Informe país EITI 2022-2023: Poca
transparencia y mucha descripción
-Primera entrega-
Marzo 16 de 2025.- El Ecuador publicó su segundo informe país dentro de los parámetros de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), denominado Segundo Informe EITI Ecuador/Segundo Ciclo de Reporte.
En agosto de 2023, el Ecuador publicó el primer “Informe EITI Ecuador período 2020 – 2022” que ablandó sus exigencias a partir de la pandemia de 2020 extendiendo los antes estrictos plazos para presentar los logros nacionales en la gobernanza transparente de las industrias extractivas.
Con este segundo documento, de 172 páginas, que no tiene fecha pero dice Períodos fiscales 2022-2023, el Ecuador supera este reto para el cual se había contratado a un equipo consultor para el efecto, el Grupo Sunka, liderado por el sociólogo Ricardo López Rodríguez.
Desde la publicación del primer informe poco se ha sabido de la actividad del país en EITI. Solo se conoció el nombramiento del Secretario Técnico, luego de más de un año sin selección por falta de fondos, el anterior renunció en julio de 2022. El cargo recayó en el ingeniero Christian Arias.
Algunas deficiencias
Los esfuerzos que han hecho los consultores para compilar información siguiendo los requisitos del estándar EITI han sido grandes: han agregado información que no constaba en el primer informe, como por ejemplo, un par de tablas sobre el flujo de tributos de la minería al Estado, aunque no se diferencia lo que corresponde a los distintos regímenes mineros.
No es posible ver las inversiones que cada empresa ha hecho en sus concesiones, excepto en los proyectos El Domo-Curipamba, Cascabel, Cangrejos, La Plata, Llurimagua y Warintza.
Tampoco se cumplen los objetivos centrales originales de la Iniciativa que son los de proporcionar acceso público gratuito a los contratos completos de explotación de los recursos naturales de los países en los rubros de petróleo, gas y minerales.
El informe aporta poco a la transparencia de las industrias extractivas, en el sector minero el documento es una mezcla de glosario, descripción cuantitativa, con datos obtenidos de la Superintendencia de Compañías, el Ministerio de Finanzas, el SRI y el Banco Central, y una recopilación de los principales conceptos, instrumentos y reglas de la normativa legal.
Las páginas del “Anexo 3: Solicitudes de información para el desarrollo del informe”, son elocuentes: ahí constan los temas de las solicitudes cuya información no se pudo obtener, tanto del Ministerio de Energía y Minas (MEM), como del Viceministerio de Minería y de la Subsecretaría de Calidad Ambiental, que forma parte del Ministerio del Ambiente.
Una novedad, en la página 38, tabla N° 5: Top 30 empresas más significativas del sector minería (incluye servicios de apoyo), se incluyen datos al 2023 en millones de dólares sobre activos, patrimonio, ingresos, impuesto a la renta causado y resultado neto. Se trata de empresas mineras metálicas y cementeras, plantas de tratamiento, exportadoras y de perforación. Las que ocupan los primeros quince lugares son EcuaCorriente S.A., Aurelian Ecuador S.A., UCEM S.A., Chriszahav&More S. A., Sociedad minera Liga de Oro S.A., Ju An Metal Exporter S. A., Flanders Corporation, Exportadora Aurífera S.A., Holcim Agregados S.A., Bursal S.A., Minera Beloro CL, Agrícola Minera Agrimroc S. A., Pecksambiente S. A., Calizas Huayco S. A. y HP Drilling Services S.A.S..
Así están los proyectos mineros
En la página 83, se incluye una tabla con un Resumen del contrato del proyecto minero Mirador, con 18 items pero sin cifras sobre la ejecución, pese a que ya existe data empírica de cinco años de producción y exportaciones de concentrado de cobre. En esa tabla, en el item Beneficiario dice: Compañía Ecuacorriente S.A., Casa Matriz CRCC - Tongguan Investment Co., Ltd. (China), pese a que Ecuacorriente dijo recientemente que su matriz no es de la ciudad de Tongguan: “Ecuacorriente es una empresa ecuatoriana con capitales de las empresas: China Railway Construction Co. Ltd. y Tongling Nonferrous Metals Group Holding Co.”. (Por favor, ver: https://www.viaminera.com/sociedad-ii.html/#R%C3%A9plica%20de%20Ecuacorriente%20S.%20A) Mirador es una mina a cielo abierto de concentrado de cobre.
En la página 84, consta una tabla similar del contrato del proyecto minero Fruta del Norte, operado por Lundin Gold, que tampoco contiene cifras de ejecución, pese a que, como en el caso Mirador, ya tiene cinco años de producción, es decir data empírica de alto interés ciudadano. Fruta del Norte es una mina subterránea que exporta concentrado de oro y lingotes de oro con impurezas (dorés).
En ninguna de las dos tablas existen cifras con las superficies de concesión, áreas de influencia directa, áreas de intervención actuales y futuras, tampoco se mencionan las áreas actuales que ocupan las relaveras ni su futura expansión.
En la página 85, hay información sobre los planes de explotación firmados por el gobierno de Guillermo Lasso con las operadoras de los proyectos El Domo-Curipamba (Las Naves, Bolívar) y Cascabel (Lita y Carolina, Imbabura). Ahí dice que el 2 de agosto de 2024 se autorizó el inicio de la fase de explotación del proyecto de mediana minería, ubicado en la provincia de Bolívar.
Ante la falta de información oficial, los consultores citan fuentes secundarias como un portal digital de prensa diaria. El resumen dice que la empresa Curimining S.A., subsidiaria de Adventus Mining Corporation, muestra una inversión ejecutada del 2007 al primer trimestre del 2024 de US$ 96,87 millones y que ha generado 147 empleos directos.
Sobre el proyecto Cascabel, el informe dice que el 5 de junio del 2024, el MEM suscribió un contrato de explotación con la empresa SolGold, y que se han invertido, entre 2012 y 2023, US$ 301 millones generando, en el primer trimestre de 2024, 1772 empleos, de los cuales 443 fueron directos. Respecto a la fase en la que se halla este proyecto, el Informe no apunta nada. Pero el estudio de factibilidad definitivo de Cascabel no ha concluido todavía.
En la página 94, en cuadros titulados Proyectos de gran y mediana minería, presenta la información de los proyectos Cangrejos, La Plata, Llurimagua y Warintza.
Respecto a la inversión ejecutada, el Informe señala que el proyecto Cangrejos, en el primer trimestre de 2024, se encontraba en la fase de evaluación económica, y que durante el período de 2010 a 2023, la inversión de la subsidiaria Odin Mining, de Lumina Gold, fue de US$ 60 millones, y para el primer trimestre del 2024 se ejecutó 1,5 millones, generando 210 empleos directos. En el proyecto La Plata, actualmente en fase de desarrollo, la inversión ejecutada por La Plata S.A., subsidiaria de Atico Mining, entre 2011 y 2023 fue de US$ 27 millones , y, en el primer trimestre de 2024, de US$ 900 mil, generando en 2024 64 empleos directos.
Respecto al proyecto Llurimagua (García Moreno y Peñaherrera, Imbabura), cuya licencia ambiental ha sido anulada por una corte y a afronta un arbitraje internacional interpuesto por Codelco (cuya subsidiaria es subsidiaria Emsaec) contra Enami EP, señala que en su fase de desarrollo ha invertido, entre 2012 y 2023, US$ 59 millones y, hasta el primer trimestre del 2024, US$ 500 mil más, generando en 2024 50 empleos directos.
Sobre el proyecto Warintza (San Miguel de Cochay, Morona Santiago), señala que Lowell Mineral, subsidiaria de Solaris Resources, ha invertido entre 2018 y 2023 US$ 150 millones, y en el primer trimestre de 2024, US$ 8,8 millones, generando 872 empleos directos. Las cifras de empleos indirectos salen de multiplicar por tres los directos, en el sector minero industrial.
No hay explicación sobre la falta de información sobre los demás proyectos en exploración, predesarrollo o desarrollo, solo indica que en relación a los “de prioridad en el portafolio de proyectos mineros”, uno mismo puede encontrar la información en el link del último Reporte Minero del Banco Central del Ecuador, que hasta la fecha de cierre de esta nota corresponde al primer semestre del 2024.
En la introducción de este informe se señala también que el objetivo central es determinar la aplicabilidad del Estándar en cada uno de sus requisitos, identificar los flujos de pagos de la industria extractiva y su materialidad… entre otros. Al respecto, les mostraremos los datos incluidos la próxima vez.
La Iniciativa EITI se basa en un modelo de múltiples partes interesadas reuniendo a los gobiernos, la sociedad civil y las empresas del sector extractivo: petróleo, gas y minería.
Como se promocionó en su momento, en septiembre 2019 el Ecuador anunció su adhesión oficial a la Iniciativa; en junio 2020 se creó el “grupo multipartícipe” y en octubre 2020 fue aceptado como país implementador del Estándar.
Tras su aceptación, se comprometió a crear un proceso EITI adaptado a las necesidades específicas del país. Los miembros del grupo asumieron la definición del alcance de la información a publicarse en cada informe país.
En agosto de 2023, el Ecuador publicó el primer “Informe EITI Ecuador período 2020 – 2022” que ablandó sus exigencias a partir de la pandemia de 2020 extendiendo los antes estrictos plazos para presentar los logros nacionales en la gobernanza transparente de las industrias extractivas.
Con este segundo documento, de 172 páginas, que no tiene fecha pero dice Períodos fiscales 2022-2023, el Ecuador supera este reto para el cual se había contratado a un equipo consultor para el efecto, el Grupo Sunka, liderado por el sociólogo Ricardo López Rodríguez.
Desde la publicación del primer informe poco se ha sabido de la actividad del país en EITI. Solo se conoció el nombramiento del Secretario Técnico, luego de más de un año sin selección por falta de fondos, el anterior renunció en julio de 2022. El cargo recayó en el ingeniero Christian Arias.
Algunas deficiencias
Los esfuerzos que han hecho los consultores para compilar información siguiendo los requisitos del estándar EITI han sido grandes: han agregado información que no constaba en el primer informe, como por ejemplo, un par de tablas sobre el flujo de tributos de la minería al Estado, aunque no se diferencia lo que corresponde a los distintos regímenes mineros.
No es posible ver las inversiones que cada empresa ha hecho en sus concesiones, excepto en los proyectos El Domo-Curipamba, Cascabel, Cangrejos, La Plata, Llurimagua y Warintza.
Tampoco se cumplen los objetivos centrales originales de la Iniciativa que son los de proporcionar acceso público gratuito a los contratos completos de explotación de los recursos naturales de los países en los rubros de petróleo, gas y minerales.
El informe aporta poco a la transparencia de las industrias extractivas, en el sector minero el documento es una mezcla de glosario, descripción cuantitativa, con datos obtenidos de la Superintendencia de Compañías, el Ministerio de Finanzas, el SRI y el Banco Central, y una recopilación de los principales conceptos, instrumentos y reglas de la normativa legal.
Las páginas del “Anexo 3: Solicitudes de información para el desarrollo del informe”, son elocuentes: ahí constan los temas de las solicitudes cuya información no se pudo obtener, tanto del Ministerio de Energía y Minas (MEM), como del Viceministerio de Minería y de la Subsecretaría de Calidad Ambiental, que forma parte del Ministerio del Ambiente.
Una novedad, en la página 38, tabla N° 5: Top 30 empresas más significativas del sector minería (incluye servicios de apoyo), se incluyen datos al 2023 en millones de dólares sobre activos, patrimonio, ingresos, impuesto a la renta causado y resultado neto. Se trata de empresas mineras metálicas y cementeras, plantas de tratamiento, exportadoras y de perforación. Las que ocupan los primeros quince lugares son EcuaCorriente S.A., Aurelian Ecuador S.A., UCEM S.A., Chriszahav&More S. A., Sociedad minera Liga de Oro S.A., Ju An Metal Exporter S. A., Flanders Corporation, Exportadora Aurífera S.A., Holcim Agregados S.A., Bursal S.A., Minera Beloro CL, Agrícola Minera Agrimroc S. A., Pecksambiente S. A., Calizas Huayco S. A. y HP Drilling Services S.A.S..
Así están los proyectos mineros
En la página 83, se incluye una tabla con un Resumen del contrato del proyecto minero Mirador, con 18 items pero sin cifras sobre la ejecución, pese a que ya existe data empírica de cinco años de producción y exportaciones de concentrado de cobre. En esa tabla, en el item Beneficiario dice: Compañía Ecuacorriente S.A., Casa Matriz CRCC - Tongguan Investment Co., Ltd. (China), pese a que Ecuacorriente dijo recientemente que su matriz no es de la ciudad de Tongguan: “Ecuacorriente es una empresa ecuatoriana con capitales de las empresas: China Railway Construction Co. Ltd. y Tongling Nonferrous Metals Group Holding Co.”. (Por favor, ver: https://www.viaminera.com/sociedad-ii.html/#R%C3%A9plica%20de%20Ecuacorriente%20S.%20A) Mirador es una mina a cielo abierto de concentrado de cobre.
En la página 84, consta una tabla similar del contrato del proyecto minero Fruta del Norte, operado por Lundin Gold, que tampoco contiene cifras de ejecución, pese a que, como en el caso Mirador, ya tiene cinco años de producción, es decir data empírica de alto interés ciudadano. Fruta del Norte es una mina subterránea que exporta concentrado de oro y lingotes de oro con impurezas (dorés).
En ninguna de las dos tablas existen cifras con las superficies de concesión, áreas de influencia directa, áreas de intervención actuales y futuras, tampoco se mencionan las áreas actuales que ocupan las relaveras ni su futura expansión.
En la página 85, hay información sobre los planes de explotación firmados por el gobierno de Guillermo Lasso con las operadoras de los proyectos El Domo-Curipamba (Las Naves, Bolívar) y Cascabel (Lita y Carolina, Imbabura). Ahí dice que el 2 de agosto de 2024 se autorizó el inicio de la fase de explotación del proyecto de mediana minería, ubicado en la provincia de Bolívar.
Ante la falta de información oficial, los consultores citan fuentes secundarias como un portal digital de prensa diaria. El resumen dice que la empresa Curimining S.A., subsidiaria de Adventus Mining Corporation, muestra una inversión ejecutada del 2007 al primer trimestre del 2024 de US$ 96,87 millones y que ha generado 147 empleos directos.
Sobre el proyecto Cascabel, el informe dice que el 5 de junio del 2024, el MEM suscribió un contrato de explotación con la empresa SolGold, y que se han invertido, entre 2012 y 2023, US$ 301 millones generando, en el primer trimestre de 2024, 1772 empleos, de los cuales 443 fueron directos. Respecto a la fase en la que se halla este proyecto, el Informe no apunta nada. Pero el estudio de factibilidad definitivo de Cascabel no ha concluido todavía.
En la página 94, en cuadros titulados Proyectos de gran y mediana minería, presenta la información de los proyectos Cangrejos, La Plata, Llurimagua y Warintza.
Respecto a la inversión ejecutada, el Informe señala que el proyecto Cangrejos, en el primer trimestre de 2024, se encontraba en la fase de evaluación económica, y que durante el período de 2010 a 2023, la inversión de la subsidiaria Odin Mining, de Lumina Gold, fue de US$ 60 millones, y para el primer trimestre del 2024 se ejecutó 1,5 millones, generando 210 empleos directos. En el proyecto La Plata, actualmente en fase de desarrollo, la inversión ejecutada por La Plata S.A., subsidiaria de Atico Mining, entre 2011 y 2023 fue de US$ 27 millones , y, en el primer trimestre de 2024, de US$ 900 mil, generando en 2024 64 empleos directos.
Respecto al proyecto Llurimagua (García Moreno y Peñaherrera, Imbabura), cuya licencia ambiental ha sido anulada por una corte y a afronta un arbitraje internacional interpuesto por Codelco (cuya subsidiaria es subsidiaria Emsaec) contra Enami EP, señala que en su fase de desarrollo ha invertido, entre 2012 y 2023, US$ 59 millones y, hasta el primer trimestre del 2024, US$ 500 mil más, generando en 2024 50 empleos directos.
Sobre el proyecto Warintza (San Miguel de Cochay, Morona Santiago), señala que Lowell Mineral, subsidiaria de Solaris Resources, ha invertido entre 2018 y 2023 US$ 150 millones, y en el primer trimestre de 2024, US$ 8,8 millones, generando 872 empleos directos. Las cifras de empleos indirectos salen de multiplicar por tres los directos, en el sector minero industrial.
No hay explicación sobre la falta de información sobre los demás proyectos en exploración, predesarrollo o desarrollo, solo indica que en relación a los “de prioridad en el portafolio de proyectos mineros”, uno mismo puede encontrar la información en el link del último Reporte Minero del Banco Central del Ecuador, que hasta la fecha de cierre de esta nota corresponde al primer semestre del 2024.
En la introducción de este informe se señala también que el objetivo central es determinar la aplicabilidad del Estándar en cada uno de sus requisitos, identificar los flujos de pagos de la industria extractiva y su materialidad… entre otros. Al respecto, les mostraremos los datos incluidos la próxima vez.
La Iniciativa EITI se basa en un modelo de múltiples partes interesadas reuniendo a los gobiernos, la sociedad civil y las empresas del sector extractivo: petróleo, gas y minería.
Como se promocionó en su momento, en septiembre 2019 el Ecuador anunció su adhesión oficial a la Iniciativa; en junio 2020 se creó el “grupo multipartícipe” y en octubre 2020 fue aceptado como país implementador del Estándar.
Tras su aceptación, se comprometió a crear un proceso EITI adaptado a las necesidades específicas del país. Los miembros del grupo asumieron la definición del alcance de la información a publicarse en cada informe país.
Caso Cumbaratza: Histórico
jalón de orejas institucional
Foto: Zamora, enero de 2019, diario Extra.
Marzo 16 de 2025.- Mediante el sorpresivo acuerdo ministerial Nro. MEM-MEM-2025-0006-AM, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, ordenó que la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), deje sin efecto todas las inscripciones de títulos mineros que contradigan la sentencia de casación del 3 de abril de 1996 sobre las áreas denominadas proyecto Cumbaratza.
El proyecto Cumbaratza tiene 30 000 hectáreas destinadas para la explotación de oro, ubicadas en la provincia de Zamora Chinchipe, al sur oriente de Ecuador, vecinas al rico territorio minero de Nambija, que viene siendo explotado sistemática aunque caóticamente, desde hace más de 30 años. Y es un sector de minería ancestral conocido por sus altas concentraciones del metal amarillo, por todo geólogo y minero ecuatoriano.
En la disposición de la autoridad, se realiza también una denuncia en los considerandos al incluir que el Ministerio de Energía y Minas, MEM, ha manifestado públicamente, a través de escrito de 14 de julio de 2023 que “en dicho proceso judicial, que este y otros mandatos de ejecución fueron obtenidos con artificios, y fueron emitidos violando la ley; por lo tanto, son nulos y no surten ningún efecto jurídico”.
Miles de mineros han sido los afectados con este caso, 15 000 según afirmaba en el año 2019 Salvador Quishpe Lozano, ex prefecto provincial, ex asambleísta y líder indígena de la región Amazónica, de la etnia saraguro. Quishpe es enemigo jurado del líder histórico del partido político Revolución Ciudadana, que auspicia a la candidata Luisa González. La aspirante a la Presidencia de la República, desde la semana pasada cuenta con apoyo condicionado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) con la cual Quishpe se mantiene enfrentado.
Otro de los perjudicados con la falta de aplicación de la sentencia del más alto tribunal de la nación, ha sido la Empresa Nacional Minera, Enami EP, propietaria de títulos mineros dentro del área. Su proyecto Campanillas, conformado por las concesiones mineras Campanillas y Campanillas 1, ha tenido que postergar la inscripción de contratos de operación minera en esas concesiones debido a la negativa de la Arcernnr, ahora Arcom de inscribirlos en el Registro Minero.
La Enami EP incluso ha obtenido la licencia ambiental para Campanilla en 2022, y mantenido contratos de operación con empresas de pequeña minería locales como Pimicape S.A. y con operadores como Stalin Barrinuevo y Raúl Ausberto Zúñiga, ex presidente de la Cámara de la Pequeña Minería provincial. Tampoco ha podido renovar los contratos de operación que estuvieron vigentes hasta diciembre de 2022.
Del otro lado, la empresa Cumbaratza ha efectuado acuerdos de regularización de la actividad minera con la Cooperativa de Producción Minera 11 de Julio, de Loja, con 540 miembros, que dice contar con títulos mineros en el sector Nambija, parroquia San Carlos de las Minas del cantón Zamora, superpuestos dentro del polígono de las 30000 hectáreas
La hasta ahora incumplida, sentencia de casación corresponde a la entonces Corte Suprema de Justicia, Instancia No. 9/96 de 10 de enero de 1996, publicada en el Registro Oficial No. 918, de 03 de abril de 1996. Al respecto, la ministra afirma que esta constituye sentencia de última instancia con fuerza de cosa juzgada y, por ende, se dejen sin efecto todas las inscripciones que contradigan dicha sentencia y limitaciones que consten en el Registro Minero.
Posterior a la expedición de la sentencia de casación se han planteado una serie de acciones, impugnaciones, nulidades, recursos y demandas auspiciadas por la Empresa Minera Cumbaratza S.A., con el propósito de desconocer la mencionada sentencia, mismas que han sido rechazadas tanto por la Procuraduría General del Estado como por el MEM.
Estas acciones, impugnaciones, nulidades, recursos y demandas han generado un escenario de incertidumbre en las operaciones mineras de la zona, afirma el documento.
Específicamente, en esta resolución, del 26 de febrero del año en curso, Manzano ordena al Especialista de Registro Minero en Territorio de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe de la Arcom cumplir con la sentencia.
En el mismo orden, dispone la desgraficación de las áreas de la empresa Cumbaratza, que se encuentren dentro del polígono de 30 000 hectáreas. Esa fue la superficie que le entregó en concesión el entonces Ministro de Recursos Naturales y Energéticos, el 18 de septiembre 1974, con el contrato de prospección minera en el área con el mismo nombre e inscrito en el Registro de Minería de la entonces Dirección General de Geología y Minas, el 17 de octubre del mismo año.
Entre los considerandos, además, la ministra Manzano incluyó que entre los autos de ejecución y resoluciones emitidos “en contradicción de la ley, el orden público y en violación de la garantía de la seguridad jurídica”, se canceló títulos mineros otorgados a favor de diversos titulares mineros, y esto generaría una masiva vulneración a la seguridad jurídica de dichos titulares mineros.
A continuación afirma que, al ser inejecutables los autos dictados con posterioridad a la sentencia de casación, los titulares mineros que actualmente operan en la zona de Nambija, San Carlos de las Minas, Cumbaratza y Zumbi, mantendrán vigentes sus derechos de conformidad con los plazos de cada título minero.
En la resolución, dispuso a todas las instancias de la gestión minera estatal, desde el Viceministerio de Minas, a las Coordinaciones Zonales, a la Coordinación General Jurídica de su Cartera de Estado hasta la Arcom, que cumplan y hagan cumplir la Constitución de la República del Ecuador, el Mandato Constituyente No. 6 y la normativa sectorial minera, en especial, la Ley de Minería; y, de igual forma, la anotada sentencia de casación.
Adicionalmente, declaró como irrenunciables los derechos del Estado ecuatoriano sobre el área Cumbaratza en virtud del efecto vinculante de dicha sentencia de casación y de las posiciones institucionales adoptadas por la Procuraduría y el MEM, “en defensa de los intereses del estado y de la legitimidad de dicha sentencia”.
Al respeto de las alegaciones de la empresa que iban en contra de la sentencia de casación, la Ministra señala que los supuestos derechos reclamados “no solo fueron negados por la Corte Suprema de Justicia, sino que además, no pueden ser reconocidos por esta Cartera de Estado, puesto que:
a) el Mandato Constituyente Minero resolvió declarar la extinción sin compensación económica alguna de todas las concesiones mineras incursas en los casos de los artículos 1,2, 3, 4, 5 de dicho mandato; y, ordenó que aquellas concesiones metálicas que no se encontraban incursas en dichas causales debían ajustar sus condiciones al nuevo marco regulatorio de la Ley de Minería, expedida en 2009; y
b) el nuevo régimen jurídico minero actualmente vigente en el Ecuador, exige que para el otorgamiento de concesiones mineras se requiere superar como condición ineludible una subasta o remate público, para lo cual se deberá (i) cumplir múltiples requisitos legales para ser calificado como un solicitante idóneo; (ii) presentar la mejor oferta que, una vez calificada permitirá la emisión de la adjudicación de la concesión.
Además, consignó que la impugnación de la sentencia por medio de un recurso contencioso administrativo propuesto por el abogado Jorge Drouet Mármol, con el carácter de subjetivo había caducado por el transcurrir de nueve años...
Y 11 páginas más de jerga jurídica, que en todo caso no altera nuestro entendimiento de la resolución que constituye una posición institucional muy clara para dar por terminado un capítulo de un conflicto extendido por 40 años en la pequeña minería ecuatoriana.
El proyecto Cumbaratza tiene 30 000 hectáreas destinadas para la explotación de oro, ubicadas en la provincia de Zamora Chinchipe, al sur oriente de Ecuador, vecinas al rico territorio minero de Nambija, que viene siendo explotado sistemática aunque caóticamente, desde hace más de 30 años. Y es un sector de minería ancestral conocido por sus altas concentraciones del metal amarillo, por todo geólogo y minero ecuatoriano.
En la disposición de la autoridad, se realiza también una denuncia en los considerandos al incluir que el Ministerio de Energía y Minas, MEM, ha manifestado públicamente, a través de escrito de 14 de julio de 2023 que “en dicho proceso judicial, que este y otros mandatos de ejecución fueron obtenidos con artificios, y fueron emitidos violando la ley; por lo tanto, son nulos y no surten ningún efecto jurídico”.
Miles de mineros han sido los afectados con este caso, 15 000 según afirmaba en el año 2019 Salvador Quishpe Lozano, ex prefecto provincial, ex asambleísta y líder indígena de la región Amazónica, de la etnia saraguro. Quishpe es enemigo jurado del líder histórico del partido político Revolución Ciudadana, que auspicia a la candidata Luisa González. La aspirante a la Presidencia de la República, desde la semana pasada cuenta con apoyo condicionado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) con la cual Quishpe se mantiene enfrentado.
Otro de los perjudicados con la falta de aplicación de la sentencia del más alto tribunal de la nación, ha sido la Empresa Nacional Minera, Enami EP, propietaria de títulos mineros dentro del área. Su proyecto Campanillas, conformado por las concesiones mineras Campanillas y Campanillas 1, ha tenido que postergar la inscripción de contratos de operación minera en esas concesiones debido a la negativa de la Arcernnr, ahora Arcom de inscribirlos en el Registro Minero.
La Enami EP incluso ha obtenido la licencia ambiental para Campanilla en 2022, y mantenido contratos de operación con empresas de pequeña minería locales como Pimicape S.A. y con operadores como Stalin Barrinuevo y Raúl Ausberto Zúñiga, ex presidente de la Cámara de la Pequeña Minería provincial. Tampoco ha podido renovar los contratos de operación que estuvieron vigentes hasta diciembre de 2022.
Del otro lado, la empresa Cumbaratza ha efectuado acuerdos de regularización de la actividad minera con la Cooperativa de Producción Minera 11 de Julio, de Loja, con 540 miembros, que dice contar con títulos mineros en el sector Nambija, parroquia San Carlos de las Minas del cantón Zamora, superpuestos dentro del polígono de las 30000 hectáreas
La hasta ahora incumplida, sentencia de casación corresponde a la entonces Corte Suprema de Justicia, Instancia No. 9/96 de 10 de enero de 1996, publicada en el Registro Oficial No. 918, de 03 de abril de 1996. Al respecto, la ministra afirma que esta constituye sentencia de última instancia con fuerza de cosa juzgada y, por ende, se dejen sin efecto todas las inscripciones que contradigan dicha sentencia y limitaciones que consten en el Registro Minero.
Posterior a la expedición de la sentencia de casación se han planteado una serie de acciones, impugnaciones, nulidades, recursos y demandas auspiciadas por la Empresa Minera Cumbaratza S.A., con el propósito de desconocer la mencionada sentencia, mismas que han sido rechazadas tanto por la Procuraduría General del Estado como por el MEM.
Estas acciones, impugnaciones, nulidades, recursos y demandas han generado un escenario de incertidumbre en las operaciones mineras de la zona, afirma el documento.
Específicamente, en esta resolución, del 26 de febrero del año en curso, Manzano ordena al Especialista de Registro Minero en Territorio de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe de la Arcom cumplir con la sentencia.
En el mismo orden, dispone la desgraficación de las áreas de la empresa Cumbaratza, que se encuentren dentro del polígono de 30 000 hectáreas. Esa fue la superficie que le entregó en concesión el entonces Ministro de Recursos Naturales y Energéticos, el 18 de septiembre 1974, con el contrato de prospección minera en el área con el mismo nombre e inscrito en el Registro de Minería de la entonces Dirección General de Geología y Minas, el 17 de octubre del mismo año.
Entre los considerandos, además, la ministra Manzano incluyó que entre los autos de ejecución y resoluciones emitidos “en contradicción de la ley, el orden público y en violación de la garantía de la seguridad jurídica”, se canceló títulos mineros otorgados a favor de diversos titulares mineros, y esto generaría una masiva vulneración a la seguridad jurídica de dichos titulares mineros.
A continuación afirma que, al ser inejecutables los autos dictados con posterioridad a la sentencia de casación, los titulares mineros que actualmente operan en la zona de Nambija, San Carlos de las Minas, Cumbaratza y Zumbi, mantendrán vigentes sus derechos de conformidad con los plazos de cada título minero.
En la resolución, dispuso a todas las instancias de la gestión minera estatal, desde el Viceministerio de Minas, a las Coordinaciones Zonales, a la Coordinación General Jurídica de su Cartera de Estado hasta la Arcom, que cumplan y hagan cumplir la Constitución de la República del Ecuador, el Mandato Constituyente No. 6 y la normativa sectorial minera, en especial, la Ley de Minería; y, de igual forma, la anotada sentencia de casación.
Adicionalmente, declaró como irrenunciables los derechos del Estado ecuatoriano sobre el área Cumbaratza en virtud del efecto vinculante de dicha sentencia de casación y de las posiciones institucionales adoptadas por la Procuraduría y el MEM, “en defensa de los intereses del estado y de la legitimidad de dicha sentencia”.
Al respeto de las alegaciones de la empresa que iban en contra de la sentencia de casación, la Ministra señala que los supuestos derechos reclamados “no solo fueron negados por la Corte Suprema de Justicia, sino que además, no pueden ser reconocidos por esta Cartera de Estado, puesto que:
a) el Mandato Constituyente Minero resolvió declarar la extinción sin compensación económica alguna de todas las concesiones mineras incursas en los casos de los artículos 1,2, 3, 4, 5 de dicho mandato; y, ordenó que aquellas concesiones metálicas que no se encontraban incursas en dichas causales debían ajustar sus condiciones al nuevo marco regulatorio de la Ley de Minería, expedida en 2009; y
b) el nuevo régimen jurídico minero actualmente vigente en el Ecuador, exige que para el otorgamiento de concesiones mineras se requiere superar como condición ineludible una subasta o remate público, para lo cual se deberá (i) cumplir múltiples requisitos legales para ser calificado como un solicitante idóneo; (ii) presentar la mejor oferta que, una vez calificada permitirá la emisión de la adjudicación de la concesión.
Además, consignó que la impugnación de la sentencia por medio de un recurso contencioso administrativo propuesto por el abogado Jorge Drouet Mármol, con el carácter de subjetivo había caducado por el transcurrir de nueve años...
Y 11 páginas más de jerga jurídica, que en todo caso no altera nuestro entendimiento de la resolución que constituye una posición institucional muy clara para dar por terminado un capítulo de un conflicto extendido por 40 años en la pequeña minería ecuatoriana.
Gobierno chileno lanza Política
de Fomento a la Pequeña Minería
Marzo 16 de 2025.- El viernes 14 de marzo, se llevó a cabo el lanzamiento de la Política de Fomento a la Pequeña Minería en la Región de Atacama, Chile, la que según el Gobierno materializa el objetivo de robustecer y potenciar condiciones para el desarrollo sustentable del sector, una de las tareas prioritarias propuestas por el presidente Boric.
La Política de Fomento a la Pequeña Minería es una propuesta con soluciones técnicas y una visión de futuro enfocada en la modernización, el acceso al conocimiento y la innovación, fruto de un largo proceso participativo con diversos actores de la industria en todo el país, dice la información oficial.
La nueva política crea el Sistema Nacional de Fomento a la Pequeña Minería, liderado por el Ministerio de Minería, y pone énfasis en la sostenibilidad, inclusión, gobernanza y tecnología.
De esta manera se busca posicionar a la pequeña minería chilena como un motor de progreso regional y un referente internacional.
Esta política no sólo aborda las brechas históricas del sector, sino que también promueve una transformación integral que beneficiará a cientos de productores y productoras, sus comunidades y el desarrollo sostenible del país, señala.
La Política de Fomento a la Pequeña Minería establece como visión para 2050 que este sector del país sea un referente mundial en sostenibilidad, inclusión, formalización y asociatividad, capaz de generar empleo decente y beneficiar a las comunidades locales. Fuente: Radio Antofagasta Online
Para ver los componentes estratégicos de esta política, puede revisar el documento aquí: https://minmineria.cl/politicafomento/
La Política de Fomento a la Pequeña Minería es una propuesta con soluciones técnicas y una visión de futuro enfocada en la modernización, el acceso al conocimiento y la innovación, fruto de un largo proceso participativo con diversos actores de la industria en todo el país, dice la información oficial.
La nueva política crea el Sistema Nacional de Fomento a la Pequeña Minería, liderado por el Ministerio de Minería, y pone énfasis en la sostenibilidad, inclusión, gobernanza y tecnología.
De esta manera se busca posicionar a la pequeña minería chilena como un motor de progreso regional y un referente internacional.
Esta política no sólo aborda las brechas históricas del sector, sino que también promueve una transformación integral que beneficiará a cientos de productores y productoras, sus comunidades y el desarrollo sostenible del país, señala.
La Política de Fomento a la Pequeña Minería establece como visión para 2050 que este sector del país sea un referente mundial en sostenibilidad, inclusión, formalización y asociatividad, capaz de generar empleo decente y beneficiar a las comunidades locales. Fuente: Radio Antofagasta Online
Para ver los componentes estratégicos de esta política, puede revisar el documento aquí: https://minmineria.cl/politicafomento/
Observatorio de Minería Ilegal de
Perú presenta 10 propuestas clave
Marzo 16 de 2025.- En medio de las discusiones sobre la Nueva Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) presentó un informe con 10 propuestas clave para lograr una formalización efectiva del sector.
El informe señala que, aunque la Comisión de Energía y Minas del Congreso del Perú está promoviendo diálogos sobre la Ley MAPE, existe preocupación debido a la posibilidad de flexibilizar normativas sin tener en cuenta los riesgos ambientales y sociales, como afectaciones a la salud de las comunidades, que ya ha causado la desregulación excesiva.
El OMI resalta que la falta de fiscalización adecuada y el incumplimiento de estándares ambientales han permitido que la minería ilegal e informal se entrelacen, afectando zonas vulnerables y áreas protegidas.
Entre las medidas propuestas se incluye la creación de criterios claros para diferenciar la minería artesanal, pequeña, mediana y grande, lo que permitiría un control más eficiente y evitaría que los mineros ilegales se encubran bajo la categoría de minería artesanal. También se plantea la implementación de dos vías para la formalización: una para nuevos mineros y otra para aquellos que operaban antes de 2012.
Otra propuesta clave es la fiscalización centralizada de las plantas de beneficio, con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) tomando el control y supervisado por diversas entidades competentes. Además, el OMI sugiere que se exijan compromisos ambientales desde el inicio de las operaciones y que la minería en zonas de gran valor ecológico, como las Áreas Naturales Protegidas, se prohíba completamente.
El informe también propone la creación de un sistema de trazabilidad del oro, que permita controlar su producción y comercialización, además de una reducción progresiva del uso de mercurio en la minería artesanal. Asimismo, se sugiere la creación de un fondo minero para infraestructura y bienestar en las zonas afectadas por la minería, y la modificación del Código Penal para tratar la minería ilegal como un crimen organizado y sancionar más severamente la corrupción dentro del sector.
A pesar de los esfuerzos por formalizar el sector en 2024, el informe destaca que la minería ilegal siguió expandiéndose, exacerbando los impactos socioambientales. Esto pone en evidencia la incapacidad del Estado para enfrentar esta crisis, que afecta a miles de comunidades en todo el país. Con información de Ser Peruano.
El informe señala que, aunque la Comisión de Energía y Minas del Congreso del Perú está promoviendo diálogos sobre la Ley MAPE, existe preocupación debido a la posibilidad de flexibilizar normativas sin tener en cuenta los riesgos ambientales y sociales, como afectaciones a la salud de las comunidades, que ya ha causado la desregulación excesiva.
El OMI resalta que la falta de fiscalización adecuada y el incumplimiento de estándares ambientales han permitido que la minería ilegal e informal se entrelacen, afectando zonas vulnerables y áreas protegidas.
Entre las medidas propuestas se incluye la creación de criterios claros para diferenciar la minería artesanal, pequeña, mediana y grande, lo que permitiría un control más eficiente y evitaría que los mineros ilegales se encubran bajo la categoría de minería artesanal. También se plantea la implementación de dos vías para la formalización: una para nuevos mineros y otra para aquellos que operaban antes de 2012.
Otra propuesta clave es la fiscalización centralizada de las plantas de beneficio, con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) tomando el control y supervisado por diversas entidades competentes. Además, el OMI sugiere que se exijan compromisos ambientales desde el inicio de las operaciones y que la minería en zonas de gran valor ecológico, como las Áreas Naturales Protegidas, se prohíba completamente.
El informe también propone la creación de un sistema de trazabilidad del oro, que permita controlar su producción y comercialización, además de una reducción progresiva del uso de mercurio en la minería artesanal. Asimismo, se sugiere la creación de un fondo minero para infraestructura y bienestar en las zonas afectadas por la minería, y la modificación del Código Penal para tratar la minería ilegal como un crimen organizado y sancionar más severamente la corrupción dentro del sector.
A pesar de los esfuerzos por formalizar el sector en 2024, el informe destaca que la minería ilegal siguió expandiéndose, exacerbando los impactos socioambientales. Esto pone en evidencia la incapacidad del Estado para enfrentar esta crisis, que afecta a miles de comunidades en todo el país. Con información de Ser Peruano.
Chile trabaja en ley de sitios contaminados
Marzo 16 de 2025.- Desde agosto de 2024, se estableció la colaboración que la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) al Ministerio del Medio Ambiente de Chile (MMA) con respecto a la elaboración, discusión y adecuación de la propuesta de ley sobre prevención y gestión de sitios contaminados. La asistencia técnica se enmarca en el proyecto “Cooperación Regional para la gestión sustentable de los recursos mineros en los países andinos” implementado por la Cepal y la Cooperación Alemana.
El proyecto MinSus participó del primer taller para avanzar hacia una Ley de sitios contaminados en Chile. La actividad abordó experiencias nacionales, regionales e internacionales en la materia.
Organizado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) de Chile se realizó el primer taller sobre el Proyecto de Ley para la Prevención y Gestión de Sitios Contaminados, evento que reunió a destacados expertos y expertas de diversas instituciones en busca de avanzar en la creación de una normativa que establezca un marco regulatorio que se constituya como punto de partida en materia de suelos contaminados o con potencial presencia de contaminantes.
Los expositores fueron el Jefe del Departamento de Política y Planificación de la Biodiversidad de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del MMA, Daniel Álvarez; la Consultora del MMA, Lilian Veas; y la representante de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del MMA, Carla Riveros. Además, presentaron el Jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Cepal, Mauricio Pereira, quien habló sobre la gestión integral de pasivos ambientales en América Latina, y el director de MinSus, Achim Constantín, quien presentó la experiencia de Alemania en la gestión de sitios contaminados.
Estas presentaciones se dieron en el marco de la asistencia técnica en la elaboración de esta ley. Al respecto, Constantín agradeció la invitación y sostuvo que “la forma en que estamos gestionando y remediando los sitios contaminados en Alemania durante varias décadas fue nuestra respuesta a nuestros propios problemas y desafíos ambientales. Sin embargo, espero que estas y otras experiencias internacionales puedan inspirar el proceso hacia una legislación chilena en esta materia”.
Cabe destacar que Chile no tiene una norma sobre la calidad de suelos, aspecto que resulta crítico para la gestión efectiva de la contaminación en los mismos, por ello las autoridades buscan avanzar hacia una norma estandarizada. El evento también incluyó una presentación de la propuesta de la nueva ley por parte del Ministerio del Medio Ambiente, y se destacó la importancia de una normativa robusta para enfrentar los desafíos ambientales.
La participación de MinSus en el taller reafirmó su compromiso con el desarrollo de políticas ambientales sostenibles y efectivas en América Latina. A través de la asesoría técnica brindada por nuestro equipo, esperamos contribuir significativamente a la creación de una ley que no solo proteja el medio ambiente, sino que también mejore la salud pública y promueva prácticas responsables en la gestión de sitios contaminados.
El proyecto MinSus participó del primer taller para avanzar hacia una Ley de sitios contaminados en Chile. La actividad abordó experiencias nacionales, regionales e internacionales en la materia.
Organizado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) de Chile se realizó el primer taller sobre el Proyecto de Ley para la Prevención y Gestión de Sitios Contaminados, evento que reunió a destacados expertos y expertas de diversas instituciones en busca de avanzar en la creación de una normativa que establezca un marco regulatorio que se constituya como punto de partida en materia de suelos contaminados o con potencial presencia de contaminantes.
Los expositores fueron el Jefe del Departamento de Política y Planificación de la Biodiversidad de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del MMA, Daniel Álvarez; la Consultora del MMA, Lilian Veas; y la representante de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del MMA, Carla Riveros. Además, presentaron el Jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Cepal, Mauricio Pereira, quien habló sobre la gestión integral de pasivos ambientales en América Latina, y el director de MinSus, Achim Constantín, quien presentó la experiencia de Alemania en la gestión de sitios contaminados.
Estas presentaciones se dieron en el marco de la asistencia técnica en la elaboración de esta ley. Al respecto, Constantín agradeció la invitación y sostuvo que “la forma en que estamos gestionando y remediando los sitios contaminados en Alemania durante varias décadas fue nuestra respuesta a nuestros propios problemas y desafíos ambientales. Sin embargo, espero que estas y otras experiencias internacionales puedan inspirar el proceso hacia una legislación chilena en esta materia”.
Cabe destacar que Chile no tiene una norma sobre la calidad de suelos, aspecto que resulta crítico para la gestión efectiva de la contaminación en los mismos, por ello las autoridades buscan avanzar hacia una norma estandarizada. El evento también incluyó una presentación de la propuesta de la nueva ley por parte del Ministerio del Medio Ambiente, y se destacó la importancia de una normativa robusta para enfrentar los desafíos ambientales.
La participación de MinSus en el taller reafirmó su compromiso con el desarrollo de políticas ambientales sostenibles y efectivas en América Latina. A través de la asesoría técnica brindada por nuestro equipo, esperamos contribuir significativamente a la creación de una ley que no solo proteja el medio ambiente, sino que también mejore la salud pública y promueva prácticas responsables en la gestión de sitios contaminados.
Colombia con impuesto del 1%
a primera venta de carbón
Marzo 16 de 2025.- El gobierno colombiano, a través del Decreto Legislativo 175 de 2025, estableció un impuesto del 1% sobre la primera venta y las exportaciones de carbón, como medida fiscal temporal en el marco del estado de conmoción interior en la región del Catatumbo.
La fecha de implementación del impuesto es el 14 de febrero de 2025 y se estableció su temporalidad hasta el 31 de diciembre del mismo año. Asimismo se habilitó el Formulario V9 para recaudar el impuesto y se establecieron sanciones e intereses a quienes no presenten el documento soporte de pago del impuesto o presenten un pago incompleto.
La Asociación Colombiana de Minería (ACM) rechazó el nuevo impuesto al carbón, porque lo considera como un nuevo obstáculo para el desarrollo del sector.
Carlos Cante, presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), expresó su preocupación a W Radio por los efectos adversos de la medida.
Fenalcarbón advirtió que el impuesto afectará la competitividad y sostenibilidad de la industria, mientras que el alza en las tarifas de transporte terrestre aumenta la incertidumbre sobre el futuro del comercio exterior del carbón colombiano.
Según Cante, la implementación de este tributo podría tener consecuencias devastadoras para el sector carbonero, al punto de “quebrar” a muchas empresas, especialmente a las más pequeñas.
“Esto es parte de una estrategia para acabar con la competitividad internacional de los carbones colombianos y justificar un modelo de transición energética acelerada que no le sirve a Colombia”, afirmó el dirigente gremial.
Fenalcarbón ha advertido que este nuevo esquema tributario podría derivar en una “tributación en cascada” que afectaría no solo a los grandes productores, sino también a los pequeños mineros, quienes cumplen un papel crucial en regiones como La Guajira, Cesar y Norte de Santander.
La federación también ha señalado que esta carga fiscal comprometería la viabilidad de las exportaciones y la estabilidad económica del sector, afectando a comunidades que dependen de la actividad minera.
A pesar de que el Gobierno ha justificado la medida como parte de su estrategia para abordar la crisis en el Catatumbo, no ha detallado cómo se destinarán los recursos recaudados.
El impuesto del 1% se aplicará tanto a las ventas nacionales como a las exportaciones de hidrocarburos y carbón. En el caso de las ventas internas, el tributo se causará al momento de la emisión de la factura o en la primera entrega del producto. Para las exportaciones, el gravamen se activará con la presentación y aceptación de la solicitud de autorización de embarque.
La fecha de implementación del impuesto es el 14 de febrero de 2025 y se estableció su temporalidad hasta el 31 de diciembre del mismo año. Asimismo se habilitó el Formulario V9 para recaudar el impuesto y se establecieron sanciones e intereses a quienes no presenten el documento soporte de pago del impuesto o presenten un pago incompleto.
La Asociación Colombiana de Minería (ACM) rechazó el nuevo impuesto al carbón, porque lo considera como un nuevo obstáculo para el desarrollo del sector.
Carlos Cante, presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), expresó su preocupación a W Radio por los efectos adversos de la medida.
Fenalcarbón advirtió que el impuesto afectará la competitividad y sostenibilidad de la industria, mientras que el alza en las tarifas de transporte terrestre aumenta la incertidumbre sobre el futuro del comercio exterior del carbón colombiano.
Según Cante, la implementación de este tributo podría tener consecuencias devastadoras para el sector carbonero, al punto de “quebrar” a muchas empresas, especialmente a las más pequeñas.
“Esto es parte de una estrategia para acabar con la competitividad internacional de los carbones colombianos y justificar un modelo de transición energética acelerada que no le sirve a Colombia”, afirmó el dirigente gremial.
Fenalcarbón ha advertido que este nuevo esquema tributario podría derivar en una “tributación en cascada” que afectaría no solo a los grandes productores, sino también a los pequeños mineros, quienes cumplen un papel crucial en regiones como La Guajira, Cesar y Norte de Santander.
La federación también ha señalado que esta carga fiscal comprometería la viabilidad de las exportaciones y la estabilidad económica del sector, afectando a comunidades que dependen de la actividad minera.
A pesar de que el Gobierno ha justificado la medida como parte de su estrategia para abordar la crisis en el Catatumbo, no ha detallado cómo se destinarán los recursos recaudados.
El impuesto del 1% se aplicará tanto a las ventas nacionales como a las exportaciones de hidrocarburos y carbón. En el caso de las ventas internas, el tributo se causará al momento de la emisión de la factura o en la primera entrega del producto. Para las exportaciones, el gravamen se activará con la presentación y aceptación de la solicitud de autorización de embarque.
Concesión Muyuyacu regresará a la Enami EP,
la Corte Constitucional falla en contra de Gaby Panamá
Una de las muchas manifestaciones que realizaron los trabajadores de la concesión Muyuyacu cuando era posible. Actualmente el cantón Ponce Enríquez es uno de los más violentos del país y ha sido declarado en emergencia en tres ocasiones por la violencia de los grupos criminales que se han apoderado de las minas.
Marzo 3 de 2025.- El Pleno de la Corte Constitucional (CC) dictó sentencia en el caso de modulación realizado por la jueza Nancy Parrales, conocido como caso Muyuyacu y deja sin efectos lo resuelto por la jueza y todos los actos administrativos posteriores. La Empresa Nacional Minera (Enami EP) recupera la totalidad de la muy rica concesión Muyuyacu que había sido trasladada en un 66% a las empresas mineras Guadalupe Mining y Gaby Panama Corporation. La Corte además, juzgó la actuación de Parrales como error inexcusable.
El área Muyuyacu está ubicada en el cantón Ponce Enríquez, zona subtropical de la provincia del Azuay, en donde tradicionalmente ha existido actividad minera, y conocida por sus altas concentraciones de oro.
Administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resolvió por unanimidad lo siguiente:
“Declarar que el auto de 8 de junio de 2020, dictado por la Unidad Judicial Penal Norte 2 con sede en el cantón Guayaquil, vulneró el derecho a la seguridad jurídica del Banco Central del Ecuador”, cita textual.
Dejar sin efecto el mencionado auto, dentro del caso 09286-2019-01409 y, por ende, todas las actuaciones posteriores destinadas a la ejecución de la “modulación de efectos” en favor de Gaby Panama Corporation.
“Declarar que Nelly Katiuska Parrales Córdova, jueza de la Unidad Judicial Norte 2 Penal con sede en Guayaquil, dentro del proceso de acción de protección 09286-2019-01409, incurrió en error inexcusable al haber alterado arbitrariamente la sentencia de primera instancia disponiendo la extensión de los efectos a terceros que no fueron parte del proceso, sin que la sentencia constitucional lo haya dispuesto”, según la sentencia.
¿Qué tiene que ver el Banco Central del Ecuador?
Sucede que la jueza Parrales falló a favor de los señores Flores y Huerta y en consecuencia un grupo de seis concesiones incautadas que rodean a la concesión Muyuyacu, regresaron a manos de la Guadalupe Mining. Pero no contentos con ello, los mismos señores dueños de Oromining Corporation y a través de esta, apoderados de Guadalupe Mining y también de Gaby Panama, solicitaron que la sentencia se module, es decir se extiendan sus efectos sobre la concesión Muyuyacu cuyo 55% fue de propiedad de Gaby Panama y también fue expropiado por la Ugedep.
La jueza, en su auto del 8 de junio del 2020, decidió aceptar un pedido de modulación dentro del proceso 09286-2019-01409 y extendió los efectos de la sentencia a beneficio de Gaby Panama con lo que le reconoció el 55% de Muyuyacu.
En otro capítulo de esta historia, la jueza Parrales negó todas las apelaciones posteriores y, el 2 de julio, determinó que sea la Defensoría del Pueblo la entidad encargada de la ejecución de la sentencia de modulación.
Fue entonces que, el Banco Central del Ecuador (BCE) solicitó a la CC una acción extraordinaria de protección sobre dicho auto.
Los banqueros Isaías y sus abogados en esta historia
La acción de protección con número 09286-2019-01409 fue solicitada el 22 de marzo de 2019, por Carlos Enrique Huerta Araujo y Efraín Flores Cárdenas, presidente y gerente de la compañía Oromining S.A., respectivamente. Fue dirigida en contra del BCE, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar y la Enami EP con el objeto de dejar sin efecto actos de incautación de concesiones mineras.
La pretensión en la acción de protección era que, se declare la vulneración de varios derechos constitucionales y que se deje sin efecto todas las resoluciones de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD–CFN No más Impunidad (Ugedep) de los años 2012, por medio de las cuales, el Estado ecuatoriano incautó, expropió y administró las concesiones mineras que fueron de titularidad de la compañía Guadalupe Mining Corporation: Guadalupe, Fermín Bajo, Río Villa 2, Villa Sur, Río Tenguel Este y Río Negro. Todas áreas que rodean a la concesión Muyuyacu.
La Ugedep realizó la incautación de las concesiones por tener pruebas de que fueron parte de los bienes de los hermanos William y Roberto Isaías desfalcadores condenados y prófugos del estado ecuatoriano desde 2014.
La suerte, sin embargo, fue favorable a los hermanos Flores y Huerta. Incluso el gerente general de la Enami EP, doctor Danilo Icaza, tuvo que renunciar luego de denunciar al ministro de entonces, René Ortiz, que el doctor Ricardo Noboa Bejarano, abogado de Guadalupe Mining, Oromining y Gaby Panamá, presentó por email del 22 de julio una “Propuesta para cumplimiento de la sentencia constitucional sobre Guadalupe Mining Corporation y su modulación a favor de Gaby Panama Corporation”, la misma que fue reenviada por la Dirección Jurídica del MERNNR a la Enami.
Como la Enami EP había reunido cuatro concesiones incautadas con Muyuyacu y conformado la "Muyuyacu acumulada" y la figura de la modulación era inaplicable en el sistema de gestión minero, inexplicablemente los abogados decidieron que se junten todas las concesiones del caso y se repartan en tres entre las tres empresas involucradas: 33% para la Enami EP, y 66% para Guadalupe Mining y Gaby Panamá.
Así estaban las cosas, sin embargo, el tema cobra mayor actualidad porque en noviembre de 2024, la CC revirtió todos los bienes que los abogados de los ex banqueros habían logrado recuperar del Estado. La CC aceptó seis acciones de protección y dejó sin efecto las decisiones judiciales que autorizaron la devolución de los bienes a los hermanos Roberto y William Isaías.
¿Por qué todos quieren a Muyuyacu?
La concesión Muyuyacu (código 3622) es la única área en la que se realizó perforación hace un par de décadas por otra empresa, que le denominó Proyecto Gaby, cuando presentó el informe de estimación de recursos y reservas en formato (canadiense) N43-101 para cotizar en la bolsa de valores. De ahí los señores Huerta y Flores colocan el nombre a la posterior compañía constituida en Panamá como empresa minera.
En septiembre de 2020, cientos de mineros se movilizaron para denunciar, ante la población y las autoridades de “la Ponce Enríquez”, el peligro en que quedarían si se confirma que siete concesiones de Enami EP se revertían a manos de sus antiguos dueños, los hermanos Isaías. Se iban a perder miles de puestos de trabajo.
Sobre los antecedentes de esta sentencia, puede encontrar amplios reportes en Vía Minera, como el del 13 de septiembre de 2020, en donde reportamos que:
La Enami EP informó al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables (MERNNR) en un informe jurídico mediante memorando N° ENAMI-CJU-2020-0207 del 18 de agosto, que con el cumplimiento de las sentencias perdería la titularidad de las concesiones mineras Río Negro, Río Tenguel Este y parte de la concesión unificada Muyuyacu.
La Enami EP mantenía tres contratos de operación en las áreas que formaban parte de la concesión Muyuyacu. Los contratos que, entre otras fuentes de ingresos, le permitieron alcanzar un autofinanciamiento del 80%, eran con la Asociación de Mineros Autónomos 12 de Octubre (conocida como “La Doce”), con la Asociación de Producción Minera Ponce Enríquez, Asopromipen, ambas de la economía popular y solidaria, y también con la empresa de pequeña minería Minervilla.
La Asociación 12 de Octubre escribió el oficio N° AMA-2020-0341 del 17 de agosto de 2020 al Presidente de la República, con copia al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables (MERNNR), para solicitarle que “se abstenga de dar cumplimiento a lo dispuesto dentro del proceso judicial”.
Regresando a la actualidad, el proceso N° 09286-2019-01409 que consta de 10 cuerpos y 1006 fojas, estuvo por dos años siendo trabajado por la CC para resolver la acción extraordinaria de protección solicitada por el BCE, la misma que finalmente ha quedado sentenciada.
Al respecto, el abogado azuayo Patricio Vargas, representante de la Asociación 12 de Octubre, manifestó que lo único que piden es el estricto cumplimiento de la sentencia en su punto 3, porque la modulación de la sentencia tuvo tres consecuencias graves: primero, la perdida de miles de puestos de trabajo y mucho sufrimiento de familias de La Ponce; segundo, el ingreso al área de grupos de mineros informales que quedaron a su suerte frente a la violencia del narcotráfico que en la actualidad controla totalmente la zona y tercero, que todos los contratos de explotación con otras asociaciones mineras que realizó posteriormente la Enami EP conjuntamente con Oromining queden al margen de la ley y los mineros que ahí actuaban se conviertan en ilegales.
La sentencia definitiva en el caso Muyuyacu fue aprobada por jueces constitucionales Karla Andrade Quevedo, Alejandra Cárdenas Reyes, Carmen Corral Ponce, Jhoel Escudero Soliz, Enrique Herrería Bonnet, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez, Richard Ortiz Ortiz y Daniela Salazar Marín, el jueves 6 de febrero de 2025.
El área Muyuyacu está ubicada en el cantón Ponce Enríquez, zona subtropical de la provincia del Azuay, en donde tradicionalmente ha existido actividad minera, y conocida por sus altas concentraciones de oro.
Administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional resolvió por unanimidad lo siguiente:
“Declarar que el auto de 8 de junio de 2020, dictado por la Unidad Judicial Penal Norte 2 con sede en el cantón Guayaquil, vulneró el derecho a la seguridad jurídica del Banco Central del Ecuador”, cita textual.
Dejar sin efecto el mencionado auto, dentro del caso 09286-2019-01409 y, por ende, todas las actuaciones posteriores destinadas a la ejecución de la “modulación de efectos” en favor de Gaby Panama Corporation.
“Declarar que Nelly Katiuska Parrales Córdova, jueza de la Unidad Judicial Norte 2 Penal con sede en Guayaquil, dentro del proceso de acción de protección 09286-2019-01409, incurrió en error inexcusable al haber alterado arbitrariamente la sentencia de primera instancia disponiendo la extensión de los efectos a terceros que no fueron parte del proceso, sin que la sentencia constitucional lo haya dispuesto”, según la sentencia.
¿Qué tiene que ver el Banco Central del Ecuador?
Sucede que la jueza Parrales falló a favor de los señores Flores y Huerta y en consecuencia un grupo de seis concesiones incautadas que rodean a la concesión Muyuyacu, regresaron a manos de la Guadalupe Mining. Pero no contentos con ello, los mismos señores dueños de Oromining Corporation y a través de esta, apoderados de Guadalupe Mining y también de Gaby Panama, solicitaron que la sentencia se module, es decir se extiendan sus efectos sobre la concesión Muyuyacu cuyo 55% fue de propiedad de Gaby Panama y también fue expropiado por la Ugedep.
La jueza, en su auto del 8 de junio del 2020, decidió aceptar un pedido de modulación dentro del proceso 09286-2019-01409 y extendió los efectos de la sentencia a beneficio de Gaby Panama con lo que le reconoció el 55% de Muyuyacu.
En otro capítulo de esta historia, la jueza Parrales negó todas las apelaciones posteriores y, el 2 de julio, determinó que sea la Defensoría del Pueblo la entidad encargada de la ejecución de la sentencia de modulación.
Fue entonces que, el Banco Central del Ecuador (BCE) solicitó a la CC una acción extraordinaria de protección sobre dicho auto.
Los banqueros Isaías y sus abogados en esta historia
La acción de protección con número 09286-2019-01409 fue solicitada el 22 de marzo de 2019, por Carlos Enrique Huerta Araujo y Efraín Flores Cárdenas, presidente y gerente de la compañía Oromining S.A., respectivamente. Fue dirigida en contra del BCE, el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar y la Enami EP con el objeto de dejar sin efecto actos de incautación de concesiones mineras.
La pretensión en la acción de protección era que, se declare la vulneración de varios derechos constitucionales y que se deje sin efecto todas las resoluciones de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD–CFN No más Impunidad (Ugedep) de los años 2012, por medio de las cuales, el Estado ecuatoriano incautó, expropió y administró las concesiones mineras que fueron de titularidad de la compañía Guadalupe Mining Corporation: Guadalupe, Fermín Bajo, Río Villa 2, Villa Sur, Río Tenguel Este y Río Negro. Todas áreas que rodean a la concesión Muyuyacu.
La Ugedep realizó la incautación de las concesiones por tener pruebas de que fueron parte de los bienes de los hermanos William y Roberto Isaías desfalcadores condenados y prófugos del estado ecuatoriano desde 2014.
La suerte, sin embargo, fue favorable a los hermanos Flores y Huerta. Incluso el gerente general de la Enami EP, doctor Danilo Icaza, tuvo que renunciar luego de denunciar al ministro de entonces, René Ortiz, que el doctor Ricardo Noboa Bejarano, abogado de Guadalupe Mining, Oromining y Gaby Panamá, presentó por email del 22 de julio una “Propuesta para cumplimiento de la sentencia constitucional sobre Guadalupe Mining Corporation y su modulación a favor de Gaby Panama Corporation”, la misma que fue reenviada por la Dirección Jurídica del MERNNR a la Enami.
Como la Enami EP había reunido cuatro concesiones incautadas con Muyuyacu y conformado la "Muyuyacu acumulada" y la figura de la modulación era inaplicable en el sistema de gestión minero, inexplicablemente los abogados decidieron que se junten todas las concesiones del caso y se repartan en tres entre las tres empresas involucradas: 33% para la Enami EP, y 66% para Guadalupe Mining y Gaby Panamá.
Así estaban las cosas, sin embargo, el tema cobra mayor actualidad porque en noviembre de 2024, la CC revirtió todos los bienes que los abogados de los ex banqueros habían logrado recuperar del Estado. La CC aceptó seis acciones de protección y dejó sin efecto las decisiones judiciales que autorizaron la devolución de los bienes a los hermanos Roberto y William Isaías.
¿Por qué todos quieren a Muyuyacu?
La concesión Muyuyacu (código 3622) es la única área en la que se realizó perforación hace un par de décadas por otra empresa, que le denominó Proyecto Gaby, cuando presentó el informe de estimación de recursos y reservas en formato (canadiense) N43-101 para cotizar en la bolsa de valores. De ahí los señores Huerta y Flores colocan el nombre a la posterior compañía constituida en Panamá como empresa minera.
En septiembre de 2020, cientos de mineros se movilizaron para denunciar, ante la población y las autoridades de “la Ponce Enríquez”, el peligro en que quedarían si se confirma que siete concesiones de Enami EP se revertían a manos de sus antiguos dueños, los hermanos Isaías. Se iban a perder miles de puestos de trabajo.
Sobre los antecedentes de esta sentencia, puede encontrar amplios reportes en Vía Minera, como el del 13 de septiembre de 2020, en donde reportamos que:
La Enami EP informó al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables (MERNNR) en un informe jurídico mediante memorando N° ENAMI-CJU-2020-0207 del 18 de agosto, que con el cumplimiento de las sentencias perdería la titularidad de las concesiones mineras Río Negro, Río Tenguel Este y parte de la concesión unificada Muyuyacu.
La Enami EP mantenía tres contratos de operación en las áreas que formaban parte de la concesión Muyuyacu. Los contratos que, entre otras fuentes de ingresos, le permitieron alcanzar un autofinanciamiento del 80%, eran con la Asociación de Mineros Autónomos 12 de Octubre (conocida como “La Doce”), con la Asociación de Producción Minera Ponce Enríquez, Asopromipen, ambas de la economía popular y solidaria, y también con la empresa de pequeña minería Minervilla.
La Asociación 12 de Octubre escribió el oficio N° AMA-2020-0341 del 17 de agosto de 2020 al Presidente de la República, con copia al Ministerio de Energía y Recursos Naturales no renovables (MERNNR), para solicitarle que “se abstenga de dar cumplimiento a lo dispuesto dentro del proceso judicial”.
Regresando a la actualidad, el proceso N° 09286-2019-01409 que consta de 10 cuerpos y 1006 fojas, estuvo por dos años siendo trabajado por la CC para resolver la acción extraordinaria de protección solicitada por el BCE, la misma que finalmente ha quedado sentenciada.
Al respecto, el abogado azuayo Patricio Vargas, representante de la Asociación 12 de Octubre, manifestó que lo único que piden es el estricto cumplimiento de la sentencia en su punto 3, porque la modulación de la sentencia tuvo tres consecuencias graves: primero, la perdida de miles de puestos de trabajo y mucho sufrimiento de familias de La Ponce; segundo, el ingreso al área de grupos de mineros informales que quedaron a su suerte frente a la violencia del narcotráfico que en la actualidad controla totalmente la zona y tercero, que todos los contratos de explotación con otras asociaciones mineras que realizó posteriormente la Enami EP conjuntamente con Oromining queden al margen de la ley y los mineros que ahí actuaban se conviertan en ilegales.
La sentencia definitiva en el caso Muyuyacu fue aprobada por jueces constitucionales Karla Andrade Quevedo, Alejandra Cárdenas Reyes, Carmen Corral Ponce, Jhoel Escudero Soliz, Enrique Herrería Bonnet, Alí Lozada Prado, Teresa Nuques Martínez, Richard Ortiz Ortiz y Daniela Salazar Marín, el jueves 6 de febrero de 2025.
Empezó socialización del código Craft para
la MAPE, pasaporte para mercados formales
Marzo 2 de 2025.- Con activa participación de mineros de todo el país y funcionarios estatales, se realizó el primer taller de socialización del “Código CRAFT y criterios planetGOLD para minería artesanal y pequeña minería”, el día martes 25 de febrero en Quito.
El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Ministerio de Energía y Minas con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se encuentran implementando el proyecto planetGOLD Ecuador. Su objetivo es promover la formalización y el uso de mejores técnicas de minería aluvial y de roca dura, para reducir el uso de mercurio y mejorar el acceso a mercados responsables.
El proyecto planetGOLD establece criterios específicos alineados con el “Código CRAFT”, el cual es un estándar de entrada al mercado formal para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Su objetivo es permitir a más mineros artesanales el acceso a las cadenas de suministro legales bajo un enfoque práctico de debida diligencia que permita convertir la mitigación de los riesgos en una oportunidad de mejora continua y el involucramiento de los compradores a generar cambios positivos en las comunidades mineras.
Dado que los principios del Código CRAFT y planetGOLD son transversales a la gestión gubernamental en sus distintas competencias sobre la MAPE, el evento contó con la participación de funcionarios de todas las entidades estatales para conseguir una mejor articulación y permitirá que avancemos de manera alineada en la formalización y mejora del sector.
El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Ministerio de Energía y Minas con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se encuentran implementando el proyecto planetGOLD Ecuador. Su objetivo es promover la formalización y el uso de mejores técnicas de minería aluvial y de roca dura, para reducir el uso de mercurio y mejorar el acceso a mercados responsables.
El proyecto planetGOLD establece criterios específicos alineados con el “Código CRAFT”, el cual es un estándar de entrada al mercado formal para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Su objetivo es permitir a más mineros artesanales el acceso a las cadenas de suministro legales bajo un enfoque práctico de debida diligencia que permita convertir la mitigación de los riesgos en una oportunidad de mejora continua y el involucramiento de los compradores a generar cambios positivos en las comunidades mineras.
Dado que los principios del Código CRAFT y planetGOLD son transversales a la gestión gubernamental en sus distintas competencias sobre la MAPE, el evento contó con la participación de funcionarios de todas las entidades estatales para conseguir una mejor articulación y permitirá que avancemos de manera alineada en la formalización y mejora del sector.
El Gobierno convoca a la paridad
de género en los sectores estratégicos
Febrero 23 de 2025.- El gobierno nacional oficializó la incorporación de las instituciones de los sectores estratégicos a la Iniciativa de Paridad de Género y Economía Violeta. El acto se llevó a cabo el 19 de febrero, en Quito, y contó con la participación de representantes de carteras estratégicas como Energía y Minas, Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Transporte y Obras Públicas, Agricultura y Ganadería, Telecomunicaciones, entre otras, así como representantes de universidades y empresas estatales y privadas.
La iniciativa, liderada por el presidente Daniel Noboa, busca eliminar brechas de género, reducir desigualdades laborales y fomentar un entorno equitativo y competitivo en áreas clave para la economía y productividad nacional.
En este contexto, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, firmó un acuerdo y dos compromisos fundamentales para avanzar hacia este objetivo:
- Acuerdo con la Organización Latinoamericana de Energía (Olade): establece una hoja de ruta para levantar información sobre estudio de empleo en sectores estratégicos.
- Compromiso con universidades: firmado con los rectores de las universidades Escuela Politécnica del Litoral (Espol), Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Escuela Politécnica Nacional (EPN) y Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), con el propósito de otorgar becas en carreras técnicas y crear programas de formación dirigidos a mujeres.
- Compromiso con el sector privado: firmado con representantes de empresas vinculadas a la industria estratégica para el cumplimiento de la normativa de paridad de género en el ámbito laboral.
La iniciativa, liderada por el presidente Daniel Noboa, busca eliminar brechas de género, reducir desigualdades laborales y fomentar un entorno equitativo y competitivo en áreas clave para la economía y productividad nacional.
En este contexto, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, firmó un acuerdo y dos compromisos fundamentales para avanzar hacia este objetivo:
- Acuerdo con la Organización Latinoamericana de Energía (Olade): establece una hoja de ruta para levantar información sobre estudio de empleo en sectores estratégicos.
- Compromiso con universidades: firmado con los rectores de las universidades Escuela Politécnica del Litoral (Espol), Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Escuela Politécnica Nacional (EPN) y Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), con el propósito de otorgar becas en carreras técnicas y crear programas de formación dirigidos a mujeres.
- Compromiso con el sector privado: firmado con representantes de empresas vinculadas a la industria estratégica para el cumplimiento de la normativa de paridad de género en el ámbito laboral.
Cuatro empresas privadas ofertan para consultoría
del Plan de Desarrollo de la Geotermia en Ecuador
Plataforma de perforación en el sitio de Chachimbiro, Ecuador. Cortesía: Celec.
Febrero 16 de 2025.- El Ministerio de Energía y Minas (MEM), realizó la apertura de ofertas para la contratación de una consultoría para la ejecución del Plan de Desarrollo de la Geotermia en Ecuador, el cual buscará la identificación del potencial geotérmico nacional, además del desarrollo de normativas legales para la ejecución de proyectos de este tipo, en los sectores público y privado.
Durante la jornada del viernes 14 de febrero, se realizó la apertura de ofertas para la ejecución de este proyecto que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tras la suscripción del contrato de préstamo BID 4989/OC-EC el pasado 22 de diciembre de 2020, por un valor de US$ 78 400 millones.
Un total de cuatro empresas presentaron sus ofertas en este evento, el cual contó con la presencia del subsecretario de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica subrogante, Lenin Haro, delegados de las firmas oferentes y los miembros de la comisión evaluadora de las ofertas.
Las cuatro ofertas recibidas corresponden a las empresas CJ Aron Associated Inc. DBA GreenMax Capital Advisors, Nippon Koei Latin America-Caribbean Co., Ltd, BCG (The Boston Consulting Group) y Philippi Prietocarrioza Ferrera DU & Uría.
El subsecretario Haro destacó que el desarrollo de la geotermia en Ecuador representa una oportunidad estratégica para la transformación del futuro energético de nuestro país, el cual es el objetivo principal de este plan.
“Gracias al respaldo del BID y al trabajo articulado entre esta cartera de Estado, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y el Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), hemos logrado establecer una hoja de ruta clara para la implementación de este proyecto, el cual se convierte en un paso crucial en la diversificación de la matriz energética nacional y el aprovechamiento sostenible de los recursos del subsuelo”, mencionó.
Una vez analizadas las ofertas presentadas, se convocará nuevamente a las empresas para la apertura de las propuestas económicas enviadas en este proceso, para continuar con el proceso de licitación, dijo el comunicado de prensa.
El Gobierno busca enfocar sus esfuerzos en el aprovechamiento geotérmico para el cambio de la matriz energética nacional, siendo el Proyecto Geotérmico Chachimbiro, ubicado en San Miguel de Urcuquí, en la provincia de Imbabura, uno de los primeros de este tipo que tendrá sus estudios de factibilidad.
En noviembre, una licitación de servicios de consultoría para el desarrollo del proyecto geotérmico Chachimbiro en Ecuador entró en la etapa de precalificación.
El proyecto contará con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), y un crédito de Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) para llevar a cabo la contratación de los Servicios de Consultoría para la Fase I: Desarrollo de Campo del Proyecto Geotérmico Chachimbiro.
El proceso de licitación está sujeto a las “Directrices para la contratación de consultores en el marco de préstamos AOD de Japón” de JICA. A principios del 2024, se firmó un acuerdo de préstamo entre Ecuador y Japón que otorga un crédito de UD$ 43 millones a Ecuador para ser utilizado en el desarrollo del proyecto Chachimbiro.
Durante la jornada del viernes 14 de febrero, se realizó la apertura de ofertas para la ejecución de este proyecto que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tras la suscripción del contrato de préstamo BID 4989/OC-EC el pasado 22 de diciembre de 2020, por un valor de US$ 78 400 millones.
Un total de cuatro empresas presentaron sus ofertas en este evento, el cual contó con la presencia del subsecretario de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica subrogante, Lenin Haro, delegados de las firmas oferentes y los miembros de la comisión evaluadora de las ofertas.
Las cuatro ofertas recibidas corresponden a las empresas CJ Aron Associated Inc. DBA GreenMax Capital Advisors, Nippon Koei Latin America-Caribbean Co., Ltd, BCG (The Boston Consulting Group) y Philippi Prietocarrioza Ferrera DU & Uría.
El subsecretario Haro destacó que el desarrollo de la geotermia en Ecuador representa una oportunidad estratégica para la transformación del futuro energético de nuestro país, el cual es el objetivo principal de este plan.
“Gracias al respaldo del BID y al trabajo articulado entre esta cartera de Estado, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y el Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), hemos logrado establecer una hoja de ruta clara para la implementación de este proyecto, el cual se convierte en un paso crucial en la diversificación de la matriz energética nacional y el aprovechamiento sostenible de los recursos del subsuelo”, mencionó.
Una vez analizadas las ofertas presentadas, se convocará nuevamente a las empresas para la apertura de las propuestas económicas enviadas en este proceso, para continuar con el proceso de licitación, dijo el comunicado de prensa.
El Gobierno busca enfocar sus esfuerzos en el aprovechamiento geotérmico para el cambio de la matriz energética nacional, siendo el Proyecto Geotérmico Chachimbiro, ubicado en San Miguel de Urcuquí, en la provincia de Imbabura, uno de los primeros de este tipo que tendrá sus estudios de factibilidad.
En noviembre, una licitación de servicios de consultoría para el desarrollo del proyecto geotérmico Chachimbiro en Ecuador entró en la etapa de precalificación.
El proyecto contará con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), y un crédito de Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) para llevar a cabo la contratación de los Servicios de Consultoría para la Fase I: Desarrollo de Campo del Proyecto Geotérmico Chachimbiro.
El proceso de licitación está sujeto a las “Directrices para la contratación de consultores en el marco de préstamos AOD de Japón” de JICA. A principios del 2024, se firmó un acuerdo de préstamo entre Ecuador y Japón que otorga un crédito de UD$ 43 millones a Ecuador para ser utilizado en el desarrollo del proyecto Chachimbiro.
La Arcom pide consejo para mejorar sus normas de trabajo
Febrero 16 de 2025.- El viernes 14 de febrero se cumplió el plazo para recibir aportes a la Consulta Pública del Plan Institucional 2025 organizada por la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) que tiene como objetivo realizar un proceso participativo que permita recopilar observaciones y aportes de diferentes actores de la sociedad, y con la finalidad de hacer efectivos los objetivos de la mejora regulatoria.
Se trató de una iniciativa que hace parte de lo ordenado por la Presidencia de la República, a través de Decreto Ejecutivo Nro. 307 de 26 de junio de 2024, mediante el cual se declaró a la mejora regulatoria como política nacional, con el fin de asegurar una adecuada gestión regulatoria gubernamental y propender a la eficiencia en la economía y garantizar la transparencia y seguridad jurídica en el país. En el artículo 3 se delega al Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca (Mipro) para dirigir, regular, coordinar y gestionar la política de mejora regulatoria.
En tal sentido, para hacer realidad los objetivos de esa política, el (Mipro), mediante Acuerdo Ministerial Nro. MPCEIP-MPCEIP-2024-0079-A de 17 de octubre de 2024, emitió la Normativa para la Aplicación de la Política de Estado de la Mejora Regulatoria, cuyo artículo 11, dispone: “La consulta pública tiene como finalidad, asegurar que el ente regulador cuente con la mayor cantidad de información proporcionada por los regulados y que estos comprendan la problemática, las opciones para hacer frente a ella, los posibles mecanismos de cumplimiento, los beneficios asociados, impactos y riesgos”.
Adicionalmente, el Primer Mandatario propuso como fines principales de la mejora regulatoria fortalecer las capacidades institucionales para gestionar los procesos, así como mejorar la calidad de las regulaciones para favorecer el clima de negocios e inversiones, promover la innovación e impulsar la economía popular y solidaria y el emprendimiento de pequeñas y medianas empresas, entre otras.
Con estos antecedentes, y con el objetivo de realizar un proceso participativo que permita recopilar observaciones y aportes de diferentes actores de la sociedad, y con la finalidad de hacer efectivos los objetivos de la mejora regulatoria, la Arcom invitó al público en general a registrar sus opiniones sobre el Plan Regulatorio Institucional 2025 por el termino de veinte (20) días que se cumplieron el viernes 14 de febrero.
Los aportes realizados a través de este proceso participativo serán analizados e incluidos (de ser el caso), en la versión final del Plan Regulatorio Institucional 2025 de la Agencia.
El Plan Regulatorio Institucional 2025, todavía sin los aportes, puede ser consultado aquí.
Se trató de una iniciativa que hace parte de lo ordenado por la Presidencia de la República, a través de Decreto Ejecutivo Nro. 307 de 26 de junio de 2024, mediante el cual se declaró a la mejora regulatoria como política nacional, con el fin de asegurar una adecuada gestión regulatoria gubernamental y propender a la eficiencia en la economía y garantizar la transparencia y seguridad jurídica en el país. En el artículo 3 se delega al Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca (Mipro) para dirigir, regular, coordinar y gestionar la política de mejora regulatoria.
En tal sentido, para hacer realidad los objetivos de esa política, el (Mipro), mediante Acuerdo Ministerial Nro. MPCEIP-MPCEIP-2024-0079-A de 17 de octubre de 2024, emitió la Normativa para la Aplicación de la Política de Estado de la Mejora Regulatoria, cuyo artículo 11, dispone: “La consulta pública tiene como finalidad, asegurar que el ente regulador cuente con la mayor cantidad de información proporcionada por los regulados y que estos comprendan la problemática, las opciones para hacer frente a ella, los posibles mecanismos de cumplimiento, los beneficios asociados, impactos y riesgos”.
Adicionalmente, el Primer Mandatario propuso como fines principales de la mejora regulatoria fortalecer las capacidades institucionales para gestionar los procesos, así como mejorar la calidad de las regulaciones para favorecer el clima de negocios e inversiones, promover la innovación e impulsar la economía popular y solidaria y el emprendimiento de pequeñas y medianas empresas, entre otras.
Con estos antecedentes, y con el objetivo de realizar un proceso participativo que permita recopilar observaciones y aportes de diferentes actores de la sociedad, y con la finalidad de hacer efectivos los objetivos de la mejora regulatoria, la Arcom invitó al público en general a registrar sus opiniones sobre el Plan Regulatorio Institucional 2025 por el termino de veinte (20) días que se cumplieron el viernes 14 de febrero.
Los aportes realizados a través de este proceso participativo serán analizados e incluidos (de ser el caso), en la versión final del Plan Regulatorio Institucional 2025 de la Agencia.
El Plan Regulatorio Institucional 2025, todavía sin los aportes, puede ser consultado aquí.
Poca visibilidad de la minería en primera vuelta electoral
Febrero 9 de 2025.- La actividad minera a gran escala tiene su potencial para atraer inversión extranjera, pero para ello se requiere un impulso estatal que salte de los discursos en viajes al exterior y eventos oficiales, a la realidad. Durante la campaña electoral de primera vuelta, sin embargo, el tema estuvo casi ausente.
En la campaña que concluyó el jueves 6 de enero para dar lugar al período de silencio electoral previo a las votaciones efectuadas este domingo 9 de febrero, escasamente se abordó el tema minero.
De un total de 16 binomios, los candidatos presidenciales con más opciones de llegar a la segunda vuelta, según el abanico de encuestas publicadas, dieron pocas luces al respecto en declaraciones y en las escasas acciones propuestas para fortalecer a este sector con un potencial importante para dinamizar las economías regionales y hacer notables aportes tributarios y al comercio exterior.
Tanto el candidato presidente del partido Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa, como la candidata de la Revolución Ciudadana-RETO, Luisa González, proponen -de forma escueta- en sus planes de gobierno, combatir la minería ilegal, contrarrestar la inseguridad en la actividad extractiva, mejorar la normativa e impulsar la inversión, pero no explican cómo lo harán.
En la campaña que concluyó el jueves 6 de enero para dar lugar al período de silencio electoral previo a las votaciones efectuadas este domingo 9 de febrero, escasamente se abordó el tema minero.
De un total de 16 binomios, los candidatos presidenciales con más opciones de llegar a la segunda vuelta, según el abanico de encuestas publicadas, dieron pocas luces al respecto en declaraciones y en las escasas acciones propuestas para fortalecer a este sector con un potencial importante para dinamizar las economías regionales y hacer notables aportes tributarios y al comercio exterior.
Tanto el candidato presidente del partido Acción Democrática Nacional, Daniel Noboa, como la candidata de la Revolución Ciudadana-RETO, Luisa González, proponen -de forma escueta- en sus planes de gobierno, combatir la minería ilegal, contrarrestar la inseguridad en la actividad extractiva, mejorar la normativa e impulsar la inversión, pero no explican cómo lo harán.
|
Apenas agregan en la receta el ingrediente de una gestión con “cuidado ambiental”, en un contexto en el que colectivos ambientales y comunidades radicalizaron -en los últimos años- su oposición a las actividades mineras por un conjunto de motivos, entre los más repetidos, el cuidado del ambiente y la defensa del agua.
En su plan de gobierno de 120 hojas, Noboa propone impulsar la inversión, estableciendo regulaciones y controles que permitan el desarrollo del sector sin afectar a las comunidades y al medio ambiente. |
|
También apunta a fortalecer “los procesos de control de las actividades mineras para prevenir la minería ilegal mediante la emisión de regulaciones efectivas e implementación de sistemas de control”. Nada más.
La propuesta de Luisa González es todavía más escueta. De sus 91 hojas de plan de gobierno, propone dos cosas: combatir la minería ilegal y recuperar la institucionalidad de regulación y control del sector minero. No obstante, en un acto electoral y en entrevistas durante la campaña, González adelantó su postura frente a la oposición de la ciudad de Cuenca al sur del país contra el proyecto Loma Larga operado por Dundee Precious Metals.
“Azuay dijo no a la minería en zonas de recarga hídrica. ¡Yo sí haré respetar la voluntad popular!”, exclamó, lo que acompañó con publicaciones en sus redes sociales en el tenor de: “Atentos, ecuatorianos. Detrás de esto hay intereses oscuros que buscan explotar recursos a costa del agua y la vida”.
Al finalizar la campaña de primera vuelta, entonces, las prioridades programáticas para ambos candidatos han sido otras. Pero, dado que habría una segunda vuelta electoral entre estos dos candidatos, para ambos será un desafío conseguir apoyos del resto de excandidatos, si entre los temas de negociación consta el minero.
Entre los candidatos más opcionados por las encuestas para obtener el ansiado tercer puesto, están la ex ambientalista, por sus propias declaraciones, e ingeniera ambiental, Andrea González, del Partido Sociedad Patriótica, y el opositor de la minería e ingeniero agrónomo, Leonidas Iza, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, cuyos votos tendrán peso en el balotaje.
Andrea González dijo en su plan de gobierno que: “la minería y otras actividades en sectores estratégicos se realicen de manera legal y sostenible, así como proteger los derechos de las comunidades afectadas y promover el desarrollo económico local y asegurar la protección de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental”.
Mientras que Iza en su propuesta planteó: “Implementar de inmediato una moratoria en las futuras concesiones a proyectos mineros, con el objetivo de cerrar definitivamente el catastro minero para la minería metálica en pequeña, mediana y gran escala, y suspender los nuevos permisos para concesiones o avance de fases dentro de las concesiones existentes hasta que se realice una auditoría legal y socio ambiental detallada, para permitir que el Ecuador se convierta en una potencia turística”.
El líder indígena también propuso en su plan de Gobierno “potenciar la extracción de hidrocarburos y minerales de manera ecológica”.
El sector minero requiere sin duda una atención oficial específica, intensa, profunda, urgente y eficaz a su gobernabilidad debido, entre otros desafíos, a que varios proyectos mineros están paralizados por oposición de comunidades y ambientalistas que han logrado sentencias favorables en la justicia.
En la lista de proyectos mineros con problemas legales y con oposición social por la vía judicial están Llurimagua (cobre), en el norte del país; Loma Larga antes Quimsacocha (oro, plata y cobre) al sur, Panantza San Carlos (cobre), al suroriente y Río Blanco (oro), al sur del país.
Antecedentes trascendentes
La candidata Luisa González proviene del partido político liderado por el expresidente Rafael Correa que, después de una moratoria al sector minero impuesta por la Asamblea Constituyente de 2008, promulgó la primera ley de minería en 2009, la cual permitió el ingreso del capital privado internacional a este renglón de los recursos naturales y la apertura de la minería a gran escala en Ecuador.
El desarrollo de los proyectos Cóndor Mirador y San Carlos-Panantza se dio bajo fuertes movilizaciones locales, desplazamientos de poblaciones indígenas y enfrentamientos con las fuerzas policiales y militares. Cóndor Mirador se transformó en la mina de cobre Mirador, operada por Ecuacorriente, subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tongguan.
El candidato presidente, en cambio, ha enfocado su gestión en detener la expansión de la minería criminal, que está presente en 14 provincias y extiende sus tentáculos a veinte (Ver Vía Minera del 2 de febrero de 2025: ¿La militarización es suficiente para terminar con la minería criminal? ).
En su gestión se ha entregado el permiso ambiental a Curimining, subsidiaria de Silvercom y Salazar Resources, para que desarrolle la mina El Domo-Curipamba. Y también concluyó un acuerdo comercial con Canadá, proceso que empezó el gobierno anterior.
En octubre, anunció que en seis meses se reabriría el catastro minero, cerrado desde 2018, y la creación del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim). El ministerio de Energía y Minas ha tenido cuatro ministros en un año y medio y, desde el 12 de octubre, la ministra del Ambiente es la titular “encargada”.
La propuesta de Luisa González es todavía más escueta. De sus 91 hojas de plan de gobierno, propone dos cosas: combatir la minería ilegal y recuperar la institucionalidad de regulación y control del sector minero. No obstante, en un acto electoral y en entrevistas durante la campaña, González adelantó su postura frente a la oposición de la ciudad de Cuenca al sur del país contra el proyecto Loma Larga operado por Dundee Precious Metals.
“Azuay dijo no a la minería en zonas de recarga hídrica. ¡Yo sí haré respetar la voluntad popular!”, exclamó, lo que acompañó con publicaciones en sus redes sociales en el tenor de: “Atentos, ecuatorianos. Detrás de esto hay intereses oscuros que buscan explotar recursos a costa del agua y la vida”.
Al finalizar la campaña de primera vuelta, entonces, las prioridades programáticas para ambos candidatos han sido otras. Pero, dado que habría una segunda vuelta electoral entre estos dos candidatos, para ambos será un desafío conseguir apoyos del resto de excandidatos, si entre los temas de negociación consta el minero.
Entre los candidatos más opcionados por las encuestas para obtener el ansiado tercer puesto, están la ex ambientalista, por sus propias declaraciones, e ingeniera ambiental, Andrea González, del Partido Sociedad Patriótica, y el opositor de la minería e ingeniero agrónomo, Leonidas Iza, del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, cuyos votos tendrán peso en el balotaje.
Andrea González dijo en su plan de gobierno que: “la minería y otras actividades en sectores estratégicos se realicen de manera legal y sostenible, así como proteger los derechos de las comunidades afectadas y promover el desarrollo económico local y asegurar la protección de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental”.
Mientras que Iza en su propuesta planteó: “Implementar de inmediato una moratoria en las futuras concesiones a proyectos mineros, con el objetivo de cerrar definitivamente el catastro minero para la minería metálica en pequeña, mediana y gran escala, y suspender los nuevos permisos para concesiones o avance de fases dentro de las concesiones existentes hasta que se realice una auditoría legal y socio ambiental detallada, para permitir que el Ecuador se convierta en una potencia turística”.
El líder indígena también propuso en su plan de Gobierno “potenciar la extracción de hidrocarburos y minerales de manera ecológica”.
El sector minero requiere sin duda una atención oficial específica, intensa, profunda, urgente y eficaz a su gobernabilidad debido, entre otros desafíos, a que varios proyectos mineros están paralizados por oposición de comunidades y ambientalistas que han logrado sentencias favorables en la justicia.
En la lista de proyectos mineros con problemas legales y con oposición social por la vía judicial están Llurimagua (cobre), en el norte del país; Loma Larga antes Quimsacocha (oro, plata y cobre) al sur, Panantza San Carlos (cobre), al suroriente y Río Blanco (oro), al sur del país.
Antecedentes trascendentes
La candidata Luisa González proviene del partido político liderado por el expresidente Rafael Correa que, después de una moratoria al sector minero impuesta por la Asamblea Constituyente de 2008, promulgó la primera ley de minería en 2009, la cual permitió el ingreso del capital privado internacional a este renglón de los recursos naturales y la apertura de la minería a gran escala en Ecuador.
El desarrollo de los proyectos Cóndor Mirador y San Carlos-Panantza se dio bajo fuertes movilizaciones locales, desplazamientos de poblaciones indígenas y enfrentamientos con las fuerzas policiales y militares. Cóndor Mirador se transformó en la mina de cobre Mirador, operada por Ecuacorriente, subsidiaria del consorcio chino CRCC-Tongguan.
El candidato presidente, en cambio, ha enfocado su gestión en detener la expansión de la minería criminal, que está presente en 14 provincias y extiende sus tentáculos a veinte (Ver Vía Minera del 2 de febrero de 2025: ¿La militarización es suficiente para terminar con la minería criminal? ).
En su gestión se ha entregado el permiso ambiental a Curimining, subsidiaria de Silvercom y Salazar Resources, para que desarrolle la mina El Domo-Curipamba. Y también concluyó un acuerdo comercial con Canadá, proceso que empezó el gobierno anterior.
En octubre, anunció que en seis meses se reabriría el catastro minero, cerrado desde 2018, y la creación del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim). El ministerio de Energía y Minas ha tenido cuatro ministros en un año y medio y, desde el 12 de octubre, la ministra del Ambiente es la titular “encargada”.
El BID apoya la formación de
liderezas en las entidades mineras públicas
Febrero 9 de 2025.- El Ministerio de Energía y Minas (MEM), anunció la adquisición mediante solicitud de ofertas, de la consultoría “Programa de formación para fortalecer y promover el posicionamiento de las mujeres como líderes en el sector minero ecuatoriano”, como parte de la ejecución del Programa de Gestión Sostenible de Recursos del Subsuelo e Infraestructura Asociada, 4989/OC-EC-L1257, financiado por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Ecuador.
Este llamado a licitación se emitió como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este proyecto fuese publicado en el boletín institucional Development Business, edición No. IDB-P832292-09/21 de 24 de septiembre de 2021.
El MEM invitó a los oferentes elegibles a presentar ofertas cerradas para la contratación del servicio de capacitación para el programa de formación de liderezas, a través de un curso que será impartido en formato “On line”, en una sala virtual provista por el proveedor, sin límite de usuarios ni tiempo. No obstante el plazo para la ejecución del servicio es de 180 días desde la firma del contrato, y el curso iniciará máximo a los 90 días y su duración será de 230 horas.
Las participantes serán 120 mujeres y la capacitación se ejecutará de la siguiente manera: (i) Clases sincrónicas con interacción directa entre docentes y participantes en tiempo real, y; (ii) Clases asincrónicas, con acceso a una plataforma informática ofertada, que permitirá la consulta del material audiovisual y com plementario de las exposiciones, (iii) La ejecución de la evaluación de las participantes por cada módulo.
El servicio de capacitación virtual para el desarrollo de habilidades blandas para mujeres está destinado a servidoras del Ministerio de Energía y Minas, sus entidades adscritas y la Empresa Nacional Minera Empresa Pública, Enami EP.
La solicitud de ofertas se efectuó conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional establecidos en la publicación del Banco titulada “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el BID, GN-2349-15”, aprobadas en julio de 2019; y, está abierta a todos los oferentes de países elegibles, según se definen en dichas políticas.
Los oferentes elegibles pudieron revisar los documentos de licitación, realizar consultas y entregar sus propuestas antes del 27 de diciembre de 2024, fecha en que se abrían los sobres de ofertas.
Los requisitos de calificaciones incluyen: (i) cumplimiento de especificaciones técnicas, (ii) información de orden legal, (iii) información financiera, (iv) información de experiencia. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles.
Este llamado a licitación se emitió como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para este proyecto fuese publicado en el boletín institucional Development Business, edición No. IDB-P832292-09/21 de 24 de septiembre de 2021.
El MEM invitó a los oferentes elegibles a presentar ofertas cerradas para la contratación del servicio de capacitación para el programa de formación de liderezas, a través de un curso que será impartido en formato “On line”, en una sala virtual provista por el proveedor, sin límite de usuarios ni tiempo. No obstante el plazo para la ejecución del servicio es de 180 días desde la firma del contrato, y el curso iniciará máximo a los 90 días y su duración será de 230 horas.
Las participantes serán 120 mujeres y la capacitación se ejecutará de la siguiente manera: (i) Clases sincrónicas con interacción directa entre docentes y participantes en tiempo real, y; (ii) Clases asincrónicas, con acceso a una plataforma informática ofertada, que permitirá la consulta del material audiovisual y com plementario de las exposiciones, (iii) La ejecución de la evaluación de las participantes por cada módulo.
El servicio de capacitación virtual para el desarrollo de habilidades blandas para mujeres está destinado a servidoras del Ministerio de Energía y Minas, sus entidades adscritas y la Empresa Nacional Minera Empresa Pública, Enami EP.
La solicitud de ofertas se efectuó conforme a los procedimientos de Licitación Pública Internacional establecidos en la publicación del Banco titulada “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el BID, GN-2349-15”, aprobadas en julio de 2019; y, está abierta a todos los oferentes de países elegibles, según se definen en dichas políticas.
Los oferentes elegibles pudieron revisar los documentos de licitación, realizar consultas y entregar sus propuestas antes del 27 de diciembre de 2024, fecha en que se abrían los sobres de ofertas.
Los requisitos de calificaciones incluyen: (i) cumplimiento de especificaciones técnicas, (ii) información de orden legal, (iii) información financiera, (iv) información de experiencia. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales elegibles.
¿La militarización es suficiente para terminar con la minería criminal?
Febrero 2 de 2025.- En los últimos meses se realizaron varios operativos militares en puntos críticos donde se desarrolla la minería criminal, pero la pregunta que surge es si esto será suficiente para acabar con este fenómeno que azota al país y tiene múltiples aristas tanto o más complejas que el narcotráfico.
En 2024, las Fuerzas Armadas y la Agencia de Regulación y Control Minero realizaron operativos contra la minería criminal en 11 de las 24 provincias del Ecuador procediendo a incursionar en 656 campamentos y sitios de extracción clandestinos, a destruir 295 bocaminas, a dinamitar 128 excavadoras (valoradas en 100 y 150 mil dólares) y a apresar a 56 personas para ser procesadas legalmente, de acuerdo a un informe del periodista Paul Romero de Ecuavisa.
Los principales puntos críticos intervenidos, según Ecuavisa, están ubicados a lo largo y ancho del pais: San Lorenzo (provincia de Esmeraldas), el Chilcal (Carchi), Urcuquí (Imbabura), Pallatanga (Chimborazo), Chillanes (Bolívar), Pijili, Shumiral, Ponce Enríquez (Azuay), Macará (Loja), Zaruma, Portovelo y Piñas (El Oro), Puerto Napo, Talag, Yutzupino, Carlos Julio Arosemena (Napo), San José de Guayusa y Punino (Orellana), Tagual, Podocarpus, Dos Camas Alto (Morona Santiago).
La intervención militar en el sector minero está amparada en el decreto 435 expedido por el presidente, Daniel Noboa Azín, el 23 de octubre de 2024 en el que, además de disponer la actualización del catastro en un plazo de 6 meses, se crea el Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim).
Este Comité está presidido por el titular o el delegado de la Secretaría General de Integridad Pública de la Presidencia de la República y de los ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Interior, Defensa Nacional, Gobierno y Transporte y Obras Públicas, además del Servicio de Rentas Internas y la Unidad de Análisis Financiero Económico.
En el decreto 535 se dispone que las instituciones estatales identifiquen las actividades ilícitas de recursos mineros en todo el territorio nacional y que se decomisen , incauten , inmovilicen, destruyan e inutilicen bienes, maquinaria, equipos, insumos y vehículos que sean utilizados en actividades ilícitas de recursos mineros o no autorizados. Los bienes o infraestructura pertenecientes o utilizados por grupos armados organizados son declarados objetivos militares, y a la "minería ilegal" se la categoriza como una “amenaza a la seguridad del Estado”.
Con este y otros decretos, el presidente Noboa militariza el sector minero otorgándole una nueva responsabilidad a las Fuerzas Armadas que, por disposición presidencial, también tienen el control de las cárceles y de las calles. En enero de 2024, Noboa declaró “el conflicto armado interno” e identificó a 22 grupos terroristas como responsables de la violencia y la inseguridad que alcanzó el récord de 47 homicidios por cada 100 000 habitantes en 2023, uno de los más altos de la región, en tanto que en el año 2016 fue de 6 de cada 100 000 habitantes. En 2024, los asesinatos descendieron en aproximadamente en un 20% respecto a 2023, llegando a 38 por cada cien mil habitantes, pero en cambio se dispararon los delitos como la extorsión y el secuestro, y las “bandas rivales lanzaron una serie de ataques brutales en zonas de minería ilegal de las provincias de Azuay y El Oro”, según señaló Insightcrime. (Gavin Voss, GameChangers 2024: Ecuador no logra la victoria en la ‘guerra contra las bandas’ , 27-12-2024)
Los militares y policías intervienen son solo en el caso de la minería criminal sino también en la minería legal, como ha pasado en Palo Quemado y las Pampas, cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi, en el marco del proceso de la consulta ambiental y de la oposición de comunidades campesinas e indígenas a las actividades de la minera La Plata, subsidiaria de la canadiense Atico Mining. Caso similar se presentó en Victoria del Portete, Azuay, con el proyecto Loma Larga, operado por Dundee Precious Metals.
Otro punto crítico de la intervención de las Fuerzas Armadas en la minería es que algunos militares, al igual que policías, funcionarios y autoridades electas, se han visto involucrados en casos de corrupción, ya sea dando protección, trasportando material aurífero o avisando a los grupos criminales de los operativos que ejecutan las autoridades.
La minería irregular no es nueva en el Ecuador. En la década los 90 del siglo pasado ya hubo el caso de la mina aurífera de Nambija, provincia de Zamora Chinchipe, donde cientos de campesinos y pobladores pobres concurrieron por cientos buscando el codiciado metal. Allí se combinaron daños ambientales y contaminación del agua -por el uso intensivo del mercurio-, delincuencia, desempleo y necesidad, prostitución y accidentes fatales, como el asentamiento del terreno del 9 de mayo de 1993 que se cobró la vida de cientos de mineros.
Desde entonces, este tipo de minería ha crecido en forma exponencial. A comienzos de febrero de 2023, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernn) calculaba que en 17 de las 24 provincias de la Costa, Sierra y Amazonía había campamentos de minería ilegal. La ministra de Ambiente y encargada de Energía y Minas, Inés Manzano, señala que está presente en 20 de las 24 provincias, lo que quiere decir que solo Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cañar y Guayas están libres del fenómeno.
La minería tiene un peso cada vez mayor en la economía criminal pues diversos estudios señalan que en este sector se lava el dinero proveniente del tráfico de estupefacientes. Una reciente investigación periodística indica que la minería ilegal exportó oro por el valor de 1.385 millones de dólares en los últimos 3 años. Los 56 vendedores de oro (17 empresas y 39 personas naturales) “registran pagos mínimos de impuesto a la renta, declaración en cero o no han presentado sus declaraciones”, señala la investigación. (Plan V - CLIP - Convoca.pe , 56 exportadores sin rastros vendieron oro por más de 1.300 millones desde Ecuador, 20-01-2025, https://planv.com.ec/investigacion/oro-sin-rastro-x-mas-1300millones-ecuador/ )
La práctica de la minería criminal está dejando muchas áreas devastadas, ríos contaminados con mercurio y metales pesados, erosión de los suelos, deforestación y pérdida de bosques nativos. Incluso se está afectando las áreas naturales protegidas de la Amazonia como señala un reciente estudio realizado por Conservación Amazónica. Los parques nacionales Podocarpus y Sumaco Napo-Galeras, la Reserva Ecológica Cofán Bermejo y el Refugio de Vida Silvestre El Zarza se encuentran amenazados por esta minería que “tiene la habilidad de operar en zonas alejadas y de difícil acceso, como áreas naturales protegidas” ( MAAP #221: Minería ilegal en áreas naturales protegidas de la Amazonía ecuatoriana, https://www.maapprogram.org/es/mineria-areas-protegidas-ecuador/ 11-10-2024 )
Los grupos de delincuencia organizada, relacionados principalmente con el narcotráfico, han extendido sus tentáculos a la minería en donde han encontrado un nicho para diversificar sus actividades criminales y acumular capital. En primer lugar, aquí encontraron la posibilidad de lavar el dinero producto del narcotráfico y de otras actividades ilícitas lo que se ve reflejado en los altos montos que se mueven en torno alrededor de esa actividad (se calcula que en 2022 la minería criminal movía entre 800 y 1000 millones de dólares). En segundo lugar, dada la debilidad, la corrupción y la escasez de recursos del Estado, en la minería hay menos posibilidad de ser atrapados respecto al tráfico internacional de drogas, según señala un artículo de InSight Crime. (Anastasia Austin, Mientras aumenta la presión del Gobierno, las pandillas ecuatorianas buscan oro, https://insightcrime.org/es/noticias/mientras-aumenta-presion-gobierno-las-pandillas-ecuatorianas-buscan-oro/ , 23-07-2024)
Luego de Nambija, un foco de confluencia de la minería criminal de grandes proporciones fue el de la parroquia La Merced de Buenos Aires, provincia de Imbabura, en donde en 2017 se descubrió en forma casual una gran veta de oro que rápidamente atrajo a miles de personas no solo de Ecuador, sino de Colombia, Perú y Venezuela. La empresa Hanrine Exploration & Mining S.A. (parte de la australiana Hancock Prospecting) informó a las autoridaddes de la presencia de explotación ilegal en sus concesiones que abarcan La Merced de Buenos Aires. En el improvisado campamento, gente armada extorsionaba y controlaba el área, por lo que se hacía difícil un desalojo, pero, recién en enero de 2019 se produjo un gran operativo militar y policial en el que se incautó armas de fuego, municiones y explosivos y 31 toneladas de material aurífero, y se apresó a 22 personas.
Tras los acontecimientos de Buenos Aires, los mineros se desplazaron a las provincias del El Oro y Azuay, así como a las provincias amazónicas de Napo, Orellana y Sucumbíos. Y junto a ellos también lo hicieron los grupos de delincuencia organizada, quienes en varias zonas han impuesto su gobernanza criminal mediante la violencia y el terror. InSight Crime pone como ejemplo el caso de la banda de Los Lobos en Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay , donde comenzaron extorsionando o cobrando vacunas a cambio de protección armada, posteriormente exigían porcentajes de la producción diaria de los mineros irregulares y terminaron apoderándose de las concesiones mineras legales existentes, sus operaciones y equipos y expulsando a los propietarios mientras se quedan con las ganancias. (Anastasia Austin, Mientras aumenta la presión del Gobierno, las pandillas ecuatorianas buscan oro, https://insightcrime.org/es/noticias/mientras-aumenta-presion-gobierno-las-pandillas-ecuatorianas-buscan-oro/ , 23-07-2024)
Aunque los operativos contra la minería criminal deben continuar, hace falta impulsar una estrategia que permita capturar y procesar legalmente a los cabecillas de las bandas, adoptar medidas para acabar con el lavado del dinero sucio, combatir la corrupción a todo nivel y establecer planes de remediación social y ambiental en las zonas devastadas por este tipo de delito.
En 2024, las Fuerzas Armadas y la Agencia de Regulación y Control Minero realizaron operativos contra la minería criminal en 11 de las 24 provincias del Ecuador procediendo a incursionar en 656 campamentos y sitios de extracción clandestinos, a destruir 295 bocaminas, a dinamitar 128 excavadoras (valoradas en 100 y 150 mil dólares) y a apresar a 56 personas para ser procesadas legalmente, de acuerdo a un informe del periodista Paul Romero de Ecuavisa.
Los principales puntos críticos intervenidos, según Ecuavisa, están ubicados a lo largo y ancho del pais: San Lorenzo (provincia de Esmeraldas), el Chilcal (Carchi), Urcuquí (Imbabura), Pallatanga (Chimborazo), Chillanes (Bolívar), Pijili, Shumiral, Ponce Enríquez (Azuay), Macará (Loja), Zaruma, Portovelo y Piñas (El Oro), Puerto Napo, Talag, Yutzupino, Carlos Julio Arosemena (Napo), San José de Guayusa y Punino (Orellana), Tagual, Podocarpus, Dos Camas Alto (Morona Santiago).
La intervención militar en el sector minero está amparada en el decreto 435 expedido por el presidente, Daniel Noboa Azín, el 23 de octubre de 2024 en el que, además de disponer la actualización del catastro en un plazo de 6 meses, se crea el Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim).
Este Comité está presidido por el titular o el delegado de la Secretaría General de Integridad Pública de la Presidencia de la República y de los ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Interior, Defensa Nacional, Gobierno y Transporte y Obras Públicas, además del Servicio de Rentas Internas y la Unidad de Análisis Financiero Económico.
En el decreto 535 se dispone que las instituciones estatales identifiquen las actividades ilícitas de recursos mineros en todo el territorio nacional y que se decomisen , incauten , inmovilicen, destruyan e inutilicen bienes, maquinaria, equipos, insumos y vehículos que sean utilizados en actividades ilícitas de recursos mineros o no autorizados. Los bienes o infraestructura pertenecientes o utilizados por grupos armados organizados son declarados objetivos militares, y a la "minería ilegal" se la categoriza como una “amenaza a la seguridad del Estado”.
Con este y otros decretos, el presidente Noboa militariza el sector minero otorgándole una nueva responsabilidad a las Fuerzas Armadas que, por disposición presidencial, también tienen el control de las cárceles y de las calles. En enero de 2024, Noboa declaró “el conflicto armado interno” e identificó a 22 grupos terroristas como responsables de la violencia y la inseguridad que alcanzó el récord de 47 homicidios por cada 100 000 habitantes en 2023, uno de los más altos de la región, en tanto que en el año 2016 fue de 6 de cada 100 000 habitantes. En 2024, los asesinatos descendieron en aproximadamente en un 20% respecto a 2023, llegando a 38 por cada cien mil habitantes, pero en cambio se dispararon los delitos como la extorsión y el secuestro, y las “bandas rivales lanzaron una serie de ataques brutales en zonas de minería ilegal de las provincias de Azuay y El Oro”, según señaló Insightcrime. (Gavin Voss, GameChangers 2024: Ecuador no logra la victoria en la ‘guerra contra las bandas’ , 27-12-2024)
Los militares y policías intervienen son solo en el caso de la minería criminal sino también en la minería legal, como ha pasado en Palo Quemado y las Pampas, cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi, en el marco del proceso de la consulta ambiental y de la oposición de comunidades campesinas e indígenas a las actividades de la minera La Plata, subsidiaria de la canadiense Atico Mining. Caso similar se presentó en Victoria del Portete, Azuay, con el proyecto Loma Larga, operado por Dundee Precious Metals.
Otro punto crítico de la intervención de las Fuerzas Armadas en la minería es que algunos militares, al igual que policías, funcionarios y autoridades electas, se han visto involucrados en casos de corrupción, ya sea dando protección, trasportando material aurífero o avisando a los grupos criminales de los operativos que ejecutan las autoridades.
La minería irregular no es nueva en el Ecuador. En la década los 90 del siglo pasado ya hubo el caso de la mina aurífera de Nambija, provincia de Zamora Chinchipe, donde cientos de campesinos y pobladores pobres concurrieron por cientos buscando el codiciado metal. Allí se combinaron daños ambientales y contaminación del agua -por el uso intensivo del mercurio-, delincuencia, desempleo y necesidad, prostitución y accidentes fatales, como el asentamiento del terreno del 9 de mayo de 1993 que se cobró la vida de cientos de mineros.
Desde entonces, este tipo de minería ha crecido en forma exponencial. A comienzos de febrero de 2023, la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables (Arcernn) calculaba que en 17 de las 24 provincias de la Costa, Sierra y Amazonía había campamentos de minería ilegal. La ministra de Ambiente y encargada de Energía y Minas, Inés Manzano, señala que está presente en 20 de las 24 provincias, lo que quiere decir que solo Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Cañar y Guayas están libres del fenómeno.
La minería tiene un peso cada vez mayor en la economía criminal pues diversos estudios señalan que en este sector se lava el dinero proveniente del tráfico de estupefacientes. Una reciente investigación periodística indica que la minería ilegal exportó oro por el valor de 1.385 millones de dólares en los últimos 3 años. Los 56 vendedores de oro (17 empresas y 39 personas naturales) “registran pagos mínimos de impuesto a la renta, declaración en cero o no han presentado sus declaraciones”, señala la investigación. (Plan V - CLIP - Convoca.pe , 56 exportadores sin rastros vendieron oro por más de 1.300 millones desde Ecuador, 20-01-2025, https://planv.com.ec/investigacion/oro-sin-rastro-x-mas-1300millones-ecuador/ )
La práctica de la minería criminal está dejando muchas áreas devastadas, ríos contaminados con mercurio y metales pesados, erosión de los suelos, deforestación y pérdida de bosques nativos. Incluso se está afectando las áreas naturales protegidas de la Amazonia como señala un reciente estudio realizado por Conservación Amazónica. Los parques nacionales Podocarpus y Sumaco Napo-Galeras, la Reserva Ecológica Cofán Bermejo y el Refugio de Vida Silvestre El Zarza se encuentran amenazados por esta minería que “tiene la habilidad de operar en zonas alejadas y de difícil acceso, como áreas naturales protegidas” ( MAAP #221: Minería ilegal en áreas naturales protegidas de la Amazonía ecuatoriana, https://www.maapprogram.org/es/mineria-areas-protegidas-ecuador/ 11-10-2024 )
Los grupos de delincuencia organizada, relacionados principalmente con el narcotráfico, han extendido sus tentáculos a la minería en donde han encontrado un nicho para diversificar sus actividades criminales y acumular capital. En primer lugar, aquí encontraron la posibilidad de lavar el dinero producto del narcotráfico y de otras actividades ilícitas lo que se ve reflejado en los altos montos que se mueven en torno alrededor de esa actividad (se calcula que en 2022 la minería criminal movía entre 800 y 1000 millones de dólares). En segundo lugar, dada la debilidad, la corrupción y la escasez de recursos del Estado, en la minería hay menos posibilidad de ser atrapados respecto al tráfico internacional de drogas, según señala un artículo de InSight Crime. (Anastasia Austin, Mientras aumenta la presión del Gobierno, las pandillas ecuatorianas buscan oro, https://insightcrime.org/es/noticias/mientras-aumenta-presion-gobierno-las-pandillas-ecuatorianas-buscan-oro/ , 23-07-2024)
Luego de Nambija, un foco de confluencia de la minería criminal de grandes proporciones fue el de la parroquia La Merced de Buenos Aires, provincia de Imbabura, en donde en 2017 se descubrió en forma casual una gran veta de oro que rápidamente atrajo a miles de personas no solo de Ecuador, sino de Colombia, Perú y Venezuela. La empresa Hanrine Exploration & Mining S.A. (parte de la australiana Hancock Prospecting) informó a las autoridaddes de la presencia de explotación ilegal en sus concesiones que abarcan La Merced de Buenos Aires. En el improvisado campamento, gente armada extorsionaba y controlaba el área, por lo que se hacía difícil un desalojo, pero, recién en enero de 2019 se produjo un gran operativo militar y policial en el que se incautó armas de fuego, municiones y explosivos y 31 toneladas de material aurífero, y se apresó a 22 personas.
Tras los acontecimientos de Buenos Aires, los mineros se desplazaron a las provincias del El Oro y Azuay, así como a las provincias amazónicas de Napo, Orellana y Sucumbíos. Y junto a ellos también lo hicieron los grupos de delincuencia organizada, quienes en varias zonas han impuesto su gobernanza criminal mediante la violencia y el terror. InSight Crime pone como ejemplo el caso de la banda de Los Lobos en Camilo Ponce Enríquez, provincia del Azuay , donde comenzaron extorsionando o cobrando vacunas a cambio de protección armada, posteriormente exigían porcentajes de la producción diaria de los mineros irregulares y terminaron apoderándose de las concesiones mineras legales existentes, sus operaciones y equipos y expulsando a los propietarios mientras se quedan con las ganancias. (Anastasia Austin, Mientras aumenta la presión del Gobierno, las pandillas ecuatorianas buscan oro, https://insightcrime.org/es/noticias/mientras-aumenta-presion-gobierno-las-pandillas-ecuatorianas-buscan-oro/ , 23-07-2024)
Aunque los operativos contra la minería criminal deben continuar, hace falta impulsar una estrategia que permita capturar y procesar legalmente a los cabecillas de las bandas, adoptar medidas para acabar con el lavado del dinero sucio, combatir la corrupción a todo nivel y establecer planes de remediación social y ambiental en las zonas devastadas por este tipo de delito.
Wood Mackenzie propone un cambio en la regulación
para asegurar un crecimiento sostenible de la minería en Perú
Enero 2 de 2025.- Rubén Arratia, director de la consultora que asesoró al gobierno del Ecuador para elaborar la Ley de Minería y permaneció en el país hasta 2017, considerado ahora líder en proveer soluciones de datos para energías renovables, sostuvo que si no se toman medidas inmediatas, el país podría enfrentar una drástica disminución en su producción de minerales hacia 2040.
Durante su participación como panelista en el primer Jueves Minero de 2025, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Arratia, director de Wood Mackenzie, alertó sobre el riesgo que corre el país hermano debido a la creciente sobrerregulación del sector minero, en referencia a los numerosos permisos que deben tramitar los empresarios del sector.
En ese sentido, Arratia advirtió de la necesidad urgente de regular sin espantar las inversiones, de lo contrario el país podría experimentar un mayor crecimiento en la informalidad y una caída significativa en la producción de minerales, lo que afectaría gravemente la economía.
Siempre durante la conferencia, el especialista alertó que, actualmente, Perú destina solo el 20% de su Producto Bruto Interno (PBI) a inversiones, lo que lo pone en desventaja comparado con otros países como China e India. Agregó que si el país no supera la barrera del 25% en inversiones, podría afectar al crecimiento económico, por consecuencia, disminuirá la producción de minerales como el cobre y zinc.
“El Perú, si no hace nada, para el año 2040, en lugar de producir 2.75 millones de toneladas de cobre que produjo el año pasado, va a estar produciendo un millón de toneladas. El zinc igual, de 1.4 millones de toneladas va a estar produciendo medio millón de toneladas para el año 2040”, refirió.
Arratia concluyó que es esencial entender que las inversiones son el motor del desarrollo de cualquier país, pero para atraerlas, es necesario un entorno regulatorio inteligente.
"Es extremadamente importante que se comprenda que las inversiones son el motor del desarrollo de un país. Pero para que haya inversiones, tiene que haber libertad. Y para que la libertad no se transforme en libertinaje, hay que regular. Pero tienes que regular de manera inteligente. No puedes sobre-regular, no puedes matar la inversión”, finalizó.
Durante su participación como panelista en el primer Jueves Minero de 2025, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Arratia, director de Wood Mackenzie, alertó sobre el riesgo que corre el país hermano debido a la creciente sobrerregulación del sector minero, en referencia a los numerosos permisos que deben tramitar los empresarios del sector.
En ese sentido, Arratia advirtió de la necesidad urgente de regular sin espantar las inversiones, de lo contrario el país podría experimentar un mayor crecimiento en la informalidad y una caída significativa en la producción de minerales, lo que afectaría gravemente la economía.
Siempre durante la conferencia, el especialista alertó que, actualmente, Perú destina solo el 20% de su Producto Bruto Interno (PBI) a inversiones, lo que lo pone en desventaja comparado con otros países como China e India. Agregó que si el país no supera la barrera del 25% en inversiones, podría afectar al crecimiento económico, por consecuencia, disminuirá la producción de minerales como el cobre y zinc.
“El Perú, si no hace nada, para el año 2040, en lugar de producir 2.75 millones de toneladas de cobre que produjo el año pasado, va a estar produciendo un millón de toneladas. El zinc igual, de 1.4 millones de toneladas va a estar produciendo medio millón de toneladas para el año 2040”, refirió.
Arratia concluyó que es esencial entender que las inversiones son el motor del desarrollo de cualquier país, pero para atraerlas, es necesario un entorno regulatorio inteligente.
"Es extremadamente importante que se comprenda que las inversiones son el motor del desarrollo de un país. Pero para que haya inversiones, tiene que haber libertad. Y para que la libertad no se transforme en libertinaje, hay que regular. Pero tienes que regular de manera inteligente. No puedes sobre-regular, no puedes matar la inversión”, finalizó.
Consultoría para el proyecto planetGOLD Ecuador
Febrero 2 de 2025.- El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) invitó a empresas legalmente constituidas a participar en el proceso de selección para la consultoría:
“Evaluación integral y desarrollo de planes de implementación de estándares internacionales basados en los criterios CRAFT, planetGOLD y BCE en las OMAPEs de las zonas de intervención del proyecto PlanetGOLD Ecuador para promover su formalización y facilitar su acceso a cadenas de suministro responsables y mercados formales”.
La convocatoria se realiza en el marco del proyecto GEF GOLD+ Ecuador: Promover la formalización y el uso de mejores técnicas de minería aluvial y de roca dura, para reducir el uso de mercurio y mejorar el acceso a mercados responsables.
Este proyecto es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), teniendo como agencia implementadora al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Las empresas consultoras interesadas en postular deberán considerar los Términos de Referencia (TDR) y documentos para la licitación en el siguiente enlace:
https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=29781
Información Importante:
Se llevará a cabo una reunión informativa el 6 de febrero de 2025 a las 11h00 (ver detalle en las bases del concurso).
Las SOLICITUDES DE ACLARACIÓN deben enviarse a través de la función de mensajería de Quantum hasta el 12 de febrero de 2025.
Las personas interesadas deberán revisar las Notas Aclaratorias y/o Enmiendas publicadas a través de la plataforma QUANTUM, es responsabilidad de cada oferente conocer las actualizaciones del proceso.
Se recomienda registrarse y enviar su propuesta con al menos 72 horas de anticipación a la fecha y hora del cierre del plazo de presentación de ofertas.
¡La fecha límite de postulación es hasta el 24 de febrero de 2025!
“Evaluación integral y desarrollo de planes de implementación de estándares internacionales basados en los criterios CRAFT, planetGOLD y BCE en las OMAPEs de las zonas de intervención del proyecto PlanetGOLD Ecuador para promover su formalización y facilitar su acceso a cadenas de suministro responsables y mercados formales”.
La convocatoria se realiza en el marco del proyecto GEF GOLD+ Ecuador: Promover la formalización y el uso de mejores técnicas de minería aluvial y de roca dura, para reducir el uso de mercurio y mejorar el acceso a mercados responsables.
Este proyecto es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), teniendo como agencia implementadora al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Las empresas consultoras interesadas en postular deberán considerar los Términos de Referencia (TDR) y documentos para la licitación en el siguiente enlace:
https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=29781
Información Importante:
Se llevará a cabo una reunión informativa el 6 de febrero de 2025 a las 11h00 (ver detalle en las bases del concurso).
Las SOLICITUDES DE ACLARACIÓN deben enviarse a través de la función de mensajería de Quantum hasta el 12 de febrero de 2025.
Las personas interesadas deberán revisar las Notas Aclaratorias y/o Enmiendas publicadas a través de la plataforma QUANTUM, es responsabilidad de cada oferente conocer las actualizaciones del proceso.
Se recomienda registrarse y enviar su propuesta con al menos 72 horas de anticipación a la fecha y hora del cierre del plazo de presentación de ofertas.
¡La fecha límite de postulación es hasta el 24 de febrero de 2025!
Estado peruano cuenta con US$ 2800 millones
como garantías de cierre de minas
Foto Rolando Suaña, F45.
Diciembre 21 de 2024.- Martha Vásquez, directora de Gestión Minera del Ministerio de Energía y Minas del Perú (Minem), comentó que, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 28090 – ley que regula el cierre de minas – cuentan con garantías para que se cumpla dicho proceso que ascienden alrededor de US$ 2800 millones.
“Están las garantías de cierre de minas que son menos de US$ 10 000 millones, son como US$ 2700 o 2800 millones que están inmovilizados en garantías de cierre de minas en el Minem”, señaló en el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Las actividades de cierre contemplan tres tipos: el cierre temporal, cuando se suspende temporalmente las actividades por razones operacionales o económicas; el cierre progresivo, que comprende el cierre de los componentes ya no útiles para la operación, y el cierre final, cuando todas las operaciones mineras terminan en forma definitiva. Luego viene el poscierre.
Por otro lado, Vásquez refirió que enfrentan ciertos retos e incluso amenazas relacionadas a esta tarea, como es el caso de la minería informal e ilegal, actividades que al no contar con la autorización ni regulación para operar, no consideran compromisos ambientales ni el cierre de minas.
Otro problema que mencionó fue el incumplimiento de los planes de cierre de minas, como los emblemáticos casos en donde se registró contaminación en la cuenca del río Llallimayo (Puno) y del río Coralaque (Moquegua). Fuente: Energiminas.com
“Están las garantías de cierre de minas que son menos de US$ 10 000 millones, son como US$ 2700 o 2800 millones que están inmovilizados en garantías de cierre de minas en el Minem”, señaló en el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Las actividades de cierre contemplan tres tipos: el cierre temporal, cuando se suspende temporalmente las actividades por razones operacionales o económicas; el cierre progresivo, que comprende el cierre de los componentes ya no útiles para la operación, y el cierre final, cuando todas las operaciones mineras terminan en forma definitiva. Luego viene el poscierre.
Por otro lado, Vásquez refirió que enfrentan ciertos retos e incluso amenazas relacionadas a esta tarea, como es el caso de la minería informal e ilegal, actividades que al no contar con la autorización ni regulación para operar, no consideran compromisos ambientales ni el cierre de minas.
Otro problema que mencionó fue el incumplimiento de los planes de cierre de minas, como los emblemáticos casos en donde se registró contaminación en la cuenca del río Llallimayo (Puno) y del río Coralaque (Moquegua). Fuente: Energiminas.com
Consulta pública para restringir los ingresos mineros
Diciembre 22 de 2024.- El Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF, por sus siglas en inglés) abrió una consulta pública para funcionarios públicos sobre el borrador del informe “Delimitación de los ingresos mineros: un conjunto de herramientas para los administradores fiscales y los responsables de las políticas”, e invitó a las partes interesadas a enviar sus comentarios a más tardar el 31 de enero de 2025.
En la introducción, el documento dice que los funcionarios de los gobiernos ricos en recursos podrían considerar la posibilidad de gestionar los riesgos de ingresos limitando la concentración de los operadores en el sector minero mediante una práctica conocida como "ring-fencing".
Dicha práctica, explica, limita la capacidad del inversor minero para compensar los gastos y los ingresos entre proyectos y actividades, lo que acelera los ingresos gubernamentales provenientes de la minería y protege la base impositiva minera contra pérdidas permanentes de ingresos. Además, puede nivelar el campo de juego entre los inversores nuevos y los existentes.
La nota práctica tiene por objeto aclarar qué significa la segregación en la minería, las ventajas de adoptar normas de segregación cuando se dan ciertas condiciones y cómo mitigar los posibles desafíos mediante un buen diseño de políticas tributarias y prácticas eficaces de administración tributaria.
Describe y evalúa las diferentes opciones para diseñar normas de segregación basadas en la experiencia de los países ricos en recursos y destaca las cuestiones clave de implementación que han surgido de las opciones.
Esta nota ayudará a los gobiernos de los países en desarrollo ricos en recursos a decidir si las normas de segregación son necesarias y, de ser así, cómo diseñarlas para salvaguardar el momento de los ingresos gubernamentales provenientes de la minería.
El borrador de informe que se comparte para consulta está disponible en inglés en el siguiente link: file:///D:/Users/Usuario/Downloads/igf-ring-fencing-draft-for-consultation-V6-1.pdf
Para enviar comentarios usar la dirección de email: [email protected] en formato Word (para facilitar su distribución a los funcionarios gubernamentales). Todos los comentarios deben dirigirse a la IGF Iniciativa Global de Impuesto a la Minería. Todos los comentarios sobre este documento de consulta pública se pondrán a disposición del público.
La persona que envíe comentarios en nombre de otra persona o grupo de personas, debe identificar a todas las empresas o individuos que sean miembros de ese grupo colectivo, o la(s) persona(s) en cuyo nombre actúan los comentaristas.
En la introducción, el documento dice que los funcionarios de los gobiernos ricos en recursos podrían considerar la posibilidad de gestionar los riesgos de ingresos limitando la concentración de los operadores en el sector minero mediante una práctica conocida como "ring-fencing".
Dicha práctica, explica, limita la capacidad del inversor minero para compensar los gastos y los ingresos entre proyectos y actividades, lo que acelera los ingresos gubernamentales provenientes de la minería y protege la base impositiva minera contra pérdidas permanentes de ingresos. Además, puede nivelar el campo de juego entre los inversores nuevos y los existentes.
La nota práctica tiene por objeto aclarar qué significa la segregación en la minería, las ventajas de adoptar normas de segregación cuando se dan ciertas condiciones y cómo mitigar los posibles desafíos mediante un buen diseño de políticas tributarias y prácticas eficaces de administración tributaria.
Describe y evalúa las diferentes opciones para diseñar normas de segregación basadas en la experiencia de los países ricos en recursos y destaca las cuestiones clave de implementación que han surgido de las opciones.
Esta nota ayudará a los gobiernos de los países en desarrollo ricos en recursos a decidir si las normas de segregación son necesarias y, de ser así, cómo diseñarlas para salvaguardar el momento de los ingresos gubernamentales provenientes de la minería.
El borrador de informe que se comparte para consulta está disponible en inglés en el siguiente link: file:///D:/Users/Usuario/Downloads/igf-ring-fencing-draft-for-consultation-V6-1.pdf
Para enviar comentarios usar la dirección de email: [email protected] en formato Word (para facilitar su distribución a los funcionarios gubernamentales). Todos los comentarios deben dirigirse a la IGF Iniciativa Global de Impuesto a la Minería. Todos los comentarios sobre este documento de consulta pública se pondrán a disposición del público.
La persona que envíe comentarios en nombre de otra persona o grupo de personas, debe identificar a todas las empresas o individuos que sean miembros de ese grupo colectivo, o la(s) persona(s) en cuyo nombre actúan los comentaristas.
Ecuador y Canadá reiniciaron negociaciones para acuerdo comercial
Diciembre 15 de 2024.- Ecuador y Canadá cumplieron en la semana pasada, en Ottawa, la quinta ronda de negociaciones para un tratado de libre comercio entre ambos países que promueva el intercambio de bienes, servicios y la cooperación entre los dos mercados, según anunció el Gobierno ecuatoriano en un comunicado. El enfoque de la actual ronda, afirmó, subrayaba el compromiso de ambos países con la inclusión social y la protección de las comunidades indígenas dentro del marco comercial.
Las relaciones comerciales entre Canadá y Ecuador se han incrementado en los últimos años debido a la consolidación de la presencia en el terreno, de una serie de empresas invirtiendo en minería en los últimos años, encabezando esa lista la compañía Lundin Gold que opera la mina de oro Fruta del Norte. Un 30% aproximado de la inversión en exploración de minerales está a cargo de empresas canadienses.
Según lo anunciado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca ecuatoriano, una comitiva de funcionarios de instituciones técnicas competentes y negociadores del país viajaron a Canadá para continuar planificando el acuerdo bilateral. La entidad ecuatoriana indicó que el objetivo de este viaje es fomentar el progreso de las discusiones y concretar algunas secciones del acuerdo.
En Ottawa, ambos países iniciaron, el pasado lunes, la quinta edición de negociaciones. El objetivo es impulsar la comercialización de bienes, servicios y la cooperación entre los dos mercados.
Durante la semana de reuniones, los representantes abordarán distintas temáticas. Disciplinas como el acceso a los mercados, el comercio transfronterizo de servicios, las inversiones y las empresas públicas son recurrentes. Sin embargo, cuestiones como el ambiente, los pueblos indígenas y medidas laborales, sanitarias y fitosanitarias también tendrán lugar en la agenda.
En esta edición de la ronda de negociaciones, la comitiva cuenta con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. La finalidad de su adhesión al proceso es acompañar y apoyar a la delegación ecuatoriana en la negociación de aquellos temas relativos a los derechos y la inclusión de los pueblos indígenas en el acuerdo.
A partir de lo comunicado oficial, este enfoque pone en evidencia el compromiso, tanto por parte de Ecuador como de Canadá, con la inclusión social y la protección de las comunidades originarias dentro de lo que respecta al marco comercial.
Las expectativas de esta última ronda de negociaciones son grandes. La intención es avanzar hacia la concreción de varios capítulos del acuerdo y, así, acercar a Ecuador y Canadá a una relación que beneficie cada vez más a ambas naciones y a sus respectivos pueblos originarios.
Al mismo tiempo, a través de este proceso, Ecuador busca consolidarse como una entidad comercial cada vez más fuerte. Fortalecer su relación con sus vecinos del continente americano y promover una mayor integración económica son dos iniciativas fuertes dentro de su agenda.
Según el comunicado, gracias a los diálogos entablados en las distintas disciplinas, se pudo lograr algunos avances importantes en las bases del acuerdo. Sin embargo, se han recibido quejas provenientes de organizaciones de la sociedad civil que critican el hecho de que las negociaciones transcurran bajo reserva. Con información de EFE e Infobae.
Las relaciones comerciales entre Canadá y Ecuador se han incrementado en los últimos años debido a la consolidación de la presencia en el terreno, de una serie de empresas invirtiendo en minería en los últimos años, encabezando esa lista la compañía Lundin Gold que opera la mina de oro Fruta del Norte. Un 30% aproximado de la inversión en exploración de minerales está a cargo de empresas canadienses.
Según lo anunciado por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca ecuatoriano, una comitiva de funcionarios de instituciones técnicas competentes y negociadores del país viajaron a Canadá para continuar planificando el acuerdo bilateral. La entidad ecuatoriana indicó que el objetivo de este viaje es fomentar el progreso de las discusiones y concretar algunas secciones del acuerdo.
En Ottawa, ambos países iniciaron, el pasado lunes, la quinta edición de negociaciones. El objetivo es impulsar la comercialización de bienes, servicios y la cooperación entre los dos mercados.
Durante la semana de reuniones, los representantes abordarán distintas temáticas. Disciplinas como el acceso a los mercados, el comercio transfronterizo de servicios, las inversiones y las empresas públicas son recurrentes. Sin embargo, cuestiones como el ambiente, los pueblos indígenas y medidas laborales, sanitarias y fitosanitarias también tendrán lugar en la agenda.
En esta edición de la ronda de negociaciones, la comitiva cuenta con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. La finalidad de su adhesión al proceso es acompañar y apoyar a la delegación ecuatoriana en la negociación de aquellos temas relativos a los derechos y la inclusión de los pueblos indígenas en el acuerdo.
A partir de lo comunicado oficial, este enfoque pone en evidencia el compromiso, tanto por parte de Ecuador como de Canadá, con la inclusión social y la protección de las comunidades originarias dentro de lo que respecta al marco comercial.
Las expectativas de esta última ronda de negociaciones son grandes. La intención es avanzar hacia la concreción de varios capítulos del acuerdo y, así, acercar a Ecuador y Canadá a una relación que beneficie cada vez más a ambas naciones y a sus respectivos pueblos originarios.
Al mismo tiempo, a través de este proceso, Ecuador busca consolidarse como una entidad comercial cada vez más fuerte. Fortalecer su relación con sus vecinos del continente americano y promover una mayor integración económica son dos iniciativas fuertes dentro de su agenda.
Según el comunicado, gracias a los diálogos entablados en las distintas disciplinas, se pudo lograr algunos avances importantes en las bases del acuerdo. Sin embargo, se han recibido quejas provenientes de organizaciones de la sociedad civil que critican el hecho de que las negociaciones transcurran bajo reserva. Con información de EFE e Infobae.
IFG regresa al Ecuador ¿Le harán caso esta vez?
Rebeca Illescas está cuarta desde la izquierda.
Diciembre 15 de 2024.- Un tanque de pensamiento internacional que se dedica a asesorar gobiernos para regular y normar la minería con arreglo a propósitos como el desarrollo sustentable, con el apoyo de países mineros como el Canadá, advirtió hace años al país sobre situaciones que no han hecho sino empeorar y hoy representan para la minería desafíos cada vez más profundos como la inseguridad, violencia, el contrabando y la conflictividad social en sus entornos.
Durante la semana anterior, la viceministra de Minas, Rebeca Illescas, mantuvo una reunión con representantes del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minería, Metales y Desarrollo Sustentable (IGF, por sus siglas en ingles), con el fin de abordar temas enfocados en la promoción de prácticas mineras responsables y sostenibles con el ambiente.
Además, se trazaron nuevos compromisos para el 2025, encaminados al establecimiento de un trabajo conjunto entre varias entidades para la asistencia técnica y revisión de reglamentos y normativas que permitirán el fortalecimiento del sector minero ecuatoriano.
Hace pocos años, el IFG realizó por pedido del Ecuador un estudio titulado Evaluación del Marco de Políticas Mineras: Ecuador, un informe de 72 páginas entregado al Gobierno y al entonces Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables en enero de 2018 y actualizado a 2019, debido a varios cambios en la legislación y jurisprudencia nacional.
Ese informe presentó la evaluación de Ecuador, como pensada con el propósito de ayudar al gobierno a enfocar sus esfuerzos en la implementación del Marco de Políticas Mineras (MPM) del IGF, apoyar los esfuerzos de capacitación y permitir el monitoreo del progreso en el tiempo.
El personal de la Secretaría del IGF realizó la evaluación entre septiembre de 2017 y enero de 2018, con trabajo adicional a fines del 2018. El proceso incluyó una revisión exhaustiva de documentación, entre leyes y políticas nacionales e internacionales clave, así como una visita de campo de siete días al país, durante la cual el equipo del proyecto se reunió con una amplia gama de partes interesadas del gobierno, sociedad civil, organizaciones internacionales y el sector privado.
Al parecer el documento fue refundido en alguna gaveta, o sus conclusiones no fueron suficientes o simplemente no se le puso interés: cuando Vía Minera preguntó a un viceministro de Minas cómo se va a proceder para poner en práctica las recomendaciones del mismo, aquella autoridad nos respondió ¿cuál informe?
Y si llegó hasta acá le vamos a contar algo más, como para ilustrarle: en el capítulo de Recomendaciones, como primera prioridad, el documento reza:
“Con un enfoque especial en la consulta previa, es necesario un ejercicio de profundización para lograr acuerdos con las comunidades indígenas y un proceso de consulta previa que sea efectivo y a la misma vez, aceptado por los principales actores sociales. Las prácticas actuales del gobierno no satisfacen los requerimientos de participación de parte de la comunidad, ni las mejores prácticas sobre cómo realizar una consulta previa efectiva, ni los requisitos de la jurisprudencia internacional, y dado que la minería a gran escala se encuentra en sus etapas iniciales, resulta urgente que el gobierno aborde la cuestión a fin de evitar el escalamiento del descontento comunitario”.
Puede ver también cómo advertía desde entonces los graves problemas que se debían enfrentar de la minería ilegal y el contrabando, en los últimos cinco años convertidos en un pozo sin fondo: “Parte de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en Ecuador se encuentra relacionada con actividades ilícitas como narcotráfico, trabajo infantil y contrabando.
"El Viceministerio de Minas es consciente de los problemas y ha actuado para prohibirla y controlarla pero no ha resultado. Se realizan acciones de control por parte del CECMI (Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal, ndlr) en zonas particulares, pero no se prevé todavía una solución o programa a largo plazo que presente posibilidades del éxito.
"Existen tres grupos en el subsector de la MAPE: los formalizados, los que no se han formalizado por falta de información o incentivos y los que pertenecen a organizaciones ilícitas. Distinguir entre la segunda y la tercera de estas categorías es un desafío. El gobierno considera “minería ilegal” tanto a aquellos que conocen las posibilidades de la formalización pero no están en proceso, como a aquellos realizando actividades ilícitas como trabajo infantil, conectados con el narcotráfico o contrabando.
"Esto afecta al desarrollo de políticas para combatir dos problemas diferentes.
"El contrabando es un problema grave. El comparativo de números de exportación de oro de la MAPE y del oro declarado ante el Banco Central de Ecuador o ARCOM en el período de 2010 a 2014 revela que 70% de las exportaciones de oro fueron de origen ilícito al no haber sido declarado y su origen ser desconocido (Irvin, 2017). Además, el número de exportaciones fue creciendo rápidamente año a año durante estos años.
"Asimismo, se presenta un sistema de lavado de oro con el fin de entrar a los mercados internacionales a través de exportadores y otros actores de la cadena de valor. Con los controles de Perú en la última década, el oro peruano ha encontrado una vía de exportación ilegal a través de Ecuador (Irvin, 2017). Ecuador carece de trazabilidad de su oro ilegal de la MAPE. La exportación de oro de Ecuador parece más grande que la producción”.
Nuestros deseos de que la buena voluntad se sume a la buena fe y voluntad política de algún gobierno.
Durante la semana anterior, la viceministra de Minas, Rebeca Illescas, mantuvo una reunión con representantes del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minería, Metales y Desarrollo Sustentable (IGF, por sus siglas en ingles), con el fin de abordar temas enfocados en la promoción de prácticas mineras responsables y sostenibles con el ambiente.
Además, se trazaron nuevos compromisos para el 2025, encaminados al establecimiento de un trabajo conjunto entre varias entidades para la asistencia técnica y revisión de reglamentos y normativas que permitirán el fortalecimiento del sector minero ecuatoriano.
Hace pocos años, el IFG realizó por pedido del Ecuador un estudio titulado Evaluación del Marco de Políticas Mineras: Ecuador, un informe de 72 páginas entregado al Gobierno y al entonces Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables en enero de 2018 y actualizado a 2019, debido a varios cambios en la legislación y jurisprudencia nacional.
Ese informe presentó la evaluación de Ecuador, como pensada con el propósito de ayudar al gobierno a enfocar sus esfuerzos en la implementación del Marco de Políticas Mineras (MPM) del IGF, apoyar los esfuerzos de capacitación y permitir el monitoreo del progreso en el tiempo.
El personal de la Secretaría del IGF realizó la evaluación entre septiembre de 2017 y enero de 2018, con trabajo adicional a fines del 2018. El proceso incluyó una revisión exhaustiva de documentación, entre leyes y políticas nacionales e internacionales clave, así como una visita de campo de siete días al país, durante la cual el equipo del proyecto se reunió con una amplia gama de partes interesadas del gobierno, sociedad civil, organizaciones internacionales y el sector privado.
Al parecer el documento fue refundido en alguna gaveta, o sus conclusiones no fueron suficientes o simplemente no se le puso interés: cuando Vía Minera preguntó a un viceministro de Minas cómo se va a proceder para poner en práctica las recomendaciones del mismo, aquella autoridad nos respondió ¿cuál informe?
Y si llegó hasta acá le vamos a contar algo más, como para ilustrarle: en el capítulo de Recomendaciones, como primera prioridad, el documento reza:
“Con un enfoque especial en la consulta previa, es necesario un ejercicio de profundización para lograr acuerdos con las comunidades indígenas y un proceso de consulta previa que sea efectivo y a la misma vez, aceptado por los principales actores sociales. Las prácticas actuales del gobierno no satisfacen los requerimientos de participación de parte de la comunidad, ni las mejores prácticas sobre cómo realizar una consulta previa efectiva, ni los requisitos de la jurisprudencia internacional, y dado que la minería a gran escala se encuentra en sus etapas iniciales, resulta urgente que el gobierno aborde la cuestión a fin de evitar el escalamiento del descontento comunitario”.
Puede ver también cómo advertía desde entonces los graves problemas que se debían enfrentar de la minería ilegal y el contrabando, en los últimos cinco años convertidos en un pozo sin fondo: “Parte de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en Ecuador se encuentra relacionada con actividades ilícitas como narcotráfico, trabajo infantil y contrabando.
"El Viceministerio de Minas es consciente de los problemas y ha actuado para prohibirla y controlarla pero no ha resultado. Se realizan acciones de control por parte del CECMI (Comisión Especial para el Control de la Minería Ilegal, ndlr) en zonas particulares, pero no se prevé todavía una solución o programa a largo plazo que presente posibilidades del éxito.
"Existen tres grupos en el subsector de la MAPE: los formalizados, los que no se han formalizado por falta de información o incentivos y los que pertenecen a organizaciones ilícitas. Distinguir entre la segunda y la tercera de estas categorías es un desafío. El gobierno considera “minería ilegal” tanto a aquellos que conocen las posibilidades de la formalización pero no están en proceso, como a aquellos realizando actividades ilícitas como trabajo infantil, conectados con el narcotráfico o contrabando.
"Esto afecta al desarrollo de políticas para combatir dos problemas diferentes.
"El contrabando es un problema grave. El comparativo de números de exportación de oro de la MAPE y del oro declarado ante el Banco Central de Ecuador o ARCOM en el período de 2010 a 2014 revela que 70% de las exportaciones de oro fueron de origen ilícito al no haber sido declarado y su origen ser desconocido (Irvin, 2017). Además, el número de exportaciones fue creciendo rápidamente año a año durante estos años.
"Asimismo, se presenta un sistema de lavado de oro con el fin de entrar a los mercados internacionales a través de exportadores y otros actores de la cadena de valor. Con los controles de Perú en la última década, el oro peruano ha encontrado una vía de exportación ilegal a través de Ecuador (Irvin, 2017). Ecuador carece de trazabilidad de su oro ilegal de la MAPE. La exportación de oro de Ecuador parece más grande que la producción”.
Nuestros deseos de que la buena voluntad se sume a la buena fe y voluntad política de algún gobierno.
Perú: Presupuesto para combatir
la minería ilegal se redujo en 37%
Diciembre 15 de 2024.- El gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Carlos Gallardo manifestó que, en los últimos cinco años, el presupuesto para combatir la minería ilegal se redujo en un 37%, por lo que las acciones de erradicación han disminuido y no se ha sostenido una estrategia integral.
En entrevista para el programa Diálogos Mineros del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), subrayó que otra de las razones por las que continúa avanzando la minería ilegal, es que no hay articulación entre las instituciones del Estado.
“El mismo alto comisionado para la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, ha señalado que tiene limitaciones de personal y de recursos públicos para hacer su trabajo. Entonces, por más bien intencionado que pueda ser, no va a poder hacer un buen trabajo por falta de recursos y eso lo ve el Ministerio de Economía y Finanzas”, explicó.
Asimismo, consideró que un trabajo coordinado entre países para seguir la trazabilidad del oro podría ayudar a combatir la minería ilegal. Por ejemplo, sostuvo, que se debería tener coordinaciones con los principales importadores como Estados Unidos de América, Suiza, India, Emiratos Árabes y Canadá, con el fin de fiscalizar si el oro que salió del país es legal o no.
De otro lado, afirmó que de 23 proyectos mineros que están demorados por razones ajenas a la voluntad de las empresas, solo ocho tienen fecha de inicio. “La principal razón para que no se ejecuten estas iniciativas, es la conflictividad social”, puntualizó.
En entrevista para el programa Diálogos Mineros del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), subrayó que otra de las razones por las que continúa avanzando la minería ilegal, es que no hay articulación entre las instituciones del Estado.
“El mismo alto comisionado para la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, ha señalado que tiene limitaciones de personal y de recursos públicos para hacer su trabajo. Entonces, por más bien intencionado que pueda ser, no va a poder hacer un buen trabajo por falta de recursos y eso lo ve el Ministerio de Economía y Finanzas”, explicó.
Asimismo, consideró que un trabajo coordinado entre países para seguir la trazabilidad del oro podría ayudar a combatir la minería ilegal. Por ejemplo, sostuvo, que se debería tener coordinaciones con los principales importadores como Estados Unidos de América, Suiza, India, Emiratos Árabes y Canadá, con el fin de fiscalizar si el oro que salió del país es legal o no.
De otro lado, afirmó que de 23 proyectos mineros que están demorados por razones ajenas a la voluntad de las empresas, solo ocho tienen fecha de inicio. “La principal razón para que no se ejecuten estas iniciativas, es la conflictividad social”, puntualizó.
ENAMI EP: tres opciones para canalizar
inversiones con catastro minero cerrado
El gerente de Enami EP, Emmanuel Delaune, en una reciente comparecencia en la Asamblea Nacional.
Diciembre 8 de 2024.- Los acuerdos comerciales, la cesión y transferencia de concesiones mineras y la opción preferencial o primera opción para la empresa por su carácter estatal en el caso de solicitar concesiones, son los tres dispositivos legales que adelanta la Empresa Nacional Minera EP (Enami EP), para canalizar inversiones extranjeras en exploración, en los proyectos propios y nuevas concesiones.
Con el catastro minero ecuatoriano cerrado desde 2018, se observa a estas formas legales como una opción interesante para atraer inversión extranjera en minería.
Tres acuerdos comerciales con empresas extranjeras de importancia mundial ha establecido la Enami EP durante el último año: con Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining S.A., con Barrick International Ltd. y con Solaris Resources Inc.. Emmanuel Delaune, gerente general, expresó las bondades de los acuerdos, en el marco del Enaep 2024.
Los acuerdos comerciales entre la empresa estatal y las empresas privadas, constituyen un dispositivo legal que se creó a través de un reglamento emitido en 2023, que permite contratar a través a empresas para que realicen exploración en áreas mineras. Como parte de los acuerdos, las mineras pagarán a Enami EP un 1%.
El 1 de febrero se convocó al “Concurso Público de Mejor Postura para la Suscripción De Acuerdos Comerciales con a Enami EP” tendiente al desarrollo de proyectos mineros a fin de viabilizar la capacidad comercial y operativa de la Enami EP, en cumplimiento de sus objetivos empresariales, en observancia de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y demás normativa aplicable.
El llamado incluyó a todas las personas jurídicas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras para que presenten sus ofertas técnicas y posturas económicas para ser seleccionadas a suscribir los acuerdos comerciales.
Sin embargo, el acuerdo con Barrick se firmó el 19 septiembre de 2023 con el cual la minera canadiense se comprometió a invertir US$ 27,5 millones en exploraciones en 40 000 hectáreas en el sur de Ecuador, y habría pagado US$ 275 000 a Enami EP.
El gerente general de la Enami EP de ese entonces era Santiago Chamorro Hidalgo y el apoderado de compañía Barrick International Ltd. en el Ecuador, Adan Manfredo Pinos Zeballos y las negociaciones habían empezado en 2022 cuando el entonces ministro Xavier Vera Grunauer, ahora preso por corrupción, anunció en Canadá que Enami EP firmó un memorándum de entendimiento con la minera canadiense.
Barrick es una empresa líder mundial en producción de oro y cobre, presente en 19 países en cuatro continentes. Durante 2022, generó más de US$ 10,6 mil millones, 21 000 plazas de empleos, US$ 6 mil millones con proveedores y socios comerciales locales y más de US$ 36 millones en desarrollo comunitario.
De otro lado, el 4 de abril de 2024 se suscribió el acuerdo comercial entre Enami Ep y Hanrine (subsidiaria de la empresa australiana Hancock Prospecting PTY LTD.), que permitirá la exploración de 28 276 hectáreas, divididas en 6 concesiones, ubicadas en la provincia de Imbabura, mediante una inversión total de US$ 120 millones.
Pero este acuerdo con Hanrine provocó una acción legal de la empresa Exploraciones Mineras Andinas Ecuador (Emsaec), subsidiaria de Codelco en Ecuador, que presentó una acción de protección con medidas cautelares contra Enami el 22 de marzo. Emsaec alegó que Enami violó su derecho a la igualdad formal y no discriminación al no permitirle participar en un concurso para la adjudicación del contrato pero en mayo el tribunal falló en contra de Codelco.
Codelco impugnó la justicia de una de ellas con una acción de protección pero perdió en un tribunal porque el reglamento del concurso excluía de participar a empresas con litigios legales con Enami EP y Codelco tiene pendiente un arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arbitraje de París, por la asociación fallida para desarrollar el proyecto Llurimagua.
Finalmente, el 7 de mayo, la Enami Ep firmó un acuerdo comercial con la canadiense Solaris Resources Inc. para explorar 39 mil hectáreas con gran potencial minero, por una inversión será de US$ 25 millones.
Delaune es gerente de la empresa desde febrero y antes ocupó varios cargos dentro del Ministerio de Energía y Minas (MEM), durante 7 años. Fue director de Información y Transparencia, subsecretario de Minería Artesanal y Pequeña Minería; y, viceministro de Minas. Además, ocupó el cargo de secretario técnico del capítulo Ecuador de la Iniciativa de Transparencia de la Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), luego de un largo período de acefalía en esa entidad.
“A través de los acuerdos comerciales con Hanrine, Barrick y Solaris hemos generado un compromiso de inversión de 172,5 millones de dólares que nos va a generar un flujo cada año que nos va a permitir la autogestión de esta empresa, afirmó el economista en un panel de Enaep 2024 realizada hace quince días.
Los acuerdos fueron anunciados con un componente de aporte de un 1% para la Enami, por lo que estarían disponibles para los próximos años 17,25 millones en fondos para que la empresa pueda afrontar su autogestión y sus deudas que, en cuentas, ascendió a 5 millones en 2023.
Con el catastro minero ecuatoriano cerrado desde 2018, se observa a estas formas legales como una opción interesante para atraer inversión extranjera en minería.
Tres acuerdos comerciales con empresas extranjeras de importancia mundial ha establecido la Enami EP durante el último año: con Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining S.A., con Barrick International Ltd. y con Solaris Resources Inc.. Emmanuel Delaune, gerente general, expresó las bondades de los acuerdos, en el marco del Enaep 2024.
Los acuerdos comerciales entre la empresa estatal y las empresas privadas, constituyen un dispositivo legal que se creó a través de un reglamento emitido en 2023, que permite contratar a través a empresas para que realicen exploración en áreas mineras. Como parte de los acuerdos, las mineras pagarán a Enami EP un 1%.
El 1 de febrero se convocó al “Concurso Público de Mejor Postura para la Suscripción De Acuerdos Comerciales con a Enami EP” tendiente al desarrollo de proyectos mineros a fin de viabilizar la capacidad comercial y operativa de la Enami EP, en cumplimiento de sus objetivos empresariales, en observancia de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y demás normativa aplicable.
El llamado incluyó a todas las personas jurídicas, públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras para que presenten sus ofertas técnicas y posturas económicas para ser seleccionadas a suscribir los acuerdos comerciales.
Sin embargo, el acuerdo con Barrick se firmó el 19 septiembre de 2023 con el cual la minera canadiense se comprometió a invertir US$ 27,5 millones en exploraciones en 40 000 hectáreas en el sur de Ecuador, y habría pagado US$ 275 000 a Enami EP.
El gerente general de la Enami EP de ese entonces era Santiago Chamorro Hidalgo y el apoderado de compañía Barrick International Ltd. en el Ecuador, Adan Manfredo Pinos Zeballos y las negociaciones habían empezado en 2022 cuando el entonces ministro Xavier Vera Grunauer, ahora preso por corrupción, anunció en Canadá que Enami EP firmó un memorándum de entendimiento con la minera canadiense.
Barrick es una empresa líder mundial en producción de oro y cobre, presente en 19 países en cuatro continentes. Durante 2022, generó más de US$ 10,6 mil millones, 21 000 plazas de empleos, US$ 6 mil millones con proveedores y socios comerciales locales y más de US$ 36 millones en desarrollo comunitario.
De otro lado, el 4 de abril de 2024 se suscribió el acuerdo comercial entre Enami Ep y Hanrine (subsidiaria de la empresa australiana Hancock Prospecting PTY LTD.), que permitirá la exploración de 28 276 hectáreas, divididas en 6 concesiones, ubicadas en la provincia de Imbabura, mediante una inversión total de US$ 120 millones.
Pero este acuerdo con Hanrine provocó una acción legal de la empresa Exploraciones Mineras Andinas Ecuador (Emsaec), subsidiaria de Codelco en Ecuador, que presentó una acción de protección con medidas cautelares contra Enami el 22 de marzo. Emsaec alegó que Enami violó su derecho a la igualdad formal y no discriminación al no permitirle participar en un concurso para la adjudicación del contrato pero en mayo el tribunal falló en contra de Codelco.
Codelco impugnó la justicia de una de ellas con una acción de protección pero perdió en un tribunal porque el reglamento del concurso excluía de participar a empresas con litigios legales con Enami EP y Codelco tiene pendiente un arbitraje internacional en el Centro Internacional de Arbitraje de París, por la asociación fallida para desarrollar el proyecto Llurimagua.
Finalmente, el 7 de mayo, la Enami Ep firmó un acuerdo comercial con la canadiense Solaris Resources Inc. para explorar 39 mil hectáreas con gran potencial minero, por una inversión será de US$ 25 millones.
Delaune es gerente de la empresa desde febrero y antes ocupó varios cargos dentro del Ministerio de Energía y Minas (MEM), durante 7 años. Fue director de Información y Transparencia, subsecretario de Minería Artesanal y Pequeña Minería; y, viceministro de Minas. Además, ocupó el cargo de secretario técnico del capítulo Ecuador de la Iniciativa de Transparencia de la Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), luego de un largo período de acefalía en esa entidad.
“A través de los acuerdos comerciales con Hanrine, Barrick y Solaris hemos generado un compromiso de inversión de 172,5 millones de dólares que nos va a generar un flujo cada año que nos va a permitir la autogestión de esta empresa, afirmó el economista en un panel de Enaep 2024 realizada hace quince días.
Los acuerdos fueron anunciados con un componente de aporte de un 1% para la Enami, por lo que estarían disponibles para los próximos años 17,25 millones en fondos para que la empresa pueda afrontar su autogestión y sus deudas que, en cuentas, ascendió a 5 millones en 2023.
Marcelo Álvarez, director ejecutivo de Relaciones Gubernamentales para Barrick Sudamérica, atendiendo el evento Enaep 2024 en Quito el 26 de noviembre.
Respecto a la oportunidad que representa el haber accedido al acuerdo comercial con Enami, Marcelo Álvarez, director ejecutivo de Relaciones Gubernamentales para Barrick Sudamérica presente en Quito el panel de Enaep 2024, afirmó lo siguiente:
“Nosotros tenemos mucha experiencia en trabajar de la mano del Estado y de hecho en Barrick promovemos la alianza con los estados, creemos que es una herramienta muy poderosa para el desarrollo de manera armónica, porque el Estado al ser socio también tiene la responsabilidad de llevar adelante la conducción de l mina y eso es importante porque hoy, en los momentos que estamos viviendo el Estado presente, responsable en el desarrollo de un proyecto es crítico para el éxito de una operación”.
Agregó que la compañía tiene unos 6-7 países con acuerdos con los estados y además, promueve acuerdos económicos 50 y 50 para que esa responsabilidad no solo se vea en términos de impuestos, se vea también en ganancias a partir de las utilidades.
“Vemos los acuerdos como una herramienta de trabajo con el Estado importante para este momento del país en que el catastro permanece cerrado, una herramienta que trabajarla y perfeccionarla para que sea útil. Creo que ese trabajo que estamos haciendo hoy con la Enami de perfeccionar los acuerdos va a ser una base fundamental para el futuro”, agregó.
Por otro lado, Delaune anunció dos dispositivos adicionales como parte de un plan de acción para financiar la gestión de la Enami un plan de expansión a través del derecho preferente de primera opción que nos otorga como empresa pública la normativa, desde la Constitución, la Ley de Minería y su reglamento.
El otro instrumento, para lograr inversiones que al invertirse dinamicen las economías locales de las poblaciones ubicadas dentro de las concesiones, se hizo público con la Resolución Nro. ENAMI-ENAMI-2024-0018-RLS, del 6 de agosto, y se trata de la reforma al Reglamento para la cesión y transferencia de derechos de las concesiones mineras de la Enami EP que forman parte de su portafolio de proyectos.
Este instrumento tiene que ser aplicado a través de concursos públicos abiertos, de acuerdo a Emanuel Delaune, para que de manera técnica, transparente, legal y con una visión a largo plazo, la Enami EP administre adecuadamente su cartera de proyectos, decidiendo, con independencia y de acuerdo con sus intereses institucionales, cuáles proyectos puede desarrollar por sí misma y cuáles se encuentran sujetos a cederse a la empresa privada.
“Nosotros tenemos mucha experiencia en trabajar de la mano del Estado y de hecho en Barrick promovemos la alianza con los estados, creemos que es una herramienta muy poderosa para el desarrollo de manera armónica, porque el Estado al ser socio también tiene la responsabilidad de llevar adelante la conducción de l mina y eso es importante porque hoy, en los momentos que estamos viviendo el Estado presente, responsable en el desarrollo de un proyecto es crítico para el éxito de una operación”.
Agregó que la compañía tiene unos 6-7 países con acuerdos con los estados y además, promueve acuerdos económicos 50 y 50 para que esa responsabilidad no solo se vea en términos de impuestos, se vea también en ganancias a partir de las utilidades.
“Vemos los acuerdos como una herramienta de trabajo con el Estado importante para este momento del país en que el catastro permanece cerrado, una herramienta que trabajarla y perfeccionarla para que sea útil. Creo que ese trabajo que estamos haciendo hoy con la Enami de perfeccionar los acuerdos va a ser una base fundamental para el futuro”, agregó.
Por otro lado, Delaune anunció dos dispositivos adicionales como parte de un plan de acción para financiar la gestión de la Enami un plan de expansión a través del derecho preferente de primera opción que nos otorga como empresa pública la normativa, desde la Constitución, la Ley de Minería y su reglamento.
El otro instrumento, para lograr inversiones que al invertirse dinamicen las economías locales de las poblaciones ubicadas dentro de las concesiones, se hizo público con la Resolución Nro. ENAMI-ENAMI-2024-0018-RLS, del 6 de agosto, y se trata de la reforma al Reglamento para la cesión y transferencia de derechos de las concesiones mineras de la Enami EP que forman parte de su portafolio de proyectos.
Este instrumento tiene que ser aplicado a través de concursos públicos abiertos, de acuerdo a Emanuel Delaune, para que de manera técnica, transparente, legal y con una visión a largo plazo, la Enami EP administre adecuadamente su cartera de proyectos, decidiendo, con independencia y de acuerdo con sus intereses institucionales, cuáles proyectos puede desarrollar por sí misma y cuáles se encuentran sujetos a cederse a la empresa privada.
Proliferan estándares de minerías responsables
Diciembre 1 de 2024.- Un fenómeno que ronda los distritos mineros y una opción alternativa son objeto de análisis en el programa del martes 4 de marzo en la convención de exploración y minería más importante del mundo, la Convención de Prospectores y Exploradores del Canadá, PDAC por sus siglas en inglés, que tendrá lugar en Toronto del 3 al 5 de marzo del 2025.
¿Por qué tenemos que simplificar urgentemente el panorama de las normas mineras responsables? Se plantea como interrogante y se propone una actualización de la iniciativa estándar de minería consolidada.
La archi conocida por entendidos convención reúne a 30 000 asistentes de más de 130 países por su programación educativa, eventos de networking, oportunidades comerciales y diversión. Desde que comenzó en 1932, la convención ha crecido en tamaño, estatura e influencia. Hoy, es el evento elegido por la industria minera mundial y alberga a más de 1100 expositores y 700 oradores.
La proliferación de normas mineras responsables ha añadido complejidad al desempeño y a los paisajes de presentación de informes. Las partes interesadas exigen un sistema racionalizado, transparente y robusto que pueda impulsar la mejora en toda la industria. Para satisfacer esta necesidad, Copper Mark, el Consejo Mundial de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés), la Asociación de Minería de Canadá (MAC, por sus siglas en inglés) y el Consejo Mundial del Oro (WGC, por sus siglas en inglés) están trabajando para consolidar sus estándares en un estándar global con supervisión de múltiples partes interesadas.
Este panel discute la justificación, las consideraciones de diseño y las implicaciones de esta consolidación para la industria y más allá.
Entre los detalles de la sesión que se va a realizar de 3:30 p.m. a 4:30 p.m. consta en el programa que la presentadora será Jennifer Prospero de Eldorado Oro, e intervendrán como expositores Richard Paquin, representante laboral de Unifor y Pierre Gratton, la Asociación de Minería de Canadá.
¿Por qué tenemos que simplificar urgentemente el panorama de las normas mineras responsables? Se plantea como interrogante y se propone una actualización de la iniciativa estándar de minería consolidada.
La archi conocida por entendidos convención reúne a 30 000 asistentes de más de 130 países por su programación educativa, eventos de networking, oportunidades comerciales y diversión. Desde que comenzó en 1932, la convención ha crecido en tamaño, estatura e influencia. Hoy, es el evento elegido por la industria minera mundial y alberga a más de 1100 expositores y 700 oradores.
La proliferación de normas mineras responsables ha añadido complejidad al desempeño y a los paisajes de presentación de informes. Las partes interesadas exigen un sistema racionalizado, transparente y robusto que pueda impulsar la mejora en toda la industria. Para satisfacer esta necesidad, Copper Mark, el Consejo Mundial de Minería y Metales (ICMM, por sus siglas en inglés), la Asociación de Minería de Canadá (MAC, por sus siglas en inglés) y el Consejo Mundial del Oro (WGC, por sus siglas en inglés) están trabajando para consolidar sus estándares en un estándar global con supervisión de múltiples partes interesadas.
Este panel discute la justificación, las consideraciones de diseño y las implicaciones de esta consolidación para la industria y más allá.
Entre los detalles de la sesión que se va a realizar de 3:30 p.m. a 4:30 p.m. consta en el programa que la presentadora será Jennifer Prospero de Eldorado Oro, e intervendrán como expositores Richard Paquin, representante laboral de Unifor y Pierre Gratton, la Asociación de Minería de Canadá.
La Arcernnr tiene nueva Directora Ejecutiva
Diciembre 17 de 2023.- Kathya Delgado Arévalo ingeniera en Electricidad con especialidad en Electrónica Industrial, por la Escuela Politécnica del Litoral fue designada directora ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control Naturales No Renovables, Arcernnr, e inició su gestión el 6 de diciembre de 2023.
La profesional es también master en Sistemas Eléctricos de Potencia.
Su experiencia labora incluye más de 20 años en diseño, supervisión y administración de mantenimiento, construcción y montaje de sistemas eléctricos; planeación, programación, coordinación, control administrativo y técnico en diferentes etapas de ejecución de proyectos; formulación, implementación y evaluación de proyectos y programas de empresas públicas; manejo del sistema nacional de compras públicas y contratación de proyectos con financiamiento del Estado.
En relación con las competencias de la agencia de control, también exhibe experiencia laboral especializada en la coordinación de los equipos de trabajo para control y seguimiento del cumplimiento de normativa eléctrica en la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel.
En la Espol ha sido parte también de la implementación del Programa de Sostenibilidad institucional, coordinadora de proyectos en Espoltech EP, gerente general y representante legal de Espoletel, institución pública de prestación de servicios enfocados en tecnología y transformación digital para empresas públicas.
En otra de sus facetas profesionales, ha desarrollado procesos de comunicación asertiva y solución de problemas en grupos de trabajo de entidades públicas como el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Finanzas.
Ha sido delegada del Ecuador en reuniones sobre Integración Energética en la Comunidad Andina y ha participado como delegada de Conelec-Arconel, en audiencias de mediación y arbitraje internacional.
Al momento de asumir el cargo, estaba cursando la Maestría en Políticas y Gestión Pública en su alma mater, la Espol.
La profesional es también master en Sistemas Eléctricos de Potencia.
Su experiencia labora incluye más de 20 años en diseño, supervisión y administración de mantenimiento, construcción y montaje de sistemas eléctricos; planeación, programación, coordinación, control administrativo y técnico en diferentes etapas de ejecución de proyectos; formulación, implementación y evaluación de proyectos y programas de empresas públicas; manejo del sistema nacional de compras públicas y contratación de proyectos con financiamiento del Estado.
En relación con las competencias de la agencia de control, también exhibe experiencia laboral especializada en la coordinación de los equipos de trabajo para control y seguimiento del cumplimiento de normativa eléctrica en la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Arconel.
En la Espol ha sido parte también de la implementación del Programa de Sostenibilidad institucional, coordinadora de proyectos en Espoltech EP, gerente general y representante legal de Espoletel, institución pública de prestación de servicios enfocados en tecnología y transformación digital para empresas públicas.
En otra de sus facetas profesionales, ha desarrollado procesos de comunicación asertiva y solución de problemas en grupos de trabajo de entidades públicas como el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Finanzas.
Ha sido delegada del Ecuador en reuniones sobre Integración Energética en la Comunidad Andina y ha participado como delegada de Conelec-Arconel, en audiencias de mediación y arbitraje internacional.
Al momento de asumir el cargo, estaba cursando la Maestría en Políticas y Gestión Pública en su alma mater, la Espol.
Nuevas autoridades reconocen importancia de la minería
Andrea Arrobo
|
Carolina Suárez
|
Diciembre 10 de 2023.- Andrea Arrobo, ministra de Energía y Minas, hizo su primer discurso en un evento semipúblico señalando su compromiso con el desarrollo del sector minero por su importancia para fortalecer la economía nacional en el gobierno del “nuevo Ecuador”, como se autodenomina la gestión del presidente Daniel Noboa.
Para ello mencionó la exportación total de unos US$ 5000 millones en minerales de las primeras minas de gran escala y 10 000 millones en inversiones proyectadas para poner a producir a los proyectos mineros que conforman el portafolio de priorizados.
Habló de que desde su cartera enfrenta un nuevo desafío en el cual “contar con sus iniciativas y propuestas es de vital importancia más cuando la minería representa para el Ecuador el cuarto rubro de exportaciones no tradicionales”.
Las declaraciones las hizo en la jornada nocturna del XVIII Encuentro Anual de Minería ENAEP 2023 “Innovación y minerales críticos para la Transición Energética”, que se llevó a cabo en Quito el 7 de diciembre en el Club La Unión con la presencia de empresarios del sector mineroenergético.
La reunión, organizada por María Rosa Tapia, de Seminarium, contó también con la participación de la ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Sonsoles García, Stephen Potter, embajador de Canadá en Ecuador, Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de Olade y José Ramón Gómez, del BID y el director ejecutivo de Antofagasta Minerals, presidente del Consejo Minero de Chile y primer latinoamericano presidente del Consejo Internacional de Minería y Metales, Iván Arriagada.
Tenemos el horizonte claro, dijo Arrobo al arrancar su intervención. “Impulsar la inversión y la innovación para la generación de nuevos proyectos mineros pero para lograrlo necesitamos trabajar de manera articulada con el sector privado”.
Agregó que para lograrlo, “en el nuevo Ecuador las instituciones ya no serán aisladas, repúblicas independientes, sino que trabajarán juntas bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa Azin, para crear sinergias y atraer capitales internacionales pues hoy más que nunca son claves para cumplir con nuestros objetivos, una minería responsable y sostenible”.
Estamos comprometidos en crear un entorno seguro y transparente para las empresas nacionales e internacionales y desde el gobierno tomaremos la iniciativa para darles seguridad jurídica, agregó.
Además de la producción de las dos minas a gran escala, Mirador y Fruta del Norte, mencionó seis proyectos que tienen un gran potencial para contribuir significativamente al progreso económico económico del país: Loma Grande, Curipamba, La Plata, Cascabel, Warintza y Cangrejos, entre otros.
“Hasta la fecha las dos minas mencionadas han producido y comercializado en oro y cobre un monto total de 5000 millones de dólares”, afirmó.
Y entre los aportes adicionales, puso de manifiesto que más allá de impulsar el desarrollo económico del país, estos proyectos han generado empleo y han aportado a través de diferentes programas sociales, el desarrollo de las comunidades en la zona donde se encuentran.
En relación con los proyectos que aún no han iniciado su producción, precisó, se tiene una inversión de Capex de más de 10.000 millones de dólares.
Hoy más que nunca en Ecuador necesita del apoyo de la inversión, destacó para enfatizar que “nuestra responsabilidad es apoyar que las actividades se desarrollen en cada uno de los proyectos y que se ejecuten de forma responsable, sostenible y conforme a la normativa ecuatoriana”.
Y puntualizar que “en la actividad minera, la responsabilidad implica no sólo la eficiencia en la extracción de los recursos, sino en un profundo compromiso con la preservación del ambiente y el respeto hacia las comunidades directamente vinculadas a los proyectos mineros.
“La minería responsable se orienta hacia prácticas que minimizan el impacto ambiental incorporando tecnología avanzada y metodología que permita la recuperación y restauración de las áreas afectadas, además implica un enfoque participativo y consultivo para las comunidades locales asegurando que sus voces sean escuchadas y sus preocupaciones abordadas de manera directa”, dijo la ministra frente a los gerentes, técnicos y líderes gremiales del sector minero.
Finalizó asegurando que “nuestro ministerio es de puertas abiertas y la transparencia siempre será bienvenida, por lo que tengo la predisposición de escucharlos para llegar a soluciones de gran beneficio y de mutuo beneficio”.
Por su parte, la ministra García, en su intervención destacó el rol de la articulación pública - privada para impulsar el desarrollo de las industrias con un enfoque de responsabilidad social y desarrollo sostenible, que permita generar empleo y atraer inversiones de calidad y a largo plazo.
En el panel sobre “Género, diversidad y energía”, que se cumplió en la mañana, la viceministra de Minas, Carolina Suárez aseguró que tanto para el Ministerio como para su Viceministerio, uno de los intereses principales es la profesionalización de las mujeres.
“De hecho, hoy en la mañana tuvimos una conversación con la cámara de minería y uno de los puntos claves para nosotros es promover el apoyo a las mujeres en el sector minero”, aseguró.
Haz clic aquí para editar.
Para ello mencionó la exportación total de unos US$ 5000 millones en minerales de las primeras minas de gran escala y 10 000 millones en inversiones proyectadas para poner a producir a los proyectos mineros que conforman el portafolio de priorizados.
Habló de que desde su cartera enfrenta un nuevo desafío en el cual “contar con sus iniciativas y propuestas es de vital importancia más cuando la minería representa para el Ecuador el cuarto rubro de exportaciones no tradicionales”.
Las declaraciones las hizo en la jornada nocturna del XVIII Encuentro Anual de Minería ENAEP 2023 “Innovación y minerales críticos para la Transición Energética”, que se llevó a cabo en Quito el 7 de diciembre en el Club La Unión con la presencia de empresarios del sector mineroenergético.
La reunión, organizada por María Rosa Tapia, de Seminarium, contó también con la participación de la ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Sonsoles García, Stephen Potter, embajador de Canadá en Ecuador, Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de Olade y José Ramón Gómez, del BID y el director ejecutivo de Antofagasta Minerals, presidente del Consejo Minero de Chile y primer latinoamericano presidente del Consejo Internacional de Minería y Metales, Iván Arriagada.
Tenemos el horizonte claro, dijo Arrobo al arrancar su intervención. “Impulsar la inversión y la innovación para la generación de nuevos proyectos mineros pero para lograrlo necesitamos trabajar de manera articulada con el sector privado”.
Agregó que para lograrlo, “en el nuevo Ecuador las instituciones ya no serán aisladas, repúblicas independientes, sino que trabajarán juntas bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa Azin, para crear sinergias y atraer capitales internacionales pues hoy más que nunca son claves para cumplir con nuestros objetivos, una minería responsable y sostenible”.
Estamos comprometidos en crear un entorno seguro y transparente para las empresas nacionales e internacionales y desde el gobierno tomaremos la iniciativa para darles seguridad jurídica, agregó.
Además de la producción de las dos minas a gran escala, Mirador y Fruta del Norte, mencionó seis proyectos que tienen un gran potencial para contribuir significativamente al progreso económico económico del país: Loma Grande, Curipamba, La Plata, Cascabel, Warintza y Cangrejos, entre otros.
“Hasta la fecha las dos minas mencionadas han producido y comercializado en oro y cobre un monto total de 5000 millones de dólares”, afirmó.
Y entre los aportes adicionales, puso de manifiesto que más allá de impulsar el desarrollo económico del país, estos proyectos han generado empleo y han aportado a través de diferentes programas sociales, el desarrollo de las comunidades en la zona donde se encuentran.
En relación con los proyectos que aún no han iniciado su producción, precisó, se tiene una inversión de Capex de más de 10.000 millones de dólares.
Hoy más que nunca en Ecuador necesita del apoyo de la inversión, destacó para enfatizar que “nuestra responsabilidad es apoyar que las actividades se desarrollen en cada uno de los proyectos y que se ejecuten de forma responsable, sostenible y conforme a la normativa ecuatoriana”.
Y puntualizar que “en la actividad minera, la responsabilidad implica no sólo la eficiencia en la extracción de los recursos, sino en un profundo compromiso con la preservación del ambiente y el respeto hacia las comunidades directamente vinculadas a los proyectos mineros.
“La minería responsable se orienta hacia prácticas que minimizan el impacto ambiental incorporando tecnología avanzada y metodología que permita la recuperación y restauración de las áreas afectadas, además implica un enfoque participativo y consultivo para las comunidades locales asegurando que sus voces sean escuchadas y sus preocupaciones abordadas de manera directa”, dijo la ministra frente a los gerentes, técnicos y líderes gremiales del sector minero.
Finalizó asegurando que “nuestro ministerio es de puertas abiertas y la transparencia siempre será bienvenida, por lo que tengo la predisposición de escucharlos para llegar a soluciones de gran beneficio y de mutuo beneficio”.
Por su parte, la ministra García, en su intervención destacó el rol de la articulación pública - privada para impulsar el desarrollo de las industrias con un enfoque de responsabilidad social y desarrollo sostenible, que permita generar empleo y atraer inversiones de calidad y a largo plazo.
En el panel sobre “Género, diversidad y energía”, que se cumplió en la mañana, la viceministra de Minas, Carolina Suárez aseguró que tanto para el Ministerio como para su Viceministerio, uno de los intereses principales es la profesionalización de las mujeres.
“De hecho, hoy en la mañana tuvimos una conversación con la cámara de minería y uno de los puntos claves para nosotros es promover el apoyo a las mujeres en el sector minero”, aseguró.
Haz clic aquí para editar.
Chile: Plantean nueva distribución
de recursos de royalty minero
Diciembre 10 de 2023.- Por 79 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, diputados chilenos respaldaron la resolución 821, propuesta por la diputada Yovana Ahumada, que solicita que el Gobierno proponga una modificación al sistema de distribución de los recursos derivados de la Ley sobre royalty a la minería.
En esta normativa existen diferentes mecanismos de reparto de los nuevos ingresos. Sin embargo, el texto se refiere, específicamente, a la utilización del sistema de reparto del Fondo Común Municipal. Aquí se explica que este fondo tiene como objetivo contribuir a la equidad territorial y financiera entre los municipios del país. Para esto, transfiere recursos desde las comunas con mayores ingresos hacia las de menores.
Así, este mecanismo pretende garantizar la provisión de servicios básicos y el desarrollo local en todo el territorio chileno. Con este objetivo, pondera los factores de ruralidad, pobreza y equidad de las comunas.
Sin embargo, en la resolución se argumenta que estos factores no consideran lo que deben soportar las comunas donde existe actividad minera. Esto no refleja lo que debería ser el espíritu del royalty, que debiese ser la compensación a las zonas geográficas que sufren la explotación minera.
Por esta razón, la propuesta solicita la creación de un polinomio o algoritmo específico para la distribución de los recursos del Royalty minero. Se espera que este privilegie, proporcionalmente, a las comunas que sustentan actividades mineras, en directa proporción a los volúmenes de explotación que han debido soportar y a las respectivas externalidades negativas generadas por dichos procesos.
Además, requiere que se considere otras variables socioeconómicas, como tasas de desempleo, nivel de ruralidad, niveles de analfabetismo, desarrollo de actividades económicas distintas de la minería, acceso a sistema de alcantarillado y agua potable, niveles de déficit de infraestructura vial, déficit de viviendas, porcentaje de población vulnerable presente en el territorio, tasas de sobrecarga por población migrante, niveles de delincuencia, déficit sanitarios, presencia de enfermedades asociadas a la explotación minera, entre otros.
Finalmente, establece que los aportes establecidos en la ley debiesen ser permanentes y no supeditados a un período acotado de tiempo. Esto, con el fin de permitir la proyección de inversiones de largo plazo para las zonas geográficas favorecidas con estos recursos adicionales.
En esta normativa existen diferentes mecanismos de reparto de los nuevos ingresos. Sin embargo, el texto se refiere, específicamente, a la utilización del sistema de reparto del Fondo Común Municipal. Aquí se explica que este fondo tiene como objetivo contribuir a la equidad territorial y financiera entre los municipios del país. Para esto, transfiere recursos desde las comunas con mayores ingresos hacia las de menores.
Así, este mecanismo pretende garantizar la provisión de servicios básicos y el desarrollo local en todo el territorio chileno. Con este objetivo, pondera los factores de ruralidad, pobreza y equidad de las comunas.
Sin embargo, en la resolución se argumenta que estos factores no consideran lo que deben soportar las comunas donde existe actividad minera. Esto no refleja lo que debería ser el espíritu del royalty, que debiese ser la compensación a las zonas geográficas que sufren la explotación minera.
Por esta razón, la propuesta solicita la creación de un polinomio o algoritmo específico para la distribución de los recursos del Royalty minero. Se espera que este privilegie, proporcionalmente, a las comunas que sustentan actividades mineras, en directa proporción a los volúmenes de explotación que han debido soportar y a las respectivas externalidades negativas generadas por dichos procesos.
Además, requiere que se considere otras variables socioeconómicas, como tasas de desempleo, nivel de ruralidad, niveles de analfabetismo, desarrollo de actividades económicas distintas de la minería, acceso a sistema de alcantarillado y agua potable, niveles de déficit de infraestructura vial, déficit de viviendas, porcentaje de población vulnerable presente en el territorio, tasas de sobrecarga por población migrante, niveles de delincuencia, déficit sanitarios, presencia de enfermedades asociadas a la explotación minera, entre otros.
Finalmente, establece que los aportes establecidos en la ley debiesen ser permanentes y no supeditados a un período acotado de tiempo. Esto, con el fin de permitir la proyección de inversiones de largo plazo para las zonas geográficas favorecidas con estos recursos adicionales.
Industriales recibirán incentivos por autogeneración de energía
Diciembre 3 de 2023.- El pliego tarifario del servicio de electricidad para el año 2024, que contempla las tarifas residenciales, industriales, alumbrado público, carga de vehículos e incentivos fue aprobado, este 30 de noviembre de 2023, por el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Arcernnr.
En condiciones en que el sector eléctrico a decir de la ministra Andrea Arrobo se encuentra en "terapia intensiva", se decidió mantener los incentivos para el sector industrial. Las pequeñas industrias conservarán el incentivo y también las
medianas y grandes que durante el periodo de estiaje se autoabastezcan con su propia generación y eviten el uso de la energía proveniente del Sistema Nacional Interconectado.
Como parte del orden del día, los integrantes del Directorio votaron a favor de conservar los mecanismos de cobro del servicio de alumbrado público. Así como, el establecimiento de las tarifas para la carga de vehículos con energía eléctrica.
Además, dispuso a la Agencia el desarrollo e implementación del procedimiento respectivo.
El Directorio fue presidido por el Viceministro de Electricidad y Energía Renovable, Ramiro Diaz. Además, participaron representantes de los Ministerios de Ambiente, Interior, Defensa, Gobierno y de la Secretaría Nacional de
Planificación.
En condiciones en que el sector eléctrico a decir de la ministra Andrea Arrobo se encuentra en "terapia intensiva", se decidió mantener los incentivos para el sector industrial. Las pequeñas industrias conservarán el incentivo y también las
medianas y grandes que durante el periodo de estiaje se autoabastezcan con su propia generación y eviten el uso de la energía proveniente del Sistema Nacional Interconectado.
Como parte del orden del día, los integrantes del Directorio votaron a favor de conservar los mecanismos de cobro del servicio de alumbrado público. Así como, el establecimiento de las tarifas para la carga de vehículos con energía eléctrica.
Además, dispuso a la Agencia el desarrollo e implementación del procedimiento respectivo.
El Directorio fue presidido por el Viceministro de Electricidad y Energía Renovable, Ramiro Diaz. Además, participaron representantes de los Ministerios de Ambiente, Interior, Defensa, Gobierno y de la Secretaría Nacional de
Planificación.
MEM retiró incentivo tarifario
al sector industrial a partir del 2024
Noviembre 26 de 2023.- Una de las últimas gestiones del anterior ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, fue la eliminación del incentivo tarifario de la energía eléctrica al sector industrial, con lo cual se incrementó en dos centavos el valor del kilovatio hora en el horario nocturno de las 22h00 a las 8h00. Las minas activas las 24 horas del día, en especial las que hacen un uso intensivo de la energía, Fruta del Norte y Mirador.
Tal parece que Fruta del Norte no se verá impactada en igual medida ya que tiene operando sus generadores termoeléctricos propios con los que ha ofrecido proveer de electricidad a las comunidades a su alrededor durante los cortes de energía que está resistiendo el país debido a la crisis de generación propia.
El incentivo tarifario se empezó a aplicar desde enero 2018 y consistió, principalmente, en la mencionada reducción que se aplicaba a consumos de energía eléctrica del sector industrial que pagaba 5 centavos el kilowatio hora (kWh) en lugar de 7.5 centavos que es la tarifa a esa hora.
En noviembre se dicta anualmente el pliego tarifario que rige desde el próximo año. De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, estudios demostraron que este subsidio no cumplió el objetivo de incrementar el empleo, debido a lo cual la recomendación fue su eliminación.
En un documento de trabajo reciente, consultores del Banco Mundial muestran las compensaciones mínimas existentes entre productividad y precio de la energía en Chile, además de la positiva relación entre productividad e inversiones y el precio de los combustibles fósiles.
El estudio sobre los efectos del precio de la energía en la competitividad empresarial en Chile, llegó al hallazgo de que no siempre la energía más barata es la mejor y en el mismo se establecen varias correlaciones entre las variaciones en el precio de la electricidad, la productividad empresarial y las salidas que dan las empresas a los incrementos de tarifas, y de acuerdo al tipo de fuente.
Las observaciones más relevantes del estudio pueden ser revisadas aquí: https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/efectos-del-precio-de-la-energia-en-la-competitividad-empresarial-en-chile?CID=WBW_AL_BlogNotification_ES_EXT
Con la medida tomada de última instancia en Ecuador, se puede incrementar la recaudación de las distribuidoras de energía eléctrica en unos USD 40 millones al año, lo cual aliviará la difícil situación financiera que mantienen, debido al subsidio generalizado a la tarifa eléctrica que paga el consumidor.
Corresponde a la Agencia de Regulación y Control de la Energía eliminar el subsidio a partir del año 2024, si es que las nuevas autoridades ratifican la resolución del ahora ex ministro.
Tal parece que Fruta del Norte no se verá impactada en igual medida ya que tiene operando sus generadores termoeléctricos propios con los que ha ofrecido proveer de electricidad a las comunidades a su alrededor durante los cortes de energía que está resistiendo el país debido a la crisis de generación propia.
El incentivo tarifario se empezó a aplicar desde enero 2018 y consistió, principalmente, en la mencionada reducción que se aplicaba a consumos de energía eléctrica del sector industrial que pagaba 5 centavos el kilowatio hora (kWh) en lugar de 7.5 centavos que es la tarifa a esa hora.
En noviembre se dicta anualmente el pliego tarifario que rige desde el próximo año. De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, estudios demostraron que este subsidio no cumplió el objetivo de incrementar el empleo, debido a lo cual la recomendación fue su eliminación.
En un documento de trabajo reciente, consultores del Banco Mundial muestran las compensaciones mínimas existentes entre productividad y precio de la energía en Chile, además de la positiva relación entre productividad e inversiones y el precio de los combustibles fósiles.
El estudio sobre los efectos del precio de la energía en la competitividad empresarial en Chile, llegó al hallazgo de que no siempre la energía más barata es la mejor y en el mismo se establecen varias correlaciones entre las variaciones en el precio de la electricidad, la productividad empresarial y las salidas que dan las empresas a los incrementos de tarifas, y de acuerdo al tipo de fuente.
Las observaciones más relevantes del estudio pueden ser revisadas aquí: https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/efectos-del-precio-de-la-energia-en-la-competitividad-empresarial-en-chile?CID=WBW_AL_BlogNotification_ES_EXT
Con la medida tomada de última instancia en Ecuador, se puede incrementar la recaudación de las distribuidoras de energía eléctrica en unos USD 40 millones al año, lo cual aliviará la difícil situación financiera que mantienen, debido al subsidio generalizado a la tarifa eléctrica que paga el consumidor.
Corresponde a la Agencia de Regulación y Control de la Energía eliminar el subsidio a partir del año 2024, si es que las nuevas autoridades ratifican la resolución del ahora ex ministro.
Andrea Arrobo Peña, ministra de Energía y Minas
Noviembre 20 de 2023.- Este jueves 23 asume sus funciones como ministra de Energía y Minas la licenciada en Relaciones Internacionales Andrea Arrobo Peña, una joven profesional destacada en el campo de las energías renovables y con estudios en Gobernanza y Liderazgo Político y en Liderazgo para la Sostenibilidad y Responsabilidad Social.
Poco antes de empezar a despachar, Arrobo Peña, hizo un llamado a los funcionarios actuales para que no continúen firmando contratos.
“Siendo firmes con respecto a la eficiencia, responsabilidad y buen manejo de los fondos públicos, solicito a las autoridades del sector no realizar contrataciones durante el tiempo de transición”, escribió en su cuenta X, antes Twitter.
No se sabe mucho de sus primeras acciones. Salvo que está conformando un equipo que esté a la altura de los desafíos que se presentan en el sector minero energético.
En su experiencia laboral se señala que el 2012 trabajó en el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y posteriormente, en el 2017, fue Gerente Regional para América Latina y el Caribe del World Energy Council (WEC), una red global que se ha ido armando por iniciativas de gobiernos, corporaciones privadas y estatales, académicos y de la sociedad civil, así como líderes energéticos actuales y futuros.
En su página web el WEC dice que es un organismo acreditado por las Naciones Unidas: “el Consejo es la red energética mundial líder en el mundo y la única organización energética verdaderamente internacional e imparcial. Somos independientes y no políticos, trabajamos dinámicamente en todo el ecosistema energético”.
La ministra designada Arrobo Peña se presenta como especialista en energía y posicionamiento del hidrógeno como vector para la transición energética. Apasionada por el desarrollo sostenible y la transversalización de todos los sectores para una transición justa, así como para la promoción de mujeres en las actividades productivas y laborales relacionadas con la generación de energía.
Se desempeñó como Desarrolladora de negocios de Hidrógeno de Francia, en la empresa HDF Energy.
El presidente electo, Daniel Noboa dijo en su bienvenida a la próxima ministra: “Andrea Arrobo Peña será la primera y próxima mujer Ministra de Energía y Minas. Ella ayudará a restablecer el correcto funcionamiento del sector eléctrico y buscará implementar estrategias sostenibles y de transversalización de todos los sectores”.
Ella se define en su cuenta de X como una ecuatoriana apasionada de la energía y ha dicho que está conformando un equipo “probo, experto y honrado”.
Otra designación de alta relevancia para el país recayó en Sade Fritschi Naranjo como Ministra de Ambiente, de quien el Presidente electo afirmó: “gracias a sus conocimientos en programas de sostenibilidad y proyectos de gestión ambiental, su experiencia nos ayudará a proteger el equilibrio de los ecosistemas locales y de nuestros recursos naturales”.
Poco antes de empezar a despachar, Arrobo Peña, hizo un llamado a los funcionarios actuales para que no continúen firmando contratos.
“Siendo firmes con respecto a la eficiencia, responsabilidad y buen manejo de los fondos públicos, solicito a las autoridades del sector no realizar contrataciones durante el tiempo de transición”, escribió en su cuenta X, antes Twitter.
No se sabe mucho de sus primeras acciones. Salvo que está conformando un equipo que esté a la altura de los desafíos que se presentan en el sector minero energético.
En su experiencia laboral se señala que el 2012 trabajó en el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable y posteriormente, en el 2017, fue Gerente Regional para América Latina y el Caribe del World Energy Council (WEC), una red global que se ha ido armando por iniciativas de gobiernos, corporaciones privadas y estatales, académicos y de la sociedad civil, así como líderes energéticos actuales y futuros.
En su página web el WEC dice que es un organismo acreditado por las Naciones Unidas: “el Consejo es la red energética mundial líder en el mundo y la única organización energética verdaderamente internacional e imparcial. Somos independientes y no políticos, trabajamos dinámicamente en todo el ecosistema energético”.
La ministra designada Arrobo Peña se presenta como especialista en energía y posicionamiento del hidrógeno como vector para la transición energética. Apasionada por el desarrollo sostenible y la transversalización de todos los sectores para una transición justa, así como para la promoción de mujeres en las actividades productivas y laborales relacionadas con la generación de energía.
Se desempeñó como Desarrolladora de negocios de Hidrógeno de Francia, en la empresa HDF Energy.
El presidente electo, Daniel Noboa dijo en su bienvenida a la próxima ministra: “Andrea Arrobo Peña será la primera y próxima mujer Ministra de Energía y Minas. Ella ayudará a restablecer el correcto funcionamiento del sector eléctrico y buscará implementar estrategias sostenibles y de transversalización de todos los sectores”.
Ella se define en su cuenta de X como una ecuatoriana apasionada de la energía y ha dicho que está conformando un equipo “probo, experto y honrado”.
Otra designación de alta relevancia para el país recayó en Sade Fritschi Naranjo como Ministra de Ambiente, de quien el Presidente electo afirmó: “gracias a sus conocimientos en programas de sostenibilidad y proyectos de gestión ambiental, su experiencia nos ayudará a proteger el equilibrio de los ecosistemas locales y de nuestros recursos naturales”.
ADN y PSC presiden comisiones
legislativas vinculadas al sector minero
Noviembre 19 de 2023.- Los asambleístas Nathaly Farinango y Valentina Centeno, miembros del partido del Presidente electo, Acción Democrática Nacional, ADN, presidirán las comisiones legislativas permanentes de Régimen Económico y Tributario, y Desarrollo Económico, respectivamente. Así mismo, Guido Vargas, asambleísta socialcristiano, presidirá la comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales.
La Asamblea Nacional del Ecuador se reinstaló con nuevos integrantes el viernes 17 de noviembre para completar un período legislativo al que le falta un año y medio. Seis meses después de haber sido disuelta por el presidente Guillermo Lasso, quien cesó en sus funciones a los legisladores y acortó su propio mandato para eludir un juicio político que buscaba su destitución.
La Asamblea Nacional, presidida por el socialcristiano Henry Kronfle, en su sesión #873 nombró las autoridades de las comisiones legislativas permanentes siguiendo una distribución de escaños acordada antes de la instalación de la plenaria y acorde a un acuerdo político legislativo entre los partidos Revolución Ciudadana (RC), Social Cristiano (PSC) y ADN.
La Asamblea Nacional tiene pendiente entre otros temas prioritarios para el desarrollo de los proyectos mineros, la elaboración de una ley de Consulta Ambiental de acuerdo a sentencia de la Corte Constitucional emitida el mismo 17 de noviembre, y otra de Consulta Previa, Libre e Informada, con categoría de ley orgánica, de acuerdo a dictamen previo del mismo máximo órgano constitucional.
En el período anterior, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales fue depositaria de al menos cinco proyectos de reformas a la ley de Minería, a ninguno de los cuales dio paso.
A continuación, las principales autoridades de las tres comisiones que mencionamos.
03. Comisión De Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control
Presidencia: Nathaly Farinango, asambleísta por Pichincha, por ADN (conformado por Mover 35, ex Alianza País, y PID).
Vicepresidencia: Jorge Álvarez (PSC), asambleísta por El Oro.
04. Comisión De Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa
Presidencia: Valentina Centeno (ADN), asambleísta nacional.
Vicepresidencia: Blasco Luna (RC), asambleísta por Cañar.
06. Comisión De Biodiversidad y Recursos Naturales
Presidencia: Guido Vargas (PSC), Sucumbíos, por el partido Sucumbíos Tierra de Valientes, conformado por PSC, Movimiento Mushik Inti y Partido Sociedad Patriótica.
Vicepresidencia: Yadira Bayas (ADN), asambleísta por Santo Domingo de los Tsáchilas, del partido Amigo.
La Asamblea Nacional del Ecuador se reinstaló con nuevos integrantes el viernes 17 de noviembre para completar un período legislativo al que le falta un año y medio. Seis meses después de haber sido disuelta por el presidente Guillermo Lasso, quien cesó en sus funciones a los legisladores y acortó su propio mandato para eludir un juicio político que buscaba su destitución.
La Asamblea Nacional, presidida por el socialcristiano Henry Kronfle, en su sesión #873 nombró las autoridades de las comisiones legislativas permanentes siguiendo una distribución de escaños acordada antes de la instalación de la plenaria y acorde a un acuerdo político legislativo entre los partidos Revolución Ciudadana (RC), Social Cristiano (PSC) y ADN.
La Asamblea Nacional tiene pendiente entre otros temas prioritarios para el desarrollo de los proyectos mineros, la elaboración de una ley de Consulta Ambiental de acuerdo a sentencia de la Corte Constitucional emitida el mismo 17 de noviembre, y otra de Consulta Previa, Libre e Informada, con categoría de ley orgánica, de acuerdo a dictamen previo del mismo máximo órgano constitucional.
En el período anterior, la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales fue depositaria de al menos cinco proyectos de reformas a la ley de Minería, a ninguno de los cuales dio paso.
A continuación, las principales autoridades de las tres comisiones que mencionamos.
03. Comisión De Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control
Presidencia: Nathaly Farinango, asambleísta por Pichincha, por ADN (conformado por Mover 35, ex Alianza País, y PID).
Vicepresidencia: Jorge Álvarez (PSC), asambleísta por El Oro.
04. Comisión De Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa
Presidencia: Valentina Centeno (ADN), asambleísta nacional.
Vicepresidencia: Blasco Luna (RC), asambleísta por Cañar.
06. Comisión De Biodiversidad y Recursos Naturales
Presidencia: Guido Vargas (PSC), Sucumbíos, por el partido Sucumbíos Tierra de Valientes, conformado por PSC, Movimiento Mushik Inti y Partido Sociedad Patriótica.
Vicepresidencia: Yadira Bayas (ADN), asambleísta por Santo Domingo de los Tsáchilas, del partido Amigo.
CCE sentencia inconstitucionalidad del decreto 754
pero señala "ciertas puntualizaciones" para su aplicación provisional
Noviembre 19 de 2023.- La Corte Constitucional del Ecuador encontró que el decreto N° 754, que emitió el gobierno para regular las consultas ambientales, es inconstitucional por la forma y difirió la realización de consultas ambientales, pendientes en unos 170 proyectos productivos y de infraestructura, hasta que la Asamblea Nacional promulgue la ley respectiva.
Sin embargo, en el numeral 195 de la sentencia, detalla los lineamientos y estándares para la aplicación provisional del mencionado decreto, estableciendo “ciertas puntualizaciones respecto a la forma en que provisionalmente deberá aplicarse el decreto 754”.
La suspensión provisional dictada por el organismo afectó, de acuerdo a las cámaras empresariales, a proyectos extractivos y de otros sectores productivos distribuidos en todo el país, y suspendió los procesos iniciados en dos proyectos mineros: Curipamba, en Las Naves provincia de Bolívar; La Plata, en Sigchos, provincia de Imbabura; y una plata de refinación por organismos vivos de la empresa BTech, en Tenguel, provincia de Guayas.
En la Sentencia del caso 51-23-IN/23, la Corte Constitucional aceptó la acción pública de inconstitucionalidad propuesta hace cinco meses por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, en contra del decreto ejecutivo 754 emitido por la Presidencia de la República, que reforma el reglamento al Código Orgánico del Ambiente.
La Corte encontró que el decreto impugnado transgrede el principio de reserva de ley contenido en los artículos 132 y 133 de la Constitución, en concordancia con la reserva de ley reforzada contenida en el artículo 398 de la Constitución, razones que establecen una inconstitucionalidad por la forma.
Esta Corte, dice un boletín de prensa del organismo, reconoció que la participación ciudadana, los sujetos consultantes, los sujetos consultados; los plazos, los criterios de valoración y los criterios de objeción de la consulta ambiental deben ser regulados a través de una ley orgánica en atención a lo estipulado en el artículo 398 de la Constitución.
Por tal razón, la Corte determinó que aquellos aspectos de la consulta ambiental no pueden ser regulados a través de un reglamento.
Particularmente, el organismo determinó, entre otras, que (i) la consulta ambiental no podrá efectuarse a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas pues a ellos le corresponde una consulta previa, libre e informada; (ii) los registros y licencias ambientales deberán estar condicionados al cumplimiento de la consulta ambiental o al cumplimiento de la consulta previa; (iii) se respetarán las características propias de la consulta ambiental; y, (iv) el Estado es quien tiene que realizar los procesos de consulta ambiental pues dicha prerrogativa es indelegable a los operadores de los proyectos, obras o actividades a realizar.
Las juezas constitucionales Carmen Corral Ponce y Teresa Nuques Martínez; y, el juez constitucional Enrique Herrería Bonnet salvaron sus votos. Por otra parte, los jueces constitucionales Jhoel Escudero Soliz y Alí Lozada Prado presentaron votos concurrentes.
Adicionalmente, la máxima instancia de control constitucional declara que los efectos de la sentencia serán diferidos en el tiempo hasta que la Asamblea Nacional emita una ley que desarrolle el contenido de la consulta ambiental, de conformidad con el artículo 398 de la Constitución.
No obstante, determinó que para la aplicación del Decreto Ejecutivo Nro. 754, emitido en mayo de este año 2023, el Estado tiene que observar los estándares desarrollados por la Corte Constitucional sobre la consulta ambiental, y los lineamientos establecidos en esta sentencia.
La sentencia de la Corte Constitucional también resolvió revocar la medida de suspensión provisional de la norma dictada por el Tribunal de Sala de Admisión el 1 de agosto del año en curso.
Aquí se puede acceder a la sentencia completa de 117 páginas.
Sin embargo, en el numeral 195 de la sentencia, detalla los lineamientos y estándares para la aplicación provisional del mencionado decreto, estableciendo “ciertas puntualizaciones respecto a la forma en que provisionalmente deberá aplicarse el decreto 754”.
La suspensión provisional dictada por el organismo afectó, de acuerdo a las cámaras empresariales, a proyectos extractivos y de otros sectores productivos distribuidos en todo el país, y suspendió los procesos iniciados en dos proyectos mineros: Curipamba, en Las Naves provincia de Bolívar; La Plata, en Sigchos, provincia de Imbabura; y una plata de refinación por organismos vivos de la empresa BTech, en Tenguel, provincia de Guayas.
En la Sentencia del caso 51-23-IN/23, la Corte Constitucional aceptó la acción pública de inconstitucionalidad propuesta hace cinco meses por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, en contra del decreto ejecutivo 754 emitido por la Presidencia de la República, que reforma el reglamento al Código Orgánico del Ambiente.
La Corte encontró que el decreto impugnado transgrede el principio de reserva de ley contenido en los artículos 132 y 133 de la Constitución, en concordancia con la reserva de ley reforzada contenida en el artículo 398 de la Constitución, razones que establecen una inconstitucionalidad por la forma.
Esta Corte, dice un boletín de prensa del organismo, reconoció que la participación ciudadana, los sujetos consultantes, los sujetos consultados; los plazos, los criterios de valoración y los criterios de objeción de la consulta ambiental deben ser regulados a través de una ley orgánica en atención a lo estipulado en el artículo 398 de la Constitución.
Por tal razón, la Corte determinó que aquellos aspectos de la consulta ambiental no pueden ser regulados a través de un reglamento.
Particularmente, el organismo determinó, entre otras, que (i) la consulta ambiental no podrá efectuarse a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas pues a ellos le corresponde una consulta previa, libre e informada; (ii) los registros y licencias ambientales deberán estar condicionados al cumplimiento de la consulta ambiental o al cumplimiento de la consulta previa; (iii) se respetarán las características propias de la consulta ambiental; y, (iv) el Estado es quien tiene que realizar los procesos de consulta ambiental pues dicha prerrogativa es indelegable a los operadores de los proyectos, obras o actividades a realizar.
Las juezas constitucionales Carmen Corral Ponce y Teresa Nuques Martínez; y, el juez constitucional Enrique Herrería Bonnet salvaron sus votos. Por otra parte, los jueces constitucionales Jhoel Escudero Soliz y Alí Lozada Prado presentaron votos concurrentes.
Adicionalmente, la máxima instancia de control constitucional declara que los efectos de la sentencia serán diferidos en el tiempo hasta que la Asamblea Nacional emita una ley que desarrolle el contenido de la consulta ambiental, de conformidad con el artículo 398 de la Constitución.
No obstante, determinó que para la aplicación del Decreto Ejecutivo Nro. 754, emitido en mayo de este año 2023, el Estado tiene que observar los estándares desarrollados por la Corte Constitucional sobre la consulta ambiental, y los lineamientos establecidos en esta sentencia.
La sentencia de la Corte Constitucional también resolvió revocar la medida de suspensión provisional de la norma dictada por el Tribunal de Sala de Admisión el 1 de agosto del año en curso.
Aquí se puede acceder a la sentencia completa de 117 páginas.
Incentivos tributarios de fomento ambiental
seguirán vigentes durante el 2024
Noviembre 19 de 2023.- De acuerdo al portal digital del estudio PBP en su informativo, la Corte Constitucional del Ecuador amplió la vigencia de la Ley de Fomento Ambiental hasta el 31 de diciembre de 2024 persiguiendo con ello facilitar el cálculo de impuestos con exenciones ambientales en el ejercicio fiscal del 2024 hasta que el nuevo gobierno y legislatura emitan normas sustitutivas sentenciadas.
El caso es el 58-11-IN y acumulados y la Corte lo sentenció el 12 de enero del 2022 para ampliar el plazo de vigencia de las normas que, hasta ahora, siguen reguladas por la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado.
En un auto de verificación dictado recién, resolvió modular los efectos de dicha sentencia hasta el 31 de diciembre de 2024.
La nota de PBP apunta que “en su pronunciamiento del 12 de enero de 2022, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad por la forma de la Ley de Fomento Ambiental, por contravenir el principio de unidad de materia; y, a fin de evitar un vacío normativo en materia impositiva y para garantizar la seguridad jurídica, difirió los efectos de su decisión hasta el final del ejercicio fiscal 2023, para que el Presidente de la República y la Asamblea Nacional pudiesen promover las reformas legislativas necesarias para suplir dichos vacíos”.
En su auto de verificación, continúa el reporte, la Corte Constitucional reconoce que de las materias reguladas dentro de la Ley de Fomento Ambiental, hay algunas que ya han sido reemplazadas con nueva normativa (es el caso del IRBP que fue reinstituido mediante el Decreto Ley de Urgencia Económica de Creación del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornable); pero advierte que existen otras que no han sido sustituidas, derogadas o reformadas por otros cuerpos normativos.
Por tanto, si la declaratoria de inconstitucionalidad surtiera efectos desde el 1 de enero de 2023 se generaría un vacío normativo considerando el corto tiempo que tendrán el nuevo Presidente y el nuevo órgano legislativo para adoptar las medidas que consideren adecuadas.
Así, la Corte Constitucional decidió ampliar el plazo de vigencia de las normas que hasta la presente fecha continúan siendo reguladas por la Ley de Fomento Ambiental, hasta el 31 de diciembre de 2024.
Según PBP en su informativo del 13 de noviembre, entre las normas más relevantes que se mantendrán en vigencia durante este período, se encuentran: i) aquella que regula el crédito tributario del impuesto a la salida de divisas pagado en la importación de materia prima, insumos y bienes en procesos productivos; ii) aquella que rige la deducibilidad de gastos relacionados con los vehículos empleados en el ejercicio de la actividad económica generadora de renta; iii) las disposiciones relativas a los supuestos en que se produce el hecho generador del ISD de forma presuntiva, entre otros.
El caso es el 58-11-IN y acumulados y la Corte lo sentenció el 12 de enero del 2022 para ampliar el plazo de vigencia de las normas que, hasta ahora, siguen reguladas por la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado.
En un auto de verificación dictado recién, resolvió modular los efectos de dicha sentencia hasta el 31 de diciembre de 2024.
La nota de PBP apunta que “en su pronunciamiento del 12 de enero de 2022, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad por la forma de la Ley de Fomento Ambiental, por contravenir el principio de unidad de materia; y, a fin de evitar un vacío normativo en materia impositiva y para garantizar la seguridad jurídica, difirió los efectos de su decisión hasta el final del ejercicio fiscal 2023, para que el Presidente de la República y la Asamblea Nacional pudiesen promover las reformas legislativas necesarias para suplir dichos vacíos”.
En su auto de verificación, continúa el reporte, la Corte Constitucional reconoce que de las materias reguladas dentro de la Ley de Fomento Ambiental, hay algunas que ya han sido reemplazadas con nueva normativa (es el caso del IRBP que fue reinstituido mediante el Decreto Ley de Urgencia Económica de Creación del Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas No Retornable); pero advierte que existen otras que no han sido sustituidas, derogadas o reformadas por otros cuerpos normativos.
Por tanto, si la declaratoria de inconstitucionalidad surtiera efectos desde el 1 de enero de 2023 se generaría un vacío normativo considerando el corto tiempo que tendrán el nuevo Presidente y el nuevo órgano legislativo para adoptar las medidas que consideren adecuadas.
Así, la Corte Constitucional decidió ampliar el plazo de vigencia de las normas que hasta la presente fecha continúan siendo reguladas por la Ley de Fomento Ambiental, hasta el 31 de diciembre de 2024.
Según PBP en su informativo del 13 de noviembre, entre las normas más relevantes que se mantendrán en vigencia durante este período, se encuentran: i) aquella que regula el crédito tributario del impuesto a la salida de divisas pagado en la importación de materia prima, insumos y bienes en procesos productivos; ii) aquella que rige la deducibilidad de gastos relacionados con los vehículos empleados en el ejercicio de la actividad económica generadora de renta; iii) las disposiciones relativas a los supuestos en que se produce el hecho generador del ISD de forma presuntiva, entre otros.
Bolivia gana juicio en Corte de Arbitraje de París
Noviembre 12 de 2023.- La Corte Permanente de Arbitraje con sede en París, Francia, acordó rechazar la demanda presentada por la Compañía Minera Orlandini Ltda y sucesión Julio Miguel Orlandini Ágreda en contra del Estado boliviano pidiendo un resarcimiento de USD 253 millones por la reversión de concesiones mineras.
“Esta es una victoria para el Estado boliviano puesto que las pretensiones principales en el arbitraje de la empresa Orlandini han sido rechazadas”, afirmó el procurador general del Estado boliviano, César Siles.
Dicha autoridad informó que su despacho recibió la notificación del tribunal arbitral argumentando que Bolivia no incumplió el tratado bilateral de inversiones, suscrito con Estados Unidos el 17 de abril de1998 y que entró en vigor el 6 de junio de 2001.
“No se va a pagar ni un solo centavo de esa pretensión que tenía la empresa Orlandini y su bufete de abogados que lo representaba”, expresó Siles en conferencia de prensa.
“Podemos concluir que el demandado, en este caso el Estado Plurinacional de Bolivia, no incumplió el tratado internacional de inversiones con los Estados Unidos, por lo tanto no tiene que realizar ninguna indemnización a la empresa Orlandini”, aseguró.
Según los antecedentes de la demanda, el proceso surge de la presunta expropiación de las concesiones a la Compañía Minera Orlandini por parte de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Los reclamos de la parte demandante señalan la reversión de dos concesiones mineras sobre el Río Antequera en Bolivia, conocidas como Veneros San Juan y Pretoria y otras 46 concesiones en un área conocida como Mina Totoral, según el portal jusmundi.com.
Siles recordó que el laudo arbitral comenzó en febrero de 2018 cuando Orlandini presentó la denuncia, la que fue aceptada y abierta con el caso CPA-2018/39. Desde entonces, el Gobierno boliviano, a través de la Procuraduría y al asesoramiento legal del bufete Dechert LLP, presentó 100 actuaciones procesales y comunicaciones.
“2018 comenzó el proceso, la solicitud de arbitraje, sin contar la etapa prearbitral y a la fecha han trascurrido más de cinco años y ayer (jueves 2 de noviembre) hemos sido notificados con el laudo arbitral y es como una sentencia definitiva”, explicó.
“El laudo arbitral emitido el 2 de noviembre de 2023 por la Corte Permanente de Arbitraje para resolver el caso 2018/39 establece, desestima, rechaza los reclamos principales de los demandantes, concluyendo que Bolivia no incumplió el tratado bilateral de inversiones”, añadió.
De acuerdo con Siles, inicialmente la firma extranjera demandaba una indemnización de USD 800 millones, luego bajó a USD 600 millones y al final pretendía obtener USD 253 millones.
Siles dijo que los gastos realizados por el Estado boliviano en el laudo contra Orlandini fueron de aproximadamente USD 16 millones y añadió que el bufete Dechert LLP patrocina en varios procesos penales al Estado boliviano.
Fuente: La Razón
“Esta es una victoria para el Estado boliviano puesto que las pretensiones principales en el arbitraje de la empresa Orlandini han sido rechazadas”, afirmó el procurador general del Estado boliviano, César Siles.
Dicha autoridad informó que su despacho recibió la notificación del tribunal arbitral argumentando que Bolivia no incumplió el tratado bilateral de inversiones, suscrito con Estados Unidos el 17 de abril de1998 y que entró en vigor el 6 de junio de 2001.
“No se va a pagar ni un solo centavo de esa pretensión que tenía la empresa Orlandini y su bufete de abogados que lo representaba”, expresó Siles en conferencia de prensa.
“Podemos concluir que el demandado, en este caso el Estado Plurinacional de Bolivia, no incumplió el tratado internacional de inversiones con los Estados Unidos, por lo tanto no tiene que realizar ninguna indemnización a la empresa Orlandini”, aseguró.
Según los antecedentes de la demanda, el proceso surge de la presunta expropiación de las concesiones a la Compañía Minera Orlandini por parte de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Los reclamos de la parte demandante señalan la reversión de dos concesiones mineras sobre el Río Antequera en Bolivia, conocidas como Veneros San Juan y Pretoria y otras 46 concesiones en un área conocida como Mina Totoral, según el portal jusmundi.com.
Siles recordó que el laudo arbitral comenzó en febrero de 2018 cuando Orlandini presentó la denuncia, la que fue aceptada y abierta con el caso CPA-2018/39. Desde entonces, el Gobierno boliviano, a través de la Procuraduría y al asesoramiento legal del bufete Dechert LLP, presentó 100 actuaciones procesales y comunicaciones.
“2018 comenzó el proceso, la solicitud de arbitraje, sin contar la etapa prearbitral y a la fecha han trascurrido más de cinco años y ayer (jueves 2 de noviembre) hemos sido notificados con el laudo arbitral y es como una sentencia definitiva”, explicó.
“El laudo arbitral emitido el 2 de noviembre de 2023 por la Corte Permanente de Arbitraje para resolver el caso 2018/39 establece, desestima, rechaza los reclamos principales de los demandantes, concluyendo que Bolivia no incumplió el tratado bilateral de inversiones”, añadió.
De acuerdo con Siles, inicialmente la firma extranjera demandaba una indemnización de USD 800 millones, luego bajó a USD 600 millones y al final pretendía obtener USD 253 millones.
Siles dijo que los gastos realizados por el Estado boliviano en el laudo contra Orlandini fueron de aproximadamente USD 16 millones y añadió que el bufete Dechert LLP patrocina en varios procesos penales al Estado boliviano.
Fuente: La Razón
Minería en el centro de la
reforma tributaria africana
Octubre 15 de 2023.- En el 2015, el Panel de Alto Nivel Africano publicó en un reporte acerca de Flujos Financieros Ilícitos que África perdió cerca de US$ 1 trillón en flujos financieros ilícitos en los últimos 50 años. En el 2020, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo reveló que el África pierde US$ 89 billones anualmente en flujos financieros ilícitos, viniendo dos tercios – US$ 40 billones – del sector extractivo únicamente.
África, continente de gran riqueza en recursos, pierde US$ 730 millones al año solo en elusión fiscal corporativa. Su minería a gran escala, está en manos de multinacionales con sede general lejos del continente y depende de inversión extranjera directa canalizada desde varios subsidiarios en jurisdicciones con baja o nula tributación. Esta estructura erosiona la base tributaria africana, pagando las compañías menos impuestos donde se extraen los minerales.
En la década entrante, el mundo migrará fuera de los combustibles fósiles, y las industrias extractivas del África también deberán hacerlo, pesar de haber contribuido poco a la crisis climática. El viraje hacia la minería abre nuevas oportunidades, pero sin cambios estructurales a lo largo de la cadena de valor hechos doméstica, regional e internacionalmente, el modelo extractivista que ha caracterizado a la minería por un siglo podría permanecer.
Estimados indican pérdidas y daños tan altos como US$ 290 – 580 billones anuales para el 2030 en los países de menor ingreso, y concluyen en que se necesita una reforma de la arquitectura tributaria global para abordar los legados históricos de la colonización y los daños ecológicos.
Desde 1990 los países de menor ingreso invocan a los de mayor ingreso a asumir la responsabilidad por el pasado y actual daño medioambiental con financiamiento, a lo que se han resistido por las implicancias legales que tendría esto para las emisiones pasadas y presentes.
Las iniciativas que aplican un impuesto al carbono para abordar la justicia climática nos acercan más su precio al verdadero costo social e influencian comportamientos de compra que alinean el mercado a los objetivos del Acuerdo de París. Sin embargo, como se señala en el informativo del Foro de Administración Tributaria Africano, Tributación de Carbono en África, la eliminación de subsidios en combustibles fósiles y la introducción de impuestos al carbono deben hacerse gradualmente considerando las consecuencias sociales y económicas.
Existe el riesgo de que estas herramientas de retasación tributaria regional y nacional serán utilizados en detrimento de otros países. Por ejemplo, la Unión Europea ha entrado a un acuerdo provisional sobre el Mecanismo de Ajuste de la Frontera de Carbono, que establece una tarifa en productos importados intensivos en carbono.
La Fundación Climática Africana y el Instituto Firoz Lalji en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres afirman que este mecanismo podría crear dificultades a las administraciones africanas, aumentando el costo de las exportaciones, exacerbando inequidades y perpetuando desbalances comerciales.
En noviembre del 2022, representando al Grupo de África, Nigeria emitió una resolución en la ONU para empezar discusiones intergubernamentales sobre tributación internacional y establecer un cuerpo tributario intergubernamental dentro de ella. Esta fue aceptada por consenso, marcando un viraje tras 60 años de reglas establecidas por la OCDE.
A mediados del 2023, el secretario general de la ONU publicó un reporte con recomendaciones para incluir un “proceso intergubernamental de la ONU que balancee fortalezas existentes y aborde brechas y debilidades en los actuales esfuerzos de cooperación tributaria internacionales”.
La cooperación Pan-Africana debe apoyarse con otros bloques regionales que velen por un desarrollo nacional, como el primer Encuentro de Latinoamérica y el Caribe para un Orden Tributario Global Equitativo, Sostenible e Inclusivo que tuvo lugar recientemente en Colombia.
Sin una transformación estructural, el sistema económico solo consolidará más inequidades. Los gobiernos deben ser proactivos en cerrar vacíos en sus regímenes fiscales que perjudiquen la movilización de ingreso doméstico y en que sus comunidades se beneficien; deben tomar o mejorar medidas políticas para reducir prácticas abusivas de traslado de ingresos, incluyendo el intercambio automático de información financiera entre países, registros de propiedad beneficiosos, reportes país por país para las compañías multinacionales y tributación unitaria del ingreso con una tasa mínima global.
África, continente de gran riqueza en recursos, pierde US$ 730 millones al año solo en elusión fiscal corporativa. Su minería a gran escala, está en manos de multinacionales con sede general lejos del continente y depende de inversión extranjera directa canalizada desde varios subsidiarios en jurisdicciones con baja o nula tributación. Esta estructura erosiona la base tributaria africana, pagando las compañías menos impuestos donde se extraen los minerales.
En la década entrante, el mundo migrará fuera de los combustibles fósiles, y las industrias extractivas del África también deberán hacerlo, pesar de haber contribuido poco a la crisis climática. El viraje hacia la minería abre nuevas oportunidades, pero sin cambios estructurales a lo largo de la cadena de valor hechos doméstica, regional e internacionalmente, el modelo extractivista que ha caracterizado a la minería por un siglo podría permanecer.
Estimados indican pérdidas y daños tan altos como US$ 290 – 580 billones anuales para el 2030 en los países de menor ingreso, y concluyen en que se necesita una reforma de la arquitectura tributaria global para abordar los legados históricos de la colonización y los daños ecológicos.
Desde 1990 los países de menor ingreso invocan a los de mayor ingreso a asumir la responsabilidad por el pasado y actual daño medioambiental con financiamiento, a lo que se han resistido por las implicancias legales que tendría esto para las emisiones pasadas y presentes.
Las iniciativas que aplican un impuesto al carbono para abordar la justicia climática nos acercan más su precio al verdadero costo social e influencian comportamientos de compra que alinean el mercado a los objetivos del Acuerdo de París. Sin embargo, como se señala en el informativo del Foro de Administración Tributaria Africano, Tributación de Carbono en África, la eliminación de subsidios en combustibles fósiles y la introducción de impuestos al carbono deben hacerse gradualmente considerando las consecuencias sociales y económicas.
Existe el riesgo de que estas herramientas de retasación tributaria regional y nacional serán utilizados en detrimento de otros países. Por ejemplo, la Unión Europea ha entrado a un acuerdo provisional sobre el Mecanismo de Ajuste de la Frontera de Carbono, que establece una tarifa en productos importados intensivos en carbono.
La Fundación Climática Africana y el Instituto Firoz Lalji en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres afirman que este mecanismo podría crear dificultades a las administraciones africanas, aumentando el costo de las exportaciones, exacerbando inequidades y perpetuando desbalances comerciales.
En noviembre del 2022, representando al Grupo de África, Nigeria emitió una resolución en la ONU para empezar discusiones intergubernamentales sobre tributación internacional y establecer un cuerpo tributario intergubernamental dentro de ella. Esta fue aceptada por consenso, marcando un viraje tras 60 años de reglas establecidas por la OCDE.
A mediados del 2023, el secretario general de la ONU publicó un reporte con recomendaciones para incluir un “proceso intergubernamental de la ONU que balancee fortalezas existentes y aborde brechas y debilidades en los actuales esfuerzos de cooperación tributaria internacionales”.
La cooperación Pan-Africana debe apoyarse con otros bloques regionales que velen por un desarrollo nacional, como el primer Encuentro de Latinoamérica y el Caribe para un Orden Tributario Global Equitativo, Sostenible e Inclusivo que tuvo lugar recientemente en Colombia.
Sin una transformación estructural, el sistema económico solo consolidará más inequidades. Los gobiernos deben ser proactivos en cerrar vacíos en sus regímenes fiscales que perjudiquen la movilización de ingreso doméstico y en que sus comunidades se beneficien; deben tomar o mejorar medidas políticas para reducir prácticas abusivas de traslado de ingresos, incluyendo el intercambio automático de información financiera entre países, registros de propiedad beneficiosos, reportes país por país para las compañías multinacionales y tributación unitaria del ingreso con una tasa mínima global.
Medidas en China estimulan el precio del cobre
Octubre 15 de 2023.- En el reporte mensual del Servicio Informativo de Materias Primas (CBS, por sus siglas en inglés), S&P Global Commodity Insights analiza el mercado del cobre dentro de un ambiente macroeconómico más amplio y brinda pronósticos variables de cinco años de la oferta, demanda y precios.
Los precios del cobre se han movido dentro de un rango en septiembre influenciados por factores como las medidas de estímulo en China y las fluctuaciones en las existencias de cobre.
Mientras tanto, el consumo de cobre experimentó contracciones sostenidas en Estados Unidos y Europa en agosto. En comparación, la demanda es sólida en varios países asiáticos, siendo la India el país con mejor desempeño. Las importaciones de cátodos de cobre de la India en el primer semestre de 2023 casi se triplicaron año tras año.
Dice el reporte de S&P que los precios han ganado ímpetu ascendente desde la guía del banco central de China, la que relajó las reglas de préstamo de viviendas residenciales en ciudades chinas de primer nivel como Guangzhou, Shenzhen, Shanghai y Beijing, permitiendo a compradores de hogares gozar de préstamos preferenciales en compras de primera-casa independientemente de su récord crediticio anterior.
Éstas medidas estímulo apuntando a impulsar las compras de vivienda levantaron el precio de cobre en la bolsa de Londres (Londres Metal Exchange, LME) a 3 meses a US$ 8535/t el primero de septiembre antes de retroceder a US$ 8242/t el 8 de septiembre debido a un rápido incremento en las acciones de cobre en los almacenes LME y un fuerte sector de servicios EE. UU. catalizando un tono extremista en el panorama cercano para las tasas de interés de EE.UU.
El precio del cobre luego incrementó a US$ 8 465 el 14 de septiembre por una data económica de agosto mejor a la esperada en China.
Un catalizador clave de la demanda es el fuerte crecimiento de la nueva capacidad solar instalada de China, la que saltó a 157.5 % año a año en los primeros siete meses del 2023. El consumo estimado de este sector puede ser alrededor de 200 000 toneladas métricas mayor año-a-año en el 2023.
El sector de vehículos eléctricos también ha visto un robusto crecimiento año-a-la-fecha, con aumento de producción a 36.9 % e incremento en volumen de ventas a 39.2 %.
La demanda de cobre típicamente se debilitaría en agosto debido al clima caliente; sin embargo, el consumo aparente de cobre refinado para el mes fue más fuerte que la mayoría de los siete meses previos del 2023.
En el 2023, los movimientos de precios parecen tener mayor influencia en la demanda que las temporadas; siguiendo un duro reabastecimiento en agosto, el suministro se debilitó cuando los precios aumentaron en septiembre, un mes pico típico de la demanda.
S & P pronosticó la persistencia de alta oferta de cátodo en China en el trimestre de diciembre. El reinicio de la fundidora Daye y el arranque de los proyectos de fundidora Houma y Baiyin podrían compensar pérdidas de la producción debido a interrupciones de mantenimiento en varias fundidoras.
Se espera que la demanda siga el adagio “no es tan fuerte en el periodo cumbre, ni tan débil en el periodo flojo”. Fundamentos del mercado relativamente estables son propensos a mermar la volatilidad en el precio del cobre. Mientras tanto, actividad de compra sensible-al-precio en China podría continuar limitando el lado positivo para los precios.
Los precios del cobre se han movido dentro de un rango en septiembre influenciados por factores como las medidas de estímulo en China y las fluctuaciones en las existencias de cobre.
Mientras tanto, el consumo de cobre experimentó contracciones sostenidas en Estados Unidos y Europa en agosto. En comparación, la demanda es sólida en varios países asiáticos, siendo la India el país con mejor desempeño. Las importaciones de cátodos de cobre de la India en el primer semestre de 2023 casi se triplicaron año tras año.
Dice el reporte de S&P que los precios han ganado ímpetu ascendente desde la guía del banco central de China, la que relajó las reglas de préstamo de viviendas residenciales en ciudades chinas de primer nivel como Guangzhou, Shenzhen, Shanghai y Beijing, permitiendo a compradores de hogares gozar de préstamos preferenciales en compras de primera-casa independientemente de su récord crediticio anterior.
Éstas medidas estímulo apuntando a impulsar las compras de vivienda levantaron el precio de cobre en la bolsa de Londres (Londres Metal Exchange, LME) a 3 meses a US$ 8535/t el primero de septiembre antes de retroceder a US$ 8242/t el 8 de septiembre debido a un rápido incremento en las acciones de cobre en los almacenes LME y un fuerte sector de servicios EE. UU. catalizando un tono extremista en el panorama cercano para las tasas de interés de EE.UU.
El precio del cobre luego incrementó a US$ 8 465 el 14 de septiembre por una data económica de agosto mejor a la esperada en China.
Un catalizador clave de la demanda es el fuerte crecimiento de la nueva capacidad solar instalada de China, la que saltó a 157.5 % año a año en los primeros siete meses del 2023. El consumo estimado de este sector puede ser alrededor de 200 000 toneladas métricas mayor año-a-año en el 2023.
El sector de vehículos eléctricos también ha visto un robusto crecimiento año-a-la-fecha, con aumento de producción a 36.9 % e incremento en volumen de ventas a 39.2 %.
La demanda de cobre típicamente se debilitaría en agosto debido al clima caliente; sin embargo, el consumo aparente de cobre refinado para el mes fue más fuerte que la mayoría de los siete meses previos del 2023.
En el 2023, los movimientos de precios parecen tener mayor influencia en la demanda que las temporadas; siguiendo un duro reabastecimiento en agosto, el suministro se debilitó cuando los precios aumentaron en septiembre, un mes pico típico de la demanda.
S & P pronosticó la persistencia de alta oferta de cátodo en China en el trimestre de diciembre. El reinicio de la fundidora Daye y el arranque de los proyectos de fundidora Houma y Baiyin podrían compensar pérdidas de la producción debido a interrupciones de mantenimiento en varias fundidoras.
Se espera que la demanda siga el adagio “no es tan fuerte en el periodo cumbre, ni tan débil en el periodo flojo”. Fundamentos del mercado relativamente estables son propensos a mermar la volatilidad en el precio del cobre. Mientras tanto, actividad de compra sensible-al-precio en China podría continuar limitando el lado positivo para los precios.
XIII Conferencia Anual de Ministros de
Minería aboga por cooperación regional
Octubre 8 de 2023.- Con el propósito de abordar la posición geopolítica de la región de las Américas frente la demanda de minerales estratégicos para la transición energética y la electromovilidad como el cobre, litio, níquel, tierras raras o molibdeno, entre otras materias de cooperación internacional en el marco del cambio climático, la subsecretaria de Minería, Suina Chahuán, lideró la XIII Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas – CAMMA 2023 que convocó en Santiago a altas autoridades mineras gubernamentales del continente.
Representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay se reunieron en Chile, que ofició de país anfitrión y coordinador de la cita regional, para identificar perspectivas de cooperación, intercambio y aprendizaje con el fin de abordar los desafíos del sector minero a nivel continental.
Al respecto, la subsecretaria de Minería manifestó que “es importante que, en estos espacios de colaboración internacional, tengamos presente que el papel central de la transición energética sólo es posible hoy día si entendemos que la minería tiene que ser más sostenible, no solamente en términos económicos sino también, medioambientales y sociales. Espero que, durante esta conferencia, podamos intercambiar distintas experiencias y perspectivas de políticas públicas que nos permitan avanzar en el objetivo común que es el desarrollo de nuestras industrias”.
Presentaciones
Durante el encuentro se llevaron a cabo dos espacios de discusión e intercambio de visiones. El primero de ellos centró el diálogo en torno a la necesidad de generar estrategias nacionales para contar con leyes, políticas e incentivos, así como mejores capacidades gubernamentales factibles de responder a la alta demanda y suministro de recursos con un desarrollo minero responsable y encadenamiento productivo local.
En tanto, un segundo bloque se concentró en identificar las oportunidades regionales habilitantes para avanzar en el fortalecimiento de la industria y la transición energética por medio de la colaboración, teniendo en cuenta que se requerirán nuevas inversiones en infraestructura compartida, investigación, conocimiento y desarrollo, que serán esenciales para diversificar las cadenas de suministro regionales, mejorar la eficacia productiva y proveer las soluciones tecnológicas ambientalmente sostenibles necesarias para producir minerales estratégicos.
En línea con lo anterior, Suina Chahuán comentó que “valoro este ánimo de discusión, de intercambio recíproco y reflexivo en torno a un tema tan relevante como son los minerales críticos. Hoy la minería está en un momento crucial. No es un sector productivo más, es un sector del cual depende la transición energética del mundo. Eso nos pone una responsabilidad muy relevante a todos los países que tenemos algo que decir en la materia”.
La XIII Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas, CAMMA 2023, consideró la intervención de Mauricio León, jefe de la Unidad de Recursos No Renovables de la División de Recursos Naturales de CEPAL, con la ponencia El sector minero en América Latina y el Caribe: Tendencias y Perspectivas.
El encuentro internacional finalizó con la visita de las delegaciones a las operaciones de El Teniente de Codelco, donde pudieron recorrer las instalaciones de la mina subterránea más grande del mundo y conocer el campamento Sewell, declarado por Unesco como Patrimonio Mundial de la Humanidad en 2006.
En paralelo a la reunión de ministros, también se realizó el Foro de Minería y Sostenibilidad de las Américas, organizado en alianza por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF).
En la reunión la ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, sostuvo que “el mundo está viviendo un proceso de cambio climático cuyas consecuencias para el planeta, los territorios y las comunidades tienen que ser enfrentadas por los países, con sentido de urgencia y el deber de tomar acciones que transformen los modelos de desarrollo productivo en el mundo, para transitar hacia economías resilientes, de bajas emisiones de carbono y basadas en el uso de energías renovables”.
Para ello, la secretaria de Estado explicó que “este desafío requiere de mejores y nuevas tecnologías, requiere de innovación, de nuevas capacidades humanas y junto con ello, demanda también, la necesidad de acelerar la producción y asegurar el suministro de minerales variados como el litio, el cobre, el cobalto o las tierras raras”.
“No es casualidad que estas dos instancias se hayan dado cita en Chile, precisamente, para abordar el desarrollo de la industria a partir de un tema tan relevante como lo es la geopolítica de los minerales estratégicos. Conversar respecto de las estrategias de colaboración en torno a estos recursos, críticos para el mundo desarrollado y claves para economías emergentes que pueden contribuir con su oferta minera, es fundamental para orientar esta contribución al progreso de las sociedades humanas para alcanzar la anhelada transición energética”, expuso la autoridad.
Junto con destacar “la oportunidad que se presenta a la minería chilena y regional, así como a sus encadenamientos productivos, como agentes de cambio para explorar y avanzar en mejores prácticas operacionales o ambientales que permitan construir vínculos o puentes capaces de reducir la fricción social que, muchas veces, implica desarrollar actividad minera en los territorios”, Williams llamó a la reflexión acerca del valor de generar políticas públicas basadas en el diálogo.
Asimismo, la ministra de Minería recalcó que “sin base social no vamos a construir la minería que queremos, porque los escenarios han cambiado. El mundo y la sociedad han cambiado. Por eso, hoy como, nunca antes, tenemos que abrir espacio a la creatividad, a la osadía, para enseñarle al mundo que podemos adaptarnos, que podemos hacer cosas en sintonía con los desafíos globales que el nuevo contexto nos exige”.
La jornada contó además con la intervención de Pablo Angelelli, jefe de operaciones del BID en Chile, quien manifestó que “la distribución geográfica de los minerales críticos está altamente concentrada, por lo cual hay una notable dependencia de un reducido número de países en lo que respecta a la extracción y el procesamiento de estos minerales y metales.
Esta situación, con implicancias geopolíticas y comerciales importantes, ofrece al sector minero de América Latina una verdadera oportunidad estratégica de maximizar sus ventajas y contrarrestar sus efectos adversos. La gestión y el aprovechamiento responsable de estos recursos por parte de los países de la región no solamente potenciaría el crecimiento económico general, generando más empleos y fomentando la inversión extranjera y aportando significativamente a las arcas fiscales nacionales, sino también situaría a la región como un actor destacado en las industrias emergentes y sostenibles del futuro”.
Información publicada por “Minería Chilena”.
Representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay se reunieron en Chile, que ofició de país anfitrión y coordinador de la cita regional, para identificar perspectivas de cooperación, intercambio y aprendizaje con el fin de abordar los desafíos del sector minero a nivel continental.
Al respecto, la subsecretaria de Minería manifestó que “es importante que, en estos espacios de colaboración internacional, tengamos presente que el papel central de la transición energética sólo es posible hoy día si entendemos que la minería tiene que ser más sostenible, no solamente en términos económicos sino también, medioambientales y sociales. Espero que, durante esta conferencia, podamos intercambiar distintas experiencias y perspectivas de políticas públicas que nos permitan avanzar en el objetivo común que es el desarrollo de nuestras industrias”.
Presentaciones
Durante el encuentro se llevaron a cabo dos espacios de discusión e intercambio de visiones. El primero de ellos centró el diálogo en torno a la necesidad de generar estrategias nacionales para contar con leyes, políticas e incentivos, así como mejores capacidades gubernamentales factibles de responder a la alta demanda y suministro de recursos con un desarrollo minero responsable y encadenamiento productivo local.
En tanto, un segundo bloque se concentró en identificar las oportunidades regionales habilitantes para avanzar en el fortalecimiento de la industria y la transición energética por medio de la colaboración, teniendo en cuenta que se requerirán nuevas inversiones en infraestructura compartida, investigación, conocimiento y desarrollo, que serán esenciales para diversificar las cadenas de suministro regionales, mejorar la eficacia productiva y proveer las soluciones tecnológicas ambientalmente sostenibles necesarias para producir minerales estratégicos.
En línea con lo anterior, Suina Chahuán comentó que “valoro este ánimo de discusión, de intercambio recíproco y reflexivo en torno a un tema tan relevante como son los minerales críticos. Hoy la minería está en un momento crucial. No es un sector productivo más, es un sector del cual depende la transición energética del mundo. Eso nos pone una responsabilidad muy relevante a todos los países que tenemos algo que decir en la materia”.
La XIII Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas, CAMMA 2023, consideró la intervención de Mauricio León, jefe de la Unidad de Recursos No Renovables de la División de Recursos Naturales de CEPAL, con la ponencia El sector minero en América Latina y el Caribe: Tendencias y Perspectivas.
El encuentro internacional finalizó con la visita de las delegaciones a las operaciones de El Teniente de Codelco, donde pudieron recorrer las instalaciones de la mina subterránea más grande del mundo y conocer el campamento Sewell, declarado por Unesco como Patrimonio Mundial de la Humanidad en 2006.
En paralelo a la reunión de ministros, también se realizó el Foro de Minería y Sostenibilidad de las Américas, organizado en alianza por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF).
En la reunión la ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, sostuvo que “el mundo está viviendo un proceso de cambio climático cuyas consecuencias para el planeta, los territorios y las comunidades tienen que ser enfrentadas por los países, con sentido de urgencia y el deber de tomar acciones que transformen los modelos de desarrollo productivo en el mundo, para transitar hacia economías resilientes, de bajas emisiones de carbono y basadas en el uso de energías renovables”.
Para ello, la secretaria de Estado explicó que “este desafío requiere de mejores y nuevas tecnologías, requiere de innovación, de nuevas capacidades humanas y junto con ello, demanda también, la necesidad de acelerar la producción y asegurar el suministro de minerales variados como el litio, el cobre, el cobalto o las tierras raras”.
“No es casualidad que estas dos instancias se hayan dado cita en Chile, precisamente, para abordar el desarrollo de la industria a partir de un tema tan relevante como lo es la geopolítica de los minerales estratégicos. Conversar respecto de las estrategias de colaboración en torno a estos recursos, críticos para el mundo desarrollado y claves para economías emergentes que pueden contribuir con su oferta minera, es fundamental para orientar esta contribución al progreso de las sociedades humanas para alcanzar la anhelada transición energética”, expuso la autoridad.
Junto con destacar “la oportunidad que se presenta a la minería chilena y regional, así como a sus encadenamientos productivos, como agentes de cambio para explorar y avanzar en mejores prácticas operacionales o ambientales que permitan construir vínculos o puentes capaces de reducir la fricción social que, muchas veces, implica desarrollar actividad minera en los territorios”, Williams llamó a la reflexión acerca del valor de generar políticas públicas basadas en el diálogo.
Asimismo, la ministra de Minería recalcó que “sin base social no vamos a construir la minería que queremos, porque los escenarios han cambiado. El mundo y la sociedad han cambiado. Por eso, hoy como, nunca antes, tenemos que abrir espacio a la creatividad, a la osadía, para enseñarle al mundo que podemos adaptarnos, que podemos hacer cosas en sintonía con los desafíos globales que el nuevo contexto nos exige”.
La jornada contó además con la intervención de Pablo Angelelli, jefe de operaciones del BID en Chile, quien manifestó que “la distribución geográfica de los minerales críticos está altamente concentrada, por lo cual hay una notable dependencia de un reducido número de países en lo que respecta a la extracción y el procesamiento de estos minerales y metales.
Esta situación, con implicancias geopolíticas y comerciales importantes, ofrece al sector minero de América Latina una verdadera oportunidad estratégica de maximizar sus ventajas y contrarrestar sus efectos adversos. La gestión y el aprovechamiento responsable de estos recursos por parte de los países de la región no solamente potenciaría el crecimiento económico general, generando más empleos y fomentando la inversión extranjera y aportando significativamente a las arcas fiscales nacionales, sino también situaría a la región como un actor destacado en las industrias emergentes y sostenibles del futuro”.
Información publicada por “Minería Chilena”.
Constitucionalidad del Decreto 754 en debate
Septiembre 24 de 2023.- Con la exposición de diez oradores, seleccionados entre aproximadamente medio centenar de personas y organizaciones que presentaron amicus curiae, el lunes 18 de setiembre se llevó la audiencia pública del caso No. 51-23-IN que se ventila en la Corte Constitucional para determinar la constitucionalidad del decreto que regula la consulta ambiental.
Antes que intervengan quienes presentaron los amicus, lo hicieron los enviados por los legitimados activos, Cristina Melo Arteaga, José Valenzuela Rosero, Segundo Leonidas Iza Salazar y los abogados Lennin Sarzosa y Mario Melo en representación de Marlon Richard Vargas Santi; los representantes de los legitimados pasivos, la Mgs. Yolanda Salgado Guerrón, subsecretaria General Jurídica de la Presidencia de la República y el abogado José Antonio Dávalos, ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y los representantes de los terceros con interés, Rafaella Uzcátegui Pacheco,
subdirectora de asuntos constitucionales de la Procuraduría General del Estado; la doctora Yajaira Anabel Curipallo Alava, delegada de la Defensoría del Pueblo, en la provincia de Pastaza y Jorge Luis Macas Romero, director de Patrocinio Legal y Eduardo Andrés Chang Dávila, director Jurídico de Minería del Ministerio de Energía y Minas.
En materia de argumentos, la novedad fue expuesta por los representantes del gobierno y algunas empresas según los cuales lo que está en juego no es la consulta ambiental en el sector minero, sino la paralización de 178 proyectos en marcha en diversos sectores de la economía nacional.
Fue el ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, José Antonio Dávalos, quien explicó que se trata de 178 proyectos que se desarrollan en el agro, en camales, en genética porcina, en el cultivo de banano, de palma y en la industria camaronera que han quedado paralizados por la decisión de la Corte Constitucional de suspender la vigencia del decreto 754.
También está paralizada la construcción de varios cementerios y de 6 hospitales básicos, a cargo del Estado; y otros dos a cargo del sector privado, así como el dragado del río Caracol en Babahoyo, además de muchas solicitudes para la explotación de canteras de materiales de construcción y muchas licencias para el aprovechamiento de recursos minerales no metálicos.
La ejecución de proyectos para el transporte de combustibles, la construcción de hoteles en Galápagos, una urbanización y 40 estaciones de servicios y plantas para balanceados, curtiembres, fundiciones metálicas, embutidos, plantas de oxígeno y 22 proyectos de alcantarillado, también habrían quedado detenidas temporalmente.
El ministro Dávalos dijo que la consulta previa, libre e informada es necesaria y será propuesta por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Será realizada antes del inicio de las operaciones pero ese no es un tema que sea materia del decreto 754, señaló Dávalos.
Quienes cuestionan la legalidad de dicho dispositivo, reiteraron en síntesis que no se respetaron los estándares constitucionales sobre consulta prelegislativa y que la propuesta del Ejecutivo confunde el derecho a la consulta ambiental con el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Antes que intervengan quienes presentaron los amicus, lo hicieron los enviados por los legitimados activos, Cristina Melo Arteaga, José Valenzuela Rosero, Segundo Leonidas Iza Salazar y los abogados Lennin Sarzosa y Mario Melo en representación de Marlon Richard Vargas Santi; los representantes de los legitimados pasivos, la Mgs. Yolanda Salgado Guerrón, subsecretaria General Jurídica de la Presidencia de la República y el abogado José Antonio Dávalos, ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y los representantes de los terceros con interés, Rafaella Uzcátegui Pacheco,
subdirectora de asuntos constitucionales de la Procuraduría General del Estado; la doctora Yajaira Anabel Curipallo Alava, delegada de la Defensoría del Pueblo, en la provincia de Pastaza y Jorge Luis Macas Romero, director de Patrocinio Legal y Eduardo Andrés Chang Dávila, director Jurídico de Minería del Ministerio de Energía y Minas.
En materia de argumentos, la novedad fue expuesta por los representantes del gobierno y algunas empresas según los cuales lo que está en juego no es la consulta ambiental en el sector minero, sino la paralización de 178 proyectos en marcha en diversos sectores de la economía nacional.
Fue el ministro del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, José Antonio Dávalos, quien explicó que se trata de 178 proyectos que se desarrollan en el agro, en camales, en genética porcina, en el cultivo de banano, de palma y en la industria camaronera que han quedado paralizados por la decisión de la Corte Constitucional de suspender la vigencia del decreto 754.
También está paralizada la construcción de varios cementerios y de 6 hospitales básicos, a cargo del Estado; y otros dos a cargo del sector privado, así como el dragado del río Caracol en Babahoyo, además de muchas solicitudes para la explotación de canteras de materiales de construcción y muchas licencias para el aprovechamiento de recursos minerales no metálicos.
La ejecución de proyectos para el transporte de combustibles, la construcción de hoteles en Galápagos, una urbanización y 40 estaciones de servicios y plantas para balanceados, curtiembres, fundiciones metálicas, embutidos, plantas de oxígeno y 22 proyectos de alcantarillado, también habrían quedado detenidas temporalmente.
El ministro Dávalos dijo que la consulta previa, libre e informada es necesaria y será propuesta por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Será realizada antes del inicio de las operaciones pero ese no es un tema que sea materia del decreto 754, señaló Dávalos.
Quienes cuestionan la legalidad de dicho dispositivo, reiteraron en síntesis que no se respetaron los estándares constitucionales sobre consulta prelegislativa y que la propuesta del Ejecutivo confunde el derecho a la consulta ambiental con el derecho a la consulta previa, libre e informada.
Foro de Minería y Sostenibilidad y Conferencia
de Ministerios de Minería de las Américas
Septiembre 24 de 2023.- Como la 13ª Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas (CAMMA) se reúne en Santiago, Chile, el 3 de octubre de 2023, el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y CAMMA, organizarán un diálogo de múltiples partes interesadas en la mañana inmediatamente anterior a la conferencia.
El diálogo ofrece la oportunidad para que diversos actores mineros compartan ideas sobre la geopolítica de los minerales estratégicos en las Américas, los desafíos que presenta para la región y las oportunidades para empoderar a las Américas a través de la cooperación regional.
El formulario para registrarse en esta reunión se puede descargar desde:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=xg6iAdnPHEezS-3DYWHDztBQjsZQCFVDmlksizme2_5UOTNYWlc0R0RJNExHT0tZT0NFQTJQNkNVVC4u
Como se sabe, la Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas es un evento destacado que reúne a expertos, líderes gubernamentales y representantes de la industria minera de toda la región. Esta conferencia se ha consolidado como un espacio de intercambio, aprendizaje y colaboración para abordar los desafíos y oportunidades en el sector minero en las Américas.
Este año, la conferencia se desarrollará en Santiago de Chile el próximo 3 de octubre y tendrá como tema central el de "Geopolítica de los Minerales Críticos".
Durante el día 4 de octubre se prevé realizar una visita al yacimiento "El Teniente"
Hace cuatro años, cuando el viceministro de Minas era el ingeniero Fernando Benalcázar, Ecuador fue sede de la Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas.
El diálogo ofrece la oportunidad para que diversos actores mineros compartan ideas sobre la geopolítica de los minerales estratégicos en las Américas, los desafíos que presenta para la región y las oportunidades para empoderar a las Américas a través de la cooperación regional.
El formulario para registrarse en esta reunión se puede descargar desde:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=xg6iAdnPHEezS-3DYWHDztBQjsZQCFVDmlksizme2_5UOTNYWlc0R0RJNExHT0tZT0NFQTJQNkNVVC4u
Como se sabe, la Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas es un evento destacado que reúne a expertos, líderes gubernamentales y representantes de la industria minera de toda la región. Esta conferencia se ha consolidado como un espacio de intercambio, aprendizaje y colaboración para abordar los desafíos y oportunidades en el sector minero en las Américas.
Este año, la conferencia se desarrollará en Santiago de Chile el próximo 3 de octubre y tendrá como tema central el de "Geopolítica de los Minerales Críticos".
Durante el día 4 de octubre se prevé realizar una visita al yacimiento "El Teniente"
Hace cuatro años, cuando el viceministro de Minas era el ingeniero Fernando Benalcázar, Ecuador fue sede de la Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas.
Líderes debaten sobre minería y transición energética (*)
Septiembre 24 de 2023.- Los días 7 y 8 de septiembre de este año se realizó la Reunión Intergubernamental Mundial sobre Aspectos Ambientales de la Gestión de Minerales y Metales, un evento llamado a desempeñar un papel crucial en el suministro de los minerales y metales que son esenciales para la transición global en curso hacia la energía limpia.
La reunión, GIMM por sus siglas en inglés, se celebró en Ginebra, Suiza; y congregó a delegados que representaban a 120 gobiernos y 60 organizaciones observadoras, incluidos organismos de las Naciones Unidas y otros órganos intergubernamentales, secretarías de acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (MEA, por sus siglas en inglés), la industria y organizaciones no gubernamentales.
El documento de síntesis del evento es claro: Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), un esfuerzo concertado para lograr los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático requeriría cuadruplicar las necesidades minerales críticas para las tecnologías de energía limpia hacia 2040.
Una transición aún más rápida, para alcanzar el cero neto a nivel mundial para 2050, requeriría seis veces más insumos minerales en 2040 que en la actualidad. Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) cita proyecciones que sugieren multiplicar por veinte la producción actual de minerales para 2035.
Al empezar la reunión, la copresidenta Martine Rohn-Brossard, de Suiza, señaló que se prevé que la transición a la energía limpia multiplique por veinte la demanda de minerales para 2035.
Entre los temas debatidos en la reunión, los delegados exploraron si y cómo: hacer que el PNUMA haga una evaluación global de los instrumentos y normas existentes; crear esquemas internacionales de certificación de metales; promover el consumo y la producción sostenibles (SCP, por sus siglas en inglés), incluso a través de la economía circular y la responsabilidad ampliada del productor (EPR); desarrollar directrices técnicas y normas para la gestión de relaves; adoptar directrices para el cierre de minas; crear un nuevo grupo de trabajo intergubernamental para dar seguimiento a cualquier propuesta hecha por GIMM; un posible programa global de minerales; o embarcarse en un acuerdo internacional sobre aspectos ambientales de la minería.
Aunque hubo amplia coincidencia en cuanto a que la idea de establecer un acuerdo internacional era prematura, el apoyo a otras propuestas fue variado, siendo las más populares: una evaluación global; el establecimiento de un posible grupo de trabajo; mayores esfuerzos en el desarrollo de capacidades y asistencia técnica, con respecto a, por ejemplo, la gestión de relaves y cierres de minas; y la creación de un observatorio mundial de la arena.
Sheila Aggarwal-Khan, del PNUMA, destacó la necesidad de considerar y abordar los impactos ambientales del aumento de la minería. También subrayó la necesidad de participar en debates relacionados con cuestiones como los conflictos sociales sobre la minería y cómo la gestión sostenible de la cadena de valor de los minerales y metales puede reducir la necesidad de extraer mineral.
Como organizador de la consulta regional para el Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), Chile la resumió y señaló que las consultas identificaron la necesidad de cerrar la brecha de confianza entre el sector minero y el público.
Destacó que el GRULAC apoya: un observatorio global de la arena; una red regional de expertos en minería y sostenibilidad; una evaluación global de instrumentos sobre relaves y monitoreo del Estándar Global de la Industria para la Gestión de Relaves (GISTM, por sus siglas en inglés); y trabajar en una economía circular, el diseño sostenible y el reprocesamiento de relaves de antiguas operaciones mineras.
(*) Con información tomada del Boletín de minerales y metales, una publicación del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible
La reunión, GIMM por sus siglas en inglés, se celebró en Ginebra, Suiza; y congregó a delegados que representaban a 120 gobiernos y 60 organizaciones observadoras, incluidos organismos de las Naciones Unidas y otros órganos intergubernamentales, secretarías de acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (MEA, por sus siglas en inglés), la industria y organizaciones no gubernamentales.
El documento de síntesis del evento es claro: Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), un esfuerzo concertado para lograr los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático requeriría cuadruplicar las necesidades minerales críticas para las tecnologías de energía limpia hacia 2040.
Una transición aún más rápida, para alcanzar el cero neto a nivel mundial para 2050, requeriría seis veces más insumos minerales en 2040 que en la actualidad. Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) cita proyecciones que sugieren multiplicar por veinte la producción actual de minerales para 2035.
Al empezar la reunión, la copresidenta Martine Rohn-Brossard, de Suiza, señaló que se prevé que la transición a la energía limpia multiplique por veinte la demanda de minerales para 2035.
Entre los temas debatidos en la reunión, los delegados exploraron si y cómo: hacer que el PNUMA haga una evaluación global de los instrumentos y normas existentes; crear esquemas internacionales de certificación de metales; promover el consumo y la producción sostenibles (SCP, por sus siglas en inglés), incluso a través de la economía circular y la responsabilidad ampliada del productor (EPR); desarrollar directrices técnicas y normas para la gestión de relaves; adoptar directrices para el cierre de minas; crear un nuevo grupo de trabajo intergubernamental para dar seguimiento a cualquier propuesta hecha por GIMM; un posible programa global de minerales; o embarcarse en un acuerdo internacional sobre aspectos ambientales de la minería.
Aunque hubo amplia coincidencia en cuanto a que la idea de establecer un acuerdo internacional era prematura, el apoyo a otras propuestas fue variado, siendo las más populares: una evaluación global; el establecimiento de un posible grupo de trabajo; mayores esfuerzos en el desarrollo de capacidades y asistencia técnica, con respecto a, por ejemplo, la gestión de relaves y cierres de minas; y la creación de un observatorio mundial de la arena.
Sheila Aggarwal-Khan, del PNUMA, destacó la necesidad de considerar y abordar los impactos ambientales del aumento de la minería. También subrayó la necesidad de participar en debates relacionados con cuestiones como los conflictos sociales sobre la minería y cómo la gestión sostenible de la cadena de valor de los minerales y metales puede reducir la necesidad de extraer mineral.
Como organizador de la consulta regional para el Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC), Chile la resumió y señaló que las consultas identificaron la necesidad de cerrar la brecha de confianza entre el sector minero y el público.
Destacó que el GRULAC apoya: un observatorio global de la arena; una red regional de expertos en minería y sostenibilidad; una evaluación global de instrumentos sobre relaves y monitoreo del Estándar Global de la Industria para la Gestión de Relaves (GISTM, por sus siglas en inglés); y trabajar en una economía circular, el diseño sostenible y el reprocesamiento de relaves de antiguas operaciones mineras.
(*) Con información tomada del Boletín de minerales y metales, una publicación del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible
Decreto Ejecutivo 754 ´preocupa´ a Comisionado ONU
Septiembre 17 de 2023.- “Desde la Oficina de ONU Derechos Humanos en América del Sur expresamos nuestra preocupación sobre el alcance de la reforma realizada por el gobierno de Ecuador al reglamento del Código Orgánico del Ambiente, en cuanto se aleja de las normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos”, señaló el representante de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.
“De acuerdo con nuestro análisis, el Decreto Ejecutivo N°754 -promulgado el 31 de mayo de 2023- tiende a asimilar la figura de la consulta ambiental con el deber de consulta previa, libre e informada a los Pueblos Indígenas. Por ello, hacemos presente que esta consulta ambiental no puede reemplazar ni suprimir el derecho-deber contemplado en el Convenio 169 de la OIT”, sostiene Jarab en un comunicado.
Sostiene además que “son motivo de preocupación disposiciones del Decreto Ejecutivo N°754 que limitarían el derecho a una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, con información suficiente y oportuna, de modo que las observaciones de las personas y comunidades sean debidamente consideradas por las autoridades y contribuyan en dichos procesos”.
Añade que “la nueva reglamentación establece la consulta ambiental sólo para ciertas obras o actividades, designa al operador del proyecto como el encargado de incorporar o rechazar las observaciones de la comunidad, establece plazos breves para el proceso de entrega de información y no contempla mecanismos judiciales o administrativos para reclamar el proceso de evaluación ambiental, entre otros aspectos”.
“Dado lo anterior, llamamos a las autoridades ecuatorianas a asegurar que las regulaciones, tanto de la consulta a Pueblos Indígenas como de la consulta ambiental, observen debidamente el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo los compromisos y obligaciones del Estado incluyendo los compromisos y obligaciones del Estado en concordancia el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú”, finaliza.
La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene sede en Santiago y trabaja con Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
“De acuerdo con nuestro análisis, el Decreto Ejecutivo N°754 -promulgado el 31 de mayo de 2023- tiende a asimilar la figura de la consulta ambiental con el deber de consulta previa, libre e informada a los Pueblos Indígenas. Por ello, hacemos presente que esta consulta ambiental no puede reemplazar ni suprimir el derecho-deber contemplado en el Convenio 169 de la OIT”, sostiene Jarab en un comunicado.
Sostiene además que “son motivo de preocupación disposiciones del Decreto Ejecutivo N°754 que limitarían el derecho a una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, con información suficiente y oportuna, de modo que las observaciones de las personas y comunidades sean debidamente consideradas por las autoridades y contribuyan en dichos procesos”.
Añade que “la nueva reglamentación establece la consulta ambiental sólo para ciertas obras o actividades, designa al operador del proyecto como el encargado de incorporar o rechazar las observaciones de la comunidad, establece plazos breves para el proceso de entrega de información y no contempla mecanismos judiciales o administrativos para reclamar el proceso de evaluación ambiental, entre otros aspectos”.
“Dado lo anterior, llamamos a las autoridades ecuatorianas a asegurar que las regulaciones, tanto de la consulta a Pueblos Indígenas como de la consulta ambiental, observen debidamente el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo los compromisos y obligaciones del Estado incluyendo los compromisos y obligaciones del Estado en concordancia el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú”, finaliza.
La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene sede en Santiago y trabaja con Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay.
Perú: 46 conflictos sociales vinculados
al sector minero entre junio y julio
Septiembre 17 de 2023.- De los 100 casos de conflictos sociales registrados por la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú durante los meses de junio y julio de este año, 46 de ellos estuvieron vinculados con la actividad minera.
De los 100 conflictos, 6 alcanzaron el nivel de riesgo crítico; 39, el nivel de riesgo inminente; 33, el nivel de riesgo intermedio; y 22, el nivel de riesgo bajo, de acuerdo con el informe Willaqniki, elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú.
Y de los 46 conflictos asociados a la actividad minera, la mayoría de ellos ocurrieron en operaciones que estaban en la etapa de exploración, en tanto que los demás fueron en minas de la Unidad Territorial del Corredor Vial Sur, principalmente.
Con base en los conflictos sociales mineros, 2 casos se encuentran en situación crítica, es decir, aquellos que presentan un nivel de riesgo muy alto para la gobernabilidad democrática, la gobernanza territorial, el orden público y los derechos fundamentales, y que por tanto requieren la intervención de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo.
Por otro lado, también se advierten 27 casos de conflictos sociales mineros en situación de riesgo inminente, es decir, aquellos casos que tuvieron un riesgo alto de afectar la gobernabilidad democrática y el orden público, y que por tanto tuvieron la atención oportuna del Poder Ejecutivo para evitar que escalen a una situación de crisis.
Sobre la base de los 100 conflictos sociales reconocidos a nivel nacional, aparte de los 46 casos relacionados a la minería, también existen casos asociados a los bienes y servicios públicos (17), hidrocarburos (14), infraestructura (9), hídrico (4), gobernabilidad (4), minería ilegal (3), agrario (3) y otros (1), de acuerdo con el informe Willaqniki.
De los 100 conflictos, 6 alcanzaron el nivel de riesgo crítico; 39, el nivel de riesgo inminente; 33, el nivel de riesgo intermedio; y 22, el nivel de riesgo bajo, de acuerdo con el informe Willaqniki, elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú.
Y de los 46 conflictos asociados a la actividad minera, la mayoría de ellos ocurrieron en operaciones que estaban en la etapa de exploración, en tanto que los demás fueron en minas de la Unidad Territorial del Corredor Vial Sur, principalmente.
Con base en los conflictos sociales mineros, 2 casos se encuentran en situación crítica, es decir, aquellos que presentan un nivel de riesgo muy alto para la gobernabilidad democrática, la gobernanza territorial, el orden público y los derechos fundamentales, y que por tanto requieren la intervención de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo.
Por otro lado, también se advierten 27 casos de conflictos sociales mineros en situación de riesgo inminente, es decir, aquellos casos que tuvieron un riesgo alto de afectar la gobernabilidad democrática y el orden público, y que por tanto tuvieron la atención oportuna del Poder Ejecutivo para evitar que escalen a una situación de crisis.
Sobre la base de los 100 conflictos sociales reconocidos a nivel nacional, aparte de los 46 casos relacionados a la minería, también existen casos asociados a los bienes y servicios públicos (17), hidrocarburos (14), infraestructura (9), hídrico (4), gobernabilidad (4), minería ilegal (3), agrario (3) y otros (1), de acuerdo con el informe Willaqniki.
Nuevo manual para evitar la disminución de la base imponible
Septiembre 17 de 2023.- El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), ha lanzado el capítulo 4.7 Reglamento de Precios de Transferencia, del Manual para el Control de la Planificación Fiscal Internacional, escrito por Carlos Pérez Gómez.
Este capítulo tiene como objetivo identificar las medidas legales y administrativas que los países han adoptado para regular los regímenes de precios de transferencia y abordar posibles comportamientos de riesgo por parte de los contribuyentes al realizar operaciones que involucran precios de transferencia con partes relacionadas.
El Capítulo 4.7. es el número 23 publicado en el marco del Manual para el Control de la Planificación Fiscal Internacional y está disponible en inglés y español. El Manual completo consta de seis secciones compuestas por 42 capítulos.
La publicación tiene por objetivo identificar las medidas legales y administrativas que han adoptado los países no sólo para administrar los regímenes de precios de transferencia, sino para enfrentar una posible conducta de riesgo por parte de los contribuyentes al realizar operaciones que involucren precios de transferencia con sus partes relacionadas o vinculadas.
En el contexto de una economía mundial globalizada, con millones de operaciones transfronterizas sucediendo en cada momento, las empresas multinacionales juegan un papel fundamental al concentrar la gran mayoría del volumen de transacciones internacionales, mismas que suceden e impactan financiera y fiscalmente a entidades jurídicas que forman parte de un mismo grupo empresarial.
Estas transacciones entre partes relacionadas, según el principio del operador independiente (también llamado principio de plena competencia) que rige la materia de precios de transferencia, deben de llevarse a cabo como lo hubieran realizado partes independientes en operaciones comparables, manteniendo asimismo una razonabilidad de negocios en línea con la dinámica que manifiestan los agentes económicos con fines de lucro en el libre mercado.
Este acuerdo internacional de imponer el principio del operador independiente especialmente a las transacciones transfronterizas entre partes relacionadas de un mismo grupo empresarial busca lograr una alineación entre la creación de valor o realización de un negocio con su registro contable y financiero.
En consecuencia, busca el pago de impuestos en su lugar de realización, evitando así la deslocalización de las utilidades de un negocio a jurisdicciones ajenas a su origen, por virtud de la manipulación de los precios de transferencia entre partes relacionadas.
Al asignar correctamente las utilidades de un grupo multinacional a las jurisdicciones que les pertenece, la normativa de precios de transferencia logra dos funciones principales: por un lado, evita que la utilidad se grave en dos jurisdicciones al mismo tiempo (doble tributación) y por el otro, busca que en cada jurisdicción se tribute acorde a la creación de valor en dicho territorio. Las transacciones entre partes relacionadas son variadas, y abarcan desde la transmisión de bienes materiales y activos intangibles, hasta la prestación de servicios a empresas asociadas, y las operaciones financieras.
El trabajo puede ser descargado de: https://www.ciat.org/4-7-transfer-pricing-regulations/?lang=en
Este capítulo tiene como objetivo identificar las medidas legales y administrativas que los países han adoptado para regular los regímenes de precios de transferencia y abordar posibles comportamientos de riesgo por parte de los contribuyentes al realizar operaciones que involucran precios de transferencia con partes relacionadas.
El Capítulo 4.7. es el número 23 publicado en el marco del Manual para el Control de la Planificación Fiscal Internacional y está disponible en inglés y español. El Manual completo consta de seis secciones compuestas por 42 capítulos.
La publicación tiene por objetivo identificar las medidas legales y administrativas que han adoptado los países no sólo para administrar los regímenes de precios de transferencia, sino para enfrentar una posible conducta de riesgo por parte de los contribuyentes al realizar operaciones que involucren precios de transferencia con sus partes relacionadas o vinculadas.
En el contexto de una economía mundial globalizada, con millones de operaciones transfronterizas sucediendo en cada momento, las empresas multinacionales juegan un papel fundamental al concentrar la gran mayoría del volumen de transacciones internacionales, mismas que suceden e impactan financiera y fiscalmente a entidades jurídicas que forman parte de un mismo grupo empresarial.
Estas transacciones entre partes relacionadas, según el principio del operador independiente (también llamado principio de plena competencia) que rige la materia de precios de transferencia, deben de llevarse a cabo como lo hubieran realizado partes independientes en operaciones comparables, manteniendo asimismo una razonabilidad de negocios en línea con la dinámica que manifiestan los agentes económicos con fines de lucro en el libre mercado.
Este acuerdo internacional de imponer el principio del operador independiente especialmente a las transacciones transfronterizas entre partes relacionadas de un mismo grupo empresarial busca lograr una alineación entre la creación de valor o realización de un negocio con su registro contable y financiero.
En consecuencia, busca el pago de impuestos en su lugar de realización, evitando así la deslocalización de las utilidades de un negocio a jurisdicciones ajenas a su origen, por virtud de la manipulación de los precios de transferencia entre partes relacionadas.
Al asignar correctamente las utilidades de un grupo multinacional a las jurisdicciones que les pertenece, la normativa de precios de transferencia logra dos funciones principales: por un lado, evita que la utilidad se grave en dos jurisdicciones al mismo tiempo (doble tributación) y por el otro, busca que en cada jurisdicción se tribute acorde a la creación de valor en dicho territorio. Las transacciones entre partes relacionadas son variadas, y abarcan desde la transmisión de bienes materiales y activos intangibles, hasta la prestación de servicios a empresas asociadas, y las operaciones financieras.
El trabajo puede ser descargado de: https://www.ciat.org/4-7-transfer-pricing-regulations/?lang=en
Colombia se unió a BOGA
Septiembre 10 de 2023.- Colombia se unió hace unos días a más de una decena de países que hace unos años formaron la Alianza Más Allá del Petróleo y el Gas (BOGA, por sus siglas en inglés), para que los gobiernos se comprometan a reducir la exploración y la producción de combustibles fósiles y que esa transición se acometa de manera justa.
La idea fue lanzada durante la COP 26 y fue una de las iniciativas lanzadas para limitar el aumento de la temperatura global media a 1,5 ºC por encima del nivel preindustrial, según dicta el Acuerdo Climático de París.
Entre los países promotores estaban Costa Rica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Suecia, Gales, Quebec y Groenlandia, que respaldaron la propuesta de no conceder nuevos permisos de exploración.
En ese momento, la condición para estar en BOGA es demostrar que están realizando esfuerzos para la eliminación progresiva del uso del petróleo y el gas.
La adhesión de Colombia la hicieron el ministro de Minas y Energía de ese país, Andrés Camacho Morales; y el Ministro de Cooperación al Desarrollo y Política Climática Global de Dinamarca, Dan Jørgensen.
“A partir de hoy, concentraremos nuestros esfuerzos en colaborar con BOGA para trabajar de forma conjunta en avanzar en nuestra transición, no solo energética, sino también económica. El trabajo con BOGA, responderá al elemento de justicia de nuestra transición energética, tanto para las comunidades como para la industria” afirmó el ministro Camacho.
Dijo también que su ministerio está trabajando conjuntamente con la Secretaría Técnica de BOGA proyectando un plan de trabajo enfocado en actividades de investigación, pedagogía y preparación de todas las variables involucradas en el desarrollo de la transición energética justa en Colombia, incluyendo diversificación en fuentes de actividad económica, ingresos fiscales y generación de empleo.
La idea fue lanzada durante la COP 26 y fue una de las iniciativas lanzadas para limitar el aumento de la temperatura global media a 1,5 ºC por encima del nivel preindustrial, según dicta el Acuerdo Climático de París.
Entre los países promotores estaban Costa Rica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Suecia, Gales, Quebec y Groenlandia, que respaldaron la propuesta de no conceder nuevos permisos de exploración.
En ese momento, la condición para estar en BOGA es demostrar que están realizando esfuerzos para la eliminación progresiva del uso del petróleo y el gas.
La adhesión de Colombia la hicieron el ministro de Minas y Energía de ese país, Andrés Camacho Morales; y el Ministro de Cooperación al Desarrollo y Política Climática Global de Dinamarca, Dan Jørgensen.
“A partir de hoy, concentraremos nuestros esfuerzos en colaborar con BOGA para trabajar de forma conjunta en avanzar en nuestra transición, no solo energética, sino también económica. El trabajo con BOGA, responderá al elemento de justicia de nuestra transición energética, tanto para las comunidades como para la industria” afirmó el ministro Camacho.
Dijo también que su ministerio está trabajando conjuntamente con la Secretaría Técnica de BOGA proyectando un plan de trabajo enfocado en actividades de investigación, pedagogía y preparación de todas las variables involucradas en el desarrollo de la transición energética justa en Colombia, incluyendo diversificación en fuentes de actividad económica, ingresos fiscales y generación de empleo.
Las propuestas que van a la segunda vuelta
Septiembre 3 de 2023.- En síntesis, Luisa Gonzales y Daniel Noboa abordan la problemática minera, es decir, su diagnóstico y propuestas, de la manera más superficial posible. A nivel de planteamientos de políticas públicas o de medidas concretas a promover desde el legislativo, la generalidad de los dos candidatos es bastante elocuente. Aquí lo que dicen los documentos que presentaron al Consejo Nacional Electoral.
ACCIÓN DEMOCRÁTICA NACIONAL
… La inversión en los sectores estratégicos es una prioridad para el crecimiento de la economía a nivel nacional, de esta manera se promoverá el desarrollo de actividades en materia de hidrocarburos, minería, energía, electricidad, telecomunicaciones, recursos hídricos y ambiente.
Principalmente, los objetivos del gobierno se enfocan en incrementar la eficiencia de estos sectores, proponiendo marcos de regulación que permitan alcanzar objetivos estatales; el aprovechamiento sostenible de estos recursos; industrializar los recursos naturales; y, ejecutar acciones destinadas a fortalecer las capacidades técnicas de sus instituciones rectoras, entre otras.
Programas y Acciones
1. Incentivo a la producción minera nacional: mediante delegación a la iniciativa privada, cooperativas y asociaciones de economía popular y solidaria, se alcance un verdadero desarrollo, especialmente bajo el régimen de pequeña minería,
impulsando que la misma, sea de manera industrializada, con capitales de inversión en el mediano y largo plazo, para lo cual será necesario, la apertura del catastro minero, con mecanismos de selección idóneos de los mejores proponentes.
2. Regularización de las actividades artesanales: Iniciar con su regularización, y a través de ello, que puedan afiliarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con el fin de que puedan tener acceso a salud y créditos que les permita mejorar sus condiciones de vida. Así mismo, el Estado podrá controlar aquellos mineros que son artesanales, con los grupos informales que, sin ningún tipo de cuidado, extraer recursos perjudicando al Estado y a los derechos de la naturaleza, sin que les importe su destrucción.
3. Controles en contra de minería ilegal: Se realizarán operativos en conjunto con las fuerzas armadas y policía nacional, que permita desarticular a las mafias y bandas que extraer recursos mineros de manera ilegal, para lo cual, será necesario
dotar de mejores herramientas de trabajo y de tecnología que permita identificar a estas mafias.
MOVIMIENTO REVOLUCIÓN CIUDADANA
Marco constitucional y Ordenamiento Legal
Reivindicar la prohibición constitucional de privatizar bienes públicos y de los sectores estratégicos del estado, activos y empresas públicas; y de ser el caso, restituirlos.
Medio ambiente
Conformar una auditoría ciudadana de las concesiones mineras, enfrentar a la minería ilegal y recuperar la institucionalidad de regulación y control del sector minero.
Trabajar en conjunto con los pueblos originarios para garantizar en sus territorios de manera completa e integral, tanto sus derechos del buen vivir, como los derechos de la naturaleza.
Conservar y asegurar el uso sostenible del aire y la biodiversidad del país, del mar territorial y los territorios ancestrales.
Ciudadanía decolonial
Reconocer y remediar las injusticias históricas cometidas contra los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras minorías, incluyendo la restitución de tierras y recursos, así como la reparación de daños materiales y simbólicos.
Fomentar la participación activa y significativa de las comunidades indígenas y locales en la toma de decisiones y acciones públicas en sus territorios, garantizando que sean inclusivas y atiendan a las especificidades territoriales.
Justicia, educación y salud interculturales
Abrir espacios de participación de las nacionalidades en la toma de decisiones respecto a sus territorios, con orientaciones hacia el nuevo modelo ecológico y sostenible.
Relaciones internacionales
Definir una agenda en la OMC que se alinee a los intereses de los países en desarrollo y proyectándola hacia el futuro, limitando las intenciones de las corporaciones transnacionales de avanzar en sus propuestas sobre propiedad intelectual, protección de inversiones, y últimamente de monopolizar los beneficios de internet y la sociedad digital.
Diversificar las relaciones económicas, comerciales y políticas para fortalecer el multilateralismo y el equilibrio global.
Para esto es necesario retomar los acercamientos con los países africanos y asiáticos e impulsar acuerdos de cooperación y complementariedad.
Comercio y acuerdos de comercio e inversión.
ACCIÓN DEMOCRÁTICA NACIONAL
… La inversión en los sectores estratégicos es una prioridad para el crecimiento de la economía a nivel nacional, de esta manera se promoverá el desarrollo de actividades en materia de hidrocarburos, minería, energía, electricidad, telecomunicaciones, recursos hídricos y ambiente.
Principalmente, los objetivos del gobierno se enfocan en incrementar la eficiencia de estos sectores, proponiendo marcos de regulación que permitan alcanzar objetivos estatales; el aprovechamiento sostenible de estos recursos; industrializar los recursos naturales; y, ejecutar acciones destinadas a fortalecer las capacidades técnicas de sus instituciones rectoras, entre otras.
Programas y Acciones
1. Incentivo a la producción minera nacional: mediante delegación a la iniciativa privada, cooperativas y asociaciones de economía popular y solidaria, se alcance un verdadero desarrollo, especialmente bajo el régimen de pequeña minería,
impulsando que la misma, sea de manera industrializada, con capitales de inversión en el mediano y largo plazo, para lo cual será necesario, la apertura del catastro minero, con mecanismos de selección idóneos de los mejores proponentes.
2. Regularización de las actividades artesanales: Iniciar con su regularización, y a través de ello, que puedan afiliarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con el fin de que puedan tener acceso a salud y créditos que les permita mejorar sus condiciones de vida. Así mismo, el Estado podrá controlar aquellos mineros que son artesanales, con los grupos informales que, sin ningún tipo de cuidado, extraer recursos perjudicando al Estado y a los derechos de la naturaleza, sin que les importe su destrucción.
3. Controles en contra de minería ilegal: Se realizarán operativos en conjunto con las fuerzas armadas y policía nacional, que permita desarticular a las mafias y bandas que extraer recursos mineros de manera ilegal, para lo cual, será necesario
dotar de mejores herramientas de trabajo y de tecnología que permita identificar a estas mafias.
MOVIMIENTO REVOLUCIÓN CIUDADANA
Marco constitucional y Ordenamiento Legal
Reivindicar la prohibición constitucional de privatizar bienes públicos y de los sectores estratégicos del estado, activos y empresas públicas; y de ser el caso, restituirlos.
Medio ambiente
Conformar una auditoría ciudadana de las concesiones mineras, enfrentar a la minería ilegal y recuperar la institucionalidad de regulación y control del sector minero.
Trabajar en conjunto con los pueblos originarios para garantizar en sus territorios de manera completa e integral, tanto sus derechos del buen vivir, como los derechos de la naturaleza.
Conservar y asegurar el uso sostenible del aire y la biodiversidad del país, del mar territorial y los territorios ancestrales.
Ciudadanía decolonial
Reconocer y remediar las injusticias históricas cometidas contra los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras minorías, incluyendo la restitución de tierras y recursos, así como la reparación de daños materiales y simbólicos.
Fomentar la participación activa y significativa de las comunidades indígenas y locales en la toma de decisiones y acciones públicas en sus territorios, garantizando que sean inclusivas y atiendan a las especificidades territoriales.
Justicia, educación y salud interculturales
Abrir espacios de participación de las nacionalidades en la toma de decisiones respecto a sus territorios, con orientaciones hacia el nuevo modelo ecológico y sostenible.
Relaciones internacionales
Definir una agenda en la OMC que se alinee a los intereses de los países en desarrollo y proyectándola hacia el futuro, limitando las intenciones de las corporaciones transnacionales de avanzar en sus propuestas sobre propiedad intelectual, protección de inversiones, y últimamente de monopolizar los beneficios de internet y la sociedad digital.
Diversificar las relaciones económicas, comerciales y políticas para fortalecer el multilateralismo y el equilibrio global.
Para esto es necesario retomar los acercamientos con los países africanos y asiáticos e impulsar acuerdos de cooperación y complementariedad.
Comercio y acuerdos de comercio e inversión.
Estados Unidos y Perú firman
acuerdo contra minería ilegal
Septiembre 3 de 2023.- Estados Unidos de América y el Perú firmaron el plan de acción 2023-2024 del Memorando de Entendimiento, MOU por sus siglas en inglés, sobre cooperación relacionada con la minería de oro a pequeña escala.
El objetivo del Memorando de Entendimiento es fortalecer la asociación y colaboración en actividades para promover la formalización de la minería de pequeña escala, con énfasis en la minería de oro, así como luchar contra la minería ilegal de oro y delitos relacionados.
El MOU identifica cinco pilares principales:
Proteger la salud humana y el medio ambiente reduciendo o eliminando el uso y la liberación de mercurio procedente de la minería en pequeña escala.
Fortalecer e incrementar la transparencia en la cadena de suministro y comercialización de oro.
Promover el desarrollo económico alternativo en áreas donde la minería está prohibida.
Prevenir, investigar y procesar eficazmente los delitos asociados con la minería ilegal de oro y el comercio conexo.
Prevenir y detener la invasión de la minería ilegal de las áreas naturales protegidas, pueblos indígenas, zonas arqueológicas que conforman el patrimonio cultural de la nación, entre otras áreas prohibidas.
El plan de acción guiará y promoverá actividades entre agosto de 2023 y diciembre de 2024.
Estados Unidos de Norteamérica y el Perú firmaron originalmente el MOU en 2017 y renovaron sus planes de acción de implementación anualmente hasta 2020. La firma de estos días marca la reanudación de los compromisos del plan de acción suscrito, aunque ambos países continuaron trabajando juntos en los pilares del MOU durante la pandemia de Covid-19, según las condiciones permitidas.
El objetivo del Memorando de Entendimiento es fortalecer la asociación y colaboración en actividades para promover la formalización de la minería de pequeña escala, con énfasis en la minería de oro, así como luchar contra la minería ilegal de oro y delitos relacionados.
El MOU identifica cinco pilares principales:
Proteger la salud humana y el medio ambiente reduciendo o eliminando el uso y la liberación de mercurio procedente de la minería en pequeña escala.
Fortalecer e incrementar la transparencia en la cadena de suministro y comercialización de oro.
Promover el desarrollo económico alternativo en áreas donde la minería está prohibida.
Prevenir, investigar y procesar eficazmente los delitos asociados con la minería ilegal de oro y el comercio conexo.
Prevenir y detener la invasión de la minería ilegal de las áreas naturales protegidas, pueblos indígenas, zonas arqueológicas que conforman el patrimonio cultural de la nación, entre otras áreas prohibidas.
El plan de acción guiará y promoverá actividades entre agosto de 2023 y diciembre de 2024.
Estados Unidos de Norteamérica y el Perú firmaron originalmente el MOU en 2017 y renovaron sus planes de acción de implementación anualmente hasta 2020. La firma de estos días marca la reanudación de los compromisos del plan de acción suscrito, aunque ambos países continuaron trabajando juntos en los pilares del MOU durante la pandemia de Covid-19, según las condiciones permitidas.
Exportaciones mineras de Argentina
superaron US$ 2300 millones el 2023
Septiembre 3 de 2023.- Las exportaciones mineras de Argentina totalizaron 2 321 millones de dólares en los primeros siete meses del año, un 4,3% más respecto al mismo período del año anterior y alcanzaron el nivel más alto desde el 2012, informó la Secretaría de Minería de ese país.
Las exportaciones de litio de Argentina, que conforma el llamado triángulo del litio junto con Bolivia y Chile, en los primeros siete meses del año crecieron un 41% respecto al 2022. En efectivo, eso significa 491 millones de dólares, informó la secretaría.
Las exportaciones de oro totalizaron 1283 millones de dólares, las de plata resultaron en 430 millones de dólares y el resto de los minerales metalíferos totalizaron 35 millones.
Las ventas al exterior de metalíferos en ese período totalizaron 1748 millones de dólares, 3% menos que en los primeros siete meses del 2022.
“Estos números son el resultado de un gobierno que impulsa el desarrollo de la actividad minera en el país”, dijo Fernanda Ávila, secretario de Minería del país.
“Debemos seguir trabajando para generar las condiciones necesarias para que la industria minera pueda ser un vector clave de desarrollo para el país”, agregó.
Las exportaciones mineras de julio sumaron 377 millones de dólares, un 24% más que en julio del año anterior. De ese total, 290 millones correspondieron a productos metalíferos: el oro con 234 millones de dólares, plata con 52 millones de dólares y los restantes por 4 millones.
En cuanto al litio, Argentina exportó en julio 74 millones de dólares, un 21,9% menos que en el mismo mes del 2022.
Las exportaciones de litio de Argentina, que conforma el llamado triángulo del litio junto con Bolivia y Chile, en los primeros siete meses del año crecieron un 41% respecto al 2022. En efectivo, eso significa 491 millones de dólares, informó la secretaría.
Las exportaciones de oro totalizaron 1283 millones de dólares, las de plata resultaron en 430 millones de dólares y el resto de los minerales metalíferos totalizaron 35 millones.
Las ventas al exterior de metalíferos en ese período totalizaron 1748 millones de dólares, 3% menos que en los primeros siete meses del 2022.
“Estos números son el resultado de un gobierno que impulsa el desarrollo de la actividad minera en el país”, dijo Fernanda Ávila, secretario de Minería del país.
“Debemos seguir trabajando para generar las condiciones necesarias para que la industria minera pueda ser un vector clave de desarrollo para el país”, agregó.
Las exportaciones mineras de julio sumaron 377 millones de dólares, un 24% más que en julio del año anterior. De ese total, 290 millones correspondieron a productos metalíferos: el oro con 234 millones de dólares, plata con 52 millones de dólares y los restantes por 4 millones.
En cuanto al litio, Argentina exportó en julio 74 millones de dólares, un 21,9% menos que en el mismo mes del 2022.
Se vienen reformas globales en materia tributaria
Agosto 27 de 2023.- La Consulta de Valoración Previa que en estos días inquieta a los técnicos que ven los aspectos tributarios del sector minero y a los funcionarios del sector, forma parte de un paquete de reglas aprobado por más de 130 países en octubre del 2021 que sigue siendo firmemente apoyado por el G-20 y un número cada vez mayor de países se prepara para implementarlo en enero del próximo año.
Lo real es que muchas compañías mineras multinacionales se verán afectadas por las nuevas reglas tributarias globales. Con cargo a abordar el tema de una manera más profunda intentamos por ahora mostrar cómo estas nuevas reglas globales pueden interactuar con el régimen fiscal local a partir de documentos recientes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo económico (OCDE)-G20 que brindan premisas clave para asegurar una tributación eficiente.
• Pilar Uno: reubicación de derechos tributarios
El Pilar Uno asegurará una distribución más justa de las ganancias y derechos tributarios entre países con respecto a las Empresas Multinacionales más grandes (MNEs, por sus siglas en inglés), incluyendo compañías digitales. Reubicaría algunos derechos tributarios sobre las Empresas Multinacionales de sus países de procedencia hacia los mercados en donde tienen actividades de negocios y obtienen ganancias, independientemente de si las firmas tengan una presencia física ahí. Bajo el Pilar Uno, los derechos de tributación en ganancias de más de US$ 125 billones se espera sean reubicados a las jurisdicciones de merado cada año.
• Pilar Dos – Mecanismo Anti-Erosión Base Global
El Pilar Dos busca colocar un piso a la competición por impuestos al ingreso corporativo, a través de la introducción de una tasa de impuestos corporativos mínima que los países puedan utilizar para proteger sus bases tributarias. El impuesto al ingreso corporativo mínimo global bajo el Pilar Dos – con una tasa mínima del 15% - se estima genere alrededor de US$ 150 billones adicionalmente a los ingresos tributarios globales anualmente. Beneficios adicionales surgirán también de la estabilización del sistema de impuestos internacional y la certeza tributaria incrementada para los tributarios y las administraciones tributarias. Véase Reglas Modelo Anti Erosión Base Globales (GloBE) publicadas el 20 de Diciembre del 2021, las que delinean el enfoque y disponen las provisiones operativas y definiciones de las reglas GloBE. Estas reglas se pretenden sean implementadas como parte de un abordaje común y se traigan a las legislaciones domésticas desde 2022.
El Pilar Uno es muy relevante para compañías ampliamente sostenidas digitalmente, pero menos para la industria minera pues explícitamente excluye las actividades extractivas. Este va aún más allá y perfila las primeras etapas de procesamiento de producción de mineral hecho en el país de extracción. Esto debería reasegurar que la totalidad de los derechos de tributación en extracción de recursos y procesamiento dentro-del-país de los países mineros sean preservados. La carga la llevarán mayormente las compañías mineras multinacionales para aplicar la exclusión y las jurisdicciones de sus países de procedencia para que los supervisen.
El Pilar Dos se aplica a todas las compañías con un umbral de ingreso global anual por encima de los EUR 750 millones, lo que cubriría la mayoría de empresas mineras medianas y grandes. Bajo este también si un país anfitrión no recolecta impuestos de una compañía minera a la tasa efectiva mínima del 15% en un año dado, otro país puede tener el derecho de cobrar la diferencia. El Pilar Dos afectará a muchos países que tienen una tributación baja o nula, por lo tanto cambiará cómo las multinacionales estructuran sus estrategias tributarias globales. A pesar de que los países mineros tienden a tener tasas tributarias al ingreso corporativo nominal mayores al 15%, muchos ofrecen incentivos tributarios generosos que pueden reducir tasas tributarias efectivas por debajo del 15%, por lo menos por un periodo de tiempo. Mucho tendrá que revisarse a la luz del mínimo tributario global.
Los gobiernos alrededor del mundo están comenzando a tomar acciones ante las nuevas reglas tributarias globales y a adaptar sus propias políticas tributarias como resultado. Ellos pueden tomar ventaja de la nueva Guía para Países en Desarrollo sobre Cómo Entender y Adaptar al Tributo Global Mínimo, publicado por el Instituto Internacional para Desarrollo Sostenible, el instituto anfitrión del IGF, y el Proyecto de Abogados Superiores Internacional. Y hay muchoas otros buenos recursos de organizaciones como la OCDE, Foro de Administración Tributaria Africano, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y la Conferencia de las Naciones Unidas acerca del Comercio y Desarrollo.
Más allá de la solución de Dos Pilares, la política tributaria globalmente está atravesando más cambios de lo que lo ha hecho en décadas. Muchos países se han dado cuenta que las reglas tributarias internacionales no están hechas en piedra, y esto abre oportunidades para nuevas ideas. Por ejemplo, la resolución de la ONU para iniciar charlas intergubernamentales en impuestos marca una salida mayor del status quo. Específicamente en el sector minero, el IGF y la iniciativa del Foro de Administración Tributaria Africano acerca del Futuro de la Tributación de Recursos está diseñada para ayudar a gobiernos y otras partes involucradas a repensar el diseño de políticas.
La iniciativa de Impuestos mineros Globales del Secretariado del IGF permanecerá concentrado en cómo estas reformas afectarán a los países mineros.
Lo real es que muchas compañías mineras multinacionales se verán afectadas por las nuevas reglas tributarias globales. Con cargo a abordar el tema de una manera más profunda intentamos por ahora mostrar cómo estas nuevas reglas globales pueden interactuar con el régimen fiscal local a partir de documentos recientes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo económico (OCDE)-G20 que brindan premisas clave para asegurar una tributación eficiente.
• Pilar Uno: reubicación de derechos tributarios
El Pilar Uno asegurará una distribución más justa de las ganancias y derechos tributarios entre países con respecto a las Empresas Multinacionales más grandes (MNEs, por sus siglas en inglés), incluyendo compañías digitales. Reubicaría algunos derechos tributarios sobre las Empresas Multinacionales de sus países de procedencia hacia los mercados en donde tienen actividades de negocios y obtienen ganancias, independientemente de si las firmas tengan una presencia física ahí. Bajo el Pilar Uno, los derechos de tributación en ganancias de más de US$ 125 billones se espera sean reubicados a las jurisdicciones de merado cada año.
• Pilar Dos – Mecanismo Anti-Erosión Base Global
El Pilar Dos busca colocar un piso a la competición por impuestos al ingreso corporativo, a través de la introducción de una tasa de impuestos corporativos mínima que los países puedan utilizar para proteger sus bases tributarias. El impuesto al ingreso corporativo mínimo global bajo el Pilar Dos – con una tasa mínima del 15% - se estima genere alrededor de US$ 150 billones adicionalmente a los ingresos tributarios globales anualmente. Beneficios adicionales surgirán también de la estabilización del sistema de impuestos internacional y la certeza tributaria incrementada para los tributarios y las administraciones tributarias. Véase Reglas Modelo Anti Erosión Base Globales (GloBE) publicadas el 20 de Diciembre del 2021, las que delinean el enfoque y disponen las provisiones operativas y definiciones de las reglas GloBE. Estas reglas se pretenden sean implementadas como parte de un abordaje común y se traigan a las legislaciones domésticas desde 2022.
El Pilar Uno es muy relevante para compañías ampliamente sostenidas digitalmente, pero menos para la industria minera pues explícitamente excluye las actividades extractivas. Este va aún más allá y perfila las primeras etapas de procesamiento de producción de mineral hecho en el país de extracción. Esto debería reasegurar que la totalidad de los derechos de tributación en extracción de recursos y procesamiento dentro-del-país de los países mineros sean preservados. La carga la llevarán mayormente las compañías mineras multinacionales para aplicar la exclusión y las jurisdicciones de sus países de procedencia para que los supervisen.
El Pilar Dos se aplica a todas las compañías con un umbral de ingreso global anual por encima de los EUR 750 millones, lo que cubriría la mayoría de empresas mineras medianas y grandes. Bajo este también si un país anfitrión no recolecta impuestos de una compañía minera a la tasa efectiva mínima del 15% en un año dado, otro país puede tener el derecho de cobrar la diferencia. El Pilar Dos afectará a muchos países que tienen una tributación baja o nula, por lo tanto cambiará cómo las multinacionales estructuran sus estrategias tributarias globales. A pesar de que los países mineros tienden a tener tasas tributarias al ingreso corporativo nominal mayores al 15%, muchos ofrecen incentivos tributarios generosos que pueden reducir tasas tributarias efectivas por debajo del 15%, por lo menos por un periodo de tiempo. Mucho tendrá que revisarse a la luz del mínimo tributario global.
Los gobiernos alrededor del mundo están comenzando a tomar acciones ante las nuevas reglas tributarias globales y a adaptar sus propias políticas tributarias como resultado. Ellos pueden tomar ventaja de la nueva Guía para Países en Desarrollo sobre Cómo Entender y Adaptar al Tributo Global Mínimo, publicado por el Instituto Internacional para Desarrollo Sostenible, el instituto anfitrión del IGF, y el Proyecto de Abogados Superiores Internacional. Y hay muchoas otros buenos recursos de organizaciones como la OCDE, Foro de Administración Tributaria Africano, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y la Conferencia de las Naciones Unidas acerca del Comercio y Desarrollo.
Más allá de la solución de Dos Pilares, la política tributaria globalmente está atravesando más cambios de lo que lo ha hecho en décadas. Muchos países se han dado cuenta que las reglas tributarias internacionales no están hechas en piedra, y esto abre oportunidades para nuevas ideas. Por ejemplo, la resolución de la ONU para iniciar charlas intergubernamentales en impuestos marca una salida mayor del status quo. Específicamente en el sector minero, el IGF y la iniciativa del Foro de Administración Tributaria Africano acerca del Futuro de la Tributación de Recursos está diseñada para ayudar a gobiernos y otras partes involucradas a repensar el diseño de políticas.
La iniciativa de Impuestos mineros Globales del Secretariado del IGF permanecerá concentrado en cómo estas reformas afectarán a los países mineros.
En Chile: Inician programa que impulsa
liderazgo femenino en la industria energética
Agosto 27 de 2023.- Cifras del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en Chile dan cuenta de que una de cada 4 matrículas de carreras STEM, (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), en el 2018, corresponden a mujeres. A su vez, en el área de tecnología, esta cifra se reduce a solo el 20%.
En una búsqueda por revertir esta tendencia y promover un cambio significativo en la representación de las mujeres en la industria, el Solar Energy Research Center Chile, SERC Chile, con el apoyo de la consultora Walk The Talk y la Universidad Técnica Federico Santa María, lanzan el programa “WISE: Women Inspiring Solar Engineering” para el fortalecimiento de las competencias profesionales de las mujeres en la industria.
El proyecto - impulsado y a cargo de los investigadores SERC, Ricardo Álvarez y Valeria del Campo - tiene como propósito fomentar la participación femenina en el sector energético y contribuir al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible "Igualdad de Género", propuesto por las Naciones Unidas para el 2030. A través de este programa, SERC Chile espera que las participantes adquieran y desarrollen competencias clave para el liderazgo en el sector.
Al respecto, Ricardo Álvarez, explica es fundamental abrir una mirada de equidad de género en este ecosistema. “Este programa no solo busca incrementar la presencia cuantitativa de mujeres en las organizaciones del sector, sino que también busca formar y empoderarlas para liderar el cambio hacia una energía más humana, sostenible y justa en Chile", aclara Álvarez, investigador del área de Almacenamiento de Energía SERC Chile y académico USM.
WISE que inicia el próximo 17 de agosto, es un programa de mentorías que acompañará a 30 estudiantes de último año de carreras de ingenierías, durante 9 sesiones, etapa en la que las alumnas compartirán su visión de futuro, experiencia, conocimientos, y participarán en charlas y actividades formativas fundamentales para su desarrollo profesional.
Todo ello, con el apoyo y guía de un equipo de coaches y de mujeres líderes del sector energía y medioambiente, quienes son parte del programa de liderazgo de la consultora Walk The Talk.
Esta iniciativa se basa en una metodología sólida y efectiva, diseñada para descubrir y desarrollar habilidades de liderazgo en las estudiantes. Una forma apasionada, innovadora y divertida de aprender a ejercer liderazgo que jamás se olvida y que nace, precisamente, para dar respuesta a las limitaciones que existen en el sistema de capacitación tradicional. Por ello, enfoca su metodología en producir cambios sostenibles en las estudiantes con miras a fortalecer el futuro desempeño profesional de las mujeres en organizaciones de los sectores energético y medioambiental.
Al respecto, la investigadora SERC, Valeria del Campo, explica que proporcionar oportunidades desde una etapa temprana de su carrera profesional permite influir positivamente en el desarrollo de oportunidades laborales, junto con crear entornos más inclusivos y diversos en las organizaciones, lo que también estimula la innovación y la creatividad al aprovechar diferentes perspectivas y enfoques.
“Estamos convencidos que al empoderar a las mujeres para que se conviertan en líderes en STEM, se establece un camino para el éxito individual y colectivo, donde las mujeres pueden desempeñar roles influyentes y ser agentes de cambio en la construcción de un futuro más equitativo y próspero en estas disciplinas. Sumado a esto, la inclusión de sus voces resulta fundamental para el avance de la agenda del Gobierno de Chile y sus objetivos para lograr la paridad de género en cargos directivos en 2040”.
Solar Energy Research Center (SERC) Chile es un centro de investigación científica de excelencia que cuenta con cuatro focos estratégicos, que están relacionados con el desarrollo actual de la energía solar y con las características productivas del país.
El centro, que forma parte del programa de centros de excelencia Fondap de la ANID, cuenta con siete áreas de investigación: Tratamiento solar de aguas; Sistemas de energía; Ciencia de los materiales y evaluación de los recursos solares; Almacenamiento de energía; Electrónica de potencia y conversión de energía; Desarrollo sostenible; Control de sistemas y procesos industriales.
Quienes constituyen estás líneas de investigación son los más de 80 investigadores e investigadoras pertenecientes a las ocho instituciones públicas y privadas que trabajan con SERC Chile: la Universidad de Tarapacá (UTA), la Universidad de Antofagasta (UA), la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), la Universidad de Chile (UCH), la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), la Universidad de Concepción (UDEC) y Fraunhofer Chile.
En una búsqueda por revertir esta tendencia y promover un cambio significativo en la representación de las mujeres en la industria, el Solar Energy Research Center Chile, SERC Chile, con el apoyo de la consultora Walk The Talk y la Universidad Técnica Federico Santa María, lanzan el programa “WISE: Women Inspiring Solar Engineering” para el fortalecimiento de las competencias profesionales de las mujeres en la industria.
El proyecto - impulsado y a cargo de los investigadores SERC, Ricardo Álvarez y Valeria del Campo - tiene como propósito fomentar la participación femenina en el sector energético y contribuir al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible "Igualdad de Género", propuesto por las Naciones Unidas para el 2030. A través de este programa, SERC Chile espera que las participantes adquieran y desarrollen competencias clave para el liderazgo en el sector.
Al respecto, Ricardo Álvarez, explica es fundamental abrir una mirada de equidad de género en este ecosistema. “Este programa no solo busca incrementar la presencia cuantitativa de mujeres en las organizaciones del sector, sino que también busca formar y empoderarlas para liderar el cambio hacia una energía más humana, sostenible y justa en Chile", aclara Álvarez, investigador del área de Almacenamiento de Energía SERC Chile y académico USM.
WISE que inicia el próximo 17 de agosto, es un programa de mentorías que acompañará a 30 estudiantes de último año de carreras de ingenierías, durante 9 sesiones, etapa en la que las alumnas compartirán su visión de futuro, experiencia, conocimientos, y participarán en charlas y actividades formativas fundamentales para su desarrollo profesional.
Todo ello, con el apoyo y guía de un equipo de coaches y de mujeres líderes del sector energía y medioambiente, quienes son parte del programa de liderazgo de la consultora Walk The Talk.
Esta iniciativa se basa en una metodología sólida y efectiva, diseñada para descubrir y desarrollar habilidades de liderazgo en las estudiantes. Una forma apasionada, innovadora y divertida de aprender a ejercer liderazgo que jamás se olvida y que nace, precisamente, para dar respuesta a las limitaciones que existen en el sistema de capacitación tradicional. Por ello, enfoca su metodología en producir cambios sostenibles en las estudiantes con miras a fortalecer el futuro desempeño profesional de las mujeres en organizaciones de los sectores energético y medioambiental.
Al respecto, la investigadora SERC, Valeria del Campo, explica que proporcionar oportunidades desde una etapa temprana de su carrera profesional permite influir positivamente en el desarrollo de oportunidades laborales, junto con crear entornos más inclusivos y diversos en las organizaciones, lo que también estimula la innovación y la creatividad al aprovechar diferentes perspectivas y enfoques.
“Estamos convencidos que al empoderar a las mujeres para que se conviertan en líderes en STEM, se establece un camino para el éxito individual y colectivo, donde las mujeres pueden desempeñar roles influyentes y ser agentes de cambio en la construcción de un futuro más equitativo y próspero en estas disciplinas. Sumado a esto, la inclusión de sus voces resulta fundamental para el avance de la agenda del Gobierno de Chile y sus objetivos para lograr la paridad de género en cargos directivos en 2040”.
Solar Energy Research Center (SERC) Chile es un centro de investigación científica de excelencia que cuenta con cuatro focos estratégicos, que están relacionados con el desarrollo actual de la energía solar y con las características productivas del país.
El centro, que forma parte del programa de centros de excelencia Fondap de la ANID, cuenta con siete áreas de investigación: Tratamiento solar de aguas; Sistemas de energía; Ciencia de los materiales y evaluación de los recursos solares; Almacenamiento de energía; Electrónica de potencia y conversión de energía; Desarrollo sostenible; Control de sistemas y procesos industriales.
Quienes constituyen estás líneas de investigación son los más de 80 investigadores e investigadoras pertenecientes a las ocho instituciones públicas y privadas que trabajan con SERC Chile: la Universidad de Tarapacá (UTA), la Universidad de Antofagasta (UA), la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), la Universidad de Chile (UCH), la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), la Universidad de Concepción (UDEC) y Fraunhofer Chile.
Haz clic aquí para editar.
Chocó Andino: el 32% dijo no
Agosto 20 de 2023.- Al cierre de esta edición, consultadas 5537 de las 5950 actas que debían levantarse en la consulta popular sobre la actividad minera en la mancomunidad del Chocó Andino, el resultado era contundente: el 68% de la población no quiere que se haga minería en la capital.
El tema de las consultas es cosa seria y debería entenderse así. Hace dos años se preguntó a la población de Cuenca si quería que construya una mina en la zona de recarga hídrica y la respuesta fue clarísima. Sin embargo, han pasado los meses y la cuestión sigue en los tribunales porque hay una lógica que entiende de manera particular el resultado de una consulta.
En febrero del 2018 hubo también un referéndum en torno a la posibilidad de hacer minería en zonas urbanas y en áreas consideradas como reservas. Al margen de lo que pase con las reservas de crudo que existen en el Yasuní, lo que se viene ahora es una avalancha de consultas populares sobre la minería que pondrá en tensión las fuerzas de los partidarios de la industria y la de los colectivos de activistas de los derechos humanos y la naturaleza.
El resultado es fácil de suponerlo, es decir, es casi tan predecible como los mensajes de la Cámara de Minería o la propaganda que vienen haciendo los que quieren venderle coca cola a los enfermos de diabetes.
El tema de las consultas es cosa seria y debería entenderse así. Hace dos años se preguntó a la población de Cuenca si quería que construya una mina en la zona de recarga hídrica y la respuesta fue clarísima. Sin embargo, han pasado los meses y la cuestión sigue en los tribunales porque hay una lógica que entiende de manera particular el resultado de una consulta.
En febrero del 2018 hubo también un referéndum en torno a la posibilidad de hacer minería en zonas urbanas y en áreas consideradas como reservas. Al margen de lo que pase con las reservas de crudo que existen en el Yasuní, lo que se viene ahora es una avalancha de consultas populares sobre la minería que pondrá en tensión las fuerzas de los partidarios de la industria y la de los colectivos de activistas de los derechos humanos y la naturaleza.
El resultado es fácil de suponerlo, es decir, es casi tan predecible como los mensajes de la Cámara de Minería o la propaganda que vienen haciendo los que quieren venderle coca cola a los enfermos de diabetes.
Cambios en el escenario minero chileno
Agosto 20 de 2023.- Importantes cambios vienen ocurriendo en el sector minero chileno. El miércoles 16 de agosto, el presidente Gabriel Boric anunció, durante el tercer cambio de gabinete, el reemplazo de la ministra de Minería. También se cambió al presidente de Codelco, a altos mandos de la Empresa Nacional de Minería, Enami; se nombró a cinco nuevos subsecretarios y subsecretarias y firmó el Convenio 176 de la OIT, decisión que reafirma el compromiso con la seguridad de los trabajadores.
Se anunció además que no cederán concesiones de litio hasta, al menos, el final de su mandato en 2026 y recalcó este mineral como símbolo de soberanía.
Reemplazando a la ministra Marcela Hernando tras 17 meses en su cargo, se designó a Aurora Williams Baussa, quien ya había desempeñado el cargo durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet.
Ingeniera comercial de la Universidad Católica del Norte (UCN) con estudios de postgrado especializados en administración de empresas, incluyendo un máster en Dirección y Administración de Empresas de la Universidad de Lérida en España, militante del Partido Radical (PR); su trayectoria incluye el haber sido gerenta general de la Corporación Clúster Minero de Antofagasta y gerenta de operaciones de Ciptemin.
Durante su pasada gestión se aprobó la capitalización de Codelco para financiar los proyectos estructurales de la estatal y se creó la ley que crea un Mecanismo de Estabilización del Precio del Cobre para la Pequeña Minería. Además, creó la Comisión Nacional del Litio, que tenía como objetivo crear una política pública para el desarrollo de esta industria en el país, y que fue recordada y enfatizada por el presidente en su discurso.
Reemplazando a Willy Kracht en la Subsecretaría de Minería, quien llevaba el cargo desde marzo del 2022, entró Suina Chahuán Kim.
Estos cambios han sido bien recibidos por diversos gremios mineros. Con respecto a la nueva ministra, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Jorge Riesco, declaró que “es una profesional que ya ocupó la cartera durante la administración de la presidenta Bachelet. Conoce el sector, tiene experiencia y está al tanto de los importantes desafíos que enfrenta nuestra industria. Ella siempre ha mostrado una buena disposición con nuestro gremio […] confiamos en que la ministra Williams pueda encabezar una agenda que contribuya a otorgar certeza jurídica y al fortalecimiento institucional necesario para recuperar la confianza de los inversionistas y a poner en marcha la cartera de proyectos mineros con que cuenta nuestro país”.
En cuanto a la salida de Willy Kracht de la Subsecretaría de Minería, declaró que “Nos ha sorprendido la amplitud del cambio que ha llevado a cabo el Presidente Boric, lo que demostraría un cambio de rumbo del sector”.
En esa misma línea, la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN) sostuvo que “nos asegura una fuerte relación con nuestro gremio; así como una buena conducción de los temas que interesan al desarrollo integral del sector minero, para lo cual le ofrecemos nuestra colaboración”.
Otros cambios importantes tuvieron lugar dentro de Codelco, tras la renuncia en junio de su presidente André Sougarret -quien argumentó dificultades para conciliar las demandas del puesto con su vida personal- que se hará efectiva este 31 de agosto.
Codelco atraviesa el nivel más bajo de producción en un cuarto de siglo, sufriendo por la falta de inversión, costos disparados y proyectos estratégicos que enfrentan retrasos y sobrecostos. A pesar de que los precios del cobre se encuentran a más de 20% por encima del promedio de la última década, estos factores han empeorado sus métricas crediticias. Dentro de un escenario de interrupciones en las cadenas de suministro, inflación y cuellos de botella en la construcción, Máximo Pacheco, su presidente, espera una recuperación a partir del próximo año y el aseguramiento de la producción de la empresa por los próximos 50 años gracias a sus proyectos estratégicos.
Por otro lado, el Ministerio de Minería informó que Jaime Pérez de Arce, vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami), fue sacado de su cargo. La vicepresidencia ejecutiva de la minera será tomada por Iván Mlynarz Puig, geólogo de la Universidad de Chile con 18 años de experiencia en el sector. La empresa atraviesa una difícil situación económica, reportándose pérdidas de US$ 224 millones de dólares solo en los últimos 15 meses, lo que representa el 48% de su patrimonio; adeuda, además, US$ 581 millones al cierre del 2022, que según SONAMI podría llegar a los US$ 760 millones, cifra considerada “impagable” en la industria.
Se anunció además que no cederán concesiones de litio hasta, al menos, el final de su mandato en 2026 y recalcó este mineral como símbolo de soberanía.
Reemplazando a la ministra Marcela Hernando tras 17 meses en su cargo, se designó a Aurora Williams Baussa, quien ya había desempeñado el cargo durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet.
Ingeniera comercial de la Universidad Católica del Norte (UCN) con estudios de postgrado especializados en administración de empresas, incluyendo un máster en Dirección y Administración de Empresas de la Universidad de Lérida en España, militante del Partido Radical (PR); su trayectoria incluye el haber sido gerenta general de la Corporación Clúster Minero de Antofagasta y gerenta de operaciones de Ciptemin.
Durante su pasada gestión se aprobó la capitalización de Codelco para financiar los proyectos estructurales de la estatal y se creó la ley que crea un Mecanismo de Estabilización del Precio del Cobre para la Pequeña Minería. Además, creó la Comisión Nacional del Litio, que tenía como objetivo crear una política pública para el desarrollo de esta industria en el país, y que fue recordada y enfatizada por el presidente en su discurso.
Reemplazando a Willy Kracht en la Subsecretaría de Minería, quien llevaba el cargo desde marzo del 2022, entró Suina Chahuán Kim.
Estos cambios han sido bien recibidos por diversos gremios mineros. Con respecto a la nueva ministra, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), Jorge Riesco, declaró que “es una profesional que ya ocupó la cartera durante la administración de la presidenta Bachelet. Conoce el sector, tiene experiencia y está al tanto de los importantes desafíos que enfrenta nuestra industria. Ella siempre ha mostrado una buena disposición con nuestro gremio […] confiamos en que la ministra Williams pueda encabezar una agenda que contribuya a otorgar certeza jurídica y al fortalecimiento institucional necesario para recuperar la confianza de los inversionistas y a poner en marcha la cartera de proyectos mineros con que cuenta nuestro país”.
En cuanto a la salida de Willy Kracht de la Subsecretaría de Minería, declaró que “Nos ha sorprendido la amplitud del cambio que ha llevado a cabo el Presidente Boric, lo que demostraría un cambio de rumbo del sector”.
En esa misma línea, la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN) sostuvo que “nos asegura una fuerte relación con nuestro gremio; así como una buena conducción de los temas que interesan al desarrollo integral del sector minero, para lo cual le ofrecemos nuestra colaboración”.
Otros cambios importantes tuvieron lugar dentro de Codelco, tras la renuncia en junio de su presidente André Sougarret -quien argumentó dificultades para conciliar las demandas del puesto con su vida personal- que se hará efectiva este 31 de agosto.
Codelco atraviesa el nivel más bajo de producción en un cuarto de siglo, sufriendo por la falta de inversión, costos disparados y proyectos estratégicos que enfrentan retrasos y sobrecostos. A pesar de que los precios del cobre se encuentran a más de 20% por encima del promedio de la última década, estos factores han empeorado sus métricas crediticias. Dentro de un escenario de interrupciones en las cadenas de suministro, inflación y cuellos de botella en la construcción, Máximo Pacheco, su presidente, espera una recuperación a partir del próximo año y el aseguramiento de la producción de la empresa por los próximos 50 años gracias a sus proyectos estratégicos.
Por otro lado, el Ministerio de Minería informó que Jaime Pérez de Arce, vicepresidente ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería (Enami), fue sacado de su cargo. La vicepresidencia ejecutiva de la minera será tomada por Iván Mlynarz Puig, geólogo de la Universidad de Chile con 18 años de experiencia en el sector. La empresa atraviesa una difícil situación económica, reportándose pérdidas de US$ 224 millones de dólares solo en los últimos 15 meses, lo que representa el 48% de su patrimonio; adeuda, además, US$ 581 millones al cierre del 2022, que según SONAMI podría llegar a los US$ 760 millones, cifra considerada “impagable” en la industria.
El debate de opiniones tiene una brillante oportunidad
Agosto 13 de 2023.- El Tribunal de Honor del Colegio Regional de Ingenieros Geólogos, de Minas, Petróleos y Ambiental, regional norte (Cigmipa), presidido por el doctor Arturo Égüez, dirigió hace unos días una carta al ingeniero Pablo Duque que reproducimos íntegramente en esta edición. Por supuesto que reproducimos también la respuesta, porque creemos en el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre cuáles son las propuestas e ideas que circulan en el Ecuador de hoy, en que la violencia pretende silenciar a quienes no están de acuerdo con la implantación de un pensamiento único que ahogue los fundamentos de una sociedad democrática.
|
|
Minería queda al margen del consenso en Cumbre Amazónica
Agosto 13 de 2023.- Con la Declaración de Belém que se firmó al final del primer día de la Cumbre Amazónica que reunió a los presidentes de Brasil, Colombia, Perú y Bolivia; y ministros de los ocho países integrantes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), con la presencia de asistentes de la sociedad civil y los pueblos indígenas en los días de diálogo en Belém do Pará, Brasil, del 4 al 8 de agosto.
Los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, anfitrión del evento; Gustavo Petro, de Colombia; Dina Boluarte, de Perú y Luis Arce de Bolivia. Por Venezuela estuvo la canciller Delcy Rodríguez, de Ecuador y Surinam asistieron sus cancilleres Juan Carlos Holguín y Albert Ramdin respectivamente, mientras que de Guyana estuvo presente el primer ministro Mark Phillips.
La declaración oficial contiene 113 puntos divididos en 18 segmentos que incluyen temas como cambio climático, protección de los bosques, cooperación policial, judicial y de inteligencia en la lucha contra las actividades ilícitas, economía para el desarrollo sostenible y derechos humanos.
La misiva describe 100 medidas de conservación, incluido un mayor monitoreo y acción contra la minería ilegal y la deforestación. Sin embargo, los participantes no lograron llegar a un consenso sobre políticas específicas.
Uno de los objetivos de la cumbre fue fortalecer la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, creada en 1995. Los resultados de esta cumbre se deben evaluar teniendo en cuenta que no había una reunión de este grupo de países desde 2009, por lo que hay un gran déficit en relación con los temas urgentes que deben abordarse con respecto a la Amazonía por lo que hay un gran déficit en relación con los temas urgentes que deben abordarse con respecto a la Amazonía", dijo Sergio Leitão, titular del Instituto Escolhas, a BNamericas.
Los observadores esperaban anuncios importantes sobre reducciones de emisiones y exploración de petróleo y gas o prohibiciones mineras.
El documento no incluye varios de los puntos clave que se conversaron los días previos como compromisos concretos para detener la expansión de la frontera de petróleo y gas en la Amazonía, propuesta impulsada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
“La declaración abarca una serie de temas pero no define ni metas ni indicadores que permitan evaluar avances. Los gobiernos han sido tímidos en abordar los problemas que ponen a la Amazonía en un punto de no retorno y que podría ser pronto una región fallida si no se adoptan medidas urgentes”, señaló Alicia Guzmán, codirectora del Programa Amazonía de Stand.earth al portal Mongabay Latam.
Guzmán también mencionó que la dependencia de los estados a las industrias extractivas no les ha permitido entender el momento histórico en el que está la región. “Si bien habla de minería, no se toca el tema de la agroindustria y su rol como responsable del 86 % de la deforestación. El tema petrolero quedó por fuera, a pesar de que su rol en la deforestación y degradación es de vital importancia para una transición energética justa. Es una mirada miope”, agrega Guzmán.
La referencia a la minería en la Declaración de Belém está expresada en el punto 79, en donde solo se detalla que se debe “iniciar un diálogo entre los Estados Parte sobre la sostenibilidad de sectores tales como minería e hidrocarburos en la Región Amazónica, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus políticas nacionales soberanas”.
Durante la plenaria que abrió la cumbre también estuvieron presentes integrantes de la sociedad civil que participaron en los Diálogos Amazónicos en los días previos, así como en la Asamblea de los Pueblos que se realizó en paralelo.
Una de las demandas principales de los pueblos originarios de los países amazónicos durante los Diálogos Amazónicos ha sido que se concrete la titulación pendiente de sus territorios.
La meta de lograr cero deforestación, otro de los pedidos, apenas se menciona en el documento en la sección 45, donde se detalla que “establecer la Alianza Amazónica de Combate a la Deforestación entre los Estados Parte, para impulsar la cooperación regional en la lucha contra la deforestación, con la finalidad de evitar que la Amazonía llegue al punto de no retorno, reconociendo y fomentando el cumplimiento de las metas nacionales, incluidas aquellas de deforestación cero”.
El Foro Social Panamazónico (Fospa), junto con la Red Eclesial Panamazónica (Repam), organizaron la Asamblea de los Pueblos que se realizó del 4 al 8 de agosto también en Belém do Pará. La cita reunió a líderes indígenas y movimientos sociales de todos los países amazónicos y culminó con un pronunciamiento de 29 puntos entre los que se mencionan “derogar y abrogar las leyes y disposiciones legales que promueven la destrucción de la Amazonía; titular el 100 % de las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas, afrodescendientes, quilombolas y comunidades tradicionales, garantizando la seguridad integral jurídica y física de la propiedad colectiva, así como la protección territorial de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario”.
Además, solicitaron a los gobiernos frenar la expansión de la frontera agropecuaria, promover un plan de transición para salvar la Amazonía de la minería ilegal y la contaminación por mercurio y prohibir las actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas, ancestrales y comunitarios, entre otros temas.
Los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, anfitrión del evento; Gustavo Petro, de Colombia; Dina Boluarte, de Perú y Luis Arce de Bolivia. Por Venezuela estuvo la canciller Delcy Rodríguez, de Ecuador y Surinam asistieron sus cancilleres Juan Carlos Holguín y Albert Ramdin respectivamente, mientras que de Guyana estuvo presente el primer ministro Mark Phillips.
La declaración oficial contiene 113 puntos divididos en 18 segmentos que incluyen temas como cambio climático, protección de los bosques, cooperación policial, judicial y de inteligencia en la lucha contra las actividades ilícitas, economía para el desarrollo sostenible y derechos humanos.
La misiva describe 100 medidas de conservación, incluido un mayor monitoreo y acción contra la minería ilegal y la deforestación. Sin embargo, los participantes no lograron llegar a un consenso sobre políticas específicas.
Uno de los objetivos de la cumbre fue fortalecer la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, creada en 1995. Los resultados de esta cumbre se deben evaluar teniendo en cuenta que no había una reunión de este grupo de países desde 2009, por lo que hay un gran déficit en relación con los temas urgentes que deben abordarse con respecto a la Amazonía por lo que hay un gran déficit en relación con los temas urgentes que deben abordarse con respecto a la Amazonía", dijo Sergio Leitão, titular del Instituto Escolhas, a BNamericas.
Los observadores esperaban anuncios importantes sobre reducciones de emisiones y exploración de petróleo y gas o prohibiciones mineras.
El documento no incluye varios de los puntos clave que se conversaron los días previos como compromisos concretos para detener la expansión de la frontera de petróleo y gas en la Amazonía, propuesta impulsada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
“La declaración abarca una serie de temas pero no define ni metas ni indicadores que permitan evaluar avances. Los gobiernos han sido tímidos en abordar los problemas que ponen a la Amazonía en un punto de no retorno y que podría ser pronto una región fallida si no se adoptan medidas urgentes”, señaló Alicia Guzmán, codirectora del Programa Amazonía de Stand.earth al portal Mongabay Latam.
Guzmán también mencionó que la dependencia de los estados a las industrias extractivas no les ha permitido entender el momento histórico en el que está la región. “Si bien habla de minería, no se toca el tema de la agroindustria y su rol como responsable del 86 % de la deforestación. El tema petrolero quedó por fuera, a pesar de que su rol en la deforestación y degradación es de vital importancia para una transición energética justa. Es una mirada miope”, agrega Guzmán.
La referencia a la minería en la Declaración de Belém está expresada en el punto 79, en donde solo se detalla que se debe “iniciar un diálogo entre los Estados Parte sobre la sostenibilidad de sectores tales como minería e hidrocarburos en la Región Amazónica, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus políticas nacionales soberanas”.
Durante la plenaria que abrió la cumbre también estuvieron presentes integrantes de la sociedad civil que participaron en los Diálogos Amazónicos en los días previos, así como en la Asamblea de los Pueblos que se realizó en paralelo.
Una de las demandas principales de los pueblos originarios de los países amazónicos durante los Diálogos Amazónicos ha sido que se concrete la titulación pendiente de sus territorios.
La meta de lograr cero deforestación, otro de los pedidos, apenas se menciona en el documento en la sección 45, donde se detalla que “establecer la Alianza Amazónica de Combate a la Deforestación entre los Estados Parte, para impulsar la cooperación regional en la lucha contra la deforestación, con la finalidad de evitar que la Amazonía llegue al punto de no retorno, reconociendo y fomentando el cumplimiento de las metas nacionales, incluidas aquellas de deforestación cero”.
El Foro Social Panamazónico (Fospa), junto con la Red Eclesial Panamazónica (Repam), organizaron la Asamblea de los Pueblos que se realizó del 4 al 8 de agosto también en Belém do Pará. La cita reunió a líderes indígenas y movimientos sociales de todos los países amazónicos y culminó con un pronunciamiento de 29 puntos entre los que se mencionan “derogar y abrogar las leyes y disposiciones legales que promueven la destrucción de la Amazonía; titular el 100 % de las reivindicaciones territoriales de los pueblos indígenas, afrodescendientes, quilombolas y comunidades tradicionales, garantizando la seguridad integral jurídica y física de la propiedad colectiva, así como la protección territorial de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario”.
Además, solicitaron a los gobiernos frenar la expansión de la frontera agropecuaria, promover un plan de transición para salvar la Amazonía de la minería ilegal y la contaminación por mercurio y prohibir las actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas, ancestrales y comunitarios, entre otros temas.
Arbitraje Codelco-Enami EP en el Ciadi tiene
tercer árbitro y presidente del tribunal
Agosto 6 de 2023.- John Beechey fue designado tercer árbitro y presidente del tribunal arbitral en la disputa de arbitraje de Codelco contra Ecuador en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi, postergado por cinco veces.
Según la estatal chilena, Ecuador no ha cumplido con sus obligaciones en el proyecto Llurimagua, en el norte del país. Por eso es que a fines del año pasado pidió a la Secretaría General del Ciadi que se notifique al país para que nombre sus abogados ante el tribunal arbitral.
La tensa relación de Codelco con su par ecuatoriano, Enami EP, después de la firma de un acuerdo de accionistas hace siete años, se debe a unos términos contractuales que no fueron bien recibidos en el ámbito local. Los planes de internacionalización de Codelco se han visto complicados por la falta de ratificación y firma de los acuerdos.
El 19 de junio, se designó a Beechey, un abogado británico con una amplia experiencia en arbitraje internacional, como el tercer y último árbitro, quien actuará como presidente del tribunal arbitral.
José Martínez de Hoz, designado por Codelco, un abogado argentino con una sólida trayectoria en arbitrajes y Zachary Douglas, designado por Enami EP, un experto en derecho internacional con amplia experiencia en tratados de inversión y arbitrajes comerciales, son los primeros dos árbitros.
La resolución de este caso tendrá implicaciones significativas para el futuro del proyecto de cobre Llurimagua, que tiene décadas de oposición de las comunidades de la zona, y sentará un precedente importante en la industria minera.
Según la estatal chilena, Ecuador no ha cumplido con sus obligaciones en el proyecto Llurimagua, en el norte del país. Por eso es que a fines del año pasado pidió a la Secretaría General del Ciadi que se notifique al país para que nombre sus abogados ante el tribunal arbitral.
La tensa relación de Codelco con su par ecuatoriano, Enami EP, después de la firma de un acuerdo de accionistas hace siete años, se debe a unos términos contractuales que no fueron bien recibidos en el ámbito local. Los planes de internacionalización de Codelco se han visto complicados por la falta de ratificación y firma de los acuerdos.
El 19 de junio, se designó a Beechey, un abogado británico con una amplia experiencia en arbitraje internacional, como el tercer y último árbitro, quien actuará como presidente del tribunal arbitral.
José Martínez de Hoz, designado por Codelco, un abogado argentino con una sólida trayectoria en arbitrajes y Zachary Douglas, designado por Enami EP, un experto en derecho internacional con amplia experiencia en tratados de inversión y arbitrajes comerciales, son los primeros dos árbitros.
La resolución de este caso tendrá implicaciones significativas para el futuro del proyecto de cobre Llurimagua, que tiene décadas de oposición de las comunidades de la zona, y sentará un precedente importante en la industria minera.
Ecuador publicó su primer Informe EITI
Agosto 6 de 2023.- El Ecuador tiene su primer informe país dentro de los parámetros de la Iniciativa EITI que ablandó sus exigencias a partir de la pandemia de 2020 extendiendo los antes estrictos plazos para presentar los logros nacionales en la gobernanza transparente de las industrias extractivas, el “Informe EITI Ecuador período 2020 – 2022”.
En efecto, con este documento, que tiene fecha abril de 2023, el Ecuador supera este primer reto sobre el que no se tuvo noticia desde la renuncia del primer Secretario Técnico en julio de 2022. Sin embargo, sigue sin cumplir con las promesas principales del estándar en los objetivos centrales de la Iniciativa en su origen: proporcionar acceso público gratuito a los contratos completos de explotación de los recursos naturales de los países en los rubros de petróleo, gas y minerales.
Más que un informe que aporte mucho a la transparencia de las industrias extractivas, en el sector minero el documento es una descripción cuantitativa, con datos publicados por el Ministerio de Energía y Minas en su rendición de cuentas de 2022 y una recopilación de los principales conceptos, instrumentos y reglas de su normativa legal y el estado actual de su institucionalidad.
En el documento de 123 páginas, destaca la mención de once proyectos que el Ministerio denomina estratégicos y de segunda generación, aunque solo enlista diez: Fruta del Norte, Curipamba, Cascabel, Ruta del Cobre, La Plata, San Carlos, Loma Larga, Mirador, Llurimagua y Cangrejos.
En la página 35, Cuadro 16: Proyectos Mineros Estratégicos, presenta la información de ocho de dichos proyectos: Fruta del Norte, Curipamba, Cascabel, Ruta del Cobre, La Plata, San Carlos Panantza, Loma Larga y Mirador. El cuadro incluye: nombre del proyecto, la subsidiaria ecuatoriana, el consocio extranjero al cual pertenecen, las hectáreas concesionadas, la ubicación geográfica, la inversión realizada desde 2012 hasta el 2022, la fase minera en la que se encuentran, el pago de impuestos realizados, especialmente por patente de conservación, el empleo directo e indirecto generado y la inversión social realizada al 2022.
Los proyectos con el mayor número de hectáreas concesionadas son San Carlos Panantza, suspendido por orden judicial, con 38 548 hectáreas. Le sigue Curipamba, en proceso de obtener licencia ambiental, con 21 537. En relación con la inversión realizada: Fruta del Norte tiene US$ 1547; Curipamba, US$ 72,68; Cascabel con US$ 266,81; Ruta del Cobre US$ 52,29, La Plata US$ 22,33; San Carlos Panantza con US$ 3031,70; Loma Larga, tiene US$ 499 y Mirador había invertido US$ 1570 hasta el 2022.
En cuanto a los datos de empleo directo del sector minero industrial hay que destacar que Fruta del Norte tiene 2.654 empleados; Curipamba genera 291 puestos de trabajo directo; Cascabel cuenta con 573; Ruta del Cobre con 37; La Plata, con 133; San Carlos Panantza con 20; Loma Larga con 84 personas y Mirador con 3.281 plazas de empleo directo. El dato de empleo indirecto resulta de multiplicar por tres la cifra de empleo directo.
No hay explicación sobre la falta de información sobre los proyectos Llurimagua y Cangrejos.
La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) se basa en un modelo de múltiples partes interesadas que reúne a los gobiernos, la sociedad civil y las empresas del sector extractivo que agrupa a petróleo, gas y minería.
Como se ha promocionó en su momento, en septiembre 2019 el Ecuador anunció la adhesión oficial a la iniciativa, en junio 2020 se creó el “grupo multipartícipe” y en octubre 2020 fue aceptado como país implementador del Estándar.
Tras su aceptación, se comprometió en crear un proceso EITI adaptado a las necesidades específicas del país. Los miembros del grupo asumieron la definición del alcance de la información a publicarse en el primer informe país.
A nivel internacional, los estándares también se han ido modificando en el énfasis dado a la información a recopilarse, analizarse y divulgarse. Por ejemplo, durante los dos últimos años, los partidarios de una transparencia que contribuya a prevenir el origen ilegítimo de las inversiones, quisieron poner un énfasis en la transparencia de los beneficiarios finales.
Con beneficiarios finales se refiere a los accionistas e inversionistas que son quienes reciben la parte principal de los beneficios y en sus aportes tributarios a los países dueños de los recursos, así como información que contribuya a evitar el lavado de activos y las formas de elusión de impuestos que podrían configurarse. Pocos países avanzaron en esa dirección.
El cuarto y último Estándar fue adoptado en la Conferencia Global EITI, realizada en junio incluye disposiciones que, en teoría, permiten a los países responder a los desafíos más apremiantes relacionados con la gobernanza de los recursos naturales.
A grandes rasgos, el nuevo estándar plantea novedades en cuanto a la lucha contra la corrupción a través del uso de la plataforma del EITI con la finalidad de identificar y abordar los riesgos de corrupción en el sector de los recursos naturales.
También contiene nuevas disposiciones que favorecen las divulgaciones y el debate público acerca de los impactos de la transición energética, cuestiones de género, sociales y ambientales y en cuanto a recaudación de ingresos.
Entre tanto, en Ecuador, el grupo multipartícipe conformado inicialmente por seis ong quiteñas como líderes de la sociedad civil, que ahora son ocho, en noviembre 2021 aprobó la modalidad flexible para el desarrollo de su primer informe. Le dieron como objeto el garantizar que las divulgaciones sirvan de insumo a los debates relacionados a la gobernanza en industrias extractivas, el impacto de la pandemia Covid -19, la recuperación post pandemia y otros acontecimientos significativos que inciden en la industria.
Con el objetivo de avanzar hacia la formulación de un primer Informe EITI, la Secretaría Técnica del EITI Ecuador con el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) contrató la consultoría para su elaboración, el cual se desarrolla en este documento.
En la introducción de este informe se señala también como objetivo central determinar la aplicabilidad del Estándar en cada uno de sus requisitos, identificar los flujos de pagos de la industria extractiva y su materialidad… entre otros.
En efecto, con este documento, que tiene fecha abril de 2023, el Ecuador supera este primer reto sobre el que no se tuvo noticia desde la renuncia del primer Secretario Técnico en julio de 2022. Sin embargo, sigue sin cumplir con las promesas principales del estándar en los objetivos centrales de la Iniciativa en su origen: proporcionar acceso público gratuito a los contratos completos de explotación de los recursos naturales de los países en los rubros de petróleo, gas y minerales.
Más que un informe que aporte mucho a la transparencia de las industrias extractivas, en el sector minero el documento es una descripción cuantitativa, con datos publicados por el Ministerio de Energía y Minas en su rendición de cuentas de 2022 y una recopilación de los principales conceptos, instrumentos y reglas de su normativa legal y el estado actual de su institucionalidad.
En el documento de 123 páginas, destaca la mención de once proyectos que el Ministerio denomina estratégicos y de segunda generación, aunque solo enlista diez: Fruta del Norte, Curipamba, Cascabel, Ruta del Cobre, La Plata, San Carlos, Loma Larga, Mirador, Llurimagua y Cangrejos.
En la página 35, Cuadro 16: Proyectos Mineros Estratégicos, presenta la información de ocho de dichos proyectos: Fruta del Norte, Curipamba, Cascabel, Ruta del Cobre, La Plata, San Carlos Panantza, Loma Larga y Mirador. El cuadro incluye: nombre del proyecto, la subsidiaria ecuatoriana, el consocio extranjero al cual pertenecen, las hectáreas concesionadas, la ubicación geográfica, la inversión realizada desde 2012 hasta el 2022, la fase minera en la que se encuentran, el pago de impuestos realizados, especialmente por patente de conservación, el empleo directo e indirecto generado y la inversión social realizada al 2022.
Los proyectos con el mayor número de hectáreas concesionadas son San Carlos Panantza, suspendido por orden judicial, con 38 548 hectáreas. Le sigue Curipamba, en proceso de obtener licencia ambiental, con 21 537. En relación con la inversión realizada: Fruta del Norte tiene US$ 1547; Curipamba, US$ 72,68; Cascabel con US$ 266,81; Ruta del Cobre US$ 52,29, La Plata US$ 22,33; San Carlos Panantza con US$ 3031,70; Loma Larga, tiene US$ 499 y Mirador había invertido US$ 1570 hasta el 2022.
En cuanto a los datos de empleo directo del sector minero industrial hay que destacar que Fruta del Norte tiene 2.654 empleados; Curipamba genera 291 puestos de trabajo directo; Cascabel cuenta con 573; Ruta del Cobre con 37; La Plata, con 133; San Carlos Panantza con 20; Loma Larga con 84 personas y Mirador con 3.281 plazas de empleo directo. El dato de empleo indirecto resulta de multiplicar por tres la cifra de empleo directo.
No hay explicación sobre la falta de información sobre los proyectos Llurimagua y Cangrejos.
La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) se basa en un modelo de múltiples partes interesadas que reúne a los gobiernos, la sociedad civil y las empresas del sector extractivo que agrupa a petróleo, gas y minería.
Como se ha promocionó en su momento, en septiembre 2019 el Ecuador anunció la adhesión oficial a la iniciativa, en junio 2020 se creó el “grupo multipartícipe” y en octubre 2020 fue aceptado como país implementador del Estándar.
Tras su aceptación, se comprometió en crear un proceso EITI adaptado a las necesidades específicas del país. Los miembros del grupo asumieron la definición del alcance de la información a publicarse en el primer informe país.
A nivel internacional, los estándares también se han ido modificando en el énfasis dado a la información a recopilarse, analizarse y divulgarse. Por ejemplo, durante los dos últimos años, los partidarios de una transparencia que contribuya a prevenir el origen ilegítimo de las inversiones, quisieron poner un énfasis en la transparencia de los beneficiarios finales.
Con beneficiarios finales se refiere a los accionistas e inversionistas que son quienes reciben la parte principal de los beneficios y en sus aportes tributarios a los países dueños de los recursos, así como información que contribuya a evitar el lavado de activos y las formas de elusión de impuestos que podrían configurarse. Pocos países avanzaron en esa dirección.
El cuarto y último Estándar fue adoptado en la Conferencia Global EITI, realizada en junio incluye disposiciones que, en teoría, permiten a los países responder a los desafíos más apremiantes relacionados con la gobernanza de los recursos naturales.
A grandes rasgos, el nuevo estándar plantea novedades en cuanto a la lucha contra la corrupción a través del uso de la plataforma del EITI con la finalidad de identificar y abordar los riesgos de corrupción en el sector de los recursos naturales.
También contiene nuevas disposiciones que favorecen las divulgaciones y el debate público acerca de los impactos de la transición energética, cuestiones de género, sociales y ambientales y en cuanto a recaudación de ingresos.
Entre tanto, en Ecuador, el grupo multipartícipe conformado inicialmente por seis ong quiteñas como líderes de la sociedad civil, que ahora son ocho, en noviembre 2021 aprobó la modalidad flexible para el desarrollo de su primer informe. Le dieron como objeto el garantizar que las divulgaciones sirvan de insumo a los debates relacionados a la gobernanza en industrias extractivas, el impacto de la pandemia Covid -19, la recuperación post pandemia y otros acontecimientos significativos que inciden en la industria.
Con el objetivo de avanzar hacia la formulación de un primer Informe EITI, la Secretaría Técnica del EITI Ecuador con el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF) contrató la consultoría para su elaboración, el cual se desarrolla en este documento.
En la introducción de este informe se señala también como objetivo central determinar la aplicabilidad del Estándar en cada uno de sus requisitos, identificar los flujos de pagos de la industria extractiva y su materialidad… entre otros.
Chile: Presidente Boric y ministros de Hacienda
y Minería promulgan ley de royalty minero
gosto 6 de 2023.- El Presidente de la República, Gabriel Boric, junto a los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y de Minería, Marcela Hernando, promulgaron la Ley de Royalty Minero, iniciativa aprobada por el Congreso el pasado 17 de mayo luego de más de cuatro años de tramitación.
En general, el proyecto establece un nuevo esquema tributario para los explotadores mineros que produzcan más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) al año, que considera un impuesto ad valorem de 1% sobre las ventas anuales de cobre, y un componente sobre el margen minero con tasas entre 8% y 26% según margen operacional. Se fijó una carga tributaria potencial máxima entre 45,5% y 46,5% dependiendo del volumen de producción.
Esta nueva estructura impositiva empezará a regir a partir del 2024 y, en régimen, espera recaudar 0,45% del PIB (equivalente a aproximadamente US$ 1.350 millones), de los cuales US$ 450 millones serán distribuidos directamente para impulsar el desarrollo productivo de las regiones y comunas en todo el país.
"Creemos, y tengo la más firme convicción, que legislaciones como ésta, que distribuyen de mejor manera la riqueza que generan los trabajadores y trabajadoras para toda nuestra patria, son un paso en la dirección correcta. Estos nuevos impuestos a la Gran Minería del cobre no van a significar solamente más recaudación, no son para agrandar las arcas del Estado, sino que son para el beneficio de las personas y las familias de Chile, son para ustedes que nos están viendo en la casa", señaló el mandatario.
El ministro Marcel, en tanto, señaló que la aprobación de esta iniciativa genera mayor certeza impactando positivamente en las inversiones. De hecho, comentó, que en el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital a junio de 2023 la inversión proyectada en minería para el quinquenio 2023-2027 se elevó a US$15.440 millones. Este monto supera a la proyección del primer trimestre de 2023 en US$ 7.773 millones, principalmente por el ingreso de nuevas iniciativas tras la aprobación del proyecto.
"También tenemos la tarea de cumplir con los compromisos que se asumieron en el protocolo de acuerdo que acompañó el despacho de esta ley que incluye, en primer lugar, tender un puente en materia financiera para regiones y municipios con un 50% de la parte del Royalty que está comprometido a contar del 2025, lo que ya incorporamos en el presupuesto 2024. Además, está el compromiso de establecer una mesa para trabajar en reducir los tiempos de tramitación de los proyectos mineros en un 30%. Esa mesa ya se constituyó hace unos días. También está el compromiso de incluir en el presupuesto 2024 recursos por tres años por US$ 200 millones anuales en un fondo para apalancar inversiones productivas en las regiones del norte del país y aportar US$ 350 millones para inversión en seguridad ciudadana. Y, finalmente, la tarea probablemente más importante es gastar bien los recursos, generar los proyectos en los cuales se puedan invertir estos fondos para que rindan beneficios a la comunidad. Y también asegurar que se ejecuten con toda la transparencia, el cumplimiento de las normas y rendición de cuentas que corresponden", agregó el ministro.
La ministra Hernando destacó que "varios alcaldes, durante mucho tiempo, empujaron la propuesta de un Royalty a la Gran Minería del cobre para reivindicar lo que significa desarrollar esta industria en comunas de diversa naturaleza, desde Arica hasta Punta Arenas. Y, en ese contexto, esta es una muy buena noticia para todas y cada una de las regiones del país. Este Royalty hará posible que comunas muy apartadas y que no tienen actividad minera, también reciban una retribución importante, y en aquellas en donde se desarrolla esta actividad reciban una justa compensación. Agradecer a las y los parlamentarios, a los autores iniciales de este proyecto. El Gobierno del Presidente Boric hizo realidad los sueños de los territorios mineros, solidarizando con otras regiones que no son tan mineras, para que todas y todos reciban retribución de lo que significa ser un país minero".
Los detalles
La nueva ley establece un esquema tributario para los explotadores mineros cuyas ventas provengan en más de un 50% de cobre, y con una producción mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) al año. Para este grupo, se establecen dos tasas:
Un componente ad valorem de 1% sobre sus ventas anuales de cobre. En los casos en que la firmas tengan un resultado operacional negativo (RIOMA negativa), no procederá el pago de este componente.
Un componente sobre el margen minero con tasas entre 8% y 26% dependiendo del margen operacional minero (MOM) y considerará la depreciación y los gastos de puesta en marcha en el cálculo de los costos..
Es importante destacar que para aquellas mineras pequeñas y medianas (que produzcan menos de 50.000 TMCF) se mantiene la misma carga tributaria vigente.
Adicionalmente, se introdujo una carga tributaria potencial máxima, que establece el techo que pagarán las grandes mineras en tributos, considerando conjuntamente el pago del impuesto específico o Royalty, el impuesto de primera categoría y los impuestos finales (adicional). Para los explotadores mineros con una producción superior a 50.000 y menor a 80.000 TMCF al año, se establece una cifra máxima de 45,5%; mientras que por sobre las 80.000 TMCF anuales, la carga potencial máxima será de 46,5%.
También el proyecto introduce nuevos incentivos a la expansión de proyectos mineros, ya que el impuesto específico para estos explotadores mineros se determinará utilizando un promedio de su producción durante los últimos seis años, quedando transitoriamente con tasas más bajas que otros de similar producción.
Una de las grandes innovaciones de este proyecto es que, por Ley, se crean tres fondos de beneficio comunal y regional que suman US$ 450 millones:
Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, por US$ 225 millones a beneficio de los Gobiernos Regionales y que serán distribuidos según los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, por US$ 170 millones a favor de las comunas más vulnerables que presentan una mayor dependencia al Fondo Común Municipal (FCM). En total, 302 municipios recibirán recursos por esta vía.
Fondo Comunas Mineras, por US$ 55 millones para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, fundiciones y refinerías, relaves, puertos, entre otros, lo que fue precisado vía indicación. Las comunas beneficiadas están ubicadas en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.
En general, el proyecto establece un nuevo esquema tributario para los explotadores mineros que produzcan más de 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) al año, que considera un impuesto ad valorem de 1% sobre las ventas anuales de cobre, y un componente sobre el margen minero con tasas entre 8% y 26% según margen operacional. Se fijó una carga tributaria potencial máxima entre 45,5% y 46,5% dependiendo del volumen de producción.
Esta nueva estructura impositiva empezará a regir a partir del 2024 y, en régimen, espera recaudar 0,45% del PIB (equivalente a aproximadamente US$ 1.350 millones), de los cuales US$ 450 millones serán distribuidos directamente para impulsar el desarrollo productivo de las regiones y comunas en todo el país.
"Creemos, y tengo la más firme convicción, que legislaciones como ésta, que distribuyen de mejor manera la riqueza que generan los trabajadores y trabajadoras para toda nuestra patria, son un paso en la dirección correcta. Estos nuevos impuestos a la Gran Minería del cobre no van a significar solamente más recaudación, no son para agrandar las arcas del Estado, sino que son para el beneficio de las personas y las familias de Chile, son para ustedes que nos están viendo en la casa", señaló el mandatario.
El ministro Marcel, en tanto, señaló que la aprobación de esta iniciativa genera mayor certeza impactando positivamente en las inversiones. De hecho, comentó, que en el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital a junio de 2023 la inversión proyectada en minería para el quinquenio 2023-2027 se elevó a US$15.440 millones. Este monto supera a la proyección del primer trimestre de 2023 en US$ 7.773 millones, principalmente por el ingreso de nuevas iniciativas tras la aprobación del proyecto.
"También tenemos la tarea de cumplir con los compromisos que se asumieron en el protocolo de acuerdo que acompañó el despacho de esta ley que incluye, en primer lugar, tender un puente en materia financiera para regiones y municipios con un 50% de la parte del Royalty que está comprometido a contar del 2025, lo que ya incorporamos en el presupuesto 2024. Además, está el compromiso de establecer una mesa para trabajar en reducir los tiempos de tramitación de los proyectos mineros en un 30%. Esa mesa ya se constituyó hace unos días. También está el compromiso de incluir en el presupuesto 2024 recursos por tres años por US$ 200 millones anuales en un fondo para apalancar inversiones productivas en las regiones del norte del país y aportar US$ 350 millones para inversión en seguridad ciudadana. Y, finalmente, la tarea probablemente más importante es gastar bien los recursos, generar los proyectos en los cuales se puedan invertir estos fondos para que rindan beneficios a la comunidad. Y también asegurar que se ejecuten con toda la transparencia, el cumplimiento de las normas y rendición de cuentas que corresponden", agregó el ministro.
La ministra Hernando destacó que "varios alcaldes, durante mucho tiempo, empujaron la propuesta de un Royalty a la Gran Minería del cobre para reivindicar lo que significa desarrollar esta industria en comunas de diversa naturaleza, desde Arica hasta Punta Arenas. Y, en ese contexto, esta es una muy buena noticia para todas y cada una de las regiones del país. Este Royalty hará posible que comunas muy apartadas y que no tienen actividad minera, también reciban una retribución importante, y en aquellas en donde se desarrolla esta actividad reciban una justa compensación. Agradecer a las y los parlamentarios, a los autores iniciales de este proyecto. El Gobierno del Presidente Boric hizo realidad los sueños de los territorios mineros, solidarizando con otras regiones que no son tan mineras, para que todas y todos reciban retribución de lo que significa ser un país minero".
Los detalles
La nueva ley establece un esquema tributario para los explotadores mineros cuyas ventas provengan en más de un 50% de cobre, y con una producción mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF) al año. Para este grupo, se establecen dos tasas:
Un componente ad valorem de 1% sobre sus ventas anuales de cobre. En los casos en que la firmas tengan un resultado operacional negativo (RIOMA negativa), no procederá el pago de este componente.
Un componente sobre el margen minero con tasas entre 8% y 26% dependiendo del margen operacional minero (MOM) y considerará la depreciación y los gastos de puesta en marcha en el cálculo de los costos..
Es importante destacar que para aquellas mineras pequeñas y medianas (que produzcan menos de 50.000 TMCF) se mantiene la misma carga tributaria vigente.
Adicionalmente, se introdujo una carga tributaria potencial máxima, que establece el techo que pagarán las grandes mineras en tributos, considerando conjuntamente el pago del impuesto específico o Royalty, el impuesto de primera categoría y los impuestos finales (adicional). Para los explotadores mineros con una producción superior a 50.000 y menor a 80.000 TMCF al año, se establece una cifra máxima de 45,5%; mientras que por sobre las 80.000 TMCF anuales, la carga potencial máxima será de 46,5%.
También el proyecto introduce nuevos incentivos a la expansión de proyectos mineros, ya que el impuesto específico para estos explotadores mineros se determinará utilizando un promedio de su producción durante los últimos seis años, quedando transitoriamente con tasas más bajas que otros de similar producción.
Una de las grandes innovaciones de este proyecto es que, por Ley, se crean tres fondos de beneficio comunal y regional que suman US$ 450 millones:
Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo, por US$ 225 millones a beneficio de los Gobiernos Regionales y que serán distribuidos según los criterios del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, por US$ 170 millones a favor de las comunas más vulnerables que presentan una mayor dependencia al Fondo Común Municipal (FCM). En total, 302 municipios recibirán recursos por esta vía.
Fondo Comunas Mineras, por US$ 55 millones para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, fundiciones y refinerías, relaves, puertos, entre otros, lo que fue precisado vía indicación. Las comunas beneficiadas están ubicadas en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.
Colombia: Arbitrajes en desarrollo por
la mina de carbón más grande de Latinoamérica
Agosto 6 de 2023.- La minera Glencore y las comunidades Wayúu se enfrentan en un arbitraje por la mina a cielo abierto de carbón más grande de Latinoamérica ubicada en la cuenca del río Ranchería, al sureste del Departamento de La Guajira, Colombia.
Los habitantes de las comunidades Wayúu perciben a las garantías legales que ofrecen las cortes de arbitraje internacional o los tratados de libre comercio como inadecuadas para la protección de sus derechos humanos y la integridad de su territorio.
De su lado, la minera suiza ha reclamado el injusto trato de sus derechos de inversor de acuerdo a un Tratado de Inversión Bilateral entre Suiza y Colombia ante árbitros internacionales por una suma desconocida, lo que presiona a oficiales judiciarios y regulatorios.
En el 2017, la Corte Constitucional, buscando la protección de los derechos al agua, salud y soberanía alimentaria ante la expansión de esta mina al último restante del río Ranchería, el riachuelo Bruno, del cual dependen, falló a favor de las comunidades. Pero hasta la fecha la decisión sigue sin ser implementada.
Pese a la decisión de la Corte, actividades en la sección La Puente de la mina que deben ser suspendidas han continuado y se han desviado 3.6 kilómetros del riachuelo Bruno a un canal al cual los Wayúu refieren como una carretera de concreto.
Las comunidades Wayúu han expresado su indignación de la mano de organizaciones como CAJAR (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo) y grupos comunitarios como el Comité de Defensa del Agua y Páramo de Santurbán, cuyas exitosas acciones han provocado que tres compañías mineras canadienses Red Eagle, Eco Oro y Galway Gold demanden a Colombia por cerca de US$ 1 billón por defender el páramo y los derechos del agua, ante décadas de una problemática irresuelta. Previamente, 280 organizaciones de 30 países habían firmado una declaración para “Recuperar la soberanía de Colombia en defensa del agua, vida y territorios”.
La Misión Internacional para Detener ISDS (Pagos de Disputas Estado Inversor, por sus siglas en inglés) acudió a Colombia en mayo buscando llamar la atención del abismo que existe entre el pleno goce de los derechos de las personas y su reducción cuando estos son afectados por las inversiones transnacionales, situación compuesta por el recurso exclusivo que las compañías tienen que demandar a países cuando creen que una decisión estatal impacta sus inversiones y ganancias a futuro.
Colombia viene enfrentado 22 demandas de arbitraje de inversores desde el 2016 por un total de US$ 13.2 billones en reclamos conocidos. La cantidad aproximadamente equivale al presupuesto total de educación para la totalidad de Colombia en el 2023; en tres de estos casos la cantidad reclamada por Glencore permanece privada al público. Todas las reclamaciones llevan como esencia del conflicto una comunidad afectada buscando proteger o buscando responsabilidad por perjuicios al agua, tierra, autodeterminación o economía local.
Los páramos y ecosistemas interconectados como el Bosque Andino regulan el suministro de agua para decenas de millones de personas en Colombia, más de dos millones solo en Santander, otro departamento afectado por la minería.
Países tan diversos como Ecuador, Bolivia, India, Indonesia, Pakistan, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Canada y los EE. UU. han tomado iniciativas para reducir su exposición a arbitrajes internacionales en años recientes. Mientras que la Comisión Europea se dirige hacia una salida coordinada de la Unión Europea del Tratado de la Carta de Energía, pues resultan incompatibles los pagos por disputas inversor-estado con las medidas necesarias para abordar la crisis climática.
Los casos aún siguen inconclusos, pero decisiones como la del caso Eco Oro contra Colombia exponen qué poco importa incluir la protección del derecho estatal a regular en favor del medioambiente en acuerdos como el Tratado de Libre Comercio Colombia-Canadá. Reuniones entre comunidades, organizaciones de movimientos sociales, estudiantes, medios y oficiales de gobierno coinciden en que el retiro absoluto de este sistema de protección al inversor es un paso importante para recuperar la soberanía local y nacional y así proteger la salud del medioambiente y de las personas.
A finales de junio, semanas después que la Delegación dejase Colombia, el presidente Gustavo Petro visitó La Guajira. En una reunión con las comunidades afectadas por la mina de carbón Cerrejón, declaró: “Una nación soberana no teme demandas internacionales cuando hace lo que es justo”. Lo que podría anticipar el apoyo de los derechos de las comunidades y el retorno del riachuelo Bruno a su curso natural, a pesar de la demanda de Glencore. Concluyó diciendo que: “Cuando uno se levanta frente al capital, incluso el Congreso teme aprobar leyes”.
Traducción libre de nota originalmente publicada en: https://isds.bilaterals.org/?colombia-corporate-claims-vs-human
Los habitantes de las comunidades Wayúu perciben a las garantías legales que ofrecen las cortes de arbitraje internacional o los tratados de libre comercio como inadecuadas para la protección de sus derechos humanos y la integridad de su territorio.
De su lado, la minera suiza ha reclamado el injusto trato de sus derechos de inversor de acuerdo a un Tratado de Inversión Bilateral entre Suiza y Colombia ante árbitros internacionales por una suma desconocida, lo que presiona a oficiales judiciarios y regulatorios.
En el 2017, la Corte Constitucional, buscando la protección de los derechos al agua, salud y soberanía alimentaria ante la expansión de esta mina al último restante del río Ranchería, el riachuelo Bruno, del cual dependen, falló a favor de las comunidades. Pero hasta la fecha la decisión sigue sin ser implementada.
Pese a la decisión de la Corte, actividades en la sección La Puente de la mina que deben ser suspendidas han continuado y se han desviado 3.6 kilómetros del riachuelo Bruno a un canal al cual los Wayúu refieren como una carretera de concreto.
Las comunidades Wayúu han expresado su indignación de la mano de organizaciones como CAJAR (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo) y grupos comunitarios como el Comité de Defensa del Agua y Páramo de Santurbán, cuyas exitosas acciones han provocado que tres compañías mineras canadienses Red Eagle, Eco Oro y Galway Gold demanden a Colombia por cerca de US$ 1 billón por defender el páramo y los derechos del agua, ante décadas de una problemática irresuelta. Previamente, 280 organizaciones de 30 países habían firmado una declaración para “Recuperar la soberanía de Colombia en defensa del agua, vida y territorios”.
La Misión Internacional para Detener ISDS (Pagos de Disputas Estado Inversor, por sus siglas en inglés) acudió a Colombia en mayo buscando llamar la atención del abismo que existe entre el pleno goce de los derechos de las personas y su reducción cuando estos son afectados por las inversiones transnacionales, situación compuesta por el recurso exclusivo que las compañías tienen que demandar a países cuando creen que una decisión estatal impacta sus inversiones y ganancias a futuro.
Colombia viene enfrentado 22 demandas de arbitraje de inversores desde el 2016 por un total de US$ 13.2 billones en reclamos conocidos. La cantidad aproximadamente equivale al presupuesto total de educación para la totalidad de Colombia en el 2023; en tres de estos casos la cantidad reclamada por Glencore permanece privada al público. Todas las reclamaciones llevan como esencia del conflicto una comunidad afectada buscando proteger o buscando responsabilidad por perjuicios al agua, tierra, autodeterminación o economía local.
Los páramos y ecosistemas interconectados como el Bosque Andino regulan el suministro de agua para decenas de millones de personas en Colombia, más de dos millones solo en Santander, otro departamento afectado por la minería.
Países tan diversos como Ecuador, Bolivia, India, Indonesia, Pakistan, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Canada y los EE. UU. han tomado iniciativas para reducir su exposición a arbitrajes internacionales en años recientes. Mientras que la Comisión Europea se dirige hacia una salida coordinada de la Unión Europea del Tratado de la Carta de Energía, pues resultan incompatibles los pagos por disputas inversor-estado con las medidas necesarias para abordar la crisis climática.
Los casos aún siguen inconclusos, pero decisiones como la del caso Eco Oro contra Colombia exponen qué poco importa incluir la protección del derecho estatal a regular en favor del medioambiente en acuerdos como el Tratado de Libre Comercio Colombia-Canadá. Reuniones entre comunidades, organizaciones de movimientos sociales, estudiantes, medios y oficiales de gobierno coinciden en que el retiro absoluto de este sistema de protección al inversor es un paso importante para recuperar la soberanía local y nacional y así proteger la salud del medioambiente y de las personas.
A finales de junio, semanas después que la Delegación dejase Colombia, el presidente Gustavo Petro visitó La Guajira. En una reunión con las comunidades afectadas por la mina de carbón Cerrejón, declaró: “Una nación soberana no teme demandas internacionales cuando hace lo que es justo”. Lo que podría anticipar el apoyo de los derechos de las comunidades y el retorno del riachuelo Bruno a su curso natural, a pesar de la demanda de Glencore. Concluyó diciendo que: “Cuando uno se levanta frente al capital, incluso el Congreso teme aprobar leyes”.
Traducción libre de nota originalmente publicada en: https://isds.bilaterals.org/?colombia-corporate-claims-vs-human
Chocó Andino: Prefectura y Municipio celebran
cinco años de la Reserva de la Biósfera
30 de julio de 2023.– El 28 de julio, en el Parque Arqueológico Rumipamba al centro norte de Quito, se realizó una ceremonia por los cinco años de la declaratoria del Chocó Andino como reserva de biósfera, a la cual asistieron la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón y el alcalde de la capital del Ecuador, Pábel Muñoz, además que representantes de la comunidad del sector conocido por los quiteños como “el Noroccidente”. El 20 de agosto se realiza una consulta popular sobre la prohibición de la minería metálica en los cantones que forman parte y en la cual vota todo el distrito metropolitano.
La Secretaría de Comunicación de la Alcaldía informó que la declaratoria es fruto de un proceso donde participaron gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, productores locales y académicos quienes promovieron objetivos de desarrollo sostenible en el territorio. La Reserva de Biósfera del Chocó Andino está ubicada a 45 minutos de Quito y es una fuente de agua potable y de producción agroecológica.
En un comunicado, señaló que por primera vez Quito forma parte del nuevo Comité de Gestión de la Reserva con Santiago Sandoval, secretario de Ambiente, como miembro del mismo.
El alcalde Muñoz, señaló que “lo que debemos hacer es trabajar en su preservación (del Chocó), pero también en un fomento de una economía que no tenga a las fuentes extractivas como su principal actividad, estamos hablando de turismo ecológico, de agricultura sostenible, es decir de un conjunto de actividades que fomenten la presencia de quiteños”. Además, indicó que se creará una nueva administración zonal para el área del Chocó Andino.
De su lado, Pabón resaltó que “es la primera vez en cuatro años que contamos con la presencia del alcalde, esto es muy importante porque si bien los equipos técnicos, los directores y secretarios de ambiente de los distintos municipios han sido parte, se requiere la voluntad política de la autoridad, y hoy contar con la presencia de los alcaldes Luis Suqui, (de San Miguel de los Bancos) y Pabel Muñoz, nos da mucha esperanza. Esto evidencia que hay voluntad política de apostar por el Chocó en sus administraciones”.
Sandoval, por su parte, indicó que el Chocó Andino es uno de los territorios más importantes del Distrito Metropolitano de Quito, que posee diversidad y mucha participación ciudadana. “Podemos trabajar muy de cerca con la ciudadanía, trabajar en la sostenibilidad de la reserva, en la producción económica que se tiene que realizar en este sector. Fortalecer y tomar la batuta como Distrito Metropolitano para establecer políticas públicas en este territorio”.
El Chocó Andino como reserva de biósfera
El 25 de julio de 2018, el territorio del Chocó Andino obtuvo la declaratoria de Reserva de Biósfera por parte de la Unesco y comprende un territorio de aproximadamente 287 000 ha, de las cuales 137 000 ha (48%) son remanentes de bosques andinos, 10 000 ha (3.5%) son páramos, y 23 500 ha (8.2%) son ecosistemas arbustivos. Sus bosques tienen además, la importante función de captar la evaporación del océano Pacífico y generar considerables cantidades de agua que discurren por las cuencas de ríos como el Alambi, Tulipe, Chirape, Pachijal, Mashpi y Blanco que aportan agua para consumo humano y usos productivos a las parroquias de Calacalí, Nono, Nanegal, Nanegalito, Gualea, Pacto, Mindo, Lloa y a los Cantones de San Miguel de Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito.
La Secretaría de Comunicación de la Alcaldía informó que la declaratoria es fruto de un proceso donde participaron gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, productores locales y académicos quienes promovieron objetivos de desarrollo sostenible en el territorio. La Reserva de Biósfera del Chocó Andino está ubicada a 45 minutos de Quito y es una fuente de agua potable y de producción agroecológica.
En un comunicado, señaló que por primera vez Quito forma parte del nuevo Comité de Gestión de la Reserva con Santiago Sandoval, secretario de Ambiente, como miembro del mismo.
El alcalde Muñoz, señaló que “lo que debemos hacer es trabajar en su preservación (del Chocó), pero también en un fomento de una economía que no tenga a las fuentes extractivas como su principal actividad, estamos hablando de turismo ecológico, de agricultura sostenible, es decir de un conjunto de actividades que fomenten la presencia de quiteños”. Además, indicó que se creará una nueva administración zonal para el área del Chocó Andino.
De su lado, Pabón resaltó que “es la primera vez en cuatro años que contamos con la presencia del alcalde, esto es muy importante porque si bien los equipos técnicos, los directores y secretarios de ambiente de los distintos municipios han sido parte, se requiere la voluntad política de la autoridad, y hoy contar con la presencia de los alcaldes Luis Suqui, (de San Miguel de los Bancos) y Pabel Muñoz, nos da mucha esperanza. Esto evidencia que hay voluntad política de apostar por el Chocó en sus administraciones”.
Sandoval, por su parte, indicó que el Chocó Andino es uno de los territorios más importantes del Distrito Metropolitano de Quito, que posee diversidad y mucha participación ciudadana. “Podemos trabajar muy de cerca con la ciudadanía, trabajar en la sostenibilidad de la reserva, en la producción económica que se tiene que realizar en este sector. Fortalecer y tomar la batuta como Distrito Metropolitano para establecer políticas públicas en este territorio”.
El Chocó Andino como reserva de biósfera
El 25 de julio de 2018, el territorio del Chocó Andino obtuvo la declaratoria de Reserva de Biósfera por parte de la Unesco y comprende un territorio de aproximadamente 287 000 ha, de las cuales 137 000 ha (48%) son remanentes de bosques andinos, 10 000 ha (3.5%) son páramos, y 23 500 ha (8.2%) son ecosistemas arbustivos. Sus bosques tienen además, la importante función de captar la evaporación del océano Pacífico y generar considerables cantidades de agua que discurren por las cuencas de ríos como el Alambi, Tulipe, Chirape, Pachijal, Mashpi y Blanco que aportan agua para consumo humano y usos productivos a las parroquias de Calacalí, Nono, Nanegal, Nanegalito, Gualea, Pacto, Mindo, Lloa y a los Cantones de San Miguel de Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito.
Ex ministro Vera con grillete electrónico
Julio 30 de 2023.- El pasado 26 de julio se realizó una audiencia para la revisión de medidas en contra del exministro de Energía, Xavier Vera, decidiéndose que salga de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, donde cumplía prisión preventiva.
Vera es investigado por ser parte de una red de corrupción y por presunto cohecho en una estructura de corrupción que pedía dinero a cambio de puestos públicos.
En octubre de 2022 las autoridades allanaron propiedades vinculadas al exministro, en Quito y Samborondón. En su vivienda la Fiscalía incautó celulares, una computadora portátil, una tableta electrónica y documentos con registros alfanuméricos.
Previa a su caída, Vera negó cualquier acto de corrupción y aseguró que el caso era "orquestado por mafias" que habían estado "siempre merodeando" el Ministerio de Energía y Minas.
El pasado 26 de julio, el juez dictó prohibición de salida del país y obligación de presentarse dos veces a la semana, además dispuso el uso de un grillete electrónico. Eso estará vigente mientras se determina o no su culpabilidad por cohecho.
La defensa de Vera argumentó que corría peligro en esa cárcel debido a los últimos acontecimientos violentos, que dejan como saldo unos 31 muertos.
Por la misma razón, pidieron que se emita la boleta de libertad lo más pronto posible.
Vera es investigado por ser parte de una red de corrupción y por presunto cohecho en una estructura de corrupción que pedía dinero a cambio de puestos públicos.
En octubre de 2022 las autoridades allanaron propiedades vinculadas al exministro, en Quito y Samborondón. En su vivienda la Fiscalía incautó celulares, una computadora portátil, una tableta electrónica y documentos con registros alfanuméricos.
Previa a su caída, Vera negó cualquier acto de corrupción y aseguró que el caso era "orquestado por mafias" que habían estado "siempre merodeando" el Ministerio de Energía y Minas.
El pasado 26 de julio, el juez dictó prohibición de salida del país y obligación de presentarse dos veces a la semana, además dispuso el uso de un grillete electrónico. Eso estará vigente mientras se determina o no su culpabilidad por cohecho.
La defensa de Vera argumentó que corría peligro en esa cárcel debido a los últimos acontecimientos violentos, que dejan como saldo unos 31 muertos.
Por la misma razón, pidieron que se emita la boleta de libertad lo más pronto posible.
Juez deja sin efecto reforma a la ley minera en México
Julio 9 del 2023.- Después de una victoria legal en primera instancia, la empresa mexicana Cobre del Mayo logró que un juez federal le otorgue protección definitiva contra todos los efectos de la Ley Minera aprobada por el Congreso de la Unión a finales de abril.
Cobre del Mayo opera la mina Piedras Verdes en Álamos, Sonora, y tiene reservas probadas y probables de 515 millones de toneladas del metal hasta 2029.
La decisión del juez deja sin efecto todo lo dispuesto por la nueva Ley Minera que, entre otros cambios, reduce la vigencia de las concesiones de 50 a 30 años y establece la licitación como único método para otorgarlas. Además, la reforma multiplica los delitos, infracciones y obligaciones ambientales, exige obtener concesiones especiales para uso de agua y otorga un trato preferencial a las paraestatales.
La sentencia, que aún puede ser apelada por el gobierno federal, abre un periodo de incertidumbre para el sector. Mientras los empresarios mineros celebran la decisión del juez, se queda en el aire el deseo nacional de una regulación más estricta que proteja el medio ambiente y a las comunidades indígenas.
El caso ocupa un lugar especial en el debate nacional y todos los ojos están puestos en el desenlace final que tendrá esta batalla legal.
Cobre del Mayo opera la mina Piedras Verdes en Álamos, Sonora, y tiene reservas probadas y probables de 515 millones de toneladas del metal hasta 2029.
La decisión del juez deja sin efecto todo lo dispuesto por la nueva Ley Minera que, entre otros cambios, reduce la vigencia de las concesiones de 50 a 30 años y establece la licitación como único método para otorgarlas. Además, la reforma multiplica los delitos, infracciones y obligaciones ambientales, exige obtener concesiones especiales para uso de agua y otorga un trato preferencial a las paraestatales.
La sentencia, que aún puede ser apelada por el gobierno federal, abre un periodo de incertidumbre para el sector. Mientras los empresarios mineros celebran la decisión del juez, se queda en el aire el deseo nacional de una regulación más estricta que proteja el medio ambiente y a las comunidades indígenas.
El caso ocupa un lugar especial en el debate nacional y todos los ojos están puestos en el desenlace final que tendrá esta batalla legal.
BBC admite haber publicado noticias
falsas que beneficiaron a empresa
Julio 9 del 2023.- La Unidad de Quejas Ejecutivas (ECU) de la BBC reconoció que sus publicaciones sobre un supuesto descubrimiento de oro a cargo de una empresa minera no eran ciertas y habían provocado una sensación engañosa a sus lectores.
Se trata de noticias falsas sobre Scotgold Resources, operadora de la mina de oro llamada Cononish. Queriendo o no, las noticias terminaron beneficiándola por el aumento del precio de sus acciones.
Se trata de una mina que entró en producción comercial en julio de 2022 y fue la primera de su tipo en Escocia.
La agencia identificó al redactor que cometió el error, quien transmitió información equivocada después de visitar la mina y entrevistar al entonces director ejecutivo de Scotgold, Phil Day.
En la entrevista, Day le dijo a la BBC que su compañía había llevado a cabo algunas pruebas y creía que era probable que hubiera una segunda veta de oro paralela a la veta que ya estaba explotando, lo que podría extender la vida útil de la mina y potencialmente aumentar las ganancias.
Sin embargo en los boletines de la BBC se dijo que la minera había "encontrado otra veta de oro en su mina Cononish" o algo parecido.
A juicio de la ECU, eso era más definitivo que la esperanza o expectativa expresada por el ex ejecutivo de la empresa y habría dejado a la audiencia con una impresión engañosa.
Se trata de noticias falsas sobre Scotgold Resources, operadora de la mina de oro llamada Cononish. Queriendo o no, las noticias terminaron beneficiándola por el aumento del precio de sus acciones.
Se trata de una mina que entró en producción comercial en julio de 2022 y fue la primera de su tipo en Escocia.
La agencia identificó al redactor que cometió el error, quien transmitió información equivocada después de visitar la mina y entrevistar al entonces director ejecutivo de Scotgold, Phil Day.
En la entrevista, Day le dijo a la BBC que su compañía había llevado a cabo algunas pruebas y creía que era probable que hubiera una segunda veta de oro paralela a la veta que ya estaba explotando, lo que podría extender la vida útil de la mina y potencialmente aumentar las ganancias.
Sin embargo en los boletines de la BBC se dijo que la minera había "encontrado otra veta de oro en su mina Cononish" o algo parecido.
A juicio de la ECU, eso era más definitivo que la esperanza o expectativa expresada por el ex ejecutivo de la empresa y habría dejado a la audiencia con una impresión engañosa.
