Loma Larga: Organizaciones internacionales
instan a DPM Metals a cerrar
La imagen mundialmente famosa del río Tomebamba y el "quinto río", del 16 de septiembre. Cristian Sánchez Mendieta.
Noviembre 30 de 2025.- Más de un centenar de organizaciones, académicos, abogados y activistas solicitaron a la empresa canadiense DPM Metals (TSX, ASX: DPM), el cierre definitivo de su proyecto minero Loma Larga, antes Quimsacocha, en Ecuador y que "cumpla la ley". La minera ha respondido que analizará la misiva y, paralelamente, enjuició penalmente a un grupo de dirigentes sociales por “daño a propiedad privada”.
En una carta enviada al presidente y consejero delegado de la compañía, David Rae, 26 organizaciones civiles de Canadá, así como otras 80 de 18 países de todo el mundo, señalaron que pese a las decisiones judiciales en contra del proyecto y la revocación de su licencia medioambiental, DPM parece tener la intención de "continuar sus operaciones".
"El historial de DPM Metals de incumplir la ley, junto con la forma violenta e irregular en que la empresa obtuvo su licencia ambiental, no ha hecho más que avivar el malestar y el descontento en la región y en el país", señaló la misiva.
La carta, cuyo contenido fue conocido el 20 de noviembre, también ha sido enviada al embajador de Canadá en Ecuador, Craig Kowalik, el ministro de Comercio Internacional de Canadá, Maninder Sidhu, y varios políticos canadienses.
El controvertido proyecto minero de Loma Larga, a unos 30 kilómetros al suroeste de la ciudad ecuatoriana de Cuenca, tiene una inversión prevista de hasta 500 millones de dólares estadounidenses para extraer reservas aproximadas de 925 000 onzas de oro así como plata y cobre.
Desde su inicio, el proyecto de DPM Metals ha causado un fuerte rechazo de la población ecuatoriana y organizaciones de defensa de los derechos humanos y el medio ambiente.
En septiembre, decenas de miles de personas se manifestaron en Cuenca para expresar su rechazo al proyecto, que según líderes indígenas había obtenido su licencia ambiental de forma fraudulenta en junio de este año.
Poco después, el Gobierno ecuatoriano inició el proceso para suspender la licencia ambiental por poner en riesgo el complejo de lagunas de Quimsacocha, que se encuentran cerca de Cuenca y que abastecen de agua a varias localidades cercanas.
El pasado 6 de octubre, DPM Metals señaló en un comunicado que estaba valorando sus "opciones" tras recibir la notificación de que la licencia había sido revocada por las autoridades ecuatorianas.
"A la luz de este desarrollo, estamos valorando todas las opciones disponibles para preservar el valor y mantener la flexibilidad para nuestros accionistas", afirmó la minera canadiense.
En esta ocasión, la presión a la minera para abandonar su estancado proyecto de oro y cobre fue reseñada en el renombrado medio de la industria internacional Mining.com. “Un centenar de organizaciones de la sociedad civil y 48 académicos, líderes indígenas y activistas instaron a la empresa en una carta abierta el jueves a cerrar permanentemente la mina y a respetar las sentencias judiciales y los referendos locales”, dijo la nota en su apertura el 24 de noviembre.
“DPM está comprometida con altos estándares ambientales y transparencia, y cumplimos estrictamente con las leyes de los países donde operamos”, declaró la portavoz Jennifer Cameron a The Northern Miner, publicación hermana de Mning.com, en respuesta a preguntas por correo electrónico. “La empresa está revisando la carta abierta”, añadió, de acuerdo a lo publicado.
“El conflicto sobre Loma Larga se ha convertido en una prueba para los derechos constitucionales de la naturaleza en Ecuador, el peso de los plebiscitos locales sobre la política minera nacional y la forma en que los mineros canadienses gestionan el riesgo legal y social en jurisdicciones políticamente sensibles”, afirma la nota firmada por Henry Lazenby.
“La carta surge tras una queja ante la Comisión de Valores de Ontario, en la que se alega que DPM no ha revelado completamente las amenazas legales que plantea la suspensión del proyecto”, agrega.
Los lugareños exigen una Kimsakocha (cuenca o cabecera) sin minería, instando a la empresa a retirarse en lugar de poner a prueba la constitución ecuatoriana y a sus comunidades en tribunales internacionales, señala el reporte, y se refiere a la prohibición constitucional de aceptar arbitrajes internacionales en los negocios del Estado, que usualmente no es respetada.
Varios líderes de juntas locales de agua, organizaciones campesinas e indígenas que ayudaron a organizar la marcha del 16 de septiembre enfrentan ahora cargos penales y el bloqueo de cuentas bancarias, lo que los firmantes describen como parte de un patrón más amplio de criminalización de los defensores del medio ambiente.
Los firmantes argumentan que los referendos municipales vinculantes celebrados en 2019 y 2021 -en Girón y Cuenca- extinguieron cualquier derecho a avanzar con el proyecto en un humedal de gran altitud que abastece los sistemas hídricos de cientos de miles de personas río abajo.
En el aspecto técnico, la carta menciona un estudio de 2022 realizado por la Corporación Geoambiental Terrae de Ecuador y un informe de 2024 de la empresa municipal de agua y servicios básicos de Cuenca, Etapa.
Estos estudios detectaron altos niveles de arsénico y advirtieron que las estrechas conexiones hidráulicas entre las obras subterráneas planificadas, los humedales y las aguas subterráneas podrían poner en riesgo el suministro de agua potable regional si la infraestructura de la mina o la planta de relaves fallaban.
Concluyeron que el proyecto no justificaba el riesgo ambiental.
DPM rechazó esa evaluación. La gestión responsable del agua y el sensible ecosistema que rodea Loma Larga son fundamentales para el diseño de la mina, afirmó la portavoz Cameron.
Las medidas de protección ambiental cumplen o superan los estándares ecuatorianos, añadió, esta postura cuenta con el respaldo de expertos independientes y organismos reguladores.
En junio, el Ministerio del Ambiente de Ecuador emitió una licencia para la etapa minera de Loma Larga, tras lo que la empresa describió en su momento como una rigurosa revisión gubernamental. Sin embargo, en octubre, el ministerio revocó la licencia, tras meses de protestas locales y cuestionamientos de las comunidades indígenas sobre la legitimidad de los procesos de consulta. Con información de EFE y Mining.com
En una carta enviada al presidente y consejero delegado de la compañía, David Rae, 26 organizaciones civiles de Canadá, así como otras 80 de 18 países de todo el mundo, señalaron que pese a las decisiones judiciales en contra del proyecto y la revocación de su licencia medioambiental, DPM parece tener la intención de "continuar sus operaciones".
"El historial de DPM Metals de incumplir la ley, junto con la forma violenta e irregular en que la empresa obtuvo su licencia ambiental, no ha hecho más que avivar el malestar y el descontento en la región y en el país", señaló la misiva.
La carta, cuyo contenido fue conocido el 20 de noviembre, también ha sido enviada al embajador de Canadá en Ecuador, Craig Kowalik, el ministro de Comercio Internacional de Canadá, Maninder Sidhu, y varios políticos canadienses.
El controvertido proyecto minero de Loma Larga, a unos 30 kilómetros al suroeste de la ciudad ecuatoriana de Cuenca, tiene una inversión prevista de hasta 500 millones de dólares estadounidenses para extraer reservas aproximadas de 925 000 onzas de oro así como plata y cobre.
Desde su inicio, el proyecto de DPM Metals ha causado un fuerte rechazo de la población ecuatoriana y organizaciones de defensa de los derechos humanos y el medio ambiente.
En septiembre, decenas de miles de personas se manifestaron en Cuenca para expresar su rechazo al proyecto, que según líderes indígenas había obtenido su licencia ambiental de forma fraudulenta en junio de este año.
Poco después, el Gobierno ecuatoriano inició el proceso para suspender la licencia ambiental por poner en riesgo el complejo de lagunas de Quimsacocha, que se encuentran cerca de Cuenca y que abastecen de agua a varias localidades cercanas.
El pasado 6 de octubre, DPM Metals señaló en un comunicado que estaba valorando sus "opciones" tras recibir la notificación de que la licencia había sido revocada por las autoridades ecuatorianas.
"A la luz de este desarrollo, estamos valorando todas las opciones disponibles para preservar el valor y mantener la flexibilidad para nuestros accionistas", afirmó la minera canadiense.
En esta ocasión, la presión a la minera para abandonar su estancado proyecto de oro y cobre fue reseñada en el renombrado medio de la industria internacional Mining.com. “Un centenar de organizaciones de la sociedad civil y 48 académicos, líderes indígenas y activistas instaron a la empresa en una carta abierta el jueves a cerrar permanentemente la mina y a respetar las sentencias judiciales y los referendos locales”, dijo la nota en su apertura el 24 de noviembre.
“DPM está comprometida con altos estándares ambientales y transparencia, y cumplimos estrictamente con las leyes de los países donde operamos”, declaró la portavoz Jennifer Cameron a The Northern Miner, publicación hermana de Mning.com, en respuesta a preguntas por correo electrónico. “La empresa está revisando la carta abierta”, añadió, de acuerdo a lo publicado.
“El conflicto sobre Loma Larga se ha convertido en una prueba para los derechos constitucionales de la naturaleza en Ecuador, el peso de los plebiscitos locales sobre la política minera nacional y la forma en que los mineros canadienses gestionan el riesgo legal y social en jurisdicciones políticamente sensibles”, afirma la nota firmada por Henry Lazenby.
“La carta surge tras una queja ante la Comisión de Valores de Ontario, en la que se alega que DPM no ha revelado completamente las amenazas legales que plantea la suspensión del proyecto”, agrega.
Los lugareños exigen una Kimsakocha (cuenca o cabecera) sin minería, instando a la empresa a retirarse en lugar de poner a prueba la constitución ecuatoriana y a sus comunidades en tribunales internacionales, señala el reporte, y se refiere a la prohibición constitucional de aceptar arbitrajes internacionales en los negocios del Estado, que usualmente no es respetada.
Varios líderes de juntas locales de agua, organizaciones campesinas e indígenas que ayudaron a organizar la marcha del 16 de septiembre enfrentan ahora cargos penales y el bloqueo de cuentas bancarias, lo que los firmantes describen como parte de un patrón más amplio de criminalización de los defensores del medio ambiente.
Los firmantes argumentan que los referendos municipales vinculantes celebrados en 2019 y 2021 -en Girón y Cuenca- extinguieron cualquier derecho a avanzar con el proyecto en un humedal de gran altitud que abastece los sistemas hídricos de cientos de miles de personas río abajo.
En el aspecto técnico, la carta menciona un estudio de 2022 realizado por la Corporación Geoambiental Terrae de Ecuador y un informe de 2024 de la empresa municipal de agua y servicios básicos de Cuenca, Etapa.
Estos estudios detectaron altos niveles de arsénico y advirtieron que las estrechas conexiones hidráulicas entre las obras subterráneas planificadas, los humedales y las aguas subterráneas podrían poner en riesgo el suministro de agua potable regional si la infraestructura de la mina o la planta de relaves fallaban.
Concluyeron que el proyecto no justificaba el riesgo ambiental.
DPM rechazó esa evaluación. La gestión responsable del agua y el sensible ecosistema que rodea Loma Larga son fundamentales para el diseño de la mina, afirmó la portavoz Cameron.
Las medidas de protección ambiental cumplen o superan los estándares ecuatorianos, añadió, esta postura cuenta con el respaldo de expertos independientes y organismos reguladores.
En junio, el Ministerio del Ambiente de Ecuador emitió una licencia para la etapa minera de Loma Larga, tras lo que la empresa describió en su momento como una rigurosa revisión gubernamental. Sin embargo, en octubre, el ministerio revocó la licencia, tras meses de protestas locales y cuestionamientos de las comunidades indígenas sobre la legitimidad de los procesos de consulta. Con información de EFE y Mining.com
Iglesia contra minería en la COP30
Noviembre 23 de 2025.- Un alarmante titular desplegó la agencia de noticias del Vaticano a propósito de la participación de la sociedad civil en la COP30: “Ecuador la Iglesia en primera línea contra las minas que devastan y matan”.
Sánchez afirmó que desde hace al menos 25 años, “el desarrollo de las tecnologías digitales, como la inteligencia artificial, y el aumento de las guerras en diferentes partes del mundo han intensificado la búsqueda de minerales y tierras raras…”.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, COP30, que se celebró en Brasil, se realizó una denuncia sobre los efectos devastadores de la actividad minera en el país latinoamericano.
Pedro Sánchez Coronel, miembro de la Red Nacional de Pastoral Ecológica de Ecuador y miembro de la Red Iglesias y Minería, afirmó que: “La fiebre por la búsqueda de oro y otros minerales está generando un alto índice de contaminación ambiental”. Esta red fue creada en 2012 para acompañar y apoyar a las comunidades afectadas por la minería, señala la nota.
Esa fiebre, apunta, está destruyendo lo que hiciera de este pequeño país un paraíso: una de las mayores biodiversidades del mundo, con más de 90 ecosistemas marinos y terrestres diferentes, una enorme cantidad de bosques húmedos, secos y montañosos que enriquecen la región amazónica, que constituye el 48 % de su territorio.
Sánchez afirmó que desde hace al menos 25 años, “el desarrollo de las tecnologías digitales, como la inteligencia artificial, y el aumento de las guerras en diferentes partes del mundo han intensificado la búsqueda de minerales y tierras raras…”
Si bien es cierto que la intensificación de la demanda de minerales, especialmente de minerales críticos, ha configurado un nuevo boom de las materias primas que apunta a los países en desarrollo como los principales centros de producción de precursores, es decir concentrados, ya que la mayoría no cuenta con plantas fundidoras ni refinadoras, con excepciones importantes como Chile.
Al presentar lo que está sucediendo en Ecuador estas denuncias carecen de data sustentada y cae en la típica y errónea premisa de que toda actividad extractiva está en las mismas condiciones y genera los mismos impactos, en este caso ambientales, cuando en minería lo que no se puede hacer es generalizar.
Ecuador tiene zonas profunda e históricamente mineras, en donde siempre se ha practicado la actividad de pequeña escala, tanto que las economías de varias poblaciones dependen de esa actividad, que es oficialmente registrada. Aunque se conoce de graves impactos ambientales, no existen estudios ni data real.
En cuanto a la gran industria, en Ecuador solo existe una mina de cobre y una de oro, ambas de mediana escala para el ámbito internacional. Se controlan prácticamente a sí mismas porque el estado no tiene capacidad técnica alguna, aunque la mina de cobre Mirador ha recibido llamados de atención del extinto ministerio de Ambiente, recién fusionado con el de Energía.
El resto de la llamada “gran minería” en Ecuador no ha pasado de las etapas de exploración y estudios de factibilidad, lo cual tiene impactos ambientales mínimos. Pero hay media docena de proyectos que quieren entrar en etapa de construcción, eso sí, en zonas ecológicamente frágiles.
El alto índice de contaminación ambiental, que denuncian, si de generalizar se trata, en realidad se debe atribuir a la minería “ilegal” en aluviales, que prueba, ciertamente, la ausencia del Estado en la actividad de control no solo ambiental sino de la violencia en general, y está rodeada de un contexto social y político de mucha complejidad.
Sánchez afirmó que desde hace al menos 25 años, “el desarrollo de las tecnologías digitales, como la inteligencia artificial, y el aumento de las guerras en diferentes partes del mundo han intensificado la búsqueda de minerales y tierras raras…”.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, COP30, que se celebró en Brasil, se realizó una denuncia sobre los efectos devastadores de la actividad minera en el país latinoamericano.
Pedro Sánchez Coronel, miembro de la Red Nacional de Pastoral Ecológica de Ecuador y miembro de la Red Iglesias y Minería, afirmó que: “La fiebre por la búsqueda de oro y otros minerales está generando un alto índice de contaminación ambiental”. Esta red fue creada en 2012 para acompañar y apoyar a las comunidades afectadas por la minería, señala la nota.
Esa fiebre, apunta, está destruyendo lo que hiciera de este pequeño país un paraíso: una de las mayores biodiversidades del mundo, con más de 90 ecosistemas marinos y terrestres diferentes, una enorme cantidad de bosques húmedos, secos y montañosos que enriquecen la región amazónica, que constituye el 48 % de su territorio.
Sánchez afirmó que desde hace al menos 25 años, “el desarrollo de las tecnologías digitales, como la inteligencia artificial, y el aumento de las guerras en diferentes partes del mundo han intensificado la búsqueda de minerales y tierras raras…”
Si bien es cierto que la intensificación de la demanda de minerales, especialmente de minerales críticos, ha configurado un nuevo boom de las materias primas que apunta a los países en desarrollo como los principales centros de producción de precursores, es decir concentrados, ya que la mayoría no cuenta con plantas fundidoras ni refinadoras, con excepciones importantes como Chile.
Al presentar lo que está sucediendo en Ecuador estas denuncias carecen de data sustentada y cae en la típica y errónea premisa de que toda actividad extractiva está en las mismas condiciones y genera los mismos impactos, en este caso ambientales, cuando en minería lo que no se puede hacer es generalizar.
Ecuador tiene zonas profunda e históricamente mineras, en donde siempre se ha practicado la actividad de pequeña escala, tanto que las economías de varias poblaciones dependen de esa actividad, que es oficialmente registrada. Aunque se conoce de graves impactos ambientales, no existen estudios ni data real.
En cuanto a la gran industria, en Ecuador solo existe una mina de cobre y una de oro, ambas de mediana escala para el ámbito internacional. Se controlan prácticamente a sí mismas porque el estado no tiene capacidad técnica alguna, aunque la mina de cobre Mirador ha recibido llamados de atención del extinto ministerio de Ambiente, recién fusionado con el de Energía.
El resto de la llamada “gran minería” en Ecuador no ha pasado de las etapas de exploración y estudios de factibilidad, lo cual tiene impactos ambientales mínimos. Pero hay media docena de proyectos que quieren entrar en etapa de construcción, eso sí, en zonas ecológicamente frágiles.
El alto índice de contaminación ambiental, que denuncian, si de generalizar se trata, en realidad se debe atribuir a la minería “ilegal” en aluviales, que prueba, ciertamente, la ausencia del Estado en la actividad de control no solo ambiental sino de la violencia en general, y está rodeada de un contexto social y político de mucha complejidad.
En Argentina el Banco Mundial apoya
la educación minero-energética
Noviembre 23 de 2025.- El Grupo Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC) ha firmado un acuerdo clave con la Universidad Siglo 21, de Argentina, con el objetivo de alinear la educación con la demanda real del sector minero-energético para generar empleos de calidad, inclusivos y sostenibles.
El sector minero en Argentina es una realidad en auge, con inversiones actuales de US$ 9.000 millones y una cartera de proyectos futura de US$ 20 000 millones. Pero hay un gran desafío: la necesidad urgente de 200 000 empleos calificados antes de 2030 para cerrar la brecha de talento.
Se trata de una alianza estratégica para el talento sostenible. “Esta alianza reduce la brecha entre aula y yacimiento”, afirmó Manuela Adl, gerente país de de IFC.
La institución lanzará un portafolio completo de carreras técnicas, grados, posgrados y educación continua específicamente diseñados para las necesidades de la minería moderna: geología aplicada, ingeniería ambiental, gestión de proyectos sostenibles, energía renovable y litio.
La IFC es el brazo privado del Grupo Banco Mundial, y el acuerdo tiene el carácter de asesoría estratégica a la Universidad Siglo 21 para formar el talento que liderará la transición hacia una minería y energía sostenibles en Argentina.
Se busca poner en marcha un plan integral del Banco Mundial. La alianza forma parte del programa global del Grupo Banco Mundial para alinear la educación pública y privada con las demandas reales del sector minero-energético argentino. El foco: generar empleos de calidad, inclusión y beneficios directos para las comunidades locales.
“Desarrollar talento local es la clave para que la minería genere más y mejores empleos inclusivos y sostenibles”, declaró Adl.
Por su parte, Juan Carlos Rabbat, presidente y fundador de Universidad Siglo 21: “Vincular educación y sector productivo es el primer paso para que el talento argentino transforme el país. Asumimos el compromiso de liderar ese cambio con innovación y visión de futuro”. Con información de Más Energía.
El sector minero en Argentina es una realidad en auge, con inversiones actuales de US$ 9.000 millones y una cartera de proyectos futura de US$ 20 000 millones. Pero hay un gran desafío: la necesidad urgente de 200 000 empleos calificados antes de 2030 para cerrar la brecha de talento.
Se trata de una alianza estratégica para el talento sostenible. “Esta alianza reduce la brecha entre aula y yacimiento”, afirmó Manuela Adl, gerente país de de IFC.
La institución lanzará un portafolio completo de carreras técnicas, grados, posgrados y educación continua específicamente diseñados para las necesidades de la minería moderna: geología aplicada, ingeniería ambiental, gestión de proyectos sostenibles, energía renovable y litio.
La IFC es el brazo privado del Grupo Banco Mundial, y el acuerdo tiene el carácter de asesoría estratégica a la Universidad Siglo 21 para formar el talento que liderará la transición hacia una minería y energía sostenibles en Argentina.
Se busca poner en marcha un plan integral del Banco Mundial. La alianza forma parte del programa global del Grupo Banco Mundial para alinear la educación pública y privada con las demandas reales del sector minero-energético argentino. El foco: generar empleos de calidad, inclusión y beneficios directos para las comunidades locales.
“Desarrollar talento local es la clave para que la minería genere más y mejores empleos inclusivos y sostenibles”, declaró Adl.
Por su parte, Juan Carlos Rabbat, presidente y fundador de Universidad Siglo 21: “Vincular educación y sector productivo es el primer paso para que el talento argentino transforme el país. Asumimos el compromiso de liderar ese cambio con innovación y visión de futuro”. Con información de Más Energía.
AMBIENTALISMO PARA PRINCIPIANTES |
Ecuador en la Cumbre ambiental COP30 por un
|
Noviembre 18 de 2025.- Ecuador participa en la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se realiza en Belém do Pará, Brasil, del 10 al 21 de noviembre de 2025 con agenda “ambiciosa y estratégica”, liderada por la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.
En el encuentro global, Ecuador anunciará su adhesión al Compromiso Intergubernamental sobre Tenencia de la Tierra, una iniciativa mundial que busca garantizar, hasta 2030, el reconocimiento legal de los territorios de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y organizaciones comunitarias.
El país presentará avances concretos como: más de 2.300 títulos de tierra entregados desde 2008, de los cuales 87 benefician directamente a comunidades y nacionalidades indígenas; el reconocimiento de siete comunidades Shuar sobre más de 20 000 hectáreas; y un potencial de 4,53 millones de hectáreas para fortalecer la gobernanza territorial y la conservación.
Los representantes del Ministerio de Ambiente y Energía, participarán en otros espacios de alto nivel como el panel “How to Shape a Wildfire-Resilient Future: Beneficial Fire, Technology & Global Action”; y mantendrán reuniones con altos funcionarios de la ONU, el PNUD y gobiernos de Noruega y Reino Unido, entre otras.
En todos estos espacios, Ecuador insistirá en un punto clave: los países vulnerables necesitan más financiamiento climático, de manera justa, directa y oportuna.
La ministra Manzano llegó con un mensaje claro: “Hemos asumido decisiones difíciles, elevado nuestra ambición y defendido nuestros ecosistemas. Pero ningún país de la primera línea climática puede sostener esta lucha si el financiamiento sigue siendo costoso, lento y condicionado por una arquitectura que consume los recursos antes de que lleguen a quienes más lo necesitan en territorio”.
Al respecto, es improbable que los resultados de la COP30 satisfagan las necesidades de los países en desarrollo. Reconociendo el incumplimiento de las promesas de financiación climática, Ian Gary, de la Coalición FACT, argumenta que la acción climática no puede disociarse de la reforma de las normas fiscales internacionales, que podría generar mejores resultados para el Sur Global.
Gary destacó la importancia de los debates simultáneos de la ONU en Nairobi sobre cooperación fiscal internacional. La investigación de la Cepal refuerza esta conexión, revela, demostrando que la tributación del carbono por sí sola no puede generar la escala de inversión necesaria para abordar las pérdidas económicas derivadas del cambio climático en América Latina y el Caribe sin reformas fiscales complementarias. Con información de: https://taicollaborative.org/tai-weekly-or-what-remains-in-the-way-of-climate-justice-as-cop30-nears-its-end?mc_cid=4af1240e5e&mc_eid=71d1b3730f
En el encuentro global, Ecuador anunciará su adhesión al Compromiso Intergubernamental sobre Tenencia de la Tierra, una iniciativa mundial que busca garantizar, hasta 2030, el reconocimiento legal de los territorios de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y organizaciones comunitarias.
El país presentará avances concretos como: más de 2.300 títulos de tierra entregados desde 2008, de los cuales 87 benefician directamente a comunidades y nacionalidades indígenas; el reconocimiento de siete comunidades Shuar sobre más de 20 000 hectáreas; y un potencial de 4,53 millones de hectáreas para fortalecer la gobernanza territorial y la conservación.
Los representantes del Ministerio de Ambiente y Energía, participarán en otros espacios de alto nivel como el panel “How to Shape a Wildfire-Resilient Future: Beneficial Fire, Technology & Global Action”; y mantendrán reuniones con altos funcionarios de la ONU, el PNUD y gobiernos de Noruega y Reino Unido, entre otras.
En todos estos espacios, Ecuador insistirá en un punto clave: los países vulnerables necesitan más financiamiento climático, de manera justa, directa y oportuna.
La ministra Manzano llegó con un mensaje claro: “Hemos asumido decisiones difíciles, elevado nuestra ambición y defendido nuestros ecosistemas. Pero ningún país de la primera línea climática puede sostener esta lucha si el financiamiento sigue siendo costoso, lento y condicionado por una arquitectura que consume los recursos antes de que lleguen a quienes más lo necesitan en territorio”.
Al respecto, es improbable que los resultados de la COP30 satisfagan las necesidades de los países en desarrollo. Reconociendo el incumplimiento de las promesas de financiación climática, Ian Gary, de la Coalición FACT, argumenta que la acción climática no puede disociarse de la reforma de las normas fiscales internacionales, que podría generar mejores resultados para el Sur Global.
Gary destacó la importancia de los debates simultáneos de la ONU en Nairobi sobre cooperación fiscal internacional. La investigación de la Cepal refuerza esta conexión, revela, demostrando que la tributación del carbono por sí sola no puede generar la escala de inversión necesaria para abordar las pérdidas económicas derivadas del cambio climático en América Latina y el Caribe sin reformas fiscales complementarias. Con información de: https://taicollaborative.org/tai-weekly-or-what-remains-in-the-way-of-climate-justice-as-cop30-nears-its-end?mc_cid=4af1240e5e&mc_eid=71d1b3730f
Muyuyacu: Metalrock pierde acción de
protección y Enami EP se consolida como titular
Enami EP realizó una socialización y firma de contratos de operación urgente en septiembre de 2022, en conjunto con Oromining.
Noviembre 10 de 2025.- Mediante la desestimación de la acción de protección planteada por la compañía Metalrock, se consolida la titularidad absoluta de la Empresa Nacional Minera EP (Enami EP) sobre la concesión minera Muyuyacu, ubicada en el cantón Ponce Enríquez, al suroeste del Ecuador. La Muyuyacu es un área de producción aurífera en la que se practica pequeña minería y fue recuperada por el Estado hace más de 15 años y entregada a la Enami EP, para su aprovechamiento en beneficio del Estado.
Pero debido a la inacción de la Enami EP, en medio de la conflictividad social por una situación irresuelta y la violencia de delincuentes armados, el área se ha visto profundamente afectada por las incursiones de mineros ilegales. Hasta que se conoció el 5 de este mes, que mediante acciones coordinadas entre el Ministerio de Ambiente y Energía, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), la Enami EP y la Policía Nacional, ejecutó un operativo de control en Muyuyacu.
Según un boletín oficial, se informó que entre el 20 y el 26 de septiembre se intervinieron 23 puntos desactivando y eliminando actividades mineras ilegales en el área de Enami EP.
Un mes después, en beneficio de la empresa estatal, el doctor Patricio Gonzalo Baño Palomino, juez de la Unidad Judicial Civil Iñaquito -Cogep-, sentenció el 24 de octubre que desestimó la acción de protección con medida cautelar solicitada por David Santiago Florez Riascos, propietario de la empresa minera Metalrock, en el proceso judicial número 17230202717249, el mismo que concluyó con la sentencia de la Corte Constitucional N° 1365-20-EP de febrero de este año, que resolvió sobre la titularidad del área Muyuyacu.
El gerente de Metalrock, reclamó ante juez que Erick Salas, coordinador jurídico, y Rosa Toalá Delgado, directora de Coactivas de la Arcom anularon la inscripción de los contratos de operación que tenía su compañía en Muyuyacu, lo que hicieron en virtud de aplicar la resolución ministerial MEM-CZCS-2025-0065-RM del entonces ministerio de Energía y Minas.
La mencionada resolución fue emitida para la ejecución de la sentencia constitucional y la misma fue impugnada administrativamente “por exceder lo dispuesto por la Corte”, según Florez Riascos y su abogado doctor Carlos Tomás Alvear Peña.
Pero el juez Baño no estuvo de acuerdo y, a consecuencia de negar por improcedente la acción de protección, también revocó de manera inmediata las medidas cautelares concedidas en auto dictado el 31 de julio, con lo que ratificó la nulidad de los contratos.
Varios contratos de operación se firmaron en el área cuando esta era coadministrada por la Enami EP y los empresarios de la compañía panameña Oromining, quienes despojaron de un porcentaje de Muyuyacu a la empresa estatal mediante una maniobra legal de una jueza, que quedó sin efecto por la sentencia de la Corte Constitucional.
La maniobra fue un auto de modulación de fecha 8 de junio de 2020 dictado en la ciudad de Guayaquil, que extendió los efectos de la sentencia principal de fecha 4 de abril de 2019 a favor de la compañía Gaby Panamá Corporation.
Respecto a la modulación realizada por la jueza Nancy Parrales, la sentencia de la Corte Constitucional no solo que la dejó sin efecto como a todos los actos administrativos posteriores. También juzgó la actuación de Parrales como error inexcusable.
La Enami EP recuperó la parte de la concesión Muyuyacu que había sido trasladada en un 66% a las empresas mineras Guadalupe Mining y Gaby Panama Corporation.
Lo sorprendente en este caso, es que de acuerdo a Flores, el Procurador General del Estado habría expresado, “mediante la absolución de la revisión de los contratos” de operación, su validez y recomendado una adenda a los mismos “sin declarar su nulidad”.
Sin embargo, este último pronunciamiento del juez, deja a la Enami EP mucho más cerca de consolidar por completo la titularidad del área con código 3622, famosa por haber sido expropiada a testaferros de los banqueros hermanos Isaías.
Cada vez más cerca, debido a que el juez Baño Palomino ordenó trasladar el proceso a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, ante la apelación de modo oral del reclamante que tiene entretanto también que responder a cientos de trabajadores, a los cuales mantiene en operaciones de extracción sin ajuste a la Constitución.
Pero debido a la inacción de la Enami EP, en medio de la conflictividad social por una situación irresuelta y la violencia de delincuentes armados, el área se ha visto profundamente afectada por las incursiones de mineros ilegales. Hasta que se conoció el 5 de este mes, que mediante acciones coordinadas entre el Ministerio de Ambiente y Energía, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), la Enami EP y la Policía Nacional, ejecutó un operativo de control en Muyuyacu.
Según un boletín oficial, se informó que entre el 20 y el 26 de septiembre se intervinieron 23 puntos desactivando y eliminando actividades mineras ilegales en el área de Enami EP.
Un mes después, en beneficio de la empresa estatal, el doctor Patricio Gonzalo Baño Palomino, juez de la Unidad Judicial Civil Iñaquito -Cogep-, sentenció el 24 de octubre que desestimó la acción de protección con medida cautelar solicitada por David Santiago Florez Riascos, propietario de la empresa minera Metalrock, en el proceso judicial número 17230202717249, el mismo que concluyó con la sentencia de la Corte Constitucional N° 1365-20-EP de febrero de este año, que resolvió sobre la titularidad del área Muyuyacu.
El gerente de Metalrock, reclamó ante juez que Erick Salas, coordinador jurídico, y Rosa Toalá Delgado, directora de Coactivas de la Arcom anularon la inscripción de los contratos de operación que tenía su compañía en Muyuyacu, lo que hicieron en virtud de aplicar la resolución ministerial MEM-CZCS-2025-0065-RM del entonces ministerio de Energía y Minas.
La mencionada resolución fue emitida para la ejecución de la sentencia constitucional y la misma fue impugnada administrativamente “por exceder lo dispuesto por la Corte”, según Florez Riascos y su abogado doctor Carlos Tomás Alvear Peña.
Pero el juez Baño no estuvo de acuerdo y, a consecuencia de negar por improcedente la acción de protección, también revocó de manera inmediata las medidas cautelares concedidas en auto dictado el 31 de julio, con lo que ratificó la nulidad de los contratos.
Varios contratos de operación se firmaron en el área cuando esta era coadministrada por la Enami EP y los empresarios de la compañía panameña Oromining, quienes despojaron de un porcentaje de Muyuyacu a la empresa estatal mediante una maniobra legal de una jueza, que quedó sin efecto por la sentencia de la Corte Constitucional.
La maniobra fue un auto de modulación de fecha 8 de junio de 2020 dictado en la ciudad de Guayaquil, que extendió los efectos de la sentencia principal de fecha 4 de abril de 2019 a favor de la compañía Gaby Panamá Corporation.
Respecto a la modulación realizada por la jueza Nancy Parrales, la sentencia de la Corte Constitucional no solo que la dejó sin efecto como a todos los actos administrativos posteriores. También juzgó la actuación de Parrales como error inexcusable.
La Enami EP recuperó la parte de la concesión Muyuyacu que había sido trasladada en un 66% a las empresas mineras Guadalupe Mining y Gaby Panama Corporation.
Lo sorprendente en este caso, es que de acuerdo a Flores, el Procurador General del Estado habría expresado, “mediante la absolución de la revisión de los contratos” de operación, su validez y recomendado una adenda a los mismos “sin declarar su nulidad”.
Sin embargo, este último pronunciamiento del juez, deja a la Enami EP mucho más cerca de consolidar por completo la titularidad del área con código 3622, famosa por haber sido expropiada a testaferros de los banqueros hermanos Isaías.
Cada vez más cerca, debido a que el juez Baño Palomino ordenó trasladar el proceso a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, ante la apelación de modo oral del reclamante que tiene entretanto también que responder a cientos de trabajadores, a los cuales mantiene en operaciones de extracción sin ajuste a la Constitución.
¿Habrá concierto para cada nueva área protegida?
Noviembre 3 de 2025.- El que se pica pierde. La expresión coloquial encaja a la perfección en la ridiculez de organizar un concierto “para sensibilizar a la población en el cuidado del páramo”, en la ciudad más sensibilizada sobre el tema del Ecuador.
Ocurre que, el Gobierno pretende hacer olvidar a los cuencanos que, en defensa de ese ecosistema esa ciudad salió a las calles en multitud, el 16 de septiembre, a pedir que se cancele el proyecto minero Loma Larga porque cree que amenaza sus páramos.
Petición a la que el Gobierno tuvo que ceder, aunque no cancelando sino solo revocando la licencia ambiental del proyecto, no sin antes asegurarse de que la decisión quede bajo responsabilidad de las autoridades provincial y municipal, en caso de demanda arbitral internacional, y de que la empresa tenga una estrategia de defensa, pues el procedimiento elegido para la revocatoria dejó en evidencia ese sesgo.
Así, en el contexto del éxito de asistencia de 70 mil personas, según el boletín de prensa oficial, que tuvo el concierto “Cuenca Natural Flow” realizado el 29 de octubre, con apoyo, léase financiamiento de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), el ministerio de Ambiente y Energía (MAE) anunció la declaratoria de una nueva área protegida y un bosque protector.
Según la nota de prensa, el MAE declaró el Área Protegida Comunitaria Virgen del Rosario, en la provincia del Azuay, con una extensión de 2.175 hectáreas de ecosistemas de páramo; así como el Bosque y Vegetación Protector La Josefina, con 312 hectáreas, que garantiza la protección legal y ecológica de una zona clave en la cuenca del río Paute.
Asimismo, se oficializó la creación del Comité Nacional de Coordinación de Reservas de Biósfera del Ecuador, orientado a fortalecer la gobernanza y la gestión integrada de las ocho reservas de biósfera reconocidas por la Unesco, que abarcan más de 23 millones de hectáreas.
Con iniciativas como el exitoso concierto, cuyo costo se desconoce, el Gobierno de “El Nuevo Ecuador” afirmó un compromiso con “una gestión ambiental participativa”, que une a los ecuatorianos en torno a la conservación, “demostrando que la sostenibilidad también se construye desde la cultura, el arte y la unidad nacional”. Se anunció que cada assitente sembrará un árbol de las especies nativas del páramo: polylepis reticulata e incana, quishuar y pumamaqui.
En el evento, en el que hubo una tarima de 80 m2, tres pantallas gigantes, sonido, iluminación, humo, picadillo, tecnología láser y columnas de fuego, se presentaron DJ y cantantes nacionales e internacionales de moda, y estuvo precedido de una feria ambiental de instituciones y emprendedores, con carpas, disfrazados, camisetas de regalo y mucho frío, en una explanada de un predio militar.
Ocurre que, el Gobierno pretende hacer olvidar a los cuencanos que, en defensa de ese ecosistema esa ciudad salió a las calles en multitud, el 16 de septiembre, a pedir que se cancele el proyecto minero Loma Larga porque cree que amenaza sus páramos.
Petición a la que el Gobierno tuvo que ceder, aunque no cancelando sino solo revocando la licencia ambiental del proyecto, no sin antes asegurarse de que la decisión quede bajo responsabilidad de las autoridades provincial y municipal, en caso de demanda arbitral internacional, y de que la empresa tenga una estrategia de defensa, pues el procedimiento elegido para la revocatoria dejó en evidencia ese sesgo.
Así, en el contexto del éxito de asistencia de 70 mil personas, según el boletín de prensa oficial, que tuvo el concierto “Cuenca Natural Flow” realizado el 29 de octubre, con apoyo, léase financiamiento de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), el ministerio de Ambiente y Energía (MAE) anunció la declaratoria de una nueva área protegida y un bosque protector.
Según la nota de prensa, el MAE declaró el Área Protegida Comunitaria Virgen del Rosario, en la provincia del Azuay, con una extensión de 2.175 hectáreas de ecosistemas de páramo; así como el Bosque y Vegetación Protector La Josefina, con 312 hectáreas, que garantiza la protección legal y ecológica de una zona clave en la cuenca del río Paute.
Asimismo, se oficializó la creación del Comité Nacional de Coordinación de Reservas de Biósfera del Ecuador, orientado a fortalecer la gobernanza y la gestión integrada de las ocho reservas de biósfera reconocidas por la Unesco, que abarcan más de 23 millones de hectáreas.
Con iniciativas como el exitoso concierto, cuyo costo se desconoce, el Gobierno de “El Nuevo Ecuador” afirmó un compromiso con “una gestión ambiental participativa”, que une a los ecuatorianos en torno a la conservación, “demostrando que la sostenibilidad también se construye desde la cultura, el arte y la unidad nacional”. Se anunció que cada assitente sembrará un árbol de las especies nativas del páramo: polylepis reticulata e incana, quishuar y pumamaqui.
En el evento, en el que hubo una tarima de 80 m2, tres pantallas gigantes, sonido, iluminación, humo, picadillo, tecnología láser y columnas de fuego, se presentaron DJ y cantantes nacionales e internacionales de moda, y estuvo precedido de una feria ambiental de instituciones y emprendedores, con carpas, disfrazados, camisetas de regalo y mucho frío, en una explanada de un predio militar.
Blindaje territorial contra la minería ilegal
e informal: la alianza con la comunidad
Por César Reyna Ugarriza*
Octubre 26 de 2025.- La experiencia peruana demuestra que el perímetro más eficaz para proteger una concesión minera no es físico, sino social: una alianza estable con las comunidades del área de influencia (directa e indirecta), basada en trato horizontal, beneficios económicos claros, transparencia social y responsabilidad ambiental.
Con ese respaldo —y una coordinación fluida con autoridades— las incursiones no autorizadas de terceros —sean mineros ilegales, traficantes de tierras u otros grupos— encuentran una barrera legítima y persistente.
Hay, además, una razón contable para invertir en esta arquitectura: el costo del conflicto.
Estudios sobre el sector extractivo han estimado que un proyecto minero de clase mundial puede perder en el entorno de US$20 millones por semana de producción retrasada, principalmente por ventas perdidas y ventanas operativas perdidas; incluso en exploración, los costos diarios se acumulan con rapidez. En ese contexto, la licencia social no es filantropía: es gestión de riesgo patrimonial y operativo.
La amenaza a las concesiones ya no se enfrenta solo con planes de seguridad y cercos. Se derrota con legitimidad. Cuando una empresa convierte a su entorno en socio estratégico —informado, partícipe y beneficiario—, la comunidad opera como radar, alerta temprana y primera línea de protección del territorio frente a ingresos no autorizados. No hablo de armar a nadie: hablo de construir una licencia social fortificada —una relación que la propia comunidad quiera defender porque le conviene y la respeta.
Trasladado al presente, la ecuación es simple: cuanto más horizontal es el trato (asambleas legítimas, intérpretes cuando corresponde, reglas claras de representación), más creíble el beneficio económico (empleo digno, compras locales, empresas comunales competitivas y pagos previsibles), más transparente la gestión social (deber de informar, auditorías sociales, línea de quejas con respuesta medible) y más serio el estándar ambiental (monitoreo participativo de agua-suelo-aire con publicación de datos), mayor es el compromiso comunitario con la protección del área de concesión. Ese respaldo social no sustituye al Estado, pero lo hace presente todos los días.
La ley peruana reconoce un andamiaje para esa convivencia: las Rondas Campesinas —organizaciones comunales autónomas— contribuyen a la seguridad, la paz social y la resolución de conflictos dentro de su jurisdicción. Integrarlas a convenios claros (con mecanismos de quejas, reglas de representación y coordinación con autoridades) —gestionando las inevitables tensiones internas y reconociendo su representatividad legítima— ayuda a transformar al “vecino” en aliado con funciones de vigilancia social y cuidado del territorio.
Existe, además, una lección histórica que no debemos olvidar. Durante el conflicto interno (1980–2000), miles de campesinos organizados en Comités de Autodefensa (CAD) —una forma específica de rondas para la lucha contrasubversiva— cooperaron estrechamente con las Fuerzas Armadas y la Policía. Está documentado que recibieron armamento y entrenamiento básico y que participaron en patrullas mixtas. Ese dispositivo cívico-militar fue clave para cerrar el paso territorial a Sendero Luminoso. Hoy no se trata de replicar el componente armado, sino de rescatar el principio operativo: la comunidad organizada y coordinada con el Estado resiste mejor cualquier incursión ajena al orden, ya sea de economías ilícitas o grupos violentos.
¿Cómo se materializa el “perímetro social” que blinda una concesión? Con protocolos de vigilancia comunitaria (no armada) concertados con rondas y autoridades; rutas de alerta y canales de comunicación documentados; tableros compartidos de indicadores (tiempos de respuesta a quejas, patrullajes comunitarios, incidentes ambientales verificados, intentos de ingreso frustrados); y cláusulas de co-gobernanza en los convenios. Allí donde existen formas de monitoreo comunitario del territorio (como las experiencias de administración comunal en áreas protegidas amazónicas), se observa mayor capacidad para reportar y disuadir actividades ilegales, al activar rutas administrativas y penales con evidencia trazable.
Finalmente, volver a la experiencia de los ronderos no implica militarizar la relación empresa-comunidad. Implica entender que el territorio se protege desde adentro: con dignidad en el trato, beneficios que se vean, información que circule y un estándar ambiental que se cumpla. Si la comunidad reconoce a la empresa como un buen socio, tenderá a cerrar filas frente a terceros. Y cuando eso ocurre, el mejor cerco de una concesión deja de ser el alambre: es la alianza.
* César Reyna trabaja como consultor en temas económicos, políticos y sociales; asesora a empresas mineras de exploración y se especializa en gestión social y relaciones comunitarias, con amplia experiencia en el sector extractivo. [email protected]
Octubre 26 de 2025.- La experiencia peruana demuestra que el perímetro más eficaz para proteger una concesión minera no es físico, sino social: una alianza estable con las comunidades del área de influencia (directa e indirecta), basada en trato horizontal, beneficios económicos claros, transparencia social y responsabilidad ambiental.
Con ese respaldo —y una coordinación fluida con autoridades— las incursiones no autorizadas de terceros —sean mineros ilegales, traficantes de tierras u otros grupos— encuentran una barrera legítima y persistente.
Hay, además, una razón contable para invertir en esta arquitectura: el costo del conflicto.
Estudios sobre el sector extractivo han estimado que un proyecto minero de clase mundial puede perder en el entorno de US$20 millones por semana de producción retrasada, principalmente por ventas perdidas y ventanas operativas perdidas; incluso en exploración, los costos diarios se acumulan con rapidez. En ese contexto, la licencia social no es filantropía: es gestión de riesgo patrimonial y operativo.
La amenaza a las concesiones ya no se enfrenta solo con planes de seguridad y cercos. Se derrota con legitimidad. Cuando una empresa convierte a su entorno en socio estratégico —informado, partícipe y beneficiario—, la comunidad opera como radar, alerta temprana y primera línea de protección del territorio frente a ingresos no autorizados. No hablo de armar a nadie: hablo de construir una licencia social fortificada —una relación que la propia comunidad quiera defender porque le conviene y la respeta.
Trasladado al presente, la ecuación es simple: cuanto más horizontal es el trato (asambleas legítimas, intérpretes cuando corresponde, reglas claras de representación), más creíble el beneficio económico (empleo digno, compras locales, empresas comunales competitivas y pagos previsibles), más transparente la gestión social (deber de informar, auditorías sociales, línea de quejas con respuesta medible) y más serio el estándar ambiental (monitoreo participativo de agua-suelo-aire con publicación de datos), mayor es el compromiso comunitario con la protección del área de concesión. Ese respaldo social no sustituye al Estado, pero lo hace presente todos los días.
La ley peruana reconoce un andamiaje para esa convivencia: las Rondas Campesinas —organizaciones comunales autónomas— contribuyen a la seguridad, la paz social y la resolución de conflictos dentro de su jurisdicción. Integrarlas a convenios claros (con mecanismos de quejas, reglas de representación y coordinación con autoridades) —gestionando las inevitables tensiones internas y reconociendo su representatividad legítima— ayuda a transformar al “vecino” en aliado con funciones de vigilancia social y cuidado del territorio.
Existe, además, una lección histórica que no debemos olvidar. Durante el conflicto interno (1980–2000), miles de campesinos organizados en Comités de Autodefensa (CAD) —una forma específica de rondas para la lucha contrasubversiva— cooperaron estrechamente con las Fuerzas Armadas y la Policía. Está documentado que recibieron armamento y entrenamiento básico y que participaron en patrullas mixtas. Ese dispositivo cívico-militar fue clave para cerrar el paso territorial a Sendero Luminoso. Hoy no se trata de replicar el componente armado, sino de rescatar el principio operativo: la comunidad organizada y coordinada con el Estado resiste mejor cualquier incursión ajena al orden, ya sea de economías ilícitas o grupos violentos.
¿Cómo se materializa el “perímetro social” que blinda una concesión? Con protocolos de vigilancia comunitaria (no armada) concertados con rondas y autoridades; rutas de alerta y canales de comunicación documentados; tableros compartidos de indicadores (tiempos de respuesta a quejas, patrullajes comunitarios, incidentes ambientales verificados, intentos de ingreso frustrados); y cláusulas de co-gobernanza en los convenios. Allí donde existen formas de monitoreo comunitario del territorio (como las experiencias de administración comunal en áreas protegidas amazónicas), se observa mayor capacidad para reportar y disuadir actividades ilegales, al activar rutas administrativas y penales con evidencia trazable.
Finalmente, volver a la experiencia de los ronderos no implica militarizar la relación empresa-comunidad. Implica entender que el territorio se protege desde adentro: con dignidad en el trato, beneficios que se vean, información que circule y un estándar ambiental que se cumpla. Si la comunidad reconoce a la empresa como un buen socio, tenderá a cerrar filas frente a terceros. Y cuando eso ocurre, el mejor cerco de una concesión deja de ser el alambre: es la alianza.
* César Reyna trabaja como consultor en temas económicos, políticos y sociales; asesora a empresas mineras de exploración y se especializa en gestión social y relaciones comunitarias, con amplia experiencia en el sector extractivo. [email protected]
Ambientalismo para principiantes
Los estudios de impacto ambiental
desde un enfoque de biodiversidad
Octubre 20 de 2025.- La licencia ambiental del proyecto Loma Larga, revocada recientemente en Ecuador, puso sobre el tapete uno de los temas de la regulación ambiental que poco se ha debatido en el país, el carácter de los estudios de impacto ambiental (EIAs). Esto debido a que el EIA de la operadora DPM Metals fue fuertemente cuestionado por la ciudad de Cuenca.
En esta primera parte de la entrevista al director de Wildlife Conservation Society (WCS), Sebastián Valdivieso., abordamos lo que significan los estudios de impacto ambiental desde el concepto de biodiversidad, en términos generales, sin entrar en ningún proyecto específico.
El director de WCS en Ecuador, es miembro del Directorio del flamante Biocorredor Amazónico, como miembro representativo de las organizaciones internacionales de la sociedad civil.
La crisis climática planetaria y, específicamente, el ritmo de la pérdida de biodiversidad, son signos de alarma que exigen a los países del mundo adoptar medidas de regulación para que sus sistemas productivos y construcción de infraestructuras eviten los impactos en la naturaleza y detengan, o al menos retrasen, la velocidad con que avanza la crisis ambiental del mundo.
Conjuntos de medidas que regulan a las actividades humanas, con miras a reducir esos impactos pero también a conservar ambientes naturales y con todo ello, contribuir con unas metas nacionales de preservación de naturaleza, reducción de emisiones de efecto invernadero, etc., se han adoptado como compromisos en las cumbres climáticas internacionales (COP). Al respecto fue nuestra primera pregunta:
Respecto a los plazos que se adoptan en las cumbres climáticas para alcanzar logros significativos, ¿estamos de manera alarmante contra el tiempo, es verdad que al 2035 empezarán las inundaciones de ciudades costeras, las migraciones hacia tierras altas, y nos quedaremos sin glaciares? ¿qué significan esos plazos?
“Ese año, 2035, está fuera de la información que yo tengo y es alarmista. Al respecto, los plazos se establecen dentro de unos términos que se consideran como alcanzables, realistas. Y hay la convención de que sean cada cierto tiempo, 5 años o cada 10 años. Pero otro componente de esos convenios también es un sentido de urgencia, es decir, qué tan rápido tenemos que actuar para poder revertir ciertas cosas.
En los últimos informes de los mayores expertos de clima de las Naciones Unidas, IPCC, los años de referencia, que no significan que tal cosa va a pasar en tal año, sobre un estado complicado probablemente a nivel global, se refieren al 2050.
Pero lo que se busca siempre en los acuerdos en las COP es poder dar una respuesta a esas urgencias planetarias que existen.
En algunas hemos sido más efectivos. Con la reducción de emisiones no lo hemos sido, al menos para detener este proceso de incremento de la temperatura promedio anual en la Tierra y la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera a nivel global”.
Entrando en materia, en las zonas externas a las áreas específicas de una mina van elementos como las carreteras de acceso a los proyectos mineros, por ejemplo, y esas quedan vulnerables, como los accesos a las minas Fruta del Norte y Mirador. ¿Qué pasa con la gestión ambiental ahí?
“Ese problema queda desatendido porque la gestión ambiental aquí está muy enfocada hacia el sitio del proyecto que es en donde están las actividades industriales y donde hay los impactos directos, donde está la boca de la mina, donde está la relavera, donde están los campamentos, las bodegas, una serie de áreas.
Pero las otras áreas, que de todas maneras forman parte de lo que se está afectando, en el caso de una carretera por un posible asentamiento humano, quedan sin control. Quedan sin gestión, nadie les presta atención”.
¿Decías que no nos fijamos en los impactos indirectos?
“Si, tanto desde el sector ambientalista como desde el sector estatal nos enfocamos en los impactos directos, que sí son muy importantes. Y esto tiene que ver con esta falencia grande que tenemos en la legislación ambiental ecuatoriana de no recoger adecuadamente la biodiversidad como sujeto de interés en los estudios de impacto ambiental, los planes de manejo ambiental, el monitoreo biológico, los planes de compensación, etcétera.
Hay dos cosas que poner sobre la mesa. En lo que corresponde a la legislación ambiental ecuatoriana, cuando tu revisas un estudio de impacto ambiental, reduce en gran medida la biodiversidad a plantas y animales.
Te propongo un ejercicio: ahora las empresas ponen muchos de sus estudios de impacto ambiental a disposición del público. Descargar uno de esos pdf y buscar la palabra biodiversidad, es para encontrarla concentrada en una de las partes del estudio que hace referencia a todo el marco legal ambiental aplicable.
¿Por qué? Porque la biodiversidad está en la Constitución, en el Código Orgánico del Ambiente, en un montón de sitios. Pero cuando pasas a la parte de evaluación de impactos, la biodiversidad comienza a diluirse como palabra, ¿no? Y por lo tanto, también como concepto. Entonces, la biodiversidad se reduce a ver qué plantas y animales están ahí desde el punto de vista biológico. Un inventario”.
¿Y cómo debería consolidarse el concepto de biodiversidad, entonces?
“Desde el punto de vista físico está todo lo que son impactos al agua, al aire, al suelo, pero desde el punto de vista biológico la evaluación de impacto se enfoca en saber, por ejemplo, dentro de la fauna, qué anfibios, qué reptiles, qué mamíferos, qué insectos, qué peces si cabe, dependiendo del alcance del estudio, qué aves están ahí.
Pero esa forma de ver la biodiversidad es limitada. Para saber si estamos afectando o no la biodiversidad, nosotros tenemos que enfocarnos en sus componentes importantes, o sea, los que tienen que funcionar adecuadamente para poder garantizar que hay una adecuada conservación de la biodiversidad, que son su composición, su estructura y su función.
En esta primera parte de la entrevista al director de Wildlife Conservation Society (WCS), Sebastián Valdivieso., abordamos lo que significan los estudios de impacto ambiental desde el concepto de biodiversidad, en términos generales, sin entrar en ningún proyecto específico.
El director de WCS en Ecuador, es miembro del Directorio del flamante Biocorredor Amazónico, como miembro representativo de las organizaciones internacionales de la sociedad civil.
La crisis climática planetaria y, específicamente, el ritmo de la pérdida de biodiversidad, son signos de alarma que exigen a los países del mundo adoptar medidas de regulación para que sus sistemas productivos y construcción de infraestructuras eviten los impactos en la naturaleza y detengan, o al menos retrasen, la velocidad con que avanza la crisis ambiental del mundo.
Conjuntos de medidas que regulan a las actividades humanas, con miras a reducir esos impactos pero también a conservar ambientes naturales y con todo ello, contribuir con unas metas nacionales de preservación de naturaleza, reducción de emisiones de efecto invernadero, etc., se han adoptado como compromisos en las cumbres climáticas internacionales (COP). Al respecto fue nuestra primera pregunta:
Respecto a los plazos que se adoptan en las cumbres climáticas para alcanzar logros significativos, ¿estamos de manera alarmante contra el tiempo, es verdad que al 2035 empezarán las inundaciones de ciudades costeras, las migraciones hacia tierras altas, y nos quedaremos sin glaciares? ¿qué significan esos plazos?
“Ese año, 2035, está fuera de la información que yo tengo y es alarmista. Al respecto, los plazos se establecen dentro de unos términos que se consideran como alcanzables, realistas. Y hay la convención de que sean cada cierto tiempo, 5 años o cada 10 años. Pero otro componente de esos convenios también es un sentido de urgencia, es decir, qué tan rápido tenemos que actuar para poder revertir ciertas cosas.
En los últimos informes de los mayores expertos de clima de las Naciones Unidas, IPCC, los años de referencia, que no significan que tal cosa va a pasar en tal año, sobre un estado complicado probablemente a nivel global, se refieren al 2050.
Pero lo que se busca siempre en los acuerdos en las COP es poder dar una respuesta a esas urgencias planetarias que existen.
En algunas hemos sido más efectivos. Con la reducción de emisiones no lo hemos sido, al menos para detener este proceso de incremento de la temperatura promedio anual en la Tierra y la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera a nivel global”.
Entrando en materia, en las zonas externas a las áreas específicas de una mina van elementos como las carreteras de acceso a los proyectos mineros, por ejemplo, y esas quedan vulnerables, como los accesos a las minas Fruta del Norte y Mirador. ¿Qué pasa con la gestión ambiental ahí?
“Ese problema queda desatendido porque la gestión ambiental aquí está muy enfocada hacia el sitio del proyecto que es en donde están las actividades industriales y donde hay los impactos directos, donde está la boca de la mina, donde está la relavera, donde están los campamentos, las bodegas, una serie de áreas.
Pero las otras áreas, que de todas maneras forman parte de lo que se está afectando, en el caso de una carretera por un posible asentamiento humano, quedan sin control. Quedan sin gestión, nadie les presta atención”.
¿Decías que no nos fijamos en los impactos indirectos?
“Si, tanto desde el sector ambientalista como desde el sector estatal nos enfocamos en los impactos directos, que sí son muy importantes. Y esto tiene que ver con esta falencia grande que tenemos en la legislación ambiental ecuatoriana de no recoger adecuadamente la biodiversidad como sujeto de interés en los estudios de impacto ambiental, los planes de manejo ambiental, el monitoreo biológico, los planes de compensación, etcétera.
Hay dos cosas que poner sobre la mesa. En lo que corresponde a la legislación ambiental ecuatoriana, cuando tu revisas un estudio de impacto ambiental, reduce en gran medida la biodiversidad a plantas y animales.
Te propongo un ejercicio: ahora las empresas ponen muchos de sus estudios de impacto ambiental a disposición del público. Descargar uno de esos pdf y buscar la palabra biodiversidad, es para encontrarla concentrada en una de las partes del estudio que hace referencia a todo el marco legal ambiental aplicable.
¿Por qué? Porque la biodiversidad está en la Constitución, en el Código Orgánico del Ambiente, en un montón de sitios. Pero cuando pasas a la parte de evaluación de impactos, la biodiversidad comienza a diluirse como palabra, ¿no? Y por lo tanto, también como concepto. Entonces, la biodiversidad se reduce a ver qué plantas y animales están ahí desde el punto de vista biológico. Un inventario”.
¿Y cómo debería consolidarse el concepto de biodiversidad, entonces?
“Desde el punto de vista físico está todo lo que son impactos al agua, al aire, al suelo, pero desde el punto de vista biológico la evaluación de impacto se enfoca en saber, por ejemplo, dentro de la fauna, qué anfibios, qué reptiles, qué mamíferos, qué insectos, qué peces si cabe, dependiendo del alcance del estudio, qué aves están ahí.
Pero esa forma de ver la biodiversidad es limitada. Para saber si estamos afectando o no la biodiversidad, nosotros tenemos que enfocarnos en sus componentes importantes, o sea, los que tienen que funcionar adecuadamente para poder garantizar que hay una adecuada conservación de la biodiversidad, que son su composición, su estructura y su función.
Gran parte del estudio biológico a lo largo de la vida de un proyecto se enfoca en hacer esos inventarios. Y el inventario de plantas y animales es apenas una parte de la función, composición y estructura de la biodiversidad.
Hay otras cosas que entran allí, por ejemplo, los procesos evolutivos, la diversidad genética, muchas cosas. Y no se trata de hacer más complejos los estudios de impacto ambiental, pero que al menos recojan la biodiversidad de una manera apropiada.
¿De dónde sale esto? No es una cuestión que sale de nosotros como organización, sino en realidad es algo que sale de la Convención de Diversidad Biológica”.
Y hasta aquí esta entrega de la ilustrativa conversación con Sebastián Valdivieso, miembro destacado de la mayor organización mundial de conservación de la vida silvestre, WCS.
Hay otras cosas que entran allí, por ejemplo, los procesos evolutivos, la diversidad genética, muchas cosas. Y no se trata de hacer más complejos los estudios de impacto ambiental, pero que al menos recojan la biodiversidad de una manera apropiada.
¿De dónde sale esto? No es una cuestión que sale de nosotros como organización, sino en realidad es algo que sale de la Convención de Diversidad Biológica”.
Y hasta aquí esta entrega de la ilustrativa conversación con Sebastián Valdivieso, miembro destacado de la mayor organización mundial de conservación de la vida silvestre, WCS.
Cierres definitivos de proyectos por protestas en la región y el mundo
Conga, Perú. Paolo Aguilar.
Septiembre 20 de 2025.- Existen varios ejemplos documentados de proyectos mineros que han sido cerrados de manera definitiva debido a protestas comunitarias o ciudadanas, a menudo impulsadas por preocupaciones ambientales, sociales y de derechos humanos. No todos los proyectos mineros afectados por protestas terminan cerrando permanentemente.
Estos cierres suelen resultar de combinaciones de movilizaciones masivas, fallos judiciales o decisiones gubernamentales presionadas por la oposición pública. A continuación, detallamos algunos casos destacados a nivel global, con énfasis en América Latina.
Los casos ilustran cómo las protestas pueden escalar a intervenciones legales o gubernamentales, a menudo alineadas con marcos como los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
Sin embargo, no todos los conflictos terminan en cierres; por ejemplo, minas como Las Bambas en Perú han enfrentado suspensiones temporales pero continúan operando.
Otros conflictos que no han resultado en cierres permanentes, por ejemplo, son proyectos en Serbia o Mozambique que han enfrentado suspensiones temporales pero no definitivas. Y es conocido que en África, los cierres definitivos son menos comunes y a menudo temporales.
Incluimos también el detalle de ejemplos clave en Oceanía, Europa y Asia, enfocándonos aquellos confirmados como cierres permanentes.
Mina Cobre Panamá (Panamá)
Operada por la canadiense First Quantum Minerals, esta mina de cobre fue cerrada definitivamente en noviembre de 2023 tras meses de protestas masivas contra su impacto ambiental y un contrato controvertido. La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el acuerdo, lo que llevó al cierre permanente. Las manifestaciones incluyeron bloqueos de carreteras y demandas por soberanía nacional y protección ecológica.
Estos cierres suelen resultar de combinaciones de movilizaciones masivas, fallos judiciales o decisiones gubernamentales presionadas por la oposición pública. A continuación, detallamos algunos casos destacados a nivel global, con énfasis en América Latina.
Los casos ilustran cómo las protestas pueden escalar a intervenciones legales o gubernamentales, a menudo alineadas con marcos como los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
Sin embargo, no todos los conflictos terminan en cierres; por ejemplo, minas como Las Bambas en Perú han enfrentado suspensiones temporales pero continúan operando.
Otros conflictos que no han resultado en cierres permanentes, por ejemplo, son proyectos en Serbia o Mozambique que han enfrentado suspensiones temporales pero no definitivas. Y es conocido que en África, los cierres definitivos son menos comunes y a menudo temporales.
Incluimos también el detalle de ejemplos clave en Oceanía, Europa y Asia, enfocándonos aquellos confirmados como cierres permanentes.
Mina Cobre Panamá (Panamá)
Operada por la canadiense First Quantum Minerals, esta mina de cobre fue cerrada definitivamente en noviembre de 2023 tras meses de protestas masivas contra su impacto ambiental y un contrato controvertido. La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional el acuerdo, lo que llevó al cierre permanente. Las manifestaciones incluyeron bloqueos de carreteras y demandas por soberanía nacional y protección ecológica.
Esquel, Chile. Luchiano Prata.
Concesiones en la Sierra Norte de Puebla (México)
Varias concesiones para extracción de metales fueron canceladas definitivamente en 2025 tras 11 años de lucha legal y protestas del pueblo maseual (náhuatl). Las comunidades frenaron todos los proyectos por impactos en territorios indígenas y recursos naturales, logrando una resolución judicial que impide su reactivación.
Proyecto Pascua Lama (Chile)
Desarrollado por Barrick Gold, de Canadá, este megaproyecto de oro y cobre en la frontera con Argentina fue suspendido indefinidamente en 2013 tras una década de protestas por amenazas a glaciares y recursos hídricos. Las comunidades locales y grupos ambientales lograron que se detuviera durante la construcción, con pérdidas millonarias para la empresa. En 2018, se confirmó su cierre definitivo por violaciones ambientales.
Proyecto Conga (Perú)
Liderado por Newmont Mining, de EE.UU., este proyecto de oro en Cajamarca quedó paralizado desde 2011 debido a intensas protestas comunitarias contra la destrucción de lagunas y contaminación del agua. Las manifestaciones, que incluyeron bloqueos y enfrentamientos, llevaron a la suspensión indefinida en 2016, considerándose un cierre permanente ante la falta de viabilidad social.
Proyecto Esquel (Argentina)
De Meridian Gold, que pasó a Yamana Gold, de Canadá, esta mina de oro fue abandonada en 2006 tras referendos locales y protestas masivas contra el uso de cianuro. La oposición ciudadana, que incluyó marchas y campañas ambientales, forzó a la empresa a dar de baja activos por cientos de millones de dólares, cerrando el proyecto de forma definitiva.
Mina Escobal (Guatemala)
Operada por Tahoe Resources, que pasó a ser parte de Pan American Silver, de Canadá, una mina de plata suspendida en 2017 por protestas indígenas de la etnia xinca contra la contaminación y falta de consulta. En 2019, la Corte Constitucional ordenó su cierre definitivo hasta resolver demandas comunitarias, y permanece inactiva.
Varias concesiones para extracción de metales fueron canceladas definitivamente en 2025 tras 11 años de lucha legal y protestas del pueblo maseual (náhuatl). Las comunidades frenaron todos los proyectos por impactos en territorios indígenas y recursos naturales, logrando una resolución judicial que impide su reactivación.
Proyecto Pascua Lama (Chile)
Desarrollado por Barrick Gold, de Canadá, este megaproyecto de oro y cobre en la frontera con Argentina fue suspendido indefinidamente en 2013 tras una década de protestas por amenazas a glaciares y recursos hídricos. Las comunidades locales y grupos ambientales lograron que se detuviera durante la construcción, con pérdidas millonarias para la empresa. En 2018, se confirmó su cierre definitivo por violaciones ambientales.
Proyecto Conga (Perú)
Liderado por Newmont Mining, de EE.UU., este proyecto de oro en Cajamarca quedó paralizado desde 2011 debido a intensas protestas comunitarias contra la destrucción de lagunas y contaminación del agua. Las manifestaciones, que incluyeron bloqueos y enfrentamientos, llevaron a la suspensión indefinida en 2016, considerándose un cierre permanente ante la falta de viabilidad social.
Proyecto Esquel (Argentina)
De Meridian Gold, que pasó a Yamana Gold, de Canadá, esta mina de oro fue abandonada en 2006 tras referendos locales y protestas masivas contra el uso de cianuro. La oposición ciudadana, que incluyó marchas y campañas ambientales, forzó a la empresa a dar de baja activos por cientos de millones de dólares, cerrando el proyecto de forma definitiva.
Mina Escobal (Guatemala)
Operada por Tahoe Resources, que pasó a ser parte de Pan American Silver, de Canadá, una mina de plata suspendida en 2017 por protestas indígenas de la etnia xinca contra la contaminación y falta de consulta. En 2019, la Corte Constitucional ordenó su cierre definitivo hasta resolver demandas comunitarias, y permanece inactiva.
Carga de carbón en el valle Hunter, Australia. Ho Nwe-Reuters.
Mina Panguna (Bougainville, Papúa Nueva Guinea)
Operada por Bougainville Copper Limited (subsidiaria de Rio Tinto, Australia), esta mina de cobre y oro fue cerrada en 1989 tras protestas locales que escalaron a un conflicto armado. Las comunidades bougainvilleñas se opusieron al daño ambiental (contaminación de ríos y tierras), la desigual distribución de ingresos y la falta de consulta indígena, lo que llevó a un bloqueo y sabotajes. El cierre resultó en una guerra civil que duró una década, con hasta 20.000 muertes estimadas. La mina permanece inactiva, y en 2015 se aprobó una ley que impide su reapertura sin consentimiento local.
Proyecto Roşia Montană (Rumania)
Desarrollado por Gabriel Resources (Canadá), este proyecto de oro a cielo abierto fue cancelado definitivamente en 2021 tras años de protestas masivas desde 2013. Las manifestaciones, que reunieron a decenas de miles en Bucarest y otras ciudades, denunciaban la destrucción de patrimonio cultural (sitios romanos antiguos), contaminación con cianuro y desplazamiento de comunidades. El gobierno rumano rechazó la ley habilitante en 2014, y el sitio fue declarado Patrimonio Mundial de la Unesco en 2021, bloqueando cualquier extracción futura.
Operada por Bougainville Copper Limited (subsidiaria de Rio Tinto, Australia), esta mina de cobre y oro fue cerrada en 1989 tras protestas locales que escalaron a un conflicto armado. Las comunidades bougainvilleñas se opusieron al daño ambiental (contaminación de ríos y tierras), la desigual distribución de ingresos y la falta de consulta indígena, lo que llevó a un bloqueo y sabotajes. El cierre resultó en una guerra civil que duró una década, con hasta 20.000 muertes estimadas. La mina permanece inactiva, y en 2015 se aprobó una ley que impide su reapertura sin consentimiento local.
Proyecto Roşia Montană (Rumania)
Desarrollado por Gabriel Resources (Canadá), este proyecto de oro a cielo abierto fue cancelado definitivamente en 2021 tras años de protestas masivas desde 2013. Las manifestaciones, que reunieron a decenas de miles en Bucarest y otras ciudades, denunciaban la destrucción de patrimonio cultural (sitios romanos antiguos), contaminación con cianuro y desplazamiento de comunidades. El gobierno rumano rechazó la ley habilitante en 2014, y el sitio fue declarado Patrimonio Mundial de la Unesco en 2021, bloqueando cualquier extracción futura.
Lanjigarh, India. Biswaranjan Rout.
Mina de bauxita Niyamgiri (India)
Propuesto por Vedanta Resources (Reino Unido), este proyecto de bauxita en las colinas Niyamgiri fue rechazado permanentemente en 2013 por la Corte Suprema de India tras protestas indígenas lideradas por la tribu Dongria Kondh. Las comunidades se oponían a la destrucción de sitios sagrados, deforestación y contaminación de agua, con campañas que duraron ocho años, incluyendo bloqueos y apelaciones internacionales. El fallo judicial priorizó el consentimiento local, y la minería sigue prohibida en la zona, marcando un hito en derechos indígenas.
Mina de uranio Jabiluka (Australia)
Desarrollado por Energy Resources of Australia (subsidiaria de Rio Tinto), este proyecto de uranio en el Parque Nacional Kakadu fue detenido indefinidamente en 2003 y protegido permanentemente en 2024. Las protestas, lideradas por el pueblo Mirarr indígena, incluyeron un bloqueo de ocho meses en 1998 con miles de participantes, denunciando riesgos ambientales, culturales y de salud. El gobierno australiano rechazó la extensión de la licencia en 2024, incorporando el sitio al parque nacional para evitar cualquier minería futura.
Otros casos notables
Richards Bay Minerals (Sudáfrica): Cerrada temporalmente en 2019 por protestas violentas, pero el proyecto de expansión Zulti South fue pausado indefinidamente debido a demandas comunitarias por empleo y mitigación de impactos.
Mina San Cristóbal (Bolivia): Operaciones detenidas en 2010 por tomas de plantas hidroeléctricas en protestas por agua y beneficios locales; el cierre fue definitivo para esa fase del proyecto.
Proyecto Lanjigarh (India): Detenido en 2013 por campañas indígenas contra la minería de bauxita, resultando en cierre permanente.
Estos casos destacan cómo las protestas pueden influir en políticas nacionales e internacionales, alineándose con marcos como los derechos indígenas de la ONU.
Proyecto de carbón Bickham 2010, Hunter Valley, Nueva Gales del Sur (Australia): En 2010, residentes y criadores de caballos locales se unieron para detener un proyecto de mina de carbón a cielo abierto en el valle Hunter. Argumentaron con éxito que el riesgo de contaminación del agua era demasiado alto, que la mina dañaría el entorno rural y que pondría en peligro la industria de caballos pura sangre de Nueva Gales del Sur, que en 2014 generaba 2.400 millones de dólares anuales.
Estos casos destacan cómo las protestas pueden influir en políticas nacionales e internacionales, alineándose con marcos como los derechos indígenas de las Naciones Unidas.
Propuesto por Vedanta Resources (Reino Unido), este proyecto de bauxita en las colinas Niyamgiri fue rechazado permanentemente en 2013 por la Corte Suprema de India tras protestas indígenas lideradas por la tribu Dongria Kondh. Las comunidades se oponían a la destrucción de sitios sagrados, deforestación y contaminación de agua, con campañas que duraron ocho años, incluyendo bloqueos y apelaciones internacionales. El fallo judicial priorizó el consentimiento local, y la minería sigue prohibida en la zona, marcando un hito en derechos indígenas.
Mina de uranio Jabiluka (Australia)
Desarrollado por Energy Resources of Australia (subsidiaria de Rio Tinto), este proyecto de uranio en el Parque Nacional Kakadu fue detenido indefinidamente en 2003 y protegido permanentemente en 2024. Las protestas, lideradas por el pueblo Mirarr indígena, incluyeron un bloqueo de ocho meses en 1998 con miles de participantes, denunciando riesgos ambientales, culturales y de salud. El gobierno australiano rechazó la extensión de la licencia en 2024, incorporando el sitio al parque nacional para evitar cualquier minería futura.
Otros casos notables
Richards Bay Minerals (Sudáfrica): Cerrada temporalmente en 2019 por protestas violentas, pero el proyecto de expansión Zulti South fue pausado indefinidamente debido a demandas comunitarias por empleo y mitigación de impactos.
Mina San Cristóbal (Bolivia): Operaciones detenidas en 2010 por tomas de plantas hidroeléctricas en protestas por agua y beneficios locales; el cierre fue definitivo para esa fase del proyecto.
Proyecto Lanjigarh (India): Detenido en 2013 por campañas indígenas contra la minería de bauxita, resultando en cierre permanente.
Estos casos destacan cómo las protestas pueden influir en políticas nacionales e internacionales, alineándose con marcos como los derechos indígenas de la ONU.
Proyecto de carbón Bickham 2010, Hunter Valley, Nueva Gales del Sur (Australia): En 2010, residentes y criadores de caballos locales se unieron para detener un proyecto de mina de carbón a cielo abierto en el valle Hunter. Argumentaron con éxito que el riesgo de contaminación del agua era demasiado alto, que la mina dañaría el entorno rural y que pondría en peligro la industria de caballos pura sangre de Nueva Gales del Sur, que en 2014 generaba 2.400 millones de dólares anuales.
Estos casos destacan cómo las protestas pueden influir en políticas nacionales e internacionales, alineándose con marcos como los derechos indígenas de las Naciones Unidas.
Dinero y crimen en la estratégica Ponce Enríquez
-Una cronología de la violencia que soportan los mineros-
Retroexcavadoras en labores en la zona urbana de río Guanache en Ponce Enríquez, en agosto de 2022. Foto: cortesía.
Septiembre 7 de 2025.- La presencia de grupos de delincuencia organizada como “Los Lobos” y “Los Choneros” en la minería del cantón Camilo Ponce Enríquez, provincia de Azuay, Ecuador, ha sido documentada en los últimos años, especialmente desde 2020, y está vinculada al control de actividades mineras ilegales, extorsión, tráfico de armas y explosivos, y otros delitos.
Desde 2020, los homicidios en Ponce Enríquez han crecido significativamente, pasando de 5 muertes violentas en 2020 a 28 en 2022 y un aumento del 82% en 2024, lo que lo convierte en el cantón más violento de Ecuador por tasa de homicidios.
La minería ilegal es una fuente de financiamiento para el narcotráfico, extorsión, sicariato y lavado de dinero. Las bandas exigen pagos de entre US$ 100 y US$ 20 000 mensuales o el 30% de la producción de las minas legales.
La ubicación de La Ponce es estratégica por su cercanía a Guayas (puertos para el narcotráfico) y El Oro (corredores clandestinos con Perú). Esto facilita el contrabando de oro, armas, explosivos y mercurio, utilizados en la minería ilegal.
Desde julio de 2024, el cantón está bajo estado de excepción y toque de queda decretado por el presidente Daniel Noboa para combatir la violencia y el narcoterrorismo. Sin embargo, los resultados han sido limitados, con operativos frecuentes que decomisan armas, explosivos y detienen a miembros de las bandas, pero no logran desarticular completamente las operaciones.
Los Lobos han dominado la minería ilegal en Ponce Enríquez desde finales de 2021, con un control significativo desde 2022, mientras que Los Choneros, aunque debilitados, mantienen presencia en la región, especialmente en conflictos territoriales desde 2020. La violencia se intensificó en 2023 y 2024, con eventos como masacres, enfrentamientos armados y el asesinato del alcalde José Sánchez en abril de 2024, atribuidos a la disputa por el control de minas ilegales.
Lobos del hombre
Desde finales de 2021 - inicios de 2022:
Según fuentes policiales, Los Lobos consolidaron su control sobre la minería ilegal en Ponce Enríquez desde finales de 2021, extendiendo su influencia a través de extorsiones y control de minas. Este grupo, vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación de México, actúa como "proveedor de seguridad" para mineros, cobrando por protección y controlando operaciones mineras.
Se estima que controlan directamente 20 minas de oro, extorsionan a empresas con concesiones en otras 30 minas y dominan a 40 grupos de mineros ilegales, generando ganancias de hasta US$ 3,6 millones al mes.
Junio de 2022:
Un ataque armado a la mina "Hermanos Bermeo" (propiedad de Elías Baldor Bermeo) dejó tres muertos. Los atacantes, identificados como miembros de Los Choneros, buscaban a presuntos miembros de Los Lobos que trabajaban en la mina, evidenciando una disputa entre ambos grupos por el control de las operaciones mineras.
Enero de 2023:
La Policía realizó más de 29 allanamientos en Ponce Enríquez, Machala, Pasaje y Tenguel, deteniendo a 13 miembros de Los Lobos, confirmando su presencia en la zona.
Marzo de 2023:
Empresas mineras denunciaron ataques continuos de bandas armadas, incluyendo a Los Lobos, que intentaban apropiarse de concesiones mineras mediante extorsión y violencia.
30 de marzo de 2024:
Captura de Vicente Angulo Sosa, alias "Comandante Vicente", cabecilla de Los Lobos en Ponce Enríquez, considerado el cerebro de las operaciones de minería ilegal, cobro de vacunas y tráfico de armas y explosivos desde 2022. Angulo fue liberado en diciembre de 2024 por un juez de Guayaquil, a pesar de su rol clave en la organización.
19 de julio de 2024:
Hubo un enfrentamiento armado en una mina del sector La Independencia entre las Fuerzas Armadas y miembros de Los Lobos, quienes escaparon.
13 de agosto de 2024:
Una masacre en la mina Las Lomas, sector Santa Marta, dejó cinco muertos y tres heridos en un enfrentamiento entre Los Lobos y una facción disidente, Los Lobos Saobox, por el control de la minería ilegal.
29 de agosto de 2024:
Operativo contra la minería ilegal en Ponce Enríquez resultó en la detención de siete personas y el decomiso de cientos de explosivos, confirmando el control de Los Lobos sobre actividades mineras ilegales.
Chonero soy
Desde 2020:
Los Choneros, liderados por José Adolfo Macías, alias "Fito" (prófugo desde enero de 2024 y extraditado a EEUU hace poco), han estado en conflicto con Los Lobos por el control de territorios y actividades delictivas, incluyendo la minería ilegal en Ponce Enríquez. Hasta la pandemia, Los Lobos eran el brazo armado de Los Choneros, pero tras el asesinato de Jorge Luis Zambrano (alias "Rasquiña") en diciembre de 2020, se independizaron y comenzaron a disputar el control de las minas, según Ojo-púlico.com.
Junio de 2022:
El ataque a la mina "Hermanos Bermeo" fue perpetrado por un grupo que se presentó como miembros de Los Choneros, buscando a presuntos miembros de Los Lobos, según Primicias, lo que indica una guerra territorial en el sector minero.
2023:
Los Choneros perdieron hegemonía frente a Los Lobos, que se consolidaron como la principal organización criminal en la región. Sin embargo, aún mantienen presencia en 12 de las 24 provincias de Ecuador, incluyendo Azuay, donde operan a través de franquicias y nexos con el sector público y privado.
5 de septiembre de 2025:
Según un líder indígena de Condorcarqui, Amazonía peruana, Los Choneros están involucrados en minería ilegal en la zona fronteriza, operando en el distrito de Cenepa, lo que sugiere su expansión transnacional hacia áreas mineras cercanas a Ponce Enríquez.
Estructura y actividades
Los criminales Lobos no operan directamente las minas, sino que extorsionan a mineros legales e ilegales, cobrando US$ 5 por cada saco de 25 kg de material aurífero (valorado en US$ 4.000). También controlan la cadena de extracción, procesamiento, comercialización y exportación de oro, utilizando la actividad minera para lavar dinero del narcotráfico. Su influencia se extiende a Azuay, Zamora Chinchipe, y otras provincias, con nexos en Colombia y Perú para el tráfico de armas y explosivos, según codigovidrio.com.
Los criminales Choneros operan con una estructura jerárquica antes liderada por alias "Fito", utilizando armamento sofisticado y centros clandestinos de entrenamiento. En Ponce Enríquez, su rol en la minería ilegal incluye extorsión y control de rutas de contrabando de oro, armas y explosivos, aprovechando la cercanía con la frontera peruana y los puertos de Guayas.
Otros grupos y facciones
Los Lobos Saobox: Desde mayo de 2024, esta facción disidente de Los Lobos, liderada por alias "Boxeador", "Sacoto", "Cheme" y "Mito", ha protagonizado enfrentamientos violentos con Los Lobos por el control de minas ilegales en sectores como La Independencia y Santa Marta. Este conflicto ha generado masacres, como la del 13 de agosto de 2024, en la mina Las Lomas.
Otros grupos: Existen informes que mencionan la presencia de grupos como Los Tiguerones, que operan en alianza con Los Lobos en otras provincias, pero no hay evidencia específica de su actividad minera en Ponce Enríquez. También se han identificado nexos con grupos transnacionales como los Comandos de la Frontera (Colombia) y el Tren de Aragua (Venezuela) para el tráfico.
Con información de: elcomercio.pe; vistazo.com; ecuavisa.com; codigovidrio.com; lahora.com.ec; expreso.ec; ojo-publico.com; El Telégrafo, Teleamazonas, Coral Noticias, El Comercio; Policía Nacional del Ecuador, Verídico EC, Tiempo Real EC, Extra EC, Panorama PTV y eloriente.com
Desde 2020, los homicidios en Ponce Enríquez han crecido significativamente, pasando de 5 muertes violentas en 2020 a 28 en 2022 y un aumento del 82% en 2024, lo que lo convierte en el cantón más violento de Ecuador por tasa de homicidios.
La minería ilegal es una fuente de financiamiento para el narcotráfico, extorsión, sicariato y lavado de dinero. Las bandas exigen pagos de entre US$ 100 y US$ 20 000 mensuales o el 30% de la producción de las minas legales.
La ubicación de La Ponce es estratégica por su cercanía a Guayas (puertos para el narcotráfico) y El Oro (corredores clandestinos con Perú). Esto facilita el contrabando de oro, armas, explosivos y mercurio, utilizados en la minería ilegal.
Desde julio de 2024, el cantón está bajo estado de excepción y toque de queda decretado por el presidente Daniel Noboa para combatir la violencia y el narcoterrorismo. Sin embargo, los resultados han sido limitados, con operativos frecuentes que decomisan armas, explosivos y detienen a miembros de las bandas, pero no logran desarticular completamente las operaciones.
Los Lobos han dominado la minería ilegal en Ponce Enríquez desde finales de 2021, con un control significativo desde 2022, mientras que Los Choneros, aunque debilitados, mantienen presencia en la región, especialmente en conflictos territoriales desde 2020. La violencia se intensificó en 2023 y 2024, con eventos como masacres, enfrentamientos armados y el asesinato del alcalde José Sánchez en abril de 2024, atribuidos a la disputa por el control de minas ilegales.
Lobos del hombre
Desde finales de 2021 - inicios de 2022:
Según fuentes policiales, Los Lobos consolidaron su control sobre la minería ilegal en Ponce Enríquez desde finales de 2021, extendiendo su influencia a través de extorsiones y control de minas. Este grupo, vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación de México, actúa como "proveedor de seguridad" para mineros, cobrando por protección y controlando operaciones mineras.
Se estima que controlan directamente 20 minas de oro, extorsionan a empresas con concesiones en otras 30 minas y dominan a 40 grupos de mineros ilegales, generando ganancias de hasta US$ 3,6 millones al mes.
Junio de 2022:
Un ataque armado a la mina "Hermanos Bermeo" (propiedad de Elías Baldor Bermeo) dejó tres muertos. Los atacantes, identificados como miembros de Los Choneros, buscaban a presuntos miembros de Los Lobos que trabajaban en la mina, evidenciando una disputa entre ambos grupos por el control de las operaciones mineras.
Enero de 2023:
La Policía realizó más de 29 allanamientos en Ponce Enríquez, Machala, Pasaje y Tenguel, deteniendo a 13 miembros de Los Lobos, confirmando su presencia en la zona.
Marzo de 2023:
Empresas mineras denunciaron ataques continuos de bandas armadas, incluyendo a Los Lobos, que intentaban apropiarse de concesiones mineras mediante extorsión y violencia.
30 de marzo de 2024:
Captura de Vicente Angulo Sosa, alias "Comandante Vicente", cabecilla de Los Lobos en Ponce Enríquez, considerado el cerebro de las operaciones de minería ilegal, cobro de vacunas y tráfico de armas y explosivos desde 2022. Angulo fue liberado en diciembre de 2024 por un juez de Guayaquil, a pesar de su rol clave en la organización.
19 de julio de 2024:
Hubo un enfrentamiento armado en una mina del sector La Independencia entre las Fuerzas Armadas y miembros de Los Lobos, quienes escaparon.
13 de agosto de 2024:
Una masacre en la mina Las Lomas, sector Santa Marta, dejó cinco muertos y tres heridos en un enfrentamiento entre Los Lobos y una facción disidente, Los Lobos Saobox, por el control de la minería ilegal.
29 de agosto de 2024:
Operativo contra la minería ilegal en Ponce Enríquez resultó en la detención de siete personas y el decomiso de cientos de explosivos, confirmando el control de Los Lobos sobre actividades mineras ilegales.
Chonero soy
Desde 2020:
Los Choneros, liderados por José Adolfo Macías, alias "Fito" (prófugo desde enero de 2024 y extraditado a EEUU hace poco), han estado en conflicto con Los Lobos por el control de territorios y actividades delictivas, incluyendo la minería ilegal en Ponce Enríquez. Hasta la pandemia, Los Lobos eran el brazo armado de Los Choneros, pero tras el asesinato de Jorge Luis Zambrano (alias "Rasquiña") en diciembre de 2020, se independizaron y comenzaron a disputar el control de las minas, según Ojo-púlico.com.
Junio de 2022:
El ataque a la mina "Hermanos Bermeo" fue perpetrado por un grupo que se presentó como miembros de Los Choneros, buscando a presuntos miembros de Los Lobos, según Primicias, lo que indica una guerra territorial en el sector minero.
2023:
Los Choneros perdieron hegemonía frente a Los Lobos, que se consolidaron como la principal organización criminal en la región. Sin embargo, aún mantienen presencia en 12 de las 24 provincias de Ecuador, incluyendo Azuay, donde operan a través de franquicias y nexos con el sector público y privado.
5 de septiembre de 2025:
Según un líder indígena de Condorcarqui, Amazonía peruana, Los Choneros están involucrados en minería ilegal en la zona fronteriza, operando en el distrito de Cenepa, lo que sugiere su expansión transnacional hacia áreas mineras cercanas a Ponce Enríquez.
Estructura y actividades
Los criminales Lobos no operan directamente las minas, sino que extorsionan a mineros legales e ilegales, cobrando US$ 5 por cada saco de 25 kg de material aurífero (valorado en US$ 4.000). También controlan la cadena de extracción, procesamiento, comercialización y exportación de oro, utilizando la actividad minera para lavar dinero del narcotráfico. Su influencia se extiende a Azuay, Zamora Chinchipe, y otras provincias, con nexos en Colombia y Perú para el tráfico de armas y explosivos, según codigovidrio.com.
Los criminales Choneros operan con una estructura jerárquica antes liderada por alias "Fito", utilizando armamento sofisticado y centros clandestinos de entrenamiento. En Ponce Enríquez, su rol en la minería ilegal incluye extorsión y control de rutas de contrabando de oro, armas y explosivos, aprovechando la cercanía con la frontera peruana y los puertos de Guayas.
Otros grupos y facciones
Los Lobos Saobox: Desde mayo de 2024, esta facción disidente de Los Lobos, liderada por alias "Boxeador", "Sacoto", "Cheme" y "Mito", ha protagonizado enfrentamientos violentos con Los Lobos por el control de minas ilegales en sectores como La Independencia y Santa Marta. Este conflicto ha generado masacres, como la del 13 de agosto de 2024, en la mina Las Lomas.
Otros grupos: Existen informes que mencionan la presencia de grupos como Los Tiguerones, que operan en alianza con Los Lobos en otras provincias, pero no hay evidencia específica de su actividad minera en Ponce Enríquez. También se han identificado nexos con grupos transnacionales como los Comandos de la Frontera (Colombia) y el Tren de Aragua (Venezuela) para el tráfico.
Con información de: elcomercio.pe; vistazo.com; ecuavisa.com; codigovidrio.com; lahora.com.ec; expreso.ec; ojo-publico.com; El Telégrafo, Teleamazonas, Coral Noticias, El Comercio; Policía Nacional del Ecuador, Verídico EC, Tiempo Real EC, Extra EC, Panorama PTV y eloriente.com
La minería artesanal y la pequeña minería revelan sus secretos
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Agosto 31 de 2025.- La propuesta, que inició en el 2020, para proveer financiamiento a los pequeños mineros que se comprometan con reducir el uso de mercurio, viene siendo trabajada por el proyecto PlanetGold, que ahora ofrece la opción a los mineros de que se conviertan en agentes de comercialización de oro del Banco Central del Ecuador y, con ello, alejarles de la ilegalidad.
Los compradores de oro no faltarían porque PlanetGold es un proyecto internacional de cooperación. Pero no solo el acceso a crédito, sus cuatro ejes en la actualidad son: regularización, reducción de riesgo, transición a tecnologías libres de mercurio y capacitación para operar responsablemente a través de asesoría y acompañamiento técnico.
Los compradores de oro no faltarían porque PlanetGold es un proyecto internacional de cooperación. Pero no solo el acceso a crédito, sus cuatro ejes en la actualidad son: regularización, reducción de riesgo, transición a tecnologías libres de mercurio y capacitación para operar responsablemente a través de asesoría y acompañamiento técnico.
Esto es el combo que después de 5 años de investigación y, prácticamente, convivencia con los mineros en cuatro localidades, el proyecto hace realidad a modo de intervención piloto. Las zonas son La Maná, en Cotopaxi; Celica en Loja; Nambija y San Carlos de las minas, en Zamora.
La propuesta ha estudiado al sector financiero y por qué no ofrece más productos específicos a los mineros: la única banca que atiende con un producto específico es la estatal BanEcuador. También ha averiguado para qué requieren financiamiento los mineros en otro recinto minero, la Ponce Enríquez.
La obtención del código Craft de trazabilidad, un mecanismo de aplicación individual, no solo que reduce el riesgo que supuestamente representa el pequeño minero para la banca. Supuestamente, porque de todas formas hay mineros que acceden a crédito bancario aunque a modo personal. Pese a que los bancos le prestan dinero sabiendo que se dedica a la minería, sin embargo, tienen otra percepción del riesgo del cliente.
Las tres zonas de investigación e intervención en el territorio nacional del proyecto, también han arrojado información sobre las prácticas de la minería artesanal y pequeña minería (MAPE) que, de otra manera, quedan invisibilizadas.
La propuesta ha estudiado al sector financiero y por qué no ofrece más productos específicos a los mineros: la única banca que atiende con un producto específico es la estatal BanEcuador. También ha averiguado para qué requieren financiamiento los mineros en otro recinto minero, la Ponce Enríquez.
La obtención del código Craft de trazabilidad, un mecanismo de aplicación individual, no solo que reduce el riesgo que supuestamente representa el pequeño minero para la banca. Supuestamente, porque de todas formas hay mineros que acceden a crédito bancario aunque a modo personal. Pese a que los bancos le prestan dinero sabiendo que se dedica a la minería, sin embargo, tienen otra percepción del riesgo del cliente.
Las tres zonas de investigación e intervención en el territorio nacional del proyecto, también han arrojado información sobre las prácticas de la minería artesanal y pequeña minería (MAPE) que, de otra manera, quedan invisibilizadas.
El proyecto partió de la premisa de que la producción de oro por la MAPE en el Ecuador emitió al ambiente 29,6 toneladas de mercurio en el año 2018, según el ex Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Si este cálculo se ha mantenido, significa que se ha liberado al aire una cantidad por un valor de 300 a 500 dólares la libra, cuando existen tecnologías disponibles y accesibles para producir oro sin el plateado metal líquido.
Erika Bermeo, coordinadora nacional del proyecto realizó una síntesis de los hallazgos durante el ciclo de conferencias internacional Innovamine, organizado por el Departamento de Metalurgia Extractiva de la Escuela Politécnica Nacional que transcurrió entre el 25 y 26 de agosto. El PNUD y el Ministerio del Ambiente y Energía son las entidades responsables de Planet Gold en el contexto del cumplimiento del Convenio de Minamata.
Otros dos de estos hallazgos son, primero, que todo el oro que se comercializa en el país pasa por Yantzaza. Y segundo, que se necesita una planta de beneficio en Zamora.
Definición con base en estándar OECD
Erika Bermeo, coordinadora nacional del proyecto realizó una síntesis de los hallazgos durante el ciclo de conferencias internacional Innovamine, organizado por el Departamento de Metalurgia Extractiva de la Escuela Politécnica Nacional que transcurrió entre el 25 y 26 de agosto. El PNUD y el Ministerio del Ambiente y Energía son las entidades responsables de Planet Gold en el contexto del cumplimiento del Convenio de Minamata.
Otros dos de estos hallazgos son, primero, que todo el oro que se comercializa en el país pasa por Yantzaza. Y segundo, que se necesita una planta de beneficio en Zamora.
Definición con base en estándar OECD
El proyecto se maneja con esta definición: Minería legítima se refiere a aquellas operaciones mineras que cumplen con las leyes aplicables y que no están involucradas en abusos de derechos humanos, corrupción o financiamiento de conflictos.
La MAPE informal puede ser considerada legítima si:
1) No está vinculada a financiación de conflictos armados ni violaciones de DDHH
2) Existe voluntad para mejorar sus prácticas ESG
3) Las regulaciones nacionales o su implementación no facilitan la formalización de la MAPE.
Actualmente trabajamos con mineros que cuenten con título, pero buscamos opciones para quienes no lo tienen, afirma la coordinadora.
En el estudio de la demanda de financiamiento en las cuatro poblaciones, se estableció que los condicionantes principales de acceso a crédito son :
1. En un 35% la falta de garantías para entregar.
2. En un 30% que los productos financieros no se ajustan al sector.
3. En un 29% las garantías y las tasas de interés. Y,
4. En un 6% las altas tasas de interés.
La MAPE informal puede ser considerada legítima si:
1) No está vinculada a financiación de conflictos armados ni violaciones de DDHH
2) Existe voluntad para mejorar sus prácticas ESG
3) Las regulaciones nacionales o su implementación no facilitan la formalización de la MAPE.
Actualmente trabajamos con mineros que cuenten con título, pero buscamos opciones para quienes no lo tienen, afirma la coordinadora.
En el estudio de la demanda de financiamiento en las cuatro poblaciones, se estableció que los condicionantes principales de acceso a crédito son :
1. En un 35% la falta de garantías para entregar.
2. En un 30% que los productos financieros no se ajustan al sector.
3. En un 29% las garantías y las tasas de interés. Y,
4. En un 6% las altas tasas de interés.
En síntesis, la primera fase del proyecto está en curso y consiste en:
• Recolección de concentrado aurífero para ensayos de laboratorio en asociación con la Escuela Politécnica Nacional, para perfeccionamiento de parámetros a nivel de laboratorio.
• Puesta en marcha de intervenciones demostrativas con equipos de concentración gravimétrica, en Nambija, San Carlos de las Minas y Chinapintza. Casi siempre, el problema no está en los equipos adquiridos sino en que no han sido correctamente calibrados a la entrega y el minero no tiene tiempo para ponerlos a punto porque él quiere y necesita producir de inmediato.
• Diseño y perfeccionamiento de “cuarto de oro” para un primer beneficiario identificado.
• Fase preparatoria para implementación de planta de beneficio en Zamora que incluso puede ser de interés y será presentada a la Empresa Nacional Minera.
Finalmente, señalaremos que “mejORO” es el nombre de la Primera escuela de educación continua para la MAPE que será creada en alianza entre Planet Gold y la Universidad Técnica Particular de Loja. "El Instituto de Investigación Geológico y Energético realizó el levantamiento de la línea base para el diseño curricular de mejORO, para el cual se tomó en cuenta la voz del minero y minera de nuestros sitios de intervención", indicó Bermeo.
La primera cohorte de alumnos y alumnas se graduará en noviembre y consta de 90 adherentes y ya ha dado cursos a 200 beneficiarios. Tiene un programa continuo y durará hasta el 2028.
PlanetGold es una iniciativa internacional de cooperación, que se ejecuta también en Colombia, Perú, Guayana, Indonesia, Kenya, Mongolia, Filipinas y Burkina Faso.
• Recolección de concentrado aurífero para ensayos de laboratorio en asociación con la Escuela Politécnica Nacional, para perfeccionamiento de parámetros a nivel de laboratorio.
• Puesta en marcha de intervenciones demostrativas con equipos de concentración gravimétrica, en Nambija, San Carlos de las Minas y Chinapintza. Casi siempre, el problema no está en los equipos adquiridos sino en que no han sido correctamente calibrados a la entrega y el minero no tiene tiempo para ponerlos a punto porque él quiere y necesita producir de inmediato.
• Diseño y perfeccionamiento de “cuarto de oro” para un primer beneficiario identificado.
• Fase preparatoria para implementación de planta de beneficio en Zamora que incluso puede ser de interés y será presentada a la Empresa Nacional Minera.
Finalmente, señalaremos que “mejORO” es el nombre de la Primera escuela de educación continua para la MAPE que será creada en alianza entre Planet Gold y la Universidad Técnica Particular de Loja. "El Instituto de Investigación Geológico y Energético realizó el levantamiento de la línea base para el diseño curricular de mejORO, para el cual se tomó en cuenta la voz del minero y minera de nuestros sitios de intervención", indicó Bermeo.
La primera cohorte de alumnos y alumnas se graduará en noviembre y consta de 90 adherentes y ya ha dado cursos a 200 beneficiarios. Tiene un programa continuo y durará hasta el 2028.
PlanetGold es una iniciativa internacional de cooperación, que se ejecuta también en Colombia, Perú, Guayana, Indonesia, Kenya, Mongolia, Filipinas y Burkina Faso.
Corte Constitucional confirmó licencia ambiental
de El Domo-Curipamba
Agosto 24 de 2025.- Silvercorp Metals Inc. (TSX/NYSE American: SVM) informó el 5 de agosto que la Corte Constitucional de Ecuador emitió un fallo unánime que rechazó la impugnación legal final en contra de la licencia ambiental para el proyecto minero El Domo, confirmando así definitivamente su validez.
La subsidiaria que opera el proyecto es Curimining, con capitales canadienses, de Silvercorp, y ecuatorianos de Salazar Resources y el consorcio Nobis, que adquirió participación de Adventus en 2019.
La minera busca explotar una mina de cobre, oro, plata y zinc, de mediana escala para el Ecuador y pequeña escala a nivel regional.
El proyecto tiene una concesión de 1500 hectáreas de las cuales 290 hectáreas serán utilizadas para la construcción de las facilidades mineras para una vida útil de 10 años.
La compañía informó en un boletín de prensa que el proyecto El Domo, conocido antes como Curipamba, actualmente en construcción, es el primer proyecto minero en Ecuador que ha realizado una consulta ambiental alineada con los estándares del Acuerdo de Escazú.
Se trata del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, un tratado multilateral adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica.
Reiteró que el proceso ha sido validado por múltiples instancias del poder judicial ecuatoriano, incluyendo los tribunales ordinarios y la Corte Constitucional.
La licencia ambiental para el proyecto contó con el apoyo del 98% de la población dentro del área de influencia del proyecto, afirma la compañía que espera que el proyecto genere importantes beneficios socioeconómicos a largo plazo para la comunidad local de Las Naves.
Silvercorp es una compañía minera canadiense productora de plata, oro, plomo y zinc con una larga trayectoria de rentabilidad y potencial de crecimiento. La estrategia de la compañía es crear valor para los accionistas mediante el enfoque en la generación de flujo de caja libre de minas de larga vida.
Los procedimientos judiciales
La relación entre el proyecto Curipamba-El Domo y la comunidad de Las Naves es profundamente conflictiva, caracterizada por una división entre quienes ven en la minería una oportunidad de desarrollo económico y empleo (especialmente los jóvenes) y quienes temen la pérdida de su modo de vida agrícola y la contaminación de sus recursos hídricos.
Mientras Curimining promueve beneficios sociales y económicos, las comunidades de Las Naves, especialmente de Bellavista, Buenos Aires y Jerusalén, apoyadas por organizaciones como la Comisión Ecuménica de derechos Humanos, Cedhu, denuncian impactos ambientales, falta de consulta adecuada y represión. La desconfianza hacia las instituciones y las empresas, junto con los vínculos políticos del proyecto -el consorcio Nobis pertenece a la tía del Presidente Noboa-, intensifica el conflicto, que sigue siendo un punto de tensión en la región.
Las comunidades denuncian que el proceso de consulta ambiental, realizado entre julio y diciembre de 2023, no fue inclusivo ni transparente. Según líderes comunitarios como Daniel Sisa, se excluyó a comunidades afectadas y no se proporcionó información completa sobre los impactos del proyecto.
En febrero de 2024, luego de apelar en un proceso judicial seis comuneros fueron condenados a tres años de cárcel acusados de atentar en contra del proyecto en el cantón las Naves.
Esto ha generado desconfianza hacia el Maate y la empresa minera. Además, un grupo de personas y la Cedhu presentaron una acción de protección contra la licencia ambiental, argumentando violaciones en el proceso de consulta.
El 24 de julio de 2024, el juzgado local del cantón Las Naves desestimó la acción, confirmando que Maate había cumplido con los requisitos de consulta ambiental aplicables antes de emitir la licencia ambiental para el proyecto.
Los demandantes apelaron ante el juzgado provincial, el cual fue visto el 17 de octubre de 2024 y desestimado por el juzgado provincial el 12 de noviembre de 2024, confirmando la decisión del tribunal inferior de que el Maate cumplió correctamente con sus obligaciones de consulta ambiental antes de emitir la licencia.
Posteriormente, el 19 de diciembre de 2024, los demandantes interpusieron una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC). El 26 de febrero de 2025, la máxima corte emitió una decisión denegando la admisión de dicha acción, alegando que no cumplía con los criterios constitucionales para su admisión.
El 3 de marzo de 2025, los demandantes presentaron una solicitud de aclaración. El 24 de julio de 2025, la CC rechazó por unanimidad la solicitud de aclaración.
A pesar de que los grupos antimineros han fracasado en todos los niveles del poder judicial ecuatoriano, incluida la CC, continúan participando en actividades ilegales y disruptivas destinadas a obstruir el desarrollo legítimo del proyecto, afirma la compañía.
En junio se vió en redes sociales efectivos de la Policía impidiendo a comuneros de sectores de Las Naves evitar el ingreso de maquinaria pesada.
Avance de la construcción
Pero hasta la fecha estas acciones no han afectado significativamente el avance del proyecto que se halla completando la remoción de suelos para sentar los cimientos de las diferentes instalaciones de la mina.
De acuerdo a las publicaciones en redes sociales, actualmente, se ejecutan las actividades de movimiento de tierra y adecuación vial, montaje de campamentos definitivos, preparación del terreno para implantación de obra civil y obras de tratamiento de aguas y manejo ambiental.
Así también, se desarrollan también el desbroce, nivelación y limpieza de escombros, manejo de flora y fauna con criterios técnicos, construcción de plataformas para campamentos y planta de hormigón, mejoramiento y ensanchamiento de vías estratégicas.
Esta fase se extenderá hasta el año 2026 y marca un hito en términos de inversión, planificación técnica y desarrollo territorial.
La compañía apela a que este proceso se desarrolló con un enfoque participativo, transparente e inclusivo, extendiéndose más allá de las zonas de influencia directa hasta la cabecera cantonal, permitiendo que también ciudadanos del área indirecta se informen, expresen sus opiniones y conozcan a fondo el proyecto.
Paralelamente, la compañía ha desarrollado con 12 comunidades acuerdos de desarrollo comunitario participativo, Adecop, como herramientas de gobernanza territorial con las comunidades vecinas, en los cuales se definen compromisos claros y trazables, apoyos sociales y técnicos y mecanismos de seguimiento conjunto, afirma la compañía en sus publicaciones.
La subsidiaria que opera el proyecto es Curimining, con capitales canadienses, de Silvercorp, y ecuatorianos de Salazar Resources y el consorcio Nobis, que adquirió participación de Adventus en 2019.
La minera busca explotar una mina de cobre, oro, plata y zinc, de mediana escala para el Ecuador y pequeña escala a nivel regional.
El proyecto tiene una concesión de 1500 hectáreas de las cuales 290 hectáreas serán utilizadas para la construcción de las facilidades mineras para una vida útil de 10 años.
La compañía informó en un boletín de prensa que el proyecto El Domo, conocido antes como Curipamba, actualmente en construcción, es el primer proyecto minero en Ecuador que ha realizado una consulta ambiental alineada con los estándares del Acuerdo de Escazú.
Se trata del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, un tratado multilateral adoptado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica.
Reiteró que el proceso ha sido validado por múltiples instancias del poder judicial ecuatoriano, incluyendo los tribunales ordinarios y la Corte Constitucional.
La licencia ambiental para el proyecto contó con el apoyo del 98% de la población dentro del área de influencia del proyecto, afirma la compañía que espera que el proyecto genere importantes beneficios socioeconómicos a largo plazo para la comunidad local de Las Naves.
Silvercorp es una compañía minera canadiense productora de plata, oro, plomo y zinc con una larga trayectoria de rentabilidad y potencial de crecimiento. La estrategia de la compañía es crear valor para los accionistas mediante el enfoque en la generación de flujo de caja libre de minas de larga vida.
Los procedimientos judiciales
La relación entre el proyecto Curipamba-El Domo y la comunidad de Las Naves es profundamente conflictiva, caracterizada por una división entre quienes ven en la minería una oportunidad de desarrollo económico y empleo (especialmente los jóvenes) y quienes temen la pérdida de su modo de vida agrícola y la contaminación de sus recursos hídricos.
Mientras Curimining promueve beneficios sociales y económicos, las comunidades de Las Naves, especialmente de Bellavista, Buenos Aires y Jerusalén, apoyadas por organizaciones como la Comisión Ecuménica de derechos Humanos, Cedhu, denuncian impactos ambientales, falta de consulta adecuada y represión. La desconfianza hacia las instituciones y las empresas, junto con los vínculos políticos del proyecto -el consorcio Nobis pertenece a la tía del Presidente Noboa-, intensifica el conflicto, que sigue siendo un punto de tensión en la región.
Las comunidades denuncian que el proceso de consulta ambiental, realizado entre julio y diciembre de 2023, no fue inclusivo ni transparente. Según líderes comunitarios como Daniel Sisa, se excluyó a comunidades afectadas y no se proporcionó información completa sobre los impactos del proyecto.
En febrero de 2024, luego de apelar en un proceso judicial seis comuneros fueron condenados a tres años de cárcel acusados de atentar en contra del proyecto en el cantón las Naves.
Esto ha generado desconfianza hacia el Maate y la empresa minera. Además, un grupo de personas y la Cedhu presentaron una acción de protección contra la licencia ambiental, argumentando violaciones en el proceso de consulta.
El 24 de julio de 2024, el juzgado local del cantón Las Naves desestimó la acción, confirmando que Maate había cumplido con los requisitos de consulta ambiental aplicables antes de emitir la licencia ambiental para el proyecto.
Los demandantes apelaron ante el juzgado provincial, el cual fue visto el 17 de octubre de 2024 y desestimado por el juzgado provincial el 12 de noviembre de 2024, confirmando la decisión del tribunal inferior de que el Maate cumplió correctamente con sus obligaciones de consulta ambiental antes de emitir la licencia.
Posteriormente, el 19 de diciembre de 2024, los demandantes interpusieron una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional (CC). El 26 de febrero de 2025, la máxima corte emitió una decisión denegando la admisión de dicha acción, alegando que no cumplía con los criterios constitucionales para su admisión.
El 3 de marzo de 2025, los demandantes presentaron una solicitud de aclaración. El 24 de julio de 2025, la CC rechazó por unanimidad la solicitud de aclaración.
A pesar de que los grupos antimineros han fracasado en todos los niveles del poder judicial ecuatoriano, incluida la CC, continúan participando en actividades ilegales y disruptivas destinadas a obstruir el desarrollo legítimo del proyecto, afirma la compañía.
En junio se vió en redes sociales efectivos de la Policía impidiendo a comuneros de sectores de Las Naves evitar el ingreso de maquinaria pesada.
Avance de la construcción
Pero hasta la fecha estas acciones no han afectado significativamente el avance del proyecto que se halla completando la remoción de suelos para sentar los cimientos de las diferentes instalaciones de la mina.
De acuerdo a las publicaciones en redes sociales, actualmente, se ejecutan las actividades de movimiento de tierra y adecuación vial, montaje de campamentos definitivos, preparación del terreno para implantación de obra civil y obras de tratamiento de aguas y manejo ambiental.
Así también, se desarrollan también el desbroce, nivelación y limpieza de escombros, manejo de flora y fauna con criterios técnicos, construcción de plataformas para campamentos y planta de hormigón, mejoramiento y ensanchamiento de vías estratégicas.
Esta fase se extenderá hasta el año 2026 y marca un hito en términos de inversión, planificación técnica y desarrollo territorial.
La compañía apela a que este proceso se desarrolló con un enfoque participativo, transparente e inclusivo, extendiéndose más allá de las zonas de influencia directa hasta la cabecera cantonal, permitiendo que también ciudadanos del área indirecta se informen, expresen sus opiniones y conozcan a fondo el proyecto.
Paralelamente, la compañía ha desarrollado con 12 comunidades acuerdos de desarrollo comunitario participativo, Adecop, como herramientas de gobernanza territorial con las comunidades vecinas, en los cuales se definen compromisos claros y trazables, apoyos sociales y técnicos y mecanismos de seguimiento conjunto, afirma la compañía en sus publicaciones.
Consulta ambiental en La Plata con dos ministras
Captura de video de @AlessioDat
Agosto 24 de 2025.- El nuevo Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), producto de la fusión en proceso del Ministerio de Energía y Minas (MEM) con el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), anunció que el 23 de agosto se realizó una “asamblea de consulta ambiental” del proyecto minero La Plata, ubicado en el cantón Sigchos, sierra norte del Ecuador, provincia de Cotopaxi.
Las consultas ambientales son una atribución del ministerio de Ambiente de acuerdo a la normativa vigente. Sin embargo, luego de la fusión de ambas carteras de Estado, se desconoce quién encabezará la nueva secretaría de Estado: ambas ex ministras, la de Energía y Minas, Inés Manzano, y la anterior cabeza del Maate, María Luisa Cruz Ríofrío, se mantienen en las noticias oficiales como “ministras”.
Tanto Manzano como Cruz se mantienen en sus cuenta personales de Equis como “ministra” y la nueva cuenta de Equis del MAE, está ligada a la página web del ex ministerio de Ambiente.
Las consultas ambientales son una atribución del ministerio de Ambiente de acuerdo a la normativa vigente. Sin embargo, luego de la fusión de ambas carteras de Estado, se desconoce quién encabezará la nueva secretaría de Estado: ambas ex ministras, la de Energía y Minas, Inés Manzano, y la anterior cabeza del Maate, María Luisa Cruz Ríofrío, se mantienen en las noticias oficiales como “ministras”.
Tanto Manzano como Cruz se mantienen en sus cuenta personales de Equis como “ministra” y la nueva cuenta de Equis del MAE, está ligada a la página web del ex ministerio de Ambiente.
El detalle es relevante porque las consultas a la ciudadanía en materia de proyectos mineros son procesos que han trastabillado en varios casos con movilización social o acciones legales de rechazo. Por tanto, son temas delicados y políticamente sensibles. Tanto más, porque la familia del Presidente Noboa no ha negado su participación en los negocios mineros.
Recientemente, pese a que el Maate de la ministra Cruz entregó la licencia ambiental al proyecto minero Loma Larga, la ministra Manzano suspendió ese acto administrativo hasta que la empresa operadora Dundee Precious Metals publique el estudio de impacto ambiental de la fase de explotación en una web, en formatos “entendibles para todo público”. La calificación, validación y aceptación de tales formatos y los plazos quedaron indefinidos.
El comunicado sobre el hecho reciente, dice también que la reunión se llevó a cabo en estricto cumplimiento del Decreto 754 y los estándares establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia del caso N° 51-23-IN/23, que permite la aplicación del decreto 754 mientras se aprueba una ley de consulta en la Asamblea Nacional.
Los reportes de prensa sobre este reciente evento que frente a la noticia han recogido expresiones de rechazo de activistas antimineros y también del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), que perdió a mediados del mes una apelación a la decisión judicial en contra de una acción de protección para detener la consulta ambiental en el proyecto, porque "los habitantes de Palo Quemado y Las Pampas han manifestado de forma contundente su oposición a la minería".
Recientemente, pese a que el Maate de la ministra Cruz entregó la licencia ambiental al proyecto minero Loma Larga, la ministra Manzano suspendió ese acto administrativo hasta que la empresa operadora Dundee Precious Metals publique el estudio de impacto ambiental de la fase de explotación en una web, en formatos “entendibles para todo público”. La calificación, validación y aceptación de tales formatos y los plazos quedaron indefinidos.
El comunicado sobre el hecho reciente, dice también que la reunión se llevó a cabo en estricto cumplimiento del Decreto 754 y los estándares establecidos por la Corte Constitucional en la sentencia del caso N° 51-23-IN/23, que permite la aplicación del decreto 754 mientras se aprueba una ley de consulta en la Asamblea Nacional.
Los reportes de prensa sobre este reciente evento que frente a la noticia han recogido expresiones de rechazo de activistas antimineros y también del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), que perdió a mediados del mes una apelación a la decisión judicial en contra de una acción de protección para detener la consulta ambiental en el proyecto, porque "los habitantes de Palo Quemado y Las Pampas han manifestado de forma contundente su oposición a la minería".
Cuenta observada el 24 de agosto de 2025.
Los procesos de consulta deberían realizarse en las comunidades en la zona de influencia del proyecto, operado por la compañía canadiense Atico Mining (TSX.V: ATY | OTCQX: ATCMF), y el comunicado oficial señala que la “asamblea” se realizó en dos comunidades, Las Minas de La Plata y San Pablo de la Plata, “con la participación voluntaria de los habitantes de los dos recintos”.
Con servidores de la Policía Nacional bloqueando la vía de acceso al área de la actividad oficial y presencia del ejército ecuatoriano se realizó el evento en la ubicación Palo Quemado, de acuerdo a medios informativos, población en la cual el proyecto La Plata tiene su sede, a 1493 metros de altura.
El boletín de prensa oficial, señaló también que “el proceso se desarrolló de manera libre, transparente y respetuosa, permitiendo que todos los asistentes expresaran su decisión mediante voto público, reflejando posiciones respecto del desarrollo del proyecto”. Sin embargo, en esta ocasión, el comunicado careció de la publicidad de los resultados.
Una mina única en su tipo en Ecuador
El proyecto La Plata es un depósito masivo de sulfuros vulcanogénicos rico en oro que se mantuvo en producción en régimen de pequeña minería de 1975 a 1988 aproximadamente.
Toachi Mining completó una PEA en 2024 estimando un recurso inferido de 1,85 millones de toneladas con 4,1 gramos de oro por tonelada, 50 gramos de plata por tonelada, 3,3% de cobre, 4,6% de zinc y 0,6% de plomo por tonelada. Por ellos, aunque en el régimen ecuatoriano se trata de una mina de tamaño mediano, a nivel regional será una pequeña mina polimetálica, con una inversión prevista de 100 millones de dólares.
La consulta ambiental es un requisito para la obtención de la licencia ambiental de explotación de la mina que sería única en su tipo en el Ecuador, porque producirá concentrado de zinc, además de concentrado de cobre. Y también, la primera en aplicar la tecnología de relaves filtrados, con lo cual el material depositado en las relaveras tendrá un 60% menos de agua que otros relaves en general.
Con servidores de la Policía Nacional bloqueando la vía de acceso al área de la actividad oficial y presencia del ejército ecuatoriano se realizó el evento en la ubicación Palo Quemado, de acuerdo a medios informativos, población en la cual el proyecto La Plata tiene su sede, a 1493 metros de altura.
El boletín de prensa oficial, señaló también que “el proceso se desarrolló de manera libre, transparente y respetuosa, permitiendo que todos los asistentes expresaran su decisión mediante voto público, reflejando posiciones respecto del desarrollo del proyecto”. Sin embargo, en esta ocasión, el comunicado careció de la publicidad de los resultados.
Una mina única en su tipo en Ecuador
El proyecto La Plata es un depósito masivo de sulfuros vulcanogénicos rico en oro que se mantuvo en producción en régimen de pequeña minería de 1975 a 1988 aproximadamente.
Toachi Mining completó una PEA en 2024 estimando un recurso inferido de 1,85 millones de toneladas con 4,1 gramos de oro por tonelada, 50 gramos de plata por tonelada, 3,3% de cobre, 4,6% de zinc y 0,6% de plomo por tonelada. Por ellos, aunque en el régimen ecuatoriano se trata de una mina de tamaño mediano, a nivel regional será una pequeña mina polimetálica, con una inversión prevista de 100 millones de dólares.
La consulta ambiental es un requisito para la obtención de la licencia ambiental de explotación de la mina que sería única en su tipo en el Ecuador, porque producirá concentrado de zinc, además de concentrado de cobre. Y también, la primera en aplicar la tecnología de relaves filtrados, con lo cual el material depositado en las relaveras tendrá un 60% menos de agua que otros relaves en general.
´Lobos´ y disidentes Farc superan operativos
de fuerza pública en La Merced de Buenos Aires
Foto. Fuerzas Armadas.
Agosto 17 de 2025.- Por Washington Benalcázar, para Vía Minera.- Los reiterados operativos de la fuerza pública de control de las minas ilegales de La Merced de Buenos Aires son superados por el regreso de los mineros, con su estela de actividades criminales y de violencia de grupos delincuenciales, al cantón Urcuquí. La población indefensa opta por mantenerse organizada y reiterar las denuncias con el único, y totalmente insuficiente, apoyo institucional de la Defensoría del Pueblo.
Mediante enfrentamientos armados, el grupo criminal vinculado al narcotráfico conocido como Los Lobos y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (disFARC) se disputan el control de las minas nombradas Nueva, Vieja y El Olivo, ubicadas en la cima de las montañas.
Hasta hace tres meses, rumores de campesinos esparcían la preocupación de choques entre estas bandas, que pelean por el control de esta parroquia del cantón Urcuquí. Pero el fenómeno cobró realidad el martes 29 de julio cuando fueron detenidos seis miembros del grupo dado a conocer por su extremo nivel de violencia a escala nacional, Los Lobos, en dos operativos, según la Policía Nacional.
Ni siquiera se trataba de un operativo, pero tres de los aprehendidos tenían en sus manos fusiles e intentaban huir del poblado en una camioneta cuyo conductor estaba secuestrado. Los otros tres sospechosos fueron capturados mientras se movilizaban en otro vehículo robado.
Si huían era porque horas antes tuvieron algún enfrentamiento a bala con un grupo de guerrilleros disidentes de las Farc, en la zona minera, cuentan los pobladores. Pero, esa no sería la única escaramuza ocurrida en esas montañas. Según denuncia el colectivo ciudadano Bonaerenses Unidos Protectores del Ecosistema (Buproe), el enfrentamiento del 29 de julio fue el tercero suscitado este mes. Y solo trascendió porque agentes de la Policía interceptaron la camioneta que llegó al centro poblado con los hombres armados.
Sin embargo, tienen elementos para creer que en la mañana del día siguiente se produjo otra balacera, en la comunidad de El Triunfo. En esa ocasión tres camionetas habrían sido robadas por hombres armados, que trataban de escapar del sector. Según relatan, ese día el puesto de control policial, ubicado al ingreso del centro poblado, estaba vacío.
En las redes sociales circuló un video de la zona montañosa de Buenos Aires. En la grabación, que dura aproximadamente cinco minutos, se escuchan disparos y ráfagas. Los habitantes de la parroquia comentan que ahora el control de las minas estaría en manos de los disFarc. Los Lobos los habrían expulsado pero recién lograron recuperar el control.
¿Cómo operan? Los disFarc, se dice, no hacen la minería ilegal sino que controlan el paso de los mineros y les cobran por cada carga. Los delitos conexos a la actividad minera ilegal, con los que se vinculan los grupos son vacunación, extorsión, tráfico de drogas y armas, prostitución, trata de personas y explotación laboral.
Esa vez también se conoció de robos de vehículos y motocicletas que no todas las víctimas denuncian formalmente por miedo a represalias, según comenta Yuly Tenorio, abogada de la Corporación Ambiental Asociación de Propietarios de Tierras Rurales del Norte del Ecuador (APT-Norte). La contaminación ambiental es denunciada por los habitantes de la etnia awá que se encuentran en la cuenca del río Lita: “siempre el río Lita está contaminado viene de la parroquia de Buenos Aires y cruza por nuestra comunidad”, dice Hugo arias, de Palmira de Toctemi.
Mediante enfrentamientos armados, el grupo criminal vinculado al narcotráfico conocido como Los Lobos y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (disFARC) se disputan el control de las minas nombradas Nueva, Vieja y El Olivo, ubicadas en la cima de las montañas.
Hasta hace tres meses, rumores de campesinos esparcían la preocupación de choques entre estas bandas, que pelean por el control de esta parroquia del cantón Urcuquí. Pero el fenómeno cobró realidad el martes 29 de julio cuando fueron detenidos seis miembros del grupo dado a conocer por su extremo nivel de violencia a escala nacional, Los Lobos, en dos operativos, según la Policía Nacional.
Ni siquiera se trataba de un operativo, pero tres de los aprehendidos tenían en sus manos fusiles e intentaban huir del poblado en una camioneta cuyo conductor estaba secuestrado. Los otros tres sospechosos fueron capturados mientras se movilizaban en otro vehículo robado.
Si huían era porque horas antes tuvieron algún enfrentamiento a bala con un grupo de guerrilleros disidentes de las Farc, en la zona minera, cuentan los pobladores. Pero, esa no sería la única escaramuza ocurrida en esas montañas. Según denuncia el colectivo ciudadano Bonaerenses Unidos Protectores del Ecosistema (Buproe), el enfrentamiento del 29 de julio fue el tercero suscitado este mes. Y solo trascendió porque agentes de la Policía interceptaron la camioneta que llegó al centro poblado con los hombres armados.
Sin embargo, tienen elementos para creer que en la mañana del día siguiente se produjo otra balacera, en la comunidad de El Triunfo. En esa ocasión tres camionetas habrían sido robadas por hombres armados, que trataban de escapar del sector. Según relatan, ese día el puesto de control policial, ubicado al ingreso del centro poblado, estaba vacío.
En las redes sociales circuló un video de la zona montañosa de Buenos Aires. En la grabación, que dura aproximadamente cinco minutos, se escuchan disparos y ráfagas. Los habitantes de la parroquia comentan que ahora el control de las minas estaría en manos de los disFarc. Los Lobos los habrían expulsado pero recién lograron recuperar el control.
¿Cómo operan? Los disFarc, se dice, no hacen la minería ilegal sino que controlan el paso de los mineros y les cobran por cada carga. Los delitos conexos a la actividad minera ilegal, con los que se vinculan los grupos son vacunación, extorsión, tráfico de drogas y armas, prostitución, trata de personas y explotación laboral.
Esa vez también se conoció de robos de vehículos y motocicletas que no todas las víctimas denuncian formalmente por miedo a represalias, según comenta Yuly Tenorio, abogada de la Corporación Ambiental Asociación de Propietarios de Tierras Rurales del Norte del Ecuador (APT-Norte). La contaminación ambiental es denunciada por los habitantes de la etnia awá que se encuentran en la cuenca del río Lita: “siempre el río Lita está contaminado viene de la parroquia de Buenos Aires y cruza por nuestra comunidad”, dice Hugo arias, de Palmira de Toctemi.
Comunidad Awá Palmira de Toctemi, en las riberas del río Lita.
La minería ilegal en Buenos Aires se remonta al año 2017, cuando se hizo de conocimiento público que había oro en las montañas y algún minero encontró las primeras vetas de oro. La temporada coincide con la llegada de la concesionaria Hanrine Ecuadorian Exploration & Mining que se hizo con las concesiones en el sitio del proyecto minero de exploración llamado Imba y al que accedieron mediante el proceso de subasta y remate realizado por el Gobierno.
Bastó para atraer la multitud de buscadores de sur del Ecuador, Colombia y Venezuela. Dos años después se calculaba que la parroquia, que tenía 2.000 personas, acogió a alrededor de 10 000 ciudadanos, entre mineros, proveedores de productos, jornaleros y delincuentes.
El recuento de operativos y megaoperativos de la fuerza pública es amplio y los resultados sirven más como propaganda de los gobiernos que para dejar efectos permanentes.
¿Qué propone el pueblo de la parroquia?
Lucia Chicaiza, presidente de la Junta Parroquial, gobierno autónomo descentralizado de elección popular en Ecuador, ha solicitado reiteradamente la intervención de las diversas entidades del Estado para poner fin a esta dinámica que golpea a Buenos Aires.
Uno de los planteamientos que se han hecho es que se militarice la zona, al menos, por tres años. También que la fuerza pública realice por lo menos un operativo cada semana. Además, que ingresen las instituciones de control minero, ambiental y de uso del suelo para regularizar, entre otros algunos predios en esta zona, que está prácticamente abandonada y en la que se vive al margen de la ley.
Por su lado, el Buproe solicitó el 29 de julio el desalojo total e inmediato de los frentes mineros que según ellos se ubican en las concesiones mineras IMBA 01, IMBA 02 e IMBA 06 de Hanrine donde operan las minas ilegales Vieja, Nueva y El Olivo, de la ex cuidad de plástico, la comunidad El Triunfo, el centro poblado de la parroquia rural La Merced de Buenos Aires, así como de los sectores El Chispo y El Cristal y la Comunidad San Pedro.
La Defensoría del Pueblo de Imbabura ha tomado el caso en sus manos debido al esfuerzo de la población mediante reiteradas denuncias. En uno de los informes advierte que la minería ilegal ha atraído a grupos delincuenciales que buscan controlar y aprovecharse de esta actividad ilícita.
También exigen al Estado cumplir las disposiciones y ejecutar las recomendaciones de la Defensoría contenidas en la Alerta Temprana N.° DPE- SAT-2024-002-AT y el Informe Defensorial e Informe Intermedio Caso-DPE-1001-100101-204-2023-003508-Mg.
Los activistas que luchan por su cuenta contra la violencia y en defensa de la naturaleza advierten que si no se toman las medidas necesarias, la inseguridad puede salirse definitivamente de las manos del Estado. Tal como ha ocurrido ya en provincias como Esmeraldas.
Bastó para atraer la multitud de buscadores de sur del Ecuador, Colombia y Venezuela. Dos años después se calculaba que la parroquia, que tenía 2.000 personas, acogió a alrededor de 10 000 ciudadanos, entre mineros, proveedores de productos, jornaleros y delincuentes.
El recuento de operativos y megaoperativos de la fuerza pública es amplio y los resultados sirven más como propaganda de los gobiernos que para dejar efectos permanentes.
¿Qué propone el pueblo de la parroquia?
Lucia Chicaiza, presidente de la Junta Parroquial, gobierno autónomo descentralizado de elección popular en Ecuador, ha solicitado reiteradamente la intervención de las diversas entidades del Estado para poner fin a esta dinámica que golpea a Buenos Aires.
Uno de los planteamientos que se han hecho es que se militarice la zona, al menos, por tres años. También que la fuerza pública realice por lo menos un operativo cada semana. Además, que ingresen las instituciones de control minero, ambiental y de uso del suelo para regularizar, entre otros algunos predios en esta zona, que está prácticamente abandonada y en la que se vive al margen de la ley.
Por su lado, el Buproe solicitó el 29 de julio el desalojo total e inmediato de los frentes mineros que según ellos se ubican en las concesiones mineras IMBA 01, IMBA 02 e IMBA 06 de Hanrine donde operan las minas ilegales Vieja, Nueva y El Olivo, de la ex cuidad de plástico, la comunidad El Triunfo, el centro poblado de la parroquia rural La Merced de Buenos Aires, así como de los sectores El Chispo y El Cristal y la Comunidad San Pedro.
La Defensoría del Pueblo de Imbabura ha tomado el caso en sus manos debido al esfuerzo de la población mediante reiteradas denuncias. En uno de los informes advierte que la minería ilegal ha atraído a grupos delincuenciales que buscan controlar y aprovecharse de esta actividad ilícita.
También exigen al Estado cumplir las disposiciones y ejecutar las recomendaciones de la Defensoría contenidas en la Alerta Temprana N.° DPE- SAT-2024-002-AT y el Informe Defensorial e Informe Intermedio Caso-DPE-1001-100101-204-2023-003508-Mg.
Los activistas que luchan por su cuenta contra la violencia y en defensa de la naturaleza advierten que si no se toman las medidas necesarias, la inseguridad puede salirse definitivamente de las manos del Estado. Tal como ha ocurrido ya en provincias como Esmeraldas.
Nuevos actores en batalla legal por la codiciada Cumbaratza
-Manzano detuvo una mediación y Sultana del Cóndor quiere invertir en Nanguipas-
Zamora, en agosto de 2023, el Gobernador de Zamora Chinchipe recibía a mineros de la parroquia San Carlos de las Minas que pedían solución a los conflictos, con propuestas a la empresa Cumbaratza. Foto: Gobernación.
Agosto 17 de 2025.- Se suma la empresa minera Sultana del Cóndor a la batalla legal de 30 años por el área conocida como el polígono de Cumbaratza, de 36000 hectáreas, muy rico en oro y cobre, ubicado en Zamora Chinchipe.
Sultana del Cóndor adquirió predios en la superficie del área de concesiones Nanguipa, que queda al interior del polígono, para plantearle a la Empresa Nacional Minera, Enami EP, realizar exploración ahí, por un monto de US$ 7,5 millones, lo que llevó a cabo en 2023. La empresa estatal tiene preponderancia en el caso por su presencia en 5070 hectáreas del polígono Cumbaratza.
Sultana, como se la conoce coloquialmente, tiene su concesión en explotación con el mismo nombre cerca de los nuevos predios. Un oficio de la Enami EP, del 20 de septiembre de 2023, le informó que las concesiones de nombre Nanguipa (código 501410), están siendo parte de la mediación “bajo la responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas”, proceso que tiene como objetivo “facilitar la resolución de conflictos y búsqueda de consenso entre las partes involucradas, garantizando un marco adecuado para el desarrollo de proyectos…”.
Enami EP le dijo también a Sultana, representada por el abogado Hernán Pérez Loose, que mientras estén en proceso de mediación, las concesiones “no se encuentran disponibles para la suscripción de ningún instrumento de carácter asociativo”. Enami EP y Sultana no firmaron contrato alguno.
La codiciada área y su manoseada sentencia
Cumbaratza es un área de explotación de oro ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, al sur oriente de Ecuador. Pero también contiene cobre. Vaya si el territorio es rico en oro y cobre.
Por su posesión, la empresa minera Cumbaratza (EC) ha avivado por 30 años un juicio contencioso administrativo No. 09801-1994-00037, en contra del Ministerio de Energía y Minas (MEM), de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y de la Procuraduría General del Estado (PGE). Discute en tribunales que la sentencia de casación, es decir, de última instancia dictada por la Justicia en 1996, le favoreció.
Los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Cantón Guayaquil, dictaron un auto de ejecución en octubre de 2017, que ordenó que se le otorgue un contrato a la empresa e incluso le señaló las coordenadas al MEM. Los jueces siguen emitiendo providencias como una última notificada el 18 de julio de 2025.
Con esas decisiones de los jueces, la empresa Cumbaratza ha hecho acuerdos con mineros de la Cooperativa de Producción Minera 11 de Julio, de Loja, con 540 miembros, para que se regularicen sus supuestos títulos mineros en el sector Nambija, parroquia San Carlos de las Minas, superpuestos dentro del polígono.
Incluso logró convencer al MEM de organizar una mediación con presencia de una serie de representantes de grupos de mineros artesanales y pequeños, delegados de Arcom y de Enami EP y, por supuesto la empresa. Con Fernando Santos Alvite como ministro inició la mediación en octubre de 2023. La Procuraduría del Estado fue involucrada para prestar el servicio de mediación.
En su ejercicio del cargo, la ex viceministra Rebeca Illescas informó a la ministra Inés Manzano que había que parar el procedimiento y así se hizo.
Pero Sultana había solicitado que se le invite a la mediación, advirtiendo que la pretensión de EC en el procedimiento afectaba a sus intereses y al de una decena de empresas mineras porque no pueden acceder a los convenios con la Enami EP.
Sultana del Cóndor adquirió predios en la superficie del área de concesiones Nanguipa, que queda al interior del polígono, para plantearle a la Empresa Nacional Minera, Enami EP, realizar exploración ahí, por un monto de US$ 7,5 millones, lo que llevó a cabo en 2023. La empresa estatal tiene preponderancia en el caso por su presencia en 5070 hectáreas del polígono Cumbaratza.
Sultana, como se la conoce coloquialmente, tiene su concesión en explotación con el mismo nombre cerca de los nuevos predios. Un oficio de la Enami EP, del 20 de septiembre de 2023, le informó que las concesiones de nombre Nanguipa (código 501410), están siendo parte de la mediación “bajo la responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas”, proceso que tiene como objetivo “facilitar la resolución de conflictos y búsqueda de consenso entre las partes involucradas, garantizando un marco adecuado para el desarrollo de proyectos…”.
Enami EP le dijo también a Sultana, representada por el abogado Hernán Pérez Loose, que mientras estén en proceso de mediación, las concesiones “no se encuentran disponibles para la suscripción de ningún instrumento de carácter asociativo”. Enami EP y Sultana no firmaron contrato alguno.
La codiciada área y su manoseada sentencia
Cumbaratza es un área de explotación de oro ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, al sur oriente de Ecuador. Pero también contiene cobre. Vaya si el territorio es rico en oro y cobre.
Por su posesión, la empresa minera Cumbaratza (EC) ha avivado por 30 años un juicio contencioso administrativo No. 09801-1994-00037, en contra del Ministerio de Energía y Minas (MEM), de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y de la Procuraduría General del Estado (PGE). Discute en tribunales que la sentencia de casación, es decir, de última instancia dictada por la Justicia en 1996, le favoreció.
Los jueces del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Cantón Guayaquil, dictaron un auto de ejecución en octubre de 2017, que ordenó que se le otorgue un contrato a la empresa e incluso le señaló las coordenadas al MEM. Los jueces siguen emitiendo providencias como una última notificada el 18 de julio de 2025.
Con esas decisiones de los jueces, la empresa Cumbaratza ha hecho acuerdos con mineros de la Cooperativa de Producción Minera 11 de Julio, de Loja, con 540 miembros, para que se regularicen sus supuestos títulos mineros en el sector Nambija, parroquia San Carlos de las Minas, superpuestos dentro del polígono.
Incluso logró convencer al MEM de organizar una mediación con presencia de una serie de representantes de grupos de mineros artesanales y pequeños, delegados de Arcom y de Enami EP y, por supuesto la empresa. Con Fernando Santos Alvite como ministro inició la mediación en octubre de 2023. La Procuraduría del Estado fue involucrada para prestar el servicio de mediación.
En su ejercicio del cargo, la ex viceministra Rebeca Illescas informó a la ministra Inés Manzano que había que parar el procedimiento y así se hizo.
Pero Sultana había solicitado que se le invite a la mediación, advirtiendo que la pretensión de EC en el procedimiento afectaba a sus intereses y al de una decena de empresas mineras porque no pueden acceder a los convenios con la Enami EP.
La compañía Sultana es una minera formal de pequeña minería, con cierta alta tecnología en sus instalaciones, que lleva 30 años realizando exploración, explotación y exportación de oro, y hace parte del patrimonio empresarial de la familia Brown-Hidalgo. En su interés de invertir en las concesiones de Enami EP, solicitó que se convoque a la Contraloría General del Estado a constatar las actuales y eventuales regalías mineras que están en juego en este caso.
Y digamos que se cansó de lo que llamó “un rosario de abusos” jurídicos de EC y decidió que tiene que intervenir en el proceso judicial para lo cual presentó un “recurso horizontal” de revocatoria del auto de ejecución de octubre de 2017. Y también peticiones de revocatoria de otra decisión del tribunal contencioso, del 9 de abril de 2025. Entre sus peticiones, advirtió al tribunal que podría ser sancionado disciplinariamente por el Consejo de la Judicatura.
¿En qué punto está el legendario caso?
Yavar y Pérez son pesos pesados de los estudios jurídicos del país. El tribunal contencioso se mantiene con base en la Ley de lo Contencioso Administrativo para interpretar la sentencia de casación a favor de la empresa. Todos los abogados que han pasado por el MEM y la Procuraduría, afirman lo contrario, según la PGE, y dan como válida únicamente la sentencia de 1996.
Para legos como los tranquilos periodistas de este medio, si la casación es la última instancia, la empresa Cumbaratza debía haber acudido a instancias internacionales y no al mentado tribunal, como cualquier persona que sabe la situación de crisis de la Justicia en el Ecuador. Pero el dueño Juan Carlos Peña dice que nunca les pasó por la cabeza, que desde 2019 dialogan con las autoridades y con los titulares de la zona.
La defensa técnica de la Procuraduría respondió recientemente, al igual que el MEM, que el mentado “auto de ejecución” contraviene “de forma flagrante el ordenamiento jurídico vigente y, fundamentalmente, por pretender revivir una controversia que fue resuelta en última y definitiva instancia con la calidad de cosa juzgada hace casi tres décadas”.
Mientras tanto, está vigente la orden MEM-MEM-2025-0006-AM, a toda la institucionalidad del sector minero, de respetar irrestrictamente la sentencia de casación del 3 de abril de 1996 y dejar sin efecto todas las inscripciones de títulos mineros en esa área que la contradigan.
Allí, Manzano ordenó al Especialista de Registro Minero en Territorio de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe de la Arcom la desgraficación de las áreas de la empresa Cumbaratza, que se encontraban dentro del polígono, lo cual debería haberse cumplido. Y los únicos titulares mineros que mantienen vigentes sus derechos son los que operan en la zona de Nambija, San Carlos de las Minas, Cumbaratza y Zumbi, con los plazos de cada título minero.
EC califica, denuncia y amenaza a contradictores
La empresa EC denunció el interés de la compañía Sultana como ilegítimo por no ser parte procesal. Le advirtió de una presunta instigación al tribunal para cometer prevaricato y de muchos otros posibles delitos en que estaría incurriendo en su intervención.
En carta al gerente de la Enami EP del 9 de junio, acusó al MEM de actitud sorprendente y sospechosa por haber cancelado la mediación. Ha llegado a la conclusión de que el Ministerio copió en el 88% a Sultana su razonamiento jurídico para fundamentar el memo terminado en 0006-AM. Le pide una mesa de trabajo “urgente” para darle a conocer los pronunciamientos del tribunal contencioso, a fin de “prevenir cualquier actuación de la Enami Ep que provoque un incumplimiento”.
También amenaza a la ministra Manzano con una investigación penal por incumplir decisión legítima de autoridad competente.
A la ex viceministra Illescas le acusó de un comportamiento “déspota y agresivo” cuando asistió a la mediación.
Denunció en medios de información a la abogada María Emilia Limongi Izaguirre, del equipo de Sultana, porque el 27 de enero ingresó como asesora del MEM. Lo verificamos y es cosa de ella. Según el artículo 153 de la Constitución: "Las servidoras o servidores públicos, durante los dos años posteriores a la cesación de sus funciones, no podrán desempeñar cargos, representaciones, asesorías ni actividades remuneradas en instituciones privadas sujetas a la regulación o control del organismo en el que hayan ejercido sus funciones, cuando estas actividades estén vinculadas directamente con el ámbito de su gestión anterior".
Osea que, cuando salga, por ese lapso no podrá trabajar en Energía, Minas ni Ambiente…
El gerente general de la Cumbaratza está decidido a contradecir, denunciar y amenazar a todos los que no compartan los criterios jurídicos de su alta inversión en abogados. El ingeniero Peña todavía no responde a nuestro cuestionario enviado hace un mes. Pero nosotros no somos nadie, y este caso, al decir de otra abogada, es para una tesis de grado en la carrera judicial.
Y digamos que se cansó de lo que llamó “un rosario de abusos” jurídicos de EC y decidió que tiene que intervenir en el proceso judicial para lo cual presentó un “recurso horizontal” de revocatoria del auto de ejecución de octubre de 2017. Y también peticiones de revocatoria de otra decisión del tribunal contencioso, del 9 de abril de 2025. Entre sus peticiones, advirtió al tribunal que podría ser sancionado disciplinariamente por el Consejo de la Judicatura.
¿En qué punto está el legendario caso?
Yavar y Pérez son pesos pesados de los estudios jurídicos del país. El tribunal contencioso se mantiene con base en la Ley de lo Contencioso Administrativo para interpretar la sentencia de casación a favor de la empresa. Todos los abogados que han pasado por el MEM y la Procuraduría, afirman lo contrario, según la PGE, y dan como válida únicamente la sentencia de 1996.
Para legos como los tranquilos periodistas de este medio, si la casación es la última instancia, la empresa Cumbaratza debía haber acudido a instancias internacionales y no al mentado tribunal, como cualquier persona que sabe la situación de crisis de la Justicia en el Ecuador. Pero el dueño Juan Carlos Peña dice que nunca les pasó por la cabeza, que desde 2019 dialogan con las autoridades y con los titulares de la zona.
La defensa técnica de la Procuraduría respondió recientemente, al igual que el MEM, que el mentado “auto de ejecución” contraviene “de forma flagrante el ordenamiento jurídico vigente y, fundamentalmente, por pretender revivir una controversia que fue resuelta en última y definitiva instancia con la calidad de cosa juzgada hace casi tres décadas”.
Mientras tanto, está vigente la orden MEM-MEM-2025-0006-AM, a toda la institucionalidad del sector minero, de respetar irrestrictamente la sentencia de casación del 3 de abril de 1996 y dejar sin efecto todas las inscripciones de títulos mineros en esa área que la contradigan.
Allí, Manzano ordenó al Especialista de Registro Minero en Territorio de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe de la Arcom la desgraficación de las áreas de la empresa Cumbaratza, que se encontraban dentro del polígono, lo cual debería haberse cumplido. Y los únicos titulares mineros que mantienen vigentes sus derechos son los que operan en la zona de Nambija, San Carlos de las Minas, Cumbaratza y Zumbi, con los plazos de cada título minero.
EC califica, denuncia y amenaza a contradictores
La empresa EC denunció el interés de la compañía Sultana como ilegítimo por no ser parte procesal. Le advirtió de una presunta instigación al tribunal para cometer prevaricato y de muchos otros posibles delitos en que estaría incurriendo en su intervención.
En carta al gerente de la Enami EP del 9 de junio, acusó al MEM de actitud sorprendente y sospechosa por haber cancelado la mediación. Ha llegado a la conclusión de que el Ministerio copió en el 88% a Sultana su razonamiento jurídico para fundamentar el memo terminado en 0006-AM. Le pide una mesa de trabajo “urgente” para darle a conocer los pronunciamientos del tribunal contencioso, a fin de “prevenir cualquier actuación de la Enami Ep que provoque un incumplimiento”.
También amenaza a la ministra Manzano con una investigación penal por incumplir decisión legítima de autoridad competente.
A la ex viceministra Illescas le acusó de un comportamiento “déspota y agresivo” cuando asistió a la mediación.
Denunció en medios de información a la abogada María Emilia Limongi Izaguirre, del equipo de Sultana, porque el 27 de enero ingresó como asesora del MEM. Lo verificamos y es cosa de ella. Según el artículo 153 de la Constitución: "Las servidoras o servidores públicos, durante los dos años posteriores a la cesación de sus funciones, no podrán desempeñar cargos, representaciones, asesorías ni actividades remuneradas en instituciones privadas sujetas a la regulación o control del organismo en el que hayan ejercido sus funciones, cuando estas actividades estén vinculadas directamente con el ámbito de su gestión anterior".
Osea que, cuando salga, por ese lapso no podrá trabajar en Energía, Minas ni Ambiente…
El gerente general de la Cumbaratza está decidido a contradecir, denunciar y amenazar a todos los que no compartan los criterios jurídicos de su alta inversión en abogados. El ingeniero Peña todavía no responde a nuestro cuestionario enviado hace un mes. Pero nosotros no somos nadie, y este caso, al decir de otra abogada, es para una tesis de grado en la carrera judicial.
Promesa de transición energética justa y reconocimiento
de pequeños mineros levanta paro en Boyacá, Colombia
Agosto 10 de 2025.- Después de varios días de paro minero, el departamento de Boyacá volvió a la normalidad. Un acuerdo entre el Gobierno de Colombia, autoridades locales y líderes del sector permitió resolver el conflicto, reconociendo la dignidad de los pequeños mineros y comprometiéndose con acciones para que la transición energética sea justa e inclusiva.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, celebró el acuerdo: “El gobierno nacional reconoce la dignidad de todas las personas que viven del trabajo en la explotación de carbón, son personas trabajadoras que han dedicado su vida a esta labor”.
El Gobierno se comprometió a seguir una hoja de ruta para el desarrollo de una transición energética justa (TEJ) en el departamento de Boyacá, que incluya de manera clara la pequeña minería de carbón, y que sea construida con la participación del pueblo boyacense.
De otro lado, a la formalización, el reconocimiento, y el destrabe de trámites para garantizar la dignificación de los pequeños mineros de Boyacá. Además, se dieron soluciones para seguir con la capitalización de la empresa Gensa y se otorgaron 15 títulos a pequeños mineros.
“Avanzaremos en planes regionales de reconversión productiva, para preparar a las empresas de minería del carbón, a los trabajadores, a las comunidades y las autoridades locales. Ese plan se sustentará en las inmensas potencialidades de Boyacá en minerales estratégicos, agroindustria y turismo, así como en energías limpias”, afirmó Palma.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, celebró el acuerdo: “El gobierno nacional reconoce la dignidad de todas las personas que viven del trabajo en la explotación de carbón, son personas trabajadoras que han dedicado su vida a esta labor”.
El Gobierno se comprometió a seguir una hoja de ruta para el desarrollo de una transición energética justa (TEJ) en el departamento de Boyacá, que incluya de manera clara la pequeña minería de carbón, y que sea construida con la participación del pueblo boyacense.
De otro lado, a la formalización, el reconocimiento, y el destrabe de trámites para garantizar la dignificación de los pequeños mineros de Boyacá. Además, se dieron soluciones para seguir con la capitalización de la empresa Gensa y se otorgaron 15 títulos a pequeños mineros.
“Avanzaremos en planes regionales de reconversión productiva, para preparar a las empresas de minería del carbón, a los trabajadores, a las comunidades y las autoridades locales. Ese plan se sustentará en las inmensas potencialidades de Boyacá en minerales estratégicos, agroindustria y turismo, así como en energías limpias”, afirmó Palma.
US$ 5,3 millones en costas arbitrales dejó el caso Llurimagua
-De abogados, mineros, abogados de mineros y puertas giratorias-
Julio 24 de 2025.- Hay un secreto a voces en la comunidad minera o lo que tecnocráticamente llamamos ´sector minero´: y es que en el Ecuador no existe minería sin abogados. Los abogados son inseparables de la actividad, ya sea para los mineros artesanales, como para los grandes mineros; ya sea para la alcaldía de cualquier cantón generalmente remoto del país, a donde ningún médico recién graduado se quiere ir de rural; o para la planta central del ministerio sectorial, el de minas, que en nuestro país, por cierto, hasta ayer era el de energía y minas.
Los abogados son la parte, diríamos, víctimas colaterales de la guerra por las concesiones, por los derechos, por las interpretaciones legales de la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, los códigos y ordenanzas tributarios, las incontables normas nacionales que rigen la actividad. Es un sector tan necesitado de defensa legal, que prefiero llamarle comunidad, la comunidad minera del Ecuador. Que no es tal sin sus abogados.
¿Qué porcentaje de los gastos de operación, de exploración, de producción, de los OPEX, de los CAPEX se van en abogados? En realidad tal vez alguna inteligencia artificial con vocación de hacker lo podría contestar, porque no aparece en los informes publicados, o no los hemos visto. Pero sabemos que algunas empresas tienen abogados en sus directorios corporativos, osea entre quienes deciden, no solo entre quienes hacen lo que les piden y cobran por la labor.
Abogados de la República. Abogados de los estudios jurídicos. Abogados de recursos naturales. Abogados petroleros devenidos a mineros. Abogados de estudios nacionales. Abogados de las grandes ligas o estudios internacionales. El vicepresidente del gremio de las empresas de exploración o junior extranjeras, es abogado.
Abogados que, de tanto saber, dejaron su condición de expertos en derecho constitucional y se hicieron abogados de la compañía equis. Que dejaron su vocación para el derecho ambiental y se hicieron abogados de la minera ye. Y acaso miembros destacados y visibles de su Directorio.
No hace falta poner nombres. ¿Para elevarlos sobre los demás? ¿O para jerarquizarlos en público, cuando excepcionalmente dejan el bajo perfil? Solo cuando entran a las lides políticas, en casos. No hace falta. Todos los conocen. Entre todos se odian o se admiran. Se envidian y se respetan. Se consultan y se ocultan. Información. Experiencia. Si la información es poder, la experiencia en minería en este país es cotizadísima.
La confidencialidad abogado-cliente. El blindaje profesional. El secreto comercial. La discreción por modestia. Con todo, todos se conocen y todos forman parte de una red invisible paralela, que permite la existencia de esa como motogüadaña de papel, que va abriendo puertas, o como el invisible reino fungi bajo nuestros pies permite la existencia de la vida.
Están ahí y entre todos se conocen y se distribuyen todo ese 7% de superficie concesionada del territorio ecuatoriano. Y son tan ordenados o caóticos como la comunidad minera. Son el reflejo de ese sector, que tiene de todo. Creería que desde patriotas hasta mercenarios. Pero eso es así en todas o casi todas las profesiones, incluida la nuestra, la de unos tranquilos periodistas.
Hemos encontrado ese mundo de los abogados mineros, que está por todas partes. Por ejemplo, en el cargo de “analista de minería industrial 2” hay una abogada, o, y sobre todo en los cargos de asesores del ministerio o de gerentes de la empresa nacional minera o incluso de ministros. Seis de doce viceministros de minería en los últimos 8 años, abogados. Como si en Ecuador no hubiera más ingenieros, mineros, geólogos, geotécnicos, geofísicos, vulcanólogos, matemáticos, petroleros, eléctricos, mecánicos, ingenieros civiles, administradores, economistas, tributaristas, investigadores, planificadores… Son superprofesionales los abogados en el Ecuador.
Pero nos preguntábamos ¿cuánto de los gastos de la industria se va en abogados? Desconocemos. Pero ya podemos hacernos una idea de cuánto se va en abogados en un arbitraje minero. En el caso Llurimagua porque, por esas cosas de la vida, el último y reciente laudo final completo sobre este caso, ha llegado a nuestras manos.
El capítulo es “Costas”, página 205: La Corporación Chilena del Cobre (Codelco) solicitó al tribunal de arbitraje que condene a las demandadas, la República del Ecuador y la Empresa Nacional Minera (Enami EP) al pago de todas las costas y gastos en los que ha incurrido en relación con este arbitraje.
Concretamente, un monto total de US$ 20´029 496,09, correspondientes a los siguientes conceptos:
- Honorarios legales: US$ 14´843 322,8.
- Honorarios de peritos: US$ 3´718 570,69.
- Avances sobre costas a la Cámara de Comercio Internacional (CCI): US$ 787 500.
- Gastos de traslados, alimentación y alojamientos: US$ 422 008,14.
Y gastos de soporte: USD$ 258 094,46.
¿Cuál es el monto de las costas de la defensa? Osea, lo que nos costó a los ecuatorianos el arbitraje, aparte de los US$ 25,3 millones que ordenó el tribunal que paguemos a la estatal chilena.
El monto total es US$ 5´257 945,03, correspondientes a los siguientes conceptos:
- Honorarios legales: US$ 3´351 926,21.
- Honorarios de peritos: US$ 1´085 750,30.
- Avances sobre costas a la CCI US$ 787,500.
- Gastos de traslados, alimentación y alojamientos: US$ 29 781,59 y,
- Gastos de soporte US$ 2986,93.
Y así como no existe minería sin costos de abogados, en la actualidad una inmensa parte de las concesiones de ese 7% del territorio concesionado, está sujeto a las no necesariamente justas, de Justicia, sino a los actualmente volubles tribunales. Al menos un 30% de las concesiones del registro minero, están siendo parte de procesos legales. Sí, en esos juzgados en los que gran parte del país no confía (una encuesta de Ipsos en 2023, indica que la confianza en el sistema de justicia y los jueces en Ecuador es extremadamente baja: solo el 15% de los ecuatorianos confía en el sistema de justicia y solo un 12% de la población expresa confianza en los jueces).
Los concesionarios que quieren que se les extiendan sus plazos por cualquier pretexto, solicitan acciones a jueces. Los que quieren que se les otorgue concesiones aunque no cumplan con los requisitos, los que no presentaron a tiempo, los que no completaron los requisitos, los que etc… consiguen jueces que los amparen. Y abogados que les representen.
Por eso hay superposición de concesiones, hay concesiones no metálicas sobre áreas metálicas, más de un titular sobre algunas concesiones, en fin, y sin entrar en los casos de resistencia comunitaria a la minería, lo que en nuestro ejercicio periodístico nos hemos topado ha sido, sin exagerar, escandaloso. Como si un tsunami hubiera pasado por el catastro minero. Y sálvese quien pueda… pagar más abogados, o un juez.
Las autoridades evitan explicar por qué la “depuración” de los procesos pendientes durante el cierre del catastro minero nunca pasó del 80%, el 20% de las concesiones con irregularidades es de las intocables. Ni el ministerio, ni la Arcom pueden aplicar la ley de minería, porque están sujetos a las voluntades de jueces. En muchos casos, en manos de “jueces de familia, niñez y adolescencia”, como en el emblemático caso de las supuestas concesiones de los banqueros Isaías, que caen en las áreas que hacen parte del riquísimo proyecto de oro Muyuyacu. O en manos de jueces de lo “contencioso administrativo” como en el caso del polígono Cumbaratza: ¡30 años sin aplicarse una sentencia de casación!
Entre los últimos casos que hemos topado, un protagonismo ya normalizado de los abogados. Ahí está, el letrado Diego Ocampo Lascano presentó demanda de inconstitucionalidad en contra de la tasa de fiscalización minera, “por sus propios derechos”, y hace no mucho fue viceministro de Minería, por cuatro meses de 2024. Con una disposición como el artículo 153 de la Constitución ecuatoriana, que regula las inhabilidades de los servidores públicos tras cesar en sus funciones, está complicado.
El texto del artículo 153 establece lo siguiente: "Las servidoras o servidores públicos, durante los dos años posteriores a la cesación de sus funciones, no podrán desempeñar cargos, representaciones, asesorías ni actividades remuneradas en instituciones privadas sujetas a la regulación o control del organismo en el que hayan ejercido sus funciones, cuando estas actividades estén vinculadas directamente con el ámbito de su gestión anterior."
Al respecto dice el inteligente Grok: Este artículo busca prevenir conflictos de intereses, garantizando que las autoridades no utilicen información privilegiada o su influencia para beneficio personal en el sector privado inmediatamente después de dejar su cargo público. El plazo establecido es de dos años posteriores a la cesación de funciones.
En otras palabras: evitar las “puertas giratorias”. Pero ¿habrá quien lo aplique, quien lo haga respetar? Lo desconocemos.
Ahí está una abogada que funge de representante de una empresa minera, Sultana del Cóndor SA, que a los pocos días de ser autorizada por su estudio para esa defensa, empezó sus labores como asesora del MEM: la jovencísima María Emilia Limongi Izaguirre, de Coronel & Pérez. Por cierto, el mismo estudio jurídico que defendió a Codelco en el arbitraje.
Uno de ellos, porque a Codelco también lo defendieron, de acuerdo al laudo final arbitral: los abogados de Sullivan & Cromwell LlP, domiciliado en Nueva York.
Al Ecuador y a la Enami EP, lo defendieron en el proceso arbitral francés, los abogados de la empresa nacional minera y los de la Procuraduría del Estado, además del estudio jurídico Wordstone Dispute Resolution AARPI, domiciliado en París, y el doctor Santos Burbano de Lara, domiciliado en Cumbayá, Quito DM.
El arbitraje inició el 21 de agosto de 2021, demoró cuatro años. En entregas posteriores hablaremos sobre las inversiones declaradas por Codelco en Llurimagua y las negociaciones del pacto de accionistas, que no llegó a firmarse.
Los abogados son la parte, diríamos, víctimas colaterales de la guerra por las concesiones, por los derechos, por las interpretaciones legales de la Constitución, los tratados internacionales, las leyes, los códigos y ordenanzas tributarios, las incontables normas nacionales que rigen la actividad. Es un sector tan necesitado de defensa legal, que prefiero llamarle comunidad, la comunidad minera del Ecuador. Que no es tal sin sus abogados.
¿Qué porcentaje de los gastos de operación, de exploración, de producción, de los OPEX, de los CAPEX se van en abogados? En realidad tal vez alguna inteligencia artificial con vocación de hacker lo podría contestar, porque no aparece en los informes publicados, o no los hemos visto. Pero sabemos que algunas empresas tienen abogados en sus directorios corporativos, osea entre quienes deciden, no solo entre quienes hacen lo que les piden y cobran por la labor.
Abogados de la República. Abogados de los estudios jurídicos. Abogados de recursos naturales. Abogados petroleros devenidos a mineros. Abogados de estudios nacionales. Abogados de las grandes ligas o estudios internacionales. El vicepresidente del gremio de las empresas de exploración o junior extranjeras, es abogado.
Abogados que, de tanto saber, dejaron su condición de expertos en derecho constitucional y se hicieron abogados de la compañía equis. Que dejaron su vocación para el derecho ambiental y se hicieron abogados de la minera ye. Y acaso miembros destacados y visibles de su Directorio.
No hace falta poner nombres. ¿Para elevarlos sobre los demás? ¿O para jerarquizarlos en público, cuando excepcionalmente dejan el bajo perfil? Solo cuando entran a las lides políticas, en casos. No hace falta. Todos los conocen. Entre todos se odian o se admiran. Se envidian y se respetan. Se consultan y se ocultan. Información. Experiencia. Si la información es poder, la experiencia en minería en este país es cotizadísima.
La confidencialidad abogado-cliente. El blindaje profesional. El secreto comercial. La discreción por modestia. Con todo, todos se conocen y todos forman parte de una red invisible paralela, que permite la existencia de esa como motogüadaña de papel, que va abriendo puertas, o como el invisible reino fungi bajo nuestros pies permite la existencia de la vida.
Están ahí y entre todos se conocen y se distribuyen todo ese 7% de superficie concesionada del territorio ecuatoriano. Y son tan ordenados o caóticos como la comunidad minera. Son el reflejo de ese sector, que tiene de todo. Creería que desde patriotas hasta mercenarios. Pero eso es así en todas o casi todas las profesiones, incluida la nuestra, la de unos tranquilos periodistas.
Hemos encontrado ese mundo de los abogados mineros, que está por todas partes. Por ejemplo, en el cargo de “analista de minería industrial 2” hay una abogada, o, y sobre todo en los cargos de asesores del ministerio o de gerentes de la empresa nacional minera o incluso de ministros. Seis de doce viceministros de minería en los últimos 8 años, abogados. Como si en Ecuador no hubiera más ingenieros, mineros, geólogos, geotécnicos, geofísicos, vulcanólogos, matemáticos, petroleros, eléctricos, mecánicos, ingenieros civiles, administradores, economistas, tributaristas, investigadores, planificadores… Son superprofesionales los abogados en el Ecuador.
Pero nos preguntábamos ¿cuánto de los gastos de la industria se va en abogados? Desconocemos. Pero ya podemos hacernos una idea de cuánto se va en abogados en un arbitraje minero. En el caso Llurimagua porque, por esas cosas de la vida, el último y reciente laudo final completo sobre este caso, ha llegado a nuestras manos.
El capítulo es “Costas”, página 205: La Corporación Chilena del Cobre (Codelco) solicitó al tribunal de arbitraje que condene a las demandadas, la República del Ecuador y la Empresa Nacional Minera (Enami EP) al pago de todas las costas y gastos en los que ha incurrido en relación con este arbitraje.
Concretamente, un monto total de US$ 20´029 496,09, correspondientes a los siguientes conceptos:
- Honorarios legales: US$ 14´843 322,8.
- Honorarios de peritos: US$ 3´718 570,69.
- Avances sobre costas a la Cámara de Comercio Internacional (CCI): US$ 787 500.
- Gastos de traslados, alimentación y alojamientos: US$ 422 008,14.
Y gastos de soporte: USD$ 258 094,46.
¿Cuál es el monto de las costas de la defensa? Osea, lo que nos costó a los ecuatorianos el arbitraje, aparte de los US$ 25,3 millones que ordenó el tribunal que paguemos a la estatal chilena.
El monto total es US$ 5´257 945,03, correspondientes a los siguientes conceptos:
- Honorarios legales: US$ 3´351 926,21.
- Honorarios de peritos: US$ 1´085 750,30.
- Avances sobre costas a la CCI US$ 787,500.
- Gastos de traslados, alimentación y alojamientos: US$ 29 781,59 y,
- Gastos de soporte US$ 2986,93.
Y así como no existe minería sin costos de abogados, en la actualidad una inmensa parte de las concesiones de ese 7% del territorio concesionado, está sujeto a las no necesariamente justas, de Justicia, sino a los actualmente volubles tribunales. Al menos un 30% de las concesiones del registro minero, están siendo parte de procesos legales. Sí, en esos juzgados en los que gran parte del país no confía (una encuesta de Ipsos en 2023, indica que la confianza en el sistema de justicia y los jueces en Ecuador es extremadamente baja: solo el 15% de los ecuatorianos confía en el sistema de justicia y solo un 12% de la población expresa confianza en los jueces).
Los concesionarios que quieren que se les extiendan sus plazos por cualquier pretexto, solicitan acciones a jueces. Los que quieren que se les otorgue concesiones aunque no cumplan con los requisitos, los que no presentaron a tiempo, los que no completaron los requisitos, los que etc… consiguen jueces que los amparen. Y abogados que les representen.
Por eso hay superposición de concesiones, hay concesiones no metálicas sobre áreas metálicas, más de un titular sobre algunas concesiones, en fin, y sin entrar en los casos de resistencia comunitaria a la minería, lo que en nuestro ejercicio periodístico nos hemos topado ha sido, sin exagerar, escandaloso. Como si un tsunami hubiera pasado por el catastro minero. Y sálvese quien pueda… pagar más abogados, o un juez.
Las autoridades evitan explicar por qué la “depuración” de los procesos pendientes durante el cierre del catastro minero nunca pasó del 80%, el 20% de las concesiones con irregularidades es de las intocables. Ni el ministerio, ni la Arcom pueden aplicar la ley de minería, porque están sujetos a las voluntades de jueces. En muchos casos, en manos de “jueces de familia, niñez y adolescencia”, como en el emblemático caso de las supuestas concesiones de los banqueros Isaías, que caen en las áreas que hacen parte del riquísimo proyecto de oro Muyuyacu. O en manos de jueces de lo “contencioso administrativo” como en el caso del polígono Cumbaratza: ¡30 años sin aplicarse una sentencia de casación!
Entre los últimos casos que hemos topado, un protagonismo ya normalizado de los abogados. Ahí está, el letrado Diego Ocampo Lascano presentó demanda de inconstitucionalidad en contra de la tasa de fiscalización minera, “por sus propios derechos”, y hace no mucho fue viceministro de Minería, por cuatro meses de 2024. Con una disposición como el artículo 153 de la Constitución ecuatoriana, que regula las inhabilidades de los servidores públicos tras cesar en sus funciones, está complicado.
El texto del artículo 153 establece lo siguiente: "Las servidoras o servidores públicos, durante los dos años posteriores a la cesación de sus funciones, no podrán desempeñar cargos, representaciones, asesorías ni actividades remuneradas en instituciones privadas sujetas a la regulación o control del organismo en el que hayan ejercido sus funciones, cuando estas actividades estén vinculadas directamente con el ámbito de su gestión anterior."
Al respecto dice el inteligente Grok: Este artículo busca prevenir conflictos de intereses, garantizando que las autoridades no utilicen información privilegiada o su influencia para beneficio personal en el sector privado inmediatamente después de dejar su cargo público. El plazo establecido es de dos años posteriores a la cesación de funciones.
En otras palabras: evitar las “puertas giratorias”. Pero ¿habrá quien lo aplique, quien lo haga respetar? Lo desconocemos.
Ahí está una abogada que funge de representante de una empresa minera, Sultana del Cóndor SA, que a los pocos días de ser autorizada por su estudio para esa defensa, empezó sus labores como asesora del MEM: la jovencísima María Emilia Limongi Izaguirre, de Coronel & Pérez. Por cierto, el mismo estudio jurídico que defendió a Codelco en el arbitraje.
Uno de ellos, porque a Codelco también lo defendieron, de acuerdo al laudo final arbitral: los abogados de Sullivan & Cromwell LlP, domiciliado en Nueva York.
Al Ecuador y a la Enami EP, lo defendieron en el proceso arbitral francés, los abogados de la empresa nacional minera y los de la Procuraduría del Estado, además del estudio jurídico Wordstone Dispute Resolution AARPI, domiciliado en París, y el doctor Santos Burbano de Lara, domiciliado en Cumbayá, Quito DM.
El arbitraje inició el 21 de agosto de 2021, demoró cuatro años. En entregas posteriores hablaremos sobre las inversiones declaradas por Codelco en Llurimagua y las negociaciones del pacto de accionistas, que no llegó a firmarse.
Fé de errata: En nuestra nota del 20 de julio de 2025 titulada: “Laudo arbitral deja sin información técnica a Enami EP” https://www.viaminera.com/#Llurimagua:%20Laudo%20arbitral%20deja%20sin%20informaci%C3%B3n%20t%C3%A9cnica%20a%20Enami%20EP cometimos un error imperdonable:
En el subtítulo “Las negociaciones entre 2016 y 2020”, escribimos que:
“Aquí cabe recordar que estas etapas de negociación llevaron a las partes a una versión de un Pacto de Accionistas firmada del 4 de septiembre de 2020 que fue cuestionado…”, pero la realidad es que ninguna versión del Pacto de Accionistas fue firmada. Precisamente, esa fue la razón por la cual Codelco interpuso el proceso de arbitraje. Ofrecemos disculpas a nuestros apreciados lectores.
En el subtítulo “Las negociaciones entre 2016 y 2020”, escribimos que:
“Aquí cabe recordar que estas etapas de negociación llevaron a las partes a una versión de un Pacto de Accionistas firmada del 4 de septiembre de 2020 que fue cuestionado…”, pero la realidad es que ninguna versión del Pacto de Accionistas fue firmada. Precisamente, esa fue la razón por la cual Codelco interpuso el proceso de arbitraje. Ofrecemos disculpas a nuestros apreciados lectores.
Canadá aprueba ley para acelerar proyectos
de recursos, enfrenta oposición indígena
Junio 29 de 2025.- A los grupos indígenas les preocupa no ser consultados adecuadamente. El primer ministro, Mark Carney, afirma que se necesita legislación para impulsar la economía y contrarrestar los aranceles estadounidenses. Los opositores prometen impugnaciones legales y protestas.
El Senado de Canadá aprobó el jueves un proyecto de ley para acelerar la aprobación de proyectos de recursos naturales e infraestructura, a pesar de la oposición de grupos indígenas y ambientalistas que han amenazado con protestas y acciones legales. La aprobación e implementación del proyecto de ley suponen una prueba para Carney, quien fue elegido en abril con la promesa de transformar la economía canadiense ante lo que repetidamente calificó como una crisis nacional debido a los aranceles estadounidenses.
La propuesta del gobierno liberal acelera la aprobación de proyectos de "interés nacional", que podrían incluir minas y oleoductos, y elimina algunas barreras comerciales entre provincias.
Las llamadas cláusulas Enrique VIII otorgan al Gabinete la facultad de decidir si ciertas leyes se aplican a dichos proyectos de "interés nacional", y cómo hacerlo. El proyecto de ley provocó la ira de ocho líderes ambientales e indígenas con los que habló Reuters y amenaza con echar por tierra años de trabajo hacia la reconciliación entre el gobierno de Canadá y sus pueblos originarios.
Algunos grupos han prometido una batalla legal por la legislación, mientras que otros han prometido manifestaciones. "Si el Primer Ministro Carney continúa por este camino, es probable que se produzca una protesta indígena", declaró la abogada y exjefa de la Primera Nación Couchiching, Sara Mainville, cuyos clientes consideran emprender acciones legales.
En Canadá, el deber de consultar a las Primeras Naciones es un requisito constitucional reconocido por los tribunales. Los grupos indígenas argumentan que acelerar la aprobación de proyectos elude dicha obligación y les niega una voz real. "Este proyecto de ley representa una grave amenaza para los derechos de las Primeras Naciones", declaró Cindy Woodhouse Nepinak, jefa nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones. "No cejaremos en la lucha".
Los manifestantes indígenas se han opuesto a proyectos en el pasado. A principios de 2020, los manifestantes cerraron durante semanas líneas ferroviarias y carreteras clave en todo Canadá para mostrar solidaridad con un grupo indígena de la Columbia Británica que intentaba impedir la construcción de un gasoducto en su territorio.
Carney ha afirmado que el derecho a la consulta está consagrado en el proyecto de ley, al que ha calificado como la principal respuesta nacional a los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.
La consulta por sí sola no es suficiente, afirmó Mainville. Se requiere un acuerdo: la garantía de "que se va a cambiar algo porque se han escuchado las preocupaciones".
Una medida similar, en Ontario, otorga al gabinete de esa provincia poderes aún más amplios; Columbia Británica aprobó una ley para acelerar proyectos de infraestructura el mes pasado.
Canadá es el cuarto mayor exportador de petróleo del mundo y una potencia minera. El proyecto de ley de Ontario, que se convirtió en ley a principios de este mes, busca impulsar la minería en el "Anillo de Fuego" en el norte de la provincia. Canadá está tratando de liberarse de la dependencia económica de Estados Unidos, a donde envía alrededor del 75% de sus exportaciones.
Desafíos legales
Mientras tanto, algunos defensores del medio ambiente temen que se aprueben proyectos antes de evaluar su riesgo y que se lleven a cabo independientemente de este, afirmó Joshua Ginsberg, director de la Clínica de Derecho Ambiental Ecojustice de la Universidad de Ottawa.
Carney tiene previsto reunirse con líderes indígenas este verano. Sin embargo, la semana pasada eludió una pregunta sobre si una nación podría vetar efectivamente uno de estos proyectos priorizados. Su oficina no respondió a la solicitud de comentarios.
Abram Benedict, jefe regional de Ontario con los Jefes de Ontario, afirmó que "definitivamente" habrá desafíos legales. "Habrá desafíos a la propia legislación, a su constitucionalidad. También habrá desafíos una vez que el proyecto de ley entre en vigor para que se inicien los proyectos". Por Anna Mehler Paperny y Wa Lone, Reuters.
El Senado de Canadá aprobó el jueves un proyecto de ley para acelerar la aprobación de proyectos de recursos naturales e infraestructura, a pesar de la oposición de grupos indígenas y ambientalistas que han amenazado con protestas y acciones legales. La aprobación e implementación del proyecto de ley suponen una prueba para Carney, quien fue elegido en abril con la promesa de transformar la economía canadiense ante lo que repetidamente calificó como una crisis nacional debido a los aranceles estadounidenses.
La propuesta del gobierno liberal acelera la aprobación de proyectos de "interés nacional", que podrían incluir minas y oleoductos, y elimina algunas barreras comerciales entre provincias.
Las llamadas cláusulas Enrique VIII otorgan al Gabinete la facultad de decidir si ciertas leyes se aplican a dichos proyectos de "interés nacional", y cómo hacerlo. El proyecto de ley provocó la ira de ocho líderes ambientales e indígenas con los que habló Reuters y amenaza con echar por tierra años de trabajo hacia la reconciliación entre el gobierno de Canadá y sus pueblos originarios.
Algunos grupos han prometido una batalla legal por la legislación, mientras que otros han prometido manifestaciones. "Si el Primer Ministro Carney continúa por este camino, es probable que se produzca una protesta indígena", declaró la abogada y exjefa de la Primera Nación Couchiching, Sara Mainville, cuyos clientes consideran emprender acciones legales.
En Canadá, el deber de consultar a las Primeras Naciones es un requisito constitucional reconocido por los tribunales. Los grupos indígenas argumentan que acelerar la aprobación de proyectos elude dicha obligación y les niega una voz real. "Este proyecto de ley representa una grave amenaza para los derechos de las Primeras Naciones", declaró Cindy Woodhouse Nepinak, jefa nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones. "No cejaremos en la lucha".
Los manifestantes indígenas se han opuesto a proyectos en el pasado. A principios de 2020, los manifestantes cerraron durante semanas líneas ferroviarias y carreteras clave en todo Canadá para mostrar solidaridad con un grupo indígena de la Columbia Británica que intentaba impedir la construcción de un gasoducto en su territorio.
Carney ha afirmado que el derecho a la consulta está consagrado en el proyecto de ley, al que ha calificado como la principal respuesta nacional a los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.
La consulta por sí sola no es suficiente, afirmó Mainville. Se requiere un acuerdo: la garantía de "que se va a cambiar algo porque se han escuchado las preocupaciones".
Una medida similar, en Ontario, otorga al gabinete de esa provincia poderes aún más amplios; Columbia Británica aprobó una ley para acelerar proyectos de infraestructura el mes pasado.
Canadá es el cuarto mayor exportador de petróleo del mundo y una potencia minera. El proyecto de ley de Ontario, que se convirtió en ley a principios de este mes, busca impulsar la minería en el "Anillo de Fuego" en el norte de la provincia. Canadá está tratando de liberarse de la dependencia económica de Estados Unidos, a donde envía alrededor del 75% de sus exportaciones.
Desafíos legales
Mientras tanto, algunos defensores del medio ambiente temen que se aprueben proyectos antes de evaluar su riesgo y que se lleven a cabo independientemente de este, afirmó Joshua Ginsberg, director de la Clínica de Derecho Ambiental Ecojustice de la Universidad de Ottawa.
Carney tiene previsto reunirse con líderes indígenas este verano. Sin embargo, la semana pasada eludió una pregunta sobre si una nación podría vetar efectivamente uno de estos proyectos priorizados. Su oficina no respondió a la solicitud de comentarios.
Abram Benedict, jefe regional de Ontario con los Jefes de Ontario, afirmó que "definitivamente" habrá desafíos legales. "Habrá desafíos a la propia legislación, a su constitucionalidad. También habrá desafíos una vez que el proyecto de ley entre en vigor para que se inicien los proyectos". Por Anna Mehler Paperny y Wa Lone, Reuters.
´Aceptamos la tasa pero la minería ilegal no
se combate con impuestos´, Paúl Pineda
Momento de la asamblea provincial minera en Zamora, el 10 de junio.
Tensión social en Zamora Chinchipe. El viernes 13 de mayo se movilizaron unas 100 personas para reclamar en contra de la empresa Condormining, resguardada por policía, y, exigir que se regularice a los mineros artesanales de la zona de Chinapintza, que se han convertido en ilegales.
Junio 15 de 2025.- En una asamblea provincial realizada el 10 de junio, resolvieron aceptar la tasa de fiscalización minera pero en un 5% de un salario básico unificado para la pequeña minería y sin dejar fuera a la minería artesanal para la que piden que sea del 3%, y también exigieron una serie de otras acciones como un nuevo censo de mineros y el derecho preferente de los dueños de tierras en la apertura del catastro.
La convocatoria la realizó Paul Pineda, presidente de la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, una de las cámaras que dicen existir desde hace unos 20 años además de en la ciudad de Zamora, en Loja, Piñas y otras, en El Oro.
Pineda dice que Zamora Chinchipe ha sido duramente golpeado porque la gran minería en la provincia porque han dejado sin acceso por el terreno a sus concesiones a pequeños mineros y artesanales. “Ellos están pagando solo por el cobre, pero se están llevando una ganga de minerales”, cree con seguridad.
Que Chinapintza es uno de los distritos mineros más grandes y fue descubierta por sus abuelos. Que él mismo defendió al país en esa línea de frontera en la guerra con Perú de 1995 cuando tenía 18 años y que reclaman legalizarse desde que se hizo la ley minera, pero solo se hizo un censo en 2010.
La convocatoria la realizó Paul Pineda, presidente de la Cámara de Minería de Zamora Chinchipe, una de las cámaras que dicen existir desde hace unos 20 años además de en la ciudad de Zamora, en Loja, Piñas y otras, en El Oro.
Pineda dice que Zamora Chinchipe ha sido duramente golpeado porque la gran minería en la provincia porque han dejado sin acceso por el terreno a sus concesiones a pequeños mineros y artesanales. “Ellos están pagando solo por el cobre, pero se están llevando una ganga de minerales”, cree con seguridad.
Que Chinapintza es uno de los distritos mineros más grandes y fue descubierta por sus abuelos. Que él mismo defendió al país en esa línea de frontera en la guerra con Perú de 1995 cuando tenía 18 años y que reclaman legalizarse desde que se hizo la ley minera, pero solo se hizo un censo en 2010.
Que todos se conocen y por eso ahí no ha entrado la narcominería, pues los terrenos son de los mineros artesanales, afirma Paúl Pineda.
En la zona de Chinapintza, pone como ejemplo, se identificaron 182 concesiones mineras pero solo se regularizaron 36, mientras otorgaron otras al general en servicio activo, Ramiro Ricaurte.
Las entregaron a Odin Mining que era del general, dice, quien luego las vendió a Condor Mining, en un hecho del que nació un conflicto, pérdida de tranquilidad y persecución a los mineros que han terminado como ilegales porque el estado que no los regularizó.
A estos mineros, se les otorgó no concesiones sino 820 permisos excepcionales para 4 hectáreas por 10 años que caducaron en 2024 que el estado no les ha querido renovar pero no lo aceptan porque afirman: “Todos ahí vivimos de la minería”, afirma.
Afirma que, tienen muchos años trabajando en labores dentro de concesiones que, sin tomarles en cuenta, se entregaron a otras empresas transnacionales. “Pero es un reconocido asentamiento minero tradicional”, aduce.
El 80% de la provincia está concesionada y ya no existen espacios y nos están relegando, afirma y advierte que, “Mientras no se haga una auditoría al catastro y se elimine del registro minero, aquellos concesionarios acaparadores de grandes extensiones de tierra y que no han realizado minería, sino que las tienen por años, negociando en un presunto tráfico de concesiones”.
Además, solicitan descentralizar el Ministerio del Ambiente y la Arcom. “La minería ilegal no se la combate con impuestos. No se la combate metiendo preso a la gente. La minería ilegal se la combate con darle legalidad a quién a quién se la merece. Darle una oportunidad a un minero ecuatoriano, un minero zamorano.
"¿Cómo se combate? Primeramente, eliminando la corrupción que está enquistada en los mandos medios, enquistada por años en el cuerpo técnico dentro de Arcom, en la Alcaldía que lo que han hecho es extorsionarnos a nosotros", expresó Pineda en entrevista virtual.
Las entregaron a Odin Mining que era del general, dice, quien luego las vendió a Condor Mining, en un hecho del que nació un conflicto, pérdida de tranquilidad y persecución a los mineros que han terminado como ilegales porque el estado que no los regularizó.
A estos mineros, se les otorgó no concesiones sino 820 permisos excepcionales para 4 hectáreas por 10 años que caducaron en 2024 que el estado no les ha querido renovar pero no lo aceptan porque afirman: “Todos ahí vivimos de la minería”, afirma.
Afirma que, tienen muchos años trabajando en labores dentro de concesiones que, sin tomarles en cuenta, se entregaron a otras empresas transnacionales. “Pero es un reconocido asentamiento minero tradicional”, aduce.
El 80% de la provincia está concesionada y ya no existen espacios y nos están relegando, afirma y advierte que, “Mientras no se haga una auditoría al catastro y se elimine del registro minero, aquellos concesionarios acaparadores de grandes extensiones de tierra y que no han realizado minería, sino que las tienen por años, negociando en un presunto tráfico de concesiones”.
Además, solicitan descentralizar el Ministerio del Ambiente y la Arcom. “La minería ilegal no se la combate con impuestos. No se la combate metiendo preso a la gente. La minería ilegal se la combate con darle legalidad a quién a quién se la merece. Darle una oportunidad a un minero ecuatoriano, un minero zamorano.
"¿Cómo se combate? Primeramente, eliminando la corrupción que está enquistada en los mandos medios, enquistada por años en el cuerpo técnico dentro de Arcom, en la Alcaldía que lo que han hecho es extorsionarnos a nosotros", expresó Pineda en entrevista virtual.
Loma Larga: En San Pedro de Escaleras,
el consenso brilla por su ausencia
Por María Eugenia Hidalgo
Junio 1 de 2025.- Tras el anuncio de la compañía minera canadiense Dundee Precious Metals y la Cámara de Minería del Ecuador de que, por unanimidad, la comuna de San Pedro de Escaleras, ubicada en la parroquia Victoria de Portete en el cantón Cuenca, habría autorizado la continuación del proyecto minero Loma Larga, hicimos un recorrido por la zona.
La idea era informar, con testimonios de los habitantes, un hecho que habría sido histórico: que en una comunidad ancestral en el Ecuador se haya aplicado, por primera vez, la consulta previa, libre e informada. La Cámara afirmó que el Ministerio de Energía y Minas había realizado el proceso con ayuda de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y de la Defensoría del Pueblo.
Junio 1 de 2025.- Tras el anuncio de la compañía minera canadiense Dundee Precious Metals y la Cámara de Minería del Ecuador de que, por unanimidad, la comuna de San Pedro de Escaleras, ubicada en la parroquia Victoria de Portete en el cantón Cuenca, habría autorizado la continuación del proyecto minero Loma Larga, hicimos un recorrido por la zona.
La idea era informar, con testimonios de los habitantes, un hecho que habría sido histórico: que en una comunidad ancestral en el Ecuador se haya aplicado, por primera vez, la consulta previa, libre e informada. La Cámara afirmó que el Ministerio de Energía y Minas había realizado el proceso con ayuda de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y de la Defensoría del Pueblo.
Portón del proyecto Loma Larga al fin del camino a Chumblín-Sombrederas a 2385 metros sobre el nivel del mar.
Tomamos la carretera que conduce a las instalaciones de la empresa que se encuentra en muy malas condiciones por lo que nos tomó unas seis horas toda la visita, desde Escaleras.
Ingresando por la vía a San Fernando y tomando luego el desvío a San Gerardo, desde la antigua carretera Cuenca-Girón-Pasaje, se asciende por laderas verdes en las que se asientan decenas de parcelas o fincas con pequeños reservorios de agua. Cuando se termina la intensa subida, continuamos unos 45 minutos más por un páramo de bosque, pajonales y almohadillas vegetales, a más de 3600 metros de altura.
Cuando hemos pasado unas cinco áreas de instalaciones que parecían bodegas y viveros en mal estado, una “de información minera” abandonada, un portón con guardia equipado con una radio, observamos una zona reforestada de algunas hectáreas con pino, de una variedad diferente a la del Parque Nacional Cotopaxi.
Nos detenemos en el ingreso al sector de las Tres Lagunas de Quimsacocha, en donde figuran letreros de las comunas de Chumblín y Sombrederas, y otro anuncio del proyecto Socio Páramo.
Ingresando por la vía a San Fernando y tomando luego el desvío a San Gerardo, desde la antigua carretera Cuenca-Girón-Pasaje, se asciende por laderas verdes en las que se asientan decenas de parcelas o fincas con pequeños reservorios de agua. Cuando se termina la intensa subida, continuamos unos 45 minutos más por un páramo de bosque, pajonales y almohadillas vegetales, a más de 3600 metros de altura.
Cuando hemos pasado unas cinco áreas de instalaciones que parecían bodegas y viveros en mal estado, una “de información minera” abandonada, un portón con guardia equipado con una radio, observamos una zona reforestada de algunas hectáreas con pino, de una variedad diferente a la del Parque Nacional Cotopaxi.
Nos detenemos en el ingreso al sector de las Tres Lagunas de Quimsacocha, en donde figuran letreros de las comunas de Chumblín y Sombrederas, y otro anuncio del proyecto Socio Páramo.
Reforestación con pinos.
Ingresamos a pie por las huellas de un camino de herradura a través de un área irregular cubierta de pajonales, dorada porque hace sol. A quince minutos, salpicado de espejos de agua de todos los tamaños, mirando hacia el norte y oeste todo parece un inmenso humedal hasta el horizonte.
Recorremos despacio por una hora y media hasta las lagunas y vemos cómo están conectadas por pequeños canales naturales, que logramos pasar saltando.
Todo ha sido páramo ventoso y despejado, hemos visto distintas aves en las orillas de las lagunas y un inmenso jardín vertical de rocas recubiertas de infinidad de musgos, líquenes, florecillas y humedad por todo lado, hemos caminado tres horas por almohadillas rebosantes de agua y no es época lluviosa.
Somos periodistas andariegos, hemos practicado andinismo, pero ahí comprende uno lo que llaman un “área de recarga hídrica”.
De nuevo en el vehículo, a cinco minutos llegamos al último portón de Dundee en donde ya no se puede seguir adelante.
En el camino de regreso conversamos con un habitante del sector entre San Gerardo y Portete, antes de llegar a la carretera. Desde la ventana de su pequeño camión nos dice que vive ahí de un pequeño hato de ganado “¿de qué más?”, afirma y relata que, la minera le ha explicado que la mina va a estar lejos de las lagunas, “al otro lado”.
Recorremos despacio por una hora y media hasta las lagunas y vemos cómo están conectadas por pequeños canales naturales, que logramos pasar saltando.
Todo ha sido páramo ventoso y despejado, hemos visto distintas aves en las orillas de las lagunas y un inmenso jardín vertical de rocas recubiertas de infinidad de musgos, líquenes, florecillas y humedad por todo lado, hemos caminado tres horas por almohadillas rebosantes de agua y no es época lluviosa.
Somos periodistas andariegos, hemos practicado andinismo, pero ahí comprende uno lo que llaman un “área de recarga hídrica”.
De nuevo en el vehículo, a cinco minutos llegamos al último portón de Dundee en donde ya no se puede seguir adelante.
En el camino de regreso conversamos con un habitante del sector entre San Gerardo y Portete, antes de llegar a la carretera. Desde la ventana de su pequeño camión nos dice que vive ahí de un pequeño hato de ganado “¿de qué más?”, afirma y relata que, la minera le ha explicado que la mina va a estar lejos de las lagunas, “al otro lado”.
Acceso al sector Tres Lagunas.
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Transversal en donde empieza San Pedro de Escaleras.
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Casa patrimonial de uno de los entrevistados.
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Al día siguiente, jueves 29 de mayo, volvemos a Escaleras. Dejamos el vehículo en la tienda de abarrotes de la familia de un pequeño ganadero que nos da declaraciones pero nos pide no publicar su nombre. “Nací y vivo aquí en Escaleras, dice, y ya tuvimos tres consultas, la de Girón, la de Victoria y la de Cuenca, y ganó el no”.
“Ellos llevan 4 ó 5 personas con militares y policías a la pirámide de Portete y a nosotros no nos dejan ni entrar, los del caserío ya no queremos saber nada de minería”. “El año pasado, sin agua ni luz y la minera ¿qué? De 1000 litros de leche mis vacas bajaron a 200 litros por la sequía que sufrimos, se murieron animalitos, perdimos las hortalizas, no había pastos, los campesinos vamos a Cuenca a hacer trámites y somos mal vistos, a nosotros que entregamos el litro a 50 centavos a las industrias que nos ganan el doble”.
“Aquí todos somos dueños de Quimsacocha, dice, antes durante las sequías subíamos allá para que las vacas beban agua y dejamos de ir para no contaminar el agua, pero no para que se apropien otros que encima nos dicen ´indios incivilizados´”, reclama.
“No quiero ir a esas reuniones de información. Tampoco aceptaría ni necesito nada de la minera porque aquí siempre hemos vivido de nuestro trabajo”, declara.
Seguimos a pie por la carretera entre la transversal de polvo al inicio de Escaleras y el centro de la comuna, sin más plan que hablar con todo aquel que se nos cruce y disponga de un poco de tiempo. Casi todos los entrevistados nos dan sus nombres y se dejan grabar y fotografiar, pero nos reservamos su identidad.
“Ellos llevan 4 ó 5 personas con militares y policías a la pirámide de Portete y a nosotros no nos dejan ni entrar, los del caserío ya no queremos saber nada de minería”. “El año pasado, sin agua ni luz y la minera ¿qué? De 1000 litros de leche mis vacas bajaron a 200 litros por la sequía que sufrimos, se murieron animalitos, perdimos las hortalizas, no había pastos, los campesinos vamos a Cuenca a hacer trámites y somos mal vistos, a nosotros que entregamos el litro a 50 centavos a las industrias que nos ganan el doble”.
“Aquí todos somos dueños de Quimsacocha, dice, antes durante las sequías subíamos allá para que las vacas beban agua y dejamos de ir para no contaminar el agua, pero no para que se apropien otros que encima nos dicen ´indios incivilizados´”, reclama.
“No quiero ir a esas reuniones de información. Tampoco aceptaría ni necesito nada de la minera porque aquí siempre hemos vivido de nuestro trabajo”, declara.
Seguimos a pie por la carretera entre la transversal de polvo al inicio de Escaleras y el centro de la comuna, sin más plan que hablar con todo aquel que se nos cruce y disponga de un poco de tiempo. Casi todos los entrevistados nos dan sus nombres y se dejan grabar y fotografiar, pero nos reservamos su identidad.
Nos encontramos con una señora de 78 años que carga un atado de alfalfa en su espalda. Nos dice que no sabe leer ni escribir y que si le dan un libro o un papel no lo entiende. Este es el barrio Cachiguayco, dice, mi casita me hizo mi sobrino cuando la vieja se cayó, y “por tener casita el gobierno me quitó el bono, lo único que tenía”.
“Siempre hemos sido bien pobres, a veces no tengo ni qué comer. Cuando se inundó todo esto porque se desbordó el río que desviaron, ahí me ayudó en algo la empresa, me dieron unas ropitas y comidita”, recuerda frente a su mediagua de bloque de unos 20 metros cuadrados.
Luego, molestamos a otro señor de 71 años, ex guardia de seguridad, su casita al borde del carretero en estado de ruina, sin mantenimiento porque es “Patrimonio”, y dice: “Yo sí voy a las socializaciones de curioso y una vez me quisieron sacar la firma y ahí me salí”.
“Soy de aquí y con la minera no estoy de acuerdo, explica, tampoco estoy contra la economía pero los gobiernos y todos tienen que trabajar, vea aquí a los de la tercera edad, los de la Junta nos quisieron enseñar a hacer pan, que cosa más absurda”, relata.
“Puede hablar con un señor ya bien mayor, Elidio Sangurima, él ha luchado toda la vida contra la minería”, recomienda, señalando la casita bajo el tercer poste en medio de un camino a 200 metros ubicado en la colina, atrás de su casa.
“Siempre hemos sido bien pobres, a veces no tengo ni qué comer. Cuando se inundó todo esto porque se desbordó el río que desviaron, ahí me ayudó en algo la empresa, me dieron unas ropitas y comidita”, recuerda frente a su mediagua de bloque de unos 20 metros cuadrados.
Luego, molestamos a otro señor de 71 años, ex guardia de seguridad, su casita al borde del carretero en estado de ruina, sin mantenimiento porque es “Patrimonio”, y dice: “Yo sí voy a las socializaciones de curioso y una vez me quisieron sacar la firma y ahí me salí”.
“Soy de aquí y con la minera no estoy de acuerdo, explica, tampoco estoy contra la economía pero los gobiernos y todos tienen que trabajar, vea aquí a los de la tercera edad, los de la Junta nos quisieron enseñar a hacer pan, que cosa más absurda”, relata.
“Puede hablar con un señor ya bien mayor, Elidio Sangurima, él ha luchado toda la vida contra la minería”, recomienda, señalando la casita bajo el tercer poste en medio de un camino a 200 metros ubicado en la colina, atrás de su casa.
Continuamos caminando, y entramos a la iglesia católica de Escaleras, al lado de la casa comunal, el presidente, Miguel Puga, no está porque regresa de su trabajo en una fábrica en Cuenca después de las 6 de la tarde.
En la iglesia hablamos con otra mujer, madura y voluntaria que, nos dice que el suyo es uno de los apellidos de las familias antiguas de la comuna. Así como las familias Arpi, Campoverde, Rumipulla, Chuchuca, Remache, Ayavaca, Paute, Arévalo, Tenepaguay, Quinde, Zhagüi, Puga, Plaza y Muñoz, que constan como donantes de los vitrales que adornan las paredes de la iglesia.
“Desde Tarqui y todo Victoria, aquí estamos en contra, y hasta el párroco tiene una demanda por manifestar”, afirma. “No, yo no recibiría nada de la minera, aun cuando pobres somos gente formal y lo que necesitamos es el agüita”, aclara.
Otra vecina de la iglesia, de 80 años, vive en su casa de dos pisos y tiene dos hermanos “renacientes”, tal como se tilda localmente a los migrantes, una en Nueva York y otro en España. A lado izquierdo de su casa un edificio de cuatro pisos y a la derecha una construcción de dos pisos, son de sus hermanos. “Aquí somos cinco hermanos y ninguno está de acuerdo. Lo malo es que hay algunos de aquí mismo que están por ambiciosos metidos con las mineras, porque disque les dan plata y no piensan vea, que aquí Quimsacocha es nuestra llave de agua pura”.
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La principal ocupación en el sector es la ganadería lechera.
Cruzamos la calle y encontramos, llegando en su bicicleta con su balde de ordeño atado al tubo, a un hombre de la tercera edad con sombrero, vive en casa de su hija y es vecino de su hijo, también renacientes. Con firmeza dice: “En otras partes se ha visto como dejan todo fregando, hecho polvo, y después, el agua ¿qué van a tomar los guaguas porque nosotros ya no hemos de estar?”.
“Hemos luchado, cada año, hemos ido presos, nosotros no queremos la mina bajo ninguna circunstancia”, declara mientras a 20 metros su esposa le dice a gritos que no dé declaraciones.
Le hacemos la misma pregunta que hemos hecho a todos: ¿Qué piensa de que la minera dice que no va a contaminar el agua? “Esos viven mintiendo”, afirma frente a la cámara del celular.
Tampoco lo creen una serie de líderes parroquiales del campo, como el presidente de la junta parroquial de Molleturo, Jonathan Gutama, quien participó en una reunión en el municipio de Cuenca con todos los presidentes de las juntas parroquiales rurales, realizada el martes 27, en la que se trataron varios temas.
“Hemos luchado, cada año, hemos ido presos, nosotros no queremos la mina bajo ninguna circunstancia”, declara mientras a 20 metros su esposa le dice a gritos que no dé declaraciones.
Le hacemos la misma pregunta que hemos hecho a todos: ¿Qué piensa de que la minera dice que no va a contaminar el agua? “Esos viven mintiendo”, afirma frente a la cámara del celular.
Tampoco lo creen una serie de líderes parroquiales del campo, como el presidente de la junta parroquial de Molleturo, Jonathan Gutama, quien participó en una reunión en el municipio de Cuenca con todos los presidentes de las juntas parroquiales rurales, realizada el martes 27, en la que se trataron varios temas.
Llanura en donde iría el aeropuerto internacional.
El expresó a Vía Minera: “nosotros ya vivimos la experiencia de las minas, hasta hubo muertos, y hemos logrado pacificar”, y manifiesta que “hasta un niño de cinco años sabe que las minas contaminan”. Nos invitó a ir a visitar su parroquia, que tiene hermosas cascadas y paisajes, y una inmensa vocación turística pero que “no cuenta con buena carretera”.
El presidente de la junta parroquial de Victoria de Portete, Rómulo Guzmán, por su lado, manifestó la preocupación de los habitantes por los anuncios de la construcción de un aeropuerto en la zona ganadera situada entre Tarqui y Portete, una planicie entre las carreteras antigua y nueva. “Es un momento crítico por lo que han dicho las cámaras de la minería, debemos unirnos ahora todos para defender lo más sagrado que es el agua”.
El anunciado aeropuerto internacional es la otra preocupación que mantiene en tensión a las comunidades del sector, incluida San Pedro de Escaleras, y lo asocian con la minería.
El presidente de la junta parroquial de Victoria de Portete, Rómulo Guzmán, por su lado, manifestó la preocupación de los habitantes por los anuncios de la construcción de un aeropuerto en la zona ganadera situada entre Tarqui y Portete, una planicie entre las carreteras antigua y nueva. “Es un momento crítico por lo que han dicho las cámaras de la minería, debemos unirnos ahora todos para defender lo más sagrado que es el agua”.
El anunciado aeropuerto internacional es la otra preocupación que mantiene en tensión a las comunidades del sector, incluida San Pedro de Escaleras, y lo asocian con la minería.
Yantzaza se levantó en defensa del
territorio, la seguridad y la vida
A la gobernadora Ivonne Margaret Panchi (bajo el paraguas) le tocó acudir ante la protesta ciudadana a verificar los daños y terminó haciendo promesas.
Mayo 4 de 2025.- La mañana del 30 de abril, la ciudadanía del cantón Yantzaza protagonizó una marcha pacífica y multitudinaria en rechazo a la minería ilegal y a la creciente inseguridad que afecta a diversos sectores del cantón. Barrios de la ciudad de Yantzaza, cantón de la provincia de Zamora Chinchipe al sur del país, se unieron en una sola voz.
El objetivo fue exigir atención inmediata por parte de las autoridades del Gobierno Nacional y de los organismos de control, la Agencia de regulación y Control Minero (Arcom), el Ministerio del Ambiente (Maate), frente a una situación que consideran crítica y desbordada.
La jornada, llegó con el cierre de la vía troncal amazónica a la altura del sector Piedra Liza, estuvo marcada por testimonios conmovedores de los habitantes cuyas propiedades agrícolas y formas de vida se han visto gravemente afectadas por la presencia de minería ilegal en las riberas del río Zamora. Han perdido tierras productivas, una escuela, luz y vías en mal estado por la circulación de maquinaria minera. “Nos están destruyendo”, expresó una moradora del sector entre lágrimas, reflejando la indignación compartida por cientos de familias.
Durante la manifestación, se denunció que desde hace más de medio año, las operaciones ilegales se han intensificado de forma alarmante, provocando desplazamiento de tierras, afectación directa a las riberas del río y amenazas al equilibrio ambiental. “El río está cambiando su curso y eso podría arrasar barrios enteros como La Florida y La Floresta”, mencionó otro de los manifestantes.
Las comunidades presentes, agrupadas bajo el Frente en Defensa de las Riberas del Río Zamora, sostienen que han presentado reiteradas denuncias ante la Fiscalía, el Ministerio del Ambiente (Maate) y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), sin recibir hasta la fecha una respuesta efectiva. De hecho, acusan filtraciones internas que permiten a los operadores ilegales retirar maquinaria antes de los operativos oficiales. “Cuando vienen los controles, las máquinas ya no están. Alguien les avisa. Hay corresponsabilidad en las instituciones del Estado”, subrayó el secretario del Frente.
El jefe político del cantón Yantzaza, quien pidió que se recupere la libre movilidad, afirmó “no estamos en contra de la minería. Estamos en contra de la minería irresponsable que atenta contra el derecho a vivir en un ambiente sano”.
La situación incluso amenaza la infraestructura aseguró el periodista local, Alcíbar Lupercio, para referirse al proyecto de construcción de asfaltado en la vía La Saquea- Guaguayme Bajo o la vía La Saquea-Guadalupe en riesgo por la cercanía de actividades mineras al río Yacuambi.”
“Dicen que la minería dinamiza la economía, pero el daño que deja es mucho mayor. El gasto en reabrir una vía que se pierde con la lluvia es dinero público que podría invertirse en obras reales para el pueblo”, agregó un manifestante.
“Pedimos a la señora gobernadora que actúe de manera inmediata. Hemos enviado varios oficios solicitando el retiro de maquinaria, pero las acciones se han demorado casi un año. Apenas antes de esta reunión, se realizó un operativo, pero al día siguiente las máquinas regresaron. Necesitamos una solución definitiva y presencia permanente del Ejército en la zona”, increpó otro asistente.
La situación en Yantzaza evidencia una problemática estructural que combina la permisividad institucional, la falta de regulación oportuna y el debilitamiento del control estatal sobre actividades extractivas no autorizadas, aseveró Lupercio. La ciudadanía, cansada de esperar respuestas, ha decidido actuar bajo el amparo del artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce el derecho a la resistencia frente a actos u omisiones de autoridades públicas que vulneren derechos constitucionales, acotó.
La exigencia principal fue clara: la presencia urgente de autoridades competentes, entre ellas la gobernadora de Zamora Chinchipe, representantes de Arcom y del Maate, para establecer un diálogo directo y soluciones efectivas. Los manifestantes advirtieron que las medidas adoptadas continuarán de manera indefinida hasta recibir una respuesta oficial que garantice el respeto a sus derechos territoriales, ambientales y humanos.
El clamor de las comunidades fue contundente: no más minería ilegal, no más indiferencia institucional, no más abandono y con este lograron arrancar algunos compromisos de la autoridad.
Al día siguiente se presentó la gobernadora de la provincia Ivonne Panchi, quien anunció la implementación de patrullajes permanentes para impedir la reactivación de actividades extractivas no autorizadas, la paralización total de la minería en el cantón Yantzaza y la intervención estatal para mitigar los efectos del daño ambiental.
Los representantes de los barrios La Floresta, Gran Colombia, La Florida, Los Achos y Playa de la Florida, agrupados en el Frente, mostraron como la erosión provocada por el desvío del río amenaza con socavar una unidad educativa del sector: “El río se nos viene encima”, manifestaron.
Los líderes comunitarios solicitaron también la intervención de las Fuerzas Armadas que es más respetada por los ilegales. Finalmente, la comunidad reiteró su voluntad de mantenerse vigilante, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos alcanzados: “La lucha por el respeto a la naturaleza y por la vida de quienes habitamos estas zonas apenas comienza”, concluyó Hernán Camacho, vocero de la comunidad.
Este hecho refleja el ejercicio activo de una ciudadanía organizada que exige respuestas efectivas del Estado frente a actividades que vulneran los derechos colectivos y atentan contra la sostenibilidad de los territorios de esta provincia. Tomado de ElAmazónico.
El objetivo fue exigir atención inmediata por parte de las autoridades del Gobierno Nacional y de los organismos de control, la Agencia de regulación y Control Minero (Arcom), el Ministerio del Ambiente (Maate), frente a una situación que consideran crítica y desbordada.
La jornada, llegó con el cierre de la vía troncal amazónica a la altura del sector Piedra Liza, estuvo marcada por testimonios conmovedores de los habitantes cuyas propiedades agrícolas y formas de vida se han visto gravemente afectadas por la presencia de minería ilegal en las riberas del río Zamora. Han perdido tierras productivas, una escuela, luz y vías en mal estado por la circulación de maquinaria minera. “Nos están destruyendo”, expresó una moradora del sector entre lágrimas, reflejando la indignación compartida por cientos de familias.
Durante la manifestación, se denunció que desde hace más de medio año, las operaciones ilegales se han intensificado de forma alarmante, provocando desplazamiento de tierras, afectación directa a las riberas del río y amenazas al equilibrio ambiental. “El río está cambiando su curso y eso podría arrasar barrios enteros como La Florida y La Floresta”, mencionó otro de los manifestantes.
Las comunidades presentes, agrupadas bajo el Frente en Defensa de las Riberas del Río Zamora, sostienen que han presentado reiteradas denuncias ante la Fiscalía, el Ministerio del Ambiente (Maate) y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), sin recibir hasta la fecha una respuesta efectiva. De hecho, acusan filtraciones internas que permiten a los operadores ilegales retirar maquinaria antes de los operativos oficiales. “Cuando vienen los controles, las máquinas ya no están. Alguien les avisa. Hay corresponsabilidad en las instituciones del Estado”, subrayó el secretario del Frente.
El jefe político del cantón Yantzaza, quien pidió que se recupere la libre movilidad, afirmó “no estamos en contra de la minería. Estamos en contra de la minería irresponsable que atenta contra el derecho a vivir en un ambiente sano”.
La situación incluso amenaza la infraestructura aseguró el periodista local, Alcíbar Lupercio, para referirse al proyecto de construcción de asfaltado en la vía La Saquea- Guaguayme Bajo o la vía La Saquea-Guadalupe en riesgo por la cercanía de actividades mineras al río Yacuambi.”
“Dicen que la minería dinamiza la economía, pero el daño que deja es mucho mayor. El gasto en reabrir una vía que se pierde con la lluvia es dinero público que podría invertirse en obras reales para el pueblo”, agregó un manifestante.
“Pedimos a la señora gobernadora que actúe de manera inmediata. Hemos enviado varios oficios solicitando el retiro de maquinaria, pero las acciones se han demorado casi un año. Apenas antes de esta reunión, se realizó un operativo, pero al día siguiente las máquinas regresaron. Necesitamos una solución definitiva y presencia permanente del Ejército en la zona”, increpó otro asistente.
La situación en Yantzaza evidencia una problemática estructural que combina la permisividad institucional, la falta de regulación oportuna y el debilitamiento del control estatal sobre actividades extractivas no autorizadas, aseveró Lupercio. La ciudadanía, cansada de esperar respuestas, ha decidido actuar bajo el amparo del artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce el derecho a la resistencia frente a actos u omisiones de autoridades públicas que vulneren derechos constitucionales, acotó.
La exigencia principal fue clara: la presencia urgente de autoridades competentes, entre ellas la gobernadora de Zamora Chinchipe, representantes de Arcom y del Maate, para establecer un diálogo directo y soluciones efectivas. Los manifestantes advirtieron que las medidas adoptadas continuarán de manera indefinida hasta recibir una respuesta oficial que garantice el respeto a sus derechos territoriales, ambientales y humanos.
El clamor de las comunidades fue contundente: no más minería ilegal, no más indiferencia institucional, no más abandono y con este lograron arrancar algunos compromisos de la autoridad.
Al día siguiente se presentó la gobernadora de la provincia Ivonne Panchi, quien anunció la implementación de patrullajes permanentes para impedir la reactivación de actividades extractivas no autorizadas, la paralización total de la minería en el cantón Yantzaza y la intervención estatal para mitigar los efectos del daño ambiental.
Los representantes de los barrios La Floresta, Gran Colombia, La Florida, Los Achos y Playa de la Florida, agrupados en el Frente, mostraron como la erosión provocada por el desvío del río amenaza con socavar una unidad educativa del sector: “El río se nos viene encima”, manifestaron.
Los líderes comunitarios solicitaron también la intervención de las Fuerzas Armadas que es más respetada por los ilegales. Finalmente, la comunidad reiteró su voluntad de mantenerse vigilante, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos alcanzados: “La lucha por el respeto a la naturaleza y por la vida de quienes habitamos estas zonas apenas comienza”, concluyó Hernán Camacho, vocero de la comunidad.
Este hecho refleja el ejercicio activo de una ciudadanía organizada que exige respuestas efectivas del Estado frente a actividades que vulneran los derechos colectivos y atentan contra la sostenibilidad de los territorios de esta provincia. Tomado de ElAmazónico.
Caso Las Bambas en Perú: Comuneros
inocentes después de diez años
Abril 27 de 2025.- Durante los diez años que duró el proceso entre la denuncia, la investigación fiscal y la sentencia en primera instancia en su contra, Lisbeth Abarca Peña, presidenta del barrio de Huancayo-Tambobamba, ubicado en la provincia de Cotabambas (Apurímac), relata que su vida estuvo suspendida entre estigma social y la preocupación por su futuro.
Abarca fue una de las personas que participaron en las manifestaciones de septiembre de 2015, en donde los dirigentes de los Frentes de Defensa de la provincia de Cotabambas convocaron a manifestaciones contra la minera MMG Las Bambas, considerada una de las minas de cobre más importantes del Perú. Las protestas tuvieron como motivo la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero. En el contexto de esas movilizaciones, murieron cuatro personas.
“A mí me involucran en este proceso y en la sentencia del 2024, por el siempre hecho que mi firma está en el documento de permiso que se presentó en la Subprefectura (para realizar la manifestación), según ellos, ese habría sido el delito y se usó para darme una sentencia arbitraria de nueve años de prisión y también la reparación civil de 86 mil dólares a la empresa y 50 mil soles al Estado”, declara Abarca a Convoca.pe.
La dirigente suma a ello, las afectaciones emocionales y psicológicas que sufrió. El proceso, añade, no solo los afectó a ellos como acusados sino también a sus familias.
Caso similar es el de Ronald Bello Abarca ex presidente del Frente de Defensa del distrito de Tambobamba en Apurímac. “En ningún momento ningún dirigente y menos yo, hemos ordenado que alguien de la comunidad pueda causar algún desmán. Para nada, nuestra intención siempre fue realizar una protesta pacífica”, recordó.
Maximiliano Huachaca Mamani quien fuera sentenciado a ocho años y 11 meses, fue integrante de la Federación Interprovincial de Defensa del Territorio y del Ambiente de las provincias de Espinar, Chumbivilcas, Cotabambas y Grau durante las protestas de 2015. Describe que lo sentenciaron por haber participado de un programa radial donde convocó a una reunión de dirigentes. A su entender, la razón principal para su sentencia es haber sido dirigente comunal.
Huachaca asegura que aunque ellos, y otras ocho personas fueron absueltos, el problema de criminalización de la protesta por parte de la minera Las Bambas continúa porque actualmente existen comunidades que están en proceso de investigación o procesos judiciales.
“Hay comunidades como Pumamarca, Huancuire y las comunidades de Challhuahuacho donde hay varios grupos que están en ese proceso de investigación y judiciales. Creo que la empresa minera sigue criminalizando a los dirigentes que quieren decir algo contra la empresa y a nosotros nos usó para callarnos y callar a nuevos dirigentes”, acotó.
Los tres dirigentes que llegaron a Lima el miércoles 23 de abril, luego de la sentencia absolutoria del martes 22, subrayan que evaluarán con su defensa las acciones que emprenderán contra la empresa minera por los perjuicios que les han causado. Tomado de Convoca.pe
Abarca fue una de las personas que participaron en las manifestaciones de septiembre de 2015, en donde los dirigentes de los Frentes de Defensa de la provincia de Cotabambas convocaron a manifestaciones contra la minera MMG Las Bambas, considerada una de las minas de cobre más importantes del Perú. Las protestas tuvieron como motivo la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero. En el contexto de esas movilizaciones, murieron cuatro personas.
“A mí me involucran en este proceso y en la sentencia del 2024, por el siempre hecho que mi firma está en el documento de permiso que se presentó en la Subprefectura (para realizar la manifestación), según ellos, ese habría sido el delito y se usó para darme una sentencia arbitraria de nueve años de prisión y también la reparación civil de 86 mil dólares a la empresa y 50 mil soles al Estado”, declara Abarca a Convoca.pe.
La dirigente suma a ello, las afectaciones emocionales y psicológicas que sufrió. El proceso, añade, no solo los afectó a ellos como acusados sino también a sus familias.
Caso similar es el de Ronald Bello Abarca ex presidente del Frente de Defensa del distrito de Tambobamba en Apurímac. “En ningún momento ningún dirigente y menos yo, hemos ordenado que alguien de la comunidad pueda causar algún desmán. Para nada, nuestra intención siempre fue realizar una protesta pacífica”, recordó.
Maximiliano Huachaca Mamani quien fuera sentenciado a ocho años y 11 meses, fue integrante de la Federación Interprovincial de Defensa del Territorio y del Ambiente de las provincias de Espinar, Chumbivilcas, Cotabambas y Grau durante las protestas de 2015. Describe que lo sentenciaron por haber participado de un programa radial donde convocó a una reunión de dirigentes. A su entender, la razón principal para su sentencia es haber sido dirigente comunal.
Huachaca asegura que aunque ellos, y otras ocho personas fueron absueltos, el problema de criminalización de la protesta por parte de la minera Las Bambas continúa porque actualmente existen comunidades que están en proceso de investigación o procesos judiciales.
“Hay comunidades como Pumamarca, Huancuire y las comunidades de Challhuahuacho donde hay varios grupos que están en ese proceso de investigación y judiciales. Creo que la empresa minera sigue criminalizando a los dirigentes que quieren decir algo contra la empresa y a nosotros nos usó para callarnos y callar a nuevos dirigentes”, acotó.
Los tres dirigentes que llegaron a Lima el miércoles 23 de abril, luego de la sentencia absolutoria del martes 22, subrayan que evaluarán con su defensa las acciones que emprenderán contra la empresa minera por los perjuicios que les han causado. Tomado de Convoca.pe
Un análisis: Manual para la aplicación de la Consulta Previa
Abril 20 de 2025.- El Manual para la Operativización de la Consulta Previa Libre e Informada fue emitido como acuerdo ministerial en marzo del 2024, y es un instrumento que ratifica un derecho que tiene décadas de haber sido asumido como un compromiso internacional por el Ecuador, pero cuya normativa secundaria, como dirían los abogados, no ha sido desarrollada.
Pese a que existe una sentencia de la Corte Constitucional (CC) y precisamente por eso, porque la Corte ordenó la creación de una ley orgánica en un plazo que ya feneció, el Ministerio de Energía y Minas resolvió cubrir esa falta legislativa, con esta herramienta. Por tanto, su objetivo es desarrollar los estándares constitucionales para la operativización de la consulta, ciñéndose a los estándares establecidos por la CC y los tratados internacionales.
El derecho está establecido en el numeral 7 del artículo 57 de la Constitución de la República y el manual desarrolla en sus contenidos los siguientes aspectos: ámbito de aplicación, principios, etapas de la concesión minera, fases de la consulta previa, libre e informada, fase de preparación, fase de convocatoria pública e inscripción, fase de registro, información y ejecución de la consulta, fase de análisis de resultados y cierre de la consulta.
En esta edición, Trudy Riofrío, especialista en responsabilidad social, sostenibilidad y factores ESG, es decir, seguridad, ambiente y gobernabilidad, es la autora del análisis titulado “Más allá del Manual de Consulta Previa. Entre la Norma y el Territorio, los riesgos que las empresas deben anticipar”.
Ella parte de dos constataciones: el manual marca un hito importante en la formalización de este derecho colectivo. Pero no basta con definir el procedimiento: el verdadero desafío está en lo que el Manual no dice. “Este análisis expone vacíos, brechas y riesgos que deben ser asumidos por los operadores mineros”, afirma.
Los proyectos mineros con presencia indígena en su área de influencia, deberán prepararse para aplicar este nuevo marco regulatorio, anticipa, y advierte que proyectos como Curipamba, Cascabel, La Plata y Warintza, “especialmente en contextos de ambigüedad institucional sobre la aplicación o no de consulta previa”.
“Mi objetivo, manifiesta la autora, es visibilizar esa falta de claridad en el Manual sobre cómo y quién determina oficialmente si un proyecto debe aplicar la Consulta previa libre e informada.
“En el caso de Curipamba, esta ambigüedad podría escalar si se considera el precedente de la sentencia del caso Pegasus, en el que se reconoció la necesidad de consulta previa para un proyecto que afectaba territorio "montubio", una población que también podría estar relativamente cerca del área de influencia del Curipamba.
Por eso, agrega, me parece importante abrir el debate y anticipar los posibles escenarios jurídicos y sociales que las empresas podrían enfrentar.
Revisa el análisis completo:
Pese a que existe una sentencia de la Corte Constitucional (CC) y precisamente por eso, porque la Corte ordenó la creación de una ley orgánica en un plazo que ya feneció, el Ministerio de Energía y Minas resolvió cubrir esa falta legislativa, con esta herramienta. Por tanto, su objetivo es desarrollar los estándares constitucionales para la operativización de la consulta, ciñéndose a los estándares establecidos por la CC y los tratados internacionales.
El derecho está establecido en el numeral 7 del artículo 57 de la Constitución de la República y el manual desarrolla en sus contenidos los siguientes aspectos: ámbito de aplicación, principios, etapas de la concesión minera, fases de la consulta previa, libre e informada, fase de preparación, fase de convocatoria pública e inscripción, fase de registro, información y ejecución de la consulta, fase de análisis de resultados y cierre de la consulta.
En esta edición, Trudy Riofrío, especialista en responsabilidad social, sostenibilidad y factores ESG, es decir, seguridad, ambiente y gobernabilidad, es la autora del análisis titulado “Más allá del Manual de Consulta Previa. Entre la Norma y el Territorio, los riesgos que las empresas deben anticipar”.
Ella parte de dos constataciones: el manual marca un hito importante en la formalización de este derecho colectivo. Pero no basta con definir el procedimiento: el verdadero desafío está en lo que el Manual no dice. “Este análisis expone vacíos, brechas y riesgos que deben ser asumidos por los operadores mineros”, afirma.
Los proyectos mineros con presencia indígena en su área de influencia, deberán prepararse para aplicar este nuevo marco regulatorio, anticipa, y advierte que proyectos como Curipamba, Cascabel, La Plata y Warintza, “especialmente en contextos de ambigüedad institucional sobre la aplicación o no de consulta previa”.
“Mi objetivo, manifiesta la autora, es visibilizar esa falta de claridad en el Manual sobre cómo y quién determina oficialmente si un proyecto debe aplicar la Consulta previa libre e informada.
“En el caso de Curipamba, esta ambigüedad podría escalar si se considera el precedente de la sentencia del caso Pegasus, en el que se reconoció la necesidad de consulta previa para un proyecto que afectaba territorio "montubio", una población que también podría estar relativamente cerca del área de influencia del Curipamba.
Por eso, agrega, me parece importante abrir el debate y anticipar los posibles escenarios jurídicos y sociales que las empresas podrían enfrentar.
Revisa el análisis completo:
Estudiantes de Cajamarca en actividades de
remediación ambiental y exploración minera
Abril 20 de 2025.- El Ministerio de Energía y Minas del Perú, informó que más de 100 estudiantes y egresados de educación superior de diversas carreras profesionales, fueron instruidos sobre las actividades de remediación ambiental y exploración minera, en las instalaciones de la Unidad Minera Colquirrumi, actualmente en etapa de cierre de minas, en la provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca.
En Colquirrumi funciona el Centro de Investigación y Estudios Minero Ambiental (Ciemam) donde los participantes realizaron una visita técnica, como parte de la XXXI edición del Taller de Integración Minera y Desarrollo Sostenible que desarrolló los días 11 y 12 de abril, la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (Dgpsm) del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Los participantes conocieron “in situ” las labores que desarrolla el Ciemam, empresa social dedicada a la investigación y estudios minero-ambientales responsable del pos cierre de 440 componentes de la mina Colquirrumi, entre bocaminas, depósitos de desmonte, relaveras, tajos abiertos y rajos exploratorios, entre otros tipos de labores, en su compromiso de “transformar pasivos ambientales mineros en activos ambientales y de desarrollo social”.
Ataviados de implementos de seguridad, los pasantes ingresaron a la mina Colquirrumi y transitaron por galerías subterráneas, donde fueron informados sobre las operaciones unitarias de minería como perforación, voladura, sostenimiento y seguridad minera, además del desarrollo de actividades de geología de minas.
Un día antes de esta visita, la instrucción teórica de este taller se desarrolló en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Cajamarca (UNC), con el propósito de promover conocimientos relacionados a la minería moderna, responsable y sostenible, además de fortalecer sus capacidades técnicas y personales.
“El objetivo es fomentar el cierre de brecha informativa, mediante la articulación entre Estado-comunidad-empresa, para prevenir los conflictos sociales y se mantenga una relación pacífica entre los actores del subsector minero”, señaló Mayra Figueroa, jefa de la Dirección de Sostenibilidad y Articulación Minera del Minem.
Cabe precisar que participaron en este taller estudiantes de las carreras profesionales de Derecho, Sociología e Ingeniería en sus diversas especialidades, provenientes de la UNC, Universidad Privada del Norte, Cetpromin, Senati y representantes de las organizaciones Amautas Mineros, WIN Perú, Openmind, SME-UNC, Asimet, entre otros.
En Colquirrumi funciona el Centro de Investigación y Estudios Minero Ambiental (Ciemam) donde los participantes realizaron una visita técnica, como parte de la XXXI edición del Taller de Integración Minera y Desarrollo Sostenible que desarrolló los días 11 y 12 de abril, la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (Dgpsm) del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Los participantes conocieron “in situ” las labores que desarrolla el Ciemam, empresa social dedicada a la investigación y estudios minero-ambientales responsable del pos cierre de 440 componentes de la mina Colquirrumi, entre bocaminas, depósitos de desmonte, relaveras, tajos abiertos y rajos exploratorios, entre otros tipos de labores, en su compromiso de “transformar pasivos ambientales mineros en activos ambientales y de desarrollo social”.
Ataviados de implementos de seguridad, los pasantes ingresaron a la mina Colquirrumi y transitaron por galerías subterráneas, donde fueron informados sobre las operaciones unitarias de minería como perforación, voladura, sostenimiento y seguridad minera, además del desarrollo de actividades de geología de minas.
Un día antes de esta visita, la instrucción teórica de este taller se desarrolló en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Cajamarca (UNC), con el propósito de promover conocimientos relacionados a la minería moderna, responsable y sostenible, además de fortalecer sus capacidades técnicas y personales.
“El objetivo es fomentar el cierre de brecha informativa, mediante la articulación entre Estado-comunidad-empresa, para prevenir los conflictos sociales y se mantenga una relación pacífica entre los actores del subsector minero”, señaló Mayra Figueroa, jefa de la Dirección de Sostenibilidad y Articulación Minera del Minem.
Cabe precisar que participaron en este taller estudiantes de las carreras profesionales de Derecho, Sociología e Ingeniería en sus diversas especialidades, provenientes de la UNC, Universidad Privada del Norte, Cetpromin, Senati y representantes de las organizaciones Amautas Mineros, WIN Perú, Openmind, SME-UNC, Asimet, entre otros.
El Modelo de Placas del Conflicto Social es predictivo
Escribe César Reyna Ugarriza*.
Abril 13 de 2025.- La semana anterior presenté el Modelo de Placas del Conflicto Social (MPCS), una herramienta pionera para prever y gestionar conflictos en proyectos de alto impacto.
Inspirado en la dinámica de placas tectónicas, este modelo considera las tensiones sociales como fuerzas acumuladas que, al superar un umbral crítico, pueden desencadenar crisis. El modelo integra variables directas, indirectas y contingentes en siete dimensiones clave: económica, política, social, ambiental, cultural, relacional y mediática. Cada dimensión representa una “placa” cuya interacción crea riesgos sociales; al identificarlos temprano, se facilita una intervención preventiva antes de que el conflicto estalle.
Una fortaleza central del MPCS es su capacidad predictiva, basada en métodos probabilísticos (p.ej., Monte Carlo Markov Chains) que modelan tensiones y calculan la probabilidad de escalamiento. Esto habilita la evaluación de escenarios alternativos y la priorización de estrategias de mitigación.
Su enfoque sistémico impulsa una visión integral del entorno, abarcando demandas sociales, factores estructurales y la influencia de actores externos. Para empresas, gobiernos y organizaciones, el MPCS ofrece una ruta de acción temprana que reduce costos operativos y fortalece la relación con comunidades.
El modelo ha sido validado en casos como Pueblo Viejo (Barrick Gold), donde se examinaron tensiones multidimensionales para detectar posibles focos de conflicto. Los hallazgos permitieron intervenciones oportunas, mejorando la comunicación y la gobernanza local.
Dicha experiencia demostró la versatilidad del MPCS en entornos mineros e infraestructurales, y su capacidad para adaptarse a contextos diversos. Además de anticipar riesgos, fomenta soluciones conjuntas que favorecen una dinámica más estable entre actores involucrados.
En la presentación se abordaron la metodología, aplicaciones prácticas y casos de éxito, destacando la utilidad de integrar datos cuantitativos y cualitativos para afinar el diagnóstico.
Con el MPCS, organizaciones y comunidades pueden alinear objetivos, reducir tensiones y consolidar la gobernanza del territorio. Su lógica sistémica brinda claridad ante desafíos complejos, al diseñar intervenciones que equilibran desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y cohesión social.
El Modelo de Placas del Conflicto Social (MPCS) propone un enfoque preventivo y holístico para la gestión de conflictos, anticipando factores críticos y ofreciendo rutas estratégicas que promueven estabilidad y legitimidad en proyectos de alto impacto. Su marco analítico, enfocado en tensiones interconectadas, refuerza la cooperación entre actores y sienta las bases de un desarrollo sostenible.
Abril 13 de 2025.- La semana anterior presenté el Modelo de Placas del Conflicto Social (MPCS), una herramienta pionera para prever y gestionar conflictos en proyectos de alto impacto.
Inspirado en la dinámica de placas tectónicas, este modelo considera las tensiones sociales como fuerzas acumuladas que, al superar un umbral crítico, pueden desencadenar crisis. El modelo integra variables directas, indirectas y contingentes en siete dimensiones clave: económica, política, social, ambiental, cultural, relacional y mediática. Cada dimensión representa una “placa” cuya interacción crea riesgos sociales; al identificarlos temprano, se facilita una intervención preventiva antes de que el conflicto estalle.
Una fortaleza central del MPCS es su capacidad predictiva, basada en métodos probabilísticos (p.ej., Monte Carlo Markov Chains) que modelan tensiones y calculan la probabilidad de escalamiento. Esto habilita la evaluación de escenarios alternativos y la priorización de estrategias de mitigación.
Su enfoque sistémico impulsa una visión integral del entorno, abarcando demandas sociales, factores estructurales y la influencia de actores externos. Para empresas, gobiernos y organizaciones, el MPCS ofrece una ruta de acción temprana que reduce costos operativos y fortalece la relación con comunidades.
El modelo ha sido validado en casos como Pueblo Viejo (Barrick Gold), donde se examinaron tensiones multidimensionales para detectar posibles focos de conflicto. Los hallazgos permitieron intervenciones oportunas, mejorando la comunicación y la gobernanza local.
Dicha experiencia demostró la versatilidad del MPCS en entornos mineros e infraestructurales, y su capacidad para adaptarse a contextos diversos. Además de anticipar riesgos, fomenta soluciones conjuntas que favorecen una dinámica más estable entre actores involucrados.
En la presentación se abordaron la metodología, aplicaciones prácticas y casos de éxito, destacando la utilidad de integrar datos cuantitativos y cualitativos para afinar el diagnóstico.
Con el MPCS, organizaciones y comunidades pueden alinear objetivos, reducir tensiones y consolidar la gobernanza del territorio. Su lógica sistémica brinda claridad ante desafíos complejos, al diseñar intervenciones que equilibran desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y cohesión social.
El Modelo de Placas del Conflicto Social (MPCS) propone un enfoque preventivo y holístico para la gestión de conflictos, anticipando factores críticos y ofreciendo rutas estratégicas que promueven estabilidad y legitimidad en proyectos de alto impacto. Su marco analítico, enfocado en tensiones interconectadas, refuerza la cooperación entre actores y sienta las bases de un desarrollo sostenible.
- El autor es consultor en gestión social y relaciones comunitarias con amplia experiencia en el sector extractivo. Email: [email protected]
EITI se inquieta por la financiación
de la sociedad civil sin Usaid
Abril 6 de 2025.- En un mensaje del director ejecutivo de la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), Mark Robinson, se pronunció sobre el desafío que implicará un cambio en el financiamiento de la participación ciudadana en la implementación del estándar, debido a la desaparición de la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos de Amércia (Usaid, por sus siglas en inglés) por el gobierno estadounidense, que brindaba los recursos a modo de cooperación internacional.
El financiamiento de la gobernanza de los recursos naturales se encuentra bajo presión, señaló. La cancelación del financiamiento de Usaid, sumada a recortes más amplios de la asistencia para el desarrollo, ya está teniendo consecuencias en la participación de la sociedad civil y la labor de algunos secretariados nacionales del EITI.
Si bien el EITI no es inmune a estos desafíos, estos también realzan la importancia de nuestra misión. Hoy más que nunca, los países necesitan instituciones fuertes y una gobernanza transparente para maximizar los ingresos derivados de sus recursos naturales, señaló en una misiva pública.
La presencia de una sociedad civil participativa y empoderada es crucial para lograr este objetivo. Es por eso que queremos invitar a nuestros socios y organizaciones de la sociedad civil a compartir sus perspectivas sobre cómo están incidiendo estos cambios de paradigma del financiamiento en su capacidad de participar en la implementación del EITI y en la gobernanza de los recursos naturales en general. Sus contribuciones nos ayudarán a identificar riesgos, oportunidades y prioridades a las cuales brindar apoyo.
En este orden, EITI convocó a llenar una encuesta a los actores de la sociedad civil socios de EITI en los 51 países participantes de la Iniciativa, para conocer el impacto del decreto del 20 de enero sobre la ayuda exterior de EE.UU.
En EITI Ecuador, algunas de la ongs quiteñas que dicen representar a la sociedad civil, obtenían parte de su financiamiento a través de fondos desde la Usaid, entre ellos, la Corporación Participación Ciudadana, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y el Grupo Faro.
Las preguntas que plantea la encuesta incluyen: ¿Se ha visto afectada la financiación de su organización por el decreto del 20 de enero "Reevaluación y reajuste de la ayuda exterior estadounidense"? y ¿Hay algo más que le gustaría compartir sobre el impacto de estos recortes en la sociedad civil de su país?
“El objetivo de esta encuesta es determinar cómo los cambios en la financiación de las prioridades y políticas afectarán nuestros esfuerzos colectivos y continuos por avanzar en la reforma y promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gobernanza de los recursos”, manifestó EITI.
El plazo para completar la encuesta es antes del 11 de abril de 2025.
El financiamiento de la gobernanza de los recursos naturales se encuentra bajo presión, señaló. La cancelación del financiamiento de Usaid, sumada a recortes más amplios de la asistencia para el desarrollo, ya está teniendo consecuencias en la participación de la sociedad civil y la labor de algunos secretariados nacionales del EITI.
Si bien el EITI no es inmune a estos desafíos, estos también realzan la importancia de nuestra misión. Hoy más que nunca, los países necesitan instituciones fuertes y una gobernanza transparente para maximizar los ingresos derivados de sus recursos naturales, señaló en una misiva pública.
La presencia de una sociedad civil participativa y empoderada es crucial para lograr este objetivo. Es por eso que queremos invitar a nuestros socios y organizaciones de la sociedad civil a compartir sus perspectivas sobre cómo están incidiendo estos cambios de paradigma del financiamiento en su capacidad de participar en la implementación del EITI y en la gobernanza de los recursos naturales en general. Sus contribuciones nos ayudarán a identificar riesgos, oportunidades y prioridades a las cuales brindar apoyo.
En este orden, EITI convocó a llenar una encuesta a los actores de la sociedad civil socios de EITI en los 51 países participantes de la Iniciativa, para conocer el impacto del decreto del 20 de enero sobre la ayuda exterior de EE.UU.
En EITI Ecuador, algunas de la ongs quiteñas que dicen representar a la sociedad civil, obtenían parte de su financiamiento a través de fondos desde la Usaid, entre ellos, la Corporación Participación Ciudadana, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y el Grupo Faro.
Las preguntas que plantea la encuesta incluyen: ¿Se ha visto afectada la financiación de su organización por el decreto del 20 de enero "Reevaluación y reajuste de la ayuda exterior estadounidense"? y ¿Hay algo más que le gustaría compartir sobre el impacto de estos recortes en la sociedad civil de su país?
“El objetivo de esta encuesta es determinar cómo los cambios en la financiación de las prioridades y políticas afectarán nuestros esfuerzos colectivos y continuos por avanzar en la reforma y promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gobernanza de los recursos”, manifestó EITI.
El plazo para completar la encuesta es antes del 11 de abril de 2025.
Nuevo reglamento de cierre de minas
no convence en la Cuenca Llallimayo
Marzo 30 de 2025.- El Decreto Supremo que modifica el reglamento para el cierre de minas no sería suficiente como parte de la remediación de la Cuenca Llallimayo en la provincia de Melgar, Perú. Ante este panorama incierto, según su percepción, los afectados el 31 de este mes evaluarán las acciones emprendidas por el nivel central.
Néstor Ccasa, presidente del frente de defensa de los recursos hídricos de la Cuenca Llallimayo, distrito de Llalli, recordó que en el mes de enero el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, prometió acciones concretas de remediación de esta cuenca, sin embargo; sólo se logró publicar en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo que modifica el reglamento para el cierre de minas aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2005-EM, fechado a 19 días del mes en curso. Iniciativa que no sería suficiente en el proceso de remediación.
“La realidad de los cuatro distritos (Llalli, Ayaviri, Cupi y Umachiri) de la Cuenca Llallimayo es muy triste, el recurso hídrico que utilizamos para los cultivos, animales y para nuestro consumo está siendo contaminado por esta mina irresponsable Aruntani SAC, ahora el Estado peruano no quiere asumir las consecuencias, porque fueron ellos quienes otorgaron las licencias de concesión para la explotación minera”, manifestó el dirigente.
Ante este panorama incierto, según su percepción, los afectados evaluarán el lunes 31 de marzo las acciones emprendidas por el nivel central, para lo cual no descartan emprender acciones de protesta indefinida, ya que el problema data desde muchos años atrás, sin respuestas concretas.
La grave situación en la que se puso al río, motivó la declaratoria de Estado de Emergencia en los distritos de Ayaviri, Cupi, Llalli y Umachiri de la provincia de Melgar y en el distrito de Ocuviri de la provincia de Lampa del departamento de Puno, “por peligro inminente ante contaminación hídrica, por el plazo de sesenta (60) días calendario, a partir del 24 de diciembre de 2024”. El Decreto Supremo Nº 144-2024-PCM, prorrogó el Estado de Emergencia. Radio Onda Azul.
Néstor Ccasa, presidente del frente de defensa de los recursos hídricos de la Cuenca Llallimayo, distrito de Llalli, recordó que en el mes de enero el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, prometió acciones concretas de remediación de esta cuenca, sin embargo; sólo se logró publicar en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo que modifica el reglamento para el cierre de minas aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2005-EM, fechado a 19 días del mes en curso. Iniciativa que no sería suficiente en el proceso de remediación.
“La realidad de los cuatro distritos (Llalli, Ayaviri, Cupi y Umachiri) de la Cuenca Llallimayo es muy triste, el recurso hídrico que utilizamos para los cultivos, animales y para nuestro consumo está siendo contaminado por esta mina irresponsable Aruntani SAC, ahora el Estado peruano no quiere asumir las consecuencias, porque fueron ellos quienes otorgaron las licencias de concesión para la explotación minera”, manifestó el dirigente.
Ante este panorama incierto, según su percepción, los afectados evaluarán el lunes 31 de marzo las acciones emprendidas por el nivel central, para lo cual no descartan emprender acciones de protesta indefinida, ya que el problema data desde muchos años atrás, sin respuestas concretas.
La grave situación en la que se puso al río, motivó la declaratoria de Estado de Emergencia en los distritos de Ayaviri, Cupi, Llalli y Umachiri de la provincia de Melgar y en el distrito de Ocuviri de la provincia de Lampa del departamento de Puno, “por peligro inminente ante contaminación hídrica, por el plazo de sesenta (60) días calendario, a partir del 24 de diciembre de 2024”. El Decreto Supremo Nº 144-2024-PCM, prorrogó el Estado de Emergencia. Radio Onda Azul.
Antioquia: Gobierno afronta paro
indefinido de mineros informales
Marzo 30 de 2025.- El lunes pasado, mineros del Nordeste antioqueño iniciaron un paro indefinido hasta que el gobierno colombiano cumpla con sus aspiraciones y tras las primeras horas, la Mesa Minera denunció operativos en contra de los mineros informales por parte de la fuerza pública.
En declaraciones realizadas el día de ayer, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, afirmó que el Ministerio de Energía y Minas, Minem, está preparado para reiniciar el proceso de formalización minera.
En Porce, corregimiento del municipio de Santo Domingo, en el Nordeste de Antioquia, se congregaron este lunes 24 de marzo los mineros ancestrales e informales de esta subregión para dar inicio con el paro indefinido, que había sido anunciado desde comienzo de ese mes.
Denuncian los trabajadores del oro que, además de los incumplimientos en los compromisos pactados tras el paro del 2024, también han sufrido atropellos por parte del Gobierno Nacional y de la fuerza pública mediante operativos.
El presidente de la mesa minera Segovia-Remedios, Yarley Marín, informó que ya enviaron el pliego de peticiones al Gobierno Nacional.
"Lo que exigimos es que no nos sigan atropellando tratando una problemática que es social como una de orden público. Estamos pidiendo oportunidades reales para nuestra comunidad minera", manifestó Marín.
La protesta, que es indefinida y en modo pacífico, tiene lugar en un sector que conecta las vías del Nordeste y Magdalena Medio con Medellín, por lo que ya se han presentado congestiones viales debido a los bloqueos.
"La idea es quedarnos en este punto. Hasta el momento hemos hablado con algunos voceros del Gobierno Nacional, pero estamos a la espera de concretar una reunión para comenzar el diálogo con las exigencias de nuestro pliego de peticiones", afirmó el líder minero.
Al inicio de la jornada llegaron unas 500 personas, pero se espera que se sigan sumando y llegar a un aproximado de 5.000 personas.
Los mineros del Nordeste exigieron al Gobierno el cumplimiento del 'Acuerdo por la formalización y regularización minera de pequeña y mediana escala'. "Nosotros hemos demostrado nuestra vocación de legalidad, pero el Gobierno Nacional nos sigue tratando como criminales. No estamos diciendo que no haya operativos, sino que cambie la dinámica del operativo, que nos den la oportunidad de demostrar que no pertenecemos a ningún grupo criminal al margen de la ley", agregó Marín.
De igual forma, criticó que todavía no haya una caracterización de las personas que se dedican a la minería ancestral y tradicional, que era otro de los compromisos pactados en el 2024.
De acuerdo con la Mesa Minera, en esta subregión hay al menos 60.000 personas que viven directamente de esta actividad. Asimismo, precisó que tampoco se ha avanzado en la implementación de los procesos de bancarización para esta población minera. Tomado de El Tiempo.
En declaraciones realizadas el día de ayer, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, afirmó que el Ministerio de Energía y Minas, Minem, está preparado para reiniciar el proceso de formalización minera.
En Porce, corregimiento del municipio de Santo Domingo, en el Nordeste de Antioquia, se congregaron este lunes 24 de marzo los mineros ancestrales e informales de esta subregión para dar inicio con el paro indefinido, que había sido anunciado desde comienzo de ese mes.
Denuncian los trabajadores del oro que, además de los incumplimientos en los compromisos pactados tras el paro del 2024, también han sufrido atropellos por parte del Gobierno Nacional y de la fuerza pública mediante operativos.
El presidente de la mesa minera Segovia-Remedios, Yarley Marín, informó que ya enviaron el pliego de peticiones al Gobierno Nacional.
"Lo que exigimos es que no nos sigan atropellando tratando una problemática que es social como una de orden público. Estamos pidiendo oportunidades reales para nuestra comunidad minera", manifestó Marín.
La protesta, que es indefinida y en modo pacífico, tiene lugar en un sector que conecta las vías del Nordeste y Magdalena Medio con Medellín, por lo que ya se han presentado congestiones viales debido a los bloqueos.
"La idea es quedarnos en este punto. Hasta el momento hemos hablado con algunos voceros del Gobierno Nacional, pero estamos a la espera de concretar una reunión para comenzar el diálogo con las exigencias de nuestro pliego de peticiones", afirmó el líder minero.
Al inicio de la jornada llegaron unas 500 personas, pero se espera que se sigan sumando y llegar a un aproximado de 5.000 personas.
Los mineros del Nordeste exigieron al Gobierno el cumplimiento del 'Acuerdo por la formalización y regularización minera de pequeña y mediana escala'. "Nosotros hemos demostrado nuestra vocación de legalidad, pero el Gobierno Nacional nos sigue tratando como criminales. No estamos diciendo que no haya operativos, sino que cambie la dinámica del operativo, que nos den la oportunidad de demostrar que no pertenecemos a ningún grupo criminal al margen de la ley", agregó Marín.
De igual forma, criticó que todavía no haya una caracterización de las personas que se dedican a la minería ancestral y tradicional, que era otro de los compromisos pactados en el 2024.
De acuerdo con la Mesa Minera, en esta subregión hay al menos 60.000 personas que viven directamente de esta actividad. Asimismo, precisó que tampoco se ha avanzado en la implementación de los procesos de bancarización para esta población minera. Tomado de El Tiempo.
Corte Constitucional inadmite reclamo contra
Ambiente en mina El Domo-Curipamba
Marzo 23 de 2025.- El Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional rechazó el pedido a trámite la acción extraordinaria de protección, proceso 2901-24-EP, que presentaron vecinos del cantón Las Naves con el propósito de cuestionar la consulta ambiental realizada en el proyecto El Domo antes Curipamba.
Con ello, ponían en peligro la licencia ambiental concedida por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Maate, luego de 27 meses de trámite. Pero la decisión de inadmisión deja en firme un nuevo precedente a favor de la continuación de la construcción de la mina que es operada por Silvercorp Metals, en asocio con Salazar Resources.
En los antecedentes de la decisión, se incluye que, los accionantes son residentes de las comunidades Jerusalén, Buenos Aires y Bellavista, en el cantón Las Naves. Relataron que, en 2021, la compañía Curimining S.A. inició el proceso para la obtención de la licencia ambiental para la explotación del proyecto minero.
Los accionantes demandan que el Maate vulneró su derecho a la consulta ambiental, por cuatro razones, dice el comunicado de la decisión. Primero, sostuvieron que el Maate no consultó a los habitantes de las tres comunidades antes señaladas. Segundo, alegaron que la Defensoría del Pueblo no dio seguimiento al proceso de consulta. Tercero, argumentaron que la consulta no fue oportuna ni adecuada. Cuarto, sostuvieron que la consulta no fue libre, porque el Maate empleó a la fuerza pública para intimidar la oposición al proyecto.
Posteriormente, la Corte Provincial desestimó los cuatro argumentos, dice el tribunal de la sala de admisiones. Primero, sostuvo que, según el estudio de impacto ambiental, las tres comunidades no se encontraban en el área de influencia directa, pero, aun así, el Maate realizó la consulta a personas ajenas a las comunidades de la influencia, incluyendo las tres comunidades. Es más, conforme con los testigos, continúa, varios comuneros de dichas tres comunidades sí participaron en la consulta, y quienes no participaron fue por voluntad propia.
Segundo, encontró que el Maate sí mantuvo reuniones con la Defensoría del Pueblo. Tercero, concluyó que la consulta sí fue oportuna, porque desde que se presentó el proyecto a las comunidades hasta la fase de consulta transcurrieron 179 días, tiempo suficiente para informarse del proyecto. Cuarto, concluyó que la fuerza pública precauteló la seguridad de los asistentes y nunca impidieron la participación, lo cual no implica una falta de libertad.
En su argumentación, los demandantes afirmaron que en la apelación realizada ante la Corte Provincial, los jueces no se pronunciaron por todos y cada uno de los argumentos expuestos. El proceso ante la Corte Provincial fue el signado con el número 02334-2024-00162 que condujo a esta solicitud de acción de protección.
Ellos aducían que: la fase consultiva de la consulta ambiental no debía realizarse porque la fase informativa fue ilegítima, que se quebró el principio de buena fe y libertad de la consulta por la masiva presencia de la fuerza pública, que no se instalaron todas las asambleas consultivas que fueron convocadas, que la Defensoría del Pueblo no participó de manera activa vigilando y acompañando todo el proceso, que el desarrollo de la llamada asamblea consultiva se limitó a comunicar las observaciones que fueron acogidas por el Maate y tomar una especie de “votación”, pero que en absoluto se promovió un debate; que, como consecuencia de la exclusión, falta de transparencia y mala fe, hubo una mínima participación de 318 personas.
Los accionantes agregaban que, las opiniones de quienes se oponían a la realización del proyecto no fueron analizadas con enfoque intercultural; que al otorgar la Licencia Ambiental, el estado ecuatoriano no protegió las formas de vida campesinas en Las Naves y que ellos, habitantes de Jerusalén no participaron en la consulta ambiental en ejercicio de su derecho a la resistencia, mas no como una renuncia a ejercer su derecho a la consulta ambiental.
Luego de su análisis jurídico de cumplimiento de requisitos y causales, según se desprende del documento, para tomar su decisión la Sala apunta cinco argumentos que justifican la inadmisibilidad, que podríamos resumir de esta manera:
Que los argumentos de los accionantes no son claros y concretos y no contienen su respectiva justificación jurídica; que los argumentos se agotan en una inconformidad con la decisión de la Corte Provincial, que uno de los argumentos (la Corte Provincial no analizó todas las pruebas) se limita a una acusación genérica sobre una deficiente apreciación probatoria, que no se cumple el criterio de posibilidad de generar un precedente porque el caso no es novedoso, que la denuncia no contiene una vulneración grave.
Además, siempre siguiendo el documento público, que el caso no presenta un asunto de relevancia y trascendencia nacional “del cual la Corte no se haya pronunciado previamente”. Con ello, se anota a pie de página que “en el caso 1438-23-EP, el tribunal precedido por la jueza Karla Andrade estableció que un caso similar al presente no reviste de trascendencia nacional, por cuanto la Corte ya se habría pronunciado anteriormente en otros casos. Ver auto 1438-23-EP, 27 de marzo de 2024, párr. 35 (iv)”.
Con ello, ponían en peligro la licencia ambiental concedida por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Maate, luego de 27 meses de trámite. Pero la decisión de inadmisión deja en firme un nuevo precedente a favor de la continuación de la construcción de la mina que es operada por Silvercorp Metals, en asocio con Salazar Resources.
En los antecedentes de la decisión, se incluye que, los accionantes son residentes de las comunidades Jerusalén, Buenos Aires y Bellavista, en el cantón Las Naves. Relataron que, en 2021, la compañía Curimining S.A. inició el proceso para la obtención de la licencia ambiental para la explotación del proyecto minero.
Los accionantes demandan que el Maate vulneró su derecho a la consulta ambiental, por cuatro razones, dice el comunicado de la decisión. Primero, sostuvieron que el Maate no consultó a los habitantes de las tres comunidades antes señaladas. Segundo, alegaron que la Defensoría del Pueblo no dio seguimiento al proceso de consulta. Tercero, argumentaron que la consulta no fue oportuna ni adecuada. Cuarto, sostuvieron que la consulta no fue libre, porque el Maate empleó a la fuerza pública para intimidar la oposición al proyecto.
Posteriormente, la Corte Provincial desestimó los cuatro argumentos, dice el tribunal de la sala de admisiones. Primero, sostuvo que, según el estudio de impacto ambiental, las tres comunidades no se encontraban en el área de influencia directa, pero, aun así, el Maate realizó la consulta a personas ajenas a las comunidades de la influencia, incluyendo las tres comunidades. Es más, conforme con los testigos, continúa, varios comuneros de dichas tres comunidades sí participaron en la consulta, y quienes no participaron fue por voluntad propia.
Segundo, encontró que el Maate sí mantuvo reuniones con la Defensoría del Pueblo. Tercero, concluyó que la consulta sí fue oportuna, porque desde que se presentó el proyecto a las comunidades hasta la fase de consulta transcurrieron 179 días, tiempo suficiente para informarse del proyecto. Cuarto, concluyó que la fuerza pública precauteló la seguridad de los asistentes y nunca impidieron la participación, lo cual no implica una falta de libertad.
En su argumentación, los demandantes afirmaron que en la apelación realizada ante la Corte Provincial, los jueces no se pronunciaron por todos y cada uno de los argumentos expuestos. El proceso ante la Corte Provincial fue el signado con el número 02334-2024-00162 que condujo a esta solicitud de acción de protección.
Ellos aducían que: la fase consultiva de la consulta ambiental no debía realizarse porque la fase informativa fue ilegítima, que se quebró el principio de buena fe y libertad de la consulta por la masiva presencia de la fuerza pública, que no se instalaron todas las asambleas consultivas que fueron convocadas, que la Defensoría del Pueblo no participó de manera activa vigilando y acompañando todo el proceso, que el desarrollo de la llamada asamblea consultiva se limitó a comunicar las observaciones que fueron acogidas por el Maate y tomar una especie de “votación”, pero que en absoluto se promovió un debate; que, como consecuencia de la exclusión, falta de transparencia y mala fe, hubo una mínima participación de 318 personas.
Los accionantes agregaban que, las opiniones de quienes se oponían a la realización del proyecto no fueron analizadas con enfoque intercultural; que al otorgar la Licencia Ambiental, el estado ecuatoriano no protegió las formas de vida campesinas en Las Naves y que ellos, habitantes de Jerusalén no participaron en la consulta ambiental en ejercicio de su derecho a la resistencia, mas no como una renuncia a ejercer su derecho a la consulta ambiental.
Luego de su análisis jurídico de cumplimiento de requisitos y causales, según se desprende del documento, para tomar su decisión la Sala apunta cinco argumentos que justifican la inadmisibilidad, que podríamos resumir de esta manera:
Que los argumentos de los accionantes no son claros y concretos y no contienen su respectiva justificación jurídica; que los argumentos se agotan en una inconformidad con la decisión de la Corte Provincial, que uno de los argumentos (la Corte Provincial no analizó todas las pruebas) se limita a una acusación genérica sobre una deficiente apreciación probatoria, que no se cumple el criterio de posibilidad de generar un precedente porque el caso no es novedoso, que la denuncia no contiene una vulneración grave.
Además, siempre siguiendo el documento público, que el caso no presenta un asunto de relevancia y trascendencia nacional “del cual la Corte no se haya pronunciado previamente”. Con ello, se anota a pie de página que “en el caso 1438-23-EP, el tribunal precedido por la jueza Karla Andrade estableció que un caso similar al presente no reviste de trascendencia nacional, por cuanto la Corte ya se habría pronunciado anteriormente en otros casos. Ver auto 1438-23-EP, 27 de marzo de 2024, párr. 35 (iv)”.
Dorada Opacidad: Premio al periodismo
que revela rutas de lavado en minería
Marzo 23 de 2025.- La serie investigativa Dorada Opacidad, liderada por Convoca.pe en alianza con ocho medios latinoamericanos, ganó el Premio Rey de España en la categoría “Periodismo Narrativo”, que reconoce a la mejor historia que contribuya al derecho a la información.
Dorada Opacidad expone los mecanismos oscuros del tráfico masivo de oro en Sudamérica. Este trabajo, realizado por periodistas de Brasil, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela ha sido elegido entre los 112 postulantes a la categoría de Periodismo Narrativo. Los reportajes se pueden leer en: https://convoca.pe/doradaopacidad/
El equipo periodístico identificó mediante bases de datos públicas y privadas las rutas de tráfico, decenas de empresas involucradas y negligencia estatal. Además, se hizo trabajo de campo y se usaron drones para hacer seguimiento a cargamentos de oro que salían de zonas informales.
Dorada Opacidad, una investigación liderada por Convoca (Perú) con Repórter Brasil (Brasil), Plan V (Ecuador), Consejo de Redacción y Rutas del Conflicto (Colombia), y http://Armando.Info y @AAlianza Rebelde Investiga formada por Runrunes, El Pitazo y TalCual (Venezuela).
Plan V, recogió las declaraciones de la fundadora y líder de Convoca.pe, milagros Salazar, “En momentos desafiantes para el periodismo de investigación en América Latina, con leyes que promueven la censura, la persecución a periodistas y la reducción de fondos internacionales para el periodismo independiente, este premio reafirma la importancia de investigar prácticas, sistemas y redes que ponen en riesgo la vida y la economía de millones de personas. En tiempos de crisis, investigaciones como Dorada Opacidad son indispensables, acoró a agradecer al jurado tras el anuncio que hiciera este jueves 20 de marzo, la Agencia EFE, una de las organizadoras de estos galardones.
El portal digital de periodistas y políticos ecuatorianos, Plan V, en el caso de Ecuador reveló las multimillonarias exportaciones de oro que realizan empresas fantasmas. En el caso de Ecuador, Plan V descubrió que una decena de empresas, de reciente creación, exportó oro por más de US$ 500 millones. En los últimos años, esta fue la primera investigación en Ecuador sobre el masivo comercio de oro que sale a través de empresas ecuatorianas con escasos o nulos controles, afirmó Juan Carlos Calderón, el multipremiado director del portal.
¡Coincidimos mucho en que esta iniciativa refleja la fuerza del periodismo colaborativo en América Latina y felicitamos a todos los colegas premiados!
Dorada Opacidad expone los mecanismos oscuros del tráfico masivo de oro en Sudamérica. Este trabajo, realizado por periodistas de Brasil, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela ha sido elegido entre los 112 postulantes a la categoría de Periodismo Narrativo. Los reportajes se pueden leer en: https://convoca.pe/doradaopacidad/
El equipo periodístico identificó mediante bases de datos públicas y privadas las rutas de tráfico, decenas de empresas involucradas y negligencia estatal. Además, se hizo trabajo de campo y se usaron drones para hacer seguimiento a cargamentos de oro que salían de zonas informales.
Dorada Opacidad, una investigación liderada por Convoca (Perú) con Repórter Brasil (Brasil), Plan V (Ecuador), Consejo de Redacción y Rutas del Conflicto (Colombia), y http://Armando.Info y @AAlianza Rebelde Investiga formada por Runrunes, El Pitazo y TalCual (Venezuela).
Plan V, recogió las declaraciones de la fundadora y líder de Convoca.pe, milagros Salazar, “En momentos desafiantes para el periodismo de investigación en América Latina, con leyes que promueven la censura, la persecución a periodistas y la reducción de fondos internacionales para el periodismo independiente, este premio reafirma la importancia de investigar prácticas, sistemas y redes que ponen en riesgo la vida y la economía de millones de personas. En tiempos de crisis, investigaciones como Dorada Opacidad son indispensables, acoró a agradecer al jurado tras el anuncio que hiciera este jueves 20 de marzo, la Agencia EFE, una de las organizadoras de estos galardones.
El portal digital de periodistas y políticos ecuatorianos, Plan V, en el caso de Ecuador reveló las multimillonarias exportaciones de oro que realizan empresas fantasmas. En el caso de Ecuador, Plan V descubrió que una decena de empresas, de reciente creación, exportó oro por más de US$ 500 millones. En los últimos años, esta fue la primera investigación en Ecuador sobre el masivo comercio de oro que sale a través de empresas ecuatorianas con escasos o nulos controles, afirmó Juan Carlos Calderón, el multipremiado director del portal.
¡Coincidimos mucho en que esta iniciativa refleja la fuerza del periodismo colaborativo en América Latina y felicitamos a todos los colegas premiados!
La iglesia católica salvadoreña entregó firmas
e insiste en la derogación de la ley minera
Foto: Vatican News.
Marzo 23 de 2025.- La máxima representación de la iglesia católica entregó este martes un paquete con 150 000 firmas de ciudadanos que rechazan la explotación minera en El Salvador e insistió en la derogación de la Ley General de Minería Metálica, aprobada en diciembre pasado, ya que considera que «el país no resistiría la extracción minera».
Los obispos, liderados por el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, y el cardenal Gregorio Rosa Chávez, se acercaron hasta la sede de la Asamblea Legislativa, en la capital, para la entrega de las hojas con las firmas, que fueron recibidas por personal del área de recepción de dicho órgano.
El arzobispo de San Salvador explicó a la prensa que la iniciativa de recolección de firmas fue impulsada por la iglesia católica con el apoyo de algunas iglesias evangélicas y se llevó a cabo entre el pasado 7 de febrero y el 5 de marzo.
«No nos mueve un interés político o económico, nos mueve el clamor de buena parte del pueblo salvadoreño que pide, a través de estas firmas, la derogación de la ley de minería. La no contaminación del agua, de la tierra nos mueve (…) si se continúa con esto (explotación minera) nos perjudicaría a todos. Nos mueve el bien de las personas más vulnerables», dijo Escobar Alas.
El religioso pidió al Estado y al Gobierno que «busque otro camino de desarrollo económico para el país que no afecte el bienestar de la población».
«Esperamos, luego de esta acción, que sí se derogue la ley. Tenemos mucho temor si se lleva adelante proyectos de explotación minera en el país», manifestó.
Al ser preguntado sobre si la iglesia a la que representa tiene conocimiento de si ya se han otorgado concesiones a empresas extranjeras dedicas a la explotación minera, respondió que «no».
El presidente Nayib Bukele defendió en enero pasado la minería pese al rechazo de algunos sectores de la sociedad de la ley minera aprobada para permitir la explotación minera en el país, y en ese momento aseguró que aún «no hay» permisos para la realización de esta práctica.
No obstante, a la fecha el Gobierno no ha informado si ya se han extendido permisos para proyectos de exploración y explotación minera.
«Pedimos a la Asamblea la derogación de la ley de minería en El Salvador y esperamos que el señor presidente esté de acuerdo con esta petición y que por unanimidad lo aprueben (…) es el bien del pueblo lo que nos preocupa», agregó el arzobispo de San Salvador.
El Salvador mantuvo una prohibición de la minería metálica desde 2017 pero esta fue revertida en diciembre pasado por iniciativa legislativa del presidente Bukele, que aseguró que el país posee los yacimientos de oro «con mayor densidad por km2 en el mundo».
Se estima, según datos de organizaciones ambientalistas, que la explotación minera afectaría a alrededor de 4 millones de personas en El Salvador, un país de 6,3 millones de habitantes.
Además, la realización de actividades mineras en El Salvador «amenaza directamente» a la cuenca del Río Lempa, que es «la principal fuente de agua para más del 50 % de la población salvadoreña», según dijo recientemente la ambientalista Irene Díaz.
Miles de manifestantes se han hecho presentes desde noviembre en protestas callejeras con pañuelos amarillos en los que se lee "El oro no se toma", contra la aprobación de la Asamblea Legislativa.
"Dios puso un gigantesco tesoro bajo nuestros pies", fue el principal argumento que esgrimió antes de la última Navidad Bukele para sostener su solicitud de levantar la prohibición.
De acuerdo a varios activistas la prohibición de la minería metálica se dio por su alto costo ecológico, sin embargo para Bukele representa una línea productiva en el intento de transformar una economía en lento crecimiento.
El 23 de diciembre del año anterior, la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, aprobó el proyecto de la ley que volverá a permitir la actividad.
"Ubicado en el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas más ricas en recursos minerales gracias a su actividad volcánica (...), El Salvador tiene potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por km² en el mundo", había asegurado Bukele en una publicación de X.
Monseñor José Luis Escobar Alas, en una emisión de video compartida en Youtube y otras redes digitales, dijo a la nación: “En nombre de nuestra Conferencia Episcopal comunico que el próximo martes 18 del presente mes, a las 11 de la mañana, entregaremos a la Asamblea legislativa las firmas que hemos recolectado para solicitar a esa honorable Asamblea la derogación de la ley de minería metálica recientemente aprobada. No haremos marcha, sino que llegaremos directamente al portón de la Asamblea para entregar las firmas. No se las entregaremos por medio de alguno de los señores diputados sino que serán entregadas en la ventanilla de la Asamblea.
“Esta es una acción pastoral que hacemos sin ningún interés político partidista, por ideologías, ni tampoco por intereses de grupos de poder, sino que nos mueve únicamente el bien del pueblo, principalmente el bien de los más vulnerables. Están con nosotros los obispos, sacerdotes, religiosos y hermanos laicos de todo el país para representar a toda la Iglesia.
“Si alguna persona se nos quiere unir en este acto, lo puede hacer. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos”, fue como concluyó el presidente de la Conferencia Episcopal salvadoreña. Contenido de EFE y DiarioCoLatinoDigital
Los obispos, liderados por el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, y el cardenal Gregorio Rosa Chávez, se acercaron hasta la sede de la Asamblea Legislativa, en la capital, para la entrega de las hojas con las firmas, que fueron recibidas por personal del área de recepción de dicho órgano.
El arzobispo de San Salvador explicó a la prensa que la iniciativa de recolección de firmas fue impulsada por la iglesia católica con el apoyo de algunas iglesias evangélicas y se llevó a cabo entre el pasado 7 de febrero y el 5 de marzo.
«No nos mueve un interés político o económico, nos mueve el clamor de buena parte del pueblo salvadoreño que pide, a través de estas firmas, la derogación de la ley de minería. La no contaminación del agua, de la tierra nos mueve (…) si se continúa con esto (explotación minera) nos perjudicaría a todos. Nos mueve el bien de las personas más vulnerables», dijo Escobar Alas.
El religioso pidió al Estado y al Gobierno que «busque otro camino de desarrollo económico para el país que no afecte el bienestar de la población».
«Esperamos, luego de esta acción, que sí se derogue la ley. Tenemos mucho temor si se lleva adelante proyectos de explotación minera en el país», manifestó.
Al ser preguntado sobre si la iglesia a la que representa tiene conocimiento de si ya se han otorgado concesiones a empresas extranjeras dedicas a la explotación minera, respondió que «no».
El presidente Nayib Bukele defendió en enero pasado la minería pese al rechazo de algunos sectores de la sociedad de la ley minera aprobada para permitir la explotación minera en el país, y en ese momento aseguró que aún «no hay» permisos para la realización de esta práctica.
No obstante, a la fecha el Gobierno no ha informado si ya se han extendido permisos para proyectos de exploración y explotación minera.
«Pedimos a la Asamblea la derogación de la ley de minería en El Salvador y esperamos que el señor presidente esté de acuerdo con esta petición y que por unanimidad lo aprueben (…) es el bien del pueblo lo que nos preocupa», agregó el arzobispo de San Salvador.
El Salvador mantuvo una prohibición de la minería metálica desde 2017 pero esta fue revertida en diciembre pasado por iniciativa legislativa del presidente Bukele, que aseguró que el país posee los yacimientos de oro «con mayor densidad por km2 en el mundo».
Se estima, según datos de organizaciones ambientalistas, que la explotación minera afectaría a alrededor de 4 millones de personas en El Salvador, un país de 6,3 millones de habitantes.
Además, la realización de actividades mineras en El Salvador «amenaza directamente» a la cuenca del Río Lempa, que es «la principal fuente de agua para más del 50 % de la población salvadoreña», según dijo recientemente la ambientalista Irene Díaz.
Miles de manifestantes se han hecho presentes desde noviembre en protestas callejeras con pañuelos amarillos en los que se lee "El oro no se toma", contra la aprobación de la Asamblea Legislativa.
"Dios puso un gigantesco tesoro bajo nuestros pies", fue el principal argumento que esgrimió antes de la última Navidad Bukele para sostener su solicitud de levantar la prohibición.
De acuerdo a varios activistas la prohibición de la minería metálica se dio por su alto costo ecológico, sin embargo para Bukele representa una línea productiva en el intento de transformar una economía en lento crecimiento.
El 23 de diciembre del año anterior, la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, aprobó el proyecto de la ley que volverá a permitir la actividad.
"Ubicado en el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas más ricas en recursos minerales gracias a su actividad volcánica (...), El Salvador tiene potencialmente los depósitos de oro con mayor densidad por km² en el mundo", había asegurado Bukele en una publicación de X.
Monseñor José Luis Escobar Alas, en una emisión de video compartida en Youtube y otras redes digitales, dijo a la nación: “En nombre de nuestra Conferencia Episcopal comunico que el próximo martes 18 del presente mes, a las 11 de la mañana, entregaremos a la Asamblea legislativa las firmas que hemos recolectado para solicitar a esa honorable Asamblea la derogación de la ley de minería metálica recientemente aprobada. No haremos marcha, sino que llegaremos directamente al portón de la Asamblea para entregar las firmas. No se las entregaremos por medio de alguno de los señores diputados sino que serán entregadas en la ventanilla de la Asamblea.
“Esta es una acción pastoral que hacemos sin ningún interés político partidista, por ideologías, ni tampoco por intereses de grupos de poder, sino que nos mueve únicamente el bien del pueblo, principalmente el bien de los más vulnerables. Están con nosotros los obispos, sacerdotes, religiosos y hermanos laicos de todo el país para representar a toda la Iglesia.
“Si alguna persona se nos quiere unir en este acto, lo puede hacer. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos”, fue como concluyó el presidente de la Conferencia Episcopal salvadoreña. Contenido de EFE y DiarioCoLatinoDigital
Dundee tropieza con el informe del ingeniero Ordóñez
Marzo 9 de 2025.- El contenido del informe del ingeniero cuencano Galo Ordóñez Espinosa sobre la zona geográfica en la que se ubica el proyecto Loma Larga es contundente: el área natural es delicada y su conservación es incompatible con la actividad minera.
El ingeniero Ordóñez no fue un técnico más de la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Saneamiento y Gestión Ambiental del cantón Cuenca (Etapa EP), sino uno de sus fundadores. Antes y después de su fallecimiento en 2019 ha sido homenajeado por la ciudad de Cuenca por sus servicios prestados en beneficio de sus habitantes. Es un prohombre de la ciudad de Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca.
Pero él no fue minero, sino, probablemente, uno de aquellos a quienes se debía explicar en detalle cómo se hace minería sin contaminar las aguas.
La minera canadiense Dundee Precious Metals, dentro de la acción de protección No. 01371-2022-00067 en la que la empresa perdió, expuso sus argumentos para que el informe de la empresa municipal de Cuenca Etapa EP, sea descartado y no sea tomado en cuenta por el tribunal.
Uno de esos argumentos es que en la medida de reparación integral, la Corte Provincial dispuso que, en el informe hídrico que debían elaborar en conjunto el Ministerio del Ambiente y la empresa Etapa EP, se “deberá abordar las conclusiones que se emite en el informe presentado en Etapa EP por parte del Ing. Galo Ordoñez”. Sin embargo, afirma Dundee, el Informe Técnico elaborado únicamente por Etapa EP no aborda, en ningún momento, las conclusiones del informe del Ing. Galo Ordoñez.
Con una búsqueda en Google, localizamos el proceso N°01371202200067, acción de protección con medida cautelar en la Corte Provincial de Justicia de Azuay, en donde constan algunas de las conclusiones del informe del ingeniero Galo Ordóñez.
En 28 de agosto de 2023, el juez ponente, doctor Pablo Valverde Orellana, en su resolución de aceptar el recurso de apelación con voto de mayoría, punto 3.3.2., señala (citas textuales):
“El 25 de enero del 2019, en la entidad que suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio del Ambiente (Etapa EP, nota de la redacción), se pone en conocimiento del gerente un informe sobre la Vulnerabilidad de las Fuentes de Agua del Páramo frente a la minería en el cantón Cuenca, elaborado por el Ing. Galo Ordoñez, concluye que las áreas concesionadas se ubican aguas arriba de las captaciones para consumo humano y riego”.
“y se encuentran totalmente dentro del ecosistema del páramo, que posee una alta capacidad de retención de agua y regulación de caudales, características esenciales para la vida y el desarrollo de los habitantes del cantón Cuenca, que el agua que se contaminaría con metales tóxicos especialmente arsénico y mercurio, representa un riesgo altamente potencial de contaminar fuentes de agua para consumo humano y riego, ya que cualquier contaminación llegaría rápidamente a los pequeños cursos de agua que confluyen a quebradas y ríos”.
“Agrega el técnico, que las áreas mineras concesionadas se encuentran dentro del Área de Bosque y Vegetación Protectora Yanuncay-Irquis, declarada bajo esta categoría de manejo por el Estado Central en 1985, para precautelar las zonas de recarga hídrica del proyecto hidroeléctrico Paute, siendo la actividad minera no compatible con el manejo de esta categoría de protección”.
A continuación, agrega el juez ponente: “3.4. En los informes que obran del expediente y que han sido elaborados por la empresa Iamgold y que tiene relación con la auditoría ambiental, respecto a la Hidrología y Geohidrología, anota que la zona se define como un antiguo volcán cuya caldera debido a la alta y constante precipitación se ha convertido en un reservorio natural de agua, en ella se encuentran algunas lagunas y se originan varios arroyos; que el conjunto de ríos que se originan en el área forman una cuenca de drenaje radial, forma que se caracteriza por una red circular de canales que proceden de un punto elevado y corren hacia la corriente colectora principal que circula alrededor de la base de elevación; en el sector existen peculiaridades hídricas típicas de arroyos de alta montaña caracterizados por pequeños volúmenes de agua con caudales estacionales, donde la trucha es la especie característica; en cuanto a la fauna, es escasa con un número bajo de especies e igualmente de individuos por especie, se encuentran anfibios, mamíferos como conejos, venados y lobos; entre las aves representativas especies de falconiformes como el curiquingue, aves como el mirlo y colibríes, entre otros; la flora y fauna, contribuyen al equilibrio especial de la dinámica del ecosistema, y explica las condiciones las que califica como espacios frágiles”.
Saquen sus propias conclusiones. De nada.
En 28 de agosto de 2023, el juez ponente, doctor Pablo Valverde Orellana, en su resolución de aceptar el recurso de apelación con voto de mayoría, punto 3.3.2., señala (citas textuales):
“El 25 de enero del 2019, en la entidad que suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio del Ambiente (Etapa EP, nota de la redacción), se pone en conocimiento del gerente un informe sobre la Vulnerabilidad de las Fuentes de Agua del Páramo frente a la minería en el cantón Cuenca, elaborado por el Ing. Galo Ordoñez, concluye que las áreas concesionadas se ubican aguas arriba de las captaciones para consumo humano y riego”.
“y se encuentran totalmente dentro del ecosistema del páramo, que posee una alta capacidad de retención de agua y regulación de caudales, características esenciales para la vida y el desarrollo de los habitantes del cantón Cuenca, que el agua que se contaminaría con metales tóxicos especialmente arsénico y mercurio, representa un riesgo altamente potencial de contaminar fuentes de agua para consumo humano y riego, ya que cualquier contaminación llegaría rápidamente a los pequeños cursos de agua que confluyen a quebradas y ríos”.
“Agrega el técnico, que las áreas mineras concesionadas se encuentran dentro del Área de Bosque y Vegetación Protectora Yanuncay-Irquis, declarada bajo esta categoría de manejo por el Estado Central en 1985, para precautelar las zonas de recarga hídrica del proyecto hidroeléctrico Paute, siendo la actividad minera no compatible con el manejo de esta categoría de protección”.
A continuación, agrega el juez ponente: “3.4. En los informes que obran del expediente y que han sido elaborados por la empresa Iamgold y que tiene relación con la auditoría ambiental, respecto a la Hidrología y Geohidrología, anota que la zona se define como un antiguo volcán cuya caldera debido a la alta y constante precipitación se ha convertido en un reservorio natural de agua, en ella se encuentran algunas lagunas y se originan varios arroyos; que el conjunto de ríos que se originan en el área forman una cuenca de drenaje radial, forma que se caracteriza por una red circular de canales que proceden de un punto elevado y corren hacia la corriente colectora principal que circula alrededor de la base de elevación; en el sector existen peculiaridades hídricas típicas de arroyos de alta montaña caracterizados por pequeños volúmenes de agua con caudales estacionales, donde la trucha es la especie característica; en cuanto a la fauna, es escasa con un número bajo de especies e igualmente de individuos por especie, se encuentran anfibios, mamíferos como conejos, venados y lobos; entre las aves representativas especies de falconiformes como el curiquingue, aves como el mirlo y colibríes, entre otros; la flora y fauna, contribuyen al equilibrio especial de la dinámica del ecosistema, y explica las condiciones las que califica como espacios frágiles”.
Saquen sus propias conclusiones. De nada.
Réplica de Ecuacorriente S. A.
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Marzo 3 de 2025.- El 27 de febrero, mediante el Oficio No. 004-RRCC-ECSA-2025, EcuaCorriente nos solicitó ejercer su derecho a la réplica por la nota que publicamos el domingo 23 de febrero, en nuestra página web, titulada "Zamora Chinchipe: Se preparan para eventual ruptura de relaves de Mirador".
En la carta de solicitud de réplica dicen que no aparece el nombre del autor ni se atribuye a una persona lo expresado en la nota.
Dicen que por haber publicado la nota de esa manera afectamos la honra, reputación y dignidad de EcuaCorriente S.A. y nos dan 72 horas para que publiquemos un contenido que la empresa nos redacta.
En la solicitud, el doctor Paúl Correla G., procurador Judicial de ECSA, afirma que “Desde el inicio de operaciones de los depósitos de relaves Quimi y Tundayme, no se ha registrado ninguna inundación causada por la rotura de sus diques, construidos y monitoreados bajo estrictos estándares técnicos”.
Afirma también que EcuaCorriente S.A. concesionaria de la mina Mirador, es una empresa ecuatoriana con capitales de las empresas: China Railway Construction Co. Ltd. y Tongling Nonferrous Metals Group Holding Co.
A continuación, expresa que la empresa ha desarrollado e implementado un Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias de los Depósitos de Relaves de la Mina Mirador, en el que participaron activamente comunidades, brigadistas, autoridades locales y la propia empresa. Este plan cumple con las disposiciones establecidas en el "Instructivo para la Aprobación de Proyectos de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Depósitos de Relaves para la Mediana y Gran Minería", emitido mediante el Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR-MERNNR-2020-0043- AM y reformado por el Acuerdo Ministerial Nro. MEM-MEM-2023-0012-AM de mayo de 2023, precisa.
El ejecutivo agrega en su misiva que: “Como parte de este proceso, ECSA llevó a cabo una amplia socialización interna y externa del plan, con el objetivo de informar sobre los niveles de respuesta, los planes de emergencia, la señalética y los sistemas de alarma implementados. A través de estas acciones, se capacitó a todos los trabajadores de ECSA y a 661 representantes de comunidades, incluyendo dirigentes, autoridades parroquiales y unidades educativas. Además, se realizó un simulacro de evacuación comunitaria, en coordinación con la Policía Nacional, el GAD Parroquial de Tundayme, las Unidades Educativas, las Fuerzas Armadas y otros actores sociales”.
En esta actividad, agrega, participaron las 1O comunidades de la zona de influencia, los habitantes de la cabecera parroquial y el barrio Chuchumbletza, reuniendo a cerca de 200 habitantes, quienes desempeñaron un rol activo en el ejercicio de preparación y respuesta ante emergencias.
Finalmente, no nos piden cordialmente que presentemos disculpas públicas sino que “lo esperan”.
Nuestra respuesta:
Con gusto les proporcionamos aquí todo el espacio que deseen para difundir información acerca de un tema de alto interés del país, pero nadie nos dicta lo que escribimos.
Reconocemos el error cometido al afirmar que EcuaCorriente es una empresa de la ciudad china de Tongguan, cuando en realidad es una subsidiaria ecuatoriana de una empresa de la ciudad china de Tongling (https://en.wikipedia.org/wiki/Tongling_Nonferrous_Metals) y también de otra empresa estatal de construcción, una de las más grandes y prestigiosas del mundo con obras, según su página web, en 140 países y regiones (https://english.crcc.cn/col/col21582/index.html). El tema no era la estructura empresarial de ECSA que en innumerables notas hemos mencionado sin equivocarnos. Pedimos disculpas por cambiar el nombre de las ciudades.
Como es de conocimiento público (o debería ser) y como refiere el doctor Corella en su misiva, “EcuaCorriente S.A. cuenta con departamentos especializados que están integrados por profesionales de alto nivel técnico, los cuales utilizan tecnología de vanguardia, para evaluar y gestionar la seguridad de los depósitos de relaves, siendo el Departamento de Gestión de Depósitos de Relaves el encargado de la gestión integral relacionada con la construcción, operación, monitoreo y vigilancia de los depósitos de relaves Quimi y Tundayme de la mina Mirador”.
Al respecto, nosotros no somos quien para dudarlo, ni lo hacemos.
En esta respuesta debemos insistir en que los autores de los “Términos de Referencia para el levantamiento topográfico y batimétrico en los ríos Quimi y Zamora: Caracterización morfológica, aforos y estimación de parámetros hidráulicos para la modelación de escenarios de ruptura de presas de relaves del complejo minero Mirador”, señalan en el mismo documento que: “El proyecto ComUnitar tiene como objetivo específico preparar a las poblaciones Shuar y Kichwa amenazadas por las inundaciones provocadas por la rotura de las presas de relaves del complejo minero Mirador en Tundayme”. Lo afirmado es suyo. Los TDR están colgados en la nota para que el público por sí mismo lo verifique.
Por otro lado, en su página de Facebook (https://www.facebook.com/AVSFlatam/posts/670845118617910), los mismos autores de los Términos de Referencia citados señalan que: “El proyecto piloto para la preparación y protección de comunidades shuar y kichwa ante el riesgo de falla de las presas de relaves del complejo minero Mirador, provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador (ComUnitar)”, es financiado por la DG ECHO Unión Europea en Ecuador; ejecutado por Protos Andes/AVSF, en coordinación con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y la Prefectura de Zamora Chinchipe.
Es claro que la provincia, a través de sus autoridades electas por votación popular, y también la SNGR se preparan para el efecto de un eventual desastre. Así como ECSA ha hecho sus planes, socializaciones y simulacros de emergencia, esas entidades también ejercen su derecho a hacer lo que consideren conveniente. ¿O no?
Vía Minera dice lo que está escrito. Y no escribimos para gustar o no gustar a ninguna empresa ni ONG, porque también nos llamó alguien de la ONG citada a decirnos que no publiquemos su foto en nuestra web porque esa persona no apoya la minería.
Estimados amigos de ECSA, nunca pedimos permiso para publicar algo, menos cuando hay temas de alto interés para el país. Y tratamos siempre de hacer lo mejor posible.
En la carta de solicitud de réplica dicen que no aparece el nombre del autor ni se atribuye a una persona lo expresado en la nota.
Dicen que por haber publicado la nota de esa manera afectamos la honra, reputación y dignidad de EcuaCorriente S.A. y nos dan 72 horas para que publiquemos un contenido que la empresa nos redacta.
En la solicitud, el doctor Paúl Correla G., procurador Judicial de ECSA, afirma que “Desde el inicio de operaciones de los depósitos de relaves Quimi y Tundayme, no se ha registrado ninguna inundación causada por la rotura de sus diques, construidos y monitoreados bajo estrictos estándares técnicos”.
Afirma también que EcuaCorriente S.A. concesionaria de la mina Mirador, es una empresa ecuatoriana con capitales de las empresas: China Railway Construction Co. Ltd. y Tongling Nonferrous Metals Group Holding Co.
A continuación, expresa que la empresa ha desarrollado e implementado un Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias de los Depósitos de Relaves de la Mina Mirador, en el que participaron activamente comunidades, brigadistas, autoridades locales y la propia empresa. Este plan cumple con las disposiciones establecidas en el "Instructivo para la Aprobación de Proyectos de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Depósitos de Relaves para la Mediana y Gran Minería", emitido mediante el Acuerdo Ministerial Nro. MERNNR-MERNNR-2020-0043- AM y reformado por el Acuerdo Ministerial Nro. MEM-MEM-2023-0012-AM de mayo de 2023, precisa.
El ejecutivo agrega en su misiva que: “Como parte de este proceso, ECSA llevó a cabo una amplia socialización interna y externa del plan, con el objetivo de informar sobre los niveles de respuesta, los planes de emergencia, la señalética y los sistemas de alarma implementados. A través de estas acciones, se capacitó a todos los trabajadores de ECSA y a 661 representantes de comunidades, incluyendo dirigentes, autoridades parroquiales y unidades educativas. Además, se realizó un simulacro de evacuación comunitaria, en coordinación con la Policía Nacional, el GAD Parroquial de Tundayme, las Unidades Educativas, las Fuerzas Armadas y otros actores sociales”.
En esta actividad, agrega, participaron las 1O comunidades de la zona de influencia, los habitantes de la cabecera parroquial y el barrio Chuchumbletza, reuniendo a cerca de 200 habitantes, quienes desempeñaron un rol activo en el ejercicio de preparación y respuesta ante emergencias.
Finalmente, no nos piden cordialmente que presentemos disculpas públicas sino que “lo esperan”.
Nuestra respuesta:
Con gusto les proporcionamos aquí todo el espacio que deseen para difundir información acerca de un tema de alto interés del país, pero nadie nos dicta lo que escribimos.
Reconocemos el error cometido al afirmar que EcuaCorriente es una empresa de la ciudad china de Tongguan, cuando en realidad es una subsidiaria ecuatoriana de una empresa de la ciudad china de Tongling (https://en.wikipedia.org/wiki/Tongling_Nonferrous_Metals) y también de otra empresa estatal de construcción, una de las más grandes y prestigiosas del mundo con obras, según su página web, en 140 países y regiones (https://english.crcc.cn/col/col21582/index.html). El tema no era la estructura empresarial de ECSA que en innumerables notas hemos mencionado sin equivocarnos. Pedimos disculpas por cambiar el nombre de las ciudades.
Como es de conocimiento público (o debería ser) y como refiere el doctor Corella en su misiva, “EcuaCorriente S.A. cuenta con departamentos especializados que están integrados por profesionales de alto nivel técnico, los cuales utilizan tecnología de vanguardia, para evaluar y gestionar la seguridad de los depósitos de relaves, siendo el Departamento de Gestión de Depósitos de Relaves el encargado de la gestión integral relacionada con la construcción, operación, monitoreo y vigilancia de los depósitos de relaves Quimi y Tundayme de la mina Mirador”.
Al respecto, nosotros no somos quien para dudarlo, ni lo hacemos.
En esta respuesta debemos insistir en que los autores de los “Términos de Referencia para el levantamiento topográfico y batimétrico en los ríos Quimi y Zamora: Caracterización morfológica, aforos y estimación de parámetros hidráulicos para la modelación de escenarios de ruptura de presas de relaves del complejo minero Mirador”, señalan en el mismo documento que: “El proyecto ComUnitar tiene como objetivo específico preparar a las poblaciones Shuar y Kichwa amenazadas por las inundaciones provocadas por la rotura de las presas de relaves del complejo minero Mirador en Tundayme”. Lo afirmado es suyo. Los TDR están colgados en la nota para que el público por sí mismo lo verifique.
Por otro lado, en su página de Facebook (https://www.facebook.com/AVSFlatam/posts/670845118617910), los mismos autores de los Términos de Referencia citados señalan que: “El proyecto piloto para la preparación y protección de comunidades shuar y kichwa ante el riesgo de falla de las presas de relaves del complejo minero Mirador, provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador (ComUnitar)”, es financiado por la DG ECHO Unión Europea en Ecuador; ejecutado por Protos Andes/AVSF, en coordinación con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y la Prefectura de Zamora Chinchipe.
Es claro que la provincia, a través de sus autoridades electas por votación popular, y también la SNGR se preparan para el efecto de un eventual desastre. Así como ECSA ha hecho sus planes, socializaciones y simulacros de emergencia, esas entidades también ejercen su derecho a hacer lo que consideren conveniente. ¿O no?
Vía Minera dice lo que está escrito. Y no escribimos para gustar o no gustar a ninguna empresa ni ONG, porque también nos llamó alguien de la ONG citada a decirnos que no publiquemos su foto en nuestra web porque esa persona no apoya la minería.
Estimados amigos de ECSA, nunca pedimos permiso para publicar algo, menos cuando hay temas de alto interés para el país. Y tratamos siempre de hacer lo mejor posible.
Zamora Chinchipe: Se preparan para eventual
ruptura de relaveras de Mirador
Capacitación a jóvenes sobre la acción comunitaria para recuperarse frente al riesgo de desastres naturales y/o antrópicos, realizada por el proyecto ComUnitar el 13 de febrero en los centros San José de Piunts y Ayantás, pertenecientes a la Asociación Shuar "Arutam" y ubicados a orillas del río Zamora.
Febrero 23 de 2025.- El proyecto piloto para la preparación y protección de comunidades shuar y kichwa ante el riesgo de falla de las presas de relaves del complejo minero Mirador, provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador (ComUnitar), convocó a una consultoría “para el levantamiento topográfico y batimétrico en los ríos Quimi y Zamora: Caracterización morfológica, aforos y estimación de parámetros hidráulicos para la modelación de escenarios de ruptura de presas de relaves del complejo minero Mirador”.
El proyecto ComUnitar es financiado por la DG ECHO Unión Europea en Ecuador; ejecutado por Protos Andes y Agronomes et Vétérinaires sans Frontières (AVSF) en coordinación con la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe.
AVSF y Protos Andes elaboraron junto con el apoyo de la SNGR, la prefectura de Zamora Chinchipe y varios representantes de comunidades indígenas el proyecto piloto, siendo aprobado e iniciando sus actividades el 1 de julio del 2024.
El proyecto ComUnitar tiene como objetivo específico preparar a las poblaciones Shuar y Kichwa amenazadas por las inundaciones provocadas por la rotura de las presas de relaves del complejo minero Mirador, operado por la empresa de propiedad de la ciudad de Tongling en China, Ecuacorriente, en la localidad de Tundayme.
Los resultados esperados durante la acción son los siguientes:
• R1: Se ha mejorado el conocimiento comunitario sobre el riesgo de desastre (amenaza o peligro, vulnerabilidad, capacidades) de inundaciones por falla de las presas de relaves del complejo Mirador en su zona de influencia.
• R2: Delegados, mujeres y hombres de comunidades indígenas amenazadas, instituciones públicas y gobiernos locales se capacitan en preparación y respuesta ante el riesgo de colapso de las presas de relaves del complejo Mirador.
• R3: Las comunidades con el apoyo de sus autoridades, desarrollan un plan participativo de preparación y respuesta.
• R4: Se fortalece el sistema nacional de gestión de riesgos ante desastres en la minería metálica de mediana y gran escala.
• R5: Se responde a emergencias de inicio rápido, de forma efectiva y dentro de 24 horas.
Para cumplir con los resultados R1, R2 y R3, es fundamental determinar los niveles máximos de inundación en caso de una posible ruptura de las presas de relaves. Esto requiere la ejecución de simulaciones hidráulicas mediante modelos de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD), una herramienta esencial en ingeniería para analizar y prever el comportamiento de los fluidos en escenarios críticos. Estas simulaciones permiten identificar las áreas de afectación del flujo de relaves, proporcionando información clave para la planificación de medidas preparación y respuesta en zonas vulnerables.
En este contexto, es imprescindible llevar a cabo un levantamiento topográfico detallado del área de estudio para caracterizar con precisión la morfología del terreno y de los cauces de los ríos Quimi y Zamora. Además, es necesario estimar de manera precisa el coeficiente de resistencia al movimiento, un parámetro determinante en la dinámica del flujo.
Para lograrlo, se deben realizar aforos en puntos estratégicos de ambos ríos, lo que permitirá calibrar los modelos numéricos y determinar valores característicos que representen fielmente las condiciones reales. Esto asegura que las simulaciones reflejen con exactitud las zonas de impacto y los niveles de inundación, optimizando la planificación y respuesta ante un evento de falla de la presa
Los TDR contienen que el proyecto ComUnitar tiene un presupuesto de 35 000 dólares para la realización del trabajo. Los proponentes debían enviar su propuesta técnica y económica de forma digital hasta la media noche del 23 de febrero. La fecha tentativa de la firma del contrato es el 12 de marzo próximo. Si desea conocer más, descargue los TDR.
AVSF tiene como objeto actuar para el desarrollo rural apoyando las agriculturas campesinas en las regiones desfavorecidas y contribuir a acciones a su favor. AVSF trabaja en Ecuador desde 1983 en las regiones de la Sierra, Costa y Amazonía, apoyando a organizaciones campesinas, pueblos y nacionalidades en 4 ejes: a) acceso y gestión de los recursos naturales (tierra, agua, paramo), b) transición agroecológica de los pequeños productores para una mayor autonomía y resiliencia, c) transformación y comercialización por pequeños productores, y d) gestión de riesgos y crisis climáticas.
Por su parte, Protos ASFL, originalmente una ONG belga fundada en 1977, trabaja en Ecuador desde 1997. El Centro de Apoyo al Desarrollo Protos EC, o Protos Andes, es miembro de la red Join For Water. Todos los proyectos incluyen la generación de información para la toma de decisiones, mecanismos de integración público-comunitaria y la definición de políticas como estrategias clave para la sostenibilidad. Además, de un enfoque basado en derechos.
Protos Andes ha participado, en diferentes partes del país: Esmeraldas, Manabí, Loja, Zamora Chinchipe y la sierra centro, en iniciativas dirigidas a incluir un enfoque de gestión de riesgos y fortalecer la resiliencia local ante los impactos de fenómenos socio-naturales.
El proyecto ComUnitar es financiado por la DG ECHO Unión Europea en Ecuador; ejecutado por Protos Andes y Agronomes et Vétérinaires sans Frontières (AVSF) en coordinación con la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Zamora Chinchipe.
AVSF y Protos Andes elaboraron junto con el apoyo de la SNGR, la prefectura de Zamora Chinchipe y varios representantes de comunidades indígenas el proyecto piloto, siendo aprobado e iniciando sus actividades el 1 de julio del 2024.
El proyecto ComUnitar tiene como objetivo específico preparar a las poblaciones Shuar y Kichwa amenazadas por las inundaciones provocadas por la rotura de las presas de relaves del complejo minero Mirador, operado por la empresa de propiedad de la ciudad de Tongling en China, Ecuacorriente, en la localidad de Tundayme.
Los resultados esperados durante la acción son los siguientes:
• R1: Se ha mejorado el conocimiento comunitario sobre el riesgo de desastre (amenaza o peligro, vulnerabilidad, capacidades) de inundaciones por falla de las presas de relaves del complejo Mirador en su zona de influencia.
• R2: Delegados, mujeres y hombres de comunidades indígenas amenazadas, instituciones públicas y gobiernos locales se capacitan en preparación y respuesta ante el riesgo de colapso de las presas de relaves del complejo Mirador.
• R3: Las comunidades con el apoyo de sus autoridades, desarrollan un plan participativo de preparación y respuesta.
• R4: Se fortalece el sistema nacional de gestión de riesgos ante desastres en la minería metálica de mediana y gran escala.
• R5: Se responde a emergencias de inicio rápido, de forma efectiva y dentro de 24 horas.
Para cumplir con los resultados R1, R2 y R3, es fundamental determinar los niveles máximos de inundación en caso de una posible ruptura de las presas de relaves. Esto requiere la ejecución de simulaciones hidráulicas mediante modelos de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD), una herramienta esencial en ingeniería para analizar y prever el comportamiento de los fluidos en escenarios críticos. Estas simulaciones permiten identificar las áreas de afectación del flujo de relaves, proporcionando información clave para la planificación de medidas preparación y respuesta en zonas vulnerables.
En este contexto, es imprescindible llevar a cabo un levantamiento topográfico detallado del área de estudio para caracterizar con precisión la morfología del terreno y de los cauces de los ríos Quimi y Zamora. Además, es necesario estimar de manera precisa el coeficiente de resistencia al movimiento, un parámetro determinante en la dinámica del flujo.
Para lograrlo, se deben realizar aforos en puntos estratégicos de ambos ríos, lo que permitirá calibrar los modelos numéricos y determinar valores característicos que representen fielmente las condiciones reales. Esto asegura que las simulaciones reflejen con exactitud las zonas de impacto y los niveles de inundación, optimizando la planificación y respuesta ante un evento de falla de la presa
Los TDR contienen que el proyecto ComUnitar tiene un presupuesto de 35 000 dólares para la realización del trabajo. Los proponentes debían enviar su propuesta técnica y económica de forma digital hasta la media noche del 23 de febrero. La fecha tentativa de la firma del contrato es el 12 de marzo próximo. Si desea conocer más, descargue los TDR.
AVSF tiene como objeto actuar para el desarrollo rural apoyando las agriculturas campesinas en las regiones desfavorecidas y contribuir a acciones a su favor. AVSF trabaja en Ecuador desde 1983 en las regiones de la Sierra, Costa y Amazonía, apoyando a organizaciones campesinas, pueblos y nacionalidades en 4 ejes: a) acceso y gestión de los recursos naturales (tierra, agua, paramo), b) transición agroecológica de los pequeños productores para una mayor autonomía y resiliencia, c) transformación y comercialización por pequeños productores, y d) gestión de riesgos y crisis climáticas.
Por su parte, Protos ASFL, originalmente una ONG belga fundada en 1977, trabaja en Ecuador desde 1997. El Centro de Apoyo al Desarrollo Protos EC, o Protos Andes, es miembro de la red Join For Water. Todos los proyectos incluyen la generación de información para la toma de decisiones, mecanismos de integración público-comunitaria y la definición de políticas como estrategias clave para la sostenibilidad. Además, de un enfoque basado en derechos.
Protos Andes ha participado, en diferentes partes del país: Esmeraldas, Manabí, Loja, Zamora Chinchipe y la sierra centro, en iniciativas dirigidas a incluir un enfoque de gestión de riesgos y fortalecer la resiliencia local ante los impactos de fenómenos socio-naturales.
Ratifican condena de tres años a seis antimineros
que reivindican su derecho a la resistencia
Así estaba la entrada de la Corte de Justicia de Bolívar el martes 18 de febrero.
Febrero 23 de 2025.- Tres hombres fueron condenados en segunda instancia a tres años de prisión, por el delito de asociación ilícita al participar en acciones en contra de la mina El Domo, antes Curipamba. El fallo fue el miércoles 19 de febrero por la Corte Provincial de Justicia de Bolívar, provincia en el centro del Ecuador.
Esperando la sentencia para ser detenidos o llevar su caso a una nueva instancia, aseguran que son campesinos y emprendedores honrados, que lucharán por su inocencia y que no les detendrán en su resistencia contra la minería que pone en riesgo las fuentes hídricas de la provincia y de las provincias vecinas costeras y con ello, el acceso de las comunidades al líquido vital.
El grupo fue defendido por el abogado, excandidato presidencial y activista ambiental indígena Yaku Pérez. Sus defendidos denuncian ser víctimas de criminalización por oponerse a la minería y defender el medioambiente y expresan que no les reconocen el derecho a la resistencia de la Constitución.
Nunca han sido delincuentes, pero la empresa Curimining y el sistema judicial los convierte en criminales pero son inocentes, dijo una mujer apostada frente a la Core en Guaranda. “Han sido perseguidos por defender el agua y los recursos agrícolas de la zona que quiere ocupar la mina”, dijo otra.
Puede que ganen ellos porque son poderosos, expresó esa persona que no quiso identificarse, pero ¿quién nos pagará el daño sicológico que nos han hecho con este proceso? “Solo defendían las fuentes de agua que necesitamos para vivir y para nuestros animales y la agricultura, pero ahora nadie más va a poder reclamar porque el miedo que nos han metido”. Los acusados han tenido que presentarse cada ocho días ante la autoridad judicial y estaban prohibidos de salir del país.
Curimining, es subsidiaria de Silverstone que el año pasado compró toda su participación a la también canadiense Adventus. Ahora Silverstone es socia de Salazar Resources que es la dueña original y tiene participación en el proyecto.
La construcción de la mina para la explotación de cobre, oro, plata y zinc está en marcha y las primeras contrataciones de empresas de ingeniería y movimiento de tierras se han realizado ya. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica lo hizo posible otorgando el licenciamiento ambiental luego de una consulta a los habitantes de las proximidades de la mina, que es cuestionada por los activistas.
El defensor Pérez manifestó el año pasado que el grupo Nobis de la familia del presidente Noboa tiene acciones en Adventus y que por eso se ha celerado la megaminería en el actual gobierno, según reportó la prensa internacional. «Este proceso de criminalización no es el único. Hay otros cinco procesos más acusados por esta empresa o por terceros vinculados a esta, por delitos de violación a propiedad privada, ataque y resistencia, y asociación ilícita», detalló.
El proyecto El Domo-Curipamba se ubica en el cantón Las Naves, en una zona subtropical de la provincia de Bolívar, y la empresa operadora calculó en 248 millones de dólares la inversión en el período de construcción y la creación de unos 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
El año pasado, al emitirse la condena, la empresa aseguró que en la consulta ambiental se aplicaron tanto los lineamientos marcados por la Corte Constitucional como los estándares internacionales relacionados con la participación comunitaria en proyectos de desarrollo.
Los activistas antimineros convocaron por redes sociales a una protesta este lunes 24 de febrero a las 9 de la mañana en Quito, frente a la Corte Nacional de Justicia al norte de Quito.
Esperando la sentencia para ser detenidos o llevar su caso a una nueva instancia, aseguran que son campesinos y emprendedores honrados, que lucharán por su inocencia y que no les detendrán en su resistencia contra la minería que pone en riesgo las fuentes hídricas de la provincia y de las provincias vecinas costeras y con ello, el acceso de las comunidades al líquido vital.
El grupo fue defendido por el abogado, excandidato presidencial y activista ambiental indígena Yaku Pérez. Sus defendidos denuncian ser víctimas de criminalización por oponerse a la minería y defender el medioambiente y expresan que no les reconocen el derecho a la resistencia de la Constitución.
Nunca han sido delincuentes, pero la empresa Curimining y el sistema judicial los convierte en criminales pero son inocentes, dijo una mujer apostada frente a la Core en Guaranda. “Han sido perseguidos por defender el agua y los recursos agrícolas de la zona que quiere ocupar la mina”, dijo otra.
Puede que ganen ellos porque son poderosos, expresó esa persona que no quiso identificarse, pero ¿quién nos pagará el daño sicológico que nos han hecho con este proceso? “Solo defendían las fuentes de agua que necesitamos para vivir y para nuestros animales y la agricultura, pero ahora nadie más va a poder reclamar porque el miedo que nos han metido”. Los acusados han tenido que presentarse cada ocho días ante la autoridad judicial y estaban prohibidos de salir del país.
Curimining, es subsidiaria de Silverstone que el año pasado compró toda su participación a la también canadiense Adventus. Ahora Silverstone es socia de Salazar Resources que es la dueña original y tiene participación en el proyecto.
La construcción de la mina para la explotación de cobre, oro, plata y zinc está en marcha y las primeras contrataciones de empresas de ingeniería y movimiento de tierras se han realizado ya. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica lo hizo posible otorgando el licenciamiento ambiental luego de una consulta a los habitantes de las proximidades de la mina, que es cuestionada por los activistas.
El defensor Pérez manifestó el año pasado que el grupo Nobis de la familia del presidente Noboa tiene acciones en Adventus y que por eso se ha celerado la megaminería en el actual gobierno, según reportó la prensa internacional. «Este proceso de criminalización no es el único. Hay otros cinco procesos más acusados por esta empresa o por terceros vinculados a esta, por delitos de violación a propiedad privada, ataque y resistencia, y asociación ilícita», detalló.
El proyecto El Domo-Curipamba se ubica en el cantón Las Naves, en una zona subtropical de la provincia de Bolívar, y la empresa operadora calculó en 248 millones de dólares la inversión en el período de construcción y la creación de unos 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
El año pasado, al emitirse la condena, la empresa aseguró que en la consulta ambiental se aplicaron tanto los lineamientos marcados por la Corte Constitucional como los estándares internacionales relacionados con la participación comunitaria en proyectos de desarrollo.
Los activistas antimineros convocaron por redes sociales a una protesta este lunes 24 de febrero a las 9 de la mañana en Quito, frente a la Corte Nacional de Justicia al norte de Quito.
Chile: Declaratoria de área saturada a icónica
zona minera genera incertidumbre a compañías
Febrero 23 de 2025.- Mediante un decreto supremo el gobierno chileno declaró la localidad de Sierra Gorda, conocida como una icónica comuna minera, como "zona saturada" de material particulado respirable (MP10), cuyo texto luego de haber pasado todo el procedimiento correspondiente ya fue promulgado, según Diario Financiero.
La noticia puso en alerta a las firmas mineras de la zona y a la industria en su conjunto, por el impacto que podría generar en la producción de cobre. Esto porque las tres compañías potencialmente afectadas -Sierra Gorda, Spence y Centinela, representan aproximadamente un 11% de la producción total del mineral en el país.
Lo que viene es que el Ministerio de Medio Ambiente elabore un Plan de Descontaminación (PDC) que debería establecer, entre otros aspectos, límites a la emisión (de todas las industrias presentes en el perímetro en cuestión) y promover un sistema de control de polvo y emisiones de material particulado para evitar que se vea afectada la salud de las personas.
La inquietud del sector parece atendible, toda vez que la autoridad los apunta como "el principal responsable" de la situación. Tal como señaló a este medio el Seremi de Medio Ambiente de Antofagasta, Gustavo Riveros. De ahí que desde el gremio minero adviertan una mayor severidad para con los planes de mitigación, generando más incertidumbre en un sector ya arrinconado por la permisología.
Es cierto que el deber del Gobierno es velar por la salud de las comunidades y el desarrollo sostenible de la actividad, pero también es esperable que cualquier decisión que tome la autoridad se base en datos objetivos y atendiendo las condiciones climáticas y factores naturales de la comuna, como el viento, polvo y arena del desierto, y que en esta ocasión estaría en entredicho, según advirtió la Sociedad Nacional de Minería, Sonami, apuntando al impacto transitorio generado por la construcción de una carretera entre Carmen Alto y Sierra Gorda (entre los años 2021 y 2024). Argumento que la autoridad regional descarta de plano.
Con todo, la comunidad y las empresas aludidas exigen mayor información respecto del fondo y forma de este acto administrativo, así como también es determinante que los pasos a seguir sean acordados resguardando el equilibrio entre el medio ambiente y óptimo desarrollo de las actividades industriales de la zona en cuestión.
Según confirmó a DF el seremi de Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, Gustavo Riveros, el Decreto Supremo N* 39/2024 del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) que "Declara zona saturada por norma diaria y anual, ambas por material particulado respirable MPxo, a la localidad de Sierra Gorda y su área circundante", ya se encuentra promulgado.
El decreto está a la espera de la firma del Ministerio de Salud y del presidente Gabriel Boric, para luego ser ingresado a toma de razón en Contraloría. "Una vez tomado razón se publica en el Diario Oficial y se hace efectiva la declaración de zona saturada", explica Riveros.
Si la norma de calidad del aire MPi0 establece un máximo promedio diario de 130 microgramos por metro cúbico, la estación de la localidad arrojó jornadas por sobre los 260, según datos del Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire. Para el promedio anual, la saturación tope es de 50 microgramos por metro cúbico, pero los últimos años marcó más que eso, incluso por sobre los 80. Así, el informe técnico de la Superintendencia de Medio Ambiente concluyó que la norma MP10 para su estándar diario y anual fue superado en 2021,2022 y 2023 en todas las estaciones evaluadas.
En la comuna operan algunas de las faenas de cobre más importantes del país, como Gabriela Mistral de Codelco; Lomas Bayas de Glencore; Minera Centinela de Antofagasta Minerals; Spence de BHP; Sierra Gorda de KGHMP Polska Miedz y South32. Sin embargo, sólo las últimas tres son las que se ubican dentro del polígono que ha sido declarado como saturado.
Las tres están al tanto del proceso y se han reunido con Medio Ambiente para abordar el tema. "La declaración de zona saturada es una oportunidad para proteger a las personas", dice el Seremi. "Creemos que es posible equilibrar el desarrollo económico, el cuidado de la salud y de nuestro medioambiente", asegura.
¿La saturación se debe a la actividad minera? Para la localidad de Sierra Gorda, los datos de calidad del aire muestran que la minería es la principal responsable de la condición de saturación. Esto significa que existirá regulación para las empresas mineras en el futuro, y también para cualquier otra actividad que genere emisiones en la zona, señala DF.
La noticia puso en alerta a las firmas mineras de la zona y a la industria en su conjunto, por el impacto que podría generar en la producción de cobre. Esto porque las tres compañías potencialmente afectadas -Sierra Gorda, Spence y Centinela, representan aproximadamente un 11% de la producción total del mineral en el país.
Lo que viene es que el Ministerio de Medio Ambiente elabore un Plan de Descontaminación (PDC) que debería establecer, entre otros aspectos, límites a la emisión (de todas las industrias presentes en el perímetro en cuestión) y promover un sistema de control de polvo y emisiones de material particulado para evitar que se vea afectada la salud de las personas.
La inquietud del sector parece atendible, toda vez que la autoridad los apunta como "el principal responsable" de la situación. Tal como señaló a este medio el Seremi de Medio Ambiente de Antofagasta, Gustavo Riveros. De ahí que desde el gremio minero adviertan una mayor severidad para con los planes de mitigación, generando más incertidumbre en un sector ya arrinconado por la permisología.
Es cierto que el deber del Gobierno es velar por la salud de las comunidades y el desarrollo sostenible de la actividad, pero también es esperable que cualquier decisión que tome la autoridad se base en datos objetivos y atendiendo las condiciones climáticas y factores naturales de la comuna, como el viento, polvo y arena del desierto, y que en esta ocasión estaría en entredicho, según advirtió la Sociedad Nacional de Minería, Sonami, apuntando al impacto transitorio generado por la construcción de una carretera entre Carmen Alto y Sierra Gorda (entre los años 2021 y 2024). Argumento que la autoridad regional descarta de plano.
Con todo, la comunidad y las empresas aludidas exigen mayor información respecto del fondo y forma de este acto administrativo, así como también es determinante que los pasos a seguir sean acordados resguardando el equilibrio entre el medio ambiente y óptimo desarrollo de las actividades industriales de la zona en cuestión.
Según confirmó a DF el seremi de Medio Ambiente de la Región de Antofagasta, Gustavo Riveros, el Decreto Supremo N* 39/2024 del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) que "Declara zona saturada por norma diaria y anual, ambas por material particulado respirable MPxo, a la localidad de Sierra Gorda y su área circundante", ya se encuentra promulgado.
El decreto está a la espera de la firma del Ministerio de Salud y del presidente Gabriel Boric, para luego ser ingresado a toma de razón en Contraloría. "Una vez tomado razón se publica en el Diario Oficial y se hace efectiva la declaración de zona saturada", explica Riveros.
Si la norma de calidad del aire MPi0 establece un máximo promedio diario de 130 microgramos por metro cúbico, la estación de la localidad arrojó jornadas por sobre los 260, según datos del Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire. Para el promedio anual, la saturación tope es de 50 microgramos por metro cúbico, pero los últimos años marcó más que eso, incluso por sobre los 80. Así, el informe técnico de la Superintendencia de Medio Ambiente concluyó que la norma MP10 para su estándar diario y anual fue superado en 2021,2022 y 2023 en todas las estaciones evaluadas.
En la comuna operan algunas de las faenas de cobre más importantes del país, como Gabriela Mistral de Codelco; Lomas Bayas de Glencore; Minera Centinela de Antofagasta Minerals; Spence de BHP; Sierra Gorda de KGHMP Polska Miedz y South32. Sin embargo, sólo las últimas tres son las que se ubican dentro del polígono que ha sido declarado como saturado.
Las tres están al tanto del proceso y se han reunido con Medio Ambiente para abordar el tema. "La declaración de zona saturada es una oportunidad para proteger a las personas", dice el Seremi. "Creemos que es posible equilibrar el desarrollo económico, el cuidado de la salud y de nuestro medioambiente", asegura.
¿La saturación se debe a la actividad minera? Para la localidad de Sierra Gorda, los datos de calidad del aire muestran que la minería es la principal responsable de la condición de saturación. Esto significa que existirá regulación para las empresas mineras en el futuro, y también para cualquier otra actividad que genere emisiones en la zona, señala DF.
Jueces de segunda instancia aceptan acción de protección
contra mineras Melina Changó y Ecuamin en Pacto
Febrero 16 de 2024.- Las empresas de pequeña minería Melina Changó Santa Bárbara y Ecuamin S.A. recibieron una sentencia desfavorable de la Justicia en segunda instancia, pues el tribunal aceptó una acción de protección respecto a la minería de oro, en sus concesiones ubicadas en la parroquia de Pacto, noroccidente de la provincia de Pichincha, a unos 70 kilómetros de Quito.
Los demandantes, pobladores de Pacto y promotores de la consulta popular de 2023, alegaron que la minería practicada por 20 años en las concesiones Melina, con código 401429 (que en la actualidad pertenece a Ecuamin S.A. en el 100%)
Los demandantes, pobladores de Pacto y promotores de la consulta popular de 2023, alegaron que la minería practicada por 20 años en las concesiones Melina, con código 401429 (que en la actualidad pertenece a Ecuamin S.A. en el 100%)
y Conquista, con código 401501, ha ocasionado vulneración de derechos humanos y de la naturaleza, afectando a la seguridad jurídica del ambiente, poniendo en peligro sus actividades productivas.
El tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptó el recurso de apelación interpuesto por los demandantes “al existir violación al derecho a la naturaleza en relación con el derecho a la seguridad jurídica”.
También dispuso que los ministerios del Agua, Ambiente y Transición Ecológica (Maate) y de Energía y Minas (MEM), y la Agencia de Control Minero (antes de regulación y control de energía y recursos naturales no renovables, Arcernn), ofrezcan disculpas públicas. Además, decidió delegar a la Defensoría del Pueblo que se encargue del seguimiento y manifestó que “la presente sentencia constituye en sí misma una forma de reparación”.
La parroquia rural de Pacto fue una de las doce que fueron incluidas en la consulta popular sobre la reserva de la biósfera de la Unesco desde 2018, denominada Chocó Andino. La consulta se realizó en agosto de 2023, y el 68% de los habitantes empadronados en el distrito metropolitano de Quito optó por prohibir la actividad económica.
Pacto tiene una población de 4.798 habitantes. Las principales actividades económicas son la ganadería, agricultura, turismo, silvicultura y pesca. En la parroquia se desarrolla la canicultura para la elaboración de panela granulada, que cuenta con certificación orgánica. Los solicitantes señalan que estas actividades, dan el sustento y ponen el pan sobre la mesa a las comunidades afectadas por la concesión Melina, siendo estas El Paraíso, Buenos Aires, El Progreso, La Victoria, Puntas Urco y La Florida, además del Bosque y Vegetación Protector Pishashi, declarado así en 1993.
Pero resulta que hay otra afectada, que es la Empresa Nacional Minera (Enami EP), según un informe técnico de la concesión Melina, del 7 de enero de 2021, suscrito por el Ing. Andrés Vergara, director de Control, Seguimiento y Fiscalización Técnica e Intervención a la Minería Ilegal, de la Arcernn.
En ese informe se estableció varios puntos con labores mineras e insumos utilizados en minería (galerías, pozos verticales, un compresor), puntos que, una vez georeferenciados en el sistema de gestión minera (catastro minero), se descubrió que se encontraban dentro de la concesión minera “Ingapi”, código 403008, cuyo titular es el Enami EP, empresa pública que no opera allí. Por ello, según el informe, “estas labores estarían realizándose como presunta minería ilegal (…)”.
La sentencia fue dictada el 2 de diciembre de 2024, y señala que las entidades encargadas del control, de las auditorías y de los informes técnicos, que suman una decena, “reconocen que se han encontrado labores mineras presuntamente ilegales o la existencia de afectaciones ambientales reclamadas por los intervinientes en la presente acción de protección subsistentes”.
Las instituciones que están obligadas a aplicar la sentencia, cumpliendo las medidas de reparación, son el Maate, el MEM y la Arcom, antes Arcernn.
El tribunal dispuso, además, que esas entidades estatales “adopten los mecanismos efectivos y eficaces para prevenir y restituir los efectos ambientales causados por la presunta minería ilegal y los expuestos en los diferentes informes técnicos, así como también realicen la coordinación con los organismos competentes para ejecutar los controles respectivos con la finalidad de sancionar a quien incurra en la transgresión de los derechos a la naturaleza”.
Algunas decenas de habitantes de la comunidad de Pacto llegaron a Quito con música y danza para agradecer a los jueces personalmente. La abogada Yuly Tenorio Barragán, del equipo legal de los accionantes, manifestó al noticiero de Corape, que la empresa Melina tendrá que responder no solo a la justicia constitucional sino también a la penal.
Hemos interpuesto denuncias por minería ilegal porque actuaron en Pacto sin licencia ambiental y sin consulta ambiental. “Melina no va, enfatizó, porque durante 20 años han exportado oro en plena capital del Ecuador”. Rubén Tufiño, líder de los productores de panela, dijo a su turno que han defendido sus derechos constitucionales y la principal actividad económica de Pacto que es la panela orgánica.
La empresa minera Melina Changó Santa Bárbara, cedió en 2023 todos los derechos en la concesión Melina, a la compañía Ecuamin S.A., mientras tenía un proceso administrativo seguido por el Maate en su contra, que llegó a disponer la suspensión de actividades mineras, mediante el oficio Nro. MAAE-DNCA-2021-0293-O, de 2 de marzo de 2021.
Las disculpas públicas se deberán cumplir de la siguiente manera: En un banner web ubicado en un lugar fácilmente visible del portal institucional por un plazo de seis meses, se debe colocar el siguiente texto: “Por disposición establecida en la sentencia N° 17322-2021-00261, se reconoce la vulneración del derecho a la naturaleza en relación con el derecho a la seguridad jurídica; por lo tanto, se ofrece disculpas públicas. Asimismo, se reconoce la obligación de respetar y precautelar los derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador e Instrumentos Internacionales de Protección de Derechos Humanos”.
Jorge Luis Martínez Hincapié, gerente general de Ecuamin, empresa domiciliada en Machala, ofreció dar su visión del conflicto a la brevedad posible.
El tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha aceptó el recurso de apelación interpuesto por los demandantes “al existir violación al derecho a la naturaleza en relación con el derecho a la seguridad jurídica”.
También dispuso que los ministerios del Agua, Ambiente y Transición Ecológica (Maate) y de Energía y Minas (MEM), y la Agencia de Control Minero (antes de regulación y control de energía y recursos naturales no renovables, Arcernn), ofrezcan disculpas públicas. Además, decidió delegar a la Defensoría del Pueblo que se encargue del seguimiento y manifestó que “la presente sentencia constituye en sí misma una forma de reparación”.
La parroquia rural de Pacto fue una de las doce que fueron incluidas en la consulta popular sobre la reserva de la biósfera de la Unesco desde 2018, denominada Chocó Andino. La consulta se realizó en agosto de 2023, y el 68% de los habitantes empadronados en el distrito metropolitano de Quito optó por prohibir la actividad económica.
Pacto tiene una población de 4.798 habitantes. Las principales actividades económicas son la ganadería, agricultura, turismo, silvicultura y pesca. En la parroquia se desarrolla la canicultura para la elaboración de panela granulada, que cuenta con certificación orgánica. Los solicitantes señalan que estas actividades, dan el sustento y ponen el pan sobre la mesa a las comunidades afectadas por la concesión Melina, siendo estas El Paraíso, Buenos Aires, El Progreso, La Victoria, Puntas Urco y La Florida, además del Bosque y Vegetación Protector Pishashi, declarado así en 1993.
Pero resulta que hay otra afectada, que es la Empresa Nacional Minera (Enami EP), según un informe técnico de la concesión Melina, del 7 de enero de 2021, suscrito por el Ing. Andrés Vergara, director de Control, Seguimiento y Fiscalización Técnica e Intervención a la Minería Ilegal, de la Arcernn.
En ese informe se estableció varios puntos con labores mineras e insumos utilizados en minería (galerías, pozos verticales, un compresor), puntos que, una vez georeferenciados en el sistema de gestión minera (catastro minero), se descubrió que se encontraban dentro de la concesión minera “Ingapi”, código 403008, cuyo titular es el Enami EP, empresa pública que no opera allí. Por ello, según el informe, “estas labores estarían realizándose como presunta minería ilegal (…)”.
La sentencia fue dictada el 2 de diciembre de 2024, y señala que las entidades encargadas del control, de las auditorías y de los informes técnicos, que suman una decena, “reconocen que se han encontrado labores mineras presuntamente ilegales o la existencia de afectaciones ambientales reclamadas por los intervinientes en la presente acción de protección subsistentes”.
Las instituciones que están obligadas a aplicar la sentencia, cumpliendo las medidas de reparación, son el Maate, el MEM y la Arcom, antes Arcernn.
El tribunal dispuso, además, que esas entidades estatales “adopten los mecanismos efectivos y eficaces para prevenir y restituir los efectos ambientales causados por la presunta minería ilegal y los expuestos en los diferentes informes técnicos, así como también realicen la coordinación con los organismos competentes para ejecutar los controles respectivos con la finalidad de sancionar a quien incurra en la transgresión de los derechos a la naturaleza”.
Algunas decenas de habitantes de la comunidad de Pacto llegaron a Quito con música y danza para agradecer a los jueces personalmente. La abogada Yuly Tenorio Barragán, del equipo legal de los accionantes, manifestó al noticiero de Corape, que la empresa Melina tendrá que responder no solo a la justicia constitucional sino también a la penal.
Hemos interpuesto denuncias por minería ilegal porque actuaron en Pacto sin licencia ambiental y sin consulta ambiental. “Melina no va, enfatizó, porque durante 20 años han exportado oro en plena capital del Ecuador”. Rubén Tufiño, líder de los productores de panela, dijo a su turno que han defendido sus derechos constitucionales y la principal actividad económica de Pacto que es la panela orgánica.
La empresa minera Melina Changó Santa Bárbara, cedió en 2023 todos los derechos en la concesión Melina, a la compañía Ecuamin S.A., mientras tenía un proceso administrativo seguido por el Maate en su contra, que llegó a disponer la suspensión de actividades mineras, mediante el oficio Nro. MAAE-DNCA-2021-0293-O, de 2 de marzo de 2021.
Las disculpas públicas se deberán cumplir de la siguiente manera: En un banner web ubicado en un lugar fácilmente visible del portal institucional por un plazo de seis meses, se debe colocar el siguiente texto: “Por disposición establecida en la sentencia N° 17322-2021-00261, se reconoce la vulneración del derecho a la naturaleza en relación con el derecho a la seguridad jurídica; por lo tanto, se ofrece disculpas públicas. Asimismo, se reconoce la obligación de respetar y precautelar los derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador e Instrumentos Internacionales de Protección de Derechos Humanos”.
Jorge Luis Martínez Hincapié, gerente general de Ecuamin, empresa domiciliada en Machala, ofreció dar su visión del conflicto a la brevedad posible.
Cuenca defiende su informe técnico sobre Loma larga,
Dundee tiene sus argumentos sobre la mesa
Febrero 2 de 2025.- El Consejo Cantonal de Cuenca, junto con el alcalde Cristian Zamora, se reunieron el 16 de enero para emitir un pronunciamiento alrededor de la minería metálica, el mismo que se motiva en el impacto ambiental que podría tener proyecto Loma Larga sobre las zonas de recarga hídrica ubicadas en el sector de Quimsacocha, al noroccidente de la ciudad.
El Consejo por unanimidad resolvió rechazar la minería metálica en Quimsacocha y Cuenca, sea de tipo tanto ilegal como legal a nombre de la defensa del agua y del futuro de los habitantes del cantón.
El Alcalde resaltó que en consulta popular ocho de cada diez habitantes se pronunció por prohibir la minería en cinco zonas de recarga hídrica, pronunciamiento que en su parecer tiene mayor peso que cualquier otra normativa ya que representa la voluntad del soberano garantizada en la Constitución.
Así fue como, el Consejo respondió con esta resolución al pedido de una diversidad de grupos sociales locales que son considerados las fuerzas vivas de la ciudad, de adoptar una postura de defensa al informe de la empresa municipal Etapa sobre el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto Loma Larga manejado por la empresa Dundee Precious Metals, antes denominado Quimsacocha.
El alcalde en su intervención manifestó que entre los puntos resueltos consta la difusión amplia entre todos los sectores sociales, académicos, educativos e institucionales de las conclusiones del informe que advierte de peligros para las fuentes de agua que proveen a la ciudad.
Por otro lado, informó que en la reunión se autorizó a la municipalidad a contratar todos los profesionales nacionales e internacionales técnicos y jurídicos que sean necesarios para defender en los planos jurídico y técnico el contenido del informe. Además, agregó, “La consulta popular se respeta. Y agregó que el contenido de esta resolución no es menor, “puesto que se trata de que nuestros hijos puedan seguir gozando de lo que nosotros hemos usufructuado del líquido vital”.
Para Dundee el análisis de afectación a los recursos hídricos
que proveen de agua a Cuenca es incorrecto
Sobre esta decisión de la municipalidad, la empresa no se ha pronunciado. Sobre el informe de Etapa EP, la empresa no acepta entrevistas con Vía Minera aunque nos ha ofrecido acceder junto a otros medios a la zona del proyecto. Lo importante es cómo se pronunció a través de sus abogados de la firma Durini y Guerrero, ofreciendo razones para descalificar el documento y que el tribunal que lleva una acción de protección sobre el proyecto no lo tome en cuenta.
El 29 de septiembre último, ante el juez Señor Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de Cuenca, Guillermo Salgado, a nombre del gerente general, el abogado Emilio Suárez, dentro de la acción de protección No. 01371-2022-00067, como parte coadyuvante, expuso sus alegaciones en un documento de ocho páginas.
Para solicitar al juez que el informe de Etapa EP no sea tomado en cuenta por el tribunal, cuestiona la competencia de la empresa municipal, la pertinencia de los temas analizados y la legalidad de la elaboración del informe.
La sentencia y medida de reparación integral ordenada por La Corte Provincial en la sentencia de segunda instancia dictada el 28 de agosto de 2023 pidió como medida de reparación la elaboración de un informe coordinado entre el Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica, Maate. El informe conjunto no se concluyó y la empresa municipal Etapa EP lo completó por su cuenta y remitió al Tribunal.
Por tanto, está en cuestión si le correspondía asumir esa responsabilidad que, de acuerdo a Dundee, no está entre sus atribuciones y solo le corresponde al Maate, como autoridad nacional en la materia de la controversia. Etapa EP es una empresa pública municipal, y no un ente nacional, encargado de la rectoría, control o planificación ni de los recursos hídricos, ni del medio ambiente.
Para subsanar la medida de reparación, Dundee considera que la vía apropiada es que lo haga únicamente el Ministerio del Ambiente, un informe “que aborde la sustentabilidad del ecosistema y como se está garantizando el orden de preferencia en el uso y aprovechamiento del agua en el Área Nacional de Recreación Quimsacocha”.
El alegato considera que el informe técnico pretende modificar la medida de reparación de manera arbitraria y unilateral. Además, analiza cuestiones impertinentes, que no fueron dispuestas en la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia, y que incluso, en muchos casos, no se discutieron durante todo el proceso de la acción de protección.
Una grave preocupación surge, afirma, al observar cómo Etapa EP se atreve a emitir opiniones sobre temas estrictamente técnicos, que demandan un conocimiento profundo en geología e ingeniería de minas, áreas que claramente escapan a su competencia y misión institucional.
Además, afirma que se aparta burdamente del análisis requerido en la sentencia y, por su impertinencia, carece de eficacia alguna dentro del presente proceso.
Así, el informe técnico analizó la explotación minera en el páramo, la presa de relaves, la capacidad de comercialización del concentrado de cobre, los supuestos riesgos en la planta de relleno de relaves cementados, la definición del área geográfica del proyecto, cuando no eran materias del estudio solicitado. Estos temas, según el ordenamiento nacional, son de competencia del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Energía, indica.
En el mismo sentido, en la medida de reparación integral, la Corte Provincial dispuso que, en el informe hídrico, se “deberá abordar las conclusiones que se emite en el informe presentado en Etapa EP por parte del Ing. Galo Ordoñez”. Sin embargo, el Informe Técnico elaborado únicamente por ETAPA EP, no aborda en ningún momento las conclusiones del informe del Ing. Galo Ordoñez.
Sin pretender controvertir uno por uno los contenidos de las 140 páginas del informe de Etapa, por considerarlo innecesario, pone un ejemplo de lo que considera un aspecto importante cuyo análisis ha sido incorrecto:
“En el Informe Técnico, Etapa EP analizó los supuestos riesgos de la ejecución del Proyecto Loma Larga para el consumo de agua potable de la ciudad de Cuenca. Sin embargo, como se menciona dentro del EIA, el área de implantación del Proyecto Loma Larga se encuentra en las quebradas Quinuahuaycu y Rumihuaycu afluentes del río Tarqui mientras que su captación y descarga en la Quebrada Alumbre afluente del río Jubones (flanco Pacífico), en cuencas diferentes de las cuencas de los ríos Yanuncay, Tomebamba o Machángara (ríos que son la fuente de agua potable de la ciudad de Cuenca).
“El Proyecto Loma Larga se ubica aguas arriba de la captación denominada Irquis, la cual es la captación más pequeña del sistema del agua para Cuenca.
“El Proyecto Loma Larga no tiene relación con el sistema de distribución interconectado (Tomebamba- Machángara, Machángara Norte y Sur, Yanuncay). Por lo tanto, no es posible que las plantas se encuentren impactadas por el Proyecto Loma Larga, ya sea de manera superficial o subterránea”, afirma.
Acusa a Etapa EP de haber hecho afirmaciones técnicamente incorrectas y que no reflejan la realidad de los diseños y estudios que sustentan la ejecución del Proyecto Loma Larga. “Por el contrario, la empresa pública emitió observaciones sin fundamento, falaces y con un claro sesgo”, asevera.
Además, señala que la empresa municipal mostró un afán de inobservar los procesos de participación legales vigentes y de “pretender suplantarlos a través del presente proceso de ejecución de una sentencia constitucional, en la cual ni siquiera fue parte procesal”. Esto debido a que Etapa EP no había emitido sus observaciones al EIA a través de los medios establecidos en la fase informativa de la consulta ambiental que llevó a cabo el Maate para el proyecto, a pesar de haber sido invitada a participar.
El Ministerio del Ambiente tiene la obligación de evaluar las observaciones y opiniones que se realicen y, de ser procedentes, inclusive, de ser procedentes, se incorporarán como obligaciones del Plan de Manejo del proyecto.
Finalmente, advierte a Etapa que se reserva el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes para reparar el daño provocado por “afirmaciones falaces y técnicamente incorrectas”, emitidas Etapa EP en el informe técnico, dañando el buen nombre y reputación de la empresa.
El Consejo por unanimidad resolvió rechazar la minería metálica en Quimsacocha y Cuenca, sea de tipo tanto ilegal como legal a nombre de la defensa del agua y del futuro de los habitantes del cantón.
El Alcalde resaltó que en consulta popular ocho de cada diez habitantes se pronunció por prohibir la minería en cinco zonas de recarga hídrica, pronunciamiento que en su parecer tiene mayor peso que cualquier otra normativa ya que representa la voluntad del soberano garantizada en la Constitución.
Así fue como, el Consejo respondió con esta resolución al pedido de una diversidad de grupos sociales locales que son considerados las fuerzas vivas de la ciudad, de adoptar una postura de defensa al informe de la empresa municipal Etapa sobre el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto Loma Larga manejado por la empresa Dundee Precious Metals, antes denominado Quimsacocha.
El alcalde en su intervención manifestó que entre los puntos resueltos consta la difusión amplia entre todos los sectores sociales, académicos, educativos e institucionales de las conclusiones del informe que advierte de peligros para las fuentes de agua que proveen a la ciudad.
Por otro lado, informó que en la reunión se autorizó a la municipalidad a contratar todos los profesionales nacionales e internacionales técnicos y jurídicos que sean necesarios para defender en los planos jurídico y técnico el contenido del informe. Además, agregó, “La consulta popular se respeta. Y agregó que el contenido de esta resolución no es menor, “puesto que se trata de que nuestros hijos puedan seguir gozando de lo que nosotros hemos usufructuado del líquido vital”.
Para Dundee el análisis de afectación a los recursos hídricos
que proveen de agua a Cuenca es incorrecto
Sobre esta decisión de la municipalidad, la empresa no se ha pronunciado. Sobre el informe de Etapa EP, la empresa no acepta entrevistas con Vía Minera aunque nos ha ofrecido acceder junto a otros medios a la zona del proyecto. Lo importante es cómo se pronunció a través de sus abogados de la firma Durini y Guerrero, ofreciendo razones para descalificar el documento y que el tribunal que lleva una acción de protección sobre el proyecto no lo tome en cuenta.
El 29 de septiembre último, ante el juez Señor Juez de la Unidad Judicial de Trabajo de Cuenca, Guillermo Salgado, a nombre del gerente general, el abogado Emilio Suárez, dentro de la acción de protección No. 01371-2022-00067, como parte coadyuvante, expuso sus alegaciones en un documento de ocho páginas.
Para solicitar al juez que el informe de Etapa EP no sea tomado en cuenta por el tribunal, cuestiona la competencia de la empresa municipal, la pertinencia de los temas analizados y la legalidad de la elaboración del informe.
La sentencia y medida de reparación integral ordenada por La Corte Provincial en la sentencia de segunda instancia dictada el 28 de agosto de 2023 pidió como medida de reparación la elaboración de un informe coordinado entre el Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica, Maate. El informe conjunto no se concluyó y la empresa municipal Etapa EP lo completó por su cuenta y remitió al Tribunal.
Por tanto, está en cuestión si le correspondía asumir esa responsabilidad que, de acuerdo a Dundee, no está entre sus atribuciones y solo le corresponde al Maate, como autoridad nacional en la materia de la controversia. Etapa EP es una empresa pública municipal, y no un ente nacional, encargado de la rectoría, control o planificación ni de los recursos hídricos, ni del medio ambiente.
Para subsanar la medida de reparación, Dundee considera que la vía apropiada es que lo haga únicamente el Ministerio del Ambiente, un informe “que aborde la sustentabilidad del ecosistema y como se está garantizando el orden de preferencia en el uso y aprovechamiento del agua en el Área Nacional de Recreación Quimsacocha”.
El alegato considera que el informe técnico pretende modificar la medida de reparación de manera arbitraria y unilateral. Además, analiza cuestiones impertinentes, que no fueron dispuestas en la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia, y que incluso, en muchos casos, no se discutieron durante todo el proceso de la acción de protección.
Una grave preocupación surge, afirma, al observar cómo Etapa EP se atreve a emitir opiniones sobre temas estrictamente técnicos, que demandan un conocimiento profundo en geología e ingeniería de minas, áreas que claramente escapan a su competencia y misión institucional.
Además, afirma que se aparta burdamente del análisis requerido en la sentencia y, por su impertinencia, carece de eficacia alguna dentro del presente proceso.
Así, el informe técnico analizó la explotación minera en el páramo, la presa de relaves, la capacidad de comercialización del concentrado de cobre, los supuestos riesgos en la planta de relleno de relaves cementados, la definición del área geográfica del proyecto, cuando no eran materias del estudio solicitado. Estos temas, según el ordenamiento nacional, son de competencia del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Energía, indica.
En el mismo sentido, en la medida de reparación integral, la Corte Provincial dispuso que, en el informe hídrico, se “deberá abordar las conclusiones que se emite en el informe presentado en Etapa EP por parte del Ing. Galo Ordoñez”. Sin embargo, el Informe Técnico elaborado únicamente por ETAPA EP, no aborda en ningún momento las conclusiones del informe del Ing. Galo Ordoñez.
Sin pretender controvertir uno por uno los contenidos de las 140 páginas del informe de Etapa, por considerarlo innecesario, pone un ejemplo de lo que considera un aspecto importante cuyo análisis ha sido incorrecto:
“En el Informe Técnico, Etapa EP analizó los supuestos riesgos de la ejecución del Proyecto Loma Larga para el consumo de agua potable de la ciudad de Cuenca. Sin embargo, como se menciona dentro del EIA, el área de implantación del Proyecto Loma Larga se encuentra en las quebradas Quinuahuaycu y Rumihuaycu afluentes del río Tarqui mientras que su captación y descarga en la Quebrada Alumbre afluente del río Jubones (flanco Pacífico), en cuencas diferentes de las cuencas de los ríos Yanuncay, Tomebamba o Machángara (ríos que son la fuente de agua potable de la ciudad de Cuenca).
“El Proyecto Loma Larga se ubica aguas arriba de la captación denominada Irquis, la cual es la captación más pequeña del sistema del agua para Cuenca.
“El Proyecto Loma Larga no tiene relación con el sistema de distribución interconectado (Tomebamba- Machángara, Machángara Norte y Sur, Yanuncay). Por lo tanto, no es posible que las plantas se encuentren impactadas por el Proyecto Loma Larga, ya sea de manera superficial o subterránea”, afirma.
Acusa a Etapa EP de haber hecho afirmaciones técnicamente incorrectas y que no reflejan la realidad de los diseños y estudios que sustentan la ejecución del Proyecto Loma Larga. “Por el contrario, la empresa pública emitió observaciones sin fundamento, falaces y con un claro sesgo”, asevera.
Además, señala que la empresa municipal mostró un afán de inobservar los procesos de participación legales vigentes y de “pretender suplantarlos a través del presente proceso de ejecución de una sentencia constitucional, en la cual ni siquiera fue parte procesal”. Esto debido a que Etapa EP no había emitido sus observaciones al EIA a través de los medios establecidos en la fase informativa de la consulta ambiental que llevó a cabo el Maate para el proyecto, a pesar de haber sido invitada a participar.
El Ministerio del Ambiente tiene la obligación de evaluar las observaciones y opiniones que se realicen y, de ser procedentes, inclusive, de ser procedentes, se incorporarán como obligaciones del Plan de Manejo del proyecto.
Finalmente, advierte a Etapa que se reserva el derecho de ejercer las acciones legales pertinentes para reparar el daño provocado por “afirmaciones falaces y técnicamente incorrectas”, emitidas Etapa EP en el informe técnico, dañando el buen nombre y reputación de la empresa.
Lanzan instituto para mejorar la seguridad
de las relaveras en todo el mundo
Disposición de las relaveras de la mina Mirador de la empresa Ecuacorriente en Ecuador.
Enero 2 de 2025.- La semana pasada, conmemoramos seis años desde la catastrófica falla de la presa de relaves en Brumadinho, Brasil, y anunciamos la creación del Instituto Global de Gestión de Relaves (GTMI, por sus siglas en inglés), afirmó Rohitesh Dhawan, presidente del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés).
Con sede en Sudáfrica y coorganizado por el ICMM, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y los Principios para la Inversión Responsable (PRI), el GTMI tiene una misión simple pero audaz: hacer que las presas de relaves sean más seguras en todo el mundo, en pos de nuestro objetivo de cero daños, explicitó.
Lo hará impulsando la implementación y la adopción del Estándar Industrial Global sobre Gestión de Relaves (GISTM, por sus siglas en inglés) y supervisando el marco de garantía en relación con él.
La creación del GTMI va en contra del clima sociopolítico actual, donde construir cualquier cosa, y mucho menos un esfuerzo de múltiples partes interesadas, parece más difícil que nunca. En el ICMM, vemos esto como una razón para no dar un paso atrás, sino para avanzar más en la construcción, el crecimiento y el desarrollo junto con nuestras partes interesadas.
“Como iniciativa sin fines de lucro y gobernada por múltiples partes interesadas, creemos que brindará a las comunidades, los inversores y la industria minera la confianza de que se están implementando medidas efectivas para prevenir fallas futuras”, dijo al respecto, Aidan Davy, ejecutivo del ICMM.
Creado el 21 de enero, el GTMI marca un paso transformador hacia instalaciones de relaves más seguras, con el objetivo principal de causar cero daños a las personas y al medio ambiente, y tolerancia cero para las muertes humanas.
El instituto gestionará un marco de garantía para auditar y certificar de forma independiente las instalaciones de relaves a través de evaluadores externos calificados, informó el ICMM. El instituto también promoverá la concienciación, compartirá las mejores prácticas y divulgará los resultados de las auditorías para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
El GTMI está buscando postulaciones para una junta de múltiples partes interesadas que represente a las comunidades, industrias y expertos afectados por las instalaciones de relaves. El ICMM insta a todas las compañías mineras del mundo a que se inscriban para demostrar su compromiso con la gestión responsable de los relaves, fomentando la confianza de las comunidades, los inversores y los reguladores.
Para obtener más información, visite el sitio web del GTMI.
Con sede en Sudáfrica y coorganizado por el ICMM, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y los Principios para la Inversión Responsable (PRI), el GTMI tiene una misión simple pero audaz: hacer que las presas de relaves sean más seguras en todo el mundo, en pos de nuestro objetivo de cero daños, explicitó.
Lo hará impulsando la implementación y la adopción del Estándar Industrial Global sobre Gestión de Relaves (GISTM, por sus siglas en inglés) y supervisando el marco de garantía en relación con él.
La creación del GTMI va en contra del clima sociopolítico actual, donde construir cualquier cosa, y mucho menos un esfuerzo de múltiples partes interesadas, parece más difícil que nunca. En el ICMM, vemos esto como una razón para no dar un paso atrás, sino para avanzar más en la construcción, el crecimiento y el desarrollo junto con nuestras partes interesadas.
“Como iniciativa sin fines de lucro y gobernada por múltiples partes interesadas, creemos que brindará a las comunidades, los inversores y la industria minera la confianza de que se están implementando medidas efectivas para prevenir fallas futuras”, dijo al respecto, Aidan Davy, ejecutivo del ICMM.
Creado el 21 de enero, el GTMI marca un paso transformador hacia instalaciones de relaves más seguras, con el objetivo principal de causar cero daños a las personas y al medio ambiente, y tolerancia cero para las muertes humanas.
El instituto gestionará un marco de garantía para auditar y certificar de forma independiente las instalaciones de relaves a través de evaluadores externos calificados, informó el ICMM. El instituto también promoverá la concienciación, compartirá las mejores prácticas y divulgará los resultados de las auditorías para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.
El GTMI está buscando postulaciones para una junta de múltiples partes interesadas que represente a las comunidades, industrias y expertos afectados por las instalaciones de relaves. El ICMM insta a todas las compañías mineras del mundo a que se inscriban para demostrar su compromiso con la gestión responsable de los relaves, fomentando la confianza de las comunidades, los inversores y los reguladores.
Para obtener más información, visite el sitio web del GTMI.
Tambalea el proyecto Loma Larga en Azuay
Diciembre 21 de 2024.- Dos reveses sufrió el avance del proyecto Loma Larga operado por Dundee Precious Metals (DPM) (TXS-DPM) en el sur del Ecuador, en un contexto de reactivación del debate público y comunitario sobre la minería y la contaminación de las fuentes hídricas de la ciudad de Cuenca.
El más fuerte porque es inapelable, es que la Corte Constitucional (CC) rechazó el 21 de noviembre la demanda de inconstitucionalidad solicitada por DPM para dar de baja a la Consulta Popular realizada en el cantón Girón en 2019, uno de los tres que alojan al proyecto. La Consulta versó sobre si es factible realizar minería en el área de páramo Quimsacocha. El 86% de los votantes se pronunciaron en contra de la ubicación de la mina.
La resolución de la Corte dijo que la consulta no violó las condiciones de legalidad.
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó el 17 de diciembre que admitió una denuncia presentada en abril por los defensores del agua, según su representante Yaku Pérez Guartambel. Acto seguido, dijo el activista y político, la Comisión trasladó la decisión al Estado dándole 30 días para que explique sobre la situación de cumplimiento de las consultas populares en Girón, Tarqui y Cuenca y de una sentencia de la Corte Provincial de Justicia del Azuay relacionada con el mismo tema.
El proyecto está ubicado en las parroquias Victoria de Portete del cantón Cuenca, San Gerardo, del cantón Girón, y Chumblín, del cantón San Fernando, en la provincia del Azuay. La extensión de las concesiones implicadas suma 7960 hectáreas, los principales minerales buscados son oro, la plata y el cobre.
La mina habría tenido una duración de 12 años y se tenía previsto el inicio de la construcción para el cuarto trimestre de 2019 y el inicio de producción para inicios del 2021.
El ambiente provincial le ha sido adverso a la canadiense Dundee, que operaba en Bulgaria y Serbia, antes de comprarse el problema en Ecuador en julio de 2021. En septiembre del actual año, un informe desfavorable de la empresa municipal de Cuenca, Etapa EP, sobre el estudio de impacto ambiental de la empresa para la etapa de explotación (ESIA), reavivó el debate.
En este contexto, circula el informe de Etapa EP, de 142 páginas, que centra sus análisis en las evidencias de seguridad frente a los riesgos de contaminación derivados de la actividad minera, de las fuentes de recarga hídrica que se originan en Quimsacocha, del páramo y de las aguas subterráneas. La función del páramo es “conservar la biodiversidad y el equilibrio del ecosistema, así como precautelar las zonas de recarga hídrica para consumo humano, riego y para el proyecto hidroeléctrico Paute”, recoge.
Los autores son Sandra Barros, ingeniera civil supervisora de Descargas Liquidas Industriales, Pablo Mosquera, doctor en Biología del Programa de Monitoreo y Vigilancia de los Recursos Hídricos y Juan Carlos Quezada, funcionario de la Administración de Cuencas Hidrográficas, nombrados por la gerencia general de la empresa pública.
El informe fue, para la empresa municipal, una tarea obligada por la Resolución del Segundo Tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay proceso 01371202200067, del 28 de agosto de 2023.
Mientras tanto, para la Procuraduría General del Estado, al igual que para Dundee, el informe de Etapa EP es improcedente y no fue lo que pidieron los jueces. Una vocera de la compañía pidió a Vía Minera que consulte a un constitucionalista, lo que haremos para una próxima edición.
La citada resolución judicial indica que hay vulneración de derechos constitucionales relacionados con el agua y medio ambiente por parte del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate).
No obstante, es confusa pues ordena que ese ministerio elabore un estudio que “aborde la sustentabilidad del ecosistema y cómo se está garantizando el orden de preferencia en el uso y aprovechamiento del agua, detalle las acciones para posibilitar la planificación, regulación y control, así como deberá abordar las conclusiones que se emite en el informe presentado en Etapa EP por parte del lng. Galo Ordoñez”, y en el mismo párrafo, indica que Etapa EP elabore el estudio y coordinen colaborativamente un informe de actividades con el Maate.
El informe de Ordóñez se titula “Vulnerabilidad de las fuentes de agua del páramo frente a la minería en el cantón Cuenca”, y fue elaborado en 2019.
Lo que Etapa presentó es un informe, para decirlo suavemente, asfixiante. Afirma que el ESIA no solo es incompleto, superficial en varios aspectos, falto de evidencias, sino que acomoda artificiosamente información. Responsabiliza al Maate de faltar a su deber de exigir varias evidencias como parte de la evaluación del impacto ambiental, “notándose un déficit en la supervisión y control por parte de la autoridad ambiental”.
La resolución del tribunal también apela a tomar en cuenta el Principio de Precaución y Prevención afirmando que “Los jueces consideran que la falta de evidencia técnica suficiente para demostrar que las actividades mineras no causarán daños significativos constituye un riesgo para el medio ambiente y los recursos hídricos”.
El más fuerte porque es inapelable, es que la Corte Constitucional (CC) rechazó el 21 de noviembre la demanda de inconstitucionalidad solicitada por DPM para dar de baja a la Consulta Popular realizada en el cantón Girón en 2019, uno de los tres que alojan al proyecto. La Consulta versó sobre si es factible realizar minería en el área de páramo Quimsacocha. El 86% de los votantes se pronunciaron en contra de la ubicación de la mina.
La resolución de la Corte dijo que la consulta no violó las condiciones de legalidad.
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó el 17 de diciembre que admitió una denuncia presentada en abril por los defensores del agua, según su representante Yaku Pérez Guartambel. Acto seguido, dijo el activista y político, la Comisión trasladó la decisión al Estado dándole 30 días para que explique sobre la situación de cumplimiento de las consultas populares en Girón, Tarqui y Cuenca y de una sentencia de la Corte Provincial de Justicia del Azuay relacionada con el mismo tema.
El proyecto está ubicado en las parroquias Victoria de Portete del cantón Cuenca, San Gerardo, del cantón Girón, y Chumblín, del cantón San Fernando, en la provincia del Azuay. La extensión de las concesiones implicadas suma 7960 hectáreas, los principales minerales buscados son oro, la plata y el cobre.
La mina habría tenido una duración de 12 años y se tenía previsto el inicio de la construcción para el cuarto trimestre de 2019 y el inicio de producción para inicios del 2021.
El ambiente provincial le ha sido adverso a la canadiense Dundee, que operaba en Bulgaria y Serbia, antes de comprarse el problema en Ecuador en julio de 2021. En septiembre del actual año, un informe desfavorable de la empresa municipal de Cuenca, Etapa EP, sobre el estudio de impacto ambiental de la empresa para la etapa de explotación (ESIA), reavivó el debate.
En este contexto, circula el informe de Etapa EP, de 142 páginas, que centra sus análisis en las evidencias de seguridad frente a los riesgos de contaminación derivados de la actividad minera, de las fuentes de recarga hídrica que se originan en Quimsacocha, del páramo y de las aguas subterráneas. La función del páramo es “conservar la biodiversidad y el equilibrio del ecosistema, así como precautelar las zonas de recarga hídrica para consumo humano, riego y para el proyecto hidroeléctrico Paute”, recoge.
Los autores son Sandra Barros, ingeniera civil supervisora de Descargas Liquidas Industriales, Pablo Mosquera, doctor en Biología del Programa de Monitoreo y Vigilancia de los Recursos Hídricos y Juan Carlos Quezada, funcionario de la Administración de Cuencas Hidrográficas, nombrados por la gerencia general de la empresa pública.
El informe fue, para la empresa municipal, una tarea obligada por la Resolución del Segundo Tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay proceso 01371202200067, del 28 de agosto de 2023.
Mientras tanto, para la Procuraduría General del Estado, al igual que para Dundee, el informe de Etapa EP es improcedente y no fue lo que pidieron los jueces. Una vocera de la compañía pidió a Vía Minera que consulte a un constitucionalista, lo que haremos para una próxima edición.
La citada resolución judicial indica que hay vulneración de derechos constitucionales relacionados con el agua y medio ambiente por parte del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate).
No obstante, es confusa pues ordena que ese ministerio elabore un estudio que “aborde la sustentabilidad del ecosistema y cómo se está garantizando el orden de preferencia en el uso y aprovechamiento del agua, detalle las acciones para posibilitar la planificación, regulación y control, así como deberá abordar las conclusiones que se emite en el informe presentado en Etapa EP por parte del lng. Galo Ordoñez”, y en el mismo párrafo, indica que Etapa EP elabore el estudio y coordinen colaborativamente un informe de actividades con el Maate.
El informe de Ordóñez se titula “Vulnerabilidad de las fuentes de agua del páramo frente a la minería en el cantón Cuenca”, y fue elaborado en 2019.
Lo que Etapa presentó es un informe, para decirlo suavemente, asfixiante. Afirma que el ESIA no solo es incompleto, superficial en varios aspectos, falto de evidencias, sino que acomoda artificiosamente información. Responsabiliza al Maate de faltar a su deber de exigir varias evidencias como parte de la evaluación del impacto ambiental, “notándose un déficit en la supervisión y control por parte de la autoridad ambiental”.
La resolución del tribunal también apela a tomar en cuenta el Principio de Precaución y Prevención afirmando que “Los jueces consideran que la falta de evidencia técnica suficiente para demostrar que las actividades mineras no causarán daños significativos constituye un riesgo para el medio ambiente y los recursos hídricos”.
Fuente: CuencaComunica, 19 de diciembre, Cumbe.
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El informe de Etapa se puede descargar aquí.
Aquí se puede descargar el ESIA de Loma Larga. Por su lado, el Maate y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) consideran que ha concluido la consulta ambiental y que la población está de acuerdo con la entrega de la licencia ambiental para la mina de oro subterránea, de acuerdo al oficio Nro. MAATE-SCA-2024-3099-O del 18 de noviembre. Entretanto, organizaciones que se autodenominan defensoras del agua avivaron con convocatorias, ruedas de prensa y asambleas el rechazo al proyecto. Pobladores en la comunidad ancestral San Pedro de Escaleras, considerada apta por las autoridades para aplicar la consulta previa, libre e informada, rompieron los impresos informativos que quedaron en el piso, cuando el jueves 19, servidores públicos trataron de socializar la consulta. |
Entre los que se han manifestado porque se envíe al tribunal y a la CIDH el informe de Etapa, están Lizardo Zhagui Pérez, presidente del sistema comunitario de agua potable de las parroquias Tarqui y Victoria del Portete, Arariwa Sigcha Vele, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) y Cristian Zamora, alcalde de Cuenca.
La federación FOA en una asamblea realizada el miércoles 18 en el Salón de la Ciudad, resolvió exigir al MEM la suspensión definitiva del proyecto en treinta días y dar el mismo plazo a la compañía DPM para retirarse con todos sus equipos e instalaciones del área de Quimsacocha.
Dundee, por su parte, tiene confianza en el apoyo del gobierno nacional. También en su programa de responsabilidad social que promueve apoyos a emprendimientos productivos en algunas comunidades y programas educativos y deportivos.
La federación FOA en una asamblea realizada el miércoles 18 en el Salón de la Ciudad, resolvió exigir al MEM la suspensión definitiva del proyecto en treinta días y dar el mismo plazo a la compañía DPM para retirarse con todos sus equipos e instalaciones del área de Quimsacocha.
Dundee, por su parte, tiene confianza en el apoyo del gobierno nacional. También en su programa de responsabilidad social que promueve apoyos a emprendimientos productivos en algunas comunidades y programas educativos y deportivos.
De izquierda a derecha: David Rae, director ejecutivo de DPM, Daniel Noboa, presidente de la República y Nikolay Hristov, vicepresidente senior de Sostenibilidad de DPM.
A inicios de septiembre, Daniel Noboa, presidente de la República durante una visita a Canadá se reunió con varios gremios de inversionistas canadienses y los principales ejecutivos de Dundee, David Rae el director ejecutivo, y Nikolay Hristov, vicepresidente senior de Sostenibilidad. “La reunión fue una oportunidad para entablar un diálogo abierto sobre los esfuerzos de colaboración para promover el desarrollo de la minería sostenible y la energía renovable en Ecuador”, señaló la compañía.
Vía Minera consultó a la compañía por un pronunciamiento sobre el informe de Etapa EP y todavía no ha recibido respuesta. Publicaremos en próximas ediciones los comentarios y entrevistas que nos proporcionen.
Las decisiones de la Corte Constitucional del Ecuador paralizaron el proyecto cuando esta dio paso a una consulta popular promovida por la Alcaldía de la ciudad y en la cual obtuvieron una mayoría significativa los votos de las fuerzas que se oponen a la minería en fuentes de agua.
Luego, el ministerio del Ambiente delimitó el área de recarga hídrica y consideró dentro de ella las áreas sobre las que se extiende el proyecto, aumentando la confusión existente sobre el futuro de Loma Larga porque, en términos de seguridad jurídica la compañía alega que las decisiones legales no pueden ser retroactivas.
Vía Minera consultó a la compañía por un pronunciamiento sobre el informe de Etapa EP y todavía no ha recibido respuesta. Publicaremos en próximas ediciones los comentarios y entrevistas que nos proporcionen.
Las decisiones de la Corte Constitucional del Ecuador paralizaron el proyecto cuando esta dio paso a una consulta popular promovida por la Alcaldía de la ciudad y en la cual obtuvieron una mayoría significativa los votos de las fuerzas que se oponen a la minería en fuentes de agua.
Luego, el ministerio del Ambiente delimitó el área de recarga hídrica y consideró dentro de ella las áreas sobre las que se extiende el proyecto, aumentando la confusión existente sobre el futuro de Loma Larga porque, en términos de seguridad jurídica la compañía alega que las decisiones legales no pueden ser retroactivas.
Cerró consulta por un estándar minero global único
Diciembre 21 de 2024.- De cara al futuro y con una nueva Estrategia 2025+ en desarrollo, el Consejo se esfuerza por impulsar la Iniciativa de Estándares Mineros Consolidados, un trabajo que depende de la colaboración y el compromiso compartido, anunció Rohitesh Dhawan, presidente del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés).
La Iniciativa de Estándares Mineros Consolidados (CMSI, por sus siglas en inglés) es una propuesta con el objetivo de reunir los mejores aspectos de cuatro estándares bien establecidos: The Copper Mark, Towards Sustainable Mining (TSM) de la Asociación Minera de Canadá, los Principios de Minería de Oro Responsable del Consejo Mundial del Oro y los Principios de Minería del ICMM, en un estándar global que reduzca la complejidad y aclare las prácticas responsables para las empresas mineras de todos los tamaños, en todas las ubicaciones y materias primas.
La Iniciativa responde a la creciente demanda de la sociedad de prácticas mineras responsables. Una consulta pública estuvo abierta hasta el 16 de diciembre, por medio se la cual se invitó a todo el público que creyese que pudiera hacerlo, a compartir sus comentarios sobre el estándar consolidado, su proceso de garantía y su gobernanza.
Una vez finalizada, se espera que la Norma sea utilizada por los miembros actuales del ICMM, el Consejo Mundial del Oro y la Asociación Minera de Canadá, y los participantes de The Copper Mark. Esta amplia adopción le daría a la Norma la cobertura más amplia de cualquier norma minera voluntaria hasta la fecha, y se prevé que su implementación incluya a casi 100 empresas mineras en aproximadamente 600 instalaciones en alrededor de 60 países.
La urgencia de la consolidación
La web de la Iniciativa explica que, si bien una tonelada de metal de diferentes fuentes es indistinguible a simple vista, el hecho de que haya sido producida, procesada y reciclada de manera responsable tiene enormes implicaciones para la sociedad y nuestro planeta.
Como no podemos distinguir entre metales producidos de manera responsable e irresponsable simplemente mirando o usando productos cotidianos, hemos confiado en que los gobiernos regulen la producción, el procesamiento y el reciclaje mínimos.
Sin embargo, los gobiernos por sí solos no pueden abordar el alcance total del desafío. Cada vez más, la sociedad espera que quienes extraen, reciclan o convierten metales en productos sigan estándares responsables respaldados por una garantía independiente y una divulgación transparente.
En las últimas dos décadas, han surgido muchos de esos estándares. Es alentador que cientos de productores y usuarios de metales hayan adoptado estas normas, lo que significa que muchos de los materiales esenciales que circulan en nuestra economía hoy en día se producen cada vez más de manera responsable.
Sin embargo, con unas 25 000 empresas mineras en todo el mundo y miles más en las cadenas de valor de minerales y metales, la cantidad de productores que no siguen ninguna norma supera con creces a los que sí la siguen.
La complejidad de múltiples normas superpuestas se ha convertido en una barrera, especialmente para los productores más pequeños, que podrían estar preocupados por qué norma seguir, por su implementación y por si la norma que utilizan será reconocida y respetada por las partes interesadas o los clientes en los tramos inferiores de la cadena de valor. Reducir la complejidad, tanto en la cantidad de normas como en su contenido y garantía, al tiempo que se eleva el nivel, es vital, afirman los autores.
La Iniciativa de Estándares Mineros Consolidados (CMSI, por sus siglas en inglés) es una propuesta con el objetivo de reunir los mejores aspectos de cuatro estándares bien establecidos: The Copper Mark, Towards Sustainable Mining (TSM) de la Asociación Minera de Canadá, los Principios de Minería de Oro Responsable del Consejo Mundial del Oro y los Principios de Minería del ICMM, en un estándar global que reduzca la complejidad y aclare las prácticas responsables para las empresas mineras de todos los tamaños, en todas las ubicaciones y materias primas.
La Iniciativa responde a la creciente demanda de la sociedad de prácticas mineras responsables. Una consulta pública estuvo abierta hasta el 16 de diciembre, por medio se la cual se invitó a todo el público que creyese que pudiera hacerlo, a compartir sus comentarios sobre el estándar consolidado, su proceso de garantía y su gobernanza.
Una vez finalizada, se espera que la Norma sea utilizada por los miembros actuales del ICMM, el Consejo Mundial del Oro y la Asociación Minera de Canadá, y los participantes de The Copper Mark. Esta amplia adopción le daría a la Norma la cobertura más amplia de cualquier norma minera voluntaria hasta la fecha, y se prevé que su implementación incluya a casi 100 empresas mineras en aproximadamente 600 instalaciones en alrededor de 60 países.
La urgencia de la consolidación
La web de la Iniciativa explica que, si bien una tonelada de metal de diferentes fuentes es indistinguible a simple vista, el hecho de que haya sido producida, procesada y reciclada de manera responsable tiene enormes implicaciones para la sociedad y nuestro planeta.
Como no podemos distinguir entre metales producidos de manera responsable e irresponsable simplemente mirando o usando productos cotidianos, hemos confiado en que los gobiernos regulen la producción, el procesamiento y el reciclaje mínimos.
Sin embargo, los gobiernos por sí solos no pueden abordar el alcance total del desafío. Cada vez más, la sociedad espera que quienes extraen, reciclan o convierten metales en productos sigan estándares responsables respaldados por una garantía independiente y una divulgación transparente.
En las últimas dos décadas, han surgido muchos de esos estándares. Es alentador que cientos de productores y usuarios de metales hayan adoptado estas normas, lo que significa que muchos de los materiales esenciales que circulan en nuestra economía hoy en día se producen cada vez más de manera responsable.
Sin embargo, con unas 25 000 empresas mineras en todo el mundo y miles más en las cadenas de valor de minerales y metales, la cantidad de productores que no siguen ninguna norma supera con creces a los que sí la siguen.
La complejidad de múltiples normas superpuestas se ha convertido en una barrera, especialmente para los productores más pequeños, que podrían estar preocupados por qué norma seguir, por su implementación y por si la norma que utilizan será reconocida y respetada por las partes interesadas o los clientes en los tramos inferiores de la cadena de valor. Reducir la complejidad, tanto en la cantidad de normas como en su contenido y garantía, al tiempo que se eleva el nivel, es vital, afirman los autores.
IMARC 2024: La lucha de la minería por un punto medio público
Diciembre 8 de 2024.- Una nueva encuesta sobre las actitudes australianas hacia la minería en 2024, realizada por el organismo nacional de investigación científica, CSIRO, indicó que la confianza pública en la industria minera había mejorado desde su revisión anterior en 2017, de acuerdo a un reporte de los organizadores de la conferencia minera más grande de ese lado del mundo.
Más del 70% de los encuestados vincularon la extracción de una larga lista nacional de minerales críticos con la reducción de las emisiones netas de carbono y con la prosperidad futura de la nación.
Sin embargo, más del 60% de los encuestados dijo que la minería tenía impactos ambientales negativos y más del 30% creía que Australia debería reducir la actividad minera incluso si retrasaba la transición a emisiones netas cero.
"Dado el importante papel de la industria tanto en la economía como en la transición energética, comprender el sentimiento público hacia la minería es más importante que nunca", dijo CSIRO en su último informe de la encuesta.
"Los resultados de la encuesta revelan que, si bien la confianza en la industria minera ha mejorado, aún quedan desafíos importantes por delante.
"La aceptación de la minería por parte del público, aunque también está aumentando, depende del compromiso de la industria con la gestión ambiental, la participación de la comunidad y la transparencia".
En numerosas discusiones de IMARC 2024 se transmitió cómo la industria en Australia está trabajando a toda máquina para detener lo que considera corrientes de resentimiento perjudiciales en las comunidades que se traducen en nuevas tensiones regulatorias, fricciones en el desarrollo y, quizás lo más preocupante de todo, la desconexión de los jóvenes necesarios para ayudar a que la industria avance.
“La gente entiende en general que necesita materias primas... para sus teléfonos móviles, para sus coches, para sus turbinas eólicas, para los paneles solares”, dijo Kelly O’Rourke, asesora legal senior de South32, en la conferencia.
“Pero también quieren que las empresas extraigan estos minerales de una manera realmente responsable.
“Y la industria probablemente tenga una reputación mixta en ese espacio y el mayor enfoque [en el medio ambiente, lo social y la gobernanza] es bienvenido desde nuestra perspectiva porque, si bien necesitamos extraer estas materias primas si vamos a avanzar en esta transición energética, no queremos hacerlo a expensas del futuro del medio ambiente.
“Es necesario lograr ese equilibrio porque, si no se puede, no se debería estar allí”.
Marghanita Johnson, directora ejecutiva del Consejo Australiano del Aluminio, dijo que las percepciones de la comunidad sobre la industria seguían reflejándose en políticas públicas inconsistentes y una falta de urgencia de reformas a nivel federal y estatal.
“Yo diría que, como alguien que ha trabajado en este sector durante 25 años… nunca había visto que el sentimiento hacia la alúmina y el aluminio fuera tan fuerte, así que lo tomo como una victoria”, dijo.
“[Pero] nunca había visto que el sentimiento hacia partes de nuestra industria minera fuera tan débil, lo que es un desafío.
“Las aprobaciones ambientales para una nueva mina son una verdadera lucha y no una que hayamos enfrentado históricamente de la misma manera que lo hacemos ahora.
“Y esa conectividad en el medio es un desafío.
“Tomemos como ejemplo nuestra fundición [Bell Bay de Rio Tinto, miembro de TAAC] en Tassie.
“Hace quince años, esa fundición era considerada uno de los grandes contaminadores de Australia. Ahora es una superpotencia de los metales verdes. Por lo tanto, es la misma fundición que produce el mismo producto con los mismos trabajadores y la misma fuente de energía.
Más del 70% de los encuestados vincularon la extracción de una larga lista nacional de minerales críticos con la reducción de las emisiones netas de carbono y con la prosperidad futura de la nación.
Sin embargo, más del 60% de los encuestados dijo que la minería tenía impactos ambientales negativos y más del 30% creía que Australia debería reducir la actividad minera incluso si retrasaba la transición a emisiones netas cero.
"Dado el importante papel de la industria tanto en la economía como en la transición energética, comprender el sentimiento público hacia la minería es más importante que nunca", dijo CSIRO en su último informe de la encuesta.
"Los resultados de la encuesta revelan que, si bien la confianza en la industria minera ha mejorado, aún quedan desafíos importantes por delante.
"La aceptación de la minería por parte del público, aunque también está aumentando, depende del compromiso de la industria con la gestión ambiental, la participación de la comunidad y la transparencia".
En numerosas discusiones de IMARC 2024 se transmitió cómo la industria en Australia está trabajando a toda máquina para detener lo que considera corrientes de resentimiento perjudiciales en las comunidades que se traducen en nuevas tensiones regulatorias, fricciones en el desarrollo y, quizás lo más preocupante de todo, la desconexión de los jóvenes necesarios para ayudar a que la industria avance.
“La gente entiende en general que necesita materias primas... para sus teléfonos móviles, para sus coches, para sus turbinas eólicas, para los paneles solares”, dijo Kelly O’Rourke, asesora legal senior de South32, en la conferencia.
“Pero también quieren que las empresas extraigan estos minerales de una manera realmente responsable.
“Y la industria probablemente tenga una reputación mixta en ese espacio y el mayor enfoque [en el medio ambiente, lo social y la gobernanza] es bienvenido desde nuestra perspectiva porque, si bien necesitamos extraer estas materias primas si vamos a avanzar en esta transición energética, no queremos hacerlo a expensas del futuro del medio ambiente.
“Es necesario lograr ese equilibrio porque, si no se puede, no se debería estar allí”.
Marghanita Johnson, directora ejecutiva del Consejo Australiano del Aluminio, dijo que las percepciones de la comunidad sobre la industria seguían reflejándose en políticas públicas inconsistentes y una falta de urgencia de reformas a nivel federal y estatal.
“Yo diría que, como alguien que ha trabajado en este sector durante 25 años… nunca había visto que el sentimiento hacia la alúmina y el aluminio fuera tan fuerte, así que lo tomo como una victoria”, dijo.
“[Pero] nunca había visto que el sentimiento hacia partes de nuestra industria minera fuera tan débil, lo que es un desafío.
“Las aprobaciones ambientales para una nueva mina son una verdadera lucha y no una que hayamos enfrentado históricamente de la misma manera que lo hacemos ahora.
“Y esa conectividad en el medio es un desafío.
“Tomemos como ejemplo nuestra fundición [Bell Bay de Rio Tinto, miembro de TAAC] en Tassie.
“Hace quince años, esa fundición era considerada uno de los grandes contaminadores de Australia. Ahora es una superpotencia de los metales verdes. Por lo tanto, es la misma fundición que produce el mismo producto con los mismos trabajadores y la misma fuente de energía.
Luz verde para construir mina Curipamba-El Domo en Bolívar
Diciembre 1 de 2024.- Luego de que el Tribunal Provincial de Bolívar, desestimó la apelación presentada por los demandantes sobre la inconstitucionalidad de la licencia ambiental obtenida por el proyecto Curipamba-El Domo, Silvercorp Metals Inc. (TSX: SVM; NYSE: SVM) en sociedad con Salazar Resources (TSXV: SRL) se alistan para iniciar la construcción de la que será la tercera mina industrial del Ecuador contemporáneo.
Fredy Salazar Jr., hijo del fundador de la primera empresa ecuatoriana con valores cotizados en Canadá, en el ENAEP 2024 afirmó que al momento están arrancando con tareas muy preliminares, un mantenimiento de la vía para subir algunos campamentos, maquinaria, para arrancar la construcción después de la temporada de lluvias del 2025.
Para ello, contarán con el financiamiento que estuvo disponible para Adventus Mining Corporation, la anterior titular principal del proyecto, originado en un contrato de compra de los metales que producirá la mina, firmado por Wheaton Precious Metals International Ltd.
En efecto, Silvercorp anunció el reembolso del depósito anticipado de Wheaton de fondos retirados por Adventus, el mismo que asciende, siempre según información oficial de la compañía, a US$13,25 millones de El Domo al 30 de septiembre de 2024.
Fredy Salazar Jr., hijo del fundador de la primera empresa ecuatoriana con valores cotizados en Canadá, en el ENAEP 2024 afirmó que al momento están arrancando con tareas muy preliminares, un mantenimiento de la vía para subir algunos campamentos, maquinaria, para arrancar la construcción después de la temporada de lluvias del 2025.
Para ello, contarán con el financiamiento que estuvo disponible para Adventus Mining Corporation, la anterior titular principal del proyecto, originado en un contrato de compra de los metales que producirá la mina, firmado por Wheaton Precious Metals International Ltd.
En efecto, Silvercorp anunció el reembolso del depósito anticipado de Wheaton de fondos retirados por Adventus, el mismo que asciende, siempre según información oficial de la compañía, a US$13,25 millones de El Domo al 30 de septiembre de 2024.
De conformidad con el contrato de compra, Adventus debía entregar aproximadamente 92,3 onzas de oro por mes (a los precios actuales del oro, esto equivale a una tasa de interés anual de aproximadamente el 18,5 %), a partir de julio de 2024, hasta que la construcción de El Domo alcanzara ciertos hitos o se devolvieran estos fondos.
Como resultado del reembolso, la contribución total en efectivo de US$ 175,5 millones del plan de ejecución del contrato estará disponible para que Silvercorp la utilice durante la construcción, sujeto a ciertas condiciones.
La sociedad entre Silvercorp y Salazar adquirió el proyecto el 31 de julio, al completarse la adquisición de todos los intereses de Adventus en el proyecto Curipamba-El Domo, a través de la materialización de un plan de compra venta acordada según la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá en abril. Silvercorp Metals pasó a ser propietaria de la empresa Curmining que era subsidiaria ecuatoriana de Adventus en la figura de joint venture con Salazar.
Tras la resolución del juez, Salazar Resources publicó en redes sociales que: “Las recientes medidas proactivas de Silvercorp, como el reembolso anticipado del préstamo de Trafigura y el pago anticipado de Wheaton, han fortalecido aún más la posición financiera de Curimining. La sólida gestión, la experiencia financiera y la amplia experiencia en minería de Silvercorp continúan reforzando nuestro optimismo de que el cronograma de construcción y producción del proyecto procederá según lo planeado.”
El proyecto Curipamba-El Domo, polimetálico principalmente de oro, cobre, plata y zinc, está ubicado en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar. La empresa tiene 7 concesiones que abarcan 21537 hectáreas, de las cuales, la concesión Las Naves (1458 ha) cambió a la fase o etapa de explotación y beneficio para el desarrollo de la mina que sería una combinación de a cielo abierto y subterránea.
Adventus y Salazar firmaron el año 2022 un contrato de inversión con el gobierno y Adventus consiguió un paquete de financiación de más de 235 millones de dólares con Wheaton y Trafigura para la futura construcción de El Domo.
En diciembre 10 de 2023, Adventus y Luminex Resources Corp. (TSXV: LR) anunciaron el cierre de un acuerdo para el desarrollo del proyecto, por una colocación privada de acciones por aproximadamente US$ 18 millones.
Adventus señaló que los ingresos netos de esa oferta serían utilizados para avanzar en el proyecto Curipamba-El Domo, seleccionar programas de exploración en toda la cartera de exploración combinada de la compañía y Luminex, incluído el principal depósito objetivo de Luminex llamado proyecto Cóndor, y de costos financieros, entre otros propósitos.
El proyecto Curipamba-El Domo cuenta con un estudio de factibilidad completo centrado en un depósito de cobre y oro de alta ley y poco profundo que podría generar flujos de caja después de impuestos de casi 500 millones de dólares estadounidenses durante los seis años iniciales de producción.
También cuenta con el respaldo de un contrato con el gobierno de Ecuador. El inicio de obras ha debido enfrentar una serie de vicisitudes derivadas de la oposición a través de tribunales de grupos de pobladores que han expresado su rechazo a la continuación del proyecto.
La Corte Constitucional del Ecuador (CC) suspendió el proceso de consulta ambiental hasta que pueda realizarse según los parámetros de una ley que deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional revisó la supuesta inconstitucionalidad del Decreto Presidencial 754 con el cual se regulaba los procesos de consulta ambiental en todos los sectores, sin limitarse al sector de los metales y la minería.
En julio de 2023, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Maate, reactivó la consulta ambiental luego de que la CC declaró inconstitucional el decreto 754 pero incluyó una posibilidad de que se realice tal consulta en 170 proyectos de diversa naturaleza productiva o de infraestructura que necesitan este requisito social para avanzar.
Advirtió sin embargo que debe observarse la jurisprudencia que ha ido desarrollando para que se respeten y apliquen estándares internacionales en la obtención de la licencia social, mientras la Legislatura apruebe una ley que regule el proceso de consulta.
Como ente estatal encargado de llevar a la práctica este proceso, el Maate hizo una convocatoria a los habitantes de la parroquia Las Naves, barrios Selva Alegre, El Panecillo, Navas Chica, Esperanza Alta, Esperanza Baja, Unión del Congreso, Jerusalén y Naves Urbano, a participar del proceso a través de asambleas consultivas, a realizarse el 15 de diciembre.
En febrero, el Maate emitió la licencia ambiental al proyecto pero el 5 de junio, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) interpuso una acción de protección constitucional contra el Maate y la Procuraduría General del Estado, para intentar invalidar la licencia ambiental.
En su página web, Curimining realiza un repaso al proceso: El Maate emitió la aprobación técnica del EIA y el PMA en mayo de 2022. La fase final del proceso, la Consulta Ambiental, fue realizada por el Maate entre julio y diciembre de 2023, cumpliendo con el Reglamento del Código Orgánico Ambiental modificado por el Decreto Presidencial 754 y de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Corte Constitucional del Ecuador, que incorporan los principios de Escazú y otros estándares internacionales relacionados con la participación comunitaria en proyectos de desarrollo. La Consulta contó con el respaldo de las comunidades del área de influencia directa del proyecto, con un 98% de votos a favor de la emisión de la Licencia Ambiental”.
El 2 de agosto el Ministerio de Energía y Minas expidió la autorización para que el proyecto avance con la construcción de la mina. La autorización se dio después que la justicia ecuatoriana, en julio de este mismo año, rechazara una acción de protección en contra de la licencia ambiental que obtuvo la compañía. El juez señaló en su sentencia que, el proceso de consulta ambiental garantizó una amplia participación ciudadana.
En la apelación vista por la Corte Provincial de Justicia de Bolívar el 12 de noviembre, el Maate contó con el apoyo de la Procuraduría, Curimining y más de 800 personas (como terceros interesados), afirmó la compañía.
El 21 de febrero de 2024, el MEM informó en un boletín de prensa que, en una visita a Quito, representantes de poblaciones cercanas al proyecto, integrantes del grupo pro-desarrollo de Las Naves, dialogaron con el viceministro de Minas, Andrés Delgado, con el propósito de expresar su respaldo al avance de la futura mina.
Respaldamos el desarrollo responsable de la minería en nuestra región, señaló Fausto Zúñiga, agricultor de San Pedro del cantón Las Naves. Por su lado, Ilda Aguila, miembro de la Comisión de la Defensoría de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la provincia de Bolívar señaló que, “la población naveña supervisará el desarrollo responsable de la futura mina y actuará como veedora para garantizar el cumplimiento de prácticas medioambientales conforme a estrictos estándares internacionales”. Con información de elcomercio.com, eluniverso.com y lahora.com
Como resultado del reembolso, la contribución total en efectivo de US$ 175,5 millones del plan de ejecución del contrato estará disponible para que Silvercorp la utilice durante la construcción, sujeto a ciertas condiciones.
La sociedad entre Silvercorp y Salazar adquirió el proyecto el 31 de julio, al completarse la adquisición de todos los intereses de Adventus en el proyecto Curipamba-El Domo, a través de la materialización de un plan de compra venta acordada según la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá en abril. Silvercorp Metals pasó a ser propietaria de la empresa Curmining que era subsidiaria ecuatoriana de Adventus en la figura de joint venture con Salazar.
Tras la resolución del juez, Salazar Resources publicó en redes sociales que: “Las recientes medidas proactivas de Silvercorp, como el reembolso anticipado del préstamo de Trafigura y el pago anticipado de Wheaton, han fortalecido aún más la posición financiera de Curimining. La sólida gestión, la experiencia financiera y la amplia experiencia en minería de Silvercorp continúan reforzando nuestro optimismo de que el cronograma de construcción y producción del proyecto procederá según lo planeado.”
El proyecto Curipamba-El Domo, polimetálico principalmente de oro, cobre, plata y zinc, está ubicado en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar. La empresa tiene 7 concesiones que abarcan 21537 hectáreas, de las cuales, la concesión Las Naves (1458 ha) cambió a la fase o etapa de explotación y beneficio para el desarrollo de la mina que sería una combinación de a cielo abierto y subterránea.
Adventus y Salazar firmaron el año 2022 un contrato de inversión con el gobierno y Adventus consiguió un paquete de financiación de más de 235 millones de dólares con Wheaton y Trafigura para la futura construcción de El Domo.
En diciembre 10 de 2023, Adventus y Luminex Resources Corp. (TSXV: LR) anunciaron el cierre de un acuerdo para el desarrollo del proyecto, por una colocación privada de acciones por aproximadamente US$ 18 millones.
Adventus señaló que los ingresos netos de esa oferta serían utilizados para avanzar en el proyecto Curipamba-El Domo, seleccionar programas de exploración en toda la cartera de exploración combinada de la compañía y Luminex, incluído el principal depósito objetivo de Luminex llamado proyecto Cóndor, y de costos financieros, entre otros propósitos.
El proyecto Curipamba-El Domo cuenta con un estudio de factibilidad completo centrado en un depósito de cobre y oro de alta ley y poco profundo que podría generar flujos de caja después de impuestos de casi 500 millones de dólares estadounidenses durante los seis años iniciales de producción.
También cuenta con el respaldo de un contrato con el gobierno de Ecuador. El inicio de obras ha debido enfrentar una serie de vicisitudes derivadas de la oposición a través de tribunales de grupos de pobladores que han expresado su rechazo a la continuación del proyecto.
La Corte Constitucional del Ecuador (CC) suspendió el proceso de consulta ambiental hasta que pueda realizarse según los parámetros de una ley que deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional. La Corte Constitucional revisó la supuesta inconstitucionalidad del Decreto Presidencial 754 con el cual se regulaba los procesos de consulta ambiental en todos los sectores, sin limitarse al sector de los metales y la minería.
En julio de 2023, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Maate, reactivó la consulta ambiental luego de que la CC declaró inconstitucional el decreto 754 pero incluyó una posibilidad de que se realice tal consulta en 170 proyectos de diversa naturaleza productiva o de infraestructura que necesitan este requisito social para avanzar.
Advirtió sin embargo que debe observarse la jurisprudencia que ha ido desarrollando para que se respeten y apliquen estándares internacionales en la obtención de la licencia social, mientras la Legislatura apruebe una ley que regule el proceso de consulta.
Como ente estatal encargado de llevar a la práctica este proceso, el Maate hizo una convocatoria a los habitantes de la parroquia Las Naves, barrios Selva Alegre, El Panecillo, Navas Chica, Esperanza Alta, Esperanza Baja, Unión del Congreso, Jerusalén y Naves Urbano, a participar del proceso a través de asambleas consultivas, a realizarse el 15 de diciembre.
En febrero, el Maate emitió la licencia ambiental al proyecto pero el 5 de junio, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) interpuso una acción de protección constitucional contra el Maate y la Procuraduría General del Estado, para intentar invalidar la licencia ambiental.
En su página web, Curimining realiza un repaso al proceso: El Maate emitió la aprobación técnica del EIA y el PMA en mayo de 2022. La fase final del proceso, la Consulta Ambiental, fue realizada por el Maate entre julio y diciembre de 2023, cumpliendo con el Reglamento del Código Orgánico Ambiental modificado por el Decreto Presidencial 754 y de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Corte Constitucional del Ecuador, que incorporan los principios de Escazú y otros estándares internacionales relacionados con la participación comunitaria en proyectos de desarrollo. La Consulta contó con el respaldo de las comunidades del área de influencia directa del proyecto, con un 98% de votos a favor de la emisión de la Licencia Ambiental”.
El 2 de agosto el Ministerio de Energía y Minas expidió la autorización para que el proyecto avance con la construcción de la mina. La autorización se dio después que la justicia ecuatoriana, en julio de este mismo año, rechazara una acción de protección en contra de la licencia ambiental que obtuvo la compañía. El juez señaló en su sentencia que, el proceso de consulta ambiental garantizó una amplia participación ciudadana.
En la apelación vista por la Corte Provincial de Justicia de Bolívar el 12 de noviembre, el Maate contó con el apoyo de la Procuraduría, Curimining y más de 800 personas (como terceros interesados), afirmó la compañía.
El 21 de febrero de 2024, el MEM informó en un boletín de prensa que, en una visita a Quito, representantes de poblaciones cercanas al proyecto, integrantes del grupo pro-desarrollo de Las Naves, dialogaron con el viceministro de Minas, Andrés Delgado, con el propósito de expresar su respaldo al avance de la futura mina.
Respaldamos el desarrollo responsable de la minería en nuestra región, señaló Fausto Zúñiga, agricultor de San Pedro del cantón Las Naves. Por su lado, Ilda Aguila, miembro de la Comisión de la Defensoría de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la provincia de Bolívar señaló que, “la población naveña supervisará el desarrollo responsable de la futura mina y actuará como veedora para garantizar el cumplimiento de prácticas medioambientales conforme a estrictos estándares internacionales”. Con información de elcomercio.com, eluniverso.com y lahora.com
Ambiente tiene en su cancha la consulta
ambiental en Curipamba-El Domo
Diciembre 17 de 2023.- La consulta ambiental para la construcción de la mina del proyecto Curipamba-El Domo, ubicado en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar, en las estribaciones de la cordillera occidental al centro sur el Ecuador, habría sido reactivada por el ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Maate, luego del último dictamen de la Corte Constitucional (CC) sobre el decreto N° 754 que pretendió regular el proceso de consulta.
La decisión respectiva de la Corte incluyó una posibilidad de que se realice tal consulta en 170 proyectos de diversa naturaleza productiva o de infraestructura que necesitan este requisito social para avanzar. La condición de la CC para aplicar el ahora inconstitucional decreto N° 754 es que se observe la jurisprudencia que ha ido desarrollando para que se respeten y apliquen estándares internacionales en la consecución de la licencia social de los proyectos productivos y de infraestructura.
La consulta quedó suspendida por dictamen de la Corte en agosto mientras daba trámite a la demanda e inconstitucionalidad del decreto 754, interpuesta por la organización indígena Conaie. En semanas anteriores la misma corte dictaminó la inconstitucionalidad por la forma del 754 y dejó abierta la posibilidad de que sea aplicado en tanto el órgano de la Legislatura apruebe una ley que regule el proceso de consulta.
Como el ente estatal encargado de llevar a la práctica este proceso, el Maate en una convocatoria hecha pública sin fecha, convocó a los habitantes de la parroquia Las Naves, barrios Selva Alegre, El Panecillo, Navas Chica, Esperanza Alta, Esperanza Baja, Unión del Congreso, Jerusalén y Naves Urbano a participar del proceso a través del mecanismo de asambleas consultivas, a realizarse el 15 de diciembre a las 14h00.
El documento señala que el Maate, en calidad de Autoridad Ambiental Competente, realiza la convocatoria invocando lo dispuesto en el Código Orgánico del Ambiente, publicado en Registro Oficial No. 983 del 12 de abril de 2017 y la Reforma al Reglamento al Código Orgánico del Ambiente a través del Decreto Ejecutivo No. 754 publicado en Registro Oficial No. 323 de 02 de junio de 2023.
Además, señala que se ejecutará la fase informativa del: Proceso de Participación Ciudadana para la Consulta Ambiental del “Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Minero Curipamba – El Domo bajo régimen de mediana minería para las fases de explotación y beneficio”.
El 24 de noviembre se posesionó como titular en la cartera de Ambiente, Sade Fritschi, colocando como los ejes de su gestión: “la conservación de los recursos hídricos, la preservación de la biodiversidad, la agilidad de procesos productivos, la integración de actores estratégicos, desarrollo e inclusión social y comunitaria, mediante la acción ambiental que promueva una mejor calidad de vida para las familias a nivel nacional, con el objetivo de construir “El Nuevo Ecuador””.
En el mes de julio el Maate realizó la convocatoria al proceso de consulta ambiental en Curipamba-El Domo indicando que “con el objeto de garantizar el acceso adecuado, amplio y oportuno, esta cartera de Estado, pone a disposición para revisión; socialización, deliberación interna y emisión de observaciones, criterios y aportes, la información correspondiente al estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental, así como toda la normativa correspondiente al proceso de regularización ambiental y de participación ciudadana para la consulta ambiental” y colocó en su web institucional los links de descarga del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental y de la “Normativa correspondiente al proceso de regularización ambiental y de participación ciudadana para la consulta ambiental”.
Indicó que la información estaría disponible hasta el 23 julio de 2023 y para la recepción de observaciones y aportes, se habilitaron los siguientes correos electrónicos: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected].
La Corte Constitucional en su dictamen sobre el decreto 754, en al artículo 195 señala que: “esta Corte no puede desconocer las preocupaciones y alegaciones que realizan varios amici curiae en las que afirmaron que la aplicación del decreto generó o podría generar afectaciones individuales de derechos constitucionales. Así, ante la posibilidad de que se vulneren derechos, a este Organismo le corresponde recordar los estándares desarrollado por la jurisprudencia de esta Corte que deben servir como lineamientos para la aplicación e este decreto por parte e las autoridades administrativas, mientras se promulga la ley respectiva”.
La Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, AIME, hizo público un comunicado en el que señalaba que respalda el proceso y que con este mecanismo se daba por concluido el proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental implementada por el Maate.
La decisión respectiva de la Corte incluyó una posibilidad de que se realice tal consulta en 170 proyectos de diversa naturaleza productiva o de infraestructura que necesitan este requisito social para avanzar. La condición de la CC para aplicar el ahora inconstitucional decreto N° 754 es que se observe la jurisprudencia que ha ido desarrollando para que se respeten y apliquen estándares internacionales en la consecución de la licencia social de los proyectos productivos y de infraestructura.
La consulta quedó suspendida por dictamen de la Corte en agosto mientras daba trámite a la demanda e inconstitucionalidad del decreto 754, interpuesta por la organización indígena Conaie. En semanas anteriores la misma corte dictaminó la inconstitucionalidad por la forma del 754 y dejó abierta la posibilidad de que sea aplicado en tanto el órgano de la Legislatura apruebe una ley que regule el proceso de consulta.
Como el ente estatal encargado de llevar a la práctica este proceso, el Maate en una convocatoria hecha pública sin fecha, convocó a los habitantes de la parroquia Las Naves, barrios Selva Alegre, El Panecillo, Navas Chica, Esperanza Alta, Esperanza Baja, Unión del Congreso, Jerusalén y Naves Urbano a participar del proceso a través del mecanismo de asambleas consultivas, a realizarse el 15 de diciembre a las 14h00.
El documento señala que el Maate, en calidad de Autoridad Ambiental Competente, realiza la convocatoria invocando lo dispuesto en el Código Orgánico del Ambiente, publicado en Registro Oficial No. 983 del 12 de abril de 2017 y la Reforma al Reglamento al Código Orgánico del Ambiente a través del Decreto Ejecutivo No. 754 publicado en Registro Oficial No. 323 de 02 de junio de 2023.
Además, señala que se ejecutará la fase informativa del: Proceso de Participación Ciudadana para la Consulta Ambiental del “Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del Proyecto Minero Curipamba – El Domo bajo régimen de mediana minería para las fases de explotación y beneficio”.
El 24 de noviembre se posesionó como titular en la cartera de Ambiente, Sade Fritschi, colocando como los ejes de su gestión: “la conservación de los recursos hídricos, la preservación de la biodiversidad, la agilidad de procesos productivos, la integración de actores estratégicos, desarrollo e inclusión social y comunitaria, mediante la acción ambiental que promueva una mejor calidad de vida para las familias a nivel nacional, con el objetivo de construir “El Nuevo Ecuador””.
En el mes de julio el Maate realizó la convocatoria al proceso de consulta ambiental en Curipamba-El Domo indicando que “con el objeto de garantizar el acceso adecuado, amplio y oportuno, esta cartera de Estado, pone a disposición para revisión; socialización, deliberación interna y emisión de observaciones, criterios y aportes, la información correspondiente al estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental, así como toda la normativa correspondiente al proceso de regularización ambiental y de participación ciudadana para la consulta ambiental” y colocó en su web institucional los links de descarga del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental y de la “Normativa correspondiente al proceso de regularización ambiental y de participación ciudadana para la consulta ambiental”.
Indicó que la información estaría disponible hasta el 23 julio de 2023 y para la recepción de observaciones y aportes, se habilitaron los siguientes correos electrónicos: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected].
La Corte Constitucional en su dictamen sobre el decreto 754, en al artículo 195 señala que: “esta Corte no puede desconocer las preocupaciones y alegaciones que realizan varios amici curiae en las que afirmaron que la aplicación del decreto generó o podría generar afectaciones individuales de derechos constitucionales. Así, ante la posibilidad de que se vulneren derechos, a este Organismo le corresponde recordar los estándares desarrollado por la jurisprudencia de esta Corte que deben servir como lineamientos para la aplicación e este decreto por parte e las autoridades administrativas, mientras se promulga la ley respectiva”.
La Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador, AIME, hizo público un comunicado en el que señalaba que respalda el proceso y que con este mecanismo se daba por concluido el proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental implementada por el Maate.
Cultura Machinaza y más patrimonio en
sala arqueológica Arutam Wakam de FDN
Diciembre 17 de 2023.- Con la visión de generar un espacio de educación y difusión de la historia y cultura ancestral zamorana, Lundin Gold, empresa canadiense operadora de la mina Fruta del Norte (FDN), ubicada en la provincia de Zamora Chinchipe, y la Universidad Nacional de Loja (UNL), a través de un convenio de cooperación, implementaron el Centro de Exhibición de Arqueología Arutam Wakam - Espíritu de Nuestros Antepasados, en la Estación Experimental El Padmi de la UNL, ubicada en la parroquia Los Encuentros, cantón Yantzaza.
En este centro patrimonial se exhiben piezas recuperadas en las excavaciones de rescate, realizadas por la empresa de investigación arqueológica ecuatoriana Invacma, liderada por la arqueóloga maría Aguilera, como parte de su Programa de Investigación Arqueológica en la ceja de montaña del cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, realizada por pedido de Lundin Gold.
Con los trabajos de campo y el análisis del material cerámico, Aguilera enfatizó una discontinuidad estilística morfoestructural en las vasijas halladas, característica que sugiere diferentes comportamientos socioeconómicos en las ocupaciones prehispánicas. También observó que la decoración corrugada, limitada al borde de las vasijas de mayor tamaño, se relaciona con la difusión de esta variedad decorativa desde el piedemonte del norte amazónico del Ecuador.
Por otra parte, a partir de la etnoarqueología, Aguilera propuso que las comunidades prehispánicas del área tuvieron una asociación de carácter místico-religiosa con los accidentes geográficos, la fauna y flora. Creencias que actualmente persisten en los grupos shuar asentados en la zona.
El aporte de INVACMA y María Aguilera a la arqueología del subandino y de la Amazonia de Ecuador permitirá ampliar el conocimiento de los diferentes mecanismos interculturales entre los grupos prehispánicos asentados en la cuenca alta del río Zamora con los del Alto Upano y Amazonas.
El Centro tiene como objetivo compartir con la comunidad los resultados del Programa de Investigación Arqueológica realizado por más de 10 años en torno a FDN, en el área de estudio entre el Río Machinaza y el Río Zamora. Este Programa tuvo la autorización y control técnico del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC)-Zona 7. La infraestructura cuenta con dos áreas: 1) Sala de Información de FDN, enfocada en mostrar los procesos que aplica Lundin Gold en esta operación minera aurífera a gran escala. 2) Sala Cultura Machinaza, la cual exhibe 74 piezas arqueológicas únicas; entre vasijas, restos de plantas y alimentos; monolitos, instrumentos para triturar roca, restos de metales como oro, plata y cobre, que demuestran la actividad humana de la región y que datan de hace más de 7.000 años.
Para la puesta en marcha del Centro de Exhibición Arutam Wakam, Lundin Gold financió la adecuación, diseño, montaje y exhibición de la colección arqueológica y de la Sala de FDN; mientras que, la UNL, se encargará de la gestión y la administración para una adecuada preservación de las piezas. El Centro se convertirá en un espacio de vinculación con sus estudiantes quienes serán los guías de este sitio, indica Lundin Gold en un boletín de prensa.
“La puesta en marcha del Centro Arutam Wakam reitera nuestro compromiso de preservar la identidad, la cultura, las costumbres, las tradiciones y la historia de las comunidades cercanas a la operación minera Fruta del Norte”, manifestó Ron Hochstein, presidente y director ejecutivo.
el libro “Cultura Machinaza en la Cordillera del Cóndor. Entre la Minería y Arqueología”.
Julio Romero, decano de la Facultad de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables de la UNL, destacó que el trabajo interinstitucional posibilita que la universidad fortalezca su vinculación con la sociedad. “La Estación Experimental El Padmi, además de brindar procesos académicos e investigativos, hoy abre sus puertas a la sociedad para que conozcan los procesos de una operación minera, así como la cultura Machinaza a través de un moderno y atractivo Centro de Exhibición de Arqueología”.
Por su lado, Gabriela Cedillo, directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural - Zonal 7, resaltó que el Centro Arutam Wakam es un lugar que respira historia: “Este espacio es un hito significativo que preserva y difunde el invaluable patrimonio cultural. A través de este lugar nos embarcaremos en un viaje para comprender, apreciar y transmitir las historias de las antiguas civilizaciones. Gracias a Lundin Gold y a la Universidad Nacional de Loja por esta iniciativa. Cuenten con nuestro apoyo en el proceso de preservación”.
Más información sobre la publicación digital del libro “Cultura Machinaza en la Cordillera del Cóndor. Entre la Minería y la Arqueología”, está disponible en https://frutadelnorte.com/publicaciones/
En este centro patrimonial se exhiben piezas recuperadas en las excavaciones de rescate, realizadas por la empresa de investigación arqueológica ecuatoriana Invacma, liderada por la arqueóloga maría Aguilera, como parte de su Programa de Investigación Arqueológica en la ceja de montaña del cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, realizada por pedido de Lundin Gold.
Con los trabajos de campo y el análisis del material cerámico, Aguilera enfatizó una discontinuidad estilística morfoestructural en las vasijas halladas, característica que sugiere diferentes comportamientos socioeconómicos en las ocupaciones prehispánicas. También observó que la decoración corrugada, limitada al borde de las vasijas de mayor tamaño, se relaciona con la difusión de esta variedad decorativa desde el piedemonte del norte amazónico del Ecuador.
Por otra parte, a partir de la etnoarqueología, Aguilera propuso que las comunidades prehispánicas del área tuvieron una asociación de carácter místico-religiosa con los accidentes geográficos, la fauna y flora. Creencias que actualmente persisten en los grupos shuar asentados en la zona.
El aporte de INVACMA y María Aguilera a la arqueología del subandino y de la Amazonia de Ecuador permitirá ampliar el conocimiento de los diferentes mecanismos interculturales entre los grupos prehispánicos asentados en la cuenca alta del río Zamora con los del Alto Upano y Amazonas.
El Centro tiene como objetivo compartir con la comunidad los resultados del Programa de Investigación Arqueológica realizado por más de 10 años en torno a FDN, en el área de estudio entre el Río Machinaza y el Río Zamora. Este Programa tuvo la autorización y control técnico del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC)-Zona 7. La infraestructura cuenta con dos áreas: 1) Sala de Información de FDN, enfocada en mostrar los procesos que aplica Lundin Gold en esta operación minera aurífera a gran escala. 2) Sala Cultura Machinaza, la cual exhibe 74 piezas arqueológicas únicas; entre vasijas, restos de plantas y alimentos; monolitos, instrumentos para triturar roca, restos de metales como oro, plata y cobre, que demuestran la actividad humana de la región y que datan de hace más de 7.000 años.
Para la puesta en marcha del Centro de Exhibición Arutam Wakam, Lundin Gold financió la adecuación, diseño, montaje y exhibición de la colección arqueológica y de la Sala de FDN; mientras que, la UNL, se encargará de la gestión y la administración para una adecuada preservación de las piezas. El Centro se convertirá en un espacio de vinculación con sus estudiantes quienes serán los guías de este sitio, indica Lundin Gold en un boletín de prensa.
“La puesta en marcha del Centro Arutam Wakam reitera nuestro compromiso de preservar la identidad, la cultura, las costumbres, las tradiciones y la historia de las comunidades cercanas a la operación minera Fruta del Norte”, manifestó Ron Hochstein, presidente y director ejecutivo.
el libro “Cultura Machinaza en la Cordillera del Cóndor. Entre la Minería y Arqueología”.
Julio Romero, decano de la Facultad de Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables de la UNL, destacó que el trabajo interinstitucional posibilita que la universidad fortalezca su vinculación con la sociedad. “La Estación Experimental El Padmi, además de brindar procesos académicos e investigativos, hoy abre sus puertas a la sociedad para que conozcan los procesos de una operación minera, así como la cultura Machinaza a través de un moderno y atractivo Centro de Exhibición de Arqueología”.
Por su lado, Gabriela Cedillo, directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural - Zonal 7, resaltó que el Centro Arutam Wakam es un lugar que respira historia: “Este espacio es un hito significativo que preserva y difunde el invaluable patrimonio cultural. A través de este lugar nos embarcaremos en un viaje para comprender, apreciar y transmitir las historias de las antiguas civilizaciones. Gracias a Lundin Gold y a la Universidad Nacional de Loja por esta iniciativa. Cuenten con nuestro apoyo en el proceso de preservación”.
Más información sobre la publicación digital del libro “Cultura Machinaza en la Cordillera del Cóndor. Entre la Minería y la Arqueología”, está disponible en https://frutadelnorte.com/publicaciones/
ISO publica nuevo estándar mundial
para la gestión de Pasivos Ambientales
Diciembre 19 de 2023.- La Organización Internacional de Normalización (ISO) anunció la publicación del nuevo estándar ISO para la gestión de Pasivos Ambientales Mineros, hito que fue posible gracias al compromiso del Instituto Nacional de Normalización de Chile (INN) y el apoyo técnico de MinSus a lo largo de los años hacia el Comité Espejo de la ISO TC82 Mining/Subcommittee 7 conocido como Gestión de Cierre y Recuperación de Minas.
El nuevo estándar publicado consta de dos partes y establece requisitos y recomendaciones para la gestión de legados mineros, además de ofrecer valiosos estudios de caso.
Para los entendidos, este lanzamiento representa un paso significativo hacia la gestión sostenible de Pasivos Ambientales Mineros y reitera el compromiso de MinSus con un futuro minero más responsable y sostenible.
En el contexto del Working Group 3, la colaboración de ambas entidades en el grupo de expertos internacionales fue importante para la creación de dos normas que proporcionan un marco crucial para la gestión de PAM, estas fueron: 1) ISO 24419-1:2023 “Cierre y recuperación de minas – Gestión del legado minero – Parte 1: Requisitos y recomendaciones” y 2) la norma ISO/TR 24419-2:2023 “Cierre y recuperación de minas – Gestión del legado minero – Parte 2: Estudios de casos y bibliografía”.
Además, desde el Proyecto MinSus, se promovió la inclusión de expertos de Perú en el proceso, con el objetivo de fortalecer la contribución de los países andinos en la creación del estándar.
Este enfoque es especialmente significativo, ya que los grupos técnicos de la ISO en el sector minero generalmente están dominados por naciones de otras regiones.
Al respecto, el director de MinSus, Achim Constantin destacó este aporte y sostuvo que les parecía importante que “las experiencias andinas se reflejaran en la elaboración de la norma, como un valor añadido a la tendencia histórica en la que estas experiencias solían ser representadas por países europeos, Australia, E.E.U.U., Canadá y China”.
Finalmente, y en un esfuerzo por respaldar la gestión sostenible de PAM a nivel global, MinSus financió la participación de un representante del Instituto Nacional de Normalización de Chile en la plenaria del ISO TC82 en Windhagen, Alemania, en septiembre de 2023.
Acceso al nuevo estándar:
Si tiene interés en obtener una copia de las normas recién publicadas (en inglés), puede descargarlas -con un costo- a través de los siguientes enlaces:
[ISO 24419-1:2023 – Mine Closure and Reclamation – Managing Mining Legacies — Part 1: Requirements and Recommendations]
https://www.iso.org/standard/83087.html#:~:text=This%20document%20encompasses%20a%20range%20of%20activities%20that,large%20complex%20sites%20to%20medium%20and%20small%20mines.
[ISO/TR 24419-2:2023(en), Mine Closure and Reclamation – Managing Mining Legacies — Part 2: Case Studies and Bibliography](Enlace a la norma)
https://www.iso.org/standard/83087.html#:~:text=This%20document%20encompasses%20a%20range%20of%20activities%20that,large%20complex%20sites%20to%20medium%20and%20small%20mines.
El nuevo estándar publicado consta de dos partes y establece requisitos y recomendaciones para la gestión de legados mineros, además de ofrecer valiosos estudios de caso.
Para los entendidos, este lanzamiento representa un paso significativo hacia la gestión sostenible de Pasivos Ambientales Mineros y reitera el compromiso de MinSus con un futuro minero más responsable y sostenible.
En el contexto del Working Group 3, la colaboración de ambas entidades en el grupo de expertos internacionales fue importante para la creación de dos normas que proporcionan un marco crucial para la gestión de PAM, estas fueron: 1) ISO 24419-1:2023 “Cierre y recuperación de minas – Gestión del legado minero – Parte 1: Requisitos y recomendaciones” y 2) la norma ISO/TR 24419-2:2023 “Cierre y recuperación de minas – Gestión del legado minero – Parte 2: Estudios de casos y bibliografía”.
Además, desde el Proyecto MinSus, se promovió la inclusión de expertos de Perú en el proceso, con el objetivo de fortalecer la contribución de los países andinos en la creación del estándar.
Este enfoque es especialmente significativo, ya que los grupos técnicos de la ISO en el sector minero generalmente están dominados por naciones de otras regiones.
Al respecto, el director de MinSus, Achim Constantin destacó este aporte y sostuvo que les parecía importante que “las experiencias andinas se reflejaran en la elaboración de la norma, como un valor añadido a la tendencia histórica en la que estas experiencias solían ser representadas por países europeos, Australia, E.E.U.U., Canadá y China”.
Finalmente, y en un esfuerzo por respaldar la gestión sostenible de PAM a nivel global, MinSus financió la participación de un representante del Instituto Nacional de Normalización de Chile en la plenaria del ISO TC82 en Windhagen, Alemania, en septiembre de 2023.
Acceso al nuevo estándar:
Si tiene interés en obtener una copia de las normas recién publicadas (en inglés), puede descargarlas -con un costo- a través de los siguientes enlaces:
[ISO 24419-1:2023 – Mine Closure and Reclamation – Managing Mining Legacies — Part 1: Requirements and Recommendations]
https://www.iso.org/standard/83087.html#:~:text=This%20document%20encompasses%20a%20range%20of%20activities%20that,large%20complex%20sites%20to%20medium%20and%20small%20mines.
[ISO/TR 24419-2:2023(en), Mine Closure and Reclamation – Managing Mining Legacies — Part 2: Case Studies and Bibliography](Enlace a la norma)
https://www.iso.org/standard/83087.html#:~:text=This%20document%20encompasses%20a%20range%20of%20activities%20that,large%20complex%20sites%20to%20medium%20and%20small%20mines.
Estándar IRMA revisa sus normas
Diciembre 10 de 2023.- La Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable, IRMA por sus siglas en inglés, una coalición creada el año 2006 por organizaciones no gubernamentales, ONG;, empresas compradoras de minerales y metales como insumo para la manufactura y venta de sus productos, organizaciones laborales (p. ej., sindicatos), comunidades afectadas y empresas mineras, viene ofreciendo consultas en vivo para que todas las partes interesadas y titulares de derechos indígenas comenten sobre el Borrador de Norma IRMA para Minería y Procesamiento de Minerales Responsable V2.0 .
El Estándar para la Minería Responsable v.1.0 fue creado por el Comité directivo de IRMA y la Secretaría de IRMA a través de un proceso sólido, intensivo, plurianual y colaborativo. Los representantes de los cinco sectores principales de IRMA, junto a agencias de gobierno, instituciones financieras, organizaciones académicas, programas de certificación afines, y otros participaron en el proceso para definir el contenido del estándar.
El Estándar para la Minería Responsable v.1.0 especifica una serie de objetivos y requisitos de desempeño líderes para una práctica social y ambientalmente responsable.
El estándar sirve como base para un sistema voluntario que ofrece una evaluación y certificación independientes por parte de terceros sobre mediciones de desempeño ambiental y social en operaciones mineras a escala industrial en todo el mundo. IRMA es una respuesta a la demanda global por una minería social y ambientalmente responsable.
A través de IRMA:
• Las minas a escala industrial pueden documentar su liderazgo y recibir un valor por su desempeño responsable comprobado;
• Los compradores de metales y minerales pueden abastecerse de minas que cumplan con un abanico completo de prácticas líderes en responsabilidad social y ambiental;
• Las comunidades, trabajadores y organizaciones de la sociedad civil pueden otorgar la licencia social con la certeza de que la mina opera con niveles líderes en desempeño social y ambientalmente responsable.
Estas consultas virtuales serán facilitadas por el personal de IRMA, quien guiará a los participantes a través del tema y compartirá preguntas sobre las cuales IRMA busca especialmente comentarios. Daremos la bienvenida a todos los comentarios y aportaciones. Estas sesiones están destinadas a ser espacios inclusivos y colaborativos para dicho debate. Si el tiempo no le conviene, al registrarse se asegurará de recibir un enlace a la grabación. Las grabaciones también estarán disponibles en el sitio web de IRMA.
Los interesados puede ver todos los recursos e información sobre la Revisión de los Estándares IRMA aquí y conocer más formas de comentar, incluso por mensaje de texto, correo electrónico o formulario en línea. El sitio web también incluye grabaciones de seminarios web introductorios en una variedad de idiomas.
La idea es clara: las sociedades modernas dependen de minerales y metales extraídos para funcionar. Casi todo lo que se fabrica o se construye – desde edificios, carreteras, computadoras hasta vehículos- contiene materiales extraídos de la Tierra. La minería brinda importantes oportunidades laborales y financieras a las comunidades y países receptores. Sin embargo, se trata de un proceso complejo e intenso que puede tener un impacto en el entorno físico, ya sea por la pérdida de hábitats o contaminación del agua, y afectar la vida social y económica de las comunidades locales, como por ejemplo cuando produce el reemplazo de medios de subsistencia o impactos culturales.
Para encontrar material sobre IRMA, de lejos, una visión de la industria holística e integral de la industria, los pobladores deben ingresar a la página www.responsiblemining.net.
HORARIO DE CONSULTA EN VIVO
Todos los horarios UTC-0 | 60 minutos | Realizado en ingles.
SE REQUIERE REGISTRO | REGÍSTRESE ABAJO
El Estándar para la Minería Responsable v.1.0 fue creado por el Comité directivo de IRMA y la Secretaría de IRMA a través de un proceso sólido, intensivo, plurianual y colaborativo. Los representantes de los cinco sectores principales de IRMA, junto a agencias de gobierno, instituciones financieras, organizaciones académicas, programas de certificación afines, y otros participaron en el proceso para definir el contenido del estándar.
El Estándar para la Minería Responsable v.1.0 especifica una serie de objetivos y requisitos de desempeño líderes para una práctica social y ambientalmente responsable.
El estándar sirve como base para un sistema voluntario que ofrece una evaluación y certificación independientes por parte de terceros sobre mediciones de desempeño ambiental y social en operaciones mineras a escala industrial en todo el mundo. IRMA es una respuesta a la demanda global por una minería social y ambientalmente responsable.
A través de IRMA:
• Las minas a escala industrial pueden documentar su liderazgo y recibir un valor por su desempeño responsable comprobado;
• Los compradores de metales y minerales pueden abastecerse de minas que cumplan con un abanico completo de prácticas líderes en responsabilidad social y ambiental;
• Las comunidades, trabajadores y organizaciones de la sociedad civil pueden otorgar la licencia social con la certeza de que la mina opera con niveles líderes en desempeño social y ambientalmente responsable.
Estas consultas virtuales serán facilitadas por el personal de IRMA, quien guiará a los participantes a través del tema y compartirá preguntas sobre las cuales IRMA busca especialmente comentarios. Daremos la bienvenida a todos los comentarios y aportaciones. Estas sesiones están destinadas a ser espacios inclusivos y colaborativos para dicho debate. Si el tiempo no le conviene, al registrarse se asegurará de recibir un enlace a la grabación. Las grabaciones también estarán disponibles en el sitio web de IRMA.
Los interesados puede ver todos los recursos e información sobre la Revisión de los Estándares IRMA aquí y conocer más formas de comentar, incluso por mensaje de texto, correo electrónico o formulario en línea. El sitio web también incluye grabaciones de seminarios web introductorios en una variedad de idiomas.
La idea es clara: las sociedades modernas dependen de minerales y metales extraídos para funcionar. Casi todo lo que se fabrica o se construye – desde edificios, carreteras, computadoras hasta vehículos- contiene materiales extraídos de la Tierra. La minería brinda importantes oportunidades laborales y financieras a las comunidades y países receptores. Sin embargo, se trata de un proceso complejo e intenso que puede tener un impacto en el entorno físico, ya sea por la pérdida de hábitats o contaminación del agua, y afectar la vida social y económica de las comunidades locales, como por ejemplo cuando produce el reemplazo de medios de subsistencia o impactos culturales.
Para encontrar material sobre IRMA, de lejos, una visión de la industria holística e integral de la industria, los pobladores deben ingresar a la página www.responsiblemining.net.
HORARIO DE CONSULTA EN VIVO
Todos los horarios UTC-0 | 60 minutos | Realizado en ingles.
SE REQUIERE REGISTRO | REGÍSTRESE ABAJO
- 07 diciembre 14:00 - Gestión del Agua - registrarse
- 08 diciembre 14:00 - Igualdad de Género y Protecciones de Género - registrarse
- 11 diciembre 14:00 - Seguridad y Salud en el Trabajo - registrarse
- 11 de diciembre 16:00 - Gestión de residuos y materiales (incluidos relaves) - registrarse
- 12 diciembre 14:00 - Emisiones de GEI y Consumo de Energía - registrarse
- 12 de diciembre 16:00 - Pueblos Indígenas y CLPI - registrarse
- 13 Diciembre 14:00 - Gestión de Estabilidad Física (incluidos relaves) - registro
- 14 de diciembre 14:00 - Planificación y Financiamiento Recuperación y Cierre - registrarse
- 18 diciembre 14:00 - Adquisición de Tierras, Desplazamiento y Reasentamiento - registrarse
- 10 enero 09:00 - Sector específico : Procesamiento de minerales - registrarse
- 10 enero 17:00 - Sectores específicos : Exploración y Desarrollo - registrarse
- 11 enero 16:00 - Sector específico : Empresas Mineras - registrarse
- 12 enero 07:00 - Gestión del Agua - registrarse
- 12 enero 14:00 - Gestión de Tierras y Suelos - registrarse
- 15 enero 07:00 - Seguridad y Salud en el Trabajo - registrarse
- 16 de enero 07:00 - Gestión de residuos y materiales (incluidos relaves) - registrarse
- 18 Enero 07:00 - Gestión de Estabilidad Física (incluidos relaves) - registro
- 19 enero 07:00 - Emisiones de GEI y Consumo de Energía - registrarse
Nuevas amenazas acechan a Zaruma
Diciembre 3 de 2023.- De acuerdo a un reciente informe de visita técnica a la ciudad de Zaruma, ubicada en una de las más importantes zonas de explotación aurífera de la provincia de El Oro, al sur occidente de Ecuador, la minería ilegal no se ha detenido en el subsuelo urbano de la ciudad y aumenta la probabilidad de un nuevo colapso de viviendas.
El informe N° SNGRE-IASR-07-2023-07013-004 del 26 de octubre de 2023 elaborado por la Dirección Zonal de Gestión de Riesgos N° 7, fue recibido por el ex subsecretario de Gestión de Riesgos, Ángel Rodrigo Rosero, y se refiere a los hallazgos de una inspección técnica de verificación del estado de las obras de contención de la subsidencia en las calles Colón y Ernesto A. Castro de la ciudad.
La visita se motivó en una denuncia tras el recorrido rutinario realizado con Fuerzas Armadas en el subsuelo de Zaruma con el cual se pudo identificar que los tapones y parte del relleno construidos por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para el sostenimiento del relleno de la subsidencia de la Calle Colón y Ernesto A. Castro habían sido vulnerados supuestamente por mineros ilegales.
Además, lo mismo ha estado ocurriendo con los tapones a la altura de la Medalla Milagrosa, sector del Coliseo de Deportes, de acuerdo al ingeniero Carlos Valdivieso, fiscalizador de la obra de remediación.
Al ingresar a la mina San Antonio de propiedad de Flavio Romero, desde unos metros hacia el interior se pudo observar huellas de neumáticos de equipos de transporte de material mineralizado denominados burras.
Aproximadamente a 100 metros de distancia se observa una puerta de metal construida por el propietario de la mina que también había sido violentada, de acuerdo a guardias militares.
Siete personas encontradas in fraganti dentro de las galerías se dieron a la fuga. Durante el recorrido se encontró, además, productos de hidratación, comida preparada, material triturado en sacos plásticos, zonas de descanso y vigilancia, cabos, herramientas como combos, palas, platones, barrenos, galones con combustible y material explosivo.
Sin problema alguno, se han dado el lujo de hacer by passes entre galerías de distintas minas, en la parte externa de la Mina San Antonio, sector donde esta empata con la Mina Jesús del Gran Poder del vecino Jorge Oña, que es ilegal. Ahí se localizó la entrada de una mina Ilegal por donde pueden ingresan mineros ilegales a realizar la explotación aurífera en la zona de exclusión.
El informe señala entre sus conclusiones que lo hallado constituye evidencia de que en este
sector de exclusión minera se continúa haciendo minería por mineros supuestamente ilegales.
Agrega que se observó un laberinto de accesos provenientes de otras bocaminas que conducen a la zona donde se realizó la construcción de tapones.
“Se constató que en la propiedad del señor Jorge Oña existe un laboreo de minería ilegal denominado Mina Jesús del Gran Poder”, señala también.
Se constató que personal de FFAA y Arcernnr, realizan los operativos los días martes de cada semana lo que alerta a mineros ilegales a suspender las labores en ese día.
“No existe un verdadero control de la minería legal e ilegal por parte de la institución correspondiente, dice y agrega que, el personal técnico de Arcernnr, no es suficiente para el control de las más de 180 concesiones legales en el sector”.
También señala que no existe el suficiente recurso humano por parte de Policía Nacional y FFAA, para realizar operativos de control dentro y fuera de las labores mineras.
“No existe un control y planificación del desarrollo urbanístico por parte del GAD Municipal de Zaruma, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo”, anota el informe.
“No existen mecanismos automáticos y de video vigilancia que permitan monitorear 24/7 las actividades mineras en el distrito minero Zaruma-Portovelo”, finaliza.
En base a las conclusiones anteriores, se puede sugerir que de no tomar medidas de prevención inmediatas y mediatas en muy poco tiempo la ciudad de Zaruma se verá afectada por nuevas subsidencias en su casco central.
El área urbana de Zaruma fue declarada zona de riesgo en 2015, en septiembre de 2019 fue declarada en emergencia por los eventos de inestabilidad geológica que deformó el suelo, con presencia de cavidades en el subsuelo, las mismas que produjeron hundimientos registrados en las calles: 10 de Agosto, Ernesto A. Castro y Gonzalo Pizarro, de la parroquia y Cantón Zaruma.
En octubre de 2021 se ratificó el estado de emergencia.
Eso no impidió que el 15 de diciembre de 2021, a las 18H30, aproximadamente, en la intersección de las calles Colón, 29 de noviembre y Ernesto A. Castro de la ciudad de Zaruma, se presente nuevamente un socavón que, por las circunstancias progresivas de deformación de suelo, se fue ampliando, por lo que unas edificaciones catalogadas como patrimoniales colapsaron y otras viviendas se encuentran afectadas.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército fue contratado para remediar los efectos del hundimiento de las galerías subterráneas en el sector de las calles Colón, 29 de Noviembre y 24 de Mayo.
El informe N° SNGRE-IASR-07-2023-07013-004 del 26 de octubre de 2023 elaborado por la Dirección Zonal de Gestión de Riesgos N° 7, fue recibido por el ex subsecretario de Gestión de Riesgos, Ángel Rodrigo Rosero, y se refiere a los hallazgos de una inspección técnica de verificación del estado de las obras de contención de la subsidencia en las calles Colón y Ernesto A. Castro de la ciudad.
La visita se motivó en una denuncia tras el recorrido rutinario realizado con Fuerzas Armadas en el subsuelo de Zaruma con el cual se pudo identificar que los tapones y parte del relleno construidos por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para el sostenimiento del relleno de la subsidencia de la Calle Colón y Ernesto A. Castro habían sido vulnerados supuestamente por mineros ilegales.
Además, lo mismo ha estado ocurriendo con los tapones a la altura de la Medalla Milagrosa, sector del Coliseo de Deportes, de acuerdo al ingeniero Carlos Valdivieso, fiscalizador de la obra de remediación.
Al ingresar a la mina San Antonio de propiedad de Flavio Romero, desde unos metros hacia el interior se pudo observar huellas de neumáticos de equipos de transporte de material mineralizado denominados burras.
Aproximadamente a 100 metros de distancia se observa una puerta de metal construida por el propietario de la mina que también había sido violentada, de acuerdo a guardias militares.
Siete personas encontradas in fraganti dentro de las galerías se dieron a la fuga. Durante el recorrido se encontró, además, productos de hidratación, comida preparada, material triturado en sacos plásticos, zonas de descanso y vigilancia, cabos, herramientas como combos, palas, platones, barrenos, galones con combustible y material explosivo.
Sin problema alguno, se han dado el lujo de hacer by passes entre galerías de distintas minas, en la parte externa de la Mina San Antonio, sector donde esta empata con la Mina Jesús del Gran Poder del vecino Jorge Oña, que es ilegal. Ahí se localizó la entrada de una mina Ilegal por donde pueden ingresan mineros ilegales a realizar la explotación aurífera en la zona de exclusión.
El informe señala entre sus conclusiones que lo hallado constituye evidencia de que en este
sector de exclusión minera se continúa haciendo minería por mineros supuestamente ilegales.
Agrega que se observó un laberinto de accesos provenientes de otras bocaminas que conducen a la zona donde se realizó la construcción de tapones.
“Se constató que en la propiedad del señor Jorge Oña existe un laboreo de minería ilegal denominado Mina Jesús del Gran Poder”, señala también.
Se constató que personal de FFAA y Arcernnr, realizan los operativos los días martes de cada semana lo que alerta a mineros ilegales a suspender las labores en ese día.
“No existe un verdadero control de la minería legal e ilegal por parte de la institución correspondiente, dice y agrega que, el personal técnico de Arcernnr, no es suficiente para el control de las más de 180 concesiones legales en el sector”.
También señala que no existe el suficiente recurso humano por parte de Policía Nacional y FFAA, para realizar operativos de control dentro y fuera de las labores mineras.
“No existe un control y planificación del desarrollo urbanístico por parte del GAD Municipal de Zaruma, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo”, anota el informe.
“No existen mecanismos automáticos y de video vigilancia que permitan monitorear 24/7 las actividades mineras en el distrito minero Zaruma-Portovelo”, finaliza.
En base a las conclusiones anteriores, se puede sugerir que de no tomar medidas de prevención inmediatas y mediatas en muy poco tiempo la ciudad de Zaruma se verá afectada por nuevas subsidencias en su casco central.
El área urbana de Zaruma fue declarada zona de riesgo en 2015, en septiembre de 2019 fue declarada en emergencia por los eventos de inestabilidad geológica que deformó el suelo, con presencia de cavidades en el subsuelo, las mismas que produjeron hundimientos registrados en las calles: 10 de Agosto, Ernesto A. Castro y Gonzalo Pizarro, de la parroquia y Cantón Zaruma.
En octubre de 2021 se ratificó el estado de emergencia.
Eso no impidió que el 15 de diciembre de 2021, a las 18H30, aproximadamente, en la intersección de las calles Colón, 29 de noviembre y Ernesto A. Castro de la ciudad de Zaruma, se presente nuevamente un socavón que, por las circunstancias progresivas de deformación de suelo, se fue ampliando, por lo que unas edificaciones catalogadas como patrimoniales colapsaron y otras viviendas se encuentran afectadas.
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército fue contratado para remediar los efectos del hundimiento de las galerías subterráneas en el sector de las calles Colón, 29 de Noviembre y 24 de Mayo.
Por su parte, el 15 de noviembre en un boletín de prensa la Agencia se defendió al afirmar que en coordinación con COE Zaruma, ejecutó inspecciones técnicas a actividades mineras con incidencia en la zona de exclusión minera.
En el sector denominado El Calvario, dice, se halló 7 labores presuntamente para extracción ilegal de recursos minerales. Con apoyo de la empresa privada, dice, se colapsaron los accesos. Agrega que en la Mina El Zapote, se verificó que sello de prohibición de actividades no ha sido violentado.
En labor minera Jesús del Gran Poder, señala, se colocó sellos de suspensión en bocamina clandestina. En cumplimiento de sanción emitida por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), se decomisó además 10 canecas de combustible.
En labor minera Alta Mina se ejecutó resolución del MEM de suspensión de actividades. En las concesiones minera La Cocha y Confraternidad, se inspeccionó la labor minera Las Guaduas y personal de las FFAA decomisó material explosivo. Así las cosas, Zaruma continúa bajo amenaza respirando por las heridas.
En el sector denominado El Calvario, dice, se halló 7 labores presuntamente para extracción ilegal de recursos minerales. Con apoyo de la empresa privada, dice, se colapsaron los accesos. Agrega que en la Mina El Zapote, se verificó que sello de prohibición de actividades no ha sido violentado.
En labor minera Jesús del Gran Poder, señala, se colocó sellos de suspensión en bocamina clandestina. En cumplimiento de sanción emitida por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), se decomisó además 10 canecas de combustible.
En labor minera Alta Mina se ejecutó resolución del MEM de suspensión de actividades. En las concesiones minera La Cocha y Confraternidad, se inspeccionó la labor minera Las Guaduas y personal de las FFAA decomisó material explosivo. Así las cosas, Zaruma continúa bajo amenaza respirando por las heridas.
Grupo Lundin encara oposición
de ambientalistas en Guatemala
Diciembre 3 de 2023.- Bluestone Resources (TSXV: BSR), una empresa del grupo Lundin Mining, propietario de la mina Fruta del Norte en Ecuador, procura avanzar en su proyecto de oro Cerro Blanco pero se viene enfrentando a activistas antimineros están creando serios problemas a la operación.
El proyecto propuesto de 572 millones de dólares cerca de la frontera con El Salvador produciría 2,7 millones de onzas oro durante 14 años, según un estudio de viabilidad publicado a principios del año pasado.
Presidente y director ejecutivo de Bluestone Resources fue Jack Lundin, quien participó en la construcción exitosa de la mina de oro Fruta del Norte de Lundin Gold Inc. en el sur de Ecuador, donde se desempeñó como Superintendente de Proyectos de 2016 a 2019.
Jack comenzó su carrera en el sector trabajando en trabajos de prospección en varios proyectos tempranos. proyectos en escena en Canadá, Rusia, Irlanda y Portugal. Después de graduarse, trabajó como analista comercial para Lundin Noruega AS., una subsidiaria de Lundin Petroleum AB.
Jack tiene una licenciatura en administración de empresas de la Universidad Chapman y una maestría en ingeniería de recursos minerales de la Universidad de Arizona. Actualmente es presidente de Lundin Mining y presidente de Lundin Gold.
Los ambientalistas afirman que el plan de Bluestone de pasar a una operación a cielo abierto desde el concepto subterráneo que compró en 2017 a Goldcorp, ahora parte de Newmont (TSX: NGT; NYSE: NEM), contaminará los cuerpos de agua dulce que Guatemala comparte con El Salvador. Entre ellos se incluyen la laguna de Güija y el río Lempa, principal fuente de agua de San Salvador, la capital salvadoreña.
“Esta posible operación minera a cielo abierto de lixiviación de cianuro pondrá en riesgo de daños a la salud y al medio ambiente no sólo las comunidades de Asunción Mita, sino muchas más al otro lado de la frontera y río abajo en El Salvador”, escribió Rights Action, con sede en Washington, D.C. en un informe de enero.
“La mina Cerro Blanco no ha encontrado más que objeciones por parte de la gran mayoría de las poblaciones circundantes”, sostienen los ambientalistas.
Esas objeciones incluyen lo que el grupo llama una votación municipal legalmente vinculante en septiembre del año pasado que encontró que el 87% de los lugareños estaban en contra de la mina. Bluestone dice que grupos antimineros de El Salvador orquestaron una encuesta que fue prohibida por un tribunal antes de que ocurriera y luego anulada por otro después de que ocurriera.
Mientras tanto, los mismos tribunales que ayudaron a Bluestone están librando una batalla sobre las encuestas a un nivel superior. La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, amenaza con deshacer la aplastante victoria del presidente electo Bernardo Arévalo en agosto antes de que pueda prestar juramento el 14 de enero.
Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y grupos de derechos humanos han condenado las acciones del fiscal. Estados Unidos ha impuesto restricciones de visa a Porras y a más de una docena de otros funcionarios por socavar la democracia.
Arévalo hizo campaña contra la corrupción como muchos de sus predecesores durante los últimos 30 años desde que las elecciones regulares comenzaron a reemplazar al gobierno autoritario. Su partido Semilla no ha sido probado en el gobierno y tendrá sólo 23 de 160 escaños en el Congreso. Significa esperar a ver su postura sobre la minería y la solicitud de Bluestone a medida que el gobierno avanza, dijo el director ejecutivo.
Bluestone, que pertenece en un 26% al fideicomiso de la familia Lundin, pagó a la minera canadiense Goldcorp $18 millones más acciones valoradas en aproximadamente el 9,9% de Bluestone por Cerro Blanco. Goldcorp había construido 3,4 kilómetros de obras subterráneas y perforado 43.000 metros.
El estudio de viabilidad de Bluestone propuso un desarrollo en tres etapas. Además del oro, pronosticó una producción de 10,2 millones de onzas. plata procesando 53,9 millones de toneladas de mineral durante la vida útil de la mina. El proyecto tiene un valor actual neto después de impuestos de 1100 millones de dólares a una tasa de descuento del 5% y una tasa interna de rendimiento del 30%.
Respuestas de la minera
El proyecto Cerro Blanco responde a las organizaciones no gubernamentales activistas con planes de mitigación de riesgos ambientales y una planta potabilizadora con monitoreo de terceros sin impactos negativos desde hace una década.
La compañía planea gastar 40 millones de dólares en relaves secos en lugar de métodos convencionales, más 30 millones de dólares para mantenerlos.
El proyecto propuesto de 572 millones de dólares cerca de la frontera con El Salvador produciría 2,7 millones de onzas oro durante 14 años, según un estudio de viabilidad publicado a principios del año pasado.
Presidente y director ejecutivo de Bluestone Resources fue Jack Lundin, quien participó en la construcción exitosa de la mina de oro Fruta del Norte de Lundin Gold Inc. en el sur de Ecuador, donde se desempeñó como Superintendente de Proyectos de 2016 a 2019.
Jack comenzó su carrera en el sector trabajando en trabajos de prospección en varios proyectos tempranos. proyectos en escena en Canadá, Rusia, Irlanda y Portugal. Después de graduarse, trabajó como analista comercial para Lundin Noruega AS., una subsidiaria de Lundin Petroleum AB.
Jack tiene una licenciatura en administración de empresas de la Universidad Chapman y una maestría en ingeniería de recursos minerales de la Universidad de Arizona. Actualmente es presidente de Lundin Mining y presidente de Lundin Gold.
Los ambientalistas afirman que el plan de Bluestone de pasar a una operación a cielo abierto desde el concepto subterráneo que compró en 2017 a Goldcorp, ahora parte de Newmont (TSX: NGT; NYSE: NEM), contaminará los cuerpos de agua dulce que Guatemala comparte con El Salvador. Entre ellos se incluyen la laguna de Güija y el río Lempa, principal fuente de agua de San Salvador, la capital salvadoreña.
“Esta posible operación minera a cielo abierto de lixiviación de cianuro pondrá en riesgo de daños a la salud y al medio ambiente no sólo las comunidades de Asunción Mita, sino muchas más al otro lado de la frontera y río abajo en El Salvador”, escribió Rights Action, con sede en Washington, D.C. en un informe de enero.
“La mina Cerro Blanco no ha encontrado más que objeciones por parte de la gran mayoría de las poblaciones circundantes”, sostienen los ambientalistas.
Esas objeciones incluyen lo que el grupo llama una votación municipal legalmente vinculante en septiembre del año pasado que encontró que el 87% de los lugareños estaban en contra de la mina. Bluestone dice que grupos antimineros de El Salvador orquestaron una encuesta que fue prohibida por un tribunal antes de que ocurriera y luego anulada por otro después de que ocurriera.
Mientras tanto, los mismos tribunales que ayudaron a Bluestone están librando una batalla sobre las encuestas a un nivel superior. La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, amenaza con deshacer la aplastante victoria del presidente electo Bernardo Arévalo en agosto antes de que pueda prestar juramento el 14 de enero.
Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos y grupos de derechos humanos han condenado las acciones del fiscal. Estados Unidos ha impuesto restricciones de visa a Porras y a más de una docena de otros funcionarios por socavar la democracia.
Arévalo hizo campaña contra la corrupción como muchos de sus predecesores durante los últimos 30 años desde que las elecciones regulares comenzaron a reemplazar al gobierno autoritario. Su partido Semilla no ha sido probado en el gobierno y tendrá sólo 23 de 160 escaños en el Congreso. Significa esperar a ver su postura sobre la minería y la solicitud de Bluestone a medida que el gobierno avanza, dijo el director ejecutivo.
Bluestone, que pertenece en un 26% al fideicomiso de la familia Lundin, pagó a la minera canadiense Goldcorp $18 millones más acciones valoradas en aproximadamente el 9,9% de Bluestone por Cerro Blanco. Goldcorp había construido 3,4 kilómetros de obras subterráneas y perforado 43.000 metros.
El estudio de viabilidad de Bluestone propuso un desarrollo en tres etapas. Además del oro, pronosticó una producción de 10,2 millones de onzas. plata procesando 53,9 millones de toneladas de mineral durante la vida útil de la mina. El proyecto tiene un valor actual neto después de impuestos de 1100 millones de dólares a una tasa de descuento del 5% y una tasa interna de rendimiento del 30%.
Respuestas de la minera
El proyecto Cerro Blanco responde a las organizaciones no gubernamentales activistas con planes de mitigación de riesgos ambientales y una planta potabilizadora con monitoreo de terceros sin impactos negativos desde hace una década.
La compañía planea gastar 40 millones de dólares en relaves secos en lugar de métodos convencionales, más 30 millones de dólares para mantenerlos.
En Perú: Demanda de personal es mayor
en áreas sociales, medioambientales y operativas
Diciembre 3 de 2023.- La directora del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Diana Rake, coach y gerente general de Diana Rake & Associates, afirmó que, en el sector minero, la demanda laboral está acotada debido a que no hay proyectos nuevos o greenfields aprobados, pero aun así se necesita personal para cubrir la demanda de las operaciones que siguen trabajando 24 x 7, y de algunas ampliaciones que si se darán en el mediano plazo.
¿Qué están buscando las mineras?
"Se busca lo que siempre se ha buscado, gente a todo nivel", detalló. Sin embargo, Rake aclaró que en este momento la búsqueda se da más en el área social, en la que por el contexto se requiere reforzar una interacción eficiente y oportuna entre la empresa y la comunidad", enfatizó.
Asimismo, señaló que también las áreas medioambientales, de seguridad y de operaciones siguen buscando personal. "Existen búsquedas de gerentes y superintendentes medio ambiente, salud y seguridad, así como de operaciones", mencionó.
Ampliaciones de proyectos
En esa línea, Rake manifestó que podría haber contrataciones para las ampliaciones de proyectos mineros, o porque el trabajador recibe mejores ofertas de otras empresas. "Te ofrecen un mejor puesto, entonces prefieres seguir creciendo", añadió.
Sobre la menor demanda, dijo que esta no es tan fácil de satisfacer porque los profesionales no están dispuestos a dejar el trabajo que ya tienen y al que están acostumbrados, a menos que la oferta sea mejor en sueldo, lugar, régimen de trabajo y posibilidades de crecimiento.
Asimismo, destacó que las utilidades de las empresas también son un factor de retención y a pesar de una buena oferta en la remuneración fija variable a veces es difícil atraer a candidatos sobre todo cuando están cómodos en su puesto y sus utilidades son altas.
Falta de exploración
Por el lado de la exploración, la directora subrayó que el camino no se ve tan próspero ante la falta de inversión. "Hay geólogos que siguen explorando en las empresas grandes para encontrar un yacimiento importante y en menor medida hay profesionales que se desenvuelven empresas juniors, que luego lo venden a compañías más grandes", comentó.
"Cuando haya un mejor contexto para seguir creciendo, habrá más exploración. Todavía no hay un panorama claro, los mensajes son que sí se apoyará la inversión, pero, por otro lado, no vemos actividades o reglamentos claros para destrabar las inversiones", enfatizó.
Finalmente, Rake manifiestó que la exploración es clave porque con la nueva matriz energética muchos minerales que tenemos bajo el suelo no se aprovecharán y serán otros países que lo harán. “Nuestro país necesita a la minería formal y responsable para salir de la actual situación socioeconómica”, concluyó.
¿Qué están buscando las mineras?
"Se busca lo que siempre se ha buscado, gente a todo nivel", detalló. Sin embargo, Rake aclaró que en este momento la búsqueda se da más en el área social, en la que por el contexto se requiere reforzar una interacción eficiente y oportuna entre la empresa y la comunidad", enfatizó.
Asimismo, señaló que también las áreas medioambientales, de seguridad y de operaciones siguen buscando personal. "Existen búsquedas de gerentes y superintendentes medio ambiente, salud y seguridad, así como de operaciones", mencionó.
Ampliaciones de proyectos
En esa línea, Rake manifestó que podría haber contrataciones para las ampliaciones de proyectos mineros, o porque el trabajador recibe mejores ofertas de otras empresas. "Te ofrecen un mejor puesto, entonces prefieres seguir creciendo", añadió.
Sobre la menor demanda, dijo que esta no es tan fácil de satisfacer porque los profesionales no están dispuestos a dejar el trabajo que ya tienen y al que están acostumbrados, a menos que la oferta sea mejor en sueldo, lugar, régimen de trabajo y posibilidades de crecimiento.
Asimismo, destacó que las utilidades de las empresas también son un factor de retención y a pesar de una buena oferta en la remuneración fija variable a veces es difícil atraer a candidatos sobre todo cuando están cómodos en su puesto y sus utilidades son altas.
Falta de exploración
Por el lado de la exploración, la directora subrayó que el camino no se ve tan próspero ante la falta de inversión. "Hay geólogos que siguen explorando en las empresas grandes para encontrar un yacimiento importante y en menor medida hay profesionales que se desenvuelven empresas juniors, que luego lo venden a compañías más grandes", comentó.
"Cuando haya un mejor contexto para seguir creciendo, habrá más exploración. Todavía no hay un panorama claro, los mensajes son que sí se apoyará la inversión, pero, por otro lado, no vemos actividades o reglamentos claros para destrabar las inversiones", enfatizó.
Finalmente, Rake manifiestó que la exploración es clave porque con la nueva matriz energética muchos minerales que tenemos bajo el suelo no se aprovecharán y serán otros países que lo harán. “Nuestro país necesita a la minería formal y responsable para salir de la actual situación socioeconómica”, concluyó.
Los gremios más fuertes del mundo se unen
en torno a un estándar único de buenas prácticas
Diciembre 3 de 2023.- El Consejo Internacional de Minería y Metales, ICMM, con sede en Londres, Reino Unido, anunció que junto a las organizaciones Copper Mark, MAC y el Consejo Mundial del Oro están trabajando para consolidar sus estándares voluntarios individuales de minería responsable en un estándar global único con supervisión de múltiples partes interesadas.
“A medida que ha aumentado la atención de los inversores a los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), tanto a las empresas mineras como a los inversores les ha resultado difícil mantenerse al día con el número cada vez mayor de estándares ESG, a menudo denominados "sopa de letras", ya que cada uno tiene el suyo propio”, expresó el ICMM en un comunicado.
"Esta colaboración responde a los comentarios directos de inversores, sociedad civil, clientes, formuladores de políticas y empresas mineras que confirmaron el deseo de un panorama de estándares menos complejo y menos concurrido que sea más transparente, sólido y fomente una participación más amplia de la industria para impulsar el impacto a escala", agrega.
El estándar propuesto podría tener la cobertura más amplia de cualquier estándar voluntario de minería responsable hasta la fecha, con una implementación inicial por parte de más de 80 empresas mineras con alrededor de 700 operaciones en casi 60 países en todo el mundo. Una participación más amplia de empresas más allá de las cuatro organizaciones ayudará a apoyar a la industria para elevar aún más el nivel de desempeño ESG (ambiental, social y de gobernanza).
“Este cambio deberá continuar y llegar a todas las partes de la industria minera mundial para fomentar un mundo seguro, justo y sostenible posible gracias a la producción responsable de metales y minerales. La clave para esto es contar con un estándar gobernado por múltiples partes interesadas para la minería responsable que impulse la mejora continua a escala”, sostuvo Rohitesh Dhawan, director ejecutivo y presidente del ICMM.
Por su parte, el presidente y director ejecutivo de MAC, Pierre Gratton, recordó que cuando MAC lanzó por primera vez Towards Sustainable Mining (TSM) en 2004, era único como sistema de desempeño a nivel de sitio con garantía independiente y supervisión de múltiples partes interesadas. Hoy en día, el panorama ha cambiado y existen varios estándares mineros diferentes con algunos de los mismos atributos. La consolidación de varios de los estándares actuales en uno solo puede simplificar el panorama para los clientes, los inversores, la sociedad civil y la propia industria minera. MAC aporta a este ejercicio el compromiso de construir un nuevo estándar que impulse la mejora del desempeño, sea totalmente transparente y adopte los puntos de vista y perspectivas de las comunidades afectadas.
A su momento, Michèle Brülhart, directora ejecutiva de Copper Mark, sostuvo que su gremio ofrece un sólido marco de garantía para el cobre, molibdeno, níquel y zinc que está gobernado en partes iguales por representantes de la industria y no industriales. “En un panorama cada vez más complejo de iniciativas de sostenibilidad, explorar la opción de converger estándares de minería responsable nos brinda la oportunidad de aprovechar las fortalezas de cada sistema existente con miras a escalar la implementación de prácticas responsables en toda la industria minera. Un proceso de aseguramiento sólido a nivel de sitio, el compromiso con todas las partes interesadas afectadas y la supervisión de múltiples partes interesadas serán esenciales para generar apoyo para un estándar convergente y su implementación”, afirmó.
Finalmente, el director ejecutivo del Consejo Mundial del Oro, David Tait, manifestó que los Principios de Minería de Oro Responsable (RGMP, por sus siglas en inglés) establecen un marco general que define lo que constituye una minería de oro responsable y han sido ampliamente adoptados por la industria minera de oro y aceptados por una amplia gama de partes interesadas. Reconociendo que muchos de nuestros miembros producen otros metales además de oro y, además, informan sobre una serie de diferentes estándares y marcos de presentación de informes de minería responsable, creemos que es apropiado explorar el potencial de desarrollar un marco único y global que cubra todos productos básicos. Creemos firmemente que la minería responsable sustenta el desarrollo socioeconómico sostenido y Antes apoyamos los esfuerzos para aumentar la adopción más amplia de estándares de minería responsable.
El proceso tiene como objetivo tomar los mejores atributos del estándar de cada organización y al mismo tiempo garantizar que el estándar resultante sea práctico de seguir para cualquier operador de mina, independientemente del producto, la geografía o el tamaño. La implementación del estándar único sería supervisada por un órgano de gobierno independiente de múltiples partes interesadas y un proceso de garantía creíble, los cuales aún están por definirse y desarrollarse.
Los grupos asesores de múltiples partes interesadas y de la industria desempeñarán un papel esencial a la hora de proporcionar una perspectiva equilibrada sobre la norma, el proceso de aseguramiento y el modelo de gobernanza. El ICMM espera lanzar el próximo año un amplio proceso de consulta pública y participación de las partes interesadas.
“A medida que ha aumentado la atención de los inversores a los factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), tanto a las empresas mineras como a los inversores les ha resultado difícil mantenerse al día con el número cada vez mayor de estándares ESG, a menudo denominados "sopa de letras", ya que cada uno tiene el suyo propio”, expresó el ICMM en un comunicado.
"Esta colaboración responde a los comentarios directos de inversores, sociedad civil, clientes, formuladores de políticas y empresas mineras que confirmaron el deseo de un panorama de estándares menos complejo y menos concurrido que sea más transparente, sólido y fomente una participación más amplia de la industria para impulsar el impacto a escala", agrega.
El estándar propuesto podría tener la cobertura más amplia de cualquier estándar voluntario de minería responsable hasta la fecha, con una implementación inicial por parte de más de 80 empresas mineras con alrededor de 700 operaciones en casi 60 países en todo el mundo. Una participación más amplia de empresas más allá de las cuatro organizaciones ayudará a apoyar a la industria para elevar aún más el nivel de desempeño ESG (ambiental, social y de gobernanza).
“Este cambio deberá continuar y llegar a todas las partes de la industria minera mundial para fomentar un mundo seguro, justo y sostenible posible gracias a la producción responsable de metales y minerales. La clave para esto es contar con un estándar gobernado por múltiples partes interesadas para la minería responsable que impulse la mejora continua a escala”, sostuvo Rohitesh Dhawan, director ejecutivo y presidente del ICMM.
Por su parte, el presidente y director ejecutivo de MAC, Pierre Gratton, recordó que cuando MAC lanzó por primera vez Towards Sustainable Mining (TSM) en 2004, era único como sistema de desempeño a nivel de sitio con garantía independiente y supervisión de múltiples partes interesadas. Hoy en día, el panorama ha cambiado y existen varios estándares mineros diferentes con algunos de los mismos atributos. La consolidación de varios de los estándares actuales en uno solo puede simplificar el panorama para los clientes, los inversores, la sociedad civil y la propia industria minera. MAC aporta a este ejercicio el compromiso de construir un nuevo estándar que impulse la mejora del desempeño, sea totalmente transparente y adopte los puntos de vista y perspectivas de las comunidades afectadas.
A su momento, Michèle Brülhart, directora ejecutiva de Copper Mark, sostuvo que su gremio ofrece un sólido marco de garantía para el cobre, molibdeno, níquel y zinc que está gobernado en partes iguales por representantes de la industria y no industriales. “En un panorama cada vez más complejo de iniciativas de sostenibilidad, explorar la opción de converger estándares de minería responsable nos brinda la oportunidad de aprovechar las fortalezas de cada sistema existente con miras a escalar la implementación de prácticas responsables en toda la industria minera. Un proceso de aseguramiento sólido a nivel de sitio, el compromiso con todas las partes interesadas afectadas y la supervisión de múltiples partes interesadas serán esenciales para generar apoyo para un estándar convergente y su implementación”, afirmó.
Finalmente, el director ejecutivo del Consejo Mundial del Oro, David Tait, manifestó que los Principios de Minería de Oro Responsable (RGMP, por sus siglas en inglés) establecen un marco general que define lo que constituye una minería de oro responsable y han sido ampliamente adoptados por la industria minera de oro y aceptados por una amplia gama de partes interesadas. Reconociendo que muchos de nuestros miembros producen otros metales además de oro y, además, informan sobre una serie de diferentes estándares y marcos de presentación de informes de minería responsable, creemos que es apropiado explorar el potencial de desarrollar un marco único y global que cubra todos productos básicos. Creemos firmemente que la minería responsable sustenta el desarrollo socioeconómico sostenido y Antes apoyamos los esfuerzos para aumentar la adopción más amplia de estándares de minería responsable.
El proceso tiene como objetivo tomar los mejores atributos del estándar de cada organización y al mismo tiempo garantizar que el estándar resultante sea práctico de seguir para cualquier operador de mina, independientemente del producto, la geografía o el tamaño. La implementación del estándar único sería supervisada por un órgano de gobierno independiente de múltiples partes interesadas y un proceso de garantía creíble, los cuales aún están por definirse y desarrollarse.
Los grupos asesores de múltiples partes interesadas y de la industria desempeñarán un papel esencial a la hora de proporcionar una perspectiva equilibrada sobre la norma, el proceso de aseguramiento y el modelo de gobernanza. El ICMM espera lanzar el próximo año un amplio proceso de consulta pública y participación de las partes interesadas.
Asociación de Hidrogeólogos renace en Perú
Noviembre 12 de 2023.- Con la misión de promover el desarrollo del conocimiento en el campo de las aguas subterráneas en bien de la sociedad e industria peruana, con la difusión, fomento, cooperación de los aspectos técnicos relacionados a la ciencia de la hidrogeología, se realizó el lanzamiento del Capítulo Peruano de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos- AIH Perú.
La Asociación Internacional de Hidrogeólogos es una organización científica y educativa conformada y dirigida por ingenieros, científicos y múltiples profesionales que trabajan y estudian a las aguas subterráneas, planificando, gestionando y protegiéndola. Fue fundada en 1956 y actualmente cuenta con más de 4000 miembros alrededor del mundo.
En Perú, la sección nacional fue fundada e inscrita en los Registro Públicos en el año 2001. Organizó el primer congreso peruano de hidrogeología en el año 2004 y desde entonces no tuvo muchas actividades. Fue hace tres años que un grupo de especialistas se reunió con la finalidad de reactivar el capítulo peruano de la AIH y formar una nueva entidad llamada Asociación Peruana de Hidrogeólogos – ASPEHI.
Actualmente, la AIH Perú participa activamente con los capítulos de la AIH de Latinoamérica y el Caribe. Además, ha estado presente representando a la región en el 50 Congreso Mundial de Aguas Subterráneas, realizado el pasado 17 al 22 de septiembre en la ciudad de Cape Town, Sudáfrica.
Durante el lanzamiento del AIH Perú se estableció un programa de trabajo para los próximos 2 años. Entre los aspectos destacados se encuentra el lanzamiento del Primer Congreso Peruano de Aguas Subterráneas y la creación de un Centro de Investigación Internacional de Aguas Subterráneas – CIIAS. Asimismo, se hizo el llamado a sumarse a todos los profesionales ligados a los recursos hídricos de instituciones públicas y empresa privada.
El AIH Perú es liderado por el ingeniero Percy Sulca, quien llevará a cabo su gestión acompañado de Eduardo Marin, Vanesa Llerena y Shianny Vásquez en los cargos de vicepresidente, secretario general y tesorera, respectivamente.
La Asociación Internacional de Hidrogeólogos es una organización científica y educativa conformada y dirigida por ingenieros, científicos y múltiples profesionales que trabajan y estudian a las aguas subterráneas, planificando, gestionando y protegiéndola. Fue fundada en 1956 y actualmente cuenta con más de 4000 miembros alrededor del mundo.
En Perú, la sección nacional fue fundada e inscrita en los Registro Públicos en el año 2001. Organizó el primer congreso peruano de hidrogeología en el año 2004 y desde entonces no tuvo muchas actividades. Fue hace tres años que un grupo de especialistas se reunió con la finalidad de reactivar el capítulo peruano de la AIH y formar una nueva entidad llamada Asociación Peruana de Hidrogeólogos – ASPEHI.
Actualmente, la AIH Perú participa activamente con los capítulos de la AIH de Latinoamérica y el Caribe. Además, ha estado presente representando a la región en el 50 Congreso Mundial de Aguas Subterráneas, realizado el pasado 17 al 22 de septiembre en la ciudad de Cape Town, Sudáfrica.
Durante el lanzamiento del AIH Perú se estableció un programa de trabajo para los próximos 2 años. Entre los aspectos destacados se encuentra el lanzamiento del Primer Congreso Peruano de Aguas Subterráneas y la creación de un Centro de Investigación Internacional de Aguas Subterráneas – CIIAS. Asimismo, se hizo el llamado a sumarse a todos los profesionales ligados a los recursos hídricos de instituciones públicas y empresa privada.
El AIH Perú es liderado por el ingeniero Percy Sulca, quien llevará a cabo su gestión acompañado de Eduardo Marin, Vanesa Llerena y Shianny Vásquez en los cargos de vicepresidente, secretario general y tesorera, respectivamente.
Panamá al borde del estallido
por firma de contrato minero
Octubre 29 de 2023.- Una semana de enfrentamientos callejeros protagonizaron diversos sectores de la sociedad y la policía panameña, en la capital y el interior del país, por el rechazo que ha generado la firma de un contrato con la minera canadiense First Quantum para explotar cobre en una zona boscosa y rica en biodiversidad al norte de Panamá.
Se han movilizado en contra del contrato minero pobladores de todas las capas sociales. La Defensoría del Pueblo de Panamá denunció el viernes anterior la “escalada en el uso de la fuerza” de la Policía Nacional para reprimir a los miles de manifestantes que protestan en las calles porque les parece que el contrato perjudica al país.
Algunos analistas consideran que la firma del contrato ha sido la gota que rebalsó el vaso del descontento popular. Nadie sabe. Lo concreto es que el gobierno del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, huele a podrido.
El Ejecutivo tiene un margen muy estrecho para maniobrar. Ha suspendido las clases en los colegios y la universidad, pero continúan las protestas. Incluso la Conferencia Episcopal Panameña difundió un comunicado en el que señalan que “es preocupante precisamente que, a pocos días del mes de la Patria, se haya procedido con demasiada celeridad a la aprobación de un contrato minero por parte de la Asamblea Nacional y la sanción del Ejecutivo, a pesar de los permanentes cuestionamientos de la sociedad. Esto ha crispado los ánimos de un gran sector de la población, que ha producido una infortunada situación de confrontación, represión y violencia”.
“Motivados por la fe y la esperanza en el Dios creador de la vida y de la madre naturaleza, como guías de la Iglesia Católica, solicitamos se escuche el clamor del pueblo en las calles y que la Corte Suprema de Justicia revise y se pronuncie urgentemente sobre la inconstitucionalidad de la ley del contrato con Minera Panamá”, concluyen los sacerdotes.
Para el gobierno, la minería hace un “enorme aporte” a la economía. Dice que el contrato representa al menos 375 millones de dólares al año en ingresos para el Estado en concepto de regalías, pago de impuestos e ingresos mínimos, lo que supone, según el gobierno, un aumento de más de 10 veces respecto de lo que se estaba recibiendo de la concesión minera anterior de 1997, cuando se otorgó por ley la concesión de los yacimientos de minerales en esa zona ubicada a poco más de 200 kilómetros de la capital.
Minera Panamá, la filial de First Quantum, destaca en su página web que las exportaciones del mineral alcanzaron los 2850 millones de dólares en 2022 y que sus envíos representan el 80% de las exportaciones generales del país.
La operación de Minera Panamá es la mayor de su tipo en América Central, donde las leyes de algunos países, como Costa Rica y El Salvador, frenan la inversión extractiva. Es en ese contexto que la firma de un contrato ley que da una concesión por 20 años prorrogables a la filial de una empresa canadiense para explotar una mina de cobre a cielo abierto ha provocado increíbles protestas callejeras que han dejado decenas de heridos y cientos de detenidos después de las peleas entre policías y manifestantes.
Se han movilizado en contra del contrato minero pobladores de todas las capas sociales. La Defensoría del Pueblo de Panamá denunció el viernes anterior la “escalada en el uso de la fuerza” de la Policía Nacional para reprimir a los miles de manifestantes que protestan en las calles porque les parece que el contrato perjudica al país.
Algunos analistas consideran que la firma del contrato ha sido la gota que rebalsó el vaso del descontento popular. Nadie sabe. Lo concreto es que el gobierno del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, huele a podrido.
El Ejecutivo tiene un margen muy estrecho para maniobrar. Ha suspendido las clases en los colegios y la universidad, pero continúan las protestas. Incluso la Conferencia Episcopal Panameña difundió un comunicado en el que señalan que “es preocupante precisamente que, a pocos días del mes de la Patria, se haya procedido con demasiada celeridad a la aprobación de un contrato minero por parte de la Asamblea Nacional y la sanción del Ejecutivo, a pesar de los permanentes cuestionamientos de la sociedad. Esto ha crispado los ánimos de un gran sector de la población, que ha producido una infortunada situación de confrontación, represión y violencia”.
“Motivados por la fe y la esperanza en el Dios creador de la vida y de la madre naturaleza, como guías de la Iglesia Católica, solicitamos se escuche el clamor del pueblo en las calles y que la Corte Suprema de Justicia revise y se pronuncie urgentemente sobre la inconstitucionalidad de la ley del contrato con Minera Panamá”, concluyen los sacerdotes.
Para el gobierno, la minería hace un “enorme aporte” a la economía. Dice que el contrato representa al menos 375 millones de dólares al año en ingresos para el Estado en concepto de regalías, pago de impuestos e ingresos mínimos, lo que supone, según el gobierno, un aumento de más de 10 veces respecto de lo que se estaba recibiendo de la concesión minera anterior de 1997, cuando se otorgó por ley la concesión de los yacimientos de minerales en esa zona ubicada a poco más de 200 kilómetros de la capital.
Minera Panamá, la filial de First Quantum, destaca en su página web que las exportaciones del mineral alcanzaron los 2850 millones de dólares en 2022 y que sus envíos representan el 80% de las exportaciones generales del país.
La operación de Minera Panamá es la mayor de su tipo en América Central, donde las leyes de algunos países, como Costa Rica y El Salvador, frenan la inversión extractiva. Es en ese contexto que la firma de un contrato ley que da una concesión por 20 años prorrogables a la filial de una empresa canadiense para explotar una mina de cobre a cielo abierto ha provocado increíbles protestas callejeras que han dejado decenas de heridos y cientos de detenidos después de las peleas entre policías y manifestantes.
BHP alcanza 35% de representación
femenina en su fuerza de trabajo
Octubre 22 de 2023.- En el bloque de Diversidad e Inclusión desarrollado como parte de la Cumbre Minera de PERUMIN 36, Lauren Arias, líder de Empresas Conjuntas BHP Minerals Americas, resaltó que la incorporación de mujeres es un eje estratégico para BHP a nivel global.
Dicha decisión fue basada no solo en buenas intenciones, sino en estudios que demuestran que los equipos con balance de género tienen mejor toma de decisiones, mejor ejecución y prácticas más seguras, lo que repercute en mayor rentabilidad y creación de valor.
Por ello, Arias indicó que en 2016 la empresa estableció la meta de alcanzar el balance de género hacia el 2025. En ese momento, el 17% de la fuerza laboral en BHP eran mujeres y tuvieron que trabajar arduamente en un cambio de mentalidad y cultura para incrementar ese porcentaje.
“En BHP, de forma general, la representación femenina a nivel global se ha duplicado llegando a 35%, más del 40% de nuestros puestos de liderazgo lo ocupan mujeres, y el equipo que reporta al CEO de BHP tiene un balance de género hace tiempo. Aquí en las Américas, hoy contamos con una representación femenina de 36% y en Chile tenemos la operación con más mujeres en el país, Spence, que tiene más de 38% de mujeres”, precisó Lauren Arias.
Alcanzar esas significativas cifras ha requerido el despliegue de un plan estratégico que ha considerado, en primer lugar, establecer metas públicas de balance de género, cuotas anuales para aumentar la representación femenina y ponerlo en los KPIs.
De igual manera, han impulsado el cambio de cultura mediante campañas de comportamiento respetuoso y elevado el acoso laboral y sexual al nivel de riesgo material de BHP, es decir que tratan este riesgo al mismo nivel de una fatalidad o un evento de medio ambiente.
Tercero, han invertido en programas especiales de reclutamiento, retención y desarrollo de carrera para las mujeres.
La ejecutiva líder de Empresas Conjuntas BHP Minerals Americas reconoce que la tarea no ha sido fácil. “Hemos aprendido en el camino. Un cambio cultural de esta magnitud requiere el compromiso de toda la organización”, señala. Sin embargo, podemos decir que ha valido la pena porque están avanzando en la meta de manera sostenible y hoy tienen una fuerza de trabajo más diversa e inclusiva.
“El perfil de una minera le pertenece a todos, no a un grupo específico. Yo soy reflejo del perfil de una minera al igual que cada uno de ustedes y también mis colegas de la comunidad LGBTQ, mis colegas con discapacidades, mis colegas los trabajadores indígenas. Tenemos que trabajar porque estas cosas dejen de ser una sorpresa”, reforzó Arias.
BHP también informa que aumentaron la producción de cobre en un 12% con respecto del primer trimestre de este año, incluido un récord trimestral de producción en la mina Spence, en Chile.
En Escondida el aumento de la producción se debió principalmente a una mayor ley de alimentación de la concentradora de 0,85%, comparado con el 0,83% del trimestre de septiembre de 2022. Se espera que la ley de alimentación de la concentradora se sitúe entre 0,85 % y 0,90 % durante el FY24. La estimación para el FY24 se mantiene entre 1080 y 1180 kt, y se espera que la producción se pondere hacia la segunda mitad del año.
Dicha decisión fue basada no solo en buenas intenciones, sino en estudios que demuestran que los equipos con balance de género tienen mejor toma de decisiones, mejor ejecución y prácticas más seguras, lo que repercute en mayor rentabilidad y creación de valor.
Por ello, Arias indicó que en 2016 la empresa estableció la meta de alcanzar el balance de género hacia el 2025. En ese momento, el 17% de la fuerza laboral en BHP eran mujeres y tuvieron que trabajar arduamente en un cambio de mentalidad y cultura para incrementar ese porcentaje.
“En BHP, de forma general, la representación femenina a nivel global se ha duplicado llegando a 35%, más del 40% de nuestros puestos de liderazgo lo ocupan mujeres, y el equipo que reporta al CEO de BHP tiene un balance de género hace tiempo. Aquí en las Américas, hoy contamos con una representación femenina de 36% y en Chile tenemos la operación con más mujeres en el país, Spence, que tiene más de 38% de mujeres”, precisó Lauren Arias.
Alcanzar esas significativas cifras ha requerido el despliegue de un plan estratégico que ha considerado, en primer lugar, establecer metas públicas de balance de género, cuotas anuales para aumentar la representación femenina y ponerlo en los KPIs.
De igual manera, han impulsado el cambio de cultura mediante campañas de comportamiento respetuoso y elevado el acoso laboral y sexual al nivel de riesgo material de BHP, es decir que tratan este riesgo al mismo nivel de una fatalidad o un evento de medio ambiente.
Tercero, han invertido en programas especiales de reclutamiento, retención y desarrollo de carrera para las mujeres.
La ejecutiva líder de Empresas Conjuntas BHP Minerals Americas reconoce que la tarea no ha sido fácil. “Hemos aprendido en el camino. Un cambio cultural de esta magnitud requiere el compromiso de toda la organización”, señala. Sin embargo, podemos decir que ha valido la pena porque están avanzando en la meta de manera sostenible y hoy tienen una fuerza de trabajo más diversa e inclusiva.
“El perfil de una minera le pertenece a todos, no a un grupo específico. Yo soy reflejo del perfil de una minera al igual que cada uno de ustedes y también mis colegas de la comunidad LGBTQ, mis colegas con discapacidades, mis colegas los trabajadores indígenas. Tenemos que trabajar porque estas cosas dejen de ser una sorpresa”, reforzó Arias.
BHP también informa que aumentaron la producción de cobre en un 12% con respecto del primer trimestre de este año, incluido un récord trimestral de producción en la mina Spence, en Chile.
En Escondida el aumento de la producción se debió principalmente a una mayor ley de alimentación de la concentradora de 0,85%, comparado con el 0,83% del trimestre de septiembre de 2022. Se espera que la ley de alimentación de la concentradora se sitúe entre 0,85 % y 0,90 % durante el FY24. La estimación para el FY24 se mantiene entre 1080 y 1180 kt, y se espera que la producción se pondere hacia la segunda mitad del año.
MACRA: herramienta para evitar la corrupción
Octubre 15 de 2023.- La falta de transparencia y rendición de cuentas en la adjudicación de licencias, permisos y contratos del sector minero, la primera etapa de la cadena de valor de la minería, es una de las causas fundamentales de la corrupción en el sector minero.
Sin embargo, muchas iniciativas para mejorar la gobernanza y prevenir la corrupción en las industrias del petróleo, el gas y la minería no se centran total o exclusivamente en esta etapa de la cadena de valor.
La herramienta MACRA llena este vacío al ayudar a los usuarios a identificar y evaluar las causas subyacentes de la corrupción en las adjudicaciones del sector minero, es decir, los riesgos que crean oportunidades para la corrupción y socavan la adjudicación legal, conforme y ética de licencias, permisos y contratos del sector minero.
Desarrollada para el Programa de Minería Responsable de Transparencia Internacional, la herramienta se ha utilizado en 20 jurisdicciones mineras e identifica más de 80 riesgos comunes de corrupción. Ha demostrado ser un marco muy eficaz para identificar y evaluar los factores de riesgo que crean vulnerabilidades a la corrupción en esta etapa crítica.
Ayuda a que los asesores hagan las preguntas correctas para determinar la fuente y exposición a la corrupción.
Brinda instrucciones sobre cómo recolectar y utilizar data relacionada al género para identificar barreras en la participación de mujeres en toma de decisiones y los impactos únicos de la corrupción en mujeres.
Contiene una lista de 80 indicadores de riesgo de corrupción comunes.
Establece niveles para identificar y seleccionar los riesgos de corrupción más relevantes a las vulnerabilidades del presente.
Brinda una explicación de cada riesgo de corrupción y brinda guía sobre cómo asesorar su probabilidad e impacto.
Da cuenta de los factores de riesgo de corrupción en el sistema – diseño de leyes de licenciamiento, prácticas institucionales, implementación, contexto administrativo y político.
Hecha para ser aprovechada por el gobierno, ayudándole a identificar prioridades de reforma institucional, regulatorias y políticas, así como a cumplir con el estándar de la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) y desarrollar ambiciosos y transformadores compromisos de Sociedad de Gobernabilidad Abierta (OGP, por sus siglas en inglés); la sociedad civil, permitiéndole desarrollar estrategias de defensa basadas en evidencia y enfocar mejor sus esfuerzos para fortalecer la responsabilidad social a través del EITI y la OGP; la industria extractiva, para entender y manejar mejor su exposición a la corrupción proyecto-a-proyecto y desarrollar procedimientos anticorrupción internos originados dentro y fuera de las operaciones; y las instituciones financieras, para la evaluación de potenciales inversiones.
La herramienta mapea cómo el proceso de concesión funciona en la legislación y la práctica tras haber definido el espectro del asesoramiento, pudiendo identificarse así brechas en el proceso. Brinda puntajes a la probabilidad e impacto de cada riesgo. Comunica los hallazgos efectivamente brindando riesgos prioritarios para concentrarse en ellos y desarrollar una estrategia de acción.
Ha sido evaluada en más de 20 países tan diversos como Zimbabwe, Perú, Australia. Brinda una guía paso-a-paso que señala dónde, cómo y qué tan severamente los procesos de concesiones mineras son vulnerables a la corrupción y cuáles sus fortalezas.
Es una lista extensiva de 80 indicadores comunes de riesgo para detectar, asesorar y encontrar soluciones a las brechas de transparencia en cómo se despliega el proceso de concesión en la ley y en la práctica. Ayuda a los asesores a construir y utilizar evidencia para determinar áreas de prioridad y articular reformas enfocadas que mejoren la transparencia, responsabilidad y mitiguen los riesgos de la corrupción.
Sin embargo, muchas iniciativas para mejorar la gobernanza y prevenir la corrupción en las industrias del petróleo, el gas y la minería no se centran total o exclusivamente en esta etapa de la cadena de valor.
La herramienta MACRA llena este vacío al ayudar a los usuarios a identificar y evaluar las causas subyacentes de la corrupción en las adjudicaciones del sector minero, es decir, los riesgos que crean oportunidades para la corrupción y socavan la adjudicación legal, conforme y ética de licencias, permisos y contratos del sector minero.
Desarrollada para el Programa de Minería Responsable de Transparencia Internacional, la herramienta se ha utilizado en 20 jurisdicciones mineras e identifica más de 80 riesgos comunes de corrupción. Ha demostrado ser un marco muy eficaz para identificar y evaluar los factores de riesgo que crean vulnerabilidades a la corrupción en esta etapa crítica.
Ayuda a que los asesores hagan las preguntas correctas para determinar la fuente y exposición a la corrupción.
Brinda instrucciones sobre cómo recolectar y utilizar data relacionada al género para identificar barreras en la participación de mujeres en toma de decisiones y los impactos únicos de la corrupción en mujeres.
Contiene una lista de 80 indicadores de riesgo de corrupción comunes.
Establece niveles para identificar y seleccionar los riesgos de corrupción más relevantes a las vulnerabilidades del presente.
Brinda una explicación de cada riesgo de corrupción y brinda guía sobre cómo asesorar su probabilidad e impacto.
Da cuenta de los factores de riesgo de corrupción en el sistema – diseño de leyes de licenciamiento, prácticas institucionales, implementación, contexto administrativo y político.
Hecha para ser aprovechada por el gobierno, ayudándole a identificar prioridades de reforma institucional, regulatorias y políticas, así como a cumplir con el estándar de la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) y desarrollar ambiciosos y transformadores compromisos de Sociedad de Gobernabilidad Abierta (OGP, por sus siglas en inglés); la sociedad civil, permitiéndole desarrollar estrategias de defensa basadas en evidencia y enfocar mejor sus esfuerzos para fortalecer la responsabilidad social a través del EITI y la OGP; la industria extractiva, para entender y manejar mejor su exposición a la corrupción proyecto-a-proyecto y desarrollar procedimientos anticorrupción internos originados dentro y fuera de las operaciones; y las instituciones financieras, para la evaluación de potenciales inversiones.
La herramienta mapea cómo el proceso de concesión funciona en la legislación y la práctica tras haber definido el espectro del asesoramiento, pudiendo identificarse así brechas en el proceso. Brinda puntajes a la probabilidad e impacto de cada riesgo. Comunica los hallazgos efectivamente brindando riesgos prioritarios para concentrarse en ellos y desarrollar una estrategia de acción.
Ha sido evaluada en más de 20 países tan diversos como Zimbabwe, Perú, Australia. Brinda una guía paso-a-paso que señala dónde, cómo y qué tan severamente los procesos de concesiones mineras son vulnerables a la corrupción y cuáles sus fortalezas.
Es una lista extensiva de 80 indicadores comunes de riesgo para detectar, asesorar y encontrar soluciones a las brechas de transparencia en cómo se despliega el proceso de concesión en la ley y en la práctica. Ayuda a los asesores a construir y utilizar evidencia para determinar áreas de prioridad y articular reformas enfocadas que mejoren la transparencia, responsabilidad y mitiguen los riesgos de la corrupción.
EITI cumple 20 años
Octubre 8 de 2023.- Este año marca un hito importante para el EITI, ya que celebra su vigésimo aniversario.
Este momento crucial también estuvo marcado por la publicación del Estándar EITI 2023, que pone énfasis en el uso de datos y diálogo para navegar la transición energética, abordar los riesgos de corrupción, promover la equidad de género y fortalecer la recaudación de ingresos.
Líderes de más de 60 países se reunieron en la Conferencia Mundial EITI 2023 en Dakar, Senegal, para dar la bienvenida a las oportunidades que presenta el nuevo Estándar EITI y, al hacerlo, reafirmaron su compromiso de promover la transparencia en las industrias extractivas.
Desde Kazajstán hasta la República Democrática del Congo y Tanzania, estos líderes anunciaron compromisos en una variedad de temas, que van desde los esfuerzos anticorrupción hasta el desarrollo local y la transición energética.
La transparencia y la rendición de cuentas se regulan con miras a beneficiar al país y a los inversores en una situación en la que todos salgan ganando.
El Estándar EITI 2023 ofrece oportunidades para que los países y las empresas utilicen la plataforma EITI para identificar y abordar los riesgos de corrupción en la gestión de la riqueza de recursos naturales.
Presenta disposiciones más estrictas sobre la divulgación de contratos y beneficiarios reales, al mismo tiempo que integra la lucha contra la corrupción en los objetivos de muchos requisitos de divulgación.
Varios países ya han comenzado a utilizar los procesos y la presentación de informes del EITI para identificar riesgos de corrupción, mientras que otros se comprometieron recientemente a tomar medidas: La República Centroafricana se comprometió a divulgar públicamente los contratos y licencias extractivas y a establecer una base legal para divulgar los beneficiarios finales.
La República Dominicana se comprometió a verificar los beneficiarios reales de las empresas en su proceso de otorgamiento de licencias extractivas. Honduras se comprometió a utilizar la EITI para mostrar las mejores prácticas internacionales como parte de su estrategia nacional anticorrupción.
Kazajstán se comprometió a revelar a los beneficiarios reales de las empresas extractivas.
Desarrollo e impacto local
Más de dos décadas de implementación del EITI en más de 50 países han fomentado un mejor diálogo y confianza entre las partes interesadas nacionales, como lo demuestra una evaluación independiente del EITI.
Pero traducir las divulgaciones del EITI en desarrollo local ha sido un desafío importante para muchos países. Con este fin, varios países y empresas del EITI resaltaron la importancia de fortalecer su compromiso en cuestiones locales y con las comunidades: La República Centroafricana se comprometió a empoderar a las autoridades locales y a la sociedad civil para que utilicen la transparencia extractiva para promover el desarrollo local.
Colombia destacó el papel de los gobiernos en el uso de la EITI para salvaguardar los derechos de las comunidades y monitorear los compromisos de las empresas. La República Democrática del Congo se comprometió a fortalecer la producción minera para alinear el desarrollo sostenible con los objetivos sociales y ambientales.
TotalEnergies destacó la necesidad de desarrollar proyectos sostenibles que proporcionen empleos locales e impulsen el crecimiento económico a nivel local, y reiteró su compromiso con la transparencia de los contratos y el diálogo entre múltiples partes interesadas.
Transición energética
Bajo el tema “Transparencia en transición”, la Conferencia Global EITI abordó cómo está evolucionando el contexto para la transparencia de las industrias extractivas en medio de la transición energética, y lo que esto significa para la implementación de la EITI.
Varios países EITI buscan utilizar la plataforma EITI para identificar y navegar las oportunidades y desafíos que presenta la transición energética: Mauritania se comprometió a colaborar con otros socios del EITI en el desarrollo de estándares para el sector de energía renovable y la gestión ambientalmente sostenible de los recursos naturales.
Senegal, anfitrión de la Conferencia Mundial, destacó la importancia de la EITI para contribuir a una remuneración justa de los recursos energéticos futuros, desarrollar políticas de contenido local y promover una transición energética equitativa.
Artículo tomado de la página oficial del EITI
Este momento crucial también estuvo marcado por la publicación del Estándar EITI 2023, que pone énfasis en el uso de datos y diálogo para navegar la transición energética, abordar los riesgos de corrupción, promover la equidad de género y fortalecer la recaudación de ingresos.
Líderes de más de 60 países se reunieron en la Conferencia Mundial EITI 2023 en Dakar, Senegal, para dar la bienvenida a las oportunidades que presenta el nuevo Estándar EITI y, al hacerlo, reafirmaron su compromiso de promover la transparencia en las industrias extractivas.
Desde Kazajstán hasta la República Democrática del Congo y Tanzania, estos líderes anunciaron compromisos en una variedad de temas, que van desde los esfuerzos anticorrupción hasta el desarrollo local y la transición energética.
La transparencia y la rendición de cuentas se regulan con miras a beneficiar al país y a los inversores en una situación en la que todos salgan ganando.
El Estándar EITI 2023 ofrece oportunidades para que los países y las empresas utilicen la plataforma EITI para identificar y abordar los riesgos de corrupción en la gestión de la riqueza de recursos naturales.
Presenta disposiciones más estrictas sobre la divulgación de contratos y beneficiarios reales, al mismo tiempo que integra la lucha contra la corrupción en los objetivos de muchos requisitos de divulgación.
Varios países ya han comenzado a utilizar los procesos y la presentación de informes del EITI para identificar riesgos de corrupción, mientras que otros se comprometieron recientemente a tomar medidas: La República Centroafricana se comprometió a divulgar públicamente los contratos y licencias extractivas y a establecer una base legal para divulgar los beneficiarios finales.
La República Dominicana se comprometió a verificar los beneficiarios reales de las empresas en su proceso de otorgamiento de licencias extractivas. Honduras se comprometió a utilizar la EITI para mostrar las mejores prácticas internacionales como parte de su estrategia nacional anticorrupción.
Kazajstán se comprometió a revelar a los beneficiarios reales de las empresas extractivas.
Desarrollo e impacto local
Más de dos décadas de implementación del EITI en más de 50 países han fomentado un mejor diálogo y confianza entre las partes interesadas nacionales, como lo demuestra una evaluación independiente del EITI.
Pero traducir las divulgaciones del EITI en desarrollo local ha sido un desafío importante para muchos países. Con este fin, varios países y empresas del EITI resaltaron la importancia de fortalecer su compromiso en cuestiones locales y con las comunidades: La República Centroafricana se comprometió a empoderar a las autoridades locales y a la sociedad civil para que utilicen la transparencia extractiva para promover el desarrollo local.
Colombia destacó el papel de los gobiernos en el uso de la EITI para salvaguardar los derechos de las comunidades y monitorear los compromisos de las empresas. La República Democrática del Congo se comprometió a fortalecer la producción minera para alinear el desarrollo sostenible con los objetivos sociales y ambientales.
TotalEnergies destacó la necesidad de desarrollar proyectos sostenibles que proporcionen empleos locales e impulsen el crecimiento económico a nivel local, y reiteró su compromiso con la transparencia de los contratos y el diálogo entre múltiples partes interesadas.
Transición energética
Bajo el tema “Transparencia en transición”, la Conferencia Global EITI abordó cómo está evolucionando el contexto para la transparencia de las industrias extractivas en medio de la transición energética, y lo que esto significa para la implementación de la EITI.
Varios países EITI buscan utilizar la plataforma EITI para identificar y navegar las oportunidades y desafíos que presenta la transición energética: Mauritania se comprometió a colaborar con otros socios del EITI en el desarrollo de estándares para el sector de energía renovable y la gestión ambientalmente sostenible de los recursos naturales.
Senegal, anfitrión de la Conferencia Mundial, destacó la importancia de la EITI para contribuir a una remuneración justa de los recursos energéticos futuros, desarrollar políticas de contenido local y promover una transición energética equitativa.
Artículo tomado de la página oficial del EITI
Colectivos de Cuenca piden a candidatos
paralizar proyectos mineros
Octubre 1 de 2023.- Los colectivos que conforman el Cabildo Popular por el Agua de Cuenca enviaron una carta abierta a los candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país dando a conocer sus preocupaciones en asuntos del agua y sus ecosistemas y demandando a las nuevas autoridades que por sobre los intereses de crecimiento y acumulación económica “prioricen la vida y den curso a las alternativas sustentables”.
“Manifestamos nuestra decisión de hacer respetar el mandato cuencano y azuayo de prohibir la minería metálica en nuestros páramos y fuentes de agua. Emplazamos a las autoridades, a poner freno a las amenazas de la megaminería metálica, que pretende instalarse en el macizo del Cajas con múltiples concesiones obtenidas de manera ilegítima; en particular los proyectos considerados emblemáticos: Río Blanco (Molleturo) y Loma Larga (Kimsakocha), serían nefastos para la provisión de agua, el desarrollo de las funciones ecosistémicas, la producción, consumo humano y tendría graves afecciones a la vida y salud de las comunidades rurales y urbanas”, dice la carta.
Sostiene además que “tanto a nivel nacional como local, han sido varias las Consultas Populares en las que los pueblos se han pronunciado mayoritariamente en defensa del agua y los ecosistemas, frente a las amenazas del extractivismo”.
“Los resultados de estas expresiones de democracia directa son de obligatorio cumplimiento por parte del Estado, por tanto, son inadmisibles los ardides y argucias para favorecer intereses de grupos económicos y empresas, en claro irrespeto al mandato popular y a la Constitución”, continúa.
La misiva reseña también las ideas de sus autores respecto de la situación que atraviesa el país y propone que se implementen “transformaciones económicas, políticas, sociales y ambientales”
“Instamos a que la nueva administración gubernamental, en todos los niveles, se apegue a los principios de la ética y transparencia en la gestión pública, la democracia participativa, la garantía de los derechos humanos y de la naturaleza, el ejercicio pleno de la soberanía en sus diversas magnitudes”, afirma.
Respecto de la gestión del agua, sostienen que “lleva implícita la garantía del Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento, así como el acceso a riego para fortalecer la soberanía alimentaria, aplicar la noción de Justicia Hídrica que integre una distribución equitativa, asumir la deuda ecológica y las responsabilidades en la crisis actual del agua y el clima, políticas de remediación y restauración ecosociales, reconocimiento de los saberes de nuestras comunidades”.
Agregan que se requiere “fortalecer la institucionalidad ambiental y del agua, dotándole de suficiente capacidad, compromiso y cualificación para una gestión sostenible, justa, participativa, intercultural, equitativa. Como entes rectores deben ejercer control efectivo y aplicar, sin pretextos ni dilación, los principios de: precaución, prevención, reparación integral, In dubio pro natura, responsabilidad sobre el daño y subsidiariedad del Estado, entre otros”.
Entre otros puntos, la carta del cabildo cuencano dice que es fundamental garantizar el Consentimiento Libre, Previo e Informado y los derechos de veto de las comunidades urbanas y rurales frente a proyectos de infraestructura, minería, industria y otros, que afecten los caudales, la cantidad, la calidad, la disponibilidad o la distribución del agua.
“Las comunidades cuencanas y azuayas, venimos de una larga tradición de defensa de nuestros páramos y el agua. Los ríos y El Cajas son parte de nuestra historia e identidad, atentar contra ellos constituye una afrenta a nuestra vida y dignidad”, finaliza la carta.
“Manifestamos nuestra decisión de hacer respetar el mandato cuencano y azuayo de prohibir la minería metálica en nuestros páramos y fuentes de agua. Emplazamos a las autoridades, a poner freno a las amenazas de la megaminería metálica, que pretende instalarse en el macizo del Cajas con múltiples concesiones obtenidas de manera ilegítima; en particular los proyectos considerados emblemáticos: Río Blanco (Molleturo) y Loma Larga (Kimsakocha), serían nefastos para la provisión de agua, el desarrollo de las funciones ecosistémicas, la producción, consumo humano y tendría graves afecciones a la vida y salud de las comunidades rurales y urbanas”, dice la carta.
Sostiene además que “tanto a nivel nacional como local, han sido varias las Consultas Populares en las que los pueblos se han pronunciado mayoritariamente en defensa del agua y los ecosistemas, frente a las amenazas del extractivismo”.
“Los resultados de estas expresiones de democracia directa son de obligatorio cumplimiento por parte del Estado, por tanto, son inadmisibles los ardides y argucias para favorecer intereses de grupos económicos y empresas, en claro irrespeto al mandato popular y a la Constitución”, continúa.
La misiva reseña también las ideas de sus autores respecto de la situación que atraviesa el país y propone que se implementen “transformaciones económicas, políticas, sociales y ambientales”
“Instamos a que la nueva administración gubernamental, en todos los niveles, se apegue a los principios de la ética y transparencia en la gestión pública, la democracia participativa, la garantía de los derechos humanos y de la naturaleza, el ejercicio pleno de la soberanía en sus diversas magnitudes”, afirma.
Respecto de la gestión del agua, sostienen que “lleva implícita la garantía del Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento, así como el acceso a riego para fortalecer la soberanía alimentaria, aplicar la noción de Justicia Hídrica que integre una distribución equitativa, asumir la deuda ecológica y las responsabilidades en la crisis actual del agua y el clima, políticas de remediación y restauración ecosociales, reconocimiento de los saberes de nuestras comunidades”.
Agregan que se requiere “fortalecer la institucionalidad ambiental y del agua, dotándole de suficiente capacidad, compromiso y cualificación para una gestión sostenible, justa, participativa, intercultural, equitativa. Como entes rectores deben ejercer control efectivo y aplicar, sin pretextos ni dilación, los principios de: precaución, prevención, reparación integral, In dubio pro natura, responsabilidad sobre el daño y subsidiariedad del Estado, entre otros”.
Entre otros puntos, la carta del cabildo cuencano dice que es fundamental garantizar el Consentimiento Libre, Previo e Informado y los derechos de veto de las comunidades urbanas y rurales frente a proyectos de infraestructura, minería, industria y otros, que afecten los caudales, la cantidad, la calidad, la disponibilidad o la distribución del agua.
“Las comunidades cuencanas y azuayas, venimos de una larga tradición de defensa de nuestros páramos y el agua. Los ríos y El Cajas son parte de nuestra historia e identidad, atentar contra ellos constituye una afrenta a nuestra vida y dignidad”, finaliza la carta.
Jóvenes que se oponen a la actividad
minera recorren Europa
Septiembre 24 de 2023.- Un grupo de jóvenes ecuatorianos, integrantes de la Red Iglesias y Minería, recorrerá diversos países de Europa “denunciando los proyectos extractivos, las ambiciones empresariales, la minería devoradora y los crímenes ambientales”, según informa la agencia Servindi.
La caravana comprende la participación en foros europeos, encuentros con la sociedad civil, con el Parlamento Europeo y la realización de diversas acciones de incidencia.
“Cuatro jóvenes de distintos territorios de América Latina: Ecuador, Argentina, Guatemala y Perú, denunciarán las consecuencias del extractivismo y la minería en sus países y las formas creativas de las comunidades afectadas para enfrentarlas”, dice la agencia.
La caravana se realiza en colaboración con organizaciones de iglesia y sociedad civil en Europa y busca exigir responsabilidades y compromisos como la Debida Diligencia, en el ámbito político, así como caminos solidarios en material eclesial.
Además, se dirigirá también a las Iglesias, a congregaciones religiosas, a organizaciones de fe, de conferencias episcopales, para aunar esfuerzos en la defensa de la vida y de la casa común.
La II Caravana de jóvenes, señala la agencia, llama a la solidaridad intergeneracional, a hacer esfuerzos conjuntos para dejar un mundo sostenible, habitable para las siguientes generaciones.
Las comunidades “exigen su derecho a decir no, a detener un modelo económico que se basa en expoliar la Madre Tierra, en despojar la vida y seguir acumulando capital a costa de derechos”.
La caravana comprende la participación en foros europeos, encuentros con la sociedad civil, con el Parlamento Europeo y la realización de diversas acciones de incidencia.
“Cuatro jóvenes de distintos territorios de América Latina: Ecuador, Argentina, Guatemala y Perú, denunciarán las consecuencias del extractivismo y la minería en sus países y las formas creativas de las comunidades afectadas para enfrentarlas”, dice la agencia.
La caravana se realiza en colaboración con organizaciones de iglesia y sociedad civil en Europa y busca exigir responsabilidades y compromisos como la Debida Diligencia, en el ámbito político, así como caminos solidarios en material eclesial.
Además, se dirigirá también a las Iglesias, a congregaciones religiosas, a organizaciones de fe, de conferencias episcopales, para aunar esfuerzos en la defensa de la vida y de la casa común.
La II Caravana de jóvenes, señala la agencia, llama a la solidaridad intergeneracional, a hacer esfuerzos conjuntos para dejar un mundo sostenible, habitable para las siguientes generaciones.
Las comunidades “exigen su derecho a decir no, a detener un modelo económico que se basa en expoliar la Madre Tierra, en despojar la vida y seguir acumulando capital a costa de derechos”.
Huelga en Peñasquito sin visos de solución
Septiembre 24 de 2023.- Después de más de 100 días de huelga en la mina de oro Peñasquito, la más grande de México, los directivos de Newmont no logran diseñar una propuesta que responda a las expectativas de los trabajadores y haga posible la solución del conflicto.
Minera Peñasquito es la principal productora de oro en México, alcanzando las 566 mil onzas en 2022. Tiene más de 5 mil trabajadores que están en huelga desde el 7 de junio porque acusan a la empresa de violar el contrato colectivo de trabajo y omitir el pago completo de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).
A ello se suman acusaciones de incumplimiento con la Ley Federal del Trabajo, el T-MEC y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
Tom Palmer, CEO de Newmont, ha destacado la revisión de la viabilidad de las inversiones en México. La empresa ha manifestado su resistencia a negociar pagos adicionales de la PTU, situando el diálogo en un terreno incierto y desafiante.
La minería es muy importante para la economía en México, país que en junio sufrió un revés inesperado por la caída del precio del oro y otros metales. La principal causa de esta brusca disminución provino del conflicto laboral en la mina Peñasquito, la mayor productora de oro, plata, zinc y plomo de ese país.
De otro lado, México es un país que viene modificando su política minera y ha anunciado su disposición a no entregar más concesiones mineras si los beneficios para el país no están plenamente asegurados.
En el conflicto de Peñasquito, el senador por el partido de gobierno, Napoleón Gómez Urrutia, ha sido una voz activa en el diálogo, sosteniendo que no se permitirá la violación de los derechos de los trabajadores.
Minera Peñasquito es la principal productora de oro en México, alcanzando las 566 mil onzas en 2022. Tiene más de 5 mil trabajadores que están en huelga desde el 7 de junio porque acusan a la empresa de violar el contrato colectivo de trabajo y omitir el pago completo de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).
A ello se suman acusaciones de incumplimiento con la Ley Federal del Trabajo, el T-MEC y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.
Tom Palmer, CEO de Newmont, ha destacado la revisión de la viabilidad de las inversiones en México. La empresa ha manifestado su resistencia a negociar pagos adicionales de la PTU, situando el diálogo en un terreno incierto y desafiante.
La minería es muy importante para la economía en México, país que en junio sufrió un revés inesperado por la caída del precio del oro y otros metales. La principal causa de esta brusca disminución provino del conflicto laboral en la mina Peñasquito, la mayor productora de oro, plata, zinc y plomo de ese país.
De otro lado, México es un país que viene modificando su política minera y ha anunciado su disposición a no entregar más concesiones mineras si los beneficios para el país no están plenamente asegurados.
En el conflicto de Peñasquito, el senador por el partido de gobierno, Napoleón Gómez Urrutia, ha sido una voz activa en el diálogo, sosteniendo que no se permitirá la violación de los derechos de los trabajadores.
Constitucionalidad del Decreto 754
se verá hoy en audiencia telemática
Septiembre 17 de 2023.- El día de hoy debe realizarse de manera telemática la audiencia pública para determinar si es constitucional o no el Decreto 754, que regula la consulta ambiental, luego de que la jueza constitucional Alejandra Cárdenas dijera no al pedido formulado por la Conaie para que la audiencia sea presencial y en el territorio de los pueblos afectados.
El movimiento indígena también había solicitado se difiera la realización de la audiencia, pero la jueza rechazó el pedido porque “las partes, terceros con interés; y, los amicus curiae han confirmado su participación” y “la agenda jurisdiccional de la Corte Constitucional impide que las juezas y jueces puedan trasladarse a los territorios señalados y realizar una audiencia presencial”.
A principios de la semana pasada, los dirigentes de la Conaie explicaron a la Corte que el intento de aplicar el Decreto 754 había generado graves hechos de violencia en Las Naves, provincia de Bolívar, y en Palo Quemado, provincia de Cotopaxi, localidades cuyos pobladores tienen una cultura y costumbres poco familiarizadas con los medios digitales que forman parte de la vida cotidiana en las ciudades.
“Para los líderes indígenas y campesinos que realmente están interesados en el desarrollo de la audiencia del presente caso porque la decisión que tome la Corte Constitucional afectará directamente su vida y su territorio, la participación a través de medios telemáticos resulta extraña, poco accesible, difícil de entender”, argumentaron los dirigentes.
“Por lo expuesto, solicitamos que la audiencia se realice de manera presencial en la capital de la provincia de Cotopaxi o de la provincia de Bolívar a fin de que la justicia constitucional se acerque a la ciudadanía de los sectores en donde surtirán efectos directos sus decisiones en el caso”, pidieron.
El pedido de inconstitucionalidad del Decreto 754 se ha convertido en un asunto de vida o muerte para el sector empresarial ecuatoriano. Aproximadamente un centenar de “amicus curiae” han llegado a la Corte Constitucional movilizando no sólo a las compañías mineras sino a gremios y asociaciones de otras ramas de la producción e inclusive a las cámaras de comercio binacionales solicitando se dé pase al decreto presidencial.
Dos de las empresas que debieron suspender el proceso de consulta, Adventus y Salazar, destacaron que el 7 de septiembre de 2023, en un auto de seguimiento, la Corte declaró prioritario el proceso y fijó la audiencia pública para el día de hoy.
Entretanto, el 11 de septiembre, el juez multicompetente de Las Naves, Segundo Holger García Benavides llamó a juicio a seis activistas de Las Naves, provincia de Bolívar, luego de dos días de audiencia a quienes acusaría de asociación ilícita de acuerdo a acusación de Curimining, por sus métodos de oposición a la aplicación de la consulta ambiental.
El movimiento indígena también había solicitado se difiera la realización de la audiencia, pero la jueza rechazó el pedido porque “las partes, terceros con interés; y, los amicus curiae han confirmado su participación” y “la agenda jurisdiccional de la Corte Constitucional impide que las juezas y jueces puedan trasladarse a los territorios señalados y realizar una audiencia presencial”.
A principios de la semana pasada, los dirigentes de la Conaie explicaron a la Corte que el intento de aplicar el Decreto 754 había generado graves hechos de violencia en Las Naves, provincia de Bolívar, y en Palo Quemado, provincia de Cotopaxi, localidades cuyos pobladores tienen una cultura y costumbres poco familiarizadas con los medios digitales que forman parte de la vida cotidiana en las ciudades.
“Para los líderes indígenas y campesinos que realmente están interesados en el desarrollo de la audiencia del presente caso porque la decisión que tome la Corte Constitucional afectará directamente su vida y su territorio, la participación a través de medios telemáticos resulta extraña, poco accesible, difícil de entender”, argumentaron los dirigentes.
“Por lo expuesto, solicitamos que la audiencia se realice de manera presencial en la capital de la provincia de Cotopaxi o de la provincia de Bolívar a fin de que la justicia constitucional se acerque a la ciudadanía de los sectores en donde surtirán efectos directos sus decisiones en el caso”, pidieron.
El pedido de inconstitucionalidad del Decreto 754 se ha convertido en un asunto de vida o muerte para el sector empresarial ecuatoriano. Aproximadamente un centenar de “amicus curiae” han llegado a la Corte Constitucional movilizando no sólo a las compañías mineras sino a gremios y asociaciones de otras ramas de la producción e inclusive a las cámaras de comercio binacionales solicitando se dé pase al decreto presidencial.
Dos de las empresas que debieron suspender el proceso de consulta, Adventus y Salazar, destacaron que el 7 de septiembre de 2023, en un auto de seguimiento, la Corte declaró prioritario el proceso y fijó la audiencia pública para el día de hoy.
Entretanto, el 11 de septiembre, el juez multicompetente de Las Naves, Segundo Holger García Benavides llamó a juicio a seis activistas de Las Naves, provincia de Bolívar, luego de dos días de audiencia a quienes acusaría de asociación ilícita de acuerdo a acusación de Curimining, por sus métodos de oposición a la aplicación de la consulta ambiental.
Aumenta número de mujeres mineras en Chihuahua
Septiembre 17 de 2023.- Estadísticas recientes dan cuenta que el número de mujeres mineras en la región sur de Chihuahua, México, ha aumentado en 50% en los últimos cinco años, pasando de 245 en el 2019 a 359 en este año.
Este incremento no es sólo el reflejo de un mayor acceso de las mujeres a trabajos en la minería, sino que también destaca los esfuerzos continuos por alcanzar la equidad de género en el ámbito laboral que vienen realizando las empresas del sector.
Para el presidente del Clúster Minero de Chihuahua, Pablo Méndez Alvídrez, el aumento de la presencia femenina responde al avance en políticas de igualdad de género, la promoción de la diversidad en el lugar de trabajo y la conciencia creciente sobre la necesidad de ofrecer oportunidades laborales sin distinción de género.
Según el ejecutivo, la industria minera en Chihuahua no solo está viendo un aumento en la participación femenina en roles operativos, sino también en posiciones de liderazgo.
Méndez Alvídrez resalta que de los 12 directores que forman el consejo del Clúster Minero, cuatro son mujeres que ocupan puestos de liderazgo en las empresas del lugar.
“El compromiso con la inclusión y diversidad de género está llevando a más empresas mineras a apostar por la integración de mujeres en sus equipos. Esta tendencia no solo beneficia a las mujeres, sino que también aporta una diversidad de perspectivas y habilidades que enriquecen y fortalecen la industria”, dice Méndez.
Este incremento no es sólo el reflejo de un mayor acceso de las mujeres a trabajos en la minería, sino que también destaca los esfuerzos continuos por alcanzar la equidad de género en el ámbito laboral que vienen realizando las empresas del sector.
Para el presidente del Clúster Minero de Chihuahua, Pablo Méndez Alvídrez, el aumento de la presencia femenina responde al avance en políticas de igualdad de género, la promoción de la diversidad en el lugar de trabajo y la conciencia creciente sobre la necesidad de ofrecer oportunidades laborales sin distinción de género.
Según el ejecutivo, la industria minera en Chihuahua no solo está viendo un aumento en la participación femenina en roles operativos, sino también en posiciones de liderazgo.
Méndez Alvídrez resalta que de los 12 directores que forman el consejo del Clúster Minero, cuatro son mujeres que ocupan puestos de liderazgo en las empresas del lugar.
“El compromiso con la inclusión y diversidad de género está llevando a más empresas mineras a apostar por la integración de mujeres en sus equipos. Esta tendencia no solo beneficia a las mujeres, sino que también aporta una diversidad de perspectivas y habilidades que enriquecen y fortalecen la industria”, dice Méndez.
Audiencia pública sobre consulta ambiental será el próximo lunes
Septiembre 10 de 2023.- El próximo lunes 18 de septiembre debe realizarse la audiencia pública vía telemática del caso 51-23-IN, planteado por la Conaie para que se declaren inconstitucionales todos los artículos contenidos en el Decreto Ejecutivo 754 que regula las consultas ambientales.
Dicho decreto fue emitido por el presidente de la República, Guillermo Lasso, en junio de este año y dio lugar a que las empresas que tienen a su cargo los proyectos mineros La Plata, Curipamba y la construcción de una planta de biolixiviación, iniciaran los procesos de consulta ambiental como primer paso para obtener la licencia correspondiente.
La consulta, sin embargo, tuvo que ser detenida. Una serie de protestas protagonizadas por pobladores que cuestionaban la forma en que se estaban realizando así como la intervención de la policía en las manifestaciones, dieron lugar a que la Corte Constitucional ordenara la suspensión de los procesos en marcha.
Ahora la Corte ha pedido a los dirigentes Leonidas Iza y Marlon Vargas, así como al presidente Lasso y los ministros del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y de Energía y Minas; principalmente, que presenten sus argumentos en torno a este caso que es considerado decisivo para el futuro del desarrollo de la industria minera en el país.
Dicho decreto fue emitido por el presidente de la República, Guillermo Lasso, en junio de este año y dio lugar a que las empresas que tienen a su cargo los proyectos mineros La Plata, Curipamba y la construcción de una planta de biolixiviación, iniciaran los procesos de consulta ambiental como primer paso para obtener la licencia correspondiente.
La consulta, sin embargo, tuvo que ser detenida. Una serie de protestas protagonizadas por pobladores que cuestionaban la forma en que se estaban realizando así como la intervención de la policía en las manifestaciones, dieron lugar a que la Corte Constitucional ordenara la suspensión de los procesos en marcha.
Ahora la Corte ha pedido a los dirigentes Leonidas Iza y Marlon Vargas, así como al presidente Lasso y los ministros del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y de Energía y Minas; principalmente, que presenten sus argumentos en torno a este caso que es considerado decisivo para el futuro del desarrollo de la industria minera en el país.
Nuevo colegio profesional buscará fortalecer el control minero
Giovanny Mullo, izquierda, y David Gallegos.
Septiembre 10 de 2023.- Mediante acuerdo ministerial del 4 de septiembre de 2023, el viceministerio de Minas autorizó el otorgamiento de personería jurídica y aprobó el estatuto de la organización civil denominada Colegio Nacional de Auditores Técnicos Mineros del Ecuador, Autecmin.
La responsabilidad de los auditores mineros es verificar la información técnica legal y económica dada en los informes periódicos de trabajo, exploración y/o producción, de todos los concesionarios mineros, excepto de los mineros artesanales.
Los informes de producción son una obligación legal que tienen que cumplir todas las empresas mineras y el auditor se encarga de verificar que esta información que presentan los titulares mineros y las empresas al Estado sea correcta y verídica.
“Lo más importante de nuestra labor es que verificamos la producción de estas concesiones mineras para que esté de acuerdo con las regalías que se pagan al Estado”, señaló David Gallegos, presidente de Autecmin.
“También tenemos que verificar que todos los trabajadores que estén realizando labores mineras o de exploración en cualquiera de las etapas, estén legalmente enrolados en la empresa, es decir que estén afiliados al IESS y usen el equipo de protección personal”, agregó el secretario de la institución, Geovanny Mullo.
Consultados sobre los desafíos que se plantea este colectivo profesional, los directivos indicaron que existen aproximadamente 90 auditores mineros registrados en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Arcernr.
Para ser calificados como auditores mineros, estos especialistas que son, por lo general, ingenieros, geólogos o ingenieros mineros, tienen que cumplir con los requisitos del “Instructivo para Calificación y Registro de Auditores Técnicos Mineros”, aprobado en primera instancia el 15 de marzo del año 2017.
Autecmin inició su existencia legal al amparo de las disposiciones del título XXX del Libro I del Código Civil Ecuatoriano y del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, como una entidad de personalidad jurídica autónoma y de derecho privado, sin fines de lucro, con capacidad civil para contratar, con la finalidad social y, con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, y los reglamentos internos que se expidieren.
En el artículo 3 del mencionado acuerdo ministerial, se señala como los principales objetivos de la organización civil según dispuesto en el artículo 7 de su Estatuto Social, los siguientes: “la profesionalización y especialización técnica, la defensa y respaldo ante terceros, velar por la ética en el ejercicio de la profesión, y trabajar en representación y en beneficio de sus esgrimidos (sic)”.
La responsabilidad de los auditores mineros es verificar la información técnica legal y económica dada en los informes periódicos de trabajo, exploración y/o producción, de todos los concesionarios mineros, excepto de los mineros artesanales.
Los informes de producción son una obligación legal que tienen que cumplir todas las empresas mineras y el auditor se encarga de verificar que esta información que presentan los titulares mineros y las empresas al Estado sea correcta y verídica.
“Lo más importante de nuestra labor es que verificamos la producción de estas concesiones mineras para que esté de acuerdo con las regalías que se pagan al Estado”, señaló David Gallegos, presidente de Autecmin.
“También tenemos que verificar que todos los trabajadores que estén realizando labores mineras o de exploración en cualquiera de las etapas, estén legalmente enrolados en la empresa, es decir que estén afiliados al IESS y usen el equipo de protección personal”, agregó el secretario de la institución, Geovanny Mullo.
Consultados sobre los desafíos que se plantea este colectivo profesional, los directivos indicaron que existen aproximadamente 90 auditores mineros registrados en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Arcernr.
Para ser calificados como auditores mineros, estos especialistas que son, por lo general, ingenieros, geólogos o ingenieros mineros, tienen que cumplir con los requisitos del “Instructivo para Calificación y Registro de Auditores Técnicos Mineros”, aprobado en primera instancia el 15 de marzo del año 2017.
Autecmin inició su existencia legal al amparo de las disposiciones del título XXX del Libro I del Código Civil Ecuatoriano y del Reglamento para el Otorgamiento de Personalidad Jurídica a las Organizaciones Sociales, como una entidad de personalidad jurídica autónoma y de derecho privado, sin fines de lucro, con capacidad civil para contratar, con la finalidad social y, con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, y los reglamentos internos que se expidieren.
En el artículo 3 del mencionado acuerdo ministerial, se señala como los principales objetivos de la organización civil según dispuesto en el artículo 7 de su Estatuto Social, los siguientes: “la profesionalización y especialización técnica, la defensa y respaldo ante terceros, velar por la ética en el ejercicio de la profesión, y trabajar en representación y en beneficio de sus esgrimidos (sic)”.
La cuenca del río Tundayme bajo estudio
por los efectos de la mina Mirador
Agosto 27 del 20223.- Cuatro años después del inicio de actividades en la mina de cobre Mirador, en el sur de Ecuador, dicha operación viene siendo examinada con lupa por los impactos que sus relaveras podrían provocar en la principal cuenca hídrica que atraviesan, la del río Tundayme.
El examen fue solicitado por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) que, al momento de plantear la licitación, recordó que en la Resolución No. 223 del 13 de julio de 2016, correspondiente a la Licencia Ambiental para la fase de Beneficio Ampliación de 30 kt a 60 kt por día, establece lo siguiente: “Previo al inicio de actividades de construcción de la Relavera Tundayme, deberá realizar el Estudio de Cuencas Hídricas, de acuerdo al Manual para la Evaluación de Cuencas Hidrológicas de Shiela Murphy, U.S. Geological Survey, Melinda Laituri, Colorado University, Brenda Faber, for site consulting, In., Angue Henn, Colorado State University, Rob Buirgy, Big Thmpson, Water Forum 2008 y del Manual Secretaría de la Convención Ramsar 2010 sobre el Manejo de cuencas hidrográficas. 4ta edición, vol.9. Secretaría de la convención Rammsar, Gland (Suiza)”.
El documento dice que el estudio “deberá contener: 1) una descripción sobre la variación de la cantidad de agua dentro de la cuenca considerando los factores principales responsables de la diversidad; 2) descripción sobre los usos de agua (desvíos artificiales), 3) la cantidad de agua dentro de la cuenca (nivel freático); 4) descripción sobre la cantidad de especies que migraran al canal y al túnel de desvío aplicado para toda la fauna acuática (Ictiofauna, macro invertebrados acuáticos y limnología). Además de ello, 5) la interacción de la vegetación riparia, cuyas comunidades vegetativas serán clasificadas según su importancia de uso y cobertura, así como también de las que se crearan como parte del hábitat para la fauna acuática”.
Las bases de la licitación establecen los siguientes objetivos específicos:
* Determinar los cambios en la composición y abundancia de las especies faunísticas y otros parámetros, que pudieran asociarse con los impactos acumulativos del proyecto u otros actores en el presente y futuro para proponer medidas relativas a la conservación y manejo de la vida silvestre.
* Conocer y actualizar la magnitud del efecto y/o impacto logrado con la intervención de EcuaCorriente S.A. en las cuencas hídricas.
* Generar información científica que permitan futuras publicaciones y o difusiones.
Para ejecutar esta consultoría, un equipo de la Universidad Ikiam ganó un concurso en el que participaron la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad Central del Ecuador, la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad Nacional de Loja y la Universidad de Cuenca, El estudio tiene un valor de 178 mil dólares y concluye en octubre del año en curso.
La relavera Tundayme tiene capacidad para almacenar hasta 434 millones de metros cúbicos de lodos y demás residuos producidos en el procesamiento de roca para obtener el concentrado de cobre que es el producto que se extrae de la planta de beneficio del complejo Mirador.
Sobre la elaboración de la consultoría conversamos con el ingeniero Carlos Gutiérrez, de Ikiam, director del proyecto.
Gutiérrez, con amplia experiencia en proyectos de agua potable, riego y riesgos en el ámbito de la hidrología y 28 años como profesor universitario, es el director del “Estudio de cuencas hídricas de la relavera Tundayme” encargado a un equipo interdisciplinario conformado por 11 profesionales.
El examen fue solicitado por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) que, al momento de plantear la licitación, recordó que en la Resolución No. 223 del 13 de julio de 2016, correspondiente a la Licencia Ambiental para la fase de Beneficio Ampliación de 30 kt a 60 kt por día, establece lo siguiente: “Previo al inicio de actividades de construcción de la Relavera Tundayme, deberá realizar el Estudio de Cuencas Hídricas, de acuerdo al Manual para la Evaluación de Cuencas Hidrológicas de Shiela Murphy, U.S. Geological Survey, Melinda Laituri, Colorado University, Brenda Faber, for site consulting, In., Angue Henn, Colorado State University, Rob Buirgy, Big Thmpson, Water Forum 2008 y del Manual Secretaría de la Convención Ramsar 2010 sobre el Manejo de cuencas hidrográficas. 4ta edición, vol.9. Secretaría de la convención Rammsar, Gland (Suiza)”.
El documento dice que el estudio “deberá contener: 1) una descripción sobre la variación de la cantidad de agua dentro de la cuenca considerando los factores principales responsables de la diversidad; 2) descripción sobre los usos de agua (desvíos artificiales), 3) la cantidad de agua dentro de la cuenca (nivel freático); 4) descripción sobre la cantidad de especies que migraran al canal y al túnel de desvío aplicado para toda la fauna acuática (Ictiofauna, macro invertebrados acuáticos y limnología). Además de ello, 5) la interacción de la vegetación riparia, cuyas comunidades vegetativas serán clasificadas según su importancia de uso y cobertura, así como también de las que se crearan como parte del hábitat para la fauna acuática”.
Las bases de la licitación establecen los siguientes objetivos específicos:
* Determinar los cambios en la composición y abundancia de las especies faunísticas y otros parámetros, que pudieran asociarse con los impactos acumulativos del proyecto u otros actores en el presente y futuro para proponer medidas relativas a la conservación y manejo de la vida silvestre.
* Conocer y actualizar la magnitud del efecto y/o impacto logrado con la intervención de EcuaCorriente S.A. en las cuencas hídricas.
* Generar información científica que permitan futuras publicaciones y o difusiones.
Para ejecutar esta consultoría, un equipo de la Universidad Ikiam ganó un concurso en el que participaron la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad Central del Ecuador, la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad Nacional de Loja y la Universidad de Cuenca, El estudio tiene un valor de 178 mil dólares y concluye en octubre del año en curso.
La relavera Tundayme tiene capacidad para almacenar hasta 434 millones de metros cúbicos de lodos y demás residuos producidos en el procesamiento de roca para obtener el concentrado de cobre que es el producto que se extrae de la planta de beneficio del complejo Mirador.
Sobre la elaboración de la consultoría conversamos con el ingeniero Carlos Gutiérrez, de Ikiam, director del proyecto.
Gutiérrez, con amplia experiencia en proyectos de agua potable, riego y riesgos en el ámbito de la hidrología y 28 años como profesor universitario, es el director del “Estudio de cuencas hídricas de la relavera Tundayme” encargado a un equipo interdisciplinario conformado por 11 profesionales.
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Antes que nada, ingeniero, díganos ¿qué es una cuenca hídrica?
No es más que un área de territorio a la cual convergen todas las correntías o las aguas de lluvias que caen desde la parte alta hacia la parte baja. Dentro de una cuenca hidrográfica, área o territorio, existe cantidad de seres vivos que significan la parte ecosistémica. Además, se compone de diferentes tipos de suelos, diferentes tipos de vegetación y las poblaciones de seres vivos humanos, animales y plantas que están asentados. Esta cuenca provee servicios para toda esta cantidad de seres. Servicios, por ejemplo, de agua, aire, recursos naturales, minerales como el cobre y petróleo en otros casos.
¿Qué es una cuenca hídrica intervenida?
Todos estos recursos naturales se encuentran en las fuentes hidrográficas, entonces, cuando nosotros intervenimos una cuenca estamos afectando o alterando el funcionamiento de la misma. El elemento más afectado con la intervención de la cuenca es el agua. ¿Por qué? Porque al excavar el subsuelo en donde están las fuentes de agua de pronto estas se van por otro lado, se pierden o las contaminamos y simplemente ya no podemos aprovecharlas y ese es el gran problema que estamos causando cuando intervenimos una cuenca hidrográfica. También podemos correr el riesgo de perder todos los servicios ecosistémicos que nos da la cuenca, podemos hasta perder la vida si no vamos a tener los recursos necesarios para seguir viviendo.
¿En qué consiste el estudio?
Prácticamente es una fase inicial de diagnóstico, es decir, cómo se encuentra la cuenca intervenida y cuál ha sido la afectación que está causando la extracción del cobre en los recursos naturales y específicamente en el agua.
Para extraer los minerales la minera construye sus relaveras, que son unas piscinas en las cuales se recolecta todo el agua proveniente de la lluvia y la parte que aquellos utilizan para procesar el mineral. Para no contaminar aguas abajo, hay diques de contención pues ellos van subiendo los niveles de las relaveras y el agua va fluyendo a través de los sistemas de drenaje que han construido.
El agua fluye de la parte subsuperficial y superficial y también de la subterránea y por eso también estamos evaluando cuál sería la influencia o la contaminación que podrían producir estas relaveras en las aguas subterráneas a través de los estudios isotópicos y los estudios hidrogeológicos.
De acuerdo a lo que el gobierno solicita, el estudio solamente es la actividad del Tundayme, y por supuesto al hablar de cuencas y aguas subterráneas tenemos que hablar de las cuencas aledañas, la de Quimi y la del Wawaime en este caso.
En la de Quimi solamente trabajamos la parte de especies acuáticas y en la del Tundayme analizamos todos los procesos en sus cuatro componentes.
No es más que un área de territorio a la cual convergen todas las correntías o las aguas de lluvias que caen desde la parte alta hacia la parte baja. Dentro de una cuenca hidrográfica, área o territorio, existe cantidad de seres vivos que significan la parte ecosistémica. Además, se compone de diferentes tipos de suelos, diferentes tipos de vegetación y las poblaciones de seres vivos humanos, animales y plantas que están asentados. Esta cuenca provee servicios para toda esta cantidad de seres. Servicios, por ejemplo, de agua, aire, recursos naturales, minerales como el cobre y petróleo en otros casos.
¿Qué es una cuenca hídrica intervenida?
Todos estos recursos naturales se encuentran en las fuentes hidrográficas, entonces, cuando nosotros intervenimos una cuenca estamos afectando o alterando el funcionamiento de la misma. El elemento más afectado con la intervención de la cuenca es el agua. ¿Por qué? Porque al excavar el subsuelo en donde están las fuentes de agua de pronto estas se van por otro lado, se pierden o las contaminamos y simplemente ya no podemos aprovecharlas y ese es el gran problema que estamos causando cuando intervenimos una cuenca hidrográfica. También podemos correr el riesgo de perder todos los servicios ecosistémicos que nos da la cuenca, podemos hasta perder la vida si no vamos a tener los recursos necesarios para seguir viviendo.
¿En qué consiste el estudio?
Prácticamente es una fase inicial de diagnóstico, es decir, cómo se encuentra la cuenca intervenida y cuál ha sido la afectación que está causando la extracción del cobre en los recursos naturales y específicamente en el agua.
Para extraer los minerales la minera construye sus relaveras, que son unas piscinas en las cuales se recolecta todo el agua proveniente de la lluvia y la parte que aquellos utilizan para procesar el mineral. Para no contaminar aguas abajo, hay diques de contención pues ellos van subiendo los niveles de las relaveras y el agua va fluyendo a través de los sistemas de drenaje que han construido.
El agua fluye de la parte subsuperficial y superficial y también de la subterránea y por eso también estamos evaluando cuál sería la influencia o la contaminación que podrían producir estas relaveras en las aguas subterráneas a través de los estudios isotópicos y los estudios hidrogeológicos.
De acuerdo a lo que el gobierno solicita, el estudio solamente es la actividad del Tundayme, y por supuesto al hablar de cuencas y aguas subterráneas tenemos que hablar de las cuencas aledañas, la de Quimi y la del Wawaime en este caso.
En la de Quimi solamente trabajamos la parte de especies acuáticas y en la del Tundayme analizamos todos los procesos en sus cuatro componentes.
¿Cuáles son esos componentes que analizarán?
La hidrología superficial o aguas superficiales y las aguas subterráneas. Segundo, su interacción a través de lo que es la isotopía y la hidrogeología de la cuenca. Tercero, las cuencas subterráneas tienen su vinculación con los acuíferos de las otras cuencas, entonces, monitoreamos pozos de la misma minera y a través de los estudios de geofísica determinamos cuál sería el impacto de las aguas subterráneas de la una cuenca en la otra. Y el cuarto componente es la ecología acuática, es decir, cómo es la intervención de la mina. Esta intervención humana o antrópica, ha influenciado en la vida de los peces o macro invertebrados. Ellos, por ejemplo, al ver que el agua comienza a contaminarse tratan de irse a otros ríos o afluentes que están cercanos. Porque si es que el Tundayme está contaminado se van al Quimi o al Wawayme.
Entonces, ahí monitoreamos el cambio de las especies en las dos vecinas y la central que es la cuenca propia del proyecto.
¿La consultoría tiene especialistas con experiencia en minería?
La minera nos ha entregado toda la información que genera su equipamiento de monitoreo sobre meteorología, pluviosidad, de sus pozos hidráulicos, toda la documentación, fotográfica, espacial, etc. que es muy completa y la estamos aprovechando al máximo.
La ventaja es que tenemos una mayor cantidad de consultores docentes de la Universidad con diferente preparación: hay hidrogeólogos, ingenieros hidráulicos, hidrólogos, especialistas en ecología acuática, en macroinvertebrados, en ranas, en humedales que son la parte fundamental de arriba del área de estudio… hemos hecho trabajo de campo arriba de los campamentos.
Y, adicionalmente, se están realizando alrededor de doce tesis de investigación. Los chicos tienen apoyo económico de parte de proyecto con todos los procesos de compras públicas y legales incluidos.
Esa experiencia es más que cualquier otra que han tenido, por ejemplo, a veces hacen investigaciones en el río Tena, lo que es de pronto un poco más didáctico pero en cambio acá es para ellos una experiencia de trabajo más real porque estamos viendo que la cuenca está en proceso de intervención.
La hidrología superficial o aguas superficiales y las aguas subterráneas. Segundo, su interacción a través de lo que es la isotopía y la hidrogeología de la cuenca. Tercero, las cuencas subterráneas tienen su vinculación con los acuíferos de las otras cuencas, entonces, monitoreamos pozos de la misma minera y a través de los estudios de geofísica determinamos cuál sería el impacto de las aguas subterráneas de la una cuenca en la otra. Y el cuarto componente es la ecología acuática, es decir, cómo es la intervención de la mina. Esta intervención humana o antrópica, ha influenciado en la vida de los peces o macro invertebrados. Ellos, por ejemplo, al ver que el agua comienza a contaminarse tratan de irse a otros ríos o afluentes que están cercanos. Porque si es que el Tundayme está contaminado se van al Quimi o al Wawayme.
Entonces, ahí monitoreamos el cambio de las especies en las dos vecinas y la central que es la cuenca propia del proyecto.
¿La consultoría tiene especialistas con experiencia en minería?
La minera nos ha entregado toda la información que genera su equipamiento de monitoreo sobre meteorología, pluviosidad, de sus pozos hidráulicos, toda la documentación, fotográfica, espacial, etc. que es muy completa y la estamos aprovechando al máximo.
La ventaja es que tenemos una mayor cantidad de consultores docentes de la Universidad con diferente preparación: hay hidrogeólogos, ingenieros hidráulicos, hidrólogos, especialistas en ecología acuática, en macroinvertebrados, en ranas, en humedales que son la parte fundamental de arriba del área de estudio… hemos hecho trabajo de campo arriba de los campamentos.
Y, adicionalmente, se están realizando alrededor de doce tesis de investigación. Los chicos tienen apoyo económico de parte de proyecto con todos los procesos de compras públicas y legales incluidos.
Esa experiencia es más que cualquier otra que han tenido, por ejemplo, a veces hacen investigaciones en el río Tena, lo que es de pronto un poco más didáctico pero en cambio acá es para ellos una experiencia de trabajo más real porque estamos viendo que la cuenca está en proceso de intervención.
¿Algunas características del área de intervención?
La cuenca del río Tundayme fue desviada como en 2 km a través de un túnel por la margen derecha de la cuenca para instalar la relavera. El túnel tiene unos 3 metros de ancho y 2,5 kilómetros de largo y un metro cúbico por segundo de caudal en época baja. Entonces, están todos los tributarios.
¿Qué indicadores van a arrojar los resultados del estudio?
Primero, en cuanto a las aguas superficiales si es que los caudales o aguas superficiales han variado o no con respecto a la cuenca sin intervenir, no solamente en esta época normal, sino una época de lluvias intensas. Por eso evaluamos la parte alta, para ver cómo está la cuenca sin intervenir.
Hemos trabajado ya fotografías actuales para verificar el estado del uso de suelo, la variación de la cuenca y con eso calculamos algunos parámetros físicos, climatológicos, de textura, etc. y modelamos cómo está reaccionando la cuenca y cuál es el impacto en cuanto a la cantidad de agua, qué pasa en caso de producirse lluvias muy fuertes y en aguas subterráneas.
¿Cómo influye en los caudales la actividad de la mina?
Si bien es cierto el único parámetro factor de entrada es la lluvia, también está en función del área de drenaje, de la cantidad de agua que va a producir la cuenca. Pero si el río está desviado, como es el caso, esa área de la cuenca ya no está aportando con el agua que va a almacenar, porque el caudal está retenido en la relavera, en las piscinas y esa parte ya no contribuye a tener el mismo caudal del río en la parte baja.
Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una disminución de caudal especialmente en épocas normales de comportamiento del clima, pero en épocas de crecidas de lluvias muy fuertes puede que el río crezca en la parte alta y que ese caudal que hemos visto, esa estructura que está arriba se desvía hacia el propio río que era antes. Y esto va a influir en las mismas relaveras. Y queremos evaluar, en caso de que las relaveras o las piscinas de abajo se desborden ¿qué pasaría? En este caso, con los caudales ya en el mismo río, la contaminación y la infraestructura que está ubicada ahí, ventajosamente abajo no se encuentra nada de población.
¿Y en las aguas subterráneas?
En la siguiente parte, vemos el agua subterránea. Por ejemplo, si es que la cuenca natural estaba ahí había una recarga natural. Pero ahora ¿qué pasa? Ahora encontramos una relavera que está reteniendo prácticamente una gran cantidad de agua. Y aguas abajo encontramos alrededor de unas tres o cuatro piscinas que están fluyendo o están recargando hacia el acuífero. Entonces queremos ver si eso aumenta la recarga del acuífero y con qué calidad está llegando hacia el acuífero, si está contaminando o no. Antes era agua natural la que recargaba el acuífero y ese acuífero alimentaba a los ríos.
Ahora, si el agua muestra la misma calidad de agua que tenía antes, implicaría que las piscinas se encuentran bien organizadas y no tienen contacto o fuga hacia la parte de los acuíferos.
Y eso implica también que si decimos miren el agua está contaminada con tales tipos de químicos o de metales, que la minera que tome precauciones, como que hay que impermeabilizar tal y tal sitio, pero si se observa que el agua tiene la misma calidad entonces se ve que están utilizando tecnología que está funcionando bien y que realmente no hay ningún tipo de contaminación.
Los estudios son para que tomen las debidas previsiones en este momento en que realmente recién está comenzando la explotación.
La cuenca del río Tundayme fue desviada como en 2 km a través de un túnel por la margen derecha de la cuenca para instalar la relavera. El túnel tiene unos 3 metros de ancho y 2,5 kilómetros de largo y un metro cúbico por segundo de caudal en época baja. Entonces, están todos los tributarios.
¿Qué indicadores van a arrojar los resultados del estudio?
Primero, en cuanto a las aguas superficiales si es que los caudales o aguas superficiales han variado o no con respecto a la cuenca sin intervenir, no solamente en esta época normal, sino una época de lluvias intensas. Por eso evaluamos la parte alta, para ver cómo está la cuenca sin intervenir.
Hemos trabajado ya fotografías actuales para verificar el estado del uso de suelo, la variación de la cuenca y con eso calculamos algunos parámetros físicos, climatológicos, de textura, etc. y modelamos cómo está reaccionando la cuenca y cuál es el impacto en cuanto a la cantidad de agua, qué pasa en caso de producirse lluvias muy fuertes y en aguas subterráneas.
¿Cómo influye en los caudales la actividad de la mina?
Si bien es cierto el único parámetro factor de entrada es la lluvia, también está en función del área de drenaje, de la cantidad de agua que va a producir la cuenca. Pero si el río está desviado, como es el caso, esa área de la cuenca ya no está aportando con el agua que va a almacenar, porque el caudal está retenido en la relavera, en las piscinas y esa parte ya no contribuye a tener el mismo caudal del río en la parte baja.
Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una disminución de caudal especialmente en épocas normales de comportamiento del clima, pero en épocas de crecidas de lluvias muy fuertes puede que el río crezca en la parte alta y que ese caudal que hemos visto, esa estructura que está arriba se desvía hacia el propio río que era antes. Y esto va a influir en las mismas relaveras. Y queremos evaluar, en caso de que las relaveras o las piscinas de abajo se desborden ¿qué pasaría? En este caso, con los caudales ya en el mismo río, la contaminación y la infraestructura que está ubicada ahí, ventajosamente abajo no se encuentra nada de población.
¿Y en las aguas subterráneas?
En la siguiente parte, vemos el agua subterránea. Por ejemplo, si es que la cuenca natural estaba ahí había una recarga natural. Pero ahora ¿qué pasa? Ahora encontramos una relavera que está reteniendo prácticamente una gran cantidad de agua. Y aguas abajo encontramos alrededor de unas tres o cuatro piscinas que están fluyendo o están recargando hacia el acuífero. Entonces queremos ver si eso aumenta la recarga del acuífero y con qué calidad está llegando hacia el acuífero, si está contaminando o no. Antes era agua natural la que recargaba el acuífero y ese acuífero alimentaba a los ríos.
Ahora, si el agua muestra la misma calidad de agua que tenía antes, implicaría que las piscinas se encuentran bien organizadas y no tienen contacto o fuga hacia la parte de los acuíferos.
Y eso implica también que si decimos miren el agua está contaminada con tales tipos de químicos o de metales, que la minera que tome precauciones, como que hay que impermeabilizar tal y tal sitio, pero si se observa que el agua tiene la misma calidad entonces se ve que están utilizando tecnología que está funcionando bien y que realmente no hay ningún tipo de contaminación.
Los estudios son para que tomen las debidas previsiones en este momento en que realmente recién está comenzando la explotación.
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La injusticia fiscal y la desigualdad en una primera cumbre
Julio 30 de 2023.- Ministros de Hacienda y funcionarias y funcionarios de alto nivel de los gobiernos de al menos 15 países de América Latina y del Caribe, representando 90% de la población de la región, se reunieron en Cartagena (Colombia) el 27 y 28 de julio en ocasión de la Primera Cumbre Ministerial para una “Tributación Global Incluyente, Sostenible y Equitativa”.
La Cumbre tuvo como coanfitriones los países de Colombia, Chile y Brasil, que invitaron a toda la región a sumarse a la articulación para definir conjuntamente un futuro tributario más justo. La delegación de Colombia estuvo encabezada por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la de Chile, por el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Brasil estuvo representado por Guilherme Mello, secretario de Política Económica en el Ministerio de Hacienda.
Bajo el paraguas de la Cepal, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, la Cumbre creará una Plataforma Regional interministerial para lograr acuerdos en materia de política tributaria internacional. Los países asistentes a la Cumbre impulsarán nuevos acuerdos en política fiscal global desde una perspectiva regional, para que sea más progresiva, equitativa y sostenible.
América Latina y el Caribe es una de las áreas más desiguales del mundo, donde el 10% más rico concentra el 77% de la riqueza total de los hogares, mientras que el 50% inferior de la distribución ni siquiera posee el 1%. Los países de la región comparten un arraigado sistema fiscal regresivo, reflejo de una deficiencia histórica en la tributación de las rentas altas, en particular de las rentas del capital.
Además, los países de la región pierden el equivalente al 6,1% del PIB total debido a fraude, evasión y elusión fiscal (según datos de la Cepal), mientras el 27% de la riqueza de la región se encuentra offshore (según el economista Gabriel Zucman). Así, los países carecen de recursos suficientes para abordar políticas sociales más efectivas para combatir la desigualdad.
Y ningún país logrará afrontar la crisis climática sin revisar la tributación nacional e internacional.
Además de los coanfitriones Colombia, Chile y Brasil, confirmaron su participación los gobiernos de Argentina, México, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Honduras, Panamá, Haití, República Dominicana, Perú, Barbados y Ecuador. A las delegaciones de países se les sumaron observadores internacionales de las Naciones Unidas, OCDE, FMI y BID, entre otros.
En Cartagena se dieron también cita representantes de más de 50 organizaciones, redes, plataformas y movimientos sociales, algunos de los cuales participarán como observadores oficiales en la Cumbre, y reforzarán ante los gobiernos participantes la necesidad de generar avances reales. En el marco de la campaña regional por un pacto fiscal justo, la sociedad civil demanda construir una verdadera posición latinocaribeña en los procesos globales y en particular para la implementación de la resolución 77/244 adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2022, que permitiría una lucha más justa contra los flujos financieros ilícitos y la evasión y elusión fiscales. La sociedad civil demanda también asegurar la participación genuina en la nueva Plataforma Regional, a través de la creación de un Consejo Consultivo Permanente de sociedad civil y de la participación de forma activa en los grupos de trabajo que se configuren en la Cumbre de Cartagena.
El Premio Nobel por la economía Joseph Stiglitz disertó en el plenario de la Cumbre el viernes 28 de julio, sobre el tema “Construyendo una agenda de política fiscal desde el Sur Global”.
La Cumbre tuvo como coanfitriones los países de Colombia, Chile y Brasil, que invitaron a toda la región a sumarse a la articulación para definir conjuntamente un futuro tributario más justo. La delegación de Colombia estuvo encabezada por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la de Chile, por el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Brasil estuvo representado por Guilherme Mello, secretario de Política Económica en el Ministerio de Hacienda.
Bajo el paraguas de la Cepal, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, la Cumbre creará una Plataforma Regional interministerial para lograr acuerdos en materia de política tributaria internacional. Los países asistentes a la Cumbre impulsarán nuevos acuerdos en política fiscal global desde una perspectiva regional, para que sea más progresiva, equitativa y sostenible.
América Latina y el Caribe es una de las áreas más desiguales del mundo, donde el 10% más rico concentra el 77% de la riqueza total de los hogares, mientras que el 50% inferior de la distribución ni siquiera posee el 1%. Los países de la región comparten un arraigado sistema fiscal regresivo, reflejo de una deficiencia histórica en la tributación de las rentas altas, en particular de las rentas del capital.
Además, los países de la región pierden el equivalente al 6,1% del PIB total debido a fraude, evasión y elusión fiscal (según datos de la Cepal), mientras el 27% de la riqueza de la región se encuentra offshore (según el economista Gabriel Zucman). Así, los países carecen de recursos suficientes para abordar políticas sociales más efectivas para combatir la desigualdad.
Y ningún país logrará afrontar la crisis climática sin revisar la tributación nacional e internacional.
Además de los coanfitriones Colombia, Chile y Brasil, confirmaron su participación los gobiernos de Argentina, México, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Honduras, Panamá, Haití, República Dominicana, Perú, Barbados y Ecuador. A las delegaciones de países se les sumaron observadores internacionales de las Naciones Unidas, OCDE, FMI y BID, entre otros.
En Cartagena se dieron también cita representantes de más de 50 organizaciones, redes, plataformas y movimientos sociales, algunos de los cuales participarán como observadores oficiales en la Cumbre, y reforzarán ante los gobiernos participantes la necesidad de generar avances reales. En el marco de la campaña regional por un pacto fiscal justo, la sociedad civil demanda construir una verdadera posición latinocaribeña en los procesos globales y en particular para la implementación de la resolución 77/244 adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2022, que permitiría una lucha más justa contra los flujos financieros ilícitos y la evasión y elusión fiscales. La sociedad civil demanda también asegurar la participación genuina en la nueva Plataforma Regional, a través de la creación de un Consejo Consultivo Permanente de sociedad civil y de la participación de forma activa en los grupos de trabajo que se configuren en la Cumbre de Cartagena.
El Premio Nobel por la economía Joseph Stiglitz disertó en el plenario de la Cumbre el viernes 28 de julio, sobre el tema “Construyendo una agenda de política fiscal desde el Sur Global”.
Foro internacional promueve
reformas tributarias en el sector minero
Julio 2 de 2023.- Con la finalidad de apoyar a los países ricos en recursos minerales interesados en reformular sus políticas tributarias la semana pasada se realizó la Conferencia mundial sobre el futuro de la tributación de los recursos, evento que tuvo lugar en el Centro Internacional de Conferencias Mulungushi en Lusaka, Zambia.
La cita reunió a funcionarios gubernamentales de los ministerios de minería, finanzas y autoridades fiscales, así como a representantes de la industria, la sociedad civil, el mundo académico y organizaciones internacionales que están interesados en explorar impuestos efectivos y políticas fiscales para el sector minero en evolución y la economía global.
Fue una conferencia de tres días organizada por el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF), al que pertenece Ecuador; y el Foro Africano de Administración Tributaria (ATAF) en conjunto con la Autoridad Fiscal de Zambia (ZRA). También debe mencionarse al IISD que tiene la Secretaría del IGF desde 2015.
Durante el evento, ATAF e IGF lanzaron el documento The Future of Resource Taxation Handbook, que presenta un menú de medidas fiscales innovadoras aportadas por los gobiernos, la sociedad civil, la academia y la industria, que apuntan a fortalecer la recaudación de ingresos mineros, de manera sostenible, mientras ayudan a combatir cambio climático.
El documento conceptual puede verse en:
https://www.iisd.org/system/files/2023-06/future-of-resource-taxation-es.pdf
La idea que recorre el documento es replantear el esquema tributario para que los países dueños de los recursos se beneficien realmente de su explotación. En síntesis, se trata de un manual para formuladores de políticas conteniendo diez ideas de políticas para movilizar los ingresos de la minería, es decir, un menú de medidas fiscales para fortalecer la recaudación de ingresos en el sector minero.
Se parte de que el sector minero se encuentra en un nexo de importantes fenómenos globales: el impacto del cambio climático y el impulso para ecologizar la economía mundial, el desarrollo de nuevas tecnologías que afectan los mercados laborales y el impulso global contra las desigualdades y a favor de las reformas fiscales.
Estas tendencias están aumentando la importancia de la minería tanto por su producción mineral como financiera.
En ese contexto, los gobiernos necesitan medidas fiscales nuevas e innovadoras para proteger los intereses financieros del público durante la próxima generación de extracción de recursos.
Como tal, el IGF se asoció con el Foro Africano de Administración Tributaria (ATAF) en 2020 para lanzar un proyecto ambicioso: El futuro de la fiscalidad de los recursos. El futuro de la tributación de los recursos replantea cómo los países en desarrollo se benefician financieramente de sus recursos minerales.
El proyecto es un diálogo dedicado para los gobiernos, la sociedad civil y la industria para intercambiar ideas sobre cómo se puede mejorar el sistema actual de impuestos a la minería e identificar opciones fiscales nuevas e innovadoras para que los países ricos en recursos maximicen los rendimientos de su riqueza mineral.
La cita reunió a funcionarios gubernamentales de los ministerios de minería, finanzas y autoridades fiscales, así como a representantes de la industria, la sociedad civil, el mundo académico y organizaciones internacionales que están interesados en explorar impuestos efectivos y políticas fiscales para el sector minero en evolución y la economía global.
Fue una conferencia de tres días organizada por el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF), al que pertenece Ecuador; y el Foro Africano de Administración Tributaria (ATAF) en conjunto con la Autoridad Fiscal de Zambia (ZRA). También debe mencionarse al IISD que tiene la Secretaría del IGF desde 2015.
Durante el evento, ATAF e IGF lanzaron el documento The Future of Resource Taxation Handbook, que presenta un menú de medidas fiscales innovadoras aportadas por los gobiernos, la sociedad civil, la academia y la industria, que apuntan a fortalecer la recaudación de ingresos mineros, de manera sostenible, mientras ayudan a combatir cambio climático.
El documento conceptual puede verse en:
https://www.iisd.org/system/files/2023-06/future-of-resource-taxation-es.pdf
La idea que recorre el documento es replantear el esquema tributario para que los países dueños de los recursos se beneficien realmente de su explotación. En síntesis, se trata de un manual para formuladores de políticas conteniendo diez ideas de políticas para movilizar los ingresos de la minería, es decir, un menú de medidas fiscales para fortalecer la recaudación de ingresos en el sector minero.
Se parte de que el sector minero se encuentra en un nexo de importantes fenómenos globales: el impacto del cambio climático y el impulso para ecologizar la economía mundial, el desarrollo de nuevas tecnologías que afectan los mercados laborales y el impulso global contra las desigualdades y a favor de las reformas fiscales.
Estas tendencias están aumentando la importancia de la minería tanto por su producción mineral como financiera.
En ese contexto, los gobiernos necesitan medidas fiscales nuevas e innovadoras para proteger los intereses financieros del público durante la próxima generación de extracción de recursos.
Como tal, el IGF se asoció con el Foro Africano de Administración Tributaria (ATAF) en 2020 para lanzar un proyecto ambicioso: El futuro de la fiscalidad de los recursos. El futuro de la tributación de los recursos replantea cómo los países en desarrollo se benefician financieramente de sus recursos minerales.
El proyecto es un diálogo dedicado para los gobiernos, la sociedad civil y la industria para intercambiar ideas sobre cómo se puede mejorar el sistema actual de impuestos a la minería e identificar opciones fiscales nuevas e innovadoras para que los países ricos en recursos maximicen los rendimientos de su riqueza mineral.
La desconfianza en la minería debería preocuparnos a todos
Julio 2 de 2023.- Cuatro universidades del Reino Unido prohibieron el año pasado a las empresas mineras contratar en el campus y asistir a ferias de empleo, mientras que una encuesta global realizada por la consultora McKinsey encontró que el 70 % de sus encuestados de 15 a 30 años dijeron que definitivamente no querrían trabajar en el sector minero, señala el presidente y director ejecutivo del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), Rohitesh Dhawan, en un artículo publicado en https://euroefe.euractiv.es/
A continuación, el artículo íntegro:
A principios de este año, la UE presentó un conjunto de propuestas audaces y ambiciosas para asegurar su suministro futuro de los materiales críticos necesarios para la transición a un sistema energético bajo en carbono.
Si bien la geopolítica que rodea el enfoque de Europa ha recibido la mayor atención, hay una dimensión mucho más importante de importancia global. En su Ley de Materias Primas Críticas, la Comisión de la UE propuso reducir la dependencia del bloque de terceros países en el abastecimiento de los minerales críticos, como el litio, el cobalto y el níquel, necesarios para las tecnologías de energía limpia.
Sin duda, esto remodelará el panorama geopolítico, pero un impacto potencialmente mayor puede resultar del enfoque de la Ley en garantizar que estos metales y minerales se produzcan de manera responsable y sostenible.
A pesar de la importancia de los productos extraídos para la vida moderna, la realidad es que la industria no ha logrado ganarse la confianza de la sociedad. Cambiar eso es, ante todo, responsabilidad de la industria, pero es del interés de todos ver que eso suceda, porque nunca antes el mundo ha necesitado tanto de una industria en la que se confía tan poco.
Por ejemplo, justo cuando necesitamos el mejor y más brillante talento para construir la industria minera responsable del futuro, los graduados y los posibles futuros empleados parecen estar alejándose de la minería o siendo alentados por sus universidades a hacerlo.
El año pasado, cuatro universidades del Reino Unido prohibieron a las empresas mineras contratar en el campus y asistir a ferias de empleo, mientras que una encuesta global realizada por la consultora McKinsey encontró que el 70 % de sus encuestados de 15 a 30 años dijeron que definitivamente no lo harían o probablemente lo harían.
No trabajo en la minería
Puede que esto no sorprenda a nadie, pero debería preocuparnos a todos. Las miles de nuevas minas que deben construirse en un tiempo récord, incluidas las que se consideran Proyectos Estratégicos en la UE, necesitan el apoyo de las comunidades locales y la base de inversores más amplia y, sobre todo, el mejor talento.
Todas esas cosas dependen de la confianza. Hay razones claras para la desconfianza de la gente. Solo en 2021, 43 personas de las empresas miembros del ICMM murieron trágicamente en el trabajo, y año tras año se perdieron muchas más vidas en la industria en general.
Además, lamentablemente, la corrupción, los abusos de los derechos humanos, las fallas fatales de represas, el daño ambiental indebido y la pérdida cultural han sido parte de nuestra industria. Incluso cuando las empresas individuales han tenido un buen desempeño constante, la brecha entre los mejores y los peores operadores del sector sigue siendo inaceptablemente alta.
Y aunque hemos logrado avances considerables en áreas como la gestión de relaves (residuos) y la descarbonización de nuestras operaciones, tenemos mucho más por hacer, especialmente si queremos atraer a la próxima generación de trabajadores.
Nuestras dos tareas más urgentes son mantener en todo momento los estándares de minería responsable y hacerlos llegar a todos los rincones de la industria minera.
Estas tareas comienzan con la industria, pero necesitan la participación activa de otros en toda la UE y más allá. Una base más amplia de inversores, en particular aquellos comprometidos con resultados ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) positivos, debe comprometerse con el sector en lugar de desinvertir o mantenerse alejado.
Es vital que los gobiernos eliminen la minería ilegal y establezcan sus expectativas regulatorias para todos los operadores a la par con los principales estándares voluntarios de minería responsable.
Esos estándares, a su vez, necesitan la participación activa de los usuarios de metales y minerales, como las empresas de automóviles y las empresas de tecnología, para aumentar el rendimiento a escala en toda su base de proveedores. Y los grupos de la sociedad civil deben continuar desafiando a todos los operadores, independientemente de su tamaño o ubicación, para mejorar el desempeño a través de un compromiso constructivo y orientado a la solución.
Pero quizás la acción más importante requerida para generar una mayor confianza en la minería radica en un cambio en la forma en que nosotros, como industria, nos hemos comprometido tradicionalmente con la sociedad.
Como Mark Cutifani, ex director ejecutivo de Anglo American, dijo recientemente: "Como industria, con demasiada frecuencia hemos ignorado las voces desafiantes y lo hemos hecho solos en lugar de co-crear soluciones".
Frente a esas voces críticas, hemos tendido a querer “dejar las cosas claras” hablando a la gente (a diferencia de hablar con la gente) sobre el bien que hacemos. Al hacerlo, es posible que hayamos dado la impresión de que nuestras contribuciones sociales y económicas, como los empleos que creamos o los impuestos que pagamos, de alguna manera compensan los impactos negativos.
No es así como se quiere decir, pero es difícil culpar a alguien por sentirse así. En cambio, este momento requiere un enfoque que reconozca que, si bien los beneficios de la minería pueden ser locales, regionales o globales, cualquier impacto negativo siempre es local, siempre personal.
Un enfoque que brinda garantías respaldadas por una acción basada en principios de que, aunque los minerales son críticos, no los extraeremos a toda costa. Y si las cosas salen mal, un enfoque que aprende rápidamente de los errores y evita ver los desastres como problemas específicos de la empresa en lugar de problemas que a menudo son sistémicos.
A medida que la UE avanza para asegurar su suministro futuro de materiales críticos, nos enfrentamos a la prueba definitiva de nuestra capacidad para aprender de nuestros errores y unirnos durante este momento de necesidad. Nada menos que el futuro de nuestro planeta depende de ello.
A continuación, el artículo íntegro:
A principios de este año, la UE presentó un conjunto de propuestas audaces y ambiciosas para asegurar su suministro futuro de los materiales críticos necesarios para la transición a un sistema energético bajo en carbono.
Si bien la geopolítica que rodea el enfoque de Europa ha recibido la mayor atención, hay una dimensión mucho más importante de importancia global. En su Ley de Materias Primas Críticas, la Comisión de la UE propuso reducir la dependencia del bloque de terceros países en el abastecimiento de los minerales críticos, como el litio, el cobalto y el níquel, necesarios para las tecnologías de energía limpia.
Sin duda, esto remodelará el panorama geopolítico, pero un impacto potencialmente mayor puede resultar del enfoque de la Ley en garantizar que estos metales y minerales se produzcan de manera responsable y sostenible.
A pesar de la importancia de los productos extraídos para la vida moderna, la realidad es que la industria no ha logrado ganarse la confianza de la sociedad. Cambiar eso es, ante todo, responsabilidad de la industria, pero es del interés de todos ver que eso suceda, porque nunca antes el mundo ha necesitado tanto de una industria en la que se confía tan poco.
Por ejemplo, justo cuando necesitamos el mejor y más brillante talento para construir la industria minera responsable del futuro, los graduados y los posibles futuros empleados parecen estar alejándose de la minería o siendo alentados por sus universidades a hacerlo.
El año pasado, cuatro universidades del Reino Unido prohibieron a las empresas mineras contratar en el campus y asistir a ferias de empleo, mientras que una encuesta global realizada por la consultora McKinsey encontró que el 70 % de sus encuestados de 15 a 30 años dijeron que definitivamente no lo harían o probablemente lo harían.
No trabajo en la minería
Puede que esto no sorprenda a nadie, pero debería preocuparnos a todos. Las miles de nuevas minas que deben construirse en un tiempo récord, incluidas las que se consideran Proyectos Estratégicos en la UE, necesitan el apoyo de las comunidades locales y la base de inversores más amplia y, sobre todo, el mejor talento.
Todas esas cosas dependen de la confianza. Hay razones claras para la desconfianza de la gente. Solo en 2021, 43 personas de las empresas miembros del ICMM murieron trágicamente en el trabajo, y año tras año se perdieron muchas más vidas en la industria en general.
Además, lamentablemente, la corrupción, los abusos de los derechos humanos, las fallas fatales de represas, el daño ambiental indebido y la pérdida cultural han sido parte de nuestra industria. Incluso cuando las empresas individuales han tenido un buen desempeño constante, la brecha entre los mejores y los peores operadores del sector sigue siendo inaceptablemente alta.
Y aunque hemos logrado avances considerables en áreas como la gestión de relaves (residuos) y la descarbonización de nuestras operaciones, tenemos mucho más por hacer, especialmente si queremos atraer a la próxima generación de trabajadores.
Nuestras dos tareas más urgentes son mantener en todo momento los estándares de minería responsable y hacerlos llegar a todos los rincones de la industria minera.
Estas tareas comienzan con la industria, pero necesitan la participación activa de otros en toda la UE y más allá. Una base más amplia de inversores, en particular aquellos comprometidos con resultados ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) positivos, debe comprometerse con el sector en lugar de desinvertir o mantenerse alejado.
Es vital que los gobiernos eliminen la minería ilegal y establezcan sus expectativas regulatorias para todos los operadores a la par con los principales estándares voluntarios de minería responsable.
Esos estándares, a su vez, necesitan la participación activa de los usuarios de metales y minerales, como las empresas de automóviles y las empresas de tecnología, para aumentar el rendimiento a escala en toda su base de proveedores. Y los grupos de la sociedad civil deben continuar desafiando a todos los operadores, independientemente de su tamaño o ubicación, para mejorar el desempeño a través de un compromiso constructivo y orientado a la solución.
Pero quizás la acción más importante requerida para generar una mayor confianza en la minería radica en un cambio en la forma en que nosotros, como industria, nos hemos comprometido tradicionalmente con la sociedad.
Como Mark Cutifani, ex director ejecutivo de Anglo American, dijo recientemente: "Como industria, con demasiada frecuencia hemos ignorado las voces desafiantes y lo hemos hecho solos en lugar de co-crear soluciones".
Frente a esas voces críticas, hemos tendido a querer “dejar las cosas claras” hablando a la gente (a diferencia de hablar con la gente) sobre el bien que hacemos. Al hacerlo, es posible que hayamos dado la impresión de que nuestras contribuciones sociales y económicas, como los empleos que creamos o los impuestos que pagamos, de alguna manera compensan los impactos negativos.
No es así como se quiere decir, pero es difícil culpar a alguien por sentirse así. En cambio, este momento requiere un enfoque que reconozca que, si bien los beneficios de la minería pueden ser locales, regionales o globales, cualquier impacto negativo siempre es local, siempre personal.
Un enfoque que brinda garantías respaldadas por una acción basada en principios de que, aunque los minerales son críticos, no los extraeremos a toda costa. Y si las cosas salen mal, un enfoque que aprende rápidamente de los errores y evita ver los desastres como problemas específicos de la empresa en lugar de problemas que a menudo son sistémicos.
A medida que la UE avanza para asegurar su suministro futuro de materiales críticos, nos enfrentamos a la prueba definitiva de nuestra capacidad para aprender de nuestros errores y unirnos durante este momento de necesidad. Nada menos que el futuro de nuestro planeta depende de ello.
