La corrupción está presente en toda la
cadena minera ecuatoriana
Fotohistoria 1 de 3: En la presentación de la del 26 de noviembre de 2024, en la lámina proyectada está el catastro global. En el podio está interviniendo la viceministra Rebeca Illescas, y en el sillón la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano.
Junio 8 de 2025.- Aunque las acciones de persecución del Estado a la minería criminal aumenten, como el reciente bombardeo a un campamento en plena Amazonía ecuatoriana, mientras no exista un enfoque integral que incluya el fortalecimiento de las capacidades de sanción de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), y, la mejora de los recursos judiciales, el combate a la comercialización ilegal de minerales en el Ecuador seguirá siendo obstaculizado, según informes de organismos internacionales y de fuentes propias.
Lo que dice la ONU
Un informe de mayo de la ONU afirmó: “las investigaciones han revelado una corrupción generalizada en la (Arcom) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Un informe de 2021 indica que funcionarios incurrieron en prácticas irregulares al otorgar permisos y concesiones mineras, a menudo a cambio de sobornos.
“Esta corrupción ha facilitado la autorización de numerosas operaciones mineras ilegales, permitiendo a las empresas explotar recursos sin la debida regulación. (Unodc, Análisis Global sobre Delitos que Afectan al Medio Ambiente. Parte 2b: Delitos Minerales: Minería Ilegal de Oro).
La ONU se basa en el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) titulado, “Tras la pista de los ingresos ilícitos del oro: Fortaleciendo la lucha contra las finanzas de la minería ilegal. Ecuador”, de 2021, que es parte de un proyecto de la OEA concluido el año pasado, que tuvo como finalidad fortalecer las capacidades institucionales en la detección y sanción de los delitos vinculados a la minería criminal.
De acuerdo a este informe: “El menor desarrollo del comercio ilegal de oro en Ecuador, en comparación con otros países de la región, ofrece al gobierno importantes ventajas en la lucha contra esta economía ilícita. Las exitosas acciones de Ecuador contra el contrabando de oro ilegal desde Perú a partir de 2015 y su desmantelamiento de la actividad minera ilegal en Buenos Aires en 2019 también demuestran una notable capacidad y compromiso para responder a este desafío.
“Sin embargo, algunas deficiencias notables en la lucha contra el lavado de dinero, como la coordinación inadecuada entre las autoridades policiales nacionales y las limitadas facultades sancionadoras administrativas de la UAFE, así como la insuficiencia de recursos judiciales, han obstaculizado un enfoque más integral para combatir la comercialización ilegal de minerales.
Lo que dice la OEA
El proyecto de la OEA afirma que: “Junto con la minería ilegal, existe una cadena de actividades ilícitas que abarca desde la importación irregular de precursores y maquinaria hasta la comercialización de recursos extraídos ilegalmente.
“Esto incluye el lavado de ganancias que se reutilizan en otras actividades ilegales, o la expansión de las operaciones mineras ilegales a otras zonas de los países de la región.
“Las deficiencias en los marcos regulatorios y en los protocolos de procedimiento, la insuficiente coordinación entre las autoridades responsables de la detección, investigación y persecución penal de la minería ilegal y sus flujos financieros ilícitos, así como la necesidad de mejorar los mecanismos para promover la cooperación internacional, son algunos de los desafíos en los que se centra este proyecto.
“Las actividades están dirigidas a beneficiar directamente a funcionarios y organismos públicos de Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam.
“Estos países se encuentran entre los mayores productores de oro de América Latina. Su producción combinada los sitúa como el segundo mayor productor mundial. Se estima que entre el 50% y el 60% de la industria minera en la región es informal, lo que dificulta la supervisión y el control del Estado y crea las condiciones ideales para su explotación”.
Lo que dice la ONU
Un informe de mayo de la ONU afirmó: “las investigaciones han revelado una corrupción generalizada en la (Arcom) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Un informe de 2021 indica que funcionarios incurrieron en prácticas irregulares al otorgar permisos y concesiones mineras, a menudo a cambio de sobornos.
“Esta corrupción ha facilitado la autorización de numerosas operaciones mineras ilegales, permitiendo a las empresas explotar recursos sin la debida regulación. (Unodc, Análisis Global sobre Delitos que Afectan al Medio Ambiente. Parte 2b: Delitos Minerales: Minería Ilegal de Oro).
La ONU se basa en el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) titulado, “Tras la pista de los ingresos ilícitos del oro: Fortaleciendo la lucha contra las finanzas de la minería ilegal. Ecuador”, de 2021, que es parte de un proyecto de la OEA concluido el año pasado, que tuvo como finalidad fortalecer las capacidades institucionales en la detección y sanción de los delitos vinculados a la minería criminal.
De acuerdo a este informe: “El menor desarrollo del comercio ilegal de oro en Ecuador, en comparación con otros países de la región, ofrece al gobierno importantes ventajas en la lucha contra esta economía ilícita. Las exitosas acciones de Ecuador contra el contrabando de oro ilegal desde Perú a partir de 2015 y su desmantelamiento de la actividad minera ilegal en Buenos Aires en 2019 también demuestran una notable capacidad y compromiso para responder a este desafío.
“Sin embargo, algunas deficiencias notables en la lucha contra el lavado de dinero, como la coordinación inadecuada entre las autoridades policiales nacionales y las limitadas facultades sancionadoras administrativas de la UAFE, así como la insuficiencia de recursos judiciales, han obstaculizado un enfoque más integral para combatir la comercialización ilegal de minerales.
Lo que dice la OEA
El proyecto de la OEA afirma que: “Junto con la minería ilegal, existe una cadena de actividades ilícitas que abarca desde la importación irregular de precursores y maquinaria hasta la comercialización de recursos extraídos ilegalmente.
“Esto incluye el lavado de ganancias que se reutilizan en otras actividades ilegales, o la expansión de las operaciones mineras ilegales a otras zonas de los países de la región.
“Las deficiencias en los marcos regulatorios y en los protocolos de procedimiento, la insuficiente coordinación entre las autoridades responsables de la detección, investigación y persecución penal de la minería ilegal y sus flujos financieros ilícitos, así como la necesidad de mejorar los mecanismos para promover la cooperación internacional, son algunos de los desafíos en los que se centra este proyecto.
“Las actividades están dirigidas a beneficiar directamente a funcionarios y organismos públicos de Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam.
“Estos países se encuentran entre los mayores productores de oro de América Latina. Su producción combinada los sitúa como el segundo mayor productor mundial. Se estima que entre el 50% y el 60% de la industria minera en la región es informal, lo que dificulta la supervisión y el control del Estado y crea las condiciones ideales para su explotación”.
Fotohistoria 2 de 3 Esta lámina la presentó la viceministra Illescas en un evento público en febrero.
Lo que dice el IFG
En 2019, el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF), que actualmente tiene en sus manos una consultoría para el MEM sobre el mismo tema: “Evaluación del Marco de Políticas Mineras del IGF: Ecuador”, señaló en un informe: “Actores en el terreno, expertos y agentes gubernamentales informan que existe corrupción sistémica en el control de la minería artesanal y pequeña minería (MAPE).
Se ha informado que, al momento de aplicar sanciones por incumplimiento de la normativa, agentes de gobierno reciben dádivas para no aplicar las sanciones debidas.
“Esta situación llegó a su extremo con el caso del hundimiento en una escuela en Zaruma por la explotación minera descontrolada en zonas donde la actividad minera estaba prohibida y resultaba peligroso para la estabilidad del suelo. Resultaba imposible que las autoridades en el terreno desconocieran el descontrol de la minería allí.
La pequeña minería no es tan pequeña
“Notamos también que algunas de las operaciones que en la ley de Ecuador están consideradas como de pequeña escala son, en la realidad, de un tamaño que, comparativamente, requieren una mayor gestión y más eficaz de parte del Estado que la otorgada por la ley.
“Minas calificadas de pequeña escala tienen 600 empleados, múltiples niveles de túneles, con el túnel principal de un largo de cinco kilómetros. Estas operaciones mineras de “pequeña escala” superan los estándares generales de pequeñas empresas por la cantidad de empleados, de producción o de inversión en maquinaria. Una mina de este tamaño necesita de una gestión ambiental relativamente compleja y puede tener impactos significativos en el ambiente”.
Sin embargo, como usuarios del sistema de gestión minera, los pequeños mineros productores y exportadores legales están sensiblemente cansados de la situación, como se pudo constatar recién en una reunión con la Arcom que reseñamos en la nota “Inconformidades sobre la gestión de la Arcom” que se puede leer aquí: https://www.viaminera.com/#Inconformidad%20sobre%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20la%20Arcom
En 2019, el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF), que actualmente tiene en sus manos una consultoría para el MEM sobre el mismo tema: “Evaluación del Marco de Políticas Mineras del IGF: Ecuador”, señaló en un informe: “Actores en el terreno, expertos y agentes gubernamentales informan que existe corrupción sistémica en el control de la minería artesanal y pequeña minería (MAPE).
Se ha informado que, al momento de aplicar sanciones por incumplimiento de la normativa, agentes de gobierno reciben dádivas para no aplicar las sanciones debidas.
“Esta situación llegó a su extremo con el caso del hundimiento en una escuela en Zaruma por la explotación minera descontrolada en zonas donde la actividad minera estaba prohibida y resultaba peligroso para la estabilidad del suelo. Resultaba imposible que las autoridades en el terreno desconocieran el descontrol de la minería allí.
La pequeña minería no es tan pequeña
“Notamos también que algunas de las operaciones que en la ley de Ecuador están consideradas como de pequeña escala son, en la realidad, de un tamaño que, comparativamente, requieren una mayor gestión y más eficaz de parte del Estado que la otorgada por la ley.
“Minas calificadas de pequeña escala tienen 600 empleados, múltiples niveles de túneles, con el túnel principal de un largo de cinco kilómetros. Estas operaciones mineras de “pequeña escala” superan los estándares generales de pequeñas empresas por la cantidad de empleados, de producción o de inversión en maquinaria. Una mina de este tamaño necesita de una gestión ambiental relativamente compleja y puede tener impactos significativos en el ambiente”.
Sin embargo, como usuarios del sistema de gestión minera, los pequeños mineros productores y exportadores legales están sensiblemente cansados de la situación, como se pudo constatar recién en una reunión con la Arcom que reseñamos en la nota “Inconformidades sobre la gestión de la Arcom” que se puede leer aquí: https://www.viaminera.com/#Inconformidad%20sobre%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20la%20Arcom
Fotohistoria 3 de 3: un poco más de 1500 concesiones a nivel nacional. Tabla presentada por la ARCOM para sustentar la imposición de una tasa de fiscalización por área a las mineras la semana pasada. Con estas cifras de concesiones y áreas concesionadas se calculó el monto de las tasas para cada régimen y fase de actividad. Además, con estas cifras se calcularon los recursos que van a obtenerse de la tasa y los gastos en los la Agencia pretende que se inviertan.
Lo que dicen la Arcom y los afectados
La Arcom sencillamente no responde a entrevistas y las autoridades del Ministerio en el ámbito minero solo atienden a “entrevistas” con preguntas pactadas y en medios “amigos”. Tampoco responden a las solicitudes de información sobre el listado de auditores mineros y el número de auditorías que ha realizado cada uno.
Ni se ha conocido que haya investigado sobre el origen del oro de 70 empresas de exportación de minerales inexistentes, de acuerdo a una denuncia periodística, ni creado ni aplicado mecanismo alguno que contribuya a la trazabilidad del producto vendido por esas empresas.
La Arcom sigue sin cumplir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Lotaip 2.0, gracias a la cual por lo menos se podía ver en las instituciones cuánto personal tenían en nómina y otros muchos aspectos del presupuesto y planes institucionales relacionados con la rendición de cuentas a la ciudadanía.
El control es muy sencillo, pero no hay autoridades
El control en el terreno es muy fácil, bastaría con ver cuáles empresas que no reportan producción y exportan, o que reportan una producción muy alta de repente o con un tamaño de mina que no corresponde, o reportan producción sin que se verifiquen avances en los frentes mineros de sus proyectos, explican varios auditores y mineros en sus testimonios.
Además, la Arcom tiene la lista de empresas que cuentan con certificado de exportación al día y debería con ese instrumento impedir que se permita exportar a empresas no autorizadas, como ha ocurrido en montos que han sumado hasta unos US$ 500 millones, con las pérdidas correspondientes al Estado por concepto de impuestos y regalías, y el lavado de dólares por medio de la actividad de comercialización. "Solo el oro certificado debería salir del país por vías normales y legales", dijo un exportador que nos pide guardar la reserva de su identidad.
La inseguridad en el terreno no es pretexto, señalan, menos ahora que la Arcom cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y hay mucho trabajo que pueden hacer desde los escritorios porque todo tiene que coincidir y ser preciso para descubrir el chanchullo y los responsables, aseguran.
Mientras tanto, en los últimos ocho meses no ha habido Ministerio para los usuarios, porque ha sido imposible renovar los certificados de exportación para empresas que lo hemos hecho siempre y que justificamos nuestra producción y no permitimos ser vacunados por grupos criminales como Los Lobos, se queja un minero de Ponce Enríquez.
“La anterior viceministra (Rebeca Illescas) se dedicó solo a la normativa para que la Empresa Nacional Minera (Enami EP) pueda hacer ´acuerdos comerciales´ con empresas extranjeras”, afirma otra fuente, sobre una normativa para un proceso que, al decir del ex síndico de la Cámara de Minería del Ecuador es “cuestionable desde la óptica de la competencia leal y, sin dudas, moralmente cuestionable”.
La Arcom sencillamente no responde a entrevistas y las autoridades del Ministerio en el ámbito minero solo atienden a “entrevistas” con preguntas pactadas y en medios “amigos”. Tampoco responden a las solicitudes de información sobre el listado de auditores mineros y el número de auditorías que ha realizado cada uno.
Ni se ha conocido que haya investigado sobre el origen del oro de 70 empresas de exportación de minerales inexistentes, de acuerdo a una denuncia periodística, ni creado ni aplicado mecanismo alguno que contribuya a la trazabilidad del producto vendido por esas empresas.
La Arcom sigue sin cumplir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Lotaip 2.0, gracias a la cual por lo menos se podía ver en las instituciones cuánto personal tenían en nómina y otros muchos aspectos del presupuesto y planes institucionales relacionados con la rendición de cuentas a la ciudadanía.
El control es muy sencillo, pero no hay autoridades
El control en el terreno es muy fácil, bastaría con ver cuáles empresas que no reportan producción y exportan, o que reportan una producción muy alta de repente o con un tamaño de mina que no corresponde, o reportan producción sin que se verifiquen avances en los frentes mineros de sus proyectos, explican varios auditores y mineros en sus testimonios.
Además, la Arcom tiene la lista de empresas que cuentan con certificado de exportación al día y debería con ese instrumento impedir que se permita exportar a empresas no autorizadas, como ha ocurrido en montos que han sumado hasta unos US$ 500 millones, con las pérdidas correspondientes al Estado por concepto de impuestos y regalías, y el lavado de dólares por medio de la actividad de comercialización. "Solo el oro certificado debería salir del país por vías normales y legales", dijo un exportador que nos pide guardar la reserva de su identidad.
La inseguridad en el terreno no es pretexto, señalan, menos ahora que la Arcom cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y hay mucho trabajo que pueden hacer desde los escritorios porque todo tiene que coincidir y ser preciso para descubrir el chanchullo y los responsables, aseguran.
Mientras tanto, en los últimos ocho meses no ha habido Ministerio para los usuarios, porque ha sido imposible renovar los certificados de exportación para empresas que lo hemos hecho siempre y que justificamos nuestra producción y no permitimos ser vacunados por grupos criminales como Los Lobos, se queja un minero de Ponce Enríquez.
“La anterior viceministra (Rebeca Illescas) se dedicó solo a la normativa para que la Empresa Nacional Minera (Enami EP) pueda hacer ´acuerdos comerciales´ con empresas extranjeras”, afirma otra fuente, sobre una normativa para un proceso que, al decir del ex síndico de la Cámara de Minería del Ecuador es “cuestionable desde la óptica de la competencia leal y, sin dudas, moralmente cuestionable”.
Comentario: La trampa normalizada
Gremios profesionales, gremios empresariales, feria-exposiciones, grupos de amigos, academia y colegios profesionales, han mantenido silencio generalizado ante esta profunda trampa de viveza en la que se desenvuelve la actividad minera, la han normalizado. No es dable hablar públicamente de los problemas internos del sector, porque es hace el país menos atractivo para la inversión extranjera (sic). A mirar a otro lado.
Algunos de los peores casos que muestran la inoperancia y la falta de interés institucional de intervenir se han denunciado algunos portales digitales, algunas de esas denuncias constan en nuestro informe “Denuncias de medios ¿La militarización es suficiente para terminar con la minería criminal?” https://www.viaminera.com/poliacutetica-ii.html/#%C2%BFLa%20militarizaci%C3%B3n%20es%20suficiente%20para%20terminar%20con%20la%20miner%C3%ADa%20criminal?
A nivel gremial el primero y hasta ahora único denunciante de un elemento sistémico que contribuye al ambiente de prácticas antiéticas legalmente enmarcadas, ha sido el Colegio de Auditores Técnicos Mineros (Autecmin), con apoyo del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas, Petróleos y Ambiental, Cigmipa: las auditorías mineras que han perdido su razón de ser y se han vuelto insustanciales, con lo que contribuyen al engaño al fisco sobre la producción de las minas, entre los principales aspectos, y al lavado de la producción de la minería criminal.
Vía Minera ha publicado 4 artículos con testimoniales sobre este tema y un artículo de opinión. Por favor ver aquí: https://www.viaminera.com/poliacutetica-ii.html/#Informes%20sin%20verificaci%C3%B3n%20que%20incluyen y aquí: https://www.viaminera.com/opinioacuten.html/#El%20verdadero%20problema%20de%20las%20auditor%C3%ADas%20mineras
La Enami EP acaba de pasar por un proceso de fiscalización de la Asamblea Nacional, que probablemente no continuará porque el informe fue elaborado por la oposición, pero en el proceso se evidenció que el anterior gerente general, Emmanuel Delaune, ni siquiera cumplía los mínimos requisitos legales para su nombramiento y tampoco se sabe quién pagó su sueldo durante siete años que laboró en el Ministerio ya que no pudo presentar un certificado de la Dirección de Talento Humano de esa cartera sobre su cargo. Y era quien preparaba los discursos de los ministros y viceministros sobre el sector minero, dicho por él mismo.
Así mismo, en el único procesamiento de los minerales incautados a la minería criminal, la Enami EP obtuvo una recuperación de oro técnicamente muy cuestionada, durante la gerencia del abogado Rodrigo Aguayo. Pero a ninguno de los últimos cinco ex gerentes generales de la Enami EP desde 2021, Julián Agurto Erique, Reinaldo Reyes, Santiago Chamorro Hidalgo, Iván Gordón Mora y Emmanuel Dealune, les interesó dar con los responsables de la baja recuperación del metal. El actual gerente general subrogante, Eduardo Chang Dávila, que lleva un mes en el cargo nos dijo recién que “se está estudiando qué hacer con ese caso”.
Gremios profesionales, gremios empresariales, feria-exposiciones, grupos de amigos, academia y colegios profesionales, han mantenido silencio generalizado ante esta profunda trampa de viveza en la que se desenvuelve la actividad minera, la han normalizado. No es dable hablar públicamente de los problemas internos del sector, porque es hace el país menos atractivo para la inversión extranjera (sic). A mirar a otro lado.
Algunos de los peores casos que muestran la inoperancia y la falta de interés institucional de intervenir se han denunciado algunos portales digitales, algunas de esas denuncias constan en nuestro informe “Denuncias de medios ¿La militarización es suficiente para terminar con la minería criminal?” https://www.viaminera.com/poliacutetica-ii.html/#%C2%BFLa%20militarizaci%C3%B3n%20es%20suficiente%20para%20terminar%20con%20la%20miner%C3%ADa%20criminal?
A nivel gremial el primero y hasta ahora único denunciante de un elemento sistémico que contribuye al ambiente de prácticas antiéticas legalmente enmarcadas, ha sido el Colegio de Auditores Técnicos Mineros (Autecmin), con apoyo del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas, Petróleos y Ambiental, Cigmipa: las auditorías mineras que han perdido su razón de ser y se han vuelto insustanciales, con lo que contribuyen al engaño al fisco sobre la producción de las minas, entre los principales aspectos, y al lavado de la producción de la minería criminal.
Vía Minera ha publicado 4 artículos con testimoniales sobre este tema y un artículo de opinión. Por favor ver aquí: https://www.viaminera.com/poliacutetica-ii.html/#Informes%20sin%20verificaci%C3%B3n%20que%20incluyen y aquí: https://www.viaminera.com/opinioacuten.html/#El%20verdadero%20problema%20de%20las%20auditor%C3%ADas%20mineras
La Enami EP acaba de pasar por un proceso de fiscalización de la Asamblea Nacional, que probablemente no continuará porque el informe fue elaborado por la oposición, pero en el proceso se evidenció que el anterior gerente general, Emmanuel Delaune, ni siquiera cumplía los mínimos requisitos legales para su nombramiento y tampoco se sabe quién pagó su sueldo durante siete años que laboró en el Ministerio ya que no pudo presentar un certificado de la Dirección de Talento Humano de esa cartera sobre su cargo. Y era quien preparaba los discursos de los ministros y viceministros sobre el sector minero, dicho por él mismo.
Así mismo, en el único procesamiento de los minerales incautados a la minería criminal, la Enami EP obtuvo una recuperación de oro técnicamente muy cuestionada, durante la gerencia del abogado Rodrigo Aguayo. Pero a ninguno de los últimos cinco ex gerentes generales de la Enami EP desde 2021, Julián Agurto Erique, Reinaldo Reyes, Santiago Chamorro Hidalgo, Iván Gordón Mora y Emmanuel Dealune, les interesó dar con los responsables de la baja recuperación del metal. El actual gerente general subrogante, Eduardo Chang Dávila, que lleva un mes en el cargo nos dijo recién que “se está estudiando qué hacer con ese caso”.
Perú reconoce minería informal de cobre a gran escala
Junio 8 de 2025.- El gobierno peruano ha reconocido por primera vez la existencia de minería informal de cobre a gran escala, señalando que los altos precios podrían fomentar su crecimiento en el futuro cercano. La atención se centra en la mina informal Apu Chunta, operada por la comunidad indígena de Pamputa, ubicada en un área donde los derechos mineros pertenecen a la mina Las Bambas, gestionada por MMG Ltd.
Apu Chunta produce anualmente unas 30 000 toneladas métricas de cobre, valoradas en aproximadamente 300 millones de pesos. Aunque la comunidad de Pamputa posee la tierra, Las Bambas tiene los derechos sobre el mineral extraído. La empresa minera planea construir una mina a cielo abierto en la zona en la década de 2030, lo que requeriría la compra del terreno a la comunidad.
La minería informal y los conflictos entre propietarios de tierras y concesionarios se han convertido en un tema clave para la industria minera peruana. El país, tercer productor mundial de cobre y principal productor de oro en Sudamérica, enfrenta desafíos para equilibrar el desarrollo económico con la legalidad y la sostenibilidad ambiental.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, ha señalado que la minería informal de cobre también está en aumento en las regiones de Apurímac y Arequipa, aunque su producción sigue siendo mínima en comparación con la minería formal. Proyectos de exploración de empresas como Southern Copper Corp., First Quantum Minerals Ltd. y Teck Resources Ltd. se han visto afectados por estas actividades informales.
La formalización de la minería artesanal podría ofrecer beneficios significativos, como la mejora de las condiciones laborales, la reducción del impacto ambiental y el aumento de los ingresos fiscales. Sin embargo, el proceso enfrenta obstáculos como la falta de recursos, la burocracia y la resistencia de algunos sectores.
La situación en Apu Chunta destaca la necesidad de políticas inclusivas que reconozcan los derechos de las comunidades indígenas y promuevan la integración de la minería informal en el marco legal. Un enfoque colaborativo entre el gobierno, las empresas mineras y las comunidades locales podría transformar los desafíos actuales en oportunidades para un desarrollo más equitativo y sostenible. Tomado de Mineriaenlinea.com
Apu Chunta produce anualmente unas 30 000 toneladas métricas de cobre, valoradas en aproximadamente 300 millones de pesos. Aunque la comunidad de Pamputa posee la tierra, Las Bambas tiene los derechos sobre el mineral extraído. La empresa minera planea construir una mina a cielo abierto en la zona en la década de 2030, lo que requeriría la compra del terreno a la comunidad.
La minería informal y los conflictos entre propietarios de tierras y concesionarios se han convertido en un tema clave para la industria minera peruana. El país, tercer productor mundial de cobre y principal productor de oro en Sudamérica, enfrenta desafíos para equilibrar el desarrollo económico con la legalidad y la sostenibilidad ambiental.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, ha señalado que la minería informal de cobre también está en aumento en las regiones de Apurímac y Arequipa, aunque su producción sigue siendo mínima en comparación con la minería formal. Proyectos de exploración de empresas como Southern Copper Corp., First Quantum Minerals Ltd. y Teck Resources Ltd. se han visto afectados por estas actividades informales.
La formalización de la minería artesanal podría ofrecer beneficios significativos, como la mejora de las condiciones laborales, la reducción del impacto ambiental y el aumento de los ingresos fiscales. Sin embargo, el proceso enfrenta obstáculos como la falta de recursos, la burocracia y la resistencia de algunos sectores.
La situación en Apu Chunta destaca la necesidad de políticas inclusivas que reconozcan los derechos de las comunidades indígenas y promuevan la integración de la minería informal en el marco legal. Un enfoque colaborativo entre el gobierno, las empresas mineras y las comunidades locales podría transformar los desafíos actuales en oportunidades para un desarrollo más equitativo y sostenible. Tomado de Mineriaenlinea.com
Bombardeo a minería criminal, reapertura
gradual del catastro y tasas de fiscalización
Junio 3 de 2025.- El sector minero y la ciudadanía en general se vieron sorprendidos en los últimos diez días porque el Gobierno Nacional autorizó el bombardeo aéreo de campamentos de minería criminal y, unas fechas después, anunció que impondrá tasas a la industria minera, como parte de un paquete de medidas económicas que afecta a todas las industrias.
Además, causó revuelo un nuevo encargo del presidente Noboa al señor José Julio Neira Hazeb, como delegado permanente del Presidente ante la Agencia de de Regulación y Control Minero (Arcom), porque el funcionario acumula nueve cargos públicos diferentes relacionados con las agencias de control y con las entidades anticorrupción.
Se recuerda a Neira por, indirectamente, haber parado la reapertura por fases del catastro anunciada por la viceministra de Minería, Rebeca Illescas, para abril, cuando el funcionario como presidente del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero, Conim, el 20 de marzo "recomendó" a la ministra del ramo, Inés Manzano, que suspenda momentaneamente el otorgamiento y la graficación de proyectso y áreas mineras "para la prevención de conflictos de intereses".
Los fondos recaudados a través de la nueva contribución de los mineros, según el gobierno, se estiman en US$ 229 millones anuales.
Sin precisar los montos de la contribución todavía, sino solo un cronograma de aplicación de la medida., el Ministerio de Energía y Minas, en un boletín de prensa informó que: “El Estado ecuatoriano implementará por primera vez una tasa de supervisión y control minera. Esta herramienta permitirá a la Arcom fortalecer su capacidad operativa en todo el país”, señaló. Su recaudación se utilizará exclusivamente para mejorar los procesos de supervisión, ampliar el número de operativos en territorio y garantizar el monitoreo continuo de las concesiones mineras, con cobertura en las 24 provincias.
El esquema se aplicará de manera diferenciada según el régimen de minería (pequeña, mediana, gran escala y régimen general), la fase del proyecto, incluidas las licencias de comercialización. La minería artesanal está exenta de la tasa.
La implementación de esta tasa está respaldada por la Constitución, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley de Minería, el Decreto Ejecutivo N.º 256 y el Acuerdo Ministerial N.º 0204 del Ministerio de Economía y Finanzas, que facultan a la Arcom a establecer tasas por la prestación de sus servicios, afirmó. Los recursos recaudados permitirán mejorar la presencia del Estado en zonas estratégicas, fortalecer la supervisión técnica y ambiental, y ejercer una vigilancia efectiva sobre más de 1,6 millones de hectáreas concesionadas a escala nacional.
De acuerdo a la hoja de ruta planteada para poner en marcha la medida, las tasas se cobrarán semestralmente, la primera vez hasta el 31 de julio de este año y la segunda hasta el 31 de enero del 2026. Extraoficialmente se conoció que el Directorio de Arcom aprobó el fin de semana los montos de la tasa, que van de los 15 a los 50 salarios básicos unificados y serían los siguientes:
Además, causó revuelo un nuevo encargo del presidente Noboa al señor José Julio Neira Hazeb, como delegado permanente del Presidente ante la Agencia de de Regulación y Control Minero (Arcom), porque el funcionario acumula nueve cargos públicos diferentes relacionados con las agencias de control y con las entidades anticorrupción.
Se recuerda a Neira por, indirectamente, haber parado la reapertura por fases del catastro anunciada por la viceministra de Minería, Rebeca Illescas, para abril, cuando el funcionario como presidente del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero, Conim, el 20 de marzo "recomendó" a la ministra del ramo, Inés Manzano, que suspenda momentaneamente el otorgamiento y la graficación de proyectso y áreas mineras "para la prevención de conflictos de intereses".
Los fondos recaudados a través de la nueva contribución de los mineros, según el gobierno, se estiman en US$ 229 millones anuales.
Sin precisar los montos de la contribución todavía, sino solo un cronograma de aplicación de la medida., el Ministerio de Energía y Minas, en un boletín de prensa informó que: “El Estado ecuatoriano implementará por primera vez una tasa de supervisión y control minera. Esta herramienta permitirá a la Arcom fortalecer su capacidad operativa en todo el país”, señaló. Su recaudación se utilizará exclusivamente para mejorar los procesos de supervisión, ampliar el número de operativos en territorio y garantizar el monitoreo continuo de las concesiones mineras, con cobertura en las 24 provincias.
El esquema se aplicará de manera diferenciada según el régimen de minería (pequeña, mediana, gran escala y régimen general), la fase del proyecto, incluidas las licencias de comercialización. La minería artesanal está exenta de la tasa.
La implementación de esta tasa está respaldada por la Constitución, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la Ley de Minería, el Decreto Ejecutivo N.º 256 y el Acuerdo Ministerial N.º 0204 del Ministerio de Economía y Finanzas, que facultan a la Arcom a establecer tasas por la prestación de sus servicios, afirmó. Los recursos recaudados permitirán mejorar la presencia del Estado en zonas estratégicas, fortalecer la supervisión técnica y ambiental, y ejercer una vigilancia efectiva sobre más de 1,6 millones de hectáreas concesionadas a escala nacional.
De acuerdo a la hoja de ruta planteada para poner en marcha la medida, las tasas se cobrarán semestralmente, la primera vez hasta el 31 de julio de este año y la segunda hasta el 31 de enero del 2026. Extraoficialmente se conoció que el Directorio de Arcom aprobó el fin de semana los montos de la tasa, que van de los 15 a los 50 salarios básicos unificados y serían los siguientes:
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Este anuncio opacó otro que se refiere a la apertura gradual del catastro minero, de manera que hasta el 16 de este mes se iniciará con el régimen de la pequeña minería no metálica y avanzando por fases, el gobierno ofreció que hasta diciembre estará abierto el catastro para todos los regímenes.
La reapertura del catastro, cerrado desde enero de 2018, continuará en septiembre con la minería metálica. “La decisión de abrir el Catastro Minero por fases garantiza eficiencia, transparencia y sostenibilidad operativa”, señaló la vocera del gobierno Gabriela Jaramillo. Bombardeo histórico en respuesta a criminales El 31 de mayo, las Fuerzas Armadas anunciaron mediante redes sociales que han regresado a realizar operaciones de control de la minería criminal en la zona alta del río Punino, zona de la provincia nororiental de napo en la que el pasado 9 de mayo fueron asesinados 11 militares, en un hecho sin precedentes en la historia nacional. |
Captura de video difundido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador.
En un video publicado en X se observan al menos dos aviones disparando bombas que impactan en maquinaria y en un campamento con varias construcciones e incendian suelos que aparecen en medio de vegetación.
En Ecuador, la destrucción de maquinaria y campamentos utilizados en actividades de minería ilegal está respaldada principalmente por la Ley de Minería, promulgada el 29 de enero de 2009. Esta ley, en su artículo 57, establece que los bienes, maquinaria, equipos, insumos y vehículos utilizados en actividades ilegales o no autorizadas de explotación, beneficio o transporte de minerales pueden ser decomisados por las autoridades competentes.
Además, el Reglamento General a la Ley de Minería, publicado el 16 de noviembre de 2009, detalla en su articulado que el uso de maquinaria para fines no autorizados constituye explotación y comercialización ilegal, lo que puede llevar al decomiso y, en ciertos casos, a la destrucción de dichos equipos para evitar su uso reiterado en actividades ilícitas.
En Ecuador, la destrucción de maquinaria y campamentos utilizados en actividades de minería ilegal está respaldada principalmente por la Ley de Minería, promulgada el 29 de enero de 2009. Esta ley, en su artículo 57, establece que los bienes, maquinaria, equipos, insumos y vehículos utilizados en actividades ilegales o no autorizadas de explotación, beneficio o transporte de minerales pueden ser decomisados por las autoridades competentes.
Además, el Reglamento General a la Ley de Minería, publicado el 16 de noviembre de 2009, detalla en su articulado que el uso de maquinaria para fines no autorizados constituye explotación y comercialización ilegal, lo que puede llevar al decomiso y, en ciertos casos, a la destrucción de dichos equipos para evitar su uso reiterado en actividades ilícitas.
Por otro lado, el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador también aborda este tema. En particular, el artículo 260 tipifica como delito la extracción, explotación o exploración de recursos minerales sin autorización, y las fuerzas del orden, en coordinación con la autoridad administrativa, pueden proceder con medidas como la destrucción de campamentos y maquinaria para frenar estas actividades, siempre bajo el marco legal y con la supervisión correspondiente.
Es importante destacar que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actúan en operaciones conjuntas, como se ha visto en casos recientes en la Amazonía ecuatoriana (por ejemplo, en Alto Punino), donde se han destruido campamentos y maquinaria desde el aire o en tierra, amparados por estas disposiciones legales y bajo la dirección de las autoridades competentes.
Si bien no existe un decreto específico mencionado en las fuentes que autorice exclusivamente la destrucción desde el aire, las operaciones se enmarcan en la normativa existente y en la necesidad de proteger el medio ambiente y los recursos naturales, especialmente en zonas sensibles como la Amazonía incluída la Cordillera del Cóndor.
Es importante destacar que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actúan en operaciones conjuntas, como se ha visto en casos recientes en la Amazonía ecuatoriana (por ejemplo, en Alto Punino), donde se han destruido campamentos y maquinaria desde el aire o en tierra, amparados por estas disposiciones legales y bajo la dirección de las autoridades competentes.
Si bien no existe un decreto específico mencionado en las fuentes que autorice exclusivamente la destrucción desde el aire, las operaciones se enmarcan en la normativa existente y en la necesidad de proteger el medio ambiente y los recursos naturales, especialmente en zonas sensibles como la Amazonía incluída la Cordillera del Cóndor.
Informes sin verificación que incluyen
producción de minería criminal
-Auditorías mineras en el Ecuador: cuarta parte-
Junio 1 de 2025.- Presentamos el testimonio de José Aguinsaca, primer vocal del Colegio de Auditores Técnicos Mineros del Ecuador, Autecmin. Es ingeniero geólogo y asesor minero ambiental con doce años de experiencia, tiene una maestría en Prevención y Gestión de Riesgos, ha trabajado en el Grupo Industrial Graiman, Cuenca. En el campo de los minerales metálicos, ha asesorado a empresas en pequeña, mediana y gran minería en todo el país, y, ha sido perito geológico minero de la Función Judicial. Actualmente vive en Loja y se desplaza por las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Chimborazo.
¿Qué es lo que usted observa en los sectores en los que se desplaza por su profesión?
“Desde mi punto de vista, la minería ilegal se vende de manera ´legal´. Es decir, explotan ilegalmente en diferentes puntos geográficos del país y a través de titulares de concesiones mineras hacen el reporte de la producción.
“No es el cien por ciento, tal vez un porcentaje con el objetivo de vender ese oro al Banco Central o sacarlo del país. Eso se ha venido haciendo especialmente en la pequeña minería. En algunas ocasiones también han vendido al mercado que no exige facturas.
“Es importante también tener en cuenta que (el número) de las plantas de tratamiento o beneficio, que la mayor de parte se concentra en la provincia de El Oro, como en Portovelo, ha crecido considerablemente y ahí tampoco hay ningún control.
“En la ley no se no establece que las plantas deben tener certificados de origen de los productos que procesan. Fácilmente es material explotado de forma ilegal.
“Hay auditorías que no están visitando los sitios de producción. Hay sitios donde si usted hace una auditoría, va y ve que no hay no hay mineral. Pero los concesionarios lo comercializan. La Arcom (Agencia de Regulación y Control Minero, ndlr) no visita los sitios de producción para ver si es que la producción corresponde a lo que él reporta.
“Hay otros que producen algo, pero también aumentan un extra en el informe de producción.
“Ese mineral o concentrando de oro, cobre, plata y polimetálicos, como la arena que sale de los aluviales, las plantas de beneficio lo compran pero nunca preguntan de dónde salió. Ellos procesan y se quedan con el oro o con el mineral de interés.
“La autoridad, es decir, la Arcom tampoco visita las plantas para verificar si es que hubo mineral en la concesión que vendió el material. La legislación ecuatoriana establece que las plantas de beneficio presenten informes y auditoría semestrales.
“Sin embargo, es potestad del dueño de la planta contratar a la auditoría minera. Ahí está el inconveniente: como él contrata al auditor minero, el auditor está ´obligado´ a sacarle una auditoría cien por ciento de conformidad con la ley.
“Existe la minería ilegal aluvial enfrente de las comunidades. Ha habido paralizaciones de la población en sectores del oriente, como Zumbi, debido a que están direccionando el cauce del río a zonas pobladas, por ende va a existir inundaciones y ya existen destrucciones de algunas viviendas. Allí llegó alguien de la Arcom y también la Gobernadora de Zamora Chinchipe.
“Las instituciones se lavan las manos. La Arcom dice que pone la denuncia y que tiene que actuar Fiscalía, pero ahí se queda.
¿Qué papel cumpliría el informe del auditor en la detección de la minería criminal?
“La producción de la minería ilegal está siendo sumada a la producción de una legal. Al hacer la auditoría se identificaría que está vendiendo a una planta un producto que no es suyo, se podría verificar que el reporte sea el mismo que se obtuvo en el territorio. La institución contrastaría esta información.
La corrupción está en las coordinaciones zonales de Arcom, nos han dicho nuestras fuentes en varias ocasiones.
“Eso es fácil de verificar. Algunos titulares que asesoro y les hacía informes me han dicho, -´No ingeniero, el técnico de la agencia o el técnico del ministerio me va a hacer los informes de producción y auditoría. Él me los va a dar aprobando dentro de la institución´.
“Entonces, esos técnicos buscan la firma de un auditor. Lamentablemente hay profesionales también que se prestan porque no hay un reglamento bien establecido.
“Consecuentemente, no existe un control y un desarrollo correcto, con un reporte de la producción. Hay concesiones que no han movido un metro cuadrado de material, sin embargo, han vendido al Banco Central un millón o medio millón de oro.
“Es fácil corroborarlo a través de imágenes satelitales, especialmente concesiones que son a cielo abierto y de explotación aluvial. Pero las autoridades no hacen nada porque les llega su rubro del negocio, un cierto porcentaje mensual a la cabeza principal.
¿De qué rubro estamos hablando, ingeniero?
“Normalmente, si son sin producción les cobran 2000 más o menos en los dos informes. Y de ahí si son con producción, va subiendo el bruto a 4000, depende del del valor de venta de oro.
“Nosotros no somos empleados del ministerio, los auditores. Pero la ley nos autoriza a que seamos delegados, pero para ejercer bien esa delegación. Estamos representando al Estado ecuatoriano cada vez que hacemos una auditoría.
¿Cuál es la propuesta de Autecmin para este problema?
“Se necesita realizar reformas profundas para que exista una verdadera auditoría a las actividades mineras: La propuesta para la elaboración de informes y designación de auditores mineros incluye:
1. La designación del auditor minero de manera aleatoria y equitativa por medio del Sistema de Gestión Minera.
2. Establecer una lista de precios por cada auditoría minera, considerando la visita obligatoria de campo, con sus respectivos respaldos.
3. La depuración de auditores mineros (algunos calificados sin cumplir los requisitos, algunos funcionarios públicos, etc.).
4. Las auditorías deben ser semestrales acorde al Art.42 de la ley de minería.
5. En el tema de áridos y pétreos, libres aprovechamientos, las auditorías deben designarse aleatoriamente por el Sistema de Gestión Minera.
“Se debería hacer también auditoría a la exportación de minerales, porque se necesita saber si se exporta verdaderamente oro, pero especialmente en los concentrados pueden ir otros minerales y por eso a quienes están exportando no les interesa que se les haga auditorías.
“Solo así existirá un mayor control en el tema minero, y se podrá verificar que los rubros cancelados al Estado son los correctos, evitando el montón de anomalías que actualmente se presentan”.
¿Qué es lo que usted observa en los sectores en los que se desplaza por su profesión?
“Desde mi punto de vista, la minería ilegal se vende de manera ´legal´. Es decir, explotan ilegalmente en diferentes puntos geográficos del país y a través de titulares de concesiones mineras hacen el reporte de la producción.
“No es el cien por ciento, tal vez un porcentaje con el objetivo de vender ese oro al Banco Central o sacarlo del país. Eso se ha venido haciendo especialmente en la pequeña minería. En algunas ocasiones también han vendido al mercado que no exige facturas.
“Es importante también tener en cuenta que (el número) de las plantas de tratamiento o beneficio, que la mayor de parte se concentra en la provincia de El Oro, como en Portovelo, ha crecido considerablemente y ahí tampoco hay ningún control.
“En la ley no se no establece que las plantas deben tener certificados de origen de los productos que procesan. Fácilmente es material explotado de forma ilegal.
“Hay auditorías que no están visitando los sitios de producción. Hay sitios donde si usted hace una auditoría, va y ve que no hay no hay mineral. Pero los concesionarios lo comercializan. La Arcom (Agencia de Regulación y Control Minero, ndlr) no visita los sitios de producción para ver si es que la producción corresponde a lo que él reporta.
“Hay otros que producen algo, pero también aumentan un extra en el informe de producción.
“Ese mineral o concentrando de oro, cobre, plata y polimetálicos, como la arena que sale de los aluviales, las plantas de beneficio lo compran pero nunca preguntan de dónde salió. Ellos procesan y se quedan con el oro o con el mineral de interés.
“La autoridad, es decir, la Arcom tampoco visita las plantas para verificar si es que hubo mineral en la concesión que vendió el material. La legislación ecuatoriana establece que las plantas de beneficio presenten informes y auditoría semestrales.
“Sin embargo, es potestad del dueño de la planta contratar a la auditoría minera. Ahí está el inconveniente: como él contrata al auditor minero, el auditor está ´obligado´ a sacarle una auditoría cien por ciento de conformidad con la ley.
“Existe la minería ilegal aluvial enfrente de las comunidades. Ha habido paralizaciones de la población en sectores del oriente, como Zumbi, debido a que están direccionando el cauce del río a zonas pobladas, por ende va a existir inundaciones y ya existen destrucciones de algunas viviendas. Allí llegó alguien de la Arcom y también la Gobernadora de Zamora Chinchipe.
“Las instituciones se lavan las manos. La Arcom dice que pone la denuncia y que tiene que actuar Fiscalía, pero ahí se queda.
¿Qué papel cumpliría el informe del auditor en la detección de la minería criminal?
“La producción de la minería ilegal está siendo sumada a la producción de una legal. Al hacer la auditoría se identificaría que está vendiendo a una planta un producto que no es suyo, se podría verificar que el reporte sea el mismo que se obtuvo en el territorio. La institución contrastaría esta información.
La corrupción está en las coordinaciones zonales de Arcom, nos han dicho nuestras fuentes en varias ocasiones.
“Eso es fácil de verificar. Algunos titulares que asesoro y les hacía informes me han dicho, -´No ingeniero, el técnico de la agencia o el técnico del ministerio me va a hacer los informes de producción y auditoría. Él me los va a dar aprobando dentro de la institución´.
“Entonces, esos técnicos buscan la firma de un auditor. Lamentablemente hay profesionales también que se prestan porque no hay un reglamento bien establecido.
“Consecuentemente, no existe un control y un desarrollo correcto, con un reporte de la producción. Hay concesiones que no han movido un metro cuadrado de material, sin embargo, han vendido al Banco Central un millón o medio millón de oro.
“Es fácil corroborarlo a través de imágenes satelitales, especialmente concesiones que son a cielo abierto y de explotación aluvial. Pero las autoridades no hacen nada porque les llega su rubro del negocio, un cierto porcentaje mensual a la cabeza principal.
¿De qué rubro estamos hablando, ingeniero?
“Normalmente, si son sin producción les cobran 2000 más o menos en los dos informes. Y de ahí si son con producción, va subiendo el bruto a 4000, depende del del valor de venta de oro.
“Nosotros no somos empleados del ministerio, los auditores. Pero la ley nos autoriza a que seamos delegados, pero para ejercer bien esa delegación. Estamos representando al Estado ecuatoriano cada vez que hacemos una auditoría.
¿Cuál es la propuesta de Autecmin para este problema?
“Se necesita realizar reformas profundas para que exista una verdadera auditoría a las actividades mineras: La propuesta para la elaboración de informes y designación de auditores mineros incluye:
1. La designación del auditor minero de manera aleatoria y equitativa por medio del Sistema de Gestión Minera.
2. Establecer una lista de precios por cada auditoría minera, considerando la visita obligatoria de campo, con sus respectivos respaldos.
3. La depuración de auditores mineros (algunos calificados sin cumplir los requisitos, algunos funcionarios públicos, etc.).
4. Las auditorías deben ser semestrales acorde al Art.42 de la ley de minería.
5. En el tema de áridos y pétreos, libres aprovechamientos, las auditorías deben designarse aleatoriamente por el Sistema de Gestión Minera.
“Se debería hacer también auditoría a la exportación de minerales, porque se necesita saber si se exporta verdaderamente oro, pero especialmente en los concentrados pueden ir otros minerales y por eso a quienes están exportando no les interesa que se les haga auditorías.
“Solo así existirá un mayor control en el tema minero, y se podrá verificar que los rubros cancelados al Estado son los correctos, evitando el montón de anomalías que actualmente se presentan”.
Propuestas para corregir el sistema viciado de auditorías mineras
-Serie sobre las auditorías mineras en el Ecuador. Tercera parte-
Entrevista al ingeniero David Gallegos, presidente de Autecmin.
Mayo 25 de 2025.- Las auditorías mineras deben reflejar la realidad de la actividad de producción y exportación de minerales y materiales de construcción en el país. Cada auditoría debe comprobar plenamente la información del minero sobre su producción y gastos.
De ahí, el SRI podrá establecer cabalmente los impuestos y regalías que corresponden a cada mina y planta de beneficio. Cuánto le corresponde al Estado y, por ende, a las comunidades cercanas, como lo dice la ley. Y cuánto de lo que exporta el país se produce realmente en el Ecuador.
Así también, los que diseñan políticas públicas de fomento a la producción y a la inversión interna, podrán conocer la productividad, las tecnologías y cómo se aplican, el cuidado de la salud y vida de los mineros, del ambiente, el destino de las descargas, de los escombros.
Producir minerales y generar dólares no lo es todo, lo importante es hacer sostenible, justa y moderna esta actividad. Que los minerales que exportamos sean un producto limpio en todo sentido.
Sobre un sistema de auditorías permeable a la corrupción, con el subrreporte de producción o la inclusión del producto de la minería criminal, que se han normalizado en el país, entrevistamos al ingeniero Gallegos, presidente del Colegio de Auditores Técnicos Mineros del Ecuador, Autecmin.
Ingeniero, díganos ¿cómo son las irregularidades en la práctica de las auditorías mineras?
Por un lado, hay el Instructivo que permite que los auditores “más viejos” no actualicemos nuestra acreditación mientras los “más nuevos” tienen que hacerlo cada tres años. Hay también un reglamento a la ley de minería que contradice la ley, al permitir que los informes auditados de la pequeña minería se presenten anualmente, mientras la ley señala que deben hacerse semestralmente.
Hay un grupo de colegas que están acaparando las auditorías, no están aplicando legalmente el principio de auditoría con que fueron concebidas en la ley, sino que están fabricando auditorías, por desgracia, aunque el término no me gusta. Yo quisiera hablar a la ciencia cierta, ¿cuántos auditorías hace cada auditor? Hemos solicitado a la Arcom, pero no nos han respondido.
¿Qué es lo que están proponiendo y cómo lo han hecho?
Como gremio de auditores mineros, con apoyo del Cigmipa hemos presentado propuestas a las autoridades del Ministerio para mejorar estas auditorías, pero hasta ahora no me contestan.
Nuestras propuestas son para actualizar esa reglamentación, que tenga más control y una gestión verdadera de las auditorías mineras, que cumplan con su razón de ser.
¿Cuál es esa, ingeniero?
El objetivo de la auditoría es evaluar un ejercicio, el procedimiento, técnicamente, administrativamente y la seguridad minera: ¿Aplican normas de seguridad? ¿Se cumple con la ley y todas las normas? Si se efectúan sin compromisos con los titulares mineros o los dueños de las plantas. Sin esos conflictos de interés.
Una auditoría por principio es visitar una mina, visitar los frentes de explotación y emitir un criterio técnico. O sea, comprobar en el sitio si se está llevando bien, según nuestras normas técnicas. Y eso es lo que está faltando.
Una auditoría, no por rápido que podamos hacerla ni por cerca que esté, tiene su complejidad y toma su tiempo. Una institución como el Ministerio de Obras Públicas tiene unas 1000 concesiones mineras de donde sacan materiales, e igualmente se tiene que hacer auditorías de ley. Pues las hacen uno o dos colegas.
Otro caso, por decirlo, vivimos en Quito pero hacemos una auditoría en Loja. Es un día de viaje de ida y otro de vuelta, como mínimo dos o tres días en la mina y a escribir ese informe. Considerando las fechas y plazos en que hay que presentar las auditorías ¿Hasta cuántas podríamos hacer cada uno? ¿podemos hacer 100 auditorías, más de 100 auditorías, es factible?
Y hay un grupo mayoritario de auditores que no están realizando el trabajo, no hay espacio en el mercado laboral porque hay una concentración en contadas manos.
¿En qué consisten sus propuestas como Autecmin?
Una es que se cambie el reglamento para lograr que, por decir algo: no sea el titular minero, el dueño de una mina o una planta el que escoge el auditor. Que quien designe el auditor sea el Ministerio (de Energía y Minas).
Que el ministerio lo designe a través de un sorteo aleatorio, en donde no intervenga ninguna mano humana para manejar el asunto y que se asigne secuencialmente, es decir, se coloque a los auditores asignados al final de la fila para que se tome en cuenta a todos por igual, para que no se repita el mismo varias veces.
Además, que se cree una tabla de costos para las auditorías, de acuerdo al tamaño de la mina y al tipo de trabajos que realiza. Porque ese otro problema. Como “yo hago” cien o 200 auditorías, entonces “yo dejo” a 100 dólares por auditoría. Así sea imposible, por los gastos que implica una auditoría real.
De acuerdo a nuestra ley las auditorías de explotación deben ser cada semestre. Las de exploración cada año. Pero el reglamento cambió la ley para que los pequeños mineros puedan presentar el informe auditado de producción y exploración cada año, porque en ese régimen es posible realizar ambas actividades simultáneamente.
Pero eso no es justificación. Estamos pidiendo que se cumpla la ley y los informes de producción y por tanto las auditorías a esos informes tienen que ser semestrales.
¿Qué cree que lograrían con todo eso?
Al escoger en forma particular el auditor por parte del titular minero, se forma una relación: “A mí me vienen escogiendo ya 10 años de la misma empresa”. Ahí hasta podría ser una relación cómplice si no somos verdaderos profesionales. Queremos auditorías verdaderas.
¿Sobre qué aspecto se establecería la tabla y qué tipos de auditorías habría?
La auditoría es una sola. No hay diferentes tipos, pero sí es diferente la actividad de cada empresa. Ya sea auditoría a una exploración, a una producción o a una planta de beneficio. Una auditoría verdadera es distinta si muevo 1000 dólares o un millón de dólares. Si muevo una volqueta diariamente o cien de material de construcción. Si muevo 100 o 200 volquetas. Si exploto una o cien toneladas de mineral diarias.
La tabla de precios podría establecerse por rangos de volumen de producción en la primera línea. Y también si se trata de exploración, explotación o del proceso metalúrgico de beneficio.
De ahí, el SRI podrá establecer cabalmente los impuestos y regalías que corresponden a cada mina y planta de beneficio. Cuánto le corresponde al Estado y, por ende, a las comunidades cercanas, como lo dice la ley. Y cuánto de lo que exporta el país se produce realmente en el Ecuador.
Así también, los que diseñan políticas públicas de fomento a la producción y a la inversión interna, podrán conocer la productividad, las tecnologías y cómo se aplican, el cuidado de la salud y vida de los mineros, del ambiente, el destino de las descargas, de los escombros.
Producir minerales y generar dólares no lo es todo, lo importante es hacer sostenible, justa y moderna esta actividad. Que los minerales que exportamos sean un producto limpio en todo sentido.
Sobre un sistema de auditorías permeable a la corrupción, con el subrreporte de producción o la inclusión del producto de la minería criminal, que se han normalizado en el país, entrevistamos al ingeniero Gallegos, presidente del Colegio de Auditores Técnicos Mineros del Ecuador, Autecmin.
Ingeniero, díganos ¿cómo son las irregularidades en la práctica de las auditorías mineras?
Por un lado, hay el Instructivo que permite que los auditores “más viejos” no actualicemos nuestra acreditación mientras los “más nuevos” tienen que hacerlo cada tres años. Hay también un reglamento a la ley de minería que contradice la ley, al permitir que los informes auditados de la pequeña minería se presenten anualmente, mientras la ley señala que deben hacerse semestralmente.
Hay un grupo de colegas que están acaparando las auditorías, no están aplicando legalmente el principio de auditoría con que fueron concebidas en la ley, sino que están fabricando auditorías, por desgracia, aunque el término no me gusta. Yo quisiera hablar a la ciencia cierta, ¿cuántos auditorías hace cada auditor? Hemos solicitado a la Arcom, pero no nos han respondido.
¿Qué es lo que están proponiendo y cómo lo han hecho?
Como gremio de auditores mineros, con apoyo del Cigmipa hemos presentado propuestas a las autoridades del Ministerio para mejorar estas auditorías, pero hasta ahora no me contestan.
Nuestras propuestas son para actualizar esa reglamentación, que tenga más control y una gestión verdadera de las auditorías mineras, que cumplan con su razón de ser.
¿Cuál es esa, ingeniero?
El objetivo de la auditoría es evaluar un ejercicio, el procedimiento, técnicamente, administrativamente y la seguridad minera: ¿Aplican normas de seguridad? ¿Se cumple con la ley y todas las normas? Si se efectúan sin compromisos con los titulares mineros o los dueños de las plantas. Sin esos conflictos de interés.
Una auditoría por principio es visitar una mina, visitar los frentes de explotación y emitir un criterio técnico. O sea, comprobar en el sitio si se está llevando bien, según nuestras normas técnicas. Y eso es lo que está faltando.
Una auditoría, no por rápido que podamos hacerla ni por cerca que esté, tiene su complejidad y toma su tiempo. Una institución como el Ministerio de Obras Públicas tiene unas 1000 concesiones mineras de donde sacan materiales, e igualmente se tiene que hacer auditorías de ley. Pues las hacen uno o dos colegas.
Otro caso, por decirlo, vivimos en Quito pero hacemos una auditoría en Loja. Es un día de viaje de ida y otro de vuelta, como mínimo dos o tres días en la mina y a escribir ese informe. Considerando las fechas y plazos en que hay que presentar las auditorías ¿Hasta cuántas podríamos hacer cada uno? ¿podemos hacer 100 auditorías, más de 100 auditorías, es factible?
Y hay un grupo mayoritario de auditores que no están realizando el trabajo, no hay espacio en el mercado laboral porque hay una concentración en contadas manos.
¿En qué consisten sus propuestas como Autecmin?
Una es que se cambie el reglamento para lograr que, por decir algo: no sea el titular minero, el dueño de una mina o una planta el que escoge el auditor. Que quien designe el auditor sea el Ministerio (de Energía y Minas).
Que el ministerio lo designe a través de un sorteo aleatorio, en donde no intervenga ninguna mano humana para manejar el asunto y que se asigne secuencialmente, es decir, se coloque a los auditores asignados al final de la fila para que se tome en cuenta a todos por igual, para que no se repita el mismo varias veces.
Además, que se cree una tabla de costos para las auditorías, de acuerdo al tamaño de la mina y al tipo de trabajos que realiza. Porque ese otro problema. Como “yo hago” cien o 200 auditorías, entonces “yo dejo” a 100 dólares por auditoría. Así sea imposible, por los gastos que implica una auditoría real.
De acuerdo a nuestra ley las auditorías de explotación deben ser cada semestre. Las de exploración cada año. Pero el reglamento cambió la ley para que los pequeños mineros puedan presentar el informe auditado de producción y exploración cada año, porque en ese régimen es posible realizar ambas actividades simultáneamente.
Pero eso no es justificación. Estamos pidiendo que se cumpla la ley y los informes de producción y por tanto las auditorías a esos informes tienen que ser semestrales.
¿Qué cree que lograrían con todo eso?
Al escoger en forma particular el auditor por parte del titular minero, se forma una relación: “A mí me vienen escogiendo ya 10 años de la misma empresa”. Ahí hasta podría ser una relación cómplice si no somos verdaderos profesionales. Queremos auditorías verdaderas.
¿Sobre qué aspecto se establecería la tabla y qué tipos de auditorías habría?
La auditoría es una sola. No hay diferentes tipos, pero sí es diferente la actividad de cada empresa. Ya sea auditoría a una exploración, a una producción o a una planta de beneficio. Una auditoría verdadera es distinta si muevo 1000 dólares o un millón de dólares. Si muevo una volqueta diariamente o cien de material de construcción. Si muevo 100 o 200 volquetas. Si exploto una o cien toneladas de mineral diarias.
La tabla de precios podría establecerse por rangos de volumen de producción en la primera línea. Y también si se trata de exploración, explotación o del proceso metalúrgico de beneficio.
El nuevo RAAM cambia garantías y
pólizas de responsabilidad ambiental
Mayo 25 de 2025.- Mediante el acuerdo ministerial Nro. Maate-Maate-2025-0045-A, el 23 de mayo, María Cristina Recalde Larrea, ministra del Ambiente, Agua y Transición Ecológica encargada, expidió un nuevo Reglamento Ambiental de Actividades Mineras (RAAM) que sustituye al que estaba vigente desde marzo de 2014 y a todas sus reformas posteriores y deroga toda norma de igual o menor jerarquía que se le contraponga.
El RAAM tiene por objeto promover el desarrollo sustentable de la minería a nivel nacional a través del establecimiento de disposiciones, procedimientos y requisitos para prevenir, minimizar, evitar y controlar los impactos negativos de las actividades mineras, así como establecer las medidas de rehabilitación y reparación de los espacios naturales degradados por dichas actividades.
Su ámbito de aplicación es todo el territorio nacional ya que constituye una norma de obligatorio cumplimiento para personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas, mixtas o privadas, comunitarias, de autogestión y de la economía popular y solidaria, respecto de la gestión ambiental en las actividades mineras en sus fases de exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación y cierre de minas.
La regulación aplica a los diversos regímenes mineros establecidos en la Ley de Minería, incluyendo minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería, así como el libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras públicas. Sin embargo, no tiene carácter retroactivo por lo que solo los titulares mineros que no se encuentren en proceso de regularización ambiental, deberán someterse al procedimiento establecido en este reglamento.
El Reglamento fue elaborado por la Subsecretaría de Calidad Ambiental a través de la Dirección de Regularización Ambiental, Dirección de Control Ambiental y Dirección de Sustancias Químicas y Desechos Peligrosos y No Peligrosos del Maate, con el fin de garantizar un marco normativo que regule, resuelva vacíos normativos adaptados a la realidad y legislación actual, así como mejorar los procesos de regularización ambiental y fortalecer los mecanismos de control y seguimiento de las actividades mineras en el país.
La propuesta de normativa, dice en los considerandos, fue socializada a través de mesas de trabajo y medios las partes interesadas, academia, gremio, asociación, compañías y sociedad civil en general, vinculados a las actividades mineras, con lo cual se recogieron aportes de las partes interesadas para su inclusión en el proyecto.
Esta reforma del RAAm, señala además, “no afecta a los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, por lo tanto, no es aplicable la realización de una consulta prelegislativa previo a su emisión”.
El Nuevo Reglamento tiene 13 capítulos y 120 artículos en los que introduce varios cambios normativos entre los más visibles en una revisión a vuelo de pájaro: introduce cambios en los procedimientos de regularización ambiental de las concesiones mineras y, establece el régimen para la gestión ambiental de las actividades de perforación en la etapa de exploración para lo cual obliga a introducir cambios en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).
En el capítulo de garantías económicas también hay cambios. Establece en qué casos los concesionarios de títulos mineros deben presentar la póliza de fiel cumplimiento del plan de manejo ambiental de los proyectos y cuándo sustituirlo por un seguro o garantía de responsabilidad ambiental.
Adicionalmente, pone en vigencia lo dispuesto en la Constitución y la ley, en relación con que los gobiernos autónomos descentralizados municipales, y no el Maate, sean los encargados de regular, autorizar y controlar la gestión ambiental de la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras de su circunscripción.
Hasta que los cambios en el SUIA estén implementados, los trámites que no cuenten con la debida programación en la plataforma podrán ser ingresados al Maate de forma física.
Los titulares mineros obligados a presentar el “Seguro o Garantía de Responsabilidad Ambiental", continuarán presentando la "Póliza de fiel cumplimiento del 100% del PMA" hasta que el Maate expida la norma técnica correspondiente a la póliza o garantía de responsabilidad ambiental.
En las “disposiciones transitorias” incluye que, los módulos de planificación, elaboración de informes, convocatorias, subsanación de observaciones y demás elementos correspondientes al proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental deberán ser incorporados en el SUIA para los procesos de regularización ambiental de actividades de exploración inicial con sondeos de prueba o reconocimiento en el plazo de seis meses.
Así como dispone que, en el plazo de dos años desde la vigencia del nuevo reglamento, la Autoridad Ambiental Nacional actualizará la normativa técnica respecto al procedimiento de cierre y abandono de proyectos mineros, la cual incluirá la determinación de los tipos y cuantías de los seguros y garantías correspondientes.
El RAAM tiene por objeto promover el desarrollo sustentable de la minería a nivel nacional a través del establecimiento de disposiciones, procedimientos y requisitos para prevenir, minimizar, evitar y controlar los impactos negativos de las actividades mineras, así como establecer las medidas de rehabilitación y reparación de los espacios naturales degradados por dichas actividades.
Su ámbito de aplicación es todo el territorio nacional ya que constituye una norma de obligatorio cumplimiento para personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas, mixtas o privadas, comunitarias, de autogestión y de la economía popular y solidaria, respecto de la gestión ambiental en las actividades mineras en sus fases de exploración, explotación, beneficio, fundición, refinación y cierre de minas.
La regulación aplica a los diversos regímenes mineros establecidos en la Ley de Minería, incluyendo minería artesanal, pequeña, mediana y gran minería, así como el libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras públicas. Sin embargo, no tiene carácter retroactivo por lo que solo los titulares mineros que no se encuentren en proceso de regularización ambiental, deberán someterse al procedimiento establecido en este reglamento.
El Reglamento fue elaborado por la Subsecretaría de Calidad Ambiental a través de la Dirección de Regularización Ambiental, Dirección de Control Ambiental y Dirección de Sustancias Químicas y Desechos Peligrosos y No Peligrosos del Maate, con el fin de garantizar un marco normativo que regule, resuelva vacíos normativos adaptados a la realidad y legislación actual, así como mejorar los procesos de regularización ambiental y fortalecer los mecanismos de control y seguimiento de las actividades mineras en el país.
La propuesta de normativa, dice en los considerandos, fue socializada a través de mesas de trabajo y medios las partes interesadas, academia, gremio, asociación, compañías y sociedad civil en general, vinculados a las actividades mineras, con lo cual se recogieron aportes de las partes interesadas para su inclusión en el proyecto.
Esta reforma del RAAm, señala además, “no afecta a los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, por lo tanto, no es aplicable la realización de una consulta prelegislativa previo a su emisión”.
El Nuevo Reglamento tiene 13 capítulos y 120 artículos en los que introduce varios cambios normativos entre los más visibles en una revisión a vuelo de pájaro: introduce cambios en los procedimientos de regularización ambiental de las concesiones mineras y, establece el régimen para la gestión ambiental de las actividades de perforación en la etapa de exploración para lo cual obliga a introducir cambios en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).
En el capítulo de garantías económicas también hay cambios. Establece en qué casos los concesionarios de títulos mineros deben presentar la póliza de fiel cumplimiento del plan de manejo ambiental de los proyectos y cuándo sustituirlo por un seguro o garantía de responsabilidad ambiental.
Adicionalmente, pone en vigencia lo dispuesto en la Constitución y la ley, en relación con que los gobiernos autónomos descentralizados municipales, y no el Maate, sean los encargados de regular, autorizar y controlar la gestión ambiental de la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras de su circunscripción.
Hasta que los cambios en el SUIA estén implementados, los trámites que no cuenten con la debida programación en la plataforma podrán ser ingresados al Maate de forma física.
Los titulares mineros obligados a presentar el “Seguro o Garantía de Responsabilidad Ambiental", continuarán presentando la "Póliza de fiel cumplimiento del 100% del PMA" hasta que el Maate expida la norma técnica correspondiente a la póliza o garantía de responsabilidad ambiental.
En las “disposiciones transitorias” incluye que, los módulos de planificación, elaboración de informes, convocatorias, subsanación de observaciones y demás elementos correspondientes al proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental deberán ser incorporados en el SUIA para los procesos de regularización ambiental de actividades de exploración inicial con sondeos de prueba o reconocimiento en el plazo de seis meses.
Así como dispone que, en el plazo de dos años desde la vigencia del nuevo reglamento, la Autoridad Ambiental Nacional actualizará la normativa técnica respecto al procedimiento de cierre y abandono de proyectos mineros, la cual incluirá la determinación de los tipos y cuantías de los seguros y garantías correspondientes.
Muyuyacu: la Zonal 6 de Energía y Minas
aplica sentencia de la Corte Constitucional
Mayo 25 de 2025.- El abogado Estefano Antonio Chamoun Carrera, coordinador Zonal 6 del Ministerio de Energía y Minas, en cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia Nro. 1365-20-EP, emitida por la Corte Constitucional del Ecuador inició las acciones legales, para dejar sin efecto el proceso de despojo de la concesión Muyuyacu 3622 a la Empresa Nacional Minera EP.
En la sentencia 1365-20-EP/25, el Pleno de la Corte Constitucional resolvió: “[...] Dejar sin efecto el auto de 8 de junio de 2020, dictado por la Unidad Judicial Penal Norte 2 con sede en el cantón Guayaquil, dentro del caso 09286-2019-01409 y, por ende, todas las actuaciones posteriores destinadas a la ejecución de la “modulación de efectos” en favor de Gaby Panama Corporation”.
Los antecedentes del proceso y los efectos de la decisión de la Corte Constitucional están resumidos y explicados en nuestra nota titulada Concesión Muyuyacu regresará a la Enami EP, la Corte Constitucional falla en contra de Gaby Panamá.
En consecuencia, el Coordinador Zonal dispuso que se restituya la concesión minera denominada Muyuyacu -código 6322-, a favor de la Enami EP y a favor de la compañía Guadalupe Mining Corporation, las concesiones mineras Guadalupe -código 30.1-, Fermín Bajo -código 101405, Río Villa 2 -código 100961, Villa Sur -código 101558-, Río Tenguel Este -código 102875- y Río Negro -código 102891-.
“Ofíciese a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), con el objetivo de que se disponga a quien corresponda, efectúe los registros, cancelaciones e inscripciones correspondientes, a fin de cumplir con lo dispuesto en la Sentencia 1365-20-EP/25 y la presente resolución”, dijo también a través de la resolución Nro. MEM-CZCS-2025-0065-RM.
Complementariamente, dejó sin efecto también la resolución Nro. MERNNR-CZCS-2021-0135-RM, de fecha 10 de junio de 2021, suscrita por la ingeniera Gabriela Elizabeth Jaramillo Cueva, en calidad de Coordinadora Zonal Centro Sur encargada, la misma que puso en ejecución la modulación osea, la extensión de una sentencia a favor de la compañía Gaby Panama.
Las empresas Enami y Guadalupe Mining tienen hasta 30 días a partir del 2 de mayo para protocolizar la resolución en una notaría del país e inscribirla en la Agencia de Regulación y Control Minero, Dirección Distrital Azuay.
De parte del presidente de la Cámara de Minería del Azuay y representante legal de la Asociación de Mineros 12 de Octubre, Patricio Vargas, se produjo una reacción inmediata. “Oportunamente lo advertimos a las autoridades mineras y de la Enami EP, extrañamente no tuvimos acogida, dijo, pero tuvo que ser la Corte Constitucional quien determine el incorrecto actuar y proceder de estos nuevos actores mineros en Camilo Ponce Enríquez, quienes con anuencia de ciertos funcionarios ministeriales, de la Arcom y la Enami EP, nos desplazaron y contribuyeron a la lamentable situación que se vive en este Distrito Minero; esperamos que regrese la minería formal y el reconocimiento de los legítimos derechos de quienes por más de 20 años venimos realizando labores mineras formales dentro del área Muyuyacu y podamos retomar con normalidad nuestras labores y se dé de baja todos contratos mineros espurios”, puntualizó.
En la sentencia 1365-20-EP/25, el Pleno de la Corte Constitucional resolvió: “[...] Dejar sin efecto el auto de 8 de junio de 2020, dictado por la Unidad Judicial Penal Norte 2 con sede en el cantón Guayaquil, dentro del caso 09286-2019-01409 y, por ende, todas las actuaciones posteriores destinadas a la ejecución de la “modulación de efectos” en favor de Gaby Panama Corporation”.
Los antecedentes del proceso y los efectos de la decisión de la Corte Constitucional están resumidos y explicados en nuestra nota titulada Concesión Muyuyacu regresará a la Enami EP, la Corte Constitucional falla en contra de Gaby Panamá.
En consecuencia, el Coordinador Zonal dispuso que se restituya la concesión minera denominada Muyuyacu -código 6322-, a favor de la Enami EP y a favor de la compañía Guadalupe Mining Corporation, las concesiones mineras Guadalupe -código 30.1-, Fermín Bajo -código 101405, Río Villa 2 -código 100961, Villa Sur -código 101558-, Río Tenguel Este -código 102875- y Río Negro -código 102891-.
“Ofíciese a la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), con el objetivo de que se disponga a quien corresponda, efectúe los registros, cancelaciones e inscripciones correspondientes, a fin de cumplir con lo dispuesto en la Sentencia 1365-20-EP/25 y la presente resolución”, dijo también a través de la resolución Nro. MEM-CZCS-2025-0065-RM.
Complementariamente, dejó sin efecto también la resolución Nro. MERNNR-CZCS-2021-0135-RM, de fecha 10 de junio de 2021, suscrita por la ingeniera Gabriela Elizabeth Jaramillo Cueva, en calidad de Coordinadora Zonal Centro Sur encargada, la misma que puso en ejecución la modulación osea, la extensión de una sentencia a favor de la compañía Gaby Panama.
Las empresas Enami y Guadalupe Mining tienen hasta 30 días a partir del 2 de mayo para protocolizar la resolución en una notaría del país e inscribirla en la Agencia de Regulación y Control Minero, Dirección Distrital Azuay.
De parte del presidente de la Cámara de Minería del Azuay y representante legal de la Asociación de Mineros 12 de Octubre, Patricio Vargas, se produjo una reacción inmediata. “Oportunamente lo advertimos a las autoridades mineras y de la Enami EP, extrañamente no tuvimos acogida, dijo, pero tuvo que ser la Corte Constitucional quien determine el incorrecto actuar y proceder de estos nuevos actores mineros en Camilo Ponce Enríquez, quienes con anuencia de ciertos funcionarios ministeriales, de la Arcom y la Enami EP, nos desplazaron y contribuyeron a la lamentable situación que se vive en este Distrito Minero; esperamos que regrese la minería formal y el reconocimiento de los legítimos derechos de quienes por más de 20 años venimos realizando labores mineras formales dentro del área Muyuyacu y podamos retomar con normalidad nuestras labores y se dé de baja todos contratos mineros espurios”, puntualizó.
Minería criminal: El control por GPS a las excavadoras
es obligatorio pero tampoco se cumple
Mayo 18 de 2025.- Desde el 6 de febrero del año 2017 está vigente la normativa interministerial que contempla las Disposiciones para el Uso de Maquinaria y Equipo Pesado en la Actividad Minera y Transporte Comercial de Carga Pesada de Productos Forestales, con la cual se debería controlar por GPS la movilización de las excavadoras que se utilizan en la minería, y en otras actividades, aunque no estén fuera de la ley.
El horrendo crimen contra 11 militares ecuatorianos en el alto Punino el 9 de mayo, reiteró una vez más la combinación de factores que contribuyen a la expansión de la minería criminal, uno de los cuales es la ausencia de controles estatales, que dejan un vacío por llenarse, en este caso, supuestamente por un grupo armado del país vecino.
Uno de esos controles incumplido es el acuerdo interministerial “N° 002”, como se denomina la normativa, publicada en el Registro Oficial N° 938, tiene por objeto regular el uso de la maquinaria y equipo pesado, sus partes y accesorios, que sirvan para la ejecución de la actividad minera y forestal. Los inversionistas mineros y forestales, concesionarios e importadores de maquinaria y equipo pesado, se deben sujetar a esas disposiciones.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) debería tener a su cargo el Registro y Catastro de toda la maquinaria, equipo y transporte objeto del acuerdo, que incluye un listado de 15 tipos de maquinarias, entre las cuales constan: cargadora de ruedas, excavadora sobre orugas, lo mismo pero de cucharón frontal, excavadora sobre ruedas, miniexcavadora y retroexcavadora.
El horrendo crimen contra 11 militares ecuatorianos en el alto Punino el 9 de mayo, reiteró una vez más la combinación de factores que contribuyen a la expansión de la minería criminal, uno de los cuales es la ausencia de controles estatales, que dejan un vacío por llenarse, en este caso, supuestamente por un grupo armado del país vecino.
Uno de esos controles incumplido es el acuerdo interministerial “N° 002”, como se denomina la normativa, publicada en el Registro Oficial N° 938, tiene por objeto regular el uso de la maquinaria y equipo pesado, sus partes y accesorios, que sirvan para la ejecución de la actividad minera y forestal. Los inversionistas mineros y forestales, concesionarios e importadores de maquinaria y equipo pesado, se deben sujetar a esas disposiciones.
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) debería tener a su cargo el Registro y Catastro de toda la maquinaria, equipo y transporte objeto del acuerdo, que incluye un listado de 15 tipos de maquinarias, entre las cuales constan: cargadora de ruedas, excavadora sobre orugas, lo mismo pero de cucharón frontal, excavadora sobre ruedas, miniexcavadora y retroexcavadora.
Para el proceso de registro y matriculación previsto en el Reglamento del Registro Nacional de Equipos y Maquinaria, los mineros, concesionarios e importadores, dentro de los períodos regulares de matriculación dispuestos por el MTOP, presentarán el “Certificado de instalación y conectividad del GPS” emitido por el proveedor, sujetándose a los demás requisitos y procedimientos previstos.
El artículo 5 del acuerdo, contempla que las comercializadoras de maquinaria y equipo pesado, deberán entregar a los compradores las maquinarias con los respectivos dispositivos de rastreo satelital instalados, así como el registro debidamente emitido por el MTOP. Los importadores de maquinaria, una vez que ésta se encuentre nacionalizada, tendrían que hacer lo propio.
De ahí que, la instalación de dispositivos GPS híbridos (satelitales + celulares) que emitan la posición de la maquinaria o equipo pesado en tiempo real, debería hacerse obligatoriamente.
La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) debería realizar el control y monitoreo de la maquinaria y/o equipo pesado, cuya actividad sea la movilización y aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos, a través de la plataforma e infraestructura tecnológica definida para que se lleve a la práctica esta normativa.
El MEM y el Ministerio del Ambiente, ahora con otro nombre y competencias de la ex Secretaría del Agua (Maate), validarán la documentación presentada por los proveedores de los dispositivos GPS, y publicarán, en los sitios web oficiales, la nómina de proveedores autorizados, según el acuerdo interministerial vigente.
En su artículo 10 dice que el MTOP compartirá con la Arcom y la Dirección Nacional Forestal la base de datos de las matrículas de maquinarias, equipos pesados y vehículos, por medio de una clave de acceso de consulta al Sistema Integrado de Transporte y Obras Públicas, Sitop y AXIS, con el compromiso de mantener la confidencialidad en su manejo.
En 2019, debía realizarse lo dispuesto en dicha normativa: la Arcom y la Dirección Nacional Forestal del ahora Maate, evaluarían los resultados de la normativa y, si todo iba bien, los llevarían a la plataforma de la Agencia Nacional de Tránsito.
El Acuerdo Ministerial N° 002 fue emitido por Boris Sebastián Córdova Morales, ministro Transporte y Obras Públicas, Javier Felipe Córdova Unda, ministro de Minería y Walter Francisco García Cedeño, ministro del Ambiente, y está vigente.
Sin datos sobre las excavadoras matriculadas
El artículo 5 del acuerdo, contempla que las comercializadoras de maquinaria y equipo pesado, deberán entregar a los compradores las maquinarias con los respectivos dispositivos de rastreo satelital instalados, así como el registro debidamente emitido por el MTOP. Los importadores de maquinaria, una vez que ésta se encuentre nacionalizada, tendrían que hacer lo propio.
De ahí que, la instalación de dispositivos GPS híbridos (satelitales + celulares) que emitan la posición de la maquinaria o equipo pesado en tiempo real, debería hacerse obligatoriamente.
La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) debería realizar el control y monitoreo de la maquinaria y/o equipo pesado, cuya actividad sea la movilización y aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos, a través de la plataforma e infraestructura tecnológica definida para que se lleve a la práctica esta normativa.
El MEM y el Ministerio del Ambiente, ahora con otro nombre y competencias de la ex Secretaría del Agua (Maate), validarán la documentación presentada por los proveedores de los dispositivos GPS, y publicarán, en los sitios web oficiales, la nómina de proveedores autorizados, según el acuerdo interministerial vigente.
En su artículo 10 dice que el MTOP compartirá con la Arcom y la Dirección Nacional Forestal la base de datos de las matrículas de maquinarias, equipos pesados y vehículos, por medio de una clave de acceso de consulta al Sistema Integrado de Transporte y Obras Públicas, Sitop y AXIS, con el compromiso de mantener la confidencialidad en su manejo.
En 2019, debía realizarse lo dispuesto en dicha normativa: la Arcom y la Dirección Nacional Forestal del ahora Maate, evaluarían los resultados de la normativa y, si todo iba bien, los llevarían a la plataforma de la Agencia Nacional de Tránsito.
El Acuerdo Ministerial N° 002 fue emitido por Boris Sebastián Córdova Morales, ministro Transporte y Obras Públicas, Javier Felipe Córdova Unda, ministro de Minería y Walter Francisco García Cedeño, ministro del Ambiente, y está vigente.
Sin datos sobre las excavadoras matriculadas
Con el combate a la minería ilegal que de un tiempo a esta parte realiza el gobierno nacional, las autoridades de la Arcom, del MTOP y de control ambiental tampoco han quedado nada bien, puesto que la rápida extensión de la minería criminal y su naturaleza violenta, ha revelado que no hay autoridades que hagan cumplir las normativas.
Las excavadoras se pueden ver con fotografía satelital y con drones. El gobierno decomisó 148 en 2022 en el operativo Manatí y la sociedad civil de Napo calcula que actualmente existen unas 270 en los frentes mineros en la provincia y lo ha denunciado de todas las formas posibles. Se venden en alrededor de 100 mil y 250 mil dólares en Ecuador, y son indispensables para remover las tierras antes de minar los minerales del subsuelo o lavar las arenas de los ríos en la minería aluvial.
La importación y comercialización de excavadoras, parte de las cuales son utilizadas en la minería criminal, generó un negocio de 500 millones entre 2017 y 2024. El número de excavadoras de oruga importadas en ese lapso se disparó a partir de 2021, en un período en el que no hay obra pública ni del gobierno central ni de los seccionales ni actividad inmobiliaria en el país que lo explique.
Las autoridades del MTOP no hacen público el dato de matriculación por año, de acuerdo a un reportaje del periodista de Bitácora Ambiental, Franklin Vega. Según este, “de las excavadoras detenidas en Manatí solo lograron liberar cuatro. Las restantes 144 tenían adulterados o borrados los números de identificación del motor y del chasis”.
La trazabilidad del dinero pagado en la compra de los equipos tampoco se realiza y los concesionarios y comerciantes, de acuerdo a testimonios recogidos por Vía Minera, pagan en efectivo por un equipo, y si los vendedores se niegan a aceptarlo, enfrentan amenaza de muerte. Ver: Vía Minera: “Ojalá los políticos se den cuenta del daño que le hacen al país. Entrevista a Hassan Becdach”. https://www.viaminera.com/entrevistas.html/#Hassan%20Becdach%20Mu%C3%B1oz:%20Ojal%C3%A1%20los%20pol%C3%ADticos
La idea de prohibir las retroexcavadoras focalizadamente por estar relacionadas con lavado de activos se usó en Colombia en los años previos a la firma de la paz, cuando las zonas aluviales de minería de oro y todas las demás en las extensas áreas estaban controladas por los subversivos en el país vecino.
De acuerdo a datos recabados por el ingeniero Franklin Viera de la empresa ecuatoriana Geomingold, Colombia llegó a exportan 1 millón de onzas de oro al año, cuando solo existía una empresa regular en la zona del valle de Nenchi, sector El baque, la empresa Mineros S.A., compañía que estaba muy lejos de esa capacidad de producción.
A 60 kilómetros de la frontera
Las excavadoras se pueden ver con fotografía satelital y con drones. El gobierno decomisó 148 en 2022 en el operativo Manatí y la sociedad civil de Napo calcula que actualmente existen unas 270 en los frentes mineros en la provincia y lo ha denunciado de todas las formas posibles. Se venden en alrededor de 100 mil y 250 mil dólares en Ecuador, y son indispensables para remover las tierras antes de minar los minerales del subsuelo o lavar las arenas de los ríos en la minería aluvial.
La importación y comercialización de excavadoras, parte de las cuales son utilizadas en la minería criminal, generó un negocio de 500 millones entre 2017 y 2024. El número de excavadoras de oruga importadas en ese lapso se disparó a partir de 2021, en un período en el que no hay obra pública ni del gobierno central ni de los seccionales ni actividad inmobiliaria en el país que lo explique.
Las autoridades del MTOP no hacen público el dato de matriculación por año, de acuerdo a un reportaje del periodista de Bitácora Ambiental, Franklin Vega. Según este, “de las excavadoras detenidas en Manatí solo lograron liberar cuatro. Las restantes 144 tenían adulterados o borrados los números de identificación del motor y del chasis”.
La trazabilidad del dinero pagado en la compra de los equipos tampoco se realiza y los concesionarios y comerciantes, de acuerdo a testimonios recogidos por Vía Minera, pagan en efectivo por un equipo, y si los vendedores se niegan a aceptarlo, enfrentan amenaza de muerte. Ver: Vía Minera: “Ojalá los políticos se den cuenta del daño que le hacen al país. Entrevista a Hassan Becdach”. https://www.viaminera.com/entrevistas.html/#Hassan%20Becdach%20Mu%C3%B1oz:%20Ojal%C3%A1%20los%20pol%C3%ADticos
La idea de prohibir las retroexcavadoras focalizadamente por estar relacionadas con lavado de activos se usó en Colombia en los años previos a la firma de la paz, cuando las zonas aluviales de minería de oro y todas las demás en las extensas áreas estaban controladas por los subversivos en el país vecino.
De acuerdo a datos recabados por el ingeniero Franklin Viera de la empresa ecuatoriana Geomingold, Colombia llegó a exportan 1 millón de onzas de oro al año, cuando solo existía una empresa regular en la zona del valle de Nenchi, sector El baque, la empresa Mineros S.A., compañía que estaba muy lejos de esa capacidad de producción.
A 60 kilómetros de la frontera
Concesiones mineras en la zona de intervención del Ejército ecuatoriano en un operativo contra la minería criminal el 9 de mayo.
Las últimas víctimas de la minería criminal, por la ubicación de los hechos y por la versión oficial, fueron once soldados ecuatorianos y un miembro de una banda delictiva. La matanza calificada de emboscada por el Ejército ocurrió el viernes 9 de mayo, en la zona conocida como el alto río Punino, en la provincia de Napo, límite con la provincia de Orellana, al nororiente del país. El presidente Daniel Noboa manifestó por la red social X que se perseguirá y se eliminará a los responsables.
La versión oficial dice que 80 hombres del Ejército realizaban un control de la minería criminal cuando fueron emboscados los primeros 20 hombres ya recogidos de su punto de acción planificado. Los autores serían del grupo armado “Comandos de la Frontera”, conformado por disidentes de las colombianas FARC, utilizando alta tecnología, lanzagranadas, drones e inteligencia. Se señaló también transcurridos algunos días, que se comprobó la identidad del miembro de la banda muerto en intercambio de información con las fuerzas armadas colombianas.
El grupo delictivo hizo publicaciones en las que negaba la autoría del hecho, pero su versión es dudosa porque se verían afectadas las negociaciones de paz y desarme que lleva en la actualidad con el gobierno de Colombia.
El hecho ocurrió un día después de que se inicie la etapa de juicio de trece integrantes del grupo mafioso a cargo del fiscal Wilson Toainga, una semana antes de la instalación de la nueva Asamblea Nacional y dos semanas antes del inicio del nuevo mandato de Noboa, quien declaró al Ecuador en guerra interna en enero del 2024. Desde ahí, las Fuerzas Armadas han estado presentes en las calles del país y ese desdoble de sus funciones de seguridad externa a al interior, por los errores garrafales de algunos de sus miembros, ha sido objeto de polémica social.
La versión oficial dice que 80 hombres del Ejército realizaban un control de la minería criminal cuando fueron emboscados los primeros 20 hombres ya recogidos de su punto de acción planificado. Los autores serían del grupo armado “Comandos de la Frontera”, conformado por disidentes de las colombianas FARC, utilizando alta tecnología, lanzagranadas, drones e inteligencia. Se señaló también transcurridos algunos días, que se comprobó la identidad del miembro de la banda muerto en intercambio de información con las fuerzas armadas colombianas.
El grupo delictivo hizo publicaciones en las que negaba la autoría del hecho, pero su versión es dudosa porque se verían afectadas las negociaciones de paz y desarme que lleva en la actualidad con el gobierno de Colombia.
El hecho ocurrió un día después de que se inicie la etapa de juicio de trece integrantes del grupo mafioso a cargo del fiscal Wilson Toainga, una semana antes de la instalación de la nueva Asamblea Nacional y dos semanas antes del inicio del nuevo mandato de Noboa, quien declaró al Ecuador en guerra interna en enero del 2024. Desde ahí, las Fuerzas Armadas han estado presentes en las calles del país y ese desdoble de sus funciones de seguridad externa a al interior, por los errores garrafales de algunos de sus miembros, ha sido objeto de polémica social.
El control de la minería criminal con la Policía Nacional y el Ejército, ya iniciado en 2023, se considera una de las causas de una reducción en la exportación de oro desde el Ecuador. Según el Banco Central del Ecuador, tanto el valor como el volumen de las exportaciones experimentaron una contracción en 2024 respecto a 2023, con una disminución del 7,5% en valor FOB y del 10,7% en toneladas métricas.
Esto se explica, según la Cámara de Minería, por la producción de la mina de cobre Mirador por falta de suministro de electricidad y por los controles más estrictos del gobierno a la exportación de oro a la pequeña minería en la cual se hallan irregularidades en las concesiones y filtración de oro ilegal en los canales formales de exportación.
La composición de las exportaciones mineras ecuatorianas de 2024 en valor FOB muestra que en comparación con 2023, se observa una disminución en la participación del oro, que pasó del 41,84% al 33,42%, mientras que los otros productos mineros aumentaron su participación del 20,83% al 28,55%.
Además, en enero del año 2023, el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) primero y, a continuación, la Asamblea Nacional de Ecuador declararon a la minería ilegal como una amenaza a la seguridad del Estado. Con ello, el gobierno de Guillermo Lasso anunció acciones firmes para combatirla que incluyeron la revisión del ordenamiento normativo y sancionatorio y respaldar a las concesiones mineras legalmente establecidas.
Alrededor del sector en el que sucedieron los hechos existen una serie de concesiones mineras. El sitio se conoce como Los Puninos o el alto Punino, en la confluencia con el río Sardinas, en la provincia de Napo justo en el límite con Orellana, al nororiente del país.
De ahí en línea recta hacían el norte a la frontera con Colombia hay unos 60 kilómetros, 45 kilómetros a la vía de primer orden E45 por el oeste y 27 km por el norte en el poblado de Lumbaqui, 54 km a la ciudad fronteriza de Nueva Loja; 105 kilómetros a la ciudad de Tena, 45 a la ciudad de Coca. Pero, según mineros y expertos en seguridad conocedores del sector, en esa zona es selva cerrada sin accesos distintos de los senderos ancestrales y no hay otra forma de ingresar equipo pesado que por el aire, lo que da idea de la magnitud de la inversión criminal y otra falta de control, al movimiento aéreo.
Esto se explica, según la Cámara de Minería, por la producción de la mina de cobre Mirador por falta de suministro de electricidad y por los controles más estrictos del gobierno a la exportación de oro a la pequeña minería en la cual se hallan irregularidades en las concesiones y filtración de oro ilegal en los canales formales de exportación.
La composición de las exportaciones mineras ecuatorianas de 2024 en valor FOB muestra que en comparación con 2023, se observa una disminución en la participación del oro, que pasó del 41,84% al 33,42%, mientras que los otros productos mineros aumentaron su participación del 20,83% al 28,55%.
Además, en enero del año 2023, el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) primero y, a continuación, la Asamblea Nacional de Ecuador declararon a la minería ilegal como una amenaza a la seguridad del Estado. Con ello, el gobierno de Guillermo Lasso anunció acciones firmes para combatirla que incluyeron la revisión del ordenamiento normativo y sancionatorio y respaldar a las concesiones mineras legalmente establecidas.
Alrededor del sector en el que sucedieron los hechos existen una serie de concesiones mineras. El sitio se conoce como Los Puninos o el alto Punino, en la confluencia con el río Sardinas, en la provincia de Napo justo en el límite con Orellana, al nororiente del país.
De ahí en línea recta hacían el norte a la frontera con Colombia hay unos 60 kilómetros, 45 kilómetros a la vía de primer orden E45 por el oeste y 27 km por el norte en el poblado de Lumbaqui, 54 km a la ciudad fronteriza de Nueva Loja; 105 kilómetros a la ciudad de Tena, 45 a la ciudad de Coca. Pero, según mineros y expertos en seguridad conocedores del sector, en esa zona es selva cerrada sin accesos distintos de los senderos ancestrales y no hay otra forma de ingresar equipo pesado que por el aire, lo que da idea de la magnitud de la inversión criminal y otra falta de control, al movimiento aéreo.
¿Quién hizo mis 50 auditorías?
-Serie sobre las auditorías mineras en el Ecuador. Segunda parte-
Mayo 18 de 2025.- Una simple división y comparación con la cantidad de auditorías realizadas por cada auditor minero, permite establecer que existen irregularidades en la más importante actividad de verificación de las actividades de los mineros, las auditorías mineras. De la auditoría, se obtienen los datos verificados no solo de las inversiones realizadas por concesión, que son compromisos adquiridos, sino de las regalías que deben pagarse al Estado por la extracción de minerales y su procesamiento.
La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) del Ministerio de Energía y Minas (MEM) tienen en su base de datos cuántas auditorías semestrales y anuales realiza cada auditor, datos que el colegio de Auditores Técnicos Mineros del Ecuador, Autecmin, ha solicitado pero no se lo han entregado.
Las irregularidades en la práctica de las auditorías mineras se han normalizado en el Ecuador, abundan los testimonios y Vía Minera cuenta con un conjunto que respalda esta serie.
También está entre las atribuciones de la Arcom mantener actualizada la lista de auditores mineros calificados. La lista al 31 de marzo del año en curso contenía 93 calificados y registrados.
En nuestro número anterior mencionamos que por alguna sinrazón atribuida a la normativa vigente, 45 de los 93 auditores, los que calificaron hasta el año 2017 no tienen que actualizar su calificación mientras que los que se sujetan a la normativa vigente desde el 2017 tienen que actualizar su calificación y registro cada tres años, aunque esto significa una discriminación.
En todo caso, los datos oficiales arrojan 5323 concesiones mineras, metálicas y no metálicas, incluidas las de libre aprovechamiento de material pétreo, que corresponden a los gobiernos seccionales y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, generalmente usados en la construcción de carreteras.
De acuerdo a la ley minera en su artículo 38, la presentación de informes auditados de exploración del año anterior y el plan de inversión para el año en curso por cada una de las concesiones se debe realizar hasta el 31 de marzo.
De modo similar, para la etapa de explotación de cualquier yacimiento, el artículo 42 de la ley minera obliga a los concesionarios a presentar por cada concesión antes del 15 de enero y hasta el 15 de julio de cada año, informes auditados de la producción de minerales en el semestre calendario anterior, de acuerdo con las guías técnicas que prepare la Arcom, que no pueden obviar la ley ni el reglamento.
Los informes deberán se auditados por uno de los auditores certificados por la Arcom, o sea de la lista oficial. Lo contrario, según el artículo 112 de la ley, incumplir con este requisito y en su plazo establecido, es causa de que las concesiones caduquen.
Aproximadamente 7500 informes auditados al año y 93 auditores
Los auditores mineros agrupados en el Autecmin, calculan a groso modo, que los concesionarios deben presentar hasta el 31 de marzo de cada año 2875 informes auditados de exploración y planes, porque 2448 concesiones corresponden a la minería artesanal que es la única exenta de presentar informes. Eso arroja una cifra de 31 informes auditados por auditor minero que cuenta para ello con tres meses.
Quizá deberían excluirse a un número desconocido de las 274 concesiones a empresas extranjeras que no ha cumplido sus compromisos de inversión adquiridos desde 2016 y 2017, sin que se hayan hecho públicos los motivos oficiales y que han debido devolver las concesiones al estado. Aunque otras solo han vendido sus derechos mineros a otros titulares, como en los casos de Cornerstone, Adventus y Luminex, casos de empresas que desaparecieron.
Por el otro lado, los informes de producción deben presentar, según datos oficiales, 1666 concesiones de pequeña minería, 222 del régimen general (anterior a la definición de diferentes volúmenes de producción diarios en la ley de 2009) y 696 de libre aprovechamiento, lo que suma 2584 concesiones. Se excluyen las concesiones de gran minería (246) y de mediana minería (52) porque no están en producción, excepto una quincena de las minas Mirador y Fruta del Norte, por lo que se trata de un total aproximado. Además, las dos grandes minas presentan informes de producción de acuerdo a sus contratos, incluso cada trimestre o con mayor frecuencia.
2584 informes de producción a auditarse para 93 auditores mineros, arroja un promedio de 28 auditorías por cada uno, para el 15 de julio y otros 2584 para el 15 de enero. Auditorías que se realizan en 15 días.
Es decir que en 2024, hubo que auditar un total muy aproximado de 7500 informes, entre exploración y producción.
La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) del Ministerio de Energía y Minas (MEM) tienen en su base de datos cuántas auditorías semestrales y anuales realiza cada auditor, datos que el colegio de Auditores Técnicos Mineros del Ecuador, Autecmin, ha solicitado pero no se lo han entregado.
Las irregularidades en la práctica de las auditorías mineras se han normalizado en el Ecuador, abundan los testimonios y Vía Minera cuenta con un conjunto que respalda esta serie.
También está entre las atribuciones de la Arcom mantener actualizada la lista de auditores mineros calificados. La lista al 31 de marzo del año en curso contenía 93 calificados y registrados.
En nuestro número anterior mencionamos que por alguna sinrazón atribuida a la normativa vigente, 45 de los 93 auditores, los que calificaron hasta el año 2017 no tienen que actualizar su calificación mientras que los que se sujetan a la normativa vigente desde el 2017 tienen que actualizar su calificación y registro cada tres años, aunque esto significa una discriminación.
En todo caso, los datos oficiales arrojan 5323 concesiones mineras, metálicas y no metálicas, incluidas las de libre aprovechamiento de material pétreo, que corresponden a los gobiernos seccionales y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, generalmente usados en la construcción de carreteras.
De acuerdo a la ley minera en su artículo 38, la presentación de informes auditados de exploración del año anterior y el plan de inversión para el año en curso por cada una de las concesiones se debe realizar hasta el 31 de marzo.
De modo similar, para la etapa de explotación de cualquier yacimiento, el artículo 42 de la ley minera obliga a los concesionarios a presentar por cada concesión antes del 15 de enero y hasta el 15 de julio de cada año, informes auditados de la producción de minerales en el semestre calendario anterior, de acuerdo con las guías técnicas que prepare la Arcom, que no pueden obviar la ley ni el reglamento.
Los informes deberán se auditados por uno de los auditores certificados por la Arcom, o sea de la lista oficial. Lo contrario, según el artículo 112 de la ley, incumplir con este requisito y en su plazo establecido, es causa de que las concesiones caduquen.
Aproximadamente 7500 informes auditados al año y 93 auditores
Los auditores mineros agrupados en el Autecmin, calculan a groso modo, que los concesionarios deben presentar hasta el 31 de marzo de cada año 2875 informes auditados de exploración y planes, porque 2448 concesiones corresponden a la minería artesanal que es la única exenta de presentar informes. Eso arroja una cifra de 31 informes auditados por auditor minero que cuenta para ello con tres meses.
Quizá deberían excluirse a un número desconocido de las 274 concesiones a empresas extranjeras que no ha cumplido sus compromisos de inversión adquiridos desde 2016 y 2017, sin que se hayan hecho públicos los motivos oficiales y que han debido devolver las concesiones al estado. Aunque otras solo han vendido sus derechos mineros a otros titulares, como en los casos de Cornerstone, Adventus y Luminex, casos de empresas que desaparecieron.
Por el otro lado, los informes de producción deben presentar, según datos oficiales, 1666 concesiones de pequeña minería, 222 del régimen general (anterior a la definición de diferentes volúmenes de producción diarios en la ley de 2009) y 696 de libre aprovechamiento, lo que suma 2584 concesiones. Se excluyen las concesiones de gran minería (246) y de mediana minería (52) porque no están en producción, excepto una quincena de las minas Mirador y Fruta del Norte, por lo que se trata de un total aproximado. Además, las dos grandes minas presentan informes de producción de acuerdo a sus contratos, incluso cada trimestre o con mayor frecuencia.
2584 informes de producción a auditarse para 93 auditores mineros, arroja un promedio de 28 auditorías por cada uno, para el 15 de julio y otros 2584 para el 15 de enero. Auditorías que se realizan en 15 días.
Es decir que en 2024, hubo que auditar un total muy aproximado de 7500 informes, entre exploración y producción.
Pero de acuerdo a los testimonios de los auditores que forman parte de Autecmin, no hay mercado de trabajo, es decir, el valor que pagan las empresas, concesionarios y plantas de beneficio por las auditorías a sus informes, ni siquiera compensa el valor de la inscripción del registro en Arcom.
Es decir, también, que alguien más realiza las auditorías que le corresponderían a cada uno de los auditores calificados. ¿Alguien no realiza 31 auditorías en 3 meses, sino 62? Y así mismo ¿alguien más no realiza 28 auditorías de producción en 15 días, sino 56?
Y para que esto sea físicamente posible, considerando los gastos de desplazamiento y permanencia en el terreno y la multidisciplinaria y variada temática que tienen que cubrir, de alguna manera actores irregulares, antiéticos y antiprofesionales, han encontrado la forma de acaparar el trabajo y presentar cientos de auditorías de informes cobrando valores irrisorios por su elaboración, lo que generalmente consiguen comprando la firma a algún colega que se presta.
Un testimonio de alguien que se siente harto afectado dice: “Como no está establecida la fecha que tienen que entregar los informes a los auditores, los concesionarios los envían hasta con dos o tres días de anticipación con lo cual es imposible realizar el trabajo. Las supuestas auditorías ya están realizadas por los mismos que hacen los informes de producción que las envían solo para firmar. O la calidad de auditorías, con tantas falencias, incluso desde las carátulas, yo siendo funcionaria de la Arcom verificaba que llegaban auditorías de cierta área, pero con la carátula o los mismos datos de otra. ¡Un copy paste fatal!”
Así lo testifican más fuentes que prefieren guardar sus nombres, excepto el ingeniero Giovanny Mullo que ha escrito un artículo con propuestas de solución para eliminar las condiciones del sistema que dan lugar a estas malas prácticas, según dice. Por favor, ver: “El Verdadero Problema de las auditorías Mineras”, aquí:
https://www.viaminera.com/opinioacuten.html/#El%20verdadero%20problema%20de%20las%20auditor%C3%ADas%20mineras
Esto ha resultado además, en una precarización del trabajo profesional de los auditores, que deberían cobrar mucho menos de lo que gastarían, si los concesionarios aceptarían a darles el trabajo sin que consten en el círculo de los “más contratados”, los que más informes auditan y presentan y que los conoce bien la Arcom: “Los que más casos en el MTOP y gobiernos seccionales se consiguen y reparten”.
Es decir, también, que alguien más realiza las auditorías que le corresponderían a cada uno de los auditores calificados. ¿Alguien no realiza 31 auditorías en 3 meses, sino 62? Y así mismo ¿alguien más no realiza 28 auditorías de producción en 15 días, sino 56?
Y para que esto sea físicamente posible, considerando los gastos de desplazamiento y permanencia en el terreno y la multidisciplinaria y variada temática que tienen que cubrir, de alguna manera actores irregulares, antiéticos y antiprofesionales, han encontrado la forma de acaparar el trabajo y presentar cientos de auditorías de informes cobrando valores irrisorios por su elaboración, lo que generalmente consiguen comprando la firma a algún colega que se presta.
Un testimonio de alguien que se siente harto afectado dice: “Como no está establecida la fecha que tienen que entregar los informes a los auditores, los concesionarios los envían hasta con dos o tres días de anticipación con lo cual es imposible realizar el trabajo. Las supuestas auditorías ya están realizadas por los mismos que hacen los informes de producción que las envían solo para firmar. O la calidad de auditorías, con tantas falencias, incluso desde las carátulas, yo siendo funcionaria de la Arcom verificaba que llegaban auditorías de cierta área, pero con la carátula o los mismos datos de otra. ¡Un copy paste fatal!”
Así lo testifican más fuentes que prefieren guardar sus nombres, excepto el ingeniero Giovanny Mullo que ha escrito un artículo con propuestas de solución para eliminar las condiciones del sistema que dan lugar a estas malas prácticas, según dice. Por favor, ver: “El Verdadero Problema de las auditorías Mineras”, aquí:
https://www.viaminera.com/opinioacuten.html/#El%20verdadero%20problema%20de%20las%20auditor%C3%ADas%20mineras
Esto ha resultado además, en una precarización del trabajo profesional de los auditores, que deberían cobrar mucho menos de lo que gastarían, si los concesionarios aceptarían a darles el trabajo sin que consten en el círculo de los “más contratados”, los que más informes auditan y presentan y que los conoce bien la Arcom: “Los que más casos en el MTOP y gobiernos seccionales se consiguen y reparten”.
Fe de errata
Mayo 18 de 2025.- En la primera parte de esta serie afirmamos que no existen personas jurídicas calificadas en el listado de Arcom de auditores mineros calificados y registrados, lo cual constituye un error. Sí existen y son:
1. Geoplades Geografía, Planificación y Desarrollo Cia. Ltda. del tecnólogo en administración de sistemas de calidad, César Ulisis Álvarez Marcillo y la licenciada en ciencias de la educación, Mariana Rosario Arias Villacís; y
2. la empresa Velrub Consultora Minera & Suministros Cia. Ltda., de los hermanos ingenieros Edison Fernando, Jorge Rubén y César Humberto Veloz Ramírez, los dos primeros ingenieros de minas y el último ingeniero en geología.
1. Geoplades Geografía, Planificación y Desarrollo Cia. Ltda. del tecnólogo en administración de sistemas de calidad, César Ulisis Álvarez Marcillo y la licenciada en ciencias de la educación, Mariana Rosario Arias Villacís; y
2. la empresa Velrub Consultora Minera & Suministros Cia. Ltda., de los hermanos ingenieros Edison Fernando, Jorge Rubén y César Humberto Veloz Ramírez, los dos primeros ingenieros de minas y el último ingeniero en geología.
Superingenieros ´de primera´ y ´de segunda´ en el Ecuador
-Auditorías mineras. Primera parte-
Mayo 11 de 2025.- A cargo de la tarea más importante de la tramitología minera en el Ecuador, es decir, la de auditar los informes de exploración y producción de las concesiones mineras en todo el país, se encuentran 48 auditores a los que no se les exige actualizar su calificación y otros 45 que sí están obligados a renovar su calificación cada tres años. ¿o cada año?
¿Por qué existe esta discriminación, se ha legalizado, y normalizado, osea es considerada lo normal en el sector minero ecuatoriano?
La normativa que está vigente para calificar a los auditores en la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), es el Instructivo para Calificación y Registro de Auditores Técnicos Mineros a Nivel Nacional, que se emitió mediante la Resolución de la Arcom 1, y se publicó en el Registro Oficial 35 del 13 de julio de 2017.
Al revisar el documento, es decir, la Resolución de la Arcom 1, es sorprendente encontrar una serie de errores, sí ¡errores!, contradicciones y sinsentidos en esa normativa. Veamos:
En los “considerandos”:
“Que, el Directorio de la ARCOM, mediante Resolución No. 106-INS-DIR-ARCOM-2014, aprobó el Instructivo para la Calificación y Registro de Auditores Técnicos Mineros a Nivel Nacional, mismo que fue publicado en el Registro Oficial No. 493 del 05 de mayo de 2015;”
En las “disposiciones generales”:
“DISPOSICION DEROGATORIA ÚNICA.- Deróguese la Resolución No. 106-INS-DIR-ARCOM-2014, emitida por el Directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero, el 13 de Septiembre de 2015”.
¿Cómo pudo publicarse en el Registro Oficial el 5 de mayo una resolución emitida el 13 de septiembre? Por error.
Entrando más al detalle de tal instrumento legal de importancia cardinal para la administración de nuestros recursos mineros, patrimonio de todos los ecuatorianos, vemos qué dice:
En el Art. 2.- “Ámbito de aplicación.- El presente instructivo se aplicará a nivel nacional, a las personas naturales y jurídicas que mantengan títulos mineros vigentes, quienes deberán someterse a las disposiciones constantes en el mismo, en concordancia con los procedimientos establecidos en la Ley de Minería, artículos 42 e innumerado segundo posterior del artículo 138, Reglamento General de Minería y otras normas aplicables, de esta manera se conminará a los concesionarios mineros a que cumplan con lo establecido en la normativa legal”.
Pero no, este instructivo debería tener como “ámbito de aplicación”, simplemente: las personas naturales y jurídicas que quieran ser calificados por la Arcom, para ser los auditores de los informes de exploración y producción de los titulares mineros, que deben presentar informes auditados. Los titulares mineros no son quienes tienen que realizar la calificación y el registro de los auditores, sino la Arcom. Los informes de producción obligatorios está en la ley y su reglamento.
¿Se entiende lo que es un ámbito de aplicación? Este artículo contiene un sinsentido, y hasta para un periodista es fácil detectarlo.
Si vamos más adelante, los artículos 8 y 9 son oscuros y contradictorios:
En el 8 dice que la Arcom planificará y realizará al menos cada año cursos de perfeccionamiento y actualización “para las personas naturales o jurídicas que estén en el proceso de calificación como auditores técnicos mineros”.
Luego dice que quienes “hayan cumplido” con el presente instrumento -se entiende que hayan cumplido con los requisitos para su calificación como auditores técnicos mineros-, deberán aprobar los cursos mencionados en el artículo 8. No dice para cumplir con los requisitos debe aprobar los cursos, dice quienes hayan cumplido. ¿o no?
¿Cómo pueden haber cumplido si están en proceso de calificación? ¿Para qué van a aprobar los cursos si ya cumplieron los requisitos? Es un galimatías que a lo único que nos lleva como conclusión es a que cada año los auditores técnicos calificados deben cumplir con un curso de actualización o serán descalificados.
Pues así dice, nuevamente el artículo 8: “Adicionalmente, se deberá gestionar cursos de capacitación con una planificación anual, para que los auditores técnicos mineros actualicen sus conocimientos cada año”.
Entonces ¿unos auditores calificaron hasta el 2017 y no necesitan calificar nunca más, otros que calificaron luego del 2017 necesitan recalificar cada tres años, y todos necesitan presentar su actualización de conocimientos cada año? ¿Osea todos recalifican cada año? Pues nada: confuso y contradictorio.
En la práctica, lo que ha venido ocurriendo es que unos no recalifican desde hace 8 años, los del listado que incluimos aquí, a los demás les han dicho que deben recalificar cada tres años.
¿Por qué existe esta discriminación, se ha legalizado, y normalizado, osea es considerada lo normal en el sector minero ecuatoriano?
La normativa que está vigente para calificar a los auditores en la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), es el Instructivo para Calificación y Registro de Auditores Técnicos Mineros a Nivel Nacional, que se emitió mediante la Resolución de la Arcom 1, y se publicó en el Registro Oficial 35 del 13 de julio de 2017.
Al revisar el documento, es decir, la Resolución de la Arcom 1, es sorprendente encontrar una serie de errores, sí ¡errores!, contradicciones y sinsentidos en esa normativa. Veamos:
En los “considerandos”:
“Que, el Directorio de la ARCOM, mediante Resolución No. 106-INS-DIR-ARCOM-2014, aprobó el Instructivo para la Calificación y Registro de Auditores Técnicos Mineros a Nivel Nacional, mismo que fue publicado en el Registro Oficial No. 493 del 05 de mayo de 2015;”
En las “disposiciones generales”:
“DISPOSICION DEROGATORIA ÚNICA.- Deróguese la Resolución No. 106-INS-DIR-ARCOM-2014, emitida por el Directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero, el 13 de Septiembre de 2015”.
¿Cómo pudo publicarse en el Registro Oficial el 5 de mayo una resolución emitida el 13 de septiembre? Por error.
Entrando más al detalle de tal instrumento legal de importancia cardinal para la administración de nuestros recursos mineros, patrimonio de todos los ecuatorianos, vemos qué dice:
En el Art. 2.- “Ámbito de aplicación.- El presente instructivo se aplicará a nivel nacional, a las personas naturales y jurídicas que mantengan títulos mineros vigentes, quienes deberán someterse a las disposiciones constantes en el mismo, en concordancia con los procedimientos establecidos en la Ley de Minería, artículos 42 e innumerado segundo posterior del artículo 138, Reglamento General de Minería y otras normas aplicables, de esta manera se conminará a los concesionarios mineros a que cumplan con lo establecido en la normativa legal”.
Pero no, este instructivo debería tener como “ámbito de aplicación”, simplemente: las personas naturales y jurídicas que quieran ser calificados por la Arcom, para ser los auditores de los informes de exploración y producción de los titulares mineros, que deben presentar informes auditados. Los titulares mineros no son quienes tienen que realizar la calificación y el registro de los auditores, sino la Arcom. Los informes de producción obligatorios está en la ley y su reglamento.
¿Se entiende lo que es un ámbito de aplicación? Este artículo contiene un sinsentido, y hasta para un periodista es fácil detectarlo.
Si vamos más adelante, los artículos 8 y 9 son oscuros y contradictorios:
En el 8 dice que la Arcom planificará y realizará al menos cada año cursos de perfeccionamiento y actualización “para las personas naturales o jurídicas que estén en el proceso de calificación como auditores técnicos mineros”.
Luego dice que quienes “hayan cumplido” con el presente instrumento -se entiende que hayan cumplido con los requisitos para su calificación como auditores técnicos mineros-, deberán aprobar los cursos mencionados en el artículo 8. No dice para cumplir con los requisitos debe aprobar los cursos, dice quienes hayan cumplido. ¿o no?
¿Cómo pueden haber cumplido si están en proceso de calificación? ¿Para qué van a aprobar los cursos si ya cumplieron los requisitos? Es un galimatías que a lo único que nos lleva como conclusión es a que cada año los auditores técnicos calificados deben cumplir con un curso de actualización o serán descalificados.
Pues así dice, nuevamente el artículo 8: “Adicionalmente, se deberá gestionar cursos de capacitación con una planificación anual, para que los auditores técnicos mineros actualicen sus conocimientos cada año”.
Entonces ¿unos auditores calificaron hasta el 2017 y no necesitan calificar nunca más, otros que calificaron luego del 2017 necesitan recalificar cada tres años, y todos necesitan presentar su actualización de conocimientos cada año? ¿Osea todos recalifican cada año? Pues nada: confuso y contradictorio.
En la práctica, lo que ha venido ocurriendo es que unos no recalifican desde hace 8 años, los del listado que incluimos aquí, a los demás les han dicho que deben recalificar cada tres años.
Pero es con este errático instructivo, que las personas de las cuales depende el principal informe técnico, la base para el cálculo de los impuestos y las regalías de las empresas mineras de todo régimen minero, es decir pequeña, mediana o gran minería, es decir, los auditores mineros son calificados.
Esa normativa se dice retroactiva ¿para todo? Sí, excepto para los auditores mineros ya calificados e inscritos en la Arcom bajo la norma anterior, osea la de antes de julio del 2017. Su calificación sigue rigiéndose por la normativa anterior: es decir, que no requerirán de actualizar su calificación cada tres años. ¿Cómo así? Que sepamos, todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley. Y hasta donde sabemos, las normativas se emiten con justificativos y en esta norma de carácter estratégico sobre los recursos estratégicos como son los mineros, no han incluido ningún justificativo para esta “disposición general”: “ PRIMERA.- Los Auditores Técnicos Mineros, que se encuentran inscritos y calificados en el Arcom antes de la vigencia del presente Instructivo, se regirán por la normativa bajo la cual fueron expedidas (sic), en razón del carácter retroactivo de la presente norma”.
Si el objetivo deseable es la constante capacitación, la renovación debe ser para todos los auditores vigentes, afirma el ingeniero Giovanni Mullo en su artículo “El verdadero problema de las auditorías mineras”. Por favor, ver Vía Minera N° 237: https://www.viaminera.com/opinioacuten.html/#El%20verdadero%20problema%20de%20las%20auditor%C3%ADas%20mineras.
Podríamos agregar que hasta el organismo de control y regulación de las inversiones mineras en Canadá está actualizando sus formularios de presentación en la bolsa de valores de Toronto, de recursos mineros de proyectos en todo el mundo (por favor, ver Vía Minera N° https://www.viaminera.com/recientes.html/#La%20administraci%C3%B3n%20canadiense%20moderniza ).
Por lo tanto, no solo los auditores mineros que ejercen para la industria minera de pequeña escala, sino también los que realizan la auditoría de los informes que presentan las empresas extranjeras a las autoridades, deberían mantenerse obligatoriamente actualizados. No importa que los estándares de “empresas de clase mundial” les pidan informes de “personas competentes o QP” extranjeras, los informes auditados semestrales y anuales deben ser presentados con la firma de un auditor registrado en Ecuador.
Algo más, el artículo 75 del reglamento a la ley minera en su literal e) como requisito para calificarse como auditor, establece que: “…Para el caso de personas naturales, se deberá acreditar una experiencia no menor a cinco años...” No establece experiencia en geología económica, evaluación de yacimientos, valoración de recursos, evaluación de proyectos mineros, construcción de minas, superintendencia minera, experiencia dentro de la industria minera… No, nada, solo con la normativa anterior casi cualquier ingeniero podía ser calificado, solo acreditando experiencia profesional de 5 años.
Mientras tanto, a las universidades, para calificar si fuera su intención, como personas jurídicas calificadas para realizar auditorías mineras, en el artículo 10 se les exige al menos 10 años de experiencia “en materia o estudios e investigaciones en diseño de minas y su producción o materias afines”.
Para más ilustración sobre el carácter cuestionable de la más importante de las normativas mineras en lo que se refiere a los aportes fiscales, veamos: en su “Art. 16.- Solicitud de auditor por parte del concesionario minero y/o Autorización para Libre Aprovechamiento y su designación” dice que el concesionario elegirá el auditor del listado de Arcom. Solo que más abajo dice que deberá solicitar su designación a través de la página web de la misma. ¿Cómo es la cosa? ¿Lo escoge el concesionario o lo escoge la Arcom? ¿O lo escoge el concesionario y a ese escogido lo designa la Arcom? ¿Qué sentido tiene que esto conste solo para la actividad de “libre aprovechamiento”? ¿Si son todos de la lista autorizada de Arcom, por qué pedir a la Arcom que lo designe? Contradictorio, confuso e inexplicable.
El nuevo instructivo vigente pésimamente redactado y técnicamente negligente fue aprobado (sic) por el directorio de la Arcom cuando el ministro de Minería y presidente del Directorio de la Arcom era Javier Córdova Unda; Stevie Gamboa Valladares, delegado permanente del Presidente de la República, Oscar Uquillas Otero, delegado permanente del Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo y Cristina Silva Cadmen, directora Ejecutiva de la Arcom.
Los auditores mineros se encargan de realizar las verificaciones técnicas en temáticas legales, de seguridad y salud ocupacional, ambientales, geológicas, minerales, metalúrgicas, de exploración, de producción, de beneficio o procesamiento, de recuperación de metales, de calidad, en los informes semestrales y anuales de producción en la mediana y gran minería, mientras la pequeña minería, la menos tecnificada y controlada, solo está sujeta a informes anuales. ¡Son una especie de superingenieros!
En el actual listado no existen empresas calificadas en calidad de personas jurídicas, ni universidades.
Es explicable que si las cosas se manejan así por parte de las autoridades del sector, tampoco se conozca de algún auditor minero que haya quedado descalificado por falta de actualización de su calificación, ni que ha sido sancionado con las penas aplicables al delito de perjurio, ni por ningún error. Superingenieros e infalibles.
Esa normativa se dice retroactiva ¿para todo? Sí, excepto para los auditores mineros ya calificados e inscritos en la Arcom bajo la norma anterior, osea la de antes de julio del 2017. Su calificación sigue rigiéndose por la normativa anterior: es decir, que no requerirán de actualizar su calificación cada tres años. ¿Cómo así? Que sepamos, todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley. Y hasta donde sabemos, las normativas se emiten con justificativos y en esta norma de carácter estratégico sobre los recursos estratégicos como son los mineros, no han incluido ningún justificativo para esta “disposición general”: “ PRIMERA.- Los Auditores Técnicos Mineros, que se encuentran inscritos y calificados en el Arcom antes de la vigencia del presente Instructivo, se regirán por la normativa bajo la cual fueron expedidas (sic), en razón del carácter retroactivo de la presente norma”.
Si el objetivo deseable es la constante capacitación, la renovación debe ser para todos los auditores vigentes, afirma el ingeniero Giovanni Mullo en su artículo “El verdadero problema de las auditorías mineras”. Por favor, ver Vía Minera N° 237: https://www.viaminera.com/opinioacuten.html/#El%20verdadero%20problema%20de%20las%20auditor%C3%ADas%20mineras.
Podríamos agregar que hasta el organismo de control y regulación de las inversiones mineras en Canadá está actualizando sus formularios de presentación en la bolsa de valores de Toronto, de recursos mineros de proyectos en todo el mundo (por favor, ver Vía Minera N° https://www.viaminera.com/recientes.html/#La%20administraci%C3%B3n%20canadiense%20moderniza ).
Por lo tanto, no solo los auditores mineros que ejercen para la industria minera de pequeña escala, sino también los que realizan la auditoría de los informes que presentan las empresas extranjeras a las autoridades, deberían mantenerse obligatoriamente actualizados. No importa que los estándares de “empresas de clase mundial” les pidan informes de “personas competentes o QP” extranjeras, los informes auditados semestrales y anuales deben ser presentados con la firma de un auditor registrado en Ecuador.
Algo más, el artículo 75 del reglamento a la ley minera en su literal e) como requisito para calificarse como auditor, establece que: “…Para el caso de personas naturales, se deberá acreditar una experiencia no menor a cinco años...” No establece experiencia en geología económica, evaluación de yacimientos, valoración de recursos, evaluación de proyectos mineros, construcción de minas, superintendencia minera, experiencia dentro de la industria minera… No, nada, solo con la normativa anterior casi cualquier ingeniero podía ser calificado, solo acreditando experiencia profesional de 5 años.
Mientras tanto, a las universidades, para calificar si fuera su intención, como personas jurídicas calificadas para realizar auditorías mineras, en el artículo 10 se les exige al menos 10 años de experiencia “en materia o estudios e investigaciones en diseño de minas y su producción o materias afines”.
Para más ilustración sobre el carácter cuestionable de la más importante de las normativas mineras en lo que se refiere a los aportes fiscales, veamos: en su “Art. 16.- Solicitud de auditor por parte del concesionario minero y/o Autorización para Libre Aprovechamiento y su designación” dice que el concesionario elegirá el auditor del listado de Arcom. Solo que más abajo dice que deberá solicitar su designación a través de la página web de la misma. ¿Cómo es la cosa? ¿Lo escoge el concesionario o lo escoge la Arcom? ¿O lo escoge el concesionario y a ese escogido lo designa la Arcom? ¿Qué sentido tiene que esto conste solo para la actividad de “libre aprovechamiento”? ¿Si son todos de la lista autorizada de Arcom, por qué pedir a la Arcom que lo designe? Contradictorio, confuso e inexplicable.
El nuevo instructivo vigente pésimamente redactado y técnicamente negligente fue aprobado (sic) por el directorio de la Arcom cuando el ministro de Minería y presidente del Directorio de la Arcom era Javier Córdova Unda; Stevie Gamboa Valladares, delegado permanente del Presidente de la República, Oscar Uquillas Otero, delegado permanente del Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo y Cristina Silva Cadmen, directora Ejecutiva de la Arcom.
Los auditores mineros se encargan de realizar las verificaciones técnicas en temáticas legales, de seguridad y salud ocupacional, ambientales, geológicas, minerales, metalúrgicas, de exploración, de producción, de beneficio o procesamiento, de recuperación de metales, de calidad, en los informes semestrales y anuales de producción en la mediana y gran minería, mientras la pequeña minería, la menos tecnificada y controlada, solo está sujeta a informes anuales. ¡Son una especie de superingenieros!
En el actual listado no existen empresas calificadas en calidad de personas jurídicas, ni universidades.
Es explicable que si las cosas se manejan así por parte de las autoridades del sector, tampoco se conozca de algún auditor minero que haya quedado descalificado por falta de actualización de su calificación, ni que ha sido sancionado con las penas aplicables al delito de perjurio, ni por ningún error. Superingenieros e infalibles.
Poderosa es la corrupción*
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El primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, dijo el miércoles que no constaba ninguna denuncia, pero el padre de una de las víctimas dijo que denunciaron la desaparición el martes.
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Por César Hildebrandt. Resumen generado por AI.
Mayo 11 de 2025.- El reportaje denuncia la profunda corrupción, violencia y colusión entre actores estatales y privados en torno a la actividad minera informal en Pataz, La Libertad, Perú, donde fueron hallados 13 cuerpos de mineros asesinados en un socavón. Testimonios revelan que los responsables serían integrantes de bandas criminales que operan con conocimiento, tolerancia o complicidad de la Policía Nacional y personal vinculado a la empresa minera Poderosa, que subcontrata y terceriza la explotación minera.
Se señala que Poderosa, a través de empresas como R&R, habría permitido o ignorado el ingreso de delincuentes para controlar socavones, negociando con mineros informales el acceso a los túneles, generando disputas por el control del mineral. Además, dos policías en actividad (suboficiales Bastidas Rodríguez y Pérez Vargas) están vinculados con estas operaciones ilegales, manejando desde las sombras la seguridad en el área.
Una fuente clave, quien trabajó para R&R, sostiene que la violencia es parte de un sistema diseñado para garantizar el negocio: las bandas pactaban con la empresa y, luego de desalojar a los antiguos mineros con métodos violentos, quedaban como "nuevos socios" de la explotación. El modelo ha terminado en un “baño de sangre”, típico del crecimiento descontrolado de la minería informal y la falta de Estado.
Responsabilidad de la empresa Minera Poderosa:
1. Tercerización irresponsable: Se denuncia que Poderosa permite que terceros, como la empresa R&R, operen en su zona de concesión sin fiscalización efectiva, facilitando el ingreso de bandas armadas.
2. Falta de control y supervisión: Hay evidencia de que la empresa conoce lo que ocurre en sus bocaminas, pero no actúa, lo que la hace cómplice por omisión.
3. Negociación con informales: La empresa habría promovido acuerdos extralegales con mineros informales para asegurar exclusividad del mineral extraído, lo que incentivó la violencia y el despojo.
4. Colusión con fuerzas del orden: El uso de policías activos como operadores encubiertos del sistema de seguridad minera revela connivencia entre Poderosa y sectores corruptos de la Policía Nacional del Perú.
En síntesis, la empresa Poderosa no solo es responsable por acción u omisión de permitir un sistema corrupto y violento en su entorno operativo, sino que también ha contribuido a normalizar un modelo de "seguridad privada armada" donde confluyen intereses ilegales, violencia estructural y una alarmante ausencia de Estado.
La empresa Minera Poderosa podría ser objeto de diversas acusaciones legales en función de los hechos expuestos en el reportaje. A continuación se enumeran los posibles delitos o infracciones administrativas por los que podría ser investigada o denunciada:
1. Omisión de deberes de supervisión y control
Fundamento: Poderosa permitió que empresas contratistas y subcontratistas (como R&R) operen sin vigilancia adecuada en zonas sensibles, como sus bocaminas.
Posible delito/infracción: Responsabilidad administrativa por incumplimiento de obligaciones de supervisión de contratistas (según Ley N.º 30424 y su Reglamento sobre responsabilidad de personas jurídicas).
2. Complicidad en homicidio calificado (por omisión dolosa)
Fundamento: Si se prueba que altos mandos de la empresa conocían la situación de violencia y permitieron su continuidad por conveniencia económica, podrían ser considerados cómplices o coautores por omisión.
Norma aplicable: Art. 106 y 107 del Código Penal peruano.
3. Promoción o encubrimiento de minería ilegal
Fundamento: Al negociar con mineros informales y permitir el acceso a sus socavones fuera de la legalidad, se puede interpretar como una forma de fomento o encubrimiento de la minería ilegal.
Delito: Promoción de la minería ilegal (Ley N.º 1100 – modifica el Código Penal, art. 307-A y siguientes).
4. Colusión con agentes del Estado (policías)
Fundamento: La participación de policías en retiro o en actividad en funciones de seguridad privada o paralela, operando con tolerancia de la empresa.
Delito: Colusión simple o agravada, tráfico de influencias, o patrocinio ilegal si se prueba que hubo beneficios indebidos mutuos.
5. Violaciones a derechos humanos
Fundamento: Si las muertes y violencia ocurren dentro de sus áreas operativas con conocimiento de la empresa, podría ser acusada de vulnerar el deber de diligencia en materia de derechos humanos empresariales.
Base jurídica: Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, además de estándares OCDE.
6. Lavado de activos (eventual)
Fundamento: Si se prueba que parte del oro extraído por bandas criminales fue ingresado al circuito formal a través de canales de la empresa, podría abrirse una investigación por lavado de activos. (Norma: Art. 1 de la Ley N.º 27765)
7. Responsabilidad penal de la persona jurídica
Fundamento: Según la Ley N.º 30424, modificada por la Ley N.º 30835, las empresas pueden ser penalmente responsables por delitos cometidos en su beneficio o interés, como corrupción, colusión, encubrimiento o lavado de activos.
* Publicado en Hildebrant en sus Trece, el 9 de mayo de 2025.
Colofón: "Ya el lunes, con el país impactado por el hallazgo de los cuerpos, la presidenta, Dina Boluarte, ofreció un mensaje televisado al país en el que defendió que "desde el primer momento que se rumoreaba que había personas secuestradas, el Ejecutivo tomaba las acciones debidas". Boluarte declaró la imposición de un toque de queda en el distrito de Pataz entre las 06.00 am y las 06.00 pm, y anunció que las Fuerzas Armadas tomarán el control de la mina y establecerán una base militar. La presidenta anunció también que se suspenderán todas las actividades mineras en Pataz por un periodo inicial de 30 días para "facilitar la instalación" de militares y policías en la zona". BBC Mundo.
Mayo 11 de 2025.- El reportaje denuncia la profunda corrupción, violencia y colusión entre actores estatales y privados en torno a la actividad minera informal en Pataz, La Libertad, Perú, donde fueron hallados 13 cuerpos de mineros asesinados en un socavón. Testimonios revelan que los responsables serían integrantes de bandas criminales que operan con conocimiento, tolerancia o complicidad de la Policía Nacional y personal vinculado a la empresa minera Poderosa, que subcontrata y terceriza la explotación minera.
Se señala que Poderosa, a través de empresas como R&R, habría permitido o ignorado el ingreso de delincuentes para controlar socavones, negociando con mineros informales el acceso a los túneles, generando disputas por el control del mineral. Además, dos policías en actividad (suboficiales Bastidas Rodríguez y Pérez Vargas) están vinculados con estas operaciones ilegales, manejando desde las sombras la seguridad en el área.
Una fuente clave, quien trabajó para R&R, sostiene que la violencia es parte de un sistema diseñado para garantizar el negocio: las bandas pactaban con la empresa y, luego de desalojar a los antiguos mineros con métodos violentos, quedaban como "nuevos socios" de la explotación. El modelo ha terminado en un “baño de sangre”, típico del crecimiento descontrolado de la minería informal y la falta de Estado.
Responsabilidad de la empresa Minera Poderosa:
1. Tercerización irresponsable: Se denuncia que Poderosa permite que terceros, como la empresa R&R, operen en su zona de concesión sin fiscalización efectiva, facilitando el ingreso de bandas armadas.
2. Falta de control y supervisión: Hay evidencia de que la empresa conoce lo que ocurre en sus bocaminas, pero no actúa, lo que la hace cómplice por omisión.
3. Negociación con informales: La empresa habría promovido acuerdos extralegales con mineros informales para asegurar exclusividad del mineral extraído, lo que incentivó la violencia y el despojo.
4. Colusión con fuerzas del orden: El uso de policías activos como operadores encubiertos del sistema de seguridad minera revela connivencia entre Poderosa y sectores corruptos de la Policía Nacional del Perú.
En síntesis, la empresa Poderosa no solo es responsable por acción u omisión de permitir un sistema corrupto y violento en su entorno operativo, sino que también ha contribuido a normalizar un modelo de "seguridad privada armada" donde confluyen intereses ilegales, violencia estructural y una alarmante ausencia de Estado.
La empresa Minera Poderosa podría ser objeto de diversas acusaciones legales en función de los hechos expuestos en el reportaje. A continuación se enumeran los posibles delitos o infracciones administrativas por los que podría ser investigada o denunciada:
1. Omisión de deberes de supervisión y control
Fundamento: Poderosa permitió que empresas contratistas y subcontratistas (como R&R) operen sin vigilancia adecuada en zonas sensibles, como sus bocaminas.
Posible delito/infracción: Responsabilidad administrativa por incumplimiento de obligaciones de supervisión de contratistas (según Ley N.º 30424 y su Reglamento sobre responsabilidad de personas jurídicas).
2. Complicidad en homicidio calificado (por omisión dolosa)
Fundamento: Si se prueba que altos mandos de la empresa conocían la situación de violencia y permitieron su continuidad por conveniencia económica, podrían ser considerados cómplices o coautores por omisión.
Norma aplicable: Art. 106 y 107 del Código Penal peruano.
3. Promoción o encubrimiento de minería ilegal
Fundamento: Al negociar con mineros informales y permitir el acceso a sus socavones fuera de la legalidad, se puede interpretar como una forma de fomento o encubrimiento de la minería ilegal.
Delito: Promoción de la minería ilegal (Ley N.º 1100 – modifica el Código Penal, art. 307-A y siguientes).
4. Colusión con agentes del Estado (policías)
Fundamento: La participación de policías en retiro o en actividad en funciones de seguridad privada o paralela, operando con tolerancia de la empresa.
Delito: Colusión simple o agravada, tráfico de influencias, o patrocinio ilegal si se prueba que hubo beneficios indebidos mutuos.
5. Violaciones a derechos humanos
Fundamento: Si las muertes y violencia ocurren dentro de sus áreas operativas con conocimiento de la empresa, podría ser acusada de vulnerar el deber de diligencia en materia de derechos humanos empresariales.
Base jurídica: Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, además de estándares OCDE.
6. Lavado de activos (eventual)
Fundamento: Si se prueba que parte del oro extraído por bandas criminales fue ingresado al circuito formal a través de canales de la empresa, podría abrirse una investigación por lavado de activos. (Norma: Art. 1 de la Ley N.º 27765)
7. Responsabilidad penal de la persona jurídica
Fundamento: Según la Ley N.º 30424, modificada por la Ley N.º 30835, las empresas pueden ser penalmente responsables por delitos cometidos en su beneficio o interés, como corrupción, colusión, encubrimiento o lavado de activos.
* Publicado en Hildebrant en sus Trece, el 9 de mayo de 2025.
Colofón: "Ya el lunes, con el país impactado por el hallazgo de los cuerpos, la presidenta, Dina Boluarte, ofreció un mensaje televisado al país en el que defendió que "desde el primer momento que se rumoreaba que había personas secuestradas, el Ejecutivo tomaba las acciones debidas". Boluarte declaró la imposición de un toque de queda en el distrito de Pataz entre las 06.00 am y las 06.00 pm, y anunció que las Fuerzas Armadas tomarán el control de la mina y establecerán una base militar. La presidenta anunció también que se suspenderán todas las actividades mineras en Pataz por un periodo inicial de 30 días para "facilitar la instalación" de militares y policías en la zona". BBC Mundo.
Nanguipa y Llurimagua unidos por arbitraje
de Codelco y fiscalización legislativa
Mayo 3 de 2025.- Las concesiones Nanguipa, ubicadas en una rica zona de minería tradicional Nambija/Nanguipa al suroriente del país, son parte del arbitraje de la estatal chilena Codelco contra el Estado ecuatoriano, que se lleva a cabo por el supuesto incumplimiento del convenio de asociación con la Empresa Nacional Minera EP, Enami EP. El proyecto minero Nanguipa, con 5070 hectáreas, está ubicado en las parroquias de San Carlos de las Minas, Guaysimi y Zurmi en la provincia de Zamora Chinchipe.
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo Minero 2020-2030 (aprobado durante la gestión del ex ministro René Ortiz, hay que decirlo porque se aprueba nuevo plan nacional con cada bien intencionado nuevo viceministro), geológicamente hablando se encuentra en “la zona subandina en el sureste de Ecuador, cerca del margen occidental del cratón amazónico. La secuencia estratigráfica comprende un basamento Precámbrico metamorfizado, al cual sobreyacen esquistos y pizarras de la unidad Isimanchi asignada al Carbonífero y la secuencia volcano-sedimentaría de la unidad Piuntza de la formación Santiago del Triásico superior/Jurásico inferior. Afloran vetas mineralizadas con espesores de hasta 75cm, posiblemente asociadas a un cuerpo intrusivo tipo pórfido de Cu.”
El proyecto bandera de Codelco y Enami EP en el convenio de asociación es Llurimagua, en el norte del país, con un reporte de estimación preliminar de recurso por 3800 millones de toneladas de rocas mineralizadas, conteniendo 0,44 % Cu por tonelada y 144 partes por millón (ppm) de molibdeno (Mo) arrojando un 0,48 % de cobre equivalente (CuEq), para una ley de corte de 0,20 % Cu por tonelada.
De esos recursos minerales, 876 millones de toneladas conteniendo 0,53% Cu por tonelada y 161 ppm Mo, tienen la categoría de recursos indicados; y 2.970 millones de toneladas conteniendo 0,42% Cu por tonelada y 139 ppm Mo están en la categoría de recursos inferidos, siempre de acuerdo al mencionado Plan.
El arbitraje cumplió cuatro años sin una solución aunque se encuentra en una etapa crucial en el Centro Internacional de Comercio, de Londres. Ver Vía Minera: https://www.viaminera.com/poliacutetica-ii.html/#El%20arbitraje%20de%20Codelco%20contra%20Ecuador%20por
Repartición de beneficios que no fue
La reciente revelación, sobre la manipulación de intereses particulares en la empresa estatal, describe que el 26 de octubre de 2022, Reinaldo Reyes Nole, gerente general encargado de la Enami EP hizo un convenio de cooperación técnica sobre las concesiones Nanguipa y Nanguipa 2, calificado por la Asamblea Nacional de “irresponsable y doloso” con un operador privado: Ausberto Zúñiga Salinas, “quien ya desempeñaba labores como operador del proyecto Campanillas, otro proyecto de la Enami EP por el cual estaba adeudando a la empresa pública”. El ingeniero Zúñiga no firmó sino que estuvo representando por al abogado César Espinosa Garcés y se considera una persona que conoce “perfectamente las formas y sistemas de mineralización del sector”, según dicho convenio.
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo Minero 2020-2030 (aprobado durante la gestión del ex ministro René Ortiz, hay que decirlo porque se aprueba nuevo plan nacional con cada bien intencionado nuevo viceministro), geológicamente hablando se encuentra en “la zona subandina en el sureste de Ecuador, cerca del margen occidental del cratón amazónico. La secuencia estratigráfica comprende un basamento Precámbrico metamorfizado, al cual sobreyacen esquistos y pizarras de la unidad Isimanchi asignada al Carbonífero y la secuencia volcano-sedimentaría de la unidad Piuntza de la formación Santiago del Triásico superior/Jurásico inferior. Afloran vetas mineralizadas con espesores de hasta 75cm, posiblemente asociadas a un cuerpo intrusivo tipo pórfido de Cu.”
El proyecto bandera de Codelco y Enami EP en el convenio de asociación es Llurimagua, en el norte del país, con un reporte de estimación preliminar de recurso por 3800 millones de toneladas de rocas mineralizadas, conteniendo 0,44 % Cu por tonelada y 144 partes por millón (ppm) de molibdeno (Mo) arrojando un 0,48 % de cobre equivalente (CuEq), para una ley de corte de 0,20 % Cu por tonelada.
De esos recursos minerales, 876 millones de toneladas conteniendo 0,53% Cu por tonelada y 161 ppm Mo, tienen la categoría de recursos indicados; y 2.970 millones de toneladas conteniendo 0,42% Cu por tonelada y 139 ppm Mo están en la categoría de recursos inferidos, siempre de acuerdo al mencionado Plan.
El arbitraje cumplió cuatro años sin una solución aunque se encuentra en una etapa crucial en el Centro Internacional de Comercio, de Londres. Ver Vía Minera: https://www.viaminera.com/poliacutetica-ii.html/#El%20arbitraje%20de%20Codelco%20contra%20Ecuador%20por
Repartición de beneficios que no fue
La reciente revelación, sobre la manipulación de intereses particulares en la empresa estatal, describe que el 26 de octubre de 2022, Reinaldo Reyes Nole, gerente general encargado de la Enami EP hizo un convenio de cooperación técnica sobre las concesiones Nanguipa y Nanguipa 2, calificado por la Asamblea Nacional de “irresponsable y doloso” con un operador privado: Ausberto Zúñiga Salinas, “quien ya desempeñaba labores como operador del proyecto Campanillas, otro proyecto de la Enami EP por el cual estaba adeudando a la empresa pública”. El ingeniero Zúñiga no firmó sino que estuvo representando por al abogado César Espinosa Garcés y se considera una persona que conoce “perfectamente las formas y sistemas de mineralización del sector”, según dicho convenio.
En el “convenio de cooperación” que llegó a manos de Vía Minera, no consta la deuda de Zúñiga a la Enami EP ni alguna forma de inhabilidad, además, dice en su cláusula cuarta numeral 4.6, que los minerales “que eventualmente se obtengan como producto de labores exploratorias, limpieza de trincheras y otros trabajos tendientes a la evaluación de las reservas, serán compartidos entre las partes de la siguiente forma: el 15% del valor bruto de los minerales obtenidos, para la Enami EP y el 85% restante para el cooperante”.
Sin embargo, ese papel duró tres meses y medio hasta que el siguiente gerente general de la Enami EP, Santiago Chamorro Hidalgo, en su oficio ENAMI-ENAMI-2023-0082-OFC, del 15 de febrero del 2023, lo dio por terminado.
Existe el antecedente de que siendo gerente general el ingeniero Julián Agurto, gerente de exploración el ingeniero Reyes y técnico de la gerencia de exploración el ingeniero Mauricio Ortiz, visitaron las concesiones Nanguipa el 31 de agosto de 2022 “a fin de verificar la existencia de minería no autorizada”, encontrando una excavadora abandonada y un campamento abandonaos junto a una estructura mineral en la que se ubican 200 sacos de yute llenos de mineral”, de acuerdo a un informe.
En la situación posterior, con Reyes de gerente general y Ortiz de gerente de exploración, durante los tres meses y medio que duró el convenio, el señor Zúñiga tuvo a su disposición los equipos de Enami EP que constan en el documento firmado: “un equipo de perforación con sus respectivas tuberías de sondaje y brocas, un laboratorio para análisis de muestras de mineras, que cuenta con una balanza digital, una excavadora, un camión de traslado de la perforadora, tubería y un kit para la recuperación de oro de quebradas o placeres”.
La Enami EP, en virtud el convenio, contaba con una planta de beneficio perteneciente al “cooperante”, pese a que el convenio era solo para exploración, ¿se debe suponer que era para realizar pruebas de recuperación?
El informe de la comisión especializada permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Legislatura en su Informe de cumplimiento de la resolución rl-2023-2025-100 del pleno de la Asamblea Nacional afirma que, “se llevó a cabo la extracción de oro del proyecto, sin reportar regalías ni ingresos a la empresa, causando un gran perjuicio para el Estado ecuatoriano”.
Sobre el tamaño del perjuicio que se pudo hacer en ese lapso se desconoce puesto que no aparecen los informes de trabajo producto de la “cooperación”. Se conoce que el ingeniero Zúñiga invirtió 15000 dólares en poner en funcionamiento al equipo de perforación de la Enami EP, es decir que sí estuvo utilizándolo.
El ex gerente general del a Enami EP, Emmanuel Delaune, manifestó que ante el pedido de información de la asambleísta Margarita Arotingo, “se solicitó información a las diferentes áreas de la Enami EP para que busquen en los expedientes un informe de pertinencia técnica que pueda sustentar la firma de este acuerdo sin que se lo haya encontrado”.
“Debido a que las concesiones Nanguipa y Nanguipa 2 (sic) se superponen con el polígono del caso Cumbaratza, que se halla en proceso judicial, está impedido el registro de nuevos proyectos mineros, no se pueden registrar nuevos documentos dentro del registro minero y es imposible tener nuevos contratos de operación en esas concesiones, con lo que no se pueden aprovechar los minerales en esa zona”, agregó Delaune.
La explicación del ingeniero Chamorro para la terminación del “convenio” decía: Uno, “De la normativa antes señalada, así como de lo establecido en la cláusula sexta del Acuerdo (sic) de Cooperación, es importante señalar que para que se realice la ejecutabilidad y se dé inicio al mismo es necesario que se cumpla la siguiente condición: La Ejecución del presente acuerdo solo podrá iniciar, una vez que la Enami EP cuente con las autorizaciones necesarias y estas se encuentre debidamente notificadas al Cooperante”.
Y dos, “Tomando en cuenta que al momento las concesiones mineras Nanguipa (Código 501410) y Nanguipa 2 (código 501409) actualmente siguen formando parte del Convenio de Asociatividad suscrito entre Enami EP y Codelco y que actualmente se ha iniciado un proceso de Arbitraje Internacional por parte de Codelco en relación al Convenio, y no existiendo notificación alguna por Enami EP para que se realice cooperación alguna”.
Agregó que se envió una delegación de técnicos de la Enami EP a la zona para que verifiquen si había trabajos no autorizados en la zona y sí se han detectado algunas bocaminas abandonadas. “Se evidencia que hubo actividades no autorizadas en la zona, por lo tanto, señaló que el 5 de julio de 2024, presentó ante la Agencia de Regulación y Control Minero un amparo administrativo para que puedan verificar si hubo actividades de minería ilegal y, el 26 de septiembre de 2024, presentó ante la fiscalía una denuncia penal para que se investigue el hecho de minería ilegal en la zona”.
Sin embargo, ese papel duró tres meses y medio hasta que el siguiente gerente general de la Enami EP, Santiago Chamorro Hidalgo, en su oficio ENAMI-ENAMI-2023-0082-OFC, del 15 de febrero del 2023, lo dio por terminado.
Existe el antecedente de que siendo gerente general el ingeniero Julián Agurto, gerente de exploración el ingeniero Reyes y técnico de la gerencia de exploración el ingeniero Mauricio Ortiz, visitaron las concesiones Nanguipa el 31 de agosto de 2022 “a fin de verificar la existencia de minería no autorizada”, encontrando una excavadora abandonada y un campamento abandonaos junto a una estructura mineral en la que se ubican 200 sacos de yute llenos de mineral”, de acuerdo a un informe.
En la situación posterior, con Reyes de gerente general y Ortiz de gerente de exploración, durante los tres meses y medio que duró el convenio, el señor Zúñiga tuvo a su disposición los equipos de Enami EP que constan en el documento firmado: “un equipo de perforación con sus respectivas tuberías de sondaje y brocas, un laboratorio para análisis de muestras de mineras, que cuenta con una balanza digital, una excavadora, un camión de traslado de la perforadora, tubería y un kit para la recuperación de oro de quebradas o placeres”.
La Enami EP, en virtud el convenio, contaba con una planta de beneficio perteneciente al “cooperante”, pese a que el convenio era solo para exploración, ¿se debe suponer que era para realizar pruebas de recuperación?
El informe de la comisión especializada permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Legislatura en su Informe de cumplimiento de la resolución rl-2023-2025-100 del pleno de la Asamblea Nacional afirma que, “se llevó a cabo la extracción de oro del proyecto, sin reportar regalías ni ingresos a la empresa, causando un gran perjuicio para el Estado ecuatoriano”.
Sobre el tamaño del perjuicio que se pudo hacer en ese lapso se desconoce puesto que no aparecen los informes de trabajo producto de la “cooperación”. Se conoce que el ingeniero Zúñiga invirtió 15000 dólares en poner en funcionamiento al equipo de perforación de la Enami EP, es decir que sí estuvo utilizándolo.
El ex gerente general del a Enami EP, Emmanuel Delaune, manifestó que ante el pedido de información de la asambleísta Margarita Arotingo, “se solicitó información a las diferentes áreas de la Enami EP para que busquen en los expedientes un informe de pertinencia técnica que pueda sustentar la firma de este acuerdo sin que se lo haya encontrado”.
“Debido a que las concesiones Nanguipa y Nanguipa 2 (sic) se superponen con el polígono del caso Cumbaratza, que se halla en proceso judicial, está impedido el registro de nuevos proyectos mineros, no se pueden registrar nuevos documentos dentro del registro minero y es imposible tener nuevos contratos de operación en esas concesiones, con lo que no se pueden aprovechar los minerales en esa zona”, agregó Delaune.
La explicación del ingeniero Chamorro para la terminación del “convenio” decía: Uno, “De la normativa antes señalada, así como de lo establecido en la cláusula sexta del Acuerdo (sic) de Cooperación, es importante señalar que para que se realice la ejecutabilidad y se dé inicio al mismo es necesario que se cumpla la siguiente condición: La Ejecución del presente acuerdo solo podrá iniciar, una vez que la Enami EP cuente con las autorizaciones necesarias y estas se encuentre debidamente notificadas al Cooperante”.
Y dos, “Tomando en cuenta que al momento las concesiones mineras Nanguipa (Código 501410) y Nanguipa 2 (código 501409) actualmente siguen formando parte del Convenio de Asociatividad suscrito entre Enami EP y Codelco y que actualmente se ha iniciado un proceso de Arbitraje Internacional por parte de Codelco en relación al Convenio, y no existiendo notificación alguna por Enami EP para que se realice cooperación alguna”.
Agregó que se envió una delegación de técnicos de la Enami EP a la zona para que verifiquen si había trabajos no autorizados en la zona y sí se han detectado algunas bocaminas abandonadas. “Se evidencia que hubo actividades no autorizadas en la zona, por lo tanto, señaló que el 5 de julio de 2024, presentó ante la Agencia de Regulación y Control Minero un amparo administrativo para que puedan verificar si hubo actividades de minería ilegal y, el 26 de septiembre de 2024, presentó ante la fiscalía una denuncia penal para que se investigue el hecho de minería ilegal en la zona”.
Enami EP: Renuncias, irregularidades y
fuerte temblor en acuerdos comerciales
La Viceministra Rebeca Illescas y el gerente general de la Enami EP, Emmanuel Delaune, se reunieron con Aurora Williams, ministra de Minería chilena, para tratar sobre cooperación bilateral en temas de desarrollo minero. Cortesía: MEM.
Abril 27 de 2025.- La misma semana en que el Pleno de la Asamblea Nacional de la República incluyó en su agenda el tratamiento de la aprobación de un informe de fiscalización muy desfavorable a la Empresa Nacional Minera, Enami EP, se produjeron las renuncias del gerente general, Emmanuel Delaune, y de la viceministra de Minería, Rebeca Illescas. El director de la Agencia de Regulación y Control Minero, coronel Luis Bonilla Romero, todavía no se da por enterado.
La renuncia de Delaune, tuvo carácter irrevocable y “por motivos personales” y la de Illescas, hasta el cierre de esta edición se desconoce si fue aceptada por la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano. Ambas se produjeron en el contexto de una gira por Chile para promover los proyectos mineros en Ecuador y acompañando a la empresa de ferias y eventos HJ Becdach a la inauguración de su stand en la feria internacional Expomin, que transcurrió en Santiago de Chile, durante la semana que concluye.
La situación que se presenta en medio de la postergación del viaje de Manzano, con la delegación oficial del Presidente a una gira internacional en busca e inversiones, debido al terremoto en Esmeraldas ocurrido el viernes 25.
Rebeca Illescas estuvo cinco meses en el cargo, período en el que exhibió el logro de haber “desbloqueado” un crédito por 70 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ninguna autoridad anterior se molestó en dar trámite durante cuatro años; “son como 200 trámites los que hemos hecho”, dijo a Vía Minera en entrevista.
Por otro lado, indicó que su equipo logró también revisar y validar el mismo porcentaje de concesiones que, en 2020, otro ex viceministro de Minería anunció que alcanzó a “depurar” durante su gestión. Nos atrevemos a pensar que al parecer existe un 20% de concesiones de dudoso origen y expedientes “incompletos” a los que nadie se atreve a meter mano limpia.
El informe legislativo señala irregularidades en contra de la ex ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, del mismo Delaune, del gerente de Exploración, Hernán Guasumba, del ex gerente general encargado, Reinaldo Reyes, del ex gerente de exploración encargado, Mauricio Ortiz, y lo más grave, remueve el tablero de los acuerdos comerciales de Enami EP con Hanrine, Barrick y Solaris, muy alentadores para la inversión extranjera y el autofinanciamiento de la empresa estatal, promocionados por la ministra Manzano.
El pleno de la Asamblea Nacional tiene entre los primeros puntos de su agenda tratar dicho informe elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, sobre el nombramiento del gerente de la Enami EP, y la gestión, cesión y transferencia de las concesiones de los proyectos Huambuno, Nanguipa y Coronas.
Se trata del “Informe de Cumplimiento de la Resolución Rl-2023-2025-100 del Pleno de la Asamblea Nacional” cuyo contenido se encuentra listo desde noviembre del año pasado. Además de flagrantes irregularidades en el nombramiento de Emmanuel Delaune como gerente general de la Enami EP, el informe consigna contradicciones a la ley minera y riesgos de comprometer a la empresa estatal en futuros malos negocios para el Estado.
El nombramiento de Delaune estuvo plagado de irregularidades, según el informe, baste conocer que ni siquiera ha trabajado legalmente los anteriores siete años en el Ministerio de Energía y Minas, ya que no pudo presentar un certificado que lo sustente, según afirman los asambleístas.
Básicamente, la oficina de Talento Humano del MEM, en lugar de su correspondiente de la Enami EP como debió hacerse, solicitó al ministerio del Trabajo el permiso de trabajo para el extranjero de origen francés, por orden directa de la ex ministra Arrobo, defenestrada por el presidente Noboa al inicio de los cortes de electricidad que afectaron a todo el país. Como presidenta del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) incidió, dicen los asambleístas, para que el profesional con su misma especialidad en Relaciones Internacionales, Stalin Xavier Tayupanta Cárdenas, califique las entrevistas de competencias de los candidatos a la gerencia general, en lugar de un experto en esas evaluaciones. En todos los rubros una comisión calificó al ciudadano de origen francés con más puntos que a otros candidatos que reunían mejores perfiles, por su formación especializada y por los cargos de alto nivel que habían desempeñado en el sector minero, y eran los ingenieros ecuatorianos Hernán Roberto Guasumba Bautista y Guillermo Iván Flores Caamaño.
Su certificado de experiencia en francés no tenía apostilla de La Haya y otro certificado de experiencia en alta gerencia lo firmó su socio en una empresa de frutas congeladas, Fabián Navas de Saá, abogado y ex viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano en 2016.
Aquí puede usted leer el proyecto de resolución:
La renuncia de Delaune, tuvo carácter irrevocable y “por motivos personales” y la de Illescas, hasta el cierre de esta edición se desconoce si fue aceptada por la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano. Ambas se produjeron en el contexto de una gira por Chile para promover los proyectos mineros en Ecuador y acompañando a la empresa de ferias y eventos HJ Becdach a la inauguración de su stand en la feria internacional Expomin, que transcurrió en Santiago de Chile, durante la semana que concluye.
La situación que se presenta en medio de la postergación del viaje de Manzano, con la delegación oficial del Presidente a una gira internacional en busca e inversiones, debido al terremoto en Esmeraldas ocurrido el viernes 25.
Rebeca Illescas estuvo cinco meses en el cargo, período en el que exhibió el logro de haber “desbloqueado” un crédito por 70 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ninguna autoridad anterior se molestó en dar trámite durante cuatro años; “son como 200 trámites los que hemos hecho”, dijo a Vía Minera en entrevista.
Por otro lado, indicó que su equipo logró también revisar y validar el mismo porcentaje de concesiones que, en 2020, otro ex viceministro de Minería anunció que alcanzó a “depurar” durante su gestión. Nos atrevemos a pensar que al parecer existe un 20% de concesiones de dudoso origen y expedientes “incompletos” a los que nadie se atreve a meter mano limpia.
El informe legislativo señala irregularidades en contra de la ex ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, del mismo Delaune, del gerente de Exploración, Hernán Guasumba, del ex gerente general encargado, Reinaldo Reyes, del ex gerente de exploración encargado, Mauricio Ortiz, y lo más grave, remueve el tablero de los acuerdos comerciales de Enami EP con Hanrine, Barrick y Solaris, muy alentadores para la inversión extranjera y el autofinanciamiento de la empresa estatal, promocionados por la ministra Manzano.
El pleno de la Asamblea Nacional tiene entre los primeros puntos de su agenda tratar dicho informe elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, sobre el nombramiento del gerente de la Enami EP, y la gestión, cesión y transferencia de las concesiones de los proyectos Huambuno, Nanguipa y Coronas.
Se trata del “Informe de Cumplimiento de la Resolución Rl-2023-2025-100 del Pleno de la Asamblea Nacional” cuyo contenido se encuentra listo desde noviembre del año pasado. Además de flagrantes irregularidades en el nombramiento de Emmanuel Delaune como gerente general de la Enami EP, el informe consigna contradicciones a la ley minera y riesgos de comprometer a la empresa estatal en futuros malos negocios para el Estado.
El nombramiento de Delaune estuvo plagado de irregularidades, según el informe, baste conocer que ni siquiera ha trabajado legalmente los anteriores siete años en el Ministerio de Energía y Minas, ya que no pudo presentar un certificado que lo sustente, según afirman los asambleístas.
Básicamente, la oficina de Talento Humano del MEM, en lugar de su correspondiente de la Enami EP como debió hacerse, solicitó al ministerio del Trabajo el permiso de trabajo para el extranjero de origen francés, por orden directa de la ex ministra Arrobo, defenestrada por el presidente Noboa al inicio de los cortes de electricidad que afectaron a todo el país. Como presidenta del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) incidió, dicen los asambleístas, para que el profesional con su misma especialidad en Relaciones Internacionales, Stalin Xavier Tayupanta Cárdenas, califique las entrevistas de competencias de los candidatos a la gerencia general, en lugar de un experto en esas evaluaciones. En todos los rubros una comisión calificó al ciudadano de origen francés con más puntos que a otros candidatos que reunían mejores perfiles, por su formación especializada y por los cargos de alto nivel que habían desempeñado en el sector minero, y eran los ingenieros ecuatorianos Hernán Roberto Guasumba Bautista y Guillermo Iván Flores Caamaño.
Su certificado de experiencia en francés no tenía apostilla de La Haya y otro certificado de experiencia en alta gerencia lo firmó su socio en una empresa de frutas congeladas, Fabián Navas de Saá, abogado y ex viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano en 2016.
Aquí puede usted leer el proyecto de resolución:
El 25,1% del área del proyecto Coronas prometido por US$ 701 360
Abril 27 de 2025.- Entre los tres casos de supuesto manejo inadecuado de concesiones de la Empresa Nacional Minera Enami EP, que constan en el informe de fiscalización elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, consta la eventual cesión y transferencia de las concesiones Coronas.
Es el primer caso, y el más importante del informe por tratarse del mecanismo abierto de atracción de inversión extranjera exhibido por las autoridades mineras, es el acuerdo comercial por el proyecto Coronas con la empresa australiana Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining, que envuelve 28 276 hectáreas en las parroquias García Moreno y Peñaherrera, del cantón Cotacachi, provincia de Imbabura.
La firma de este acuerdo comercial significó un pago de 1 millón 200 mil dólares, equivalente al 1% de la inversión total de 120 millones de dólares comprometida para el proyecto. Pero además, se negoció por 701 360 dólares por la “promesa irrevocable de cesión y transferencia” del 25,1% del conjunto de concesiones ahorra llamadas: Dulce, Carolina, Maritza, Guadalupe, Silvia y Ana María.
A criterio de la comisión legislativa, el gerente general de la Enami EP ha transferido el 25,1% de las concesiones que componen el proyecto, que ni siquiera son todavía de la Enami EP, por un valor aproximado de 700 mil dólares, usando un método de valoración de las concesiones que no está reconocido por la legislación minera nacional vigente.
“En este proceso, el Estado ecuatoriano ha perdido el control sobre dichas concesiones, sin evaluar debidamente el posible impacto económico negativo que esto podría acarrear”, acota y para más complicación, señala el informe que la Contraloría General del Estado indicó que estas concesiones se hallan sujetas a una valoración “previa la exploración del área”.
En su comparecencia a la Comisión, Delaune explicó que en la fórmula de cálculo se incluyó el factor “Fraser” del Instituto Fraser de Canadá, que mide qué tan atractiva es una jurisdicción para la inversión minera. “Este modelo se parece a lo que se hace a nivel internacional entre entes privados, que es un modelo farming que, básicamente, con base en el cumplimiento de ciertas condiciones se entrega una cotitularidad de la concesión. Al ser una empresa pública, no podemos hacer ese tipo de negociaciones sin tener el sustento como la fórmula del equilibrio económico”, afirmó.
Informó también que el ingeniero Hernán Guasumba, gerente de Exploración, realizó la valoración usando la metodología Kilburn + Ingemmet, que corresponde a una de las metodologías de valoración de activos mineros relacionada con el enfoque de costos. Además, señaló que no existen condiciones óptimas para el desarrollo del proyecto ya que existe conflictividad social, minería ilegal cerca y un proceso de arbitraje internacional en la concesión vecina (Codelco vs. Estado ecuatoriano por el proyecto Llurimagua).
Al respecto, aduce la Comisión que “El método que ha usado Enami EP, es el método geo científico que no tiene en cuenta el impacto del desarrollo del proyecto y su producción, pues es una metodología que solo se enfoca en los costos del proyecto”.
El proyecto Coronas es contiguo al proyecto Llurimagua, por lo que la Comisión afirma que en ese contexto, “del proyecto Llurimagua, el cual ha sido valorado en aproximadamente 30 mil millones de dólares (sic), es cuestionable la base de este cálculo y la falta de responsabilidad del actual Gerente General de Enami EP y su Gerente de Exploración quién valorizó el proyecto denominado Coronas, al transferir la titularidad de áreas mineras sin una evaluación objetiva y establecida de sus valores”.
Por otro lado, apunta: “En ninguna sección del Reglamento de Acuerdos Comerciales (de la Enami EP, ndlr) se contempla la posibilidad de ceder o transferir la titularidad al iniciar la firma del acuerdo comercial a través de la concesión de una parte o porcentaje de las mismas, como el 25,1% en este caso. Por lo tanto, dicha transferencia y cesión del acuerdo resultarían inapropiadas tanto en los aspectos formales como sustantivos del mismo”.
Cabe señalar, aclara el informe, que “el gerente general de Enami EP, en su comparecencia a esta Comisión, hizo una distinción entre la transferencia del paquete accionario y la titularidad de la concesión, lo que para efectos prácticos esta Comisión ha observado que el bajo el término titularidad de la concesión se quiere eludir la prohibición constitucional sobre la obligatoriedad que el paquete accionario en los proyectos de minería pertenezca mayoritariamente al Estado Ecuatoriano”.
En el informe se concluye: “El acuerdo celebrado con Hanrine usa figuras legales cuestionables que atan al Estado ecuatoriano para una cesión futura e irremediable del proyecto, eludiendo los procesos contractuales establecidos en la Ley de Minería y por ende comprometen la explotación futura de los recursos naturales del Estado causando un perjuicio al Ecuador”.
Es el primer caso, y el más importante del informe por tratarse del mecanismo abierto de atracción de inversión extranjera exhibido por las autoridades mineras, es el acuerdo comercial por el proyecto Coronas con la empresa australiana Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining, que envuelve 28 276 hectáreas en las parroquias García Moreno y Peñaherrera, del cantón Cotacachi, provincia de Imbabura.
La firma de este acuerdo comercial significó un pago de 1 millón 200 mil dólares, equivalente al 1% de la inversión total de 120 millones de dólares comprometida para el proyecto. Pero además, se negoció por 701 360 dólares por la “promesa irrevocable de cesión y transferencia” del 25,1% del conjunto de concesiones ahorra llamadas: Dulce, Carolina, Maritza, Guadalupe, Silvia y Ana María.
A criterio de la comisión legislativa, el gerente general de la Enami EP ha transferido el 25,1% de las concesiones que componen el proyecto, que ni siquiera son todavía de la Enami EP, por un valor aproximado de 700 mil dólares, usando un método de valoración de las concesiones que no está reconocido por la legislación minera nacional vigente.
“En este proceso, el Estado ecuatoriano ha perdido el control sobre dichas concesiones, sin evaluar debidamente el posible impacto económico negativo que esto podría acarrear”, acota y para más complicación, señala el informe que la Contraloría General del Estado indicó que estas concesiones se hallan sujetas a una valoración “previa la exploración del área”.
En su comparecencia a la Comisión, Delaune explicó que en la fórmula de cálculo se incluyó el factor “Fraser” del Instituto Fraser de Canadá, que mide qué tan atractiva es una jurisdicción para la inversión minera. “Este modelo se parece a lo que se hace a nivel internacional entre entes privados, que es un modelo farming que, básicamente, con base en el cumplimiento de ciertas condiciones se entrega una cotitularidad de la concesión. Al ser una empresa pública, no podemos hacer ese tipo de negociaciones sin tener el sustento como la fórmula del equilibrio económico”, afirmó.
Informó también que el ingeniero Hernán Guasumba, gerente de Exploración, realizó la valoración usando la metodología Kilburn + Ingemmet, que corresponde a una de las metodologías de valoración de activos mineros relacionada con el enfoque de costos. Además, señaló que no existen condiciones óptimas para el desarrollo del proyecto ya que existe conflictividad social, minería ilegal cerca y un proceso de arbitraje internacional en la concesión vecina (Codelco vs. Estado ecuatoriano por el proyecto Llurimagua).
Al respecto, aduce la Comisión que “El método que ha usado Enami EP, es el método geo científico que no tiene en cuenta el impacto del desarrollo del proyecto y su producción, pues es una metodología que solo se enfoca en los costos del proyecto”.
El proyecto Coronas es contiguo al proyecto Llurimagua, por lo que la Comisión afirma que en ese contexto, “del proyecto Llurimagua, el cual ha sido valorado en aproximadamente 30 mil millones de dólares (sic), es cuestionable la base de este cálculo y la falta de responsabilidad del actual Gerente General de Enami EP y su Gerente de Exploración quién valorizó el proyecto denominado Coronas, al transferir la titularidad de áreas mineras sin una evaluación objetiva y establecida de sus valores”.
Por otro lado, apunta: “En ninguna sección del Reglamento de Acuerdos Comerciales (de la Enami EP, ndlr) se contempla la posibilidad de ceder o transferir la titularidad al iniciar la firma del acuerdo comercial a través de la concesión de una parte o porcentaje de las mismas, como el 25,1% en este caso. Por lo tanto, dicha transferencia y cesión del acuerdo resultarían inapropiadas tanto en los aspectos formales como sustantivos del mismo”.
Cabe señalar, aclara el informe, que “el gerente general de Enami EP, en su comparecencia a esta Comisión, hizo una distinción entre la transferencia del paquete accionario y la titularidad de la concesión, lo que para efectos prácticos esta Comisión ha observado que el bajo el término titularidad de la concesión se quiere eludir la prohibición constitucional sobre la obligatoriedad que el paquete accionario en los proyectos de minería pertenezca mayoritariamente al Estado Ecuatoriano”.
En el informe se concluye: “El acuerdo celebrado con Hanrine usa figuras legales cuestionables que atan al Estado ecuatoriano para una cesión futura e irremediable del proyecto, eludiendo los procesos contractuales establecidos en la Ley de Minería y por ende comprometen la explotación futura de los recursos naturales del Estado causando un perjuicio al Ecuador”.
Napo: Transconmi destruye el Huambuno
y no paga deudas por las concesiones de Enami EP
La Arcom, finalmente, con la Policía Nacional y el Ejército clausuraron la actividad minera de las tres concesiones Huambuno este 12 de marzo.
Abril 27 de 2025.- Otro de los tres casos incluidos en el informe de fiscalización a la Empresa Nacional Minera, Enami EP, elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, de la Asamblea Nacional, es la cesión y transferencia del proyecto Huambuno. Tres concesiones componen este proyecto fueron objeto de cesión y transferencia a la empresa Transconmi Construcciones, fundada por el ex alcalde de Archidona, y que aún adeuda casi un millón de dólares a la Enami EP.
Huambuno se compone de 2090 hectáreas ubicadas en la parroquia Ahuano, cantón Tena, provincia del Napo, para la explotación de oro por 2 millones 516 mil dólares de los cuales 516 mil corresponden a compensación social.
La empresa, que no tiene como actividad social principal la minería, ha incumplido sus obligaciones contractuales y queda debiendo casi un millón de dólares a la Enami Ep, que no ha realizado procesos respectivos de coactivas, pese a que es una empresa competente para el efecto.
Dice en el informe de la Legislatura que de acuerdo con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), la empresa Transconmi Cia Ltda. no tiene como fin la actividad minera sino la construcción de carreteras, pero se la asocia a la empresa Terraearth Resources (TR), que opera impunemente pese a un largo historial de incumplimientos ambientales. Ver Vía Minera N° 232 https://www.viaminera.com/recientes.html/#Continuo%20desastre%20ambiental%20en%20Napo
Para más inri, consigna el informe: “De acuerdo con el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP por sus siglas en inglés), en enero de 2023 la expansión de la superficie minera en el sector Huambuno incrementó en un 86 % con respecto al mismo mes de 2022”. Se destruyeron 110 hectáreas de selva y zonas agrícolas, esto es el doble de lo que se registró en el emblemático caso de Yutzupino, donde la minería se expandió en 55 hectáreas entre enero y diciembre de 2022, afirma el MAAP.
En la SCVS figuran en la actualidad como socios Ashanga Shiguango Nelson Tiofilo y Alvarado Ashanga Robinson Widinson y el capital social de la empresa es 400 dólares. Pero de acuerdo al informe, el fundador de Transconmi, gerente general y accionista de 2010 a 2021 fue Telmo Andrés Bonilla Abril, ex alcalde del cantón Archidona, en la provincia de Napo.
Dicen los asambleístas que en este proyecto: “Las autoridades de Enami EP y de la Agencia de Control y Regulación Minera han mostrado una notable falta de diligencia en lo que respecta a la cobranza de los títulos mineros, regalías e impuestos en beneficio del Estado ecuatoriano”.
Huambuno se compone de 2090 hectáreas ubicadas en la parroquia Ahuano, cantón Tena, provincia del Napo, para la explotación de oro por 2 millones 516 mil dólares de los cuales 516 mil corresponden a compensación social.
La empresa, que no tiene como actividad social principal la minería, ha incumplido sus obligaciones contractuales y queda debiendo casi un millón de dólares a la Enami Ep, que no ha realizado procesos respectivos de coactivas, pese a que es una empresa competente para el efecto.
Dice en el informe de la Legislatura que de acuerdo con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS), la empresa Transconmi Cia Ltda. no tiene como fin la actividad minera sino la construcción de carreteras, pero se la asocia a la empresa Terraearth Resources (TR), que opera impunemente pese a un largo historial de incumplimientos ambientales. Ver Vía Minera N° 232 https://www.viaminera.com/recientes.html/#Continuo%20desastre%20ambiental%20en%20Napo
Para más inri, consigna el informe: “De acuerdo con el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP por sus siglas en inglés), en enero de 2023 la expansión de la superficie minera en el sector Huambuno incrementó en un 86 % con respecto al mismo mes de 2022”. Se destruyeron 110 hectáreas de selva y zonas agrícolas, esto es el doble de lo que se registró en el emblemático caso de Yutzupino, donde la minería se expandió en 55 hectáreas entre enero y diciembre de 2022, afirma el MAAP.
En la SCVS figuran en la actualidad como socios Ashanga Shiguango Nelson Tiofilo y Alvarado Ashanga Robinson Widinson y el capital social de la empresa es 400 dólares. Pero de acuerdo al informe, el fundador de Transconmi, gerente general y accionista de 2010 a 2021 fue Telmo Andrés Bonilla Abril, ex alcalde del cantón Archidona, en la provincia de Napo.
Dicen los asambleístas que en este proyecto: “Las autoridades de Enami EP y de la Agencia de Control y Regulación Minera han mostrado una notable falta de diligencia en lo que respecta a la cobranza de los títulos mineros, regalías e impuestos en beneficio del Estado ecuatoriano”.
Nanguipa: La cereza del pastel
Abril 27 de 2025.- El tercer caso incluido en el informe de fiscalización de la Asamblea Nacional de la República a la Empresa Nacional Minera, Enami EP, elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, y que está en la agenda del Pleno, es un convenio técnico con un conocido minero local en las concesiones Nanguipa, ubicadas en la parroquia San Carlos de las Minas, del cantón Zamora, con una extensión de 5047 hectáreas.
Se trata del otorgamiento por parte del ex gerente general encargado, Reinaldo Reyes, y el ex gerente de Exploración encargado, Mauricio Ortiz, de un convenio de asesoría técnica al ingeniero Ausberto Zúñiga, operador en el proyecto Campanillas de la misma Enami EP y ex coordinador zonal de la Agencia de Regulación y Control Minero, sobre las áreas Nanguipa y Nanguipa I, en octubre de 2022.
Los asambleístas dicen que, los ex funcionarios Reyes y Ortiz “permitieron de manera negligente y dolosa” la suscripción del Acuerdo de Cooperación Técnica Nro. 001-ENAMlEP-ENAMIEP-2022 con Zúñiga, quien ni siquiera presentó su RUC. Se lo hizo sin un informe de pertinencia técnica y social, afirman, ni licencias ambientales y Zuñiga explotó oro en las áreas aluviales de las concesiones omitiendo informar sobre regalías o ingresos a la empresa estatal.
Reza el informe legislativo: “La suscripción de este Acuerdo resultaba inviable, ya que no se contaba con un informe de pertinencia técnica y social, ni se disponía de Licencias Ambientales, las cuales aún no han sido emitidas hasta la fecha. A pesar de ello, con la connivencia silenciosa de las autoridades de Enami EP en ese instante, el Sr. Ausberto Zuñiga explotó las áreas de las concesiones Nanguipa y Nanguipa I para extraer oro del proyecto, omitiendo informar sobre regalías o ingresos a la Empresa Nacional Minera correspondientes a dicha explotación”.
Consecuentemente, dicha explotación ha derivado en un caso de minería ilegal que, según Delaune, ya la Enami EP denunció ante la Fiscalía y la Arcom, aunque todavía sin ningún resultado favorable a la empresa estatal.
Las áreas Nanguipa, además, intersectan con el área Cumbaratza, que por orden judicial no podía ser modificada hasta que se resuelva definitivamente la extinción de los derechos mineros, cosa que ocurrió mediante sentencia de 1994 y que recién la ministra Manzano ordenó se aplique, sin señalar responsables de que se haya ignorado una orden judicial. Ver Vía Minera N° 230: https://www.viaminera.com/poliacutetica-ii.html/#Caso%20Cumbaratza:%20Hist%C3%B3rico
Se trata del otorgamiento por parte del ex gerente general encargado, Reinaldo Reyes, y el ex gerente de Exploración encargado, Mauricio Ortiz, de un convenio de asesoría técnica al ingeniero Ausberto Zúñiga, operador en el proyecto Campanillas de la misma Enami EP y ex coordinador zonal de la Agencia de Regulación y Control Minero, sobre las áreas Nanguipa y Nanguipa I, en octubre de 2022.
Los asambleístas dicen que, los ex funcionarios Reyes y Ortiz “permitieron de manera negligente y dolosa” la suscripción del Acuerdo de Cooperación Técnica Nro. 001-ENAMlEP-ENAMIEP-2022 con Zúñiga, quien ni siquiera presentó su RUC. Se lo hizo sin un informe de pertinencia técnica y social, afirman, ni licencias ambientales y Zuñiga explotó oro en las áreas aluviales de las concesiones omitiendo informar sobre regalías o ingresos a la empresa estatal.
Reza el informe legislativo: “La suscripción de este Acuerdo resultaba inviable, ya que no se contaba con un informe de pertinencia técnica y social, ni se disponía de Licencias Ambientales, las cuales aún no han sido emitidas hasta la fecha. A pesar de ello, con la connivencia silenciosa de las autoridades de Enami EP en ese instante, el Sr. Ausberto Zuñiga explotó las áreas de las concesiones Nanguipa y Nanguipa I para extraer oro del proyecto, omitiendo informar sobre regalías o ingresos a la Empresa Nacional Minera correspondientes a dicha explotación”.
Consecuentemente, dicha explotación ha derivado en un caso de minería ilegal que, según Delaune, ya la Enami EP denunció ante la Fiscalía y la Arcom, aunque todavía sin ningún resultado favorable a la empresa estatal.
Las áreas Nanguipa, además, intersectan con el área Cumbaratza, que por orden judicial no podía ser modificada hasta que se resuelva definitivamente la extinción de los derechos mineros, cosa que ocurrió mediante sentencia de 1994 y que recién la ministra Manzano ordenó se aplique, sin señalar responsables de que se haya ignorado una orden judicial. Ver Vía Minera N° 230: https://www.viaminera.com/poliacutetica-ii.html/#Caso%20Cumbaratza:%20Hist%C3%B3rico
Inversión minera: Noboa tiene un desafío
en su propuesta de Constituyente
El Presidente Daniel Noboa y su madre Annabella Azin, quien será jefa de bancada legislativa del partido de gobierno.
Abril 20 de 2025.- La reelección del presidente Daniel Noboa, con un margen amplio que deja un hito nunca antes visto en procesos electorales, ha generado optimismo entre los mineros por los compromisos realizados para que se concreten los proyectos de inversión minera. “La minería es un motor del desarrollo nacional”, ha manifestado.
El presidente Noboa tiene que continuar haciendo frente a una serie de crisis de gravedad, cualquiera sea el orden en que se las quiera colocar, en materia económica, de seguridad y energética.
El presidente reelecto, de tendencia centro izquierda según su programa de gobierno, hereda una economía en decrecimiento y con problemas estructurales. Luego de 15 meses, el panorama económico sigue igual o peor. Y en ese escenario, deberá asumir nuevamente la Presidencia el 24 de mayo de este año.
El Banco Central del Ecuador (BCE) señaló que la economía nacional decreció 2% en 2024 por el impacto de la inseguridad, el cierre del bloque petrolero Yasuní ITT, el segundo más importante del país; y por los cortes de energía, especialmente en los últimos cuatros meses del año pasado.
Luego del resultado electoral, el Banco Central proyectó para 2025 una recuperación de la economía, con un crecimiento de 2,8%, como efecto rebote de la caída del año pasado.
La inversión extranjera directa (IED) considerada clave para la recuperación de la economía, y una oferta de campaña de Noboa en su primer mandato para completar período, no empieza a llegar.
De hecho, la IED de este país sudamericano llegó apenas a US$ 232 millones en 2024, menos de la mitad que en 2023, pues se trata de la cifra más baja en 14 años, según el BCE. El país con la mayor inversión fue China, con US$ 116 millones, especialmente por su papel en minería, gracias a la mina de cobre Mirador, operada por Ecuacorriente, subsidiaria del consorcio chino China Railway Construction Co. Ltd., y Tongling Nonferrous Metals Group Holding Co..
No obstante, la victoria de Noboa en el balotaje del 13 de abril redujo el riesgo país, indicador que mide la capacidad de un país para pagar su deuda externa en bonos, y un factor clave para acceder a recursos frescos y atraer a la inversión extranjera.
Los que creen en este indicador del fondo de inversión JP Morgan, afirman que, mientras mayor es el riesgo país menor es la confianza de los inversionistas en una nación. El riesgo país de Ecuador llegó a 1.228 puntos el 16 de abril, una reducción de 616 puntos respecto a 5 días antes.
En su primera entrevista con la cadena estadounidense CNN, como presidente reelecto, Noboa señaló que con mayor inversión extranjera impulsará el empleo. Porque el Mandatario asume un nuevo periodo con un mercado laboral estancado. Así, el empleo adecuado alcanzó el 35,4% (3,1 millones de personas) en febrero de 2025, 1,5 puntos porcentuales por arriba del año pasado, cuando estaba en 33,9%. Según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, este crecimiento no es estadísticamente significativo.
Y sin empleo el crédito bancario enfrenta un escenario complejo. A marzo de 2025, la cartera de crédito se ubicó en US$ 47 086, una variación anual positiva del 10,2%. Pese a esas millonarias cifras, el crédito sufre “una menor demanda, afectada por la incertidumbre electoral y la recesión económica de 2024, que a su vez fue acentuada por la crisis energética y la crisis de seguridad”, señaló la Asociación de Bancos Privados (Asobanca) para Vía Minera.
La Asobanca espera un mejor desempeño del crédito en el segundo trimestre de 2025, apalancado por un mayor dinamismo económico como efecto rebote, así como por la reducción de la incertidumbre política y el proceso de recuperación posterior a la crisis eléctrica.
A esos temas estructurales se suma que el gobierno de Noboa no ha podido reducir su déficit fiscal, un problema que arrastran los últimos cuatro gobiernos. Durante el primer trimestre de 2025, el Estado ecuatoriano tuvo más ingresos que en 2024, pero también un mayor gasto, lo que dejó un resultado negativo de US$ 725 millones. Es el tercer déficit fiscal más alto en la última década para un primer trimestre del año.
La asamblea constituyente entre los desafíos
Noboa fue el primer mandatario ecuatoriano presente en la importante convención minera que se realiza en Canadá, en marzo del año 2024, para comprometer su apoyo al desarrollo de los proyectos con empresas canadienses que suman US$ 4800 millones. Ahí se refirió a las reformas que está adoptando para atraer inversión para minería, como la creación de un mecanismo de protección de inversiones y resolución de disputas entre el Estado y los inversores.
Luego de la reelección, el camino está abierto para que este tema sea abordado en un nuevo proceso constituyente anunciado por el Gobierno para reformar la Constitución. La idea de permitir la aprobación de un "arbitraje internacional entre los inversores privados y el Gobierno", ya tuvo un intento fallido en la consulta popular de 2024 impulsada por Noboa en la que un 65% de la población negó la pregunta relativa a “que se reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales”.
En este campo, también está el Tratado de Libre Comercio con Canadá, cuyas negociaciones concluyeron en febrero y que debe ser ratificado por la legislatura. En este acuerdo, acordaron “un conjunto integral de reglas que rigen la solución de controversias entre inversionistas y estados (ISDS, por sus siglas en inglés), incluidos compromisos de mayor transparencia en los procedimientos”, según el resumen del acuerdo.
También los compromisos previos del gobierno de Guillermo Lasso y de Noboa, en contratos de inversión y acuerdos de explotación firmados, hacen que se vuelva imprescindible este objetivo para que se elimine la controversia constitucional que podrían tener.
Optimismo de los mineros
La Cámara de Minería del Ecuador expresó sus felicitaciones al Presidente por el resultado electoral, a nombre de la minería industrial del país. “Desde el sector minero industrial reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible del Ecuador”, manifestó el gremio en su cuenta de X.
El dos veces expresidente de la Cámara y ejecutivo minero, Santiago Yépez, manifestó que dados los antecedentes relacionados al apoyo que el Gobierno Nacional ha venido dando al sector, se pueden prever cuatro años de consolidación de la industria y de un apoyo desde el ejecutivo que sin duda generará un impulso importante.
“La visita del Presidente de la República a Toronto en marzo del 2024, acompañado de altos personeros del gobierno, así como sus permanentes declaraciones sobre la necesidad de apuntalar el sector minero, nos hacen notar, que de seguir ese impulso, tendremos cuatro años positivos en los que el sector espera consolidar el avance de proyectos importantes que generen finalmente un crecimiento y desarrollo económico para el país, explicó.
“Otro tema sin duda positivo, agregó, es dar continuidad inmediata a los planes y procesos que se han venido desarrollando en los últimos dieciocho meses y que deben consolidarse.
“La necesidad de generar una política pública minera de largo plazo, y no una política pública minera de gobiernos de turno, tiene sin duda una opción importante en estos cuatro años venideros”, acotó el experto en inversiones del sector.
El presidente Noboa tiene que continuar haciendo frente a una serie de crisis de gravedad, cualquiera sea el orden en que se las quiera colocar, en materia económica, de seguridad y energética.
El presidente reelecto, de tendencia centro izquierda según su programa de gobierno, hereda una economía en decrecimiento y con problemas estructurales. Luego de 15 meses, el panorama económico sigue igual o peor. Y en ese escenario, deberá asumir nuevamente la Presidencia el 24 de mayo de este año.
El Banco Central del Ecuador (BCE) señaló que la economía nacional decreció 2% en 2024 por el impacto de la inseguridad, el cierre del bloque petrolero Yasuní ITT, el segundo más importante del país; y por los cortes de energía, especialmente en los últimos cuatros meses del año pasado.
Luego del resultado electoral, el Banco Central proyectó para 2025 una recuperación de la economía, con un crecimiento de 2,8%, como efecto rebote de la caída del año pasado.
La inversión extranjera directa (IED) considerada clave para la recuperación de la economía, y una oferta de campaña de Noboa en su primer mandato para completar período, no empieza a llegar.
De hecho, la IED de este país sudamericano llegó apenas a US$ 232 millones en 2024, menos de la mitad que en 2023, pues se trata de la cifra más baja en 14 años, según el BCE. El país con la mayor inversión fue China, con US$ 116 millones, especialmente por su papel en minería, gracias a la mina de cobre Mirador, operada por Ecuacorriente, subsidiaria del consorcio chino China Railway Construction Co. Ltd., y Tongling Nonferrous Metals Group Holding Co..
No obstante, la victoria de Noboa en el balotaje del 13 de abril redujo el riesgo país, indicador que mide la capacidad de un país para pagar su deuda externa en bonos, y un factor clave para acceder a recursos frescos y atraer a la inversión extranjera.
Los que creen en este indicador del fondo de inversión JP Morgan, afirman que, mientras mayor es el riesgo país menor es la confianza de los inversionistas en una nación. El riesgo país de Ecuador llegó a 1.228 puntos el 16 de abril, una reducción de 616 puntos respecto a 5 días antes.
En su primera entrevista con la cadena estadounidense CNN, como presidente reelecto, Noboa señaló que con mayor inversión extranjera impulsará el empleo. Porque el Mandatario asume un nuevo periodo con un mercado laboral estancado. Así, el empleo adecuado alcanzó el 35,4% (3,1 millones de personas) en febrero de 2025, 1,5 puntos porcentuales por arriba del año pasado, cuando estaba en 33,9%. Según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, este crecimiento no es estadísticamente significativo.
Y sin empleo el crédito bancario enfrenta un escenario complejo. A marzo de 2025, la cartera de crédito se ubicó en US$ 47 086, una variación anual positiva del 10,2%. Pese a esas millonarias cifras, el crédito sufre “una menor demanda, afectada por la incertidumbre electoral y la recesión económica de 2024, que a su vez fue acentuada por la crisis energética y la crisis de seguridad”, señaló la Asociación de Bancos Privados (Asobanca) para Vía Minera.
La Asobanca espera un mejor desempeño del crédito en el segundo trimestre de 2025, apalancado por un mayor dinamismo económico como efecto rebote, así como por la reducción de la incertidumbre política y el proceso de recuperación posterior a la crisis eléctrica.
A esos temas estructurales se suma que el gobierno de Noboa no ha podido reducir su déficit fiscal, un problema que arrastran los últimos cuatro gobiernos. Durante el primer trimestre de 2025, el Estado ecuatoriano tuvo más ingresos que en 2024, pero también un mayor gasto, lo que dejó un resultado negativo de US$ 725 millones. Es el tercer déficit fiscal más alto en la última década para un primer trimestre del año.
La asamblea constituyente entre los desafíos
Noboa fue el primer mandatario ecuatoriano presente en la importante convención minera que se realiza en Canadá, en marzo del año 2024, para comprometer su apoyo al desarrollo de los proyectos con empresas canadienses que suman US$ 4800 millones. Ahí se refirió a las reformas que está adoptando para atraer inversión para minería, como la creación de un mecanismo de protección de inversiones y resolución de disputas entre el Estado y los inversores.
Luego de la reelección, el camino está abierto para que este tema sea abordado en un nuevo proceso constituyente anunciado por el Gobierno para reformar la Constitución. La idea de permitir la aprobación de un "arbitraje internacional entre los inversores privados y el Gobierno", ya tuvo un intento fallido en la consulta popular de 2024 impulsada por Noboa en la que un 65% de la población negó la pregunta relativa a “que se reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales”.
En este campo, también está el Tratado de Libre Comercio con Canadá, cuyas negociaciones concluyeron en febrero y que debe ser ratificado por la legislatura. En este acuerdo, acordaron “un conjunto integral de reglas que rigen la solución de controversias entre inversionistas y estados (ISDS, por sus siglas en inglés), incluidos compromisos de mayor transparencia en los procedimientos”, según el resumen del acuerdo.
También los compromisos previos del gobierno de Guillermo Lasso y de Noboa, en contratos de inversión y acuerdos de explotación firmados, hacen que se vuelva imprescindible este objetivo para que se elimine la controversia constitucional que podrían tener.
Optimismo de los mineros
La Cámara de Minería del Ecuador expresó sus felicitaciones al Presidente por el resultado electoral, a nombre de la minería industrial del país. “Desde el sector minero industrial reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible del Ecuador”, manifestó el gremio en su cuenta de X.
El dos veces expresidente de la Cámara y ejecutivo minero, Santiago Yépez, manifestó que dados los antecedentes relacionados al apoyo que el Gobierno Nacional ha venido dando al sector, se pueden prever cuatro años de consolidación de la industria y de un apoyo desde el ejecutivo que sin duda generará un impulso importante.
“La visita del Presidente de la República a Toronto en marzo del 2024, acompañado de altos personeros del gobierno, así como sus permanentes declaraciones sobre la necesidad de apuntalar el sector minero, nos hacen notar, que de seguir ese impulso, tendremos cuatro años positivos en los que el sector espera consolidar el avance de proyectos importantes que generen finalmente un crecimiento y desarrollo económico para el país, explicó.
“Otro tema sin duda positivo, agregó, es dar continuidad inmediata a los planes y procesos que se han venido desarrollando en los últimos dieciocho meses y que deben consolidarse.
“La necesidad de generar una política pública minera de largo plazo, y no una política pública minera de gobiernos de turno, tiene sin duda una opción importante en estos cuatro años venideros”, acotó el experto en inversiones del sector.
EITI aprueba a Ecuador con 7 sobre 10 y señala lo que falta en transparencia
Abril 12 de 2025.- El Secretariado Internacional de la Iniciativa de Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) envió un potente mensaje a los actores de la minería ecuatoriana, señalando las principales falencias en la participación del país en este destacado estándar.
La participación del país en EITI supone que tanto las empresas como los entes del gobierno den a conocer públicamente, con acceso libre y de fácil obtención gratuita, información clave sobre la explotación de los recursos naturales, considerados estratégicos porque tienen un peso vital en la economía del país y forman parte del patrimonio de la nación y todos sus habitantes. Por tanto, se supone que un ciudadano cualquiera pueda acceder a la información sobre, a grosso modo, lo que las empresas petroleras y mineras invierten y lo que obtienen de ganancias.
A través de un video previamente grabado, el director regional para América Latina y el Caribe y representante del Secretariado EITI, Esteban Ortega, empezó presentando su reconocimiento a los miembros del llamado “grupo multipartícipe” por los pasos dados para lograr la validación de la pertenencia del Ecuador a EITI.
“La realización de este evento coincide con la reciente decisión del Consejo Internacional del EITI sobre la validación de Ecuador, la cual fue anunciada el pasado 14 de marzo. Ecuador obtuvo 69 puntos en su primera validación”, afirmó.
Con este evento se refería a la reunión realizada en Quito el lunes 7 de abril, denominada Acciones para el fortalecimiento de la transparencia en el sector minero de Ecuador”, organizada por el Ministerio de Energía y Minas, en donde se mencionó algunos inconvenientes superados para elaborar el Informe país EITI 2022-2023 recién hecho público.
“Al comparar dicho resultado con otros países de la región, continuó Ortega, este puntaje es alentador y demuestra el compromiso de las distintas partes que conforman el grupo multipartícipe en seguir avanzando en la implementación del estándar EITI. Ecuador, con el impulso de sociedad civil, industria y gobierno, ha logrado hitos muy relevantes en la implementación del EITI. Por ejemplo, la reciente inclusión de cláusulas relativas a la implementación del estándar en los contratos mineros es una innovación a nivel mundial”.
“Queda aún mucho por avanzar. El EITI no es una carrera de velocidad, es un largo maratón en el que cada paso cuenta y en el que lo importante es no dejar de avanzar”, avanzó en su intervención para, a continuación, entrar en lo medular.
“Señalo cuatro grandes puntos para fortalecer la transparencia del sector minero durante los próximos años y donde sé que hay ya distintas acciones en camino para concretar dichas metas. Uno, la transparencia total de los contratos mineros. Si bien los contratos son de acceso libre, eso no quiere decir que estén divulgados sistemáticamente.
“Para implementar el EITI es indispensable que el texto completo y sus enmiendas estén accesibles en internet, precisó”.
“Dos, la transparencia de los beneficiarios finales. De acuerdo con el estándar es indispensable que todas las compañías que tengan o que postulen a una licencia divulguen quiénes son sus beneficiarios finales y que se identifiquen a las personas políticamente expuestas que puedan tener participación en dichas licencias” puntualizó.
“Tres, la participación de Enami en la divulgación de información debe fortalecerse. En particular, avanzar en la divulgación de sus propios contratos y de todos los tipos de pago que realice Enami al estado ecuatoriano, así como en su papel en la comercialización de oro proveniente de la minería artesanal”, agregó.
“Cuatro, la divulgación de los pagos realizados por las empresas, así como de los ingresos recibidos por el estado debe tener un nivel de desagregación mayor, es decir, por proyecto”, precisó.
Y procedió a aclarar la importancia de este aspecto con varias implicaciones: “La divulgación de información por proyecto permite cerrar el círculo del monitoreo. Los contratos establecen los términos, los flujos permiten corroborar que dichos términos se hayan llevado bien. Esto mismo debe aplicarse a los pagos ambientales y sociales”.
Y finalmente hizo una recomendación metodológica: “Todas estas medidas parten de contar con un grupo multipartícipe activo. Para ello, es necesario cumplir con dos condiciones indispensables”.
“La primera mantener un espacio cívico abierto donde todas y todos puedan participar y manifestar sus opiniones y sugerencias de mejora. Y la segunda, un financiamiento constante y seguro para la implementación de EITI que dé fundamento a una secretaría técnica que acompañe al grupo multipartícipe, así como financiar la generación de reportes, análisis y mesas de trabajo”, explicó.
“El compromiso de todas y todos los actores involucrados en el EITI Ecuador es evidente y así fue reflejado en la validación. Inspirémonos en dicho compromiso y continuemos con el avance en la implementación de EITI en Ecuador. Desde el secretariado internacional estamos totalmente a su disposición. Muchas gracias”, acotó el diplomático.
Como colofón del evento, se firmó un compromiso entre la Viceministra de Minería y la oenegé Woman in Mining capítulo Ecuador, para la promoción de paridad de género e inclusión, en el próximo informe de EITI Ecuador.
La viceministra de Minería Rebeca Illescas dijo, en pocas palabras, que toda su gestión se basa en la transparencia como una actitud cotidiana. Y la persona que ha estado ejerciendo como “Champion” de la Iniciativa, Carla Herrera, dijo que EITI no solo es un compromiso del estado sino que requiere del involucramiento de todos los actores.
Ser “Champion" en la jerga del EITI” quiere decir que tiene a su cargo la implementación del estándar en el Ecuador, debe promover el cumplimiento de sus requisitos y la incorporación de nuevos actores ya sean compañías, organizaciones de la sociedad civil y/o individuos con interés cívico.
La participación del país en EITI supone que tanto las empresas como los entes del gobierno den a conocer públicamente, con acceso libre y de fácil obtención gratuita, información clave sobre la explotación de los recursos naturales, considerados estratégicos porque tienen un peso vital en la economía del país y forman parte del patrimonio de la nación y todos sus habitantes. Por tanto, se supone que un ciudadano cualquiera pueda acceder a la información sobre, a grosso modo, lo que las empresas petroleras y mineras invierten y lo que obtienen de ganancias.
A través de un video previamente grabado, el director regional para América Latina y el Caribe y representante del Secretariado EITI, Esteban Ortega, empezó presentando su reconocimiento a los miembros del llamado “grupo multipartícipe” por los pasos dados para lograr la validación de la pertenencia del Ecuador a EITI.
“La realización de este evento coincide con la reciente decisión del Consejo Internacional del EITI sobre la validación de Ecuador, la cual fue anunciada el pasado 14 de marzo. Ecuador obtuvo 69 puntos en su primera validación”, afirmó.
Con este evento se refería a la reunión realizada en Quito el lunes 7 de abril, denominada Acciones para el fortalecimiento de la transparencia en el sector minero de Ecuador”, organizada por el Ministerio de Energía y Minas, en donde se mencionó algunos inconvenientes superados para elaborar el Informe país EITI 2022-2023 recién hecho público.
“Al comparar dicho resultado con otros países de la región, continuó Ortega, este puntaje es alentador y demuestra el compromiso de las distintas partes que conforman el grupo multipartícipe en seguir avanzando en la implementación del estándar EITI. Ecuador, con el impulso de sociedad civil, industria y gobierno, ha logrado hitos muy relevantes en la implementación del EITI. Por ejemplo, la reciente inclusión de cláusulas relativas a la implementación del estándar en los contratos mineros es una innovación a nivel mundial”.
“Queda aún mucho por avanzar. El EITI no es una carrera de velocidad, es un largo maratón en el que cada paso cuenta y en el que lo importante es no dejar de avanzar”, avanzó en su intervención para, a continuación, entrar en lo medular.
“Señalo cuatro grandes puntos para fortalecer la transparencia del sector minero durante los próximos años y donde sé que hay ya distintas acciones en camino para concretar dichas metas. Uno, la transparencia total de los contratos mineros. Si bien los contratos son de acceso libre, eso no quiere decir que estén divulgados sistemáticamente.
“Para implementar el EITI es indispensable que el texto completo y sus enmiendas estén accesibles en internet, precisó”.
“Dos, la transparencia de los beneficiarios finales. De acuerdo con el estándar es indispensable que todas las compañías que tengan o que postulen a una licencia divulguen quiénes son sus beneficiarios finales y que se identifiquen a las personas políticamente expuestas que puedan tener participación en dichas licencias” puntualizó.
“Tres, la participación de Enami en la divulgación de información debe fortalecerse. En particular, avanzar en la divulgación de sus propios contratos y de todos los tipos de pago que realice Enami al estado ecuatoriano, así como en su papel en la comercialización de oro proveniente de la minería artesanal”, agregó.
“Cuatro, la divulgación de los pagos realizados por las empresas, así como de los ingresos recibidos por el estado debe tener un nivel de desagregación mayor, es decir, por proyecto”, precisó.
Y procedió a aclarar la importancia de este aspecto con varias implicaciones: “La divulgación de información por proyecto permite cerrar el círculo del monitoreo. Los contratos establecen los términos, los flujos permiten corroborar que dichos términos se hayan llevado bien. Esto mismo debe aplicarse a los pagos ambientales y sociales”.
Y finalmente hizo una recomendación metodológica: “Todas estas medidas parten de contar con un grupo multipartícipe activo. Para ello, es necesario cumplir con dos condiciones indispensables”.
“La primera mantener un espacio cívico abierto donde todas y todos puedan participar y manifestar sus opiniones y sugerencias de mejora. Y la segunda, un financiamiento constante y seguro para la implementación de EITI que dé fundamento a una secretaría técnica que acompañe al grupo multipartícipe, así como financiar la generación de reportes, análisis y mesas de trabajo”, explicó.
“El compromiso de todas y todos los actores involucrados en el EITI Ecuador es evidente y así fue reflejado en la validación. Inspirémonos en dicho compromiso y continuemos con el avance en la implementación de EITI en Ecuador. Desde el secretariado internacional estamos totalmente a su disposición. Muchas gracias”, acotó el diplomático.
Como colofón del evento, se firmó un compromiso entre la Viceministra de Minería y la oenegé Woman in Mining capítulo Ecuador, para la promoción de paridad de género e inclusión, en el próximo informe de EITI Ecuador.
La viceministra de Minería Rebeca Illescas dijo, en pocas palabras, que toda su gestión se basa en la transparencia como una actitud cotidiana. Y la persona que ha estado ejerciendo como “Champion” de la Iniciativa, Carla Herrera, dijo que EITI no solo es un compromiso del estado sino que requiere del involucramiento de todos los actores.
Ser “Champion" en la jerga del EITI” quiere decir que tiene a su cargo la implementación del estándar en el Ecuador, debe promover el cumplimiento de sus requisitos y la incorporación de nuevos actores ya sean compañías, organizaciones de la sociedad civil y/o individuos con interés cívico.
Gobierno de Sheinbaum busca solución
a huelgas mineras que datan de 2007
Abril 13 de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el jueves 10 que su administración trabaja activamente para resolver conflictos laborales en tres minas mexicanas, incluyendo la mina de cobre Buenavista del Cobre en Cananea, Sonora. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum enfatizó la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los mineros y garantizar la protección del medio ambiente.
La mina Buenavista del Cobre, operada por Grupo México, ha sido históricamente una de las más importantes del país. Situada en Sonora, esta mina no solo es una fuente significativa de empleo en la región, sino también una de las mayores productoras de cobre en Latinoamérica. Sin embargo, desde 2007, enfrenta una huelga prolongada debido a demandas de los trabajadores relacionadas con mejores condiciones laborales y seguridad.
Además de Cananea, Sheinbaum mencionó que su gobierno busca apoyar a los trabajadores en conflicto en otras minas, como las de Sombrerete, en Zacatecas, y Taxco, en Guerrero. Estas huelgas también datan de 2007 y han sido motivo de preocupación tanto para las comunidades locales como para las autoridades federales.
La intervención del gobierno federal representa una oportunidad para redefinir la minería en México como una industria moderna, responsable y justa. Resolver las huelgas no solo permitiría la reactivación de minas como la de Cananea, sino que enviaría un mensaje de certidumbre a inversionistas y trabajadores por igual. La minería genera más de 2,6 millones de empleos directos e indirectos en el país y representa el 2,3% del PIB nacional. Además, México es el primer productor mundial de plata y uno de los principales productores de oro, cobre y zinc.
La atención presidencial a las huelgas mineras representa un punto de inflexión. Si Sheinbaum logra establecer mecanismos efectivos para resolver estos conflictos, no solo se fortalecerá el tejido laboral del país, sino también la competitividad de un sector estratégico para la transición energética y el desarrollo regional.
La mina Buenavista del Cobre, operada por Grupo México, ha sido históricamente una de las más importantes del país. Situada en Sonora, esta mina no solo es una fuente significativa de empleo en la región, sino también una de las mayores productoras de cobre en Latinoamérica. Sin embargo, desde 2007, enfrenta una huelga prolongada debido a demandas de los trabajadores relacionadas con mejores condiciones laborales y seguridad.
Además de Cananea, Sheinbaum mencionó que su gobierno busca apoyar a los trabajadores en conflicto en otras minas, como las de Sombrerete, en Zacatecas, y Taxco, en Guerrero. Estas huelgas también datan de 2007 y han sido motivo de preocupación tanto para las comunidades locales como para las autoridades federales.
La intervención del gobierno federal representa una oportunidad para redefinir la minería en México como una industria moderna, responsable y justa. Resolver las huelgas no solo permitiría la reactivación de minas como la de Cananea, sino que enviaría un mensaje de certidumbre a inversionistas y trabajadores por igual. La minería genera más de 2,6 millones de empleos directos e indirectos en el país y representa el 2,3% del PIB nacional. Además, México es el primer productor mundial de plata y uno de los principales productores de oro, cobre y zinc.
La atención presidencial a las huelgas mineras representa un punto de inflexión. Si Sheinbaum logra establecer mecanismos efectivos para resolver estos conflictos, no solo se fortalecerá el tejido laboral del país, sino también la competitividad de un sector estratégico para la transición energética y el desarrollo regional.
Perú: Más de 48 000 vacantes
gratuitas para carreras técnicas
Abril 13 de 2025.- Miles de jóvenes y adultos, especialmente aquellos de sectores con menos recursos, tienen la oportunidad de acceder a formación técnica gratuita en 343 Institutos de Educación Superior Tecnológica (IEST) a nivel nacional, con la apertura de vacantes para el periodo académico 2025-I.
Esta iniciativa, respaldada por el Ministerio de Educación (Minedu), ofrece 48 196 plazas en carreras con alta demanda y proyección laboral, brindando una vía accesible para quienes buscan mejorar sus perspectivas laborales y acceder a empleos bien remunerados, sin la barrera de costos educativos.
“La formación técnica es clave para que los jóvenes ingresen al mercado laboral con empleos bien remunerados y con alta demanda”, destacó el ministro de Educación, Morgan Quero. Además, subrayó que las carreras técnicas son fundamentales no solo para el desarrollo profesional, sino también para la reactivación económica del país.
Página web para postular
Los programas ofrecidos en estos institutos tienen una duración de tres años, y no requieren mensualidades, lo que los convierte en una alternativa accesible para miles de estudiantes que desean formarse en carreras técnicas con altos índices de empleabilidad. Además, los egresados pueden incorporarse rápidamente al mercado laboral, gracias a la formación práctica y especializada que reciben.
El Ministerio de Educación habilitó una página con el listado de institutos y los programas académicos disponibles y se puede consultar en el siguiente enlace: https://acortar.link/5a9sVt. A través del portal del Ministerio de Educación, los interesados pueden consultar los programas disponibles y realizar su inscripción para acceder a las vacantes en los Institutos de Educación Superior Tecnológica.
Oportunidades laborales y salarios atractivos
A nivel nacional, son 343 institutos que han abierto plazas vacantes para 515 programas de estudio en las especialidades más demandadas en minería, metalurgia, petróleo y marketing, áreas con altos niveles de empleabilidad y salarios competitivos.
Los técnicos en minería, metalurgia y petróleo, por ejemplo, pueden alcanzar remuneraciones de hasta 19 000 soles mensuales, mientras que otros campos como el marketing y la ingeniería industrial ofrecen salarios de hasta 12 084 y 11 400 soles, respectivamente. Estos salarios no solo reflejan la calidad de la formación técnica, sino también la continua necesidad de profesionales capacitados en sectores clave para la economía nacional.
Esta iniciativa, respaldada por el Ministerio de Educación (Minedu), ofrece 48 196 plazas en carreras con alta demanda y proyección laboral, brindando una vía accesible para quienes buscan mejorar sus perspectivas laborales y acceder a empleos bien remunerados, sin la barrera de costos educativos.
“La formación técnica es clave para que los jóvenes ingresen al mercado laboral con empleos bien remunerados y con alta demanda”, destacó el ministro de Educación, Morgan Quero. Además, subrayó que las carreras técnicas son fundamentales no solo para el desarrollo profesional, sino también para la reactivación económica del país.
Página web para postular
Los programas ofrecidos en estos institutos tienen una duración de tres años, y no requieren mensualidades, lo que los convierte en una alternativa accesible para miles de estudiantes que desean formarse en carreras técnicas con altos índices de empleabilidad. Además, los egresados pueden incorporarse rápidamente al mercado laboral, gracias a la formación práctica y especializada que reciben.
El Ministerio de Educación habilitó una página con el listado de institutos y los programas académicos disponibles y se puede consultar en el siguiente enlace: https://acortar.link/5a9sVt. A través del portal del Ministerio de Educación, los interesados pueden consultar los programas disponibles y realizar su inscripción para acceder a las vacantes en los Institutos de Educación Superior Tecnológica.
Oportunidades laborales y salarios atractivos
A nivel nacional, son 343 institutos que han abierto plazas vacantes para 515 programas de estudio en las especialidades más demandadas en minería, metalurgia, petróleo y marketing, áreas con altos niveles de empleabilidad y salarios competitivos.
Los técnicos en minería, metalurgia y petróleo, por ejemplo, pueden alcanzar remuneraciones de hasta 19 000 soles mensuales, mientras que otros campos como el marketing y la ingeniería industrial ofrecen salarios de hasta 12 084 y 11 400 soles, respectivamente. Estos salarios no solo reflejan la calidad de la formación técnica, sino también la continua necesidad de profesionales capacitados en sectores clave para la economía nacional.
Chile lanza fondo PAMMA Equipa:
hasta 5 millones para pequeños productores
Abril 13 de 2025.- Con el propósito de fortalecer la seguridad y productividad de pequeños productores de la minería metálica y no metálica en todo el país, el Ministerio de Minería de Chile abrió las postulaciones al fondo concursable Pamma Equipa. Esta línea entrega hasta 5 millones de pesos para la adquisición de equipamiento minero como bombas, motobombas, herramientas de trabajo, kit de rescate, entre otros implementos clave para faenas de baja escala.
Este es el segundo llamado Pamma del año -de un total de cinco- y forma parte de la estrategia de apoyo focalizado a la minería artesanal y pequeña minería, contribuyendo al cumplimiento de estándares en seguridad, salud laboral y eficiencia productiva. Pueden postular personas naturales o jurídicas con inicio de actividades en primera categoría, relacionadas a la minería metálica, no metálica o de rocas y salinas.
Las postulaciones estarán abiertas hasta el 29 de abril en el sitio web minmineria.cl, donde también se encuentran las bases del concurso. Además, la postulación se realiza exclusivamente con Clave Única en fondos.gob.cl. En la Región de Aysén, el seremi de Minería Juan Vásquez informó que hay apoyo presencial disponible en las oficinas de la Seremi para facilitar la postulación digital a quienes lo requieran.
La iniciativa busca fortalecer la seguridad y productividad de la minería de baja escala.
Este es el segundo llamado Pamma del año -de un total de cinco- y forma parte de la estrategia de apoyo focalizado a la minería artesanal y pequeña minería, contribuyendo al cumplimiento de estándares en seguridad, salud laboral y eficiencia productiva. Pueden postular personas naturales o jurídicas con inicio de actividades en primera categoría, relacionadas a la minería metálica, no metálica o de rocas y salinas.
Las postulaciones estarán abiertas hasta el 29 de abril en el sitio web minmineria.cl, donde también se encuentran las bases del concurso. Además, la postulación se realiza exclusivamente con Clave Única en fondos.gob.cl. En la Región de Aysén, el seremi de Minería Juan Vásquez informó que hay apoyo presencial disponible en las oficinas de la Seremi para facilitar la postulación digital a quienes lo requieran.
La iniciativa busca fortalecer la seguridad y productividad de la minería de baja escala.
Catastro minero nacional:
luz al final de túnel, pero en 2026
Abril 6 de 2025.- Luego de siete años en suspenso, se ha puesto en marcha un proceso sistemático de ordenamiento, sinceramiento y actualización del sistema de gestión minera, dirigido desde el viceministerio de Minería, con el apoyo político y también la experiencia profesional de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, quien es abogada especializada en derecho ambiental.
La prioridad de la viceministra de Minería, Rebeca Illescas, una abogada con una firme vocación por la gestión pública con amplia experiencia en la gestión de los recursos naturales, fue poner orden en el caos existente en el Ministerio, área del viceministerio de Minería, obviamente.
Con esa aspiración y haciendo espacio para muchas otras metas ambicionadas que no mencionaremos en esta nota, la Viceministra ordenó en octubre a las coordinaciones zonales que se haga una pausa en las actividades. De esa manera, que no se mueva nada hasta que el levantamiento de toda la información esté realizado. El actual sistema de gestión minera que data de 2016, además de tener pocas seguridades informáticamente hablando, es espectacular, pero necesita actualizarse y, para bien o para mal, no permite una simple migración de la información que contiene a un nuevo soporte.
Y como la información siempre es poder. Como para cualquier gestión pública, la información es el insumo indispensable que debe estar a tiempo para que la nueva plataforma pueda ofrecer los datos depurados y los servicios en línea y el país cuente con la herramienta actualizada y con nuevas características, digamos un catastro 3.0.
La compra del nuevo Sistema de Software de Gestión Minero fue adjudicada a la empresa canadiense Pacific Geotech Systems Ltda, por un monto de US$ 2 654 792 más el 12% de IVA financiado con el préstamo/convenio BID No. 4989/OC-EC, denominado Programa de Gestión Sostenible del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables e Infraestructura Asociada, el cual estuvo disponible para el país desde fines del año 2020. Del préstamo se ha contratado también la compra de los nuevos servidores y equipos asociados.
"Heredamos un crédito con el BID que no se ha ejecutado en los últimos cuatro años. A partir de esta administración se lo está ejecutando y eso nos permite hacer fortalecimiento institucional, porque dentro de los principales componentes que tiene este crédito y programa, es que tengamos sistemas de control y modelos de gestión para que podamos hacer la gestión efectiva de los minerales del país", reveló Rebeca Illescas.
El accidentado contrato con esta empresa, de octubre de 2023, ha sido uno de los motivos de la demora en la solución de un problema de programación especializada en cuya licitación solo participó esta empresa. Como tuvo problemas en la presentación de garantías bancarias, varias postergaciones, autoridades pasajeras (al menos 25 viceministros en los últimos siete años), en definitiva la “desestructuración de las instituciones” mencionada por la Viceministra al inicio de la conversación con Vía Minera, que tuvo lugar en su despacho el viernes 4.
En fin, la Pacific Geotech llevó al Ministerio a una mediación, por medio de la cual puso contra la espada y la pared al Estado ecuatoriano que, para evitar una nueva licitación que llevaría innumerables trámites internos y externos y meses para justificar a la contraparte BID, aceptó que en lugar de las garantías bancarias, no se le entregue el anticipo de orden.
Para no alargar la historia, el contrato está por fin en marcha y mientras los señores programadores arman el software y lo instalan con la estructura, la interoperatividad y las nuevas características requeridas para el sistema, los analistas, abogados, archivistas y demás técnicos del viceministerio y sus subsecretarías preparan la información en siete fases, por régimen legal, por régimen minero (artesanal, pequeña minería, mediana y gran minería, metálicos y no metálicos), etc.
Es decir que periódicamente, y la nueva administración que venga con el resultado de las elecciones nacionales no podrá cambiar esta programación porque ahí están los plazos, el viceministerio tendrá en limpio, toda o aproximadamente toda, la información sobre cuántos, quienes y donde están los mineros artesanales de este país, por ejemplo.
Solo que ese levantamiento tomará varios meses todavía, porque el plazo de ejecución del contrato con la Pacific Geotech vence a fines del 2026. Así que, el Viceministerio tiene una, en la práctica, unidad ejecutora realizándolo. ¿En qué consiste su labor? Pues básicamente en lograr que la burocracia, sobre todo de la Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, sus coordinaciones zonales remuevan archivos manuales como digitales, carpetas y expedientes, sobre trámites de concesiones, requisitos, procesos legales, permisos, informes, etc., lo que implica también mover a las oficinas de la secretaría de calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, a la Empresa Nacional Minera, Enami EP, y a toda institución que pueda aportar un documento supuestamente faltante o un certificado equivalente.
Hasta el momento, menos de seis meses de gestión, incluso, han tenido que mover a los propios concesionarios a que ubiquen y remitan de sus archivos la papelería que legitima los procesos incompletos y desordenados. ¿Podrá poner el orden al caos? ¿Se dejarán remover los intereses que se han beneficiado de este?
La prioridad de la viceministra de Minería, Rebeca Illescas, una abogada con una firme vocación por la gestión pública con amplia experiencia en la gestión de los recursos naturales, fue poner orden en el caos existente en el Ministerio, área del viceministerio de Minería, obviamente.
Con esa aspiración y haciendo espacio para muchas otras metas ambicionadas que no mencionaremos en esta nota, la Viceministra ordenó en octubre a las coordinaciones zonales que se haga una pausa en las actividades. De esa manera, que no se mueva nada hasta que el levantamiento de toda la información esté realizado. El actual sistema de gestión minera que data de 2016, además de tener pocas seguridades informáticamente hablando, es espectacular, pero necesita actualizarse y, para bien o para mal, no permite una simple migración de la información que contiene a un nuevo soporte.
Y como la información siempre es poder. Como para cualquier gestión pública, la información es el insumo indispensable que debe estar a tiempo para que la nueva plataforma pueda ofrecer los datos depurados y los servicios en línea y el país cuente con la herramienta actualizada y con nuevas características, digamos un catastro 3.0.
La compra del nuevo Sistema de Software de Gestión Minero fue adjudicada a la empresa canadiense Pacific Geotech Systems Ltda, por un monto de US$ 2 654 792 más el 12% de IVA financiado con el préstamo/convenio BID No. 4989/OC-EC, denominado Programa de Gestión Sostenible del Sector Estratégico de Energía y Recursos Naturales no Renovables e Infraestructura Asociada, el cual estuvo disponible para el país desde fines del año 2020. Del préstamo se ha contratado también la compra de los nuevos servidores y equipos asociados.
"Heredamos un crédito con el BID que no se ha ejecutado en los últimos cuatro años. A partir de esta administración se lo está ejecutando y eso nos permite hacer fortalecimiento institucional, porque dentro de los principales componentes que tiene este crédito y programa, es que tengamos sistemas de control y modelos de gestión para que podamos hacer la gestión efectiva de los minerales del país", reveló Rebeca Illescas.
El accidentado contrato con esta empresa, de octubre de 2023, ha sido uno de los motivos de la demora en la solución de un problema de programación especializada en cuya licitación solo participó esta empresa. Como tuvo problemas en la presentación de garantías bancarias, varias postergaciones, autoridades pasajeras (al menos 25 viceministros en los últimos siete años), en definitiva la “desestructuración de las instituciones” mencionada por la Viceministra al inicio de la conversación con Vía Minera, que tuvo lugar en su despacho el viernes 4.
En fin, la Pacific Geotech llevó al Ministerio a una mediación, por medio de la cual puso contra la espada y la pared al Estado ecuatoriano que, para evitar una nueva licitación que llevaría innumerables trámites internos y externos y meses para justificar a la contraparte BID, aceptó que en lugar de las garantías bancarias, no se le entregue el anticipo de orden.
Para no alargar la historia, el contrato está por fin en marcha y mientras los señores programadores arman el software y lo instalan con la estructura, la interoperatividad y las nuevas características requeridas para el sistema, los analistas, abogados, archivistas y demás técnicos del viceministerio y sus subsecretarías preparan la información en siete fases, por régimen legal, por régimen minero (artesanal, pequeña minería, mediana y gran minería, metálicos y no metálicos), etc.
Es decir que periódicamente, y la nueva administración que venga con el resultado de las elecciones nacionales no podrá cambiar esta programación porque ahí están los plazos, el viceministerio tendrá en limpio, toda o aproximadamente toda, la información sobre cuántos, quienes y donde están los mineros artesanales de este país, por ejemplo.
Solo que ese levantamiento tomará varios meses todavía, porque el plazo de ejecución del contrato con la Pacific Geotech vence a fines del 2026. Así que, el Viceministerio tiene una, en la práctica, unidad ejecutora realizándolo. ¿En qué consiste su labor? Pues básicamente en lograr que la burocracia, sobre todo de la Agencia de Regulación y Control Minero, Arcom, sus coordinaciones zonales remuevan archivos manuales como digitales, carpetas y expedientes, sobre trámites de concesiones, requisitos, procesos legales, permisos, informes, etc., lo que implica también mover a las oficinas de la secretaría de calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, a la Empresa Nacional Minera, Enami EP, y a toda institución que pueda aportar un documento supuestamente faltante o un certificado equivalente.
Hasta el momento, menos de seis meses de gestión, incluso, han tenido que mover a los propios concesionarios a que ubiquen y remitan de sus archivos la papelería que legitima los procesos incompletos y desordenados. ¿Podrá poner el orden al caos? ¿Se dejarán remover los intereses que se han beneficiado de este?
Son apenas 5432 concesiones en análisis. Para hacernos una idea de la dificultad técnica, según la asociación de Municipalidades del Ecuador, 54 municipios del país tienen digitalizados sus catastros, georeferenciados, con trámites asociados, con modernas seguridades para los funcionarios que tienen acceso con capacidad de modificación y con acceso del público a información de millones de predios.
Entretanto se preparan los términos de referencia para una cuarta contratación para el nuevo sistema de gestión minera, digamos que para limpiar de desorden, desidia, imprecisión, negligencia, y algo de corrupción, que consistirá en digitalizar todas las carpetas y expedientes, la papelería del país minero, con un costo aproximado de un millón y medio de dólares.
Entre las nuevas características del sistema, de acuerdo a Rebeca Illescas, se incluyen modernos sistemas de seguridad y la posibilidad de realizar los trámites en línea, además de la interoperatividad con las demás instituciones del Estado que forman parte de los procesos administrativos que demanda la actividad minera en el país. Así está siendo programado el software especializado que, según ha dicho al menos cada viceministro en cada postergación de la reapertura del catastro, tenía que ser configurado por una empresa “de clase mundial”.
Entretanto se preparan los términos de referencia para una cuarta contratación para el nuevo sistema de gestión minera, digamos que para limpiar de desorden, desidia, imprecisión, negligencia, y algo de corrupción, que consistirá en digitalizar todas las carpetas y expedientes, la papelería del país minero, con un costo aproximado de un millón y medio de dólares.
Entre las nuevas características del sistema, de acuerdo a Rebeca Illescas, se incluyen modernos sistemas de seguridad y la posibilidad de realizar los trámites en línea, además de la interoperatividad con las demás instituciones del Estado que forman parte de los procesos administrativos que demanda la actividad minera en el país. Así está siendo programado el software especializado que, según ha dicho al menos cada viceministro en cada postergación de la reapertura del catastro, tenía que ser configurado por una empresa “de clase mundial”.
Aurania renueva sus derechos mineros y su ejecutiva de RSE
Abril 6 de 2025.- Aurania (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) anunció que tendrá un acuerdo para el pago por la renovación de concesiones de su proyecto Ciudades Perdidas conocido como Lost Cities, en el suroriente de Ecuador, pues ya obtuvo una aceptación a su solicitud de la administración.
En un comunicado en el que anunciaba también que los Directores de Aurania recibirán opciones sobre acciones en lugar de honorarios durante el año 2025, la compañía anunció que ha presentado toda la documentación necesaria para la renovación de sus 42 concesiones de exploración minera en el sureste de Ecuador.
Para ello, ha presentado una solicitud para la firma de un acuerdo de pago de las tarifas anuales de concesión asociadas, que consisten en las patentes de conservación y se calculan sobre la base de la superficie. La solicitud ha sido aceptada y la compañía está trabajando con diversas entidades del gobierno ecuatoriano para negociar el acuerdo, según el comunicado.
La compañía considera que, al presentar las renovaciones de concesiones antes de la fecha límite del 31 de marzo, mantiene su propiedad en Ecuador al día mientras se finaliza el acuerdo de pago.
Hace poco, la compañía anunció también el nombramiento de la Carolina Lasso como vicepresidenta de Responsabilidad Social Empresarial. Ella cuenta con 20 años de experiencia en responsabilidad social corporativa, políticas públicas y comunicación estratégica.
Como Jefa de Responsabilidad Social Corporativa y Relaciones Gubernamentales en Ecuasolidus, filial de Aurania, ha impulsado estrategias de RSE de alto impacto, garantizando la licencia social para operar y fomentando una sólida participación de la comunidad y las partes interesadas.
Cuando trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (2010-2017), gestionó programas de desarrollo fronterizo en toda la frontera colombiana y supervisó la región amazónica, trabajando con comunidades indígenas, los esfuerzos de reintegración de las FARC y las poblaciones afectadas por el conflicto. Allí, Lasso desarrolló modelos de reintegración posconflicto y lideró iniciativas que beneficiaron a setenta y siete municipios.
La señora Lasso posee una Licenciatura en Relaciones Internacionales, un Diploma de Posgrado en Consolidación de la Paz y Resolución de Conflictos Armados, y una Maestría en Ciencias Políticas. Su nombramiento está sujeto a la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto.
El doctor Keith Barron, presidente y director ejecutivo dijo al respecto: “En su nuevo rol, Carolina supervisará y guiará todas nuestras iniciativas de RSE, garantizando que el compromiso de Aurania con la sostenibilidad y la participación comunitaria siga creciendo en todas nuestras operaciones”.
Aurania es una compañía de exploración minera dedicada a la identificación, evaluación, adquisición y exploración de propiedades minerales, con un enfoque en metales preciosos y cobre en Sudamérica. Su activo insignia, el proyecto Cutucu - Ciudades Perdidas, se ubica en el Cinturón Metalogénico Jurásico, en las estribaciones orientales de la cordillera de los Andes, en el sureste de Ecuador.
En un comunicado en el que anunciaba también que los Directores de Aurania recibirán opciones sobre acciones en lugar de honorarios durante el año 2025, la compañía anunció que ha presentado toda la documentación necesaria para la renovación de sus 42 concesiones de exploración minera en el sureste de Ecuador.
Para ello, ha presentado una solicitud para la firma de un acuerdo de pago de las tarifas anuales de concesión asociadas, que consisten en las patentes de conservación y se calculan sobre la base de la superficie. La solicitud ha sido aceptada y la compañía está trabajando con diversas entidades del gobierno ecuatoriano para negociar el acuerdo, según el comunicado.
La compañía considera que, al presentar las renovaciones de concesiones antes de la fecha límite del 31 de marzo, mantiene su propiedad en Ecuador al día mientras se finaliza el acuerdo de pago.
Hace poco, la compañía anunció también el nombramiento de la Carolina Lasso como vicepresidenta de Responsabilidad Social Empresarial. Ella cuenta con 20 años de experiencia en responsabilidad social corporativa, políticas públicas y comunicación estratégica.
Como Jefa de Responsabilidad Social Corporativa y Relaciones Gubernamentales en Ecuasolidus, filial de Aurania, ha impulsado estrategias de RSE de alto impacto, garantizando la licencia social para operar y fomentando una sólida participación de la comunidad y las partes interesadas.
Cuando trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (2010-2017), gestionó programas de desarrollo fronterizo en toda la frontera colombiana y supervisó la región amazónica, trabajando con comunidades indígenas, los esfuerzos de reintegración de las FARC y las poblaciones afectadas por el conflicto. Allí, Lasso desarrolló modelos de reintegración posconflicto y lideró iniciativas que beneficiaron a setenta y siete municipios.
La señora Lasso posee una Licenciatura en Relaciones Internacionales, un Diploma de Posgrado en Consolidación de la Paz y Resolución de Conflictos Armados, y una Maestría en Ciencias Políticas. Su nombramiento está sujeto a la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto.
El doctor Keith Barron, presidente y director ejecutivo dijo al respecto: “En su nuevo rol, Carolina supervisará y guiará todas nuestras iniciativas de RSE, garantizando que el compromiso de Aurania con la sostenibilidad y la participación comunitaria siga creciendo en todas nuestras operaciones”.
Aurania es una compañía de exploración minera dedicada a la identificación, evaluación, adquisición y exploración de propiedades minerales, con un enfoque en metales preciosos y cobre en Sudamérica. Su activo insignia, el proyecto Cutucu - Ciudades Perdidas, se ubica en el Cinturón Metalogénico Jurásico, en las estribaciones orientales de la cordillera de los Andes, en el sureste de Ecuador.
La guerra comercial afecta a la transición
energética en Estados Unidos
Abril 6 de 2025.- La guerra comercial declarada por el gobierno de Donald Trump, que colocó en 54% los aranceles totales a los productos de la República Popular China, recibió como respuesta que los minerales chinos no sean exportados a Estados Unidos, en un contexto de inventarios en el que China domina el mercado de tierras raras en el mundo.
En cuanto al inventario mundial, según Mining.com, el Servicio Geológico de Estados Unidos estima las reservas rusas de tierras raras en 3,8 millones de toneladas, pero Moscú afirma que la cifra real es significativamente mayor.
Estados Unidos es el segundo mayor emisor de dióxido de carbono (CO2) a nivel mundial, después de China y la respuesta China, según el analista César Reina Ugarizza, significa que la transición energética no se podrá llevar a cabo en Estados Unidos porque no tiene acceso a las materias primas que la hacen posible, por lo que esta se concentrará casi exclusivamente en China.
Desde diciembre pasado China viene respondiendo a las movidas arancelarias de Trump y entre la estrategia está “cortar el chorro” de exportaciones de tierras raras, elementos que son claves en Estados Unidos para los sectores de transición energética y defensa. El primer tema no interesa al gobernante que es un negacionista del Cambio Climático, por lo que retiró al país del Acuerdo de París sobre el cambio climático, y desmanteló numerosas regulaciones ambientales a nivel nacional
El ministerio de Comercio Chino ya había impuesto un sistema de licencias para restringir las exportaciones de siete elementos de tierras raras que son utilizadas para la construcción de diversos productos como los carros eléctricos y las bombas inteligentes.
Ese ente advirtió desde diciembre pasado que se detendrían inmediatamente las ventas a Estados Unidos de galio, germanio, antimonio y los denominados materiales superduros, por su doble uso militar y civil.
Alejandro Godoy, consultor geopolítico en asuntos internacionales, explicó que las grandes potencias, especialmente Estados Unidos y China, están involucradas en una carrera por dominar las industrias tecnológicas y energéticas del futuro. Y en esto, los minerales estratégicos son clave.
Una de las razones de peso, explicó Godoy, es que estos gigantes buscan asegurar el suministro de minerales esenciales para evitar vulnerabilidades en sus economías.
Dado que muchos de estos minerales son escasos y se concentran en unos pocos países (por ejemplo, China controla gran parte de las tierras raras, y el litio está dominado Chile, Bolivia y Argentina), las naciones buscan diversificar y controlar las fuentes de abastecimiento para reducir el riesgo de interrupciones en sus cadenas de suministro”, señaló.
Cabe recordar que la mitad de las reservas globales de estos minerales estratégicos los posee China, dominando tanto en su extracción como en su procesamiento, metales como litio, níquel, cobalto y tierras raras. También acapara dos cadenas de suministro importantes para la fabricación de baterías: refina el 95% del manganeso que se produce en el mundo y extrae el 64% del grafito.
De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, China ha estado suministrando el 54 % del germanio utilizado por Estados Unidos, un material empleado en tecnología de infrarrojos y fibra óptica.
Antes del anuncio del miércoles, el desequilibrio comercial consistía en que los Estados Unidos superaban con creces los aranceles que China cobraba a productos estadounidenses. El arancel promedio que China cobraba a los productos estadounidenses se situaba en el 17,8% mientras que los Estados Unidos cobraba un 32,8% a los productos chinos. Con información de El Colombiano y Bloomberg.
En cuanto al inventario mundial, según Mining.com, el Servicio Geológico de Estados Unidos estima las reservas rusas de tierras raras en 3,8 millones de toneladas, pero Moscú afirma que la cifra real es significativamente mayor.
Estados Unidos es el segundo mayor emisor de dióxido de carbono (CO2) a nivel mundial, después de China y la respuesta China, según el analista César Reina Ugarizza, significa que la transición energética no se podrá llevar a cabo en Estados Unidos porque no tiene acceso a las materias primas que la hacen posible, por lo que esta se concentrará casi exclusivamente en China.
Desde diciembre pasado China viene respondiendo a las movidas arancelarias de Trump y entre la estrategia está “cortar el chorro” de exportaciones de tierras raras, elementos que son claves en Estados Unidos para los sectores de transición energética y defensa. El primer tema no interesa al gobernante que es un negacionista del Cambio Climático, por lo que retiró al país del Acuerdo de París sobre el cambio climático, y desmanteló numerosas regulaciones ambientales a nivel nacional
El ministerio de Comercio Chino ya había impuesto un sistema de licencias para restringir las exportaciones de siete elementos de tierras raras que son utilizadas para la construcción de diversos productos como los carros eléctricos y las bombas inteligentes.
Ese ente advirtió desde diciembre pasado que se detendrían inmediatamente las ventas a Estados Unidos de galio, germanio, antimonio y los denominados materiales superduros, por su doble uso militar y civil.
Alejandro Godoy, consultor geopolítico en asuntos internacionales, explicó que las grandes potencias, especialmente Estados Unidos y China, están involucradas en una carrera por dominar las industrias tecnológicas y energéticas del futuro. Y en esto, los minerales estratégicos son clave.
Una de las razones de peso, explicó Godoy, es que estos gigantes buscan asegurar el suministro de minerales esenciales para evitar vulnerabilidades en sus economías.
Dado que muchos de estos minerales son escasos y se concentran en unos pocos países (por ejemplo, China controla gran parte de las tierras raras, y el litio está dominado Chile, Bolivia y Argentina), las naciones buscan diversificar y controlar las fuentes de abastecimiento para reducir el riesgo de interrupciones en sus cadenas de suministro”, señaló.
Cabe recordar que la mitad de las reservas globales de estos minerales estratégicos los posee China, dominando tanto en su extracción como en su procesamiento, metales como litio, níquel, cobalto y tierras raras. También acapara dos cadenas de suministro importantes para la fabricación de baterías: refina el 95% del manganeso que se produce en el mundo y extrae el 64% del grafito.
De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, China ha estado suministrando el 54 % del germanio utilizado por Estados Unidos, un material empleado en tecnología de infrarrojos y fibra óptica.
Antes del anuncio del miércoles, el desequilibrio comercial consistía en que los Estados Unidos superaban con creces los aranceles que China cobraba a productos estadounidenses. El arancel promedio que China cobraba a los productos estadounidenses se situaba en el 17,8% mientras que los Estados Unidos cobraba un 32,8% a los productos chinos. Con información de El Colombiano y Bloomberg.
Colombia: ex ministra Irene Vélez regresa a la ANLA
Abril 6 de 2025.- La exministra de Energía y Minas de Colombia, Irene Vélez, ha sido nombrada directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Vélez, quien fue despedida en 2023, renunció a su cargo de consejera general en el Reino Unido para regresar a Colombia. La exministra de Minas y Energía ahora se encargará de la Dirección General de la Unidad Administrativa Especial de la ANLA.
Lo que parecía un rumor es ahora un hecho y se trata del inminente regreso al Gobierno de la exministra de Minas y Energías Irene Vélez Torres, que reemplazará a Rodrigo Negrete luego de su renuncia a la dirección de la entidad.
La ratificación de que Vélez ocuparía el cargo tiene que ver con que en la página de la Presidencia de la República ya figura su hoja de vida como aspirante al alto cargo en la (ANLA), entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Por carecer de formación técnica y experiencia en recursos naturales, Vélez logró pocos resultados como ministra, y el sector espera resultados similares de su gestión al frente de la ANLA.
De acuerdo con información publicada por La W Radio, el presidente Gustavo Petro ya estaría encomendando a Irene Vélez la misión de destrabar los proyectos de parques eólicos en La Guajira, una región en la que el Gobierno sostiene un interés para el desarrollo de energías renovables en Colombia. Este encargo se convierte en la primera tarea que Vélez deberá abordar al asumir su nuevo rol.
Los parques eólicos en La Guajira han enfrentado múltiples obstáculos que han dificultado su avance, principalmente debido a restricciones que han hecho inviable su implementación.
Desde su llegada al gabinete ministerial en agosto del 2022, Vélez protagonizó múltiples episodios polémicos. Entre ellos, declaraciones que generaron inquietud en el sector energético, como su propuesta de frenar el crecimiento de las grandes economías para beneficiar a países en desarrollo o la idea de abastecer a Colombia con gas proveniente de Venezuela.
Uno de los episodios más cuestionados fue la presentación del informe “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa”, en enero de 2023. Las cifras erradas en el documento generaron alerta en los gremios y expertos del sector, al asegurar que Colombia solo tenía reservas de gas natural hasta 2042. Aunque Vélez defendió su informe, los errores metodológicos evidenciados fueron insostenibles.
Otro episodio que generó rechazo fue su afirmación en el Congreso Nacional de Minería 2022, en la que instó a que los países desarrollados reduzcan sus economías: “Necesitamos exigirles también en el marco de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos (...) De ese decrecimiento depende que logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos”.
Su actitud en una rueda de prensa también generó críticas, cuando interrumpió abruptamente a los periodistas: “Esto se acaba aquí”, dijo antes de retirarse de la sala. Posteriormente, ofreció disculpas por su comportamiento. Las controversias personales también la rodearon. Se reveló que su esposo, Sjoerd Van Grootheest, obtuvo un contrato por US$128 millones con el Gobierno a través del Fondo Colombia en Paz, sin que Vélez reportara el evidente conflicto de intereses.
Lo que parecía un rumor es ahora un hecho y se trata del inminente regreso al Gobierno de la exministra de Minas y Energías Irene Vélez Torres, que reemplazará a Rodrigo Negrete luego de su renuncia a la dirección de la entidad.
La ratificación de que Vélez ocuparía el cargo tiene que ver con que en la página de la Presidencia de la República ya figura su hoja de vida como aspirante al alto cargo en la (ANLA), entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Por carecer de formación técnica y experiencia en recursos naturales, Vélez logró pocos resultados como ministra, y el sector espera resultados similares de su gestión al frente de la ANLA.
De acuerdo con información publicada por La W Radio, el presidente Gustavo Petro ya estaría encomendando a Irene Vélez la misión de destrabar los proyectos de parques eólicos en La Guajira, una región en la que el Gobierno sostiene un interés para el desarrollo de energías renovables en Colombia. Este encargo se convierte en la primera tarea que Vélez deberá abordar al asumir su nuevo rol.
Los parques eólicos en La Guajira han enfrentado múltiples obstáculos que han dificultado su avance, principalmente debido a restricciones que han hecho inviable su implementación.
Desde su llegada al gabinete ministerial en agosto del 2022, Vélez protagonizó múltiples episodios polémicos. Entre ellos, declaraciones que generaron inquietud en el sector energético, como su propuesta de frenar el crecimiento de las grandes economías para beneficiar a países en desarrollo o la idea de abastecer a Colombia con gas proveniente de Venezuela.
Uno de los episodios más cuestionados fue la presentación del informe “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa”, en enero de 2023. Las cifras erradas en el documento generaron alerta en los gremios y expertos del sector, al asegurar que Colombia solo tenía reservas de gas natural hasta 2042. Aunque Vélez defendió su informe, los errores metodológicos evidenciados fueron insostenibles.
Otro episodio que generó rechazo fue su afirmación en el Congreso Nacional de Minería 2022, en la que instó a que los países desarrollados reduzcan sus economías: “Necesitamos exigirles también en el marco de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos (...) De ese decrecimiento depende que logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos”.
Su actitud en una rueda de prensa también generó críticas, cuando interrumpió abruptamente a los periodistas: “Esto se acaba aquí”, dijo antes de retirarse de la sala. Posteriormente, ofreció disculpas por su comportamiento. Las controversias personales también la rodearon. Se reveló que su esposo, Sjoerd Van Grootheest, obtuvo un contrato por US$128 millones con el Gobierno a través del Fondo Colombia en Paz, sin que Vélez reportara el evidente conflicto de intereses.
El Comité de Integridad minera coloca
en stand by acuerdos comerciales
La ministra Manzano anunció los acuerdos comerciales con Enami EP en noviembre de 2024.
Marzo 30 de 2025.- Los acuerdos comerciales entre la Empresa Nacional Minera (Enami EP) y tres compañías internacionales de peso mundial, la canadiense Barrick International, la australiana Hanrine Ecuadorian y la suiza Solaris Resources, están imposibilitados de continuar. Ahora por un pedido, confidencial, de José Neira, presidente del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim), de suspender el otorgamiento de concesiones.
Las tres empresas firmaron los acuerdos comerciales con una intención de realizar una inversión inicial de US$ 27,5 millones por Barrick, US$ 120 millones de Hanrine y US$ 25 millones de Solaris, con lo cual la Enami EP recibió el 1% en efectivo en sus cuentas bancarias propias. Solo que las áreas objeto de los acuerdos comerciales no son de titularidad de la Enami EP, todavía.
El catastro minero está cerrado, pero no para la Enami EP. En julio del 2024 fue reformada la resolución N° 001-DE-ARCOM-2018 expedida el 24 de enero del 2018, mediante la cual se dejó de emitir y graficar nuevas concesiones mineras, lo cual se conoce como el cierre del catastro.
El artículo que se incorporó con la reforma fue el N° 6 que reza: “Disponer que, en virtud de las competencias de las Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos naturales No Renovables (Arcernn), se inicie el proceso mediante el cual, se grafique únicamente las áreas de interés de la Empresa Nacional Minera Enami EP y, posteriormente se registren las concesiones otorgadas a su favor, de conformidad con la normativa vigente, en ejercicio del derecho preferente y de primera opción de Enami EP”.
Y es que para la entrega de una concesión, existen muchos procesos y requisitos que en teoría deben cumplirse, a saber: solicitudes, informes técnicos y certificados, de que las áreas están libres o tienen categoría de “áreas especiales” (Art. 24 de la Ley de Minería), ya sea porque sus derechos se hubieren extinguido por caducidad, extinción, nulidad o hayan sido restituidas al Estado; además y obviamente, un “informe justificativo técnico y económico de la solicitud, la cual debe estar alineada con el Plan de Desarrollo Minero y la planificación interna de la Enami EP”, otorgamientos, inscripciones, etc.
Además, de acuerdo a la normativa específica que aprobó la Enami EP, se debió haber realizado una convocatoria de interés, con un mínimo de inversión, a las empresas que quisieran ofertar para las áreas que alguien libremente haya propuesto o la Enami haya dispuesto que salgan a concurso.
En fin, una cantidad de documentación oficial y tramitología burocrática para que todo esté fundamentado en la Constitución y la ley, sin perjuicio de que no contradiga la interminable normativa sectorial.
No obstante, a instancias de la reforma del cierre del catastro, la Arcom procedió a graficar las áreas solicitadas por Enami EP, con lo cual el camino está pavimentado. Pero como hay muchos criterios que reunir y cumplir en un proceso no excento de polémicas, eso no fue suficiente.
Entonces, de manera adicional a esta reforma, la ministra Inés Manzano, en el Acuerdo N° MEM-MEM-2025-0007-AM, del 27 de febrero último, expidió el “Instructivo que Regula el Ejercicio del Derecho Preferente y de Primera Opción de la Empresa Nacional Minera, Enami Ep”, ajustado para que los acuerdos comerciales puedan proceder con la negociación de los términos de la asociación con Enami que están pendientes.
Entre los temas que podemos mencionar se encuentran en proceso de negociación están: el plan general de inversiones, que incluye las actividades a realizarse con las inversiones correspondientes; el NSR (net smelter return) o retorno neto de fundición, sobre el cual cada empresa privada pagará a Enami EP un porcentaje durante la vida útil de la posible mina.
Se estuvo analizando también introducir cláusulas de arbitraje internacional, que requieren el aval de la Procuraduría General del Estado; y con Hanrine se ha trabajado en las promesas irrevocables de cesión y transferencia las cuales significan que el cumplimiento de ciertos hitos de inversión, a futuro tendría un cierto porcentaje de cotitularidad.
Pese a que existen todas las normativas actualizadas listas para que la estatal pueda ejercer su derecho preferente sobre las áreas elegidas para los convenios con las compañías mencionadas, y obtener los derechos mineros sobre las concesiones implicadas, la ministra de Energía recibió un pedido, eso sí muy cordial, del señor Neira, como presidente del Conim.
El Conim fue creado por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo No. 435. Tiene entre sus atribuciones, “coordinar con las entidades competentes en materia de minería la planificación y ejecución de actividades (…) que sean necesarios para la vigilancia, control, combate y neutralización de la prospección, extracción o explotación ilegal de recursos mineros…”.
En ese sentido, dice Neira en el oficio N° PR-SGIP-2025-0100-O, del 20 de marzo último: “con el fin de que se realice una verificación y control de los derechos mineros otorgados, recomiendo a usted, señora Ministra, SE SUSPENDA momentáneamente el otorgamiento de derechos mineros, así como la graficación y desgraficación de proyectos y áreas hasta no revisar técnicamente los procesos, a través de un proceso de verificación de integridad para la prevención de conflictos de intereses”.
El señor Neira justificó así su “recomendación”, con lo que pone en evidencia que para él se han estado procesando solicitudes de otorgamiento de concesiones pese a que el catastro permanece cerrado. Hasta ahí, lo que podemos informar.
Las tres empresas firmaron los acuerdos comerciales con una intención de realizar una inversión inicial de US$ 27,5 millones por Barrick, US$ 120 millones de Hanrine y US$ 25 millones de Solaris, con lo cual la Enami EP recibió el 1% en efectivo en sus cuentas bancarias propias. Solo que las áreas objeto de los acuerdos comerciales no son de titularidad de la Enami EP, todavía.
El catastro minero está cerrado, pero no para la Enami EP. En julio del 2024 fue reformada la resolución N° 001-DE-ARCOM-2018 expedida el 24 de enero del 2018, mediante la cual se dejó de emitir y graficar nuevas concesiones mineras, lo cual se conoce como el cierre del catastro.
El artículo que se incorporó con la reforma fue el N° 6 que reza: “Disponer que, en virtud de las competencias de las Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos naturales No Renovables (Arcernn), se inicie el proceso mediante el cual, se grafique únicamente las áreas de interés de la Empresa Nacional Minera Enami EP y, posteriormente se registren las concesiones otorgadas a su favor, de conformidad con la normativa vigente, en ejercicio del derecho preferente y de primera opción de Enami EP”.
Y es que para la entrega de una concesión, existen muchos procesos y requisitos que en teoría deben cumplirse, a saber: solicitudes, informes técnicos y certificados, de que las áreas están libres o tienen categoría de “áreas especiales” (Art. 24 de la Ley de Minería), ya sea porque sus derechos se hubieren extinguido por caducidad, extinción, nulidad o hayan sido restituidas al Estado; además y obviamente, un “informe justificativo técnico y económico de la solicitud, la cual debe estar alineada con el Plan de Desarrollo Minero y la planificación interna de la Enami EP”, otorgamientos, inscripciones, etc.
Además, de acuerdo a la normativa específica que aprobó la Enami EP, se debió haber realizado una convocatoria de interés, con un mínimo de inversión, a las empresas que quisieran ofertar para las áreas que alguien libremente haya propuesto o la Enami haya dispuesto que salgan a concurso.
En fin, una cantidad de documentación oficial y tramitología burocrática para que todo esté fundamentado en la Constitución y la ley, sin perjuicio de que no contradiga la interminable normativa sectorial.
No obstante, a instancias de la reforma del cierre del catastro, la Arcom procedió a graficar las áreas solicitadas por Enami EP, con lo cual el camino está pavimentado. Pero como hay muchos criterios que reunir y cumplir en un proceso no excento de polémicas, eso no fue suficiente.
Entonces, de manera adicional a esta reforma, la ministra Inés Manzano, en el Acuerdo N° MEM-MEM-2025-0007-AM, del 27 de febrero último, expidió el “Instructivo que Regula el Ejercicio del Derecho Preferente y de Primera Opción de la Empresa Nacional Minera, Enami Ep”, ajustado para que los acuerdos comerciales puedan proceder con la negociación de los términos de la asociación con Enami que están pendientes.
Entre los temas que podemos mencionar se encuentran en proceso de negociación están: el plan general de inversiones, que incluye las actividades a realizarse con las inversiones correspondientes; el NSR (net smelter return) o retorno neto de fundición, sobre el cual cada empresa privada pagará a Enami EP un porcentaje durante la vida útil de la posible mina.
Se estuvo analizando también introducir cláusulas de arbitraje internacional, que requieren el aval de la Procuraduría General del Estado; y con Hanrine se ha trabajado en las promesas irrevocables de cesión y transferencia las cuales significan que el cumplimiento de ciertos hitos de inversión, a futuro tendría un cierto porcentaje de cotitularidad.
Pese a que existen todas las normativas actualizadas listas para que la estatal pueda ejercer su derecho preferente sobre las áreas elegidas para los convenios con las compañías mencionadas, y obtener los derechos mineros sobre las concesiones implicadas, la ministra de Energía recibió un pedido, eso sí muy cordial, del señor Neira, como presidente del Conim.
El Conim fue creado por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo No. 435. Tiene entre sus atribuciones, “coordinar con las entidades competentes en materia de minería la planificación y ejecución de actividades (…) que sean necesarios para la vigilancia, control, combate y neutralización de la prospección, extracción o explotación ilegal de recursos mineros…”.
En ese sentido, dice Neira en el oficio N° PR-SGIP-2025-0100-O, del 20 de marzo último: “con el fin de que se realice una verificación y control de los derechos mineros otorgados, recomiendo a usted, señora Ministra, SE SUSPENDA momentáneamente el otorgamiento de derechos mineros, así como la graficación y desgraficación de proyectos y áreas hasta no revisar técnicamente los procesos, a través de un proceso de verificación de integridad para la prevención de conflictos de intereses”.
El señor Neira justificó así su “recomendación”, con lo que pone en evidencia que para él se han estado procesando solicitudes de otorgamiento de concesiones pese a que el catastro permanece cerrado. Hasta ahí, lo que podemos informar.
El arbitraje de Codelco contra Ecuador por
Llurimagua en crucial etapa de pruebas
Marzo 30 de 2025.- El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) suspendió su tratamiento del diferendo sobre el proyecto Llurimagua, operado por la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) de Chile y la Empresa Nacional Minera EP, hasta que el tribunal de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) arroje su resolución.
Uno de los temas controversiales que tendrá que afrontar el próximo gobierno en materia minera es la resolución de este conflicto, entre la gigante minera estatal Codelco y el estado ecuatoriano, que este abril cumple cuatro años. Llurimagua está en el cantón Cotacachi, parroquias García Moreno y Peñaherrera. Tiene una concesión de 4.829 hectáreas en la provincia de Imbabura, sierra norte del Ecuador.
Codelco inició dos arbitrajes de inversión contra Ecuador: uno ante la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), en abril de 2021, y otro ante Ciadi en enero de 2022. El objetivo del reclamo consiste en obligar al Directorio de la Enami EP que apruebe los términos de asociación negociados en 2019, que fueron criticados en su momento incluso por el entonces presidente Lenin Moreno.
Los fuertes argumentos de lado y lado
Dos aspectos centrales en la resolución del conflicto son, por un lado, el acuerdo de asociación conocido en el argot de negocios asociativos como deadlock que pone a la Enami EP en riesgo de perder su participación si no hace las inversiones que le corresponderían, debido a que la estatal ecuatoriana depende del presupuesto central. Por otro, la valoración económica del yacimiento que está en juego, un pórfido de cobre y molibdeno.
Ambos temas son clave en los términos de la conformación de una sociedad anónima, entre las dos empresas estatales, que no han sido ratificados por el Directorio de la Enami EP. Los motivos y los argumentos de lado y lado están en conocimiento y análisis de la Procuraduría General del Estado, la entidad encargada de llevar a cabo la defensa del interés del país en el arbitraje internacional.
Respecto al tema de valoración del proyecto, el problema consiste en que Codelco no considera su obligación entregar los estudios de estimación de reservas y recursos minerales del yacimiento, realizados durante la etapa de exploración avanzada. Previamente, Ascendant Cooper que llegó a establecer un estimado de 1200 millones de toneladas minerales, según un informe oficial al que Vía Minera tuvo acceso. Mientras, Codelco en 2018 incluyó una estimación de más de 3000 millones de toneladas en su memoria anual de actividades, capítulo de sus subsidiarias.
Sobre el potencial de Llurimagua, siguen existiendo solo versiones sin conocimiento de la metodología para su estimación, algunas se pueden observar en nuestras publicaciones anteriores como: https://www.viaminera.com/poliacutetica.html/#Aumenta%20inter%C3%A9s%20por%20el%20proyecto%20Llurimagua
Reclama US$ 560 millones pero ha invertido algo así como US$ 59,5
Como si hubiese sido producto de un diálogo amistoso para encontrar una salida a la controversia, en el año 2023 el ex ministro de Energía Fernando Santos, dijo a la prensa que ambas partes estarían considerando la contratación de un experto internacional para que valore los recursos de Llurimagua, lo que evidenciaría la intención de seguir con el desarrollo conjunto del proyecto.
Ya en el nuevo período gubernamental, en noviembre fueron las audiencias de prueba y en febrero se cumplió un término para la presentación de algunas pruebas pendientes que al momento el tribunal de arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio estaría analizando.
El proceso se lleva con estricta confidencialidad, por lo que ni el gerente de Enami EP, ni los representantes de Codelco en Ecuador han podido proporcionar información.
En el arbitraje Codelco reclama US$ 560 millones, aunque entre las dos empresas han invertido apenas US$ 59,5 millones desde 2012, de acuerdo a informes oficiales. En la actualidad, Enami EP está en la obligación de obtener una nueva licencia ambiental para el proyecto porque en 2023 se le revocó por una orden judicial.
El proyecto es importante para la minera chilena, no solo porque es la punta de lanza de su proyección a nivel internacional, sino porque las dimensiones lo colocan entre los más importantes del continente.
Codelco es la mayor empresa cuprífera del mundo, y el pasado viernes informó de una mejora en sus resultados financieros y productivos de 2024, revirtiendo las pérdidas por 591 millones de dólares registradas en 2023 y alcanzando ganancias por 245 millones de dólares durante 2024.
Uno de los temas controversiales que tendrá que afrontar el próximo gobierno en materia minera es la resolución de este conflicto, entre la gigante minera estatal Codelco y el estado ecuatoriano, que este abril cumple cuatro años. Llurimagua está en el cantón Cotacachi, parroquias García Moreno y Peñaherrera. Tiene una concesión de 4.829 hectáreas en la provincia de Imbabura, sierra norte del Ecuador.
Codelco inició dos arbitrajes de inversión contra Ecuador: uno ante la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), en abril de 2021, y otro ante Ciadi en enero de 2022. El objetivo del reclamo consiste en obligar al Directorio de la Enami EP que apruebe los términos de asociación negociados en 2019, que fueron criticados en su momento incluso por el entonces presidente Lenin Moreno.
Los fuertes argumentos de lado y lado
Dos aspectos centrales en la resolución del conflicto son, por un lado, el acuerdo de asociación conocido en el argot de negocios asociativos como deadlock que pone a la Enami EP en riesgo de perder su participación si no hace las inversiones que le corresponderían, debido a que la estatal ecuatoriana depende del presupuesto central. Por otro, la valoración económica del yacimiento que está en juego, un pórfido de cobre y molibdeno.
Ambos temas son clave en los términos de la conformación de una sociedad anónima, entre las dos empresas estatales, que no han sido ratificados por el Directorio de la Enami EP. Los motivos y los argumentos de lado y lado están en conocimiento y análisis de la Procuraduría General del Estado, la entidad encargada de llevar a cabo la defensa del interés del país en el arbitraje internacional.
Respecto al tema de valoración del proyecto, el problema consiste en que Codelco no considera su obligación entregar los estudios de estimación de reservas y recursos minerales del yacimiento, realizados durante la etapa de exploración avanzada. Previamente, Ascendant Cooper que llegó a establecer un estimado de 1200 millones de toneladas minerales, según un informe oficial al que Vía Minera tuvo acceso. Mientras, Codelco en 2018 incluyó una estimación de más de 3000 millones de toneladas en su memoria anual de actividades, capítulo de sus subsidiarias.
Sobre el potencial de Llurimagua, siguen existiendo solo versiones sin conocimiento de la metodología para su estimación, algunas se pueden observar en nuestras publicaciones anteriores como: https://www.viaminera.com/poliacutetica.html/#Aumenta%20inter%C3%A9s%20por%20el%20proyecto%20Llurimagua
Reclama US$ 560 millones pero ha invertido algo así como US$ 59,5
Como si hubiese sido producto de un diálogo amistoso para encontrar una salida a la controversia, en el año 2023 el ex ministro de Energía Fernando Santos, dijo a la prensa que ambas partes estarían considerando la contratación de un experto internacional para que valore los recursos de Llurimagua, lo que evidenciaría la intención de seguir con el desarrollo conjunto del proyecto.
Ya en el nuevo período gubernamental, en noviembre fueron las audiencias de prueba y en febrero se cumplió un término para la presentación de algunas pruebas pendientes que al momento el tribunal de arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio estaría analizando.
El proceso se lleva con estricta confidencialidad, por lo que ni el gerente de Enami EP, ni los representantes de Codelco en Ecuador han podido proporcionar información.
En el arbitraje Codelco reclama US$ 560 millones, aunque entre las dos empresas han invertido apenas US$ 59,5 millones desde 2012, de acuerdo a informes oficiales. En la actualidad, Enami EP está en la obligación de obtener una nueva licencia ambiental para el proyecto porque en 2023 se le revocó por una orden judicial.
El proyecto es importante para la minera chilena, no solo porque es la punta de lanza de su proyección a nivel internacional, sino porque las dimensiones lo colocan entre los más importantes del continente.
Codelco es la mayor empresa cuprífera del mundo, y el pasado viernes informó de una mejora en sus resultados financieros y productivos de 2024, revirtiendo las pérdidas por 591 millones de dólares registradas en 2023 y alcanzando ganancias por 245 millones de dólares durante 2024.
Mina parada en Panamá apuesta
por un diálogo con el gobierno
Foto: La central termoeléctrica de carbón que proveía 300 MW de energía a la mina paralizada.
Marzo 30 de 2025.- First Quantum Minerals (FQM) confía en un posible diálogo con el gobierno panameño, tras anunciar que trabajará en la suspensión de los arbitrajes internacionales contra el país. El gobierno prohibió las visitas públicas a las instalaciones de la mina Cobre Panamá, que se realizaban con guías trabajadores de la propia mina, y el operador acató la orden.
La mina operada por la minera Panama Cooper, subsidiaria de FQM, se encuentra cerrada desde noviembre de 2023 tras la declaración de inconstitucionalidad de su contrato por la Corte Suprema de Panamá. Es la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.
La Corte Suprema declaró inconstitucional su contrato renovado al violar 25 artículos de la carta magna, y actualmente la mina paralizada es objeto de demandas de arbitraje por más de 20 mil millones de dólares.
La administración del presidente, José Raúl Mulino, pidió la suspensión de los arbitrajes para iniciar «conversaciones formales» sobre la mina, y a la espera de una confirmación, anunció que comenzaría el lunes 24 consultas internas con su equipo sobre «el tema minero».
Y declaró: “¿con qué criterio, como presidente de la República, puedo decirle al país: ‘adiós a la mina, no va haber mina porque cinco gatos que no pagan una planilla no quieren mina?’”.
A pesar del cierre oficial, First Quantum anunció en marzo de 2025 un programa de visitas a las instalaciones de la mina, con el objetivo de mostrar el estado actual del sitio y posiblemente generar apoyo para su reapertura. Sin embargo, el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá indicó que cualquier ingreso de terceros a las instalaciones ha sido gestionado unilateralmente por la empresa, sin la autorización del Gobierno Nacional.
La concesión
En marzo de 2023, el Congreso de Panamá llegó a un acuerdo con la minera canadiense FQM, permitiendo que su subsidiaria local continúe operando la mina al menos 20 años más. La mina a cielo abierto fue cerrada temporalmente en 2022 cuando las negociaciones entre el gobierno y First Quantum se vinieron abajo debido a pagos que el gobierno quería.
El contrato, que recibió la aprobación final el 20 de octubre de 2023, permitió a la subsidiaria continuar operando la mina durante los próximos 20 años, con la posibilidad de extenderse por otros 20 años si el sitio seguía siendo productivo.
La minera cifra en alrededor de 10 000 millones de dólares su inversión en esta mina y en un yacimiento con 3.000 millones de toneladas de reservas probadas y probables.
En la mina, situada al oeste de la capital, en medio de una gran zona boscosa cerca del Caribe panameño, dentro del Corredor Biológico Mesoamericano, considerado de alta biodiversidad, las máquinas permanecen paradas, salvo alguna labor de mantenimiento, a la espera de volver a excavar en un tajo que, según datos de Cobre Panamá, alcanza los 180 metros en vertical.
También se mantienen en pausa las 2.000 hectáreas de terreno natural destinadas a almacenar los relaves, o remanentes del proceso.
«La empresa se está gastando sus propios recursos para mantener la sostenibilidad física y química del sitio, se está gastando 20 millones de dólares mensuales. De esos, 10 millones se destinan solamente al tratamiento de las aguas», asegura.
El impacto ambiental
El ministro Julio Molto enfatizó que el gobierno está en proceso de contratar una auditoría integral para evaluar técnica y objetivamente el estado actual de las operaciones y su impacto.
Desde la compañía se afirma que del total del agua utilizada durante las operaciones, el 99 % proviene de la lluvia, manteniendo 7 millones de metros cúbicos de agua almacenada, y el 78 % de la utilizada en la planta de procesos se recircula. También muestran parte de unas 4.500 hectáreas reforestadas.
Rogelio Vargas, que trabaja como biólogo especialista en Cobre Panamá, defiende también, junto a un túnel repleto de murciélagos que sirve de paso artificial para los animales bajo una de las carreteras, su «diseño ecológicamente amigable con el medio».
Pero los grupos ambientalistas han comenzado a mostrar su recelo ante ese posible inicio de conversaciones entre la administración de Mulino y Minera Panamá, al considerar que es un intento de reabrir la mina de cobre. Los grupos componen el movimiento ‘Panamá vale más sin minería’, lideraron en 2023 las mayores protestas en décadas en el país y anunciaron que están listos para volver a salir a las calles.
El impacto económico
Mulino recuerda que el cese de la actividad de esa mina, que representaba cerca del 5 % del producto interno bruto (PIB) del país, se está sintiendo en desempleo, en falta de ingresos al Estado -que supondría 780 millones de dólares en impuestos directos- y el quiebre de muchas empresas que eran contratistas de la mina.
Hace quince días, autorizó la exportación del concentrado de cobre que quedó en la mina, unas 130 000 toneladas en total, así como la importación de carbón para reactivar la planta termoeléctrica de 300 megavatios e incorporar su producción en el abastecimiento de energía.
Los que también están pendientes de una decisión sobre la mina son alrededor de 7.400 trabajadores con los que contaba antes de su cierre, dijo la empresa, de los cuales ahora quedan en labores de mantenimiento unos 1.200. Con información de: EFE, AP y Mineriaenlinea.com.
La mina operada por la minera Panama Cooper, subsidiaria de FQM, se encuentra cerrada desde noviembre de 2023 tras la declaración de inconstitucionalidad de su contrato por la Corte Suprema de Panamá. Es la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.
La Corte Suprema declaró inconstitucional su contrato renovado al violar 25 artículos de la carta magna, y actualmente la mina paralizada es objeto de demandas de arbitraje por más de 20 mil millones de dólares.
La administración del presidente, José Raúl Mulino, pidió la suspensión de los arbitrajes para iniciar «conversaciones formales» sobre la mina, y a la espera de una confirmación, anunció que comenzaría el lunes 24 consultas internas con su equipo sobre «el tema minero».
Y declaró: “¿con qué criterio, como presidente de la República, puedo decirle al país: ‘adiós a la mina, no va haber mina porque cinco gatos que no pagan una planilla no quieren mina?’”.
A pesar del cierre oficial, First Quantum anunció en marzo de 2025 un programa de visitas a las instalaciones de la mina, con el objetivo de mostrar el estado actual del sitio y posiblemente generar apoyo para su reapertura. Sin embargo, el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá indicó que cualquier ingreso de terceros a las instalaciones ha sido gestionado unilateralmente por la empresa, sin la autorización del Gobierno Nacional.
La concesión
En marzo de 2023, el Congreso de Panamá llegó a un acuerdo con la minera canadiense FQM, permitiendo que su subsidiaria local continúe operando la mina al menos 20 años más. La mina a cielo abierto fue cerrada temporalmente en 2022 cuando las negociaciones entre el gobierno y First Quantum se vinieron abajo debido a pagos que el gobierno quería.
El contrato, que recibió la aprobación final el 20 de octubre de 2023, permitió a la subsidiaria continuar operando la mina durante los próximos 20 años, con la posibilidad de extenderse por otros 20 años si el sitio seguía siendo productivo.
La minera cifra en alrededor de 10 000 millones de dólares su inversión en esta mina y en un yacimiento con 3.000 millones de toneladas de reservas probadas y probables.
En la mina, situada al oeste de la capital, en medio de una gran zona boscosa cerca del Caribe panameño, dentro del Corredor Biológico Mesoamericano, considerado de alta biodiversidad, las máquinas permanecen paradas, salvo alguna labor de mantenimiento, a la espera de volver a excavar en un tajo que, según datos de Cobre Panamá, alcanza los 180 metros en vertical.
También se mantienen en pausa las 2.000 hectáreas de terreno natural destinadas a almacenar los relaves, o remanentes del proceso.
«La empresa se está gastando sus propios recursos para mantener la sostenibilidad física y química del sitio, se está gastando 20 millones de dólares mensuales. De esos, 10 millones se destinan solamente al tratamiento de las aguas», asegura.
El impacto ambiental
El ministro Julio Molto enfatizó que el gobierno está en proceso de contratar una auditoría integral para evaluar técnica y objetivamente el estado actual de las operaciones y su impacto.
Desde la compañía se afirma que del total del agua utilizada durante las operaciones, el 99 % proviene de la lluvia, manteniendo 7 millones de metros cúbicos de agua almacenada, y el 78 % de la utilizada en la planta de procesos se recircula. También muestran parte de unas 4.500 hectáreas reforestadas.
Rogelio Vargas, que trabaja como biólogo especialista en Cobre Panamá, defiende también, junto a un túnel repleto de murciélagos que sirve de paso artificial para los animales bajo una de las carreteras, su «diseño ecológicamente amigable con el medio».
Pero los grupos ambientalistas han comenzado a mostrar su recelo ante ese posible inicio de conversaciones entre la administración de Mulino y Minera Panamá, al considerar que es un intento de reabrir la mina de cobre. Los grupos componen el movimiento ‘Panamá vale más sin minería’, lideraron en 2023 las mayores protestas en décadas en el país y anunciaron que están listos para volver a salir a las calles.
El impacto económico
Mulino recuerda que el cese de la actividad de esa mina, que representaba cerca del 5 % del producto interno bruto (PIB) del país, se está sintiendo en desempleo, en falta de ingresos al Estado -que supondría 780 millones de dólares en impuestos directos- y el quiebre de muchas empresas que eran contratistas de la mina.
Hace quince días, autorizó la exportación del concentrado de cobre que quedó en la mina, unas 130 000 toneladas en total, así como la importación de carbón para reactivar la planta termoeléctrica de 300 megavatios e incorporar su producción en el abastecimiento de energía.
Los que también están pendientes de una decisión sobre la mina son alrededor de 7.400 trabajadores con los que contaba antes de su cierre, dijo la empresa, de los cuales ahora quedan en labores de mantenimiento unos 1.200. Con información de: EFE, AP y Mineriaenlinea.com.
Gobierno dominicano trabaja en la política minera hacia el 2028
Marzo 30 de 2025.- El ministro dominicano de Energía y Minas, Joel Santos, anunció que el Gobierno trabaja en la elaboración de la política minera, con una visión hacia 2028.
Santos indicó que el proyecto en proceso incorpora aspectos clave como explotación responsable de minerales estratégicos, protección ambiental y mitigación de impacto, transparencia y participación ciudadana.
Además, desarrollo comunitario en zonas mineras, así como innovación y transferencia tecnológica, puntualizó.
El titular indicó que se avanza en la actualización de la Ley 146-71, vigente desde hace más de 50 años, con el objetivo de modernizar el marco normativo de la minería y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
Durante su intervención en el «Seminario de minería canadiense: Hacia un futuro sostenible», organizado por la Embajada de Canadá en República Dominicana, Santos resaltó que la reforma busca responder a las nuevas necesidades del sector y ofrecer mayor seguridad jurídica tanto al Estado como a los inversionistas.
«Estamos desarrollando una política minera con visión hacia 2028, que permitirá la actualización de la legislación para garantizar que la minería continúe siendo un motor de desarrollo sostenible», expresó.
Adelantó que la nueva normativa incorporará varios elementos fundamentales, tales como la creación de un catastro minero electrónico, que permitirá una gestión más eficiente y transparente de las concesiones mineras.
También, dijo, se contemplan regulaciones para la minería subterránea y el cierre de minas, asegurando una explotación más segura y responsable, con normativas claras.
En el evento, Santos consideró a Canadá como un socio clave en la industria minera dominicana, aportando tecnología de vanguardia, altos estándares ambientales y mejores prácticas.
De su lado, la embajadora de Canadá en República Dominicana, Jacqueline Delima Baril, resaltó que las empresas de su país que invierten aquí operan bajo estrictos estándares ambientales, sociales y de gobernanza.
El ministro también informó sobre los avances en la exploración de bauxita con elementos de tierras raras en Pedernales, un proyecto liderado por la Empresa Minera Dominicana (Emidom), entidad estatal creada para garantizar la gestión sostenible de estos recursos.
Indicó que en septiembre de 2024 comenzó una fase de estudio y análisis para la estimación de los recursos en 2025 y realizar una primera declaración de reservas en 2026.
El seminario contó con la participación del presidente de la Cámara Minera y Petrolera de República Dominicana, Pedro Esteva, y el asesor en materia minera del Ministerio de Energía y Minas, Joel Ramírez, quienes presentaron un análisis de los principales indicadores socioeconómicos del sector. Prensa Latina.
Santos indicó que el proyecto en proceso incorpora aspectos clave como explotación responsable de minerales estratégicos, protección ambiental y mitigación de impacto, transparencia y participación ciudadana.
Además, desarrollo comunitario en zonas mineras, así como innovación y transferencia tecnológica, puntualizó.
El titular indicó que se avanza en la actualización de la Ley 146-71, vigente desde hace más de 50 años, con el objetivo de modernizar el marco normativo de la minería y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
Durante su intervención en el «Seminario de minería canadiense: Hacia un futuro sostenible», organizado por la Embajada de Canadá en República Dominicana, Santos resaltó que la reforma busca responder a las nuevas necesidades del sector y ofrecer mayor seguridad jurídica tanto al Estado como a los inversionistas.
«Estamos desarrollando una política minera con visión hacia 2028, que permitirá la actualización de la legislación para garantizar que la minería continúe siendo un motor de desarrollo sostenible», expresó.
Adelantó que la nueva normativa incorporará varios elementos fundamentales, tales como la creación de un catastro minero electrónico, que permitirá una gestión más eficiente y transparente de las concesiones mineras.
También, dijo, se contemplan regulaciones para la minería subterránea y el cierre de minas, asegurando una explotación más segura y responsable, con normativas claras.
En el evento, Santos consideró a Canadá como un socio clave en la industria minera dominicana, aportando tecnología de vanguardia, altos estándares ambientales y mejores prácticas.
De su lado, la embajadora de Canadá en República Dominicana, Jacqueline Delima Baril, resaltó que las empresas de su país que invierten aquí operan bajo estrictos estándares ambientales, sociales y de gobernanza.
El ministro también informó sobre los avances en la exploración de bauxita con elementos de tierras raras en Pedernales, un proyecto liderado por la Empresa Minera Dominicana (Emidom), entidad estatal creada para garantizar la gestión sostenible de estos recursos.
Indicó que en septiembre de 2024 comenzó una fase de estudio y análisis para la estimación de los recursos en 2025 y realizar una primera declaración de reservas en 2026.
El seminario contó con la participación del presidente de la Cámara Minera y Petrolera de República Dominicana, Pedro Esteva, y el asesor en materia minera del Ministerio de Energía y Minas, Joel Ramírez, quienes presentaron un análisis de los principales indicadores socioeconómicos del sector. Prensa Latina.
Presidente Gabriel Boric presentó
recursos de Royalty Minero 2025
Marzo 30 de 2025.- La política ha permitido una de las mayores inyecciones de recursos nuevos al sistema de financiamiento municipal desde el retorno a la democracia.
En la Plaza de Catemu y ante unas 800 personas, el presidente Gabriel Boric encabezó la presentación de los Fondos del Royalty Minero 2025, junto a los ministros del Interior y Seguridad Pública, Álvaro Elizalde, y de Minería, Aurora Williams; las subsecretarias de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales; y de Minería, Suina Chahuán; y el alcalde de Catemu, Rodrigo Díaz.
“Verlos a ustedes, verlos a los ojos, en verdad, me emociona. Cuando escucho al alcalde respecto a las cosas que se han hecho, uno ve como la política cuando se hace bien le puede mejorar la calidad de vida de la gente” señaló el Jefe de Estado.
Los fondos del Royalty Minero permitirán este 2025 distribuir 218 625 millones de pesos a 308 comunas (89% de los municipios del país), beneficiando a más de 12 millones de personas. Son recursos de libre disposición y sobre los cuales la municipalidad debe informar anualmente a Subdere. El pago se realiza en cuatro cuotas anuales.
Al respecto, la ministra de Minería, Aurora Williams subrayó que “nos encontramos en un momento en donde la proyección de inversión de la industria minera es la más alta de los últimos diez años. Más de 81 mil millones de dólares que se van a desarrollar en Chile en los próximos diez años”.
Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales, indicó que “muchas veces las personas se acercan a los municipios, les plantean problemas, buscan alternativas y que los alcaldes y alcaldesas, en conjunto con sus equipos y los concejos municipales, tengan herramientas para poder responder ante esas inquietudes y al mismo tiempo generar bienestar colectivo, es algo que nos enorgullece como gobierno profundamente”.
En 2024 se distribuyeron 93 mil millones de pesos a 307 municipios, correspondientes a los Fondos Puente del royalty, lo que anticipó el traspaso equivalente del 50% de los recursos que los municipios y gobiernos regionales recibirán durante este 2025.
“Es importante que nosotros entendamos que la riqueza la producen los trabajadores y las trabajadoras y, por lo tanto, tenemos que distribuirla mejor” concluyó el Presidente Gabriel Boric. Radio Paulina.
En la Plaza de Catemu y ante unas 800 personas, el presidente Gabriel Boric encabezó la presentación de los Fondos del Royalty Minero 2025, junto a los ministros del Interior y Seguridad Pública, Álvaro Elizalde, y de Minería, Aurora Williams; las subsecretarias de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales; y de Minería, Suina Chahuán; y el alcalde de Catemu, Rodrigo Díaz.
“Verlos a ustedes, verlos a los ojos, en verdad, me emociona. Cuando escucho al alcalde respecto a las cosas que se han hecho, uno ve como la política cuando se hace bien le puede mejorar la calidad de vida de la gente” señaló el Jefe de Estado.
Los fondos del Royalty Minero permitirán este 2025 distribuir 218 625 millones de pesos a 308 comunas (89% de los municipios del país), beneficiando a más de 12 millones de personas. Son recursos de libre disposición y sobre los cuales la municipalidad debe informar anualmente a Subdere. El pago se realiza en cuatro cuotas anuales.
Al respecto, la ministra de Minería, Aurora Williams subrayó que “nos encontramos en un momento en donde la proyección de inversión de la industria minera es la más alta de los últimos diez años. Más de 81 mil millones de dólares que se van a desarrollar en Chile en los próximos diez años”.
Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, Francisca Perales, indicó que “muchas veces las personas se acercan a los municipios, les plantean problemas, buscan alternativas y que los alcaldes y alcaldesas, en conjunto con sus equipos y los concejos municipales, tengan herramientas para poder responder ante esas inquietudes y al mismo tiempo generar bienestar colectivo, es algo que nos enorgullece como gobierno profundamente”.
En 2024 se distribuyeron 93 mil millones de pesos a 307 municipios, correspondientes a los Fondos Puente del royalty, lo que anticipó el traspaso equivalente del 50% de los recursos que los municipios y gobiernos regionales recibirán durante este 2025.
“Es importante que nosotros entendamos que la riqueza la producen los trabajadores y las trabajadoras y, por lo tanto, tenemos que distribuirla mejor” concluyó el Presidente Gabriel Boric. Radio Paulina.
Presidente Arce ofrece áreas a los mineros de Santa Cruz
Marzo 30 de 2025.- Durante el aniversario de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin), el presidente Luis Arce afirmó el último sábado que existen 55 solicitudes para la otorgación de 778 cuadriculas mineras en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. A la vez, el mandatario entregó un vehículo a la dirigencia minera y, en respuesta, estos lo proclamaron como candidato a la presidencia.
“Hoy queremos anunciar que, de acuerdo al Decreto Supremo 1369, tenemos registradas y en curso más de 55 solicitudes de nuevas áreas y estamos hablando de 778 cuadrículas para la Federación de Cooperativas Mineras de Santa Cruz”, señaló el mandatario.
El mandatario asistió al acto de aniversario de esa federación que se llevó a cabo en San Ramón, de la región cruceña, donde entregó un vehículo a la dirigencia minera a tiempo de destacar el trabajo que realizan.
En ese sentido, el jefe de Estado indicó que ya se entregó el permiso a la cooperativa el Manantial para que desarrolle la explotación minera de forma legal en el municipio de San Ramón.
“También estamos en Santa Cruz para decirles que ya se ha liberado, que ya hay un certificado de área libre que tiene que tramitar la empresa minera Manantial para poder tener ese derecho de explotar legalmente aquí, en San Ramón”, señaló.
Al respecto, la presidenta de Fedecomin Santa Cruz, Rosmery Valencia, destacó los avances en los trámites para la liberación de áreas de exploración minera, los cuales estaban paralizados por 14 años.
“Hemos estado por 14 años arrinconados, donde suplicamos cada vez que se liberen y nunca nos han hecho caso. Gracias al presidente Lucho se han liberado las áreas”, manifestó a tiempo de presentar una resolución donde lo proclaman como candidato a la presidencia.
El ministro de Minería, Alejandro Santos, reveló que a instrucción del mandatario esa repartición de Estado está entregando varias cuadriculas de explotación a las cooperativas mineras, incluso garantizó la aprobación de los contratos.
“Hace más de 12 años ha estado detrás de contratos mineros, gracias al presidente Lucho Arce en menos de cuatro años ha instruido al Ministerio de Minería y a sus brazos operativos que se puedan liberar y cumplir con la necesidad de las cooperativas mineras. Estamos entregando muchas cuadriculas y en su momento lo va a indicar nuestro presidente”, aseveró.
Por otra parte, Arce entregó el primer crédito del Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofin) de Bs 500.000 a la cooperativa minera Concepción los Olivos, como parte del apoyo a ese sector. Agencia de Noticias Fides.
“Hoy queremos anunciar que, de acuerdo al Decreto Supremo 1369, tenemos registradas y en curso más de 55 solicitudes de nuevas áreas y estamos hablando de 778 cuadrículas para la Federación de Cooperativas Mineras de Santa Cruz”, señaló el mandatario.
El mandatario asistió al acto de aniversario de esa federación que se llevó a cabo en San Ramón, de la región cruceña, donde entregó un vehículo a la dirigencia minera a tiempo de destacar el trabajo que realizan.
En ese sentido, el jefe de Estado indicó que ya se entregó el permiso a la cooperativa el Manantial para que desarrolle la explotación minera de forma legal en el municipio de San Ramón.
“También estamos en Santa Cruz para decirles que ya se ha liberado, que ya hay un certificado de área libre que tiene que tramitar la empresa minera Manantial para poder tener ese derecho de explotar legalmente aquí, en San Ramón”, señaló.
Al respecto, la presidenta de Fedecomin Santa Cruz, Rosmery Valencia, destacó los avances en los trámites para la liberación de áreas de exploración minera, los cuales estaban paralizados por 14 años.
“Hemos estado por 14 años arrinconados, donde suplicamos cada vez que se liberen y nunca nos han hecho caso. Gracias al presidente Lucho se han liberado las áreas”, manifestó a tiempo de presentar una resolución donde lo proclaman como candidato a la presidencia.
El ministro de Minería, Alejandro Santos, reveló que a instrucción del mandatario esa repartición de Estado está entregando varias cuadriculas de explotación a las cooperativas mineras, incluso garantizó la aprobación de los contratos.
“Hace más de 12 años ha estado detrás de contratos mineros, gracias al presidente Lucho Arce en menos de cuatro años ha instruido al Ministerio de Minería y a sus brazos operativos que se puedan liberar y cumplir con la necesidad de las cooperativas mineras. Estamos entregando muchas cuadriculas y en su momento lo va a indicar nuestro presidente”, aseveró.
Por otra parte, Arce entregó el primer crédito del Fondo de Financiamiento para la Minería (Fofin) de Bs 500.000 a la cooperativa minera Concepción los Olivos, como parte del apoyo a ese sector. Agencia de Noticias Fides.
Segundo informe de transparencia en Ecuador:
Más diagnóstico que datos
-Segunda entrega-
La publicación en X mediante la que se dio a conocer el Informe.
Marzo 23 de 2025.- En esta parte de nuestra reseña, recogeremos los escasos datos que permiten identificar los flujos de pagos de la industria extractiva y su producción, exportaciones, y un tema muy actual para la Iniciativa EITI, la divulgación pública de los beneficiarios finales.
Entonces, continuamos con el resumen del segundo lnforme Ecuador dentro de los parámetros de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), publicado recientemente y anunciado por la red social X el pasado 17 de diciembre (https://x.com/RecNaturalesEC/status/1869052974733070685/photo/1).
En cuanto a la producción minera, el Informe tampoco aporta mucho, solo los datos de las dos minas a gran escala, la pequeña minería es invisible. Pero hay que considerar que de las 30 compañías más “significativas del sector minería” enlistadas en la página 38, solo las empresas Lundin Gold y Ecuacorriente, están adheridas a la Iniciativa.
En una tabla con datos del Banco Central del Ecuador (BCE) se incluye: producción de mena en toneladas, oro doré en onzas troy, concentrado de cobre en toneladas y las cifras globales de “minerales de oro y concentrados” en millones de dólares. Con lo que no se puede diferenciar cuánto concentrado de oro produjo la mina Fruta del Norte (Lundin Gold) ni cuánto concentrado de cobre produjo la mina Mirador (Ecuacorriente).
De 651 millones de dólares en 2022 a 684 millones de dólares en 2023, son las cifras globales de producción.
Algunas cifras e ítems de exportaciones
En relación a las exportaciones, el Informe también recoge los datos del banco central, que según se indica, se basan en los datos de la Agencia de Regulación y control Minero, Arcom.
El oro, dice, es el que más se exportó: aumentó del 68,1% (sic) en valor entre 2022 y 2023, “debido a un aumento en el precio unitario”. Después se lee que el dato corresponde solo a la pequeña minería, pasando de 751 millones de dólares en 2022 a 1,26 mil millones en 2023. Las exportaciones de la minería a gran escala en 2022 constan a US$ 2020 millones y en 2023 alcanzan US$ 2070 millones.
Ahí figuran los precios promedio, del oro, no de los concentrados. El precio internacional de la onza troy de oro en 2022 consta a 1,80 dólares y en 2023 a 1,94 dólares. En 2023, los minerales con mayor exportación fueron el oro en doré (US$ 1.391 millones), el concentrado de cobre (US$ 1.238,3 millones) y los minerales de oro y concentrados (US$ 684,1 millones).
En particular, señala, “ese año se exportaron 874 mil onzas troy de oro doré, lo que representa un incremento del 53,5% en comparación con el volumen de 2022. Este aumento del 68,1% (sic) en valor se debe al incremento en el precio unitario de comercialización de este mineral. Cabe resaltar que el oro ecuatoriano mostró un crecimiento anual positivo, a pesar de que a nivel mundial hubo una disminución en la demanda de oro (-11,8%), influenciada por una menor compra por parte de los bancos centrales”.
También constan las exportaciones de plata, concentrados de plomo y cobre, concentrado de zinc y otros productos mineros, en millones de dólares.
En otra tabla en la página 102, se reúnen las Exportaciones por producto y país de destino, 2022 y 2023 (en toneladas y miles de US$). Ahí constan los pesos netos y valores FOB de: oro, plata, concentrado de cobre y plomo (sic), concentrado de zinc y otros productos mineros.
Entonces, continuamos con el resumen del segundo lnforme Ecuador dentro de los parámetros de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), publicado recientemente y anunciado por la red social X el pasado 17 de diciembre (https://x.com/RecNaturalesEC/status/1869052974733070685/photo/1).
En cuanto a la producción minera, el Informe tampoco aporta mucho, solo los datos de las dos minas a gran escala, la pequeña minería es invisible. Pero hay que considerar que de las 30 compañías más “significativas del sector minería” enlistadas en la página 38, solo las empresas Lundin Gold y Ecuacorriente, están adheridas a la Iniciativa.
En una tabla con datos del Banco Central del Ecuador (BCE) se incluye: producción de mena en toneladas, oro doré en onzas troy, concentrado de cobre en toneladas y las cifras globales de “minerales de oro y concentrados” en millones de dólares. Con lo que no se puede diferenciar cuánto concentrado de oro produjo la mina Fruta del Norte (Lundin Gold) ni cuánto concentrado de cobre produjo la mina Mirador (Ecuacorriente).
De 651 millones de dólares en 2022 a 684 millones de dólares en 2023, son las cifras globales de producción.
Algunas cifras e ítems de exportaciones
En relación a las exportaciones, el Informe también recoge los datos del banco central, que según se indica, se basan en los datos de la Agencia de Regulación y control Minero, Arcom.
El oro, dice, es el que más se exportó: aumentó del 68,1% (sic) en valor entre 2022 y 2023, “debido a un aumento en el precio unitario”. Después se lee que el dato corresponde solo a la pequeña minería, pasando de 751 millones de dólares en 2022 a 1,26 mil millones en 2023. Las exportaciones de la minería a gran escala en 2022 constan a US$ 2020 millones y en 2023 alcanzan US$ 2070 millones.
Ahí figuran los precios promedio, del oro, no de los concentrados. El precio internacional de la onza troy de oro en 2022 consta a 1,80 dólares y en 2023 a 1,94 dólares. En 2023, los minerales con mayor exportación fueron el oro en doré (US$ 1.391 millones), el concentrado de cobre (US$ 1.238,3 millones) y los minerales de oro y concentrados (US$ 684,1 millones).
En particular, señala, “ese año se exportaron 874 mil onzas troy de oro doré, lo que representa un incremento del 53,5% en comparación con el volumen de 2022. Este aumento del 68,1% (sic) en valor se debe al incremento en el precio unitario de comercialización de este mineral. Cabe resaltar que el oro ecuatoriano mostró un crecimiento anual positivo, a pesar de que a nivel mundial hubo una disminución en la demanda de oro (-11,8%), influenciada por una menor compra por parte de los bancos centrales”.
También constan las exportaciones de plata, concentrados de plomo y cobre, concentrado de zinc y otros productos mineros, en millones de dólares.
En otra tabla en la página 102, se reúnen las Exportaciones por producto y país de destino, 2022 y 2023 (en toneladas y miles de US$). Ahí constan los pesos netos y valores FOB de: oro, plata, concentrado de cobre y plomo (sic), concentrado de zinc y otros productos mineros.
En esta sección tampoco aparecen las exportaciones de la pequeña minería, pese a que es la generadora de aproximadamente un tercio de las cifras del sector en valor. Sin embargo, sí constan con sus activos y patrimonio en la página 38, entre las 30 empresas más significativas del sector, solo que tampoco están adheridas a EITI. Por favor, ver la tabla 5.
Flujos al fisco de la minería
En cuanto a ingresos fiscales productos de la actividad minera, entre 2022 y 2023, los ingresos totales incrementaron en US$ 92 millones (13,7%), pasando de US$ 671 millones a US$ 763 millones, considerando impuesto a la renta, IVA, participación de utilidades, patentes de conservación, ISD y otros rubros.
En cuanto a los ingresos no tributarios, el incremento fue del 2% con base en un crecimiento de las regalías: de US$ 100 millones en 2022 a US$ 102 millones en 2023.
Se anota también por un lado que: de acuerdo a la ley le corresponde al Servicio de Rentas Internas, SRI la recaudación “del ´ajuste soberano´, pero no se encuentran registros específicos de este gravamen”. Luego se anota también que el “impuesto soberano no se ha pagado todavía ya que el flujo acumulado de beneficios traídos al valor presente aún no es superior al 50%”.
A continuación, en cuanto al requisito 4.10 de EITI: la información sobre los costos de producción e inversión, no existe información alguna y apenas señala el informe: “La información sobre los costos de producción e inversión es limitada y no está desglosada por proyecto”. En relación con una parte de las inversiones, Vía Minera publicó recién una corta nota: https://www.viaminera.com/recientes.html/#S%C3%B3lo%20el%2025%%20de%20los%20compromisos%20de
En cuanto al registro minero, que sería parte de los requisitos EITI números 2.2 y 2.4, el Ministerio de Energía y Minas tiene una herramienta para visualizar las concesiones mineras vigentes en Ecuador y cierta información sobre los titulares en formato de tabla de atributos. Esto constituye precisamente la base de datos del Catastro Minero que no solo que está cerrado desde enero del 2018 (no desde el 2019), sino que no se descarga.
Cabe anotar que en este portal, y esto no es nuevo pero sí ha sido reconocido como muy positivo para la transparencia por estándares como EITI, es posible encontrar información parcial sobre la ubicación de las concesiones mineras. Allí se puede encontrar la siguiente información en un mapa interactivo: código catastral; nombre la concesión; titular como persona natural o jurídica; fase del recurso natural; fecha de inscripción; plazo en meses; Ubicación desagregada por provincia, cantón y parroquia; mineral de interés; estado actual; superficie; tipo de mineral, sea metálico o no metálico; y régimen.
Cabe anotar que se advierte que no se puede asegurar la calidad de la información que se encuentra en el portal pues la última actualización fue en 2020, agrega el Informe.
Flujos al fisco de la minería
En cuanto a ingresos fiscales productos de la actividad minera, entre 2022 y 2023, los ingresos totales incrementaron en US$ 92 millones (13,7%), pasando de US$ 671 millones a US$ 763 millones, considerando impuesto a la renta, IVA, participación de utilidades, patentes de conservación, ISD y otros rubros.
En cuanto a los ingresos no tributarios, el incremento fue del 2% con base en un crecimiento de las regalías: de US$ 100 millones en 2022 a US$ 102 millones en 2023.
Se anota también por un lado que: de acuerdo a la ley le corresponde al Servicio de Rentas Internas, SRI la recaudación “del ´ajuste soberano´, pero no se encuentran registros específicos de este gravamen”. Luego se anota también que el “impuesto soberano no se ha pagado todavía ya que el flujo acumulado de beneficios traídos al valor presente aún no es superior al 50%”.
A continuación, en cuanto al requisito 4.10 de EITI: la información sobre los costos de producción e inversión, no existe información alguna y apenas señala el informe: “La información sobre los costos de producción e inversión es limitada y no está desglosada por proyecto”. En relación con una parte de las inversiones, Vía Minera publicó recién una corta nota: https://www.viaminera.com/recientes.html/#S%C3%B3lo%20el%2025%%20de%20los%20compromisos%20de
En cuanto al registro minero, que sería parte de los requisitos EITI números 2.2 y 2.4, el Ministerio de Energía y Minas tiene una herramienta para visualizar las concesiones mineras vigentes en Ecuador y cierta información sobre los titulares en formato de tabla de atributos. Esto constituye precisamente la base de datos del Catastro Minero que no solo que está cerrado desde enero del 2018 (no desde el 2019), sino que no se descarga.
Cabe anotar que en este portal, y esto no es nuevo pero sí ha sido reconocido como muy positivo para la transparencia por estándares como EITI, es posible encontrar información parcial sobre la ubicación de las concesiones mineras. Allí se puede encontrar la siguiente información en un mapa interactivo: código catastral; nombre la concesión; titular como persona natural o jurídica; fase del recurso natural; fecha de inscripción; plazo en meses; Ubicación desagregada por provincia, cantón y parroquia; mineral de interés; estado actual; superficie; tipo de mineral, sea metálico o no metálico; y régimen.
Cabe anotar que se advierte que no se puede asegurar la calidad de la información que se encuentra en el portal pues la última actualización fue en 2020, agrega el Informe.
Ausentes los beneficiarios finales
Finalmente, con la última esperanza de que algo sustancial se haya transparentado en este Informe país: fuimos a ver lo que corresponde al requisito N° 2.5, que se refiere a la transparencia de los beneficiarios finales de las empresas extractivas. Si bien es cierto que esta vez las definiciones en el Informe se ajustan al estándar, cabe anotar que todavía se queda en definiciones y ninguna data.
Este es un requisito fundamental en estos tiempos ya que permite conocer los propietarios reales de las empresas, un conocimiento que al transparentarse “ayuda a prevenir la corrupción, el lavado de activos y otras prácticas ilícitas”.
Los beneficiarios finales, nos dice el Informe, son las personas naturales que, directa o indirectamente, poseen o controlan más del 10% del capital social de una empresa extractiva o tienen la capacidad de ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones.
Agrega que, según las normas internacionales (del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI), un beneficiario final puede ser quien tenga el control de una empresa, no solo por participación accionaria, sino también por otros mecanismos.
Y pasa a animarnos a buscar en el portal de la Superintendencia de Compañías la información disponible no sin antes advertirnos que “el marco de beneficiarios reales de esta entidad no se alinea plenamente con el Requisito 2.5 del Estándar EITI, ya que no aborda los mecanismos de control más allá de la participación accionarial, tampoco parece considerar los umbrales de propiedad y las obligaciones de presentación de informes para las personas políticamente expuestas”. Pero además, sin el nombre local de una empresa, ahí no es posible encontrar información. En caso de sospecha, por ejemplo, sobre conflictos de interés de funcionarios, no es posible encontrar una empresa a través del nombre de un posible accionista.
Sin embargo, cabe destacar que el capítulo incluye los cambios normativos en distintos organismos para avanzar en la transparencia y acceso público a la información sobre los beneficiarios finales, con sus limitaciones: el Servicio de Rentas Internas, página 86; la Superintendencia de Compañías y el Servicio Nacional de Contratación Pública, página 87. Las condiciones del Servicio Nacional de Aduanas (Senae) son otras, página 102, ya que la Declaración Aduanera de Exportación es restringida, excepto para el SRI.
Otro dato muy interesante que compartimos con nuestros lectores interesados en la transparencia: “Se ha identificado a https://wallmine.com como una fuente de información para conocer a los principales ejecutivos de las empresas del sector extractivo que cotizan en bolsa. Esta plataforma, con un interfaz en español e inglés permite buscar compañías por su nombre o código bursátil facilitando la identificación de sus líderes. No obstante, para maximizar su uso, es necesario disponer de un directorio completo de empresas y sus respectivos códigos en diferentes bolsas”.
Participación en la aprobación del Informe
Como se ha señalado, la Iniciativa EITI se basa en un modelo de múltiples partes interesadas reuniendo a los gobiernos, la sociedad civil y las empresas del sector extractivo: petróleo, gas y minería. En junio de 2020 se creó el “grupo multipartícipe” y en octubre 2020 Ecuador fue aceptado como país implementador del estándar.
Los miembros del grupo, según el Informe son cuatro representantes del Ejecutivo, seis de fundaciones quiteñas y ocho de las industrias con sus suplentes. Los grupos de industria y de la sociedad civil tienen lo que llaman grupos ampliados que les apoyan y en el caso de la sociedad civil son una facultad de Ciencias de la Tierra de Quito y dos oenegés internacionales.
Uno de los gremios de profesionales del campo de las ciencias y tecnologías que se incorporó hace poco en el Grupo, el Colegio de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Zona Norte, no participó en la aprobación.
Por otro lado, el tema del Catastro Minero fue uno de los motivos para que la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma) que consta en el Informe como suplente en el grupo de sociedad civil, decida su salida de la Iniciativa EITI. En boletín de prensa del 3 de marzo, ellos afirmaron como una falla estructural en el documento: “Opacidad en el catastro minero: Desde el cierre del sistema en 2020 (sic), el 92% de las concesiones mineras operan sin coordenadas verificables, lo que infringe el derecho constitucional al acceso a la información ambiental (Art. 398)”.
Y así dan por terminada su participación en EITI: “Ante la verdad irrefutable de la profundización de la minería en el Ecuador, pese a las graves violaciones de derechos humanos y de la naturaleza, Cedenma ha tomado la decisión en Asamblea de salirse públicamente como miembro de EITI, al estar en desacuerdo con el Informe presentado”.
Las dos páginas de recomendaciones finales de este segundo informe país, más bien parecen dilucidar el arduo e interdisciplinario camino por recorrer, sobre todo si consideran dejar de lado la descripción y pasar a revelar los datos reales y relevantes de los procesos extractivos. Si solo les falta marcar la ruta para que avance en transparencia la iniciativa EITI en Ecuador, será para el próximo informe. EITI internacional ya dos veces les extendió los plazos que antes eran estrictos, una de las características que hizo muy conocido y respetado a este estándar entre muchos en el mundo.
Finalmente, con la última esperanza de que algo sustancial se haya transparentado en este Informe país: fuimos a ver lo que corresponde al requisito N° 2.5, que se refiere a la transparencia de los beneficiarios finales de las empresas extractivas. Si bien es cierto que esta vez las definiciones en el Informe se ajustan al estándar, cabe anotar que todavía se queda en definiciones y ninguna data.
Este es un requisito fundamental en estos tiempos ya que permite conocer los propietarios reales de las empresas, un conocimiento que al transparentarse “ayuda a prevenir la corrupción, el lavado de activos y otras prácticas ilícitas”.
Los beneficiarios finales, nos dice el Informe, son las personas naturales que, directa o indirectamente, poseen o controlan más del 10% del capital social de una empresa extractiva o tienen la capacidad de ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones.
Agrega que, según las normas internacionales (del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI), un beneficiario final puede ser quien tenga el control de una empresa, no solo por participación accionaria, sino también por otros mecanismos.
Y pasa a animarnos a buscar en el portal de la Superintendencia de Compañías la información disponible no sin antes advertirnos que “el marco de beneficiarios reales de esta entidad no se alinea plenamente con el Requisito 2.5 del Estándar EITI, ya que no aborda los mecanismos de control más allá de la participación accionarial, tampoco parece considerar los umbrales de propiedad y las obligaciones de presentación de informes para las personas políticamente expuestas”. Pero además, sin el nombre local de una empresa, ahí no es posible encontrar información. En caso de sospecha, por ejemplo, sobre conflictos de interés de funcionarios, no es posible encontrar una empresa a través del nombre de un posible accionista.
Sin embargo, cabe destacar que el capítulo incluye los cambios normativos en distintos organismos para avanzar en la transparencia y acceso público a la información sobre los beneficiarios finales, con sus limitaciones: el Servicio de Rentas Internas, página 86; la Superintendencia de Compañías y el Servicio Nacional de Contratación Pública, página 87. Las condiciones del Servicio Nacional de Aduanas (Senae) son otras, página 102, ya que la Declaración Aduanera de Exportación es restringida, excepto para el SRI.
Otro dato muy interesante que compartimos con nuestros lectores interesados en la transparencia: “Se ha identificado a https://wallmine.com como una fuente de información para conocer a los principales ejecutivos de las empresas del sector extractivo que cotizan en bolsa. Esta plataforma, con un interfaz en español e inglés permite buscar compañías por su nombre o código bursátil facilitando la identificación de sus líderes. No obstante, para maximizar su uso, es necesario disponer de un directorio completo de empresas y sus respectivos códigos en diferentes bolsas”.
Participación en la aprobación del Informe
Como se ha señalado, la Iniciativa EITI se basa en un modelo de múltiples partes interesadas reuniendo a los gobiernos, la sociedad civil y las empresas del sector extractivo: petróleo, gas y minería. En junio de 2020 se creó el “grupo multipartícipe” y en octubre 2020 Ecuador fue aceptado como país implementador del estándar.
Los miembros del grupo, según el Informe son cuatro representantes del Ejecutivo, seis de fundaciones quiteñas y ocho de las industrias con sus suplentes. Los grupos de industria y de la sociedad civil tienen lo que llaman grupos ampliados que les apoyan y en el caso de la sociedad civil son una facultad de Ciencias de la Tierra de Quito y dos oenegés internacionales.
Uno de los gremios de profesionales del campo de las ciencias y tecnologías que se incorporó hace poco en el Grupo, el Colegio de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Zona Norte, no participó en la aprobación.
Por otro lado, el tema del Catastro Minero fue uno de los motivos para que la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma) que consta en el Informe como suplente en el grupo de sociedad civil, decida su salida de la Iniciativa EITI. En boletín de prensa del 3 de marzo, ellos afirmaron como una falla estructural en el documento: “Opacidad en el catastro minero: Desde el cierre del sistema en 2020 (sic), el 92% de las concesiones mineras operan sin coordenadas verificables, lo que infringe el derecho constitucional al acceso a la información ambiental (Art. 398)”.
Y así dan por terminada su participación en EITI: “Ante la verdad irrefutable de la profundización de la minería en el Ecuador, pese a las graves violaciones de derechos humanos y de la naturaleza, Cedenma ha tomado la decisión en Asamblea de salirse públicamente como miembro de EITI, al estar en desacuerdo con el Informe presentado”.
Las dos páginas de recomendaciones finales de este segundo informe país, más bien parecen dilucidar el arduo e interdisciplinario camino por recorrer, sobre todo si consideran dejar de lado la descripción y pasar a revelar los datos reales y relevantes de los procesos extractivos. Si solo les falta marcar la ruta para que avance en transparencia la iniciativa EITI en Ecuador, será para el próximo informe. EITI internacional ya dos veces les extendió los plazos que antes eran estrictos, una de las características que hizo muy conocido y respetado a este estándar entre muchos en el mundo.
Trump impulsa producción de minerales críticos
en EE. UU. con poderes de emergencia
Marzo 23 de 2025.- El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para fortalecer la producción doméstica de minerales críticos en Estados Unidos, utilizando poderes de emergencia bajo la Ley de Producción de Defensa (Defense Production Act). Esta medida busca reducir la dependencia de China y otros países en la importación de minerales esenciales para la seguridad nacional y la industria tecnológica.
Impulso a la minería nacional
Trump invocó la Ley de Producción de Defensa, una ley de la década de 1950 creada para aumentar la producción de acero durante la Guerra de Corea. Esta acción permitirá que la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE. UU. (US International Development Finance Corporation), en colaboración con el Departamento de Defensa, financie nuevos proyectos de producción y procesamiento de minerales.
Entre los minerales críticos mencionados en la orden ejecutiva se incluyen uranio, cobre, potasa, oro y otros materiales estratégicos. Incluso el carbón podría entrar en esta categoría, si así lo determina el Consejo Nacional de Dominio Energético.
Reducción de la dependencia de China
Actualmente, el 70% de las importaciones estadounidenses de tierras raras provienen de China, lo que supone un riesgo económico y de seguridad. La orden también busca agilizar los permisos para proyectos de minería y procesamiento en tierras federales, facilitando la producción interna.
El gobierno también coordinará con el sector privado para garantizar una cadena de suministro estable y resiliente de minerales críticos, protegiendo a las empresas estadounidenses de la volatilidad de precios y de posibles restricciones de exportación impuestas por China, como las recientes limitaciones sobre el germanio, galio y antimonio.
Antecedentes y contexto
Esta medida sigue el ejemplo de la administración de Joe Biden, que también invocó la Ley de Producción de Defensa para fortalecer la producción de minerales críticos y materiales para baterías, como litio, níquel, grafito, cobalto y manganeso. Trump ya había usado esta ley anteriormente para aumentar la producción de mascarillas durante la pandemia de COVID-19.
Impacto en la industria y la seguridad nacional
Con esta acción, el gobierno busca crear una reserva de minerales críticos para proteger a los productores estadounidenses de la volatilidad de precios y la presión geopolítica. La minería nacional podría experimentar un renacimiento, impulsando la economía y fortaleciendo la seguridad nacional.
El empresario y magnate minero Ross Orr, presidente y director general de BacTech Environmental Corporation, manifestó al respecto “Se dice que el momento oportuno lo es todo, y eso nunca ha sido más cierto que al considerar el proyecto de ley que el presidente Trump firmó el jueves pasado. Una vez que nuestra patente para la biolixiviación de relaves de pirrotita se presente en las próximas semanas, podré explicar de forma más sencilla lo que hemos logrado.
"Basta decir que su propuesta se alinea perfectamente con nuestra experiencia en el reprocesamiento y la estabilización de sitios históricos de relaves en todo el país. Esperamos que esto se traduzca en un aumento de la financiación del gobierno, lo que permitirá un rápido despliegue de las iniciativas de remediación.
“Solo en Canadá, hay más de 10 000 sitios de relaves abandonados de diversos tamaños, y es probable que la situación sea similar en EE. UU. Si alguien que lee esto conoce materiales con los que podríamos trabajar, me encantaría que se pusiera en contacto con nosotros. Podría tratarse de un sitio cercano o de un proyecto anterior que haya despertado su interés.
“Idealmente, nos centraríamos en proyectos con oro y plata, pero también nos centramos en el arsénico, ya que producimos una forma estable como subproducto de la biolixiviación. Como suelo decir, aprovechamos las oportunidades con el arsénico cuando otros lo evitan. Es probable que existan muchos relaves ricos en arsénico cuya limpieza recae sobre los gobiernos”. Tomado de MineriaEnLinea y BachTec.
Impulso a la minería nacional
Trump invocó la Ley de Producción de Defensa, una ley de la década de 1950 creada para aumentar la producción de acero durante la Guerra de Corea. Esta acción permitirá que la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de EE. UU. (US International Development Finance Corporation), en colaboración con el Departamento de Defensa, financie nuevos proyectos de producción y procesamiento de minerales.
Entre los minerales críticos mencionados en la orden ejecutiva se incluyen uranio, cobre, potasa, oro y otros materiales estratégicos. Incluso el carbón podría entrar en esta categoría, si así lo determina el Consejo Nacional de Dominio Energético.
Reducción de la dependencia de China
Actualmente, el 70% de las importaciones estadounidenses de tierras raras provienen de China, lo que supone un riesgo económico y de seguridad. La orden también busca agilizar los permisos para proyectos de minería y procesamiento en tierras federales, facilitando la producción interna.
El gobierno también coordinará con el sector privado para garantizar una cadena de suministro estable y resiliente de minerales críticos, protegiendo a las empresas estadounidenses de la volatilidad de precios y de posibles restricciones de exportación impuestas por China, como las recientes limitaciones sobre el germanio, galio y antimonio.
Antecedentes y contexto
Esta medida sigue el ejemplo de la administración de Joe Biden, que también invocó la Ley de Producción de Defensa para fortalecer la producción de minerales críticos y materiales para baterías, como litio, níquel, grafito, cobalto y manganeso. Trump ya había usado esta ley anteriormente para aumentar la producción de mascarillas durante la pandemia de COVID-19.
Impacto en la industria y la seguridad nacional
Con esta acción, el gobierno busca crear una reserva de minerales críticos para proteger a los productores estadounidenses de la volatilidad de precios y la presión geopolítica. La minería nacional podría experimentar un renacimiento, impulsando la economía y fortaleciendo la seguridad nacional.
El empresario y magnate minero Ross Orr, presidente y director general de BacTech Environmental Corporation, manifestó al respecto “Se dice que el momento oportuno lo es todo, y eso nunca ha sido más cierto que al considerar el proyecto de ley que el presidente Trump firmó el jueves pasado. Una vez que nuestra patente para la biolixiviación de relaves de pirrotita se presente en las próximas semanas, podré explicar de forma más sencilla lo que hemos logrado.
"Basta decir que su propuesta se alinea perfectamente con nuestra experiencia en el reprocesamiento y la estabilización de sitios históricos de relaves en todo el país. Esperamos que esto se traduzca en un aumento de la financiación del gobierno, lo que permitirá un rápido despliegue de las iniciativas de remediación.
“Solo en Canadá, hay más de 10 000 sitios de relaves abandonados de diversos tamaños, y es probable que la situación sea similar en EE. UU. Si alguien que lee esto conoce materiales con los que podríamos trabajar, me encantaría que se pusiera en contacto con nosotros. Podría tratarse de un sitio cercano o de un proyecto anterior que haya despertado su interés.
“Idealmente, nos centraríamos en proyectos con oro y plata, pero también nos centramos en el arsénico, ya que producimos una forma estable como subproducto de la biolixiviación. Como suelo decir, aprovechamos las oportunidades con el arsénico cuando otros lo evitan. Es probable que existan muchos relaves ricos en arsénico cuya limpieza recae sobre los gobiernos”. Tomado de MineriaEnLinea y BachTec.
Informe país EITI 2022-2023: Poca
transparencia y mucha descripción
-Primera entrega-
Marzo 16 de 2025.- El Ecuador publicó su segundo informe país dentro de los parámetros de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), denominado Segundo Informe EITI Ecuador/Segundo Ciclo de Reporte.
En agosto de 2023, el Ecuador publicó el primer “Informe EITI Ecuador período 2020 – 2022” que ablandó sus exigencias a partir de la pandemia de 2020 extendiendo los antes estrictos plazos para presentar los logros nacionales en la gobernanza transparente de las industrias extractivas.
Con este segundo documento, de 172 páginas, que no tiene fecha pero dice Períodos fiscales 2022-2023, el Ecuador supera este reto para el cual se había contratado a un equipo consultor para el efecto, el Grupo Sunka, liderado por el sociólogo Ricardo López Rodríguez.
Desde la publicación del primer informe poco se ha sabido de la actividad del país en EITI. Solo se conoció el nombramiento del Secretario Técnico, luego de más de un año sin selección por falta de fondos, el anterior renunció en julio de 2022. El cargo recayó en el ingeniero Christian Arias.
Algunas deficiencias
Los esfuerzos que han hecho los consultores para compilar información siguiendo los requisitos del estándar EITI han sido grandes: han agregado información que no constaba en el primer informe, como por ejemplo, un par de tablas sobre el flujo de tributos de la minería al Estado, aunque no se diferencia lo que corresponde a los distintos regímenes mineros.
No es posible ver las inversiones que cada empresa ha hecho en sus concesiones, excepto en los proyectos El Domo-Curipamba, Cascabel, Cangrejos, La Plata, Llurimagua y Warintza.
Tampoco se cumplen los objetivos centrales originales de la Iniciativa que son los de proporcionar acceso público gratuito a los contratos completos de explotación de los recursos naturales de los países en los rubros de petróleo, gas y minerales.
El informe aporta poco a la transparencia de las industrias extractivas, en el sector minero el documento es una mezcla de glosario, descripción cuantitativa, con datos obtenidos de la Superintendencia de Compañías, el Ministerio de Finanzas, el SRI y el Banco Central, y una recopilación de los principales conceptos, instrumentos y reglas de la normativa legal.
Las páginas del “Anexo 3: Solicitudes de información para el desarrollo del informe”, son elocuentes: ahí constan los temas de las solicitudes cuya información no se pudo obtener, tanto del Ministerio de Energía y Minas (MEM), como del Viceministerio de Minería y de la Subsecretaría de Calidad Ambiental, que forma parte del Ministerio del Ambiente.
Una novedad, en la página 38, tabla N° 5: Top 30 empresas más significativas del sector minería (incluye servicios de apoyo), se incluyen datos al 2023 en millones de dólares sobre activos, patrimonio, ingresos, impuesto a la renta causado y resultado neto. Se trata de empresas mineras metálicas y cementeras, plantas de tratamiento, exportadoras y de perforación. Las que ocupan los primeros quince lugares son EcuaCorriente S.A., Aurelian Ecuador S.A., UCEM S.A., Chriszahav&More S. A., Sociedad minera Liga de Oro S.A., Ju An Metal Exporter S. A., Flanders Corporation, Exportadora Aurífera S.A., Holcim Agregados S.A., Bursal S.A., Minera Beloro CL, Agrícola Minera Agrimroc S. A., Pecksambiente S. A., Calizas Huayco S. A. y HP Drilling Services S.A.S..
Así están los proyectos mineros
En la página 83, se incluye una tabla con un Resumen del contrato del proyecto minero Mirador, con 18 items pero sin cifras sobre la ejecución, pese a que ya existe data empírica de cinco años de producción y exportaciones de concentrado de cobre. En esa tabla, en el item Beneficiario dice: Compañía Ecuacorriente S.A., Casa Matriz CRCC - Tongguan Investment Co., Ltd. (China), pese a que Ecuacorriente dijo recientemente que su matriz no es de la ciudad de Tongguan: “Ecuacorriente es una empresa ecuatoriana con capitales de las empresas: China Railway Construction Co. Ltd. y Tongling Nonferrous Metals Group Holding Co.”. (Por favor, ver: https://www.viaminera.com/sociedad-ii.html/#R%C3%A9plica%20de%20Ecuacorriente%20S.%20A) Mirador es una mina a cielo abierto de concentrado de cobre.
En la página 84, consta una tabla similar del contrato del proyecto minero Fruta del Norte, operado por Lundin Gold, que tampoco contiene cifras de ejecución, pese a que, como en el caso Mirador, ya tiene cinco años de producción, es decir data empírica de alto interés ciudadano. Fruta del Norte es una mina subterránea que exporta concentrado de oro y lingotes de oro con impurezas (dorés).
En ninguna de las dos tablas existen cifras con las superficies de concesión, áreas de influencia directa, áreas de intervención actuales y futuras, tampoco se mencionan las áreas actuales que ocupan las relaveras ni su futura expansión.
En la página 85, hay información sobre los planes de explotación firmados por el gobierno de Guillermo Lasso con las operadoras de los proyectos El Domo-Curipamba (Las Naves, Bolívar) y Cascabel (Lita y Carolina, Imbabura). Ahí dice que el 2 de agosto de 2024 se autorizó el inicio de la fase de explotación del proyecto de mediana minería, ubicado en la provincia de Bolívar.
Ante la falta de información oficial, los consultores citan fuentes secundarias como un portal digital de prensa diaria. El resumen dice que la empresa Curimining S.A., subsidiaria de Adventus Mining Corporation, muestra una inversión ejecutada del 2007 al primer trimestre del 2024 de US$ 96,87 millones y que ha generado 147 empleos directos.
Sobre el proyecto Cascabel, el informe dice que el 5 de junio del 2024, el MEM suscribió un contrato de explotación con la empresa SolGold, y que se han invertido, entre 2012 y 2023, US$ 301 millones generando, en el primer trimestre de 2024, 1772 empleos, de los cuales 443 fueron directos. Respecto a la fase en la que se halla este proyecto, el Informe no apunta nada. Pero el estudio de factibilidad definitivo de Cascabel no ha concluido todavía.
En la página 94, en cuadros titulados Proyectos de gran y mediana minería, presenta la información de los proyectos Cangrejos, La Plata, Llurimagua y Warintza.
Respecto a la inversión ejecutada, el Informe señala que el proyecto Cangrejos, en el primer trimestre de 2024, se encontraba en la fase de evaluación económica, y que durante el período de 2010 a 2023, la inversión de la subsidiaria Odin Mining, de Lumina Gold, fue de US$ 60 millones, y para el primer trimestre del 2024 se ejecutó 1,5 millones, generando 210 empleos directos. En el proyecto La Plata, actualmente en fase de desarrollo, la inversión ejecutada por La Plata S.A., subsidiaria de Atico Mining, entre 2011 y 2023 fue de US$ 27 millones , y, en el primer trimestre de 2024, de US$ 900 mil, generando en 2024 64 empleos directos.
Respecto al proyecto Llurimagua (García Moreno y Peñaherrera, Imbabura), cuya licencia ambiental ha sido anulada por una corte y a afronta un arbitraje internacional interpuesto por Codelco (cuya subsidiaria es subsidiaria Emsaec) contra Enami EP, señala que en su fase de desarrollo ha invertido, entre 2012 y 2023, US$ 59 millones y, hasta el primer trimestre del 2024, US$ 500 mil más, generando en 2024 50 empleos directos.
Sobre el proyecto Warintza (San Miguel de Cochay, Morona Santiago), señala que Lowell Mineral, subsidiaria de Solaris Resources, ha invertido entre 2018 y 2023 US$ 150 millones, y en el primer trimestre de 2024, US$ 8,8 millones, generando 872 empleos directos. Las cifras de empleos indirectos salen de multiplicar por tres los directos, en el sector minero industrial.
No hay explicación sobre la falta de información sobre los demás proyectos en exploración, predesarrollo o desarrollo, solo indica que en relación a los “de prioridad en el portafolio de proyectos mineros”, uno mismo puede encontrar la información en el link del último Reporte Minero del Banco Central del Ecuador, que hasta la fecha de cierre de esta nota corresponde al primer semestre del 2024.
En la introducción de este informe se señala también que el objetivo central es determinar la aplicabilidad del Estándar en cada uno de sus requisitos, identificar los flujos de pagos de la industria extractiva y su materialidad… entre otros. Al respecto, les mostraremos los datos incluidos la próxima vez.
La Iniciativa EITI se basa en un modelo de múltiples partes interesadas reuniendo a los gobiernos, la sociedad civil y las empresas del sector extractivo: petróleo, gas y minería.
Como se promocionó en su momento, en septiembre 2019 el Ecuador anunció su adhesión oficial a la Iniciativa; en junio 2020 se creó el “grupo multipartícipe” y en octubre 2020 fue aceptado como país implementador del Estándar.
Tras su aceptación, se comprometió a crear un proceso EITI adaptado a las necesidades específicas del país. Los miembros del grupo asumieron la definición del alcance de la información a publicarse en cada informe país.
En agosto de 2023, el Ecuador publicó el primer “Informe EITI Ecuador período 2020 – 2022” que ablandó sus exigencias a partir de la pandemia de 2020 extendiendo los antes estrictos plazos para presentar los logros nacionales en la gobernanza transparente de las industrias extractivas.
Con este segundo documento, de 172 páginas, que no tiene fecha pero dice Períodos fiscales 2022-2023, el Ecuador supera este reto para el cual se había contratado a un equipo consultor para el efecto, el Grupo Sunka, liderado por el sociólogo Ricardo López Rodríguez.
Desde la publicación del primer informe poco se ha sabido de la actividad del país en EITI. Solo se conoció el nombramiento del Secretario Técnico, luego de más de un año sin selección por falta de fondos, el anterior renunció en julio de 2022. El cargo recayó en el ingeniero Christian Arias.
Algunas deficiencias
Los esfuerzos que han hecho los consultores para compilar información siguiendo los requisitos del estándar EITI han sido grandes: han agregado información que no constaba en el primer informe, como por ejemplo, un par de tablas sobre el flujo de tributos de la minería al Estado, aunque no se diferencia lo que corresponde a los distintos regímenes mineros.
No es posible ver las inversiones que cada empresa ha hecho en sus concesiones, excepto en los proyectos El Domo-Curipamba, Cascabel, Cangrejos, La Plata, Llurimagua y Warintza.
Tampoco se cumplen los objetivos centrales originales de la Iniciativa que son los de proporcionar acceso público gratuito a los contratos completos de explotación de los recursos naturales de los países en los rubros de petróleo, gas y minerales.
El informe aporta poco a la transparencia de las industrias extractivas, en el sector minero el documento es una mezcla de glosario, descripción cuantitativa, con datos obtenidos de la Superintendencia de Compañías, el Ministerio de Finanzas, el SRI y el Banco Central, y una recopilación de los principales conceptos, instrumentos y reglas de la normativa legal.
Las páginas del “Anexo 3: Solicitudes de información para el desarrollo del informe”, son elocuentes: ahí constan los temas de las solicitudes cuya información no se pudo obtener, tanto del Ministerio de Energía y Minas (MEM), como del Viceministerio de Minería y de la Subsecretaría de Calidad Ambiental, que forma parte del Ministerio del Ambiente.
Una novedad, en la página 38, tabla N° 5: Top 30 empresas más significativas del sector minería (incluye servicios de apoyo), se incluyen datos al 2023 en millones de dólares sobre activos, patrimonio, ingresos, impuesto a la renta causado y resultado neto. Se trata de empresas mineras metálicas y cementeras, plantas de tratamiento, exportadoras y de perforación. Las que ocupan los primeros quince lugares son EcuaCorriente S.A., Aurelian Ecuador S.A., UCEM S.A., Chriszahav&More S. A., Sociedad minera Liga de Oro S.A., Ju An Metal Exporter S. A., Flanders Corporation, Exportadora Aurífera S.A., Holcim Agregados S.A., Bursal S.A., Minera Beloro CL, Agrícola Minera Agrimroc S. A., Pecksambiente S. A., Calizas Huayco S. A. y HP Drilling Services S.A.S..
Así están los proyectos mineros
En la página 83, se incluye una tabla con un Resumen del contrato del proyecto minero Mirador, con 18 items pero sin cifras sobre la ejecución, pese a que ya existe data empírica de cinco años de producción y exportaciones de concentrado de cobre. En esa tabla, en el item Beneficiario dice: Compañía Ecuacorriente S.A., Casa Matriz CRCC - Tongguan Investment Co., Ltd. (China), pese a que Ecuacorriente dijo recientemente que su matriz no es de la ciudad de Tongguan: “Ecuacorriente es una empresa ecuatoriana con capitales de las empresas: China Railway Construction Co. Ltd. y Tongling Nonferrous Metals Group Holding Co.”. (Por favor, ver: https://www.viaminera.com/sociedad-ii.html/#R%C3%A9plica%20de%20Ecuacorriente%20S.%20A) Mirador es una mina a cielo abierto de concentrado de cobre.
En la página 84, consta una tabla similar del contrato del proyecto minero Fruta del Norte, operado por Lundin Gold, que tampoco contiene cifras de ejecución, pese a que, como en el caso Mirador, ya tiene cinco años de producción, es decir data empírica de alto interés ciudadano. Fruta del Norte es una mina subterránea que exporta concentrado de oro y lingotes de oro con impurezas (dorés).
En ninguna de las dos tablas existen cifras con las superficies de concesión, áreas de influencia directa, áreas de intervención actuales y futuras, tampoco se mencionan las áreas actuales que ocupan las relaveras ni su futura expansión.
En la página 85, hay información sobre los planes de explotación firmados por el gobierno de Guillermo Lasso con las operadoras de los proyectos El Domo-Curipamba (Las Naves, Bolívar) y Cascabel (Lita y Carolina, Imbabura). Ahí dice que el 2 de agosto de 2024 se autorizó el inicio de la fase de explotación del proyecto de mediana minería, ubicado en la provincia de Bolívar.
Ante la falta de información oficial, los consultores citan fuentes secundarias como un portal digital de prensa diaria. El resumen dice que la empresa Curimining S.A., subsidiaria de Adventus Mining Corporation, muestra una inversión ejecutada del 2007 al primer trimestre del 2024 de US$ 96,87 millones y que ha generado 147 empleos directos.
Sobre el proyecto Cascabel, el informe dice que el 5 de junio del 2024, el MEM suscribió un contrato de explotación con la empresa SolGold, y que se han invertido, entre 2012 y 2023, US$ 301 millones generando, en el primer trimestre de 2024, 1772 empleos, de los cuales 443 fueron directos. Respecto a la fase en la que se halla este proyecto, el Informe no apunta nada. Pero el estudio de factibilidad definitivo de Cascabel no ha concluido todavía.
En la página 94, en cuadros titulados Proyectos de gran y mediana minería, presenta la información de los proyectos Cangrejos, La Plata, Llurimagua y Warintza.
Respecto a la inversión ejecutada, el Informe señala que el proyecto Cangrejos, en el primer trimestre de 2024, se encontraba en la fase de evaluación económica, y que durante el período de 2010 a 2023, la inversión de la subsidiaria Odin Mining, de Lumina Gold, fue de US$ 60 millones, y para el primer trimestre del 2024 se ejecutó 1,5 millones, generando 210 empleos directos. En el proyecto La Plata, actualmente en fase de desarrollo, la inversión ejecutada por La Plata S.A., subsidiaria de Atico Mining, entre 2011 y 2023 fue de US$ 27 millones , y, en el primer trimestre de 2024, de US$ 900 mil, generando en 2024 64 empleos directos.
Respecto al proyecto Llurimagua (García Moreno y Peñaherrera, Imbabura), cuya licencia ambiental ha sido anulada por una corte y a afronta un arbitraje internacional interpuesto por Codelco (cuya subsidiaria es subsidiaria Emsaec) contra Enami EP, señala que en su fase de desarrollo ha invertido, entre 2012 y 2023, US$ 59 millones y, hasta el primer trimestre del 2024, US$ 500 mil más, generando en 2024 50 empleos directos.
Sobre el proyecto Warintza (San Miguel de Cochay, Morona Santiago), señala que Lowell Mineral, subsidiaria de Solaris Resources, ha invertido entre 2018 y 2023 US$ 150 millones, y en el primer trimestre de 2024, US$ 8,8 millones, generando 872 empleos directos. Las cifras de empleos indirectos salen de multiplicar por tres los directos, en el sector minero industrial.
No hay explicación sobre la falta de información sobre los demás proyectos en exploración, predesarrollo o desarrollo, solo indica que en relación a los “de prioridad en el portafolio de proyectos mineros”, uno mismo puede encontrar la información en el link del último Reporte Minero del Banco Central del Ecuador, que hasta la fecha de cierre de esta nota corresponde al primer semestre del 2024.
En la introducción de este informe se señala también que el objetivo central es determinar la aplicabilidad del Estándar en cada uno de sus requisitos, identificar los flujos de pagos de la industria extractiva y su materialidad… entre otros. Al respecto, les mostraremos los datos incluidos la próxima vez.
La Iniciativa EITI se basa en un modelo de múltiples partes interesadas reuniendo a los gobiernos, la sociedad civil y las empresas del sector extractivo: petróleo, gas y minería.
Como se promocionó en su momento, en septiembre 2019 el Ecuador anunció su adhesión oficial a la Iniciativa; en junio 2020 se creó el “grupo multipartícipe” y en octubre 2020 fue aceptado como país implementador del Estándar.
Tras su aceptación, se comprometió a crear un proceso EITI adaptado a las necesidades específicas del país. Los miembros del grupo asumieron la definición del alcance de la información a publicarse en cada informe país.
Caso Cumbaratza: Histórico
jalón de orejas institucional
Foto: Zamora, enero de 2019, diario Extra.
Marzo 16 de 2025.- Mediante el sorpresivo acuerdo ministerial Nro. MEM-MEM-2025-0006-AM, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, ordenó que la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), deje sin efecto todas las inscripciones de títulos mineros que contradigan la sentencia de casación del 3 de abril de 1996 sobre las áreas denominadas proyecto Cumbaratza.
El proyecto Cumbaratza tiene 30 000 hectáreas destinadas para la explotación de oro, ubicadas en la provincia de Zamora Chinchipe, al sur oriente de Ecuador, vecinas al rico territorio minero de Nambija, que viene siendo explotado sistemática aunque caóticamente, desde hace más de 30 años. Y es un sector de minería ancestral conocido por sus altas concentraciones del metal amarillo, por todo geólogo y minero ecuatoriano.
En la disposición de la autoridad, se realiza también una denuncia en los considerandos al incluir que el Ministerio de Energía y Minas, MEM, ha manifestado públicamente, a través de escrito de 14 de julio de 2023 que “en dicho proceso judicial, que este y otros mandatos de ejecución fueron obtenidos con artificios, y fueron emitidos violando la ley; por lo tanto, son nulos y no surten ningún efecto jurídico”.
Miles de mineros han sido los afectados con este caso, 15 000 según afirmaba en el año 2019 Salvador Quishpe Lozano, ex prefecto provincial, ex asambleísta y líder indígena de la región Amazónica, de la etnia saraguro. Quishpe es enemigo jurado del líder histórico del partido político Revolución Ciudadana, que auspicia a la candidata Luisa González. La aspirante a la Presidencia de la República, desde la semana pasada cuenta con apoyo condicionado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) con la cual Quishpe se mantiene enfrentado.
Otro de los perjudicados con la falta de aplicación de la sentencia del más alto tribunal de la nación, ha sido la Empresa Nacional Minera, Enami EP, propietaria de títulos mineros dentro del área. Su proyecto Campanillas, conformado por las concesiones mineras Campanillas y Campanillas 1, ha tenido que postergar la inscripción de contratos de operación minera en esas concesiones debido a la negativa de la Arcernnr, ahora Arcom de inscribirlos en el Registro Minero.
La Enami EP incluso ha obtenido la licencia ambiental para Campanilla en 2022, y mantenido contratos de operación con empresas de pequeña minería locales como Pimicape S.A. y con operadores como Stalin Barrinuevo y Raúl Ausberto Zúñiga, ex presidente de la Cámara de la Pequeña Minería provincial. Tampoco ha podido renovar los contratos de operación que estuvieron vigentes hasta diciembre de 2022.
Del otro lado, la empresa Cumbaratza ha efectuado acuerdos de regularización de la actividad minera con la Cooperativa de Producción Minera 11 de Julio, de Loja, con 540 miembros, que dice contar con títulos mineros en el sector Nambija, parroquia San Carlos de las Minas del cantón Zamora, superpuestos dentro del polígono de las 30000 hectáreas
La incumplida sentencia de casación corresponde a la entonces Corte Suprema de Justicia, Instancia No. 9/96 de 10 de enero de 1996, publicada en el Registro Oficial No. 918, de 03 de abril de 1996. Al respecto, la ministra afirma que esta constituye sentencia de última instancia con fuerza de cosa juzgada y, por ende, se dejen sin efecto todas las inscripciones que contradigan dicha sentencia y limitaciones que consten en el Registro Minero.
Posterior a la expedición de la sentencia de casación se han planteado una serie de acciones, impugnaciones, nulidades, recursos y demandas auspiciadas por la Empresa Minera Cumbaratza S.A., con el propósito de desconocer la mencionada sentencia, mismas que han sido rechazadas tanto por la Procuraduría General del Estado como por el MEM.
Estas acciones, impugnaciones, nulidades, recursos y demandas han generado un escenario de incertidumbre en las operaciones mineras de la zona, afirma el documento.
Específicamente, en esta resolución, del 26 de febrero del año en curso, Manzano ordena al Especialista de Registro Minero en Territorio de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe de la Arcom cumplir con la sentencia.
En el mismo orden, dispone la desgraficación de las áreas de la empresa Cumbaratza, que se encuentren dentro del polígono de 30 000 hectáreas. Esa fue la superficie que le entregó en concesión el entonces Ministro de Recursos Naturales y Energéticos, el 18 de septiembre 1974, con el contrato de prospección minera en el área con el mismo nombre e inscrito en el Registro de Minería de la entonces Dirección General de Geología y Minas, el 17 de octubre del mismo año.
Entre los considerandos, además, la ministra Manzano incluyó que entre los autos de ejecución y resoluciones emitidos “en contradicción de la ley, el orden público y en violación de la garantía de la seguridad jurídica”, se canceló títulos mineros otorgados a favor de diversos titulares mineros, y esto generaría una masiva vulneración a la seguridad jurídica de dichos titulares mineros.
A continuación afirma que, al ser inejecutables los autos dictados con posterioridad a la sentencia de casación, los titulares mineros que actualmente operan en la zona de Nambija, San Carlos de las Minas, Cumbaratza y Zumbi, mantendrán vigentes sus derechos de conformidad con los plazos de cada título minero.
En la resolución, dispuso a todas las instancias de la gestión minera estatal, desde el Viceministerio de Minas, a las Coordinaciones Zonales, a la Coordinación General Jurídica de su Cartera de Estado hasta la Arcom, que cumplan y hagan cumplir la Constitución de la República del Ecuador, el Mandato Constituyente No. 6 y la normativa sectorial minera, en especial, la Ley de Minería; y, de igual forma, la anotada sentencia de casación.
Adicionalmente, declaró como irrenunciables los derechos del Estado ecuatoriano sobre el área Cumbaratza en virtud del efecto vinculante de dicha sentencia de casación y de las posiciones institucionales adoptadas por la Procuraduría y el MEM, “en defensa de los intereses del estado y de la legitimidad de dicha sentencia”.
Al respeto de las alegaciones de la empresa que iban en contra de la sentencia de casación, la Ministra señala que los supuestos derechos reclamados “no solo fueron negados por la Corte Suprema de Justicia, sino que además, no pueden ser reconocidos por esta Cartera de Estado, puesto que:
a) el Mandato Constituyente Minero resolvió declarar la extinción sin compensación económica alguna de todas las concesiones mineras incursas en los casos de los artículos 1,2, 3, 4, 5 de dicho mandato; y, ordenó que aquellas concesiones metálicas que no se encontraban incursas en dichas causales debían ajustar sus condiciones al nuevo marco regulatorio de la Ley de Minería, expedida en 2009; y
b) el nuevo régimen jurídico minero actualmente vigente en el Ecuador, exige que para el otorgamiento de concesiones mineras se requiere superar como condición ineludible una subasta o remate público, para lo cual se deberá (i) cumplir múltiples requisitos legales para ser calificado como un solicitante idóneo; (ii) presentar la mejor oferta que, una vez calificada permitirá la emisión de la adjudicación de la concesión.
Además, consignó que la impugnación de la sentencia por medio de un recurso contencioso administrativo propuesto por el abogado Jorge Drouet Mármol, con el carácter de subjetivo, había caducado por el transcurrir de nueve años...
Y 11 páginas más de jerga jurídica, que en todo caso no altera nuestro entendimiento de la resolución que constituye una posición institucional muy clara para dar por terminado un capítulo de un conflicto extendido por 40 años en la pequeña minería ecuatoriana.
El proyecto Cumbaratza tiene 30 000 hectáreas destinadas para la explotación de oro, ubicadas en la provincia de Zamora Chinchipe, al sur oriente de Ecuador, vecinas al rico territorio minero de Nambija, que viene siendo explotado sistemática aunque caóticamente, desde hace más de 30 años. Y es un sector de minería ancestral conocido por sus altas concentraciones del metal amarillo, por todo geólogo y minero ecuatoriano.
En la disposición de la autoridad, se realiza también una denuncia en los considerandos al incluir que el Ministerio de Energía y Minas, MEM, ha manifestado públicamente, a través de escrito de 14 de julio de 2023 que “en dicho proceso judicial, que este y otros mandatos de ejecución fueron obtenidos con artificios, y fueron emitidos violando la ley; por lo tanto, son nulos y no surten ningún efecto jurídico”.
Miles de mineros han sido los afectados con este caso, 15 000 según afirmaba en el año 2019 Salvador Quishpe Lozano, ex prefecto provincial, ex asambleísta y líder indígena de la región Amazónica, de la etnia saraguro. Quishpe es enemigo jurado del líder histórico del partido político Revolución Ciudadana, que auspicia a la candidata Luisa González. La aspirante a la Presidencia de la República, desde la semana pasada cuenta con apoyo condicionado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) con la cual Quishpe se mantiene enfrentado.
Otro de los perjudicados con la falta de aplicación de la sentencia del más alto tribunal de la nación, ha sido la Empresa Nacional Minera, Enami EP, propietaria de títulos mineros dentro del área. Su proyecto Campanillas, conformado por las concesiones mineras Campanillas y Campanillas 1, ha tenido que postergar la inscripción de contratos de operación minera en esas concesiones debido a la negativa de la Arcernnr, ahora Arcom de inscribirlos en el Registro Minero.
La Enami EP incluso ha obtenido la licencia ambiental para Campanilla en 2022, y mantenido contratos de operación con empresas de pequeña minería locales como Pimicape S.A. y con operadores como Stalin Barrinuevo y Raúl Ausberto Zúñiga, ex presidente de la Cámara de la Pequeña Minería provincial. Tampoco ha podido renovar los contratos de operación que estuvieron vigentes hasta diciembre de 2022.
Del otro lado, la empresa Cumbaratza ha efectuado acuerdos de regularización de la actividad minera con la Cooperativa de Producción Minera 11 de Julio, de Loja, con 540 miembros, que dice contar con títulos mineros en el sector Nambija, parroquia San Carlos de las Minas del cantón Zamora, superpuestos dentro del polígono de las 30000 hectáreas
La incumplida sentencia de casación corresponde a la entonces Corte Suprema de Justicia, Instancia No. 9/96 de 10 de enero de 1996, publicada en el Registro Oficial No. 918, de 03 de abril de 1996. Al respecto, la ministra afirma que esta constituye sentencia de última instancia con fuerza de cosa juzgada y, por ende, se dejen sin efecto todas las inscripciones que contradigan dicha sentencia y limitaciones que consten en el Registro Minero.
Posterior a la expedición de la sentencia de casación se han planteado una serie de acciones, impugnaciones, nulidades, recursos y demandas auspiciadas por la Empresa Minera Cumbaratza S.A., con el propósito de desconocer la mencionada sentencia, mismas que han sido rechazadas tanto por la Procuraduría General del Estado como por el MEM.
Estas acciones, impugnaciones, nulidades, recursos y demandas han generado un escenario de incertidumbre en las operaciones mineras de la zona, afirma el documento.
Específicamente, en esta resolución, del 26 de febrero del año en curso, Manzano ordena al Especialista de Registro Minero en Territorio de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe de la Arcom cumplir con la sentencia.
En el mismo orden, dispone la desgraficación de las áreas de la empresa Cumbaratza, que se encuentren dentro del polígono de 30 000 hectáreas. Esa fue la superficie que le entregó en concesión el entonces Ministro de Recursos Naturales y Energéticos, el 18 de septiembre 1974, con el contrato de prospección minera en el área con el mismo nombre e inscrito en el Registro de Minería de la entonces Dirección General de Geología y Minas, el 17 de octubre del mismo año.
Entre los considerandos, además, la ministra Manzano incluyó que entre los autos de ejecución y resoluciones emitidos “en contradicción de la ley, el orden público y en violación de la garantía de la seguridad jurídica”, se canceló títulos mineros otorgados a favor de diversos titulares mineros, y esto generaría una masiva vulneración a la seguridad jurídica de dichos titulares mineros.
A continuación afirma que, al ser inejecutables los autos dictados con posterioridad a la sentencia de casación, los titulares mineros que actualmente operan en la zona de Nambija, San Carlos de las Minas, Cumbaratza y Zumbi, mantendrán vigentes sus derechos de conformidad con los plazos de cada título minero.
En la resolución, dispuso a todas las instancias de la gestión minera estatal, desde el Viceministerio de Minas, a las Coordinaciones Zonales, a la Coordinación General Jurídica de su Cartera de Estado hasta la Arcom, que cumplan y hagan cumplir la Constitución de la República del Ecuador, el Mandato Constituyente No. 6 y la normativa sectorial minera, en especial, la Ley de Minería; y, de igual forma, la anotada sentencia de casación.
Adicionalmente, declaró como irrenunciables los derechos del Estado ecuatoriano sobre el área Cumbaratza en virtud del efecto vinculante de dicha sentencia de casación y de las posiciones institucionales adoptadas por la Procuraduría y el MEM, “en defensa de los intereses del estado y de la legitimidad de dicha sentencia”.
Al respeto de las alegaciones de la empresa que iban en contra de la sentencia de casación, la Ministra señala que los supuestos derechos reclamados “no solo fueron negados por la Corte Suprema de Justicia, sino que además, no pueden ser reconocidos por esta Cartera de Estado, puesto que:
a) el Mandato Constituyente Minero resolvió declarar la extinción sin compensación económica alguna de todas las concesiones mineras incursas en los casos de los artículos 1,2, 3, 4, 5 de dicho mandato; y, ordenó que aquellas concesiones metálicas que no se encontraban incursas en dichas causales debían ajustar sus condiciones al nuevo marco regulatorio de la Ley de Minería, expedida en 2009; y
b) el nuevo régimen jurídico minero actualmente vigente en el Ecuador, exige que para el otorgamiento de concesiones mineras se requiere superar como condición ineludible una subasta o remate público, para lo cual se deberá (i) cumplir múltiples requisitos legales para ser calificado como un solicitante idóneo; (ii) presentar la mejor oferta que, una vez calificada permitirá la emisión de la adjudicación de la concesión.
Además, consignó que la impugnación de la sentencia por medio de un recurso contencioso administrativo propuesto por el abogado Jorge Drouet Mármol, con el carácter de subjetivo, había caducado por el transcurrir de nueve años...
Y 11 páginas más de jerga jurídica, que en todo caso no altera nuestro entendimiento de la resolución que constituye una posición institucional muy clara para dar por terminado un capítulo de un conflicto extendido por 40 años en la pequeña minería ecuatoriana.
Gobierno chileno lanza Política
de Fomento a la Pequeña Minería
Marzo 16 de 2025.- El viernes 14 de marzo, se llevó a cabo el lanzamiento de la Política de Fomento a la Pequeña Minería en la Región de Atacama, Chile, la que según el Gobierno materializa el objetivo de robustecer y potenciar condiciones para el desarrollo sustentable del sector, una de las tareas prioritarias propuestas por el presidente Boric.
La Política de Fomento a la Pequeña Minería es una propuesta con soluciones técnicas y una visión de futuro enfocada en la modernización, el acceso al conocimiento y la innovación, fruto de un largo proceso participativo con diversos actores de la industria en todo el país, dice la información oficial.
La nueva política crea el Sistema Nacional de Fomento a la Pequeña Minería, liderado por el Ministerio de Minería, y pone énfasis en la sostenibilidad, inclusión, gobernanza y tecnología.
De esta manera se busca posicionar a la pequeña minería chilena como un motor de progreso regional y un referente internacional.
Esta política no sólo aborda las brechas históricas del sector, sino que también promueve una transformación integral que beneficiará a cientos de productores y productoras, sus comunidades y el desarrollo sostenible del país, señala.
La Política de Fomento a la Pequeña Minería establece como visión para 2050 que este sector del país sea un referente mundial en sostenibilidad, inclusión, formalización y asociatividad, capaz de generar empleo decente y beneficiar a las comunidades locales. Fuente: Radio Antofagasta Online
Para ver los componentes estratégicos de esta política, puede revisar el documento aquí: https://minmineria.cl/politicafomento/
La Política de Fomento a la Pequeña Minería es una propuesta con soluciones técnicas y una visión de futuro enfocada en la modernización, el acceso al conocimiento y la innovación, fruto de un largo proceso participativo con diversos actores de la industria en todo el país, dice la información oficial.
La nueva política crea el Sistema Nacional de Fomento a la Pequeña Minería, liderado por el Ministerio de Minería, y pone énfasis en la sostenibilidad, inclusión, gobernanza y tecnología.
De esta manera se busca posicionar a la pequeña minería chilena como un motor de progreso regional y un referente internacional.
Esta política no sólo aborda las brechas históricas del sector, sino que también promueve una transformación integral que beneficiará a cientos de productores y productoras, sus comunidades y el desarrollo sostenible del país, señala.
La Política de Fomento a la Pequeña Minería establece como visión para 2050 que este sector del país sea un referente mundial en sostenibilidad, inclusión, formalización y asociatividad, capaz de generar empleo decente y beneficiar a las comunidades locales. Fuente: Radio Antofagasta Online
Para ver los componentes estratégicos de esta política, puede revisar el documento aquí: https://minmineria.cl/politicafomento/
Observatorio de Minería Ilegal de
Perú presenta 10 propuestas clave
Marzo 16 de 2025.- En medio de las discusiones sobre la Nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) presentó un informe con 10 propuestas clave para lograr una formalización efectiva del sector.
El informe señala que, aunque la Comisión de Energía y Minas del Congreso del Perú está promoviendo diálogos sobre la Ley MAPE, existe preocupación debido a la posibilidad de flexibilizar normativas sin tener en cuenta los riesgos ambientales y sociales, como afectaciones a la salud de las comunidades, que ya ha causado la desregulación excesiva.
El OMI resalta que la falta de fiscalización adecuada y el incumplimiento de estándares ambientales han permitido que la minería ilegal e informal se entrelacen, afectando zonas vulnerables y áreas protegidas.
Entre las medidas propuestas se incluye la creación de criterios claros para diferenciar la minería artesanal, pequeña, mediana y grande, lo que permitiría un control más eficiente y evitaría que los mineros ilegales se encubran bajo la categoría de minería artesanal. También se plantea la implementación de dos vías para la formalización: una para nuevos mineros y otra para aquellos que operaban antes de 2012.
Otra propuesta clave es la fiscalización centralizada de las plantas de beneficio, con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) tomando el control y supervisado por diversas entidades competentes. Además, el OMI sugiere que se exijan compromisos ambientales desde el inicio de las operaciones y que la minería en zonas de gran valor ecológico, como las Áreas Naturales Protegidas, se prohíba completamente.
El informe también propone la creación de un sistema de trazabilidad del oro, que permita controlar su producción y comercialización, además de una reducción progresiva del uso de mercurio en la minería artesanal. Asimismo, se sugiere la creación de un fondo minero para infraestructura y bienestar en las zonas afectadas por la minería, y la modificación del Código Penal para tratar la minería ilegal como un crimen organizado y sancionar más severamente la corrupción dentro del sector.
A pesar de los esfuerzos por formalizar el sector en 2024, el informe destaca que la minería ilegal siguió expandiéndose, exacerbando los impactos socioambientales. Esto pone en evidencia la incapacidad del Estado para enfrentar esta crisis, que afecta a miles de comunidades en todo el país. Con información de Ser Peruano.
El informe señala que, aunque la Comisión de Energía y Minas del Congreso del Perú está promoviendo diálogos sobre la Ley MAPE, existe preocupación debido a la posibilidad de flexibilizar normativas sin tener en cuenta los riesgos ambientales y sociales, como afectaciones a la salud de las comunidades, que ya ha causado la desregulación excesiva.
El OMI resalta que la falta de fiscalización adecuada y el incumplimiento de estándares ambientales han permitido que la minería ilegal e informal se entrelacen, afectando zonas vulnerables y áreas protegidas.
Entre las medidas propuestas se incluye la creación de criterios claros para diferenciar la minería artesanal, pequeña, mediana y grande, lo que permitiría un control más eficiente y evitaría que los mineros ilegales se encubran bajo la categoría de minería artesanal. También se plantea la implementación de dos vías para la formalización: una para nuevos mineros y otra para aquellos que operaban antes de 2012.
Otra propuesta clave es la fiscalización centralizada de las plantas de beneficio, con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) tomando el control y supervisado por diversas entidades competentes. Además, el OMI sugiere que se exijan compromisos ambientales desde el inicio de las operaciones y que la minería en zonas de gran valor ecológico, como las Áreas Naturales Protegidas, se prohíba completamente.
El informe también propone la creación de un sistema de trazabilidad del oro, que permita controlar su producción y comercialización, además de una reducción progresiva del uso de mercurio en la minería artesanal. Asimismo, se sugiere la creación de un fondo minero para infraestructura y bienestar en las zonas afectadas por la minería, y la modificación del Código Penal para tratar la minería ilegal como un crimen organizado y sancionar más severamente la corrupción dentro del sector.
A pesar de los esfuerzos por formalizar el sector en 2024, el informe destaca que la minería ilegal siguió expandiéndose, exacerbando los impactos socioambientales. Esto pone en evidencia la incapacidad del Estado para enfrentar esta crisis, que afecta a miles de comunidades en todo el país. Con información de Ser Peruano.
Chile trabaja en ley de sitios contaminados
Marzo 16 de 2025.- Desde agosto de 2024, se estableció la colaboración que la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) al Ministerio del Medio Ambiente de Chile (MMA) con respecto a la elaboración, discusión y adecuación de la propuesta de ley sobre prevención y gestión de sitios contaminados. La asistencia técnica se enmarca en el proyecto “Cooperación Regional para la gestión sustentable de los recursos mineros en los países andinos” implementado por la Cepal y la Cooperación Alemana.
El proyecto MinSus participó del primer taller para avanzar hacia una Ley de sitios contaminados en Chile. La actividad abordó experiencias nacionales, regionales e internacionales en la materia.
Organizado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) de Chile se realizó el primer taller sobre el Proyecto de Ley para la Prevención y Gestión de Sitios Contaminados, evento que reunió a destacados expertos y expertas de diversas instituciones en busca de avanzar en la creación de una normativa que establezca un marco regulatorio que se constituya como punto de partida en materia de suelos contaminados o con potencial presencia de contaminantes.
Los expositores fueron el Jefe del Departamento de Política y Planificación de la Biodiversidad de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del MMA, Daniel Álvarez; la Consultora del MMA, Lilian Veas; y la representante de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del MMA, Carla Riveros. Además, presentaron el Jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Cepal, Mauricio Pereira, quien habló sobre la gestión integral de pasivos ambientales en América Latina, y el director de MinSus, Achim Constantín, quien presentó la experiencia de Alemania en la gestión de sitios contaminados.
Estas presentaciones se dieron en el marco de la asistencia técnica en la elaboración de esta ley. Al respecto, Constantín agradeció la invitación y sostuvo que “la forma en que estamos gestionando y remediando los sitios contaminados en Alemania durante varias décadas fue nuestra respuesta a nuestros propios problemas y desafíos ambientales. Sin embargo, espero que estas y otras experiencias internacionales puedan inspirar el proceso hacia una legislación chilena en esta materia”.
Cabe destacar que Chile no tiene una norma sobre la calidad de suelos, aspecto que resulta crítico para la gestión efectiva de la contaminación en los mismos, por ello las autoridades buscan avanzar hacia una norma estandarizada. El evento también incluyó una presentación de la propuesta de la nueva ley por parte del Ministerio del Medio Ambiente, y se destacó la importancia de una normativa robusta para enfrentar los desafíos ambientales.
La participación de MinSus en el taller reafirmó su compromiso con el desarrollo de políticas ambientales sostenibles y efectivas en América Latina. A través de la asesoría técnica brindada por nuestro equipo, esperamos contribuir significativamente a la creación de una ley que no solo proteja el medio ambiente, sino que también mejore la salud pública y promueva prácticas responsables en la gestión de sitios contaminados.
El proyecto MinSus participó del primer taller para avanzar hacia una Ley de sitios contaminados en Chile. La actividad abordó experiencias nacionales, regionales e internacionales en la materia.
Organizado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) de Chile se realizó el primer taller sobre el Proyecto de Ley para la Prevención y Gestión de Sitios Contaminados, evento que reunió a destacados expertos y expertas de diversas instituciones en busca de avanzar en la creación de una normativa que establezca un marco regulatorio que se constituya como punto de partida en materia de suelos contaminados o con potencial presencia de contaminantes.
Los expositores fueron el Jefe del Departamento de Política y Planificación de la Biodiversidad de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del MMA, Daniel Álvarez; la Consultora del MMA, Lilian Veas; y la representante de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del MMA, Carla Riveros. Además, presentaron el Jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Cepal, Mauricio Pereira, quien habló sobre la gestión integral de pasivos ambientales en América Latina, y el director de MinSus, Achim Constantín, quien presentó la experiencia de Alemania en la gestión de sitios contaminados.
Estas presentaciones se dieron en el marco de la asistencia técnica en la elaboración de esta ley. Al respecto, Constantín agradeció la invitación y sostuvo que “la forma en que estamos gestionando y remediando los sitios contaminados en Alemania durante varias décadas fue nuestra respuesta a nuestros propios problemas y desafíos ambientales. Sin embargo, espero que estas y otras experiencias internacionales puedan inspirar el proceso hacia una legislación chilena en esta materia”.
Cabe destacar que Chile no tiene una norma sobre la calidad de suelos, aspecto que resulta crítico para la gestión efectiva de la contaminación en los mismos, por ello las autoridades buscan avanzar hacia una norma estandarizada. El evento también incluyó una presentación de la propuesta de la nueva ley por parte del Ministerio del Medio Ambiente, y se destacó la importancia de una normativa robusta para enfrentar los desafíos ambientales.
La participación de MinSus en el taller reafirmó su compromiso con el desarrollo de políticas ambientales sostenibles y efectivas en América Latina. A través de la asesoría técnica brindada por nuestro equipo, esperamos contribuir significativamente a la creación de una ley que no solo proteja el medio ambiente, sino que también mejore la salud pública y promueva prácticas responsables en la gestión de sitios contaminados.
Colombia con impuesto del 1%
a primera venta de carbón
Marzo 16 de 2025.- El gobierno colombiano, a través del Decreto Legislativo 175 de 2025, estableció un impuesto del 1% sobre la primera venta y las exportaciones de carbón, como medida fiscal temporal en el marco del estado de conmoción interior en la región del Catatumbo.
La fecha de implementación del impuesto es el 14 de febrero de 2025 y se estableció su temporalidad hasta el 31 de diciembre del mismo año. Asimismo se habilitó el Formulario V9 para recaudar el impuesto y se establecieron sanciones e intereses a quienes no presenten el documento soporte de pago del impuesto o presenten un pago incompleto.
La Asociación Colombiana de Minería (ACM) rechazó el nuevo impuesto al carbón, porque lo considera como un nuevo obstáculo para el desarrollo del sector.
Carlos Cante, presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), expresó su preocupación a W Radio por los efectos adversos de la medida.
Fenalcarbón advirtió que el impuesto afectará la competitividad y sostenibilidad de la industria, mientras que el alza en las tarifas de transporte terrestre aumenta la incertidumbre sobre el futuro del comercio exterior del carbón colombiano.
Según Cante, la implementación de este tributo podría tener consecuencias devastadoras para el sector carbonero, al punto de “quebrar” a muchas empresas, especialmente a las más pequeñas.
“Esto es parte de una estrategia para acabar con la competitividad internacional de los carbones colombianos y justificar un modelo de transición energética acelerada que no le sirve a Colombia”, afirmó el dirigente gremial.
Fenalcarbón ha advertido que este nuevo esquema tributario podría derivar en una “tributación en cascada” que afectaría no solo a los grandes productores, sino también a los pequeños mineros, quienes cumplen un papel crucial en regiones como La Guajira, Cesar y Norte de Santander.
La federación también ha señalado que esta carga fiscal comprometería la viabilidad de las exportaciones y la estabilidad económica del sector, afectando a comunidades que dependen de la actividad minera.
A pesar de que el Gobierno ha justificado la medida como parte de su estrategia para abordar la crisis en el Catatumbo, no ha detallado cómo se destinarán los recursos recaudados.
El impuesto del 1% se aplicará tanto a las ventas nacionales como a las exportaciones de hidrocarburos y carbón. En el caso de las ventas internas, el tributo se causará al momento de la emisión de la factura o en la primera entrega del producto. Para las exportaciones, el gravamen se activará con la presentación y aceptación de la solicitud de autorización de embarque.
La fecha de implementación del impuesto es el 14 de febrero de 2025 y se estableció su temporalidad hasta el 31 de diciembre del mismo año. Asimismo se habilitó el Formulario V9 para recaudar el impuesto y se establecieron sanciones e intereses a quienes no presenten el documento soporte de pago del impuesto o presenten un pago incompleto.
La Asociación Colombiana de Minería (ACM) rechazó el nuevo impuesto al carbón, porque lo considera como un nuevo obstáculo para el desarrollo del sector.
Carlos Cante, presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), expresó su preocupación a W Radio por los efectos adversos de la medida.
Fenalcarbón advirtió que el impuesto afectará la competitividad y sostenibilidad de la industria, mientras que el alza en las tarifas de transporte terrestre aumenta la incertidumbre sobre el futuro del comercio exterior del carbón colombiano.
Según Cante, la implementación de este tributo podría tener consecuencias devastadoras para el sector carbonero, al punto de “quebrar” a muchas empresas, especialmente a las más pequeñas.
“Esto es parte de una estrategia para acabar con la competitividad internacional de los carbones colombianos y justificar un modelo de transición energética acelerada que no le sirve a Colombia”, afirmó el dirigente gremial.
Fenalcarbón ha advertido que este nuevo esquema tributario podría derivar en una “tributación en cascada” que afectaría no solo a los grandes productores, sino también a los pequeños mineros, quienes cumplen un papel crucial en regiones como La Guajira, Cesar y Norte de Santander.
La federación también ha señalado que esta carga fiscal comprometería la viabilidad de las exportaciones y la estabilidad económica del sector, afectando a comunidades que dependen de la actividad minera.
A pesar de que el Gobierno ha justificado la medida como parte de su estrategia para abordar la crisis en el Catatumbo, no ha detallado cómo se destinarán los recursos recaudados.
El impuesto del 1% se aplicará tanto a las ventas nacionales como a las exportaciones de hidrocarburos y carbón. En el caso de las ventas internas, el tributo se causará al momento de la emisión de la factura o en la primera entrega del producto. Para las exportaciones, el gravamen se activará con la presentación y aceptación de la solicitud de autorización de embarque.
Concesión Muyuyacu regresará a la Enami EP,
la Corte Constitucional falla en contra de Gaby Panamá
Una de las muchas manifestaciones que realizaron los trabajadores de la concesión Muyuyacu cuando era posible. Actualmente el cantón Ponce Enríquez es uno de los más violentos del país y ha sido declarado en emergencia en tres ocasiones por la violencia de los grupos criminales que se han apoderado de las minas.
Marzo 3 de 2025.- El Pleno de la Corte Constitucional (CC) dictó sentencia en el caso de modulación realizado por la jueza Nancy Parrales, conocido como caso Muyuyacu y deja sin efectos lo resuelto por la jueza y todos los actos administrativos posteriores. La Empresa Nacional Minera (Enami EP) recupera la totalidad de la muy rica concesión Muyuyacu que había sido trasladada en un 66% a las empresas mineras Guadalupe Mining y Gaby Panama Corporation. La Corte además, juzgó la actuación de Parrales como error inexcusable.
El área Muyuyacu está ubicada en el cantón Ponce Enríquez, zona subtropical de la provincia del Azuay, en donde tradicionalmente ha existido actividad minera, y conocida por sus altas concentraciones de oro.
Administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resolvió por unanimidad lo siguiente:
“Declarar que el auto de 8 de junio de 2020, dictado por la Unidad Judicial Penal Norte 2 con sede en el cantón Guayaquil, vulneró el derecho a la seguridad jurídica del Banco Central del Ecuador”, cita textual.
Dejar sin efecto el mencionado auto, dentro del caso 09286-2019-01409 y, por ende, todas las actuaciones posteriores destinadas a la ejecución de la “modulación de efectos” en favor de Gaby Panama Corporation.
“Declarar que Nelly Katiuska Parrales Córdova, jueza de la Unidad Judicial Norte 2 Penal con sede en Guayaquil, dentro del proceso de acción de protección 09286-2019-01409, incurrió en error inexcusable al haber alterado arbitrariamente la sentencia de primera instancia disponiendo la extensión de los efectos a terceros que no fueron parte del proceso, sin que la sentencia constitucional lo haya dispuesto”, según la sentencia.
¿Qué tiene que ver el Banco Central del Ecuador?
Sucede que la jueza Parrales falló a favor de los señores Flores y Huerta y en consecuencia un grupo de seis concesiones incautadas que rodean a la concesión Muyuyacu, regresaron a manos de la Guadalupe Mining. Pero no contentos con ello, los mismos señores dueños de Oromining Corporation y a través de esta, apoderados de Guadalupe Mining y también de Gaby Panama, solicitaron que la sentencia se module, es decir se extiendan sus efectos sobre la concesión Muyuyacu cuyo 55% fue de propiedad de Gaby Panama y también fue expropiado por la Ugedep.
La jueza, en su auto del 8 de junio del 2020, decidió aceptar un pedido de modulación dentro del proceso 09286-2019-01409 y extendió los efectos de la sentencia a beneficio de Gaby Panama con lo que le reconoció el 55% de Muyuyacu.
En otro capítulo de esta historia, la jueza Parrales negó todas las apelaciones posteriores y, el 2 de julio, determinó que sea la Defensoría del Pueblo la entidad encargada de la ejecución de la sentencia de modulación.
Fue entonces que, el Banco Central del Ecuador (BCE) solicitó a la CC una acción extraordinaria de protección sobre dicho auto.
Los banqueros Isaías y sus abogados en esta historia
La acción de protección con número 09286-2019-01409 fue solicitada el 22 de marzo de 2019, por Carlos Enrique Huerta Araujo y Efraín Flores Cárdenas, presidente y gerente de la compañía Oromining S.A., respectivamente. Fue dirigida en contra del BCE, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar y la Enami EP con el objeto de dejar sin efecto actos de incautación de concesiones mineras.
La pretensión en la acción de protección era que, se declare la vulneración de varios derechos constitucionales y que se deje sin efecto todas las resoluciones de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD–CFN No más Impunidad (Ugedep) de los años 2012, por medio de las cuales, el Estado ecuatoriano incautó, expropió y administró las concesiones mineras que fueron de titularidad de la compañía Guadalupe Mining Corporation: Guadalupe, Fermín Bajo, Río Villa 2, Villa Sur, Río Tenguel Este y Río Negro. Todas áreas que rodean a la concesión Muyuyacu.
La Ugedep realizó la incautación de las concesiones por tener pruebas de que fueron parte de los bienes de los hermanos William y Roberto Isaías desfalcadores condenados y prófugos del estado ecuatoriano desde 2014.
La suerte, sin embargo, fue favorable a los hermanos Flores y Huerta. Incluso el gerente general de la Enami EP, doctor Danilo Icaza, tuvo que renunciar luego de denunciar al ministro de entonces, René Ortiz, que el doctor Ricardo Noboa Bejarano, abogado de Guadalupe Mining, Oromining y Gaby Panamá, presentó por email del 22 de julio una “Propuesta para cumplimiento de la sentencia constitucional sobre Guadalupe Mining Corporation y su modulación a favor de Gaby Panama Corporation”, la misma que fue reenviada por la Dirección Jurídica del MERNNR a la Enami.
Como la Enami EP había reunido cuatro concesiones incautadas con Muyuyacu y conformado la "Muyuyacu acumulada" y la figura de la modulación era inaplicable en el sistema de gestión minero, inexplicablemente los abogados decidieron que se junten todas las concesiones del caso y se repartan en tres entre las tres empresas involucradas: 33% para la Enami EP, y 66% para Guadalupe Mining y Gaby Panamá.
Así estaban las cosas, sin embargo, el tema cobra mayor actualidad porque en noviembre de 2024, la CC revirtió todos los bienes que los abogados de los ex banqueros habían logrado recuperar del Estado. La CC aceptó seis acciones de protección y dejó sin efecto las decisiones judiciales que autorizaron la devolución de los bienes a los hermanos Roberto y William Isaías.
¿Por qué todos quieren a Muyuyacu?
La concesión Muyuyacu (código 3622) es la única área en la que se realizó perforación hace un par de décadas por otra empresa, que le denominó Proyecto Gaby, cuando presentó el informe de estimación de recursos y reservas en formato (canadiense) N43-101 para cotizar en la bolsa de valores. De ahí los señores Huerta y Flores colocan el nombre a la posterior compañía constituida en Panamá como empresa minera.
En septiembre de 2020, cientos de mineros se movilizaron para denunciar, ante la población y las autoridades de “la Ponce Enríquez”, el peligro en que quedarían si se confirma que siete concesiones de Enami EP se revertían a manos de sus antiguos dueños, los hermanos Isaías. Se iban a perder miles de puestos de trabajo.
Sobre los antecedentes de esta sentencia, puede encontrar amplios reportes en Vía Minera, como el del 13 de septiembre de 2020, en donde reportamos que:
La Enami EP informó al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables (MERNNR) en un informe jurídico mediante memorando N° ENAMI-CJU-2020-0207 del 18 de agosto, que con el cumplimiento de las sentencias perdería la titularidad de las concesiones mineras Río Negro, Río Tenguel Este y parte de la concesión unificada Muyuyacu.
La Enami EP mantenía tres contratos de operación en las áreas que formaban parte de la concesión Muyuyacu. Los contratos que, entre otras fuentes de ingresos, le permitieron alcanzar un autofinanciamiento del 80%, eran con la Asociación de Mineros Autónomos 12 de Octubre (conocida como “La Doce”), con la Asociación de Producción Minera Ponce Enríquez, Asopromipen, ambas de la economía popular y solidaria, y también con la empresa de pequeña minería Minervilla.
La Asociación 12 de Octubre escribió el oficio N° AMA-2020-0341 del 17 de agosto de 2020 al Presidente de la República, con copia al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables (MERNNR), para solicitarle que “se abstenga de dar cumplimiento a lo dispuesto dentro del proceso judicial”.
Regresando a la actualidad, el proceso N° 09286-2019-01409 que consta de 10 cuerpos y 1006 fojas, estuvo por dos años siendo trabajado por la CC para resolver la acción extraordinaria de protección solicitada por el BCE, la misma que finalmente ha quedado sentenciada.
Al respecto, el abogado azuayo Patricio Vargas, representante de la Asociación 12 de Octubre, manifestó que lo único que piden es el estricto cumplimiento de la sentencia en su punto 3, porque la modulación de la sentencia tuvo tres consecuencias graves: primero, la perdida de miles de puestos de trabajo y mucho sufrimiento de familias de La Ponce; segundo, el ingreso al área de grupos de mineros informales que quedaron a su suerte frente a la violencia del narcotráfico que en la actualidad controla totalmente la zona y tercero, que todos los contratos de explotación con otras asociaciones mineras que realizó posteriormente la Enami EP conjuntamente con Oromining queden al margen de la ley y los mineros que ahí actuaban se conviertan en ilegales.
La sentencia definitiva en el caso Muyuyacu fue aprobada por jueces constitucionales Karla Andrade Quevedo, Alejandra Cárdenas Reyes, Carmen Corral Ponce, Jhoel Escudero Soliz, Enrique Herrería Bonnet, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez, Richard Ortiz Ortiz y Daniela Salazar Marín, el jueves 6 de febrero de 2025.
El área Muyuyacu está ubicada en el cantón Ponce Enríquez, zona subtropical de la provincia del Azuay, en donde tradicionalmente ha existido actividad minera, y conocida por sus altas concentraciones de oro.
Administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resolvió por unanimidad lo siguiente:
“Declarar que el auto de 8 de junio de 2020, dictado por la Unidad Judicial Penal Norte 2 con sede en el cantón Guayaquil, vulneró el derecho a la seguridad jurídica del Banco Central del Ecuador”, cita textual.
Dejar sin efecto el mencionado auto, dentro del caso 09286-2019-01409 y, por ende, todas las actuaciones posteriores destinadas a la ejecución de la “modulación de efectos” en favor de Gaby Panama Corporation.
“Declarar que Nelly Katiuska Parrales Córdova, jueza de la Unidad Judicial Norte 2 Penal con sede en Guayaquil, dentro del proceso de acción de protección 09286-2019-01409, incurrió en error inexcusable al haber alterado arbitrariamente la sentencia de primera instancia disponiendo la extensión de los efectos a terceros que no fueron parte del proceso, sin que la sentencia constitucional lo haya dispuesto”, según la sentencia.
¿Qué tiene que ver el Banco Central del Ecuador?
Sucede que la jueza Parrales falló a favor de los señores Flores y Huerta y en consecuencia un grupo de seis concesiones incautadas que rodean a la concesión Muyuyacu, regresaron a manos de la Guadalupe Mining. Pero no contentos con ello, los mismos señores dueños de Oromining Corporation y a través de esta, apoderados de Guadalupe Mining y también de Gaby Panama, solicitaron que la sentencia se module, es decir se extiendan sus efectos sobre la concesión Muyuyacu cuyo 55% fue de propiedad de Gaby Panama y también fue expropiado por la Ugedep.
La jueza, en su auto del 8 de junio del 2020, decidió aceptar un pedido de modulación dentro del proceso 09286-2019-01409 y extendió los efectos de la sentencia a beneficio de Gaby Panama con lo que le reconoció el 55% de Muyuyacu.
En otro capítulo de esta historia, la jueza Parrales negó todas las apelaciones posteriores y, el 2 de julio, determinó que sea la Defensoría del Pueblo la entidad encargada de la ejecución de la sentencia de modulación.
Fue entonces que, el Banco Central del Ecuador (BCE) solicitó a la CC una acción extraordinaria de protección sobre dicho auto.
Los banqueros Isaías y sus abogados en esta historia
La acción de protección con número 09286-2019-01409 fue solicitada el 22 de marzo de 2019, por Carlos Enrique Huerta Araujo y Efraín Flores Cárdenas, presidente y gerente de la compañía Oromining S.A., respectivamente. Fue dirigida en contra del BCE, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar y la Enami EP con el objeto de dejar sin efecto actos de incautación de concesiones mineras.
La pretensión en la acción de protección era que, se declare la vulneración de varios derechos constitucionales y que se deje sin efecto todas las resoluciones de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD–CFN No más Impunidad (Ugedep) de los años 2012, por medio de las cuales, el Estado ecuatoriano incautó, expropió y administró las concesiones mineras que fueron de titularidad de la compañía Guadalupe Mining Corporation: Guadalupe, Fermín Bajo, Río Villa 2, Villa Sur, Río Tenguel Este y Río Negro. Todas áreas que rodean a la concesión Muyuyacu.
La Ugedep realizó la incautación de las concesiones por tener pruebas de que fueron parte de los bienes de los hermanos William y Roberto Isaías desfalcadores condenados y prófugos del estado ecuatoriano desde 2014.
La suerte, sin embargo, fue favorable a los hermanos Flores y Huerta. Incluso el gerente general de la Enami EP, doctor Danilo Icaza, tuvo que renunciar luego de denunciar al ministro de entonces, René Ortiz, que el doctor Ricardo Noboa Bejarano, abogado de Guadalupe Mining, Oromining y Gaby Panamá, presentó por email del 22 de julio una “Propuesta para cumplimiento de la sentencia constitucional sobre Guadalupe Mining Corporation y su modulación a favor de Gaby Panama Corporation”, la misma que fue reenviada por la Dirección Jurídica del MERNNR a la Enami.
Como la Enami EP había reunido cuatro concesiones incautadas con Muyuyacu y conformado la "Muyuyacu acumulada" y la figura de la modulación era inaplicable en el sistema de gestión minero, inexplicablemente los abogados decidieron que se junten todas las concesiones del caso y se repartan en tres entre las tres empresas involucradas: 33% para la Enami EP, y 66% para Guadalupe Mining y Gaby Panamá.
Así estaban las cosas, sin embargo, el tema cobra mayor actualidad porque en noviembre de 2024, la CC revirtió todos los bienes que los abogados de los ex banqueros habían logrado recuperar del Estado. La CC aceptó seis acciones de protección y dejó sin efecto las decisiones judiciales que autorizaron la devolución de los bienes a los hermanos Roberto y William Isaías.
¿Por qué todos quieren a Muyuyacu?
La concesión Muyuyacu (código 3622) es la única área en la que se realizó perforación hace un par de décadas por otra empresa, que le denominó Proyecto Gaby, cuando presentó el informe de estimación de recursos y reservas en formato (canadiense) N43-101 para cotizar en la bolsa de valores. De ahí los señores Huerta y Flores colocan el nombre a la posterior compañía constituida en Panamá como empresa minera.
En septiembre de 2020, cientos de mineros se movilizaron para denunciar, ante la población y las autoridades de “la Ponce Enríquez”, el peligro en que quedarían si se confirma que siete concesiones de Enami EP se revertían a manos de sus antiguos dueños, los hermanos Isaías. Se iban a perder miles de puestos de trabajo.
Sobre los antecedentes de esta sentencia, puede encontrar amplios reportes en Vía Minera, como el del 13 de septiembre de 2020, en donde reportamos que:
La Enami EP informó al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables (MERNNR) en un informe jurídico mediante memorando N° ENAMI-CJU-2020-0207 del 18 de agosto, que con el cumplimiento de las sentencias perdería la titularidad de las concesiones mineras Río Negro, Río Tenguel Este y parte de la concesión unificada Muyuyacu.
La Enami EP mantenía tres contratos de operación en las áreas que formaban parte de la concesión Muyuyacu. Los contratos que, entre otras fuentes de ingresos, le permitieron alcanzar un autofinanciamiento del 80%, eran con la Asociación de Mineros Autónomos 12 de Octubre (conocida como “La Doce”), con la Asociación de Producción Minera Ponce Enríquez, Asopromipen, ambas de la economía popular y solidaria, y también con la empresa de pequeña minería Minervilla.
La Asociación 12 de Octubre escribió el oficio N° AMA-2020-0341 del 17 de agosto de 2020 al Presidente de la República, con copia al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables (MERNNR), para solicitarle que “se abstenga de dar cumplimiento a lo dispuesto dentro del proceso judicial”.
Regresando a la actualidad, el proceso N° 09286-2019-01409 que consta de 10 cuerpos y 1006 fojas, estuvo por dos años siendo trabajado por la CC para resolver la acción extraordinaria de protección solicitada por el BCE, la misma que finalmente ha quedado sentenciada.
Al respecto, el abogado azuayo Patricio Vargas, representante de la Asociación 12 de Octubre, manifestó que lo único que piden es el estricto cumplimiento de la sentencia en su punto 3, porque la modulación de la sentencia tuvo tres consecuencias graves: primero, la perdida de miles de puestos de trabajo y mucho sufrimiento de familias de La Ponce; segundo, el ingreso al área de grupos de mineros informales que quedaron a su suerte frente a la violencia del narcotráfico que en la actualidad controla totalmente la zona y tercero, que todos los contratos de explotación con otras asociaciones mineras que realizó posteriormente la Enami EP conjuntamente con Oromining queden al margen de la ley y los mineros que ahí actuaban se conviertan en ilegales.
La sentencia definitiva en el caso Muyuyacu fue aprobada por jueces constitucionales Karla Andrade Quevedo, Alejandra Cárdenas Reyes, Carmen Corral Ponce, Jhoel Escudero Soliz, Enrique Herrería Bonnet, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez, Richard Ortiz Ortiz y Daniela Salazar Marín, el jueves 6 de febrero de 2025.
Empezó socialización del código Craft para
la MAPE, pasaporte para mercados formales
Marzo 2 de 2025.- Con activa participación de mineros de todo el país y funcionarios estatales, se realizó el primer taller de socialización del “Código CRAFT y criterios planetGOLD para minería artesanal y pequeña minería”, el día martes 25 de febrero en Quito.
El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Ministerio de Energía y Minas con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se encuentran implementando el proyecto planetGOLD Ecuador. Su objetivo es promover la formalización y el uso de mejores técnicas de minería aluvial y de roca dura, para reducir el uso de mercurio y mejorar el acceso a mercados responsables.
El proyecto planetGOLD establece criterios específicos alineados con el “Código CRAFT”, el cual es un estándar de entrada al mercado formal para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Su objetivo es permitir a más mineros artesanales el acceso a las cadenas de suministro legales bajo un enfoque práctico de debida diligencia que permita convertir la mitigación de los riesgos en una oportunidad de mejora continua y el involucramiento de los compradores a generar cambios positivos en las comunidades mineras.
Dado que los principios del Código CRAFT y planetGOLD son transversales a la gestión gubernamental en sus distintas competencias sobre la MAPE, el evento contó con la participación de funcionarios de todas las entidades estatales para conseguir una mejor articulación y permitirá que avancemos de manera alineada en la formalización y mejora del sector.
El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Ministerio de Energía y Minas con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se encuentran implementando el proyecto planetGOLD Ecuador. Su objetivo es promover la formalización y el uso de mejores técnicas de minería aluvial y de roca dura, para reducir el uso de mercurio y mejorar el acceso a mercados responsables.
El proyecto planetGOLD establece criterios específicos alineados con el “Código CRAFT”, el cual es un estándar de entrada al mercado formal para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Su objetivo es permitir a más mineros artesanales el acceso a las cadenas de suministro legales bajo un enfoque práctico de debida diligencia que permita convertir la mitigación de los riesgos en una oportunidad de mejora continua y el involucramiento de los compradores a generar cambios positivos en las comunidades mineras.
Dado que los principios del Código CRAFT y planetGOLD son transversales a la gestión gubernamental en sus distintas competencias sobre la MAPE, el evento contó con la participación de funcionarios de todas las entidades estatales para conseguir una mejor articulación y permitirá que avancemos de manera alineada en la formalización y mejora del sector.
El Gobierno convoca a la paridad
de género en los sectores estratégicos
Febrero 23 de 2025.- El gobierno nacional oficializó la incorporación de las instituciones de los sectores estratégicos a la Iniciativa de Paridad de Género y Economía Violeta. El acto se llevó a cabo el 19 de febrero, en Quito, y contó con la participación de representantes de carteras estratégicas como Energía y Minas, Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Transporte y Obras Públicas, Agricultura y Ganadería, Telecomunicaciones, entre otras, así como representantes de universidades y empresas estatales y privadas.
La iniciativa, liderada por el presidente Daniel Noboa, busca eliminar brechas de género, reducir desigualdades laborales y fomentar un entorno equitativo y competitivo en áreas clave para la economía y productividad nacional.
En este contexto, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, firmó un acuerdo y dos compromisos fundamentales para avanzar hacia este objetivo:
- Acuerdo con la Organización Latinoamericana de Energía (Olade): establece una hoja de ruta para levantar información sobre estudio de empleo en sectores estratégicos.
- Compromiso con universidades: firmado con los rectores de las universidades Escuela Politécnica del Litoral (Espol), Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Escuela Politécnica Nacional (EPN) y Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), con el propósito de otorgar becas en carreras técnicas y crear programas de formación dirigidos a mujeres.
- Compromiso con el sector privado: firmado con representantes de empresas vinculadas a la industria estratégica para el cumplimiento de la normativa de paridad de género en el ámbito laboral.
La iniciativa, liderada por el presidente Daniel Noboa, busca eliminar brechas de género, reducir desigualdades laborales y fomentar un entorno equitativo y competitivo en áreas clave para la economía y productividad nacional.
En este contexto, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, firmó un acuerdo y dos compromisos fundamentales para avanzar hacia este objetivo:
- Acuerdo con la Organización Latinoamericana de Energía (Olade): establece una hoja de ruta para levantar información sobre estudio de empleo en sectores estratégicos.
- Compromiso con universidades: firmado con los rectores de las universidades Escuela Politécnica del Litoral (Espol), Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Escuela Politécnica Nacional (EPN) y Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), con el propósito de otorgar becas en carreras técnicas y crear programas de formación dirigidos a mujeres.
- Compromiso con el sector privado: firmado con representantes de empresas vinculadas a la industria estratégica para el cumplimiento de la normativa de paridad de género en el ámbito laboral.
Cuatro empresas privadas ofertan para consultoría
del Plan de Desarrollo de la Geotermia en Ecuador
Plataforma de perforación en el sitio de Chachimbiro, Ecuador. Cortesía: Celec.
Febrero 16 de 2025.- El Ministerio de Energía y Minas (MEM), realizó la apertura de ofertas para la contratación de una consultoría para la ejecución del Plan de Desarrollo de la Geotermia en Ecuador, el cual buscará la identificación del potencial geotérmico nacional, además del desarrollo de normativas legales para la ejecución de proyectos de este tipo, en los sectores público y privado.
Durante la jornada del viernes 14 de febrero, se realizó la apertura de ofertas para la ejecución de este proyecto que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tras la suscripción del contrato de préstamo BID 4989/OC-EC el pasado 22 de diciembre de 2020, por un valor de US$ 78 400 millones.
Un total de cuatro empresas presentaron sus ofertas en este evento, el cual contó con la presencia del subsecretario de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica subrogante, Lenin Haro, delegados de las firmas oferentes y los miembros de la comisión evaluadora de las ofertas.
Las cuatro ofertas recibidas corresponden a las empresas CJ Aron Associated Inc. DBA GreenMax Capital Advisors, Nippon Koei Latin America-Caribbean Co., Ltd, BCG (The Boston Consulting Group) y Philippi Prietocarrioza Ferrera DU & Uría.
El subsecretario Haro destacó que el desarrollo de la geotermia en Ecuador representa una oportunidad estratégica para la transformación del futuro energético de nuestro país, el cual es el objetivo principal de este plan.
“Gracias al respaldo del BID y al trabajo articulado entre esta cartera de Estado, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y el Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), hemos logrado establecer una hoja de ruta clara para la implementación de este proyecto, el cual se convierte en un paso crucial en la diversificación de la matriz energética nacional y el aprovechamiento sostenible de los recursos del subsuelo”, mencionó.
Una vez analizadas las ofertas presentadas, se convocará nuevamente a las empresas para la apertura de las propuestas económicas enviadas en este proceso, para continuar con el proceso de licitación, dijo el comunicado de prensa.
El Gobierno busca enfocar sus esfuerzos en el aprovechamiento geotérmico para el cambio de la matriz energética nacional, siendo el Proyecto Geotérmico Chachimbiro, ubicado en San Miguel de Urcuquí, en la provincia de Imbabura, uno de los primeros de este tipo que tendrá sus estudios de factibilidad.
En noviembre, una licitación de servicios de consultoría para el desarrollo del proyecto geotérmico Chachimbiro en Ecuador entró en la etapa de precalificación.
El proyecto contará con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), y un crédito de Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) para llevar a cabo la contratación de los Servicios de Consultoría para la Fase I: Desarrollo de Campo del Proyecto Geotérmico Chachimbiro.
El proceso de licitación está sujeto a las “Directrices para la contratación de consultores en el marco de préstamos AOD de Japón” de JICA. A principios del 2024, se firmó un acuerdo de préstamo entre Ecuador y Japón que otorga un crédito de UD$ 43 millones a Ecuador para ser utilizado en el desarrollo del proyecto Chachimbiro.
Durante la jornada del viernes 14 de febrero, se realizó la apertura de ofertas para la ejecución de este proyecto que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tras la suscripción del contrato de préstamo BID 4989/OC-EC el pasado 22 de diciembre de 2020, por un valor de US$ 78 400 millones.
Un total de cuatro empresas presentaron sus ofertas en este evento, el cual contó con la presencia del subsecretario de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica subrogante, Lenin Haro, delegados de las firmas oferentes y los miembros de la comisión evaluadora de las ofertas.
Las cuatro ofertas recibidas corresponden a las empresas CJ Aron Associated Inc. DBA GreenMax Capital Advisors, Nippon Koei Latin America-Caribbean Co., Ltd, BCG (The Boston Consulting Group) y Philippi Prietocarrioza Ferrera DU & Uría.
El subsecretario Haro destacó que el desarrollo de la geotermia en Ecuador representa una oportunidad estratégica para la transformación del futuro energético de nuestro país, el cual es el objetivo principal de este plan.
“Gracias al respaldo del BID y al trabajo articulado entre esta cartera de Estado, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y el Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), hemos logrado establecer una hoja de ruta clara para la implementación de este proyecto, el cual se convierte en un paso crucial en la diversificación de la matriz energética nacional y el aprovechamiento sostenible de los recursos del subsuelo”, mencionó.
Una vez analizadas las ofertas presentadas, se convocará nuevamente a las empresas para la apertura de las propuestas económicas enviadas en este proceso, para continuar con el proceso de licitación, dijo el comunicado de prensa.
El Gobierno busca enfocar sus esfuerzos en el aprovechamiento geotérmico para el cambio de la matriz energética nacional, siendo el Proyecto Geotérmico Chachimbiro, ubicado en San Miguel de Urcuquí, en la provincia de Imbabura, uno de los primeros de este tipo que tendrá sus estudios de factibilidad.
En noviembre, una licitación de servicios de consultoría para el desarrollo del proyecto geotérmico Chachimbiro en Ecuador entró en la etapa de precalificación.
El proyecto contará con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), y un crédito de Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) para llevar a cabo la contratación de los Servicios de Consultoría para la Fase I: Desarrollo de Campo del Proyecto Geotérmico Chachimbiro.
El proceso de licitación está sujeto a las “Directrices para la contratación de consultores en el marco de préstamos AOD de Japón” de JICA. A principios del 2024, se firmó un acuerdo de préstamo entre Ecuador y Japón que otorga un crédito de UD$ 43 millones a Ecuador para ser utilizado en el desarrollo del proyecto Chachimbiro.
La Arcom pide consejo para mejorar sus normas de trabajo
Febrero 16 de 2025.- El viernes 14 de febrero se cumplió el plazo para recibir aportes a la Consulta Pública del Plan Institucional 2025 organizada por la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) que tiene como objetivo realizar un proceso participativo que permita recopilar observaciones y aportes de diferentes actores de la sociedad, y con la finalidad de hacer efectivos los objetivos de la mejora regulatoria.
Se trató de una iniciativa que hace parte de lo ordenado por la Presidencia de la República, a través de Decreto Ejecutivo Nro. 307 de 26 de junio de 2024, mediante el cual se declaró a la mejora regulatoria como política nacional, con el fin de asegurar una adecuada gestión regulatoria gubernamental y propender a la eficiencia en la economía y garantizar la transparencia y seguridad jurídica en el país. En el artículo 3 se delega al Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca (Mipro) para dirigir, regular, coordinar y gestionar la política de mejora regulatoria.
En tal sentido, para hacer realidad los objetivos de esa política, el (Mipro), mediante Acuerdo Ministerial Nro. MPCEIP-MPCEIP-2024-0079-A de 17 de octubre de 2024, emitió la Normativa para la Aplicación de la Política de Estado de la Mejora Regulatoria, cuyo artículo 11, dispone: “La consulta pública tiene como finalidad, asegurar que el ente regulador cuente con la mayor cantidad de información proporcionada por los regulados y que estos comprendan la problemática, las opciones para hacer frente a ella, los posibles mecanismos de cumplimiento, los beneficios asociados, impactos y riesgos”.
Adicionalmente, el Primer Mandatario propuso como fines principales de la mejora regulatoria fortalecer las capacidades institucionales para gestionar los procesos, así como mejorar la calidad de las regulaciones para favorecer el clima de negocios e inversiones, promover la innovación e impulsar la economía popular y solidaria y el emprendimiento de pequeñas y medianas empresas, entre otras.
Con estos antecedentes, y con el objetivo de realizar un proceso participativo que permita recopilar observaciones y aportes de diferentes actores de la sociedad, y con la finalidad de hacer efectivos los objetivos de la mejora regulatoria, la Arcom invitó al público en general a registrar sus opiniones sobre el Plan Regulatorio Institucional 2025 por el termino de veinte (20) días que se cumplieron el viernes 14 de febrero.
Los aportes realizados a través de este proceso participativo serán analizados e incluidos (de ser el caso), en la versión final del Plan Regulatorio Institucional 2025 de la Agencia.
El Plan Regulatorio Institucional 2025, todavía sin los aportes, puede ser consultado aquí.
Se trató de una iniciativa que hace parte de lo ordenado por la Presidencia de la República, a través de Decreto Ejecutivo Nro. 307 de 26 de junio de 2024, mediante el cual se declaró a la mejora regulatoria como política nacional, con el fin de asegurar una adecuada gestión regulatoria gubernamental y propender a la eficiencia en la economía y garantizar la transparencia y seguridad jurídica en el país. En el artículo 3 se delega al Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca (Mipro) para dirigir, regular, coordinar y gestionar la política de mejora regulatoria.
En tal sentido, para hacer realidad los objetivos de esa política, el (Mipro), mediante Acuerdo Ministerial Nro. MPCEIP-MPCEIP-2024-0079-A de 17 de octubre de 2024, emitió la Normativa para la Aplicación de la Política de Estado de la Mejora Regulatoria, cuyo artículo 11, dispone: “La consulta pública tiene como finalidad, asegurar que el ente regulador cuente con la mayor cantidad de información proporcionada por los regulados y que estos comprendan la problemática, las opciones para hacer frente a ella, los posibles mecanismos de cumplimiento, los beneficios asociados, impactos y riesgos”.
Adicionalmente, el Primer Mandatario propuso como fines principales de la mejora regulatoria fortalecer las capacidades institucionales para gestionar los procesos, así como mejorar la calidad de las regulaciones para favorecer el clima de negocios e inversiones, promover la innovación e impulsar la economía popular y solidaria y el emprendimiento de pequeñas y medianas empresas, entre otras.
Con estos antecedentes, y con el objetivo de realizar un proceso participativo que permita recopilar observaciones y aportes de diferentes actores de la sociedad, y con la finalidad de hacer efectivos los objetivos de la mejora regulatoria, la Arcom invitó al público en general a registrar sus opiniones sobre el Plan Regulatorio Institucional 2025 por el termino de veinte (20) días que se cumplieron el viernes 14 de febrero.
Los aportes realizados a través de este proceso participativo serán analizados e incluidos (de ser el caso), en la versión final del Plan Regulatorio Institucional 2025 de la Agencia.
El Plan Regulatorio Institucional 2025, todavía sin los aportes, puede ser consultado aquí.
Poca visibilidad de la minería en primera vuelta electoral
Febrero 9 de 2025.- La actividad minera a gran escala tiene su potencial para atraer inversión extranjera, pero para ello se requiere un impulso estatal que salte de los discursos en viajes al exterior y eventos oficiales, a la realidad. Durante la campaña electoral de primera vuelta, sin embargo, el tema estuvo casi ausente.
En la campaña que concluyó el jueves 6 de enero para dar lugar al período de silencio electoral previo a las votaciones efectuadas este domingo 9 de febrero, escasamente se abordó el tema minero.
De un total de 16 binomios, los candidatos presidenciales con más opciones de llegar a la segunda vuelta, según el abanico de encuestas publicadas, dieron pocas luces al respecto en declaraciones y en las escasas acciones propuestas para fortalecer a este sector con un potencial importante para dinamizar las economías regionales y hacer notables aportes tributarios y al comercio exterior.
Tanto el candidato presidente del partido Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa, como la candidata de la Revolución Ciudadana-RETO, Luisa González, proponen -de forma escueta- en sus planes de gobierno, combatir la minería ilegal, contrarrestar la inseguridad en la actividad extractiva, mejorar la normativa e impulsar la inversión, pero no explican cómo lo harán.
En la campaña que concluyó el jueves 6 de enero para dar lugar al período de silencio electoral previo a las votaciones efectuadas este domingo 9 de febrero, escasamente se abordó el tema minero.
De un total de 16 binomios, los candidatos presidenciales con más opciones de llegar a la segunda vuelta, según el abanico de encuestas publicadas, dieron pocas luces al respecto en declaraciones y en las escasas acciones propuestas para fortalecer a este sector con un potencial importante para dinamizar las economías regionales y hacer notables aportes tributarios y al comercio exterior.
Tanto el candidato presidente del partido Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa, como la candidata de la Revolución Ciudadana-RETO, Luisa González, proponen -de forma escueta- en sus planes de gobierno, combatir la minería ilegal, contrarrestar la inseguridad en la actividad extractiva, mejorar la normativa e impulsar la inversión, pero no explican cómo lo harán.
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Apenas agregan en la receta el ingrediente de una gestión con “cuidado ambiental”, en un contexto en el que colectivos ambientales y comunidades radicalizaron -en los últimos años- su oposición a las actividades mineras por un conjunto de motivos, entre los más repetidos, el cuidado del ambiente y la defensa del agua.
En su plan de gobierno de 120 hojas, Noboa propone impulsar la inversión, estableciendo regulaciones y controles que permitan el desarrollo del sector sin afectar a las comunidades y al medio ambiente. |
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También apunta a fortalecer “los procesos de control de las actividades mineras para prevenir la minería ilegal mediante la emisión de regulaciones efectivas e implementación de sistemas de control”. Nada más.
La propuesta de Luisa González es todavía más escueta. De sus 91 hojas de plan de gobierno, propone dos cosas: combatir la minería ilegal y recuperar la institucionalidad de regulación y control del sector minero. No obstante, en un acto electoral y en entrevistas durante la campaña, González adelantó su postura frente a la oposición de la ciudad de Cuenca al sur del país contra el proyecto Loma Larga operado por Dundee Precious Metals.
“Azuay dijo no a la minería en zonas de recarga hídrica. ¡Yo sí haré respetar la voluntad popular!”, exclamó, lo que acompañó con publicaciones en sus redes sociales en el tenor de: “Atentos, ecuatorianos. Detrás de esto hay intereses oscuros que buscan explotar recursos a costa del agua y la vida”.
Al finalizar la campaña de primera vuelta, entonces, las prioridades programáticas para ambos candidatos han sido otras. Pero, dado que habría una segunda vuelta electoral entre estos dos candidatos, para ambos será un desafío conseguir apoyos del resto de excandidatos, si entre los temas de negociación consta el minero.
Entre los candidatos más opcionados por las encuestas para obtener el ansiado tercer puesto, están la ex ambientalista, por sus propias declaraciones, e ingeniera ambiental, Andrea González, del Partido Sociedad Patriótica, y el opositor de la minería e ingeniero agrónomo, Leonidas Iza, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, cuyos votos tendrán peso en el balotaje.
Andrea González dijo en su plan de gobierno que: “la minería y otras actividades en sectores estratégicos se realicen de manera legal y sostenible, así como proteger los derechos de las comunidades afectadas y promover el desarrollo económico local y asegurar la protección de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental”.
Mientras que Iza en su propuesta planteó: “Implementar de inmediato una moratoria en las futuras concesiones a proyectos mineros, con el objetivo de cerrar definitivamente el catastro minero para la minería metálica en pequeña, mediana y gran escala, y suspender los nuevos permisos para concesiones o avance de fases dentro de las concesiones existentes hasta que se realice una auditoría legal y socio ambiental detallada, para permitir que el Ecuador se convierta en una potencia turística”.
El líder indígena también propuso en su plan de Gobierno “potenciar la extracción de hidrocarburos y minerales de manera ecológica”.
El sector minero requiere sin duda una atención oficial específica, intensa, profunda, urgente y eficaz a su gobernabilidad debido, entre otros desafíos, a que varios proyectos mineros están paralizados por oposición de comunidades y ambientalistas que han logrado sentencias favorables en la justicia.
En la lista de proyectos mineros con problemas legales y con oposición social por la vía judicial están Llurimagua (cobre), en el norte del país; Loma Larga antes Quimsacocha (oro, plata y cobre) al sur, Panantza San Carlos (cobre), al suroriente y Río Blanco (oro), al sur del país.
Antecedentes trascendentes
La candidata Luisa González proviene del partido político liderado por el expresidente Rafael Correa que, después de una moratoria al sector minero impuesta por la Asamblea Constituyente de 2008, promulgó la primera ley de minería en 2009, la cual permitió el ingreso del capital privado internacional a este renglón de los recursos naturales y la apertura de la minería a gran escala en Ecuador.
El desarrollo de los proyectos Cóndor Mirador y San Carlos-Panantza se dio bajo fuertes movilizaciones locales, desplazamientos de poblaciones indígenas y enfrentamientos con las fuerzas policiales y militares. Cóndor Mirador se transformó en la mina de cobre Mirador, operada por Ecuacorriente, subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tongguan.
El candidato presidente, en cambio, ha enfocado su gestión en detener la expansión de la minería criminal, que está presente en 14 provincias y extiende sus tentáculos a veinte (Ver Vía Minera del 2 de febrero de 2025: ¿La militarización es suficiente para terminar con la minería criminal? ).
En su gestión se ha entregado el permiso ambiental a Curimining, subsidiaria de Silvercom y Salazar Resources, para que desarrolle la mina El Domo-Curipamba. Y también concluyó un acuerdo comercial con Canadá, proceso que empezó el gobierno anterior.
En octubre, anunció que en seis meses se reabriría el catastro minero, cerrado desde 2018, y la creación del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim). El ministerio de Energía y Minas ha tenido cuatro ministros en un año y medio y, desde el 12 de octubre, la ministra del Ambiente es la titular “encargada”.
La propuesta de Luisa González es todavía más escueta. De sus 91 hojas de plan de gobierno, propone dos cosas: combatir la minería ilegal y recuperar la institucionalidad de regulación y control del sector minero. No obstante, en un acto electoral y en entrevistas durante la campaña, González adelantó su postura frente a la oposición de la ciudad de Cuenca al sur del país contra el proyecto Loma Larga operado por Dundee Precious Metals.
“Azuay dijo no a la minería en zonas de recarga hídrica. ¡Yo sí haré respetar la voluntad popular!”, exclamó, lo que acompañó con publicaciones en sus redes sociales en el tenor de: “Atentos, ecuatorianos. Detrás de esto hay intereses oscuros que buscan explotar recursos a costa del agua y la vida”.
Al finalizar la campaña de primera vuelta, entonces, las prioridades programáticas para ambos candidatos han sido otras. Pero, dado que habría una segunda vuelta electoral entre estos dos candidatos, para ambos será un desafío conseguir apoyos del resto de excandidatos, si entre los temas de negociación consta el minero.
Entre los candidatos más opcionados por las encuestas para obtener el ansiado tercer puesto, están la ex ambientalista, por sus propias declaraciones, e ingeniera ambiental, Andrea González, del Partido Sociedad Patriótica, y el opositor de la minería e ingeniero agrónomo, Leonidas Iza, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, cuyos votos tendrán peso en el balotaje.
Andrea González dijo en su plan de gobierno que: “la minería y otras actividades en sectores estratégicos se realicen de manera legal y sostenible, así como proteger los derechos de las comunidades afectadas y promover el desarrollo económico local y asegurar la protección de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental”.
Mientras que Iza en su propuesta planteó: “Implementar de inmediato una moratoria en las futuras concesiones a proyectos mineros, con el objetivo de cerrar definitivamente el catastro minero para la minería metálica en pequeña, mediana y gran escala, y suspender los nuevos permisos para concesiones o avance de fases dentro de las concesiones existentes hasta que se realice una auditoría legal y socio ambiental detallada, para permitir que el Ecuador se convierta en una potencia turística”.
El líder indígena también propuso en su plan de Gobierno “potenciar la extracción de hidrocarburos y minerales de manera ecológica”.
El sector minero requiere sin duda una atención oficial específica, intensa, profunda, urgente y eficaz a su gobernabilidad debido, entre otros desafíos, a que varios proyectos mineros están paralizados por oposición de comunidades y ambientalistas que han logrado sentencias favorables en la justicia.
En la lista de proyectos mineros con problemas legales y con oposición social por la vía judicial están Llurimagua (cobre), en el norte del país; Loma Larga antes Quimsacocha (oro, plata y cobre) al sur, Panantza San Carlos (cobre), al suroriente y Río Blanco (oro), al sur del país.
Antecedentes trascendentes
La candidata Luisa González proviene del partido político liderado por el expresidente Rafael Correa que, después de una moratoria al sector minero impuesta por la Asamblea Constituyente de 2008, promulgó la primera ley de minería en 2009, la cual permitió el ingreso del capital privado internacional a este renglón de los recursos naturales y la apertura de la minería a gran escala en Ecuador.
El desarrollo de los proyectos Cóndor Mirador y San Carlos-Panantza se dio bajo fuertes movilizaciones locales, desplazamientos de poblaciones indígenas y enfrentamientos con las fuerzas policiales y militares. Cóndor Mirador se transformó en la mina de cobre Mirador, operada por Ecuacorriente, subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tongguan.
El candidato presidente, en cambio, ha enfocado su gestión en detener la expansión de la minería criminal, que está presente en 14 provincias y extiende sus tentáculos a veinte (Ver Vía Minera del 2 de febrero de 2025: ¿La militarización es suficiente para terminar con la minería criminal? ).
En su gestión se ha entregado el permiso ambiental a Curimining, subsidiaria de Silvercom y Salazar Resources, para que desarrolle la mina El Domo-Curipamba. Y también concluyó un acuerdo comercial con Canadá, proceso que empezó el gobierno anterior.
En octubre, anunció que en seis meses se reabriría el catastro minero, cerrado desde 2018, y la creación del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim). El ministerio de Energía y Minas ha tenido cuatro ministros en un año y medio y, desde el 12 de octubre, la ministra del Ambiente es la titular “encargada”.
El BID apoya la formación de
liderezas en las entidades mineras públicas
Febrero 9 de 2025.- El Ministerio de Energía y Minas (MEM), anunció la adquisición mediante solicitud de ofertas, de la consultoría “Programa de formación para fortalecer y promover el posicionamiento de las mujeres como líderes en el sector minero ecuatoriano”, como parte de la ejecución del Programa de Gestión Sostenible de Recursos del Subsuelo e Infraestructura Asociada, 4989/OC-EC-L1257, financiado por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Ecuador.
Este llamado a licitación se emitió como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este proyecto fuese publicado en el boletín institucional Development Business, edición No. IDB-P832292-09/21 de 24 de septiembre de 2021.
El MEM invitó a los oferentes elegibles a presentar ofertas cerradas para la contratación del servicio de capacitación para el programa de formación de liderezas, a través de un curso que será impartido en formato “On line”, en una sala virtual provista por el proveedor, sin límite de usuarios ni tiempo. No obstante el plazo para la ejecución del servicio es de 180 días desde la firma del contrato, y el curso iniciará máximo a los 90 días y su duración será de 230 horas.
Las participantes serán 120 mujeres y la capacitación se ejecutará de la siguiente manera: (i) Clases sincrónicas con interacción directa entre docentes y participantes en tiempo real, y; (ii) Clases asincrónicas, con acceso a una plataforma informática ofertada, que permitirá la consulta del material audiovisual y com plementario de las exposiciones, (iii) La ejecución de la evaluación de las participantes por cada módulo.
El servicio de capacitación virtual para el desarrollo de habilidades blandas para mujeres está destinado a servidoras del Ministerio de Energía y Minas, sus entidades adscritas y la Empresa Nacional Minera Empresa Pública, Enami EP.
La solicitud de ofertas se efectuó conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional establecidos en la publicación del Banco titulada “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el BID, GN-2349-15”, aprobadas en julio de 2019; y, está abierta a todos los oferentes de países elegibles, según se definen en dichas políticas.
Los oferentes elegibles pudieron revisar los documentos de licitación, realizar consultas y entregar sus propuestas antes del 27 de diciembre de 2024, fecha en que se abrían los sobres de ofertas.
Los requisitos de calificaciones incluyen: (i) cumplimiento de especificaciones técnicas, (ii) información de orden legal, (iii) información financiera, (iv) información de experiencia. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles.
Este llamado a licitación se emitió como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este proyecto fuese publicado en el boletín institucional Development Business, edición No. IDB-P832292-09/21 de 24 de septiembre de 2021.
El MEM invitó a los oferentes elegibles a presentar ofertas cerradas para la contratación del servicio de capacitación para el programa de formación de liderezas, a través de un curso que será impartido en formato “On line”, en una sala virtual provista por el proveedor, sin límite de usuarios ni tiempo. No obstante el plazo para la ejecución del servicio es de 180 días desde la firma del contrato, y el curso iniciará máximo a los 90 días y su duración será de 230 horas.
Las participantes serán 120 mujeres y la capacitación se ejecutará de la siguiente manera: (i) Clases sincrónicas con interacción directa entre docentes y participantes en tiempo real, y; (ii) Clases asincrónicas, con acceso a una plataforma informática ofertada, que permitirá la consulta del material audiovisual y com plementario de las exposiciones, (iii) La ejecución de la evaluación de las participantes por cada módulo.
El servicio de capacitación virtual para el desarrollo de habilidades blandas para mujeres está destinado a servidoras del Ministerio de Energía y Minas, sus entidades adscritas y la Empresa Nacional Minera Empresa Pública, Enami EP.
La solicitud de ofertas se efectuó conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional establecidos en la publicación del Banco titulada “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el BID, GN-2349-15”, aprobadas en julio de 2019; y, está abierta a todos los oferentes de países elegibles, según se definen en dichas políticas.
Los oferentes elegibles pudieron revisar los documentos de licitación, realizar consultas y entregar sus propuestas antes del 27 de diciembre de 2024, fecha en que se abrían los sobres de ofertas.
Los requisitos de calificaciones incluyen: (i) cumplimiento de especificaciones técnicas, (ii) información de orden legal, (iii) información financiera, (iv) información de experiencia. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles.
¿La militarización es suficiente para terminar con la minería criminal?
Febrero 2 de 2025.- En los últimos meses se realizaron varios operativos militares en puntos críticos donde se desarrolla la minería criminal, pero la pregunta que surge es si esto será suficiente para acabar con este fenómeno que azota al país y tiene múltiples aristas tanto o más complejas que el narcotráfico.
En 2024, las Fuerzas Armadas y la Agencia de Regulación y Control Minero realizaron operativos contra la minería criminal en 11 de las 24 provincias del Ecuador procediendo a incursionar en 656 campamentos y sitios de extracción clandestinos, a destruir 295 bocaminas, a dinamitar 128 excavadoras (valoradas en 100 y 150 mil dólares) y a apresar a 56 personas para ser procesadas legalmente, de acuerdo a un informe del periodista Paul Romero de Ecuavisa.
Los principales puntos críticos intervenidos, según Ecuavisa, están ubicados a lo largo y ancho del pais: San Lorenzo (provincia de Esmeraldas), el Chilcal (Carchi), Urcuquí (Imbabura), Pallatanga (Chimborazo), Chillanes (Bolívar), Pijili, Shumiral, Ponce Enríquez (Azuay), Macará (Loja), Zaruma, Portovelo y Piñas (El Oro), Puerto Napo, Talag, Yutzupino, Carlos Julio Arosemena (Napo), San José de Guayusa y Punino (Orellana), Tagual, Podocarpus, Dos Camas Alto (Morona Santiago).
La intervención militar en el sector minero está amparada en el decreto 435 expedido por el presidente, Daniel Noboa Azín, el 23 de octubre de 2024 en el que, además de disponer la actualización del catastro en un plazo de 6 meses, se crea el Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim).
Este Comité está presidido por el titular o el delegado de la Secretaría General de Integridad Pública de la Presidencia de la República y de los ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Interior, Defensa Nacional, Gobierno y Transporte y Obras Públicas, además del Servicio de Rentas Internas y la Unidad de Análisis Financiero Económico.
En el decreto 535 se dispone que las instituciones estatales identifiquen las actividades ilícitas de recursos mineros en todo el territorio nacional y que se decomisen , incauten , inmovilicen, destruyan e inutilicen bienes, maquinaria, equipos, insumos y vehículos que sean utilizados en actividades ilícitas de recursos mineros o no autorizados. Los bienes o infraestructura pertenecientes o utilizados por grupos armados organizados son declarados objetivos militares, y a la "minería ilegal" se la categoriza como una “amenaza a la seguridad del Estado”.
Con este y otros decretos, el presidente Noboa militariza el sector minero otorgándole una nueva responsabilidad a las Fuerzas Armadas que, por disposición presidencial, también tienen el control de las cárceles y de las calles. En enero de 2024, Noboa declaró “el conflicto armado interno” e identificó a 22 grupos terroristas como responsables de la violencia y la inseguridad que alcanzó el récord de 47 homicidios por cada 100 000 habitantes en 2023, uno de los más altos de la región, en tanto que en el año 2016 fue de 6 de cada 100 000 habitantes. En 2024, los asesinatos descendieron en aproximadamente en un 20% respecto a 2023, llegando a 38 por cada cien mil habitantes, pero en cambio se dispararon los delitos como la extorsión y el secuestro, y las “bandas rivales lanzaron una serie de ataques brutales en zonas de minería ilegal de las provincias de Azuay y El Oro”, según señaló Insightcrime. (Gavin Voss, GameChangers 2024: Ecuador no logra la victoria en la ‘guerra contra las bandas’ , 27-12-2024)
Los militares y policías intervienen son solo en el caso de la minería criminal sino también en la minería legal, como ha pasado en Palo Quemado y las Pampas, cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi, en el marco del proceso de la consulta ambiental y de la oposición de comunidades campesinas e indígenas a las actividades de la minera La Plata, subsidiaria de la canadiense Atico Mining. Caso similar se presentó en Victoria del Portete, Azuay, con el proyecto Loma Larga, operado por Dundee Precious Metals.
Otro punto crítico de la intervención de las Fuerzas Armadas en la minería es que algunos militares, al igual que policías, funcionarios y autoridades electas, se han visto involucrados en casos de corrupción, ya sea dando protección, trasportando material aurífero o avisando a los grupos criminales de los operativos que ejecutan las autoridades.
La minería irregular no es nueva en el Ecuador. En la década los 90 del siglo pasado ya hubo el caso de la mina aurífera de Nambija, provincia de Zamora Chinchipe, donde cientos de campesinos y pobladores pobres concurrieron por cientos buscando el codiciado metal. Allí se combinaron daños ambientales y contaminación del agua -por el uso intensivo del mercurio-, delincuencia, desempleo y necesidad, prostitución y accidentes fatales, como el asentamiento del terreno del 9 de mayo de 1993 que se cobró la vida de cientos de mineros.
Desde entonces, este tipo de minería ha crecido en forma exponencial. A comienzos de febrero de 2023, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernn) calculaba que en 17 de las 24 provincias de la Costa, Sierra y Amazonía había campamentos de minería ilegal. La ministra de Ambiente y encargada de Energía y Minas, Inés Manzano, señala que está presente en 20 de las 24 provincias, lo que quiere decir que solo Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cañar y Guayas están libres del fenómeno.
La minería tiene un peso cada vez mayor en la economía criminal pues diversos estudios señalan que en este sector se lava el dinero proveniente del tráfico de estupefacientes. Una reciente investigación periodística indica que la minería ilegal exportó oro por el valor de 1.385 millones de dólares en los últimos 3 años. Los 56 vendedores de oro (17 empresas y 39 personas naturales) “registran pagos mínimos de impuesto a la renta, declaración en cero o no han presentado sus declaraciones”, señala la investigación. (Plan V - CLIP - Convoca.pe , 56 exportadores sin rastros vendieron oro por más de 1.300 millones desde Ecuador, 20-01-2025, https://planv.com.ec/investigacion/oro-sin-rastro-x-mas-1300millones-ecuador/ )
La práctica de la minería criminal está dejando muchas áreas devastadas, ríos contaminados con mercurio y metales pesados, erosión de los suelos, deforestación y pérdida de bosques nativos. Incluso se está afectando las áreas naturales protegidas de la Amazonia como señala un reciente estudio realizado por Conservación Amazónica. Los parques nacionales Podocarpus y Sumaco Napo-Galeras, la Reserva Ecológica Cofán Bermejo y el Refugio de Vida Silvestre El Zarza se encuentran amenazados por esta minería que “tiene la habilidad de operar en zonas alejadas y de difícil acceso, como áreas naturales protegidas” ( MAAP #221: Minería ilegal en áreas naturales protegidas de la Amazonía ecuatoriana, https://www.maapprogram.org/es/mineria-areas-protegidas-ecuador/ 11-10-2024 )
Los grupos de delincuencia organizada, relacionados principalmente con el narcotráfico, han extendido sus tentáculos a la minería en donde han encontrado un nicho para diversificar sus actividades criminales y acumular capital. En primer lugar, aquí encontraron la posibilidad de lavar el dinero producto del narcotráfico y de otras actividades ilícitas lo que se ve reflejado en los altos montos que se mueven en torno alrededor de esa actividad (se calcula que en 2022 la minería criminal movía entre 800 y 1000 millones de dólares). En segundo lugar, dada la debilidad, la corrupción y la escasez de recursos del Estado, en la minería hay menos posibilidad de ser atrapados respecto al tráfico internacional de drogas, según señala un artículo de InSight Crime. (Anastasia Austin, Mientras aumenta la presión del Gobierno, las pandillas ecuatorianas buscan oro, https://insightcrime.org/es/noticias/mientras-aumenta-presion-gobierno-las-pandillas-ecuatorianas-buscan-oro/ , 23-07-2024)
Luego de Nambija, un foco de confluencia de la minería criminal de grandes proporciones fue el de la parroquia La Merced de Buenos Aires, provincia de Imbabura, en donde en 2017 se descubrió en forma casual una gran veta de oro que rápidamente atrajo a miles de personas no solo de Ecuador, sino de Colombia, Perú y Venezuela. La empresa Hanrine Exploration & Mining S.A. (parte de la australiana Hancock Prospecting) informó a las autoridaddes de la presencia de explotación ilegal en sus concesiones que abarcan La Merced de Buenos Aires. En el improvisado campamento, gente armada extorsionaba y controlaba el área, por lo que se hacía difícil un desalojo, pero, recién en enero de 2019 se produjo un gran operativo militar y policial en el que se incautó armas de fuego, municiones y explosivos y 31 toneladas de material aurífero, y se apresó a 22 personas.
Tras los acontecimientos de Buenos Aires, los mineros se desplazaron a las provincias del El Oro y Azuay, así como a las provincias amazónicas de Napo, Orellana y Sucumbíos. Y junto a ellos también lo hicieron los grupos de delincuencia organizada, quienes en varias zonas han impuesto su gobernanza criminal mediante la violencia y el terror. InSight Crime pone como ejemplo el caso de la banda de Los Lobos en Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay , donde comenzaron extorsionando o cobrando vacunas a cambio de protección armada, posteriormente exigían porcentajes de la producción diaria de los mineros irregulares y terminaron apoderándose de las concesiones mineras legales existentes, sus operaciones y equipos y expulsando a los propietarios mientras se quedan con las ganancias. (Anastasia Austin, Mientras aumenta la presión del Gobierno, las pandillas ecuatorianas buscan oro, https://insightcrime.org/es/noticias/mientras-aumenta-presion-gobierno-las-pandillas-ecuatorianas-buscan-oro/ , 23-07-2024)
Aunque los operativos contra la minería criminal deben continuar, hace falta impulsar una estrategia que permita capturar y procesar legalmente a los cabecillas de las bandas, adoptar medidas para acabar con el lavado del dinero sucio, combatir la corrupción a todo nivel y establecer planes de remediación social y ambiental en las zonas devastadas por este tipo de delito.
En 2024, las Fuerzas Armadas y la Agencia de Regulación y Control Minero realizaron operativos contra la minería criminal en 11 de las 24 provincias del Ecuador procediendo a incursionar en 656 campamentos y sitios de extracción clandestinos, a destruir 295 bocaminas, a dinamitar 128 excavadoras (valoradas en 100 y 150 mil dólares) y a apresar a 56 personas para ser procesadas legalmente, de acuerdo a un informe del periodista Paul Romero de Ecuavisa.
Los principales puntos críticos intervenidos, según Ecuavisa, están ubicados a lo largo y ancho del pais: San Lorenzo (provincia de Esmeraldas), el Chilcal (Carchi), Urcuquí (Imbabura), Pallatanga (Chimborazo), Chillanes (Bolívar), Pijili, Shumiral, Ponce Enríquez (Azuay), Macará (Loja), Zaruma, Portovelo y Piñas (El Oro), Puerto Napo, Talag, Yutzupino, Carlos Julio Arosemena (Napo), San José de Guayusa y Punino (Orellana), Tagual, Podocarpus, Dos Camas Alto (Morona Santiago).
La intervención militar en el sector minero está amparada en el decreto 435 expedido por el presidente, Daniel Noboa Azín, el 23 de octubre de 2024 en el que, además de disponer la actualización del catastro en un plazo de 6 meses, se crea el Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim).
Este Comité está presidido por el titular o el delegado de la Secretaría General de Integridad Pública de la Presidencia de la República y de los ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Interior, Defensa Nacional, Gobierno y Transporte y Obras Públicas, además del Servicio de Rentas Internas y la Unidad de Análisis Financiero Económico.
En el decreto 535 se dispone que las instituciones estatales identifiquen las actividades ilícitas de recursos mineros en todo el territorio nacional y que se decomisen , incauten , inmovilicen, destruyan e inutilicen bienes, maquinaria, equipos, insumos y vehículos que sean utilizados en actividades ilícitas de recursos mineros o no autorizados. Los bienes o infraestructura pertenecientes o utilizados por grupos armados organizados son declarados objetivos militares, y a la "minería ilegal" se la categoriza como una “amenaza a la seguridad del Estado”.
Con este y otros decretos, el presidente Noboa militariza el sector minero otorgándole una nueva responsabilidad a las Fuerzas Armadas que, por disposición presidencial, también tienen el control de las cárceles y de las calles. En enero de 2024, Noboa declaró “el conflicto armado interno” e identificó a 22 grupos terroristas como responsables de la violencia y la inseguridad que alcanzó el récord de 47 homicidios por cada 100 000 habitantes en 2023, uno de los más altos de la región, en tanto que en el año 2016 fue de 6 de cada 100 000 habitantes. En 2024, los asesinatos descendieron en aproximadamente en un 20% respecto a 2023, llegando a 38 por cada cien mil habitantes, pero en cambio se dispararon los delitos como la extorsión y el secuestro, y las “bandas rivales lanzaron una serie de ataques brutales en zonas de minería ilegal de las provincias de Azuay y El Oro”, según señaló Insightcrime. (Gavin Voss, GameChangers 2024: Ecuador no logra la victoria en la ‘guerra contra las bandas’ , 27-12-2024)
Los militares y policías intervienen son solo en el caso de la minería criminal sino también en la minería legal, como ha pasado en Palo Quemado y las Pampas, cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi, en el marco del proceso de la consulta ambiental y de la oposición de comunidades campesinas e indígenas a las actividades de la minera La Plata, subsidiaria de la canadiense Atico Mining. Caso similar se presentó en Victoria del Portete, Azuay, con el proyecto Loma Larga, operado por Dundee Precious Metals.
Otro punto crítico de la intervención de las Fuerzas Armadas en la minería es que algunos militares, al igual que policías, funcionarios y autoridades electas, se han visto involucrados en casos de corrupción, ya sea dando protección, trasportando material aurífero o avisando a los grupos criminales de los operativos que ejecutan las autoridades.
La minería irregular no es nueva en el Ecuador. En la década los 90 del siglo pasado ya hubo el caso de la mina aurífera de Nambija, provincia de Zamora Chinchipe, donde cientos de campesinos y pobladores pobres concurrieron por cientos buscando el codiciado metal. Allí se combinaron daños ambientales y contaminación del agua -por el uso intensivo del mercurio-, delincuencia, desempleo y necesidad, prostitución y accidentes fatales, como el asentamiento del terreno del 9 de mayo de 1993 que se cobró la vida de cientos de mineros.
Desde entonces, este tipo de minería ha crecido en forma exponencial. A comienzos de febrero de 2023, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernn) calculaba que en 17 de las 24 provincias de la Costa, Sierra y Amazonía había campamentos de minería ilegal. La ministra de Ambiente y encargada de Energía y Minas, Inés Manzano, señala que está presente en 20 de las 24 provincias, lo que quiere decir que solo Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cañar y Guayas están libres del fenómeno.
La minería tiene un peso cada vez mayor en la economía criminal pues diversos estudios señalan que en este sector se lava el dinero proveniente del tráfico de estupefacientes. Una reciente investigación periodística indica que la minería ilegal exportó oro por el valor de 1.385 millones de dólares en los últimos 3 años. Los 56 vendedores de oro (17 empresas y 39 personas naturales) “registran pagos mínimos de impuesto a la renta, declaración en cero o no han presentado sus declaraciones”, señala la investigación. (Plan V - CLIP - Convoca.pe , 56 exportadores sin rastros vendieron oro por más de 1.300 millones desde Ecuador, 20-01-2025, https://planv.com.ec/investigacion/oro-sin-rastro-x-mas-1300millones-ecuador/ )
La práctica de la minería criminal está dejando muchas áreas devastadas, ríos contaminados con mercurio y metales pesados, erosión de los suelos, deforestación y pérdida de bosques nativos. Incluso se está afectando las áreas naturales protegidas de la Amazonia como señala un reciente estudio realizado por Conservación Amazónica. Los parques nacionales Podocarpus y Sumaco Napo-Galeras, la Reserva Ecológica Cofán Bermejo y el Refugio de Vida Silvestre El Zarza se encuentran amenazados por esta minería que “tiene la habilidad de operar en zonas alejadas y de difícil acceso, como áreas naturales protegidas” ( MAAP #221: Minería ilegal en áreas naturales protegidas de la Amazonía ecuatoriana, https://www.maapprogram.org/es/mineria-areas-protegidas-ecuador/ 11-10-2024 )
Los grupos de delincuencia organizada, relacionados principalmente con el narcotráfico, han extendido sus tentáculos a la minería en donde han encontrado un nicho para diversificar sus actividades criminales y acumular capital. En primer lugar, aquí encontraron la posibilidad de lavar el dinero producto del narcotráfico y de otras actividades ilícitas lo que se ve reflejado en los altos montos que se mueven en torno alrededor de esa actividad (se calcula que en 2022 la minería criminal movía entre 800 y 1000 millones de dólares). En segundo lugar, dada la debilidad, la corrupción y la escasez de recursos del Estado, en la minería hay menos posibilidad de ser atrapados respecto al tráfico internacional de drogas, según señala un artículo de InSight Crime. (Anastasia Austin, Mientras aumenta la presión del Gobierno, las pandillas ecuatorianas buscan oro, https://insightcrime.org/es/noticias/mientras-aumenta-presion-gobierno-las-pandillas-ecuatorianas-buscan-oro/ , 23-07-2024)
Luego de Nambija, un foco de confluencia de la minería criminal de grandes proporciones fue el de la parroquia La Merced de Buenos Aires, provincia de Imbabura, en donde en 2017 se descubrió en forma casual una gran veta de oro que rápidamente atrajo a miles de personas no solo de Ecuador, sino de Colombia, Perú y Venezuela. La empresa Hanrine Exploration & Mining S.A. (parte de la australiana Hancock Prospecting) informó a las autoridaddes de la presencia de explotación ilegal en sus concesiones que abarcan La Merced de Buenos Aires. En el improvisado campamento, gente armada extorsionaba y controlaba el área, por lo que se hacía difícil un desalojo, pero, recién en enero de 2019 se produjo un gran operativo militar y policial en el que se incautó armas de fuego, municiones y explosivos y 31 toneladas de material aurífero, y se apresó a 22 personas.
Tras los acontecimientos de Buenos Aires, los mineros se desplazaron a las provincias del El Oro y Azuay, así como a las provincias amazónicas de Napo, Orellana y Sucumbíos. Y junto a ellos también lo hicieron los grupos de delincuencia organizada, quienes en varias zonas han impuesto su gobernanza criminal mediante la violencia y el terror. InSight Crime pone como ejemplo el caso de la banda de Los Lobos en Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay , donde comenzaron extorsionando o cobrando vacunas a cambio de protección armada, posteriormente exigían porcentajes de la producción diaria de los mineros irregulares y terminaron apoderándose de las concesiones mineras legales existentes, sus operaciones y equipos y expulsando a los propietarios mientras se quedan con las ganancias. (Anastasia Austin, Mientras aumenta la presión del Gobierno, las pandillas ecuatorianas buscan oro, https://insightcrime.org/es/noticias/mientras-aumenta-presion-gobierno-las-pandillas-ecuatorianas-buscan-oro/ , 23-07-2024)
Aunque los operativos contra la minería criminal deben continuar, hace falta impulsar una estrategia que permita capturar y procesar legalmente a los cabecillas de las bandas, adoptar medidas para acabar con el lavado del dinero sucio, combatir la corrupción a todo nivel y establecer planes de remediación social y ambiental en las zonas devastadas por este tipo de delito.
Wood Mackenzie propone un cambio en la regulación
para asegurar un crecimiento sostenible de la minería en Perú
Enero 2 de 2025.- Rubén Arratia, director de la consultora que asesoró al gobierno del Ecuador para elaborar la Ley de Minería y permaneció en el país hasta 2017, considerado ahora líder en proveer soluciones de datos para energías renovables, sostuvo que si no se toman medidas inmediatas, el país podría enfrentar una drástica disminución en su producción de minerales hacia 2040.
Durante su participación como panelista en el primer Jueves Minero de 2025, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Arratia, director de Wood Mackenzie, alertó sobre el riesgo que corre el país hermano debido a la creciente sobrerregulación del sector minero, en referencia a los numerosos permisos que deben tramitar los empresarios del sector.
En ese sentido, Arratia advirtió de la necesidad urgente de regular sin espantar las inversiones, de lo contrario el país podría experimentar un mayor crecimiento en la informalidad y una caída significativa en la producción de minerales, lo que afectaría gravemente la economía.
Siempre durante la conferencia, el especialista alertó que, actualmente, Perú destina solo el 20% de su Producto Bruto Interno (PBI) a inversiones, lo que lo pone en desventaja comparado con otros países como China e India. Agregó que si el país no supera la barrera del 25% en inversiones, podría afectar al crecimiento económico, por consecuencia, disminuirá la producción de minerales como el cobre y zinc.
“El Perú, si no hace nada, para el año 2040, en lugar de producir 2.75 millones de toneladas de cobre que produjo el año pasado, va a estar produciendo un millón de toneladas. El zinc igual, de 1.4 millones de toneladas va a estar produciendo medio millón de toneladas para el año 2040”, refirió.
Arratia concluyó que es esencial entender que las inversiones son el motor del desarrollo de cualquier país, pero para atraerlas, es necesario un entorno regulatorio inteligente.
"Es extremadamente importante que se comprenda que las inversiones son el motor del desarrollo de un país. Pero para que haya inversiones, tiene que haber libertad. Y para que la libertad no se transforme en libertinaje, hay que regular. Pero tienes que regular de manera inteligente. No puedes sobre-regular, no puedes matar la inversión”, finalizó.
Durante su participación como panelista en el primer Jueves Minero de 2025, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Arratia, director de Wood Mackenzie, alertó sobre el riesgo que corre el país hermano debido a la creciente sobrerregulación del sector minero, en referencia a los numerosos permisos que deben tramitar los empresarios del sector.
En ese sentido, Arratia advirtió de la necesidad urgente de regular sin espantar las inversiones, de lo contrario el país podría experimentar un mayor crecimiento en la informalidad y una caída significativa en la producción de minerales, lo que afectaría gravemente la economía.
Siempre durante la conferencia, el especialista alertó que, actualmente, Perú destina solo el 20% de su Producto Bruto Interno (PBI) a inversiones, lo que lo pone en desventaja comparado con otros países como China e India. Agregó que si el país no supera la barrera del 25% en inversiones, podría afectar al crecimiento económico, por consecuencia, disminuirá la producción de minerales como el cobre y zinc.
“El Perú, si no hace nada, para el año 2040, en lugar de producir 2.75 millones de toneladas de cobre que produjo el año pasado, va a estar produciendo un millón de toneladas. El zinc igual, de 1.4 millones de toneladas va a estar produciendo medio millón de toneladas para el año 2040”, refirió.
Arratia concluyó que es esencial entender que las inversiones son el motor del desarrollo de cualquier país, pero para atraerlas, es necesario un entorno regulatorio inteligente.
"Es extremadamente importante que se comprenda que las inversiones son el motor del desarrollo de un país. Pero para que haya inversiones, tiene que haber libertad. Y para que la libertad no se transforme en libertinaje, hay que regular. Pero tienes que regular de manera inteligente. No puedes sobre-regular, no puedes matar la inversión”, finalizó.
Consultoría para el proyecto planetGOLD Ecuador
Febrero 2 de 2025.- El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) invitó a empresas legalmente constituidas a participar en el proceso de selección para la consultoría:
“Evaluación integral y desarrollo de planes de implementación de estándares internacionales basados en los criterios CRAFT, planetGOLD y BCE en las OMAPEs de las zonas de intervención del proyecto PlanetGOLD Ecuador para promover su formalización y facilitar su acceso a cadenas de suministro responsables y mercados formales”.
La convocatoria se realiza en el marco del proyecto GEF GOLD+ Ecuador: Promover la formalización y el uso de mejores técnicas de minería aluvial y de roca dura, para reducir el uso de mercurio y mejorar el acceso a mercados responsables.
Este proyecto es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), teniendo como agencia implementadora al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Las empresas consultoras interesadas en postular deberán considerar los Términos de Referencia (TDR) y documentos para la licitación en el siguiente enlace:
https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=29781
Información Importante:
Se llevará a cabo una reunión informativa el 6 de febrero de 2025 a las 11h00 (ver detalle en las bases del concurso).
Las SOLICITUDES DE ACLARACIÓN deben enviarse a través de la función de mensajería de Quantum hasta el 12 de febrero de 2025.
Las personas interesadas deberán revisar las Notas Aclaratorias y/o Enmiendas publicadas a través de la plataforma QUANTUM, es responsabilidad de cada oferente conocer las actualizaciones del proceso.
Se recomienda registrarse y enviar su propuesta con al menos 72 horas de anticipación a la fecha y hora del cierre del plazo de presentación de ofertas.
¡La fecha límite de postulación es hasta el 24 de febrero de 2025!
“Evaluación integral y desarrollo de planes de implementación de estándares internacionales basados en los criterios CRAFT, planetGOLD y BCE en las OMAPEs de las zonas de intervención del proyecto PlanetGOLD Ecuador para promover su formalización y facilitar su acceso a cadenas de suministro responsables y mercados formales”.
La convocatoria se realiza en el marco del proyecto GEF GOLD+ Ecuador: Promover la formalización y el uso de mejores técnicas de minería aluvial y de roca dura, para reducir el uso de mercurio y mejorar el acceso a mercados responsables.
Este proyecto es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), teniendo como agencia implementadora al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Las empresas consultoras interesadas en postular deberán considerar los Términos de Referencia (TDR) y documentos para la licitación en el siguiente enlace:
https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=29781
Información Importante:
Se llevará a cabo una reunión informativa el 6 de febrero de 2025 a las 11h00 (ver detalle en las bases del concurso).
Las SOLICITUDES DE ACLARACIÓN deben enviarse a través de la función de mensajería de Quantum hasta el 12 de febrero de 2025.
Las personas interesadas deberán revisar las Notas Aclaratorias y/o Enmiendas publicadas a través de la plataforma QUANTUM, es responsabilidad de cada oferente conocer las actualizaciones del proceso.
Se recomienda registrarse y enviar su propuesta con al menos 72 horas de anticipación a la fecha y hora del cierre del plazo de presentación de ofertas.
¡La fecha límite de postulación es hasta el 24 de febrero de 2025!
Estado peruano cuenta con US$ 2800 millones
como garantías de cierre de minas
Foto Rolando Suaña, F45.
Diciembre 21 de 2024.- Martha Vásquez, directora de Gestión Minera del Ministerio de Energía y Minas del Perú (Minem), comentó que, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 28090 – ley que regula el cierre de minas – cuentan con garantías para que se cumpla dicho proceso que ascienden alrededor de US$ 2800 millones.
“Están las garantías de cierre de minas que son menos de US$ 10 000 millones, son como US$ 2700 o 2800 millones que están inmovilizados en garantías de cierre de minas en el Minem”, señaló en el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Las actividades de cierre contemplan tres tipos: el cierre temporal, cuando se suspende temporalmente las actividades por razones operacionales o económicas; el cierre progresivo, que comprende el cierre de los componentes ya no útiles para la operación, y el cierre final, cuando todas las operaciones mineras terminan en forma definitiva. Luego viene el poscierre.
Por otro lado, Vásquez refirió que enfrentan ciertos retos e incluso amenazas relacionadas a esta tarea, como es el caso de la minería informal e ilegal, actividades que al no contar con la autorización ni regulación para operar, no consideran compromisos ambientales ni el cierre de minas.
Otro problema que mencionó fue el incumplimiento de los planes de cierre de minas, como los emblemáticos casos en donde se registró contaminación en la cuenca del río Llallimayo (Puno) y del río Coralaque (Moquegua). Fuente: Energiminas.com
“Están las garantías de cierre de minas que son menos de US$ 10 000 millones, son como US$ 2700 o 2800 millones que están inmovilizados en garantías de cierre de minas en el Minem”, señaló en el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Las actividades de cierre contemplan tres tipos: el cierre temporal, cuando se suspende temporalmente las actividades por razones operacionales o económicas; el cierre progresivo, que comprende el cierre de los componentes ya no útiles para la operación, y el cierre final, cuando todas las operaciones mineras terminan en forma definitiva. Luego viene el poscierre.
Por otro lado, Vásquez refirió que enfrentan ciertos retos e incluso amenazas relacionadas a esta tarea, como es el caso de la minería informal e ilegal, actividades que al no contar con la autorización ni regulación para operar, no consideran compromisos ambientales ni el cierre de minas.
Otro problema que mencionó fue el incumplimiento de los planes de cierre de minas, como los emblemáticos casos en donde se registró contaminación en la cuenca del río Llallimayo (Puno) y del río Coralaque (Moquegua). Fuente: Energiminas.com
Consulta pública para restringir los ingresos mineros
Diciembre 22 de 2024.- El Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF, por sus siglas en inglés) abrió una consulta pública para funcionarios públicos sobre el borrador del informe “Delimitación de los ingresos mineros: un conjunto de herramientas para los administradores fiscales y los responsables de las políticas”, e invitó a las partes interesadas a enviar sus comentarios a más tardar el 31 de enero de 2025.
En la introducción, el documento dice que los funcionarios de los gobiernos ricos en recursos podrían considerar la posibilidad de gestionar los riesgos de ingresos limitando la concentración de los operadores en el sector minero mediante una práctica conocida como "ring-fencing".
Dicha práctica, explica, limita la capacidad del inversor minero para compensar los gastos y los ingresos entre proyectos y actividades, lo que acelera los ingresos gubernamentales provenientes de la minería y protege la base impositiva minera contra pérdidas permanentes de ingresos. Además, puede nivelar el campo de juego entre los inversores nuevos y los existentes.
La nota práctica tiene por objeto aclarar qué significa la segregación en la minería, las ventajas de adoptar normas de segregación cuando se dan ciertas condiciones y cómo mitigar los posibles desafíos mediante un buen diseño de políticas tributarias y prácticas eficaces de administración tributaria.
Describe y evalúa las diferentes opciones para diseñar normas de segregación basadas en la experiencia de los países ricos en recursos y destaca las cuestiones clave de implementación que han surgido de las opciones.
Esta nota ayudará a los gobiernos de los países en desarrollo ricos en recursos a decidir si las normas de segregación son necesarias y, de ser así, cómo diseñarlas para salvaguardar el momento de los ingresos gubernamentales provenientes de la minería.
El borrador de informe que se comparte para consulta está disponible en inglés en el siguiente link: file:///D:/Users/Usuario/Downloads/igf-ring-fencing-draft-for-consultation-V6-1.pdf
Para enviar comentarios usar la dirección de email: [email protected] en formato Word (para facilitar su distribución a los funcionarios gubernamentales). Todos los comentarios deben dirigirse a la IGF Iniciativa Global de Impuesto a la Minería. Todos los comentarios sobre este documento de consulta pública se pondrán a disposición del público.
La persona que envíe comentarios en nombre de otra persona o grupo de personas, debe identificar a todas las empresas o individuos que sean miembros de ese grupo colectivo, o la(s) persona(s) en cuyo nombre actúan los comentaristas.
En la introducción, el documento dice que los funcionarios de los gobiernos ricos en recursos podrían considerar la posibilidad de gestionar los riesgos de ingresos limitando la concentración de los operadores en el sector minero mediante una práctica conocida como "ring-fencing".
Dicha práctica, explica, limita la capacidad del inversor minero para compensar los gastos y los ingresos entre proyectos y actividades, lo que acelera los ingresos gubernamentales provenientes de la minería y protege la base impositiva minera contra pérdidas permanentes de ingresos. Además, puede nivelar el campo de juego entre los inversores nuevos y los existentes.
La nota práctica tiene por objeto aclarar qué significa la segregación en la minería, las ventajas de adoptar normas de segregación cuando se dan ciertas condiciones y cómo mitigar los posibles desafíos mediante un buen diseño de políticas tributarias y prácticas eficaces de administración tributaria.
Describe y evalúa las diferentes opciones para diseñar normas de segregación basadas en la experiencia de los países ricos en recursos y destaca las cuestiones clave de implementación que han surgido de las opciones.
Esta nota ayudará a los gobiernos de los países en desarrollo ricos en recursos a decidir si las normas de segregación son necesarias y, de ser así, cómo diseñarlas para salvaguardar el momento de los ingresos gubernamentales provenientes de la minería.
El borrador de informe que se comparte para consulta está disponible en inglés en el siguiente link: file:///D:/Users/Usuario/Downloads/igf-ring-fencing-draft-for-consultation-V6-1.pdf
Para enviar comentarios usar la dirección de email: [email protected] en formato Word (para facilitar su distribución a los funcionarios gubernamentales). Todos los comentarios deben dirigirse a la IGF Iniciativa Global de Impuesto a la Minería. Todos los comentarios sobre este documento de consulta pública se pondrán a disposición del público.
La persona que envíe comentarios en nombre de otra persona o grupo de personas, debe identificar a todas las empresas o individuos que sean miembros de ese grupo colectivo, o la(s) persona(s) en cuyo nombre actúan los comentaristas.
Ecuador y Canadá reiniciaron negociaciones para acuerdo comercial
Diciembre 15 de 2024.- Ecuador y Canadá cumplieron en la semana pasada, en Ottawa, la quinta ronda de negociaciones para un tratado de libre comercio entre ambos países que promueva el intercambio de bienes, servicios y la cooperación entre los dos mercados, según anunció el Gobierno ecuatoriano en un comunicado. El enfoque de la actual ronda, afirmó, subrayaba el compromiso de ambos países con la inclusión social y la protección de las comunidades indígenas dentro del marco comercial.
Las relaciones comerciales entre Canadá y Ecuador se han incrementado en los últimos años debido a la consolidación de la presencia en el terreno, de una serie de empresas invirtiendo en minería en los últimos años, encabezando esa lista la compañía Lundin Gold que opera la mina de oro Fruta del Norte. Un 30% aproximado de la inversión en exploración de minerales está a cargo de empresas canadienses.
Según lo anunciado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca ecuatoriano, una comitiva de funcionarios de instituciones técnicas competentes y negociadores del país viajaron a Canadá para continuar planificando el acuerdo bilateral. La entidad ecuatoriana indicó que el objetivo de este viaje es fomentar el progreso de las discusiones y concretar algunas secciones del acuerdo.
En Ottawa, ambos países iniciaron, el pasado lunes, la quinta edición de negociaciones. El objetivo es impulsar la comercialización de bienes, servicios y la cooperación entre los dos mercados.
Durante la semana de reuniones, los representantes abordarán distintas temáticas. Disciplinas como el acceso a los mercados, el comercio transfronterizo de servicios, las inversiones y las empresas públicas son recurrentes. Sin embargo, cuestiones como el ambiente, los pueblos indígenas y medidas laborales, sanitarias y fitosanitarias también tendrán lugar en la agenda.
En esta edición de la ronda de negociaciones, la comitiva cuenta con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. La finalidad de su adhesión al proceso es acompañar y apoyar a la delegación ecuatoriana en la negociación de aquellos temas relativos a los derechos y la inclusión de los pueblos indígenas en el acuerdo.
A partir de lo comunicado oficial, este enfoque pone en evidencia el compromiso, tanto por parte de Ecuador como de Canadá, con la inclusión social y la protección de las comunidades originarias dentro de lo que respecta al marco comercial.
Las expectativas de esta última ronda de negociaciones son grandes. La intención es avanzar hacia la concreción de varios capítulos del acuerdo y, así, acercar a Ecuador y Canadá a una relación que beneficie cada vez más a ambas naciones y a sus respectivos pueblos originarios.
Al mismo tiempo, a través de este proceso, Ecuador busca consolidarse como una entidad comercial cada vez más fuerte. Fortalecer su relación con sus vecinos del continente americano y promover una mayor integración económica son dos iniciativas fuertes dentro de su agenda.
Según el comunicado, gracias a los diálogos entablados en las distintas disciplinas, se pudo lograr algunos avances importantes en las bases del acuerdo. Sin embargo, se han recibido quejas provenientes de organizaciones de la sociedad civil que critican el hecho de que las negociaciones transcurran bajo reserva. Con información de EFE e Infobae.
Las relaciones comerciales entre Canadá y Ecuador se han incrementado en los últimos años debido a la consolidación de la presencia en el terreno, de una serie de empresas invirtiendo en minería en los últimos años, encabezando esa lista la compañía Lundin Gold que opera la mina de oro Fruta del Norte. Un 30% aproximado de la inversión en exploración de minerales está a cargo de empresas canadienses.
Según lo anunciado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca ecuatoriano, una comitiva de funcionarios de instituciones técnicas competentes y negociadores del país viajaron a Canadá para continuar planificando el acuerdo bilateral. La entidad ecuatoriana indicó que el objetivo de este viaje es fomentar el progreso de las discusiones y concretar algunas secciones del acuerdo.
En Ottawa, ambos países iniciaron, el pasado lunes, la quinta edición de negociaciones. El objetivo es impulsar la comercialización de bienes, servicios y la cooperación entre los dos mercados.
Durante la semana de reuniones, los representantes abordarán distintas temáticas. Disciplinas como el acceso a los mercados, el comercio transfronterizo de servicios, las inversiones y las empresas públicas son recurrentes. Sin embargo, cuestiones como el ambiente, los pueblos indígenas y medidas laborales, sanitarias y fitosanitarias también tendrán lugar en la agenda.
En esta edición de la ronda de negociaciones, la comitiva cuenta con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. La finalidad de su adhesión al proceso es acompañar y apoyar a la delegación ecuatoriana en la negociación de aquellos temas relativos a los derechos y la inclusión de los pueblos indígenas en el acuerdo.
A partir de lo comunicado oficial, este enfoque pone en evidencia el compromiso, tanto por parte de Ecuador como de Canadá, con la inclusión social y la protección de las comunidades originarias dentro de lo que respecta al marco comercial.
Las expectativas de esta última ronda de negociaciones son grandes. La intención es avanzar hacia la concreción de varios capítulos del acuerdo y, así, acercar a Ecuador y Canadá a una relación que beneficie cada vez más a ambas naciones y a sus respectivos pueblos originarios.
Al mismo tiempo, a través de este proceso, Ecuador busca consolidarse como una entidad comercial cada vez más fuerte. Fortalecer su relación con sus vecinos del continente americano y promover una mayor integración económica son dos iniciativas fuertes dentro de su agenda.
Según el comunicado, gracias a los diálogos entablados en las distintas disciplinas, se pudo lograr algunos avances importantes en las bases del acuerdo. Sin embargo, se han recibido quejas provenientes de organizaciones de la sociedad civil que critican el hecho de que las negociaciones transcurran bajo reserva. Con información de EFE e Infobae.
IFG regresa al Ecuador ¿Le harán caso esta vez?
Rebeca Illescas está cuarta desde la izquierda.
Diciembre 15 de 2024.- Un tanque de pensamiento internacional que se dedica a asesorar gobiernos para regular y normar la minería con arreglo a propósitos como el desarrollo sustentable, con el apoyo de países mineros como el Canadá, advirtió hace años al país sobre situaciones que no han hecho sino empeorar y hoy representan para la minería desafíos cada vez más profundos como la inseguridad, violencia, el contrabando y la conflictividad social en sus entornos.
Durante la semana anterior, la viceministra de Minas, Rebeca Illescas, mantuvo una reunión con representantes del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minería, Metales y Desarrollo Sustentable (IGF, por sus siglas en ingles), con el fin de abordar temas enfocados en la promoción de prácticas mineras responsables y sostenibles con el ambiente.
Además, se trazaron nuevos compromisos para el 2025, encaminados al establecimiento de un trabajo conjunto entre varias entidades para la asistencia técnica y revisión de reglamentos y normativas que permitirán el fortalecimiento del sector minero ecuatoriano.
Hace pocos años, el IFG realizó por pedido del Ecuador un estudio titulado Evaluación del Marco de Políticas Mineras: Ecuador, un informe de 72 páginas entregado al Gobierno y al entonces Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables en enero de 2018 y actualizado a 2019, debido a varios cambios en la legislación y jurisprudencia nacional.
Ese informe presentó la evaluación de Ecuador, como pensada con el propósito de ayudar al gobierno a enfocar sus esfuerzos en la implementación del Marco de Políticas Mineras (MPM) del IGF, apoyar los esfuerzos de capacitación y permitir el monitoreo del progreso en el tiempo.
El personal de la Secretaría del IGF realizó la evaluación entre septiembre de 2017 y enero de 2018, con trabajo adicional a fines del 2018. El proceso incluyó una revisión exhaustiva de documentación, entre leyes y políticas nacionales e internacionales clave, así como una visita de campo de siete días al país, durante la cual el equipo del proyecto se reunió con una amplia gama de partes interesadas del gobierno, sociedad civil, organizaciones internacionales y el sector privado.
Al parecer el documento fue refundido en alguna gaveta, o sus conclusiones no fueron suficientes o simplemente no se le puso interés: cuando Vía Minera preguntó a un viceministro de Minas cómo se va a proceder para poner en práctica las recomendaciones del mismo, aquella autoridad nos respondió ¿cuál informe?
Y si llegó hasta acá le vamos a contar algo más, como para ilustrarle: en el capítulo de Recomendaciones, como primera prioridad, el documento reza:
“Con un enfoque especial en la consulta previa, es necesario un ejercicio de profundización para lograr acuerdos con las comunidades indígenas y un proceso de consulta previa que sea efectivo y a la misma vez, aceptado por los principales actores sociales. Las prácticas actuales del gobierno no satisfacen los requerimientos de participación de parte de la comunidad, ni las mejores prácticas sobre cómo realizar una consulta previa efectiva, ni los requisitos de la jurisprudencia internacional, y dado que la minería a gran escala se encuentra en sus etapas iniciales, resulta urgente que el gobierno aborde la cuestión a fin de evitar el escalamiento del descontento comunitario”.
Puede ver también cómo advertía desde entonces los graves problemas que se debían enfrentar de la minería ilegal y el contrabando, en los últimos cinco años convertidos en un pozo sin fondo: “Parte de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en Ecuador se encuentra relacionada con actividades ilícitas como narcotráfico, trabajo infantil y contrabando.
"El Viceministerio de Minas es consciente de los problemas y ha actuado para prohibirla y controlarla pero no ha resultado. Se realizan acciones de control por parte del CECMI (Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal, ndlr) en zonas particulares, pero no se prevé todavía una solución o programa a largo plazo que presente posibilidades del éxito.
"Existen tres grupos en el subsector de la MAPE: los formalizados, los que no se han formalizado por falta de información o incentivos y los que pertenecen a organizaciones ilícitas. Distinguir entre la segunda y la tercera de estas categorías es un desafío. El gobierno considera “minería ilegal” tanto a aquellos que conocen las posibilidades de la formalización pero no están en proceso, como a aquellos realizando actividades ilícitas como trabajo infantil, conectados con el narcotráfico o contrabando.
"Esto afecta al desarrollo de políticas para combatir dos problemas diferentes.
"El contrabando es un problema grave. El comparativo de números de exportación de oro de la MAPE y del oro declarado ante el Banco Central de Ecuador o ARCOM en el período de 2010 a 2014 revela que 70% de las exportaciones de oro fueron de origen ilícito al no haber sido declarado y su origen ser desconocido (Irvin, 2017). Además, el número de exportaciones fue creciendo rápidamente año a año durante estos años.
"Asimismo, se presenta un sistema de lavado de oro con el fin de entrar a los mercados internacionales a través de exportadores y otros actores de la cadena de valor. Con los controles de Perú en la última década, el oro peruano ha encontrado una vía de exportación ilegal a través de Ecuador (Irvin, 2017). Ecuador carece de trazabilidad de su oro ilegal de la MAPE. La exportación de oro de Ecuador parece más grande que la producción”.
Nuestros deseos de que la buena voluntad se sume a la buena fe y voluntad política de algún gobierno.
Durante la semana anterior, la viceministra de Minas, Rebeca Illescas, mantuvo una reunión con representantes del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minería, Metales y Desarrollo Sustentable (IGF, por sus siglas en ingles), con el fin de abordar temas enfocados en la promoción de prácticas mineras responsables y sostenibles con el ambiente.
Además, se trazaron nuevos compromisos para el 2025, encaminados al establecimiento de un trabajo conjunto entre varias entidades para la asistencia técnica y revisión de reglamentos y normativas que permitirán el fortalecimiento del sector minero ecuatoriano.
Hace pocos años, el IFG realizó por pedido del Ecuador un estudio titulado Evaluación del Marco de Políticas Mineras: Ecuador, un informe de 72 páginas entregado al Gobierno y al entonces Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables en enero de 2018 y actualizado a 2019, debido a varios cambios en la legislación y jurisprudencia nacional.
Ese informe presentó la evaluación de Ecuador, como pensada con el propósito de ayudar al gobierno a enfocar sus esfuerzos en la implementación del Marco de Políticas Mineras (MPM) del IGF, apoyar los esfuerzos de capacitación y permitir el monitoreo del progreso en el tiempo.
El personal de la Secretaría del IGF realizó la evaluación entre septiembre de 2017 y enero de 2018, con trabajo adicional a fines del 2018. El proceso incluyó una revisión exhaustiva de documentación, entre leyes y políticas nacionales e internacionales clave, así como una visita de campo de siete días al país, durante la cual el equipo del proyecto se reunió con una amplia gama de partes interesadas del gobierno, sociedad civil, organizaciones internacionales y el sector privado.
Al parecer el documento fue refundido en alguna gaveta, o sus conclusiones no fueron suficientes o simplemente no se le puso interés: cuando Vía Minera preguntó a un viceministro de Minas cómo se va a proceder para poner en práctica las recomendaciones del mismo, aquella autoridad nos respondió ¿cuál informe?
Y si llegó hasta acá le vamos a contar algo más, como para ilustrarle: en el capítulo de Recomendaciones, como primera prioridad, el documento reza:
“Con un enfoque especial en la consulta previa, es necesario un ejercicio de profundización para lograr acuerdos con las comunidades indígenas y un proceso de consulta previa que sea efectivo y a la misma vez, aceptado por los principales actores sociales. Las prácticas actuales del gobierno no satisfacen los requerimientos de participación de parte de la comunidad, ni las mejores prácticas sobre cómo realizar una consulta previa efectiva, ni los requisitos de la jurisprudencia internacional, y dado que la minería a gran escala se encuentra en sus etapas iniciales, resulta urgente que el gobierno aborde la cuestión a fin de evitar el escalamiento del descontento comunitario”.
Puede ver también cómo advertía desde entonces los graves problemas que se debían enfrentar de la minería ilegal y el contrabando, en los últimos cinco años convertidos en un pozo sin fondo: “Parte de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en Ecuador se encuentra relacionada con actividades ilícitas como narcotráfico, trabajo infantil y contrabando.
"El Viceministerio de Minas es consciente de los problemas y ha actuado para prohibirla y controlarla pero no ha resultado. Se realizan acciones de control por parte del CECMI (Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal, ndlr) en zonas particulares, pero no se prevé todavía una solución o programa a largo plazo que presente posibilidades del éxito.
"Existen tres grupos en el subsector de la MAPE: los formalizados, los que no se han formalizado por falta de información o incentivos y los que pertenecen a organizaciones ilícitas. Distinguir entre la segunda y la tercera de estas categorías es un desafío. El gobierno considera “minería ilegal” tanto a aquellos que conocen las posibilidades de la formalización pero no están en proceso, como a aquellos realizando actividades ilícitas como trabajo infantil, conectados con el narcotráfico o contrabando.
"Esto afecta al desarrollo de políticas para combatir dos problemas diferentes.
"El contrabando es un problema grave. El comparativo de números de exportación de oro de la MAPE y del oro declarado ante el Banco Central de Ecuador o ARCOM en el período de 2010 a 2014 revela que 70% de las exportaciones de oro fueron de origen ilícito al no haber sido declarado y su origen ser desconocido (Irvin, 2017). Además, el número de exportaciones fue creciendo rápidamente año a año durante estos años.
"Asimismo, se presenta un sistema de lavado de oro con el fin de entrar a los mercados internacionales a través de exportadores y otros actores de la cadena de valor. Con los controles de Perú en la última década, el oro peruano ha encontrado una vía de exportación ilegal a través de Ecuador (Irvin, 2017). Ecuador carece de trazabilidad de su oro ilegal de la MAPE. La exportación de oro de Ecuador parece más grande que la producción”.
Nuestros deseos de que la buena voluntad se sume a la buena fe y voluntad política de algún gobierno.
Perú: Presupuesto para combatir
la minería ilegal se redujo en 37%
Diciembre 15 de 2024.- El gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Carlos Gallardo manifestó que, en los últimos cinco años, el presupuesto para combatir la minería ilegal se redujo en un 37%, por lo que las acciones de erradicación han disminuido y no se ha sostenido una estrategia integral.
En entrevista para el programa Diálogos Mineros del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), subrayó que otra de las razones por las que continúa avanzando la minería ilegal, es que no hay articulación entre las instituciones del Estado.
“El mismo alto comisionado para la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, ha señalado que tiene limitaciones de personal y de recursos públicos para hacer su trabajo. Entonces, por más bien intencionado que pueda ser, no va a poder hacer un buen trabajo por falta de recursos y eso lo ve el Ministerio de Economía y Finanzas”, explicó.
Asimismo, consideró que un trabajo coordinado entre países para seguir la trazabilidad del oro podría ayudar a combatir la minería ilegal. Por ejemplo, sostuvo, que se debería tener coordinaciones con los principales importadores como Estados Unidos de América, Suiza, India, Emiratos Árabes y Canadá, con el fin de fiscalizar si el oro que salió del país es legal o no.
De otro lado, afirmó que de 23 proyectos mineros que están demorados por razones ajenas a la voluntad de las empresas, solo ocho tienen fecha de inicio. “La principal razón para que no se ejecuten estas iniciativas, es la conflictividad social”, puntualizó.
En entrevista para el programa Diálogos Mineros del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), subrayó que otra de las razones por las que continúa avanzando la minería ilegal, es que no hay articulación entre las instituciones del Estado.
“El mismo alto comisionado para la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, ha señalado que tiene limitaciones de personal y de recursos públicos para hacer su trabajo. Entonces, por más bien intencionado que pueda ser, no va a poder hacer un buen trabajo por falta de recursos y eso lo ve el Ministerio de Economía y Finanzas”, explicó.
Asimismo, consideró que un trabajo coordinado entre países para seguir la trazabilidad del oro podría ayudar a combatir la minería ilegal. Por ejemplo, sostuvo, que se debería tener coordinaciones con los principales importadores como Estados Unidos de América, Suiza, India, Emiratos Árabes y Canadá, con el fin de fiscalizar si el oro que salió del país es legal o no.
De otro lado, afirmó que de 23 proyectos mineros que están demorados por razones ajenas a la voluntad de las empresas, solo ocho tienen fecha de inicio. “La principal razón para que no se ejecuten estas iniciativas, es la conflictividad social”, puntualizó.
ENAMI EP: tres opciones para canalizar
inversiones con catastro minero cerrado
El gerente de Enami EP, Emmanuel Delaune, en una reciente comparecencia en la Asamblea Nacional.
Diciembre 8 de 2024.- Los acuerdos comerciales, la cesión y transferencia de concesiones mineras y la opción preferencial o primera opción para la empresa por su carácter estatal en el caso de solicitar concesiones, son los tres dispositivos legales que adelanta la Empresa Nacional Minera EP (Enami EP), para canalizar inversiones extranjeras en exploración, en los proyectos propios y nuevas concesiones.
Con el catastro minero ecuatoriano cerrado desde 2018, se observa a estas formas legales como una opción interesante para atraer inversión extranjera en minería.
Tres acuerdos comerciales con empresas extranjeras de importancia mundial ha establecido la Enami EP durante el último año: con Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining S.A., con Barrick International Ltd. y con Solaris Resources Inc.. Emmanuel Delaune, gerente general, expresó las bondades de los acuerdos, en el marco del Enaep 2024.
Los acuerdos comerciales entre la empresa estatal y las empresas privadas, constituyen un dispositivo legal que se creó a través de un reglamento emitido en 2023, que permite contratar a través a empresas para que realicen exploración en áreas mineras. Como parte de los acuerdos, las mineras pagarán a Enami EP un 1%.
El 1 de febrero se convocó al “Concurso Público de Mejor Postura para la Suscripción De Acuerdos Comerciales con a Enami EP” tendiente al desarrollo de proyectos mineros a fin de viabilizar la capacidad comercial y operativa de la Enami EP, en cumplimiento de sus objetivos empresariales, en observancia de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y demás normativa aplicable.
El llamado incluyó a todas las personas jurídicas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras para que presenten sus ofertas técnicas y posturas económicas para ser seleccionadas a suscribir los acuerdos comerciales.
Sin embargo, el acuerdo con Barrick se firmó el 19 septiembre de 2023 con el cual la minera canadiense se comprometió a invertir US$ 27,5 millones en exploraciones en 40 000 hectáreas en el sur de Ecuador, y habría pagado US$ 275 000 a Enami EP.
El gerente general de la Enami EP de ese entonces era Santiago Chamorro Hidalgo y el apoderado de compañía Barrick International Ltd. en el Ecuador, Adan Manfredo Pinos Zeballos y las negociaciones habían empezado en 2022 cuando el entonces ministro Xavier Vera Grunauer, ahora preso por corrupción, anunció en Canadá que Enami EP firmó un memorándum de entendimiento con la minera canadiense.
Barrick es una empresa líder mundial en producción de oro y cobre, presente en 19 países en cuatro continentes. Durante 2022, generó más de US$ 10,6 mil millones, 21 000 plazas de empleos, US$ 6 mil millones con proveedores y socios comerciales locales y más de US$ 36 millones en desarrollo comunitario.
De otro lado, el 4 de abril de 2024 se suscribió el acuerdo comercial entre Enami Ep y Hanrine (subsidiaria de la empresa australiana Hancock Prospecting PTY LTD.), que permitirá la exploración de 28 276 hectáreas, divididas en 6 concesiones, ubicadas en la provincia de Imbabura, mediante una inversión total de US$ 120 millones.
Pero este acuerdo con Hanrine provocó una acción legal de la empresa Exploraciones Mineras Andinas Ecuador (Emsaec), subsidiaria de Codelco en Ecuador, que presentó una acción de protección con medidas cautelares contra Enami el 22 de marzo. Emsaec alegó que Enami violó su derecho a la igualdad formal y no discriminación al no permitirle participar en un concurso para la adjudicación del contrato pero en mayo el tribunal falló en contra de Codelco.
Codelco impugnó la justicia de una de ellas con una acción de protección pero perdió en un tribunal porque el reglamento del concurso excluía de participar a empresas con litigios legales con Enami EP y Codelco tiene pendiente un arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arbitraje de París, por la asociación fallida para desarrollar el proyecto Llurimagua.
Finalmente, el 7 de mayo, la Enami Ep firmó un acuerdo comercial con la canadiense Solaris Resources Inc. para explorar 39 mil hectáreas con gran potencial minero, por una inversión será de US$ 25 millones.
Delaune es gerente de la empresa desde febrero y antes ocupó varios cargos dentro del Ministerio de Energía y Minas (MEM), durante 7 años. Fue director de Información y Transparencia, subsecretario de Minería Artesanal y Pequeña Minería; y, viceministro de Minas. Además, ocupó el cargo de secretario técnico del capítulo Ecuador de la Iniciativa de Transparencia de la Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), luego de un largo período de acefalía en esa entidad.
“A través de los acuerdos comerciales con Hanrine, Barrick y Solaris hemos generado un compromiso de inversión de 172,5 millones de dólares que nos va a generar un flujo cada año que nos va a permitir la autogestión de esta empresa, afirmó el economista en un panel de Enaep 2024 realizada hace quince días.
Los acuerdos fueron anunciados con un componente de aporte de un 1% para la Enami, por lo que estarían disponibles para los próximos años 17,25 millones en fondos para que la empresa pueda afrontar su autogestión y sus deudas que, en cuentas, ascendió a 5 millones en 2023.
Con el catastro minero ecuatoriano cerrado desde 2018, se observa a estas formas legales como una opción interesante para atraer inversión extranjera en minería.
Tres acuerdos comerciales con empresas extranjeras de importancia mundial ha establecido la Enami EP durante el último año: con Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining S.A., con Barrick International Ltd. y con Solaris Resources Inc.. Emmanuel Delaune, gerente general, expresó las bondades de los acuerdos, en el marco del Enaep 2024.
Los acuerdos comerciales entre la empresa estatal y las empresas privadas, constituyen un dispositivo legal que se creó a través de un reglamento emitido en 2023, que permite contratar a través a empresas para que realicen exploración en áreas mineras. Como parte de los acuerdos, las mineras pagarán a Enami EP un 1%.
El 1 de febrero se convocó al “Concurso Público de Mejor Postura para la Suscripción De Acuerdos Comerciales con a Enami EP” tendiente al desarrollo de proyectos mineros a fin de viabilizar la capacidad comercial y operativa de la Enami EP, en cumplimiento de sus objetivos empresariales, en observancia de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y demás normativa aplicable.
El llamado incluyó a todas las personas jurídicas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras para que presenten sus ofertas técnicas y posturas económicas para ser seleccionadas a suscribir los acuerdos comerciales.
Sin embargo, el acuerdo con Barrick se firmó el 19 septiembre de 2023 con el cual la minera canadiense se comprometió a invertir US$ 27,5 millones en exploraciones en 40 000 hectáreas en el sur de Ecuador, y habría pagado US$ 275 000 a Enami EP.
El gerente general de la Enami EP de ese entonces era Santiago Chamorro Hidalgo y el apoderado de compañía Barrick International Ltd. en el Ecuador, Adan Manfredo Pinos Zeballos y las negociaciones habían empezado en 2022 cuando el entonces ministro Xavier Vera Grunauer, ahora preso por corrupción, anunció en Canadá que Enami EP firmó un memorándum de entendimiento con la minera canadiense.
Barrick es una empresa líder mundial en producción de oro y cobre, presente en 19 países en cuatro continentes. Durante 2022, generó más de US$ 10,6 mil millones, 21 000 plazas de empleos, US$ 6 mil millones con proveedores y socios comerciales locales y más de US$ 36 millones en desarrollo comunitario.
De otro lado, el 4 de abril de 2024 se suscribió el acuerdo comercial entre Enami Ep y Hanrine (subsidiaria de la empresa australiana Hancock Prospecting PTY LTD.), que permitirá la exploración de 28 276 hectáreas, divididas en 6 concesiones, ubicadas en la provincia de Imbabura, mediante una inversión total de US$ 120 millones.
Pero este acuerdo con Hanrine provocó una acción legal de la empresa Exploraciones Mineras Andinas Ecuador (Emsaec), subsidiaria de Codelco en Ecuador, que presentó una acción de protección con medidas cautelares contra Enami el 22 de marzo. Emsaec alegó que Enami violó su derecho a la igualdad formal y no discriminación al no permitirle participar en un concurso para la adjudicación del contrato pero en mayo el tribunal falló en contra de Codelco.
Codelco impugnó la justicia de una de ellas con una acción de protección pero perdió en un tribunal porque el reglamento del concurso excluía de participar a empresas con litigios legales con Enami EP y Codelco tiene pendiente un arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arbitraje de París, por la asociación fallida para desarrollar el proyecto Llurimagua.
Finalmente, el 7 de mayo, la Enami Ep firmó un acuerdo comercial con la canadiense Solaris Resources Inc. para explorar 39 mil hectáreas con gran potencial minero, por una inversión será de US$ 25 millones.
Delaune es gerente de la empresa desde febrero y antes ocupó varios cargos dentro del Ministerio de Energía y Minas (MEM), durante 7 años. Fue director de Información y Transparencia, subsecretario de Minería Artesanal y Pequeña Minería; y, viceministro de Minas. Además, ocupó el cargo de secretario técnico del capítulo Ecuador de la Iniciativa de Transparencia de la Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), luego de un largo período de acefalía en esa entidad.
“A través de los acuerdos comerciales con Hanrine, Barrick y Solaris hemos generado un compromiso de inversión de 172,5 millones de dólares que nos va a generar un flujo cada año que nos va a permitir la autogestión de esta empresa, afirmó el economista en un panel de Enaep 2024 realizada hace quince días.
Los acuerdos fueron anunciados con un componente de aporte de un 1% para la Enami, por lo que estarían disponibles para los próximos años 17,25 millones en fondos para que la empresa pueda afrontar su autogestión y sus deudas que, en cuentas, ascendió a 5 millones en 2023.
Marcelo Álvarez, director ejecutivo de Relaciones Gubernamentales para Barrick Sudamérica, atendiendo el evento Enaep 2024 en Quito el 26 de noviembre.
Respecto a la oportunidad que representa el haber accedido al acuerdo comercial con Enami, Marcelo Álvarez, director ejecutivo de Relaciones Gubernamentales para Barrick Sudamérica presente en Quito el panel de Enaep 2024, afirmó lo siguiente:
“Nosotros tenemos mucha experiencia en trabajar de la mano del Estado y de hecho en Barrick promovemos la alianza con los estados, creemos que es una herramienta muy poderosa para el desarrollo de manera armónica, porque el Estado al ser socio también tiene la responsabilidad de llevar adelante la conducción de l mina y eso es importante porque hoy, en los momentos que estamos viviendo el Estado presente, responsable en el desarrollo de un proyecto es crítico para el éxito de una operación”.
Agregó que la compañía tiene unos 6-7 países con acuerdos con los estados y además, promueve acuerdos económicos 50 y 50 para que esa responsabilidad no solo se vea en términos de impuestos, se vea también en ganancias a partir de las utilidades.
“Vemos los acuerdos como una herramienta de trabajo con el Estado importante para este momento del país en que el catastro permanece cerrado, una herramienta que trabajarla y perfeccionarla para que sea útil. Creo que ese trabajo que estamos haciendo hoy con la Enami de perfeccionar los acuerdos va a ser una base fundamental para el futuro”, agregó.
Por otro lado, Delaune anunció dos dispositivos adicionales como parte de un plan de acción para financiar la gestión de la Enami un plan de expansión a través del derecho preferente de primera opción que nos otorga como empresa pública la normativa, desde la Constitución, la Ley de Minería y su reglamento.
El otro instrumento, para lograr inversiones que al invertirse dinamicen las economías locales de las poblaciones ubicadas dentro de las concesiones, se hizo público con la Resolución Nro. ENAMI-ENAMI-2024-0018-RLS, del 6 de agosto, y se trata de la reforma al Reglamento para la cesión y transferencia de derechos de las concesiones mineras de la Enami EP que forman parte de su portafolio de proyectos.
Este instrumento tiene que ser aplicado a través de concursos públicos abiertos, de acuerdo a Emanuel Delaune, para que de manera técnica, transparente, legal y con una visión a largo plazo, la Enami EP administre adecuadamente su cartera de proyectos, decidiendo, con independencia y de acuerdo con sus intereses institucionales, cuáles proyectos puede desarrollar por sí misma y cuáles se encuentran sujetos a cederse a la empresa privada.
“Nosotros tenemos mucha experiencia en trabajar de la mano del Estado y de hecho en Barrick promovemos la alianza con los estados, creemos que es una herramienta muy poderosa para el desarrollo de manera armónica, porque el Estado al ser socio también tiene la responsabilidad de llevar adelante la conducción de l mina y eso es importante porque hoy, en los momentos que estamos viviendo el Estado presente, responsable en el desarrollo de un proyecto es crítico para el éxito de una operación”.
Agregó que la compañía tiene unos 6-7 países con acuerdos con los estados y además, promueve acuerdos económicos 50 y 50 para que esa responsabilidad no solo se vea en términos de impuestos, se vea también en ganancias a partir de las utilidades.
“Vemos los acuerdos como una herramienta de trabajo con el Estado importante para este momento del país en que el catastro permanece cerrado, una herramienta que trabajarla y perfeccionarla para que sea útil. Creo que ese trabajo que estamos haciendo hoy con la Enami de perfeccionar los acuerdos va a ser una base fundamental para el futuro”, agregó.
Por otro lado, Delaune anunció dos dispositivos adicionales como parte de un plan de acción para financiar la gestión de la Enami un plan de expansión a través del derecho preferente de primera opción que nos otorga como empresa pública la normativa, desde la Constitución, la Ley de Minería y su reglamento.
El otro instrumento, para lograr inversiones que al invertirse dinamicen las economías locales de las poblaciones ubicadas dentro de las concesiones, se hizo público con la Resolución Nro. ENAMI-ENAMI-2024-0018-RLS, del 6 de agosto, y se trata de la reforma al Reglamento para la cesión y transferencia de derechos de las concesiones mineras de la Enami EP que forman parte de su portafolio de proyectos.
Este instrumento tiene que ser aplicado a través de concursos públicos abiertos, de acuerdo a Emanuel Delaune, para que de manera técnica, transparente, legal y con una visión a largo plazo, la Enami EP administre adecuadamente su cartera de proyectos, decidiendo, con independencia y de acuerdo con sus intereses institucionales, cuáles proyectos puede desarrollar por sí misma y cuáles se encuentran sujetos a cederse a la empresa privada.
Proliferan estándares de minerías responsables
Diciembre 1 de 2024.- Un fenómeno que ronda los distritos mineros y una opción alternativa son objeto de análisis en el programa del martes 4 de marzo en la convención de exploración y minería más importante del mundo, la Convención de Prospectores y Exploradores del Canadá, PDAC por sus siglas en inglés, que tendrá lugar en Toronto del 3 al 5 de marzo del 2025.
¿Por qué tenemos que simplificar urgentemente el panorama de las normas mineras responsables? Se plantea como interrogante y se propone una actualización de la iniciativa estándar de minería consolidada.
La archi conocida por entendidos convención reúne a 30 000 asistentes de más de 130 países por su programación educativa, eventos de networking, oportunidades comerciales y diversión. Desde que comenzó en 1932, la convención ha crecido en tamaño, estatura e influencia. Hoy, es el evento elegido por la industria minera mundial y alberga a más de 1100 expositores y 700 oradores.
La proliferación de normas mineras responsables ha añadido complejidad al desempeño y a los paisajes de presentación de informes. Las partes interesadas exigen un sistema racionalizado, transparente y robusto que pueda impulsar la mejora en toda la industria. Para satisfacer esta necesidad, Copper Mark, el Consejo Mundial de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés), la Asociación de Minería de Canadá (MAC, por sus siglas en inglés) y el Consejo Mundial del Oro (WGC, por sus siglas en inglés) están trabajando para consolidar sus estándares en un estándar global con supervisión de múltiples partes interesadas.
Este panel discute la justificación, las consideraciones de diseño y las implicaciones de esta consolidación para la industria y más allá.
Entre los detalles de la sesión que se va a realizar de 3:30 p.m. a 4:30 p.m. consta en el programa que la presentadora será Jennifer Prospero de Eldorado Oro, e intervendrán como expositores Richard Paquin, representante laboral de Unifor y Pierre Gratton, la Asociación de Minería de Canadá.
¿Por qué tenemos que simplificar urgentemente el panorama de las normas mineras responsables? Se plantea como interrogante y se propone una actualización de la iniciativa estándar de minería consolidada.
La archi conocida por entendidos convención reúne a 30 000 asistentes de más de 130 países por su programación educativa, eventos de networking, oportunidades comerciales y diversión. Desde que comenzó en 1932, la convención ha crecido en tamaño, estatura e influencia. Hoy, es el evento elegido por la industria minera mundial y alberga a más de 1100 expositores y 700 oradores.
La proliferación de normas mineras responsables ha añadido complejidad al desempeño y a los paisajes de presentación de informes. Las partes interesadas exigen un sistema racionalizado, transparente y robusto que pueda impulsar la mejora en toda la industria. Para satisfacer esta necesidad, Copper Mark, el Consejo Mundial de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés), la Asociación de Minería de Canadá (MAC, por sus siglas en inglés) y el Consejo Mundial del Oro (WGC, por sus siglas en inglés) están trabajando para consolidar sus estándares en un estándar global con supervisión de múltiples partes interesadas.
Este panel discute la justificación, las consideraciones de diseño y las implicaciones de esta consolidación para la industria y más allá.
Entre los detalles de la sesión que se va a realizar de 3:30 p.m. a 4:30 p.m. consta en el programa que la presentadora será Jennifer Prospero de Eldorado Oro, e intervendrán como expositores Richard Paquin, representante laboral de Unifor y Pierre Gratton, la Asociación de Minería de Canadá.
La Arcernnr tiene nueva Directora Ejecutiva
Diciembre 17 de 2023.- Kathya Delgado Arévalo ingeniera en Electricidad con especialidad en Electrónica Industrial, por la Escuela Politécnica del Litoral fue designada directora ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control Naturales No Renovables, Arcernnr, e inició su gestión el 6 de diciembre de 2023.
La profesional es también master en Sistemas Eléctricos de Potencia.
Su experiencia labora incluye más de 20 años en diseño, supervisión y administración de mantenimiento, construcción y montaje de sistemas eléctricos; planeación, programación, coordinación, control administrativo y técnico en diferentes etapas de ejecución de proyectos; formulación, implementación y evaluación de proyectos y programas de empresas públicas; manejo del sistema nacional de compras públicas y contratación de proyectos con financiamiento del Estado.
En relación con las competencias de la agencia de control, también exhibe experiencia laboral especializada en la coordinación de los equipos de trabajo para control y seguimiento del cumplimiento de normativa eléctrica en la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel.
En la Espol ha sido parte también de la implementación del Programa de Sostenibilidad institucional, coordinadora de proyectos en Espoltech EP, gerente general y representante legal de Espoletel, institución pública de prestación de servicios enfocados en tecnología y transformación digital para empresas públicas.
En otra de sus facetas profesionales, ha desarrollado procesos de comunicación asertiva y solución de problemas en grupos de trabajo de entidades públicas como el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Finanzas.
Ha sido delegada del Ecuador en reuniones sobre Integración Energética en la Comunidad Andina y ha participado como delegada de Conelec-Arconel, en audiencias de mediación y arbitraje internacional.
Al momento de asumir el cargo, estaba cursando la Maestría en Políticas y Gestión Pública en su alma mater, la Espol.
La profesional es también master en Sistemas Eléctricos de Potencia.
Su experiencia labora incluye más de 20 años en diseño, supervisión y administración de mantenimiento, construcción y montaje de sistemas eléctricos; planeación, programación, coordinación, control administrativo y técnico en diferentes etapas de ejecución de proyectos; formulación, implementación y evaluación de proyectos y programas de empresas públicas; manejo del sistema nacional de compras públicas y contratación de proyectos con financiamiento del Estado.
En relación con las competencias de la agencia de control, también exhibe experiencia laboral especializada en la coordinación de los equipos de trabajo para control y seguimiento del cumplimiento de normativa eléctrica en la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel.
En la Espol ha sido parte también de la implementación del Programa de Sostenibilidad institucional, coordinadora de proyectos en Espoltech EP, gerente general y representante legal de Espoletel, institución pública de prestación de servicios enfocados en tecnología y transformación digital para empresas públicas.
En otra de sus facetas profesionales, ha desarrollado procesos de comunicación asertiva y solución de problemas en grupos de trabajo de entidades públicas como el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Finanzas.
Ha sido delegada del Ecuador en reuniones sobre Integración Energética en la Comunidad Andina y ha participado como delegada de Conelec-Arconel, en audiencias de mediación y arbitraje internacional.
Al momento de asumir el cargo, estaba cursando la Maestría en Políticas y Gestión Pública en su alma mater, la Espol.
Nuevas autoridades reconocen importancia de la minería
Andrea Arrobo
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Carolina Suárez
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Diciembre 10 de 2023.- Andrea Arrobo, ministra de Energía y Minas, hizo su primer discurso en un evento semipúblico señalando su compromiso con el desarrollo del sector minero por su importancia para fortalecer la economía nacional en el gobierno del “nuevo Ecuador”, como se autodenomina la gestión del presidente Daniel Noboa.
Para ello mencionó la exportación total de unos US$ 5000 millones en minerales de las primeras minas de gran escala y 10 000 millones en inversiones proyectadas para poner a producir a los proyectos mineros que conforman el portafolio de priorizados.
Habló de que desde su cartera enfrenta un nuevo desafío en el cual “contar con sus iniciativas y propuestas es de vital importancia más cuando la minería representa para el Ecuador el cuarto rubro de exportaciones no tradicionales”.
Las declaraciones las hizo en la jornada nocturna del XVIII Encuentro Anual de Minería ENAEP 2023 “Innovación y minerales críticos para la Transición Energética”, que se llevó a cabo en Quito el 7 de diciembre en el Club La Unión con la presencia de empresarios del sector mineroenergético.
La reunión, organizada por María Rosa Tapia, de Seminarium, contó también con la participación de la ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Sonsoles García, Stephen Potter, embajador de Canadá en Ecuador, Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de Olade y José Ramón Gómez, del BID y el director ejecutivo de Antofagasta Minerals, presidente del Consejo Minero de Chile y primer latinoamericano presidente del Consejo Internacional de Minería y Metales, Iván Arriagada.
Tenemos el horizonte claro, dijo Arrobo al arrancar su intervención. “Impulsar la inversión y la innovación para la generación de nuevos proyectos mineros pero para lograrlo necesitamos trabajar de manera articulada con el sector privado”.
Agregó que para lograrlo, “en el nuevo Ecuador las instituciones ya no serán aisladas, repúblicas independientes, sino que trabajarán juntas bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa Azin, para crear sinergias y atraer capitales internacionales pues hoy más que nunca son claves para cumplir con nuestros objetivos, una minería responsable y sostenible”.
Estamos comprometidos en crear un entorno seguro y transparente para las empresas nacionales e internacionales y desde el gobierno tomaremos la iniciativa para darles seguridad jurídica, agregó.
Además de la producción de las dos minas a gran escala, Mirador y Fruta del Norte, mencionó seis proyectos que tienen un gran potencial para contribuir significativamente al progreso económico económico del país: Loma Grande, Curipamba, La Plata, Cascabel, Warintza y Cangrejos, entre otros.
“Hasta la fecha las dos minas mencionadas han producido y comercializado en oro y cobre un monto total de 5000 millones de dólares”, afirmó.
Y entre los aportes adicionales, puso de manifiesto que más allá de impulsar el desarrollo económico del país, estos proyectos han generado empleo y han aportado a través de diferentes programas sociales, el desarrollo de las comunidades en la zona donde se encuentran.
En relación con los proyectos que aún no han iniciado su producción, precisó, se tiene una inversión de Capex de más de 10.000 millones de dólares.
Hoy más que nunca en Ecuador necesita del apoyo de la inversión, destacó para enfatizar que “nuestra responsabilidad es apoyar que las actividades se desarrollen en cada uno de los proyectos y que se ejecuten de forma responsable, sostenible y conforme a la normativa ecuatoriana”.
Y puntualizar que “en la actividad minera, la responsabilidad implica no sólo la eficiencia en la extracción de los recursos, sino en un profundo compromiso con la preservación del ambiente y el respeto hacia las comunidades directamente vinculadas a los proyectos mineros.
“La minería responsable se orienta hacia prácticas que minimizan el impacto ambiental incorporando tecnología avanzada y metodología que permita la recuperación y restauración de las áreas afectadas, además implica un enfoque participativo y consultivo para las comunidades locales asegurando que sus voces sean escuchadas y sus preocupaciones abordadas de manera directa”, dijo la ministra frente a los gerentes, técnicos y líderes gremiales del sector minero.
Finalizó asegurando que “nuestro ministerio es de puertas abiertas y la transparencia siempre será bienvenida, por lo que tengo la predisposición de escucharlos para llegar a soluciones de gran beneficio y de mutuo beneficio”.
Por su parte, la ministra García, en su intervención destacó el rol de la articulación pública - privada para impulsar el desarrollo de las industrias con un enfoque de responsabilidad social y desarrollo sostenible, que permita generar empleo y atraer inversiones de calidad y a largo plazo.
En el panel sobre “Género, diversidad y energía”, que se cumplió en la mañana, la viceministra de Minas, Carolina Suárez aseguró que tanto para el Ministerio como para su Viceministerio, uno de los intereses principales es la profesionalización de las mujeres.
“De hecho, hoy en la mañana tuvimos una conversación con la cámara de minería y uno de los puntos claves para nosotros es promover el apoyo a las mujeres en el sector minero”, aseguró.
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Para ello mencionó la exportación total de unos US$ 5000 millones en minerales de las primeras minas de gran escala y 10 000 millones en inversiones proyectadas para poner a producir a los proyectos mineros que conforman el portafolio de priorizados.
Habló de que desde su cartera enfrenta un nuevo desafío en el cual “contar con sus iniciativas y propuestas es de vital importancia más cuando la minería representa para el Ecuador el cuarto rubro de exportaciones no tradicionales”.
Las declaraciones las hizo en la jornada nocturna del XVIII Encuentro Anual de Minería ENAEP 2023 “Innovación y minerales críticos para la Transición Energética”, que se llevó a cabo en Quito el 7 de diciembre en el Club La Unión con la presencia de empresarios del sector mineroenergético.
La reunión, organizada por María Rosa Tapia, de Seminarium, contó también con la participación de la ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Sonsoles García, Stephen Potter, embajador de Canadá en Ecuador, Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de Olade y José Ramón Gómez, del BID y el director ejecutivo de Antofagasta Minerals, presidente del Consejo Minero de Chile y primer latinoamericano presidente del Consejo Internacional de Minería y Metales, Iván Arriagada.
Tenemos el horizonte claro, dijo Arrobo al arrancar su intervención. “Impulsar la inversión y la innovación para la generación de nuevos proyectos mineros pero para lograrlo necesitamos trabajar de manera articulada con el sector privado”.
Agregó que para lograrlo, “en el nuevo Ecuador las instituciones ya no serán aisladas, repúblicas independientes, sino que trabajarán juntas bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa Azin, para crear sinergias y atraer capitales internacionales pues hoy más que nunca son claves para cumplir con nuestros objetivos, una minería responsable y sostenible”.
Estamos comprometidos en crear un entorno seguro y transparente para las empresas nacionales e internacionales y desde el gobierno tomaremos la iniciativa para darles seguridad jurídica, agregó.
Además de la producción de las dos minas a gran escala, Mirador y Fruta del Norte, mencionó seis proyectos que tienen un gran potencial para contribuir significativamente al progreso económico económico del país: Loma Grande, Curipamba, La Plata, Cascabel, Warintza y Cangrejos, entre otros.
“Hasta la fecha las dos minas mencionadas han producido y comercializado en oro y cobre un monto total de 5000 millones de dólares”, afirmó.
Y entre los aportes adicionales, puso de manifiesto que más allá de impulsar el desarrollo económico del país, estos proyectos han generado empleo y han aportado a través de diferentes programas sociales, el desarrollo de las comunidades en la zona donde se encuentran.
En relación con los proyectos que aún no han iniciado su producción, precisó, se tiene una inversión de Capex de más de 10.000 millones de dólares.
Hoy más que nunca en Ecuador necesita del apoyo de la inversión, destacó para enfatizar que “nuestra responsabilidad es apoyar que las actividades se desarrollen en cada uno de los proyectos y que se ejecuten de forma responsable, sostenible y conforme a la normativa ecuatoriana”.
Y puntualizar que “en la actividad minera, la responsabilidad implica no sólo la eficiencia en la extracción de los recursos, sino en un profundo compromiso con la preservación del ambiente y el respeto hacia las comunidades directamente vinculadas a los proyectos mineros.
“La minería responsable se orienta hacia prácticas que minimizan el impacto ambiental incorporando tecnología avanzada y metodología que permita la recuperación y restauración de las áreas afectadas, además implica un enfoque participativo y consultivo para las comunidades locales asegurando que sus voces sean escuchadas y sus preocupaciones abordadas de manera directa”, dijo la ministra frente a los gerentes, técnicos y líderes gremiales del sector minero.
Finalizó asegurando que “nuestro ministerio es de puertas abiertas y la transparencia siempre será bienvenida, por lo que tengo la predisposición de escucharlos para llegar a soluciones de gran beneficio y de mutuo beneficio”.
Por su parte, la ministra García, en su intervención destacó el rol de la articulación pública - privada para impulsar el desarrollo de las industrias con un enfoque de responsabilidad social y desarrollo sostenible, que permita generar empleo y atraer inversiones de calidad y a largo plazo.
En el panel sobre “Género, diversidad y energía”, que se cumplió en la mañana, la viceministra de Minas, Carolina Suárez aseguró que tanto para el Ministerio como para su Viceministerio, uno de los intereses principales es la profesionalización de las mujeres.
“De hecho, hoy en la mañana tuvimos una conversación con la cámara de minería y uno de los puntos claves para nosotros es promover el apoyo a las mujeres en el sector minero”, aseguró.
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Chile: Plantean nueva distribución
de recursos de royalty minero
Diciembre 10 de 2023.- Por 79 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, diputados chilenos respaldaron la resolución 821, propuesta por la diputada Yovana Ahumada, que solicita que el Gobierno proponga una modificación al sistema de distribución de los recursos derivados de la Ley sobre royalty a la minería.
En esta normativa existen diferentes mecanismos de reparto de los nuevos ingresos. Sin embargo, el texto se refiere, específicamente, a la utilización del sistema de reparto del Fondo Común Municipal. Aquí se explica que este fondo tiene como objetivo contribuir a la equidad territorial y financiera entre los municipios del país. Para esto, transfiere recursos desde las comunas con mayores ingresos hacia las de menores.
Así, este mecanismo pretende garantizar la provisión de servicios básicos y el desarrollo local en todo el territorio chileno. Con este objetivo, pondera los factores de ruralidad, pobreza y equidad de las comunas.
Sin embargo, en la resolución se argumenta que estos factores no consideran lo que deben soportar las comunas donde existe actividad minera. Esto no refleja lo que debería ser el espíritu del royalty, que debiese ser la compensación a las zonas geográficas que sufren la explotación minera.
Por esta razón, la propuesta solicita la creación de un polinomio o algoritmo específico para la distribución de los recursos del Royalty minero. Se espera que este privilegie, proporcionalmente, a las comunas que sustentan actividades mineras, en directa proporción a los volúmenes de explotación que han debido soportar y a las respectivas externalidades negativas generadas por dichos procesos.
Además, requiere que se considere otras variables socioeconómicas, como tasas de desempleo, nivel de ruralidad, niveles de analfabetismo, desarrollo de actividades económicas distintas de la minería, acceso a sistema de alcantarillado y agua potable, niveles de déficit de infraestructura vial, déficit de viviendas, porcentaje de población vulnerable presente en el territorio, tasas de sobrecarga por población migrante, niveles de delincuencia, déficit sanitarios, presencia de enfermedades asociadas a la explotación minera, entre otros.
Finalmente, establece que los aportes establecidos en la ley debiesen ser permanentes y no supeditados a un período acotado de tiempo. Esto, con el fin de permitir la proyección de inversiones de largo plazo para las zonas geográficas favorecidas con estos recursos adicionales.
En esta normativa existen diferentes mecanismos de reparto de los nuevos ingresos. Sin embargo, el texto se refiere, específicamente, a la utilización del sistema de reparto del Fondo Común Municipal. Aquí se explica que este fondo tiene como objetivo contribuir a la equidad territorial y financiera entre los municipios del país. Para esto, transfiere recursos desde las comunas con mayores ingresos hacia las de menores.
Así, este mecanismo pretende garantizar la provisión de servicios básicos y el desarrollo local en todo el territorio chileno. Con este objetivo, pondera los factores de ruralidad, pobreza y equidad de las comunas.
Sin embargo, en la resolución se argumenta que estos factores no consideran lo que deben soportar las comunas donde existe actividad minera. Esto no refleja lo que debería ser el espíritu del royalty, que debiese ser la compensación a las zonas geográficas que sufren la explotación minera.
Por esta razón, la propuesta solicita la creación de un polinomio o algoritmo específico para la distribución de los recursos del Royalty minero. Se espera que este privilegie, proporcionalmente, a las comunas que sustentan actividades mineras, en directa proporción a los volúmenes de explotación que han debido soportar y a las respectivas externalidades negativas generadas por dichos procesos.
Además, requiere que se considere otras variables socioeconómicas, como tasas de desempleo, nivel de ruralidad, niveles de analfabetismo, desarrollo de actividades económicas distintas de la minería, acceso a sistema de alcantarillado y agua potable, niveles de déficit de infraestructura vial, déficit de viviendas, porcentaje de población vulnerable presente en el territorio, tasas de sobrecarga por población migrante, niveles de delincuencia, déficit sanitarios, presencia de enfermedades asociadas a la explotación minera, entre otros.
Finalmente, establece que los aportes establecidos en la ley debiesen ser permanentes y no supeditados a un período acotado de tiempo. Esto, con el fin de permitir la proyección de inversiones de largo plazo para las zonas geográficas favorecidas con estos recursos adicionales.
Industriales recibirán incentivos por autogeneración de energía
Diciembre 3 de 2023.- El pliego tarifario del servicio de electricidad para el año 2024, que contempla las tarifas residenciales, industriales, alumbrado público, carga de vehículos e incentivos fue aprobado, este 30 de noviembre de 2023, por el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Arcernnr.
En condiciones en que el sector eléctrico a decir de la ministra Andrea Arrobo se encuentra en "terapia intensiva", se decidió mantener los incentivos para el sector industrial. Las pequeñas industrias conservarán el incentivo y también las
medianas y grandes que durante el periodo de estiaje se autoabastezcan con su propia generación y eviten el uso de la energía proveniente del Sistema Nacional Interconectado.
Como parte del orden del día, los integrantes del Directorio votaron a favor de conservar los mecanismos de cobro del servicio de alumbrado público. Así como, el establecimiento de las tarifas para la carga de vehículos con energía eléctrica.
Además, dispuso a la Agencia el desarrollo e implementación del procedimiento respectivo.
El Directorio fue presidido por el Viceministro de Electricidad y Energía Renovable, Ramiro Diaz. Además, participaron representantes de los Ministerios de Ambiente, Interior, Defensa, Gobierno y de la Secretaría Nacional de
Planificación.
En condiciones en que el sector eléctrico a decir de la ministra Andrea Arrobo se encuentra en "terapia intensiva", se decidió mantener los incentivos para el sector industrial. Las pequeñas industrias conservarán el incentivo y también las
medianas y grandes que durante el periodo de estiaje se autoabastezcan con su propia generación y eviten el uso de la energía proveniente del Sistema Nacional Interconectado.
Como parte del orden del día, los integrantes del Directorio votaron a favor de conservar los mecanismos de cobro del servicio de alumbrado público. Así como, el establecimiento de las tarifas para la carga de vehículos con energía eléctrica.
Además, dispuso a la Agencia el desarrollo e implementación del procedimiento respectivo.
El Directorio fue presidido por el Viceministro de Electricidad y Energía Renovable, Ramiro Diaz. Además, participaron representantes de los Ministerios de Ambiente, Interior, Defensa, Gobierno y de la Secretaría Nacional de
Planificación.
MEM retiró incentivo tarifario
al sector industrial a partir del 2024
Noviembre 26 de 2023.- Una de las últimas gestiones del anterior ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, fue la eliminación del incentivo tarifario de la energía eléctrica al sector industrial, con lo cual se incrementó en dos centavos el valor del kilovatio hora en el horario nocturno de las 22h00 a las 8h00. Las minas activas las 24 horas del día, en especial las que hacen un uso intensivo de la energía, Fruta del Norte y Mirador.
Tal parece que Fruta del Norte no se verá impactada en igual medida ya que tiene operando sus generadores termoeléctricos propios con los que ha ofrecido proveer de electricidad a las comunidades a su alrededor durante los cortes de energía que está resistiendo el país debido a la crisis de generación propia.
El incentivo tarifario se empezó a aplicar desde enero 2018 y consistió, principalmente, en la mencionada reducción que se aplicaba a consumos de energía eléctrica del sector industrial que pagaba 5 centavos el kilowatio hora (kWh) en lugar de 7.5 centavos que es la tarifa a esa hora.
En noviembre se dicta anualmente el pliego tarifario que rige desde el próximo año. De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, estudios demostraron que este subsidio no cumplió el objetivo de incrementar el empleo, debido a lo cual la recomendación fue su eliminación.
En un documento de trabajo reciente, consultores del Banco Mundial muestran las compensaciones mínimas existentes entre productividad y precio de la energía en Chile, además de la positiva relación entre productividad e inversiones y el precio de los combustibles fósiles.
El estudio sobre los efectos del precio de la energía en la competitividad empresarial en Chile, llegó al hallazgo de que no siempre la energía más barata es la mejor y en el mismo se establecen varias correlaciones entre las variaciones en el precio de la electricidad, la productividad empresarial y las salidas que dan las empresas a los incrementos de tarifas, y de acuerdo al tipo de fuente.
Las observaciones más relevantes del estudio pueden ser revisadas aquí: https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/efectos-del-precio-de-la-energia-en-la-competitividad-empresarial-en-chile?CID=WBW_AL_BlogNotification_ES_EXT
Con la medida tomada de última instancia en Ecuador, se puede incrementar la recaudación de las distribuidoras de energía eléctrica en unos USD 40 millones al año, lo cual aliviará la difícil situación financiera que mantienen, debido al subsidio generalizado a la tarifa eléctrica que paga el consumidor.
Corresponde a la Agencia de Regulación y Control de la Energía eliminar el subsidio a partir del año 2024, si es que las nuevas autoridades ratifican la resolución del ahora ex ministro.
Tal parece que Fruta del Norte no se verá impactada en igual medida ya que tiene operando sus generadores termoeléctricos propios con los que ha ofrecido proveer de electricidad a las comunidades a su alrededor durante los cortes de energía que está resistiendo el país debido a la crisis de generación propia.
El incentivo tarifario se empezó a aplicar desde enero 2018 y consistió, principalmente, en la mencionada reducción que se aplicaba a consumos de energía eléctrica del sector industrial que pagaba 5 centavos el kilowatio hora (kWh) en lugar de 7.5 centavos que es la tarifa a esa hora.
En noviembre se dicta anualmente el pliego tarifario que rige desde el próximo año. De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, estudios demostraron que este subsidio no cumplió el objetivo de incrementar el empleo, debido a lo cual la recomendación fue su eliminación.
En un documento de trabajo reciente, consultores del Banco Mundial muestran las compensaciones mínimas existentes entre productividad y precio de la energía en Chile, además de la positiva relación entre productividad e inversiones y el precio de los combustibles fósiles.
El estudio sobre los efectos del precio de la energía en la competitividad empresarial en Chile, llegó al hallazgo de que no siempre la energía más barata es la mejor y en el mismo se establecen varias correlaciones entre las variaciones en el precio de la electricidad, la productividad empresarial y las salidas que dan las empresas a los incrementos de tarifas, y de acuerdo al tipo de fuente.
Las observaciones más relevantes del estudio pueden ser revisadas aquí: https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/efectos-del-precio-de-la-energia-en-la-competitividad-empresarial-en-chile?CID=WBW_AL_BlogNotification_ES_EXT
Con la medida tomada de última instancia en Ecuador, se puede incrementar la recaudación de las distribuidoras de energía eléctrica en unos USD 40 millones al año, lo cual aliviará la difícil situación financiera que mantienen, debido al subsidio generalizado a la tarifa eléctrica que paga el consumidor.
Corresponde a la Agencia de Regulación y Control de la Energía eliminar el subsidio a partir del año 2024, si es que las nuevas autoridades ratifican la resolución del ahora ex ministro.
Andrea Arrobo Peña, ministra de Energía y Minas
Noviembre 20 de 2023.- Este jueves 23 asume sus funciones como ministra de Energía y Minas la licenciada en Relaciones Internacionales Andrea Arrobo Peña, una joven profesional destacada en el campo de las energías renovables y con estudios en Gobernanza y Liderazgo Político y en Liderazgo para la Sostenibilidad y Responsabilidad Social.
Poco antes de empezar a despachar, Arrobo Peña, hizo un llamado a los funcionarios actuales para que no continúen firmando contratos.
“Siendo firmes con respecto a la eficiencia, responsabilidad y buen manejo de los fondos públicos, solicito a las autoridades del sector no realizar contrataciones durante el tiempo de transición”, escribió en su cuenta X, antes Twitter.
No se sabe mucho de sus primeras acciones. Salvo que está conformando un equipo que esté a la altura de los desafíos que se presentan en el sector minero energético.
En su experiencia laboral se señala que el 2012 trabajó en el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y posteriormente, en el 2017, fue Gerente Regional para América Latina y el Caribe del World Energy Council (WEC), una red global que se ha ido armando por iniciativas de gobiernos, corporaciones privadas y estatales, académicos y de la sociedad civil, así como líderes energéticos actuales y futuros.
En su página web el WEC dice que es un organismo acreditado por las Naciones Unidas: “el Consejo es la red energética mundial líder en el mundo y la única organización energética verdaderamente internacional e imparcial. Somos independientes y no políticos, trabajamos dinámicamente en todo el ecosistema energético”.
La ministra designada Arrobo Peña se presenta como especialista en energía y posicionamiento del hidrógeno como vector para la transición energética. Apasionada por el desarrollo sostenible y la transversalización de todos los sectores para una transición justa, así como para la promoción de mujeres en las actividades productivas y laborales relacionadas con la generación de energía.
Se desempeñó como Desarrolladora de negocios de Hidrógeno de Francia, en la empresa HDF Energy.
El presidente electo, Daniel Noboa dijo en su bienvenida a la próxima ministra: “Andrea Arrobo Peña será la primera y próxima mujer Ministra de Energía y Minas. Ella ayudará a restablecer el correcto funcionamiento del sector eléctrico y buscará implementar estrategias sostenibles y de transversalización de todos los sectores”.
Ella se define en su cuenta de X como una ecuatoriana apasionada de la energía y ha dicho que está conformando un equipo “probo, experto y honrado”.
Otra designación de alta relevancia para el país recayó en Sade Fritschi Naranjo como Ministra de Ambiente, de quien el Presidente electo afirmó: “gracias a sus conocimientos en programas de sostenibilidad y proyectos de gestión ambiental, su experiencia nos ayudará a proteger el equilibrio de los ecosistemas locales y de nuestros recursos naturales”.
Poco antes de empezar a despachar, Arrobo Peña, hizo un llamado a los funcionarios actuales para que no continúen firmando contratos.
“Siendo firmes con respecto a la eficiencia, responsabilidad y buen manejo de los fondos públicos, solicito a las autoridades del sector no realizar contrataciones durante el tiempo de transición”, escribió en su cuenta X, antes Twitter.
No se sabe mucho de sus primeras acciones. Salvo que está conformando un equipo que esté a la altura de los desafíos que se presentan en el sector minero energético.
En su experiencia laboral se señala que el 2012 trabajó en el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y posteriormente, en el 2017, fue Gerente Regional para América Latina y el Caribe del World Energy Council (WEC), una red global que se ha ido armando por iniciativas de gobiernos, corporaciones privadas y estatales, académicos y de la sociedad civil, así como líderes energéticos actuales y futuros.
En su página web el WEC dice que es un organismo acreditado por las Naciones Unidas: “el Consejo es la red energética mundial líder en el mundo y la única organización energética verdaderamente internacional e imparcial. Somos independientes y no políticos, trabajamos dinámicamente en todo el ecosistema energético”.
La ministra designada Arrobo Peña se presenta como especialista en energía y posicionamiento del hidrógeno como vector para la transición energética. Apasionada por el desarrollo sostenible y la transversalización de todos los sectores para una transición justa, así como para la promoción de mujeres en las actividades productivas y laborales relacionadas con la generación de energía.
Se desempeñó como Desarrolladora de negocios de Hidrógeno de Francia, en la empresa HDF Energy.
El presidente electo, Daniel Noboa dijo en su bienvenida a la próxima ministra: “Andrea Arrobo Peña será la primera y próxima mujer Ministra de Energía y Minas. Ella ayudará a restablecer el correcto funcionamiento del sector eléctrico y buscará implementar estrategias sostenibles y de transversalización de todos los sectores”.
Ella se define en su cuenta de X como una ecuatoriana apasionada de la energía y ha dicho que está conformando un equipo “probo, experto y honrado”.
Otra designación de alta relevancia para el país recayó en Sade Fritschi Naranjo como Ministra de Ambiente, de quien el Presidente electo afirmó: “gracias a sus conocimientos en programas de sostenibilidad y proyectos de gestión ambiental, su experiencia nos ayudará a proteger el equilibrio de los ecosistemas locales y de nuestros recursos naturales”.
ADN y PSC presiden comisiones
legislativas vinculadas al sector minero
Noviembre 19 de 2023.- Los asambleístas Nathaly Farinango y Valentina Centeno, miembros del partido del Presidente electo, Acción Democrática Nacional, ADN, presidirán las comisiones legislativas permanentes de Régimen Económico y Tributario, y Desarrollo Económico, respectivamente. Así mismo, Guido Vargas, asambleísta socialcristiano, presidirá la comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales.
La Asamblea Nacional del Ecuador se reinstaló con nuevos integrantes el viernes 17 de noviembre para completar un período legislativo al que le falta un año y medio. Seis meses después de haber sido disuelta por el presidente Guillermo Lasso, quien cesó en sus funciones a los legisladores y acortó su propio mandato para eludir un juicio político que buscaba su destitución.
La Asamblea Nacional, presidida por el socialcristiano Henry Kronfle, en su sesión #873 nombró las autoridades de las comisiones legislativas permanentes siguiendo una distribución de escaños acordada antes de la instalación de la plenaria y acorde a un acuerdo político legislativo entre los partidos Revolución Ciudadana (RC), Social Cristiano (PSC) y ADN.
La Asamblea Nacional tiene pendiente entre otros temas prioritarios para el desarrollo de los proyectos mineros, la elaboración de una ley de Consulta Ambiental de acuerdo a sentencia de la Corte Constitucional emitida el mismo 17 de noviembre, y otra de Consulta Previa, Libre e Informada, con categoría de ley orgánica, de acuerdo a dictamen previo del mismo máximo órgano constitucional.
En el período anterior, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales fue depositaria de al menos cinco proyectos de reformas a la ley de Minería, a ninguno de los cuales dio paso.
A continuación, las principales autoridades de las tres comisiones que mencionamos.
03. Comisión De Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control
Presidencia: Nathaly Farinango, asambleísta por Pichincha, por ADN (conformado por Mover 35, ex Alianza País, y PID).
Vicepresidencia: Jorge Álvarez (PSC), asambleísta por El Oro.
04. Comisión De Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa
Presidencia: Valentina Centeno (ADN), asambleísta nacional.
Vicepresidencia: Blasco Luna (RC), asambleísta por Cañar.
06. Comisión De Biodiversidad y Recursos Naturales
Presidencia: Guido Vargas (PSC), Sucumbíos, por el partido Sucumbíos Tierra de Valientes, conformado por PSC, Movimiento Mushik Inti y Partido Sociedad Patriótica.
Vicepresidencia: Yadira Bayas (ADN), asambleísta por Santo Domingo de los Tsáchilas, del partido Amigo.
La Asamblea Nacional del Ecuador se reinstaló con nuevos integrantes el viernes 17 de noviembre para completar un período legislativo al que le falta un año y medio. Seis meses después de haber sido disuelta por el presidente Guillermo Lasso, quien cesó en sus funciones a los legisladores y acortó su propio mandato para eludir un juicio político que buscaba su destitución.
La Asamblea Nacional, presidida por el socialcristiano Henry Kronfle, en su sesión #873 nombró las autoridades de las comisiones legislativas permanentes siguiendo una distribución de escaños acordada antes de la instalación de la plenaria y acorde a un acuerdo político legislativo entre los partidos Revolución Ciudadana (RC), Social Cristiano (PSC) y ADN.
La Asamblea Nacional tiene pendiente entre otros temas prioritarios para el desarrollo de los proyectos mineros, la elaboración de una ley de Consulta Ambiental de acuerdo a sentencia de la Corte Constitucional emitida el mismo 17 de noviembre, y otra de Consulta Previa, Libre e Informada, con categoría de ley orgánica, de acuerdo a dictamen previo del mismo máximo órgano constitucional.
En el período anterior, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales fue depositaria de al menos cinco proyectos de reformas a la ley de Minería, a ninguno de los cuales dio paso.
A continuación, las principales autoridades de las tres comisiones que mencionamos.
03. Comisión De Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control
Presidencia: Nathaly Farinango, asambleísta por Pichincha, por ADN (conformado por Mover 35, ex Alianza País, y PID).
Vicepresidencia: Jorge Álvarez (PSC), asambleísta por El Oro.
04. Comisión De Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa
Presidencia: Valentina Centeno (ADN), asambleísta nacional.
Vicepresidencia: Blasco Luna (RC), asambleísta por Cañar.
06. Comisión De Biodiversidad y Recursos Naturales
Presidencia: Guido Vargas (PSC), Sucumbíos, por el partido Sucumbíos Tierra de Valientes, conformado por PSC, Movimiento Mushik Inti y Partido Sociedad Patriótica.
Vicepresidencia: Yadira Bayas (ADN), asambleísta por Santo Domingo de los Tsáchilas, del partido Amigo.
CCE sentencia inconstitucionalidad del decreto 754
pero señala "ciertas puntualizaciones" para su aplicación provisional
Noviembre 19 de 2023.- La Corte Constitucional del Ecuador encontró que el decreto N° 754, que emitió el gobierno para regular las consultas ambientales, es inconstitucional por la forma y difirió la realización de consultas ambientales, pendientes en unos 170 proyectos productivos y de infraestructura, hasta que la Asamblea Nacional promulgue la ley respectiva.
Sin embargo, en el numeral 195 de la sentencia, detalla los lineamientos y estándares para la aplicación provisional del mencionado decreto, estableciendo “ciertas puntualizaciones respecto a la forma en que provisionalmente deberá aplicarse el decreto 754”.
La suspensión provisional dictada por el organismo afectó, de acuerdo a las cámaras empresariales, a proyectos extractivos y de otros sectores productivos distribuidos en todo el país, y suspendió los procesos iniciados en dos proyectos mineros: Curipamba, en Las Naves provincia de Bolívar; La Plata, en Sigchos, provincia de Imbabura; y una plata de refinación por organismos vivos de la empresa BTech, en Tenguel, provincia de Guayas.
En la Sentencia del caso 51-23-IN/23, la Corte Constitucional aceptó la acción pública de inconstitucionalidad propuesta hace cinco meses por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, en contra del decreto ejecutivo 754 emitido por la Presidencia de la República, que reforma el reglamento al Código Orgánico del Ambiente.
La Corte encontró que el decreto impugnado transgrede el principio de reserva de ley contenido en los artículos 132 y 133 de la Constitución, en concordancia con la reserva de ley reforzada contenida en el artículo 398 de la Constitución, razones que establecen una inconstitucionalidad por la forma.
Esta Corte, dice un boletín de prensa del organismo, reconoció que la participación ciudadana, los sujetos consultantes, los sujetos consultados; los plazos, los criterios de valoración y los criterios de objeción de la consulta ambiental deben ser regulados a través de una ley orgánica en atención a lo estipulado en el artículo 398 de la Constitución.
Por tal razón, la Corte determinó que aquellos aspectos de la consulta ambiental no pueden ser regulados a través de un reglamento.
Particularmente, el organismo determinó, entre otras, que (i) la consulta ambiental no podrá efectuarse a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas pues a ellos le corresponde una consulta previa, libre e informada; (ii) los registros y licencias ambientales deberán estar condicionados al cumplimiento de la consulta ambiental o al cumplimiento de la consulta previa; (iii) se respetarán las características propias de la consulta ambiental; y, (iv) el Estado es quien tiene que realizar los procesos de consulta ambiental pues dicha prerrogativa es indelegable a los operadores de los proyectos, obras o actividades a realizar.
Las juezas constitucionales Carmen Corral Ponce y Teresa Nuques Martínez; y, el juez constitucional Enrique Herrería Bonnet salvaron sus votos. Por otra parte, los jueces constitucionales Jhoel Escudero Soliz y Alí Lozada Prado presentaron votos concurrentes.
Adicionalmente, la máxima instancia de control constitucional declara que los efectos de la sentencia serán diferidos en el tiempo hasta que la Asamblea Nacional emita una ley que desarrolle el contenido de la consulta ambiental, de conformidad con el artículo 398 de la Constitución.
No obstante, determinó que para la aplicación del Decreto Ejecutivo Nro. 754, emitido en mayo de este año 2023, el Estado tiene que observar los estándares desarrollados por la Corte Constitucional sobre la consulta ambiental, y los lineamientos establecidos en esta sentencia.
La sentencia de la Corte Constitucional también resolvió revocar la medida de suspensión provisional de la norma dictada por el Tribunal de Sala de Admisión el 1 de agosto del año en curso.
Aquí se puede acceder a la sentencia completa de 117 páginas.
Sin embargo, en el numeral 195 de la sentencia, detalla los lineamientos y estándares para la aplicación provisional del mencionado decreto, estableciendo “ciertas puntualizaciones respecto a la forma en que provisionalmente deberá aplicarse el decreto 754”.
La suspensión provisional dictada por el organismo afectó, de acuerdo a las cámaras empresariales, a proyectos extractivos y de otros sectores productivos distribuidos en todo el país, y suspendió los procesos iniciados en dos proyectos mineros: Curipamba, en Las Naves provincia de Bolívar; La Plata, en Sigchos, provincia de Imbabura; y una plata de refinación por organismos vivos de la empresa BTech, en Tenguel, provincia de Guayas.
En la Sentencia del caso 51-23-IN/23, la Corte Constitucional aceptó la acción pública de inconstitucionalidad propuesta hace cinco meses por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, en contra del decreto ejecutivo 754 emitido por la Presidencia de la República, que reforma el reglamento al Código Orgánico del Ambiente.
La Corte encontró que el decreto impugnado transgrede el principio de reserva de ley contenido en los artículos 132 y 133 de la Constitución, en concordancia con la reserva de ley reforzada contenida en el artículo 398 de la Constitución, razones que establecen una inconstitucionalidad por la forma.
Esta Corte, dice un boletín de prensa del organismo, reconoció que la participación ciudadana, los sujetos consultantes, los sujetos consultados; los plazos, los criterios de valoración y los criterios de objeción de la consulta ambiental deben ser regulados a través de una ley orgánica en atención a lo estipulado en el artículo 398 de la Constitución.
Por tal razón, la Corte determinó que aquellos aspectos de la consulta ambiental no pueden ser regulados a través de un reglamento.
Particularmente, el organismo determinó, entre otras, que (i) la consulta ambiental no podrá efectuarse a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas pues a ellos le corresponde una consulta previa, libre e informada; (ii) los registros y licencias ambientales deberán estar condicionados al cumplimiento de la consulta ambiental o al cumplimiento de la consulta previa; (iii) se respetarán las características propias de la consulta ambiental; y, (iv) el Estado es quien tiene que realizar los procesos de consulta ambiental pues dicha prerrogativa es indelegable a los operadores de los proyectos, obras o actividades a realizar.
Las juezas constitucionales Carmen Corral Ponce y Teresa Nuques Martínez; y, el juez constitucional Enrique Herrería Bonnet salvaron sus votos. Por otra parte, los jueces constitucionales Jhoel Escudero Soliz y Alí Lozada Prado presentaron votos concurrentes.
Adicionalmente, la máxima instancia de control constitucional declara que los efectos de la sentencia serán diferidos en el tiempo hasta que la Asamblea Nacional emita una ley que desarrolle el contenido de la consulta ambiental, de conformidad con el artículo 398 de la Constitución.
No obstante, determinó que para la aplicación del Decreto Ejecutivo Nro. 754, emitido en mayo de este año 2023, el Estado tiene que observar los estándares desarrollados por la Corte Constitucional sobre la consulta ambiental, y los lineamientos establecidos en esta sentencia.
La sentencia de la Corte Constitucional también resolvió revocar la medida de suspensión provisional de la norma dictada por el Tribunal de Sala de Admisión el 1 de agosto del año en curso.
Aquí se puede acceder a la sentencia completa de 117 páginas.
Incentivos tributarios de fomento ambiental
seguirán vigentes durante el 2024
Noviembre 19 de 2023.- De acuerdo al portal digital del estudio PBP en su informativo, la Corte Constitucional del Ecuador amplió la vigencia de la Ley de Fomento Ambiental hasta el 31 de diciembre de 2024 persiguiendo con ello facilitar el cálculo de impuestos con exenciones ambientales en el ejercicio fiscal del 2024 hasta que el nuevo gobierno y legislatura emitan normas sustitutivas sentenciadas.
El caso es el 58-11-IN y acumulados y la Corte lo sentenció el 12 de enero del 2022 para ampliar el plazo de vigencia de las normas que, hasta ahora, siguen reguladas por la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado.
En un auto de verificación dictado recién, resolvió modular los efectos de dicha sentencia hasta el 31 de diciembre de 2024.
La nota de PBP apunta que “en su pronunciamiento del 12 de enero de 2022, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad por la forma de la Ley de Fomento Ambiental, por contravenir el principio de unidad de materia; y, a fin de evitar un vacío normativo en materia impositiva y para garantizar la seguridad jurídica, difirió los efectos de su decisión hasta el final del ejercicio fiscal 2023, para que el Presidente de la República y la Asamblea Nacional pudiesen promover las reformas legislativas necesarias para suplir dichos vacíos”.
En su auto de verificación, continúa el reporte, la Corte Constitucional reconoce que de las materias reguladas dentro de la Ley de Fomento Ambiental, hay algunas que ya han sido reemplazadas con nueva normativa (es el caso del IRBP que fue reinstituido mediante el Decreto Ley de Urgencia Económica de Creación del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornable); pero advierte que existen otras que no han sido sustituidas, derogadas o reformadas por otros cuerpos normativos.
Por tanto, si la declaratoria de inconstitucionalidad surtiera efectos desde el 1 de enero de 2023 se generaría un vacío normativo considerando el corto tiempo que tendrán el nuevo Presidente y el nuevo órgano legislativo para adoptar las medidas que consideren adecuadas.
Así, la Corte Constitucional decidió ampliar el plazo de vigencia de las normas que hasta la presente fecha continúan siendo reguladas por la Ley de Fomento Ambiental, hasta el 31 de diciembre de 2024.
Según PBP en su informativo del 13 de noviembre, entre las normas más relevantes que se mantendrán en vigencia durante este período, se encuentran: i) aquella que regula el crédito tributario del impuesto a la salida de divisas pagado en la importación de materia prima, insumos y bienes en procesos productivos; ii) aquella que rige la deducibilidad de gastos relacionados con los vehículos empleados en el ejercicio de la actividad económica generadora de renta; iii) las disposiciones relativas a los supuestos en que se produce el hecho generador del ISD de forma presuntiva, entre otros.
El caso es el 58-11-IN y acumulados y la Corte lo sentenció el 12 de enero del 2022 para ampliar el plazo de vigencia de las normas que, hasta ahora, siguen reguladas por la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado.
En un auto de verificación dictado recién, resolvió modular los efectos de dicha sentencia hasta el 31 de diciembre de 2024.
La nota de PBP apunta que “en su pronunciamiento del 12 de enero de 2022, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad por la forma de la Ley de Fomento Ambiental, por contravenir el principio de unidad de materia; y, a fin de evitar un vacío normativo en materia impositiva y para garantizar la seguridad jurídica, difirió los efectos de su decisión hasta el final del ejercicio fiscal 2023, para que el Presidente de la República y la Asamblea Nacional pudiesen promover las reformas legislativas necesarias para suplir dichos vacíos”.
En su auto de verificación, continúa el reporte, la Corte Constitucional reconoce que de las materias reguladas dentro de la Ley de Fomento Ambiental, hay algunas que ya han sido reemplazadas con nueva normativa (es el caso del IRBP que fue reinstituido mediante el Decreto Ley de Urgencia Económica de Creación del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornable); pero advierte que existen otras que no han sido sustituidas, derogadas o reformadas por otros cuerpos normativos.
Por tanto, si la declaratoria de inconstitucionalidad surtiera efectos desde el 1 de enero de 2023 se generaría un vacío normativo considerando el corto tiempo que tendrán el nuevo Presidente y el nuevo órgano legislativo para adoptar las medidas que consideren adecuadas.
Así, la Corte Constitucional decidió ampliar el plazo de vigencia de las normas que hasta la presente fecha continúan siendo reguladas por la Ley de Fomento Ambiental, hasta el 31 de diciembre de 2024.
Según PBP en su informativo del 13 de noviembre, entre las normas más relevantes que se mantendrán en vigencia durante este período, se encuentran: i) aquella que regula el crédito tributario del impuesto a la salida de divisas pagado en la importación de materia prima, insumos y bienes en procesos productivos; ii) aquella que rige la deducibilidad de gastos relacionados con los vehículos empleados en el ejercicio de la actividad económica generadora de renta; iii) las disposiciones relativas a los supuestos en que se produce el hecho generador del ISD de forma presuntiva, entre otros.
Bolivia gana juicio en Corte de Arbitraje de París
Noviembre 12 de 2023.- La Corte Permanente de Arbitraje con sede en París, Francia, acordó rechazar la demanda presentada por la Compañía Minera Orlandini Ltda y sucesión Julio Miguel Orlandini Ágreda en contra del Estado boliviano pidiendo un resarcimiento de USD 253 millones por la reversión de concesiones mineras.
“Esta es una victoria para el Estado boliviano puesto que las pretensiones principales en el arbitraje de la empresa Orlandini han sido rechazadas”, afirmó el procurador general del Estado boliviano, César Siles.
Dicha autoridad informó que su despacho recibió la notificación del tribunal arbitral argumentando que Bolivia no incumplió el tratado bilateral de inversiones, suscrito con Estados Unidos el 17 de abril de1998 y que entró en vigor el 6 de junio de 2001.
“No se va a pagar ni un solo centavo de esa pretensión que tenía la empresa Orlandini y su bufete de abogados que lo representaba”, expresó Siles en conferencia de prensa.
“Podemos concluir que el demandado, en este caso el Estado Plurinacional de Bolivia, no incumplió el tratado internacional de inversiones con los Estados Unidos, por lo tanto no tiene que realizar ninguna indemnización a la empresa Orlandini”, aseguró.
Según los antecedentes de la demanda, el proceso surge de la presunta expropiación de las concesiones a la Compañía Minera Orlandini por parte de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Los reclamos de la parte demandante señalan la reversión de dos concesiones mineras sobre el Río Antequera en Bolivia, conocidas como Veneros San Juan y Pretoria y otras 46 concesiones en un área conocida como Mina Totoral, según el portal jusmundi.com.
Siles recordó que el laudo arbitral comenzó en febrero de 2018 cuando Orlandini presentó la denuncia, la que fue aceptada y abierta con el caso CPA-2018/39. Desde entonces, el Gobierno boliviano, a través de la Procuraduría y al asesoramiento legal del bufete Dechert LLP, presentó 100 actuaciones procesales y comunicaciones.
“2018 comenzó el proceso, la solicitud de arbitraje, sin contar la etapa prearbitral y a la fecha han trascurrido más de cinco años y ayer (jueves 2 de noviembre) hemos sido notificados con el laudo arbitral y es como una sentencia definitiva”, explicó.
“El laudo arbitral emitido el 2 de noviembre de 2023 por la Corte Permanente de Arbitraje para resolver el caso 2018/39 establece, desestima, rechaza los reclamos principales de los demandantes, concluyendo que Bolivia no incumplió el tratado bilateral de inversiones”, añadió.
De acuerdo con Siles, inicialmente la firma extranjera demandaba una indemnización de USD 800 millones, luego bajó a USD 600 millones y al final pretendía obtener USD 253 millones.
Siles dijo que los gastos realizados por el Estado boliviano en el laudo contra Orlandini fueron de aproximadamente USD 16 millones y añadió que el bufete Dechert LLP patrocina en varios procesos penales al Estado boliviano.
Fuente: La Razón
“Esta es una victoria para el Estado boliviano puesto que las pretensiones principales en el arbitraje de la empresa Orlandini han sido rechazadas”, afirmó el procurador general del Estado boliviano, César Siles.
Dicha autoridad informó que su despacho recibió la notificación del tribunal arbitral argumentando que Bolivia no incumplió el tratado bilateral de inversiones, suscrito con Estados Unidos el 17 de abril de1998 y que entró en vigor el 6 de junio de 2001.
“No se va a pagar ni un solo centavo de esa pretensión que tenía la empresa Orlandini y su bufete de abogados que lo representaba”, expresó Siles en conferencia de prensa.
“Podemos concluir que el demandado, en este caso el Estado Plurinacional de Bolivia, no incumplió el tratado internacional de inversiones con los Estados Unidos, por lo tanto no tiene que realizar ninguna indemnización a la empresa Orlandini”, aseguró.
Según los antecedentes de la demanda, el proceso surge de la presunta expropiación de las concesiones a la Compañía Minera Orlandini por parte de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Los reclamos de la parte demandante señalan la reversión de dos concesiones mineras sobre el Río Antequera en Bolivia, conocidas como Veneros San Juan y Pretoria y otras 46 concesiones en un área conocida como Mina Totoral, según el portal jusmundi.com.
Siles recordó que el laudo arbitral comenzó en febrero de 2018 cuando Orlandini presentó la denuncia, la que fue aceptada y abierta con el caso CPA-2018/39. Desde entonces, el Gobierno boliviano, a través de la Procuraduría y al asesoramiento legal del bufete Dechert LLP, presentó 100 actuaciones procesales y comunicaciones.
“2018 comenzó el proceso, la solicitud de arbitraje, sin contar la etapa prearbitral y a la fecha han trascurrido más de cinco años y ayer (jueves 2 de noviembre) hemos sido notificados con el laudo arbitral y es como una sentencia definitiva”, explicó.
“El laudo arbitral emitido el 2 de noviembre de 2023 por la Corte Permanente de Arbitraje para resolver el caso 2018/39 establece, desestima, rechaza los reclamos principales de los demandantes, concluyendo que Bolivia no incumplió el tratado bilateral de inversiones”, añadió.
De acuerdo con Siles, inicialmente la firma extranjera demandaba una indemnización de USD 800 millones, luego bajó a USD 600 millones y al final pretendía obtener USD 253 millones.
Siles dijo que los gastos realizados por el Estado boliviano en el laudo contra Orlandini fueron de aproximadamente USD 16 millones y añadió que el bufete Dechert LLP patrocina en varios procesos penales al Estado boliviano.
Fuente: La Razón
Minería en el centro de la
reforma tributaria africana
Octubre 15 de 2023.- En el 2015, el Panel de Alto Nivel Africano publicó en un reporte acerca de Flujos Financieros Ilícitos que África perdió cerca de US$ 1 trillón en flujos financieros ilícitos en los últimos 50 años. En el 2020, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo reveló que el África pierde US$ 89 billones anualmente en flujos financieros ilícitos, viniendo dos tercios – US$ 40 billones – del sector extractivo únicamente.
África, continente de gran riqueza en recursos, pierde US$ 730 millones al año solo en elusión fiscal corporativa. Su minería a gran escala, está en manos de multinacionales con sede general lejos del continente y depende de inversión extranjera directa canalizada desde varios subsidiarios en jurisdicciones con baja o nula tributación. Esta estructura erosiona la base tributaria africana, pagando las compañías menos impuestos donde se extraen los minerales.
En la década entrante, el mundo migrará fuera de los combustibles fósiles, y las industrias extractivas del África también deberán hacerlo, pesar de haber contribuido poco a la crisis climática. El viraje hacia la minería abre nuevas oportunidades, pero sin cambios estructurales a lo largo de la cadena de valor hechos doméstica, regional e internacionalmente, el modelo extractivista que ha caracterizado a la minería por un siglo podría permanecer.
Estimados indican pérdidas y daños tan altos como US$ 290 – 580 billones anuales para el 2030 en los países de menor ingreso, y concluyen en que se necesita una reforma de la arquitectura tributaria global para abordar los legados históricos de la colonización y los daños ecológicos.
Desde 1990 los países de menor ingreso invocan a los de mayor ingreso a asumir la responsabilidad por el pasado y actual daño medioambiental con financiamiento, a lo que se han resistido por las implicancias legales que tendría esto para las emisiones pasadas y presentes.
Las iniciativas que aplican un impuesto al carbono para abordar la justicia climática nos acercan más su precio al verdadero costo social e influencian comportamientos de compra que alinean el mercado a los objetivos del Acuerdo de París. Sin embargo, como se señala en el informativo del Foro de Administración Tributaria Africano, Tributación de Carbono en África, la eliminación de subsidios en combustibles fósiles y la introducción de impuestos al carbono deben hacerse gradualmente considerando las consecuencias sociales y económicas.
Existe el riesgo de que estas herramientas de retasación tributaria regional y nacional serán utilizados en detrimento de otros países. Por ejemplo, la Unión Europea ha entrado a un acuerdo provisional sobre el Mecanismo de Ajuste de la Frontera de Carbono, que establece una tarifa en productos importados intensivos en carbono.
La Fundación Climática Africana y el Instituto Firoz Lalji en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres afirman que este mecanismo podría crear dificultades a las administraciones africanas, aumentando el costo de las exportaciones, exacerbando inequidades y perpetuando desbalances comerciales.
En noviembre del 2022, representando al Grupo de África, Nigeria emitió una resolución en la ONU para empezar discusiones intergubernamentales sobre tributación internacional y establecer un cuerpo tributario intergubernamental dentro de ella. Esta fue aceptada por consenso, marcando un viraje tras 60 años de reglas establecidas por la OCDE.
A mediados del 2023, el secretario general de la ONU publicó un reporte con recomendaciones para incluir un “proceso intergubernamental de la ONU que balancee fortalezas existentes y aborde brechas y debilidades en los actuales esfuerzos de cooperación tributaria internacionales”.
La cooperación Pan-Africana debe apoyarse con otros bloques regionales que velen por un desarrollo nacional, como el primer Encuentro de Latinoamérica y el Caribe para un Orden Tributario Global Equitativo, Sostenible e Inclusivo que tuvo lugar recientemente en Colombia.
Sin una transformación estructural, el sistema económico solo consolidará más inequidades. Los gobiernos deben ser proactivos en cerrar vacíos en sus regímenes fiscales que perjudiquen la movilización de ingreso doméstico y en que sus comunidades se beneficien; deben tomar o mejorar medidas políticas para reducir prácticas abusivas de traslado de ingresos, incluyendo el intercambio automático de información financiera entre países, registros de propiedad beneficiosos, reportes país por país para las compañías multinacionales y tributación unitaria del ingreso con una tasa mínima global.
África, continente de gran riqueza en recursos, pierde US$ 730 millones al año solo en elusión fiscal corporativa. Su minería a gran escala, está en manos de multinacionales con sede general lejos del continente y depende de inversión extranjera directa canalizada desde varios subsidiarios en jurisdicciones con baja o nula tributación. Esta estructura erosiona la base tributaria africana, pagando las compañías menos impuestos donde se extraen los minerales.
En la década entrante, el mundo migrará fuera de los combustibles fósiles, y las industrias extractivas del África también deberán hacerlo, pesar de haber contribuido poco a la crisis climática. El viraje hacia la minería abre nuevas oportunidades, pero sin cambios estructurales a lo largo de la cadena de valor hechos doméstica, regional e internacionalmente, el modelo extractivista que ha caracterizado a la minería por un siglo podría permanecer.
Estimados indican pérdidas y daños tan altos como US$ 290 – 580 billones anuales para el 2030 en los países de menor ingreso, y concluyen en que se necesita una reforma de la arquitectura tributaria global para abordar los legados históricos de la colonización y los daños ecológicos.
Desde 1990 los países de menor ingreso invocan a los de mayor ingreso a asumir la responsabilidad por el pasado y actual daño medioambiental con financiamiento, a lo que se han resistido por las implicancias legales que tendría esto para las emisiones pasadas y presentes.
Las iniciativas que aplican un impuesto al carbono para abordar la justicia climática nos acercan más su precio al verdadero costo social e influencian comportamientos de compra que alinean el mercado a los objetivos del Acuerdo de París. Sin embargo, como se señala en el informativo del Foro de Administración Tributaria Africano, Tributación de Carbono en África, la eliminación de subsidios en combustibles fósiles y la introducción de impuestos al carbono deben hacerse gradualmente considerando las consecuencias sociales y económicas.
Existe el riesgo de que estas herramientas de retasación tributaria regional y nacional serán utilizados en detrimento de otros países. Por ejemplo, la Unión Europea ha entrado a un acuerdo provisional sobre el Mecanismo de Ajuste de la Frontera de Carbono, que establece una tarifa en productos importados intensivos en carbono.
La Fundación Climática Africana y el Instituto Firoz Lalji en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres afirman que este mecanismo podría crear dificultades a las administraciones africanas, aumentando el costo de las exportaciones, exacerbando inequidades y perpetuando desbalances comerciales.
En noviembre del 2022, representando al Grupo de África, Nigeria emitió una resolución en la ONU para empezar discusiones intergubernamentales sobre tributación internacional y establecer un cuerpo tributario intergubernamental dentro de ella. Esta fue aceptada por consenso, marcando un viraje tras 60 años de reglas establecidas por la OCDE.
A mediados del 2023, el secretario general de la ONU publicó un reporte con recomendaciones para incluir un “proceso intergubernamental de la ONU que balancee fortalezas existentes y aborde brechas y debilidades en los actuales esfuerzos de cooperación tributaria internacionales”.
La cooperación Pan-Africana debe apoyarse con otros bloques regionales que velen por un desarrollo nacional, como el primer Encuentro de Latinoamérica y el Caribe para un Orden Tributario Global Equitativo, Sostenible e Inclusivo que tuvo lugar recientemente en Colombia.
Sin una transformación estructural, el sistema económico solo consolidará más inequidades. Los gobiernos deben ser proactivos en cerrar vacíos en sus regímenes fiscales que perjudiquen la movilización de ingreso doméstico y en que sus comunidades se beneficien; deben tomar o mejorar medidas políticas para reducir prácticas abusivas de traslado de ingresos, incluyendo el intercambio automático de información financiera entre países, registros de propiedad beneficiosos, reportes país por país para las compañías multinacionales y tributación unitaria del ingreso con una tasa mínima global.
Medidas en China estimulan el precio del cobre
Octubre 15 de 2023.- En el reporte mensual del Servicio Informativo de Materias Primas (CBS, por sus siglas en inglés), S&P Global Commodity Insights analiza el mercado del cobre dentro de un ambiente macroeconómico más amplio y brinda pronósticos variables de cinco años de la oferta, demanda y precios.
Los precios del cobre se han movido dentro de un rango en septiembre influenciados por factores como las medidas de estímulo en China y las fluctuaciones en las existencias de cobre.
Mientras tanto, el consumo de cobre experimentó contracciones sostenidas en Estados Unidos y Europa en agosto. En comparación, la demanda es sólida en varios países asiáticos, siendo la India el país con mejor desempeño. Las importaciones de cátodos de cobre de la India en el primer semestre de 2023 casi se triplicaron año tras año.
Dice el reporte de S&P que los precios han ganado ímpetu ascendente desde la guía del banco central de China, la que relajó las reglas de préstamo de viviendas residenciales en ciudades chinas de primer nivel como Guangzhou, Shenzhen, Shanghai y Beijing, permitiendo a compradores de hogares gozar de préstamos preferenciales en compras de primera-casa independientemente de su récord crediticio anterior.
Éstas medidas estímulo apuntando a impulsar las compras de vivienda levantaron el precio de cobre en la bolsa de Londres (Londres Metal Exchange, LME) a 3 meses a US$ 8535/t el primero de septiembre antes de retroceder a US$ 8242/t el 8 de septiembre debido a un rápido incremento en las acciones de cobre en los almacenes LME y un fuerte sector de servicios EE. UU. catalizando un tono extremista en el panorama cercano para las tasas de interés de EE.UU.
El precio del cobre luego incrementó a US$ 8 465 el 14 de septiembre por una data económica de agosto mejor a la esperada en China.
Un catalizador clave de la demanda es el fuerte crecimiento de la nueva capacidad solar instalada de China, la que saltó a 157.5 % año a año en los primeros siete meses del 2023. El consumo estimado de este sector puede ser alrededor de 200 000 toneladas métricas mayor año-a-año en el 2023.
El sector de vehículos eléctricos también ha visto un robusto crecimiento año-a-la-fecha, con aumento de producción a 36.9 % e incremento en volumen de ventas a 39.2 %.
La demanda de cobre típicamente se debilitaría en agosto debido al clima caliente; sin embargo, el consumo aparente de cobre refinado para el mes fue más fuerte que la mayoría de los siete meses previos del 2023.
En el 2023, los movimientos de precios parecen tener mayor influencia en la demanda que las temporadas; siguiendo un duro reabastecimiento en agosto, el suministro se debilitó cuando los precios aumentaron en septiembre, un mes pico típico de la demanda.
S & P pronosticó la persistencia de alta oferta de cátodo en China en el trimestre de diciembre. El reinicio de la fundidora Daye y el arranque de los proyectos de fundidora Houma y Baiyin podrían compensar pérdidas de la producción debido a interrupciones de mantenimiento en varias fundidoras.
Se espera que la demanda siga el adagio “no es tan fuerte en el periodo cumbre, ni tan débil en el periodo flojo”. Fundamentos del mercado relativamente estables son propensos a mermar la volatilidad en el precio del cobre. Mientras tanto, actividad de compra sensible-al-precio en China podría continuar limitando el lado positivo para los precios.
Los precios del cobre se han movido dentro de un rango en septiembre influenciados por factores como las medidas de estímulo en China y las fluctuaciones en las existencias de cobre.
Mientras tanto, el consumo de cobre experimentó contracciones sostenidas en Estados Unidos y Europa en agosto. En comparación, la demanda es sólida en varios países asiáticos, siendo la India el país con mejor desempeño. Las importaciones de cátodos de cobre de la India en el primer semestre de 2023 casi se triplicaron año tras año.
Dice el reporte de S&P que los precios han ganado ímpetu ascendente desde la guía del banco central de China, la que relajó las reglas de préstamo de viviendas residenciales en ciudades chinas de primer nivel como Guangzhou, Shenzhen, Shanghai y Beijing, permitiendo a compradores de hogares gozar de préstamos preferenciales en compras de primera-casa independientemente de su récord crediticio anterior.
Éstas medidas estímulo apuntando a impulsar las compras de vivienda levantaron el precio de cobre en la bolsa de Londres (Londres Metal Exchange, LME) a 3 meses a US$ 8535/t el primero de septiembre antes de retroceder a US$ 8242/t el 8 de septiembre debido a un rápido incremento en las acciones de cobre en los almacenes LME y un fuerte sector de servicios EE. UU. catalizando un tono extremista en el panorama cercano para las tasas de interés de EE.UU.
El precio del cobre luego incrementó a US$ 8 465 el 14 de septiembre por una data económica de agosto mejor a la esperada en China.
Un catalizador clave de la demanda es el fuerte crecimiento de la nueva capacidad solar instalada de China, la que saltó a 157.5 % año a año en los primeros siete meses del 2023. El consumo estimado de este sector puede ser alrededor de 200 000 toneladas métricas mayor año-a-año en el 2023.
El sector de vehículos eléctricos también ha visto un robusto crecimiento año-a-la-fecha, con aumento de producción a 36.9 % e incremento en volumen de ventas a 39.2 %.
La demanda de cobre típicamente se debilitaría en agosto debido al clima caliente; sin embargo, el consumo aparente de cobre refinado para el mes fue más fuerte que la mayoría de los siete meses previos del 2023.
En el 2023, los movimientos de precios parecen tener mayor influencia en la demanda que las temporadas; siguiendo un duro reabastecimiento en agosto, el suministro se debilitó cuando los precios aumentaron en septiembre, un mes pico típico de la demanda.
S & P pronosticó la persistencia de alta oferta de cátodo en China en el trimestre de diciembre. El reinicio de la fundidora Daye y el arranque de los proyectos de fundidora Houma y Baiyin podrían compensar pérdidas de la producción debido a interrupciones de mantenimiento en varias fundidoras.
Se espera que la demanda siga el adagio “no es tan fuerte en el periodo cumbre, ni tan débil en el periodo flojo”. Fundamentos del mercado relativamente estables son propensos a mermar la volatilidad en el precio del cobre. Mientras tanto, actividad de compra sensible-al-precio en China podría continuar limitando el lado positivo para los precios.
XIII Conferencia Anual de Ministros de
Minería aboga por cooperación regional
Octubre 8 de 2023.- Con el propósito de abordar la posición geopolítica de la región de las Américas frente la demanda de minerales estratégicos para la transición energética y la electromovilidad como el cobre, litio, níquel, tierras raras o molibdeno, entre otras materias de cooperación internacional en el marco del cambio climático, la subsecretaria de Minería, Suina Chahuán, lideró la XIII Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas – CAMMA 2023 que convocó en Santiago a altas autoridades mineras gubernamentales del continente.
Representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay se reunieron en Chile, que ofició de país anfitrión y coordinador de la cita regional, para identificar perspectivas de cooperación, intercambio y aprendizaje con el fin de abordar los desafíos del sector minero a nivel continental.
Al respecto, la subsecretaria de Minería manifestó que “es importante que, en estos espacios de colaboración internacional, tengamos presente que el papel central de la transición energética sólo es posible hoy día si entendemos que la minería tiene que ser más sostenible, no solamente en términos económicos sino también, medioambientales y sociales. Espero que, durante esta conferencia, podamos intercambiar distintas experiencias y perspectivas de políticas públicas que nos permitan avanzar en el objetivo común que es el desarrollo de nuestras industrias”.
Presentaciones
Durante el encuentro se llevaron a cabo dos espacios de discusión e intercambio de visiones. El primero de ellos centró el diálogo en torno a la necesidad de generar estrategias nacionales para contar con leyes, políticas e incentivos, así como mejores capacidades gubernamentales factibles de responder a la alta demanda y suministro de recursos con un desarrollo minero responsable y encadenamiento productivo local.
En tanto, un segundo bloque se concentró en identificar las oportunidades regionales habilitantes para avanzar en el fortalecimiento de la industria y la transición energética por medio de la colaboración, teniendo en cuenta que se requerirán nuevas inversiones en infraestructura compartida, investigación, conocimiento y desarrollo, que serán esenciales para diversificar las cadenas de suministro regionales, mejorar la eficacia productiva y proveer las soluciones tecnológicas ambientalmente sostenibles necesarias para producir minerales estratégicos.
En línea con lo anterior, Suina Chahuán comentó que “valoro este ánimo de discusión, de intercambio recíproco y reflexivo en torno a un tema tan relevante como son los minerales críticos. Hoy la minería está en un momento crucial. No es un sector productivo más, es un sector del cual depende la transición energética del mundo. Eso nos pone una responsabilidad muy relevante a todos los países que tenemos algo que decir en la materia”.
La XIII Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas, CAMMA 2023, consideró la intervención de Mauricio León, jefe de la Unidad de Recursos No Renovables de la División de Recursos Naturales de CEPAL, con la ponencia El sector minero en América Latina y el Caribe: Tendencias y Perspectivas.
El encuentro internacional finalizó con la visita de las delegaciones a las operaciones de El Teniente de Codelco, donde pudieron recorrer las instalaciones de la mina subterránea más grande del mundo y conocer el campamento Sewell, declarado por Unesco como Patrimonio Mundial de la Humanidad en 2006.
En paralelo a la reunión de ministros, también se realizó el Foro de Minería y Sostenibilidad de las Américas, organizado en alianza por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF).
En la reunión la ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, sostuvo que “el mundo está viviendo un proceso de cambio climático cuyas consecuencias para el planeta, los territorios y las comunidades tienen que ser enfrentadas por los países, con sentido de urgencia y el deber de tomar acciones que transformen los modelos de desarrollo productivo en el mundo, para transitar hacia economías resilientes, de bajas emisiones de carbono y basadas en el uso de energías renovables”.
Para ello, la secretaria de Estado explicó que “este desafío requiere de mejores y nuevas tecnologías, requiere de innovación, de nuevas capacidades humanas y junto con ello, demanda también, la necesidad de acelerar la producción y asegurar el suministro de minerales variados como el litio, el cobre, el cobalto o las tierras raras”.
“No es casualidad que estas dos instancias se hayan dado cita en Chile, precisamente, para abordar el desarrollo de la industria a partir de un tema tan relevante como lo es la geopolítica de los minerales estratégicos. Conversar respecto de las estrategias de colaboración en torno a estos recursos, críticos para el mundo desarrollado y claves para economías emergentes que pueden contribuir con su oferta minera, es fundamental para orientar esta contribución al progreso de las sociedades humanas para alcanzar la anhelada transición energética”, expuso la autoridad.
Junto con destacar “la oportunidad que se presenta a la minería chilena y regional, así como a sus encadenamientos productivos, como agentes de cambio para explorar y avanzar en mejores prácticas operacionales o ambientales que permitan construir vínculos o puentes capaces de reducir la fricción social que, muchas veces, implica desarrollar actividad minera en los territorios”, Williams llamó a la reflexión acerca del valor de generar políticas públicas basadas en el diálogo.
Asimismo, la ministra de Minería recalcó que “sin base social no vamos a construir la minería que queremos, porque los escenarios han cambiado. El mundo y la sociedad han cambiado. Por eso, hoy como, nunca antes, tenemos que abrir espacio a la creatividad, a la osadía, para enseñarle al mundo que podemos adaptarnos, que podemos hacer cosas en sintonía con los desafíos globales que el nuevo contexto nos exige”.
La jornada contó además con la intervención de Pablo Angelelli, jefe de operaciones del BID en Chile, quien manifestó que “la distribución geográfica de los minerales críticos está altamente concentrada, por lo cual hay una notable dependencia de un reducido número de países en lo que respecta a la extracción y el procesamiento de estos minerales y metales.
Esta situación, con implicancias geopolíticas y comerciales importantes, ofrece al sector minero de América Latina una verdadera oportunidad estratégica de maximizar sus ventajas y contrarrestar sus efectos adversos. La gestión y el aprovechamiento responsable de estos recursos por parte de los países de la región no solamente potenciaría el crecimiento económico general, generando más empleos y fomentando la inversión extranjera y aportando significativamente a las arcas fiscales nacionales, sino también situaría a la región como un actor destacado en las industrias emergentes y sostenibles del futuro”.
Información publicada por “Minería Chilena”.
Representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay se reunieron en Chile, que ofició de país anfitrión y coordinador de la cita regional, para identificar perspectivas de cooperación, intercambio y aprendizaje con el fin de abordar los desafíos del sector minero a nivel continental.
Al respecto, la subsecretaria de Minería manifestó que “es importante que, en estos espacios de colaboración internacional, tengamos presente que el papel central de la transición energética sólo es posible hoy día si entendemos que la minería tiene que ser más sostenible, no solamente en términos económicos sino también, medioambientales y sociales. Espero que, durante esta conferencia, podamos intercambiar distintas experiencias y perspectivas de políticas públicas que nos permitan avanzar en el objetivo común que es el desarrollo de nuestras industrias”.
Presentaciones
Durante el encuentro se llevaron a cabo dos espacios de discusión e intercambio de visiones. El primero de ellos centró el diálogo en torno a la necesidad de generar estrategias nacionales para contar con leyes, políticas e incentivos, así como mejores capacidades gubernamentales factibles de responder a la alta demanda y suministro de recursos con un desarrollo minero responsable y encadenamiento productivo local.
En tanto, un segundo bloque se concentró en identificar las oportunidades regionales habilitantes para avanzar en el fortalecimiento de la industria y la transición energética por medio de la colaboración, teniendo en cuenta que se requerirán nuevas inversiones en infraestructura compartida, investigación, conocimiento y desarrollo, que serán esenciales para diversificar las cadenas de suministro regionales, mejorar la eficacia productiva y proveer las soluciones tecnológicas ambientalmente sostenibles necesarias para producir minerales estratégicos.
En línea con lo anterior, Suina Chahuán comentó que “valoro este ánimo de discusión, de intercambio recíproco y reflexivo en torno a un tema tan relevante como son los minerales críticos. Hoy la minería está en un momento crucial. No es un sector productivo más, es un sector del cual depende la transición energética del mundo. Eso nos pone una responsabilidad muy relevante a todos los países que tenemos algo que decir en la materia”.
La XIII Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas, CAMMA 2023, consideró la intervención de Mauricio León, jefe de la Unidad de Recursos No Renovables de la División de Recursos Naturales de CEPAL, con la ponencia El sector minero en América Latina y el Caribe: Tendencias y Perspectivas.
El encuentro internacional finalizó con la visita de las delegaciones a las operaciones de El Teniente de Codelco, donde pudieron recorrer las instalaciones de la mina subterránea más grande del mundo y conocer el campamento Sewell, declarado por Unesco como Patrimonio Mundial de la Humanidad en 2006.
En paralelo a la reunión de ministros, también se realizó el Foro de Minería y Sostenibilidad de las Américas, organizado en alianza por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF).
En la reunión la ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, sostuvo que “el mundo está viviendo un proceso de cambio climático cuyas consecuencias para el planeta, los territorios y las comunidades tienen que ser enfrentadas por los países, con sentido de urgencia y el deber de tomar acciones que transformen los modelos de desarrollo productivo en el mundo, para transitar hacia economías resilientes, de bajas emisiones de carbono y basadas en el uso de energías renovables”.
Para ello, la secretaria de Estado explicó que “este desafío requiere de mejores y nuevas tecnologías, requiere de innovación, de nuevas capacidades humanas y junto con ello, demanda también, la necesidad de acelerar la producción y asegurar el suministro de minerales variados como el litio, el cobre, el cobalto o las tierras raras”.
“No es casualidad que estas dos instancias se hayan dado cita en Chile, precisamente, para abordar el desarrollo de la industria a partir de un tema tan relevante como lo es la geopolítica de los minerales estratégicos. Conversar respecto de las estrategias de colaboración en torno a estos recursos, críticos para el mundo desarrollado y claves para economías emergentes que pueden contribuir con su oferta minera, es fundamental para orientar esta contribución al progreso de las sociedades humanas para alcanzar la anhelada transición energética”, expuso la autoridad.
Junto con destacar “la oportunidad que se presenta a la minería chilena y regional, así como a sus encadenamientos productivos, como agentes de cambio para explorar y avanzar en mejores prácticas operacionales o ambientales que permitan construir vínculos o puentes capaces de reducir la fricción social que, muchas veces, implica desarrollar actividad minera en los territorios”, Williams llamó a la reflexión acerca del valor de generar políticas públicas basadas en el diálogo.
Asimismo, la ministra de Minería recalcó que “sin base social no vamos a construir la minería que queremos, porque los escenarios han cambiado. El mundo y la sociedad han cambiado. Por eso, hoy como, nunca antes, tenemos que abrir espacio a la creatividad, a la osadía, para enseñarle al mundo que podemos adaptarnos, que podemos hacer cosas en sintonía con los desafíos globales que el nuevo contexto nos exige”.
La jornada contó además con la intervención de Pablo Angelelli, jefe de operaciones del BID en Chile, quien manifestó que “la distribución geográfica de los minerales críticos está altamente concentrada, por lo cual hay una notable dependencia de un reducido número de países en lo que respecta a la extracción y el procesamiento de estos minerales y metales.
Esta situación, con implicancias geopolíticas y comerciales importantes, ofrece al sector minero de América Latina una verdadera oportunidad estratégica de maximizar sus ventajas y contrarrestar sus efectos adversos. La gestión y el aprovechamiento responsable de estos recursos por parte de los países de la región no solamente potenciaría el crecimiento económico general, generando más empleos y fomentando la inversión extranjera y aportando significativamente a las arcas fiscales nacionales, sino también situaría a la región como un actor destacado en las industrias emergentes y sostenibles del futuro”.
Información publicada por “Minería Chilena”.
Constitucionalidad del Decreto 754 en debate
Septiembre 24 de 2023.- Con la exposición de diez oradores, seleccionados entre aproximadamente medio centenar de personas y organizaciones que presentaron amicus curiae, el lunes 18 de setiembre se llevó la audiencia pública del caso No. 51-23-IN que se ventila en la Corte Constitucional para determinar la constitucionalidad del decreto que regula la consulta ambiental.
Antes que intervengan quienes presentaron los amicus, lo hicieron los enviados por los legitimados activos, Cristina Melo Arteaga, José Valenzuela Rosero, Segundo Leonidas Iza Salazar y los abogados Lennin Sarzosa y Mario Melo en representación de Marlon Richard Vargas Santi; los representantes de los legitimados pasivos, la Mgs. Yolanda Salgado Guerrón, subsecretaria General Jurídica de la Presidencia de la República y el abogado José Antonio Dávalos, ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y los representantes de los terceros con interés, Rafaella Uzcátegui Pacheco,
subdirectora de asuntos constitucionales de la Procuraduría General del Estado; la doctora Yajaira Anabel Curipallo Alava, delegada de la Defensoría del Pueblo, en la provincia de Pastaza y Jorge Luis Macas Romero, director de Patrocinio Legal y Eduardo Andrés Chang Dávila, director Jurídico de Minería del Ministerio de Energía y Minas.
En materia de argumentos, la novedad fue expuesta por los representantes del gobierno y algunas empresas según los cuales lo que está en juego no es la consulta ambiental en el sector minero, sino la paralización de 178 proyectos en marcha en diversos sectores de la economía nacional.
Fue el ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, José Antonio Dávalos, quien explicó que se trata de 178 proyectos que se desarrollan en el agro, en camales, en genética porcina, en el cultivo de banano, de palma y en la industria camaronera que han quedado paralizados por la decisión de la Corte Constitucional de suspender la vigencia del decreto 754.
También está paralizada la construcción de varios cementerios y de 6 hospitales básicos, a cargo del Estado; y otros dos a cargo del sector privado, así como el dragado del río Caracol en Babahoyo, además de muchas solicitudes para la explotación de canteras de materiales de construcción y muchas licencias para el aprovechamiento de recursos minerales no metálicos.
La ejecución de proyectos para el transporte de combustibles, la construcción de hoteles en Galápagos, una urbanización y 40 estaciones de servicios y plantas para balanceados, curtiembres, fundiciones metálicas, embutidos, plantas de oxígeno y 22 proyectos de alcantarillado, también habrían quedado detenidas temporalmente.
El ministro Dávalos dijo que la consulta previa, libre e informada es necesaria y será propuesta por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Será realizada antes del inicio de las operaciones pero ese no es un tema que sea materia del decreto 754, señaló Dávalos.
Quienes cuestionan la legalidad de dicho dispositivo, reiteraron en síntesis que no se respetaron los estándares constitucionales sobre consulta prelegislativa y que la propuesta del Ejecutivo confunde el derecho a la consulta ambiental con el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Antes que intervengan quienes presentaron los amicus, lo hicieron los enviados por los legitimados activos, Cristina Melo Arteaga, José Valenzuela Rosero, Segundo Leonidas Iza Salazar y los abogados Lennin Sarzosa y Mario Melo en representación de Marlon Richard Vargas Santi; los representantes de los legitimados pasivos, la Mgs. Yolanda Salgado Guerrón, subsecretaria General Jurídica de la Presidencia de la República y el abogado José Antonio Dávalos, ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y los representantes de los terceros con interés, Rafaella Uzcátegui Pacheco,
subdirectora de asuntos constitucionales de la Procuraduría General del Estado; la doctora Yajaira Anabel Curipallo Alava, delegada de la Defensoría del Pueblo, en la provincia de Pastaza y Jorge Luis Macas Romero, director de Patrocinio Legal y Eduardo Andrés Chang Dávila, director Jurídico de Minería del Ministerio de Energía y Minas.
En materia de argumentos, la novedad fue expuesta por los representantes del gobierno y algunas empresas según los cuales lo que está en juego no es la consulta ambiental en el sector minero, sino la paralización de 178 proyectos en marcha en diversos sectores de la economía nacional.
Fue el ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, José Antonio Dávalos, quien explicó que se trata de 178 proyectos que se desarrollan en el agro, en camales, en genética porcina, en el cultivo de banano, de palma y en la industria camaronera que han quedado paralizados por la decisión de la Corte Constitucional de suspender la vigencia del decreto 754.
También está paralizada la construcción de varios cementerios y de 6 hospitales básicos, a cargo del Estado; y otros dos a cargo del sector privado, así como el dragado del río Caracol en Babahoyo, además de muchas solicitudes para la explotación de canteras de materiales de construcción y muchas licencias para el aprovechamiento de recursos minerales no metálicos.
La ejecución de proyectos para el transporte de combustibles, la construcción de hoteles en Galápagos, una urbanización y 40 estaciones de servicios y plantas para balanceados, curtiembres, fundiciones metálicas, embutidos, plantas de oxígeno y 22 proyectos de alcantarillado, también habrían quedado detenidas temporalmente.
El ministro Dávalos dijo que la consulta previa, libre e informada es necesaria y será propuesta por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Será realizada antes del inicio de las operaciones pero ese no es un tema que sea materia del decreto 754, señaló Dávalos.
Quienes cuestionan la legalidad de dicho dispositivo, reiteraron en síntesis que no se respetaron los estándares constitucionales sobre consulta prelegislativa y que la propuesta del Ejecutivo confunde el derecho a la consulta ambiental con el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Foro de Minería y Sostenibilidad y Conferencia
de Ministerios de Minería de las Américas
Septiembre 24 de 2023.- Como la 13ª Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA) se reúne en Santiago, Chile, el 3 de octubre de 2023, el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y CAMMA, organizarán un diálogo de múltiples partes interesadas en la mañana inmediatamente anterior a la conferencia.
El diálogo ofrece la oportunidad para que diversos actores mineros compartan ideas sobre la geopolítica de los minerales estratégicos en las Américas, los desafíos que presenta para la región y las oportunidades para empoderar a las Américas a través de la cooperación regional.
El formulario para registrarse en esta reunión se puede descargar desde:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=xg6iAdnPHEezS-3DYWHDztBQjsZQCFVDmlksizme2_5UOTNYWlc0R0RJNExHT0tZT0NFQTJQNkNVVC4u
Como se sabe, la Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas es un evento destacado que reúne a expertos, líderes gubernamentales y representantes de la industria minera de toda la región. Esta conferencia se ha consolidado como un espacio de intercambio, aprendizaje y colaboración para abordar los desafíos y oportunidades en el sector minero en las Américas.
Este año, la conferencia se desarrollará en Santiago de Chile el próximo 3 de octubre y tendrá como tema central el de "Geopolítica de los Minerales Críticos".
Durante el día 4 de octubre se prevé realizar una visita al yacimiento "El Teniente"
Hace cuatro años, cuando el viceministro de Minas era el ingeniero Fernando Benalcázar, Ecuador fue sede de la Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas.
El diálogo ofrece la oportunidad para que diversos actores mineros compartan ideas sobre la geopolítica de los minerales estratégicos en las Américas, los desafíos que presenta para la región y las oportunidades para empoderar a las Américas a través de la cooperación regional.
El formulario para registrarse en esta reunión se puede descargar desde:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=xg6iAdnPHEezS-3DYWHDztBQjsZQCFVDmlksizme2_5UOTNYWlc0R0RJNExHT0tZT0NFQTJQNkNVVC4u
Como se sabe, la Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas es un evento destacado que reúne a expertos, líderes gubernamentales y representantes de la industria minera de toda la región. Esta conferencia se ha consolidado como un espacio de intercambio, aprendizaje y colaboración para abordar los desafíos y oportunidades en el sector minero en las Américas.
Este año, la conferencia se desarrollará en Santiago de Chile el próximo 3 de octubre y tendrá como tema central el de "Geopolítica de los Minerales Críticos".
Durante el día 4 de octubre se prevé realizar una visita al yacimiento "El Teniente"
Hace cuatro años, cuando el viceministro de Minas era el ingeniero Fernando Benalcázar, Ecuador fue sede de la Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas.
Líderes debaten sobre minería y transición energética (*)
Septiembre 24 de 2023.- Los días 7 y 8 de septiembre de este año se realizó la Reunión Intergubernamental Mundial sobre Aspectos Ambientales de la Gestión de Minerales y Metales, un evento llamado a desempeñar un papel crucial en el suministro de los minerales y metales que son esenciales para la transición global en curso hacia la energía limpia.
La reunión, GIMM por sus siglas en inglés, se celebró en Ginebra, Suiza; y congregó a delegados que representaban a 120 gobiernos y 60 organizaciones observadoras, incluidos organismos de las Naciones Unidas y otros órganos intergubernamentales, secretarías de acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (MEA, por sus siglas en inglés), la industria y organizaciones no gubernamentales.
El documento de síntesis del evento es claro: Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), un esfuerzo concertado para lograr los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático requeriría cuadruplicar las necesidades minerales críticas para las tecnologías de energía limpia hacia 2040.
Una transición aún más rápida, para alcanzar el cero neto a nivel mundial para 2050, requeriría seis veces más insumos minerales en 2040 que en la actualidad. Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) cita proyecciones que sugieren multiplicar por veinte la producción actual de minerales para 2035.
Al empezar la reunión, la copresidenta Martine Rohn-Brossard, de Suiza, señaló que se prevé que la transición a la energía limpia multiplique por veinte la demanda de minerales para 2035.
Entre los temas debatidos en la reunión, los delegados exploraron si y cómo: hacer que el PNUMA haga una evaluación global de los instrumentos y normas existentes; crear esquemas internacionales de certificación de metales; promover el consumo y la producción sostenibles (SCP, por sus siglas en inglés), incluso a través de la economía circular y la responsabilidad ampliada del productor (EPR); desarrollar directrices técnicas y normas para la gestión de relaves; adoptar directrices para el cierre de minas; crear un nuevo grupo de trabajo intergubernamental para dar seguimiento a cualquier propuesta hecha por GIMM; un posible programa global de minerales; o embarcarse en un acuerdo internacional sobre aspectos ambientales de la minería.
Aunque hubo amplia coincidencia en cuanto a que la idea de establecer un acuerdo internacional era prematura, el apoyo a otras propuestas fue variado, siendo las más populares: una evaluación global; el establecimiento de un posible grupo de trabajo; mayores esfuerzos en el desarrollo de capacidades y asistencia técnica, con respecto a, por ejemplo, la gestión de relaves y cierres de minas; y la creación de un observatorio mundial de la arena.
Sheila Aggarwal-Khan, del PNUMA, destacó la necesidad de considerar y abordar los impactos ambientales del aumento de la minería. También subrayó la necesidad de participar en debates relacionados con cuestiones como los conflictos sociales sobre la minería y cómo la gestión sostenible de la cadena de valor de los minerales y metales puede reducir la necesidad de extraer mineral.
Como organizador de la consulta regional para el Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), Chile la resumió y señaló que las consultas identificaron la necesidad de cerrar la brecha de confianza entre el sector minero y el público.
Destacó que el GRULAC apoya: un observatorio global de la arena; una red regional de expertos en minería y sostenibilidad; una evaluación global de instrumentos sobre relaves y monitoreo del Estándar Global de la Industria para la Gestión de Relaves (GISTM, por sus siglas en inglés); y trabajar en una economía circular, el diseño sostenible y el reprocesamiento de relaves de antiguas operaciones mineras.
(*) Con información tomada del Boletín de minerales y metales, una publicación del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible
La reunión, GIMM por sus siglas en inglés, se celebró en Ginebra, Suiza; y congregó a delegados que representaban a 120 gobiernos y 60 organizaciones observadoras, incluidos organismos de las Naciones Unidas y otros órganos intergubernamentales, secretarías de acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (MEA, por sus siglas en inglés), la industria y organizaciones no gubernamentales.
El documento de síntesis del evento es claro: Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), un esfuerzo concertado para lograr los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático requeriría cuadruplicar las necesidades minerales críticas para las tecnologías de energía limpia hacia 2040.
Una transición aún más rápida, para alcanzar el cero neto a nivel mundial para 2050, requeriría seis veces más insumos minerales en 2040 que en la actualidad. Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) cita proyecciones que sugieren multiplicar por veinte la producción actual de minerales para 2035.
Al empezar la reunión, la copresidenta Martine Rohn-Brossard, de Suiza, señaló que se prevé que la transición a la energía limpia multiplique por veinte la demanda de minerales para 2035.
Entre los temas debatidos en la reunión, los delegados exploraron si y cómo: hacer que el PNUMA haga una evaluación global de los instrumentos y normas existentes; crear esquemas internacionales de certificación de metales; promover el consumo y la producción sostenibles (SCP, por sus siglas en inglés), incluso a través de la economía circular y la responsabilidad ampliada del productor (EPR); desarrollar directrices técnicas y normas para la gestión de relaves; adoptar directrices para el cierre de minas; crear un nuevo grupo de trabajo intergubernamental para dar seguimiento a cualquier propuesta hecha por GIMM; un posible programa global de minerales; o embarcarse en un acuerdo internacional sobre aspectos ambientales de la minería.
Aunque hubo amplia coincidencia en cuanto a que la idea de establecer un acuerdo internacional era prematura, el apoyo a otras propuestas fue variado, siendo las más populares: una evaluación global; el establecimiento de un posible grupo de trabajo; mayores esfuerzos en el desarrollo de capacidades y asistencia técnica, con respecto a, por ejemplo, la gestión de relaves y cierres de minas; y la creación de un observatorio mundial de la arena.
Sheila Aggarwal-Khan, del PNUMA, destacó la necesidad de considerar y abordar los impactos ambientales del aumento de la minería. También subrayó la necesidad de participar en debates relacionados con cuestiones como los conflictos sociales sobre la minería y cómo la gestión sostenible de la cadena de valor de los minerales y metales puede reducir la necesidad de extraer mineral.
Como organizador de la consulta regional para el Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), Chile la resumió y señaló que las consultas identificaron la necesidad de cerrar la brecha de confianza entre el sector minero y el público.
Destacó que el GRULAC apoya: un observatorio global de la arena; una red regional de expertos en minería y sostenibilidad; una evaluación global de instrumentos sobre relaves y monitoreo del Estándar Global de la Industria para la Gestión de Relaves (GISTM, por sus siglas en inglés); y trabajar en una economía circular, el diseño sostenible y el reprocesamiento de relaves de antiguas operaciones mineras.
(*) Con información tomada del Boletín de minerales y metales, una publicación del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible
Decreto Ejecutivo 754 ´preocupa´ a Comisionado ONU
Septiembre 17 de 2023.- “Desde la Oficina de ONU Derechos Humanos en América del Sur expresamos nuestra preocupación sobre el alcance de la reforma realizada por el gobierno de Ecuador al reglamento del Código Orgánico del Ambiente, en cuanto se aleja de las normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos”, señaló el representante de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.
“De acuerdo con nuestro análisis, el Decreto Ejecutivo N°754 -promulgado el 31 de mayo de 2023- tiende a asimilar la figura de la consulta ambiental con el deber de consulta previa, libre e informada a los Pueblos Indígenas. Por ello, hacemos presente que esta consulta ambiental no puede reemplazar ni suprimir el derecho-deber contemplado en el Convenio 169 de la OIT”, sostiene Jarab en un comunicado.
Sostiene además que “son motivo de preocupación disposiciones del Decreto Ejecutivo N°754 que limitarían el derecho a una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, con información suficiente y oportuna, de modo que las observaciones de las personas y comunidades sean debidamente consideradas por las autoridades y contribuyan en dichos procesos”.
Añade que “la nueva reglamentación establece la consulta ambiental sólo para ciertas obras o actividades, designa al operador del proyecto como el encargado de incorporar o rechazar las observaciones de la comunidad, establece plazos breves para el proceso de entrega de información y no contempla mecanismos judiciales o administrativos para reclamar el proceso de evaluación ambiental, entre otros aspectos”.
“Dado lo anterior, llamamos a las autoridades ecuatorianas a asegurar que las regulaciones, tanto de la consulta a Pueblos Indígenas como de la consulta ambiental, observen debidamente el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo los compromisos y obligaciones del Estado incluyendo los compromisos y obligaciones del Estado en concordancia el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú”, finaliza.
La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene sede en Santiago y trabaja con Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
“De acuerdo con nuestro análisis, el Decreto Ejecutivo N°754 -promulgado el 31 de mayo de 2023- tiende a asimilar la figura de la consulta ambiental con el deber de consulta previa, libre e informada a los Pueblos Indígenas. Por ello, hacemos presente que esta consulta ambiental no puede reemplazar ni suprimir el derecho-deber contemplado en el Convenio 169 de la OIT”, sostiene Jarab en un comunicado.
Sostiene además que “son motivo de preocupación disposiciones del Decreto Ejecutivo N°754 que limitarían el derecho a una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, con información suficiente y oportuna, de modo que las observaciones de las personas y comunidades sean debidamente consideradas por las autoridades y contribuyan en dichos procesos”.
Añade que “la nueva reglamentación establece la consulta ambiental sólo para ciertas obras o actividades, designa al operador del proyecto como el encargado de incorporar o rechazar las observaciones de la comunidad, establece plazos breves para el proceso de entrega de información y no contempla mecanismos judiciales o administrativos para reclamar el proceso de evaluación ambiental, entre otros aspectos”.
“Dado lo anterior, llamamos a las autoridades ecuatorianas a asegurar que las regulaciones, tanto de la consulta a Pueblos Indígenas como de la consulta ambiental, observen debidamente el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo los compromisos y obligaciones del Estado incluyendo los compromisos y obligaciones del Estado en concordancia el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú”, finaliza.
La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene sede en Santiago y trabaja con Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Perú: 46 conflictos sociales vinculados
al sector minero entre junio y julio
Septiembre 17 de 2023.- De los 100 casos de conflictos sociales registrados por la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú durante los meses de junio y julio de este año, 46 de ellos estuvieron vinculados con la actividad minera.
De los 100 conflictos, 6 alcanzaron el nivel de riesgo crítico; 39, el nivel de riesgo inminente; 33, el nivel de riesgo intermedio; y 22, el nivel de riesgo bajo, de acuerdo con el informe Willaqniki, elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú.
Y de los 46 conflictos asociados a la actividad minera, la mayoría de ellos ocurrieron en operaciones que estaban en la etapa de exploración, en tanto que los demás fueron en minas de la Unidad Territorial del Corredor Vial Sur, principalmente.
Con base en los conflictos sociales mineros, 2 casos se encuentran en situación crítica, es decir, aquellos que presentan un nivel de riesgo muy alto para la gobernabilidad democrática, la gobernanza territorial, el orden público y los derechos fundamentales, y que por tanto requieren la intervención de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo.
Por otro lado, también se advierten 27 casos de conflictos sociales mineros en situación de riesgo inminente, es decir, aquellos casos que tuvieron un riesgo alto de afectar la gobernabilidad democrática y el orden público, y que por tanto tuvieron la atención oportuna del Poder Ejecutivo para evitar que escalen a una situación de crisis.
Sobre la base de los 100 conflictos sociales reconocidos a nivel nacional, aparte de los 46 casos relacionados a la minería, también existen casos asociados a los bienes y servicios públicos (17), hidrocarburos (14), infraestructura (9), hídrico (4), gobernabilidad (4), minería ilegal (3), agrario (3) y otros (1), de acuerdo con el informe Willaqniki.
De los 100 conflictos, 6 alcanzaron el nivel de riesgo crítico; 39, el nivel de riesgo inminente; 33, el nivel de riesgo intermedio; y 22, el nivel de riesgo bajo, de acuerdo con el informe Willaqniki, elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú.
Y de los 46 conflictos asociados a la actividad minera, la mayoría de ellos ocurrieron en operaciones que estaban en la etapa de exploración, en tanto que los demás fueron en minas de la Unidad Territorial del Corredor Vial Sur, principalmente.
Con base en los conflictos sociales mineros, 2 casos se encuentran en situación crítica, es decir, aquellos que presentan un nivel de riesgo muy alto para la gobernabilidad democrática, la gobernanza territorial, el orden público y los derechos fundamentales, y que por tanto requieren la intervención de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo.
Por otro lado, también se advierten 27 casos de conflictos sociales mineros en situación de riesgo inminente, es decir, aquellos casos que tuvieron un riesgo alto de afectar la gobernabilidad democrática y el orden público, y que por tanto tuvieron la atención oportuna del Poder Ejecutivo para evitar que escalen a una situación de crisis.
Sobre la base de los 100 conflictos sociales reconocidos a nivel nacional, aparte de los 46 casos relacionados a la minería, también existen casos asociados a los bienes y servicios públicos (17), hidrocarburos (14), infraestructura (9), hídrico (4), gobernabilidad (4), minería ilegal (3), agrario (3) y otros (1), de acuerdo con el informe Willaqniki.
Nuevo manual para evitar la disminución de la base imponible
Septiembre 17 de 2023.- El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), ha lanzado el capítulo 4.7 Reglamento de Precios de Transferencia, del Manual para el Control de la Planificación Fiscal Internacional, escrito por Carlos Pérez Gómez.
Este capítulo tiene como objetivo identificar las medidas legales y administrativas que los países han adoptado para regular los regímenes de precios de transferencia y abordar posibles comportamientos de riesgo por parte de los contribuyentes al realizar operaciones que involucran precios de transferencia con partes relacionadas.
El Capítulo 4.7. es el número 23 publicado en el marco del Manual para el Control de la Planificación Fiscal Internacional y está disponible en inglés y español. El Manual completo consta de seis secciones compuestas por 42 capítulos.
La publicación tiene por objetivo identificar las medidas legales y administrativas que han adoptado los países no sólo para administrar los regímenes de precios de transferencia, sino para enfrentar una posible conducta de riesgo por parte de los contribuyentes al realizar operaciones que involucren precios de transferencia con sus partes relacionadas o vinculadas.
En el contexto de una economía mundial globalizada, con millones de operaciones transfronterizas sucediendo en cada momento, las empresas multinacionales juegan un papel fundamental al concentrar la gran mayoría del volumen de transacciones internacionales, mismas que suceden e impactan financiera y fiscalmente a entidades jurídicas que forman parte de un mismo grupo empresarial.
Estas transacciones entre partes relacionadas, según el principio del operador independiente (también llamado principio de plena competencia) que rige la materia de precios de transferencia, deben de llevarse a cabo como lo hubieran realizado partes independientes en operaciones comparables, manteniendo asimismo una razonabilidad de negocios en línea con la dinámica que manifiestan los agentes económicos con fines de lucro en el libre mercado.
Este acuerdo internacional de imponer el principio del operador independiente especialmente a las transacciones transfronterizas entre partes relacionadas de un mismo grupo empresarial busca lograr una alineación entre la creación de valor o realización de un negocio con su registro contable y financiero.
En consecuencia, busca el pago de impuestos en su lugar de realización, evitando así la deslocalización de las utilidades de un negocio a jurisdicciones ajenas a su origen, por virtud de la manipulación de los precios de transferencia entre partes relacionadas.
Al asignar correctamente las utilidades de un grupo multinacional a las jurisdicciones que les pertenece, la normativa de precios de transferencia logra dos funciones principales: por un lado, evita que la utilidad se grave en dos jurisdicciones al mismo tiempo (doble tributación) y por el otro, busca que en cada jurisdicción se tribute acorde a la creación de valor en dicho territorio. Las transacciones entre partes relacionadas son variadas, y abarcan desde la transmisión de bienes materiales y activos intangibles, hasta la prestación de servicios a empresas asociadas, y las operaciones financieras.
El trabajo puede ser descargado de: https://www.ciat.org/4-7-transfer-pricing-regulations/?lang=en
Este capítulo tiene como objetivo identificar las medidas legales y administrativas que los países han adoptado para regular los regímenes de precios de transferencia y abordar posibles comportamientos de riesgo por parte de los contribuyentes al realizar operaciones que involucran precios de transferencia con partes relacionadas.
El Capítulo 4.7. es el número 23 publicado en el marco del Manual para el Control de la Planificación Fiscal Internacional y está disponible en inglés y español. El Manual completo consta de seis secciones compuestas por 42 capítulos.
La publicación tiene por objetivo identificar las medidas legales y administrativas que han adoptado los países no sólo para administrar los regímenes de precios de transferencia, sino para enfrentar una posible conducta de riesgo por parte de los contribuyentes al realizar operaciones que involucren precios de transferencia con sus partes relacionadas o vinculadas.
En el contexto de una economía mundial globalizada, con millones de operaciones transfronterizas sucediendo en cada momento, las empresas multinacionales juegan un papel fundamental al concentrar la gran mayoría del volumen de transacciones internacionales, mismas que suceden e impactan financiera y fiscalmente a entidades jurídicas que forman parte de un mismo grupo empresarial.
Estas transacciones entre partes relacionadas, según el principio del operador independiente (también llamado principio de plena competencia) que rige la materia de precios de transferencia, deben de llevarse a cabo como lo hubieran realizado partes independientes en operaciones comparables, manteniendo asimismo una razonabilidad de negocios en línea con la dinámica que manifiestan los agentes económicos con fines de lucro en el libre mercado.
Este acuerdo internacional de imponer el principio del operador independiente especialmente a las transacciones transfronterizas entre partes relacionadas de un mismo grupo empresarial busca lograr una alineación entre la creación de valor o realización de un negocio con su registro contable y financiero.
En consecuencia, busca el pago de impuestos en su lugar de realización, evitando así la deslocalización de las utilidades de un negocio a jurisdicciones ajenas a su origen, por virtud de la manipulación de los precios de transferencia entre partes relacionadas.
Al asignar correctamente las utilidades de un grupo multinacional a las jurisdicciones que les pertenece, la normativa de precios de transferencia logra dos funciones principales: por un lado, evita que la utilidad se grave en dos jurisdicciones al mismo tiempo (doble tributación) y por el otro, busca que en cada jurisdicción se tribute acorde a la creación de valor en dicho territorio. Las transacciones entre partes relacionadas son variadas, y abarcan desde la transmisión de bienes materiales y activos intangibles, hasta la prestación de servicios a empresas asociadas, y las operaciones financieras.
El trabajo puede ser descargado de: https://www.ciat.org/4-7-transfer-pricing-regulations/?lang=en
Colombia se unió a BOGA
Septiembre 10 de 2023.- Colombia se unió hace unos días a más de una decena de países que hace unos años formaron la Alianza Más Allá del Petróleo y el Gas (BOGA, por sus siglas en inglés), para que los gobiernos se comprometan a reducir la exploración y la producción de combustibles fósiles y que esa transición se acometa de manera justa.
La idea fue lanzada durante la COP 26 y fue una de las iniciativas lanzadas para limitar el aumento de la temperatura global media a 1,5 ºC por encima del nivel preindustrial, según dicta el Acuerdo Climático de París.
Entre los países promotores estaban Costa Rica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Suecia, Gales, Quebec y Groenlandia, que respaldaron la propuesta de no conceder nuevos permisos de exploración.
En ese momento, la condición para estar en BOGA es demostrar que están realizando esfuerzos para la eliminación progresiva del uso del petróleo y el gas.
La adhesión de Colombia la hicieron el ministro de Minas y Energía de ese país, Andrés Camacho Morales; y el Ministro de Cooperación al Desarrollo y Política Climática Global de Dinamarca, Dan Jørgensen.
“A partir de hoy, concentraremos nuestros esfuerzos en colaborar con BOGA para trabajar de forma conjunta en avanzar en nuestra transición, no solo energética, sino también económica. El trabajo con BOGA, responderá al elemento de justicia de nuestra transición energética, tanto para las comunidades como para la industria” afirmó el ministro Camacho.
Dijo también que su ministerio está trabajando conjuntamente con la Secretaría Técnica de BOGA proyectando un plan de trabajo enfocado en actividades de investigación, pedagogía y preparación de todas las variables involucradas en el desarrollo de la transición energética justa en Colombia, incluyendo diversificación en fuentes de actividad económica, ingresos fiscales y generación de empleo.
La idea fue lanzada durante la COP 26 y fue una de las iniciativas lanzadas para limitar el aumento de la temperatura global media a 1,5 ºC por encima del nivel preindustrial, según dicta el Acuerdo Climático de París.
Entre los países promotores estaban Costa Rica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Suecia, Gales, Quebec y Groenlandia, que respaldaron la propuesta de no conceder nuevos permisos de exploración.
En ese momento, la condición para estar en BOGA es demostrar que están realizando esfuerzos para la eliminación progresiva del uso del petróleo y el gas.
La adhesión de Colombia la hicieron el ministro de Minas y Energía de ese país, Andrés Camacho Morales; y el Ministro de Cooperación al Desarrollo y Política Climática Global de Dinamarca, Dan Jørgensen.
“A partir de hoy, concentraremos nuestros esfuerzos en colaborar con BOGA para trabajar de forma conjunta en avanzar en nuestra transición, no solo energética, sino también económica. El trabajo con BOGA, responderá al elemento de justicia de nuestra transición energética, tanto para las comunidades como para la industria” afirmó el ministro Camacho.
Dijo también que su ministerio está trabajando conjuntamente con la Secretaría Técnica de BOGA proyectando un plan de trabajo enfocado en actividades de investigación, pedagogía y preparación de todas las variables involucradas en el desarrollo de la transición energética justa en Colombia, incluyendo diversificación en fuentes de actividad económica, ingresos fiscales y generación de empleo.
Las propuestas que van a la segunda vuelta
Septiembre 3 de 2023.- En síntesis, Luisa Gonzales y Daniel Noboa abordan la problemática minera, es decir, su diagnóstico y propuestas, de la manera más superficial posible. A nivel de planteamientos de políticas públicas o de medidas concretas a promover desde el legislativo, la generalidad de los dos candidatos es bastante elocuente. Aquí lo que dicen los documentos que presentaron al Consejo Nacional Electoral.
ACCIÓN DEMOCRÁTICA NACIONAL
… La inversión en los sectores estratégicos es una prioridad para el crecimiento de la economía a nivel nacional, de esta manera se promoverá el desarrollo de actividades en materia de hidrocarburos, minería, energía, electricidad, telecomunicaciones, recursos hídricos y ambiente.
Principalmente, los objetivos del gobierno se enfocan en incrementar la eficiencia de estos sectores, proponiendo marcos de regulación que permitan alcanzar objetivos estatales; el aprovechamiento sostenible de estos recursos; industrializar los recursos naturales; y, ejecutar acciones destinadas a fortalecer las capacidades técnicas de sus instituciones rectoras, entre otras.
Programas y Acciones
1. Incentivo a la producción minera nacional: mediante delegación a la iniciativa privada, cooperativas y asociaciones de economía popular y solidaria, se alcance un verdadero desarrollo, especialmente bajo el régimen de pequeña minería,
impulsando que la misma, sea de manera industrializada, con capitales de inversión en el mediano y largo plazo, para lo cual será necesario, la apertura del catastro minero, con mecanismos de selección idóneos de los mejores proponentes.
2. Regularización de las actividades artesanales: Iniciar con su regularización, y a través de ello, que puedan afiliarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con el fin de que puedan tener acceso a salud y créditos que les permita mejorar sus condiciones de vida. Así mismo, el Estado podrá controlar aquellos mineros que son artesanales, con los grupos informales que, sin ningún tipo de cuidado, extraer recursos perjudicando al Estado y a los derechos de la naturaleza, sin que les importe su destrucción.
3. Controles en contra de minería ilegal: Se realizarán operativos en conjunto con las fuerzas armadas y policía nacional, que permita desarticular a las mafias y bandas que extraer recursos mineros de manera ilegal, para lo cual, será necesario
dotar de mejores herramientas de trabajo y de tecnología que permita identificar a estas mafias.
MOVIMIENTO REVOLUCIÓN CIUDADANA
Marco constitucional y Ordenamiento Legal
Reivindicar la prohibición constitucional de privatizar bienes públicos y de los sectores estratégicos del estado, activos y empresas públicas; y de ser el caso, restituirlos.
Medio ambiente
Conformar una auditoría ciudadana de las concesiones mineras, enfrentar a la minería ilegal y recuperar la institucionalidad de regulación y control del sector minero.
Trabajar en conjunto con los pueblos originarios para garantizar en sus territorios de manera completa e integral, tanto sus derechos del buen vivir, como los derechos de la naturaleza.
Conservar y asegurar el uso sostenible del aire y la biodiversidad del país, del mar territorial y los territorios ancestrales.
Ciudadanía decolonial
Reconocer y remediar las injusticias históricas cometidas contra los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras minorías, incluyendo la restitución de tierras y recursos, así como la reparación de daños materiales y simbólicos.
Fomentar la participación activa y significativa de las comunidades indígenas y locales en la toma de decisiones y acciones públicas en sus territorios, garantizando que sean inclusivas y atiendan a las especificidades territoriales.
Justicia, educación y salud interculturales
Abrir espacios de participación de las nacionalidades en la toma de decisiones respecto a sus territorios, con orientaciones hacia el nuevo modelo ecológico y sostenible.
Relaciones internacionales
Definir una agenda en la OMC que se alinee a los intereses de los países en desarrollo y proyectándola hacia el futuro, limitando las intenciones de las corporaciones transnacionales de avanzar en sus propuestas sobre propiedad intelectual, protección de inversiones, y últimamente de monopolizar los beneficios de internet y la sociedad digital.
Diversificar las relaciones económicas, comerciales y políticas para fortalecer el multilateralismo y el equilibrio global.
Para esto es necesario retomar los acercamientos con los países africanos y asiáticos e impulsar acuerdos de cooperación y complementariedad.
Comercio y acuerdos de comercio e inversión.
ACCIÓN DEMOCRÁTICA NACIONAL
… La inversión en los sectores estratégicos es una prioridad para el crecimiento de la economía a nivel nacional, de esta manera se promoverá el desarrollo de actividades en materia de hidrocarburos, minería, energía, electricidad, telecomunicaciones, recursos hídricos y ambiente.
Principalmente, los objetivos del gobierno se enfocan en incrementar la eficiencia de estos sectores, proponiendo marcos de regulación que permitan alcanzar objetivos estatales; el aprovechamiento sostenible de estos recursos; industrializar los recursos naturales; y, ejecutar acciones destinadas a fortalecer las capacidades técnicas de sus instituciones rectoras, entre otras.
Programas y Acciones
1. Incentivo a la producción minera nacional: mediante delegación a la iniciativa privada, cooperativas y asociaciones de economía popular y solidaria, se alcance un verdadero desarrollo, especialmente bajo el régimen de pequeña minería,
impulsando que la misma, sea de manera industrializada, con capitales de inversión en el mediano y largo plazo, para lo cual será necesario, la apertura del catastro minero, con mecanismos de selección idóneos de los mejores proponentes.
2. Regularización de las actividades artesanales: Iniciar con su regularización, y a través de ello, que puedan afiliarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con el fin de que puedan tener acceso a salud y créditos que les permita mejorar sus condiciones de vida. Así mismo, el Estado podrá controlar aquellos mineros que son artesanales, con los grupos informales que, sin ningún tipo de cuidado, extraer recursos perjudicando al Estado y a los derechos de la naturaleza, sin que les importe su destrucción.
3. Controles en contra de minería ilegal: Se realizarán operativos en conjunto con las fuerzas armadas y policía nacional, que permita desarticular a las mafias y bandas que extraer recursos mineros de manera ilegal, para lo cual, será necesario
dotar de mejores herramientas de trabajo y de tecnología que permita identificar a estas mafias.
MOVIMIENTO REVOLUCIÓN CIUDADANA
Marco constitucional y Ordenamiento Legal
Reivindicar la prohibición constitucional de privatizar bienes públicos y de los sectores estratégicos del estado, activos y empresas públicas; y de ser el caso, restituirlos.
Medio ambiente
Conformar una auditoría ciudadana de las concesiones mineras, enfrentar a la minería ilegal y recuperar la institucionalidad de regulación y control del sector minero.
Trabajar en conjunto con los pueblos originarios para garantizar en sus territorios de manera completa e integral, tanto sus derechos del buen vivir, como los derechos de la naturaleza.
Conservar y asegurar el uso sostenible del aire y la biodiversidad del país, del mar territorial y los territorios ancestrales.
Ciudadanía decolonial
Reconocer y remediar las injusticias históricas cometidas contra los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras minorías, incluyendo la restitución de tierras y recursos, así como la reparación de daños materiales y simbólicos.
Fomentar la participación activa y significativa de las comunidades indígenas y locales en la toma de decisiones y acciones públicas en sus territorios, garantizando que sean inclusivas y atiendan a las especificidades territoriales.
Justicia, educación y salud interculturales
Abrir espacios de participación de las nacionalidades en la toma de decisiones respecto a sus territorios, con orientaciones hacia el nuevo modelo ecológico y sostenible.
Relaciones internacionales
Definir una agenda en la OMC que se alinee a los intereses de los países en desarrollo y proyectándola hacia el futuro, limitando las intenciones de las corporaciones transnacionales de avanzar en sus propuestas sobre propiedad intelectual, protección de inversiones, y últimamente de monopolizar los beneficios de internet y la sociedad digital.
Diversificar las relaciones económicas, comerciales y políticas para fortalecer el multilateralismo y el equilibrio global.
Para esto es necesario retomar los acercamientos con los países africanos y asiáticos e impulsar acuerdos de cooperación y complementariedad.
Comercio y acuerdos de comercio e inversión.
Estados Unidos y Perú firman
acuerdo contra minería ilegal
Septiembre 3 de 2023.- Estados Unidos de América y el Perú firmaron el plan de acción 2023-2024 del Memorando de Entendimiento, MOU por sus siglas en inglés, sobre cooperación relacionada con la minería de oro a pequeña escala.
El objetivo del Memorando de Entendimiento es fortalecer la asociación y colaboración en actividades para promover la formalización de la minería de pequeña escala, con énfasis en la minería de oro, así como luchar contra la minería ilegal de oro y delitos relacionados.
El MOU identifica cinco pilares principales:
Proteger la salud humana y el medio ambiente reduciendo o eliminando el uso y la liberación de mercurio procedente de la minería en pequeña escala.
Fortalecer e incrementar la transparencia en la cadena de suministro y comercialización de oro.
Promover el desarrollo económico alternativo en áreas donde la minería está prohibida.
Prevenir, investigar y procesar eficazmente los delitos asociados con la minería ilegal de oro y el comercio conexo.
Prevenir y detener la invasión de la minería ilegal de las áreas naturales protegidas, pueblos indígenas, zonas arqueológicas que conforman el patrimonio cultural de la nación, entre otras áreas prohibidas.
El plan de acción guiará y promoverá actividades entre agosto de 2023 y diciembre de 2024.
Estados Unidos de Norteamérica y el Perú firmaron originalmente el MOU en 2017 y renovaron sus planes de acción de implementación anualmente hasta 2020. La firma de estos días marca la reanudación de los compromisos del plan de acción suscrito, aunque ambos países continuaron trabajando juntos en los pilares del MOU durante la pandemia de Covid-19, según las condiciones permitidas.
El objetivo del Memorando de Entendimiento es fortalecer la asociación y colaboración en actividades para promover la formalización de la minería de pequeña escala, con énfasis en la minería de oro, así como luchar contra la minería ilegal de oro y delitos relacionados.
El MOU identifica cinco pilares principales:
Proteger la salud humana y el medio ambiente reduciendo o eliminando el uso y la liberación de mercurio procedente de la minería en pequeña escala.
Fortalecer e incrementar la transparencia en la cadena de suministro y comercialización de oro.
Promover el desarrollo económico alternativo en áreas donde la minería está prohibida.
Prevenir, investigar y procesar eficazmente los delitos asociados con la minería ilegal de oro y el comercio conexo.
Prevenir y detener la invasión de la minería ilegal de las áreas naturales protegidas, pueblos indígenas, zonas arqueológicas que conforman el patrimonio cultural de la nación, entre otras áreas prohibidas.
El plan de acción guiará y promoverá actividades entre agosto de 2023 y diciembre de 2024.
Estados Unidos de Norteamérica y el Perú firmaron originalmente el MOU en 2017 y renovaron sus planes de acción de implementación anualmente hasta 2020. La firma de estos días marca la reanudación de los compromisos del plan de acción suscrito, aunque ambos países continuaron trabajando juntos en los pilares del MOU durante la pandemia de Covid-19, según las condiciones permitidas.
Exportaciones mineras de Argentina
superaron US$ 2300 millones el 2023
Septiembre 3 de 2023.- Las exportaciones mineras de Argentina totalizaron 2 321 millones de dólares en los primeros siete meses del año, un 4,3% más respecto al mismo período del año anterior y alcanzaron el nivel más alto desde el 2012, informó la Secretaría de Minería de ese país.
Las exportaciones de litio de Argentina, que conforma el llamado triángulo del litio junto con Bolivia y Chile, en los primeros siete meses del año crecieron un 41% respecto al 2022. En efectivo, eso significa 491 millones de dólares, informó la secretaría.
Las exportaciones de oro totalizaron 1283 millones de dólares, las de plata resultaron en 430 millones de dólares y el resto de los minerales metalíferos totalizaron 35 millones.
Las ventas al exterior de metalíferos en ese período totalizaron 1748 millones de dólares, 3% menos que en los primeros siete meses del 2022.
“Estos números son el resultado de un gobierno que impulsa el desarrollo de la actividad minera en el país”, dijo Fernanda Ávila, secretario de Minería del país.
“Debemos seguir trabajando para generar las condiciones necesarias para que la industria minera pueda ser un vector clave de desarrollo para el país”, agregó.
Las exportaciones mineras de julio sumaron 377 millones de dólares, un 24% más que en julio del año anterior. De ese total, 290 millones correspondieron a productos metalíferos: el oro con 234 millones de dólares, plata con 52 millones de dólares y los restantes por 4 millones.
En cuanto al litio, Argentina exportó en julio 74 millones de dólares, un 21,9% menos que en el mismo mes del 2022.
Las exportaciones de litio de Argentina, que conforma el llamado triángulo del litio junto con Bolivia y Chile, en los primeros siete meses del año crecieron un 41% respecto al 2022. En efectivo, eso significa 491 millones de dólares, informó la secretaría.
Las exportaciones de oro totalizaron 1283 millones de dólares, las de plata resultaron en 430 millones de dólares y el resto de los minerales metalíferos totalizaron 35 millones.
Las ventas al exterior de metalíferos en ese período totalizaron 1748 millones de dólares, 3% menos que en los primeros siete meses del 2022.
“Estos números son el resultado de un gobierno que impulsa el desarrollo de la actividad minera en el país”, dijo Fernanda Ávila, secretario de Minería del país.
“Debemos seguir trabajando para generar las condiciones necesarias para que la industria minera pueda ser un vector clave de desarrollo para el país”, agregó.
Las exportaciones mineras de julio sumaron 377 millones de dólares, un 24% más que en julio del año anterior. De ese total, 290 millones correspondieron a productos metalíferos: el oro con 234 millones de dólares, plata con 52 millones de dólares y los restantes por 4 millones.
En cuanto al litio, Argentina exportó en julio 74 millones de dólares, un 21,9% menos que en el mismo mes del 2022.
Se vienen reformas globales en materia tributaria
Agosto 27 de 2023.- La Consulta de Valoración Previa que en estos días inquieta a los técnicos que ven los aspectos tributarios del sector minero y a los funcionarios del sector, forma parte de un paquete de reglas aprobado por más de 130 países en octubre del 2021 que sigue siendo firmemente apoyado por el G-20 y un número cada vez mayor de países se prepara para implementarlo en enero del próximo año.
Lo real es que muchas compañías mineras multinacionales se verán afectadas por las nuevas reglas tributarias globales. Con cargo a abordar el tema de una manera más profunda intentamos por ahora mostrar cómo estas nuevas reglas globales pueden interactuar con el régimen fiscal local a partir de documentos recientes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo económico (OCDE)-G20 que brindan premisas clave para asegurar una tributación eficiente.
• Pilar Uno: reubicación de derechos tributarios
El Pilar Uno asegurará una distribución más justa de las ganancias y derechos tributarios entre países con respecto a las Empresas Multinacionales más grandes (MNEs, por sus siglas en inglés), incluyendo compañías digitales. Reubicaría algunos derechos tributarios sobre las Empresas Multinacionales de sus países de procedencia hacia los mercados en donde tienen actividades de negocios y obtienen ganancias, independientemente de si las firmas tengan una presencia física ahí. Bajo el Pilar Uno, los derechos de tributación en ganancias de más de US$ 125 billones se espera sean reubicados a las jurisdicciones de merado cada año.
• Pilar Dos – Mecanismo Anti-Erosión Base Global
El Pilar Dos busca colocar un piso a la competición por impuestos al ingreso corporativo, a través de la introducción de una tasa de impuestos corporativos mínima que los países puedan utilizar para proteger sus bases tributarias. El impuesto al ingreso corporativo mínimo global bajo el Pilar Dos – con una tasa mínima del 15% - se estima genere alrededor de US$ 150 billones adicionalmente a los ingresos tributarios globales anualmente. Beneficios adicionales surgirán también de la estabilización del sistema de impuestos internacional y la certeza tributaria incrementada para los tributarios y las administraciones tributarias. Véase Reglas Modelo Anti Erosión Base Globales (GloBE) publicadas el 20 de Diciembre del 2021, las que delinean el enfoque y disponen las provisiones operativas y definiciones de las reglas GloBE. Estas reglas se pretenden sean implementadas como parte de un abordaje común y se traigan a las legislaciones domésticas desde 2022.
El Pilar Uno es muy relevante para compañías ampliamente sostenidas digitalmente, pero menos para la industria minera pues explícitamente excluye las actividades extractivas. Este va aún más allá y perfila las primeras etapas de procesamiento de producción de mineral hecho en el país de extracción. Esto debería reasegurar que la totalidad de los derechos de tributación en extracción de recursos y procesamiento dentro-del-país de los países mineros sean preservados. La carga la llevarán mayormente las compañías mineras multinacionales para aplicar la exclusión y las jurisdicciones de sus países de procedencia para que los supervisen.
El Pilar Dos se aplica a todas las compañías con un umbral de ingreso global anual por encima de los EUR 750 millones, lo que cubriría la mayoría de empresas mineras medianas y grandes. Bajo este también si un país anfitrión no recolecta impuestos de una compañía minera a la tasa efectiva mínima del 15% en un año dado, otro país puede tener el derecho de cobrar la diferencia. El Pilar Dos afectará a muchos países que tienen una tributación baja o nula, por lo tanto cambiará cómo las multinacionales estructuran sus estrategias tributarias globales. A pesar de que los países mineros tienden a tener tasas tributarias al ingreso corporativo nominal mayores al 15%, muchos ofrecen incentivos tributarios generosos que pueden reducir tasas tributarias efectivas por debajo del 15%, por lo menos por un periodo de tiempo. Mucho tendrá que revisarse a la luz del mínimo tributario global.
Los gobiernos alrededor del mundo están comenzando a tomar acciones ante las nuevas reglas tributarias globales y a adaptar sus propias políticas tributarias como resultado. Ellos pueden tomar ventaja de la nueva Guía para Países en Desarrollo sobre Cómo Entender y Adaptar al Tributo Global Mínimo, publicado por el Instituto Internacional para Desarrollo Sostenible, el instituto anfitrión del IGF, y el Proyecto de Abogados Superiores Internacional. Y hay muchoas otros buenos recursos de organizaciones como la OCDE, Foro de Administración Tributaria Africano, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y la Conferencia de las Naciones Unidas acerca del Comercio y Desarrollo.
Más allá de la solución de Dos Pilares, la política tributaria globalmente está atravesando más cambios de lo que lo ha hecho en décadas. Muchos países se han dado cuenta que las reglas tributarias internacionales no están hechas en piedra, y esto abre oportunidades para nuevas ideas. Por ejemplo, la resolución de la ONU para iniciar charlas intergubernamentales en impuestos marca una salida mayor del status quo. Específicamente en el sector minero, el IGF y la iniciativa del Foro de Administración Tributaria Africano acerca del Futuro de la Tributación de Recursos está diseñada para ayudar a gobiernos y otras partes involucradas a repensar el diseño de políticas.
La iniciativa de Impuestos mineros Globales del Secretariado del IGF permanecerá concentrado en cómo estas reformas afectarán a los países mineros.
Lo real es que muchas compañías mineras multinacionales se verán afectadas por las nuevas reglas tributarias globales. Con cargo a abordar el tema de una manera más profunda intentamos por ahora mostrar cómo estas nuevas reglas globales pueden interactuar con el régimen fiscal local a partir de documentos recientes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo económico (OCDE)-G20 que brindan premisas clave para asegurar una tributación eficiente.
• Pilar Uno: reubicación de derechos tributarios
El Pilar Uno asegurará una distribución más justa de las ganancias y derechos tributarios entre países con respecto a las Empresas Multinacionales más grandes (MNEs, por sus siglas en inglés), incluyendo compañías digitales. Reubicaría algunos derechos tributarios sobre las Empresas Multinacionales de sus países de procedencia hacia los mercados en donde tienen actividades de negocios y obtienen ganancias, independientemente de si las firmas tengan una presencia física ahí. Bajo el Pilar Uno, los derechos de tributación en ganancias de más de US$ 125 billones se espera sean reubicados a las jurisdicciones de merado cada año.
• Pilar Dos – Mecanismo Anti-Erosión Base Global
El Pilar Dos busca colocar un piso a la competición por impuestos al ingreso corporativo, a través de la introducción de una tasa de impuestos corporativos mínima que los países puedan utilizar para proteger sus bases tributarias. El impuesto al ingreso corporativo mínimo global bajo el Pilar Dos – con una tasa mínima del 15% - se estima genere alrededor de US$ 150 billones adicionalmente a los ingresos tributarios globales anualmente. Beneficios adicionales surgirán también de la estabilización del sistema de impuestos internacional y la certeza tributaria incrementada para los tributarios y las administraciones tributarias. Véase Reglas Modelo Anti Erosión Base Globales (GloBE) publicadas el 20 de Diciembre del 2021, las que delinean el enfoque y disponen las provisiones operativas y definiciones de las reglas GloBE. Estas reglas se pretenden sean implementadas como parte de un abordaje común y se traigan a las legislaciones domésticas desde 2022.
El Pilar Uno es muy relevante para compañías ampliamente sostenidas digitalmente, pero menos para la industria minera pues explícitamente excluye las actividades extractivas. Este va aún más allá y perfila las primeras etapas de procesamiento de producción de mineral hecho en el país de extracción. Esto debería reasegurar que la totalidad de los derechos de tributación en extracción de recursos y procesamiento dentro-del-país de los países mineros sean preservados. La carga la llevarán mayormente las compañías mineras multinacionales para aplicar la exclusión y las jurisdicciones de sus países de procedencia para que los supervisen.
El Pilar Dos se aplica a todas las compañías con un umbral de ingreso global anual por encima de los EUR 750 millones, lo que cubriría la mayoría de empresas mineras medianas y grandes. Bajo este también si un país anfitrión no recolecta impuestos de una compañía minera a la tasa efectiva mínima del 15% en un año dado, otro país puede tener el derecho de cobrar la diferencia. El Pilar Dos afectará a muchos países que tienen una tributación baja o nula, por lo tanto cambiará cómo las multinacionales estructuran sus estrategias tributarias globales. A pesar de que los países mineros tienden a tener tasas tributarias al ingreso corporativo nominal mayores al 15%, muchos ofrecen incentivos tributarios generosos que pueden reducir tasas tributarias efectivas por debajo del 15%, por lo menos por un periodo de tiempo. Mucho tendrá que revisarse a la luz del mínimo tributario global.
Los gobiernos alrededor del mundo están comenzando a tomar acciones ante las nuevas reglas tributarias globales y a adaptar sus propias políticas tributarias como resultado. Ellos pueden tomar ventaja de la nueva Guía para Países en Desarrollo sobre Cómo Entender y Adaptar al Tributo Global Mínimo, publicado por el Instituto Internacional para Desarrollo Sostenible, el instituto anfitrión del IGF, y el Proyecto de Abogados Superiores Internacional. Y hay muchoas otros buenos recursos de organizaciones como la OCDE, Foro de Administración Tributaria Africano, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y la Conferencia de las Naciones Unidas acerca del Comercio y Desarrollo.
Más allá de la solución de Dos Pilares, la política tributaria globalmente está atravesando más cambios de lo que lo ha hecho en décadas. Muchos países se han dado cuenta que las reglas tributarias internacionales no están hechas en piedra, y esto abre oportunidades para nuevas ideas. Por ejemplo, la resolución de la ONU para iniciar charlas intergubernamentales en impuestos marca una salida mayor del status quo. Específicamente en el sector minero, el IGF y la iniciativa del Foro de Administración Tributaria Africano acerca del Futuro de la Tributación de Recursos está diseñada para ayudar a gobiernos y otras partes involucradas a repensar el diseño de políticas.
La iniciativa de Impuestos mineros Globales del Secretariado del IGF permanecerá concentrado en cómo estas reformas afectarán a los países mineros.
En Chile: Inician programa que impulsa
liderazgo femenino en la industria energética
Agosto 27 de 2023.- Cifras del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en Chile dan cuenta de que una de cada 4 matrículas de carreras STEM, (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), en el 2018, corresponden a mujeres. A su vez, en el área de tecnología, esta cifra se reduce a solo el 20%.
En una búsqueda por revertir esta tendencia y promover un cambio significativo en la representación de las mujeres en la industria, el Solar Energy Research Center Chile, SERC Chile, con el apoyo de la consultora Walk The Talk y la Universidad Técnica Federico Santa María, lanzan el programa “WISE: Women Inspiring Solar Engineering” para el fortalecimiento de las competencias profesionales de las mujeres en la industria.
El proyecto - impulsado y a cargo de los investigadores SERC, Ricardo Álvarez y Valeria del Campo - tiene como propósito fomentar la participación femenina en el sector energético y contribuir al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible "Igualdad de Género", propuesto por las Naciones Unidas para el 2030. A través de este programa, SERC Chile espera que las participantes adquieran y desarrollen competencias clave para el liderazgo en el sector.
Al respecto, Ricardo Álvarez, explica es fundamental abrir una mirada de equidad de género en este ecosistema. “Este programa no solo busca incrementar la presencia cuantitativa de mujeres en las organizaciones del sector, sino que también busca formar y empoderarlas para liderar el cambio hacia una energía más humana, sostenible y justa en Chile", aclara Álvarez, investigador del área de Almacenamiento de Energía SERC Chile y académico USM.
WISE que inicia el próximo 17 de agosto, es un programa de mentorías que acompañará a 30 estudiantes de último año de carreras de ingenierías, durante 9 sesiones, etapa en la que las alumnas compartirán su visión de futuro, experiencia, conocimientos, y participarán en charlas y actividades formativas fundamentales para su desarrollo profesional.
Todo ello, con el apoyo y guía de un equipo de coaches y de mujeres líderes del sector energía y medioambiente, quienes son parte del programa de liderazgo de la consultora Walk The Talk.
Esta iniciativa se basa en una metodología sólida y efectiva, diseñada para descubrir y desarrollar habilidades de liderazgo en las estudiantes. Una forma apasionada, innovadora y divertida de aprender a ejercer liderazgo que jamás se olvida y que nace, precisamente, para dar respuesta a las limitaciones que existen en el sistema de capacitación tradicional. Por ello, enfoca su metodología en producir cambios sostenibles en las estudiantes con miras a fortalecer el futuro desempeño profesional de las mujeres en organizaciones de los sectores energético y medioambiental.
Al respecto, la investigadora SERC, Valeria del Campo, explica que proporcionar oportunidades desde una etapa temprana de su carrera profesional permite influir positivamente en el desarrollo de oportunidades laborales, junto con crear entornos más inclusivos y diversos en las organizaciones, lo que también estimula la innovación y la creatividad al aprovechar diferentes perspectivas y enfoques.
“Estamos convencidos que al empoderar a las mujeres para que se conviertan en líderes en STEM, se establece un camino para el éxito individual y colectivo, donde las mujeres pueden desempeñar roles influyentes y ser agentes de cambio en la construcción de un futuro más equitativo y próspero en estas disciplinas. Sumado a esto, la inclusión de sus voces resulta fundamental para el avance de la agenda del Gobierno de Chile y sus objetivos para lograr la paridad de género en cargos directivos en 2040”.
Solar Energy Research Center (SERC) Chile es un centro de investigación científica de excelencia que cuenta con cuatro focos estratégicos, que están relacionados con el desarrollo actual de la energía solar y con las características productivas del país.
El centro, que forma parte del programa de centros de excelencia Fondap de la ANID, cuenta con siete áreas de investigación: Tratamiento solar de aguas; Sistemas de energía; Ciencia de los materiales y evaluación de los recursos solares; Almacenamiento de energía; Electrónica de potencia y conversión de energía; Desarrollo sostenible; Control de sistemas y procesos industriales.
Quienes constituyen estás líneas de investigación son los más de 80 investigadores e investigadoras pertenecientes a las ocho instituciones públicas y privadas que trabajan con SERC Chile: la Universidad de Tarapacá (UTA), la Universidad de Antofagasta (UA), la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), la Universidad de Chile (UCH), la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), la Universidad de Concepción (UDEC) y Fraunhofer Chile.
En una búsqueda por revertir esta tendencia y promover un cambio significativo en la representación de las mujeres en la industria, el Solar Energy Research Center Chile, SERC Chile, con el apoyo de la consultora Walk The Talk y la Universidad Técnica Federico Santa María, lanzan el programa “WISE: Women Inspiring Solar Engineering” para el fortalecimiento de las competencias profesionales de las mujeres en la industria.
El proyecto - impulsado y a cargo de los investigadores SERC, Ricardo Álvarez y Valeria del Campo - tiene como propósito fomentar la participación femenina en el sector energético y contribuir al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible "Igualdad de Género", propuesto por las Naciones Unidas para el 2030. A través de este programa, SERC Chile espera que las participantes adquieran y desarrollen competencias clave para el liderazgo en el sector.
Al respecto, Ricardo Álvarez, explica es fundamental abrir una mirada de equidad de género en este ecosistema. “Este programa no solo busca incrementar la presencia cuantitativa de mujeres en las organizaciones del sector, sino que también busca formar y empoderarlas para liderar el cambio hacia una energía más humana, sostenible y justa en Chile", aclara Álvarez, investigador del área de Almacenamiento de Energía SERC Chile y académico USM.
WISE que inicia el próximo 17 de agosto, es un programa de mentorías que acompañará a 30 estudiantes de último año de carreras de ingenierías, durante 9 sesiones, etapa en la que las alumnas compartirán su visión de futuro, experiencia, conocimientos, y participarán en charlas y actividades formativas fundamentales para su desarrollo profesional.
Todo ello, con el apoyo y guía de un equipo de coaches y de mujeres líderes del sector energía y medioambiente, quienes son parte del programa de liderazgo de la consultora Walk The Talk.
Esta iniciativa se basa en una metodología sólida y efectiva, diseñada para descubrir y desarrollar habilidades de liderazgo en las estudiantes. Una forma apasionada, innovadora y divertida de aprender a ejercer liderazgo que jamás se olvida y que nace, precisamente, para dar respuesta a las limitaciones que existen en el sistema de capacitación tradicional. Por ello, enfoca su metodología en producir cambios sostenibles en las estudiantes con miras a fortalecer el futuro desempeño profesional de las mujeres en organizaciones de los sectores energético y medioambiental.
Al respecto, la investigadora SERC, Valeria del Campo, explica que proporcionar oportunidades desde una etapa temprana de su carrera profesional permite influir positivamente en el desarrollo de oportunidades laborales, junto con crear entornos más inclusivos y diversos en las organizaciones, lo que también estimula la innovación y la creatividad al aprovechar diferentes perspectivas y enfoques.
“Estamos convencidos que al empoderar a las mujeres para que se conviertan en líderes en STEM, se establece un camino para el éxito individual y colectivo, donde las mujeres pueden desempeñar roles influyentes y ser agentes de cambio en la construcción de un futuro más equitativo y próspero en estas disciplinas. Sumado a esto, la inclusión de sus voces resulta fundamental para el avance de la agenda del Gobierno de Chile y sus objetivos para lograr la paridad de género en cargos directivos en 2040”.
Solar Energy Research Center (SERC) Chile es un centro de investigación científica de excelencia que cuenta con cuatro focos estratégicos, que están relacionados con el desarrollo actual de la energía solar y con las características productivas del país.
El centro, que forma parte del programa de centros de excelencia Fondap de la ANID, cuenta con siete áreas de investigación: Tratamiento solar de aguas; Sistemas de energía; Ciencia de los materiales y evaluación de los recursos solares; Almacenamiento de energía; Electrónica de potencia y conversión de energía; Desarrollo sostenible; Control de sistemas y procesos industriales.
Quienes constituyen estás líneas de investigación son los más de 80 investigadores e investigadoras pertenecientes a las ocho instituciones públicas y privadas que trabajan con SERC Chile: la Universidad de Tarapacá (UTA), la Universidad de Antofagasta (UA), la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), la Universidad de Chile (UCH), la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), la Universidad de Concepción (UDEC) y Fraunhofer Chile.
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Chocó Andino: el 32% dijo no
Agosto 20 de 2023.- Al cierre de esta edición, consultadas 5537 de las 5950 actas que debían levantarse en la consulta popular sobre la actividad minera en la mancomunidad del Chocó Andino, el resultado era contundente: el 68% de la población no quiere que se haga minería en la capital.
El tema de las consultas es cosa seria y debería entenderse así. Hace dos años se preguntó a la población de Cuenca si quería que construya una mina en la zona de recarga hídrica y la respuesta fue clarísima. Sin embargo, han pasado los meses y la cuestión sigue en los tribunales porque hay una lógica que entiende de manera particular el resultado de una consulta.
En febrero del 2018 hubo también un referéndum en torno a la posibilidad de hacer minería en zonas urbanas y en áreas consideradas como reservas. Al margen de lo que pase con las reservas de crudo que existen en el Yasuní, lo que se viene ahora es una avalancha de consultas populares sobre la minería que pondrá en tensión las fuerzas de los partidarios de la industria y la de los colectivos de activistas de los derechos humanos y la naturaleza.
El resultado es fácil de suponerlo, es decir, es casi tan predecible como los mensajes de la Cámara de Minería o la propaganda que vienen haciendo los que quieren venderle coca cola a los enfermos de diabetes.
El tema de las consultas es cosa seria y debería entenderse así. Hace dos años se preguntó a la población de Cuenca si quería que construya una mina en la zona de recarga hídrica y la respuesta fue clarísima. Sin embargo, han pasado los meses y la cuestión sigue en los tribunales porque hay una lógica que entiende de manera particular el resultado de una consulta.
En febrero del 2018 hubo también un referéndum en torno a la posibilidad de hacer minería en zonas urbanas y en áreas consideradas como reservas. Al margen de lo que pase con las reservas de crudo que existen en el Yasuní, lo que se viene ahora es una avalancha de consultas populares sobre la minería que pondrá en tensión las fuerzas de los partidarios de la industria y la de los colectivos de activistas de los derechos humanos y la naturaleza.
El resultado es fácil de suponerlo, es decir, es casi tan predecible como los mensajes de la Cámara de Minería o la propaganda que vienen haciendo los que quieren venderle coca cola a los enfermos de diabetes.
Cambios en el escenario minero chileno
Agosto 20 de 2023.- Importantes cambios vienen ocurriendo en el sector minero chileno. El miércoles 16 de agosto, el presidente Gabriel Boric anunció, durante el tercer cambio de gabinete, el reemplazo de la ministra de Minería. También se cambió al presidente de Codelco, a altos mandos de la Empresa Nacional de Minería, Enami; se nombró a cinco nuevos subsecretarios y subsecretarias y firmó el Convenio 176 de la OIT, decisión que reafirma el compromiso con la seguridad de los trabajadores.
Se anunció además que no cederán concesiones de litio hasta, al menos, el final de su mandato en 2026 y recalcó este mineral como símbolo de soberanía.
Reemplazando a la ministra Marcela Hernando tras 17 meses en su cargo, se designó a Aurora Williams Baussa, quien ya había desempeñado el cargo durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet.
Ingeniera comercial de la Universidad Católica del Norte (UCN) con estudios de postgrado especializados en administración de empresas, incluyendo un máster en Dirección y Administración de Empresas de la Universidad de Lérida en España, militante del Partido Radical (PR); su trayectoria incluye el haber sido gerenta general de la Corporación Clúster Minero de Antofagasta y gerenta de operaciones de Ciptemin.
Durante su pasada gestión se aprobó la capitalización de Codelco para financiar los proyectos estructurales de la estatal y se creó la ley que crea un Mecanismo de Estabilización del Precio del Cobre para la Pequeña Minería. Además, creó la Comisión Nacional del Litio, que tenía como objetivo crear una política pública para el desarrollo de esta industria en el país, y que fue recordada y enfatizada por el presidente en su discurso.
Reemplazando a Willy Kracht en la Subsecretaría de Minería, quien llevaba el cargo desde marzo del 2022, entró Suina Chahuán Kim.
Estos cambios han sido bien recibidos por diversos gremios mineros. Con respecto a la nueva ministra, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Jorge Riesco, declaró que “es una profesional que ya ocupó la cartera durante la administración de la presidenta Bachelet. Conoce el sector, tiene experiencia y está al tanto de los importantes desafíos que enfrenta nuestra industria. Ella siempre ha mostrado una buena disposición con nuestro gremio […] confiamos en que la ministra Williams pueda encabezar una agenda que contribuya a otorgar certeza jurídica y al fortalecimiento institucional necesario para recuperar la confianza de los inversionistas y a poner en marcha la cartera de proyectos mineros con que cuenta nuestro país”.
En cuanto a la salida de Willy Kracht de la Subsecretaría de Minería, declaró que “Nos ha sorprendido la amplitud del cambio que ha llevado a cabo el Presidente Boric, lo que demostraría un cambio de rumbo del sector”.
En esa misma línea, la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN) sostuvo que “nos asegura una fuerte relación con nuestro gremio; así como una buena conducción de los temas que interesan al desarrollo integral del sector minero, para lo cual le ofrecemos nuestra colaboración”.
Otros cambios importantes tuvieron lugar dentro de Codelco, tras la renuncia en junio de su presidente André Sougarret -quien argumentó dificultades para conciliar las demandas del puesto con su vida personal- que se hará efectiva este 31 de agosto.
Codelco atraviesa el nivel más bajo de producción en un cuarto de siglo, sufriendo por la falta de inversión, costos disparados y proyectos estratégicos que enfrentan retrasos y sobrecostos. A pesar de que los precios del cobre se encuentran a más de 20% por encima del promedio de la última década, estos factores han empeorado sus métricas crediticias. Dentro de un escenario de interrupciones en las cadenas de suministro, inflación y cuellos de botella en la construcción, Máximo Pacheco, su presidente, espera una recuperación a partir del próximo año y el aseguramiento de la producción de la empresa por los próximos 50 años gracias a sus proyectos estratégicos.
Por otro lado, el Ministerio de Minería informó que Jaime Pérez de Arce, vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami), fue sacado de su cargo. La vicepresidencia ejecutiva de la minera será tomada por Iván Mlynarz Puig, geólogo de la Universidad de Chile con 18 años de experiencia en el sector. La empresa atraviesa una difícil situación económica, reportándose pérdidas de US$ 224 millones de dólares solo en los últimos 15 meses, lo que representa el 48% de su patrimonio; adeuda, además, US$ 581 millones al cierre del 2022, que según SONAMI podría llegar a los US$ 760 millones, cifra considerada “impagable” en la industria.
Se anunció además que no cederán concesiones de litio hasta, al menos, el final de su mandato en 2026 y recalcó este mineral como símbolo de soberanía.
Reemplazando a la ministra Marcela Hernando tras 17 meses en su cargo, se designó a Aurora Williams Baussa, quien ya había desempeñado el cargo durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet.
Ingeniera comercial de la Universidad Católica del Norte (UCN) con estudios de postgrado especializados en administración de empresas, incluyendo un máster en Dirección y Administración de Empresas de la Universidad de Lérida en España, militante del Partido Radical (PR); su trayectoria incluye el haber sido gerenta general de la Corporación Clúster Minero de Antofagasta y gerenta de operaciones de Ciptemin.
Durante su pasada gestión se aprobó la capitalización de Codelco para financiar los proyectos estructurales de la estatal y se creó la ley que crea un Mecanismo de Estabilización del Precio del Cobre para la Pequeña Minería. Además, creó la Comisión Nacional del Litio, que tenía como objetivo crear una política pública para el desarrollo de esta industria en el país, y que fue recordada y enfatizada por el presidente en su discurso.
Reemplazando a Willy Kracht en la Subsecretaría de Minería, quien llevaba el cargo desde marzo del 2022, entró Suina Chahuán Kim.
Estos cambios han sido bien recibidos por diversos gremios mineros. Con respecto a la nueva ministra, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Jorge Riesco, declaró que “es una profesional que ya ocupó la cartera durante la administración de la presidenta Bachelet. Conoce el sector, tiene experiencia y está al tanto de los importantes desafíos que enfrenta nuestra industria. Ella siempre ha mostrado una buena disposición con nuestro gremio […] confiamos en que la ministra Williams pueda encabezar una agenda que contribuya a otorgar certeza jurídica y al fortalecimiento institucional necesario para recuperar la confianza de los inversionistas y a poner en marcha la cartera de proyectos mineros con que cuenta nuestro país”.
En cuanto a la salida de Willy Kracht de la Subsecretaría de Minería, declaró que “Nos ha sorprendido la amplitud del cambio que ha llevado a cabo el Presidente Boric, lo que demostraría un cambio de rumbo del sector”.
En esa misma línea, la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN) sostuvo que “nos asegura una fuerte relación con nuestro gremio; así como una buena conducción de los temas que interesan al desarrollo integral del sector minero, para lo cual le ofrecemos nuestra colaboración”.
Otros cambios importantes tuvieron lugar dentro de Codelco, tras la renuncia en junio de su presidente André Sougarret -quien argumentó dificultades para conciliar las demandas del puesto con su vida personal- que se hará efectiva este 31 de agosto.
Codelco atraviesa el nivel más bajo de producción en un cuarto de siglo, sufriendo por la falta de inversión, costos disparados y proyectos estratégicos que enfrentan retrasos y sobrecostos. A pesar de que los precios del cobre se encuentran a más de 20% por encima del promedio de la última década, estos factores han empeorado sus métricas crediticias. Dentro de un escenario de interrupciones en las cadenas de suministro, inflación y cuellos de botella en la construcción, Máximo Pacheco, su presidente, espera una recuperación a partir del próximo año y el aseguramiento de la producción de la empresa por los próximos 50 años gracias a sus proyectos estratégicos.
Por otro lado, el Ministerio de Minería informó que Jaime Pérez de Arce, vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami), fue sacado de su cargo. La vicepresidencia ejecutiva de la minera será tomada por Iván Mlynarz Puig, geólogo de la Universidad de Chile con 18 años de experiencia en el sector. La empresa atraviesa una difícil situación económica, reportándose pérdidas de US$ 224 millones de dólares solo en los últimos 15 meses, lo que representa el 48% de su patrimonio; adeuda, además, US$ 581 millones al cierre del 2022, que según SONAMI podría llegar a los US$ 760 millones, cifra considerada “impagable” en la industria.
El debate de opiniones tiene una brillante oportunidad
Agosto 13 de 2023.- El Tribunal de Honor del Colegio Regional de Ingenieros Geólogos, de Minas, Petróleos y Ambiental, regional norte (Cigmipa), presidido por el doctor Arturo Égüez, dirigió hace unos días una carta al ingeniero Pablo Duque que reproducimos íntegramente en esta edición. Por supuesto que reproducimos también la respuesta, porque creemos en el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre cuáles son las propuestas e ideas que circulan en el Ecuador de hoy, en que la violencia pretende silenciar a quienes no están de acuerdo con la implantación de un pensamiento único que ahogue los fundamentos de una sociedad democrática.
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Minería queda al margen del consenso en Cumbre Amazónica
Agosto 13 de 2023.- Con la Declaración de Belém que se firmó al final del primer día de la Cumbre Amazónica que reunió a los presidentes de Brasil, Colombia, Perú y Bolivia; y ministros de los ocho países integrantes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), con la presencia de asistentes de la sociedad civil y los pueblos indígenas en los días de diálogo en Belém do Pará, Brasil, del 4 al 8 de agosto.
Los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, anfitrión del evento; Gustavo Petro, de Colombia; Dina Boluarte, de Perú y Luis Arce de Bolivia. Por Venezuela estuvo la canciller Delcy Rodríguez, de Ecuador y Surinam asistieron sus cancilleres Juan Carlos Holguín y Albert Ramdin respectivamente, mientras que de Guyana estuvo presente el primer ministro Mark Phillips.
La declaración oficial contiene 113 puntos divididos en 18 segmentos que incluyen temas como cambio climático, protección de los bosques, cooperación policial, judicial y de inteligencia en la lucha contra las actividades ilícitas, economía para el desarrollo sostenible y derechos humanos.
La misiva describe 100 medidas de conservación, incluido un mayor monitoreo y acción contra la minería ilegal y la deforestación. Sin embargo, los participantes no lograron llegar a un consenso sobre políticas específicas.
Uno de los objetivos de la cumbre fue fortalecer la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, creada en 1995. Los resultados de esta cumbre se deben evaluar teniendo en cuenta que no había una reunión de este grupo de países desde 2009, por lo que hay un gran déficit en relación con los temas urgentes que deben abordarse con respecto a la Amazonía por lo que hay un gran déficit en relación con los temas urgentes que deben abordarse con respecto a la Amazonía", dijo Sergio Leitão, titular del Instituto Escolhas, a BNamericas.
Los observadores esperaban anuncios importantes sobre reducciones de emisiones y exploración de petróleo y gas o prohibiciones mineras.
El documento no incluye varios de los puntos clave que se conversaron los días previos como compromisos concretos para detener la expansión de la frontera de petróleo y gas en la Amazonía, propuesta impulsada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
“La declaración abarca una serie de temas pero no define ni metas ni indicadores que permitan evaluar avances. Los gobiernos han sido tímidos en abordar los problemas que ponen a la Amazonía en un punto de no retorno y que podría ser pronto una región fallida si no se adoptan medidas urgentes”, señaló Alicia Guzmán, codirectora del Programa Amazonía de Stand.earth al portal Mongabay Latam.
Guzmán también mencionó que la dependencia de los estados a las industrias extractivas no les ha permitido entender el momento histórico en el que está la región. “Si bien habla de minería, no se toca el tema de la agroindustria y su rol como responsable del 86 % de la deforestación. El tema petrolero quedó por fuera, a pesar de que su rol en la deforestación y degradación es de vital importancia para una transición energética justa. Es una mirada miope”, agrega Guzmán.
La referencia a la minería en la Declaración de Belém está expresada en el punto 79, en donde solo se detalla que se debe “iniciar un diálogo entre los Estados Parte sobre la sostenibilidad de sectores tales como minería e hidrocarburos en la Región Amazónica, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus políticas nacionales soberanas”.
Durante la plenaria que abrió la cumbre también estuvieron presentes integrantes de la sociedad civil que participaron en los Diálogos Amazónicos en los días previos, así como en la Asamblea de los Pueblos que se realizó en paralelo.
Una de las demandas principales de los pueblos originarios de los países amazónicos durante los Diálogos Amazónicos ha sido que se concrete la titulación pendiente de sus territorios.
La meta de lograr cero deforestación, otro de los pedidos, apenas se menciona en el documento en la sección 45, donde se detalla que “establecer la Alianza Amazónica de Combate a la Deforestación entre los Estados Parte, para impulsar la cooperación regional en la lucha contra la deforestación, con la finalidad de evitar que la Amazonía llegue al punto de no retorno, reconociendo y fomentando el cumplimiento de las metas nacionales, incluidas aquellas de deforestación cero”.
El Foro Social Panamazónico (Fospa), junto con la Red Eclesial Panamazónica (Repam), organizaron la Asamblea de los Pueblos que se realizó del 4 al 8 de agosto también en Belém do Pará. La cita reunió a líderes indígenas y movimientos sociales de todos los países amazónicos y culminó con un pronunciamiento de 29 puntos entre los que se mencionan “derogar y abrogar las leyes y disposiciones legales que promueven la destrucción de la Amazonía; titular el 100 % de las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas, afrodescendientes, quilombolas y comunidades tradicionales, garantizando la seguridad integral jurídica y física de la propiedad colectiva, así como la protección territorial de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario”.
Además, solicitaron a los gobiernos frenar la expansión de la frontera agropecuaria, promover un plan de transición para salvar la Amazonía de la minería ilegal y la contaminación por mercurio y prohibir las actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas, ancestrales y comunitarios, entre otros temas.
Los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, anfitrión del evento; Gustavo Petro, de Colombia; Dina Boluarte, de Perú y Luis Arce de Bolivia. Por Venezuela estuvo la canciller Delcy Rodríguez, de Ecuador y Surinam asistieron sus cancilleres Juan Carlos Holguín y Albert Ramdin respectivamente, mientras que de Guyana estuvo presente el primer ministro Mark Phillips.
La declaración oficial contiene 113 puntos divididos en 18 segmentos que incluyen temas como cambio climático, protección de los bosques, cooperación policial, judicial y de inteligencia en la lucha contra las actividades ilícitas, economía para el desarrollo sostenible y derechos humanos.
La misiva describe 100 medidas de conservación, incluido un mayor monitoreo y acción contra la minería ilegal y la deforestación. Sin embargo, los participantes no lograron llegar a un consenso sobre políticas específicas.
Uno de los objetivos de la cumbre fue fortalecer la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, creada en 1995. Los resultados de esta cumbre se deben evaluar teniendo en cuenta que no había una reunión de este grupo de países desde 2009, por lo que hay un gran déficit en relación con los temas urgentes que deben abordarse con respecto a la Amazonía por lo que hay un gran déficit en relación con los temas urgentes que deben abordarse con respecto a la Amazonía", dijo Sergio Leitão, titular del Instituto Escolhas, a BNamericas.
Los observadores esperaban anuncios importantes sobre reducciones de emisiones y exploración de petróleo y gas o prohibiciones mineras.
El documento no incluye varios de los puntos clave que se conversaron los días previos como compromisos concretos para detener la expansión de la frontera de petróleo y gas en la Amazonía, propuesta impulsada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
“La declaración abarca una serie de temas pero no define ni metas ni indicadores que permitan evaluar avances. Los gobiernos han sido tímidos en abordar los problemas que ponen a la Amazonía en un punto de no retorno y que podría ser pronto una región fallida si no se adoptan medidas urgentes”, señaló Alicia Guzmán, codirectora del Programa Amazonía de Stand.earth al portal Mongabay Latam.
Guzmán también mencionó que la dependencia de los estados a las industrias extractivas no les ha permitido entender el momento histórico en el que está la región. “Si bien habla de minería, no se toca el tema de la agroindustria y su rol como responsable del 86 % de la deforestación. El tema petrolero quedó por fuera, a pesar de que su rol en la deforestación y degradación es de vital importancia para una transición energética justa. Es una mirada miope”, agrega Guzmán.
La referencia a la minería en la Declaración de Belém está expresada en el punto 79, en donde solo se detalla que se debe “iniciar un diálogo entre los Estados Parte sobre la sostenibilidad de sectores tales como minería e hidrocarburos en la Región Amazónica, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus políticas nacionales soberanas”.
Durante la plenaria que abrió la cumbre también estuvieron presentes integrantes de la sociedad civil que participaron en los Diálogos Amazónicos en los días previos, así como en la Asamblea de los Pueblos que se realizó en paralelo.
Una de las demandas principales de los pueblos originarios de los países amazónicos durante los Diálogos Amazónicos ha sido que se concrete la titulación pendiente de sus territorios.
La meta de lograr cero deforestación, otro de los pedidos, apenas se menciona en el documento en la sección 45, donde se detalla que “establecer la Alianza Amazónica de Combate a la Deforestación entre los Estados Parte, para impulsar la cooperación regional en la lucha contra la deforestación, con la finalidad de evitar que la Amazonía llegue al punto de no retorno, reconociendo y fomentando el cumplimiento de las metas nacionales, incluidas aquellas de deforestación cero”.
El Foro Social Panamazónico (Fospa), junto con la Red Eclesial Panamazónica (Repam), organizaron la Asamblea de los Pueblos que se realizó del 4 al 8 de agosto también en Belém do Pará. La cita reunió a líderes indígenas y movimientos sociales de todos los países amazónicos y culminó con un pronunciamiento de 29 puntos entre los que se mencionan “derogar y abrogar las leyes y disposiciones legales que promueven la destrucción de la Amazonía; titular el 100 % de las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas, afrodescendientes, quilombolas y comunidades tradicionales, garantizando la seguridad integral jurídica y física de la propiedad colectiva, así como la protección territorial de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario”.
Además, solicitaron a los gobiernos frenar la expansión de la frontera agropecuaria, promover un plan de transición para salvar la Amazonía de la minería ilegal y la contaminación por mercurio y prohibir las actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas, ancestrales y comunitarios, entre otros temas.
Arbitraje Codelco-Enami EP en el Ciadi tiene
tercer árbitro y presidente del tribunal
Agosto 6 de 2023.- John Beechey fue designado tercer árbitro y presidente del tribunal arbitral en la disputa de arbitraje de Codelco contra Ecuador en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi, postergado por cinco veces.
Según la estatal chilena, Ecuador no ha cumplido con sus obligaciones en el proyecto Llurimagua, en el norte del país. Por eso es que a fines del año pasado pidió a la Secretaría General del Ciadi que se notifique al país para que nombre sus abogados ante el tribunal arbitral.
La tensa relación de Codelco con su par ecuatoriano, Enami EP, después de la firma de un acuerdo de accionistas hace siete años, se debe a unos términos contractuales que no fueron bien recibidos en el ámbito local. Los planes de internacionalización de Codelco se han visto complicados por la falta de ratificación y firma de los acuerdos.
El 19 de junio, se designó a Beechey, un abogado británico con una amplia experiencia en arbitraje internacional, como el tercer y último árbitro, quien actuará como presidente del tribunal arbitral.
José Martínez de Hoz, designado por Codelco, un abogado argentino con una sólida trayectoria en arbitrajes y Zachary Douglas, designado por Enami EP, un experto en derecho internacional con amplia experiencia en tratados de inversión y arbitrajes comerciales, son los primeros dos árbitros.
La resolución de este caso tendrá implicaciones significativas para el futuro del proyecto de cobre Llurimagua, que tiene décadas de oposición de las comunidades de la zona, y sentará un precedente importante en la industria minera.
Según la estatal chilena, Ecuador no ha cumplido con sus obligaciones en el proyecto Llurimagua, en el norte del país. Por eso es que a fines del año pasado pidió a la Secretaría General del Ciadi que se notifique al país para que nombre sus abogados ante el tribunal arbitral.
La tensa relación de Codelco con su par ecuatoriano, Enami EP, después de la firma de un acuerdo de accionistas hace siete años, se debe a unos términos contractuales que no fueron bien recibidos en el ámbito local. Los planes de internacionalización de Codelco se han visto complicados por la falta de ratificación y firma de los acuerdos.
El 19 de junio, se designó a Beechey, un abogado británico con una amplia experiencia en arbitraje internacional, como el tercer y último árbitro, quien actuará como presidente del tribunal arbitral.
José Martínez de Hoz, designado por Codelco, un abogado argentino con una sólida trayectoria en arbitrajes y Zachary Douglas, designado por Enami EP, un experto en derecho internacional con amplia experiencia en tratados de inversión y arbitrajes comerciales, son los primeros dos árbitros.
La resolución de este caso tendrá implicaciones significativas para el futuro del proyecto de cobre Llurimagua, que tiene décadas de oposición de las comunidades de la zona, y sentará un precedente importante en la industria minera.
Ecuador publicó su primer Informe EITI
Agosto 6 de 2023.- El Ecuador tiene su primer informe país dentro de los parámetros de la Iniciativa EITI que ablandó sus exigencias a partir de la pandemia de 2020 extendiendo los antes estrictos plazos para presentar los logros nacionales en la gobernanza transparente de las industrias extractivas, el “Informe EITI Ecuador período 2020 – 2022”.
En efecto, con este documento, que tiene fecha abril de 2023, el Ecuador supera este primer reto sobre el que no se tuvo noticia desde la renuncia del primer Secretario Técnico en julio de 2022. Sin embargo, sigue sin cumplir con las promesas principales del estándar en los objetivos centrales de la Iniciativa en su origen: proporcionar acceso público gratuito a los contratos completos de explotación de los recursos naturales de los países en los rubros de petróleo, gas y minerales.
Más que un informe que aporte mucho a la transparencia de las industrias extractivas, en el sector minero el documento es una descripción cuantitativa, con datos publicados por el Ministerio de Energía y Minas en su rendición de cuentas de 2022 y una recopilación de los principales conceptos, instrumentos y reglas de su normativa legal y el estado actual de su institucionalidad.
En el documento de 123 páginas, destaca la mención de once proyectos que el Ministerio denomina estratégicos y de segunda generación, aunque solo enlista diez: Fruta del Norte, Curipamba, Cascabel, Ruta del Cobre, La Plata, San Carlos, Loma Larga, Mirador, Llurimagua y Cangrejos.
En la página 35, Cuadro 16: Proyectos Mineros Estratégicos, presenta la información de ocho de dichos proyectos: Fruta del Norte, Curipamba, Cascabel, Ruta del Cobre, La Plata, San Carlos Panantza, Loma Larga y Mirador. El cuadro incluye: nombre del proyecto, la subsidiaria ecuatoriana, el consocio extranjero al cual pertenecen, las hectáreas concesionadas, la ubicación geográfica, la inversión realizada desde 2012 hasta el 2022, la fase minera en la que se encuentran, el pago de impuestos realizados, especialmente por patente de conservación, el empleo directo e indirecto generado y la inversión social realizada al 2022.
Los proyectos con el mayor número de hectáreas concesionadas son San Carlos Panantza, suspendido por orden judicial, con 38 548 hectáreas. Le sigue Curipamba, en proceso de obtener licencia ambiental, con 21 537. En relación con la inversión realizada: Fruta del Norte tiene US$ 1547; Curipamba, US$ 72,68; Cascabel con US$ 266,81; Ruta del Cobre US$ 52,29, La Plata US$ 22,33; San Carlos Panantza con US$ 3031,70; Loma Larga, tiene US$ 499 y Mirador había invertido US$ 1570 hasta el 2022.
En cuanto a los datos de empleo directo del sector minero industrial hay que destacar que Fruta del Norte tiene 2.654 empleados; Curipamba genera 291 puestos de trabajo directo; Cascabel cuenta con 573; Ruta del Cobre con 37; La Plata, con 133; San Carlos Panantza con 20; Loma Larga con 84 personas y Mirador con 3.281 plazas de empleo directo. El dato de empleo indirecto resulta de multiplicar por tres la cifra de empleo directo.
No hay explicación sobre la falta de información sobre los proyectos Llurimagua y Cangrejos.
La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) se basa en un modelo de múltiples partes interesadas que reúne a los gobiernos, la sociedad civil y las empresas del sector extractivo que agrupa a petróleo, gas y minería.
Como se ha promocionó en su momento, en septiembre 2019 el Ecuador anunció la adhesión oficial a la iniciativa, en junio 2020 se creó el “grupo multipartícipe” y en octubre 2020 fue aceptado como país implementador del Estándar.
Tras su aceptación, se comprometió en crear un proceso EITI adaptado a las necesidades específicas del país. Los miembros del grupo asumieron la definición del alcance de la información a publicarse en el primer informe país.
A nivel internacional, los estándares también se han ido modificando en el énfasis dado a la información a recopilarse, analizarse y divulgarse. Por ejemplo, durante los dos últimos años, los partidarios de una transparencia que contribuya a prevenir el origen ilegítimo de las inversiones, quisieron poner un énfasis en la transparencia de los beneficiarios finales.
Con beneficiarios finales se refiere a los accionistas e inversionistas que son quienes reciben la parte principal de los beneficios y en sus aportes tributarios a los países dueños de los recursos, así como información que contribuya a evitar el lavado de activos y las formas de elusión de impuestos que podrían configurarse. Pocos países avanzaron en esa dirección.
El cuarto y último Estándar fue adoptado en la Conferencia Global EITI, realizada en junio incluye disposiciones que, en teoría, permiten a los países responder a los desafíos más apremiantes relacionados con la gobernanza de los recursos naturales.
A grandes rasgos, el nuevo estándar plantea novedades en cuanto a la lucha contra la corrupción a través del uso de la plataforma del EITI con la finalidad de identificar y abordar los riesgos de corrupción en el sector de los recursos naturales.
También contiene nuevas disposiciones que favorecen las divulgaciones y el debate público acerca de los impactos de la transición energética, cuestiones de género, sociales y ambientales y en cuanto a recaudación de ingresos.
Entre tanto, en Ecuador, el grupo multipartícipe conformado inicialmente por seis ong quiteñas como líderes de la sociedad civil, que ahora son ocho, en noviembre 2021 aprobó la modalidad flexible para el desarrollo de su primer informe. Le dieron como objeto el garantizar que las divulgaciones sirvan de insumo a los debates relacionados a la gobernanza en industrias extractivas, el impacto de la pandemia Covid -19, la recuperación post pandemia y otros acontecimientos significativos que inciden en la industria.
Con el objetivo de avanzar hacia la formulación de un primer Informe EITI, la Secretaría Técnica del EITI Ecuador con el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) contrató la consultoría para su elaboración, el cual se desarrolla en este documento.
En la introducción de este informe se señala también como objetivo central determinar la aplicabilidad del Estándar en cada uno de sus requisitos, identificar los flujos de pagos de la industria extractiva y su materialidad… entre otros.
En efecto, con este documento, que tiene fecha abril de 2023, el Ecuador supera este primer reto sobre el que no se tuvo noticia desde la renuncia del primer Secretario Técnico en julio de 2022. Sin embargo, sigue sin cumplir con las promesas principales del estándar en los objetivos centrales de la Iniciativa en su origen: proporcionar acceso público gratuito a los contratos completos de explotación de los recursos naturales de los países en los rubros de petróleo, gas y minerales.
Más que un informe que aporte mucho a la transparencia de las industrias extractivas, en el sector minero el documento es una descripción cuantitativa, con datos publicados por el Ministerio de Energía y Minas en su rendición de cuentas de 2022 y una recopilación de los principales conceptos, instrumentos y reglas de su normativa legal y el estado actual de su institucionalidad.
En el documento de 123 páginas, destaca la mención de once proyectos que el Ministerio denomina estratégicos y de segunda generación, aunque solo enlista diez: Fruta del Norte, Curipamba, Cascabel, Ruta del Cobre, La Plata, San Carlos, Loma Larga, Mirador, Llurimagua y Cangrejos.
En la página 35, Cuadro 16: Proyectos Mineros Estratégicos, presenta la información de ocho de dichos proyectos: Fruta del Norte, Curipamba, Cascabel, Ruta del Cobre, La Plata, San Carlos Panantza, Loma Larga y Mirador. El cuadro incluye: nombre del proyecto, la subsidiaria ecuatoriana, el consocio extranjero al cual pertenecen, las hectáreas concesionadas, la ubicación geográfica, la inversión realizada desde 2012 hasta el 2022, la fase minera en la que se encuentran, el pago de impuestos realizados, especialmente por patente de conservación, el empleo directo e indirecto generado y la inversión social realizada al 2022.
Los proyectos con el mayor número de hectáreas concesionadas son San Carlos Panantza, suspendido por orden judicial, con 38 548 hectáreas. Le sigue Curipamba, en proceso de obtener licencia ambiental, con 21 537. En relación con la inversión realizada: Fruta del Norte tiene US$ 1547; Curipamba, US$ 72,68; Cascabel con US$ 266,81; Ruta del Cobre US$ 52,29, La Plata US$ 22,33; San Carlos Panantza con US$ 3031,70; Loma Larga, tiene US$ 499 y Mirador había invertido US$ 1570 hasta el 2022.
En cuanto a los datos de empleo directo del sector minero industrial hay que destacar que Fruta del Norte tiene 2.654 empleados; Curipamba genera 291 puestos de trabajo directo; Cascabel cuenta con 573; Ruta del Cobre con 37; La Plata, con 133; San Carlos Panantza con 20; Loma Larga con 84 personas y Mirador con 3.281 plazas de empleo directo. El dato de empleo indirecto resulta de multiplicar por tres la cifra de empleo directo.
No hay explicación sobre la falta de información sobre los proyectos Llurimagua y Cangrejos.
La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) se basa en un modelo de múltiples partes interesadas que reúne a los gobiernos, la sociedad civil y las empresas del sector extractivo que agrupa a petróleo, gas y minería.
Como se ha promocionó en su momento, en septiembre 2019 el Ecuador anunció la adhesión oficial a la iniciativa, en junio 2020 se creó el “grupo multipartícipe” y en octubre 2020 fue aceptado como país implementador del Estándar.
Tras su aceptación, se comprometió en crear un proceso EITI adaptado a las necesidades específicas del país. Los miembros del grupo asumieron la definición del alcance de la información a publicarse en el primer informe país.
A nivel internacional, los estándares también se han ido modificando en el énfasis dado a la información a recopilarse, analizarse y divulgarse. Por ejemplo, durante los dos últimos años, los partidarios de una transparencia que contribuya a prevenir el origen ilegítimo de las inversiones, quisieron poner un énfasis en la transparencia de los beneficiarios finales.
Con beneficiarios finales se refiere a los accionistas e inversionistas que son quienes reciben la parte principal de los beneficios y en sus aportes tributarios a los países dueños de los recursos, así como información que contribuya a evitar el lavado de activos y las formas de elusión de impuestos que podrían configurarse. Pocos países avanzaron en esa dirección.
El cuarto y último Estándar fue adoptado en la Conferencia Global EITI, realizada en junio incluye disposiciones que, en teoría, permiten a los países responder a los desafíos más apremiantes relacionados con la gobernanza de los recursos naturales.
A grandes rasgos, el nuevo estándar plantea novedades en cuanto a la lucha contra la corrupción a través del uso de la plataforma del EITI con la finalidad de identificar y abordar los riesgos de corrupción en el sector de los recursos naturales.
También contiene nuevas disposiciones que favorecen las divulgaciones y el debate público acerca de los impactos de la transición energética, cuestiones de género, sociales y ambientales y en cuanto a recaudación de ingresos.
Entre tanto, en Ecuador, el grupo multipartícipe conformado inicialmente por seis ong quiteñas como líderes de la sociedad civil, que ahora son ocho, en noviembre 2021 aprobó la modalidad flexible para el desarrollo de su primer informe. Le dieron como objeto el garantizar que las divulgaciones sirvan de insumo a los debates relacionados a la gobernanza en industrias extractivas, el impacto de la pandemia Covid -19, la recuperación post pandemia y otros acontecimientos significativos que inciden en la industria.
Con el objetivo de avanzar hacia la formulación de un primer Informe EITI, la Secretaría Técnica del EITI Ecuador con el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) contrató la consultoría para su elaboración, el cual se desarrolla en este documento.
En la introducción de este informe se señala también como objetivo central determinar la aplicabilidad del Estándar en cada uno de sus requisitos, identificar los flujos de pagos de la industria extractiva y su materialidad… entre otros.
Chile: Presidente Boric y ministros de Hacienda
y Minería promulgan ley de royalty minero
gosto 6 de 2023.- El Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Minería, Marcela Hernando, promulgaron la Ley de Royalty Minero, iniciativa aprobada por el Congreso el pasado 17 de mayo luego de más de cuatro años de tramitación.
En general, el proyecto establece un nuevo esquema tributario para los explotadores mineros que produzcan más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) al año, que considera un impuesto ad valorem de 1% sobre las ventas anuales de cobre, y un componente sobre el margen minero con tasas entre 8% y 26% según margen operacional. Se fijó una carga tributaria potencial máxima entre 45,5% y 46,5% dependiendo del volumen de producción.
Esta nueva estructura impositiva empezará a regir a partir del 2024 y, en régimen, espera recaudar 0,45% del PIB (equivalente a aproximadamente US$ 1.350 millones), de los cuales US$ 450 millones serán distribuidos directamente para impulsar el desarrollo productivo de las regiones y comunas en todo el país.
"Creemos, y tengo la más firme convicción, que legislaciones como ésta, que distribuyen de mejor manera la riqueza que generan los trabajadores y trabajadoras para toda nuestra patria, son un paso en la dirección correcta. Estos nuevos impuestos a la Gran Minería del cobre no van a significar solamente más recaudación, no son para agrandar las arcas del Estado, sino que son para el beneficio de las personas y las familias de Chile, son para ustedes que nos están viendo en la casa", señaló el mandatario.
El ministro Marcel, en tanto, señaló que la aprobación de esta iniciativa genera mayor certeza impactando positivamente en las inversiones. De hecho, comentó, que en el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital a junio de 2023 la inversión proyectada en minería para el quinquenio 2023-2027 se elevó a US$15.440 millones. Este monto supera a la proyección del primer trimestre de 2023 en US$ 7.773 millones, principalmente por el ingreso de nuevas iniciativas tras la aprobación del proyecto.
"También tenemos la tarea de cumplir con los compromisos que se asumieron en el protocolo de acuerdo que acompañó el despacho de esta ley que incluye, en primer lugar, tender un puente en materia financiera para regiones y municipios con un 50% de la parte del Royalty que está comprometido a contar del 2025, lo que ya incorporamos en el presupuesto 2024. Además, está el compromiso de establecer una mesa para trabajar en reducir los tiempos de tramitación de los proyectos mineros en un 30%. Esa mesa ya se constituyó hace unos días. También está el compromiso de incluir en el presupuesto 2024 recursos por tres años por US$ 200 millones anuales en un fondo para apalancar inversiones productivas en las regiones del norte del país y aportar US$ 350 millones para inversión en seguridad ciudadana. Y, finalmente, la tarea probablemente más importante es gastar bien los recursos, generar los proyectos en los cuales se puedan invertir estos fondos para que rindan beneficios a la comunidad. Y también asegurar que se ejecuten con toda la transparencia, el cumplimiento de las normas y rendición de cuentas que corresponden", agregó el ministro.
La ministra Hernando destacó que "varios alcaldes, durante mucho tiempo, empujaron la propuesta de un Royalty a la Gran Minería del cobre para reivindicar lo que significa desarrollar esta industria en comunas de diversa naturaleza, desde Arica hasta Punta Arenas. Y, en ese contexto, esta es una muy buena noticia para todas y cada una de las regiones del país. Este Royalty hará posible que comunas muy apartadas y que no tienen actividad minera, también reciban una retribución importante, y en aquellas en donde se desarrolla esta actividad reciban una justa compensación. Agradecer a las y los parlamentarios, a los autores iniciales de este proyecto. El Gobierno del Presidente Boric hizo realidad los sueños de los territorios mineros, solidarizando con otras regiones que no son tan mineras, para que todas y todos reciban retribución de lo que significa ser un país minero".
Los detalles
La nueva ley establece un esquema tributario para los explotadores mineros cuyas ventas provengan en más de un 50% de cobre, y con una producción mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) al año. Para este grupo, se establecen dos tasas:
Un componente ad valorem de 1% sobre sus ventas anuales de cobre. En los casos en que la firmas tengan un resultado operacional negativo (RIOMA negativa), no procederá el pago de este componente.
Un componente sobre el margen minero con tasas entre 8% y 26% dependiendo del margen operacional minero (MOM) y considerará la depreciación y los gastos de puesta en marcha en el cálculo de los costos..
Es importante destacar que para aquellas mineras pequeñas y medianas (que produzcan menos de 50.000 TMCF) se mantiene la misma carga tributaria vigente.
Adicionalmente, se introdujo una carga tributaria potencial máxima, que establece el techo que pagarán las grandes mineras en tributos, considerando conjuntamente el pago del impuesto específico o Royalty, el impuesto de primera categoría y los impuestos finales (adicional). Para los explotadores mineros con una producción superior a 50.000 y menor a 80.000 TMCF al año, se establece una cifra máxima de 45,5%; mientras que por sobre las 80.000 TMCF anuales, la carga potencial máxima será de 46,5%.
También el proyecto introduce nuevos incentivos a la expansión de proyectos mineros, ya que el impuesto específico para estos explotadores mineros se determinará utilizando un promedio de su producción durante los últimos seis años, quedando transitoriamente con tasas más bajas que otros de similar producción.
Una de las grandes innovaciones de este proyecto es que, por Ley, se crean tres fondos de beneficio comunal y regional que suman US$ 450 millones:
Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, por US$ 225 millones a beneficio de los Gobiernos Regionales y que serán distribuidos según los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, por US$ 170 millones a favor de las comunas más vulnerables que presentan una mayor dependencia al Fondo Común Municipal (FCM). En total, 302 municipios recibirán recursos por esta vía.
Fondo Comunas Mineras, por US$ 55 millones para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, fundiciones y refinerías, relaves, puertos, entre otros, lo que fue precisado vía indicación. Las comunas beneficiadas están ubicadas en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.
En general, el proyecto establece un nuevo esquema tributario para los explotadores mineros que produzcan más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) al año, que considera un impuesto ad valorem de 1% sobre las ventas anuales de cobre, y un componente sobre el margen minero con tasas entre 8% y 26% según margen operacional. Se fijó una carga tributaria potencial máxima entre 45,5% y 46,5% dependiendo del volumen de producción.
Esta nueva estructura impositiva empezará a regir a partir del 2024 y, en régimen, espera recaudar 0,45% del PIB (equivalente a aproximadamente US$ 1.350 millones), de los cuales US$ 450 millones serán distribuidos directamente para impulsar el desarrollo productivo de las regiones y comunas en todo el país.
"Creemos, y tengo la más firme convicción, que legislaciones como ésta, que distribuyen de mejor manera la riqueza que generan los trabajadores y trabajadoras para toda nuestra patria, son un paso en la dirección correcta. Estos nuevos impuestos a la Gran Minería del cobre no van a significar solamente más recaudación, no son para agrandar las arcas del Estado, sino que son para el beneficio de las personas y las familias de Chile, son para ustedes que nos están viendo en la casa", señaló el mandatario.
El ministro Marcel, en tanto, señaló que la aprobación de esta iniciativa genera mayor certeza impactando positivamente en las inversiones. De hecho, comentó, que en el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital a junio de 2023 la inversión proyectada en minería para el quinquenio 2023-2027 se elevó a US$15.440 millones. Este monto supera a la proyección del primer trimestre de 2023 en US$ 7.773 millones, principalmente por el ingreso de nuevas iniciativas tras la aprobación del proyecto.
"También tenemos la tarea de cumplir con los compromisos que se asumieron en el protocolo de acuerdo que acompañó el despacho de esta ley que incluye, en primer lugar, tender un puente en materia financiera para regiones y municipios con un 50% de la parte del Royalty que está comprometido a contar del 2025, lo que ya incorporamos en el presupuesto 2024. Además, está el compromiso de establecer una mesa para trabajar en reducir los tiempos de tramitación de los proyectos mineros en un 30%. Esa mesa ya se constituyó hace unos días. También está el compromiso de incluir en el presupuesto 2024 recursos por tres años por US$ 200 millones anuales en un fondo para apalancar inversiones productivas en las regiones del norte del país y aportar US$ 350 millones para inversión en seguridad ciudadana. Y, finalmente, la tarea probablemente más importante es gastar bien los recursos, generar los proyectos en los cuales se puedan invertir estos fondos para que rindan beneficios a la comunidad. Y también asegurar que se ejecuten con toda la transparencia, el cumplimiento de las normas y rendición de cuentas que corresponden", agregó el ministro.
La ministra Hernando destacó que "varios alcaldes, durante mucho tiempo, empujaron la propuesta de un Royalty a la Gran Minería del cobre para reivindicar lo que significa desarrollar esta industria en comunas de diversa naturaleza, desde Arica hasta Punta Arenas. Y, en ese contexto, esta es una muy buena noticia para todas y cada una de las regiones del país. Este Royalty hará posible que comunas muy apartadas y que no tienen actividad minera, también reciban una retribución importante, y en aquellas en donde se desarrolla esta actividad reciban una justa compensación. Agradecer a las y los parlamentarios, a los autores iniciales de este proyecto. El Gobierno del Presidente Boric hizo realidad los sueños de los territorios mineros, solidarizando con otras regiones que no son tan mineras, para que todas y todos reciban retribución de lo que significa ser un país minero".
Los detalles
La nueva ley establece un esquema tributario para los explotadores mineros cuyas ventas provengan en más de un 50% de cobre, y con una producción mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) al año. Para este grupo, se establecen dos tasas:
Un componente ad valorem de 1% sobre sus ventas anuales de cobre. En los casos en que la firmas tengan un resultado operacional negativo (RIOMA negativa), no procederá el pago de este componente.
Un componente sobre el margen minero con tasas entre 8% y 26% dependiendo del margen operacional minero (MOM) y considerará la depreciación y los gastos de puesta en marcha en el cálculo de los costos..
Es importante destacar que para aquellas mineras pequeñas y medianas (que produzcan menos de 50.000 TMCF) se mantiene la misma carga tributaria vigente.
Adicionalmente, se introdujo una carga tributaria potencial máxima, que establece el techo que pagarán las grandes mineras en tributos, considerando conjuntamente el pago del impuesto específico o Royalty, el impuesto de primera categoría y los impuestos finales (adicional). Para los explotadores mineros con una producción superior a 50.000 y menor a 80.000 TMCF al año, se establece una cifra máxima de 45,5%; mientras que por sobre las 80.000 TMCF anuales, la carga potencial máxima será de 46,5%.
También el proyecto introduce nuevos incentivos a la expansión de proyectos mineros, ya que el impuesto específico para estos explotadores mineros se determinará utilizando un promedio de su producción durante los últimos seis años, quedando transitoriamente con tasas más bajas que otros de similar producción.
Una de las grandes innovaciones de este proyecto es que, por Ley, se crean tres fondos de beneficio comunal y regional que suman US$ 450 millones:
Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, por US$ 225 millones a beneficio de los Gobiernos Regionales y que serán distribuidos según los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, por US$ 170 millones a favor de las comunas más vulnerables que presentan una mayor dependencia al Fondo Común Municipal (FCM). En total, 302 municipios recibirán recursos por esta vía.
Fondo Comunas Mineras, por US$ 55 millones para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, fundiciones y refinerías, relaves, puertos, entre otros, lo que fue precisado vía indicación. Las comunas beneficiadas están ubicadas en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.
Colombia: Arbitrajes en desarrollo por
la mina de carbón más grande de Latinoamérica
Agosto 6 de 2023.- La minera Glencore y las comunidades Wayúu se enfrentan en un arbitraje por la mina a cielo abierto de carbón más grande de Latinoamérica ubicada en la cuenca del río Ranchería, al sureste del Departamento de La Guajira, Colombia.
Los habitantes de las comunidades Wayúu perciben a las garantías legales que ofrecen las cortes de arbitraje internacional o los tratados de libre comercio como inadecuadas para la protección de sus derechos humanos y la integridad de su territorio.
De su lado, la minera suiza ha reclamado el injusto trato de sus derechos de inversor de acuerdo a un Tratado de Inversión Bilateral entre Suiza y Colombia ante árbitros internacionales por una suma desconocida, lo que presiona a oficiales judiciarios y regulatorios.
En el 2017, la Corte Constitucional, buscando la protección de los derechos al agua, salud y soberanía alimentaria ante la expansión de esta mina al último restante del río Ranchería, el riachuelo Bruno, del cual dependen, falló a favor de las comunidades. Pero hasta la fecha la decisión sigue sin ser implementada.
Pese a la decisión de la Corte, actividades en la sección La Puente de la mina que deben ser suspendidas han continuado y se han desviado 3.6 kilómetros del riachuelo Bruno a un canal al cual los Wayúu refieren como una carretera de concreto.
Las comunidades Wayúu han expresado su indignación de la mano de organizaciones como CAJAR (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo) y grupos comunitarios como el Comité de Defensa del Agua y Páramo de Santurbán, cuyas exitosas acciones han provocado que tres compañías mineras canadienses Red Eagle, Eco Oro y Galway Gold demanden a Colombia por cerca de US$ 1 billón por defender el páramo y los derechos del agua, ante décadas de una problemática irresuelta. Previamente, 280 organizaciones de 30 países habían firmado una declaración para “Recuperar la soberanía de Colombia en defensa del agua, vida y territorios”.
La Misión Internacional para Detener ISDS (Pagos de Disputas Estado Inversor, por sus siglas en inglés) acudió a Colombia en mayo buscando llamar la atención del abismo que existe entre el pleno goce de los derechos de las personas y su reducción cuando estos son afectados por las inversiones transnacionales, situación compuesta por el recurso exclusivo que las compañías tienen que demandar a países cuando creen que una decisión estatal impacta sus inversiones y ganancias a futuro.
Colombia viene enfrentado 22 demandas de arbitraje de inversores desde el 2016 por un total de US$ 13.2 billones en reclamos conocidos. La cantidad aproximadamente equivale al presupuesto total de educación para la totalidad de Colombia en el 2023; en tres de estos casos la cantidad reclamada por Glencore permanece privada al público. Todas las reclamaciones llevan como esencia del conflicto una comunidad afectada buscando proteger o buscando responsabilidad por perjuicios al agua, tierra, autodeterminación o economía local.
Los páramos y ecosistemas interconectados como el Bosque Andino regulan el suministro de agua para decenas de millones de personas en Colombia, más de dos millones solo en Santander, otro departamento afectado por la minería.
Países tan diversos como Ecuador, Bolivia, India, Indonesia, Pakistan, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Canada y los EE. UU. han tomado iniciativas para reducir su exposición a arbitrajes internacionales en años recientes. Mientras que la Comisión Europea se dirige hacia una salida coordinada de la Unión Europea del Tratado de la Carta de Energía, pues resultan incompatibles los pagos por disputas inversor-estado con las medidas necesarias para abordar la crisis climática.
Los casos aún siguen inconclusos, pero decisiones como la del caso Eco Oro contra Colombia exponen qué poco importa incluir la protección del derecho estatal a regular en favor del medioambiente en acuerdos como el Tratado de Libre Comercio Colombia-Canadá. Reuniones entre comunidades, organizaciones de movimientos sociales, estudiantes, medios y oficiales de gobierno coinciden en que el retiro absoluto de este sistema de protección al inversor es un paso importante para recuperar la soberanía local y nacional y así proteger la salud del medioambiente y de las personas.
A finales de junio, semanas después que la Delegación dejase Colombia, el presidente Gustavo Petro visitó La Guajira. En una reunión con las comunidades afectadas por la mina de carbón Cerrejón, declaró: “Una nación soberana no teme demandas internacionales cuando hace lo que es justo”. Lo que podría anticipar el apoyo de los derechos de las comunidades y el retorno del riachuelo Bruno a su curso natural, a pesar de la demanda de Glencore. Concluyó diciendo que: “Cuando uno se levanta frente al capital, incluso el Congreso teme aprobar leyes”.
Traducción libre de nota originalmente publicada en: https://isds.bilaterals.org/?colombia-corporate-claims-vs-human
Los habitantes de las comunidades Wayúu perciben a las garantías legales que ofrecen las cortes de arbitraje internacional o los tratados de libre comercio como inadecuadas para la protección de sus derechos humanos y la integridad de su territorio.
De su lado, la minera suiza ha reclamado el injusto trato de sus derechos de inversor de acuerdo a un Tratado de Inversión Bilateral entre Suiza y Colombia ante árbitros internacionales por una suma desconocida, lo que presiona a oficiales judiciarios y regulatorios.
En el 2017, la Corte Constitucional, buscando la protección de los derechos al agua, salud y soberanía alimentaria ante la expansión de esta mina al último restante del río Ranchería, el riachuelo Bruno, del cual dependen, falló a favor de las comunidades. Pero hasta la fecha la decisión sigue sin ser implementada.
Pese a la decisión de la Corte, actividades en la sección La Puente de la mina que deben ser suspendidas han continuado y se han desviado 3.6 kilómetros del riachuelo Bruno a un canal al cual los Wayúu refieren como una carretera de concreto.
Las comunidades Wayúu han expresado su indignación de la mano de organizaciones como CAJAR (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo) y grupos comunitarios como el Comité de Defensa del Agua y Páramo de Santurbán, cuyas exitosas acciones han provocado que tres compañías mineras canadienses Red Eagle, Eco Oro y Galway Gold demanden a Colombia por cerca de US$ 1 billón por defender el páramo y los derechos del agua, ante décadas de una problemática irresuelta. Previamente, 280 organizaciones de 30 países habían firmado una declaración para “Recuperar la soberanía de Colombia en defensa del agua, vida y territorios”.
La Misión Internacional para Detener ISDS (Pagos de Disputas Estado Inversor, por sus siglas en inglés) acudió a Colombia en mayo buscando llamar la atención del abismo que existe entre el pleno goce de los derechos de las personas y su reducción cuando estos son afectados por las inversiones transnacionales, situación compuesta por el recurso exclusivo que las compañías tienen que demandar a países cuando creen que una decisión estatal impacta sus inversiones y ganancias a futuro.
Colombia viene enfrentado 22 demandas de arbitraje de inversores desde el 2016 por un total de US$ 13.2 billones en reclamos conocidos. La cantidad aproximadamente equivale al presupuesto total de educación para la totalidad de Colombia en el 2023; en tres de estos casos la cantidad reclamada por Glencore permanece privada al público. Todas las reclamaciones llevan como esencia del conflicto una comunidad afectada buscando proteger o buscando responsabilidad por perjuicios al agua, tierra, autodeterminación o economía local.
Los páramos y ecosistemas interconectados como el Bosque Andino regulan el suministro de agua para decenas de millones de personas en Colombia, más de dos millones solo en Santander, otro departamento afectado por la minería.
Países tan diversos como Ecuador, Bolivia, India, Indonesia, Pakistan, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Canada y los EE. UU. han tomado iniciativas para reducir su exposición a arbitrajes internacionales en años recientes. Mientras que la Comisión Europea se dirige hacia una salida coordinada de la Unión Europea del Tratado de la Carta de Energía, pues resultan incompatibles los pagos por disputas inversor-estado con las medidas necesarias para abordar la crisis climática.
Los casos aún siguen inconclusos, pero decisiones como la del caso Eco Oro contra Colombia exponen qué poco importa incluir la protección del derecho estatal a regular en favor del medioambiente en acuerdos como el Tratado de Libre Comercio Colombia-Canadá. Reuniones entre comunidades, organizaciones de movimientos sociales, estudiantes, medios y oficiales de gobierno coinciden en que el retiro absoluto de este sistema de protección al inversor es un paso importante para recuperar la soberanía local y nacional y así proteger la salud del medioambiente y de las personas.
A finales de junio, semanas después que la Delegación dejase Colombia, el presidente Gustavo Petro visitó La Guajira. En una reunión con las comunidades afectadas por la mina de carbón Cerrejón, declaró: “Una nación soberana no teme demandas internacionales cuando hace lo que es justo”. Lo que podría anticipar el apoyo de los derechos de las comunidades y el retorno del riachuelo Bruno a su curso natural, a pesar de la demanda de Glencore. Concluyó diciendo que: “Cuando uno se levanta frente al capital, incluso el Congreso teme aprobar leyes”.
Traducción libre de nota originalmente publicada en: https://isds.bilaterals.org/?colombia-corporate-claims-vs-human
Chocó Andino: Prefectura y Municipio celebran
cinco años de la Reserva de la Biósfera
30 de julio de 2023.– El 28 de julio, en el Parque Arqueológico Rumipamba al centro norte de Quito, se realizó una ceremonia por los cinco años de la declaratoria del Chocó Andino como reserva de biósfera, a la cual asistieron la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón y el alcalde de la capital del Ecuador, Pábel Muñoz, además que representantes de la comunidad del sector conocido por los quiteños como “el Noroccidente”. El 20 de agosto se realiza una consulta popular sobre la prohibición de la minería metálica en los cantones que forman parte y en la cual vota todo el distrito metropolitano.
La Secretaría de Comunicación de la Alcaldía informó que la declaratoria es fruto de un proceso donde participaron gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, productores locales y académicos quienes promovieron objetivos de desarrollo sostenible en el territorio. La Reserva de Biósfera del Chocó Andino está ubicada a 45 minutos de Quito y es una fuente de agua potable y de producción agroecológica.
En un comunicado, señaló que por primera vez Quito forma parte del nuevo Comité de Gestión de la Reserva con Santiago Sandoval, secretario de Ambiente, como miembro del mismo.
El alcalde Muñoz, señaló que “lo que debemos hacer es trabajar en su preservación (del Chocó), pero también en un fomento de una economía que no tenga a las fuentes extractivas como su principal actividad, estamos hablando de turismo ecológico, de agricultura sostenible, es decir de un conjunto de actividades que fomenten la presencia de quiteños”. Además, indicó que se creará una nueva administración zonal para el área del Chocó Andino.
De su lado, Pabón resaltó que “es la primera vez en cuatro años que contamos con la presencia del alcalde, esto es muy importante porque si bien los equipos técnicos, los directores y secretarios de ambiente de los distintos municipios han sido parte, se requiere la voluntad política de la autoridad, y hoy contar con la presencia de los alcaldes Luis Suqui, (de San Miguel de los Bancos) y Pabel Muñoz, nos da mucha esperanza. Esto evidencia que hay voluntad política de apostar por el Chocó en sus administraciones”.
Sandoval, por su parte, indicó que el Chocó Andino es uno de los territorios más importantes del Distrito Metropolitano de Quito, que posee diversidad y mucha participación ciudadana. “Podemos trabajar muy de cerca con la ciudadanía, trabajar en la sostenibilidad de la reserva, en la producción económica que se tiene que realizar en este sector. Fortalecer y tomar la batuta como Distrito Metropolitano para establecer políticas públicas en este territorio”.
El Chocó Andino como reserva de biósfera
El 25 de julio de 2018, el territorio del Chocó Andino obtuvo la declaratoria de Reserva de Biósfera por parte de la Unesco y comprende un territorio de aproximadamente 287 000 ha, de las cuales 137 000 ha (48%) son remanentes de bosques andinos, 10 000 ha (3.5%) son páramos, y 23 500 ha (8.2%) son ecosistemas arbustivos. Sus bosques tienen además, la importante función de captar la evaporación del océano Pacífico y generar considerables cantidades de agua que discurren por las cuencas de ríos como el Alambi, Tulipe, Chirape, Pachijal, Mashpi y Blanco que aportan agua para consumo humano y usos productivos a las parroquias de Calacalí, Nono, Nanegal, Nanegalito, Gualea, Pacto, Mindo, Lloa y a los Cantones de San Miguel de Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito.
La Secretaría de Comunicación de la Alcaldía informó que la declaratoria es fruto de un proceso donde participaron gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, productores locales y académicos quienes promovieron objetivos de desarrollo sostenible en el territorio. La Reserva de Biósfera del Chocó Andino está ubicada a 45 minutos de Quito y es una fuente de agua potable y de producción agroecológica.
En un comunicado, señaló que por primera vez Quito forma parte del nuevo Comité de Gestión de la Reserva con Santiago Sandoval, secretario de Ambiente, como miembro del mismo.
El alcalde Muñoz, señaló que “lo que debemos hacer es trabajar en su preservación (del Chocó), pero también en un fomento de una economía que no tenga a las fuentes extractivas como su principal actividad, estamos hablando de turismo ecológico, de agricultura sostenible, es decir de un conjunto de actividades que fomenten la presencia de quiteños”. Además, indicó que se creará una nueva administración zonal para el área del Chocó Andino.
De su lado, Pabón resaltó que “es la primera vez en cuatro años que contamos con la presencia del alcalde, esto es muy importante porque si bien los equipos técnicos, los directores y secretarios de ambiente de los distintos municipios han sido parte, se requiere la voluntad política de la autoridad, y hoy contar con la presencia de los alcaldes Luis Suqui, (de San Miguel de los Bancos) y Pabel Muñoz, nos da mucha esperanza. Esto evidencia que hay voluntad política de apostar por el Chocó en sus administraciones”.
Sandoval, por su parte, indicó que el Chocó Andino es uno de los territorios más importantes del Distrito Metropolitano de Quito, que posee diversidad y mucha participación ciudadana. “Podemos trabajar muy de cerca con la ciudadanía, trabajar en la sostenibilidad de la reserva, en la producción económica que se tiene que realizar en este sector. Fortalecer y tomar la batuta como Distrito Metropolitano para establecer políticas públicas en este territorio”.
El Chocó Andino como reserva de biósfera
El 25 de julio de 2018, el territorio del Chocó Andino obtuvo la declaratoria de Reserva de Biósfera por parte de la Unesco y comprende un territorio de aproximadamente 287 000 ha, de las cuales 137 000 ha (48%) son remanentes de bosques andinos, 10 000 ha (3.5%) son páramos, y 23 500 ha (8.2%) son ecosistemas arbustivos. Sus bosques tienen además, la importante función de captar la evaporación del océano Pacífico y generar considerables cantidades de agua que discurren por las cuencas de ríos como el Alambi, Tulipe, Chirape, Pachijal, Mashpi y Blanco que aportan agua para consumo humano y usos productivos a las parroquias de Calacalí, Nono, Nanegal, Nanegalito, Gualea, Pacto, Mindo, Lloa y a los Cantones de San Miguel de Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito.
Ex ministro Vera con grillete electrónico
Julio 30 de 2023.- El pasado 26 de julio se realizó una audiencia para la revisión de medidas en contra del exministro de Energía, Xavier Vera, decidiéndose que salga de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, donde cumplía prisión preventiva.
Vera es investigado por ser parte de una red de corrupción y por presunto cohecho en una estructura de corrupción que pedía dinero a cambio de puestos públicos.
En octubre de 2022 las autoridades allanaron propiedades vinculadas al exministro, en Quito y Samborondón. En su vivienda la Fiscalía incautó celulares, una computadora portátil, una tableta electrónica y documentos con registros alfanuméricos.
Previa a su caída, Vera negó cualquier acto de corrupción y aseguró que el caso era "orquestado por mafias" que habían estado "siempre merodeando" el Ministerio de Energía y Minas.
El pasado 26 de julio, el juez dictó prohibición de salida del país y obligación de presentarse dos veces a la semana, además dispuso el uso de un grillete electrónico. Eso estará vigente mientras se determina o no su culpabilidad por cohecho.
La defensa de Vera argumentó que corría peligro en esa cárcel debido a los últimos acontecimientos violentos, que dejan como saldo unos 31 muertos.
Por la misma razón, pidieron que se emita la boleta de libertad lo más pronto posible.
Vera es investigado por ser parte de una red de corrupción y por presunto cohecho en una estructura de corrupción que pedía dinero a cambio de puestos públicos.
En octubre de 2022 las autoridades allanaron propiedades vinculadas al exministro, en Quito y Samborondón. En su vivienda la Fiscalía incautó celulares, una computadora portátil, una tableta electrónica y documentos con registros alfanuméricos.
Previa a su caída, Vera negó cualquier acto de corrupción y aseguró que el caso era "orquestado por mafias" que habían estado "siempre merodeando" el Ministerio de Energía y Minas.
El pasado 26 de julio, el juez dictó prohibición de salida del país y obligación de presentarse dos veces a la semana, además dispuso el uso de un grillete electrónico. Eso estará vigente mientras se determina o no su culpabilidad por cohecho.
La defensa de Vera argumentó que corría peligro en esa cárcel debido a los últimos acontecimientos violentos, que dejan como saldo unos 31 muertos.
Por la misma razón, pidieron que se emita la boleta de libertad lo más pronto posible.
Juez deja sin efecto reforma a la ley minera en México
Julio 9 del 2023.- Después de una victoria legal en primera instancia, la empresa mexicana Cobre del Mayo logró que un juez federal le otorgue protección definitiva contra todos los efectos de la Ley Minera aprobada por el Congreso de la Unión a finales de abril.
Cobre del Mayo opera la mina Piedras Verdes en Álamos, Sonora, y tiene reservas probadas y probables de 515 millones de toneladas del metal hasta 2029.
La decisión del juez deja sin efecto todo lo dispuesto por la nueva Ley Minera que, entre otros cambios, reduce la vigencia de las concesiones de 50 a 30 años y establece la licitación como único método para otorgarlas. Además, la reforma multiplica los delitos, infracciones y obligaciones ambientales, exige obtener concesiones especiales para uso de agua y otorga un trato preferencial a las paraestatales.
La sentencia, que aún puede ser apelada por el gobierno federal, abre un periodo de incertidumbre para el sector. Mientras los empresarios mineros celebran la decisión del juez, se queda en el aire el deseo nacional de una regulación más estricta que proteja el medio ambiente y a las comunidades indígenas.
El caso ocupa un lugar especial en el debate nacional y todos los ojos están puestos en el desenlace final que tendrá esta batalla legal.
Cobre del Mayo opera la mina Piedras Verdes en Álamos, Sonora, y tiene reservas probadas y probables de 515 millones de toneladas del metal hasta 2029.
La decisión del juez deja sin efecto todo lo dispuesto por la nueva Ley Minera que, entre otros cambios, reduce la vigencia de las concesiones de 50 a 30 años y establece la licitación como único método para otorgarlas. Además, la reforma multiplica los delitos, infracciones y obligaciones ambientales, exige obtener concesiones especiales para uso de agua y otorga un trato preferencial a las paraestatales.
La sentencia, que aún puede ser apelada por el gobierno federal, abre un periodo de incertidumbre para el sector. Mientras los empresarios mineros celebran la decisión del juez, se queda en el aire el deseo nacional de una regulación más estricta que proteja el medio ambiente y a las comunidades indígenas.
El caso ocupa un lugar especial en el debate nacional y todos los ojos están puestos en el desenlace final que tendrá esta batalla legal.
BBC admite haber publicado noticias
falsas que beneficiaron a empresa
Julio 9 del 2023.- La Unidad de Quejas Ejecutivas (ECU) de la BBC reconoció que sus publicaciones sobre un supuesto descubrimiento de oro a cargo de una empresa minera no eran ciertas y habían provocado una sensación engañosa a sus lectores.
Se trata de noticias falsas sobre Scotgold Resources, operadora de la mina de oro llamada Cononish. Queriendo o no, las noticias terminaron beneficiándola por el aumento del precio de sus acciones.
Se trata de una mina que entró en producción comercial en julio de 2022 y fue la primera de su tipo en Escocia.
La agencia identificó al redactor que cometió el error, quien transmitió información equivocada después de visitar la mina y entrevistar al entonces director ejecutivo de Scotgold, Phil Day.
En la entrevista, Day le dijo a la BBC que su compañía había llevado a cabo algunas pruebas y creía que era probable que hubiera una segunda veta de oro paralela a la veta que ya estaba explotando, lo que podría extender la vida útil de la mina y potencialmente aumentar las ganancias.
Sin embargo en los boletines de la BBC se dijo que la minera había "encontrado otra veta de oro en su mina Cononish" o algo parecido.
A juicio de la ECU, eso era más definitivo que la esperanza o expectativa expresada por el ex ejecutivo de la empresa y habría dejado a la audiencia con una impresión engañosa.
Se trata de noticias falsas sobre Scotgold Resources, operadora de la mina de oro llamada Cononish. Queriendo o no, las noticias terminaron beneficiándola por el aumento del precio de sus acciones.
Se trata de una mina que entró en producción comercial en julio de 2022 y fue la primera de su tipo en Escocia.
La agencia identificó al redactor que cometió el error, quien transmitió información equivocada después de visitar la mina y entrevistar al entonces director ejecutivo de Scotgold, Phil Day.
En la entrevista, Day le dijo a la BBC que su compañía había llevado a cabo algunas pruebas y creía que era probable que hubiera una segunda veta de oro paralela a la veta que ya estaba explotando, lo que podría extender la vida útil de la mina y potencialmente aumentar las ganancias.
Sin embargo en los boletines de la BBC se dijo que la minera había "encontrado otra veta de oro en su mina Cononish" o algo parecido.
A juicio de la ECU, eso era más definitivo que la esperanza o expectativa expresada por el ex ejecutivo de la empresa y habría dejado a la audiencia con una impresión engañosa.
