadamente 120 mil toneladas de concentrados.
Siguiendo con las cifras, Chile produjo el año 2019, en números redondos, 5,8 millones (entre cátodos y concentrados) de toneladas. Perú 2,5 y China 1,6 millones de toneladas de cobre mina.
Lundin Gold financia programa de conectividad
para Los Encuentros y 21 comunidades
Marzo 21 de 2021.- La minera canadiense Lundin Gold, a cargo de la mina de oro Fruta del Norte, lanzó el programa “Estamos Conectados” que en coordinación con el GAD Parroquial Los Encuentros, autoridades y proveedores locales y nacionales, beneficiará a cerca de mil familias y a 1370 estudiantes de esa zona.
Una de los componentes del programa es el tendido de fibra óptica que permitirá elevar la velocidad y la capacidad de transmisión de datos hacia esas poblaciones. A los jóvenes estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio (UEM) 10 de Noviembre, les favorecerá directamente pues tendrán 50 Mbps adicionales en la conexión que llega al plantel.
A 1370 estudiantes, niños y jóvenes cuyas edades oscilan entre los 3 y 18 años de edad, alumnos de la UEM así como de la Escuela Padre Isassi de la comunidad El Pincho; la Escuela 6 de Octubre de la comunidad El Zarza y la Escuela Conchita Salamea de Río Blanco, Lundin Gold entregará, en calidad de donación, una tablet de ocho pulgadas.
El programa Estamos conectados también beneficiará a las comunidades del denominado “Anillo 1”, es decir, a las que están más cerca a las operaciones. Lundin Gold financiará la infraestructura de fibra óptica necesaria que se implementará a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) con cobertura de servicio en 11 comunidades y la fibra óptica de Telconet en 4 comunidades. Tecnycompsa, por su parte, dotará del servicio de internet a 6 comunidades a través de radio enlace.
Adicionalmente, Lundin Gold con sus aliados financiará el servicio de internet WIFI gratuito en 21 infocentros que se implementará en 21 comunidades.
Al respecto, Nathan Monash, vicepresidente de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold, señaló que “la educación es uno de los pilares de la Estrategia de Sostenibilidad de Lundin Gold; por ello, la empresa promueve una serie de acciones para el fortalecimiento de un modelo educativo inclusivo y de calidad, en el cual el acceso a internet es fundamental para el desarrollo de los habitantes de las comunidades cercanas a Fruta del Norte”.
Agregó que “si bien este programa tiene como principal objetivo fortalecer el sistema educativo, indudablemente potenciará otras actividades laborales y económicas de la población en general”.
Una de los componentes del programa es el tendido de fibra óptica que permitirá elevar la velocidad y la capacidad de transmisión de datos hacia esas poblaciones. A los jóvenes estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio (UEM) 10 de Noviembre, les favorecerá directamente pues tendrán 50 Mbps adicionales en la conexión que llega al plantel.
A 1370 estudiantes, niños y jóvenes cuyas edades oscilan entre los 3 y 18 años de edad, alumnos de la UEM así como de la Escuela Padre Isassi de la comunidad El Pincho; la Escuela 6 de Octubre de la comunidad El Zarza y la Escuela Conchita Salamea de Río Blanco, Lundin Gold entregará, en calidad de donación, una tablet de ocho pulgadas.
El programa Estamos conectados también beneficiará a las comunidades del denominado “Anillo 1”, es decir, a las que están más cerca a las operaciones. Lundin Gold financiará la infraestructura de fibra óptica necesaria que se implementará a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) con cobertura de servicio en 11 comunidades y la fibra óptica de Telconet en 4 comunidades. Tecnycompsa, por su parte, dotará del servicio de internet a 6 comunidades a través de radio enlace.
Adicionalmente, Lundin Gold con sus aliados financiará el servicio de internet WIFI gratuito en 21 infocentros que se implementará en 21 comunidades.
Al respecto, Nathan Monash, vicepresidente de Sostenibilidad de Negocios de Lundin Gold, señaló que “la educación es uno de los pilares de la Estrategia de Sostenibilidad de Lundin Gold; por ello, la empresa promueve una serie de acciones para el fortalecimiento de un modelo educativo inclusivo y de calidad, en el cual el acceso a internet es fundamental para el desarrollo de los habitantes de las comunidades cercanas a Fruta del Norte”.
Agregó que “si bien este programa tiene como principal objetivo fortalecer el sistema educativo, indudablemente potenciará otras actividades laborales y económicas de la población en general”.
LPRM ingresa con buen pie en Ecuador
Marzo 21 de 2021.- La organización Ingenieros Sin Fronteras anunció que cinco empresas mineras ya adoptaron el Mecanismo de Información para la Adquisición Local en el Sector Minero (LPRM), un procedimiento para aumentar y estandarizar la información sobre los procesos de adquisiciones locales.
Dicho mecanismo, disponible públicamente, fue creado por MSV en asociación con la agencia de desarrollo alemana GIZ, y contempla la divulgación de información clave como la existencia de políticas para adquisiciones locales, cuánto gasta la empresa minera en los países anfitriones y en programas de desarrollo de proveedores.
La herramienta está diseñada para proporcionar datos que atiendan las necesidades de información de otros estándares, incluidos los Principios de la Minería de Oro Responsable (RGMP) del World Gold Council y el Estándar de la Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA).
MSV son las siglas de Mining Shared Value, una iniciativa sin fines de lucro de Engineers Without Borders Canada, que trabaja para mejorar los impactos de la actividad minera en el desarrollo mediante el aumento de las adquisiciones locales por parte del sector minero global.
La adquisición de bienes y servicios es el pago más grande que se realiza dentro del país por parte de los sitios mineros, a pesar de que para la gobernanza minera tradicional ha recibido menos atención que el pago y uso de impuestos y regalías.
“Con cientos de millones gastados cada año en un sitio minero, la adquisición local de bienes y servicios tiene un enorme potencial no solo para generar beneficios económicos y sociales para las comunidades y países anfitriones, sino que también es una forma increíblemente eficaz de fortalecer la licencia social para operar de la mina”, dijo el director general de MSV, Jeff Geipel.
“Creamos el LPRM como un bien público porque no existía un marco de intercambio de información para este tema de ESG que tiene un potencial importante de impacto en los países anfitriones”, agregó.
Si bien la presión para aumentar la adquisición local de bienes y servicios se ha asociado tradicionalmente con los países africanos y con las comunidades indígenas de Canadá y Australia, en la actualidad los gobiernos latinoamericanos están tomando medidas para apoyar a los proveedores locales a medida que se esfuerzan por generar más beneficios económicos de la actividad minera.
En 2019, la provincia argentina de Salta se convirtió en una de las jurisdicciones de la región en implementar regulaciones sobre las empresas mineras para comprar bienes y servicios a nivel local, y la presión por normativas similares está creciendo en México. Argentina y Ecuador han comenzado recientemente el proceso de unirse a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI, uniéndose a otros países en la región como Perú, Colombia y México.
Aún cuando las adquisiciones locales no están cubiertas actualmente en el Estándar EITI, actualizado por última vez en 2019, varios países miembros han comenzado a informar voluntariamente datos sobre cuánto gasto en adquisiciones se destina a proveedores nacionales frente a proveedores internacionales.
MSV trabaja como recurso, coordinador y defensor del tema de las adquisiciones locales, trabajando para empoderar sistemáticamente al sector minero y actores interesados para garantizar resultados equitativos de la extracción de minerales.
Los interesados en obtener más información sobre el LPRM, pueden encontrarla en: miningsharedvalue.org
Dicho mecanismo, disponible públicamente, fue creado por MSV en asociación con la agencia de desarrollo alemana GIZ, y contempla la divulgación de información clave como la existencia de políticas para adquisiciones locales, cuánto gasta la empresa minera en los países anfitriones y en programas de desarrollo de proveedores.
La herramienta está diseñada para proporcionar datos que atiendan las necesidades de información de otros estándares, incluidos los Principios de la Minería de Oro Responsable (RGMP) del World Gold Council y el Estándar de la Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA).
MSV son las siglas de Mining Shared Value, una iniciativa sin fines de lucro de Engineers Without Borders Canada, que trabaja para mejorar los impactos de la actividad minera en el desarrollo mediante el aumento de las adquisiciones locales por parte del sector minero global.
La adquisición de bienes y servicios es el pago más grande que se realiza dentro del país por parte de los sitios mineros, a pesar de que para la gobernanza minera tradicional ha recibido menos atención que el pago y uso de impuestos y regalías.
“Con cientos de millones gastados cada año en un sitio minero, la adquisición local de bienes y servicios tiene un enorme potencial no solo para generar beneficios económicos y sociales para las comunidades y países anfitriones, sino que también es una forma increíblemente eficaz de fortalecer la licencia social para operar de la mina”, dijo el director general de MSV, Jeff Geipel.
“Creamos el LPRM como un bien público porque no existía un marco de intercambio de información para este tema de ESG que tiene un potencial importante de impacto en los países anfitriones”, agregó.
Si bien la presión para aumentar la adquisición local de bienes y servicios se ha asociado tradicionalmente con los países africanos y con las comunidades indígenas de Canadá y Australia, en la actualidad los gobiernos latinoamericanos están tomando medidas para apoyar a los proveedores locales a medida que se esfuerzan por generar más beneficios económicos de la actividad minera.
En 2019, la provincia argentina de Salta se convirtió en una de las jurisdicciones de la región en implementar regulaciones sobre las empresas mineras para comprar bienes y servicios a nivel local, y la presión por normativas similares está creciendo en México. Argentina y Ecuador han comenzado recientemente el proceso de unirse a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI, uniéndose a otros países en la región como Perú, Colombia y México.
Aún cuando las adquisiciones locales no están cubiertas actualmente en el Estándar EITI, actualizado por última vez en 2019, varios países miembros han comenzado a informar voluntariamente datos sobre cuánto gasto en adquisiciones se destina a proveedores nacionales frente a proveedores internacionales.
MSV trabaja como recurso, coordinador y defensor del tema de las adquisiciones locales, trabajando para empoderar sistemáticamente al sector minero y actores interesados para garantizar resultados equitativos de la extracción de minerales.
Los interesados en obtener más información sobre el LPRM, pueden encontrarla en: miningsharedvalue.org
Conflictos por la minería desesperan a
Hanrine y a pobladores de Buenos Aires
Foto: cortesía de Hanrine.
Marzo 14 de 2021.- Los incidentes en la zona que está concesionada a la empresa Hanrine en la provincia de Imbabura continuaron esta semana haciendo que la extracción racional de minerales en esa zona pareciera un sueño imposible si no se definen políticas públicas inteligentes.
El 19 de enero de este año el presidente de la República, Lenín Moreno, denunció que grupos mineros actúan respaldados por grupos de delincuencia organizada, por abogados y por políticos locales.
Esos mismos días, efectivos de la Brigada de Infantería 31 Andes de las Fuerzas Armadas reconocían en la zona y comprobaron que la concesión Imba 2, adjudicada a Hanrine, estaba invadida.
Hanrine es la subsidiaria en Ecuador de la minera australiana Hancock Prospecting. Sus concesiones están ocupadas hace cuatro años y hace año y medio fueron escenario de un operativo formidable combinado a cargo de las Fuerzas Armadas y la Policía que decomisaron miles de sacos con material mineralizado, equipos para minería artesanal, explosivos, taladros, machetes, carretillas, gasolina, motores, generadores, marihuana y unas botellas de güisqui, para el frío.
Hace año y medio las autoridades hicieron cálculos millonarios sobre el valor del material aurífero incautado. Ahora no se sabe cuál será ese valor porque hasta la fecha no se han hechos las pruebas en laboratorios idóneos.
Los incidentes de la semana que pasó han sido reseñados por la prensa local y se han viralizado en las redes sociales. Uno de ellos está relacionado con el ataque a un camión particular que trasladaba a empleados y provisiones de la empresa minera.
Los atacantes dijeron en los medios que se oponen tanto a la minería legal como a la minería ilegal.
Casi simultáneamente una patrulla militar facilitó la salida de 12 trabajadores de Hanrine que no podían abandonar la parroquia de Buenos Aires porque un grupo de pobladores se lo impedía.
La zona está convulsionada. La primera semana de marzo otro grupo de habitantes desarmó a un camión militar cargado con alimentos y se quedó con las provisiones porque creían que eran para los mineros.
El 19 de enero de este año el presidente de la República, Lenín Moreno, denunció que grupos mineros actúan respaldados por grupos de delincuencia organizada, por abogados y por políticos locales.
Esos mismos días, efectivos de la Brigada de Infantería 31 Andes de las Fuerzas Armadas reconocían en la zona y comprobaron que la concesión Imba 2, adjudicada a Hanrine, estaba invadida.
Hanrine es la subsidiaria en Ecuador de la minera australiana Hancock Prospecting. Sus concesiones están ocupadas hace cuatro años y hace año y medio fueron escenario de un operativo formidable combinado a cargo de las Fuerzas Armadas y la Policía que decomisaron miles de sacos con material mineralizado, equipos para minería artesanal, explosivos, taladros, machetes, carretillas, gasolina, motores, generadores, marihuana y unas botellas de güisqui, para el frío.
Hace año y medio las autoridades hicieron cálculos millonarios sobre el valor del material aurífero incautado. Ahora no se sabe cuál será ese valor porque hasta la fecha no se han hechos las pruebas en laboratorios idóneos.
Los incidentes de la semana que pasó han sido reseñados por la prensa local y se han viralizado en las redes sociales. Uno de ellos está relacionado con el ataque a un camión particular que trasladaba a empleados y provisiones de la empresa minera.
Los atacantes dijeron en los medios que se oponen tanto a la minería legal como a la minería ilegal.
Casi simultáneamente una patrulla militar facilitó la salida de 12 trabajadores de Hanrine que no podían abandonar la parroquia de Buenos Aires porque un grupo de pobladores se lo impedía.
La zona está convulsionada. La primera semana de marzo otro grupo de habitantes desarmó a un camión militar cargado con alimentos y se quedó con las provisiones porque creían que eran para los mineros.
 Foto: cortesía de Hanrine.
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Foto: cuenta Facebook del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
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Meses antes incendiaron un campamento. Y más antes quemaron vehículos y agredieron a un grupo de personas vinculadas a la empresa Hanrine sin que hasta el momento las autoridades del sector estén en condiciones de diseñar una política pública que ponga fin a estas hostilidades y asegure la explotación de los recursos minerales.
La parroquia La Merced de Buenos Aires y todo el cantón San Miguel de Urcuquí, al noroccidente de la provincia de Imbabura, se está polarizando en torno a este problema.
Habitantes de las parroquias Lita, Cahuasqui, La Carolina y hasta de la provincia de Esmeraldas, están siendo obligados por las circunstancias a tomar una posición respecto de la explotación del oro y el cobre que hay en su territorio.
El conflicto es más intenso en las comunidades de Buenos Aires. Dicen que todo paraíso tiene su serpiente y recuerdan con nostalgia el tiempo en que el agro y la ganadería eran sus actividades principales, mucho antes de que se descubriera el oro entre las piedras de sus montañas.
La parroquia La Merced de Buenos Aires y todo el cantón San Miguel de Urcuquí, al noroccidente de la provincia de Imbabura, se está polarizando en torno a este problema.
Habitantes de las parroquias Lita, Cahuasqui, La Carolina y hasta de la provincia de Esmeraldas, están siendo obligados por las circunstancias a tomar una posición respecto de la explotación del oro y el cobre que hay en su territorio.
El conflicto es más intenso en las comunidades de Buenos Aires. Dicen que todo paraíso tiene su serpiente y recuerdan con nostalgia el tiempo en que el agro y la ganadería eran sus actividades principales, mucho antes de que se descubriera el oro entre las piedras de sus montañas.
X Cumbre Amazónica
debatirá contratos mineros
Marzo 14 de 2021.- El próximo 19 de marzo se realizará en la ciudad de Macas la X Cumbre Amazónica que, entre otros temas, analizará el de la extracción de minerales en las seis provincias de la región.
En la cumbre deben participar los prefectos de Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, junto a los 46 alcaldes y 14 asambleístas que representan a las provincias amazónicas.
La cumbre es la máxima instancia de coordinación de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Provinciales de la Región Amazónica del Ecuador, Conga, creada por los prefectos de las circunscripciones ya señaladas en junio del 2011 con el fin de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer los procesos de integración entre ellas.
Además del tema minero, centrado en el análisis de la economía de los contratos vigentes, la reunión verá la propuesta de crear un área protegida en el Alto Nangaritza, la construcción de vías de comunicación y la reforma a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
También se debatirá el tema de las transferencias pendientes y otras deudas a los gobiernos seccionales; la creación de una universidad pública para Morona Santiago y la reforma a la ley amazónica.
“Estamos dispuestos a luchar por la unidad amazónica y de nuestras autoridades, por el desarrollo regional, provincial y cantonal” expresó Rafael Antuni, prefecto de Morona Santiago.
En la cumbre deben participar los prefectos de Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe, junto a los 46 alcaldes y 14 asambleístas que representan a las provincias amazónicas.
La cumbre es la máxima instancia de coordinación de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Provinciales de la Región Amazónica del Ecuador, Conga, creada por los prefectos de las circunscripciones ya señaladas en junio del 2011 con el fin de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer los procesos de integración entre ellas.
Además del tema minero, centrado en el análisis de la economía de los contratos vigentes, la reunión verá la propuesta de crear un área protegida en el Alto Nangaritza, la construcción de vías de comunicación y la reforma a la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.
También se debatirá el tema de las transferencias pendientes y otras deudas a los gobiernos seccionales; la creación de una universidad pública para Morona Santiago y la reforma a la ley amazónica.
“Estamos dispuestos a luchar por la unidad amazónica y de nuestras autoridades, por el desarrollo regional, provincial y cantonal” expresó Rafael Antuni, prefecto de Morona Santiago.
Caso Los Cedros: Jueces de la Corte Constitucional piden análisis
mineralógico, geológico y muestreo de sedimentos
Marzo 14 de 2021.- La Corte Constitucional pidió esta semana a Enami EP y a la Empresa Cornerstone Ecuador S.A. que le envíen los “resultados del análisis mineralógico y del levantamiento geológico” para continuar con el caso que está analizando para determinar si procede o no la realización de actividades mineras en el bosque protector Los Cedros.
Al GAD Municipal de Cotacachi y al Ministerio del Ambiente les pidió también que le envíen la información oficial sobre la existencia de poblaciones o comunidades cuya provisión de agua dependa de fuentes hídricas provenientes del bosque protector Los Cedros.
El pedido a Enami EP y a Cornerstone especifica que los resultados deben corresponder a los ítems “muestreo de sedimentos (aluvial)” y “recolección manual de muestras de rocas” del informe de “Actividades realizadas en base a lo estipulado en el registro ambiental-Fase de exploración inicial” de enero de 2018.
Piden además los ítems “3.2 Muestreo de sedimentos (aluvial); 3.3 Recolección manual de muestras de rocas; 3.4 Recolección manual de muestras de suelos y 3.5 Levantamiento geológico” del “Informe ambiental de Cumplimiento Proyecto Minero Río Magdalena (…) Período dic 2018 – dic 2019”.
Al GAD Municipal de Cotacachi y al Ministerio del Ambiente les pidió también que le envíen la información oficial sobre la existencia de poblaciones o comunidades cuya provisión de agua dependa de fuentes hídricas provenientes del bosque protector Los Cedros.
El pedido a Enami EP y a Cornerstone especifica que los resultados deben corresponder a los ítems “muestreo de sedimentos (aluvial)” y “recolección manual de muestras de rocas” del informe de “Actividades realizadas en base a lo estipulado en el registro ambiental-Fase de exploración inicial” de enero de 2018.
Piden además los ítems “3.2 Muestreo de sedimentos (aluvial); 3.3 Recolección manual de muestras de rocas; 3.4 Recolección manual de muestras de suelos y 3.5 Levantamiento geológico” del “Informe ambiental de Cumplimiento Proyecto Minero Río Magdalena (…) Período dic 2018 – dic 2019”.
Panel EITI sobre beneficiarios reales
Propietarios de empresas deben mostrar la cara
Marzo 14 de 2021.- En el marco del panel “¿Por qué la resistencia? Barreras a la divulgación pública de beneficiarios reales en América Latina y El Caribe” organizado por el secretariado internacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) se plantearon una serie de argumentos a considerar si es que Ecuador desea continuar perteneciendo a esa entidad que promueve la transparencia en los asuntos mineroenergéticos.
Para empezar, desde el corazón de EITI se planteó que en un sistema mundial en el que los transgresores de la ley pueden esconderse tras una cadena de empresas que a menudo están inscritas en una multiplicidad de jurisdicciones, no basta con que los titulares de las concesiones o contratos de explotación hayan cumplido con los requisitos de ley para estar tranquilos, pues se ha comprobado que sería muy útil conocer a los verdaderos propietarios de las empresas que se han hecho con los derechos.
La aspiración a que se identifique correctamente a los seres de carne y hueso que son dueños de las empresas mineroenergéticas corresponde a un derecho legítimo de la sociedad que delega a personas específicas la explotación de los recursos que pertenecen a todo el país, se explicó en el panel.
Al respecto, la EITI prevé que “cuando la gobernanza es débil, puede ocurrir que a las empresas se les otorgue acceso a proyectos extractivos lucrativos por motivos injustos. Esto podría deberse a que sus propietarios tienen contactos políticos o a que están dispuestos a participar en negocios cuestionables para generar ganancias rápidamente”.
Por ello que EITI ha establecido entre sus estándares el requisito 2.5 que consiste en obtener y sobre todo divulgar los beneficiarios reales de los negocios con sus recursos naturales. Es una prueba de fuego pues los más de medio centenar de países adherentes deben empezar a solicitar a las empresas esos datos para construir un registro público al que cualquier ciudadano pueda acceder.
Durante el panel, la representante de la ONG Directorio Legislativo resumió un estudio realizado entre veinte países adherentes a EITI. De ese grupo 18 han logrado introducir bases legales que ayuden a construir estos registros, once a través de leyes y siete con normas ministeriales o equivalentes. Ocho países cuentan ya con registros de beneficiarios reales pero solo uno, Trinidad y Tobago lo ha hecho público.
Entre las barreras, se mencionaron la falta de interoperabilidad de las bases de datos y la negativa a compartir/intercambiar información para armar carpetas de investigación fiables. Por un lado, las diferentes instituciones públicas que deben intervenir en la consolidación de los registros tienen capacidades distintas. Por otro lado, el derecho a la privacidad debe ceder ante el derecho al acceso a la información, pues los involucrados tienen a su cargo la gestión de bienes que son públicos.
Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, explicó que en su país la transparencia inició en la lucha antilavado y que actualmente se incluye en una propuesta de reforma a la ley específica para que incluya un registro de beneficiarios.
Tim Robinson, de BHP, sostuvo que el registro de beneficiarios reales constituye la mejor herramienta para luchar contra la corrupción. De otro lado, las empresas honestas podrían saber con quién están haciendo negocios. La divulgación de los verdaderos propietarios ayuda a generar un contexto de igualdad de condiciones para todas las empresas.
En efecto, la información sobre los beneficiarios reales favorece los esfuerzos contra la corrupción a lo largo de la cadena de valor, desde la concesión de licencias hasta el cierre de los proyectos, coincidieron los panelistas.
Para los gobiernos, la transparencia ayuda a evitar la evasión fiscal y garantiza que perciban los ingresos que les corresponden.
La información sobre beneficiarios finales o reales es un bien público que alguien debe hacer para que todos se beneficien, dijo Roberto de Michele, del Banco Interamericano de Desarrollo.
Para empezar, desde el corazón de EITI se planteó que en un sistema mundial en el que los transgresores de la ley pueden esconderse tras una cadena de empresas que a menudo están inscritas en una multiplicidad de jurisdicciones, no basta con que los titulares de las concesiones o contratos de explotación hayan cumplido con los requisitos de ley para estar tranquilos, pues se ha comprobado que sería muy útil conocer a los verdaderos propietarios de las empresas que se han hecho con los derechos.
La aspiración a que se identifique correctamente a los seres de carne y hueso que son dueños de las empresas mineroenergéticas corresponde a un derecho legítimo de la sociedad que delega a personas específicas la explotación de los recursos que pertenecen a todo el país, se explicó en el panel.
Al respecto, la EITI prevé que “cuando la gobernanza es débil, puede ocurrir que a las empresas se les otorgue acceso a proyectos extractivos lucrativos por motivos injustos. Esto podría deberse a que sus propietarios tienen contactos políticos o a que están dispuestos a participar en negocios cuestionables para generar ganancias rápidamente”.
Por ello que EITI ha establecido entre sus estándares el requisito 2.5 que consiste en obtener y sobre todo divulgar los beneficiarios reales de los negocios con sus recursos naturales. Es una prueba de fuego pues los más de medio centenar de países adherentes deben empezar a solicitar a las empresas esos datos para construir un registro público al que cualquier ciudadano pueda acceder.
Durante el panel, la representante de la ONG Directorio Legislativo resumió un estudio realizado entre veinte países adherentes a EITI. De ese grupo 18 han logrado introducir bases legales que ayuden a construir estos registros, once a través de leyes y siete con normas ministeriales o equivalentes. Ocho países cuentan ya con registros de beneficiarios reales pero solo uno, Trinidad y Tobago lo ha hecho público.
Entre las barreras, se mencionaron la falta de interoperabilidad de las bases de datos y la negativa a compartir/intercambiar información para armar carpetas de investigación fiables. Por un lado, las diferentes instituciones públicas que deben intervenir en la consolidación de los registros tienen capacidades distintas. Por otro lado, el derecho a la privacidad debe ceder ante el derecho al acceso a la información, pues los involucrados tienen a su cargo la gestión de bienes que son públicos.
Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, explicó que en su país la transparencia inició en la lucha antilavado y que actualmente se incluye en una propuesta de reforma a la ley específica para que incluya un registro de beneficiarios.
Tim Robinson, de BHP, sostuvo que el registro de beneficiarios reales constituye la mejor herramienta para luchar contra la corrupción. De otro lado, las empresas honestas podrían saber con quién están haciendo negocios. La divulgación de los verdaderos propietarios ayuda a generar un contexto de igualdad de condiciones para todas las empresas.
En efecto, la información sobre los beneficiarios reales favorece los esfuerzos contra la corrupción a lo largo de la cadena de valor, desde la concesión de licencias hasta el cierre de los proyectos, coincidieron los panelistas.
Para los gobiernos, la transparencia ayuda a evitar la evasión fiscal y garantiza que perciban los ingresos que les corresponden.
La información sobre beneficiarios finales o reales es un bien público que alguien debe hacer para que todos se beneficien, dijo Roberto de Michele, del Banco Interamericano de Desarrollo.
Alianza para el Emprendimiento y la Innovación
ya tiene un socio en el sector minero
7 de marzo de 2021.- Lowell Mineral Exploration S.A. se convirtió en la primera empresa en adherir al “Ecosistema de Emprendimiento e Innovación en Minería”, una iniciativa que aspira realizar un trabajo de corte estratégico favorable al desarrollo del sector.
El “Ecosistema” es parte de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación del Ecuador, AEI, y procura generar espacios de diálogo y encuentro con los actores involucrados con la industria con miras a promover un desarrollo adecuado y oportuno de una minería industrial responsable; desarrollar proveedores de clase mundial desde el Ecuador, así como servicios y emprendimientos alrededor de la minería en el mediano plazo. También impulsa la formación de un clúster de minería en el Ecuador.
Vicente Tsakimp, coordinador de la Alianza Estratégica de Warints, Yawi y Lowell Mineral, manifestó al respecto que “el encuentro con AEI ha sido muy importante. Firmamos un convenio con el fin de fortalecer actividades como el emprendimiento y desarrollo de programas locales que pueden mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes”.
AEI, por su parte, tiene como objetivo aportar en el fortalecimiento de un sector minero responsable en áreas de formación y educación, investigación, fondo de fomento productivo e impulso de espacios de diálogo privado-público, entre otros.
Daniel Earle, presidente y CEO de Solaris Resources, comentó: “Nos complace estar colaborando con AEI para fortalecer nuestras redes y alianzas con nuestros grupos de interés para contribuir al desarrollo de la minería responsable en Ecuador y fomentar una mayor participación de las comunidades locales. Nuestro innovador programa de Responsabilidad Social Corporativa continúa sentando precedentes en Ecuador para las mejores prácticas de la industria en el desarrollo de recursos inclusivos y mutuamente beneficiosos”.
“En esta ocasión, estamos ampliando nuestra visión para enfocarnos en temas regionales que involucran a representantes de gobiernos, comunidades e industria que contribuyen en reunir a las partes interesadas para cumplir con los objetivos comunes del desarrollo futuro de la industria y la sostenibilidad de la región”, agregó.
Por su parte el presidente de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación del Ecuador, Camilo Pinzón, señaló que estaban “muy contentos de la participación de Lowell porque vemos que están comprometidos con desarrollar prácticas responsables con mucho respeto a las comunidades y mucha visión de lo que vienen haciendo no solo para poder hacer un proceso de exploración sino contribuir con el proceso de desarrollo del país”.
El “Ecosistema” es parte de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación del Ecuador, AEI, y procura generar espacios de diálogo y encuentro con los actores involucrados con la industria con miras a promover un desarrollo adecuado y oportuno de una minería industrial responsable; desarrollar proveedores de clase mundial desde el Ecuador, así como servicios y emprendimientos alrededor de la minería en el mediano plazo. También impulsa la formación de un clúster de minería en el Ecuador.
Vicente Tsakimp, coordinador de la Alianza Estratégica de Warints, Yawi y Lowell Mineral, manifestó al respecto que “el encuentro con AEI ha sido muy importante. Firmamos un convenio con el fin de fortalecer actividades como el emprendimiento y desarrollo de programas locales que pueden mejorar las condiciones de vida de nuestros habitantes”.
AEI, por su parte, tiene como objetivo aportar en el fortalecimiento de un sector minero responsable en áreas de formación y educación, investigación, fondo de fomento productivo e impulso de espacios de diálogo privado-público, entre otros.
Daniel Earle, presidente y CEO de Solaris Resources, comentó: “Nos complace estar colaborando con AEI para fortalecer nuestras redes y alianzas con nuestros grupos de interés para contribuir al desarrollo de la minería responsable en Ecuador y fomentar una mayor participación de las comunidades locales. Nuestro innovador programa de Responsabilidad Social Corporativa continúa sentando precedentes en Ecuador para las mejores prácticas de la industria en el desarrollo de recursos inclusivos y mutuamente beneficiosos”.
“En esta ocasión, estamos ampliando nuestra visión para enfocarnos en temas regionales que involucran a representantes de gobiernos, comunidades e industria que contribuyen en reunir a las partes interesadas para cumplir con los objetivos comunes del desarrollo futuro de la industria y la sostenibilidad de la región”, agregó.
Por su parte el presidente de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación del Ecuador, Camilo Pinzón, señaló que estaban “muy contentos de la participación de Lowell porque vemos que están comprometidos con desarrollar prácticas responsables con mucho respeto a las comunidades y mucha visión de lo que vienen haciendo no solo para poder hacer un proceso de exploración sino contribuir con el proceso de desarrollo del país”.
Enami EP ya tomó las muestras del
material incautado en Buenos Aires
7 de marzo de 2021.- Muchas interrogantes sobre el destino que ha tenido el material decomisado a los mineros de Buenos Aires y depositado en los almacenes de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC), en Ibarra, empezaron a aclararse esta semana.
Al respecto, el gerente general de Enami EP, Rodrigo Aguayo, dijo que este mes o el próximo se sabrá cuál es el contenido de los casi 14 mil bultos incautados, así como el valor de mercado que tendría el oro contenido en esos sacos.
Dijo también que si han ocurrido irregularidades, es decir, el “cambiazo”, habrá sanciones para los responsables.
Unos días antes se informó que del 23 al 28 de febrero de 2021, una comisión técnica de la Empresa Nacional Minera (Enami EP) realizó el muestreo del material mineralizado incautado en Buenos Aires (Imbabura), proveniente de actividades mineras ilícitas en esta zona.
Dicen los de Enami que el muestreo se desarrolló en las bodegas de Ibarra de la ARC y que dada la composición heterogénea del material, se optó por el muestreo en torta o cama.
Explican que “el proceso inició con una inspección visual para continuar con una delimitación de los lotes 1, 2 y 3, acción que facilitará el posterior traslado del material hacia la planta de beneficio donde se procesará el mineral”.
“Una vez identificados los lotes se procedió a realizar, de manera aleatoria, el muestreo del lote tres correspondiente a 13 982 bultos de material mineralizado (699,1 toneladas), para lo cual la Enami EP ejecutó siete pasos”, continúan.
Después de la división de la cama o torta en tres sublotes, el mallado de la cama o torta y el muestreo de cada sublote, se procedió a la homogenización y cuarteo para obtener cuatro muestras, una de las cuales fue entregada a la ARC y las otras tres trasladadas a Enami EP.
Enami EP informa que una de las muestras será enviada a un laboratorio para determinar los minerales existentes y la eficiencia de recuperación del material. También señala que los recursos económicos que se obtengan después de procesar el material ingresarán en su totalidad a la Cuenta Única del Tesoro Nacional.
Profesionales conocedores de las técnicas y procedimientos mineros señalan que será imposible determinar si hubo o no “cambiazo” del material porque no hay un registro contra el cual se puedan comparar los resultados de los análisis que se hagan en el futuro.
Al respecto, el gerente general de Enami EP, Rodrigo Aguayo, dijo que este mes o el próximo se sabrá cuál es el contenido de los casi 14 mil bultos incautados, así como el valor de mercado que tendría el oro contenido en esos sacos.
Dijo también que si han ocurrido irregularidades, es decir, el “cambiazo”, habrá sanciones para los responsables.
Unos días antes se informó que del 23 al 28 de febrero de 2021, una comisión técnica de la Empresa Nacional Minera (Enami EP) realizó el muestreo del material mineralizado incautado en Buenos Aires (Imbabura), proveniente de actividades mineras ilícitas en esta zona.
Dicen los de Enami que el muestreo se desarrolló en las bodegas de Ibarra de la ARC y que dada la composición heterogénea del material, se optó por el muestreo en torta o cama.
Explican que “el proceso inició con una inspección visual para continuar con una delimitación de los lotes 1, 2 y 3, acción que facilitará el posterior traslado del material hacia la planta de beneficio donde se procesará el mineral”.
“Una vez identificados los lotes se procedió a realizar, de manera aleatoria, el muestreo del lote tres correspondiente a 13 982 bultos de material mineralizado (699,1 toneladas), para lo cual la Enami EP ejecutó siete pasos”, continúan.
Después de la división de la cama o torta en tres sublotes, el mallado de la cama o torta y el muestreo de cada sublote, se procedió a la homogenización y cuarteo para obtener cuatro muestras, una de las cuales fue entregada a la ARC y las otras tres trasladadas a Enami EP.
Enami EP informa que una de las muestras será enviada a un laboratorio para determinar los minerales existentes y la eficiencia de recuperación del material. También señala que los recursos económicos que se obtengan después de procesar el material ingresarán en su totalidad a la Cuenta Única del Tesoro Nacional.
Profesionales conocedores de las técnicas y procedimientos mineros señalan que será imposible determinar si hubo o no “cambiazo” del material porque no hay un registro contra el cual se puedan comparar los resultados de los análisis que se hagan en el futuro.
AIME firma convenio con GAD cantonal de Ibarra
7 de marzo de 2021.- Un convenio que permitirá al GAD cantonal de Ibarra contar con el apoyo de los profesionales agrupados en la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, AIME, para el desarrollo de su potencial minero y la elaboración de la normativa respectiva, fue suscrito hace dos semanas por las máximas autoridades de ambas instituciones.
El documento fue suscrito por la alcaldesa Andrea Scacco Carrasco y el ingeniero René Ayala; en la ciudad de Quito; y puede ser el primero de una serie de acuerdos que canalicen la participación de los profesionales mineros en el adelanto de los gobiernos locales.
En ese sentido, AIME viene realizando gestiones con la Asociación de Municipalidades de Ecuador para comprometer al apoyo de los ingenieros de minas en la asistencia técnica y capacitación que requieran las municipalidades y gobiernos autónomos para aprovechar los recursos mineros que hay en sus territorios.
El convenio con el GAD de Ibarra tiene como primer propósito elaborar el proyecto de ordenanza que regule, autorice y controle la explotación de los materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos, lagos y canteras existentes en ese cantón.
Otro objetivo es el de seleccionar a los ingenieros de minas que intervendrán en el desarrollo de los programas de asistencia técnica, capacitación y auditorías, así como designar a la comisión para las mesas de diálogo en caso de requerirse.
En general, la idea es que a partir de la firma del acuerdo, las dos entidades cooperen en el desarrollo de proyectos y actividades de interés general relacionadas con el sector minero.
Además de la norma para la explotación de áridos y pétreos, el convenio aspira a la profesionalización de la actividad minera en función de las fases mineras y la participación en la elaboración y revisión de instructivos técnicos legales.
También se propone coordinar la realización de un seminario de canteras una vez al año, establecer programas de capacitación continua y de capacitación de competencias, así como proporcionar peritos mineros en las diferentes jurisdicciones mineras a través de AIME.
Entre otras cosas, el GAD de Ibarra se comprometió con AIME a brindar apoyo logístico y las instalaciones que se requieran para la ejecución del Seminario de Canteras; y el aula de capacitación para eventos que se coordinen conjuntamente entre las dos partes.
El documento fue suscrito por la alcaldesa Andrea Scacco Carrasco y el ingeniero René Ayala; en la ciudad de Quito; y puede ser el primero de una serie de acuerdos que canalicen la participación de los profesionales mineros en el adelanto de los gobiernos locales.
En ese sentido, AIME viene realizando gestiones con la Asociación de Municipalidades de Ecuador para comprometer al apoyo de los ingenieros de minas en la asistencia técnica y capacitación que requieran las municipalidades y gobiernos autónomos para aprovechar los recursos mineros que hay en sus territorios.
El convenio con el GAD de Ibarra tiene como primer propósito elaborar el proyecto de ordenanza que regule, autorice y controle la explotación de los materiales áridos y pétreos que se encuentran en los lechos de los ríos, lagos y canteras existentes en ese cantón.
Otro objetivo es el de seleccionar a los ingenieros de minas que intervendrán en el desarrollo de los programas de asistencia técnica, capacitación y auditorías, así como designar a la comisión para las mesas de diálogo en caso de requerirse.
En general, la idea es que a partir de la firma del acuerdo, las dos entidades cooperen en el desarrollo de proyectos y actividades de interés general relacionadas con el sector minero.
Además de la norma para la explotación de áridos y pétreos, el convenio aspira a la profesionalización de la actividad minera en función de las fases mineras y la participación en la elaboración y revisión de instructivos técnicos legales.
También se propone coordinar la realización de un seminario de canteras una vez al año, establecer programas de capacitación continua y de capacitación de competencias, así como proporcionar peritos mineros en las diferentes jurisdicciones mineras a través de AIME.
Entre otras cosas, el GAD de Ibarra se comprometió con AIME a brindar apoyo logístico y las instalaciones que se requieran para la ejecución del Seminario de Canteras; y el aula de capacitación para eventos que se coordinen conjuntamente entre las dos partes.
Debate internacional sobre beneficiarios
reales en las industrias extractivas
7 de marzo de 2021.- Este jueves 11 a las doce del día, hora de Quito, se realizará un debate que abordará los obstáculos que impiden la divulgación de los datos de quiénes son los beneficiarios reales de los contratos que firman los Estados y las compañías minero energéticas en todo el mundo.
El tema no es cualquier cosa. Para los no entendidos, Ecuador adhirió el año pasado a la Iniciativa EITI y si quiere mantenerse allí, este año tiene que saberse, por lo menos, cuándo se van a publicar los nombres de las personas naturales o de los verdaderos propietarios de las empresas que están explotando los recursos minerales o hidrocarburíferos que hay en el territorio.
Para los promotores de la iniciativa, “a menudo no está claro quiénes son los verdaderos dueños, ya que pueden estar ocultos detrás de cadenas de sociedades ficticias. Esto puede representar un particular desafío en las industrias extractivas, en donde la cuestión de saber quién posee los derechos a extraer petróleo, gas y minerales es fundamental a los fines de lidiar con los riesgos de corrupción o los conflictos de interés”.
Como este asunto ha resultado complicado en casi todos los países el debate del jueves reunirá a figuras clave en materia de beneficiarios reales en América Latina y el Caribe, quienes discutirán sobre los retos en materia de recolección, divulgación y acceso de estos datos y la agenda futura en el continente.
Algunos temas de la discusión son: ¿Se recolecta información sobre beneficiarios reales en la región? ¿Quiénes son los responsables de hacerlo?
¿Qué dificulta el acceso público a esta información en el continente? ¿Cuáles son los argumentos en contra de la transparencia de la información sobre beneficiarios reales? ¿Existen ejemplos en el continente donde se hayan resuelto estos obstáculos?
¿Cómo podemos asegurar que la información de beneficiarios reales en el sector extractivo se divulgue? Yendo un paso adelante: ¿cómo podemos asegurar que esa información es confiable y que se puede utilizar?
Participarán como panelistas el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, Santiago Nieto; el especialista principal para la modernización del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo, Roberto de Michele y la directora ejecutiva del Directorio Legislativo de Argentina, Noel Alonso.
El debate será moderado por Catherine Greene, Country and Policy Manager de EITI.
Los interesados en este debate pueden inscribirse en:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__YiULem9Som0ARe_wozxUA
El tema no es cualquier cosa. Para los no entendidos, Ecuador adhirió el año pasado a la Iniciativa EITI y si quiere mantenerse allí, este año tiene que saberse, por lo menos, cuándo se van a publicar los nombres de las personas naturales o de los verdaderos propietarios de las empresas que están explotando los recursos minerales o hidrocarburíferos que hay en el territorio.
Para los promotores de la iniciativa, “a menudo no está claro quiénes son los verdaderos dueños, ya que pueden estar ocultos detrás de cadenas de sociedades ficticias. Esto puede representar un particular desafío en las industrias extractivas, en donde la cuestión de saber quién posee los derechos a extraer petróleo, gas y minerales es fundamental a los fines de lidiar con los riesgos de corrupción o los conflictos de interés”.
Como este asunto ha resultado complicado en casi todos los países el debate del jueves reunirá a figuras clave en materia de beneficiarios reales en América Latina y el Caribe, quienes discutirán sobre los retos en materia de recolección, divulgación y acceso de estos datos y la agenda futura en el continente.
Algunos temas de la discusión son: ¿Se recolecta información sobre beneficiarios reales en la región? ¿Quiénes son los responsables de hacerlo?
¿Qué dificulta el acceso público a esta información en el continente? ¿Cuáles son los argumentos en contra de la transparencia de la información sobre beneficiarios reales? ¿Existen ejemplos en el continente donde se hayan resuelto estos obstáculos?
¿Cómo podemos asegurar que la información de beneficiarios reales en el sector extractivo se divulgue? Yendo un paso adelante: ¿cómo podemos asegurar que esa información es confiable y que se puede utilizar?
Participarán como panelistas el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, Santiago Nieto; el especialista principal para la modernización del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo, Roberto de Michele y la directora ejecutiva del Directorio Legislativo de Argentina, Noel Alonso.
El debate será moderado por Catherine Greene, Country and Policy Manager de EITI.
Los interesados en este debate pueden inscribirse en:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__YiULem9Som0ARe_wozxUA
Centros shuar Warints y Yawi a ONG:
¿Quiénes son ustedes para hablar por nosotros?
Marzo, 1 de 2021.- En una carta dirigida a la oficina ecuatoriana del Pacto Global de las Naciones Unidas, los pobladores y dirigentes de las comunidades shuar Warints y Yawi señalaron otra vez a una ONG norteamericana, a otra canadiense y a casi una decena de ONG locales y/o filiales de transnacionales; como responsables de una campaña de hostigamiento e intromisión que está causando tensión y conflicto en sus territorios.
Las ONG habían demandado al Pacto Global desvincular a la empresa Solaris Resources Inc. como aliado estratégico de su iniciativa porque según ellas, “el Pueblo Shuar Arutam ha denunciado en numerosas ocasiones que la empresa ingresó a su territorio sin respetar ni garantizar derechos fundamentales como la consulta y consentimiento previo, libre e informado para la asignación de concesiones mineras”.
Dicha afirmación es rechazada por las comunidades shuar Warints y Yawi. “Si estas ONG conocieran y de verdad les interesaría nuestra realidad, sabrían que cada una de las decisiones que tomamos en ambos centros shuar tienen el respaldo de una asamblea comunitaria donde están todos los socios de la comunidad”, dice la misiva.
La carta continúa alertando al Pacto Global de las Naciones Unidas que todas esas ONG son las que quieren instalar un modelo neocolonialista. “Han abanderado una agenda antiminera con operadores locales y una agresiva campaña de hostigamiento y acoso permanente a nuestras comunidades, tal como lo hemos denunciado a través de cartas dirigidas al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Gobernación de Morona Santiago, al Defensor del Pueblo”, afirman.
Su pronunciamiento ocurre después de un intento de deslegitimación y al saberse víctimas “de una entidad que debe respetar nuestro derecho y decisión de planificar nuestro presente y futuro”.
“Warints y Yawi son centros shuar creados desde 1964 y legalmente reconocidos por el Estado ecuatoriano desde el 6 de febrero del 2002. Nosotros somos los legítimos dueños de las tierras ancestrales ubicadas en la Cordillera del Cóndor y ha sido nuestra decisión, libre y voluntaria, defender nuestro derecho a conocer qué existe en nuestros territorios”, sostienen.
Y demandan a las ONG se abstengan de exigir nada “pues son sus intromisiones las que están causando tensión y conflicto”.
“¿Quiénes son ustedes para hablar por los más de 600 habitantes de ambas comunidades?”, les interrogan.
“Exigimos que no hablen por nosotros y alertamos que estamos siendo vulnerados en lo que dictamina el artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador así como lo establecido en el Convenio 169 de la OIT”, expresan.
La carta, firmada por Agustín Kayuk, síndico del Centro Shuar Warints y por Marcelo Wachapa, síndico del Centro Shuar Yawi, remarca que “desde la vida en nuestros territorios, con nuestras familias y con Solaris hemos formado una Alianza Estratégico con la que trabajamos en conjunto”.
“Reafirmamos que la historia, nuestra historia, la vamos a contar nosotros. Y esa historia tiene como base nuestra profunda convicción de que el diálogo es ahora un patrimonio inalienable de los dos centros shuar”, finalizan.
Las ONG habían demandado al Pacto Global desvincular a la empresa Solaris Resources Inc. como aliado estratégico de su iniciativa porque según ellas, “el Pueblo Shuar Arutam ha denunciado en numerosas ocasiones que la empresa ingresó a su territorio sin respetar ni garantizar derechos fundamentales como la consulta y consentimiento previo, libre e informado para la asignación de concesiones mineras”.
Dicha afirmación es rechazada por las comunidades shuar Warints y Yawi. “Si estas ONG conocieran y de verdad les interesaría nuestra realidad, sabrían que cada una de las decisiones que tomamos en ambos centros shuar tienen el respaldo de una asamblea comunitaria donde están todos los socios de la comunidad”, dice la misiva.
La carta continúa alertando al Pacto Global de las Naciones Unidas que todas esas ONG son las que quieren instalar un modelo neocolonialista. “Han abanderado una agenda antiminera con operadores locales y una agresiva campaña de hostigamiento y acoso permanente a nuestras comunidades, tal como lo hemos denunciado a través de cartas dirigidas al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Gobernación de Morona Santiago, al Defensor del Pueblo”, afirman.
Su pronunciamiento ocurre después de un intento de deslegitimación y al saberse víctimas “de una entidad que debe respetar nuestro derecho y decisión de planificar nuestro presente y futuro”.
“Warints y Yawi son centros shuar creados desde 1964 y legalmente reconocidos por el Estado ecuatoriano desde el 6 de febrero del 2002. Nosotros somos los legítimos dueños de las tierras ancestrales ubicadas en la Cordillera del Cóndor y ha sido nuestra decisión, libre y voluntaria, defender nuestro derecho a conocer qué existe en nuestros territorios”, sostienen.
Y demandan a las ONG se abstengan de exigir nada “pues son sus intromisiones las que están causando tensión y conflicto”.
“¿Quiénes son ustedes para hablar por los más de 600 habitantes de ambas comunidades?”, les interrogan.
“Exigimos que no hablen por nosotros y alertamos que estamos siendo vulnerados en lo que dictamina el artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador así como lo establecido en el Convenio 169 de la OIT”, expresan.
La carta, firmada por Agustín Kayuk, síndico del Centro Shuar Warints y por Marcelo Wachapa, síndico del Centro Shuar Yawi, remarca que “desde la vida en nuestros territorios, con nuestras familias y con Solaris hemos formado una Alianza Estratégico con la que trabajamos en conjunto”.
“Reafirmamos que la historia, nuestra historia, la vamos a contar nosotros. Y esa historia tiene como base nuestra profunda convicción de que el diálogo es ahora un patrimonio inalienable de los dos centros shuar”, finalizan.
EcuaCorriente otorgó becas universitarias
a 29 estudiantes de Zamora Chinchipe
Marzo, 1 de 2021.- Un grupo de 29 jóvenes del cantón El Pangui, en la provincia Zamora Chinchipe, estudian ahora administración, ciencias médicas e ingenierías en diversas universidades porque son beneficiarios del programa de becas que lleva adelante la empresa EcuaCorriente S.A.
Los estudiantes becados vivían en los barrios El Quimi, Valle del Quimi, Manchinatza Alto, la cabecera parroquia de Tundayme, la parroquia El Guismi y la cabecera cantonal El Pangui. “Somos personas con mucho potencial pero que no contamos con suficientes recursos económicos y la beca nos ayuda a cumplir nuestros sueños”, expresó Kristy Carchipulla, joven residente en el barrio Manchinatza Alto y estudiante de la carrera de enfermería.
Debe destacarse que del grupo de 29 becarios, 18 son mujeres y 6 culminarán sus estudios en el 2021.
El programa de becas dispone de 39 cupos, 29 seleccionados directamente por EcuaCorriente S.A. y 10 por la Federación Shuar de Zamora Chinchipe gracias a un acuerdo firmado en 2018 con ese fin. Entre marzo y abril próximos, la compañía seleccionará a 5 nuevos becarios para cubrir su cupo disponible.
Durante la carrera universitaria, además del aporte económico, ECSA realiza un seguimiento permanente a cada estudiante, con el fin de verificar el avance y rendimiento académico de sus estudios universitarios.
ECSA invirtió USD 465 443,16 en su programa de becas en el periodo 2010-2020, con un promedio anual de USD 42 312,10. En los dos últimos años (2019 y 2020), la inversión en becas llegó a USD 161 562,79 por parte de la compañía.
Entre 2010 y 2020, 25 becarios culminaron sus estudios de tercer nivel en 11 profesiones diferentes, distribuidos en ocho universidades ubicadas en las ciudades de Cuenca, Loja y Riobamba, Portoviejo, El Pangui, entre otras. Se espera que, en 2021, seis estudiantes más culminen su carrera.
EcuaCorriente es la empresa operadora de la mina Mirador, la primera en extraer cobre a gran escala en Ecuador e inició la fase de procesamiento y beneficio del mineral en julio de 2019.
Los estudiantes becados vivían en los barrios El Quimi, Valle del Quimi, Manchinatza Alto, la cabecera parroquia de Tundayme, la parroquia El Guismi y la cabecera cantonal El Pangui. “Somos personas con mucho potencial pero que no contamos con suficientes recursos económicos y la beca nos ayuda a cumplir nuestros sueños”, expresó Kristy Carchipulla, joven residente en el barrio Manchinatza Alto y estudiante de la carrera de enfermería.
Debe destacarse que del grupo de 29 becarios, 18 son mujeres y 6 culminarán sus estudios en el 2021.
El programa de becas dispone de 39 cupos, 29 seleccionados directamente por EcuaCorriente S.A. y 10 por la Federación Shuar de Zamora Chinchipe gracias a un acuerdo firmado en 2018 con ese fin. Entre marzo y abril próximos, la compañía seleccionará a 5 nuevos becarios para cubrir su cupo disponible.
Durante la carrera universitaria, además del aporte económico, ECSA realiza un seguimiento permanente a cada estudiante, con el fin de verificar el avance y rendimiento académico de sus estudios universitarios.
ECSA invirtió USD 465 443,16 en su programa de becas en el periodo 2010-2020, con un promedio anual de USD 42 312,10. En los dos últimos años (2019 y 2020), la inversión en becas llegó a USD 161 562,79 por parte de la compañía.
Entre 2010 y 2020, 25 becarios culminaron sus estudios de tercer nivel en 11 profesiones diferentes, distribuidos en ocho universidades ubicadas en las ciudades de Cuenca, Loja y Riobamba, Portoviejo, El Pangui, entre otras. Se espera que, en 2021, seis estudiantes más culminen su carrera.
EcuaCorriente es la empresa operadora de la mina Mirador, la primera en extraer cobre a gran escala en Ecuador e inició la fase de procesamiento y beneficio del mineral en julio de 2019.
Estudiantes de Ikiam ganan concurso en
innovación minera en los Países Andinos
Marzo, 1 de 2021.- El trabajo “Estrategias biotecnológicas enfocadas a la biorremediación y reutilización de relaves mineros” presentado por estudiantes de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, fue uno de los ocho ganadores del concurso “Laboratorio de Innovación en Minería en los Países Andinos”, para estudiantes de la región andina, menos Venezuela.
El proyecto, que recibirá un premio de ocho mil euros, será desarrollado en el marco de la línea de investigación sobre “Procesos de Biorremediación y Restauración Ambiental” del Grupo de Microbiología Aplicada de Ikiam.
El proyecto tiene como objetivo aislar y caracterizar microorganismos nativos, hongos y bacterias, con potencial biotecnológico para la biorremediación y reutilización de residuos mineros en cultivos de hongos con fines de micotectura.
Los estudiantes que participaron en la investigación fueron Kassandra Basántez de Ingeniería en Ecosistemas; Melanie Ochoa y Stalin Bermúdez de Ingeniería en Biotecnología, y Michelle Villacís de Ingeniería en Geociencias, bajo la mentoría del docente investigador Dr. Leopoldo Naranjo Briceño.
Ellos, aparte de los ocho mil euros, contarán con mentorías en desarrollo de negocios y emprendimientos con expertos de la región LATAM, más un viaje de estudios a Chile en el mes de octubre 2021 para que presenten el proyecto. Podrán participar también en cursos cortos y visitarán una mina en ese país.
“Nuestra propuesta plantea, además del estudio y aplicación de microorganismos extremófilos autóctonos (bacterias y hongos) para la biorremediación in situ de relaves procedentes de la explotación cuprífera, el uso sin precedentes de éstos residuos mineros con altas concentraciones de cobre como aditivo de sustratos para la producción de biomateriales, a partir de micelio de hongos, con lo cual se promueve el desarrollo de la micotectura y la economía circular en los desarrollos mineros establecidos en regiones prístinas y megadiversas como la región Amazónica del Ecuador”, concluyó el Dr. Leopoldo Naranjo, co-director del Grupo de Microbiología Aplicada y Director del Laboratorio de Biotecnología Microbiana de Ikiam.
El concurso fue organizado por la cooperación alemana junto a sus socios estratégicos de Chile, Perú y Colombia.
El proyecto, que recibirá un premio de ocho mil euros, será desarrollado en el marco de la línea de investigación sobre “Procesos de Biorremediación y Restauración Ambiental” del Grupo de Microbiología Aplicada de Ikiam.
El proyecto tiene como objetivo aislar y caracterizar microorganismos nativos, hongos y bacterias, con potencial biotecnológico para la biorremediación y reutilización de residuos mineros en cultivos de hongos con fines de micotectura.
Los estudiantes que participaron en la investigación fueron Kassandra Basántez de Ingeniería en Ecosistemas; Melanie Ochoa y Stalin Bermúdez de Ingeniería en Biotecnología, y Michelle Villacís de Ingeniería en Geociencias, bajo la mentoría del docente investigador Dr. Leopoldo Naranjo Briceño.
Ellos, aparte de los ocho mil euros, contarán con mentorías en desarrollo de negocios y emprendimientos con expertos de la región LATAM, más un viaje de estudios a Chile en el mes de octubre 2021 para que presenten el proyecto. Podrán participar también en cursos cortos y visitarán una mina en ese país.
“Nuestra propuesta plantea, además del estudio y aplicación de microorganismos extremófilos autóctonos (bacterias y hongos) para la biorremediación in situ de relaves procedentes de la explotación cuprífera, el uso sin precedentes de éstos residuos mineros con altas concentraciones de cobre como aditivo de sustratos para la producción de biomateriales, a partir de micelio de hongos, con lo cual se promueve el desarrollo de la micotectura y la economía circular en los desarrollos mineros establecidos en regiones prístinas y megadiversas como la región Amazónica del Ecuador”, concluyó el Dr. Leopoldo Naranjo, co-director del Grupo de Microbiología Aplicada y Director del Laboratorio de Biotecnología Microbiana de Ikiam.
El concurso fue organizado por la cooperación alemana junto a sus socios estratégicos de Chile, Perú y Colombia.
EITI Ecuador planea avances en
la implementación de los estándares
Febrero, 21 de 2021.- De acuerdo con los Estándares de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas, EITI, a los cuales ha adherido Ecuador, este año deben ponerse en marcha dos iniciativas que pueden resultar claves para la gobernabilidad democrática del sector. Una es la relativa a la identidad de los beneficiarios reales de los contratos mineros y petroleros y la otra tiene que ver con la publicación de los contratos sobre recursos naturales.
Sobre estos dos temas; y otros más, conversamos con el secretario técnico de EITI Ecuador, el ingeniero Juan Carlos Dueñas. El nos informa que su trabajo tendrá una secuencia en la que lo primero será la divulgación de los contratos y licencias. Como segundo eslabón de su plan están los contratos de producción, es decir, todo lo que es extracción y exportación.
El tercero tiene que ver con la recaudación de impuestos, ingresos fiscales y ventas y otros convenios. Otro eslabón tiene que ver con la asignación de ingresos una vez recaudados y la distribución de acuerdo a lo que se considera en la ley. El último eslabón tiene que ver con la contribución económica de las industrias extractivas, a nivel local y nacional.
Todo eso va de la mano con los resultados que se obtengan en la búsqueda de fondos que se lleva a cabo en la actualidad, tema en el que el ingeniero Dueñas considera necesario resaltar el apoyo que hasta ahora vienen brindando la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF Ecuador; y el Banco Mundial.
¿Cómo va la implementación de los estándares EITI en Ecuador?
Ya tenemos un plan de trabajo hasta el año 2022. En él se contempla la identificación de la información correspondiente a la implementación del estándar en lo relativo a la divulgación de los beneficiarios reales y la publicación de los contratos.
Al respecto, desde enero a la fecha, tenemos varios acercamientos con la industria, el gobierno, la sociedad civil y el Grupo Multipartícipe volverá a reunirse el próximo viernes para aprobar las herramientas que permitan implementar los dos puntos.
En el tema de beneficiarios reales hay ya un procedimiento elaborado por EITI internacional que va a ser sometido a consideración del grupo. Eso va a ser considerado.
Se sabe que el SRI viene trabajando en el tema, pues ellos tienen a su cargo el registro de la composición societaria y están trabajando para que exista un registro público de beneficiarios reales, tal como lo exige el estándar EIITI y la Organización de Cooperacion para el Desarrollo Económico…
En cuanto a cuáles serán los datos a divulgarse, lo básico del estándar considera el nombre, la nacionalidad y país de residencia de los beneficiarios reales. Eso es lo básico del estándar. EITI también estimula a los países para que se pueda contar con información sobre la dirección electrónica, el número de identificación nacional, de cédula por ejemplo, pero esta divulgación debe ser consensuada en el grupo, es decir sometida a consideración de las partes para que ellas decidan qué información es la que se va a divulgar.
¿Para cuándo, ingeniero?
La hoja de ruta debe estar elaborada para finales del primer trimestre, a fines de marzo, con los pasos a seguir para la divulgación de los contratos y licencias… El tema de beneficiarios reales debe estar definido para el segundo trimestre. Cuando se tenga la web de EITI Ecuador.
¿Se tomará en cuenta la posibilidad de implementar otras iniciativas, como la seguida en Colombia en la que se ha hecho público la telaraña de contactos del sector extractivo con la política y otros grupos económicos?
El estándar EITI es lo mínimo y puede ser ampliado, eso depende de las decisiones de los 11 miembros del Grupo Multipartícipe…
Respecto de la publicación de los contratos, el estándar prevé primero identificar el marco legal y definir los criterios a seguir para seleccionar qué contratos tienen que ser publicados. Entonces lo primero es elaborar el listado de contratos a publicar… después de tener el listado se empezará a publicar los contratos y convenios íntegros, con sus anexos y modificaciones, tal como lo dispone el estándar.
En caso de que no se pueda hacer, tendrá que explicarse por qué no se puede cumplir con la divulgación de los contratos y eso será evaluado por el Consejo Internacional.
¿Y eso para cuándo, ingeniero?
La hoja de ruta debe estar terminada a fines de marzo, lo ideal es que se publiquen todos los contratos. Vale precisar la importancia de entender que no se trata sólo publicar los contratos sino contextualizar la información para que los ciudadanos tengan las herramientas necesarias para su comprensión. En ese sentido, la publicación de los contratos es la base fundamental para la transparencia en cuestiones extractivas.
EITI Ecuador va a difundir la información validada, para eso tiene planificada la contratación de un administrador independiente que se encargue de cotejar la información que tiene el gobierno con la que tienen las empresas.
En el plan de trabajo se considera la creación de grupos técnicos de trabajo para aspectos técnicos, legales, tributarios, de fiscalización… En el futuro, el Grupo Multipartícipe va a tener que formar esos grupos que ayudarán a contextualizar e interpretar la información.
Entendemos que a la ciudadanía le interesa saber qué se hace con los recursos que genera la industria extractiva, pero a nosotros nos interesa conocer más lo que tiene que ver con la transparencia tributaria. ¿Qué hay, por ejemplo, respecto del impuesto a la renta efectivo o a la información ambiental o estadísticas de seguridad y salud ocupacional?
La iniciativa EITI no considera de manera literal estos temas, pero se ha trabajado en ellos. Por ejemplo, se tomó conocimiento que el año pasado se actualizó el reglamento de seguridad en el sector minero… En noviembre del 2020 se vio también el tema de la información ambiental… son criterios que se van incorporando.
¿EITI Ecuador divulgará información de todas las empresas del sector extractivo?
Vamos a realizar un estudio respecto del alcance y materialidad para fijar un umbral…
Hay una recomendación internacional para que se incluya a todas las empresas que generan más de un millón de dólares, pero eso se va a definir…
¿Y respecto de la transparencia tributaria?
Primero es la definición del marco legal todas las leyes del sector. Una vez que tengamos la lista de los contratos vamos a analizar cuáles son los impuestos que deben pagar, cuáles son las regalías y todo eso se analizará y se verá si es conforme con lo que ordena la ley.
Las cifras que entreguen, tanto la industria como el gobierno, van a ser comparadas por un administrador independiente que va a ser quien nos diga si se cumple o no la ley. Si no se cumple hay que documentar y generar la recomendación necesaria para que se hagan los ajustes y se distribuyan conforme la ley. Esa será la función del EITI.
Sobre estos dos temas; y otros más, conversamos con el secretario técnico de EITI Ecuador, el ingeniero Juan Carlos Dueñas. El nos informa que su trabajo tendrá una secuencia en la que lo primero será la divulgación de los contratos y licencias. Como segundo eslabón de su plan están los contratos de producción, es decir, todo lo que es extracción y exportación.
El tercero tiene que ver con la recaudación de impuestos, ingresos fiscales y ventas y otros convenios. Otro eslabón tiene que ver con la asignación de ingresos una vez recaudados y la distribución de acuerdo a lo que se considera en la ley. El último eslabón tiene que ver con la contribución económica de las industrias extractivas, a nivel local y nacional.
Todo eso va de la mano con los resultados que se obtengan en la búsqueda de fondos que se lleva a cabo en la actualidad, tema en el que el ingeniero Dueñas considera necesario resaltar el apoyo que hasta ahora vienen brindando la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF Ecuador; y el Banco Mundial.
¿Cómo va la implementación de los estándares EITI en Ecuador?
Ya tenemos un plan de trabajo hasta el año 2022. En él se contempla la identificación de la información correspondiente a la implementación del estándar en lo relativo a la divulgación de los beneficiarios reales y la publicación de los contratos.
Al respecto, desde enero a la fecha, tenemos varios acercamientos con la industria, el gobierno, la sociedad civil y el Grupo Multipartícipe volverá a reunirse el próximo viernes para aprobar las herramientas que permitan implementar los dos puntos.
En el tema de beneficiarios reales hay ya un procedimiento elaborado por EITI internacional que va a ser sometido a consideración del grupo. Eso va a ser considerado.
Se sabe que el SRI viene trabajando en el tema, pues ellos tienen a su cargo el registro de la composición societaria y están trabajando para que exista un registro público de beneficiarios reales, tal como lo exige el estándar EIITI y la Organización de Cooperacion para el Desarrollo Económico…
En cuanto a cuáles serán los datos a divulgarse, lo básico del estándar considera el nombre, la nacionalidad y país de residencia de los beneficiarios reales. Eso es lo básico del estándar. EITI también estimula a los países para que se pueda contar con información sobre la dirección electrónica, el número de identificación nacional, de cédula por ejemplo, pero esta divulgación debe ser consensuada en el grupo, es decir sometida a consideración de las partes para que ellas decidan qué información es la que se va a divulgar.
¿Para cuándo, ingeniero?
La hoja de ruta debe estar elaborada para finales del primer trimestre, a fines de marzo, con los pasos a seguir para la divulgación de los contratos y licencias… El tema de beneficiarios reales debe estar definido para el segundo trimestre. Cuando se tenga la web de EITI Ecuador.
¿Se tomará en cuenta la posibilidad de implementar otras iniciativas, como la seguida en Colombia en la que se ha hecho público la telaraña de contactos del sector extractivo con la política y otros grupos económicos?
El estándar EITI es lo mínimo y puede ser ampliado, eso depende de las decisiones de los 11 miembros del Grupo Multipartícipe…
Respecto de la publicación de los contratos, el estándar prevé primero identificar el marco legal y definir los criterios a seguir para seleccionar qué contratos tienen que ser publicados. Entonces lo primero es elaborar el listado de contratos a publicar… después de tener el listado se empezará a publicar los contratos y convenios íntegros, con sus anexos y modificaciones, tal como lo dispone el estándar.
En caso de que no se pueda hacer, tendrá que explicarse por qué no se puede cumplir con la divulgación de los contratos y eso será evaluado por el Consejo Internacional.
¿Y eso para cuándo, ingeniero?
La hoja de ruta debe estar terminada a fines de marzo, lo ideal es que se publiquen todos los contratos. Vale precisar la importancia de entender que no se trata sólo publicar los contratos sino contextualizar la información para que los ciudadanos tengan las herramientas necesarias para su comprensión. En ese sentido, la publicación de los contratos es la base fundamental para la transparencia en cuestiones extractivas.
EITI Ecuador va a difundir la información validada, para eso tiene planificada la contratación de un administrador independiente que se encargue de cotejar la información que tiene el gobierno con la que tienen las empresas.
En el plan de trabajo se considera la creación de grupos técnicos de trabajo para aspectos técnicos, legales, tributarios, de fiscalización… En el futuro, el Grupo Multipartícipe va a tener que formar esos grupos que ayudarán a contextualizar e interpretar la información.
Entendemos que a la ciudadanía le interesa saber qué se hace con los recursos que genera la industria extractiva, pero a nosotros nos interesa conocer más lo que tiene que ver con la transparencia tributaria. ¿Qué hay, por ejemplo, respecto del impuesto a la renta efectivo o a la información ambiental o estadísticas de seguridad y salud ocupacional?
La iniciativa EITI no considera de manera literal estos temas, pero se ha trabajado en ellos. Por ejemplo, se tomó conocimiento que el año pasado se actualizó el reglamento de seguridad en el sector minero… En noviembre del 2020 se vio también el tema de la información ambiental… son criterios que se van incorporando.
¿EITI Ecuador divulgará información de todas las empresas del sector extractivo?
Vamos a realizar un estudio respecto del alcance y materialidad para fijar un umbral…
Hay una recomendación internacional para que se incluya a todas las empresas que generan más de un millón de dólares, pero eso se va a definir…
¿Y respecto de la transparencia tributaria?
Primero es la definición del marco legal todas las leyes del sector. Una vez que tengamos la lista de los contratos vamos a analizar cuáles son los impuestos que deben pagar, cuáles son las regalías y todo eso se analizará y se verá si es conforme con lo que ordena la ley.
Las cifras que entreguen, tanto la industria como el gobierno, van a ser comparadas por un administrador independiente que va a ser quien nos diga si se cumple o no la ley. Si no se cumple hay que documentar y generar la recomendación necesaria para que se hagan los ajustes y se distribuyan conforme la ley. Esa será la función del EITI.
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Karen Martínez, alumna de octavo ciclo de la Carrera de Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Universidad Nacional de Loja.
Febrero, 21 de 2021.- Un proyecto ecuatoriano y otro binacional chileno-ecuatoriano resultaron ganadores en el concurso “Laboratorio de innovación en la minería en los países andinos” organizado para premiar los esfuerzos de alumnos de las carreras afines al sector minero que estudian en las universidades de los países de la región andina, menos Venezuela.
El concurso estuvo a cargo del Programa MinSus, que es ejecutado por la GIZ y BGR de Alemania; junto la Corporación Alta Ley de Chile, el Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, de Perú y la Asociación de Profesionales del Sector Minero, de Colombia.
De los 26 proyectos recibidos a fines de diciembre de 2020, se seleccionaron ocho proyectos como los ganadores en esta primera versión del concurso.
Los ganadores recibirán un premio de hasta 8.000 euros por proyecto para apoyar el avance de la implementación de la solución planteada. También tendrán acceso a mentorías en desarrollo de negocios con expertos en el tema, y podrán participar de un viaje de estudios a Chile para 2 personas, más el profesor guía, en donde habrá actividades de intercambio, presentación de las ideas ganadoras, visita a una mina de gran escala y un curso corto sobre la gobernanza de los recursos naturales.
Los proyectos ganadores
De Bolivia se premió a los representantes de la Universidad Católica Boliviana San Pablo que presentaron el trabajo “Producción de Hidrogeles de colágeno para adsorción de metales pesados”.
De Colombia se premió la propuesta “Desarrollo de un sensor electroquímico portátil y de bajo costo como herramienta de control de sistemas acuíferos en zonas remotas impactadas por procesos mineros”, presentada por jóvenes de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín.
De Chile se premiaron dos trabajos. El primero, “Lixiviación de metal blanco con soluciones ácidas y salmueras provenientes de las desalinizadoras para disminuir el impacto ambiental” de la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad de Santiago (Usach) y la Universidad de Concepción.
El segundo trabajo, “Sistema de monitoreo basado en inteligencia artificial para granulometría y flujo másico en correas transportadoras”, fue presentado conjuntamente por alumnos de la Universidad del Bío Bío (Chile) y de la Universidad Nacional de San Agustín, de Arequipa, Perú.
Alumnos de la Universidad Nacional Agraria La Molina, de Perú; con “Remedy Char” y de la Universidad Nacional de Ingeniería, también peruana, con “Predicción de consumo específico de energía en molienda SAG aplicando Machine Learning”, alcanzaron el premio.
Premiados de Ecuador
Los proyectos “Estrategias biotecnológicas enfocadas a la biorremediación y reutilización de relaves mineros” de la Universidad Regional Amazónica Ikiam y “Sync Sensors: Red de monitoreo y sistema de alerta temprana automatizado al alcance de las empresas mineras y comunidades”, de un equipo binacional formado por estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y de la Universidad Andrés Bello, las dos últimas de Chile, también fueron premiados en este concurso.
En este grupo, liderado por el chileno Francisco Muñoz Vargas, se reúne un equipo multidisciplinario y con habilidades complementarias para lograr la propuesta que tiene apoyo también de la compañía minera Austrogold, que opera en el Cantón Camilo Ponce Enríquez, de la consultora “Soluciones Mineras” y de las concesiones mineras “El Diamante” y Roca Dura”.
Fortalezas complementarias del equipo de trabajo
Francisco Muñoz Vargas: Gestión de proyectos, desarrollo de hardware, programación de hardware, conocimiento en geología ambiental, hidrogeología, desarrollo sostenible y vinculación con mercados latinoamericanos.
Benjamín Morales: Desarrollo de backend, diseño e implementación de BBDD, desarrollo de front-end, desarrollo de plataformas web y app, desarrollo de sistema de alerta temprana.
Karen Paola Martínez Maldonado: Conocimientos de normativas ambientales, manejo del proceso de datos de monitoreo ambiental, alianzas estratégicas y vinculación con el mercado de empresas mineras de Ecuador.
Profesor guía: Luís Hernán Castillo García, docente de las carreras de Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial e Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Loja. Experiencia técnica en minería, vinculación con empresas mineras, aporta al enfoque de los requerimientos de la industria en el monitoreo enmarcado en la parte legal del vínculo minero y ambiental, calificado como auditor técnico minero.
“El proceso de implementación de nuestra propuesta ya está en marcha. Ahora toca definir los próximos pasos a dar para acoplar los mecanismos de la cooperación con los organizadores del concurso,” contó a Vía minera la joven Karen Martínez, estudiante de octavo ciclo de la Carrera de Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Universidad Nacional de Loja y miembro del equipo ganador que presentó la red de monitoreo y sistema de alerta temprana “Sync Sensors”.
Respecto del concurso, el representante de la GIZ, Nicolas Maennling, destacó el gran interés que generó la iniciativa en la región Andina. “Las propuestas que recibimos tienen sin duda mucho potencial para ser un gran aporte al desarrollo sostenible de una actividad económica clave en varios países de la región. Todas ellas mostraban el profundo interés y conocimiento por integrar nuevas tecnologías, enfoques innovadores de negocios y asociatividad como bases. En este último aspecto merece destacarse el hecho de que aun sin haber estado contemplado inicialmente, hemos recibido propuestas formuladas por equipos integrados por estudiantes de diferentes países, mostrando la gran oportunidad para la integración y el intercambio regional”, afirmó.
El concurso estuvo a cargo del Programa MinSus, que es ejecutado por la GIZ y BGR de Alemania; junto la Corporación Alta Ley de Chile, el Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico, de Perú y la Asociación de Profesionales del Sector Minero, de Colombia.
De los 26 proyectos recibidos a fines de diciembre de 2020, se seleccionaron ocho proyectos como los ganadores en esta primera versión del concurso.
Los ganadores recibirán un premio de hasta 8.000 euros por proyecto para apoyar el avance de la implementación de la solución planteada. También tendrán acceso a mentorías en desarrollo de negocios con expertos en el tema, y podrán participar de un viaje de estudios a Chile para 2 personas, más el profesor guía, en donde habrá actividades de intercambio, presentación de las ideas ganadoras, visita a una mina de gran escala y un curso corto sobre la gobernanza de los recursos naturales.
Los proyectos ganadores
De Bolivia se premió a los representantes de la Universidad Católica Boliviana San Pablo que presentaron el trabajo “Producción de Hidrogeles de colágeno para adsorción de metales pesados”.
De Colombia se premió la propuesta “Desarrollo de un sensor electroquímico portátil y de bajo costo como herramienta de control de sistemas acuíferos en zonas remotas impactadas por procesos mineros”, presentada por jóvenes de la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín.
De Chile se premiaron dos trabajos. El primero, “Lixiviación de metal blanco con soluciones ácidas y salmueras provenientes de las desalinizadoras para disminuir el impacto ambiental” de la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad de Santiago (Usach) y la Universidad de Concepción.
El segundo trabajo, “Sistema de monitoreo basado en inteligencia artificial para granulometría y flujo másico en correas transportadoras”, fue presentado conjuntamente por alumnos de la Universidad del Bío Bío (Chile) y de la Universidad Nacional de San Agustín, de Arequipa, Perú.
Alumnos de la Universidad Nacional Agraria La Molina, de Perú; con “Remedy Char” y de la Universidad Nacional de Ingeniería, también peruana, con “Predicción de consumo específico de energía en molienda SAG aplicando Machine Learning”, alcanzaron el premio.
Premiados de Ecuador
Los proyectos “Estrategias biotecnológicas enfocadas a la biorremediación y reutilización de relaves mineros” de la Universidad Regional Amazónica Ikiam y “Sync Sensors: Red de monitoreo y sistema de alerta temprana automatizado al alcance de las empresas mineras y comunidades”, de un equipo binacional formado por estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y de la Universidad Andrés Bello, las dos últimas de Chile, también fueron premiados en este concurso.
En este grupo, liderado por el chileno Francisco Muñoz Vargas, se reúne un equipo multidisciplinario y con habilidades complementarias para lograr la propuesta que tiene apoyo también de la compañía minera Austrogold, que opera en el Cantón Camilo Ponce Enríquez, de la consultora “Soluciones Mineras” y de las concesiones mineras “El Diamante” y Roca Dura”.
Fortalezas complementarias del equipo de trabajo
Francisco Muñoz Vargas: Gestión de proyectos, desarrollo de hardware, programación de hardware, conocimiento en geología ambiental, hidrogeología, desarrollo sostenible y vinculación con mercados latinoamericanos.
Benjamín Morales: Desarrollo de backend, diseño e implementación de BBDD, desarrollo de front-end, desarrollo de plataformas web y app, desarrollo de sistema de alerta temprana.
Karen Paola Martínez Maldonado: Conocimientos de normativas ambientales, manejo del proceso de datos de monitoreo ambiental, alianzas estratégicas y vinculación con el mercado de empresas mineras de Ecuador.
Profesor guía: Luís Hernán Castillo García, docente de las carreras de Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial e Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de Loja. Experiencia técnica en minería, vinculación con empresas mineras, aporta al enfoque de los requerimientos de la industria en el monitoreo enmarcado en la parte legal del vínculo minero y ambiental, calificado como auditor técnico minero.
“El proceso de implementación de nuestra propuesta ya está en marcha. Ahora toca definir los próximos pasos a dar para acoplar los mecanismos de la cooperación con los organizadores del concurso,” contó a Vía minera la joven Karen Martínez, estudiante de octavo ciclo de la Carrera de Geología Ambiental y Ordenamiento Territorial de la Universidad Nacional de Loja y miembro del equipo ganador que presentó la red de monitoreo y sistema de alerta temprana “Sync Sensors”.
Respecto del concurso, el representante de la GIZ, Nicolas Maennling, destacó el gran interés que generó la iniciativa en la región Andina. “Las propuestas que recibimos tienen sin duda mucho potencial para ser un gran aporte al desarrollo sostenible de una actividad económica clave en varios países de la región. Todas ellas mostraban el profundo interés y conocimiento por integrar nuevas tecnologías, enfoques innovadores de negocios y asociatividad como bases. En este último aspecto merece destacarse el hecho de que aun sin haber estado contemplado inicialmente, hemos recibido propuestas formuladas por equipos integrados por estudiantes de diferentes países, mostrando la gran oportunidad para la integración y el intercambio regional”, afirmó.
Cobre pasaría la barrera de los cuatro dólares
Febrero, 21 de 2021.- El cobre continuó con la racha alcista que empezó hace un mes y venció su nivel más alto alcanzado en los últimos nueve años, llegando a los 8.746 dólares por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres.
Hace dos semanas, en esa misma bolsa, cerró en los USD 3,76119 la libra. El jueves de la semana pasada, se transó en US$3,92 la libra. Los productores del metal rojo no veían esos precios desde febrero de 2012 y hay quienes esperan que supere los cuatro dólares la libra.
Para los analistas del JPMorgan, el mundo estaría al inicio de un nuevo “súper ciclo” de los commodities. Otros consideran que las buenas noticias sobre la reactivación de la economía china y las que vienen del mundo de la medicina y la posibilidad de acercar el control de la pandemia, impulsan los precios hacia arriba.
En un informa a sus clientes que algunos medios reseñan, JPMorgan señala que “en general, se acepta que, durante los últimos 100 años, hubo cuatro superciclos de los commodities y que el último comenzó en 1996”.
“Creemos que el último superciclo alcanzó su punto máximo en 2008 (después de 12 años de expansión), tocó fondo en 2020 (después de una contracción de 12 años) y que probablemente entramos en una fase ascendente de un nuevo súper ciclo”, dice el banco.
De otro lado, “el regreso del mercado chino después del Año Nuevo Lunar ha visto un renovado interés en los metales básicos”, dijo Gianclaudio Torlizzi, socio de la consultora T-Commodity en Milán.
Jorge Cantallopts, director de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), destaca que tras esta alza se encuentra “el exitoso avance de los procesos de vacunación a nivel mundial”, lo que ha generado expectativas de una recuperación económica anticipada para este año.
“Adicionalmente, estos últimos días también han estado marcados por la particular celebración del año nuevo lunar de China, que solamente se acotó a un par de días, que contrasta con las semanas de celebración de los años anteriores”, puntualiza.
Hace dos semanas, en esa misma bolsa, cerró en los USD 3,76119 la libra. El jueves de la semana pasada, se transó en US$3,92 la libra. Los productores del metal rojo no veían esos precios desde febrero de 2012 y hay quienes esperan que supere los cuatro dólares la libra.
Para los analistas del JPMorgan, el mundo estaría al inicio de un nuevo “súper ciclo” de los commodities. Otros consideran que las buenas noticias sobre la reactivación de la economía china y las que vienen del mundo de la medicina y la posibilidad de acercar el control de la pandemia, impulsan los precios hacia arriba.
En un informa a sus clientes que algunos medios reseñan, JPMorgan señala que “en general, se acepta que, durante los últimos 100 años, hubo cuatro superciclos de los commodities y que el último comenzó en 1996”.
“Creemos que el último superciclo alcanzó su punto máximo en 2008 (después de 12 años de expansión), tocó fondo en 2020 (después de una contracción de 12 años) y que probablemente entramos en una fase ascendente de un nuevo súper ciclo”, dice el banco.
De otro lado, “el regreso del mercado chino después del Año Nuevo Lunar ha visto un renovado interés en los metales básicos”, dijo Gianclaudio Torlizzi, socio de la consultora T-Commodity en Milán.
Jorge Cantallopts, director de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), destaca que tras esta alza se encuentra “el exitoso avance de los procesos de vacunación a nivel mundial”, lo que ha generado expectativas de una recuperación económica anticipada para este año.
“Adicionalmente, estos últimos días también han estado marcados por la particular celebración del año nuevo lunar de China, que solamente se acotó a un par de días, que contrasta con las semanas de celebración de los años anteriores”, puntualiza.
Autoridades de Santa Rosa alistan denuncia
por atentado a la salud de población
Febrero 14 de 2021.- Sin que se haya investigado la causa, la minería que se realiza en la concesión El Guayabo, ubicada en el cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro, fue relacionada con una intoxicación de más de mil personas que fueron atendidas en las unidades médicas de la ciudad desde el viernes 11 de febrero. La empresa minera a cargo de la concesión deslindó responsabilidades y geólogos que conocen el terreno expresaron su preocupación por la desinformación que ha rodeado este hecho.
La zona implicada en este infausto suceso son las montañas que rodean la ciudad y abrigan la planta de tratamiento de la empresa local de agua potable que se abastece de las quebradas que desembocan en el río Santa Rosa, especialmente de la quebrada El Playón.
La zona ha sido objeto de intervenciones de la ex Arcom -hoy ARC- que en 2019 clausuró una mina ubicada en la parroquia Torata, ante denuncias sobre descargas ilegales de líquidos en la quebrada.
Análisis de metales pesados
Las causas de la enfermedad intestinal que presentaban todas las víctimas se desconocían hasta el cierre de esta edición y el alcalde, Larry Vite, descartó la presencia de microorganismos patógenos y anunció la llegada de resultados del análisis de presencia de metales pesados en el agua de consumo humano.
El alcalde se apresuró a realizar una caminata de cinco horas al cabo de la cual dijo que había encontrado “novedades”. También organizó la recolección de muestras del agua de las quebradas y de distintos puntos en la planta que provee el agua de consumo humano a unas 60 mil personas. Los primeros análisis de tipo microbiológico indicaban que los indicadores estaban dentro de niveles permitidos por la normativa INEN pero, según dijo, había que esperar los análisis de contenido de metales pesados en un laboratorio acreditado.
Según el alcalde, ante lo que llamó un genocidio, es necesario suspender definitivamente la concesión “El Guayabo 225” porque las autoridades del Ministerio del Ambiente y de la ARC pese a que han recibido innumerables denuncias formales sobre actividades ilegales no han dado seguimiento.
Dijo que aunque no es de su competencia ha liderado inspecciones pero, “cuando estamos por llegar a la zona, las personas involucradas avisan y las maquinarias son retiradas y llevadas a la parte de los concesionarios legales”, afirmó para Televisión Orense.
En la tarde del domingo 13 reportó que recibió la visita del ministro del Ambiente, Paolo Proaño a quien le exigió en una mesa de trabajo realizada en la Alcaldía, la suspensión de las actividades mineras por no contar con los planes de manejo ambiental ni permisos “y la resolución de todos los informes y denuncias que hemos presentado, que se quedan en Quito sin respuesta”.
Minera Torata también deslinda responsabilidades
Ante la noticia, la gerencia general de Torata Mining Resources TMR S.A. circuló un comunicado dirigido a la comunidad de Santa Rosa y sus autoridades. En este señala que es titular de la concesión El Guayabo y desde el año pasado pertenece al grupo australiano Challenger Exploration.
Aclaró que en la mencionada concesión no ha realizado operación minera desde el 25 de marzo de 2019 y que ha denunciado oportunamente ante las autoridades varias operaciones mineras ilegales. Se compromete además a colaborar con el Municipio de Santa Rosa y las autoridades para identificar las causas y soluciones de estos lamentables hechos.
Ahí no hay plantas de beneficio
Por otro lado, dos profesionales de la minería, dieron sus opiniones sobre la base de su experiencia de trabajo en el sector.
El ingeniero de minas, Holguer Durazno, indicó que “en la zona de Torata, El Guayabo, Sabayán, Cerro Pelado, Birón, Cerro Azul y muchos otros sitios en la provincia de El Oro, hay contenidos de arsénico de hasta 30000 ppm; por otra parte, en sitios específicos hay altos contenidos de antimonio, plomo, cadmio, mercurio y otros elementos perniciosos para la salud humana; pero ninguna de las comunidades en esta zona han hecho un estudio responsable y técnico para determinar la aptitud de dichas aguas para bebidas y comida. No es cuestión de antojadizamente determinar un área rectangular para de allí abastecer de agua a una población. De esto pueden dar fe muchos colegas que trabajan por estos sectores”, acotó.
Francisco Soria, otro geólogo con varias décadas de explorar en el país, señaló que en la cuenca del río Santa Rosa, Sabayán, El Guayabo, Torata y El Playón donde está la toma de agua no hay plantas de beneficio. Los mineros que trabajan en esa área llevan el material mineralizado a Portovelo a procesar, por lo tanto, no hay justificación de que haya contaminantes.
“Este asunto de la intoxicación debe tener otra causa. Posiblemente sea un problema de contaminación con aguas servidas del poblado”, apuntó.
La zona implicada en este infausto suceso son las montañas que rodean la ciudad y abrigan la planta de tratamiento de la empresa local de agua potable que se abastece de las quebradas que desembocan en el río Santa Rosa, especialmente de la quebrada El Playón.
La zona ha sido objeto de intervenciones de la ex Arcom -hoy ARC- que en 2019 clausuró una mina ubicada en la parroquia Torata, ante denuncias sobre descargas ilegales de líquidos en la quebrada.
Análisis de metales pesados
Las causas de la enfermedad intestinal que presentaban todas las víctimas se desconocían hasta el cierre de esta edición y el alcalde, Larry Vite, descartó la presencia de microorganismos patógenos y anunció la llegada de resultados del análisis de presencia de metales pesados en el agua de consumo humano.
El alcalde se apresuró a realizar una caminata de cinco horas al cabo de la cual dijo que había encontrado “novedades”. También organizó la recolección de muestras del agua de las quebradas y de distintos puntos en la planta que provee el agua de consumo humano a unas 60 mil personas. Los primeros análisis de tipo microbiológico indicaban que los indicadores estaban dentro de niveles permitidos por la normativa INEN pero, según dijo, había que esperar los análisis de contenido de metales pesados en un laboratorio acreditado.
Según el alcalde, ante lo que llamó un genocidio, es necesario suspender definitivamente la concesión “El Guayabo 225” porque las autoridades del Ministerio del Ambiente y de la ARC pese a que han recibido innumerables denuncias formales sobre actividades ilegales no han dado seguimiento.
Dijo que aunque no es de su competencia ha liderado inspecciones pero, “cuando estamos por llegar a la zona, las personas involucradas avisan y las maquinarias son retiradas y llevadas a la parte de los concesionarios legales”, afirmó para Televisión Orense.
En la tarde del domingo 13 reportó que recibió la visita del ministro del Ambiente, Paolo Proaño a quien le exigió en una mesa de trabajo realizada en la Alcaldía, la suspensión de las actividades mineras por no contar con los planes de manejo ambiental ni permisos “y la resolución de todos los informes y denuncias que hemos presentado, que se quedan en Quito sin respuesta”.
Minera Torata también deslinda responsabilidades
Ante la noticia, la gerencia general de Torata Mining Resources TMR S.A. circuló un comunicado dirigido a la comunidad de Santa Rosa y sus autoridades. En este señala que es titular de la concesión El Guayabo y desde el año pasado pertenece al grupo australiano Challenger Exploration.
Aclaró que en la mencionada concesión no ha realizado operación minera desde el 25 de marzo de 2019 y que ha denunciado oportunamente ante las autoridades varias operaciones mineras ilegales. Se compromete además a colaborar con el Municipio de Santa Rosa y las autoridades para identificar las causas y soluciones de estos lamentables hechos.
Ahí no hay plantas de beneficio
Por otro lado, dos profesionales de la minería, dieron sus opiniones sobre la base de su experiencia de trabajo en el sector.
El ingeniero de minas, Holguer Durazno, indicó que “en la zona de Torata, El Guayabo, Sabayán, Cerro Pelado, Birón, Cerro Azul y muchos otros sitios en la provincia de El Oro, hay contenidos de arsénico de hasta 30000 ppm; por otra parte, en sitios específicos hay altos contenidos de antimonio, plomo, cadmio, mercurio y otros elementos perniciosos para la salud humana; pero ninguna de las comunidades en esta zona han hecho un estudio responsable y técnico para determinar la aptitud de dichas aguas para bebidas y comida. No es cuestión de antojadizamente determinar un área rectangular para de allí abastecer de agua a una población. De esto pueden dar fe muchos colegas que trabajan por estos sectores”, acotó.
Francisco Soria, otro geólogo con varias décadas de explorar en el país, señaló que en la cuenca del río Santa Rosa, Sabayán, El Guayabo, Torata y El Playón donde está la toma de agua no hay plantas de beneficio. Los mineros que trabajan en esa área llevan el material mineralizado a Portovelo a procesar, por lo tanto, no hay justificación de que haya contaminantes.
“Este asunto de la intoxicación debe tener otra causa. Posiblemente sea un problema de contaminación con aguas servidas del poblado”, apuntó.
Vale deberá pagar US$ 7100 como
reparación por tragedia en Brumadinho
Febrero, 7 de 2021.- El Tribunal de Justicia de Minas Gerais resolvió que la minera Vale debe pagar aproximadamente unos US$ 7100 millones como reparación a los afectados por el derrumbe de la relavera en Brumadinho, accidente que provocó al menos 270 muertos y graves daños ambientales.
Según voceros del gobierno del Estado de Minas Gerais, se trata del mayor acuerdo de reparación firmado hasta ahora en América Latina. Para los familiares de las víctimas, en cambio, se trata de unas indemnizaciones insuficientes.
“El valor negociado no cubre el daño causado a todas las familias, las muertes, y especialmente la destrucción ambiental de la cuenca. Es un acuerdo absurdo. Quien está ganando es Vale”, señaló el coordinador del Movimiento de Afectados por los Diques (MAB por sus siglas en portugués), Joceli Andrioli.
Para el gobierno de Minas Gerais, los siete mil millones de dólares constituyen sólo una estimación y no una suma definitiva, pues dicha cantidad podría ser ampliada de acuerdo a las necesidades que se presenten durante las labores de remediación.
El dinero a ser entregado por la minera, una de las más grandes productoras de hierro en el mundo, servirá para ayudar directamente a los afectados, para realizar obras de remediación socioambiental y proyectos de reparación socioeconómica.
También deben emplearse en obras de infraestructura y servicios de movilidad urbana, en mejorar los servicios públicos y en obras de seguridad hídrica.
Como se recuerda, el 25 de enero del 2019 se rindió el dique de la mina Corrego de Feijao, propiedad de Vale, dejando escapar millones de toneladas de material que en segundos sepultaron a los pobladores de la zona y enterraron la flora y la fauna que estaba en su paso.
Este accidente ocurrió cuatro años después de otra tragedia del mismo tipo en una mina operada por Samarco, una empresa conjunta de Vale y BHP.
Según voceros del gobierno del Estado de Minas Gerais, se trata del mayor acuerdo de reparación firmado hasta ahora en América Latina. Para los familiares de las víctimas, en cambio, se trata de unas indemnizaciones insuficientes.
“El valor negociado no cubre el daño causado a todas las familias, las muertes, y especialmente la destrucción ambiental de la cuenca. Es un acuerdo absurdo. Quien está ganando es Vale”, señaló el coordinador del Movimiento de Afectados por los Diques (MAB por sus siglas en portugués), Joceli Andrioli.
Para el gobierno de Minas Gerais, los siete mil millones de dólares constituyen sólo una estimación y no una suma definitiva, pues dicha cantidad podría ser ampliada de acuerdo a las necesidades que se presenten durante las labores de remediación.
El dinero a ser entregado por la minera, una de las más grandes productoras de hierro en el mundo, servirá para ayudar directamente a los afectados, para realizar obras de remediación socioambiental y proyectos de reparación socioeconómica.
También deben emplearse en obras de infraestructura y servicios de movilidad urbana, en mejorar los servicios públicos y en obras de seguridad hídrica.
Como se recuerda, el 25 de enero del 2019 se rindió el dique de la mina Corrego de Feijao, propiedad de Vale, dejando escapar millones de toneladas de material que en segundos sepultaron a los pobladores de la zona y enterraron la flora y la fauna que estaba en su paso.
Este accidente ocurrió cuatro años después de otra tragedia del mismo tipo en una mina operada por Samarco, una empresa conjunta de Vale y BHP.
Mineros y pobladores de Ponce Enríquez
logran ampliación de contratos
Febrero, 7 de 2021.- El viceministro de Minas, Juan Carlos Ochoa, y el gerente general de la Empresa Nacional Minera EP, Rodrigo Aguayo, se comprometieron a extender de manera indefinida el plazo de los contratos que tienen la Asociación de Mineros 12 de Octubre y la compañía Minervilla para explotar varias minas en el sur del país.
Los contratos, admitieron las autoridades, estarán vigentes mientras Enami EP sea la titular de las concesiones.
Se comprometieron además a instalar mesas de diálogo orientadas a evitar los problemas que se generarían si es que se “restituyen los derechos a las mineras Gaby Panama Corporation y Guadalupe Mining Corporation”, como aseguró el titular de Energía, René Ortiz.
“Con este paso legal se cumple con la seguridad jurídica necesaria en el país, y que ha sido tesis del presidente Lenín Moreno y desde el inicio de su gestión a cargo de la cartera de Energía”, dijo el ministro en un boletín de prensa, pero de allí no pasó.
El acuerdo entre los mineros de “la Ponce” tuvo lugar en la sede del propio Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, sitio al que llegaron por lo menos dos mil trabajadores y pobladores.
Ellos viajaron toda la noche para amanecer en el frontis del ministerio y empezar un plantón que paralizó el tránsito en ese sector de la capital.
Los mineros vestidos con sus ropas de faena y los pobladores, mujeres en su mayoría, con pitos, cornetas y tambores, gritaron casi toda la mañana exigiendo que reciban a sus dirigentes.
Uno de ellos, el abogado y pequeño empresario José Sánchez, dijo que se declaraba en huelga de hambre hasta que no se logren los pedidos.
Entonces Patricio Vargas, Jorge Arias, Iván Leiva y Guillermo Godoy, entre otros, lograron entrar al ministerio y después de tres horas de discusiones salieron con el acta en la mano.
Ya en la calle, pidieron un megáfono e informaron lo que habían logrado con su gestión.
“Esto ha sido un triunfo. Es resultado de la unidad de hombres y mujeres de Ponce Enríquez y de los mineros. No hemos logrado una victoria definitiva pero sí ganamos esta batalla y continuaremos trabajando en las concesiones que el Ministro quiere devolver a los hermanos Isaías”, dijeron.
Después marcharon al local de la Corte Constitucional para presionar a los jueces por la admisión de una acción de protección extraordinaria presentada por Enami EP el año pasado.
Dicha acción busca dejar sin efecto la resolución de la jueza Nelly Parrales Córdova que dispone que concesiones incautadas en el año 2012 sean devueltas a una empresa que es, a su vez, propietaria de otras dos empresas.
Sobre el tema, Vía Minera escribió equivocadamente que la resolución no se podía ejecutar porque nadie lo había pedido. “La sentencia de la acción de protección es inejecutable, existen yerros jurídicos que imposibilitan su cumplimiento. Es importante tener en cuenta que al momento no existe ningún proceso de incumplimiento como se pretende hacer conocer por la autoridad minera”, nos precisa el doctor Jorge Arias.
En todo caso, si ello ocurre, se estima que unas seis mil personas podrían quedar en el desamparo. Ellas, trabajadoras directas e indirectas en asuntos mineros, son las que más decididas están a defender sus puestos de trabajo.
Han realizado ya varias movilizaciones en el cantón Ponce Enríquez, en la Panamericana Sur y desde hace unos meses, viajan también a la capital para acompañar a sus dirigentes.
Dicen que sus ingresos dependen de la minería. Eliana Paltán, dirigente de las “jancheras” de la zona, destaca el caos social que podría generarse si se asfixia la economía local.
Sin la minería, señala, se paraliza Ponce Enríquez. Toda la actividad regional tiene que ver con la explotación del oro en este cantón que, según estimaciones profesionales, esconde unos siete millones de onzas.
Paltán y los dirigentes de la “12 de octubre” y Minervilla creen que la batalla legal que perdió Enami EP puede ser revertida si es que logran explicar a las autoridades la gravedad del problema social que estallaría si devuelven las concesiones a “los Isaías”.
Hasta ahora, lo vienen logrando.
Los contratos, admitieron las autoridades, estarán vigentes mientras Enami EP sea la titular de las concesiones.
Se comprometieron además a instalar mesas de diálogo orientadas a evitar los problemas que se generarían si es que se “restituyen los derechos a las mineras Gaby Panama Corporation y Guadalupe Mining Corporation”, como aseguró el titular de Energía, René Ortiz.
“Con este paso legal se cumple con la seguridad jurídica necesaria en el país, y que ha sido tesis del presidente Lenín Moreno y desde el inicio de su gestión a cargo de la cartera de Energía”, dijo el ministro en un boletín de prensa, pero de allí no pasó.
El acuerdo entre los mineros de “la Ponce” tuvo lugar en la sede del propio Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, sitio al que llegaron por lo menos dos mil trabajadores y pobladores.
Ellos viajaron toda la noche para amanecer en el frontis del ministerio y empezar un plantón que paralizó el tránsito en ese sector de la capital.
Los mineros vestidos con sus ropas de faena y los pobladores, mujeres en su mayoría, con pitos, cornetas y tambores, gritaron casi toda la mañana exigiendo que reciban a sus dirigentes.
Uno de ellos, el abogado y pequeño empresario José Sánchez, dijo que se declaraba en huelga de hambre hasta que no se logren los pedidos.
Entonces Patricio Vargas, Jorge Arias, Iván Leiva y Guillermo Godoy, entre otros, lograron entrar al ministerio y después de tres horas de discusiones salieron con el acta en la mano.
Ya en la calle, pidieron un megáfono e informaron lo que habían logrado con su gestión.
“Esto ha sido un triunfo. Es resultado de la unidad de hombres y mujeres de Ponce Enríquez y de los mineros. No hemos logrado una victoria definitiva pero sí ganamos esta batalla y continuaremos trabajando en las concesiones que el Ministro quiere devolver a los hermanos Isaías”, dijeron.
Después marcharon al local de la Corte Constitucional para presionar a los jueces por la admisión de una acción de protección extraordinaria presentada por Enami EP el año pasado.
Dicha acción busca dejar sin efecto la resolución de la jueza Nelly Parrales Córdova que dispone que concesiones incautadas en el año 2012 sean devueltas a una empresa que es, a su vez, propietaria de otras dos empresas.
Sobre el tema, Vía Minera escribió equivocadamente que la resolución no se podía ejecutar porque nadie lo había pedido. “La sentencia de la acción de protección es inejecutable, existen yerros jurídicos que imposibilitan su cumplimiento. Es importante tener en cuenta que al momento no existe ningún proceso de incumplimiento como se pretende hacer conocer por la autoridad minera”, nos precisa el doctor Jorge Arias.
En todo caso, si ello ocurre, se estima que unas seis mil personas podrían quedar en el desamparo. Ellas, trabajadoras directas e indirectas en asuntos mineros, son las que más decididas están a defender sus puestos de trabajo.
Han realizado ya varias movilizaciones en el cantón Ponce Enríquez, en la Panamericana Sur y desde hace unos meses, viajan también a la capital para acompañar a sus dirigentes.
Dicen que sus ingresos dependen de la minería. Eliana Paltán, dirigente de las “jancheras” de la zona, destaca el caos social que podría generarse si se asfixia la economía local.
Sin la minería, señala, se paraliza Ponce Enríquez. Toda la actividad regional tiene que ver con la explotación del oro en este cantón que, según estimaciones profesionales, esconde unos siete millones de onzas.
Paltán y los dirigentes de la “12 de octubre” y Minervilla creen que la batalla legal que perdió Enami EP puede ser revertida si es que logran explicar a las autoridades la gravedad del problema social que estallaría si devuelven las concesiones a “los Isaías”.
Hasta ahora, lo vienen logrando.
EITI Ecuador ya tiene Secretario Técnico
Enero, 31 de 2021.- Las ONG quiteñas que conforman el EITI Ecuador, junto con los representantes de las empresas mineroenergéticas que suscriben esa alianza y los delegados del gobierno designaron, a sugerencia de PricewaterhouseCoopers (PwC), al ingeniero Juan Carlos Dueñas como Secretario Técnico para la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas – Ecuador.
Dueñas es ingeniero en Biotecnología por la Escuela Politécnica del Ejército y posee una especialización en Proyectos de Desarrollo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Además, es Máster Universitario en Contaminación y Toxicología Ambiental por la Universidad de Valencia.
Transparencia es casi una mala palabra para algunos agentes en el sector. La posibilidad de un incremento en la demanda provocada por el uso de tecnologías verdes impulsada por el cambio climático, acelera actividades como la extracción del cobre (o el oro) que son abundantes en Ecuador. EITI propone que este año se divulguen cifras y datos asociados a las actividades extractivas tales como la identidad de los verdaderos propietarios de las empresas que contratan con el Estado e, inclusive, los contratos y sus modificaciones; todo un reto monumental para el que deberían estar preparados los conformantes del EITI local.
Dueñas es ingeniero en Biotecnología por la Escuela Politécnica del Ejército y posee una especialización en Proyectos de Desarrollo de la Universidad Andina Simón Bolívar. Además, es Máster Universitario en Contaminación y Toxicología Ambiental por la Universidad de Valencia.
Transparencia es casi una mala palabra para algunos agentes en el sector. La posibilidad de un incremento en la demanda provocada por el uso de tecnologías verdes impulsada por el cambio climático, acelera actividades como la extracción del cobre (o el oro) que son abundantes en Ecuador. EITI propone que este año se divulguen cifras y datos asociados a las actividades extractivas tales como la identidad de los verdaderos propietarios de las empresas que contratan con el Estado e, inclusive, los contratos y sus modificaciones; todo un reto monumental para el que deberían estar preparados los conformantes del EITI local.
ARC: Tres detenidos en Morona Santiago
Enero, 31 de 2021.- Técnicos de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARC), junto a 15 efectivos de la Policía Nacional y 20 de las Fuerzas Armadas, ejecutaron un operativo para combatir actividades mineras ilícitas en el sector Pimpiza, cantón Taisha, provincia de Morona Santiago.
Como resultado se inmovilizó una excavadora, se destruyó equipos y se tomó muestras del material mineralizado que estaba siendo extraído al momento de la intervención en la zona. La Policía Nacional detuvo a tres personas que se encontraban realizando esta actividad ilegal en el río Panki.
Las muestras tomadas servirán para el proceso judicial y administrativo que se iniciará como resultado del operativo efectuado. Además, la ARC colocó sellos de prohibición de actividades mineras.
El año pasado, la ARC ejecutó 282 operativos de control en todo el territorio nacional. Las zonas donde hubo más intervenciones fueron las provincias de Zamora Chinchipe y Napo.
Como resultado de estos operativos se decomisó 26 bienes entre maquinaria, equipos y vehículos; y se inmovilizó y destruyó in situ 47 de ellos.
La ARC dice que “permanece vigilante en todo el país para activar las acciones investigativas y de intervención para combatir la minería ilegal en todo el territorio nacional; así también trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado en la ejecución de peritajes e inspecciones para emitir los elementos de juicio necesarios para el desarrollo de los procesos judiciales, relacionados a esta actividad ilícita”.
Como resultado se inmovilizó una excavadora, se destruyó equipos y se tomó muestras del material mineralizado que estaba siendo extraído al momento de la intervención en la zona. La Policía Nacional detuvo a tres personas que se encontraban realizando esta actividad ilegal en el río Panki.
Las muestras tomadas servirán para el proceso judicial y administrativo que se iniciará como resultado del operativo efectuado. Además, la ARC colocó sellos de prohibición de actividades mineras.
El año pasado, la ARC ejecutó 282 operativos de control en todo el territorio nacional. Las zonas donde hubo más intervenciones fueron las provincias de Zamora Chinchipe y Napo.
Como resultado de estos operativos se decomisó 26 bienes entre maquinaria, equipos y vehículos; y se inmovilizó y destruyó in situ 47 de ellos.
La ARC dice que “permanece vigilante en todo el país para activar las acciones investigativas y de intervención para combatir la minería ilegal en todo el territorio nacional; así también trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado en la ejecución de peritajes e inspecciones para emitir los elementos de juicio necesarios para el desarrollo de los procesos judiciales, relacionados a esta actividad ilícita”.
CME y WIM Ecuador: por una minería igualitaria
Enero, 31 de 2021.- La Cámara de Minería del Ecuador (CME) y el capítulo Ecuador de Women in Mining (WIM) firmaron la semana que pasó una alianza estratégica que tiene como objetivo primordial “promover, difundir y realizar actividades en conjunto que permitan fortalecer el rol de la mujer en la industria minera ecuatoriana”.
El momento es lo más destacable. Cuando algunos sectores tratan de posicionar a la minería como motor del desarrollo nacional, otros niegan de plano esa posibilidad. Cuando en el mundo se apuesta por la inclusión y el desarrollo sostenible, la crisis sanitaria y los reveses económicos que se desprenden de ella parecen oponerse a toda noción de progreso. En esas circunstancias, dos mujeres unen sus instituciones para ”continuar rompiendo barreras y estereotipos, sobre todo en lo referente a la participación de las mujeres en áreas técnicas y operativas”.
Para María Isabel Aillón, presidenta de WIM capítulo Ecuador, “las grandes empresas que deciden invertir en Ecuador tienen políticas propias e innovadoras, donde el rol de la mujer es primordial”.
Por su parte, María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la CME, señala que “es importante mencionar que tenemos ejemplos muy positivos como los que se practican en Fruta del Norte -la primera mina a gran escala que produce oro en nuestro país- la cual implementó el Programa de Capacitación de Operación Minera en el que participaron 44 mujeres, de las cuales siete son de nacionalidad shuar”.
El momento es lo más destacable. Cuando algunos sectores tratan de posicionar a la minería como motor del desarrollo nacional, otros niegan de plano esa posibilidad. Cuando en el mundo se apuesta por la inclusión y el desarrollo sostenible, la crisis sanitaria y los reveses económicos que se desprenden de ella parecen oponerse a toda noción de progreso. En esas circunstancias, dos mujeres unen sus instituciones para ”continuar rompiendo barreras y estereotipos, sobre todo en lo referente a la participación de las mujeres en áreas técnicas y operativas”.
Para María Isabel Aillón, presidenta de WIM capítulo Ecuador, “las grandes empresas que deciden invertir en Ecuador tienen políticas propias e innovadoras, donde el rol de la mujer es primordial”.
Por su parte, María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la CME, señala que “es importante mencionar que tenemos ejemplos muy positivos como los que se practican en Fruta del Norte -la primera mina a gran escala que produce oro en nuestro país- la cual implementó el Programa de Capacitación de Operación Minera en el que participaron 44 mujeres, de las cuales siete son de nacionalidad shuar”.
Mañana habrá un plantón de mineros en la Ponce Enríquez
Enero, 24 de 2021.- Mineros de varias concesiones que se explotan en el cantón Camilo Ponce Enríquez realizarán un plantón este martes 26 de enero en defensa de los puestos de trabajo que podrían perderse si es que la Empresa Nacional Minera, Enami EP, pierde la propiedad de varias operaciones en la zona.
El plantón ha sido organizado observando las recomendaciones de bioseguridad impartidas por las autoridades y con planes de contingencia que ya están en poder del Cuerpo de Bomberos y la policía del lugar.
La protesta de los mineros de Ponce Enríquez es para dar a conocer la problemática generada por la sentencia de la jueza de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil que revierte las concesiones que tenía Enami y las entrega a los hermanos Isaías.
“Nuestras fuentes de trabajo están en peligro ante la pretendida devolución de los bienes incautados a los Isaías”, dicen los mineros.
Ellos hacen un llamado a la Presidencia de la República para que, entre otros bienes, no se entregue “a los Isaías” la concesión Muyuyacu, código 3622, pues ello dejaría sin empleo a miles personas que trabajan directa e indirectamente en el sector minero , “agrandando el conflicto social”, opinan.
Piden además a la Corte Constitucional que admita a trámite la acción extraordinaria de protección No. 2911EP, solicitada por Enami EP; pues dicha acción les daría la oportunidad de intervenir como terceros afectados en la revisión del proceso.
También solicitan al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables “que exija de manera urgente a la gerencia de Enami se amplíe el plazo del contrato de operación minera de la Asociación de Mineros Autónomos 12 de Octubre y de la Compañía Minervilla Ltda., para que nuestros trabajos mineros sigan por el marco legal contribuyendo al desarrollo local, generando fuentes de empleo y aportando al desarrollo nacional tributario”, señalan.
El plantón ha sido organizado observando las recomendaciones de bioseguridad impartidas por las autoridades y con planes de contingencia que ya están en poder del Cuerpo de Bomberos y la policía del lugar.
La protesta de los mineros de Ponce Enríquez es para dar a conocer la problemática generada por la sentencia de la jueza de la Unidad Judicial Penal Norte 2 de Guayaquil que revierte las concesiones que tenía Enami y las entrega a los hermanos Isaías.
“Nuestras fuentes de trabajo están en peligro ante la pretendida devolución de los bienes incautados a los Isaías”, dicen los mineros.
Ellos hacen un llamado a la Presidencia de la República para que, entre otros bienes, no se entregue “a los Isaías” la concesión Muyuyacu, código 3622, pues ello dejaría sin empleo a miles personas que trabajan directa e indirectamente en el sector minero , “agrandando el conflicto social”, opinan.
Piden además a la Corte Constitucional que admita a trámite la acción extraordinaria de protección No. 2911EP, solicitada por Enami EP; pues dicha acción les daría la oportunidad de intervenir como terceros afectados en la revisión del proceso.
También solicitan al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables “que exija de manera urgente a la gerencia de Enami se amplíe el plazo del contrato de operación minera de la Asociación de Mineros Autónomos 12 de Octubre y de la Compañía Minervilla Ltda., para que nuestros trabajos mineros sigan por el marco legal contribuyendo al desarrollo local, generando fuentes de empleo y aportando al desarrollo nacional tributario”, señalan.
Organizaciones sociales elaboran expediente para consulta en Bolívar
Enero, 24 de 2021.- Bolívar sería la segunda provincia ecuatoriana en la que se realizaría una consulta popular promovida por las organizaciones sociales que se oponen a la minería.
Organismos de base de otras provincias, como Loja, también estarían en condiciones de seguir la ruta abierta por el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca y lograr que la Corte Constitucional autorice la realización de consultas en torno al tema.
Por lo pronto, diversas organizaciones campesinas e indígenas de Bolívar vienen realizando una serie de actividades que podrían concluir en una consulta popular en la provincia.
Sus dirigentes no descartan acciones de otra naturaleza en lo que consideran la defensa de los territorios comunales que en los últimos años han sido concesionados para la explotación minera.
Cuatro de los proyectos llamados “de segunda generación” están en esta provincia, sin contar al que se ha hecho más famoso en los últimos años por la presencia de mineros y policías que protagonizan un prolongado conflicto por el control de la zona.
Según el presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas de Bolívar, el ex asambleísta Gilberto Talahua, al menos 168 000 hectáreas en la provincia han sido adjudicadas para el desarrollo de proyectos mineros.
En Bolívar han tenido lugar numerosas movilizaciones de pobladores campesinos e indígenas que no están de acuerdo con abandonar sus actividades tradicionales.
Ahora se recuerda que una de ellas se realizó el pasado 25 de septiembre del 2019 y fue precedida de varias reuniones en las que diversos sectores sociales se pronunciaron en torno al futuro de la provincia.
Uno de los puntos aprobados fue solicitar que se suspendan las concesiones mineras ya adjudicadas y también las que se encuentra en trámite.
Otro acuerdo fue iniciar el proceso de la consulta popular en toda la provincia.
El dirigente Talahua sostiene que ambos temas están en la agenda de las organizaciones y comunidades y que en relación a la consulta, están elaborando las preguntas que serían entregadas próximamente a la Corte Constitucional para que las califique.
Organismos de base de otras provincias, como Loja, también estarían en condiciones de seguir la ruta abierta por el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca y lograr que la Corte Constitucional autorice la realización de consultas en torno al tema.
Por lo pronto, diversas organizaciones campesinas e indígenas de Bolívar vienen realizando una serie de actividades que podrían concluir en una consulta popular en la provincia.
Sus dirigentes no descartan acciones de otra naturaleza en lo que consideran la defensa de los territorios comunales que en los últimos años han sido concesionados para la explotación minera.
Cuatro de los proyectos llamados “de segunda generación” están en esta provincia, sin contar al que se ha hecho más famoso en los últimos años por la presencia de mineros y policías que protagonizan un prolongado conflicto por el control de la zona.
Según el presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas de Bolívar, el ex asambleísta Gilberto Talahua, al menos 168 000 hectáreas en la provincia han sido adjudicadas para el desarrollo de proyectos mineros.
En Bolívar han tenido lugar numerosas movilizaciones de pobladores campesinos e indígenas que no están de acuerdo con abandonar sus actividades tradicionales.
Ahora se recuerda que una de ellas se realizó el pasado 25 de septiembre del 2019 y fue precedida de varias reuniones en las que diversos sectores sociales se pronunciaron en torno al futuro de la provincia.
Uno de los puntos aprobados fue solicitar que se suspendan las concesiones mineras ya adjudicadas y también las que se encuentra en trámite.
Otro acuerdo fue iniciar el proceso de la consulta popular en toda la provincia.
El dirigente Talahua sostiene que ambos temas están en la agenda de las organizaciones y comunidades y que en relación a la consulta, están elaborando las preguntas que serían entregadas próximamente a la Corte Constitucional para que las califique.
Cámara de Minería de Ecuador rechaza amenazas
Enero, 24 de 2021.- La Cámara de Minería de Ecuador, CME, salió al frente de lo que considera una amenaza para el sector que esta vez viene desde la Asamblea Nacional, algunos de cuyos miembros están promoviendo reformas a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.
De ser aprobados dichos cambios, “se truncarían las actividades mineras lícitas y responsables, pues los cambios allí planteados parten de un supuesto erróneo y discriminatorio, en el que se dibuja a la industria minera responsable como generadora de daños ambientales”, dice la CME.
“De concretarse estas reformas se frenaría la inversión y la entrada de divisas. En ese escenario, el daño a la industria minera se extenderá a otros sectores productivos”, agrega.
La CME pide al gobierno ecuatoriano “defender sus intereses como administrador de los recursos minerales y de los sectores estratégicos”. También hace un llamado a las autoridades legislativas para que decidan con base en criterios técnicos, para que escuchen a los sectores involucrados y que ejerzan su mandato con responsabilidad y defendiendo la industria, el empleo y las operaciones responsables que serán claves para sacar al país de una de las mayores crisis económicas de su historia.
"El sector que más creció"
Señala el gremio de las empresas que el año pasado “la minería responsable fue el sector que mejor desempeño tuvo, constituyéndose en una pieza clave para la reactivación del país”.
Según cifras de la Cámara, en el año 2020 se exportaron más de mil millones de dólares en productos metálicos.
“En caso de que las reformas se aprueben, causarán un efectivo y determinante estancamiento a la minería del Ecuador, generando -además- un grave e irreversible efecto en el sector productivo” sostiene.
Añade que la propuesta legislativa modificaría la Constitución que en su artículo 407 ya establece que no se puede hacer minería en áreas protegidas. “Esta iniciativa pretende ampliar las restricciones de manera antitécnica, antojadiza y discriminatoria, creando -además- un caos jurídico al generar contradicción de normas”.
El pronunciamiento de la CME es respaldado por el Comité Empresarial Ecuatoriano, la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, la Cámara de Industrias y Producción y la Cámara de Comercio de Quito, entre otros gremios empresariales.
Lo suscriben también instituciones de profesionales ligadas a la actividad minera, los GAD parroquiales de Chumblín y San Gerardo y decenas de organizaciones de mujeres, padres de familia, transportistas, ganaderos, artesanos y de otras actividades.
De ser aprobados dichos cambios, “se truncarían las actividades mineras lícitas y responsables, pues los cambios allí planteados parten de un supuesto erróneo y discriminatorio, en el que se dibuja a la industria minera responsable como generadora de daños ambientales”, dice la CME.
“De concretarse estas reformas se frenaría la inversión y la entrada de divisas. En ese escenario, el daño a la industria minera se extenderá a otros sectores productivos”, agrega.
La CME pide al gobierno ecuatoriano “defender sus intereses como administrador de los recursos minerales y de los sectores estratégicos”. También hace un llamado a las autoridades legislativas para que decidan con base en criterios técnicos, para que escuchen a los sectores involucrados y que ejerzan su mandato con responsabilidad y defendiendo la industria, el empleo y las operaciones responsables que serán claves para sacar al país de una de las mayores crisis económicas de su historia.
"El sector que más creció"
Señala el gremio de las empresas que el año pasado “la minería responsable fue el sector que mejor desempeño tuvo, constituyéndose en una pieza clave para la reactivación del país”.
Según cifras de la Cámara, en el año 2020 se exportaron más de mil millones de dólares en productos metálicos.
“En caso de que las reformas se aprueben, causarán un efectivo y determinante estancamiento a la minería del Ecuador, generando -además- un grave e irreversible efecto en el sector productivo” sostiene.
Añade que la propuesta legislativa modificaría la Constitución que en su artículo 407 ya establece que no se puede hacer minería en áreas protegidas. “Esta iniciativa pretende ampliar las restricciones de manera antitécnica, antojadiza y discriminatoria, creando -además- un caos jurídico al generar contradicción de normas”.
El pronunciamiento de la CME es respaldado por el Comité Empresarial Ecuatoriano, la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador, la Cámara de Industrias y Producción y la Cámara de Comercio de Quito, entre otros gremios empresariales.
Lo suscriben también instituciones de profesionales ligadas a la actividad minera, los GAD parroquiales de Chumblín y San Gerardo y decenas de organizaciones de mujeres, padres de familia, transportistas, ganaderos, artesanos y de otras actividades.
Exportaciones 2021 estarían entre los US$ 1,64 y 2,03 mil millones
Enero, 24 de 2021.- Según el Banco Central del Ecuador (BCE), entre enero y noviembre de 2020, la exportación de productos mineros alcanzó un valor de US$ 810 millones, reflejando un crecimiento del 206% comparado con el mismo periodo del 2019 en el cual estos rubros sumaron US$ 265 millones.
En este contexto, hasta noviembre de 2020, los minerales representaron el 4,40% de las exportaciones totales del país. Estos se ubicaron como el sexto producto más exportado después del petróleo, camarón, banano, enlatados de pescado y cacao; y superando a productos de exportación primaria como son las flores y madera.
El incremento de las exportaciones mineras en 2020, a pesar de la paralización de las actividades por la pandemia del Covid 19, se debió principalmente al crecimiento continuo de las actividades de pequeña minería, así como a los resultados de la producción a gran escala de las minas Mirador (cobre) y Fruta del Norte (oro); y al alza generalizada de los precios de los commodities.
Según el Servicio de Rentas Internas, el año pasado esta industria permitió la recaudación tributaria de US$ 430 millones, generados por las actividades de la pequeña, mediana y gran minería metálica y no metálica. De este monto, US$ 40,31 millones provienen de los impuestos mineros como: patentes de conservación (US$ 16,01 millones), regalías mineras (US$ 20,64 millones) y utilidades mineras (US$ 3,66 millones) que le corresponden al Estado según la normativa vigente.
Otra cifra relevante es la relativa a la Inversión Extranjera Directa, que según el BCE habría sido de US$ 374 millones hasta el tercer trimestre de 2020, que representan el 41,73% del total nacional de IED.
Para este año, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables proyecta exportaciones que podrían ser de US$ 2.039,55 millones y una recaudación de US$ 1.115,38 millones en un escenario optimista.
En el escenario pesimista, las exportaciones serían de US$ 1.646,03 millones y la recaudación ascendería a US$ 540,10 millones.
En este contexto, hasta noviembre de 2020, los minerales representaron el 4,40% de las exportaciones totales del país. Estos se ubicaron como el sexto producto más exportado después del petróleo, camarón, banano, enlatados de pescado y cacao; y superando a productos de exportación primaria como son las flores y madera.
El incremento de las exportaciones mineras en 2020, a pesar de la paralización de las actividades por la pandemia del Covid 19, se debió principalmente al crecimiento continuo de las actividades de pequeña minería, así como a los resultados de la producción a gran escala de las minas Mirador (cobre) y Fruta del Norte (oro); y al alza generalizada de los precios de los commodities.
Según el Servicio de Rentas Internas, el año pasado esta industria permitió la recaudación tributaria de US$ 430 millones, generados por las actividades de la pequeña, mediana y gran minería metálica y no metálica. De este monto, US$ 40,31 millones provienen de los impuestos mineros como: patentes de conservación (US$ 16,01 millones), regalías mineras (US$ 20,64 millones) y utilidades mineras (US$ 3,66 millones) que le corresponden al Estado según la normativa vigente.
Otra cifra relevante es la relativa a la Inversión Extranjera Directa, que según el BCE habría sido de US$ 374 millones hasta el tercer trimestre de 2020, que representan el 41,73% del total nacional de IED.
Para este año, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables proyecta exportaciones que podrían ser de US$ 2.039,55 millones y una recaudación de US$ 1.115,38 millones en un escenario optimista.
En el escenario pesimista, las exportaciones serían de US$ 1.646,03 millones y la recaudación ascendería a US$ 540,10 millones.
Lo que preocupa a los estudiantes y a su Facultad
"Inclusive para los que no quieren ni hablar con nosotros"
Enero, 24 de 2021.- Para Ana Lucía Cruz Narváez, de 21 años, estudiante de sexto semestre de la Carrera de Minas de la Universidad Central del Ecuador, las relaciones comunitarias y el manejo ambiental están en el primer plano de la atención de los futuros profesionales… obviamente al mismo nivel que los parámetros técnicos de la minería.
“Últimamente en nuestra facultad se ha dado mucho realce a lo que es el mantenimiento y sostenibilidad medioambiental y cómo esto se relaciona con las comunidades”, afirma Ana en una entrevista sobre su participación en el concurso internacional de video Move Mining. “Tratamos de aprender técnicas medioambientales y de relaciones comunitarias”, afirma.
Un concurso, 5 entre 24
El empeño en plasmar en un video lo aprendido en las aulas de clase, en las visitas de campo, en reuniones con las áreas de relaciones comunitarias de empresas mineras, en las impresiones sobre lo que ocurre en territorio transmitidas por su padre quien trabaja en desarrollo agrícola en una parroquia rural de alta conflictividad social, surgió, en efecto, de un concurso pero se ha vuelto un proyecto motivado por contribuir en un cambio real y profundo.
Con sus compañeras Vanessa Díaz y Cynthia Saltos, forman un equipo que representa al Capítulo SME de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador (Figempa). La SME, por sus siglas en inglés, es la Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración, una asociación de profesionales y estudiantes con presencia en todo el mundo.
Su video será transmitido en un evento en vivo de la temporada 5 de Move Mining que se llevará a cabo en la Conferencia y Exposición Anual SME MineXchange 2021 el 4 de marzo.
Move Mining es una competencia destinada a elevar la percepción de la minería en la sociedad. Los equipos presentan sus mejores ideas sobre cómo compartir la importancia cotidiana de la minería con el público. Fueron 24 propuestas de diversos países y la suya titulada ComMINEnity quedó entre las 5 finalistas. Aquí pueden verlo y darle un “me gusta”: Move Mining.
¿Qué factores tomaron en cuenta?
Las ideas fuerza del video no salieron de las aulas, los instrumentos conceptuales no son suficientes, sino de la realidad del país. Los factores están explicados con la inquietud, motivación y pasión de Ana por su futura profesión y el panorama en el que va a tener que ejercer.
“Tomamos factores que en el país se han venido dando. Las comunidades han señalado un montón de problemáticas que existen. No solo por contaminación de agua, minería ilegal, proyectos de años que nunca han sido inspeccionados, invasión a sus terrenos, falta de una correcta comunicación por las empresas o presencia de grupos extremistas, entre otros. Recientemente hemos estado viendo los problemas en las provincias de Bolívar, Esmeraldas….
Más allá de lo que dice la ley minera para obtener los derechos mineros, se considera que hay que seguir otros pasos en los que hay que implicarse para empezar un proyecto. Por ejemplo, pedir permiso en ciertas comunidades cerradas a la comunicación", afirma.
¿Qué hicieron?
Su video, una animación sobre el potencial de las herramientas tecnológicas en la construcción de buenas relaciones con la comunidad se propone, además, promocionar una aplicación que será la segunda parte del proyecto, y que tiene como objetivo construir una comunidad inclusiva para enfrentar la desinformación.
El proyecto está pensado en un público constituido por todos los mayores de edad que más afectados se ven por la presencia minera en su entorno social y, sobre todo, laboral y económico. Pero para que englobe a las más evasivas audiencias formadas por dirigentes o grupos de la comunidad que afirman no querer minería y por ello se niegan a recibir información alguna de ninguna empresa, quieren que la aplicación esté disponible para descargarse “aunque sea por curiosidad”.
“Con ella, no le estoy obligando a una capacitación, ni quiero convencerle de nada, simplemente la persona puede ver qué es lo que tiene la minería. Vamos a llegar tal vez inclusive a las personas que face tu face, por así decirlo, no quieren hablar con nosotros”, acota.
Mucha suerte a estas aplicadas alumnas en el concurso y en su labor de encontrar y generar la información que colme las expectativas de sus audiencias.
“Últimamente en nuestra facultad se ha dado mucho realce a lo que es el mantenimiento y sostenibilidad medioambiental y cómo esto se relaciona con las comunidades”, afirma Ana en una entrevista sobre su participación en el concurso internacional de video Move Mining. “Tratamos de aprender técnicas medioambientales y de relaciones comunitarias”, afirma.
Un concurso, 5 entre 24
El empeño en plasmar en un video lo aprendido en las aulas de clase, en las visitas de campo, en reuniones con las áreas de relaciones comunitarias de empresas mineras, en las impresiones sobre lo que ocurre en territorio transmitidas por su padre quien trabaja en desarrollo agrícola en una parroquia rural de alta conflictividad social, surgió, en efecto, de un concurso pero se ha vuelto un proyecto motivado por contribuir en un cambio real y profundo.
Con sus compañeras Vanessa Díaz y Cynthia Saltos, forman un equipo que representa al Capítulo SME de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador (Figempa). La SME, por sus siglas en inglés, es la Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración, una asociación de profesionales y estudiantes con presencia en todo el mundo.
Su video será transmitido en un evento en vivo de la temporada 5 de Move Mining que se llevará a cabo en la Conferencia y Exposición Anual SME MineXchange 2021 el 4 de marzo.
Move Mining es una competencia destinada a elevar la percepción de la minería en la sociedad. Los equipos presentan sus mejores ideas sobre cómo compartir la importancia cotidiana de la minería con el público. Fueron 24 propuestas de diversos países y la suya titulada ComMINEnity quedó entre las 5 finalistas. Aquí pueden verlo y darle un “me gusta”: Move Mining.
¿Qué factores tomaron en cuenta?
Las ideas fuerza del video no salieron de las aulas, los instrumentos conceptuales no son suficientes, sino de la realidad del país. Los factores están explicados con la inquietud, motivación y pasión de Ana por su futura profesión y el panorama en el que va a tener que ejercer.
“Tomamos factores que en el país se han venido dando. Las comunidades han señalado un montón de problemáticas que existen. No solo por contaminación de agua, minería ilegal, proyectos de años que nunca han sido inspeccionados, invasión a sus terrenos, falta de una correcta comunicación por las empresas o presencia de grupos extremistas, entre otros. Recientemente hemos estado viendo los problemas en las provincias de Bolívar, Esmeraldas….
Más allá de lo que dice la ley minera para obtener los derechos mineros, se considera que hay que seguir otros pasos en los que hay que implicarse para empezar un proyecto. Por ejemplo, pedir permiso en ciertas comunidades cerradas a la comunicación", afirma.
¿Qué hicieron?
Su video, una animación sobre el potencial de las herramientas tecnológicas en la construcción de buenas relaciones con la comunidad se propone, además, promocionar una aplicación que será la segunda parte del proyecto, y que tiene como objetivo construir una comunidad inclusiva para enfrentar la desinformación.
El proyecto está pensado en un público constituido por todos los mayores de edad que más afectados se ven por la presencia minera en su entorno social y, sobre todo, laboral y económico. Pero para que englobe a las más evasivas audiencias formadas por dirigentes o grupos de la comunidad que afirman no querer minería y por ello se niegan a recibir información alguna de ninguna empresa, quieren que la aplicación esté disponible para descargarse “aunque sea por curiosidad”.
“Con ella, no le estoy obligando a una capacitación, ni quiero convencerle de nada, simplemente la persona puede ver qué es lo que tiene la minería. Vamos a llegar tal vez inclusive a las personas que face tu face, por así decirlo, no quieren hablar con nosotros”, acota.
Mucha suerte a estas aplicadas alumnas en el concurso y en su labor de encontrar y generar la información que colme las expectativas de sus audiencias.
Nace Frente de Defensa de la Minería Responsable
Enero 17 de 2021.- Medio centenar de figuras y personalidades del sector minero se reunieron el pasado martes 12 de enero, convocados por ese promotor incansable que es Hassan J. Becdach, para dar respuesta a lo que se considera el golpe mortal a la minería metálica en Ecuador: el proyecto de reforma a la ley de recursos hídricos que está listo para el segundo debate en la Asamblea Nacional.
Decididos a tomar al toro por las astas, actores directos e indirectos, nacionales y extranjeros, grandes o pequeños pero todos ellos relacionados con el sector minero, conformaron el Frente de Defensa de la Minería Responsable e intercambiaron criterios que a las pocas horas quedaron plasmados en el primer pronunciamiento del frente, que reproducimos en esta edición.
En la reunión, realizada en formato virtual, no estaban (excepto una, INV Metals) las empresas que tienen a su cargo el desarrollo de los proyectos de la mediana y gran minería. Se supo que el directorio de la Cámara de Minería de Ecuador se reunía a esa misma hora en otro local para analizar el mismo tema y que emitiría un comunicado al respecto. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, dicho documento no se había hecho público.
Los que estaban en la reunión virtual eran representantes de diversos sectores involucrados con la actividad minera. Dirigentes y afiliados a la Cámara Nacional de Minería, a la Cámara de Minería del Azuay, a la organización femenina Women en Mining y a la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador; así como a la Comisión Ecuatoriana de Recursos y Reservas Minerales, entre algunas instituciones, compartían opiniones con empresarios proveedores y profesionales, asesores de empresas o ex autoridades, en torno a la situación del sector.
Desde su perspectiva, la minería está enfrentando una campaña mal intencionada llevada a cabo por parte de grupos antimineros, que la están convirtiendo en un tema político con información distorsionada y errada respecto de sus impactos y pretendiendo bajo cualquier acción u acto de autoridad dejarla vedada o totalmente limitada.
Coincidieron en señalar que las empresas mineras, en observancia de la normativa nacional vigente, así como en cumplimiento de los estándares y buenas prácticas requeridos por la industria minera responsable, desarrollan proyectos mineros con los más altos estándares ambientales y sociales.
Dichos proyectos, afirmaron, están generando beneficios económicos al Ecuador que están siendo registrador por el Banco Central que, en sus estadísticas, confirma que la minería ha contribuido como unos de los tres sectores de mayor aporte al erario nacional durante el año 2020.
“Nos encontramos frente a un Informe para Segundo Debate de la Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales que pretende reformar cuerpos legales importantes como la Ley de Minería y Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, bajo criterios y propuestas que a toda luz y análisis legal formal constituyen acciones discriminatorias, inconstitucionales e ilegales”, enfatizaron.
Dijeron que el proyecto, presentado por el asambleísta Luis Pachala, de CREO, introduce elementos que no forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano ni doctrinario y tampoco cuentan con criterios y aportes técnicos del ministerio rector, de los organismos colegiados, de las cámaras ni de ninguno de los actores principales del del sector minero,
Dicha situación, explicaron, torna ilegal toda pretensión de reforma contenida en el proyecto.
A continuación, el manifiesto:
Decididos a tomar al toro por las astas, actores directos e indirectos, nacionales y extranjeros, grandes o pequeños pero todos ellos relacionados con el sector minero, conformaron el Frente de Defensa de la Minería Responsable e intercambiaron criterios que a las pocas horas quedaron plasmados en el primer pronunciamiento del frente, que reproducimos en esta edición.
En la reunión, realizada en formato virtual, no estaban (excepto una, INV Metals) las empresas que tienen a su cargo el desarrollo de los proyectos de la mediana y gran minería. Se supo que el directorio de la Cámara de Minería de Ecuador se reunía a esa misma hora en otro local para analizar el mismo tema y que emitiría un comunicado al respecto. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, dicho documento no se había hecho público.
Los que estaban en la reunión virtual eran representantes de diversos sectores involucrados con la actividad minera. Dirigentes y afiliados a la Cámara Nacional de Minería, a la Cámara de Minería del Azuay, a la organización femenina Women en Mining y a la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador; así como a la Comisión Ecuatoriana de Recursos y Reservas Minerales, entre algunas instituciones, compartían opiniones con empresarios proveedores y profesionales, asesores de empresas o ex autoridades, en torno a la situación del sector.
Desde su perspectiva, la minería está enfrentando una campaña mal intencionada llevada a cabo por parte de grupos antimineros, que la están convirtiendo en un tema político con información distorsionada y errada respecto de sus impactos y pretendiendo bajo cualquier acción u acto de autoridad dejarla vedada o totalmente limitada.
Coincidieron en señalar que las empresas mineras, en observancia de la normativa nacional vigente, así como en cumplimiento de los estándares y buenas prácticas requeridos por la industria minera responsable, desarrollan proyectos mineros con los más altos estándares ambientales y sociales.
Dichos proyectos, afirmaron, están generando beneficios económicos al Ecuador que están siendo registrador por el Banco Central que, en sus estadísticas, confirma que la minería ha contribuido como unos de los tres sectores de mayor aporte al erario nacional durante el año 2020.
“Nos encontramos frente a un Informe para Segundo Debate de la Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales que pretende reformar cuerpos legales importantes como la Ley de Minería y Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, bajo criterios y propuestas que a toda luz y análisis legal formal constituyen acciones discriminatorias, inconstitucionales e ilegales”, enfatizaron.
Dijeron que el proyecto, presentado por el asambleísta Luis Pachala, de CREO, introduce elementos que no forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano ni doctrinario y tampoco cuentan con criterios y aportes técnicos del ministerio rector, de los organismos colegiados, de las cámaras ni de ninguno de los actores principales del del sector minero,
Dicha situación, explicaron, torna ilegal toda pretensión de reforma contenida en el proyecto.
A continuación, el manifiesto:
Manifiesto por la defensa de una minería responsable
de aporte al desarrollo productivo del Ecuador
Quito, 12 de enero de 2021
Considerando la situación que afronta la minería en el Ecuador actualmente, todos los actores directos e indirectos nacionales y extranjeros relacionados con el sector minero así como sus adherentes, convocados voluntariamente para conformar un Frente de Defensa de la Minería Responsable, a través del presente Manifiesto hacemos conocer a la opinión pública del Ecuador, a la Asamblea Nacional, al Gobierno Nacional, y a la comunidad en general nuestro punto de vista:
1. Los actores mineros en observancia de la normativa nacional vigente, así como en cumplimiento de los estándares y buenas prácticas requeridos por la industria minera responsable, desarrollamos proyectos mineros con los más altos estándares ambientales y sociales, que como se ha demostrado, están generando beneficios económicos al Ecuador y que según el Banco Central, ha contribuido como unos de los tres sectores de mayor aporte al erario nacional durante el año 2020, año de grandes desafíos ante la pandemia.
2. Estamos ahora enfrentando, a un escenario donde la minería, de forma mal intencionada por parte de grupos “antimineros”, la están convirtiendo en un tema político con información distorsionada y errada respecto de sus impactos y pretendiendo bajo cualquier acción u acto de autoridad dejarla vedada o totalmente limitada. Así entonces nos encontramos frente a un Informe para Segundo Debate de la Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales que pretende reformar cuerpos legales importantes como la Ley de Minería y Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, bajo criterios y propuestas que a toda luz y análisis legal formal constituyen acciones discriminatorias, inconstitucionales e ilegales introduciendo elementos que no forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano ni doctrinario, y sin contar con criterios y aportes técnicos tanto del Ministerio rector, como de los organismo colegiados, Cámaras y actores del sector minero, lo que torna ilegal toda pretensión de reforma.
3. Exhortamos al Presidente de la Asamblea Nacional a gestionar la revisión del procedimiento aplicado por la Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales en el tratamiento de las propuestas de Reforma a la Ley de Minería y Reformas a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, así como la legalidad de los contenidos recomendados para segundo debate, a fin de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones en el sector minero, mediante la eliminación de los artículos que afectan directamente a la actividad minera.
4. Exhortamos al Gobierno Nacional, en especial al Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, rector del sector minero, a ejercer sus facultades constitucionales y legales así como, a accionar de manera emergente en defensa del sector y garantizar las inversiones, trabajo, empleo generado en ejercicio de una actividad legalmente reconocida y regulada técnica, económica y ambientalmente, bajo un compromiso social, con énfasis en los siguientes aspectos emergentes y fundamentales para el sector minero:
5. Ante este escenario, dejamos en claro que nuestro accionar y gestiones estarán dirigidas a la defensa del sector minero y los derechos legítimamente otorgados por el Estado ecuatoriano y al cumplimiento de los compromisos con las necesidades de las comunidades para un crecimiento conjunto, sin embargo, es imperativo y necesario para el sector la consolidación de la Política Pública Minera 2019-‐2030 que permita al sector continuar invirtiendo para el crecimiento y fortalecimiento de la productividad minera, hacia el cumplimiento de su rol primordial de aporte a la dinamización de la economía ecuatoriana.
6. Finalmente, trabajaremos incansablemente para contribuir en la construcción de un mejor país, somos actores y autores en el cambio imperante que la industria minera proporciona para el desarrollo económico, recuperación económica y progreso clave para el Ecuador. Estamos vigilantes con el Estado, para que garantice nuestras inversiones y observe la planificación para el desarrollo del país, estaremos atentos a responder y defender nuestros derechos y nos comprometemos con nuestras comunidades y zonas de influencia una vez más, nada nos detendrá. Bajo ningún aspecto permitiremos que la minería se convierta en un tema de contienda o intereses políticos, pues constituye un sector productivo que debe ser visto y discutido desde los estamentos técnicos con el conocimiento necesario y la información especializada.
Vienen firmas, en primer lugar, la del ingeniero Hassan J. Becdach
1. Los actores mineros en observancia de la normativa nacional vigente, así como en cumplimiento de los estándares y buenas prácticas requeridos por la industria minera responsable, desarrollamos proyectos mineros con los más altos estándares ambientales y sociales, que como se ha demostrado, están generando beneficios económicos al Ecuador y que según el Banco Central, ha contribuido como unos de los tres sectores de mayor aporte al erario nacional durante el año 2020, año de grandes desafíos ante la pandemia.
2. Estamos ahora enfrentando, a un escenario donde la minería, de forma mal intencionada por parte de grupos “antimineros”, la están convirtiendo en un tema político con información distorsionada y errada respecto de sus impactos y pretendiendo bajo cualquier acción u acto de autoridad dejarla vedada o totalmente limitada. Así entonces nos encontramos frente a un Informe para Segundo Debate de la Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales que pretende reformar cuerpos legales importantes como la Ley de Minería y Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, bajo criterios y propuestas que a toda luz y análisis legal formal constituyen acciones discriminatorias, inconstitucionales e ilegales introduciendo elementos que no forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano ni doctrinario, y sin contar con criterios y aportes técnicos tanto del Ministerio rector, como de los organismo colegiados, Cámaras y actores del sector minero, lo que torna ilegal toda pretensión de reforma.
3. Exhortamos al Presidente de la Asamblea Nacional a gestionar la revisión del procedimiento aplicado por la Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales en el tratamiento de las propuestas de Reforma a la Ley de Minería y Reformas a la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, así como la legalidad de los contenidos recomendados para segundo debate, a fin de garantizar la seguridad jurídica de las inversiones en el sector minero, mediante la eliminación de los artículos que afectan directamente a la actividad minera.
4. Exhortamos al Gobierno Nacional, en especial al Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, rector del sector minero, a ejercer sus facultades constitucionales y legales así como, a accionar de manera emergente en defensa del sector y garantizar las inversiones, trabajo, empleo generado en ejercicio de una actividad legalmente reconocida y regulada técnica, económica y ambientalmente, bajo un compromiso social, con énfasis en los siguientes aspectos emergentes y fundamentales para el sector minero:
- Gestionar las acciones inmediatas ante la Asamblea Nacional y su Comisión Especializada Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales para que no se pretenda reformar la Ley de Minería y Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua con propuestas discriminatorias, inconstitucionales y contrarias a las normas vigentes en la República del Ecuador.
- Fortalecer el liderazgo en la ejecución de la Política Pública Minera 2019-‐2030 para lograr el acceso y distribución de los ingresos del aprovechamiento de los minerales y garantizar el desarrollo sostenible de los proyectos en beneficio de las comunidades y pueblos del Ecuador.
- Apoyar las iniciativas del sector privado, gremios, sociedad civil y academia para el desarrollo de una agenda productiva de la minería que permita: seguridad jurídica, entendida esta como la capacidad de dotar de solidez jurídica a los proyectos mineros en exploración y explotación bajo su permanencia en el tiempo y cumplimientos legales y contractuales, y la sostenibilidad de la inversión en exploración y explotación, propendiendo al desarrollo económico y social del Ecuador.
- Garantizar una Administración de Justicia con actuaciones objetivas, que perduren en el tiempo, coherentes con el marco regulatorio, enfocadas al interés general y que propenda al análisis y soluciones tendientes a la coexistencia de derechos en la diversidad y no limitativa de las facultades estatales.
- Promover la transparencia de doble vía, Estado y empresa, bajo los principios que están encaminados a promover una industria responsable justa y sostenible y la implementación de Estrategias de Sostenibilidad Corporativa bajo estándares EITI (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas) que promueve la gestión abierta y responsable de los recursos extractivos.
- Desarrollar e implementar una estrategia comunicacional conjunta con el sector privado sobre minería en territorio, para un mejor acompañamiento a las acciones de las empresas mineras que respalde los beneficios y los esfuerzos de sostenibilidad de minería.
- Fortalecer y consolidar la capacidad institucional, el sector minero debe contar con un ministerio altamente técnico especializado, un Ministerio de Minería.
- Construir un modelo de gestión interinstitucional que permita la coordinación, celeridad y eficiencia en los procesos de otorgamiento de permisos necesarios para las actividades mineras en cumplimiento con la Política Pública Minera.
- Fortalecer el control sobre la minería legal e ilegal.
- Promover y liderar el diálogo, los consensos para un entendimiento en el desarrollo de las actividades mineras productivas.
5. Ante este escenario, dejamos en claro que nuestro accionar y gestiones estarán dirigidas a la defensa del sector minero y los derechos legítimamente otorgados por el Estado ecuatoriano y al cumplimiento de los compromisos con las necesidades de las comunidades para un crecimiento conjunto, sin embargo, es imperativo y necesario para el sector la consolidación de la Política Pública Minera 2019-‐2030 que permita al sector continuar invirtiendo para el crecimiento y fortalecimiento de la productividad minera, hacia el cumplimiento de su rol primordial de aporte a la dinamización de la economía ecuatoriana.
6. Finalmente, trabajaremos incansablemente para contribuir en la construcción de un mejor país, somos actores y autores en el cambio imperante que la industria minera proporciona para el desarrollo económico, recuperación económica y progreso clave para el Ecuador. Estamos vigilantes con el Estado, para que garantice nuestras inversiones y observe la planificación para el desarrollo del país, estaremos atentos a responder y defender nuestros derechos y nos comprometemos con nuestras comunidades y zonas de influencia una vez más, nada nos detendrá. Bajo ningún aspecto permitiremos que la minería se convierta en un tema de contienda o intereses políticos, pues constituye un sector productivo que debe ser visto y discutido desde los estamentos técnicos con el conocimiento necesario y la información especializada.
Vienen firmas, en primer lugar, la del ingeniero Hassan J. Becdach
Tres mineros pierden la vida en accidente en Zamora Chinchipe
Enero, 17 de 2021.- Tres mineros fallecieron asfixiados por monóxido de carbono, después de una detonación, en una operación que tenía lugar en una mina ubicada en el sector Chinapintza, perteneciente al cantón Paquisha, en la provincia de Zamora Chinchipe.
Según testigos del accidente, la tarde del 11 de enero se colocó una cuña completa de dinamita, nitrato y pólvora en 10 huecos de una mina, realizando la detonación.
Al día siguiente un grupo de mineros ingresó normalmente a sus labores y al llegar al lugar del disparo se percataron que había ocurrido el desfonde de un pozo. En esas circunstancias, Lindon Joel Latacela Conde, de 19 años, bajó sin ningún equipo de protección para revisar cómo estaba el lugar. Al ver que tardaba en regresar a la superficie, Edison José Loaiza Aguilar, de 41 años, descendió en su ayuda pero tampoco regresó. Cuando ya se presumía lo peor, Jhonatan Benito Minga Abrigo, de 20 años, en un gesto heroico intentó a rescatar a sus dos compañeros y corrió la misma suerte que ellos.
Los cuerpos fueron rescatados por el Cuerpo de Bomberos de Yantzaza. Según el parte de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros y del servicio de Criminalística de la Policía Nacional, los tres mineros fallecieron por presunta inhalación de gases tóxicos mientras efectuaban su labor.
La minera australiana Titan Minerals anunció a fines del año pasado la adquisición de la concesión Jerusalen, de 225 hectáreas, ubicada en Zamora Chinchipe, cantón Paquisha, parroquia Nuevo Quito, sector Chinapintza. El anterior titular minero era la compañía Elipe S.A., que recibió la concesión por 30 años en el régimen de gran minería para la búsqueda de oro.
Consultado sobre este tema Freddy Villao, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de Titan Minerals, dijo que lamentan mucho lo ocurrido en días pasados en la provincia de Zamora Chinchipe y que apenas tenga la información de las áreas de la empresa que tienen competencia en los temas consultados, se comunicarán con Vía Minera.
Según testigos del accidente, la tarde del 11 de enero se colocó una cuña completa de dinamita, nitrato y pólvora en 10 huecos de una mina, realizando la detonación.
Al día siguiente un grupo de mineros ingresó normalmente a sus labores y al llegar al lugar del disparo se percataron que había ocurrido el desfonde de un pozo. En esas circunstancias, Lindon Joel Latacela Conde, de 19 años, bajó sin ningún equipo de protección para revisar cómo estaba el lugar. Al ver que tardaba en regresar a la superficie, Edison José Loaiza Aguilar, de 41 años, descendió en su ayuda pero tampoco regresó. Cuando ya se presumía lo peor, Jhonatan Benito Minga Abrigo, de 20 años, en un gesto heroico intentó a rescatar a sus dos compañeros y corrió la misma suerte que ellos.
Los cuerpos fueron rescatados por el Cuerpo de Bomberos de Yantzaza. Según el parte de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros y del servicio de Criminalística de la Policía Nacional, los tres mineros fallecieron por presunta inhalación de gases tóxicos mientras efectuaban su labor.
La minera australiana Titan Minerals anunció a fines del año pasado la adquisición de la concesión Jerusalen, de 225 hectáreas, ubicada en Zamora Chinchipe, cantón Paquisha, parroquia Nuevo Quito, sector Chinapintza. El anterior titular minero era la compañía Elipe S.A., que recibió la concesión por 30 años en el régimen de gran minería para la búsqueda de oro.
Consultado sobre este tema Freddy Villao, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de Titan Minerals, dijo que lamentan mucho lo ocurrido en días pasados en la provincia de Zamora Chinchipe y que apenas tenga la información de las áreas de la empresa que tienen competencia en los temas consultados, se comunicarán con Vía Minera.
EITI 2021: Prueba de fuego para ONG quiteñas y empresas
Diciembre 14 de 2020.- Para la iniciativa EITI, como mecanismo mundial de impulso a la transparencia en el sector, la implementación de los estándares a partir del próximo año contempla la publicación de los contratos, sus modificaciones, las licencias y los acuerdos que se celebren con las empresas minero energéticas.
Para las ONG quiteñas que se involucraron con el EITI Ecuador la cosa es una papa caliente que el tiempo dirá si la agarran o no. Para las empresas y el gobierno también, pues se les acaba el plazo para dilatar una solución que puede traer muchos beneficios al país en su conjunto.
Desde la industria minera, Tom Butler, director ejecutivo del Consejo Internacional de Minería y Metales, ha dicho: "Las partes interesadas tienen, con razón, altas expectativas de las empresas. La divulgación del contrato ayuda a generar confianza, promover un compromiso abierto y transparente y contribuir al desarrollo social, económico e institucional de los países y comunidades anfitriones".
De acuerdo con lo que dicen los propios promotores del EITI, la transparencia del contrato permite el escrutinio de los costos y beneficios de los proyectos de petróleo, gas y minería.
Ayuda a las personas a comprender el valor de sus recursos naturales y a defender que los ingresos se utilicen para beneficio público, como la financiación de la atención médica, la educación y la infraestructura.
Ayuda a las comunidades a comprender los impactos de los proyectos de petróleo, gas y minería y advierte sobre daños sociales o ambientales, proporcionando información crítica que respalda su derecho al consentimiento libre, previo e informado.
Ayuda a la sociedad civil y a los funcionarios públicos a comprender cómo la transición de los combustibles fósiles afectará los proyectos extractivos y los ingresos que generan.
Puede apoyar la adaptación y mitigación climática informando al público sobre cómo se distribuyen los riesgos y las recompensas de los recursos naturales.
Dicen que la transparencia de los contratos es fundamental para erradicar la opacidad y el secreto en los países ricos en recursos. Permite el escrutinio público de acuerdos multimillonarios entre gobiernos y empresas de petróleo, gas y minería. Esto disuade la corrupción en el proceso de negociación.
Que lucha contra la desinformación al permitir debates nacionales abiertos, informados y productivos sobre las industrias extractivas, y permite que las personas vean si los gobiernos y las empresas están cumpliendo con los términos de sus acuerdos.
También que la transparencia de los contratos puede aumentar la confianza entre las personas, los gobiernos y las empresas.
Puede tranquilizar a la gente de que los gobiernos están haciendo tratos que beneficiarán a su país y mejorar la licencia social para operar de las empresas de petróleo, gas y minería.
Hasta la fecha, de los 55 países que forman el EITI, 37 de ellos han revelado algunos o todos los contratos de extracción.
Campaña por la transparencia
La semana que pasó la EITI organizó la “Semana de Transparencia de Contratos”, con la idea de ayudar a los países a implementar reformas y actividades relacionadas con la divulgación de contratos antes de la fecha límite del 1 de enero de 2021.
Los videos de las conferencias pueden verse en:
https://www.youtube.com/watch?v=IozKch31n0w&utm_source=Transparency+Matters+seminar+series&utm_campaign=924f9a2cca-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_28_12_16_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_043827ed0c-924f9a2cca-104269588
Para las ONG quiteñas que se involucraron con el EITI Ecuador la cosa es una papa caliente que el tiempo dirá si la agarran o no. Para las empresas y el gobierno también, pues se les acaba el plazo para dilatar una solución que puede traer muchos beneficios al país en su conjunto.
Desde la industria minera, Tom Butler, director ejecutivo del Consejo Internacional de Minería y Metales, ha dicho: "Las partes interesadas tienen, con razón, altas expectativas de las empresas. La divulgación del contrato ayuda a generar confianza, promover un compromiso abierto y transparente y contribuir al desarrollo social, económico e institucional de los países y comunidades anfitriones".
De acuerdo con lo que dicen los propios promotores del EITI, la transparencia del contrato permite el escrutinio de los costos y beneficios de los proyectos de petróleo, gas y minería.
Ayuda a las personas a comprender el valor de sus recursos naturales y a defender que los ingresos se utilicen para beneficio público, como la financiación de la atención médica, la educación y la infraestructura.
Ayuda a las comunidades a comprender los impactos de los proyectos de petróleo, gas y minería y advierte sobre daños sociales o ambientales, proporcionando información crítica que respalda su derecho al consentimiento libre, previo e informado.
Ayuda a la sociedad civil y a los funcionarios públicos a comprender cómo la transición de los combustibles fósiles afectará los proyectos extractivos y los ingresos que generan.
Puede apoyar la adaptación y mitigación climática informando al público sobre cómo se distribuyen los riesgos y las recompensas de los recursos naturales.
Dicen que la transparencia de los contratos es fundamental para erradicar la opacidad y el secreto en los países ricos en recursos. Permite el escrutinio público de acuerdos multimillonarios entre gobiernos y empresas de petróleo, gas y minería. Esto disuade la corrupción en el proceso de negociación.
Que lucha contra la desinformación al permitir debates nacionales abiertos, informados y productivos sobre las industrias extractivas, y permite que las personas vean si los gobiernos y las empresas están cumpliendo con los términos de sus acuerdos.
También que la transparencia de los contratos puede aumentar la confianza entre las personas, los gobiernos y las empresas.
Puede tranquilizar a la gente de que los gobiernos están haciendo tratos que beneficiarán a su país y mejorar la licencia social para operar de las empresas de petróleo, gas y minería.
Hasta la fecha, de los 55 países que forman el EITI, 37 de ellos han revelado algunos o todos los contratos de extracción.
Campaña por la transparencia
La semana que pasó la EITI organizó la “Semana de Transparencia de Contratos”, con la idea de ayudar a los países a implementar reformas y actividades relacionadas con la divulgación de contratos antes de la fecha límite del 1 de enero de 2021.
Los videos de las conferencias pueden verse en:
https://www.youtube.com/watch?v=IozKch31n0w&utm_source=Transparency+Matters+seminar+series&utm_campaign=924f9a2cca-EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_28_12_16_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_043827ed0c-924f9a2cca-104269588
Convocada oficialmente la consulta popular sobre el agua
Diciembre 14 de 2020.- La convocatoria a la consulta popular sobre el agua en el cantón Cuenca fue anunciada, oficialmente, el pasado 9 de diciembre por las autoridades locales del CNE, en un acto que provocó la inmediata reacción de quienes harán campaña por el sí y quienes apostarán por el no.
La consulta será en la primera vuelta de las elecciones generales, es decir, el próximo 7 de febrero del 2021, desde las 07:00 hasta las 17:00. La consulta se llevará a cabo en las 37 parroquias que integran el cantón Cuenca.
En las campañas por el sí o por el no, además de las organizaciones políticas inscritas para las elecciones generales, podrán participar las instituciones que se inscriban para participar en la consulta popular. Tratándose de quienes quieran ser observadores del proceso, deberán hacer lo propio una vez que se abran las inscripciones, en el próximo mes de enero.
De acuerdo con cierre del Registro Electoral para los comicios de 2021, aprobado por el Pleno del cuerpo colegiado, el cantón Cuenca de la provincia del Azuay cuenta con 435 963 electores que expresarán su voluntad en las urnas respondiendo Sí o No a cinco preguntas referentes a la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Machángara, Tomebamba, y a mediana escala en el Norcay, según la delimitación técnica realizada por Etapa EP.
Para ello el pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó ya el plan operativo, el calendario electoral y el presupuesto de la consulta, el mismo que asciende a más de 137 mil dólares.
De ese total, se entregarán US$ 13 078,89 a las organizaciones que promuevan el “sí” y otros tantos US$ 13 078,89 a las que promuevan el “no”.
¿En qué consiste la no retroactividad?
Para David Fajardo, coordinador del Cabildo Popular por el Agua, la sentencia de la Corte Constitucional es coherente con la política de los otros poderes del Estado y determina, claramente, que los resultados de la consulta alcanzan a los proyectos Río Blanco y Loma Larga, el primero en etapa de explotación y en etapa de exploración avanzada el segundo.
Señala, sin embargo, que el debate verdaderamente importante debe trascender el tema de las interpretaciones jurídicas para encarar, de cara a todo el país, el carácter del desarrollo que la población quiere para el Ecuador y, en ese contexto, definir una posición frente a las industrias extractivas.
Para Patricio Vargas, presidente de la Cámara Cantonal de Minería del Azuay y líder nacional en el sector minero, el carácter no retroactivo de la sentencia remite con claridad a la idea de que los resultados de la consulta no serán válidos para los dos proyectos ya mencionados.
Dice Vargas que la actividad minera es, en principio, una sola y que la clasificación en etapas responde a un acto administrativo que, en el caso de la consulta popular, no debe interpretarse como un impedimento para que Loma Larga y Río Blanco sigan adelante con sus actividades.
Para Lids, un “think thank” liderado por la doctora Elisa Morán, “el petitorio de Consulta Popular presentada por el GAD de Cuenca contiene 5 preguntas, las cuales a decir de la Corte Constitucional sí cumplen con las cargas de claridad y lealtad, garantizan la libertad de los electores, su derecho de participación" y refieren a “temas de relevancia pública y no respecto de la aprobación de textos normativos.”
Así mismo, la Corte Constitucional a fin de “garantizar” la seguridad jurídica, hace las siguientes “aclaraciones”: Que “al hablar de “explotación minera”, se incluye a toda la actividad minera en sus distintas fases” y que “las preguntas sometidas a conocimiento del elector, en caso de obtener un resultado positivo, sólo podrán tener efectos hacia el futuro”.
La consulta será en la primera vuelta de las elecciones generales, es decir, el próximo 7 de febrero del 2021, desde las 07:00 hasta las 17:00. La consulta se llevará a cabo en las 37 parroquias que integran el cantón Cuenca.
En las campañas por el sí o por el no, además de las organizaciones políticas inscritas para las elecciones generales, podrán participar las instituciones que se inscriban para participar en la consulta popular. Tratándose de quienes quieran ser observadores del proceso, deberán hacer lo propio una vez que se abran las inscripciones, en el próximo mes de enero.
De acuerdo con cierre del Registro Electoral para los comicios de 2021, aprobado por el Pleno del cuerpo colegiado, el cantón Cuenca de la provincia del Azuay cuenta con 435 963 electores que expresarán su voluntad en las urnas respondiendo Sí o No a cinco preguntas referentes a la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Machángara, Tomebamba, y a mediana escala en el Norcay, según la delimitación técnica realizada por Etapa EP.
Para ello el pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó ya el plan operativo, el calendario electoral y el presupuesto de la consulta, el mismo que asciende a más de 137 mil dólares.
De ese total, se entregarán US$ 13 078,89 a las organizaciones que promuevan el “sí” y otros tantos US$ 13 078,89 a las que promuevan el “no”.
¿En qué consiste la no retroactividad?
Para David Fajardo, coordinador del Cabildo Popular por el Agua, la sentencia de la Corte Constitucional es coherente con la política de los otros poderes del Estado y determina, claramente, que los resultados de la consulta alcanzan a los proyectos Río Blanco y Loma Larga, el primero en etapa de explotación y en etapa de exploración avanzada el segundo.
Señala, sin embargo, que el debate verdaderamente importante debe trascender el tema de las interpretaciones jurídicas para encarar, de cara a todo el país, el carácter del desarrollo que la población quiere para el Ecuador y, en ese contexto, definir una posición frente a las industrias extractivas.
Para Patricio Vargas, presidente de la Cámara Cantonal de Minería del Azuay y líder nacional en el sector minero, el carácter no retroactivo de la sentencia remite con claridad a la idea de que los resultados de la consulta no serán válidos para los dos proyectos ya mencionados.
Dice Vargas que la actividad minera es, en principio, una sola y que la clasificación en etapas responde a un acto administrativo que, en el caso de la consulta popular, no debe interpretarse como un impedimento para que Loma Larga y Río Blanco sigan adelante con sus actividades.
Para Lids, un “think thank” liderado por la doctora Elisa Morán, “el petitorio de Consulta Popular presentada por el GAD de Cuenca contiene 5 preguntas, las cuales a decir de la Corte Constitucional sí cumplen con las cargas de claridad y lealtad, garantizan la libertad de los electores, su derecho de participación" y refieren a “temas de relevancia pública y no respecto de la aprobación de textos normativos.”
Así mismo, la Corte Constitucional a fin de “garantizar” la seguridad jurídica, hace las siguientes “aclaraciones”: Que “al hablar de “explotación minera”, se incluye a toda la actividad minera en sus distintas fases” y que “las preguntas sometidas a conocimiento del elector, en caso de obtener un resultado positivo, sólo podrán tener efectos hacia el futuro”.
El que quiere celeste…
Diciembre 6 de 2020.- Después de aproximadamente 17 años la Cámara de Minería de Ecuador ha planteado el reajuste de las cuotas que abonan mensualmente los miembros de dicha institución.
El gremio y la industria minera viven un momento único. Según la CME, por una parte Ecuador se ha abierto a la minería a gran escala y tiene dos minas operando. Por otro lado, se ciernen varias amenazas: desconocimiento de la población, potente discurso antiminero, campañas electorales y consultas populares.
Y para contrarrrestarlos se necesita plata, mucha plata… en los últimos meses la CME ha destinado una cifra increíble de dólares para pagar los Amicus Curiae y otras acciones legales para defender los intereses del sector. Para no dar los montos, el año pasado se gastó el doble en acciones en pro del sector.
“Cambiar la percepción sobre la minería demanda campañas de comunicación sostenidas en el tiempo, lo que requiere una inversión –igualmente- sostenida”, sostienen en la cámara.
El reajuste
La propuesta toma en cuenta el valor de las ventas, la cantidad de hectáreas que tienen concesionadas y establece que, si la compañía está produciendo, tendrá que aportar mensualmente una cantidad mayor a los 500 y menor a los 3750 dólares.
La actual estructura de cuotas se basa en el capital social, lo cual pudo haber funcionado en otros tiempos y en otras realidades. Aquí no. En Ecuador hay compañías muy grandes pero que no tienen actividades y en consecuencia, no tienen ganancias. También ocurre lo contrario, empresas chicas que ganan mucho.
¿Qué hacer, entonces? El sector tiene muchas necesidades. No es sólo la CME. No sólo son dólares. La minería requiere inteligencia, compromisos, conocimientos… modernizarse en el buen sentido de la palabra.
Los socios están pensando…
El gremio y la industria minera viven un momento único. Según la CME, por una parte Ecuador se ha abierto a la minería a gran escala y tiene dos minas operando. Por otro lado, se ciernen varias amenazas: desconocimiento de la población, potente discurso antiminero, campañas electorales y consultas populares.
Y para contrarrrestarlos se necesita plata, mucha plata… en los últimos meses la CME ha destinado una cifra increíble de dólares para pagar los Amicus Curiae y otras acciones legales para defender los intereses del sector. Para no dar los montos, el año pasado se gastó el doble en acciones en pro del sector.
“Cambiar la percepción sobre la minería demanda campañas de comunicación sostenidas en el tiempo, lo que requiere una inversión –igualmente- sostenida”, sostienen en la cámara.
El reajuste
La propuesta toma en cuenta el valor de las ventas, la cantidad de hectáreas que tienen concesionadas y establece que, si la compañía está produciendo, tendrá que aportar mensualmente una cantidad mayor a los 500 y menor a los 3750 dólares.
La actual estructura de cuotas se basa en el capital social, lo cual pudo haber funcionado en otros tiempos y en otras realidades. Aquí no. En Ecuador hay compañías muy grandes pero que no tienen actividades y en consecuencia, no tienen ganancias. También ocurre lo contrario, empresas chicas que ganan mucho.
¿Qué hacer, entonces? El sector tiene muchas necesidades. No es sólo la CME. No sólo son dólares. La minería requiere inteligencia, compromisos, conocimientos… modernizarse en el buen sentido de la palabra.
Los socios están pensando…
Proyecto del sector minero presente en Reactiva Ecuador
Noviembre 29 de 2020.- En el marco de la presentación de las iniciativas con que Reinventa Ecuador espera reactivar la economía y generar más empleo en el país, el country manager de Adventus Minerals en Ecuador, Alvaro Dueñas, expuso los lineamientos del proyecto denominado “Ecosistema de emprendimiento e innovación en minería”.
Los otros cuatro proyectos de Reinventa Ecuador están vinculados a la agroexportación no tradicional, la producción de cáñamo industrial y medicinal, el desarrollo de biotecnología industrial y la construcción del tren multipropósito.
Este último proyecto repotenciaría el sistema ferroviario unificado en todo el país, de norte a sur y con tres ejes transversales hacia los puertos de Esmeraldas, Guayaquil y Puerto Bolívar.
Según Camilo Pinzón, representante de Reinventa Ecuador, los proyectos “se han seleccionado porque generarán un triple impacto para el país en lo económico, sostenible y social”.
La idea de construir un “ecosistema de emprendimiento e innovación en minería”, desarrollada por Dueñas, tiene como desafío convertir a la minería responsable en prioridad nacional y atacaría dos frentes principalmente.
El primero tiene que ver con la realización de campañas focalizadas de comunicación y concienciación dirigidas a líderes de opinión, gubernamentales, empresariales y medios de comunicación.
Este esfuerzo debe poner especial énfasis en líderes comunitarios y gobiernos seccionales. El objetivo es concientizar a estos actores para obtener un apoyo razonable al desarrollo de la minería responsable que debe llevar a cabo el gobierno.
El otro frente se orienta a simplificar procesos burocráticos para la aprobación de permisos ambientales y de uso de agua; asegurar un mecanismo de distribución de la renta minera a fin de que las comunidades en las zonas aledañas reciban de manera tangible los beneficios de la explotación y la creación de fondos destinados a programas ambientales y sociales en salubridad, nutrición y educación; y, contar con un instructivo para la consulta previa "transparente y participativo, que brinde seguridad jurídica a los inversionistas y legitimidad social a los proyectos.
El proyecto minero parte de que el Ecuador enfrenta una crisis económica sin precedentes que ha afectado gravemente, entre otros, al sector petrolero, por la caída de los precios del petróleo, sector del cual ha dependido el país en las últimas décadas.
“En una economía dolarizada y con escaso acceso a financiamiento, el país necesita encontrar nuevas fuentes de ingreso y generación de divisas. Gracias a reformas legales e inversiones realizadas en los últimos años el país presenta prospectos geológicos de magnitud, similares a aquellos descubiertos en países vecinos en los últimos 50 años”, dice el proyecto.
El año 2019, Perú exportó minerales por aproximadamente $28 mil millones y Chile $36 mil millones.
Y agrega: “Al no haber iniciado la explotación al mismo tiempo que otros países, Ecuador cuenta con reservas importantes listas para ser explotadas. Adicionalmente existe un amplio potencial en zonas que están inexploradas.
“Como consecuencia del impacto negativo en la actividad productiva global del Covid-19 y la caída de los precios del petróleo, los precios de los minerales, especialmente del oro, se han incrementado significativamente y todo hace pensar que esta tendencia se mantendrá en los próximos años.
“De otro lado, se toma en cuenta que la minería industrial en el Ecuador enfrenta varios retos. Es erróneamente confundida en el imaginario con la pequeña minería artesanal y la minería ilegal que tradicionalmente han existido en el país con lamentables consecuencias sociales y ambientales.
“Parte de los retos es contar con una institucionalidad que permita agilizar los procesos y avanzar en la exploración y explotación de los proyectos que se encuentran en marcha, dinamizando el sector y generando un escenario adecuado y oportuno para nuevas inversiones”.
El proyecto admite que a pesar de esto y del contexto internacional, la minería a gran escala aún no se ha convertido en una prioridad en los discursos de los principales actores políticos, económicos y sociales del Ecuador.
Se dice además que “Ecuador ha logrado atraer el interés y presencia de las más prestigiosas empresas mineras internacionales que cuentan con tecnología y procesos respetuosos con el ambiente y las comunidades.
“En los últimos 5 años se han domiciliado más de 20 empresas, que se han comprometido a invertir más de 1684 millones en los próximos cuatro años.
“Los beneficios potenciales de un apoyo decidido a la minería de gran escala son múltiples en generación de divisas, exportaciones, empleo, ingresos fiscales y desarrollo comunitario.
“Además de los efectos de una dinamización de la economía tanto de la zona como el país, gracias a los encadenamientos productivos que el sector minero genera tanto hacia atrás, relacionado con insumos y proveedores, así como hacia adelante con los sectores que demandan el producto como insumo propio. Esto último se traduce en dos beneficios adicionales, sustitución de importaciones de materia prima y generación de productos de valor agregado.
“El desafío consiste en aprovechar los nuevos recursos para generar desarrollo, bienestar y sostenibilidad, para lo cual se debe crear una conciencia nacional en el sector empresarial, político y público en general, planes concretos para el mejor aprovechamiento de esos nuevos recursos, procesos de supervisión y control sobre el cuidado del medio ambiente.
“El sector de una minería responsable, requiere de proveedores, servicios y un talento humano capacitado, que pueda incorporarse a este desafío en los próximos años, con solo dos proyectos de minería a gran escala y las actividades de pequeña minería estamos tarde en la planificación de estos objetivos.
“La minería industrial, genera cientos de encadenamientos productivos y miles de empleos, que debemos aprovechar para mejorar la economía del país, de una forma ordenada y planificada”.
Plan de viabilidad
Según Reinventa Ecuador, para llevar a cabo la propuesta de convertir a la minería en una prioridad nacional, así como un ecosistema de innovación y emprendimiento para minería se requiere:
• Plan de comunicación focalizado a los líderes de opinión empresariales, gubernamentales, académicos y medios de comunicación (Duración 6 a 8 meses)
• Viabilizar la aplicación de leyes y reglamentos mineros, facilitando los trámites burocráticos relacionados a licencias, permisos y otros requerimientos que deben cumplir las empresas (Duración 1 año)
• Asegurar que el Estado distribuya la renta minera como establece la ley con un enfoque de redistribución de riqueza (duración 1 año)
• Levantar las necesidades reales del sector en cuanto a proveedores y servicios, estudio que determine las debilidades y oportunidades (duración 1 año)
• Levantar las brechas de talento humano, mano de obra no calificada, así como profesionales y técnicos, que requiere la industria, estudio de identificación y propuesta académica ( duración 1 año )
• Esta iniciativa podrá ser implementada en todo el país con base en el potencial minero de cada región
• Creación del Fondo Minero para la Equidad y Sostenibilidad (FMES)
• Creación de la Unidad de Supervisión y Control Medioambiental Internacional
• Promover el acceso a fuentes de financiamiento de la banca comercial que permita fomentar la exploración y explotación de recursos minerales en todas sus escalas, permitiendo generar trabajo, divisas, encadenamiento productivo
• El financiamiento de este proyecto se llevará a cabo a través contribuciones de los sectores público y privado
Los otros cuatro proyectos de Reinventa Ecuador están vinculados a la agroexportación no tradicional, la producción de cáñamo industrial y medicinal, el desarrollo de biotecnología industrial y la construcción del tren multipropósito.
Este último proyecto repotenciaría el sistema ferroviario unificado en todo el país, de norte a sur y con tres ejes transversales hacia los puertos de Esmeraldas, Guayaquil y Puerto Bolívar.
Según Camilo Pinzón, representante de Reinventa Ecuador, los proyectos “se han seleccionado porque generarán un triple impacto para el país en lo económico, sostenible y social”.
La idea de construir un “ecosistema de emprendimiento e innovación en minería”, desarrollada por Dueñas, tiene como desafío convertir a la minería responsable en prioridad nacional y atacaría dos frentes principalmente.
El primero tiene que ver con la realización de campañas focalizadas de comunicación y concienciación dirigidas a líderes de opinión, gubernamentales, empresariales y medios de comunicación.
Este esfuerzo debe poner especial énfasis en líderes comunitarios y gobiernos seccionales. El objetivo es concientizar a estos actores para obtener un apoyo razonable al desarrollo de la minería responsable que debe llevar a cabo el gobierno.
El otro frente se orienta a simplificar procesos burocráticos para la aprobación de permisos ambientales y de uso de agua; asegurar un mecanismo de distribución de la renta minera a fin de que las comunidades en las zonas aledañas reciban de manera tangible los beneficios de la explotación y la creación de fondos destinados a programas ambientales y sociales en salubridad, nutrición y educación; y, contar con un instructivo para la consulta previa "transparente y participativo, que brinde seguridad jurídica a los inversionistas y legitimidad social a los proyectos.
El proyecto minero parte de que el Ecuador enfrenta una crisis económica sin precedentes que ha afectado gravemente, entre otros, al sector petrolero, por la caída de los precios del petróleo, sector del cual ha dependido el país en las últimas décadas.
“En una economía dolarizada y con escaso acceso a financiamiento, el país necesita encontrar nuevas fuentes de ingreso y generación de divisas. Gracias a reformas legales e inversiones realizadas en los últimos años el país presenta prospectos geológicos de magnitud, similares a aquellos descubiertos en países vecinos en los últimos 50 años”, dice el proyecto.
El año 2019, Perú exportó minerales por aproximadamente $28 mil millones y Chile $36 mil millones.
Y agrega: “Al no haber iniciado la explotación al mismo tiempo que otros países, Ecuador cuenta con reservas importantes listas para ser explotadas. Adicionalmente existe un amplio potencial en zonas que están inexploradas.
“Como consecuencia del impacto negativo en la actividad productiva global del Covid-19 y la caída de los precios del petróleo, los precios de los minerales, especialmente del oro, se han incrementado significativamente y todo hace pensar que esta tendencia se mantendrá en los próximos años.
“De otro lado, se toma en cuenta que la minería industrial en el Ecuador enfrenta varios retos. Es erróneamente confundida en el imaginario con la pequeña minería artesanal y la minería ilegal que tradicionalmente han existido en el país con lamentables consecuencias sociales y ambientales.
“Parte de los retos es contar con una institucionalidad que permita agilizar los procesos y avanzar en la exploración y explotación de los proyectos que se encuentran en marcha, dinamizando el sector y generando un escenario adecuado y oportuno para nuevas inversiones”.
El proyecto admite que a pesar de esto y del contexto internacional, la minería a gran escala aún no se ha convertido en una prioridad en los discursos de los principales actores políticos, económicos y sociales del Ecuador.
Se dice además que “Ecuador ha logrado atraer el interés y presencia de las más prestigiosas empresas mineras internacionales que cuentan con tecnología y procesos respetuosos con el ambiente y las comunidades.
“En los últimos 5 años se han domiciliado más de 20 empresas, que se han comprometido a invertir más de 1684 millones en los próximos cuatro años.
“Los beneficios potenciales de un apoyo decidido a la minería de gran escala son múltiples en generación de divisas, exportaciones, empleo, ingresos fiscales y desarrollo comunitario.
“Además de los efectos de una dinamización de la economía tanto de la zona como el país, gracias a los encadenamientos productivos que el sector minero genera tanto hacia atrás, relacionado con insumos y proveedores, así como hacia adelante con los sectores que demandan el producto como insumo propio. Esto último se traduce en dos beneficios adicionales, sustitución de importaciones de materia prima y generación de productos de valor agregado.
“El desafío consiste en aprovechar los nuevos recursos para generar desarrollo, bienestar y sostenibilidad, para lo cual se debe crear una conciencia nacional en el sector empresarial, político y público en general, planes concretos para el mejor aprovechamiento de esos nuevos recursos, procesos de supervisión y control sobre el cuidado del medio ambiente.
“El sector de una minería responsable, requiere de proveedores, servicios y un talento humano capacitado, que pueda incorporarse a este desafío en los próximos años, con solo dos proyectos de minería a gran escala y las actividades de pequeña minería estamos tarde en la planificación de estos objetivos.
“La minería industrial, genera cientos de encadenamientos productivos y miles de empleos, que debemos aprovechar para mejorar la economía del país, de una forma ordenada y planificada”.
Plan de viabilidad
Según Reinventa Ecuador, para llevar a cabo la propuesta de convertir a la minería en una prioridad nacional, así como un ecosistema de innovación y emprendimiento para minería se requiere:
• Plan de comunicación focalizado a los líderes de opinión empresariales, gubernamentales, académicos y medios de comunicación (Duración 6 a 8 meses)
• Viabilizar la aplicación de leyes y reglamentos mineros, facilitando los trámites burocráticos relacionados a licencias, permisos y otros requerimientos que deben cumplir las empresas (Duración 1 año)
• Asegurar que el Estado distribuya la renta minera como establece la ley con un enfoque de redistribución de riqueza (duración 1 año)
• Levantar las necesidades reales del sector en cuanto a proveedores y servicios, estudio que determine las debilidades y oportunidades (duración 1 año)
• Levantar las brechas de talento humano, mano de obra no calificada, así como profesionales y técnicos, que requiere la industria, estudio de identificación y propuesta académica ( duración 1 año )
• Esta iniciativa podrá ser implementada en todo el país con base en el potencial minero de cada región
• Creación del Fondo Minero para la Equidad y Sostenibilidad (FMES)
• Creación de la Unidad de Supervisión y Control Medioambiental Internacional
• Promover el acceso a fuentes de financiamiento de la banca comercial que permita fomentar la exploración y explotación de recursos minerales en todas sus escalas, permitiendo generar trabajo, divisas, encadenamiento productivo
• El financiamiento de este proyecto se llevará a cabo a través contribuciones de los sectores público y privado
Hablemos de los derechos: LGBTIQ+ en el sector minero
Noviembre 29 de 2020.- Un evento inédito para el sector, pero abordado ya en marzo de este año por Vía Minera, tuvo lugar hace unos días en Chile con la realización del primer “Encuentro LGBTIQ+ en Minería”; instancia que convocó a diversos representantes de grupos de interés minero.
La reunión fue organizada por el Centro de Alumnos de Minería de la Universidad de Chile (CAM), la Dirección de Diversidad y Género del Departamento de Ingeniería de Minas y la Red de Ingenieres y Estudiantes Diversos en Minería (RIEDMin).
El espacio permitió a los asistentes compartir sus impresiones sobre los desafíos que implica ser LGBTIQ+ en minería, generándose interesantes discusiones grupales entre los y las participantes acerca de los cambios que implican este tipo de eventos y la visibilización de las personas LGBTIQ+.
Durante la reunión se inauguraron oficialmente los trabajos que hará el RIEDMin.
La entidad busca ser una agrupación que visibilice a la comunidad LGBTIQ+ en Minería, mediante la comunicación entre pares y la educación a la industria, de modo de lograr una sana convivencia que elimine todo tipo de prejuicios, discriminaciones y brechas entre la comunidad LGBTIQ+ y el resto del ambiente laboral.
Una minería que comprenda que la diversidad no los hace diferentes, que los respete y los incluya, estaría en la vanguardia del desarrollo.
La reunión fue organizada por el Centro de Alumnos de Minería de la Universidad de Chile (CAM), la Dirección de Diversidad y Género del Departamento de Ingeniería de Minas y la Red de Ingenieres y Estudiantes Diversos en Minería (RIEDMin).
El espacio permitió a los asistentes compartir sus impresiones sobre los desafíos que implica ser LGBTIQ+ en minería, generándose interesantes discusiones grupales entre los y las participantes acerca de los cambios que implican este tipo de eventos y la visibilización de las personas LGBTIQ+.
Durante la reunión se inauguraron oficialmente los trabajos que hará el RIEDMin.
La entidad busca ser una agrupación que visibilice a la comunidad LGBTIQ+ en Minería, mediante la comunicación entre pares y la educación a la industria, de modo de lograr una sana convivencia que elimine todo tipo de prejuicios, discriminaciones y brechas entre la comunidad LGBTIQ+ y el resto del ambiente laboral.
Una minería que comprenda que la diversidad no los hace diferentes, que los respete y los incluya, estaría en la vanguardia del desarrollo.
Denuncian a dirigentes de Junta Cívica de Los Encuentros
Noviembre 22 de 2020.- Siete pobladores de Los Encuentros, entre ellos, José Guamán, presidente del Junta Cívica que firmó el acuerdo con el presidente y director ejecutivo de Lundin Gold, Ron Hochstein, han sido denunciados y vienen siendo hostilizados en esa localidad.
Ellos han sido acusados por dos profesionales lojanos, Jhon Esteban Espinoza Villacres y Gabriela Wendoli Chiriboga Cisneros, para quienes las demandas del pueblo de Los Encuentros fueron expresadas por la fuerza y de manera ilegal y abusiva pues impedían el paso y la libre circulación de vehículos “incluidos los que pertenecen a la compañía Aurelian Ecuador S. A.”.
“Eso es mentira”, dice José Guamán, quien recuerda que durante los días que duró el reclamo no hubo vehículos de la empresa minera pues una disposición tomada por las autoridades de otra localidad impedía que pasen el puente a la altura de Zumbi.
En virtud de la denuncia que se ha presentado contra él y Yasmany Curimilna, Manuel Velasquez, Bolívar Velasquez, Segundo Guamán, Jaime Tinizara de la Parroquia Los Encuentros y Gerson Calva, de la comunidad de La Centza, se están generando situaciones que los denunciados señalan como increíbles.
Una de ellas es la prohibición de concurrir a determinados lugares, uno de los cuales es precisamente el lugar donde estaba el puente que se cayó el pasado 17 de octubre y que comunica Los Encuentros con la Comunidad La Merced, que es donde vive el presidente de la Junta Cívica.
“No tengo por dónde ir a mi casa”, sostiene José Guamán, quien tampoco puede continuar su labor de dirigente pues la orden en su contra le impide asistir a las mesas de trabajo que deben sesionar para la implementación del acuerdo suscrito con la empresa minera.
Ellos han sido acusados por dos profesionales lojanos, Jhon Esteban Espinoza Villacres y Gabriela Wendoli Chiriboga Cisneros, para quienes las demandas del pueblo de Los Encuentros fueron expresadas por la fuerza y de manera ilegal y abusiva pues impedían el paso y la libre circulación de vehículos “incluidos los que pertenecen a la compañía Aurelian Ecuador S. A.”.
“Eso es mentira”, dice José Guamán, quien recuerda que durante los días que duró el reclamo no hubo vehículos de la empresa minera pues una disposición tomada por las autoridades de otra localidad impedía que pasen el puente a la altura de Zumbi.
En virtud de la denuncia que se ha presentado contra él y Yasmany Curimilna, Manuel Velasquez, Bolívar Velasquez, Segundo Guamán, Jaime Tinizara de la Parroquia Los Encuentros y Gerson Calva, de la comunidad de La Centza, se están generando situaciones que los denunciados señalan como increíbles.
Una de ellas es la prohibición de concurrir a determinados lugares, uno de los cuales es precisamente el lugar donde estaba el puente que se cayó el pasado 17 de octubre y que comunica Los Encuentros con la Comunidad La Merced, que es donde vive el presidente de la Junta Cívica.
“No tengo por dónde ir a mi casa”, sostiene José Guamán, quien tampoco puede continuar su labor de dirigente pues la orden en su contra le impide asistir a las mesas de trabajo que deben sesionar para la implementación del acuerdo suscrito con la empresa minera.
Las capas de la cebolla dejan desprotegida (por ahora) a Mullunamá
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Octubre 25 de 2020.- Technogroup S.A. era la empresa que gerenciaba a la empresa Elipe S.A., que fue comprada por Green Valley Resources, que fue comprada por Core Gold, que fue, finalmente en mayo de este año, comprada en su totalidad por Titan Minerals.
Adentrarse en esta historia es como pelar las capas de una cebolla que ha sido deshojada por diferentes administraciones y han llevado al proyecto minero por etapas de valoración, de crisis, de liquidación, de saneamiento y revalorización. Siempre sin perder valor por su potencial restante aún después de décadas de explotación en la que hace poco tiempo fuera la mina de oro más grande del país, la Dynasty Gold, un enclave con su propia planta de procesamiento en Celica, provincia de Loja.
Los comuneros de Mullunamá, vecinos de Celica, son testigos del cambio de administraciones. En noviembre del 2015 ellos firmaron con Elipe un contrato de “servidumbre para la explotación minera del proyecto Dynasty” dentro de las 32 hectáreas de su tierra comunal.
“Con el doctor José Bustamante, de Core Gold, renegociamos y firmamos la última vez”, afirma Bolívar Armijos, el actual presidente de la comunidad. Antes de ocupar ese cargo, ya sabía cómo era este cuento. “Son los mismos siempre, solo se cambian de nombre”.
Armijos recuerda que en la asamblea general de la comunidad realizada el viernes 9 de octubre, sus hermanos “cansados de sentirse engañados y desconfiados de los ingenieros encargados, Francisco Ramos y Hugo Rey, y de la doctora Carlita representante de Titan Minerals”, resolvieron que no van a permitir más minería a cielo abierto en su tierra comunal.
“Aquí están las fotografías del hueco de cómo dejaron todo destruido”, señala, refiriéndose a una publicación en Facebook, “aunque nos ofrecieron reforestar el cien por ciento y dejar todo arreglado allí donde desaparecieron ceibos de 200 años y en donde antes teníamos nuestro ganado, no hay nada”.
Agrega que los 48 comuneros van a tomar medidas legales para exigir el cumplimiento del contrato de servidumbre que según dice: “No nos cumplieron el contrato ni el adendum. Y tampoco han liquidado a 26 ahora extrabajadores que son miembros de la comunidad, ni sus aportes al IESS, ni sus utilidades, décimos y liquidación de ley”.
Por los compromisos adquiridos a través del contrato y de un adendum que firmaron en octubre de 2016, recibieron US$ 7000 mensuales hasta el último marzo. Ahora, se sienten desprotegidos y amenazados porque les han dicho que van a dedicar cinco años a los estudios geológicos y si no les cumplen con el compromiso de darles acceso no les van a dar trabajo.
En el adendum se establecieron de mutuo acuerdo las compensaciones por concepto de la servidumbre de explotación minera. Elipe pagaría a la comunidad “una vez iniciada la explotación minera en las 32 has propiedad de la comunidad y que se encuentran ubicadas dentro del proyecto Dynasty, por el plazo de vigencia de la concesión (21 años)” y “durante todo el tiempo que Elipe se encuentre explotando en las propiedades de la Comunidad”.
Llegó la pandemia con la fuerza mayor y se paró la producción en Mullunamá
Adentrarse en esta historia es como pelar las capas de una cebolla que ha sido deshojada por diferentes administraciones y han llevado al proyecto minero por etapas de valoración, de crisis, de liquidación, de saneamiento y revalorización. Siempre sin perder valor por su potencial restante aún después de décadas de explotación en la que hace poco tiempo fuera la mina de oro más grande del país, la Dynasty Gold, un enclave con su propia planta de procesamiento en Celica, provincia de Loja.
Los comuneros de Mullunamá, vecinos de Celica, son testigos del cambio de administraciones. En noviembre del 2015 ellos firmaron con Elipe un contrato de “servidumbre para la explotación minera del proyecto Dynasty” dentro de las 32 hectáreas de su tierra comunal.
“Con el doctor José Bustamante, de Core Gold, renegociamos y firmamos la última vez”, afirma Bolívar Armijos, el actual presidente de la comunidad. Antes de ocupar ese cargo, ya sabía cómo era este cuento. “Son los mismos siempre, solo se cambian de nombre”.
Armijos recuerda que en la asamblea general de la comunidad realizada el viernes 9 de octubre, sus hermanos “cansados de sentirse engañados y desconfiados de los ingenieros encargados, Francisco Ramos y Hugo Rey, y de la doctora Carlita representante de Titan Minerals”, resolvieron que no van a permitir más minería a cielo abierto en su tierra comunal.
“Aquí están las fotografías del hueco de cómo dejaron todo destruido”, señala, refiriéndose a una publicación en Facebook, “aunque nos ofrecieron reforestar el cien por ciento y dejar todo arreglado allí donde desaparecieron ceibos de 200 años y en donde antes teníamos nuestro ganado, no hay nada”.
Agrega que los 48 comuneros van a tomar medidas legales para exigir el cumplimiento del contrato de servidumbre que según dice: “No nos cumplieron el contrato ni el adendum. Y tampoco han liquidado a 26 ahora extrabajadores que son miembros de la comunidad, ni sus aportes al IESS, ni sus utilidades, décimos y liquidación de ley”.
Por los compromisos adquiridos a través del contrato y de un adendum que firmaron en octubre de 2016, recibieron US$ 7000 mensuales hasta el último marzo. Ahora, se sienten desprotegidos y amenazados porque les han dicho que van a dedicar cinco años a los estudios geológicos y si no les cumplen con el compromiso de darles acceso no les van a dar trabajo.
En el adendum se establecieron de mutuo acuerdo las compensaciones por concepto de la servidumbre de explotación minera. Elipe pagaría a la comunidad “una vez iniciada la explotación minera en las 32 has propiedad de la comunidad y que se encuentran ubicadas dentro del proyecto Dynasty, por el plazo de vigencia de la concesión (21 años)” y “durante todo el tiempo que Elipe se encuentre explotando en las propiedades de la Comunidad”.
Llegó la pandemia con la fuerza mayor y se paró la producción en Mullunamá
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La australiana Titan Minerals llegó al país poco antes de la pandemia y a propósito de las condiciones de fuerza mayor que ofreció la emergencia nacional sanitaria, se deshizo de las antigüedades laborales (derechos adquiridos) de unos 170 trabajadores a los cuales prometió recontratar conforme vaya reiniciando actividades, de un total de unos 240 despedidos.
En adelante, se ha dedicado a levantar fondos para su proyecto emblema Dynasty Gold ubicado al lado de la prometedora concesión Bramaderos de Sunstone.
En la actualidad se propone recuperar tiempo perdido por el Covid-19 para completar lo que estaba previsto en este 2020: transformar los recursos estimados de Dynasty al formato de reportes Jorc (instrumento de información de recursos australiano); reanalizar las muestras y ensayos de perforaciones históricas que aún no se contemplan de la estimación de recursos.
También ha previsto un plan de perforaciones continuo de los tipos diamantino y de circulación reversa para probar los recursos de Dynasty, y avanzar en el financiamiento del prospecto vecino Cooper Duke, un pórfido poco explorado.
Recientemente, la empresa Titan Minerals alcanzó un valor de 137,8 millones de dólares al sumar a sus activos evaluados estimados en 2,1 millones de onzas de oro de una ley promedio de 4,5 gramos por tonelada (g/t), los 1,3 millones de onzas de oro con 14,5 g/t de oro y 8,6 millones de onzas de plata con 98 g/t del prospecto Jerusalen (este sí con NI43-101, de 2014).
Jerusalen es una sola concesión a 45 km de Zamora, ubicada fuera del proyecto Dynasty Gold, pero al lado del proyecto Cóndor de Luminex y en el mismo tren jurásico mineralizado de las minas Fruta del Norte y Mirador.
Hace poco menos de un mes logró que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables le traspase esta concesión que estaba a nombre de Elipe, según Jonathan Jackson de Nextminingboom.
Al comentar sobre la reinstalación de Titan como propietario al 100% del Proyecto Jerusalem, la directora gerente Laurie Marsland dijo: “La transmisión de la concesión de Jerusalem es un gran resultado para nuestros accionistas. Claramente, la concesión agrega un valor significativo a nuestra ya excepcional cartera de activos de exploración y desarrollo”.
Vía Minera solicitó al vocero de Titan Minerals una entrevista para tratar sobre la relación con la comunidad Mullunamá. No aceptó. Nos dijo que tal vez más adelante...
En adelante, se ha dedicado a levantar fondos para su proyecto emblema Dynasty Gold ubicado al lado de la prometedora concesión Bramaderos de Sunstone.
En la actualidad se propone recuperar tiempo perdido por el Covid-19 para completar lo que estaba previsto en este 2020: transformar los recursos estimados de Dynasty al formato de reportes Jorc (instrumento de información de recursos australiano); reanalizar las muestras y ensayos de perforaciones históricas que aún no se contemplan de la estimación de recursos.
También ha previsto un plan de perforaciones continuo de los tipos diamantino y de circulación reversa para probar los recursos de Dynasty, y avanzar en el financiamiento del prospecto vecino Cooper Duke, un pórfido poco explorado.
Recientemente, la empresa Titan Minerals alcanzó un valor de 137,8 millones de dólares al sumar a sus activos evaluados estimados en 2,1 millones de onzas de oro de una ley promedio de 4,5 gramos por tonelada (g/t), los 1,3 millones de onzas de oro con 14,5 g/t de oro y 8,6 millones de onzas de plata con 98 g/t del prospecto Jerusalen (este sí con NI43-101, de 2014).
Jerusalen es una sola concesión a 45 km de Zamora, ubicada fuera del proyecto Dynasty Gold, pero al lado del proyecto Cóndor de Luminex y en el mismo tren jurásico mineralizado de las minas Fruta del Norte y Mirador.
Hace poco menos de un mes logró que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables le traspase esta concesión que estaba a nombre de Elipe, según Jonathan Jackson de Nextminingboom.
Al comentar sobre la reinstalación de Titan como propietario al 100% del Proyecto Jerusalem, la directora gerente Laurie Marsland dijo: “La transmisión de la concesión de Jerusalem es un gran resultado para nuestros accionistas. Claramente, la concesión agrega un valor significativo a nuestra ya excepcional cartera de activos de exploración y desarrollo”.
Vía Minera solicitó al vocero de Titan Minerals una entrevista para tratar sobre la relación con la comunidad Mullunamá. No aceptó. Nos dijo que tal vez más adelante...
Réplica solicitada por Mining Watch Canada y Amazon Watch
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Octubre 18 de 2020.- Mining Watch Canada y Amazon Watch nos escribieron una carta solicitando réplica y rectificación en relación con la nota que publicamos el 11 de octubre titulada “Comunidades shuar denuncian a ONG Amazon Watch y Mining Watch”. Según las ONG, en ella hacemos varias aseveraciones que "carecen completamente veracidad y objetividad".
En la carta, afirman que les ampara la Ley Orgánica de Comunicación, sin embargo, esta no contempla contenidos en plataformas virtuales. No obstante no tenemos problemas en atender el pedido de réplica y por eso reproducimos la carta en su parte sustancial. Por otro lado, reservamos para nuestros lectores el derecho a evaluar con su propio criterio si lo publicado por nosotros amerita una rectificación o una reacción como la amenaza que nos han hecho.
"A continuación algo de los señalamientos falsos del artículo que afectan nuestro derechos a la dignidad, honra o reputación:
- “En el evento participaron las autoridades nacionales y provinciales del pueblo shuar, así como dirigentes de Confeniae y Conaie. Estuvo también el asambleísta Tito Puanchir, y los “aliados estratégicos” de la PSHA, es decir, las ONG norteamericana y canadiense ya citadas.”
Esta información es falsa. Ni Amazon Watch, Ni Mining Watch tuvo (sic) representantes o delegados que hayan participado en la asamblea en referencia.
- Respecto de ambas, Amazon Watch y Mining Watch, es que los centros shuar Warints y Yawi tienen serias formulaciones. “Su presencia en territorio tiene como finalidad generar confrontamientos y violencia entre los hermanos shuar de la Amazonía ecuatoriana”, sostienen.
Esta afirmación no tiene fundamento. Insistimos que nuestras organizaciones no han tenido presencia de ningún tipo en el territorio de las comunidades Warints y Yawi. El Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam, del que forman parte las mencionadas comunidades, han solicitado nuestro apoyo técnico en temas del ejercicio de los derechos colectivos.
- Y es aquí donde las comunidades shuar denuncian la injerencia de Amazon Watch y Mining Watch, dos ONG con puntos de vista definidos sobre la actividad minera que aprovechándose de la capacidad que tienen para movilizar fondos ejecutan proyectos vinculados a organizaciones nativas y tratan de influir también en la posición de los indígenas frente al uso de su territorio.
Esta información es falsa. No tenemos proyectos de ningún tipo y de ninguna manera buscamos influir en la posición de las comunidades shuar sobre el uso del territorio. Nuestro trabajo se enmarca en el relacionamiento institucional establecido con el anterior Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam y que ha continuado con el actual enmarcado en la defensa de derechos humanos y gracias a su pedido.
- Las ONG, ciertamente, no son las únicas vías por las que entra el dinero no productivo. Ahora que ya hay una trocha carrozable en la zona, es fácil suponer el impacto que tendrá en la vida del pueblo shuar. Las ONG tampoco son las únicas que impactan en la vida comunal. Tampoco son las únicas instituciones que buscan "representar" a los pueblos nativos.
- Pero ellos quieren escribir su historia. “Somos comunidades pacíficas con deseos de un porvenir mejor para nuestras familias, pero en estos últimos meses, nos sentimos acosados, hasta vulnerados por Amazon Watch y Mining Watch, que de manera directa causa desunión de los pueblos shuar al motivar enfrentamientos y divisiones”, han dicho los habitantes de los centros shuar Warints y Yawi y exigen que se les garantice su derecho a decidir su destino.
Su medio permite publicar información falsa citando supuestas fuentes sin contrastar la información. Nunca nos han pedido información de contraste."
En la carta, afirman que les ampara la Ley Orgánica de Comunicación, sin embargo, esta no contempla contenidos en plataformas virtuales. No obstante no tenemos problemas en atender el pedido de réplica y por eso reproducimos la carta en su parte sustancial. Por otro lado, reservamos para nuestros lectores el derecho a evaluar con su propio criterio si lo publicado por nosotros amerita una rectificación o una reacción como la amenaza que nos han hecho.
"A continuación algo de los señalamientos falsos del artículo que afectan nuestro derechos a la dignidad, honra o reputación:
- “En el evento participaron las autoridades nacionales y provinciales del pueblo shuar, así como dirigentes de Confeniae y Conaie. Estuvo también el asambleísta Tito Puanchir, y los “aliados estratégicos” de la PSHA, es decir, las ONG norteamericana y canadiense ya citadas.”
Esta información es falsa. Ni Amazon Watch, Ni Mining Watch tuvo (sic) representantes o delegados que hayan participado en la asamblea en referencia.
- Respecto de ambas, Amazon Watch y Mining Watch, es que los centros shuar Warints y Yawi tienen serias formulaciones. “Su presencia en territorio tiene como finalidad generar confrontamientos y violencia entre los hermanos shuar de la Amazonía ecuatoriana”, sostienen.
Esta afirmación no tiene fundamento. Insistimos que nuestras organizaciones no han tenido presencia de ningún tipo en el territorio de las comunidades Warints y Yawi. El Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam, del que forman parte las mencionadas comunidades, han solicitado nuestro apoyo técnico en temas del ejercicio de los derechos colectivos.
- Y es aquí donde las comunidades shuar denuncian la injerencia de Amazon Watch y Mining Watch, dos ONG con puntos de vista definidos sobre la actividad minera que aprovechándose de la capacidad que tienen para movilizar fondos ejecutan proyectos vinculados a organizaciones nativas y tratan de influir también en la posición de los indígenas frente al uso de su territorio.
Esta información es falsa. No tenemos proyectos de ningún tipo y de ninguna manera buscamos influir en la posición de las comunidades shuar sobre el uso del territorio. Nuestro trabajo se enmarca en el relacionamiento institucional establecido con el anterior Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam y que ha continuado con el actual enmarcado en la defensa de derechos humanos y gracias a su pedido.
- Las ONG, ciertamente, no son las únicas vías por las que entra el dinero no productivo. Ahora que ya hay una trocha carrozable en la zona, es fácil suponer el impacto que tendrá en la vida del pueblo shuar. Las ONG tampoco son las únicas que impactan en la vida comunal. Tampoco son las únicas instituciones que buscan "representar" a los pueblos nativos.
- Pero ellos quieren escribir su historia. “Somos comunidades pacíficas con deseos de un porvenir mejor para nuestras familias, pero en estos últimos meses, nos sentimos acosados, hasta vulnerados por Amazon Watch y Mining Watch, que de manera directa causa desunión de los pueblos shuar al motivar enfrentamientos y divisiones”, han dicho los habitantes de los centros shuar Warints y Yawi y exigen que se les garantice su derecho a decidir su destino.
Su medio permite publicar información falsa citando supuestas fuentes sin contrastar la información. Nunca nos han pedido información de contraste."
Nació brazo local de Crirsco
Octubre 18 de 2020.- El pasado 16 de octubre fue presentada oficialmente la Comisión Ecuatoriana de Recursos y Reservas Minerales, CERRM, la misma que nace con la aspiración de representar al sector minero ecuatoriano y ser la filial nacional del Comité de Normas Internacionales de Informes de Reservas Minerales, Crirsco por sus siglas en inglés.
Su presentación fue mediante una conferencia vía Zoom que contó con la participación de Ken Lomberg, CEO Chairperson mundial de Crirsco; Sergio Vicencio, presidente de la Comisión Minera de Crirsco Chile; Wilfredo López y presidente de la Comisión de Crirsco Colombia. Igual que ellos, los ingenieros René Ayala, John Bolaños y Guido Acosta, director ejecutivo de la CERRM; intervinieron también como oradores en la ceremonia.
La CERRM nace contando con el apoyo institucional de institucional de los gremios de profesionales de las carreras vinculadas a las Ciencias de la Tierra, las cámaras de minería, las empresas mineras y numerosos profesionales, consultores y aquellos que brindan servicios de apoyo al sector.
Según sus inspiradores, el objetivo de la CERRM es promover e incentivar la exploración minera sustentable y de valor agregado dentro de Ecuador, educando a todos los interesados sobre la importancia de la exploración y la minería como parte de la riqueza nacional ecuatoriana y su creación de valor dentro de las cadenas productivas.
Su presentación fue mediante una conferencia vía Zoom que contó con la participación de Ken Lomberg, CEO Chairperson mundial de Crirsco; Sergio Vicencio, presidente de la Comisión Minera de Crirsco Chile; Wilfredo López y presidente de la Comisión de Crirsco Colombia. Igual que ellos, los ingenieros René Ayala, John Bolaños y Guido Acosta, director ejecutivo de la CERRM; intervinieron también como oradores en la ceremonia.
La CERRM nace contando con el apoyo institucional de institucional de los gremios de profesionales de las carreras vinculadas a las Ciencias de la Tierra, las cámaras de minería, las empresas mineras y numerosos profesionales, consultores y aquellos que brindan servicios de apoyo al sector.
Según sus inspiradores, el objetivo de la CERRM es promover e incentivar la exploración minera sustentable y de valor agregado dentro de Ecuador, educando a todos los interesados sobre la importancia de la exploración y la minería como parte de la riqueza nacional ecuatoriana y su creación de valor dentro de las cadenas productivas.
Violencia no es defensa ambiental, dice Guayacan Gold
Octubre 18 de 2020.- La empresa Guayacan Gold volvió a ser el centro de los ataques de grupos de personas que se oponen a las actividades mineras en sus territorios y esta vez sufrió el incendio de un vehículo y agresiones a su personal.
Los hechos ocurrieron el pasado 15 de octubre en la parroquia Gualel y provocaron la intervención de la policía y la detención de varios ciudadanos a quienes se les responsabilizó de encabezar el ataque. Iniciadas las investigaciones, los detenidos fueron puestos en libertad.
“Guayacan Gold desarrolla actividades de exploración minera con todos los requisitos que exige el Estado ecuatoriano y los organismos que regulan la actividad minera formal. Además, cumplimos con estándares internacionales para cuidar el medio ambiente”, dijo la empresa en un comunicado.
“Un grupo de antimineros radicales incendiaron una camioneta y agredieron física y verbalmente a moradores de Gualaspamba y San Vicente, con palos, piedras, machetes e incluso presencia de armas”, denunció.
Los hechos ocurrieron el pasado 15 de octubre en la parroquia Gualel y provocaron la intervención de la policía y la detención de varios ciudadanos a quienes se les responsabilizó de encabezar el ataque. Iniciadas las investigaciones, los detenidos fueron puestos en libertad.
“Guayacan Gold desarrolla actividades de exploración minera con todos los requisitos que exige el Estado ecuatoriano y los organismos que regulan la actividad minera formal. Además, cumplimos con estándares internacionales para cuidar el medio ambiente”, dijo la empresa en un comunicado.
“Un grupo de antimineros radicales incendiaron una camioneta y agredieron física y verbalmente a moradores de Gualaspamba y San Vicente, con palos, piedras, machetes e incluso presencia de armas”, denunció.
Comunidades shuar denuncian a ONG Amazon Watch y Mining Watch
Asamblea del Pueblo Shuar Arutam en transmisión de Radio Limón.
Octubre 11 de 2020.- Las comunidades shuar Warints y Yawi denunciaron este fin de semana que las ONG Amazon Watch y Mining Watch "quieren desalojarlos de sus territorios, violentar su tierra y acosar a sus familiares".
Fue durante la XVII Asamblea General del Pueblo Shuar Arutam, realizada en el centro shuar Maikiuants, ubicado en cantón Limon Indanza, en la provincia de Morona Santiago, los días 10 y 11 del mes en curso.
En el evento participaron las autoridades nacionales y provinciales del pueblo shuar, así como dirigentes de Confeniae y Conaie. Estuvo también el asambleísta Tito Puanchir, y los “aliados estratégicos” de la PSHA, es decir, las ONG norteamericana y canadiense ya citadas.
Respecto de ambas, Amazon Watch y Mining Watch, es que los centros shuar Warints y Yawi tienen serias formulaciones. “Su presencia en territorio tiene como finalidad generar confrontamientos y violencia entre los hermanos shuar de la Amazonía ecuatoriana”, sostienen.
“Quieren que haiga (sic) sangre shuar derramada en territorios ancestrales amazónicos. Denunciamos que si esto sucede será su responsabilidad”, decían en un comunicado fechado el 10 de octubre.
Durante la sesión inaugural los “congresistas”, como se llamaban a sí mismos los asistentes a la reunión, aprobaron la agenda y en ella figuraba la rueda de prensa que debía realizarse el domingo a las cuatro de la tarde.
Al respecto, cabe señalar que inicialmente los organizadores plantearon que este punto de la agenda figure como “Rueda de prensa y toma simbólica de Warints”, pero los congresistas no estuvieron de acuerdo.
Varios delegados de los centros shuar cuestionaron la expresión “toma simbólica” y los representantes de Warints intervinieron para aclarar la posición de su comunidad respecto de la actividad minera en sus territorios, tema que debía discutirse al día siguiente.
“Como dueños del territorio de la comunidad de Warints invitamos a todos los congresistas, a la Fisch, a Conaie y la PSHA para que vean cómo estamos trabajando con la empresa minera y solicitamos que se respete nuestra decisión”, expresó el síndico de Warints.
Marcelo Wachapa, síndico de la comunidad Yawi, expresó “Nosotros, las comunidades de Warints y Yawi somos pueblos pacíficos, comunidades trabajadoras y dueños de nuestra tierra, por eso y frente a esta amenaza e injerencia internacional, hacemos responsables a estas ONG de cualquier situación de violencia que se genere”.
Previamente su organización había denunciado a quienes están propiciando el enfrentamiento al interior del pueblo shuar. Estas ONG, afirman refiriéndose a Amazon Watch y a Mining Watch, “administran el financiamiento para la logística, transporte, comida y estadía para que gente externa a nuestras comunidades se movilicen en contra de nosotros”.
“Es así que desde el día de ayer podemos ver un ingreso importante de buses con gente desde la vía La Victoria – Maikiuants, para participar en la asamblea que arrancó el día de hoy”, informaron.
Los centros shuar de Warints y Yawi han hecho un llamado a la presidencia de la República, a la Defensoría del Pueblo y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que tomen nota del comportamiento de las ONG.
“Son ellas las causantes directas de intentos de desunión de los pueblos shuar ecuatorianos al motivar enfrentamientos y divisiones entre hermanos… Exigimos que las ONG Amazon Watch y Mining Watch no hablen por nosotros”, remarcan en un comunicado difundido el día que se inauguró la reunión.
Esa misma fecha los congresistas aprobaron una agenda que más allá de las formalidades propias de estos eventos, como los saludos de los invitados de las organizaciones de nivel superior, los horarios para la alimentación o las secciones dedicadas a actividades culturales y de confraternidad, contenía temas de sustantiva importancia para las comunidades shuar.
En lo orgánico, por ejemplo, estaba el informe técnico y económico que debía estar a cargo de la presidenta de la PSHA, Josefina Tunki. En esta parte de la sesión, los delegados escuchan un resumen de las actividades más importantes desarrolladas por su organización durante el periodo de gestión.
Se aprobó además el debate sobre la reforma del Plan de Vida, uno de los documentos fundamentales del pueblo shuar arutam. Y por supuesto, la discusión sobre la incidencia de la actividad minera en el territorio.
Y es aquí donde las comunidades shuar denuncian la injerencia de Amazon Watch y Mining Watch, dos ONG con puntos de vista definidos sobre la actividad minera que aprovechándose de la capacidad que tienen para movilizar fondos ejecutan proyectos vinculados a organizaciones nativas y tratan de influir también en la posición de los indígenas frente al uso de su territorio.
Los dineros que moviliza la llamada “cooperación internacional” en la Amazonía son de lejos astronómicos para la cantidad de circulante que existe en esas zonas. Muchas veces son montos superiores a los presupuestos de los GAD locales. Y el poder que da ese dinero en un contexto de contacto reducido con la sociedad mayor provoca fracturas en el tejido social de las comunidades.
Las ONG, ciertamente, no son las únicas vías por las que entra el dinero no productivo. Ahora que ya hay una trocha carrozable en la zona, es fácil suponer el impacto que tendrá en la vida del pueblo shuar. Las ONG tampoco son las únicas que impactan en la vida comunal. Tampoco son las únicas instituciones que buscan "representar" a los pueblos nativos.
Pero ellos quieren escribir su historia. “Somos comunidades pacíficas con deseos de un porvenir mejor para nuestras familias, pero en estos últimos meses, nos sentimos acosados, hasta vulnerados por Amazon Watch y Mining Watch, que de manera directa causa desunión de los pueblos shuar al motivar enfrentamientos y divisiones”, han dicho los habitantes de los centros shuar Warints y Yawi y exigen que se les garantice su derecho a decidir su destino.
Fue durante la XVII Asamblea General del Pueblo Shuar Arutam, realizada en el centro shuar Maikiuants, ubicado en cantón Limon Indanza, en la provincia de Morona Santiago, los días 10 y 11 del mes en curso.
En el evento participaron las autoridades nacionales y provinciales del pueblo shuar, así como dirigentes de Confeniae y Conaie. Estuvo también el asambleísta Tito Puanchir, y los “aliados estratégicos” de la PSHA, es decir, las ONG norteamericana y canadiense ya citadas.
Respecto de ambas, Amazon Watch y Mining Watch, es que los centros shuar Warints y Yawi tienen serias formulaciones. “Su presencia en territorio tiene como finalidad generar confrontamientos y violencia entre los hermanos shuar de la Amazonía ecuatoriana”, sostienen.
“Quieren que haiga (sic) sangre shuar derramada en territorios ancestrales amazónicos. Denunciamos que si esto sucede será su responsabilidad”, decían en un comunicado fechado el 10 de octubre.
Durante la sesión inaugural los “congresistas”, como se llamaban a sí mismos los asistentes a la reunión, aprobaron la agenda y en ella figuraba la rueda de prensa que debía realizarse el domingo a las cuatro de la tarde.
Al respecto, cabe señalar que inicialmente los organizadores plantearon que este punto de la agenda figure como “Rueda de prensa y toma simbólica de Warints”, pero los congresistas no estuvieron de acuerdo.
Varios delegados de los centros shuar cuestionaron la expresión “toma simbólica” y los representantes de Warints intervinieron para aclarar la posición de su comunidad respecto de la actividad minera en sus territorios, tema que debía discutirse al día siguiente.
“Como dueños del territorio de la comunidad de Warints invitamos a todos los congresistas, a la Fisch, a Conaie y la PSHA para que vean cómo estamos trabajando con la empresa minera y solicitamos que se respete nuestra decisión”, expresó el síndico de Warints.
Marcelo Wachapa, síndico de la comunidad Yawi, expresó “Nosotros, las comunidades de Warints y Yawi somos pueblos pacíficos, comunidades trabajadoras y dueños de nuestra tierra, por eso y frente a esta amenaza e injerencia internacional, hacemos responsables a estas ONG de cualquier situación de violencia que se genere”.
Previamente su organización había denunciado a quienes están propiciando el enfrentamiento al interior del pueblo shuar. Estas ONG, afirman refiriéndose a Amazon Watch y a Mining Watch, “administran el financiamiento para la logística, transporte, comida y estadía para que gente externa a nuestras comunidades se movilicen en contra de nosotros”.
“Es así que desde el día de ayer podemos ver un ingreso importante de buses con gente desde la vía La Victoria – Maikiuants, para participar en la asamblea que arrancó el día de hoy”, informaron.
Los centros shuar de Warints y Yawi han hecho un llamado a la presidencia de la República, a la Defensoría del Pueblo y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que tomen nota del comportamiento de las ONG.
“Son ellas las causantes directas de intentos de desunión de los pueblos shuar ecuatorianos al motivar enfrentamientos y divisiones entre hermanos… Exigimos que las ONG Amazon Watch y Mining Watch no hablen por nosotros”, remarcan en un comunicado difundido el día que se inauguró la reunión.
Esa misma fecha los congresistas aprobaron una agenda que más allá de las formalidades propias de estos eventos, como los saludos de los invitados de las organizaciones de nivel superior, los horarios para la alimentación o las secciones dedicadas a actividades culturales y de confraternidad, contenía temas de sustantiva importancia para las comunidades shuar.
En lo orgánico, por ejemplo, estaba el informe técnico y económico que debía estar a cargo de la presidenta de la PSHA, Josefina Tunki. En esta parte de la sesión, los delegados escuchan un resumen de las actividades más importantes desarrolladas por su organización durante el periodo de gestión.
Se aprobó además el debate sobre la reforma del Plan de Vida, uno de los documentos fundamentales del pueblo shuar arutam. Y por supuesto, la discusión sobre la incidencia de la actividad minera en el territorio.
Y es aquí donde las comunidades shuar denuncian la injerencia de Amazon Watch y Mining Watch, dos ONG con puntos de vista definidos sobre la actividad minera que aprovechándose de la capacidad que tienen para movilizar fondos ejecutan proyectos vinculados a organizaciones nativas y tratan de influir también en la posición de los indígenas frente al uso de su territorio.
Los dineros que moviliza la llamada “cooperación internacional” en la Amazonía son de lejos astronómicos para la cantidad de circulante que existe en esas zonas. Muchas veces son montos superiores a los presupuestos de los GAD locales. Y el poder que da ese dinero en un contexto de contacto reducido con la sociedad mayor provoca fracturas en el tejido social de las comunidades.
Las ONG, ciertamente, no son las únicas vías por las que entra el dinero no productivo. Ahora que ya hay una trocha carrozable en la zona, es fácil suponer el impacto que tendrá en la vida del pueblo shuar. Las ONG tampoco son las únicas que impactan en la vida comunal. Tampoco son las únicas instituciones que buscan "representar" a los pueblos nativos.
Pero ellos quieren escribir su historia. “Somos comunidades pacíficas con deseos de un porvenir mejor para nuestras familias, pero en estos últimos meses, nos sentimos acosados, hasta vulnerados por Amazon Watch y Mining Watch, que de manera directa causa desunión de los pueblos shuar al motivar enfrentamientos y divisiones”, han dicho los habitantes de los centros shuar Warints y Yawi y exigen que se les garantice su derecho a decidir su destino.
Comunidades shuar Warints y Yawi emplazan a Mining Watch Canada
Octubre 4 de 2020.- Los síndicos de los centros shuar Warints y Yawi, Agustín Kayuk y Marcelo Wachapa, respectivamente, señalaron que las ONG Amazon Watch y Mining Watch, “tienen detrás de sí una gran capacidad económica, de relaciones públicas y de movilización en redes sociales para causar una profunda división en el pueblo shuar”.
Lo hicieron en un pronunciamiento difundido después de la rueda de prensa virtual, organizada el pasado 30 de septiembre por la presidenta de la PSHA, Josefina Tunki, y suspendida cuando los representantes de base de las comunidades ya mencionadas pidieron la palabra para defenderse de las insinuaciones que recibieron de la ONG Mining Watch Canada.
La señora Tunki habló en la rueda de prensa. También lo hicieron los presidentes de CONAIE, Jaime Vargas; y de CONFENAIE, Marlon Vargas, así como el abogado Mario Melo. Ellos convinieron en la defensa del derecho de los pueblos indígenas a proteger sus territorios y su identidad y por su parte, ambos Vargas coincidieron en la necesidad de respetar el deseo de sus comunidades bases.
Kirsten Francescone, presentada como coordinadora de Mining Watch Canadá, encaró a la empresa minera. La señora Tunki también cuestionó a sus afiliados de base, pero no lo hizo de manera espontánea. En realidad, todos escucharon que ella repetía lo que a viva voz le dictaban que dijera.
Más allá de lo anecdótico, lo cierto es que dejó prendido su micrófono y todavía se puede escuchar, perfectamente, en los audios que están en las redes sociales, que le gritaban para que llame “comprados por la minera” a los dirigentes que también querían hablar. Y que ella se esforzaba por repetir lo que le gritaban.
Hablan los shuar
Los síndicos de los centros shuar Warints y Yawi, Agustín Kayuk y Marcelo Wachapa; así como sus comunidades, fueron señalados como personas que eran manipuladas, violentadas en sus derechos y cómplices de la explotación minera en sus territorios.
Como supuestas víctimas de la manipulación, ellos pidieron intervenir en la rueda de prensa, pero no los dejaron. “Si nosotros somos los supuestos manipulados y víctimas de violación de derechos, ¿por qué entonces no fuimos convocados a dicha rueda de prensa, por qué no se nos ha permitido hablar y no se nos quiere escuchar?”, interrogan ahora.
Y toman al toro por las astas. No la emprenden contra la PSHA pues también han sido dirigentes de esa organización y la respetan, sino contra quienes consideran que están detrás de esta provocación: la ONG canadiense Mining Watch.
“Sepan señores de Amazon Watch y Mining Watch que acá, en lo profundo de la selva ecuatoriana, existen dos centros shuar que se paran firmes y le gritan al mundo que sí tienen voz, que no están siendo manipulados y que tienen toda la capacidad de entendimiento y discernimiento para tomar decisiones sobre su presente y futuro”, dicen los shuar.
“Si (las ONG) conocieran y de verdad les interesaría nuestra realidad, sabrían que cada una de las decisiones que tomamos, en ambos centros shuar, tienen el respaldo de una asamblea donde están todos nuestros compañeros de la comunidad. Jamás tomamos decisiones de espaldas a ellos, siempre de frente y siempre escuchándolos”, añaden.
Y agregan: “La historia la vamos a contar nosotros, no ustedes. Nuestra historia es ahora la capacidad de dialogar y decidir sobre el presente y futuro de nuestras comunidades y sentar precedentes para que nunca más ONG usen nuestra realidad y nuestra existencia para provocar lesiones dentro de nuestra organización”.
“La presencia de las ONG ha causado serios conflictos internos dentro de PSHA… como hijos del pueblo Shuar Arutam hoy queremos decirle a nuestra organización madre que hemos madurado y que tomamos nuestras propias decisiones y que no aceptamos al padrastro manipulador que son las ONG”, concluyen.
Un debate necesario
El comunicado de las comunidades Warints y Yawi remite a temas más profundos que demuestran la complejidad que reviste la realización de actividades mineras en territorios indígenas y la posibilidad de hacer las cosas bien hechas, es decir, que ayuden a terminar con la pobreza y a cerrar el abismo que existe en asuntos de acceso a servicios de calidad en educación y salud, principalmente.
Hace referencia a un hecho nunca visto en la historia ecuatoriana: que una empresa minera devuelva sin condiciones al pueblo shuar 26 terrenos que había comprado legalmente y que a partir de este hecho, inédito en la industria minera, se empiecen a construir relaciones que, hasta el momento, son de respeto y beneficio mutuo.
Nos coloca también de frente al tema de la intermediación de las ONG. 500 años de desencuentros, de “diálogos” fracasados, de sometimiento y saqueo de recursos podrían empezar a terminar porque una ONG viene a hablar de derechos humanos, progreso, civilización, modernización, identidad cultural, autodeterminación y bla, bla, bla?
¿Tienen derecho? Por supuesto, como todos los seres humanos; pero es que acaso una funcionaria de la ONG Mining Watch tiene más derecho que un dirigente nativo para hacer uso de la palabra… ¿Ella sí puede, sin ser hipócrita, cuestionar “la injerencia” en asuntos internos de una comunidad indígena?
Es necesario anotar la acusación que hizo en la rueda de prensa en contra de las comunidades de Warints y Yawi al indicar que estas propagaron el virus Covid-19 al resto de las comunidades shuar. Una grave acusación que ya fue refutada meses atrás por el Ministerio de Salud y por el gobernador de la provincia Morona Santiago.
Los dirigentes shuar señalan que el 8 de setiembre de este año el Consejo de Gobierno de la PSHA fue recibido en Warints por las dos comunidades y tuvieron la oportunidad de escuchar una amplia exposición sobre el acuerdo por tres años firmado para permitir la exploración en sus territorios, es decir, la investigación de lo que hay en el subsuelo.
Recuerdan que en esa oportunidad la PSHA agradeció la explicación y se firmaron resoluciones para trabajar coordinadamente por la reconciliación. Que el próximo 10 y 11 se debe realizar una gran asamblea general de la PSHA para ver este tema y se preguntan qué pasó entonces, dónde quedó la palabra de la PSHA.
El pronunciamiento de los shuar no deja lugar a dudas: “Exigimos que Amazon Watch y Mining Watch se abstengan de seguir usando nuestros nombres… exigimos que no hablen por nosotros y alertamos que estamos siendo vulnerados en lo que dictamina el Art. 57 de la Constitución de la República del Ecuador así como en lo establecido en el Convenio 169 de la OIT”, enfatizan.
Lo hicieron en un pronunciamiento difundido después de la rueda de prensa virtual, organizada el pasado 30 de septiembre por la presidenta de la PSHA, Josefina Tunki, y suspendida cuando los representantes de base de las comunidades ya mencionadas pidieron la palabra para defenderse de las insinuaciones que recibieron de la ONG Mining Watch Canada.
La señora Tunki habló en la rueda de prensa. También lo hicieron los presidentes de CONAIE, Jaime Vargas; y de CONFENAIE, Marlon Vargas, así como el abogado Mario Melo. Ellos convinieron en la defensa del derecho de los pueblos indígenas a proteger sus territorios y su identidad y por su parte, ambos Vargas coincidieron en la necesidad de respetar el deseo de sus comunidades bases.
Kirsten Francescone, presentada como coordinadora de Mining Watch Canadá, encaró a la empresa minera. La señora Tunki también cuestionó a sus afiliados de base, pero no lo hizo de manera espontánea. En realidad, todos escucharon que ella repetía lo que a viva voz le dictaban que dijera.
Más allá de lo anecdótico, lo cierto es que dejó prendido su micrófono y todavía se puede escuchar, perfectamente, en los audios que están en las redes sociales, que le gritaban para que llame “comprados por la minera” a los dirigentes que también querían hablar. Y que ella se esforzaba por repetir lo que le gritaban.
Hablan los shuar
Los síndicos de los centros shuar Warints y Yawi, Agustín Kayuk y Marcelo Wachapa; así como sus comunidades, fueron señalados como personas que eran manipuladas, violentadas en sus derechos y cómplices de la explotación minera en sus territorios.
Como supuestas víctimas de la manipulación, ellos pidieron intervenir en la rueda de prensa, pero no los dejaron. “Si nosotros somos los supuestos manipulados y víctimas de violación de derechos, ¿por qué entonces no fuimos convocados a dicha rueda de prensa, por qué no se nos ha permitido hablar y no se nos quiere escuchar?”, interrogan ahora.
Y toman al toro por las astas. No la emprenden contra la PSHA pues también han sido dirigentes de esa organización y la respetan, sino contra quienes consideran que están detrás de esta provocación: la ONG canadiense Mining Watch.
“Sepan señores de Amazon Watch y Mining Watch que acá, en lo profundo de la selva ecuatoriana, existen dos centros shuar que se paran firmes y le gritan al mundo que sí tienen voz, que no están siendo manipulados y que tienen toda la capacidad de entendimiento y discernimiento para tomar decisiones sobre su presente y futuro”, dicen los shuar.
“Si (las ONG) conocieran y de verdad les interesaría nuestra realidad, sabrían que cada una de las decisiones que tomamos, en ambos centros shuar, tienen el respaldo de una asamblea donde están todos nuestros compañeros de la comunidad. Jamás tomamos decisiones de espaldas a ellos, siempre de frente y siempre escuchándolos”, añaden.
Y agregan: “La historia la vamos a contar nosotros, no ustedes. Nuestra historia es ahora la capacidad de dialogar y decidir sobre el presente y futuro de nuestras comunidades y sentar precedentes para que nunca más ONG usen nuestra realidad y nuestra existencia para provocar lesiones dentro de nuestra organización”.
“La presencia de las ONG ha causado serios conflictos internos dentro de PSHA… como hijos del pueblo Shuar Arutam hoy queremos decirle a nuestra organización madre que hemos madurado y que tomamos nuestras propias decisiones y que no aceptamos al padrastro manipulador que son las ONG”, concluyen.
Un debate necesario
El comunicado de las comunidades Warints y Yawi remite a temas más profundos que demuestran la complejidad que reviste la realización de actividades mineras en territorios indígenas y la posibilidad de hacer las cosas bien hechas, es decir, que ayuden a terminar con la pobreza y a cerrar el abismo que existe en asuntos de acceso a servicios de calidad en educación y salud, principalmente.
Hace referencia a un hecho nunca visto en la historia ecuatoriana: que una empresa minera devuelva sin condiciones al pueblo shuar 26 terrenos que había comprado legalmente y que a partir de este hecho, inédito en la industria minera, se empiecen a construir relaciones que, hasta el momento, son de respeto y beneficio mutuo.
Nos coloca también de frente al tema de la intermediación de las ONG. 500 años de desencuentros, de “diálogos” fracasados, de sometimiento y saqueo de recursos podrían empezar a terminar porque una ONG viene a hablar de derechos humanos, progreso, civilización, modernización, identidad cultural, autodeterminación y bla, bla, bla?
¿Tienen derecho? Por supuesto, como todos los seres humanos; pero es que acaso una funcionaria de la ONG Mining Watch tiene más derecho que un dirigente nativo para hacer uso de la palabra… ¿Ella sí puede, sin ser hipócrita, cuestionar “la injerencia” en asuntos internos de una comunidad indígena?
Es necesario anotar la acusación que hizo en la rueda de prensa en contra de las comunidades de Warints y Yawi al indicar que estas propagaron el virus Covid-19 al resto de las comunidades shuar. Una grave acusación que ya fue refutada meses atrás por el Ministerio de Salud y por el gobernador de la provincia Morona Santiago.
Los dirigentes shuar señalan que el 8 de setiembre de este año el Consejo de Gobierno de la PSHA fue recibido en Warints por las dos comunidades y tuvieron la oportunidad de escuchar una amplia exposición sobre el acuerdo por tres años firmado para permitir la exploración en sus territorios, es decir, la investigación de lo que hay en el subsuelo.
Recuerdan que en esa oportunidad la PSHA agradeció la explicación y se firmaron resoluciones para trabajar coordinadamente por la reconciliación. Que el próximo 10 y 11 se debe realizar una gran asamblea general de la PSHA para ver este tema y se preguntan qué pasó entonces, dónde quedó la palabra de la PSHA.
El pronunciamiento de los shuar no deja lugar a dudas: “Exigimos que Amazon Watch y Mining Watch se abstengan de seguir usando nuestros nombres… exigimos que no hablen por nosotros y alertamos que estamos siendo vulnerados en lo que dictamina el Art. 57 de la Constitución de la República del Ecuador así como en lo establecido en el Convenio 169 de la OIT”, enfatizan.
Tres altos funcionarios de Río Tinto renuncian por destruir restos indígenas
Septiembre 13 de 2020.- Tres altos ejecutivos de Rio Tinto debieron dimitir por las tremendas críticas que han recibido tras la destrucción de dos cuevas australianas donde habían restos de pueblos aborígenes de hace casi 50 mil años.
El director ejecutivo, Jean-Sébastien Jacques, que ha dirigido Rio Tinto desde 2016, dejará el cargo el 31 de marzo del próximo año. Otro que sale es el jefe del área de mineral de hierro, Chris Salisbury, y Simone Niven, jefa de relaciones corporativas, la unidad responsable de tratar con las comunidades indígenas.
Los pueblos Puutu Kunti Kurrama y Pinikura, habían advertido que allí se encontraban restos y obras de sus antepasados y, en consecuencia, no debían ser afectados por la explotación minera.
Sin embargo la minera continuó con las voladuras, accediendo a mineral de hierro de alta calidad por valor de 135 millones de dólares. Ello provocó la condena internacional y la reputación de Rio Tinto está por los suelos ante los ojos de los grupos indígenas en todo el mundo.
Para el ministro australiano de Asuntos Indígenas, Ken Wyatt, la destrucción del patrimonio aborigen es "extremadamente decepcionante" e "incomprensible", si bien agregó que la gigante minera le "ha expresado remordimiento" por este incidente que parece ser "un error genuino".
El director ejecutivo, Jean-Sébastien Jacques, que ha dirigido Rio Tinto desde 2016, dejará el cargo el 31 de marzo del próximo año. Otro que sale es el jefe del área de mineral de hierro, Chris Salisbury, y Simone Niven, jefa de relaciones corporativas, la unidad responsable de tratar con las comunidades indígenas.
Los pueblos Puutu Kunti Kurrama y Pinikura, habían advertido que allí se encontraban restos y obras de sus antepasados y, en consecuencia, no debían ser afectados por la explotación minera.
Sin embargo la minera continuó con las voladuras, accediendo a mineral de hierro de alta calidad por valor de 135 millones de dólares. Ello provocó la condena internacional y la reputación de Rio Tinto está por los suelos ante los ojos de los grupos indígenas en todo el mundo.
Para el ministro australiano de Asuntos Indígenas, Ken Wyatt, la destrucción del patrimonio aborigen es "extremadamente decepcionante" e "incomprensible", si bien agregó que la gigante minera le "ha expresado remordimiento" por este incidente que parece ser "un error genuino".
Otro ataque a campamento minero en Buenos Aires
Agosto 30 de 2020.- Casi doscientas personas asaltaron y quemaron maquinaria y dos campamentos de la empresa Hanrine Exploration & Mining del Ecuador que realiza actividades en el sector conocido como Santa Lucía, en la parroquia de La Merced de Buenos Aires del cantón Urcuquí en la provincia de Imbabura.
Del grupo humano que realizó el ataque, algunos dicen defender al agua, la naturaleza y la vida mientras otros reclaman que las zonas mineralizadas sean explotadas por ecuatorianos.
Eso pasó el martes 25 de agosto. El primer ataque ocurrió al promediar las nueve de la mañana y el otro fue por la tarde. Ambas acciones fueron difundidas en una serie de videos por las redes sociales. La emisora Ecos Culturales de Urcuquí fue de las primeras en dar a conocer el hecho.
Del grupo humano que realizó el ataque, algunos dicen defender al agua, la naturaleza y la vida mientras otros reclaman que las zonas mineralizadas sean explotadas por ecuatorianos.
Eso pasó el martes 25 de agosto. El primer ataque ocurrió al promediar las nueve de la mañana y el otro fue por la tarde. Ambas acciones fueron difundidas en una serie de videos por las redes sociales. La emisora Ecos Culturales de Urcuquí fue de las primeras en dar a conocer el hecho.
Casi diez días antes, el alcalde del GAD del Cantón San Miguel De Urcuquí, Tyrone Oscar Vega Gaybor, quien se encuentra al frente del COE cantonal, había dispuesto la paralización de las actividades de SolGold y Hanrine en las parroquias La Merced de Buenos Aires y Cahuasqui “hasta la verificación de los documentos habilitantes de autorización a las empresas”.
Lo hacía por razones sanitarias. A los dos días le respondió el Coordinador de la Zonal Norte del MERNNR, Alfredo Mauricio Almeida Navarro; una carta extensa y rica en referencias legales, citas y concordancias con dispositivos que remarcan la competencia exclusiva del gobierno central respecto del manejo de los recursos naturales.
Lo hacía por razones sanitarias. A los dos días le respondió el Coordinador de la Zonal Norte del MERNNR, Alfredo Mauricio Almeida Navarro; una carta extensa y rica en referencias legales, citas y concordancias con dispositivos que remarcan la competencia exclusiva del gobierno central respecto del manejo de los recursos naturales.
“El artículo 68 de la Ley de Minería designa que la entidad competente es la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr)”, decía la carta del coordinador.
Pero una vez más las leyes se quedaron en el papel. La dinámica que genera la necesidad de aprovechar las riquezas mineras y la ausencia de una visión compartida sobre el sector extractivo y su rol en el desarrollo sostenible es la madre de los conflictos.
Nada pudieron hacer las fuerzas policiales. Según medios de la región, Pablo Vinicio Dávila, comandante de la Subzona Imbabura informó que resultó difícil controlar a una tromba de personas que llegó hasta este apartado lugar.
Entre ellas la policía ha identificado a personajes que en algún momento contactaron con la empresa minera para pedir un espacio en las áreas concesionadas. Esas mismas personas después pidieron a la autoridad que reviertan las concesiones otorgadas a las mineras y se las entreguen.
Se organizaron para realizar un “congreso minero” con pequeños empresarios de otras regiones en el que pidieron se les adjudique las cinco mil hectáreas que, según ellos, habían sido adjudicadas a SolGold y Hanrine. Incluso el asambleísta por la provincia de Imbabura, Marcelo Simbaña, de las filas de CREO, les ofreció apoyo.
Pero una vez más las leyes se quedaron en el papel. La dinámica que genera la necesidad de aprovechar las riquezas mineras y la ausencia de una visión compartida sobre el sector extractivo y su rol en el desarrollo sostenible es la madre de los conflictos.
Nada pudieron hacer las fuerzas policiales. Según medios de la región, Pablo Vinicio Dávila, comandante de la Subzona Imbabura informó que resultó difícil controlar a una tromba de personas que llegó hasta este apartado lugar.
Entre ellas la policía ha identificado a personajes que en algún momento contactaron con la empresa minera para pedir un espacio en las áreas concesionadas. Esas mismas personas después pidieron a la autoridad que reviertan las concesiones otorgadas a las mineras y se las entreguen.
Se organizaron para realizar un “congreso minero” con pequeños empresarios de otras regiones en el que pidieron se les adjudique las cinco mil hectáreas que, según ellos, habían sido adjudicadas a SolGold y Hanrine. Incluso el asambleísta por la provincia de Imbabura, Marcelo Simbaña, de las filas de CREO, les ofreció apoyo.
INV Metals plantea acuerdo de beneficios mutuos al Concejo de Cuenca
Agosto 30 de 2020.- La minera INV Metals, operadora del proyecto Loma Larga, alcanzó al Concejo Municipal de Cuenca una propuesta de trabajo conjunto para identificar la forma de reactivar la economía local, superar la pobreza y terminar con las profundas brechas en salud y educación que existen en el cantón.
“Con el objetivo de garantizar que Cuenca maximice los beneficios potenciales del desarrollo de Loma Larga, y como señal de buena fe, INV Metals solicita respetuosamente al Concejo iniciar conversaciones con nuestro equipo” dice la carta y, a continuación, señala como puntos a tratarse: la creación de un acuerdo de beneficios para la ciudad y la colectividad; la continuidad del Acuerdo de Cooperación con Etapa, las universidades de Cuenca y del Azuay y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables.
Puntos adicionales no menos importantes para el diálogo serían: la creación de un Concejo de Desarrollo de Loma Larga compuesto por tres miembros del Concejo Municipal de Cuenca y tres miembros del equipo de desarrollo de INV Metals y un sistema de monitoreo.
Se apunta en la carta que, en virtud del mencionado Acuerdo con Etapa, firmado en 2017 y que se encuentra vigente, la ciudad ya tiene un acuerdo y un mecanismo para monitorear la calidad del agua y otros posibles impactos de Loma Larga, monitoreo que sería en tiempo real independiente público y accesible.
La misiva destaca que “el público, el Concejo y otros grupos de interés tienen serias preocupaciones sobre la preservación de las fuentes y la calidad del agua”, que la empresa comparte y por las cuales ha invertido recursos humanos y financieros en estudios científicos y técnicos que están disponibles al público.
La carta dirigida al alcalde Pedro Palacios y a los miembros del Concejo está firmada por Candance McGibbon, directora ejecutiva; Mark Thorpe, vicepresidente de responsabilidad corporativa; Jorge Barreno, gerente general y Fernando Carrión, gerente de responsabilidad social de INV Metals.
En su carta niegan enfáticamente que la compañía o la mina, en su construcción y operación, vayan a provocar impactos negativos en el agua, los páramos, la vegetación y los sistemas de agua de páramo. Sustenta estas afirmaciones en los resultados de investigaciones científicas que INV Metals ha liderado por más de 15 años y en investigaciones independientes.
Apunta como hechos adicionales, que la huella de Loma Larga y el sitio del proyecto son menos de 65 hectáreas “mucho menos que la mayoría de operaciones mineras a gran escala” en las cuales se revegetará y rehabilitará, al cierre de las operaciones, la vegetación que sea removida tal como se viene haciendo en las zonas intervenidas. Para esto, la compañía ha creado una estación experimental y un vivero que cuenta con más de 50000 plantas nativas.
En relación a la explotación, la carta hace puntualizaciones sobre el proceso de producción de concentrados que hacen relación a la gestión de químicos y de relaves. La mina Loma Larga no usará cianuro, afirma, y además, más del 55% de los relaves se colocarán de nuevo bajo tierra.
La mina Loma Larga producirá relaves filtrados por un método que elimina el exceso de agua para su conservación, reciclaje y ahorro. El material que irá a las relaveras con apariencia de suelo o arena, se colocará en un cubeto con revestimiento impermeable y geotectónicamente estable.
“El uso de una instalación de relaves filtrados con soporte estructural elimina las preocupaciones relacionadas con las recientes fallas catastróficas que han ocurrido con las instalaciones convencionales de relaves”, afirman los ejecutivos de la compañía.
Luego de invitar a las autoridades locales a visitar el área del proyecto, para que conozcan “in situ” los detalles técnicos del cuidado ambiental y protección y conservación del agua, esperan que esta muestra de buena fe demuestre su voluntad de ser abiertos y transparentes “a medida que avanzamos hacia el desarrollo”.
La carta de INV Metals al Concejo provocó la reacción de grupos ambientalistas que respondieron con otra carta a las autoridades cuencanas, felicitándolos por aprobar el proyecto de Consulta Popular impulsado por el denominado Cabildo por el Agua de Cuenca sobre la minería metálica en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay.
“Si aceptamos o no actividades mineras en nuestros páramos es una decisión que los cuencanos-as tenemos que tomar”, afirman ocho grupos que firman el comunicado.
“Con el objetivo de garantizar que Cuenca maximice los beneficios potenciales del desarrollo de Loma Larga, y como señal de buena fe, INV Metals solicita respetuosamente al Concejo iniciar conversaciones con nuestro equipo” dice la carta y, a continuación, señala como puntos a tratarse: la creación de un acuerdo de beneficios para la ciudad y la colectividad; la continuidad del Acuerdo de Cooperación con Etapa, las universidades de Cuenca y del Azuay y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables.
Puntos adicionales no menos importantes para el diálogo serían: la creación de un Concejo de Desarrollo de Loma Larga compuesto por tres miembros del Concejo Municipal de Cuenca y tres miembros del equipo de desarrollo de INV Metals y un sistema de monitoreo.
Se apunta en la carta que, en virtud del mencionado Acuerdo con Etapa, firmado en 2017 y que se encuentra vigente, la ciudad ya tiene un acuerdo y un mecanismo para monitorear la calidad del agua y otros posibles impactos de Loma Larga, monitoreo que sería en tiempo real independiente público y accesible.
La misiva destaca que “el público, el Concejo y otros grupos de interés tienen serias preocupaciones sobre la preservación de las fuentes y la calidad del agua”, que la empresa comparte y por las cuales ha invertido recursos humanos y financieros en estudios científicos y técnicos que están disponibles al público.
La carta dirigida al alcalde Pedro Palacios y a los miembros del Concejo está firmada por Candance McGibbon, directora ejecutiva; Mark Thorpe, vicepresidente de responsabilidad corporativa; Jorge Barreno, gerente general y Fernando Carrión, gerente de responsabilidad social de INV Metals.
En su carta niegan enfáticamente que la compañía o la mina, en su construcción y operación, vayan a provocar impactos negativos en el agua, los páramos, la vegetación y los sistemas de agua de páramo. Sustenta estas afirmaciones en los resultados de investigaciones científicas que INV Metals ha liderado por más de 15 años y en investigaciones independientes.
Apunta como hechos adicionales, que la huella de Loma Larga y el sitio del proyecto son menos de 65 hectáreas “mucho menos que la mayoría de operaciones mineras a gran escala” en las cuales se revegetará y rehabilitará, al cierre de las operaciones, la vegetación que sea removida tal como se viene haciendo en las zonas intervenidas. Para esto, la compañía ha creado una estación experimental y un vivero que cuenta con más de 50000 plantas nativas.
En relación a la explotación, la carta hace puntualizaciones sobre el proceso de producción de concentrados que hacen relación a la gestión de químicos y de relaves. La mina Loma Larga no usará cianuro, afirma, y además, más del 55% de los relaves se colocarán de nuevo bajo tierra.
La mina Loma Larga producirá relaves filtrados por un método que elimina el exceso de agua para su conservación, reciclaje y ahorro. El material que irá a las relaveras con apariencia de suelo o arena, se colocará en un cubeto con revestimiento impermeable y geotectónicamente estable.
“El uso de una instalación de relaves filtrados con soporte estructural elimina las preocupaciones relacionadas con las recientes fallas catastróficas que han ocurrido con las instalaciones convencionales de relaves”, afirman los ejecutivos de la compañía.
Luego de invitar a las autoridades locales a visitar el área del proyecto, para que conozcan “in situ” los detalles técnicos del cuidado ambiental y protección y conservación del agua, esperan que esta muestra de buena fe demuestre su voluntad de ser abiertos y transparentes “a medida que avanzamos hacia el desarrollo”.
La carta de INV Metals al Concejo provocó la reacción de grupos ambientalistas que respondieron con otra carta a las autoridades cuencanas, felicitándolos por aprobar el proyecto de Consulta Popular impulsado por el denominado Cabildo por el Agua de Cuenca sobre la minería metálica en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay.
“Si aceptamos o no actividades mineras en nuestros páramos es una decisión que los cuencanos-as tenemos que tomar”, afirman ocho grupos que firman el comunicado.
La Corte Constitucional niega tres veces pedido de Yaku Pérez
Agosto 30 de 2020.- La Corte Constitucional de Ecuador volvió a rechazar, por tercera vez, el pedido presentado por Yaku Pérez para que se haga una consulta en el Cantón Cuenca preguntando a la población si es que quiere o no minería en su región.
“…esta Corte Constitucional administrando justicia constitucional por autoridad de la Constitución y la Ley resuelve negar y archivar la solicitud de dictamen previo de constitucionalidad de la propuesta a consulta popular presentada por el ciudadano Yaku Pérez Guartambel”, dice la decisión de la corte.
El pasado 3 de agosto, el todavía prefecto había vuelto a insistir ante los jueces para que se consulte a la población sobre la prohibición de explotación de minería en todas sus formas, metálica artesanal, pequeña, mediana o grande en la provincia de Cuenca.
Pérez Guartambel cambió parcialmente sus escritos anteriores. Así, en la parte relativa a “antecedentes” incorporó unas páginas sobre la riqueza hídrica y la diversidad biológica en el área de bosque y vegetación protectora que bordea una parte de la ciudad de los cuatro ríos.
También agregó unos párrafos extraídos de diversos pronunciamientos públicos por el agua y contra la minería metálica que se han dado en la provincia. Copió precedentes judiciales en materia de extracción minera y además parte del texto de la auditoría realizada por la Contraloría General del Estado al Proyecto Loma Larga/Kimsacocha y concluyó en la pregunta:
¿Está usted de acuerdo con la prohibición, sin excepción, de explotación de minería metálica artesanal, pequeña, mediana y a gran escala en el área de bosque y vegetación protectora Yanuncay/Irquis, ubicado en el Cantón Cuenca, Provincia del Azuay? ¿Sí o no?
La Corte Constitucional respondió que no.
Yaku sin amicus
El pedido de consulta popular terminó siendo, en el análisis de los jueces de la Corte Constitucional, el pedido de un plebiscito. En línea con ese análisis, derivaron consecuencias sobre las medidas a tomarse que no fueron previstas en el escrito del demandante.
Los magistrados dan a entender que ellos no sabrían qué hacer en caso la población respondiera afirmativamente a la pregunta de Yaku Pérez.
“En vista de que la solicitud no cumplió con los requisitos formales para su procedencia y que existe indeterminación en sus medidas a adoptar, corresponde negar la consulta popular solicitada”, señalan los jueces.
Con ellos había coincidido la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Por el sector privado se manifestaron la Cámara de Industrias y Producción; la Cámara de Minería de Ecuador, algunas empresas mineras y sus estudios de abogados: Pérez Bustamante & Ponce y Andrade Veloz que presentaron sendos amicus curiae en contra del pedido de consulta.
En apoyo de Yaku Pérez, no llegó ningún amicus.
“…esta Corte Constitucional administrando justicia constitucional por autoridad de la Constitución y la Ley resuelve negar y archivar la solicitud de dictamen previo de constitucionalidad de la propuesta a consulta popular presentada por el ciudadano Yaku Pérez Guartambel”, dice la decisión de la corte.
El pasado 3 de agosto, el todavía prefecto había vuelto a insistir ante los jueces para que se consulte a la población sobre la prohibición de explotación de minería en todas sus formas, metálica artesanal, pequeña, mediana o grande en la provincia de Cuenca.
Pérez Guartambel cambió parcialmente sus escritos anteriores. Así, en la parte relativa a “antecedentes” incorporó unas páginas sobre la riqueza hídrica y la diversidad biológica en el área de bosque y vegetación protectora que bordea una parte de la ciudad de los cuatro ríos.
También agregó unos párrafos extraídos de diversos pronunciamientos públicos por el agua y contra la minería metálica que se han dado en la provincia. Copió precedentes judiciales en materia de extracción minera y además parte del texto de la auditoría realizada por la Contraloría General del Estado al Proyecto Loma Larga/Kimsacocha y concluyó en la pregunta:
¿Está usted de acuerdo con la prohibición, sin excepción, de explotación de minería metálica artesanal, pequeña, mediana y a gran escala en el área de bosque y vegetación protectora Yanuncay/Irquis, ubicado en el Cantón Cuenca, Provincia del Azuay? ¿Sí o no?
La Corte Constitucional respondió que no.
Yaku sin amicus
El pedido de consulta popular terminó siendo, en el análisis de los jueces de la Corte Constitucional, el pedido de un plebiscito. En línea con ese análisis, derivaron consecuencias sobre las medidas a tomarse que no fueron previstas en el escrito del demandante.
Los magistrados dan a entender que ellos no sabrían qué hacer en caso la población respondiera afirmativamente a la pregunta de Yaku Pérez.
“En vista de que la solicitud no cumplió con los requisitos formales para su procedencia y que existe indeterminación en sus medidas a adoptar, corresponde negar la consulta popular solicitada”, señalan los jueces.
Con ellos había coincidido la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Por el sector privado se manifestaron la Cámara de Industrias y Producción; la Cámara de Minería de Ecuador, algunas empresas mineras y sus estudios de abogados: Pérez Bustamante & Ponce y Andrade Veloz que presentaron sendos amicus curiae en contra del pedido de consulta.
En apoyo de Yaku Pérez, no llegó ningún amicus.
Otro ataque a campamento minero en Buenos Aires
Agosto 30 de 2020.- Casi doscientas personas asaltaron y quemaron maquinaria y dos campamentos de la empresa Hanrine Exploration & Mining del Ecuador que realiza actividades en el sector conocido como Santa Lucía, en la parroquia de La Merced de Buenos Aires del cantón Urcuquí en la provincia de Imbabura.
Del grupo humano que realizó el ataque, algunos dicen defender al agua, la naturaleza y la vida mientras otros reclaman que las zonas mineralizadas sean explotadas por ellos.
Eso pasó el martes 25 de agosto. El primer ataque ocurrió al promediar las nueve de la mañana y el otro fue por la tarde. Ambas acciones fueron difundidas en una serie de videos por las redes sociales. La emisora Ecos Culturales de Urcuquí fue de las primeras en dar a conocer el hecho.
Casi diez días antes, el alcalde del GAD del Cantón San Miguel De Urcuquí, Tyrone Oscar Vega Gaybor, quien se encuentra al frente del COE cantonal, había dispuesto la paralización de las actividades de SolGold y Hanrine en las parroquias La Merced de Buenos Aires y Cahuasqui “hasta la verificación de los documentos habilitantes de autorización a las empresas”.
Lo hacía por razones sanitarias. A los dos días le respondió el Coordinador de la Zonal Norte del MERNNR, Alfredo Mauricio Almeida Navarro; una carta extensa y rica en referencias legales, citas y concordancias con dispositivos que remarcan la competencia exclusiva del gobierno central respecto del manejo de los recursos naturales.
Del grupo humano que realizó el ataque, algunos dicen defender al agua, la naturaleza y la vida mientras otros reclaman que las zonas mineralizadas sean explotadas por ellos.
Eso pasó el martes 25 de agosto. El primer ataque ocurrió al promediar las nueve de la mañana y el otro fue por la tarde. Ambas acciones fueron difundidas en una serie de videos por las redes sociales. La emisora Ecos Culturales de Urcuquí fue de las primeras en dar a conocer el hecho.
Casi diez días antes, el alcalde del GAD del Cantón San Miguel De Urcuquí, Tyrone Oscar Vega Gaybor, quien se encuentra al frente del COE cantonal, había dispuesto la paralización de las actividades de SolGold y Hanrine en las parroquias La Merced de Buenos Aires y Cahuasqui “hasta la verificación de los documentos habilitantes de autorización a las empresas”.
Lo hacía por razones sanitarias. A los dos días le respondió el Coordinador de la Zonal Norte del MERNNR, Alfredo Mauricio Almeida Navarro; una carta extensa y rica en referencias legales, citas y concordancias con dispositivos que remarcan la competencia exclusiva del gobierno central respecto del manejo de los recursos naturales.
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Pero una vez más las leyes se quedaron en el papel. La dinámica que genera la necesidad de aprovechar las riquezas mineras y la ausencia de una visión compartida sobre el sector extractivo y su rol en el desarrollo sostenible es la madre de los conflictos.
Nada pudieron hacer las fuerzas policiales. Según medios de la región, Pablo Vinicio Dávila, comandante de la Subzona Imbabura informó que resultó difícil controlar a una tromba de personas que llegó hasta este apartado lugar. Entre ellas la policía ha identificado a personajes que en algún momento contactaron con la empresa minera para pedir un espacio en las áreas concesionadas. Esas mismas personas después pidieron a la autoridad que reviertan las concesiones otorgadas a las mineras y se las entreguen. |
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INV Metals plantea acuerdo de beneficios mutuos al Concejo de Cuenca
Agosto 30 de 2020.- La minera INV Metals, operadora del proyecto Loma Larga, alcanzó al Concejo Municipal de Cuenca una propuesta de trabajo conjunto para identificar la forma de reactivar la economía local, superar la pobreza y terminar con las profundas brechas en salud y educación que existen en el cantón.
“Con el objetivo de garantizar que Cuenca maximice los beneficios potenciales del desarrollo de Loma Larga, y como señal de buena fe, INV Metals solicita respetuosamente al Concejo iniciar conversaciones con nuestro equipo” dice la carta y, a continuación, señala como puntos a tratarse: la creación de un acuerdo de beneficios para la ciudad y la colectividad; la continuidad del Acuerdo de Cooperación con Etapa, las universidades de Cuenca y del Azuay y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables.
Puntos adicionales no menos importantes para el diálogo serían: la creación de un Concejo de Desarrollo de Loma Larga compuesto por tres miembros del Concejo Municipal de Cuenca y tres miembros del equipo de desarrollo de INV Metals y un sistema de monitoreo.
Se apunta en la carta que, en virtud del mencionado Acuerdo con Etapa, firmado en 2017 y que se encuentra vigente, la ciudad ya tiene un acuerdo y un mecanismo para monitorear la calidad del agua y otros posibles impactos de Loma Larga, monitoreo que sería en tiempo real independiente público y accesible.
La misiva destaca que “el público, el Concejo y otros grupos de interés tienen serias preocupaciones sobre la preservación de las fuentes y la calidad del agua”, que la empresa comparte y por las cuales ha invertido recursos humanos y financieros en estudios científicos y técnicos que están disponibles al público.
La carta dirigida al alcalde Pedro Palacios y a los miembros del Concejo está firmada por Candance McGibbon, directora ejecutiva; Mark Thorpe, vicepresidente de responsabilidad corporativa; Jorge Barreno, gerente general y Fernando Carrión, gerente de responsabilidad social de INV Metals.
En su carta niegan enfáticamente que la compañía o la mina, en su construcción y operación, vaya a provocar impactos negativos en el agua, los páramos, la vegetación y los sistemas de agua de páramo. Sustenta estas afirmaciones en los resultados de investigaciones científicas que INV Metals ha liderado por más de 15 años y en investigaciones independientes.
Apunta como hechos adicionales, que la huella de Loma Larga y el sitio del proyecto son menos de 65 hectáreas “mucho menos que la mayoría de operaciones mineras a gran escala” en las cuales se revegetará y rehabilitará, al cierre de las operaciones, la vegetación que sea removida tal como se viene haciendo en las zonas intervenidas. Para esto, la compañía ha creado una estación experimental y un vivero que cuenta con más de 50000 plantas nativas.
En relación a la explotación, la carta hace puntualizaciones sobre el proceso de producción de concentrados que hacen relación a la gestión de químicos y de relaves. La mina Loma Larga no usará cianuro, afirma, y además, más del 55% de los relaves se colocarán de nuevo bajo tierra.
“El uso de una instalación de relaves filtrados con soporte estructural elimina las preocupaciones relacionadas con las recientes fallas catastróficas que han ocurrido con las instalaciones convencionales de relaves”, afirman los ejecutivos de la compañía.
Luego de invitar a las autoridades locales a visitar el área del proyecto, para que conozcan “in situ” los detalles técnicos del cuidado ambiental y protección y conservación del agua, esperan que esta muestra de buena fe demuestre su voluntad de ser abiertos y transparentes “a medida que avanzamos hacia el desarrollo”.
La carta de INV Metals al Concejo provocó la reacción de grupos ambientalistas que respondieron con otra carta a las autoridades cuencanas, felicitándolos por aprobar el proyecto de Consulta Popular impulsado por el denominado Cabildo por el Agua de Cuenca sobre la minería metálica en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay.
r.
“Con el objetivo de garantizar que Cuenca maximice los beneficios potenciales del desarrollo de Loma Larga, y como señal de buena fe, INV Metals solicita respetuosamente al Concejo iniciar conversaciones con nuestro equipo” dice la carta y, a continuación, señala como puntos a tratarse: la creación de un acuerdo de beneficios para la ciudad y la colectividad; la continuidad del Acuerdo de Cooperación con Etapa, las universidades de Cuenca y del Azuay y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables.
Puntos adicionales no menos importantes para el diálogo serían: la creación de un Concejo de Desarrollo de Loma Larga compuesto por tres miembros del Concejo Municipal de Cuenca y tres miembros del equipo de desarrollo de INV Metals y un sistema de monitoreo.
Se apunta en la carta que, en virtud del mencionado Acuerdo con Etapa, firmado en 2017 y que se encuentra vigente, la ciudad ya tiene un acuerdo y un mecanismo para monitorear la calidad del agua y otros posibles impactos de Loma Larga, monitoreo que sería en tiempo real independiente público y accesible.
La misiva destaca que “el público, el Concejo y otros grupos de interés tienen serias preocupaciones sobre la preservación de las fuentes y la calidad del agua”, que la empresa comparte y por las cuales ha invertido recursos humanos y financieros en estudios científicos y técnicos que están disponibles al público.
La carta dirigida al alcalde Pedro Palacios y a los miembros del Concejo está firmada por Candance McGibbon, directora ejecutiva; Mark Thorpe, vicepresidente de responsabilidad corporativa; Jorge Barreno, gerente general y Fernando Carrión, gerente de responsabilidad social de INV Metals.
En su carta niegan enfáticamente que la compañía o la mina, en su construcción y operación, vaya a provocar impactos negativos en el agua, los páramos, la vegetación y los sistemas de agua de páramo. Sustenta estas afirmaciones en los resultados de investigaciones científicas que INV Metals ha liderado por más de 15 años y en investigaciones independientes.
Apunta como hechos adicionales, que la huella de Loma Larga y el sitio del proyecto son menos de 65 hectáreas “mucho menos que la mayoría de operaciones mineras a gran escala” en las cuales se revegetará y rehabilitará, al cierre de las operaciones, la vegetación que sea removida tal como se viene haciendo en las zonas intervenidas. Para esto, la compañía ha creado una estación experimental y un vivero que cuenta con más de 50000 plantas nativas.
En relación a la explotación, la carta hace puntualizaciones sobre el proceso de producción de concentrados que hacen relación a la gestión de químicos y de relaves. La mina Loma Larga no usará cianuro, afirma, y además, más del 55% de los relaves se colocarán de nuevo bajo tierra.
“El uso de una instalación de relaves filtrados con soporte estructural elimina las preocupaciones relacionadas con las recientes fallas catastróficas que han ocurrido con las instalaciones convencionales de relaves”, afirman los ejecutivos de la compañía.
Luego de invitar a las autoridades locales a visitar el área del proyecto, para que conozcan “in situ” los detalles técnicos del cuidado ambiental y protección y conservación del agua, esperan que esta muestra de buena fe demuestre su voluntad de ser abiertos y transparentes “a medida que avanzamos hacia el desarrollo”.
La carta de INV Metals al Concejo provocó la reacción de grupos ambientalistas que respondieron con otra carta a las autoridades cuencanas, felicitándolos por aprobar el proyecto de Consulta Popular impulsado por el denominado Cabildo por el Agua de Cuenca sobre la minería metálica en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba, Machángara y Norcay.
r.
Nuevo ataque a campamento antes de que se empiece a construir
Agosto 23 de 2020.- Un grupo de personas que se oponen a la realización de actividades mineras destruyó la semana pasada el material que había empezado a acopiar la empresa Guayacan Gold para construir un lugar desde donde dar soporte logístico a los equipos que comenzarían el trabajo exploratorio en la zona del proyecto Santiago.
El proyecto Santiago se extiende sobre la concesión del mismo nombre, sobre 2350 ha. ubicadas en la parroquia San Pablo de Tena, en el cantón Saraguro de la provincia de Loja.
La empresa Guayacan Gold, en un comunicado, afirmó que cuenta con todos los permisos y requisitos para desarrollar actividades de investigación geológica en el proyecto Santiago. “Rechazamos de manera rotunda los actos violentos. Como sector nos vemos afectados y vulnerados por ese proceder… hacemos un llamado al diálogo y la información, como herramientas justas para resolver cualquier diferencia, sin caer el agravio”, señalan.
La minera agrega en su boletín de prensa: “Nuestro fin es trabajar de forma complementaria con la agricultura, el comercio y el turismo”.
El ataque fue reivindicado por un grupo que se autodenomina “Defensores de los páramos y territorios de Gualel”, el mismo que después de incendiar el material que la empresa estaba trasladando a la zona para empezar la construcción de un refugio para geólogos, publicó un suelto en sus redes sociales.
Allí afirman que “la acción decidida del pueblo de los territorios ancestrales de Fierro Urco permite poner en jaque la intención de la empresa Guayacan Gold, subsidiaria de Cornerstone y/o SolGold de instalar un campamento minero en las faldas de la Estrella Hídrica del Sur”.
Como Cornerstone y SolGold no tienen nada que ver con el proyecto Santiago ni con los materiales que se estaban acopiando en el lugar, no han hecho pública ninguna respuesta a la mención.
“La población organizada y unida de las cuatro subcuencas hidrográficas se hizo presente el 19 de agosto del 2020, y cerró el paso a la intención de construir la primera casa del campamento. Comunicamos a la población de Saraguro, Loja, Portovelo y Catamayo que no se permitirá que se instalen las empresas mineras en zonas de recarga hídrica: Catamayo, Puyango, Jubones y Santiago”, se lee en el comunicado publicado con el logotipo de nueve organizaciones de no mineros.
El proyecto Santiago se extiende sobre la concesión del mismo nombre, sobre 2350 ha. ubicadas en la parroquia San Pablo de Tena, en el cantón Saraguro de la provincia de Loja.
La empresa Guayacan Gold, en un comunicado, afirmó que cuenta con todos los permisos y requisitos para desarrollar actividades de investigación geológica en el proyecto Santiago. “Rechazamos de manera rotunda los actos violentos. Como sector nos vemos afectados y vulnerados por ese proceder… hacemos un llamado al diálogo y la información, como herramientas justas para resolver cualquier diferencia, sin caer el agravio”, señalan.
La minera agrega en su boletín de prensa: “Nuestro fin es trabajar de forma complementaria con la agricultura, el comercio y el turismo”.
El ataque fue reivindicado por un grupo que se autodenomina “Defensores de los páramos y territorios de Gualel”, el mismo que después de incendiar el material que la empresa estaba trasladando a la zona para empezar la construcción de un refugio para geólogos, publicó un suelto en sus redes sociales.
Allí afirman que “la acción decidida del pueblo de los territorios ancestrales de Fierro Urco permite poner en jaque la intención de la empresa Guayacan Gold, subsidiaria de Cornerstone y/o SolGold de instalar un campamento minero en las faldas de la Estrella Hídrica del Sur”.
Como Cornerstone y SolGold no tienen nada que ver con el proyecto Santiago ni con los materiales que se estaban acopiando en el lugar, no han hecho pública ninguna respuesta a la mención.
“La población organizada y unida de las cuatro subcuencas hidrográficas se hizo presente el 19 de agosto del 2020, y cerró el paso a la intención de construir la primera casa del campamento. Comunicamos a la población de Saraguro, Loja, Portovelo y Catamayo que no se permitirá que se instalen las empresas mineras en zonas de recarga hídrica: Catamayo, Puyango, Jubones y Santiago”, se lee en el comunicado publicado con el logotipo de nueve organizaciones de no mineros.
Respuesta del Ministerio al Alcalde de Urcuquí:
“No rasques donde no pica”
Agosto 23 de 2020.- El pasado 19 el Coordinador de la Zonal Norte del MERNNR, Alfredo Mauricio Almeida Navarro; dirigió una extensa carta al alcalde del GAD del Cantón San Miguel De Urcuquí, Tyrone Oscar Vega Gaybor, quien al frente del COE cantonal, dos días antes había dispuesto la paralización de las actividades de SolGold y Hanrine en las parroquias La Merced de Buenos Aires y Cahuasqui “hasta la verificación de los documentos habilitantes de autorización a las empresas”.
En su misiva, Almeida Navarro le recuerda al Alcalde que según las leyes, está prohibido a los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados “interferir en la gestión de las funciones y competencias que no les corresponda por disposición constitucional o legal y que sean ejercidas por las demás dependencias públicas”, entre otras cosas.
Explica además que de acuerdo al artículo 261, numeral 11 de la Constitución, “será de competencia del Gobierno Central, la gestión de los recursos naturales no renovables” y que “el dominio del Estado sobre el subsuelo se ejercerá con independencia del derecho de propiedad sobre los terrenos superficiales que cubren las minas y yacimientos”.
La carta de Almeida Navarro es un compendio de legislación especializada en minería y participación de los gobiernos locales. Remarca, por ejemplo, que el artículo 68 de la Ley de Minería designa que la entidad competente de Regulación y Control Minero es la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR).
Como la carta enviada por el alcalde Vega indaga por el impacto socioambiental de la minería, el coordinador le responde: “para cumplir el objetivo de información y socialización de la misma se realizaron las respectivas socializaciones en el primer trimestre de año 2018, con la participación de los funcionarios del GADM San Miguel de Urcuquí referente a la política pública minera y a la competencia exclusiva de áridos y pétreos; además a los moradores de la parroquia la Merced de Buenos Aires se les impartió la socialización el 25 de enero de 2019 a las 09H00, en la Casa comunal de El Chispo y en fechas posteriores en las instalaciones de la Coordinación Zonal”.
Agrega que la solicitud de acceso a la información no implica la obligación de las entidades de la administración pública y demás entes señalados “a crear o producir información, con la que no dispongan o no tengan obligación de contar al momento de efectuarse el pedido”.
El alcalde, además de disponer “la paralización de las actividades mineras de las empresas SolGold y Hanrine Ecuatoria Exploration and Mining en las parroquias La Merced de Buenos Aires y Cahuasqui”, solicitó también varios informes a diversas instituciones involucradas con el sector: Al GAD provincial de Imbabura el informe técnico de la legalidad de la apertura de la vía rural; al Ministerio del Ambiente y Agua el catastro de las concesiones de agua autorizadas a las mineras y el estudio sobre el impacto de la minería. Al Servicio Nacional de Gestión de Resgos y Emergencias le pidió un estudio similar.
A la desaparecida Arcom y al MERNNR, el COE Cantonal le pidió el estudio sobre el impacto social, cultural y ambiental de la actividad minera en las dos parroquias y la información catastral de las concesiones en San Miguel de Urcuquí.
En su misiva, Almeida Navarro le recuerda al Alcalde que según las leyes, está prohibido a los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados “interferir en la gestión de las funciones y competencias que no les corresponda por disposición constitucional o legal y que sean ejercidas por las demás dependencias públicas”, entre otras cosas.
Explica además que de acuerdo al artículo 261, numeral 11 de la Constitución, “será de competencia del Gobierno Central, la gestión de los recursos naturales no renovables” y que “el dominio del Estado sobre el subsuelo se ejercerá con independencia del derecho de propiedad sobre los terrenos superficiales que cubren las minas y yacimientos”.
La carta de Almeida Navarro es un compendio de legislación especializada en minería y participación de los gobiernos locales. Remarca, por ejemplo, que el artículo 68 de la Ley de Minería designa que la entidad competente de Regulación y Control Minero es la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR).
Como la carta enviada por el alcalde Vega indaga por el impacto socioambiental de la minería, el coordinador le responde: “para cumplir el objetivo de información y socialización de la misma se realizaron las respectivas socializaciones en el primer trimestre de año 2018, con la participación de los funcionarios del GADM San Miguel de Urcuquí referente a la política pública minera y a la competencia exclusiva de áridos y pétreos; además a los moradores de la parroquia la Merced de Buenos Aires se les impartió la socialización el 25 de enero de 2019 a las 09H00, en la Casa comunal de El Chispo y en fechas posteriores en las instalaciones de la Coordinación Zonal”.
Agrega que la solicitud de acceso a la información no implica la obligación de las entidades de la administración pública y demás entes señalados “a crear o producir información, con la que no dispongan o no tengan obligación de contar al momento de efectuarse el pedido”.
El alcalde, además de disponer “la paralización de las actividades mineras de las empresas SolGold y Hanrine Ecuatoria Exploration and Mining en las parroquias La Merced de Buenos Aires y Cahuasqui”, solicitó también varios informes a diversas instituciones involucradas con el sector: Al GAD provincial de Imbabura el informe técnico de la legalidad de la apertura de la vía rural; al Ministerio del Ambiente y Agua el catastro de las concesiones de agua autorizadas a las mineras y el estudio sobre el impacto de la minería. Al Servicio Nacional de Gestión de Resgos y Emergencias le pidió un estudio similar.
A la desaparecida Arcom y al MERNNR, el COE Cantonal le pidió el estudio sobre el impacto social, cultural y ambiental de la actividad minera en las dos parroquias y la información catastral de las concesiones en San Miguel de Urcuquí.
Concejales piden al alcalde de Cuenca sesión
extraordinaria para ver tema de la consulta popular
Agosto 16 de 2020.- La Comisión de Medio Ambiente del Concejo Cantonal de Cuenca sesionó de manera extraordinaria la semana que pasó y acogió la propuesta y el expediente para convocar a una consulta popular en torno a la actividad minera.
La sesión, realizada en modalidad virtual y con la participación del alcalde de Cuenca, Pedro Palacios y de concejales invitados, decidió pedir al Alcalde que convoque a una sesión del concejo para la ratificación de manera urgente del pedido de consulta popular propuesto por el Cabildo Cuencano por el Agua.
En la reunión se propuso plantear que la consulta se realice conjuntamente con las elecciones de febrero del próximo año, en las cuales se elegirán al presidente y al vicepresidente, así como a los asambleístas y a los representantes al Parlamento Andino. Los concejales dijeron que era importante que el tema minero forme parte del debate electoral y de las propuestas que formulen los candidatos.
Las preguntas que vio la comisión de Medio Ambiente están relacionadas con la protección de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba y Machángara. Una adicional tiene que ver con la zona de recarga hídrica del río Norcay. Una vez discutidas en el concejo, deben ser analizadas por la Corte Constitucional y en caso sean aceptadas, será el Consejo Nacional Electoral quien convoque a la consulta.
La sesión, realizada en modalidad virtual y con la participación del alcalde de Cuenca, Pedro Palacios y de concejales invitados, decidió pedir al Alcalde que convoque a una sesión del concejo para la ratificación de manera urgente del pedido de consulta popular propuesto por el Cabildo Cuencano por el Agua.
En la reunión se propuso plantear que la consulta se realice conjuntamente con las elecciones de febrero del próximo año, en las cuales se elegirán al presidente y al vicepresidente, así como a los asambleístas y a los representantes al Parlamento Andino. Los concejales dijeron que era importante que el tema minero forme parte del debate electoral y de las propuestas que formulen los candidatos.
Las preguntas que vio la comisión de Medio Ambiente están relacionadas con la protección de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba y Machángara. Una adicional tiene que ver con la zona de recarga hídrica del río Norcay. Una vez discutidas en el concejo, deben ser analizadas por la Corte Constitucional y en caso sean aceptadas, será el Consejo Nacional Electoral quien convoque a la consulta.
Alcalde de Cuenca quiere liderar pedido de consulta popular
Agosto 2 de 2020.- El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, declaró la semana pasada que desea ponerse al frente de un movimiento que realice la defensa integral del agua, que tenga el consenso de la población y presente un pedido de consulta popular redactado de forma tal que no pueda ser rechazado por la Corte Constitucional.
Por lo pronto, Palacios tiene en sus manos la convocatoria a un cabildo cantonal para atender la solicitud presentada ya por el Foro Bicentenario de Cuenca, que pide una consulta popular que bloquee el desarrollo de la minería en el cantón. El cabildo de Cuenca tiene 15 miembros, de los cuales 10 (según voceros del Foro) han dicho que están por la consulta popular.
Palacios es un político de 45 años que llegó a la alcaldía de Cuenca liderando la lista de Alianza Azuay El futuro que Soñamos, una coalición de Democracia Sí y Ecuatorianos Unidos. Dos años antes formó el Movimiento Político Nueva Generación.
En declaraciones a una emisora local, el alcalde Palacios sostuvo que esperaba que la consulta popular se dé en el marco de una defensa integral del agua y propugne que no haya minería, ni grande ni pequeña, ni metálica ni no metálica.
Se autopropuso para liderar un movimiento por la consulta que incorpore a las cámaras de la producción, a las universidades, a todos los sectores sociales y a profesionales que elaboren una propuesta ciudadana, sin prisa y en el tiempo que sea necesario.
Todo ello con el propósito de que el texto de las preguntas a presentarse a la Corte Constitucional cumpla con los requisitos normativos y de redacción que permitan lograr lo que denominó el objetivo final de su movimiento: la defensa integral del agua.
Por lo pronto, Palacios tiene en sus manos la convocatoria a un cabildo cantonal para atender la solicitud presentada ya por el Foro Bicentenario de Cuenca, que pide una consulta popular que bloquee el desarrollo de la minería en el cantón. El cabildo de Cuenca tiene 15 miembros, de los cuales 10 (según voceros del Foro) han dicho que están por la consulta popular.
Palacios es un político de 45 años que llegó a la alcaldía de Cuenca liderando la lista de Alianza Azuay El futuro que Soñamos, una coalición de Democracia Sí y Ecuatorianos Unidos. Dos años antes formó el Movimiento Político Nueva Generación.
En declaraciones a una emisora local, el alcalde Palacios sostuvo que esperaba que la consulta popular se dé en el marco de una defensa integral del agua y propugne que no haya minería, ni grande ni pequeña, ni metálica ni no metálica.
Se autopropuso para liderar un movimiento por la consulta que incorpore a las cámaras de la producción, a las universidades, a todos los sectores sociales y a profesionales que elaboren una propuesta ciudadana, sin prisa y en el tiempo que sea necesario.
Todo ello con el propósito de que el texto de las preguntas a presentarse a la Corte Constitucional cumpla con los requisitos normativos y de redacción que permitan lograr lo que denominó el objetivo final de su movimiento: la defensa integral del agua.
Ex trabajadores, ex proveedores y vecinos de
cantón Celica hacen plantón contra Titan Minerals
Abogada María Clara Herdoíza.
Julio 26 de 2020.- Casi 30 ex trabajadores de Green Valley Resources, acompañados de ex proveedores de la minera y pobladores del cantón Celica realizaron el pasado 21 un plantón frente a las instalaciones de Titan Minerals, nueva razón social de los operadores de los proyectos Dynasti Gold, Copper Duke y Linderos, entre otros.
El plantón fue pacífico y sorprendió a los funcionarios de Titan Minerals que destacaron a la abogada María Clara Herdoíza para dialogar con los despedidos.
Ellos, según Pucará Radio, Noticias al Instante de Loja y Ecotel TV, pedían al menos un plan de pagos de sus haberes atrasados; mientras Herdoíza alegaba que no podía responder nada porque no sabía nada y, en esa medida y hasta hablar con sus jefes, tampoco podía prometer nada a los manifestantes.
Orlando García y Rodrigo Jumbo, ex trabajadores, dijeron que no comprenden que habiendo sido despedidos por fuerza mayor la empresa continúe trabajando. El 19 de mayo, Titan afirmó en un comunicado que tiene un equipo de geólogos que operan en el Dynasty Gold Project, donde se permite que la mano de obra local trabaje de conformidad con las restricciones “federales” y locales de viaje y toque de queda.
Carlos Armijos y Bolívar Armijos, por la comuna Mullunamá, dijeron que durante cuatro años de explotación minera no se han cumplido los compromisos en materia de remediación ambiental ni el proyecto urbanístico con estudios aprobados por el Municipio, entre otros 21 puntos firmados por la empresa minera en 2015.
Rodrigo Jumbo, secretario de la comuna, indicó que la comunidad firmó con el concesionario un contrato en 2015 y luego un adendo con beneficios para la comunidad que se han cumplido solo parcialmente. “Son contratos notarizados y registrados por Arcom en el registro minero”, dijo. Según afirmó, en abril la empresa les ha informado en un documento que termina definitivamente los trabajos.
Verónica Granda afirmó que son unos 30 dueños de volquetas y bañeras que trasladaban los minerales desde Celica hasta la planta de la empresa en Portovelo. “Hemos trabajado hasta con nuestro dinero para diésel, para el seguro, nos hemos financiado para tener los vehículos porque nos dijeron que el trabajo era para largo, pero los dueños no nos dan la cara”.
Danilo Fernández, otro afectado, contó que durante años dio el servicio de alimentación, es decir, desayuno, almuerzo, refrigerios y meriendas; pero los ejecutivos de la minera se fueron sin pagarle un centavo.
El plantón fue pacífico y sorprendió a los funcionarios de Titan Minerals que destacaron a la abogada María Clara Herdoíza para dialogar con los despedidos.
Ellos, según Pucará Radio, Noticias al Instante de Loja y Ecotel TV, pedían al menos un plan de pagos de sus haberes atrasados; mientras Herdoíza alegaba que no podía responder nada porque no sabía nada y, en esa medida y hasta hablar con sus jefes, tampoco podía prometer nada a los manifestantes.
Orlando García y Rodrigo Jumbo, ex trabajadores, dijeron que no comprenden que habiendo sido despedidos por fuerza mayor la empresa continúe trabajando. El 19 de mayo, Titan afirmó en un comunicado que tiene un equipo de geólogos que operan en el Dynasty Gold Project, donde se permite que la mano de obra local trabaje de conformidad con las restricciones “federales” y locales de viaje y toque de queda.
Carlos Armijos y Bolívar Armijos, por la comuna Mullunamá, dijeron que durante cuatro años de explotación minera no se han cumplido los compromisos en materia de remediación ambiental ni el proyecto urbanístico con estudios aprobados por el Municipio, entre otros 21 puntos firmados por la empresa minera en 2015.
Rodrigo Jumbo, secretario de la comuna, indicó que la comunidad firmó con el concesionario un contrato en 2015 y luego un adendo con beneficios para la comunidad que se han cumplido solo parcialmente. “Son contratos notarizados y registrados por Arcom en el registro minero”, dijo. Según afirmó, en abril la empresa les ha informado en un documento que termina definitivamente los trabajos.
Verónica Granda afirmó que son unos 30 dueños de volquetas y bañeras que trasladaban los minerales desde Celica hasta la planta de la empresa en Portovelo. “Hemos trabajado hasta con nuestro dinero para diésel, para el seguro, nos hemos financiado para tener los vehículos porque nos dijeron que el trabajo era para largo, pero los dueños no nos dan la cara”.
Danilo Fernández, otro afectado, contó que durante años dio el servicio de alimentación, es decir, desayuno, almuerzo, refrigerios y meriendas; pero los ejecutivos de la minera se fueron sin pagarle un centavo.
El fantasma de la consulta vuelve a Cuenca
Julio 26 de 2020.- Un nuevo pedido de consulta popular en contra de la actividad minera en la provincia de Cuenca se viene anunciando en estos días, teniendo como marco la celebración de los doscientos años de fundación de dicha ciudad y apelando a acuerdos que con anterioridad habría tomado la empresa Etapa.
La medida fue anunciada por la señora Ana Cecilia Salazar, integrante del Foro Bicentenario de Cuenca, quien informó que impulsa una consulta popular contra la implementación de proyectos megamineros en zonas de recargas hídricas como en Quimsacocha.
Explicó que su organización había presentado el 22 de julio una carta al alcalde de la ciudad, Pedro Palacios, para que haga cumplir la resolución que establece no tocar páramos ni cuenca hídricas, pues son zonas que, desde su punto de vista, deben estar libres de minería.
Ella se refirió también a la eventual construcción de relaveras en la provincia, en términos de rechazo a lo que llamó “piscinas gigantes que van a recibir la basura de los proyectos”.
Según la señora Salazar, el pedido de consulta popular tendría el respaldo de 10 de los 15 concejales y contendría dos preguntas:
1. ¿Está usted de acuerdo con la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tarqui según la delimitación realizada por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca, Etapa.
2. ¿Está usted de acuerdo con la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Yanuncay según la delimitación realizada por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca, Etapa?
La medida fue anunciada por la señora Ana Cecilia Salazar, integrante del Foro Bicentenario de Cuenca, quien informó que impulsa una consulta popular contra la implementación de proyectos megamineros en zonas de recargas hídricas como en Quimsacocha.
Explicó que su organización había presentado el 22 de julio una carta al alcalde de la ciudad, Pedro Palacios, para que haga cumplir la resolución que establece no tocar páramos ni cuenca hídricas, pues son zonas que, desde su punto de vista, deben estar libres de minería.
Ella se refirió también a la eventual construcción de relaveras en la provincia, en términos de rechazo a lo que llamó “piscinas gigantes que van a recibir la basura de los proyectos”.
Según la señora Salazar, el pedido de consulta popular tendría el respaldo de 10 de los 15 concejales y contendría dos preguntas:
1. ¿Está usted de acuerdo con la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tarqui según la delimitación realizada por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca, Etapa.
2. ¿Está usted de acuerdo con la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Yanuncay según la delimitación realizada por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca, Etapa?
Consulta previa otra vez en la Corte Constitucional
Julio 5 de 2020.- El pasado 4 de junio la Corte Constitucional aceptó la demanda que en noviembre del 2019 presentó el Pueblo Originario Kichwa de Sarayacu por el incumplimiento de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitida en junio del año 2012.
“Pese a haber transcurrido ocho años, el fallo de la Corte Interamericana continúa sin ser cumplido en tres puntos clave: el retiro de una tonelada y media de explosivos de nuestro territorio, que no se tome ninguna decisión sin consultar a nuestro pueblo y se ha adjudicado contratos a Petroamazonas y a una empresa china y que el Estado regule el ejercicio de la consulta previa, libre e informada de acuerdo a lo que manda la Constitución y las normas internacionales”, afirmó Túpac Viteri, líder del Pueblo Originario Kichwa de Sarayacu.
En torno al tercer punto de la sentencia de la CIDH, la Corte Constitucional del Ecuador sentenció en diciembre del año pasado “que la Asamblea Nacional del Ecuador dentro del plazo máximo de un año, expida las leyes orgánicas correspondientes que regulen el derecho a la consulta previa y prelegislativa”. Ello todavía no ha ocurrido y, sin embargo, desde el viceministerio de Minas, circuló una propuesta de reglamento que ya estaría siendo descartada por inconstitucional.
Según el Consejo de Gobierno Sarayacu la demanda es “en contra de Lenin Moreno, presidente de la República; César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional y Cecilia Chacón, secretaria nacional de Derechos Humanos quienes conjuntamente con el Dr. Iñigo Salvador Crespo, procurador general del Estado, deberán responder por no haber cumplido con la sentencia dictada por la CIDH”.
De acuerdo con los representantes del pueblo de Sarayacu, la demanda ha sido presentada no sólo para que la Corte Constitucional reconozca la obligatoriedad de la sentencia CIDH sino “para que vaya más allá, le ponga garra, consecuencia y se acelere el proceso de su cumplimiento”.
En la Corte Constitucional los jueces Carmen Corral, Agustín Grijalba y Bolívar Salgado han resuelto admitir a trámite la Acción de Incumplimiento. El caso lleva el número 0060-19-AN.
“Pese a haber transcurrido ocho años, el fallo de la Corte Interamericana continúa sin ser cumplido en tres puntos clave: el retiro de una tonelada y media de explosivos de nuestro territorio, que no se tome ninguna decisión sin consultar a nuestro pueblo y se ha adjudicado contratos a Petroamazonas y a una empresa china y que el Estado regule el ejercicio de la consulta previa, libre e informada de acuerdo a lo que manda la Constitución y las normas internacionales”, afirmó Túpac Viteri, líder del Pueblo Originario Kichwa de Sarayacu.
En torno al tercer punto de la sentencia de la CIDH, la Corte Constitucional del Ecuador sentenció en diciembre del año pasado “que la Asamblea Nacional del Ecuador dentro del plazo máximo de un año, expida las leyes orgánicas correspondientes que regulen el derecho a la consulta previa y prelegislativa”. Ello todavía no ha ocurrido y, sin embargo, desde el viceministerio de Minas, circuló una propuesta de reglamento que ya estaría siendo descartada por inconstitucional.
Según el Consejo de Gobierno Sarayacu la demanda es “en contra de Lenin Moreno, presidente de la República; César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional y Cecilia Chacón, secretaria nacional de Derechos Humanos quienes conjuntamente con el Dr. Iñigo Salvador Crespo, procurador general del Estado, deberán responder por no haber cumplido con la sentencia dictada por la CIDH”.
De acuerdo con los representantes del pueblo de Sarayacu, la demanda ha sido presentada no sólo para que la Corte Constitucional reconozca la obligatoriedad de la sentencia CIDH sino “para que vaya más allá, le ponga garra, consecuencia y se acelere el proceso de su cumplimiento”.
En la Corte Constitucional los jueces Carmen Corral, Agustín Grijalba y Bolívar Salgado han resuelto admitir a trámite la Acción de Incumplimiento. El caso lleva el número 0060-19-AN.
Accidente en relavera enloda al sector minero
Julio 6 de 2020.- El 3 de julio colapsó una relavera sobre el río Tenguel en las inmediaciones de la vía Santa Martha (Azuay) – Muyuyacu. Llegados al lugar, los técnicos de la flamante Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcer) verificaron la presencia de sedimentos que provendrían de la planta “Armijos” ubicada en el cantón Camilo Ponce Enríquez, de la provincia de Azuay y operada por la empresa Austro Gold.
Al cierre de esta edición las inspecciones continuaban y no se tenía una noción del impacto de este hecho. Arcer informó que una de las medidas inmediatas será la colocación de sellos de prohibición de actividades mineras en la planta de beneficio.
El accidente es un duro golpe a la minería ecuatoriana. Hasta ahora, la generación de relaves y desechos mineros es inevitable pero hay tecnologías que minimizan este impacto.
Las empresas responsables monitorean el tema de las relaveras y existe la página http://www.wise-uranium.org/mdaf.html, que lleva una estadística de los accidentes que se producen en estas instalaciones.
Mientras las autoridades preparan una legislación que prevenga los accidentes, grupos opuestos a la minería sacan sus propias conclusiones. Así, el “Colectivo Caminantes, espacio de articulación antiminera del Ecuador", señala que “el colapso de la mina en Ponce Enriquez fue de 50 toneladas de desechos químicos, lo que equivale a los desechos que producirá la mina Mirador en 1 minuto y 13 segundos”.
Al cierre de esta edición las inspecciones continuaban y no se tenía una noción del impacto de este hecho. Arcer informó que una de las medidas inmediatas será la colocación de sellos de prohibición de actividades mineras en la planta de beneficio.
El accidente es un duro golpe a la minería ecuatoriana. Hasta ahora, la generación de relaves y desechos mineros es inevitable pero hay tecnologías que minimizan este impacto.
Las empresas responsables monitorean el tema de las relaveras y existe la página http://www.wise-uranium.org/mdaf.html, que lleva una estadística de los accidentes que se producen en estas instalaciones.
Mientras las autoridades preparan una legislación que prevenga los accidentes, grupos opuestos a la minería sacan sus propias conclusiones. Así, el “Colectivo Caminantes, espacio de articulación antiminera del Ecuador", señala que “el colapso de la mina en Ponce Enriquez fue de 50 toneladas de desechos químicos, lo que equivale a los desechos que producirá la mina Mirador en 1 minuto y 13 segundos”.
Ex trabajadores de Titan Minerals: Testimonios de un caso sin versión oficial
Foto: Radio Impacto 107.9 en planta de beneficio de GRV ubicada en sector El Pache de Portovelo, el 16 de junio de 2020 durante protesta de trabajadores.
Junio 28 de 2020.- Angel Acurio trabajó durante 12 años en la empresa Green Valley Resources (GRV), comprada primero por Core Gold y este año por Titan Minerals. Fue despedido por carta del 15 de abril firmada por Mark Bailey, a nombre de Green Valley Resources, anunciando la “suspensión permanente de operaciones”.
Los cambios de razón social de las compañías propietarias de minas y de plantas de beneficio que fueron de la compañía Elipe S. A., con actividades en el sur del país, no llaman la atención de este hombre que consiguió su primer empleo a los 12 años y trabajó casi 20 años para Odebrecht en los proyectos trasvase Santa Elena, San Francisco y Toachi Pilatón.
“Para qué también… esa empresa me liquidó bien. En cambio Titan, ¿dicen que no podían continuar con las operaciones? El gobierno puso en vigencia el artículo 160 del Código del Trabajo y ellos se acogieron rapidito para no pagarnos lo debido. Nos han botado como al perro”.
“A mis 47 años de edad pensé que me faltaban pocos años para jubilarme y nunca me imaginé que después de todo el esfuerzo que pusimos para levantar esa empresa, en la que trabajamos seis meses sin sueldo, me iban a despedir de esa forma… Ni siquiera un aviso formal. Me enteré por la página del ministerio del Trabajo que mi liquidación era de 46 dólares porque me habían descontado 44 por no sé qué”, relata.
Acurio tiene una discapacidad en una pierna, de la que no le gusta hacer comentarios, y es uno de los 249 despedidos de Titan Minerals.
Como a todos los trabajadores de las minas Dynasty, ubicada en Celica, y Cabo de Hornos, ubicada en Portovelo, y de la planta de beneficio Svetlana 1, también con sede en Portovelo, la empresa le ofreció a través de amanuenses legales cantidades que Acurio y al menos 41 trabajadores, técnicos y profesionales rechazaron porque consideran una indignidad aceptar esas cifras.
A él le ofrecían 3411 dólares, pero si firmaba su renuncia. Como no firmó, le depositaron 44 dólares. De los demás, aproximadamente 170 han aceptado una fracción miserable de la que recibirían como liquidación por despido intempestivo más la promesa de ser recontratados.
Para Omer Torres, ex presidente de la comunidad de Mullunamá, a 8 km de Celica, tampoco resultó extraño que ahora haya dos empresas más después de Elipe y Green Valley Resources involucradas en el despido de casi 250 trabajadores en plena pandemia de coronavirus, porque “no han cumplido con la comunidad. Y sabiendo que la comuna tiene autoridades a las que deben comunicar todo lo que le afecta ni nos informaron que iban a despedir a 15 miembros que trabajaban para la empresa”.
“La ley les permite el cambio de razón social, pero la comunidad está decidida a seguir juicio a la empresa que venga”, afirma y reclama: “Ya ni sé los nombres de los gerentes, porque cada vez llega uno nuevo y ninguno ha cumplido con los compromisos”. Uno de esos acuerdos es el pago de 7000 dólares mensuales por 21 años a la comunidad y se venía cumpliendo hasta marzo.
Titan Minerals, al adquirir los activos de Core Gold, dueña de Green Valley Resources, en las concesiones de Elipe S. A., ha asumido una serie de compromisos con esta comunidad ancestral de alrededor de 50 familias, el barrio Mullunamá. Tema del que hablaremos próximamente.
Los cambios de razón social de las compañías propietarias de minas y de plantas de beneficio que fueron de la compañía Elipe S. A., con actividades en el sur del país, no llaman la atención de este hombre que consiguió su primer empleo a los 12 años y trabajó casi 20 años para Odebrecht en los proyectos trasvase Santa Elena, San Francisco y Toachi Pilatón.
“Para qué también… esa empresa me liquidó bien. En cambio Titan, ¿dicen que no podían continuar con las operaciones? El gobierno puso en vigencia el artículo 160 del Código del Trabajo y ellos se acogieron rapidito para no pagarnos lo debido. Nos han botado como al perro”.
“A mis 47 años de edad pensé que me faltaban pocos años para jubilarme y nunca me imaginé que después de todo el esfuerzo que pusimos para levantar esa empresa, en la que trabajamos seis meses sin sueldo, me iban a despedir de esa forma… Ni siquiera un aviso formal. Me enteré por la página del ministerio del Trabajo que mi liquidación era de 46 dólares porque me habían descontado 44 por no sé qué”, relata.
Acurio tiene una discapacidad en una pierna, de la que no le gusta hacer comentarios, y es uno de los 249 despedidos de Titan Minerals.
Como a todos los trabajadores de las minas Dynasty, ubicada en Celica, y Cabo de Hornos, ubicada en Portovelo, y de la planta de beneficio Svetlana 1, también con sede en Portovelo, la empresa le ofreció a través de amanuenses legales cantidades que Acurio y al menos 41 trabajadores, técnicos y profesionales rechazaron porque consideran una indignidad aceptar esas cifras.
A él le ofrecían 3411 dólares, pero si firmaba su renuncia. Como no firmó, le depositaron 44 dólares. De los demás, aproximadamente 170 han aceptado una fracción miserable de la que recibirían como liquidación por despido intempestivo más la promesa de ser recontratados.
Para Omer Torres, ex presidente de la comunidad de Mullunamá, a 8 km de Celica, tampoco resultó extraño que ahora haya dos empresas más después de Elipe y Green Valley Resources involucradas en el despido de casi 250 trabajadores en plena pandemia de coronavirus, porque “no han cumplido con la comunidad. Y sabiendo que la comuna tiene autoridades a las que deben comunicar todo lo que le afecta ni nos informaron que iban a despedir a 15 miembros que trabajaban para la empresa”.
“La ley les permite el cambio de razón social, pero la comunidad está decidida a seguir juicio a la empresa que venga”, afirma y reclama: “Ya ni sé los nombres de los gerentes, porque cada vez llega uno nuevo y ninguno ha cumplido con los compromisos”. Uno de esos acuerdos es el pago de 7000 dólares mensuales por 21 años a la comunidad y se venía cumpliendo hasta marzo.
Titan Minerals, al adquirir los activos de Core Gold, dueña de Green Valley Resources, en las concesiones de Elipe S. A., ha asumido una serie de compromisos con esta comunidad ancestral de alrededor de 50 familias, el barrio Mullunamá. Tema del que hablaremos próximamente.
Consulta previa: paso en falso que puede rectificarse
Junio 14 de 2020.- El documento borrador sobre consulta previa que según el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, fue elaborado con el apoyo de siete expertos internacionales e iba a ser socializado en estos meses, ha sido un paso en falso en asuntos de relaciones comunitarias.
En efecto, el pasado 14 de mayo el ingeniero Benalcázar, informó que el borrador del reglamento de consulta previa, libre e informada había sido ya completado y sería sometido a la consideración del sector para los aportes respectivos.
Meses antes el ex viceministro de Minas, Enrique Gallegos, informó también que como segundo eje de su gestión, se contemplaba el marco jurídico - legal y, en ese contexto, destacó la importancia que tenía normalizar el proceso de consulta previa.
El documento del que habló el viceministro fue entregado en consulta a la Cámara de Minería de Ecuador, estuvo siendo analizado por algunas organizaciones de la sociedad civil y hasta el momento en que se escribían estas líneas, no se había entregado a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, ni a otras organizaciones también representativas de las poblaciones nativas, específicamente de la Amazonía que han tenido contacto con las actividades mineras en sus territorios.
Felizmente porque se trata de un tema que no debe ser tomado a la ligera. Si lo ideal sería reestructurar las relaciones que se vienen estableciendo con las comunidades y, en líneas generales, recuperar el tiempo perdido y la confianza de las comunidades con información adecuada, transparente y clara, hay que hacer las cosas bien hechas.
Pero los que hicieron el documento no sabían. La Sentencia 001-10-SIN-CC (Ver Vía Minera No. 45) dictó normas sobre la consulta previa y, en síntesis, dictaminó que la consulta debe ser establecida en concordancia con una ley de la Asamblea Nacional, no con un reglamento.
Eso mismo han dicho los delegados de las pequeñas y de las grandes empresas que han sido consultadas por el Viceministerio de Minas.
En efecto, el pasado 14 de mayo el ingeniero Benalcázar, informó que el borrador del reglamento de consulta previa, libre e informada había sido ya completado y sería sometido a la consideración del sector para los aportes respectivos.
Meses antes el ex viceministro de Minas, Enrique Gallegos, informó también que como segundo eje de su gestión, se contemplaba el marco jurídico - legal y, en ese contexto, destacó la importancia que tenía normalizar el proceso de consulta previa.
El documento del que habló el viceministro fue entregado en consulta a la Cámara de Minería de Ecuador, estuvo siendo analizado por algunas organizaciones de la sociedad civil y hasta el momento en que se escribían estas líneas, no se había entregado a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, ni a otras organizaciones también representativas de las poblaciones nativas, específicamente de la Amazonía que han tenido contacto con las actividades mineras en sus territorios.
Felizmente porque se trata de un tema que no debe ser tomado a la ligera. Si lo ideal sería reestructurar las relaciones que se vienen estableciendo con las comunidades y, en líneas generales, recuperar el tiempo perdido y la confianza de las comunidades con información adecuada, transparente y clara, hay que hacer las cosas bien hechas.
Pero los que hicieron el documento no sabían. La Sentencia 001-10-SIN-CC (Ver Vía Minera No. 45) dictó normas sobre la consulta previa y, en síntesis, dictaminó que la consulta debe ser establecida en concordancia con una ley de la Asamblea Nacional, no con un reglamento.
Eso mismo han dicho los delegados de las pequeñas y de las grandes empresas que han sido consultadas por el Viceministerio de Minas.
Informe de RMI encontró muy limitada la gestión responsable de las grandes mineras
Junio 14 de 2020.- Los compromisos corporativos declarados no se igualan a las acciones concretas realizadas por las empresas en las minas según el informe de investigación: “¿Minería responsable en América Latina y el Caribe? Evaluando cómo las empresas mineras abordan cuestiones de interés público”, de la Responsible Mining Foundation (RMF) y el Centro Vincular-PUCV, documento lanzado a principios de este año.
La Fundación, que se declara independiente y libre de financiamiento minero, cree que la minería puede beneficiar a las economías, mejorar la vida de las personas y respetar el ambiente de los países productores. El Centro Vincular es una entidad especializada en la gestión sostenible de organizaciones y empresas públicas y privadas, adscrita a la Escuela de Negocios y Economía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
El informe, que se realiza desde hace 5 años, evaluó a 38 empresas de gran escala cuyas ventas sumadas representan aproximadamente el 28 por ciento del valor global de la producción minera mundial. Para el caso regional, incluyó a 20 que tienen 49 operaciones mineras en América Latina y el Caribe. Para equilibrar el horizonte, se puso bajo la lupa a empresas privadas y públicas.
El reporte aborda el desempeño de las empresas en seis áreas temáticas: desarrollo económico, conducta empresarial, gestión del ciclo de vida, condiciones de trabajo, bienestar comunitario y responsabilidad medioambiental; y destaca prácticas líderes encontradas relacionadas con algunos de los indicadores básicos de minería responsable que son once: consumo de agua, manejo de relaves, preparación para casos de emergencia, defensores de los derechos humanos, pueblos indígenas, impactos sobre la calidad del agua, reclamos de trabajadores y comunidades, rehabilitación y planificación para el cierre, planificación del desarrollo socioeconómico, desarrollo de habilidades para las comunidades y la fuerza laboral local; y equidad de género.
El análisis se aplica a una recolección de la información pública de las empresas mineras y un conjunto de evidencias adicionales que solicitan a las empresas sobre sus prácticas en las minas.
Aunque no se incluyeron operaciones que se realizan en Ecuador, se analizó minas en todo el mundo de seis empresas presentes en el país: Anglo American, BHP Billiton, Codelco, First Quantum (que está entrando en alianza con Lucky Minerals), Grupo México y Newcrest Mining.
El estudio presenta evidencia de que seis empresas con sede en América Latina y el Caribe no muestran liderazgo en temas de particular pertinencia para la región, como los defensores de los derechos humanos, los Pueblos Indígenas, el cierre de minas, la rehabilitación y el agua. Las seis empresas (ya sea registradas, o con operaciones únicamente en esta región) incluyen Antofagasta, Buenaventura, Codelco, Grupo México, Industrias Peñoles y Vale.
El estudio encuentra que, si bien la industria tiene un enorme potencial para contribuir al desarrollo sostenible, también puede representar una amenaza para la vida y los medios de vida de las comunidades y los trabajadores, y para el medio ambiente en los países productores.
Reflexionando sobre buenos modelos y prácticas líderes vistos en la región, el estudio recomienda caminos a seguir para que las empresas y los gobiernos avancen hacia una minería responsable basada en normas reconocidas internacionalmente.
Un punto de partida valioso para que las empresas actúen sería, según recomienda, aplicar sistemas corporativos consistentemente a través de sus explotaciones mineras y compartir de manera transparente toda la información de interés público como práctica estándar.
El Estudio Regional 2020: América latina y el Caribe, conteniendo 4000 documentos originales de respaldo de la información se encuentra en la web de la RMI. Se lo puede descargar aquí:
https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMI-Report_Regional-Study-2020_LAC-SP.pdf
La Fundación, que se declara independiente y libre de financiamiento minero, cree que la minería puede beneficiar a las economías, mejorar la vida de las personas y respetar el ambiente de los países productores. El Centro Vincular es una entidad especializada en la gestión sostenible de organizaciones y empresas públicas y privadas, adscrita a la Escuela de Negocios y Economía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
El informe, que se realiza desde hace 5 años, evaluó a 38 empresas de gran escala cuyas ventas sumadas representan aproximadamente el 28 por ciento del valor global de la producción minera mundial. Para el caso regional, incluyó a 20 que tienen 49 operaciones mineras en América Latina y el Caribe. Para equilibrar el horizonte, se puso bajo la lupa a empresas privadas y públicas.
El reporte aborda el desempeño de las empresas en seis áreas temáticas: desarrollo económico, conducta empresarial, gestión del ciclo de vida, condiciones de trabajo, bienestar comunitario y responsabilidad medioambiental; y destaca prácticas líderes encontradas relacionadas con algunos de los indicadores básicos de minería responsable que son once: consumo de agua, manejo de relaves, preparación para casos de emergencia, defensores de los derechos humanos, pueblos indígenas, impactos sobre la calidad del agua, reclamos de trabajadores y comunidades, rehabilitación y planificación para el cierre, planificación del desarrollo socioeconómico, desarrollo de habilidades para las comunidades y la fuerza laboral local; y equidad de género.
El análisis se aplica a una recolección de la información pública de las empresas mineras y un conjunto de evidencias adicionales que solicitan a las empresas sobre sus prácticas en las minas.
Aunque no se incluyeron operaciones que se realizan en Ecuador, se analizó minas en todo el mundo de seis empresas presentes en el país: Anglo American, BHP Billiton, Codelco, First Quantum (que está entrando en alianza con Lucky Minerals), Grupo México y Newcrest Mining.
El estudio presenta evidencia de que seis empresas con sede en América Latina y el Caribe no muestran liderazgo en temas de particular pertinencia para la región, como los defensores de los derechos humanos, los Pueblos Indígenas, el cierre de minas, la rehabilitación y el agua. Las seis empresas (ya sea registradas, o con operaciones únicamente en esta región) incluyen Antofagasta, Buenaventura, Codelco, Grupo México, Industrias Peñoles y Vale.
El estudio encuentra que, si bien la industria tiene un enorme potencial para contribuir al desarrollo sostenible, también puede representar una amenaza para la vida y los medios de vida de las comunidades y los trabajadores, y para el medio ambiente en los países productores.
Reflexionando sobre buenos modelos y prácticas líderes vistos en la región, el estudio recomienda caminos a seguir para que las empresas y los gobiernos avancen hacia una minería responsable basada en normas reconocidas internacionalmente.
Un punto de partida valioso para que las empresas actúen sería, según recomienda, aplicar sistemas corporativos consistentemente a través de sus explotaciones mineras y compartir de manera transparente toda la información de interés público como práctica estándar.
El Estudio Regional 2020: América latina y el Caribe, conteniendo 4000 documentos originales de respaldo de la información se encuentra en la web de la RMI. Se lo puede descargar aquí:
https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/RMI-Report_Regional-Study-2020_LAC-SP.pdf
Autoridades de Cuellaje rechazan oficio ministerial
Junio 7 de 2020.- Las autoridades del Gobierno Parroquial 6 de Julio de Cuellaje han dado a conocer su descontento con la respuesta que han recibido del gobierno por su oposición al proyecto Llurimagua.
El GAD parroquial de Cuellaje envió el pasado 18 de abril un oficio a la Presidencia de la República en el que, entre otras cosas, expresaban su preocupación por “un proyecto que nunca fue consultado con las comunidades… fue impuesto a la fuerza y, por lo tanto, consideramos el proyecto ilegal e ilegítimo”.
El oficio, firmado por presidente del GAD parroquial, Angel Flores, decía también: “En Intag llevamos más de 25 años en esta lucha a favor del agua y la vida y sabemos en términos científicos y geológicas (sic) por qué el proyecto Llurimagua es un desastre ambiental y humano de enormes proporciones para las provincias de Imbabura, Pichincha y Esmeraldas”.
Dicho oficio fue derivado al ministerio de Energía y Recursos No Renovables que, en oficio del 27 de mayo, respondió a las autoridades parroquiales deseándoles “el mejor de los éxitos en las nobles funciones que desempeñan” y reseñando el art. 261 de la Constitución según el cual “el Gobierno Central tiene la competencia exclusiva sobre la planificación nacional y los recursos naturales”.
El oficio en mención, firmado por el coordinador general jurídico, Pedro Francisco Fernández de Córdova Arteaga, reseña además otros cuerpos legales y doctrinarios y termina señalando (al presidente del Gad parroquial) que “la promulgación de un acto normativo… que pretenda prohibir la actividad minera en cualquier régimen, podría dar lugar a la interposición de acciones legales ante los Tribunales de Justicia, tanto en el ámbito constitucional como contencioso administrativo…”.
El GAD parroquial de Cuellaje envió el pasado 18 de abril un oficio a la Presidencia de la República en el que, entre otras cosas, expresaban su preocupación por “un proyecto que nunca fue consultado con las comunidades… fue impuesto a la fuerza y, por lo tanto, consideramos el proyecto ilegal e ilegítimo”.
El oficio, firmado por presidente del GAD parroquial, Angel Flores, decía también: “En Intag llevamos más de 25 años en esta lucha a favor del agua y la vida y sabemos en términos científicos y geológicas (sic) por qué el proyecto Llurimagua es un desastre ambiental y humano de enormes proporciones para las provincias de Imbabura, Pichincha y Esmeraldas”.
Dicho oficio fue derivado al ministerio de Energía y Recursos No Renovables que, en oficio del 27 de mayo, respondió a las autoridades parroquiales deseándoles “el mejor de los éxitos en las nobles funciones que desempeñan” y reseñando el art. 261 de la Constitución según el cual “el Gobierno Central tiene la competencia exclusiva sobre la planificación nacional y los recursos naturales”.
El oficio en mención, firmado por el coordinador general jurídico, Pedro Francisco Fernández de Córdova Arteaga, reseña además otros cuerpos legales y doctrinarios y termina señalando (al presidente del Gad parroquial) que “la promulgación de un acto normativo… que pretenda prohibir la actividad minera en cualquier régimen, podría dar lugar a la interposición de acciones legales ante los Tribunales de Justicia, tanto en el ámbito constitucional como contencioso administrativo…”.
Nace think thank en el sector minero ecuatoriano
Mayo 31 de 2020.- El 26 de mayo se presentó ante la sociedad minera ecuatoriana el Laboratorio de pensamientos para la innovación y desarrollo sostenible de la minería, LIDS, con el webinar “Estableciendo estrategias para la innovación y desarrollo sostenible del sector extractivo minero ecuatoriano”, en el que participaron cuatro expertos en diferentes áreas temáticas mineras y el ex ministro de Finanzas, Marco Flores.
Ellos expusieron los resultados de análisis de big data sobre la percepción de la minería en los ecuatorianos pre y post coronavirus.
LIDS ha sido creado por Elisa Morán y Sonia Maunder. Elisa Morán es experta en derecho minero con amplia experiencia en negociación y miembro del programa Extractives-led Local Economic Diversification Community of Practice member, del Banco Mundial. Sonia Maunder es experta en el desarrollo de estrategias corporativas en mercados de Latinoamérica y Australia.
También tomaron parte en el webinar el ingeniero Darío Zegarra M., vicepresidente de Asuntos Corporativos de Minera Antamina, Perú, y el ingeniero Andrés Recalde, consultor en Gestión Social en el desarrollo minero, con amplia experiencia de trabajo para empresas mineras internacionales que operan en América Latina.
Recalde se refirió a la fase de relacionamiento social como un valor que “debe manejarse con cuidado y profesionalmente”. Sostuvo que una gerencia debe contar con una política corporativa de relacionamiento e inversión social y que ello “no es simplemente un deseo, una casualidad porque de repente nos encontramos con algo que decirle a la comunidad de parte de la empresa”.
Dicha política “tiene que ser algo estructurado, al mismo nivel que una competencia financiera, técnica, logística”, remarcó.
Reveló que las experiencias internacionales existentes colocan el monto de inversión social necesario para mantener aceptabilidad social en valores que varían entre el 0,2 al 5 por ciento del OPEX de las compañías.
La data acerca de la percepción de los ecuatorianos fue realizada por Antro Proyectos Big Data Analytics.
Si se perdió el webinar, aquí se encuentra el video:
https://www.facebook.com/hjbecdach/videos/254300825812581/?v=254300825812581
Ellos expusieron los resultados de análisis de big data sobre la percepción de la minería en los ecuatorianos pre y post coronavirus.
LIDS ha sido creado por Elisa Morán y Sonia Maunder. Elisa Morán es experta en derecho minero con amplia experiencia en negociación y miembro del programa Extractives-led Local Economic Diversification Community of Practice member, del Banco Mundial. Sonia Maunder es experta en el desarrollo de estrategias corporativas en mercados de Latinoamérica y Australia.
También tomaron parte en el webinar el ingeniero Darío Zegarra M., vicepresidente de Asuntos Corporativos de Minera Antamina, Perú, y el ingeniero Andrés Recalde, consultor en Gestión Social en el desarrollo minero, con amplia experiencia de trabajo para empresas mineras internacionales que operan en América Latina.
Recalde se refirió a la fase de relacionamiento social como un valor que “debe manejarse con cuidado y profesionalmente”. Sostuvo que una gerencia debe contar con una política corporativa de relacionamiento e inversión social y que ello “no es simplemente un deseo, una casualidad porque de repente nos encontramos con algo que decirle a la comunidad de parte de la empresa”.
Dicha política “tiene que ser algo estructurado, al mismo nivel que una competencia financiera, técnica, logística”, remarcó.
Reveló que las experiencias internacionales existentes colocan el monto de inversión social necesario para mantener aceptabilidad social en valores que varían entre el 0,2 al 5 por ciento del OPEX de las compañías.
La data acerca de la percepción de los ecuatorianos fue realizada por Antro Proyectos Big Data Analytics.
Si se perdió el webinar, aquí se encuentra el video:
https://www.facebook.com/hjbecdach/videos/254300825812581/?v=254300825812581
Cigmipa reitera llamado a la colegiación
Mayo 31 de 2020.- El Colegio de Ingenieros Geólogos, Mineros, Petroleros y Ambientales “Cigmipa"” viene promoviendo la incorporación de nuevos miembros y la realización de más actividades que contribuyan a elevar el nivel de los profesionales y la industria minero energética ecuatoriana.
Para ser parte del colegio, se necesita presentar una solicitud cuyo formato se encuentra en la página oficial del colegio; una copia del título de profesión registrado en el Senescyt, la copia a color de la CI y papeleta de votación y una copia a color del título de tercer nivel.
Los beneficios de ser un ingeniero colegiado son múltiples. En materia de Defensa del Ejercicio Profesional, el Cigmipa ofrece soporte en el campo laboral y es el referente profesional para las empresas que solicitan ingenieros. Los socios del Cigmipa siempre gozan de diferentes ofertas de trabajo.
En temas de capacitación, el colegio ofrece programas de primer nivel a los cuales el socio puede acceder con un costo preferencial.
Cigmipa ofrece cursos y seminarios Internacionales, apoya la publicación de artículos y libros de los miembros, tiene un Centro de Capacitación Hidrocarburífera y Minera del Ecuador y cuenta con 3 salas y un auditorio, el que permite a los socios organizar foros de discusión en el programa “Fortalecimiento de Espacios de Debate”.
Posee además instalaciones administrativas y recreativas pensadas para el beneficio de los socios. Cuenta con una sala de reuniones; con servicio de internet inalámbrico y una sede deportiva que brinda los servicios de sauna, turco, hidromasaje, piscinas, canchas deportivas, espacios de BBQ y juegos infantiles.
Cigmipa tiene un programa que apunta hacia la integración social y deportiva entre colegas. Realiza campeonatos deportivos y actividades de reconocimiento a la labor desempeñada por los socios que cumplen 20, 25, 30, 35, 40 y más años de ejercicio profesional. Promueve obsequios de Navidad a los socios, agasajo navideño y celebra el Día de la Familia. Tiene asimismo convenios interinstitucionales que facilitan el desarrollo profesional de sus miembros.
Los socios pueden acceder a becas y descuentos en cursos y seminarios. Tienen derecho a la revista semestral Oro y Petróleo, reciben informativos electrónicos (quincenal, semanal, de capacitación y deportivo), con información del gremio y todos los días las noticias relevantes del sector.
La información sobre los costos de inscripción y otras actividades del Cigmipa puede solicitarse a Alexandra Guevara, del departamento de Cartera y Ventas.
Para ser parte del colegio, se necesita presentar una solicitud cuyo formato se encuentra en la página oficial del colegio; una copia del título de profesión registrado en el Senescyt, la copia a color de la CI y papeleta de votación y una copia a color del título de tercer nivel.
Los beneficios de ser un ingeniero colegiado son múltiples. En materia de Defensa del Ejercicio Profesional, el Cigmipa ofrece soporte en el campo laboral y es el referente profesional para las empresas que solicitan ingenieros. Los socios del Cigmipa siempre gozan de diferentes ofertas de trabajo.
En temas de capacitación, el colegio ofrece programas de primer nivel a los cuales el socio puede acceder con un costo preferencial.
Cigmipa ofrece cursos y seminarios Internacionales, apoya la publicación de artículos y libros de los miembros, tiene un Centro de Capacitación Hidrocarburífera y Minera del Ecuador y cuenta con 3 salas y un auditorio, el que permite a los socios organizar foros de discusión en el programa “Fortalecimiento de Espacios de Debate”.
Posee además instalaciones administrativas y recreativas pensadas para el beneficio de los socios. Cuenta con una sala de reuniones; con servicio de internet inalámbrico y una sede deportiva que brinda los servicios de sauna, turco, hidromasaje, piscinas, canchas deportivas, espacios de BBQ y juegos infantiles.
Cigmipa tiene un programa que apunta hacia la integración social y deportiva entre colegas. Realiza campeonatos deportivos y actividades de reconocimiento a la labor desempeñada por los socios que cumplen 20, 25, 30, 35, 40 y más años de ejercicio profesional. Promueve obsequios de Navidad a los socios, agasajo navideño y celebra el Día de la Familia. Tiene asimismo convenios interinstitucionales que facilitan el desarrollo profesional de sus miembros.
Los socios pueden acceder a becas y descuentos en cursos y seminarios. Tienen derecho a la revista semestral Oro y Petróleo, reciben informativos electrónicos (quincenal, semanal, de capacitación y deportivo), con información del gremio y todos los días las noticias relevantes del sector.
La información sobre los costos de inscripción y otras actividades del Cigmipa puede solicitarse a Alexandra Guevara, del departamento de Cartera y Ventas.
Colectivos “antimineros” ofrecieron rueda de prensa
Mayo 31 de 2020.- El colectivo Acción Ecológica realizó la semana pasada una rueda de prensa virtual en la que se presentaron algunas ideas fuerza del autodenominado “espacio de coordinación antiminera”.
"Estamos a tiempo para echar abajo esta ilusión de la megaminería, no va a resolver problemas de empleo porque los va a agravar y, en términos económicos, es una verdadera estafa", dijo Alberto Acosta, exministro de Energía y expresidente de la Asamblea Constituyente.
Acosta criticó la posibilidad que tiene la gran minería de generar 32.000 puestos de trabajo directos, pues esa cifra es apenas el 0,4% de la población económicamente activa del país, cifra ridícula en comparación con Perú y Chile, donde la minería representa el 1,1% y el 1,8% del empleo, respectivamente.
Sostuvo que los ingresos que percibirá el Estado se desvanecen si se toma en cuenta el costo que tendría la remediación ambiental de los suelos afectados.
En la rueda de prensa participó también el periodista Cristina Zurita quien, en resumen, dijo que no era “antiminero”. Zurita criticó la falta de transparencia en el sector.
Por su parte la señora Silvia Quilumbango, del colectivo Caminantes, centró su intervención en mostrar su preocupación por los daños ambientales que podría generar el proyecto minero Llurimagua. Dijo además que sólo 20 de los 160 puestos de trabajo creados durante la exploración fueron ocupados por mujeres.
"Estamos a tiempo para echar abajo esta ilusión de la megaminería, no va a resolver problemas de empleo porque los va a agravar y, en términos económicos, es una verdadera estafa", dijo Alberto Acosta, exministro de Energía y expresidente de la Asamblea Constituyente.
Acosta criticó la posibilidad que tiene la gran minería de generar 32.000 puestos de trabajo directos, pues esa cifra es apenas el 0,4% de la población económicamente activa del país, cifra ridícula en comparación con Perú y Chile, donde la minería representa el 1,1% y el 1,8% del empleo, respectivamente.
Sostuvo que los ingresos que percibirá el Estado se desvanecen si se toma en cuenta el costo que tendría la remediación ambiental de los suelos afectados.
En la rueda de prensa participó también el periodista Cristina Zurita quien, en resumen, dijo que no era “antiminero”. Zurita criticó la falta de transparencia en el sector.
Por su parte la señora Silvia Quilumbango, del colectivo Caminantes, centró su intervención en mostrar su preocupación por los daños ambientales que podría generar el proyecto minero Llurimagua. Dijo además que sólo 20 de los 160 puestos de trabajo creados durante la exploración fueron ocupados por mujeres.
Empezó socialización sobre Consulta Libre, Previa e Informada
Mayo 24 de 2020.- Hace un par de semanas, por fin, se inició la socialización del documento preliminar de consulta previa, libre e informada a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montuvias para la realización de actividades mineras en sus territorios.
La socialización del borrador empezó con las empresas mineras y según el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, debe continuar hasta conocer las opiniones de todos los involucrados con la actividad.
El tema no es nuevo en el sector. El caso más emblemático, aunque no está relacionado directamente con la minería, es el provocado por la adjudicación del Bloque 23 a la compañía argentina CGC que afectó al pueblo Sarayaku y terminó con el Estado ecuatoriano sentado en el banquillo de los acusados.
Al final, la CIDH sentenció que hubo violación de los derechos de consulta, propiedad comunal indígena e identidad cultural al haber permitido que una empresa petrolera privada realizara actividades de exploración petrolera en tierras de los Sarayaku sin haber consultado previamente a la comunidad.
En asuntos del sector, después de la promulgación de la ley de Minería, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador presentó una demanda de inconstitucionalidad de forma y fondo por lo que ellos consideraron la violación a sus derechos constitucionales durante el proceso de discusión y aprobación de la ley por falta de la consulta prelegislativa. En este caso, en la Sentencia 001-10-SIN-CC la Corte Constitucional desechó esta demanda pero dictó algunas normas sobre la consulta previa.
Al margen de las sentencias recientes sobre las consultas populares en Azuay, el tema debería provocar un debate profundo sobre las aspiraciones de los pueblos a hacer realidad sus propias nociones sobre el desarrollo de sus territorios. Las mentes más lúcidas de una serie de organismos multilaterales, incluidas las de algunos voceros del empresariado minero, reconocen que sobre los territorios está la sabiduría ancestral y, sobre todo, están los propios pueblos indígenas.
Vale recordar que el discurso respecto de la consulta libre, previa e informada, se elaboró partiendo de reconocer que los derechos de los indígenas fueron violados sistemáticamente en nuestra historia. Esa es una de las razones por las que, desde hace más de 40 años el derecho internacional puso en su agenda de derechos humanos la discusión de estos temas.
Algunas propuestas
El documento elaborado, según el viceministro Benalcázar, con la participación de siete expertos internacionales, propone que la consulta previa proceda antes de que un área minera sea incluida en un proceso de otorgamiento de derechos mineros. También que se actualice antes de empezar la explotación de una concesión.
En el caso de la pequeña minería y la artesanal, la propuesta es que la consulta se haga antes del otorgamiento del título minero y que como en este grupo la exploración y la explotación no son etapas distintas de unas labores sino que pueden ocurrir simultáneamente, no sea necesaria la actualización.
Respecto de la pertinencia o no de realizar el proceso de consulta libre, previa e informada, el documento plantea que sea el Ministerio quien, a partir del diagnóstico social del área en el que se planea realizar un proyecto, es decir, de la definición de si el área está habitada o no por “sujetos de consulta”, determine si se considera o no la opinión de los pobladores.
Se plantea también que en el caso de que una comunidad rechace ser consultada, el Ministerio haga todo lo posible para que la información del proyecto minero en cuestión esté a disposición de la población al menos por treinta días, transcurridos los cuales se emitirá la respectiva resolución motivada de finalización del proceso de consulta previa.
La propuesta señala que en los casos en los que existan organizaciones que se sienten representantes de las comunidades y no hayan sido tomadas en cuenta, podrán solicitar que se les incluya en el proceso.
Respecto de la convocatoria, se propone que se convoque a través de medios de comunicación digital o escritos, páginas web, radioemisoras comerciales o comunitarias, invitaciones directas, carteles, volantes, pancartas, a través de invitaciones hechas puerta a puerta o a través de altoparlantes.
En sus considerandos, la propuesta invoca los artículos 261 y 313 de la Constitución de la República del Ecuador que reconocen la competencia exclusiva del Estado sobre los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, etc.
La socialización del borrador empezó con las empresas mineras y según el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, debe continuar hasta conocer las opiniones de todos los involucrados con la actividad.
El tema no es nuevo en el sector. El caso más emblemático, aunque no está relacionado directamente con la minería, es el provocado por la adjudicación del Bloque 23 a la compañía argentina CGC que afectó al pueblo Sarayaku y terminó con el Estado ecuatoriano sentado en el banquillo de los acusados.
Al final, la CIDH sentenció que hubo violación de los derechos de consulta, propiedad comunal indígena e identidad cultural al haber permitido que una empresa petrolera privada realizara actividades de exploración petrolera en tierras de los Sarayaku sin haber consultado previamente a la comunidad.
En asuntos del sector, después de la promulgación de la ley de Minería, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador presentó una demanda de inconstitucionalidad de forma y fondo por lo que ellos consideraron la violación a sus derechos constitucionales durante el proceso de discusión y aprobación de la ley por falta de la consulta prelegislativa. En este caso, en la Sentencia 001-10-SIN-CC la Corte Constitucional desechó esta demanda pero dictó algunas normas sobre la consulta previa.
Al margen de las sentencias recientes sobre las consultas populares en Azuay, el tema debería provocar un debate profundo sobre las aspiraciones de los pueblos a hacer realidad sus propias nociones sobre el desarrollo de sus territorios. Las mentes más lúcidas de una serie de organismos multilaterales, incluidas las de algunos voceros del empresariado minero, reconocen que sobre los territorios está la sabiduría ancestral y, sobre todo, están los propios pueblos indígenas.
Vale recordar que el discurso respecto de la consulta libre, previa e informada, se elaboró partiendo de reconocer que los derechos de los indígenas fueron violados sistemáticamente en nuestra historia. Esa es una de las razones por las que, desde hace más de 40 años el derecho internacional puso en su agenda de derechos humanos la discusión de estos temas.
Algunas propuestas
El documento elaborado, según el viceministro Benalcázar, con la participación de siete expertos internacionales, propone que la consulta previa proceda antes de que un área minera sea incluida en un proceso de otorgamiento de derechos mineros. También que se actualice antes de empezar la explotación de una concesión.
En el caso de la pequeña minería y la artesanal, la propuesta es que la consulta se haga antes del otorgamiento del título minero y que como en este grupo la exploración y la explotación no son etapas distintas de unas labores sino que pueden ocurrir simultáneamente, no sea necesaria la actualización.
Respecto de la pertinencia o no de realizar el proceso de consulta libre, previa e informada, el documento plantea que sea el Ministerio quien, a partir del diagnóstico social del área en el que se planea realizar un proyecto, es decir, de la definición de si el área está habitada o no por “sujetos de consulta”, determine si se considera o no la opinión de los pobladores.
Se plantea también que en el caso de que una comunidad rechace ser consultada, el Ministerio haga todo lo posible para que la información del proyecto minero en cuestión esté a disposición de la población al menos por treinta días, transcurridos los cuales se emitirá la respectiva resolución motivada de finalización del proceso de consulta previa.
La propuesta señala que en los casos en los que existan organizaciones que se sienten representantes de las comunidades y no hayan sido tomadas en cuenta, podrán solicitar que se les incluya en el proceso.
Respecto de la convocatoria, se propone que se convoque a través de medios de comunicación digital o escritos, páginas web, radioemisoras comerciales o comunitarias, invitaciones directas, carteles, volantes, pancartas, a través de invitaciones hechas puerta a puerta o a través de altoparlantes.
En sus considerandos, la propuesta invoca los artículos 261 y 313 de la Constitución de la República del Ecuador que reconocen la competencia exclusiva del Estado sobre los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, etc.
Dice el Colegio de Ingenieros:
Petróleo, minería y energía claves para la mitigación de la crisis económica y social
Mayo 17 de 2020.- El Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos, Ambiental y Especialidades afines de la Región Norte (Cigmipa), ha enviado una extensa carta al presidente de la República, Lenín Moreno, ofreciendo una serie de propuestas frente a temas claves del sector minero energético.
La carta completa puede leerse en www.viaminera.com; y esgrime como uno de sus argumentos principales que “ante la profunda crisis económica y social que afecta a la mayoría de ecuatorianos, tanto el gobierno como el sector privado, en la reducción del tamaño del Estado -que significa menos empleo y servicios- han visto la principal alternativa de solución”.
Señala que “es evidente que parte de su equipo gubernamental representado por los ministerios de Energía y Recursos Naturales No Renovables y el de Finanzas… no han considerado un grupo de opciones que las creemos válidas y oportunas para mejorar los escuálidos ingresos que el Estado viene recibiendo debido a la impresionante reducción de la renta petrolera estatal y por el insuficiente aporte que suponen los nuevos ingresos mineros”.
Respecto de la actividad minera, Cigmipa sostiene que “los ecuatorianos no exportamos el material mineralizado, quienes sí lo hacen son las empresas contratistas” y agrega que existe preocupación porque no se estaría dando cumplimiento al inciso segundo del artículo 408 de la Constitución del 2008, que en su parte medular dice: “El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota.”
En cuanto al proyecto Llurimagua, en el que Enami está a punto de asociarse con la estatal chilena Codelco, Cigmipa dice: “Nos permitimos recomendar que, en aras del más alto interés nacional, se dé paso a una nueva y transparente licitación internacional en la que, bajo la figura de la conformación de una compañía mixta, la empresa pública Enami EP sea la que tenga la mayoría accionaria”.
La carta es firmada por los ingenieros Ramiro Maruri y Fernando Reyes, presidente y vicepresidente del Cigmipa, respectivamente.
La carta completa puede leerse en www.viaminera.com; y esgrime como uno de sus argumentos principales que “ante la profunda crisis económica y social que afecta a la mayoría de ecuatorianos, tanto el gobierno como el sector privado, en la reducción del tamaño del Estado -que significa menos empleo y servicios- han visto la principal alternativa de solución”.
Señala que “es evidente que parte de su equipo gubernamental representado por los ministerios de Energía y Recursos Naturales No Renovables y el de Finanzas… no han considerado un grupo de opciones que las creemos válidas y oportunas para mejorar los escuálidos ingresos que el Estado viene recibiendo debido a la impresionante reducción de la renta petrolera estatal y por el insuficiente aporte que suponen los nuevos ingresos mineros”.
Respecto de la actividad minera, Cigmipa sostiene que “los ecuatorianos no exportamos el material mineralizado, quienes sí lo hacen son las empresas contratistas” y agrega que existe preocupación porque no se estaría dando cumplimiento al inciso segundo del artículo 408 de la Constitución del 2008, que en su parte medular dice: “El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota.”
En cuanto al proyecto Llurimagua, en el que Enami está a punto de asociarse con la estatal chilena Codelco, Cigmipa dice: “Nos permitimos recomendar que, en aras del más alto interés nacional, se dé paso a una nueva y transparente licitación internacional en la que, bajo la figura de la conformación de una compañía mixta, la empresa pública Enami EP sea la que tenga la mayoría accionaria”.
La carta es firmada por los ingenieros Ramiro Maruri y Fernando Reyes, presidente y vicepresidente del Cigmipa, respectivamente.
IGF: “Fuerza mayor” es un arma de doble filo
Mayo 17 de 2020.- La noción de "fuerza mayor" es bastante fácil de entender: un hecho fuera del control de una entidad individual que es de tal importancia e impacto que impide a dicha entidad (empresa o gobierno) cumplir con las obligaciones como fueron inicialmente redactadas.
Esto puede estar relacionado con el plazo establecido para el cumplimiento de las obligaciones o con la incapacidad para cumplir en absoluto con determinadas obligaciones en el futuro. En todo caso, según un estudio reciente del Foro Intergubernamental sobre Minería y Metales, IGF, se trata de un arma de doble filo para el gobierno y para las empresas.
El estudio puede verse y descargarse en: https://www.iisd.org/sites/default/files /publications/force-majeure-covid-19-es.pdf
Esto puede estar relacionado con el plazo establecido para el cumplimiento de las obligaciones o con la incapacidad para cumplir en absoluto con determinadas obligaciones en el futuro. En todo caso, según un estudio reciente del Foro Intergubernamental sobre Minería y Metales, IGF, se trata de un arma de doble filo para el gobierno y para las empresas.
El estudio puede verse y descargarse en: https://www.iisd.org/sites/default/files /publications/force-majeure-covid-19-es.pdf
Licencia social será cada día más importante
Mayo 11 de 2020.- El grupo consultor BDO, uno de los líderes globales en asuntos de auditorías y asesoramiento, acaba de lanzar un reporte sobre la licencia social y la importancia que adquiere a la luz de los nuevos problemas que enfrenta el sector minero.
El estudio señala que con el envejecimiento de la población y la fuerza laboral, el sector minero necesita reposicionarse para asegurar las licencias sociales y atraer el grupo de talentos milenarios en demanda.
Según Sherif Andrawes, jefe global de Recursos Naturales de BDO, no está lejano el día en que la licencia social será tan importante como la licencia que otorgan los gobiernos autorizando las labores mineras.
La licencia social es la clave para desbloquear los resultados positivos que trae el sector minero. "La gente ve teléfonos, automóviles, televisores, pero a menudo no se establece el vínculo con la minería", dice Andrawes.
El informe ha sido reseñado en la última edición virtual de la revista mining.com y puede ser descargado desde:
https://www.bdo.ca/en-ca/home/
El estudio señala que con el envejecimiento de la población y la fuerza laboral, el sector minero necesita reposicionarse para asegurar las licencias sociales y atraer el grupo de talentos milenarios en demanda.
Según Sherif Andrawes, jefe global de Recursos Naturales de BDO, no está lejano el día en que la licencia social será tan importante como la licencia que otorgan los gobiernos autorizando las labores mineras.
La licencia social es la clave para desbloquear los resultados positivos que trae el sector minero. "La gente ve teléfonos, automóviles, televisores, pero a menudo no se establece el vínculo con la minería", dice Andrawes.
El informe ha sido reseñado en la última edición virtual de la revista mining.com y puede ser descargado desde:
https://www.bdo.ca/en-ca/home/
Alcalde de Cotacachi solicita información sobre proyecto Llurimagua
Mayo 3 de 2020.- El 21 de abril, el alcalde de Cotacachi, Auki Tituaña Males, remitió una carta al presidente de la República solicitándole información sobre los aspectos legales, ambientales, financieros y de todo orden que rodean al proyecto Llurimagua.
“Solicitamos que se sirva entregarnos un Resumen Ejecutivo del gran Proyecto Minero Llurimagua, con la clara explicación de los beneficios económicos para el país y para nuestra población inteña y cotacacheña”, dice la carta en su parte medular.
Después del pedido formal, en dos páginas de consideraciones, Tituaña dice hablar desde la memoria de sus abuelos kichwas y expresa su temor de que la minería no sea un camino a la prosperidad y sí de prácticas reprochables que han hecho parte de la historia del continente.
Invita además al Primer mandatario a “no destruir miles de hectáreas productivas desde donde podemos seguir alimentando al Ecuador (…) a no contaminar millones de litros de agua, que aparte de servirnos para el consumo local, bien podríamos exportar a países que necesitan el líquido vital, con mejores réditos económicos que el mismo petróleo y demás minerales”.
Después de conocida la carta, Tituaña ha sido blanco de una serie de expresiones racistas en las redes sociales en las cuales se ignora su condición de autoridad por elección popular y su reconocida trayectoria al frente de un gobierno autónomo de nivel cantonal.
Tituaña es un economista y político. Es la cuarta vez que ocupa la alcaldía de Cotacachi. Antes fue reelecto a este cargo por dos ocasiones (2000 y 2004). Ha recibido los premios “Dubai Award for Democratization” a las mejores prácticas otorgado por la municipalidad de Dubai y ONU Habitat en el año 2000 y el Unesco “Peace City” Award del 2002.
Es considerado uno de los “dirigentes históricos” de la Conaie. Fue coautor del “Proyecto político de la Conaie” (1993) y en representación de Creo, estuvo a un paso de ser el acompañante de Guillermo Lasso en las elecciones del 2009.
En su carta del 21 de abril, señala que la misma “tiene el propósito de transparentar la información y velar por el cumplimiento de preceptos constitucionales”.
Nuevas ideas para viejos problemas
El webinar organizado el pasado jueves 30 de abril por la Cámara de Minería de Ecuador para abordar las relaciones comunitarias reunió a un grupo de profesionales que aportaron ideas relativamente nuevas para las áreas encargadas de vincularse a las poblaciones asentadas en los territorios en los cuales se realizan actividades mineras.
La reunión, apoyada por el estudio de abogados Flor y Hurtado se denominó “Minería socialmente sostenible: tendencias, retos y oportunidades para su implementación en Ecuador” y contó con la participación de Janeth Sandoval, Sebastián Donoso, Remi Piet, Jaime Vintimilla y Carlos Torres Salinas.
Donoso, Piet y Vintimilla plantearon criterios centrados en el respeto y la dignidad como aspectos que deben ser tomados en cuenta, desde el principio, por quienes quieren construir relaciones armoniosas con las comunidades que están cerca a sus operaciones.
La idea no es nueva en el campo de las ciencias sociales. En el sector minero energético, las empresas hidrocarburíferas han alcanzado mayor experiencia en internalizar el respeto al otro, es decir, a las comunidades de su entorno; y en aceptar que las personas pueden tener nociones diferentes sobre eso llamado desarrollo, progreso o felicidad humana.
Con matices en el acercamiento a la problemática del diálogo, los tres expositores mencionados dejaron en claro que la clave está en acordar condiciones en las cuales las comunidades encuentran coincidencia entre sus intereses y los de las empresas interesadas en el desarrollo de un proyecto.
Un día antes, Remi Piet había señalado que no todas las empresas mineras habían logrado entender que las comunidades pueden tener visiones diferentes a las suyas.
Las exposiciones de este todos los webinares de la Semana Virtual Minera pueden ser apreciadas en la cuenta Facebook de la Cámara de Minería de Ecuador y en sus redes sociales la programación para la semana siguiente.
“Solicitamos que se sirva entregarnos un Resumen Ejecutivo del gran Proyecto Minero Llurimagua, con la clara explicación de los beneficios económicos para el país y para nuestra población inteña y cotacacheña”, dice la carta en su parte medular.
Después del pedido formal, en dos páginas de consideraciones, Tituaña dice hablar desde la memoria de sus abuelos kichwas y expresa su temor de que la minería no sea un camino a la prosperidad y sí de prácticas reprochables que han hecho parte de la historia del continente.
Invita además al Primer mandatario a “no destruir miles de hectáreas productivas desde donde podemos seguir alimentando al Ecuador (…) a no contaminar millones de litros de agua, que aparte de servirnos para el consumo local, bien podríamos exportar a países que necesitan el líquido vital, con mejores réditos económicos que el mismo petróleo y demás minerales”.
Después de conocida la carta, Tituaña ha sido blanco de una serie de expresiones racistas en las redes sociales en las cuales se ignora su condición de autoridad por elección popular y su reconocida trayectoria al frente de un gobierno autónomo de nivel cantonal.
Tituaña es un economista y político. Es la cuarta vez que ocupa la alcaldía de Cotacachi. Antes fue reelecto a este cargo por dos ocasiones (2000 y 2004). Ha recibido los premios “Dubai Award for Democratization” a las mejores prácticas otorgado por la municipalidad de Dubai y ONU Habitat en el año 2000 y el Unesco “Peace City” Award del 2002.
Es considerado uno de los “dirigentes históricos” de la Conaie. Fue coautor del “Proyecto político de la Conaie” (1993) y en representación de Creo, estuvo a un paso de ser el acompañante de Guillermo Lasso en las elecciones del 2009.
En su carta del 21 de abril, señala que la misma “tiene el propósito de transparentar la información y velar por el cumplimiento de preceptos constitucionales”.
Nuevas ideas para viejos problemas
El webinar organizado el pasado jueves 30 de abril por la Cámara de Minería de Ecuador para abordar las relaciones comunitarias reunió a un grupo de profesionales que aportaron ideas relativamente nuevas para las áreas encargadas de vincularse a las poblaciones asentadas en los territorios en los cuales se realizan actividades mineras.
La reunión, apoyada por el estudio de abogados Flor y Hurtado se denominó “Minería socialmente sostenible: tendencias, retos y oportunidades para su implementación en Ecuador” y contó con la participación de Janeth Sandoval, Sebastián Donoso, Remi Piet, Jaime Vintimilla y Carlos Torres Salinas.
Donoso, Piet y Vintimilla plantearon criterios centrados en el respeto y la dignidad como aspectos que deben ser tomados en cuenta, desde el principio, por quienes quieren construir relaciones armoniosas con las comunidades que están cerca a sus operaciones.
La idea no es nueva en el campo de las ciencias sociales. En el sector minero energético, las empresas hidrocarburíferas han alcanzado mayor experiencia en internalizar el respeto al otro, es decir, a las comunidades de su entorno; y en aceptar que las personas pueden tener nociones diferentes sobre eso llamado desarrollo, progreso o felicidad humana.
Con matices en el acercamiento a la problemática del diálogo, los tres expositores mencionados dejaron en claro que la clave está en acordar condiciones en las cuales las comunidades encuentran coincidencia entre sus intereses y los de las empresas interesadas en el desarrollo de un proyecto.
Un día antes, Remi Piet había señalado que no todas las empresas mineras habían logrado entender que las comunidades pueden tener visiones diferentes a las suyas.
Las exposiciones de este todos los webinares de la Semana Virtual Minera pueden ser apreciadas en la cuenta Facebook de la Cámara de Minería de Ecuador y en sus redes sociales la programación para la semana siguiente.
Mineros despedidos envían carta de denuncia al Presidente
Mayo 3 de 2020.- Como informamos en Vía Minera No. 40, aún antes de terminar de instalarse en el país la empresa Titan Minerals despidió a un grupo de aproximadamente 300 trabajadores quienes el pasado 21 dirigieron una misiva al señor presidente de la República, Lenín Moreno; y a otras autoridades.
Señalan en su carta que la mayoría de las acciones de las compañías mineras Green Valley Resources S.A. (GVR S.A.) y Golden Valley Planta S.A. (GVP S.A.), ambas subsidiarias de la compañía canadiense Core Gold Inc., fueron adquiridas en el exterior por la empresa australiana Titan Minerals Ltd.
Que Green Valley realizó los despidos intempestivos acogiéndose de manera ilegal a la causal de “fuerza mayor” establecida en el Art. 169.6 del Código del Trabajo; con el único propósito de eludir su obligación de pagar las indemnizaciones laborales a los trabajadores conforme lo señalan los artículos 185 y 188 del Código del Trabajo.
Sostienen también que no tomó en cuenta la Resolución No. MERNNR-MERNNR-2020-004-RM del 17 de marzo de 2020, que “prohíbe la paralización y suspensión de todo tipo de actividad relacionada a los sectores estratégicos, ya sea como operador, contratista y otros de similar naturaleza, alegando fuerza mayor o caso fortuito motivado en el Decreto Ejecutivo No. 1017”.
La carta menciona que en los despidos se alega una “suspensión total de actividades”, cosa que no ha sucedido puesto que hay personal realizando labores de exploración.
Señalan en su carta que la mayoría de las acciones de las compañías mineras Green Valley Resources S.A. (GVR S.A.) y Golden Valley Planta S.A. (GVP S.A.), ambas subsidiarias de la compañía canadiense Core Gold Inc., fueron adquiridas en el exterior por la empresa australiana Titan Minerals Ltd.
Que Green Valley realizó los despidos intempestivos acogiéndose de manera ilegal a la causal de “fuerza mayor” establecida en el Art. 169.6 del Código del Trabajo; con el único propósito de eludir su obligación de pagar las indemnizaciones laborales a los trabajadores conforme lo señalan los artículos 185 y 188 del Código del Trabajo.
Sostienen también que no tomó en cuenta la Resolución No. MERNNR-MERNNR-2020-004-RM del 17 de marzo de 2020, que “prohíbe la paralización y suspensión de todo tipo de actividad relacionada a los sectores estratégicos, ya sea como operador, contratista y otros de similar naturaleza, alegando fuerza mayor o caso fortuito motivado en el Decreto Ejecutivo No. 1017”.
La carta menciona que en los despidos se alega una “suspensión total de actividades”, cosa que no ha sucedido puesto que hay personal realizando labores de exploración.
“Cabe mencionar que la empresa GVR S.A. posee dos minas en plena operación. Estas minas son conocidas bajo los nombres Cabo de Hornos (Portovelo) y Cerro Verde (Celica) y hasta antes del referido comunicado, su operación se efectuaba normalmente y generaban mineral para ser tratado en la planta de Golden Valley (GVP S.A.) en la ciudad de Portovelo, en el sector el Pache”, continúa la misiva.
Los despedidos remarcan que en el supuesto negado de que la información de cierre definitivo fuera cierta, entonces el Ministerio debería iniciar el proceso de devolución de las concesiones mineras que actualmente constan a nombre de las empresas mineras.
Los mineros recuerdan que el pasado 13 de febrero Titan Minerals Ltd. afirmaba que estaban “totalmente financiados para acelerar la exploración en el Ecuador”.
Finalmente, los trabajadores denuncian “el proceso de presión y amedrentamiento que está implementando la empresa a través de llamadas telefónicas que realizan abogados y otros representantes mediante las cuales se solicita al trabajador que, como requisito para el pago de un “bono especial”, debe firmar la ‘renuncia voluntaria’”. “Dichos valores no alcanzan ni al 10% del monto de liquidación que le corresponde a cada trabajador”, se dice en la misiva.
Salazar crea una fundación para canalizar sus aportes al desarrollo local
Actividad de socialización con pobladores de Las Naves, proyecto Curipamba, provincia de Bolívar.
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Abril 26 de 2020.- El 20 de abril Salazar Resources Limited (TSXV: SRL) (Frankfurt: CCG.F) anunció la creación de la Fundación Salazar y el nombramiento de Karina Morales Herrera como su primera directora ejecutiva. La organización nace para abordar con una óptica distinta los problemas estructurales de los territorios donde se ubican los proyectos extractivos, promoviendo desarrollo económico inclusivo y sostenible, fortaleciendo las capacidades y las competencias de los actores locales para crear en conjunto una agenda de desarrollo alineada a los objetivos de desarrollo sostenible.
La fundación será apoyada financieramente por las empresas de Salazar Resources Ltd. y por donantes privados, incluido el presidente Fredy Salazar. El
comunicado indica que toman como punto de partida la experiencia que Salazar Resources ha generado en sus programas de responsabilidad social con la comunidad durante los trece años desde su creación.
Indica además que Morales Herrera tiene conocimiento y experiencia en desarrollo sostenible, desarrollo económico local, prácticas empresariales responsables e inclusivas, cadenas globales y cooperación internacional, combinando su experiencia con la docencia universitaria. Tiene amplia experiencia tanto en el sector privado, en organizaciones sin fines de lucro, como en el sector público. Antes de asumir la dirección ejecutiva de la Fundación Salazar, Karina fue la Cónsul General del Ecuador en Shanghai.
Fredy Salazar comentó: “Estoy encantado de darle la bienvenida a Karina para dirigir la Fundación Salazar y me gustaría agradecer a mis copatrocinadores y Salazar Resources por unirse a mí para dar pasos reales hoy para hacer un mejor mañana. Sinceramente, creo que el desarrollo responsable de los recursos naturales de un país es esencial para la sociedad en su conjunto y que hacerlo adecuadamente salvaguardará nuestro medio ambiente y nuestra comunidad".
Karina Morales Herrera:
La Fundación será una aliada para que las comunidades se preparen para cuando la empresa salga
“Acepté este reto luego de varias conversaciones con Fredy Salazar, en las que me comentó los proyectos que han realizado como Salazar Resources, entendí que sus valores estaban plasmados en las iniciativas construidas con las comunidades, fue evidente un real interés de hacer bien las cosas”, dice emocionada Karina Morales Herrera, una abogada y economista especializada en responsabilidad social y primera directora ejecutiva de la Fundación Salazar.
“El trabajo de la Fundación se diferencia de la labor de la compañía en su área de Relaciones Comunitarias. La Fundación se enfoca en proyectos de impacto desde una perspectiva de mediano y largo plazo, buscando dejar un legado de desarrollo en los territorios que han recibido los proyectos extractivos”, explica.
Se busca que las personas que viven en los alrededores de los proyectos extractivos cambien profundamente sus condiciones de vida, superado la pobreza y logrando mejores niveles de bienestar. Es por ello importante para nosotros mejorar las oportunidades de empleabilidad de las personas, produciendo oportunidades de aprendizaje y capacitación. La clave es una comunidad activa, organizada que tome las riendas de su desarrollo, la Fundación será el aliado técnico para mejorar sus capacidades para ello.
Morales Herrera explica que luego de todos estos años de experiencia, Fredy Salazar entendió que hacía falta “otro actor” que construya alianzas con los actores locales y fortalezca su gestión para procesos más amplios.
La Fundación tendrá como guía los Objetivos de Desarrollo Sustentable pensados para el 2030, trabajando varios objetivos de manera amplia y otros transversalmente. El desarrollo económico inclusivo y sostenible, uno de los pilares más importantes, partirá de las políticas internas de la empresa, hacia la búsqueda y fortalecimiento de proveedores locales.
La labor de la Fundación no se circunscribirá a las zonas de impacto directo de los proyectos mineros, sino las regiones y provincias, siempre trabajando con aliados locales. Y Karina cree que con la planificación de un desarrollo económico que no deje por fuera a nadie en el territorio, es decir realmente inclusivo, se podría contribuir a que los emprendimientos empresariales locales que surjan tengan continuidad en el momento en que los mineros cierren sus operaciones.
Muchas de estas acciones están dentro de las competencias de los gobiernos locales, entonces, hay que apoyar para que las propuestas sean presentadas a los financistas o a las entidades que los convaliden. “Es como ese actor que hace la parte técnica para que las cosas se muevan. La gente tiene que tener claro que seremos un aliado que puede apoyarle para salir adelante”, afirma.
Las alianzas con universidades, gobiernos locales, organismos internacionales, fuentes de financiamiento nacionales e internacionales, serán parte del apoyo que brinde la Fundación.
“En muchos casos serán estudios, habrá que construir las propuestas para que puedan ser presentadas. Si hay que tocar las puertas del BEDE para el gobierno local, entonces hay que ayudarle con los proyectos. Cada uno de los actores sigue haciendo lo que le compete pero nosotros apoyaremos para fortalecer sus capacidades”, explica.
Respecto del método para medir los resultados de la intervención de la Fundación, señala que en el Ecuador se carece de indicadores sociales y económicos, tan necesarios para conocer bien las reales condiciones en las que se vive en las comunidades. Por eso, se han propuesto realizar estudios sociales, económicos, socioculturales como, por ejemplo, el de los indicadores de pobreza multidimensional, que incluso ofrecerá como servicio a otras empresas extractivas que los necesitan para elaborar sus intervenciones.
En el tema económico utilizarán indicadores como el número de familias que han mejorado sus ingresos gracias a las propuestas de la fundación.
De esa manera, señala Morales, “la minería dejará un legado de progreso y bienestar para las poblaciones de los lugares en los que realizó sus operaciones y entonces se habrá cumplido el anhelo de don Fredy Salazar”.
“El trabajo de la Fundación se diferencia de la labor de la compañía en su área de Relaciones Comunitarias. La Fundación se enfoca en proyectos de impacto desde una perspectiva de mediano y largo plazo, buscando dejar un legado de desarrollo en los territorios que han recibido los proyectos extractivos”, explica.
Se busca que las personas que viven en los alrededores de los proyectos extractivos cambien profundamente sus condiciones de vida, superado la pobreza y logrando mejores niveles de bienestar. Es por ello importante para nosotros mejorar las oportunidades de empleabilidad de las personas, produciendo oportunidades de aprendizaje y capacitación. La clave es una comunidad activa, organizada que tome las riendas de su desarrollo, la Fundación será el aliado técnico para mejorar sus capacidades para ello.
Morales Herrera explica que luego de todos estos años de experiencia, Fredy Salazar entendió que hacía falta “otro actor” que construya alianzas con los actores locales y fortalezca su gestión para procesos más amplios.
La Fundación tendrá como guía los Objetivos de Desarrollo Sustentable pensados para el 2030, trabajando varios objetivos de manera amplia y otros transversalmente. El desarrollo económico inclusivo y sostenible, uno de los pilares más importantes, partirá de las políticas internas de la empresa, hacia la búsqueda y fortalecimiento de proveedores locales.
La labor de la Fundación no se circunscribirá a las zonas de impacto directo de los proyectos mineros, sino las regiones y provincias, siempre trabajando con aliados locales. Y Karina cree que con la planificación de un desarrollo económico que no deje por fuera a nadie en el territorio, es decir realmente inclusivo, se podría contribuir a que los emprendimientos empresariales locales que surjan tengan continuidad en el momento en que los mineros cierren sus operaciones.
Muchas de estas acciones están dentro de las competencias de los gobiernos locales, entonces, hay que apoyar para que las propuestas sean presentadas a los financistas o a las entidades que los convaliden. “Es como ese actor que hace la parte técnica para que las cosas se muevan. La gente tiene que tener claro que seremos un aliado que puede apoyarle para salir adelante”, afirma.
Las alianzas con universidades, gobiernos locales, organismos internacionales, fuentes de financiamiento nacionales e internacionales, serán parte del apoyo que brinde la Fundación.
“En muchos casos serán estudios, habrá que construir las propuestas para que puedan ser presentadas. Si hay que tocar las puertas del BEDE para el gobierno local, entonces hay que ayudarle con los proyectos. Cada uno de los actores sigue haciendo lo que le compete pero nosotros apoyaremos para fortalecer sus capacidades”, explica.
Respecto del método para medir los resultados de la intervención de la Fundación, señala que en el Ecuador se carece de indicadores sociales y económicos, tan necesarios para conocer bien las reales condiciones en las que se vive en las comunidades. Por eso, se han propuesto realizar estudios sociales, económicos, socioculturales como, por ejemplo, el de los indicadores de pobreza multidimensional, que incluso ofrecerá como servicio a otras empresas extractivas que los necesitan para elaborar sus intervenciones.
En el tema económico utilizarán indicadores como el número de familias que han mejorado sus ingresos gracias a las propuestas de la fundación.
De esa manera, señala Morales, “la minería dejará un legado de progreso y bienestar para las poblaciones de los lugares en los que realizó sus operaciones y entonces se habrá cumplido el anhelo de don Fredy Salazar”.
Apuntes para acercarse a la historia (1)
Pueblos nativos y empresas en contextos de conflicto y diálogo
Abril 5 de 2020.- En un sector la Cordillera del Condor funciona el Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam. En el Título VII de su Plan de Vida, Estatutos y Reglamentos sobre “Ventas y arriendos a no Shuar”, en el Artículo 34, se señala que “Está completamente prohibido y es ilegal toda venta de territorios colectivos a los no Shuar. Si esa venta ocurriera y el terreno es ocupado, se sacará al no Shuar y el vendedor pierde su título y sus derechos sobre esas tierras. La asamblea del Centro dispondrá a quién entrega el uso de estas tierras para otros fines”.
Sin embargo, 2400 hectáreas de esos territorios fueron vendidos el 2005 a una empresa minera y esa operación fue la semilla sobre la que creció un problema que pudo haber llegado a más si los compradores mismos no rectificaban lo que habían hecho.
Ahora la zona se conoce en el medio minero como el Proyecto Warintza que está a cargo de Solaris Resources, una empresa canadiense que llegó al Ecuador de la mano de uno de los geólogos más famosos del mundo, David Lowell, probablemente el único que ha descubierto yacimientos de clase mundial en muchos rincones de la Cordillera de los Andes.
La empresa advirtió que los terrenos que iba a explorar eran reclamados por las comunidades. Solaris los habían comprado pero la venta era inaceptable para el pueblo shuar.
Frente a ello los ejecutivos de Solaris decidieron devolver las tierras sin poner condiciones a las comunidades. Eso sí, hicieron un acto simbólico al que asistieron autoridades del Ministerio de Agricultura y las del sector. Con eso se solucionó el conflicto.
“Para mí, el mundo indígena está pidiendo algo que no es diferente a lo que he visto en naciones africanas, canadienses, andinas o amazónicas… Están pidiendo ser parte del proceso de tomar decisiones, ser involucradas, entender qué es el sector y finalmente ser beneficiadas… cualquiera pediría eso”, señala Federico Velásquez, vicepresidente de Operaciones y Asuntos Corporativos de Solaris Resources.
Y agrega: “Ellos no son el problema, sino nosotros que no nos hemos tomado la molestia de escuchar y traducir lo que se nos está diciendo”.
Recuerda que en noviembre de 2018, después de la ceremonia de devolución del territorio a sus propietarios ancestrales, Velásquez recibió un mensaje por Whatsapp enviado por los síndicos (dirigentes máximos en la costumbre shuar) de la comunidad. Le decían amablemente: “Muchas gracias, usted cumplió su palabra, le deseamos una próspera vida y hasta siempre”.
Se quedó frío. No sabía qué más harían las comunidades. Para ellas, era fácil celebrar la recuperación de sus terrenos y decirle adiós a empresa. Solaris no habría podido reclamar nada si en ese momento las comunidades les decían “hasta aquí no más”. Sin embargo había otra posibilidad. Podían también aprovechar la exploración minera, suspendida muchos años atrás, para saber qué mismo hay en el subsuelo shuar.
Optaron por lo segundo. En enero de 2019 autorizaron actividades a la empresa minera e inclusive dieron pase libre la perforación en sus territorios. No autorizaron la construcción de la mina porque primero hay que evaluar el potencial. Si después de todo el trabajo exploratorio el estudio de factibilidad da un resultado positivo, la comunidad sabrá qué tesoros se esconden debajo de sus tierras y en ese momento decidirá si autoriza o no el inicio de la construcción de la mina.
Mientras tanto aprovecha las oportunidades que se abren con la presencia de Solaris Resources para mejorar su educación y los servicios de salud.
Sin embargo, 2400 hectáreas de esos territorios fueron vendidos el 2005 a una empresa minera y esa operación fue la semilla sobre la que creció un problema que pudo haber llegado a más si los compradores mismos no rectificaban lo que habían hecho.
Ahora la zona se conoce en el medio minero como el Proyecto Warintza que está a cargo de Solaris Resources, una empresa canadiense que llegó al Ecuador de la mano de uno de los geólogos más famosos del mundo, David Lowell, probablemente el único que ha descubierto yacimientos de clase mundial en muchos rincones de la Cordillera de los Andes.
La empresa advirtió que los terrenos que iba a explorar eran reclamados por las comunidades. Solaris los habían comprado pero la venta era inaceptable para el pueblo shuar.
Frente a ello los ejecutivos de Solaris decidieron devolver las tierras sin poner condiciones a las comunidades. Eso sí, hicieron un acto simbólico al que asistieron autoridades del Ministerio de Agricultura y las del sector. Con eso se solucionó el conflicto.
“Para mí, el mundo indígena está pidiendo algo que no es diferente a lo que he visto en naciones africanas, canadienses, andinas o amazónicas… Están pidiendo ser parte del proceso de tomar decisiones, ser involucradas, entender qué es el sector y finalmente ser beneficiadas… cualquiera pediría eso”, señala Federico Velásquez, vicepresidente de Operaciones y Asuntos Corporativos de Solaris Resources.
Y agrega: “Ellos no son el problema, sino nosotros que no nos hemos tomado la molestia de escuchar y traducir lo que se nos está diciendo”.
Recuerda que en noviembre de 2018, después de la ceremonia de devolución del territorio a sus propietarios ancestrales, Velásquez recibió un mensaje por Whatsapp enviado por los síndicos (dirigentes máximos en la costumbre shuar) de la comunidad. Le decían amablemente: “Muchas gracias, usted cumplió su palabra, le deseamos una próspera vida y hasta siempre”.
Se quedó frío. No sabía qué más harían las comunidades. Para ellas, era fácil celebrar la recuperación de sus terrenos y decirle adiós a empresa. Solaris no habría podido reclamar nada si en ese momento las comunidades les decían “hasta aquí no más”. Sin embargo había otra posibilidad. Podían también aprovechar la exploración minera, suspendida muchos años atrás, para saber qué mismo hay en el subsuelo shuar.
Optaron por lo segundo. En enero de 2019 autorizaron actividades a la empresa minera e inclusive dieron pase libre la perforación en sus territorios. No autorizaron la construcción de la mina porque primero hay que evaluar el potencial. Si después de todo el trabajo exploratorio el estudio de factibilidad da un resultado positivo, la comunidad sabrá qué tesoros se esconden debajo de sus tierras y en ese momento decidirá si autoriza o no el inicio de la construcción de la mina.
Mientras tanto aprovecha las oportunidades que se abren con la presencia de Solaris Resources para mejorar su educación y los servicios de salud.
No hay víctimas del Covid 19 en territorio shuar
Abril 19 de 2020.- Al cierre de esta edición, Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A., difundió un boletín de prensa en el cual se descarta la presencia del coronavirus en las comunidades Warints y Yawi.
La empresa reitera su “firme compromiso de trabajo responsable con las comunidades de su zona de influencia, sus trabajadores y proveedores, cumpliendo a cabalidad con todas las disposiciones y protocolos dictaminados desde el Gobierno Nacional”.
Agrega que el pasado 12 de abril “trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Gobernación de la provincia para el ingreso de la brigada médica del ministerio a las comunidades de Warints y Yawi”. Después de estas labores, el gobernador de la provincia de Morona Santiago, doctor Juan León Pilco, informó en rueda de prensa los resultados del trabajo.
“El día de ayer en la noche recibí la información de la muestra del paciente que murió en Warints, el resultado certificado por los laboratorios del MSP, determinan que la persona que falleció no es por coronavirus, sino por una muerte natural secundaria a un proceso respiratorio y un proceso gastroentérico, con esto pues dejamos aclarados las interpretaciones, las preocupaciones de algunos dirigentes, de algunos ciudadanos y de algunas instituciones relacionadas con este caso. Entonces se ha descartado la presencia de coronavirus en estas tres comunidades, pero principalmente Warints donde se había realizado una información relacionada con este aspecto” explica el boletín minero.
Cabe recorder que a principios de la semana pasada, el Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam, PSHA, conjuntamente con organizaciones de nivel superior de los pueblos indígenas de la Amazonía, lanzó una alerta para evitar que la pandemia cobre víctimas en su territorio.
Algunos medios de comunicación local en Morona Santiago censuraron las afirmaciones y puntos de vista de dicha organización relacionados con la muerte de personas en su territorio.
Pero el comunicado de la PSHA es prudente en sus términos al respecto. Señala que su presidenta, la profesora Josefina Tunki, solicitó a las autoridades determinar si el deceso de la madre de uno de los asistentes a la última convención del PDAC se debe al COVID-19. El comunicado no afirma que la muerte de la señora fue por el virus.
Señala asimismo que “los pueblos indígenas conservamos prácticas ancestrales de protección frente a emergencias de este tipo”. Vía Minera no ha podido conversar sobre este tema con algún dirigente de la PSHA, organización que (igual que las autoridades nacionales) considera que “la constante rotación de personal ajeno a las regiones… constituye un factor de alto riesgo de propagación y peligro para las todas las comunidades locales, indígenas o no”.
La empresa reitera su “firme compromiso de trabajo responsable con las comunidades de su zona de influencia, sus trabajadores y proveedores, cumpliendo a cabalidad con todas las disposiciones y protocolos dictaminados desde el Gobierno Nacional”.
Agrega que el pasado 12 de abril “trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Gobernación de la provincia para el ingreso de la brigada médica del ministerio a las comunidades de Warints y Yawi”. Después de estas labores, el gobernador de la provincia de Morona Santiago, doctor Juan León Pilco, informó en rueda de prensa los resultados del trabajo.
“El día de ayer en la noche recibí la información de la muestra del paciente que murió en Warints, el resultado certificado por los laboratorios del MSP, determinan que la persona que falleció no es por coronavirus, sino por una muerte natural secundaria a un proceso respiratorio y un proceso gastroentérico, con esto pues dejamos aclarados las interpretaciones, las preocupaciones de algunos dirigentes, de algunos ciudadanos y de algunas instituciones relacionadas con este caso. Entonces se ha descartado la presencia de coronavirus en estas tres comunidades, pero principalmente Warints donde se había realizado una información relacionada con este aspecto” explica el boletín minero.
Cabe recorder que a principios de la semana pasada, el Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam, PSHA, conjuntamente con organizaciones de nivel superior de los pueblos indígenas de la Amazonía, lanzó una alerta para evitar que la pandemia cobre víctimas en su territorio.
Algunos medios de comunicación local en Morona Santiago censuraron las afirmaciones y puntos de vista de dicha organización relacionados con la muerte de personas en su territorio.
Pero el comunicado de la PSHA es prudente en sus términos al respecto. Señala que su presidenta, la profesora Josefina Tunki, solicitó a las autoridades determinar si el deceso de la madre de uno de los asistentes a la última convención del PDAC se debe al COVID-19. El comunicado no afirma que la muerte de la señora fue por el virus.
Señala asimismo que “los pueblos indígenas conservamos prácticas ancestrales de protección frente a emergencias de este tipo”. Vía Minera no ha podido conversar sobre este tema con algún dirigente de la PSHA, organización que (igual que las autoridades nacionales) considera que “la constante rotación de personal ajeno a las regiones… constituye un factor de alto riesgo de propagación y peligro para las todas las comunidades locales, indígenas o no”.
Titan Minerals despide a 300 trabajadores
José Bustamante (sexto de izq. A der.), gerente país de Core Gold, en diciembre de 2019, junto al alcalde de Celica, Oswaldo Román (quinto de izq. A der.); y autoridades de la Comuna de Mullunamá.
Abril 19 de 2020.- Alrededor de 300 trabajadores fueron despedidos el 15 de abril de la empresa Green Valley, subsidiaria de la canadiense Core Gold Inc., recién comprada por Titan Minerals, compañía australiana que apenas estaba completando su papeleo para hacerse cargo de la operación total de sus subsidiarias en el país.
La empresa usó la figura de fuerza mayor para deshacerse malamente de sus obreros, administrativos y técnicos, algunos con más de diez años de trabajo, abriendo una brecha en la sensación de que minería responsable y solidaridad frente a la pandemia de coronavirus son compatibles en el Ecuador.
Los perjudicados por esta desafortunada decisión de la transnacional son más de 20 ingenieros, 10 empleados administrativos y alrededor de 220 obreros, 25 de ellos nativos de la comunidad de Mullunamá, que ya bloqueó el acceso a la mina Dynasty ubicada en Celica, provincia de Loja; la mayoría restante proviene de Portovelo y Zaruma. Otros 60 despedidos pertenecen de la empresa de seguridad Segume, del mismo grupo empresarial.
Entre los despedidos hay una docena de personas con capacidades distintas, como el señor Jorge Feijoó, hombre con varios años de trabajo y mucha dignidad quien rechazó la dádiva que le ofrecieron telefónicamente para que firme su carta de renuncia. A él le dijeron que su indemnización ascendía a 48 dólares pero que la empresa, que va a cerrar definitivamente y salir del país, le quiere regalar 1000 dólares si firma su “renuncia voluntaria”.
Entre los despedidos y despedidas se encuentran varios a quienes no se les había terminado de pagar las indemnizaciones pendientes por la liquidación de otra empresa del grupo Core Gold, la minera Elipe S.A. que fue asumida por Green Valley en 2018.
Una saludable presencia empresarial
Entre los activos de Core Gold en Ecuador se tiene el proyecto emblema Dynasty Goldfield y otros prospectos con gran potencial como Linderos, Copper Gold, Copper Duke y Copperfield, en la provincia de Loja, zona de Macará frontera con Perú.
La mina Dynasty a cielo abierto fue por muchos años la mayor productora de oro del país pero mantiene recursos inferidos en el orden del millón de onzas de oro con unos 28000 metros de perforación, según el ingeniero geólogo Henrri Sánchez, quien laboró hasta el 14 de abril dando la bienvenida y mostrando la casa al jefe de geología de Titan.
En los últimos tres meses Sánchez y Travis Schwertfeger planearon cómo empezar la geofísica para conocer mejor el pórfido de oro y cobre de Dynasty. Eran las primeras actividades de Titan al tomar el control de Core Gold.
La mina estuvo produciendo hasta el 18 de marzo unas 750 toneladas al día para la planta de procesamiento ubicada en Portovelo, que es el segundo activo más conocido del grupo, con capacidad de procesamiento de 1000 a 1500 toneladas al día. De las labores entre 2018 y 2019 Green Valley registró utilidades y en ventas de oro y plata casi US$ 24 millones durante 2019, datos que fueron entregados a la Arcom en el informe anual de producción presentado el mes pasado. “En los últimos cuatro años no se habrán gastado más de un 10% de los recursos medidos de Dinasty”, opina Sánchez.
Los activos de Core Gold en el país, además, son unas 24 concesiones en Loja, otras 20 en El Oro y algunas en Zamora Chinchipe; la mayoría en etapa de exploración inicial, y algunas con perforaciones y hallazgos que todavía no se han cuantificado. Una de esas concesiones contiene el proyecto Jerusalen que incluye la mina ubicada en Chinapintza, dentro del cinturón metalogénico de la Cordillera del Cóndor en el que se ubican las minas Fruta del Norte y Mirador.
La carta de despedida
En una carta firmada por Mark Bailey a nombre de Green Valley Resources, lamenta anunciar a todos los trabajadores la decisión “cuidadosamente meditada” de dar por terminadas todas las relaciones laborales. Señala que las medidas tomadas por el Presidente de la República, las resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia nacional, las prefecturas y municipios, durante la extendida emergencia sanitaria ocasionada por el Covid 19 han causado la paralización total de las actividades y procesos de minería de la compañía.
“La forzosa suspensión de operaciones, más la incertidumbre acerca de cuándo se levantarán las restricciones al transporte y los suministros, han conducido a una situación irreversible que nos impedirá reiniciar operaciones”, reza el comunicado. Indica también que pagará las remuneraciones que legalmente corresponden por la terminación de relación laboral por fuerza mayor y su remuneración hasta el día 15.
Acto seguido -como también indica la carta-, los representantes de la compañía se han comunicado con cada uno de los trabajadores para “absolver cualquier duda”. Según se sabe, se trata de aprendices y abogados del Estudio Paz & Horowitz.
Esta decisión ha generado el rechazo de trabajadores obreros y profesionales que no aceptan que se les deje sin el derecho a indemnización ni desahucio. La empresa está en condiciones de regresar al trabajo cuando se normalice la situación y “sus bodegas están llenas de insumos”, aducen. En el marco de la emergencia nacional el Ministerio sectorial declaró en los sectores estratégicos la prohibición de interrumpir la producción y las autoridades de Trabajo, con la finalidad de proteger el empleo y el pacto social a través del diálogo laboral, habían extendido las resoluciones 77 y 80 que ofrecen a los empleadores opciones como la suspensión de la jornada laboral y acuerdos entre las partes para la recuperación.
La empresa usó la figura de fuerza mayor para deshacerse malamente de sus obreros, administrativos y técnicos, algunos con más de diez años de trabajo, abriendo una brecha en la sensación de que minería responsable y solidaridad frente a la pandemia de coronavirus son compatibles en el Ecuador.
Los perjudicados por esta desafortunada decisión de la transnacional son más de 20 ingenieros, 10 empleados administrativos y alrededor de 220 obreros, 25 de ellos nativos de la comunidad de Mullunamá, que ya bloqueó el acceso a la mina Dynasty ubicada en Celica, provincia de Loja; la mayoría restante proviene de Portovelo y Zaruma. Otros 60 despedidos pertenecen de la empresa de seguridad Segume, del mismo grupo empresarial.
Entre los despedidos hay una docena de personas con capacidades distintas, como el señor Jorge Feijoó, hombre con varios años de trabajo y mucha dignidad quien rechazó la dádiva que le ofrecieron telefónicamente para que firme su carta de renuncia. A él le dijeron que su indemnización ascendía a 48 dólares pero que la empresa, que va a cerrar definitivamente y salir del país, le quiere regalar 1000 dólares si firma su “renuncia voluntaria”.
Entre los despedidos y despedidas se encuentran varios a quienes no se les había terminado de pagar las indemnizaciones pendientes por la liquidación de otra empresa del grupo Core Gold, la minera Elipe S.A. que fue asumida por Green Valley en 2018.
Una saludable presencia empresarial
Entre los activos de Core Gold en Ecuador se tiene el proyecto emblema Dynasty Goldfield y otros prospectos con gran potencial como Linderos, Copper Gold, Copper Duke y Copperfield, en la provincia de Loja, zona de Macará frontera con Perú.
La mina Dynasty a cielo abierto fue por muchos años la mayor productora de oro del país pero mantiene recursos inferidos en el orden del millón de onzas de oro con unos 28000 metros de perforación, según el ingeniero geólogo Henrri Sánchez, quien laboró hasta el 14 de abril dando la bienvenida y mostrando la casa al jefe de geología de Titan.
En los últimos tres meses Sánchez y Travis Schwertfeger planearon cómo empezar la geofísica para conocer mejor el pórfido de oro y cobre de Dynasty. Eran las primeras actividades de Titan al tomar el control de Core Gold.
La mina estuvo produciendo hasta el 18 de marzo unas 750 toneladas al día para la planta de procesamiento ubicada en Portovelo, que es el segundo activo más conocido del grupo, con capacidad de procesamiento de 1000 a 1500 toneladas al día. De las labores entre 2018 y 2019 Green Valley registró utilidades y en ventas de oro y plata casi US$ 24 millones durante 2019, datos que fueron entregados a la Arcom en el informe anual de producción presentado el mes pasado. “En los últimos cuatro años no se habrán gastado más de un 10% de los recursos medidos de Dinasty”, opina Sánchez.
Los activos de Core Gold en el país, además, son unas 24 concesiones en Loja, otras 20 en El Oro y algunas en Zamora Chinchipe; la mayoría en etapa de exploración inicial, y algunas con perforaciones y hallazgos que todavía no se han cuantificado. Una de esas concesiones contiene el proyecto Jerusalen que incluye la mina ubicada en Chinapintza, dentro del cinturón metalogénico de la Cordillera del Cóndor en el que se ubican las minas Fruta del Norte y Mirador.
La carta de despedida
En una carta firmada por Mark Bailey a nombre de Green Valley Resources, lamenta anunciar a todos los trabajadores la decisión “cuidadosamente meditada” de dar por terminadas todas las relaciones laborales. Señala que las medidas tomadas por el Presidente de la República, las resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia nacional, las prefecturas y municipios, durante la extendida emergencia sanitaria ocasionada por el Covid 19 han causado la paralización total de las actividades y procesos de minería de la compañía.
“La forzosa suspensión de operaciones, más la incertidumbre acerca de cuándo se levantarán las restricciones al transporte y los suministros, han conducido a una situación irreversible que nos impedirá reiniciar operaciones”, reza el comunicado. Indica también que pagará las remuneraciones que legalmente corresponden por la terminación de relación laboral por fuerza mayor y su remuneración hasta el día 15.
Acto seguido -como también indica la carta-, los representantes de la compañía se han comunicado con cada uno de los trabajadores para “absolver cualquier duda”. Según se sabe, se trata de aprendices y abogados del Estudio Paz & Horowitz.
Esta decisión ha generado el rechazo de trabajadores obreros y profesionales que no aceptan que se les deje sin el derecho a indemnización ni desahucio. La empresa está en condiciones de regresar al trabajo cuando se normalice la situación y “sus bodegas están llenas de insumos”, aducen. En el marco de la emergencia nacional el Ministerio sectorial declaró en los sectores estratégicos la prohibición de interrumpir la producción y las autoridades de Trabajo, con la finalidad de proteger el empleo y el pacto social a través del diálogo laboral, habían extendido las resoluciones 77 y 80 que ofrecen a los empleadores opciones como la suspensión de la jornada laboral y acuerdos entre las partes para la recuperación.
También hay personas que casi inmediatamente aceptaron firmar su renuncia porque creyeron en la promesa de ser nuevamente recontratados.
Obviamente, esta promesa viene sembrando la división entre los despedidos pues carecen de sindicato o comité de empresa para ejercer sus derechos de una manera consensuada.
Al optar por la fuerza mayor como causal de terminación del trabajo, la empresa no tiene que liquidar como despido intempestivo a sus trabajadores y la nueva operadora puede reiniciar sus actividades con trabajadores sin antigüedad; a una fracción del costo que le hubiera representado cambiar de plantilla en condiciones normales. Por otro lado, si cambia la razón social y Green Valley sale del país como dicen quienes efectúan llamadas intimidatorias a los trabajadores, la búsqueda de justicia quedará en el aire.
La legislación laboral ecuatoriana establece que si una empresa que ha cerrado por motivos de fuerza mayor regresa y reabre el negocio tiene que recontratar a todos los despedidos. Y hay abogados que afirman que la fuerza mayor se aplica para el caso de una imposibilidad permanente de retomar el trabajo, aspecto que el actual Ministro de Trabajo no clarificó en una entrevista virtual sobre el tema del 30 de marzo, ni siquiera aclaró si la emergencia del Covid 19 puede considerarse fuerza mayor.
Core Gold gana terreno ante tribunales
Recientemente la subsidiaria de Core Gold, Elipe S.A., logró vencer en un reclamo contra la Procuraduría y el MRNNR por la concesión de la mina de oro Jerusalen que le había retirado el ministerio en junio de 2017.
En efecto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil anuló la caducidad de la licencia de explotación y dio la razón a la empresa que adujo que había dejado de cumplir sus derechos en la concesión “por fuerza mayor”, es decir, debido a la presencia de mineros ilegales.
Este es un caso sin precedentes, según Lexlatin y va a sentar jurisprudencia acerca de las circunstancias en las que las compañías mineras pueden aplicar la figura de fuerza mayor bajo la legislación ecuatoriana.
Obviamente, esta promesa viene sembrando la división entre los despedidos pues carecen de sindicato o comité de empresa para ejercer sus derechos de una manera consensuada.
Al optar por la fuerza mayor como causal de terminación del trabajo, la empresa no tiene que liquidar como despido intempestivo a sus trabajadores y la nueva operadora puede reiniciar sus actividades con trabajadores sin antigüedad; a una fracción del costo que le hubiera representado cambiar de plantilla en condiciones normales. Por otro lado, si cambia la razón social y Green Valley sale del país como dicen quienes efectúan llamadas intimidatorias a los trabajadores, la búsqueda de justicia quedará en el aire.
La legislación laboral ecuatoriana establece que si una empresa que ha cerrado por motivos de fuerza mayor regresa y reabre el negocio tiene que recontratar a todos los despedidos. Y hay abogados que afirman que la fuerza mayor se aplica para el caso de una imposibilidad permanente de retomar el trabajo, aspecto que el actual Ministro de Trabajo no clarificó en una entrevista virtual sobre el tema del 30 de marzo, ni siquiera aclaró si la emergencia del Covid 19 puede considerarse fuerza mayor.
Core Gold gana terreno ante tribunales
Recientemente la subsidiaria de Core Gold, Elipe S.A., logró vencer en un reclamo contra la Procuraduría y el MRNNR por la concesión de la mina de oro Jerusalen que le había retirado el ministerio en junio de 2017.
En efecto, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil anuló la caducidad de la licencia de explotación y dio la razón a la empresa que adujo que había dejado de cumplir sus derechos en la concesión “por fuerza mayor”, es decir, debido a la presencia de mineros ilegales.
Este es un caso sin precedentes, según Lexlatin y va a sentar jurisprudencia acerca de las circunstancias en las que las compañías mineras pueden aplicar la figura de fuerza mayor bajo la legislación ecuatoriana.
Una corrección obligatoria
En busca de la verdad sobre la delegación shuar que asistió al PDAC 2020
Marzo 29 de 2020.- El lunes 23 de marzo el número 36 de Vía Minera reseñó un comunicado del Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam señalando que “las personas que viajaron al PDAC 2020 como representantes shuar son en realidad usurpadores de funciones y no cuentan con ningún respaldo de las comunidades warints y yawi y mucho menos con el consentimiento del pueblo shuar”.
Con miras a contrastar la versión recibida debido a que Vía Minera publicó previamente una reseña sobre la delegación de shuaras al PDAC, solicitamos comentarios sobre dicho comunicado a la empresa Solaris Resources. Cuando llegó la respuesta, se pudo conocer que la citada afirmación no es correcta. El ciudadano Franklin Kuja viajó a Canadá como representante de ambas comunidades que decidieron elegirlo para que asista a cumplir una agenda de trabajo en el exterior.
La decisión que originó su viaje fue tomada en asamblea y en ejercicio de una libertad elemental. En carta dirigida al líder indígena canadiense Chad Day, presidente del gobierno central Tahltan, la comunidad invoca derechos constitucionales e instrumentos internacionales y remarca que sus dirigentes viajaron cumpliendo un encargo y lo hicieron como autoridades, líderes y síndicos. No viajaron como representantes del Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam ni de la Federación Interprovincial de Pueblos Shuar, Fish. Lo hicieron a nombre del Centro Shuar Warints – Yawi.
Eso no es todo. Vía Minera escribió respecto del tema de fondo, es decir, el diálogo entre la empresa y la comunidad, que Solaris Resources no ha establecido relaciones y que los dirigentes del Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam desean primero conversar con los representantes del gobierno nacional porque con una compañía privada extranjera “no tienen nada que ver”.
Aquí el asunto es más complicado. Por una parte, desde el año 2018 la empresa Solaris viene desarrollando actividades de prospección y exploración en el área concesionada al proyecto Warintza y lo hace con el consentimiento que las comunidades warints y yawi le otorgaron en virtud del Artículo 57 de la Constitución, el mismo que garantiza una serie de derechos colectivos a los pueblos indígenas. Ese es un dato incontrastable de la realidad.
Los centros shuar yawi y warints son parte del directorio de una alianza estratégica que acordó a principios de este año extender el permiso a la empresa para que perfore en su territorio, incluyendo expresamente lo correspondiente a la movilización de los equipos y la construcción de la plataforma.
De otra parte, los pueblos y nacionalidades tienen su propia forma de organizarse, legítimas al margen de lo que estipule la legislación nacional. Tienen sus estructuras, sus documentos fundacionales, estatutos, reglamentos e inclusive, códigos de conducta no escritos que se deben respetar.
De ese tema, complejo como es nuestra realidad, empezaremos a dar cuenta a partir de la próxima semana en un nuevo intento de acercarnos a la verdad.
Con miras a contrastar la versión recibida debido a que Vía Minera publicó previamente una reseña sobre la delegación de shuaras al PDAC, solicitamos comentarios sobre dicho comunicado a la empresa Solaris Resources. Cuando llegó la respuesta, se pudo conocer que la citada afirmación no es correcta. El ciudadano Franklin Kuja viajó a Canadá como representante de ambas comunidades que decidieron elegirlo para que asista a cumplir una agenda de trabajo en el exterior.
La decisión que originó su viaje fue tomada en asamblea y en ejercicio de una libertad elemental. En carta dirigida al líder indígena canadiense Chad Day, presidente del gobierno central Tahltan, la comunidad invoca derechos constitucionales e instrumentos internacionales y remarca que sus dirigentes viajaron cumpliendo un encargo y lo hicieron como autoridades, líderes y síndicos. No viajaron como representantes del Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam ni de la Federación Interprovincial de Pueblos Shuar, Fish. Lo hicieron a nombre del Centro Shuar Warints – Yawi.
Eso no es todo. Vía Minera escribió respecto del tema de fondo, es decir, el diálogo entre la empresa y la comunidad, que Solaris Resources no ha establecido relaciones y que los dirigentes del Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam desean primero conversar con los representantes del gobierno nacional porque con una compañía privada extranjera “no tienen nada que ver”.
Aquí el asunto es más complicado. Por una parte, desde el año 2018 la empresa Solaris viene desarrollando actividades de prospección y exploración en el área concesionada al proyecto Warintza y lo hace con el consentimiento que las comunidades warints y yawi le otorgaron en virtud del Artículo 57 de la Constitución, el mismo que garantiza una serie de derechos colectivos a los pueblos indígenas. Ese es un dato incontrastable de la realidad.
Los centros shuar yawi y warints son parte del directorio de una alianza estratégica que acordó a principios de este año extender el permiso a la empresa para que perfore en su territorio, incluyendo expresamente lo correspondiente a la movilización de los equipos y la construcción de la plataforma.
De otra parte, los pueblos y nacionalidades tienen su propia forma de organizarse, legítimas al margen de lo que estipule la legislación nacional. Tienen sus estructuras, sus documentos fundacionales, estatutos, reglamentos e inclusive, códigos de conducta no escritos que se deben respetar.
De ese tema, complejo como es nuestra realidad, empezaremos a dar cuenta a partir de la próxima semana en un nuevo intento de acercarnos a la verdad.
Mujeres en la estadística minera chilena
Marzo 22 de 2020.- Estadísticas sobre la evolución de la participación de la mujer en la minería en Chile están disponibles en el “Anuario de Estadísticas del Cobre y Otros Minerales 1999-2018” publicado por la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco.
Las cifras indican que en el año 2018, un 8,45 por ciento de trabajadores ocupados en la minería fueron mujeres, de un total de 228 340. La minería, por su parte, en ese año representó un 2,7 por ciento de la población ocupada en toda la economía que ascendió a 8 millones 465 900 personas.
Los datos recopilados y publicados en este anuario indican que la participación de las mujeres en el sector ha ido ascendiendo desde 2009 todos los años sin excepción, desde un 5,99 por ciento medido en ese año.
En el año 2018, la participación del sector minero en el producto interno bruto a precios corrientes, alcanzó el 9,8 por ciento. En el caso de la minería de cobre, la participación representó el 8,9 por ciento, mientras que las demás actividades mineras tuvieron una participación del 0,9 por ciento del PIB.
Otras actividades económicas que tuvieron una participación mayor que la minería en el producto interno bruto de la república chilena durante el 2018 fueron: los servicios financieros y empresariales, con un 14,6 por ciento del PIB; los servicios personales, con un 12 por ciento; la actividad de comercios,
restaurantes y hoteles, con un 11,5 por ciento y la industria manufacturera, con un 10,6 por ciento del PIB.
Aquí el enlace al último anuario publicado:
https://www.cochilco.cl/Lists/Anuario/Attachments/20/AE2019avance.pdf
Las cifras indican que en el año 2018, un 8,45 por ciento de trabajadores ocupados en la minería fueron mujeres, de un total de 228 340. La minería, por su parte, en ese año representó un 2,7 por ciento de la población ocupada en toda la economía que ascendió a 8 millones 465 900 personas.
Los datos recopilados y publicados en este anuario indican que la participación de las mujeres en el sector ha ido ascendiendo desde 2009 todos los años sin excepción, desde un 5,99 por ciento medido en ese año.
En el año 2018, la participación del sector minero en el producto interno bruto a precios corrientes, alcanzó el 9,8 por ciento. En el caso de la minería de cobre, la participación representó el 8,9 por ciento, mientras que las demás actividades mineras tuvieron una participación del 0,9 por ciento del PIB.
Otras actividades económicas que tuvieron una participación mayor que la minería en el producto interno bruto de la república chilena durante el 2018 fueron: los servicios financieros y empresariales, con un 14,6 por ciento del PIB; los servicios personales, con un 12 por ciento; la actividad de comercios,
restaurantes y hoteles, con un 11,5 por ciento y la industria manufacturera, con un 10,6 por ciento del PIB.
Aquí el enlace al último anuario publicado:
https://www.cochilco.cl/Lists/Anuario/Attachments/20/AE2019avance.pdf
Consejo de gobierno de "Pueblo Shuar Arutam" denuncia usurpación de funciones
Marzo 22 de 2020.- El consejo de gobierno del Pueblo Shuar Arutam, PSHA, liderado por la profesora Josefina Tunki, emitió la semana pasada un comunicado señalando que las personas que viajaron al PDAC 2020 como representantes shuar son en realidad usurpadores de funciones y no cuentan con ningún respaldo de las comunidades warints y yawi y mucho menos con el consentimiento del pueblo shuar.
Sostienen también que el consejo de gobierno del Pueblo Shuar Arutam es el único representante de las 47 comunidades y 6 asociaciones que existen en las 220 mil hectáreas que constituyen su territorio y se identifican como una organización reconocida mediante Acuerdo Ministerial N°-255 de 7 de septiembre del 2006, con sede en Sucúa, provincia de Morona Santiago.
Dicho organismo, expresó Galo Chup, integrante de la Comisión de Gestión Externa, tiene una estructura y unos estatutos que disponen con claridad quiénes pueden ejercer la representación de las comunidades.
En el caso del ciudadano Franklin Kuja, ex dirigente del PSHA y parte de la delegación que acompañó a la empresa Solaris Resources al PDAC 2020, “nadie lo designó, no es representante” y su calidad de socio no le daba derecho a decir “ni una sola palabra referente a la política que puede beneficiar a la organización. Lo desconocemos totalmente”, afirmó Galo Chup.
Respecto del tema de fondo, es decir, el diálogo con la empresa minera, Chup manifestó que Solaris Resources no ha establecido relaciones con la actual dirigencia y que, en todo caso, desean primero conversar con los representantes del gobierno nacional porque con una compañía privada extranjera ellos “no tienen nada que ver”.
Sostienen también que el consejo de gobierno del Pueblo Shuar Arutam es el único representante de las 47 comunidades y 6 asociaciones que existen en las 220 mil hectáreas que constituyen su territorio y se identifican como una organización reconocida mediante Acuerdo Ministerial N°-255 de 7 de septiembre del 2006, con sede en Sucúa, provincia de Morona Santiago.
Dicho organismo, expresó Galo Chup, integrante de la Comisión de Gestión Externa, tiene una estructura y unos estatutos que disponen con claridad quiénes pueden ejercer la representación de las comunidades.
En el caso del ciudadano Franklin Kuja, ex dirigente del PSHA y parte de la delegación que acompañó a la empresa Solaris Resources al PDAC 2020, “nadie lo designó, no es representante” y su calidad de socio no le daba derecho a decir “ni una sola palabra referente a la política que puede beneficiar a la organización. Lo desconocemos totalmente”, afirmó Galo Chup.
Respecto del tema de fondo, es decir, el diálogo con la empresa minera, Chup manifestó que Solaris Resources no ha establecido relaciones con la actual dirigencia y que, en todo caso, desean primero conversar con los representantes del gobierno nacional porque con una compañía privada extranjera ellos “no tienen nada que ver”.
Más sobre la mujer minera
Marzo 15 de 2020.- CommDev es un gran archivo de documentos de la Corporación Financiera Internacional, IFC por sus siglas en inglés, sobre la distribución de beneficios en los sectores de infraestructura y recursos naturales.
Allí, con motivo del Día Internacional de la Mujer, hay un documento sobre ellas y la conclusión es clara: la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el sector minero beneficia a las empresas, a las familias y las comunidades; cuando las empresas reconocen la oportunidad de una fuerza laboral y cadena de suministro más diversa, y de involucrarse más ampliamente con las comunidades, pueden aumentar la productividad, reducir costos y fortalecer la licencia social para operar.
Ahora ojalá entiendan...
El texto pueden descargarse de:
https://www.commdev.org/pdf/publications/Gender%20Equity%20in%20MINING_FIN%20for%20WEB.pdf
Allí, con motivo del Día Internacional de la Mujer, hay un documento sobre ellas y la conclusión es clara: la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el sector minero beneficia a las empresas, a las familias y las comunidades; cuando las empresas reconocen la oportunidad de una fuerza laboral y cadena de suministro más diversa, y de involucrarse más ampliamente con las comunidades, pueden aumentar la productividad, reducir costos y fortalecer la licencia social para operar.
Ahora ojalá entiendan...
El texto pueden descargarse de:
https://www.commdev.org/pdf/publications/Gender%20Equity%20in%20MINING_FIN%20for%20WEB.pdf
Pobladores toman partido frente a actividades mineras en Palo Quemado
Marzo 1 de 2020.- Miembros del Comité Pro Desarrollo de la parroquia Palo Quemado del cantón Sigchos, denunciaron a las autoridades de la Junta Parroquial por no socializar la propuesta de resolución prefectural que declara a la provincia “libre de minería metálica”. 6 La denuncia fue presentada ante el Gobernador de Cotopaxi por el Comité de las comunidades de la zona de influencia del proyecto La Plata tales como Palo Quemado, Las Minas, Santa Rosa y Praderas; y asociaciones locales como Orcoprosan, que defienden la oportunidad de desarrollo que representa la minería.
En la carta, además, denuncian que la actitud de la Presidenta de la Junta Parroquial, Rosa Masapanta, ha originado el apoyo del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi al “comité cantonal de lucha contra la minería” para crear comités en cada parroquia y declarar prioritaria la defensa del agua de los páramos, la naturaleza, cuencas hídricas, bosques y humedales. De acuerdo al texto de la carta, ese comité cantonal ha prohibido la venta de terrenos y el ingreso a las empresas mineras en los predios del cantón Sigchos; y ha advertido con aplicar la justicia indígena a quien incumpla estas prohibiciones.
Los miembros del Comité Pro Desarrollo, dicen que en Palo Quemado son cien por ciento mestizos. Otras recomendaciones del “comité cantonal” que la carta menciona son: presentar acciones de protección en contra de las concesiones mineras por la vulneración de derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades indígenas y más normativas vigentes; y no aceptar de ninguna manera cualquier forma de socialización por parte de las empresas mineras.
En la carta también hacen referencia a una investigación judicial existente por el atentado en contra del ex teniente político de la vecina comunidad Las Pampas, Erik Arias; y se declaran víctimas de amenazas hechas por personas inescrupulosas con la complicidad de Masapanta. Casi simultáneamente, el proyecto recibió la visita del Viceministerio de Minería y de representantes de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), del Ministerio del Ambiente, de la Prefectura de Cotopaxi y de la Defensoría del Pueblo, informó la compañía Toachi Mining. Actualmente, en el proyecto La Plata, operado por Atico y Toachi Mining, se está realizando una campaña de perforación, dentro de su etapa de exploración avanzada, generando empleo a más de 200 personas de la zona de influencia.
En la carta, además, denuncian que la actitud de la Presidenta de la Junta Parroquial, Rosa Masapanta, ha originado el apoyo del Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi al “comité cantonal de lucha contra la minería” para crear comités en cada parroquia y declarar prioritaria la defensa del agua de los páramos, la naturaleza, cuencas hídricas, bosques y humedales. De acuerdo al texto de la carta, ese comité cantonal ha prohibido la venta de terrenos y el ingreso a las empresas mineras en los predios del cantón Sigchos; y ha advertido con aplicar la justicia indígena a quien incumpla estas prohibiciones.
Los miembros del Comité Pro Desarrollo, dicen que en Palo Quemado son cien por ciento mestizos. Otras recomendaciones del “comité cantonal” que la carta menciona son: presentar acciones de protección en contra de las concesiones mineras por la vulneración de derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades indígenas y más normativas vigentes; y no aceptar de ninguna manera cualquier forma de socialización por parte de las empresas mineras.
En la carta también hacen referencia a una investigación judicial existente por el atentado en contra del ex teniente político de la vecina comunidad Las Pampas, Erik Arias; y se declaran víctimas de amenazas hechas por personas inescrupulosas con la complicidad de Masapanta. Casi simultáneamente, el proyecto recibió la visita del Viceministerio de Minería y de representantes de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), del Ministerio del Ambiente, de la Prefectura de Cotopaxi y de la Defensoría del Pueblo, informó la compañía Toachi Mining. Actualmente, en el proyecto La Plata, operado por Atico y Toachi Mining, se está realizando una campaña de perforación, dentro de su etapa de exploración avanzada, generando empleo a más de 200 personas de la zona de influencia.
Indígenas shuar respaldan proyecto Warintza de Solaris y Lowell
Marzo 8 de 2020.- Solaris Resources Inc. y su subsidiaria en Ecuador, Lowell Mineral Exploration Ecuador SA, presentaron en el PDAC 2020 los resultados alcanzados como parte de su trabajo de empoderamiento de las comunidades shuar asentadas en los alrededores del proyecto Warintza.
El proyecto Warintza se ubica en el cantón Limón Indanza de la provincia Morona Santiago, en el sur ecuatoriano.
Las empresas informaron también que dicho trabajo había sido una prueba piloto de la nueva norma de consulta previa que se aplicará en los pueblos indígenas.
En el caso concreto de Solaris y Lowell, la consulta había sido trabajada con las comunidades warints y yawi de la nacionalidad shuar.
El propósito de la consulta previa es crear oportunidades para un diálogo transparente con el fin de que los pueblos indígenas lleguen a un acuerdo y un consenso sobre el desarrollo en sus comunidades dentro de los marcos más amplios de desarrollo regional y nacional.
“El proyecto piloto cumplió con éxito los objetivos de empoderar a estos ciudadanos y fortalecer sus capacidades para participar de manera libre e informada. El proceso fortaleció la confianza con las comunidades y facilitó la comprensión de la dinámica social, cultural y política que se observará en los futuros procesos de consulta previa”, explica la nota de la empresa.
Al respecto, la información señala que el viceministro Enrique Gallegos expresó: “Tener una industria minera comercial moderna, social y ambientalmente responsable en Ecuador es ahora una realidad. Este proyecto piloto representa un paso importante hacia el establecimiento de un marco para el diálogo y la creación de consenso para fomentar una mayor participación en la próxima ola de proyectos de las comunidades remotas e indígenas que los acogen".
Franklin Kuja, líder indígena de la comunidad warints, habría dicho que su presencia en el PDAC era para mostrar a la comunidad internacional que "Ecuador es un país megadiverso y que es posible desarrollar proyectos mineros de manera responsable e inclusiva”. También que ellos son “la principal garantía de que el Proyecto Warintza avanza".
El proyecto Warintza se ubica en el cantón Limón Indanza de la provincia Morona Santiago, en el sur ecuatoriano.
Las empresas informaron también que dicho trabajo había sido una prueba piloto de la nueva norma de consulta previa que se aplicará en los pueblos indígenas.
En el caso concreto de Solaris y Lowell, la consulta había sido trabajada con las comunidades warints y yawi de la nacionalidad shuar.
El propósito de la consulta previa es crear oportunidades para un diálogo transparente con el fin de que los pueblos indígenas lleguen a un acuerdo y un consenso sobre el desarrollo en sus comunidades dentro de los marcos más amplios de desarrollo regional y nacional.
“El proyecto piloto cumplió con éxito los objetivos de empoderar a estos ciudadanos y fortalecer sus capacidades para participar de manera libre e informada. El proceso fortaleció la confianza con las comunidades y facilitó la comprensión de la dinámica social, cultural y política que se observará en los futuros procesos de consulta previa”, explica la nota de la empresa.
Al respecto, la información señala que el viceministro Enrique Gallegos expresó: “Tener una industria minera comercial moderna, social y ambientalmente responsable en Ecuador es ahora una realidad. Este proyecto piloto representa un paso importante hacia el establecimiento de un marco para el diálogo y la creación de consenso para fomentar una mayor participación en la próxima ola de proyectos de las comunidades remotas e indígenas que los acogen".
Franklin Kuja, líder indígena de la comunidad warints, habría dicho que su presencia en el PDAC era para mostrar a la comunidad internacional que "Ecuador es un país megadiverso y que es posible desarrollar proyectos mineros de manera responsable e inclusiva”. También que ellos son “la principal garantía de que el Proyecto Warintza avanza".
Mujeres con voluntad de oro
Nota de redacción: La que sigue es una nota enviada por el PNUD en vísperas del Día Internacional de la Mujer y la publicamos por solidaridad con ellas, aun cuando mujeres jancheras nos han dicho que ojalá se haga realidad todo lo que se dice en el artículo.
Marzo 1 de 2020.- Sube una montaña de piedras con la mirada fija al suelo. En la mitad de la escombrera se coloca en cuclillas, lanza un puñado de agua y mueve ligeramente la cabeza de lado a lado para identificar el brillo. Levanta una roca, siente su peso, la huele y la coloca en un bulto. Luisa cuenta que por más de ocho horas repite este proceso todos los días, seleccionando entre los residuos de los yacimientos de las minas lo que se conoce como janche o residuo grueso.
Después de 32 años de vivir en el sector, ella puede contar con los dedos de su mano las veces que ha entrado a una mina.
Si bien en Camilo Ponce (provincia de Azuay) existen 3.800 personas que trabajan en minería, únicamente tres de cada diez son mujeres. La mayoría de ellas se dedica a la selección manual de oro residual de las rocas, lo que las ubica en la sección menos rentable de la cadena productiva del sector.
Diariamente, Luisa y las otras mujeres se exponen a radiación solar, caídas y derrumbes, afectación ocular, silicosis, cargo de peso excesivo y, sobre todo, al casi invisible y altamente nocivo impacto generado por sustancias químicas, como el mercurio, que suelen ser empleadas en el proceso de recuperación de oro en la minería artesanal.
Luisa es cabeza de hogar, tiene dos hijas. Para ella, y para la asociación a la que pertenece, es determinante contar con el permiso de una empresa minera que les permita entrar al botadero. Con los ingresos generados, a Luisa apenas le alcanza para cubrir la educación y alimentación de su familia. Tras una semana de trabajo, llena un bulto del cual puede sacar en promedio un gramo de oro por tonelada seleccionada. Por su situación de informalidad y poca posibilidad de negociar, lo vende a un valor menor al 30 por ciento de lo que costaría en el mercado regular. Luisa dice: “Aquí lo importante es tener el dinero pronto. El día que me pagan, lo primero que hago es ir a la tienda para pagar lo que me han fiado”.
Frente a esta problemática el Ministerio del Ambiente, en coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, y a través del Programa Nacional para la Gestión Ambientalmente Adecuada de Sustancias Químicas en su Ciclo de Vida, ha emprendido acciones para apoyar a las mujeres seleccionadoras de mineral. Para ello, ha identificado alternativas que permitan reducir la sobrecarga de trabajo, la pobreza y las barreras que impiden y disminuyen el desarrollo y los derechos de estas 1300 mujeres.
Asimismo, se propone la asignación de fondos para la promoción de iniciativas y emprendimientos innovadores y sostenibles con favorable impacto social, económico y ambiental en sus comunidades liderados por ellas.
Mario Rodas, coordinador del Programa, explica que la minería no se debe entender sólo como un trabajo, sino como una estructura de relaciones simbólicas, políticas y económicas: “Es un sector en el que existen varias problemáticas de salud y discriminación hacia la mujer, por lo que en 2020 se llevarán a cabo acciones afirmativas que promuevan el empoderamiento de las mujeres. Entre estas actividades se incluye la sensibilización y capacitación en torno a nuevas masculinidades para generar espacios seguros, es decir, para eliminar estereotipos de género, erradicar la violencia, promover la igualdad entre hombres y mujeres, las responsabilidades domésticas y de cuidado compartidas”.
Proteger el ambiente y la salud y recobrar los sueños
La propuesta busca que las mujeres cuenten con un medio de vida complementario y rentable que les permita mejorar la condición de sus familias y sea amigable con el ambiente. Luisa está muy ilusionada con el proyecto y cree que va impulsar su sueño de que su hija pueda estudiar enfermería: “Ella es muy inteligente. Sé que llegará lejos y yo trabajaré muy duro para que tenga más oportunidades de las que yo he tenido”.
La gestión adecuada de sustancias químicas y desechos derivados de actividades productivas elimina los riesgos para la salud humana y el ambiente. Respondiendo al Convenio de Minamata, el Ecuador asumió los compromisos de eliminar el uso de mercurio en la minería y precautelar los recursos hídricos y naturales de los que dependen las comunidades, con acciones específicas que promuevan la igualdad de género y la sostenibilidad.
Marzo 1 de 2020.- Sube una montaña de piedras con la mirada fija al suelo. En la mitad de la escombrera se coloca en cuclillas, lanza un puñado de agua y mueve ligeramente la cabeza de lado a lado para identificar el brillo. Levanta una roca, siente su peso, la huele y la coloca en un bulto. Luisa cuenta que por más de ocho horas repite este proceso todos los días, seleccionando entre los residuos de los yacimientos de las minas lo que se conoce como janche o residuo grueso.
Después de 32 años de vivir en el sector, ella puede contar con los dedos de su mano las veces que ha entrado a una mina.
Si bien en Camilo Ponce (provincia de Azuay) existen 3.800 personas que trabajan en minería, únicamente tres de cada diez son mujeres. La mayoría de ellas se dedica a la selección manual de oro residual de las rocas, lo que las ubica en la sección menos rentable de la cadena productiva del sector.
Diariamente, Luisa y las otras mujeres se exponen a radiación solar, caídas y derrumbes, afectación ocular, silicosis, cargo de peso excesivo y, sobre todo, al casi invisible y altamente nocivo impacto generado por sustancias químicas, como el mercurio, que suelen ser empleadas en el proceso de recuperación de oro en la minería artesanal.
Luisa es cabeza de hogar, tiene dos hijas. Para ella, y para la asociación a la que pertenece, es determinante contar con el permiso de una empresa minera que les permita entrar al botadero. Con los ingresos generados, a Luisa apenas le alcanza para cubrir la educación y alimentación de su familia. Tras una semana de trabajo, llena un bulto del cual puede sacar en promedio un gramo de oro por tonelada seleccionada. Por su situación de informalidad y poca posibilidad de negociar, lo vende a un valor menor al 30 por ciento de lo que costaría en el mercado regular. Luisa dice: “Aquí lo importante es tener el dinero pronto. El día que me pagan, lo primero que hago es ir a la tienda para pagar lo que me han fiado”.
Frente a esta problemática el Ministerio del Ambiente, en coordinación con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, y a través del Programa Nacional para la Gestión Ambientalmente Adecuada de Sustancias Químicas en su Ciclo de Vida, ha emprendido acciones para apoyar a las mujeres seleccionadoras de mineral. Para ello, ha identificado alternativas que permitan reducir la sobrecarga de trabajo, la pobreza y las barreras que impiden y disminuyen el desarrollo y los derechos de estas 1300 mujeres.
Asimismo, se propone la asignación de fondos para la promoción de iniciativas y emprendimientos innovadores y sostenibles con favorable impacto social, económico y ambiental en sus comunidades liderados por ellas.
Mario Rodas, coordinador del Programa, explica que la minería no se debe entender sólo como un trabajo, sino como una estructura de relaciones simbólicas, políticas y económicas: “Es un sector en el que existen varias problemáticas de salud y discriminación hacia la mujer, por lo que en 2020 se llevarán a cabo acciones afirmativas que promuevan el empoderamiento de las mujeres. Entre estas actividades se incluye la sensibilización y capacitación en torno a nuevas masculinidades para generar espacios seguros, es decir, para eliminar estereotipos de género, erradicar la violencia, promover la igualdad entre hombres y mujeres, las responsabilidades domésticas y de cuidado compartidas”.
Proteger el ambiente y la salud y recobrar los sueños
La propuesta busca que las mujeres cuenten con un medio de vida complementario y rentable que les permita mejorar la condición de sus familias y sea amigable con el ambiente. Luisa está muy ilusionada con el proyecto y cree que va impulsar su sueño de que su hija pueda estudiar enfermería: “Ella es muy inteligente. Sé que llegará lejos y yo trabajaré muy duro para que tenga más oportunidades de las que yo he tenido”.
La gestión adecuada de sustancias químicas y desechos derivados de actividades productivas elimina los riesgos para la salud humana y el ambiente. Respondiendo al Convenio de Minamata, el Ecuador asumió los compromisos de eliminar el uso de mercurio en la minería y precautelar los recursos hídricos y naturales de los que dependen las comunidades, con acciones específicas que promuevan la igualdad de género y la sostenibilidad.
Manifestantes marcharon hacia el Metro Toronto Convention Centre
Marzo 1 de 2020.- Casi medio millar de manifestantes, convocados por medio centenar de ONG que dicen defender a los pueblos indígenas y a la naturaleza, marcharon hacia el complejo en el que se realiza el PDAC 2020 pidiendo a los transeúntes "se 3 enfrenten a la violencia de la industria extractiva, la colonización en curso y el completo desprecio para el futuro de la vida en este planeta". Sobre el hecho, la directora ejecutiva del PDAC, Lisa McDonald, dijo en declaraciones a la revista especializada Mining.com, que los diferentes puntos de vista sobre el papel de la industria minera son bienvenidos siempre que se presenten de manera pacífica y respetuosa.
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Febrero 27 de 2020.- Renta petrolera en debate, en Cigmipa El tema del Jueves de Conferencias Técnicas que viene organizando el Colegio Regional de Ingenieros Geólogos, de Minas, Petróleos y Ambiental, Cigmipa, que encabeza Ramiro Maruri, esta semana se titula “La renta petrolera y la transición energética en Ecuador” y estará a cargo del Ing. Fernando Reyes, Mgs. La reunión empieza a las seis en punto y es en la Av. Orellana E-465 y la 9 de octubre. |
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Corte Constitucional rechazó consultar a la población sobre actividades mineras
Febrero 23 de 2020.- Corte Constitucional rechazó consultar a la población sobre actividades mineras La Corte Constitucional de Ecuador resolvió el viernes 21 de febrero, por segunda vez consecutiva, rechazar el pedido presentado por el prefecto de la provincia de Azuay, Yaku Pérez, para consultar a la población sobre la realización de actividades mineras en su territorio.
El dictamen de la Corte establece que “la consulta popular presentada por Yaku Pérez Guartambel no cumple con los parámetros de control formal y material previstos en la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales”. Tan pronto se conoció el pronunciamiento de la Corte, el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables se pronunció sobre la decisión de impedir la consulta popular antiminera en Azuay. En el comunicado se dice que el ministerio “reafirma su postura garantista de derechos y recalca que como institución pública, respeta las decisiones y parámetros legales de las entidades judiciales y constitucionales que, en su ejercicio, trabajan por los intereses nacionales”.
También señala que el Gobierno mantiene su compromiso de promover una “minería responsable, normada y controlada en todo el país”. Días antes, directivos de las cámaras de producción y comercio habían presentado sendos escritos en calidad de amicus curiae pidiendo a la Corte Constitucional que cierre el paso a los pedidos de consulta sobre la minería.
El dictamen de la Corte establece que “la consulta popular presentada por Yaku Pérez Guartambel no cumple con los parámetros de control formal y material previstos en la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales”. Tan pronto se conoció el pronunciamiento de la Corte, el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables se pronunció sobre la decisión de impedir la consulta popular antiminera en Azuay. En el comunicado se dice que el ministerio “reafirma su postura garantista de derechos y recalca que como institución pública, respeta las decisiones y parámetros legales de las entidades judiciales y constitucionales que, en su ejercicio, trabajan por los intereses nacionales”.
También señala que el Gobierno mantiene su compromiso de promover una “minería responsable, normada y controlada en todo el país”. Días antes, directivos de las cámaras de producción y comercio habían presentado sendos escritos en calidad de amicus curiae pidiendo a la Corte Constitucional que cierre el paso a los pedidos de consulta sobre la minería.
Gobierno e indígenas acuden a la Corte Constitucional
Febrero 16 de 2020.- El viceministro de Minas, Enrique Gallegos-Anda presentó a la Corte Constitucional la contestación y postura legal de dicha cartera frente al pedido de consulta presentado por el prefecto de Azuay, Yaku Pérez.
Lo hizo el pasado 12 de febrero acompañado del viceministro del Ambiente, Ramiro Montalvo, el subsecretario General del Agua, Carlos Javier Andrade, y representantes del Ministerio de Finanzas, quienes presentaron sendos Amicus
Curiae ante la Corte Constitucional para dar a conocer su postura legal e institucional sobre una eventual consulta popular minera en Azuay.
Según el viceministro Gallegos, la pretensión de prohibir o cancelar las actividades mineras amparadas por un título minero, sin una consideración técnica y legal, sino basada en motivaciones políticas, generará graves precedentes en cuanto a seguridad jurídica en el país.
Al día siguiente, representantes de las comunidades indígenas cofán y waorani arribaron a Quito para realizar diversas acciones en "defensa de sus derechos a una consulta previa y autodeterminación" respecto a la ejecución de proyectos extractivos en sus territorios.
Ellos también fueron a la Corte Constitucional y allí realizaron un plantón que duró casi toda la mañana. Al día siguiente hicieron lo mismo en la sede del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
Alex Lucitante, uno de los representantes de la comunidad Cofán, señaló que su objetivo es que la Corte Constitucional acumule las causas a favor de su comunidad y la de los woaoranis para sentar un precedente jurídico respecto a las consultas previas.
Hace dos años, la Corte Provincial de Sucumbíos revertió concesiones mineras para exploración y explotación de oro porque, según los voceros de esa comunidad, no hubo una consulta previa.
AIME solicita se declare inconstitucional el pedido de consulta en Azuay
La Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, AIME, liderada por René Ayala, viene interviniendo en la causa 01-20-CP que se sigue en la Corte Constitucional respecto de la posibilidad de una consulta en torno a la actividad minera en Azuay.
En efecto, el ingeniero Ayala, acompañado de otros directivos de AIME, presentó el pasado 10 de febrero un Amicus Curiae en la causa que analiza la doctora Karla Andrade, exponiendo los puntos de vista de su institución.
“Es importante que la autoridad rechace las preguntas planteadas por el prefecto Pérez por ser abiertamente inconstitucionales. En primer lugar, porque no cumplen los requisitos de forma y de fondo ordenados por la LOGJCC y por la Corte Constitucional en casos anteriores”, señaló el ingeniero Alaya.
Explicó además que las preguntas son contrarias a la Constitución y afectan los derechos de terceros, como el derecho al trabajo que tienen los miembros de la AIME. Sostuvo, además, que al acudir en representación de distintos gobiernos autónomos descentralizados, Yaku Pérez y las otras autoridades tenían la obligación de acreditar su calidad y en este proceso no se evidencia que lo hayan hecho.
Sobre el tema de fondo, el ingeniero Ayala sostiene que es inconstitucional pretender a través de consultas locales decidir temas de interés nacional como el de la actividad minera, tratando de esquivar los mecanismos constitucionales para reformar la Constitución y agregar nuevas prohibiciones a la minería, además de las previstas en el artículo 407 de la Carta Magna.
Viceministro Gallegos va en busca del tiempo perdido
El viceministro de Minas, Enrique Gallegos, realizó una serie de anuncios sobre propuestas que podrían cambiar el panorama minero ecuatoriano si es que se llegan a materializar en algún momento.
Se trata de ideas que reflejan la preocupación del gobierno por recuperar la iniciativa política en el sector, venida a menos a raíz del pedido de consulta presentado por el prefecto de Azuay, Yaku Pérez; por la indecisión de la Corte Constitucional frente a este pedido y al reclamo del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables en el caso Río Blanco, entre otros temas.
Gallegos fue el orador principal en el lanzamiento de la XIII Expominas que organiza Hassan J. Becdach, el titán de las relaciones públicas de la minería ecuatoriana. Allí informó de la existencia de una mesa minera al más alto nivel del gobierno. Se trata de un gabinete estratégico que se reunirá una vez al mes, en el que deben participar los ministros, no sus delegados, de Economía, Ambiente, Comercio, y Energía, así como las secretarías Jurídica y del Agua. Lidera este gabinete el vicepresidente de la República.
En materia de iniciativas, el viceministro propuso la constitución del Frente Nacional Minero. Al respecto dijo que había pedido a dos prominentes líderes del sector que se encarguen de la organización de dicho frente, sugiriendo que se trate de una plataforma del más amplio nivel. “Todos deben estar unidos: contratistas, proveedores, abogados etc., para contrarrestar todo el ataque que va a venir”, afirmó Gallegos.
Otra propuesta dirigida a mejorar el apoyo que brindan las empresas mineras a las comunidades tiene que ver con la constitución de un fideicomiso, financiado por las compañías, para elevar la calidad del aporte y que este se constituya efectivamente en una palanca para el desarrollo local.
Dijo el viceministro que las mineras habían gastado millones de dólares regalando paquetes de caramelos con motivo de las fiestas de Navidad y que hubiera sido mejor invertir esos dineros en proyectos más importantes. Del fideicomiso se deben pagar sueldos de los que resguardan los parques y las áreas protegidas, financiar obras para cuidar el agua, planteó.
CME también presentará Amicus Curiae
La Cámara de Minería del Ecuador, CME, anunció que acudirá el lunes 17 de febrero a la sede de la Corte Constitucional, CC, para presentar su recurso de Amicus Curiae en la causa abierta para determinar si procede o no consultar a la población de Azuay en torno a las actividades mineras en su territorio.
Anteriormente, la CME rechazó las solicitudes de consultas populares sobre minería. En un comunicado de enero de este año, sostuvo que dichas consultas son promovidas por actores con "intereses políticos particulares".
La Corte Constitucional ha rechazado los pedidos de consulta. La última vez fue el pasado 17 de septiembre del 2019, en la que tras una reunión de su Pleno, decidió declarar que “la pregunta relativa al pedido de la iniciativa ciudadana para solicitar una consulta popular, ingresada a esta corte por el señor Yaku Pérez Guartambel el 30 de junio de 2019, no garantiza la plena libertad del elector, ni cuenta con un apego constitucional, por las razones expuestas en este Dictamen”, por lo que decidió “negar y archivar el pedido de dictamen previo de constitucionalidad de consulta popular”.
Trascendió que junto a los directivos de la CME acudirán representantes de otras instituciones que también se oponen a las consultas locales sobre un tema que consideran de competencia del gobierno nacional.
Lo hizo el pasado 12 de febrero acompañado del viceministro del Ambiente, Ramiro Montalvo, el subsecretario General del Agua, Carlos Javier Andrade, y representantes del Ministerio de Finanzas, quienes presentaron sendos Amicus
Curiae ante la Corte Constitucional para dar a conocer su postura legal e institucional sobre una eventual consulta popular minera en Azuay.
Según el viceministro Gallegos, la pretensión de prohibir o cancelar las actividades mineras amparadas por un título minero, sin una consideración técnica y legal, sino basada en motivaciones políticas, generará graves precedentes en cuanto a seguridad jurídica en el país.
Al día siguiente, representantes de las comunidades indígenas cofán y waorani arribaron a Quito para realizar diversas acciones en "defensa de sus derechos a una consulta previa y autodeterminación" respecto a la ejecución de proyectos extractivos en sus territorios.
Ellos también fueron a la Corte Constitucional y allí realizaron un plantón que duró casi toda la mañana. Al día siguiente hicieron lo mismo en la sede del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
Alex Lucitante, uno de los representantes de la comunidad Cofán, señaló que su objetivo es que la Corte Constitucional acumule las causas a favor de su comunidad y la de los woaoranis para sentar un precedente jurídico respecto a las consultas previas.
Hace dos años, la Corte Provincial de Sucumbíos revertió concesiones mineras para exploración y explotación de oro porque, según los voceros de esa comunidad, no hubo una consulta previa.
AIME solicita se declare inconstitucional el pedido de consulta en Azuay
La Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, AIME, liderada por René Ayala, viene interviniendo en la causa 01-20-CP que se sigue en la Corte Constitucional respecto de la posibilidad de una consulta en torno a la actividad minera en Azuay.
En efecto, el ingeniero Ayala, acompañado de otros directivos de AIME, presentó el pasado 10 de febrero un Amicus Curiae en la causa que analiza la doctora Karla Andrade, exponiendo los puntos de vista de su institución.
“Es importante que la autoridad rechace las preguntas planteadas por el prefecto Pérez por ser abiertamente inconstitucionales. En primer lugar, porque no cumplen los requisitos de forma y de fondo ordenados por la LOGJCC y por la Corte Constitucional en casos anteriores”, señaló el ingeniero Alaya.
Explicó además que las preguntas son contrarias a la Constitución y afectan los derechos de terceros, como el derecho al trabajo que tienen los miembros de la AIME. Sostuvo, además, que al acudir en representación de distintos gobiernos autónomos descentralizados, Yaku Pérez y las otras autoridades tenían la obligación de acreditar su calidad y en este proceso no se evidencia que lo hayan hecho.
Sobre el tema de fondo, el ingeniero Ayala sostiene que es inconstitucional pretender a través de consultas locales decidir temas de interés nacional como el de la actividad minera, tratando de esquivar los mecanismos constitucionales para reformar la Constitución y agregar nuevas prohibiciones a la minería, además de las previstas en el artículo 407 de la Carta Magna.
Viceministro Gallegos va en busca del tiempo perdido
El viceministro de Minas, Enrique Gallegos, realizó una serie de anuncios sobre propuestas que podrían cambiar el panorama minero ecuatoriano si es que se llegan a materializar en algún momento.
Se trata de ideas que reflejan la preocupación del gobierno por recuperar la iniciativa política en el sector, venida a menos a raíz del pedido de consulta presentado por el prefecto de Azuay, Yaku Pérez; por la indecisión de la Corte Constitucional frente a este pedido y al reclamo del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables en el caso Río Blanco, entre otros temas.
Gallegos fue el orador principal en el lanzamiento de la XIII Expominas que organiza Hassan J. Becdach, el titán de las relaciones públicas de la minería ecuatoriana. Allí informó de la existencia de una mesa minera al más alto nivel del gobierno. Se trata de un gabinete estratégico que se reunirá una vez al mes, en el que deben participar los ministros, no sus delegados, de Economía, Ambiente, Comercio, y Energía, así como las secretarías Jurídica y del Agua. Lidera este gabinete el vicepresidente de la República.
En materia de iniciativas, el viceministro propuso la constitución del Frente Nacional Minero. Al respecto dijo que había pedido a dos prominentes líderes del sector que se encarguen de la organización de dicho frente, sugiriendo que se trate de una plataforma del más amplio nivel. “Todos deben estar unidos: contratistas, proveedores, abogados etc., para contrarrestar todo el ataque que va a venir”, afirmó Gallegos.
Otra propuesta dirigida a mejorar el apoyo que brindan las empresas mineras a las comunidades tiene que ver con la constitución de un fideicomiso, financiado por las compañías, para elevar la calidad del aporte y que este se constituya efectivamente en una palanca para el desarrollo local.
Dijo el viceministro que las mineras habían gastado millones de dólares regalando paquetes de caramelos con motivo de las fiestas de Navidad y que hubiera sido mejor invertir esos dineros en proyectos más importantes. Del fideicomiso se deben pagar sueldos de los que resguardan los parques y las áreas protegidas, financiar obras para cuidar el agua, planteó.
CME también presentará Amicus Curiae
La Cámara de Minería del Ecuador, CME, anunció que acudirá el lunes 17 de febrero a la sede de la Corte Constitucional, CC, para presentar su recurso de Amicus Curiae en la causa abierta para determinar si procede o no consultar a la población de Azuay en torno a las actividades mineras en su territorio.
Anteriormente, la CME rechazó las solicitudes de consultas populares sobre minería. En un comunicado de enero de este año, sostuvo que dichas consultas son promovidas por actores con "intereses políticos particulares".
La Corte Constitucional ha rechazado los pedidos de consulta. La última vez fue el pasado 17 de septiembre del 2019, en la que tras una reunión de su Pleno, decidió declarar que “la pregunta relativa al pedido de la iniciativa ciudadana para solicitar una consulta popular, ingresada a esta corte por el señor Yaku Pérez Guartambel el 30 de junio de 2019, no garantiza la plena libertad del elector, ni cuenta con un apego constitucional, por las razones expuestas en este Dictamen”, por lo que decidió “negar y archivar el pedido de dictamen previo de constitucionalidad de consulta popular”.
Trascendió que junto a los directivos de la CME acudirán representantes de otras instituciones que también se oponen a las consultas locales sobre un tema que consideran de competencia del gobierno nacional.
Perú: Tía María no saldrá con actual gobierno
Febrero 9 de 2020.- El presidente peruano Martín Vizcarra aseguró que durante su gobierno el proyecto Tía María, a cargo de Southern Perú, “definitivamente no va”.
"En este gobierno no va, no hay forma, no están dadas las condiciones", afirmó.
Voceros de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía han cuestionado tales declaraciones. Otros han recordado que el gobierno de Martín Vizcarra ha protagonizado avances y retrocesos respecto del proyecto Tía María. Hace unos meses autorizó la construcción de la planta, sin que se haya autorizado la construcción de la mina.
"Si no se generan consensos, no vamos a forzarlo. Pero sí hay otros proyectos que sí están saliendo porque se generaron las condiciones adecuadas", señaló el jefe de Estado.
También aseguró que en el caso de que la minera decida realizar una denuncia internacional, el Estado peruano tiene los argumentos para responder en los tribunales.
"En este gobierno no va, no hay forma, no están dadas las condiciones", afirmó.
Voceros de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía han cuestionado tales declaraciones. Otros han recordado que el gobierno de Martín Vizcarra ha protagonizado avances y retrocesos respecto del proyecto Tía María. Hace unos meses autorizó la construcción de la planta, sin que se haya autorizado la construcción de la mina.
"Si no se generan consensos, no vamos a forzarlo. Pero sí hay otros proyectos que sí están saliendo porque se generaron las condiciones adecuadas", señaló el jefe de Estado.
También aseguró que en el caso de que la minera decida realizar una denuncia internacional, el Estado peruano tiene los argumentos para responder en los tribunales.
Nueva directiva de Cigmipa propone
crear comité ecuatoriano de estratigrafía
Febrero 2 de 2020.- La directiva del Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos, Ambiente y Especialidades Afines de la Región Norte, Cigmipa, para el período 2020-2022, presidida por el ingeniero Ramiro Maruri, tomó posesión en el hemiciclo de la Escuela Politécnica Nacional el 29 de enero.
Al evento asistieron los asambleístas Elio Peña y Héctor Muñoz, diversos representantes de instituciones públicas, de gremios profesionales, de la academia y la ingeniera Alexandra Alvarado, vicerrectora de investigación de la EPN.
En su discurso por el aniversario 52 del Cigmipa, el ingeniero Fernando Reyes recordó que la eliminación de la afiliación obligatoria a los diferentes colegios profesionales casi acalló una voz orientadora sobre el manejo técnico y económico de los recursos naturales no renovables.
Manifestó, además, que en el arranque de la minería a gran escala el Colegio está alerta a que las empresas mineras den cabida a sus asociados, en estricto apego a la ley de ejercicio profesional de ingeniería, y que la presencia de extranjeros en cargos técnicos sea la excepción y no la regla como en la actualidad, según manifestó.
Respecto a las cifras sobre el ingreso minero que ha hecho públicas el gobierno se refirió a la mina Mirador por cuyas cifras, dijo, “existe la preocupación de que no se cumpla con la disposición constitucional que dice que el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de los recursos en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota”.
En el afán de que nuestra duda se aclare, indicó, el Cigmipa propone que el gobierno con sensibilidad democrática haga público el modelo que soporta tales cifras y de ser el caso tome correctivos.
Por su parte, Maruri esbozó su plan de trabajo que incluye entre sus ejes atraer a más socios especialmente jóvenes; ejercer la defensa profesional; recuperar la presencia del Colegio en la toma de decisiones a nivel local y nacional y en veedurías en los procesos de contratación pública; impulsar la innovación y la sinergia de las capacidades a través de la investigación, capacitación y actualización profesional; incidir en el impulso a la agenda de transición energética y de adaptación al cambio climático del país.
En particular, propuso crear el comité ecuatoriano de estratigrafía para avalar la nomenclatura y representación de las unidades geológicas locales y nacionales, así como la aprobación de nuevas unidades y la división o jerarquización de otras.
Tras el brindis, sus colegas e invitados que llenaron el hemiciclo, le desearon mucha suerte.
Al evento asistieron los asambleístas Elio Peña y Héctor Muñoz, diversos representantes de instituciones públicas, de gremios profesionales, de la academia y la ingeniera Alexandra Alvarado, vicerrectora de investigación de la EPN.
En su discurso por el aniversario 52 del Cigmipa, el ingeniero Fernando Reyes recordó que la eliminación de la afiliación obligatoria a los diferentes colegios profesionales casi acalló una voz orientadora sobre el manejo técnico y económico de los recursos naturales no renovables.
Manifestó, además, que en el arranque de la minería a gran escala el Colegio está alerta a que las empresas mineras den cabida a sus asociados, en estricto apego a la ley de ejercicio profesional de ingeniería, y que la presencia de extranjeros en cargos técnicos sea la excepción y no la regla como en la actualidad, según manifestó.
Respecto a las cifras sobre el ingreso minero que ha hecho públicas el gobierno se refirió a la mina Mirador por cuyas cifras, dijo, “existe la preocupación de que no se cumpla con la disposición constitucional que dice que el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de los recursos en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota”.
En el afán de que nuestra duda se aclare, indicó, el Cigmipa propone que el gobierno con sensibilidad democrática haga público el modelo que soporta tales cifras y de ser el caso tome correctivos.
Por su parte, Maruri esbozó su plan de trabajo que incluye entre sus ejes atraer a más socios especialmente jóvenes; ejercer la defensa profesional; recuperar la presencia del Colegio en la toma de decisiones a nivel local y nacional y en veedurías en los procesos de contratación pública; impulsar la innovación y la sinergia de las capacidades a través de la investigación, capacitación y actualización profesional; incidir en el impulso a la agenda de transición energética y de adaptación al cambio climático del país.
En particular, propuso crear el comité ecuatoriano de estratigrafía para avalar la nomenclatura y representación de las unidades geológicas locales y nacionales, así como la aprobación de nuevas unidades y la división o jerarquización de otras.
Tras el brindis, sus colegas e invitados que llenaron el hemiciclo, le desearon mucha suerte.
Empresas mineras financiarán fondo para
la jubilación y salud de poblaciones vecinas
Febrero 2 de 2020.- La creación de un fondo que garantice las prestaciones de jubilación y salud de los habitantes que conviven con la industria minera, financiado por las operadoras del sector, fue anunciada el pasado 23 de enero por el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, José Agusto.
Fue durante la presentación oficial del Pacto Social Energético que, en principio, se buscará implementar en los sectores eléctrico, hidrocarburífero y minero.
El plan se propone además promover el desarrollo de proyectos para generar nuevas inversiones y lograr acuerdos con las comunidades de las zonas de influencia.
“Como es característica de nuestro gobierno buscamos mostrar el rostro humano del sector, a través de actividades absolutamente sostenibles e inclusivas, pensando siempre en el beneficio de las zonas más vulnerables del Ecuador”, indicó el ministro.
Según José Agusto, los objetivos del Pacto Social Energético están ligados a la consolidación de encadenamientos productivos sustentados en el fomento de la economía popular y solidaria; al impulso a los procesos organizativos locales en las áreas de influencia de las operaciones y la generación de espacios de participación en futuras operaciones.
Apuntan además al manejo de tecnologías adecuadas que permitan precautelar la biodiversidad del ecosistema amazónico y la recuperación de fuentes de contaminación a través del Proyecto Amazonía Viva.
Fue durante la presentación oficial del Pacto Social Energético que, en principio, se buscará implementar en los sectores eléctrico, hidrocarburífero y minero.
El plan se propone además promover el desarrollo de proyectos para generar nuevas inversiones y lograr acuerdos con las comunidades de las zonas de influencia.
“Como es característica de nuestro gobierno buscamos mostrar el rostro humano del sector, a través de actividades absolutamente sostenibles e inclusivas, pensando siempre en el beneficio de las zonas más vulnerables del Ecuador”, indicó el ministro.
Según José Agusto, los objetivos del Pacto Social Energético están ligados a la consolidación de encadenamientos productivos sustentados en el fomento de la economía popular y solidaria; al impulso a los procesos organizativos locales en las áreas de influencia de las operaciones y la generación de espacios de participación en futuras operaciones.
Apuntan además al manejo de tecnologías adecuadas que permitan precautelar la biodiversidad del ecosistema amazónico y la recuperación de fuentes de contaminación a través del Proyecto Amazonía Viva.
Pobladores de Palo Quemado marcharon por la Paz
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Enero 26 de 2020.- Las calles del centro parroquial de Palo Quemado, parroquia del cantón Sigchos de la Provincia de Cotopaxi, se adornaron de carteles y de consignas a favor de la paz y de una minería responsable, en un desfile de delegaciones de los barrios y recintos, organizado por el Comité Pro Desarrollo de Palo Quemado, este 25 de enero.
Mujeres, jóvenes, niños y adultos de los recintos Praderas del Toachi, San Pablo de La Plata y Santa Rosa, portando globos blancos y pancartas creativas y coloridas protagonizaron la marcha con mensajes de rechazo a la confrontación y en defensa de las oportunidades de empleo y diversificación de su economía que representa la posibilidad de que tener cerca una mina. Al concluir el desfile, se dio paso a una presentación de niños danzantes en el coliseo del centro parroquial.
Entre los invitados a la mesa directiva estuvieron la presidenta de la Junta Parroquial, Rosa Masapanta, el Gerente y un grupo de trabajadores de Toachi Mining, líderes de negocios locales y asociaciones de productores agrícolas, como la San Pablo.
Hubo varias intervenciones de los pobladores. Jordán Gutiérrez, ex director de la escuela Salinas, manifestó: “no queremos seguir siendo pobres cuando aquí tenemos cerca el oro y cerca la plata”.
Ester Zambrano, representante del barrio Las Minas, expresó: “¿queremos seguir solo en el cultivo de caña, en los maizales? ¡No! Queremos otros trabajos, mejores oportunidades para nuestros hijos”.
Pedro Tocte, el líder del Comité, denunció a Vía Minera que personas antimineras de la comunidad vecina Las Pampas, de Isinliví y de la capital cantonal Sigchos, han llegado y amenazado con “justicia indígena” a quienes apoyan la inversión privada en la minería, razón por la cual han decidido organizarse para defender la parroquia.
Señaló que está impulsando proyectos asociativos productivos y que alrededor de 480 personas de la comunidad no tienen trabajo. “Este evento lo hemos armado en tres días y tiene auspicio de empresas locales como Dulzu Agro, Dulzina Creaciones, Granja Avícola San Mateo y Toachi Mining”, informó en su discurso. Luego inauguró el primer campeonato de indorfútbol por la paz y la unidad, que inició con el partido entre los equipos Unión Juvenil Santa Rosa y Mineiros…
La presidenta de la parroquia en su laberinto
Mujeres, jóvenes, niños y adultos de los recintos Praderas del Toachi, San Pablo de La Plata y Santa Rosa, portando globos blancos y pancartas creativas y coloridas protagonizaron la marcha con mensajes de rechazo a la confrontación y en defensa de las oportunidades de empleo y diversificación de su economía que representa la posibilidad de que tener cerca una mina. Al concluir el desfile, se dio paso a una presentación de niños danzantes en el coliseo del centro parroquial.
Entre los invitados a la mesa directiva estuvieron la presidenta de la Junta Parroquial, Rosa Masapanta, el Gerente y un grupo de trabajadores de Toachi Mining, líderes de negocios locales y asociaciones de productores agrícolas, como la San Pablo.
Hubo varias intervenciones de los pobladores. Jordán Gutiérrez, ex director de la escuela Salinas, manifestó: “no queremos seguir siendo pobres cuando aquí tenemos cerca el oro y cerca la plata”.
Ester Zambrano, representante del barrio Las Minas, expresó: “¿queremos seguir solo en el cultivo de caña, en los maizales? ¡No! Queremos otros trabajos, mejores oportunidades para nuestros hijos”.
Pedro Tocte, el líder del Comité, denunció a Vía Minera que personas antimineras de la comunidad vecina Las Pampas, de Isinliví y de la capital cantonal Sigchos, han llegado y amenazado con “justicia indígena” a quienes apoyan la inversión privada en la minería, razón por la cual han decidido organizarse para defender la parroquia.
Señaló que está impulsando proyectos asociativos productivos y que alrededor de 480 personas de la comunidad no tienen trabajo. “Este evento lo hemos armado en tres días y tiene auspicio de empresas locales como Dulzu Agro, Dulzina Creaciones, Granja Avícola San Mateo y Toachi Mining”, informó en su discurso. Luego inauguró el primer campeonato de indorfútbol por la paz y la unidad, que inició con el partido entre los equipos Unión Juvenil Santa Rosa y Mineiros…
La presidenta de la parroquia en su laberinto
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Rosa Masapanta, presidenta de la Junta Parroquial desde mayo 2018, participó en la marcha por la paz organizada por el Comité Pro Desarrollo de Palo Quemado y señaló que lo hizo por respeto y porque “no queremos que el tema minero sea el detonante para perder la paz que se ha construido desde hace muchos años. Aquí teníamos asesinatos, riñas callejeras, pero el trabajo de las Siervas de la Caridad para pacificar ha sido muy grande”.
Sobre la denuncia por la presencia de personas ajenas a la comunidad dijo, “las comunidades de La Florida y El Cristal, vinieron a pedir apoyo para una marcha en contra de la explotación minera. De las tres parroquias que abarca la concesión minera, el gobierno parroquial y la asamblea de Las Pampas se ha pronunciado unánimemente en contra de la minería; no así Alluriquín ni Palo Quemado, en donde hay división. Como autoridad debo escuchar a los que fomentan el tema minero y también a las personas que en su pleno derecho quieren resistir”. |
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“Yo siempre he dicho que no he estado de acuerdo por las realidades que vi en Tundayme, sitio de la mina Mirador. Pero no se trata de lo que Rosa Masapanta piensa y quiere, sino de lo que en conjunto queremos para Palo Quemado. Por eso, tenemos planificado en los próximos días estar en Los Encuentros, en Zamora Chinchipe, donde está ubicada la mina Fruta del Norte, para hablar sobre el relacionamiento -con la mina- con la presidenta parroquial Kelly Montaño. Como mujeres tenemos una responsabilidad muy grande de mantener la armonía y hacer un camino.
“Mi gestión se enfoca en los temas de agua potable y alcantarillado; y vialidad: el 10% de la población tiene agua potable, el resto agua entubada. Son casi 9 kilómetros de un acceso apenas lastrado, estrecho y peligroso, 2,5 en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, un puente biprovincial sobre el río San Pablo, y 7,5 kilómetros en Cotopaxi.
“El plan de mejora del agua potable y alcantarillado, según un proyecto de Celec ahora rechazado, costaría un millón de dólares, lo estamos trabajando con el municipio de Sigchos para que lo autorice Senagua, y contratamos una persona para poner el proyecto en formato Senplades como lo piden ahora. El plan abastecería a Palo Quemado, Praderas del Toachi y Santa Rosa.
“Desde el año anterior estamos trabajando por el puente junto con el GAD de Alluriquín con los GAD provinciales de Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas. A través de presupuestos participativos, obtuvimos 250 mil dólares del primero y de 180 mil más el estudio, del segundo. Se ha hecho ya el levantamiento topográfico, en los próximos días vamos a tener la reunión para la definición del diseño de este puente y la corrección de las curvas por lo peligrosas que son.
“Como la compañía dice que quiere el desarrollo de Palo Quemado, esperamos que apueste por estos proyectos. También queremos la capacitación y la formación universitaria de nuestros jóvenes. No voy a pedir favores, sino que voy a exigir que se cumpla este plan de compensaciones que tendría que ser lo justo. Actualmente lo que ocurre es que las empresas dan a las comunidades recursos para el disco móvil, para un refrigerio o un programa de actividades, pero con eso no creamos desarrollo”.
“Mi gestión se enfoca en los temas de agua potable y alcantarillado; y vialidad: el 10% de la población tiene agua potable, el resto agua entubada. Son casi 9 kilómetros de un acceso apenas lastrado, estrecho y peligroso, 2,5 en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, un puente biprovincial sobre el río San Pablo, y 7,5 kilómetros en Cotopaxi.
“El plan de mejora del agua potable y alcantarillado, según un proyecto de Celec ahora rechazado, costaría un millón de dólares, lo estamos trabajando con el municipio de Sigchos para que lo autorice Senagua, y contratamos una persona para poner el proyecto en formato Senplades como lo piden ahora. El plan abastecería a Palo Quemado, Praderas del Toachi y Santa Rosa.
“Desde el año anterior estamos trabajando por el puente junto con el GAD de Alluriquín con los GAD provinciales de Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas. A través de presupuestos participativos, obtuvimos 250 mil dólares del primero y de 180 mil más el estudio, del segundo. Se ha hecho ya el levantamiento topográfico, en los próximos días vamos a tener la reunión para la definición del diseño de este puente y la corrección de las curvas por lo peligrosas que son.
“Como la compañía dice que quiere el desarrollo de Palo Quemado, esperamos que apueste por estos proyectos. También queremos la capacitación y la formación universitaria de nuestros jóvenes. No voy a pedir favores, sino que voy a exigir que se cumpla este plan de compensaciones que tendría que ser lo justo. Actualmente lo que ocurre es que las empresas dan a las comunidades recursos para el disco móvil, para un refrigerio o un programa de actividades, pero con eso no creamos desarrollo”.
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A un año de la tragedia de Brumadinho
la justicia apunta a los responsables
Febrero 2 de 2020.- El 25 de enero, la Fiscalía de Minas Gerais denunció por homicidio intencional y crimen ambiental al expresidente y otros 14 ejecutivos de la empresa minera Vale S.A. y de la empresa fiscalizadora alemana Tüv Süd, por la muerte de 272 personas en la rotura de la represa de Brumadinho.
Estas constituyen las primeras denuncias en contra de los supuestos responsables de la tragedia.
La noticia cobró carácter internacional y recordó que la de Brumadinho fue la segunda catástrofe de la operadora de la mina Córrego de Feijão en menos de 4 años, luego de la catástrofe de las represas de Bento Rodrigues.
Para los fiscales, los quince denunciados participaron de las decisiones que mantuvieron las actividades de la represa, aunque sabían sobre sus “riesgos inaceptables”.
La minera Vale, responsable por la estructura colapsada, enviaba periódicamente una serie de documentos sobre la presa B1 de Brumadinho a la Agencia Nacional de Minería, órgano del Gobierno brasileño que fiscaliza todas las presas de minería en el país. La Fiscalía dice tener pruebas que apuntan a que la empresa conocía sobre los riesgos de colapso al menos desde noviembre de 2017, cuando produjo documentos internos confidenciales con un ranking de las presas más peligrosas.
Mientras Vale dijo “estar perpleja” con las denuncias por homicidio doloso, Tüv Süd afirmó que colabora con las autoridades en Brasil y en Alemania para aclarar el caso.
Según la agencia Vaticannews, el papa Francisco pidió en un mensaje de video orar “por los 272 hermanos y hermanas que han quedado sepultados”, lamentó “la contaminación de toda la cuenca fluvial” y pidió solidaridad con las familias de las víctimas, un apoyo a la Arquidiócesis y a todas las personas que están sufriendo.
Estas constituyen las primeras denuncias en contra de los supuestos responsables de la tragedia.
La noticia cobró carácter internacional y recordó que la de Brumadinho fue la segunda catástrofe de la operadora de la mina Córrego de Feijão en menos de 4 años, luego de la catástrofe de las represas de Bento Rodrigues.
Para los fiscales, los quince denunciados participaron de las decisiones que mantuvieron las actividades de la represa, aunque sabían sobre sus “riesgos inaceptables”.
La minera Vale, responsable por la estructura colapsada, enviaba periódicamente una serie de documentos sobre la presa B1 de Brumadinho a la Agencia Nacional de Minería, órgano del Gobierno brasileño que fiscaliza todas las presas de minería en el país. La Fiscalía dice tener pruebas que apuntan a que la empresa conocía sobre los riesgos de colapso al menos desde noviembre de 2017, cuando produjo documentos internos confidenciales con un ranking de las presas más peligrosas.
Mientras Vale dijo “estar perpleja” con las denuncias por homicidio doloso, Tüv Süd afirmó que colabora con las autoridades en Brasil y en Alemania para aclarar el caso.
Según la agencia Vaticannews, el papa Francisco pidió en un mensaje de video orar “por los 272 hermanos y hermanas que han quedado sepultados”, lamentó “la contaminación de toda la cuenca fluvial” y pidió solidaridad con las familias de las víctimas, un apoyo a la Arquidiócesis y a todas las personas que están sufriendo.
Testimonio: 38 estudian en la universidad y 58 en el bachillerato acelerado, con becas de ECSA
Enero 19 de 2020.- En el evento participaron el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner; el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, José Agusto; el embajador de la República Popular de China, Chen Guoyou; el viceministro de Minas, Enrique Gallegos-Anda; el presidente de EcuaCorriente S.A, Hu Jiandong; y Ana Belén Jimbo, representante de la comunidad de Tundaymi.
El Presidente de ECSA resaltó que en beneficio de las comunidades de la zona la empresa ha invertido 6,16 millones y ha suscrito 717 convenios con diferentes actores sociales y, además, realizó una inversión aproximada de 36 millones para construir el puente sobre el río Zamora y la vía Chucumbletza-Mirador, con lo cual se ha dinamizado la economía y mejorado el nivel de vida de la población”, apuntó.
ECSA y sus empresas contratistas generan en la actualidad más de 2500 empleos directos y aproximadamente 8000 indirectos. Finalmente, recalcó que entre los impuestos que ha pagado tanto al gobierno nacional como a los diferentes gobiernos locales, y las regalías anticipadas, suman 264 millones de dólares.
El ministro Agusto reiteró que se calcula que Mirador generará alrededor US$ 9239 millones en ingresos para el Estado por patentes, impuestos y utilidades mineras en el período de 2016 a 2049.
Ana Belén Jimbo, joven habitante del cantón El Pangui, parroquia Tundaymi, contó que desde que se inició la construcción de la mina Mirador, se han dado transformaciones en su comunidad y se ha dinamizado su economía. Los niños ya no tendrán que conocer la falta de servicios básicos, educación y salud; ni experimentar falta de opciones cuando sean jóvenes y podrán escoger quedarse en su tierra. “Hoy con otros 38 compañeros estudiamos en la universidad con una beca otorgada por Ecuacorriente y 58 vecinos del cantón El Pangui están realizando el bachillerato acelerado para ir a la universidad”, afirmó.
La de hoy es una historia de un mañana con futuro, con amplios horizontes, continuó Ana Belén, pues gracias al intercambio cultural que hemos vivido, en El Pangui nos volvimos instructores de español de la comunidad china y aprendemos mandarín. Junto a sus hermanos, Ana Belén aspira a que las regalías mineras, anticipadas y las que están por venir, se sigan invirtiendo en la zona de influencia dando solución a las necesidades de la población.
El Presidente de ECSA resaltó que en beneficio de las comunidades de la zona la empresa ha invertido 6,16 millones y ha suscrito 717 convenios con diferentes actores sociales y, además, realizó una inversión aproximada de 36 millones para construir el puente sobre el río Zamora y la vía Chucumbletza-Mirador, con lo cual se ha dinamizado la economía y mejorado el nivel de vida de la población”, apuntó.
ECSA y sus empresas contratistas generan en la actualidad más de 2500 empleos directos y aproximadamente 8000 indirectos. Finalmente, recalcó que entre los impuestos que ha pagado tanto al gobierno nacional como a los diferentes gobiernos locales, y las regalías anticipadas, suman 264 millones de dólares.
El ministro Agusto reiteró que se calcula que Mirador generará alrededor US$ 9239 millones en ingresos para el Estado por patentes, impuestos y utilidades mineras en el período de 2016 a 2049.
Ana Belén Jimbo, joven habitante del cantón El Pangui, parroquia Tundaymi, contó que desde que se inició la construcción de la mina Mirador, se han dado transformaciones en su comunidad y se ha dinamizado su economía. Los niños ya no tendrán que conocer la falta de servicios básicos, educación y salud; ni experimentar falta de opciones cuando sean jóvenes y podrán escoger quedarse en su tierra. “Hoy con otros 38 compañeros estudiamos en la universidad con una beca otorgada por Ecuacorriente y 58 vecinos del cantón El Pangui están realizando el bachillerato acelerado para ir a la universidad”, afirmó.
La de hoy es una historia de un mañana con futuro, con amplios horizontes, continuó Ana Belén, pues gracias al intercambio cultural que hemos vivido, en El Pangui nos volvimos instructores de español de la comunidad china y aprendemos mandarín. Junto a sus hermanos, Ana Belén aspira a que las regalías mineras, anticipadas y las que están por venir, se sigan invirtiendo en la zona de influencia dando solución a las necesidades de la población.
El Niño Minero llegó en enero y recordó lo que también importa
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Enero 19 de 2020.- Pese al sol calcinante y con auditorio lleno de principio a fin, con creyentes y no creyentes presentes se realizó la misa del Niño Minero en la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental el viernes 17 de enero.
Una tradición mantenida por 20 años, creada por un grupo de estudiantes, en la carrera de Ingeniería de Minas reafirmando los valores más humanos del colectivo de la Universidad Central del Ecuador que comparte las faenas del trabajo minero aportando su conocimiento y su experiencia en la gestión de la seguridad, y las fortalece con su fe cristiana. |
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Después de la misa, el director de la carrera de Ingeniería en Minas, Danny Burbano, lo dijo todo en estas frases: “hablar de religión no es nuestro interés, mas bien es seguir transmitiendo el propósito del nacimiento del Niño Jesús que es fomentar la paz, la comprensión, el perdón y mejorar como seres humanos. Es decir, construir una comunidad en todos los sentidos”.
Toachi Mining anuncia planes de inversión en Palo Quemado
Rompiendo el hielo antes de la reunión.
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Agosto 18 de 2109.- El CEO y director de Atico Mining, Fernando Ganoza; y el CEO y presidente de Toachi Mining, Alain Bureau, mostraron al viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, los planes de perforación e inversión para los dos próximos años en el proyecto minero La Plata y expresaron su deseo de avanzar hacia la etapa de prefactibilidad de manera tal que la construcción de la planta de beneficio pueda iniciarse durante el año 2021.
Alain Bureau informó al viceministro que su empresa está en posición de realizar la última etapa del proceso exploratorio e iniciar la construcción de la planta de procesamiento para tratar los dos millones de toneladas de material mineralizado que se estiman en La Plata. A partir de los recursos inferidos de este proyecto se han calculado la capacidad de exportar 92 millones de libras de cobre y 76 millones de libras de zinc, además de 112 mil onzas de oro y 1 228 000 onzas de plata. |
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Bureau dijo también que se proyecta la creación de la Fundación Toachi para el año 2020, la cual estará a cargo de la ejecución de diversos proyectos para el desarrollo socioeconómico del área de impacto de la mina.
Sostuvo que la inversión en la construcción de la planta de beneficio podría estar alrededor de los US$ 70 millones y que espera poder iniciar las obras dentro de tres años. Estas expresiones tuvieron lugar durante el recorrido por el campamento y los alrededores del proyecto La Plata, así como la visita a la plataforma remediada (POZO CMLP-17-81) y la bodega de testigos de perforación, prevista para el viernes 16 de agosto con participación del viceministro de Minería, Fernando Benalcázar, líderes comunitarios y los equipos técnicos de Toachi Mining y Atico Mining. El proyecto La Plata se localiza en la parroquia Palo Quemado, cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi y uno de sus proyectos en exploración, denominado La Mina, ha evidenciado una mineralización de alta ley con presencia de oro, plata, cobre, plomo y zinc. |
Yo he sido minero desde los 16 años en mi pueblo en Canadá, afirma el gerente de Toachi en la reunión con la comunidad de Palo Quemado con motivo de la visita del viceministro Fernando Benalcázar.
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El vecino Pedro señala que cuando fue presidente de la Junta Parroquial realizó reclamos por lo mal hecho por la minera anterior.
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Reunión con las comunidades del entorno
Durante su recorrido por la zona, el viceministro Benalcázar y los ejecutivos sostuvieron una reunión con los pobladores de las comunidades de Palo Quemado y Las Pampas, ubicadas en los alrededores del proyecto minero. El encuentro tuvo lugar en el centro cultural de Palo Quemado. Allí la presidente de la Parroquia Palo Quemado, Rosa Elena Masapanta, señaló que los pobladores tienen posiciones diferentes frente a la actividad minera de hoy pero coinciden en sus preocupaciones por lo que han dejado las que se realizaron en el pasado. Toachi Mining tiene tres años de operaciones en la zona. La señora Rosa Elena Masapanta afirmó que no es oportuna la información que reciben y que la población siente temor de que “se puedan perder la agricultura y la ganadería por culpa de la minería”. Explicó que en la zona aún no se ven los beneficios que se asocian a la actividad minera y que su pueblo tiene necesidades elementales de agua potable, de una buena carretera y de un hospital. |
El vecino Genaro pregunta por qué no se ha arreglado los pasivos ambientales dejados por la minera hace 30 años.
Por su parte, el viceministro Benalcazar explicó que el diálogo es un principio de política del gobierno y que en su gestión busca llegar a acuerdos con la población. También indicó que los beneficios mayores se ven en la etapa de producción y no de exploración, por lo cual destacó la importancia de trabajar todos juntos para llegar a esta etapa de producción.
Sostuvo que tanto Toachi Mining como Atico Mining son dos empresas que usan tecnología de punta que hacen la diferencia respecto de las actividades que tuvieron lugar hace cuarenta años.
Expuso además las diferentes etapas de desarrollo de un proyecto minero y cuál es el tiempo en que los beneficios de esta actividad se trasladan a toda la población. Destacó el aumento de puestos de trabajo que debe ocurrir durante la construcción de las obras civiles y el crecimiento de los ingresos que tendrán los gobiernos locales cuando la empresa comience a pagar regalías por la producción.
Anuncios empresariales
Toachi Mining Inc. (TSX-V: TIM) (OTCQB: TIMGF) anunció el 6 de agosto que entregó el pago final en efectivo de un millón de dólares a su socio para obtener el 60% de la propiedad de Compañía Minera La Plata S.A. (CMLP).
CMLP es propietario del cien por ciento del proyecto VMS (sulfuros masivos vulcanogénicos) de oro y cobre La Plata
Con la entrega del pago final, a Toachi se le ha otorgado una participación del 60% y un control operativo total de su proyecto emblemático.
Al respecto, el presidente y director ejecutivo de Toachi, Alain Bureau, declaró: "Nos complace haber cumplido con nuestras obligaciones de completar la primera fase del acuerdo de ganancia y tomar una participación mayoritaria en el control del proyecto de La Plata. Nuestro trabajo hasta la fecha respalda aún más nuestra opinión de que La Plata tiene el potencial de ser una operación robusta con una considerable exploración al alza”.
Más de US$ 6 millones en gastos de exploración
Toachi espera obtener en septiembre la autorización final del Tribunal de Justicia de Ontario para el plan de arreglo Toachi y Atico Mining Corporation de fusión empresarial en el proyecto La Plata. El pasado 9 de julio estas empresas anunciaron un acuerdo para crear una nueva empresa enfocada en la explotación de cobre y oro en Latinoamérica que tendría como principales activos la mina productora El Roble, en Colombia; y el proyecto La Plata.
Desde febrero del 2016 en que llegaron a un acuerdo de opción, hasta la fecha, la Compañía ha invertido más de US$ 6 millones en gastos de exploración.
La empresa tiene planes para aumentar su propiedad que pueden incluir la financiación del costo de un estudio de viabilidad económica o un aporte de más de US $ 60 millones para construir una mina en el proyecto de La Plata, inversiones con las que incrementaría su participación.
Según el Banco Central, La Plata es un proyecto de pequeña minería y se encuentra en la fase de exploración. La empresa ha pagado patentes de conservación desde 2009 hasta 2018 de US$ 216.600 dólares. En 2018, planificó una inversión en exploración de US$ 350.000 dólares de la cual, hasta el tercer trimestre de 2018, se ejecutó US$ 396.800 dólares.
Sostuvo que tanto Toachi Mining como Atico Mining son dos empresas que usan tecnología de punta que hacen la diferencia respecto de las actividades que tuvieron lugar hace cuarenta años.
Expuso además las diferentes etapas de desarrollo de un proyecto minero y cuál es el tiempo en que los beneficios de esta actividad se trasladan a toda la población. Destacó el aumento de puestos de trabajo que debe ocurrir durante la construcción de las obras civiles y el crecimiento de los ingresos que tendrán los gobiernos locales cuando la empresa comience a pagar regalías por la producción.
Anuncios empresariales
Toachi Mining Inc. (TSX-V: TIM) (OTCQB: TIMGF) anunció el 6 de agosto que entregó el pago final en efectivo de un millón de dólares a su socio para obtener el 60% de la propiedad de Compañía Minera La Plata S.A. (CMLP).
CMLP es propietario del cien por ciento del proyecto VMS (sulfuros masivos vulcanogénicos) de oro y cobre La Plata
Con la entrega del pago final, a Toachi se le ha otorgado una participación del 60% y un control operativo total de su proyecto emblemático.
Al respecto, el presidente y director ejecutivo de Toachi, Alain Bureau, declaró: "Nos complace haber cumplido con nuestras obligaciones de completar la primera fase del acuerdo de ganancia y tomar una participación mayoritaria en el control del proyecto de La Plata. Nuestro trabajo hasta la fecha respalda aún más nuestra opinión de que La Plata tiene el potencial de ser una operación robusta con una considerable exploración al alza”.
Más de US$ 6 millones en gastos de exploración
Toachi espera obtener en septiembre la autorización final del Tribunal de Justicia de Ontario para el plan de arreglo Toachi y Atico Mining Corporation de fusión empresarial en el proyecto La Plata. El pasado 9 de julio estas empresas anunciaron un acuerdo para crear una nueva empresa enfocada en la explotación de cobre y oro en Latinoamérica que tendría como principales activos la mina productora El Roble, en Colombia; y el proyecto La Plata.
Desde febrero del 2016 en que llegaron a un acuerdo de opción, hasta la fecha, la Compañía ha invertido más de US$ 6 millones en gastos de exploración.
La empresa tiene planes para aumentar su propiedad que pueden incluir la financiación del costo de un estudio de viabilidad económica o un aporte de más de US $ 60 millones para construir una mina en el proyecto de La Plata, inversiones con las que incrementaría su participación.
Según el Banco Central, La Plata es un proyecto de pequeña minería y se encuentra en la fase de exploración. La empresa ha pagado patentes de conservación desde 2009 hasta 2018 de US$ 216.600 dólares. En 2018, planificó una inversión en exploración de US$ 350.000 dólares de la cual, hasta el tercer trimestre de 2018, se ejecutó US$ 396.800 dólares.
Rosa Mazapanta, presidenta de la Junta Parroquial de Palo Quemado, invita a los vecinos opuestos a la actividad a pasar a la reunión.
Toachi invita a un trabajo conjunto
y la autoridad local dice ver para creer
Toachi invita a la comunidad de Palo Quemado a un trabajo conjunto para que el proyecto minero deje beneficios permanentes en el tiempo. La autoridad local está presidida por una mujer que dialoga para expresar las dudas de la comunidad.
El viernes 16 de agosto, una reunión prevista entre las autoridades del Junta Parroquial y las empresas asociadas Toachi Mining y Atico Mining, con presencia del viceministro de Minería, que iniciaba en el centro cultural de Palo Quemado, fue interrumpida por un grupo de unas 20 personas contrarias a la actividad minera de la parroquia vecina Las Palmas, en el cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi.
En la cita estaban presentes Rosa Mazapanta, presidenta, y Rodrigo Changoluisa, vicepresidente, de la Junta Parroquial de Palo Quemado, el viceministro, Fernando Benalcázar, Fernando Ganoza, director y CEO de Atico, Joseph Salas, gerente de explotación de Atico, Alain Bureau, presidente y CEO de Toachi, y Siniša Glišić, jefe de exploración de Toachi.
Además habían asistido una veintena de líderes comunitarios y pobladores de Palo Quemado, así como varios trabajadores del equipo de geología de Toachi, algunos oriundos del lugar.
Cuando iba a iniciar la charla de seguridad acostumbrada previa a las visitas a los campamentos mineros, llegaron unas 15 personas, de todas las edades, con algunas camisetas que expresaban “No a la minería, sí a la vida”, y un cartel con fotografías de suelo y rocas expresando “No queremos que se repita una historia de destrucción”.
El Viceministro, primero, y luego la Presidenta de la Junta, los invitaron a pasar reiteradamente, la mitad entraron y los demás se quedaron afuera afirmando que no querían ser fotografiados.
Al iniciar su presentación de los principios corporativos, las etapas del desarrollo y los objetivos actuales del proyecto La Plata, Bureau invitó a la comunidad a trabajar juntos como un solo equipo y juró que se trabajará sobre la base de estándares internacionales, de cumplir las exigencias de un gobierno fuerte. La mina subterránea iniciaría su construcción en 2021 y se estima que duraría entre 7 y 10 años.
“Estamos aquí como socios de la nación y de la comunidad, no para hacer nada sin la población. Conforme vamos avanzado en las etapas del proyecto, la información estará disponible. Contamos con alta tecnología, vamos a cuidar el ambiente y el agua, se generarán fuentes de empleo de calidad y trabajaremos juntos por una vía hacia el éxito de la región y cuidar la tierra para nuestros hijos”, dijo.
En respuesta, la intervención de Rosa Mazapanta, advirtió que la comunidad tiene presente los pasivos ambientales dejados por la explotación de una mina hace 40 años en Palo Quemado, que desde 2006 en que se hizo la socialización del plan de manejo ambiental del proyecto, no se ha recibido información; y que si hasta ahora no se observan beneficios de la presencia de la empresa, no comprende cómo luego de las 6 etapas explicadas, va a llegar el desarrollo.
Mencionó también que no necesitan a la minera porque han salido adelante siempre con su producción agrícola y ganadera, “tenemos trabajo asociativo y hemos logrado una producción de panela con certificación orgánica; la vía la mantenemos solo los gobiernos locales y con las mingas, no tenemos un hospital, un puente, y el proyecto Toachi-Pilatón que vimos con buenos ojos está paralizado y no ha pagado por los predios”, finalizó.
Los asistentes saludaron la presencia “por primera vez” en la parroquia, de una autoridad del nivel del Viceministro. Benalcázar hizo una introducción señalando que se necesita trabajar en alcanzar acuerdos ya que los consensos no son posibles “siempre existirá dos versiones de una realidad”, dijo. Aseguró que en el marco de la política pública minera que tiene apenas 10 meses, impulsará el diálogo necesario para que la comunidad se eduque y sea informada adecuadamente. Destacó la importancia para 15 millones de ecuatorianos de que existan inversionistas que traigan tecnología de punta y prácticas para cuidar el ambiente, que son parte del concepto nuevo concepto en la minería la “sostenibilidad ambiental y social”.
Dijo que el mismo discurso antiminero lo escucha en todo el país, pero que este no se atiene la realidad local que en cada punto es diferente. “aquí ustedes son cañicultores, producen la panela en polvo, pero ¿saben cómo van a hacer la panela sin los piñones metálicos de la minería, solo con fuerza animal?”, increpó.
Reiteró lo dicho por Bureau en el sentido de que los impactos de una mina subterránea son mínimos, “aunque sí serán un poco mayo en la planta de beneficio”. Afirmó que “no se ven los beneficios porque no es el momento todavía. Los beneficios del proyecto para la comunidad se verán cuando llegue el momento de la extracción. Como la mina tiene metales nobles, las regalías serán del 5% y me encargaré de que el 60%, como indica la ley, sea para la parroquia”.
La reunión se extendió por hora y media más, con intervenciones controversiales de pobladores y trabajadores de la Toachi. Los antimineros expresaron preocupaciones de diversa índole, como aspectos técnicos que tendrá la operación de la mina, como el supuesto y desmentido uso de cianuro y mercurio, el uso de hormigón en las paredes al interior de los túneles como un obstáculo para la circulación del agua en el subsuelo y hacia la superficie, y que se ha perforado en quebradas que ellos usan como fuentes de agua. Los trabajadores del equipo de geología Toachi, señalaban que si se ha hecho algún daño se reconocerá y que no se repetirá.
Respecto a los pasivos ambientales dejados por la antigua mina, en la reunión no se dijo nada más, pero Vía Minera pudo conocer que en el plan de manejo ambiental del 2006 se los evaluó, caracterizó y ordenó en un plan de remediación presentado al Ministerio del Ambiente, el mismo que no ha sido aprobado, y costaría unos 45.000 dólares.
y la autoridad local dice ver para creer
Toachi invita a la comunidad de Palo Quemado a un trabajo conjunto para que el proyecto minero deje beneficios permanentes en el tiempo. La autoridad local está presidida por una mujer que dialoga para expresar las dudas de la comunidad.
El viernes 16 de agosto, una reunión prevista entre las autoridades del Junta Parroquial y las empresas asociadas Toachi Mining y Atico Mining, con presencia del viceministro de Minería, que iniciaba en el centro cultural de Palo Quemado, fue interrumpida por un grupo de unas 20 personas contrarias a la actividad minera de la parroquia vecina Las Palmas, en el cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi.
En la cita estaban presentes Rosa Mazapanta, presidenta, y Rodrigo Changoluisa, vicepresidente, de la Junta Parroquial de Palo Quemado, el viceministro, Fernando Benalcázar, Fernando Ganoza, director y CEO de Atico, Joseph Salas, gerente de explotación de Atico, Alain Bureau, presidente y CEO de Toachi, y Siniša Glišić, jefe de exploración de Toachi.
Además habían asistido una veintena de líderes comunitarios y pobladores de Palo Quemado, así como varios trabajadores del equipo de geología de Toachi, algunos oriundos del lugar.
Cuando iba a iniciar la charla de seguridad acostumbrada previa a las visitas a los campamentos mineros, llegaron unas 15 personas, de todas las edades, con algunas camisetas que expresaban “No a la minería, sí a la vida”, y un cartel con fotografías de suelo y rocas expresando “No queremos que se repita una historia de destrucción”.
El Viceministro, primero, y luego la Presidenta de la Junta, los invitaron a pasar reiteradamente, la mitad entraron y los demás se quedaron afuera afirmando que no querían ser fotografiados.
Al iniciar su presentación de los principios corporativos, las etapas del desarrollo y los objetivos actuales del proyecto La Plata, Bureau invitó a la comunidad a trabajar juntos como un solo equipo y juró que se trabajará sobre la base de estándares internacionales, de cumplir las exigencias de un gobierno fuerte. La mina subterránea iniciaría su construcción en 2021 y se estima que duraría entre 7 y 10 años.
“Estamos aquí como socios de la nación y de la comunidad, no para hacer nada sin la población. Conforme vamos avanzado en las etapas del proyecto, la información estará disponible. Contamos con alta tecnología, vamos a cuidar el ambiente y el agua, se generarán fuentes de empleo de calidad y trabajaremos juntos por una vía hacia el éxito de la región y cuidar la tierra para nuestros hijos”, dijo.
En respuesta, la intervención de Rosa Mazapanta, advirtió que la comunidad tiene presente los pasivos ambientales dejados por la explotación de una mina hace 40 años en Palo Quemado, que desde 2006 en que se hizo la socialización del plan de manejo ambiental del proyecto, no se ha recibido información; y que si hasta ahora no se observan beneficios de la presencia de la empresa, no comprende cómo luego de las 6 etapas explicadas, va a llegar el desarrollo.
Mencionó también que no necesitan a la minera porque han salido adelante siempre con su producción agrícola y ganadera, “tenemos trabajo asociativo y hemos logrado una producción de panela con certificación orgánica; la vía la mantenemos solo los gobiernos locales y con las mingas, no tenemos un hospital, un puente, y el proyecto Toachi-Pilatón que vimos con buenos ojos está paralizado y no ha pagado por los predios”, finalizó.
Los asistentes saludaron la presencia “por primera vez” en la parroquia, de una autoridad del nivel del Viceministro. Benalcázar hizo una introducción señalando que se necesita trabajar en alcanzar acuerdos ya que los consensos no son posibles “siempre existirá dos versiones de una realidad”, dijo. Aseguró que en el marco de la política pública minera que tiene apenas 10 meses, impulsará el diálogo necesario para que la comunidad se eduque y sea informada adecuadamente. Destacó la importancia para 15 millones de ecuatorianos de que existan inversionistas que traigan tecnología de punta y prácticas para cuidar el ambiente, que son parte del concepto nuevo concepto en la minería la “sostenibilidad ambiental y social”.
Dijo que el mismo discurso antiminero lo escucha en todo el país, pero que este no se atiene la realidad local que en cada punto es diferente. “aquí ustedes son cañicultores, producen la panela en polvo, pero ¿saben cómo van a hacer la panela sin los piñones metálicos de la minería, solo con fuerza animal?”, increpó.
Reiteró lo dicho por Bureau en el sentido de que los impactos de una mina subterránea son mínimos, “aunque sí serán un poco mayo en la planta de beneficio”. Afirmó que “no se ven los beneficios porque no es el momento todavía. Los beneficios del proyecto para la comunidad se verán cuando llegue el momento de la extracción. Como la mina tiene metales nobles, las regalías serán del 5% y me encargaré de que el 60%, como indica la ley, sea para la parroquia”.
La reunión se extendió por hora y media más, con intervenciones controversiales de pobladores y trabajadores de la Toachi. Los antimineros expresaron preocupaciones de diversa índole, como aspectos técnicos que tendrá la operación de la mina, como el supuesto y desmentido uso de cianuro y mercurio, el uso de hormigón en las paredes al interior de los túneles como un obstáculo para la circulación del agua en el subsuelo y hacia la superficie, y que se ha perforado en quebradas que ellos usan como fuentes de agua. Los trabajadores del equipo de geología Toachi, señalaban que si se ha hecho algún daño se reconocerá y que no se repetirá.
Respecto a los pasivos ambientales dejados por la antigua mina, en la reunión no se dijo nada más, pero Vía Minera pudo conocer que en el plan de manejo ambiental del 2006 se los evaluó, caracterizó y ordenó en un plan de remediación presentado al Ministerio del Ambiente, el mismo que no ha sido aprobado, y costaría unos 45.000 dólares.
Por primera vez un Viceministro visitó Palo Quemado, una parroquia que ha convivido con la minería por 50 años, y ahora asume la presencia de una nueva empresa.
Bureau explica a Genaro Segovia, uno de los vecinos que expresó sus dudas por los beneficios que obtendría la comunidad con la minería.
Finalmente, todos los asistentes fueron invitados a un recorrido por plataformas de perforación revegetadas, por los pasivos ambientales, puntos con impacto señalados en las intervenciones. Recorrido al que acudieron todas las principales autoridades locales, los ejecutivos de las empresas y el viceministro, así como la técnica responsable de manejo ambiental de Toachi. Duró una hora adicional aproximadamente y en el que ambas partes se mostraron dispuestos a sostener sus puntos de vista pero escuchando al otro.
Luego del recorrido, Alain Bureau manifestó a Vía Minera que están preparados para responder a las preocupaciones y trabajar con la comunidad, que el proyecto es un camino en el que habrán muchas reuniones más de socialización e identificación de objetivos comunes sobre la base de las necesidades sociales y del desarrollo local. “Para nosotros también es fundamental entender cómo circula el agua de superficie y el agua subterránea, para evitar esos daños que preocupan al señor que habló”, enfatizó.
Luego del recorrido, Alain Bureau manifestó a Vía Minera que están preparados para responder a las preocupaciones y trabajar con la comunidad, que el proyecto es un camino en el que habrán muchas reuniones más de socialización e identificación de objetivos comunes sobre la base de las necesidades sociales y del desarrollo local. “Para nosotros también es fundamental entender cómo circula el agua de superficie y el agua subterránea, para evitar esos daños que preocupan al señor que habló”, enfatizó.
